Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 27 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 16

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 10 de Agosto de 2016

SUMARIO                                              


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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La doctora Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, presenta el Informe de Labores 2015 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en cumplimiento de lo dispuesto del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Intervienen al respecto los legisladores Diputada Angélica Reyes Ávila, Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Senadora Laura Angélica Rojas Hernández y Senadora Carmen Dorantes Martínez.































































































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:56 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de las señoras y los señores legisladores.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se han acreditado 37 ciudadanas y ciudadanos legisladores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 10 de agosto de 2016, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, solicítesela a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor también pueden consultar la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.





 

ACTA DE LA SESIÓN celebrada el miércoles
TRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la Ciudad de México a las once horas con treinta y dos minutos del miércoles tres de agosto de dos mil dieciséis, con una asistencia de veinticuatro legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles veintisiete de julio de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el informe de la Visita de Estado que el ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, realizó a Houston, Texas, Estados Unidos de América, para participar en la ceremonia de inauguración de la conferencia internacional IHS CERA Week, que tuvo lugar del 22 al 26 de febrero de 2016.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibieron de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficios con los que remite: el documento denominado “Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018. Avances y Resultados 2016-1” y; los Informes trimestrales sobre los ingresos obtenidos, la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al segundo trimestre de 2016; información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal; e información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 2015. Asimismo, se comunica que en el Informe Trimestral se incluye el apartado correspondiente al Informe de Avance de Gestión Financiera.- Se remitieron a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron de la Secretaría de Desarrollo Social, los informes finales de las evaluaciones de diseño correspondientes a los programas S-070 “Programa de Coinversión Social”, a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Social; y S-017 “Programa de Fomento a la Economía Social”, a cargo del Instituto Nacional de la Economía Social; asimismo, remite las Posiciones Institucionales.- Se remitió copia a las Comisiones de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Salud, el “Informe Anual de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud, correspondiente al primer semestre del año 2016”.- Se remitió a las Comisiones de Salud de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Senador Héctor Yunes Landa, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 6 de agosto de 2016.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Senadores.

 

Se recibió de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el informe relativo a las reuniones con los titulares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, llevadas a cabo el 26 de julio del año en curso.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Diputada Soralla   Bañuelos de la Torre, oficio por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido.- Sin discusión, el Acuerdo fue aprobado en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

(Iniciativas)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 17 de la Ley de Aguas Nacionales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

El Diputado Ricardo del Rivero Martínez, a nombre de los Diputados Hernán Cortés Berumen y Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Ejecución Penal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del presidente municipal de Huehuetlán El Grande, Puebla, José Santa María Zavala.

 

La Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3, fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y que adiciona un segundo párrafo a la fracción XV del artículo 47 y un segundo párrafo al artículo 88 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.- Se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre propio y del Senador Roberto Gil Zuarth y del Diputado Jesús Zambrano Grijalva, Presidentes de las Mesas Directivas de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, respectivamente, así como de los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Jesús Casillas Romero y de los Diputados Tristán Canales Najjar, Martha Cristina Jiménez Márquez y Armando Soto Espino, integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, ocho dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República información    sobre el avance de las investigaciones por los hechos registrados el 6 de mayo del año en curso en el estado de Coahuila, en contra de periodistas del diario Vanguardia.

2. Que exhorta al Servicio Postal Mexicano a considerar la emisión y cancelación especial de una estampilla postal en conmemoración del 150 aniversario de la Batalla de Juchitán de Zaragoza,    Oaxaca.

3. Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México remitir un informe sobre el estado que guardan las instalaciones de los zoológicos en la Ciudad, la protección de animales en cautiverio y las certificaciones de capacitación al personal; y un informe relativo a la muerte de "Bantú", el gorila que habitaba en el zoológico de Chapultepec, así como de las medidas y acciones de protección de especies en peligro de extinción.

4. Por el que se solicita al Poder Judicial de la Federación información sobre el número de jueces que imparten justicia en el país, los programas de capacitación que reciben los mismos, así como la capacitación a jueces y personal en general involucrado en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.

5. Por el que se solicita al Gobierno de la Ciudad de México información sobre el avance de las acciones y medidas de prevención, mitigación y/o compensación de los impactos ambientales propuestos en la Manifestación de Impacto Ambiental y las condiciones derivadas de la Resolución Administrativa para la "Construcción del Proyecto Integral de la Línea 12 del Metro Tláhuac-Mixcoac".

6. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que sus servidores públicos no actuaran al margen del estado de derecho.

7. Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a rendir un informe sobre el incremento de muertes en el estado de Guerrero.

8. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al congreso del estado de Morelos a esclarecer el procedimiento que llevó a cabo en el cómputo de votos para la declaratoria de reforma del primer párrafo del artículo 120 de la Constitución del estado.

Sin discusión, los ocho dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, nueve dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre los ajustes anunciados para perfeccionar diversos procesos de evaluación.

2. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre la evolución del proceso de pago a docentes federalizados.

3. Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a considerar en las acciones que se lleven a cabo para el fortalecimiento progresivo del salario mínimo, los estándares y elementos expuestos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el documento "Salario Mínimo y Derechos Humanos".

4. Que exhorta al gobierno del estado de Puebla a presentar un informe sobre la ejecución de los recursos, licitaciones realizadas, cronograma, avance de la obra, evaluación de impacto ambiental y autorizaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, relacionadas con la construcción del proyecto "Protección, conservación y restauración de la zona típica monumental de San Pedro y San Andrés Cholula".

5. Que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a realizar una revisión integral del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores para fortalecer los criterios de evaluación sobre la calidad de investigación científica, tecnológica y de innovación para investigadores.

6. Por el que la Comisión Permanente expresa su preocupación por la crisis financiera que enfrenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exhorta al Poder Ejecutivo Federal a promover ante los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, las acciones necesarias para encontrar una solución estructural y sustentable que permita garantizar la operación de dicha Comisión.

7. Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a firmar y remitir al Senado de la República la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en Antigua, Guatemala, el 5 de junio de 2013.

8. Por el que la Comisión Permanente reconoce las acciones instrumentadas por el Gobierno Federal para que los jóvenes estudiantes de las instituciones de educación pública de los niveles medios superior y superior, cuenten con la protección de la seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social.
9. Por el que se solicita a las Secretarías de Salud y de Educación y a la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas información sobre las acciones que han implementado y los recursos que han ejercido para garantizar la enseñanza, el reconocimiento, el respeto y la promoción del desarrollo de la medicina tradicional indígena en el país.

Sin discusión, los nueve dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dieciocho dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta al Gobierno del estado de Michoacán, así como a los ayuntamientos de Charo, Morelia y Tarímbaro para que emprendan las acciones técnico-administrativas necesarias a fin de garantizar la dotación de agua potable a la zona metropolitana de la capital michoacana, con visión de largo plazo, y cuidando la cantidad y calidad necesaria, en beneficio de la población.

2. Que exhorta al Instituto Nacional del Emprendedor para que en coordinación con las entidades federativas, fortalezcan la cultura emprendedora para la creación y consolidación de micro, pequeñas y medianas empresas.

3.Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y al gobierno del estado de Tlaxcala a diseñar un proyecto de desarrollo urbano que beneficie a los municipios de Huamantla, Cuapiaxtla, Ixtenco y Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, a fin de permitirles una mejor calidad de vida a sus habitantes.

4. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a evaluar la pertinencia de extender la prioridad del destino de sus recursos, acciones, capacitaciones y planes de apoyo fronterizo a los ayuntamientos de Tijuana, Ensenada, Tecate, Mexicali y Playas de Rosarito del estado de Baja California, en forma equitativa e igualitaria frente otras entidades y municipios.

5. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a implementar las medidas necesarias a fin de agilizar las investigaciones en torno a delitos en materia de robo de hidrocarburos.

6. Que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a realizar las acciones necesarias a fin de informar y valorar la posibilidad de llegar a Acuerdos a favor de los ejidatarios cuyas tierras se encuentran dentro del polígono propuesto de la “Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano”, sobre el contenido, alcances e impacto positivo de dicho proyecto.

7. Que exhorta a los gobiernos, legislaturas y tribunales de las 32 entidades federativas a implementar mecanismos de gobierno, parlamento o tribunal abierto, con el propósito de seguir empoderando a la ciudadanía en materia de transparencia y rendición de cuentas.

8. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a remitir un informe del proyecto para delimitar el arroyo "El Cardonal", en la Paz Baja California Sur.

9. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares a revisar las reglas de operación vigentes y subsecuentes del Programa de Vivienda Rural y evalúen la pertinencia de realizar las modificaciones necesarias a fin de respetar y garantizar el acceso al derecho de todos los mexicanos a la vivienda.

10. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a remitir un informe sobre el impacto ambiental que produce la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula S.A. de C.V. del proyecto "Centro Tecnológico para el Manejo Integral de Materiales Provenientes de Actividades Industriales y Procesos Extractivos", en Palula, municipio de Santo Domingo en San Luis Potosí.

11. Que exhorta al gobierno del estado de Tabasco a realizar una investigación que permita aclarar la muerte de animales en el Parque Yumká.

12. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se considere incrementar el presupuesto para la estrategia integral para la recuperación de la vaquita marina en el Alto Golfo de California.

13. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México a informar las razones que explican el comportamiento de la balanza de servicios factoriales y del renglón de errores y omisiones de la balanza de pagos, así como las medidas que han puesto en marcha para mantener la balanza de pagos en niveles sostenibles.

14. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria a informar acerca de las medidas puestas en práctica para aplicar las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta en 2013, 2014 y 2015, relacionadas con las disposiciones sobre la doble tributación y los Acuerdos alcanzados en el marco del G20 y la OCDE para acotar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.

15. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a evaluar la posibilidad de realizar las gestiones pertinentes a fin de que se modifiquen las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres o Padres Trabajadores para el Ejercicio Fiscal 2017.

16. Que exhorta al Gobierno Federal a que las medidas de ajuste presupuestario anunciadas recientemente procuren no afectar las metas y funciones de los programas sociales.

17. Por el que se considera sin materia la proposición sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
18.Por el que se considera sin materia la proposición que exhortaba a informar sobre la metodología y justificación específica del cálculo del aumento de la tarifa eléctrica.

Sin discusión, los dieciocho dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a investigar el proceso de licitación para la compra de camiones recolectores de basura del 2013 al 2015.- Intervinieron los legisladores: Senador Jesús Casillas Romero del PRI; y Senador Ismael Hernández Deras, Presidente de la Primera Comisión, quien solicitó devolver el dictamen a Comisión, a fin de enriquecerlo. La Presidencia consultó a la Asamblea la devolución del dictamen a la Comisión dictaminadora, en votación económica se autorizó su devolución.

2. Que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a implementar un conjunto de estrategias que ayuden a agilizar el flujo vial, disminuir emisiones contaminantes y contribuyan a mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México.- Intervinieron los legisladores: Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, quien presentó propuesta de adición, la cual fue aceptada por la Asamblea; Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, quien presentó propuesta de modificación, la cual no fue aceptada por la Asamblea; y Senador Alejandro Encinas Rodríguez del PRD. A petición de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, la Presidencia de la Mesa Directiva separó la votación del dictamen relativo al resolutivo tercero. Los resolutivos primero y segundo fueron aprobados en votación económica, en votación separada, el resolutivo tercero del punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

3. Por el que se solicita a la Comisión Nacional de Seguridad que informe si existe alguna investigación respecto a los mensajes de texto de remitentes desconocidos enviados a miles de teléfonos celulares en el país.- Intervino la Senadora Carmen Dorantes Martínez del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, que propone realizar una reunión de trabajo de la Tercera Comisión con diversos servidores públicos para tratar los temas relacionados con el precio de combustibles y las tarifas de energía eléctrica.- Intervinieron los legisladores: Diputada Angélica Reyes Ávila de NA; Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich de MC; Diputada Norma Rocío Nahle García de MORENA; Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano del PT; Senador Miguel Barbosa Huerta del PRD; Diputado Federico Döring Casar del PAN; y Diputada Xitlalic Ceja García del PRI. Para rectificación de hechos, hicieron uso de la palabra los legisladores: Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD; Diputada Sofía González Torres del PVEM; Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; Diputada Jorgina Gaxiola Lezama del PVEM; Senador Miguel Barbosa Huerta del PRD; Senador Gerardo Sánchez García del PRI; Diputado Federico Döring Casar del PAN; y Diputada Norma Rocío Nahle García de MORENA. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del  Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y de la Ley General para la Inclusión de las     Personas con Discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XII Bis al artículo 7 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 57 fracción XXII de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Waldo Fernández González y Karina Natalia Barón Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Omar Ortega Álvarez, Candelario Pérez Alvarado y Juan Fernando Rubio Quiroz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 10, 20, 40 y 56 de la Ley de Hidrocarburos.- Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 134 de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XX al artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 9º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se declara el día 28 de febrero de cada año, como el “Día Nacional de la Educación”.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar sobre la solventación de la observación de 169 millones 148 mil pesos de recursos no ejercidos en los objetivos del Fondo de Aportaciones Múltiples, del Ejercicio Fiscal 2014 del Gobierno del estado de Sonora, entonces encabezado por Guillermo Padrés Elías.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer las estrategias de seguridad pública, con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia de la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a remitir diversa información relativa a la migración de las estaciones que operan en la banda de amplitud modulada a la banda de frecuencia modulada.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que, previo a la comparecencia a la que se les convocó por Acuerdo del 20 de julio, remita un informe pormenorizado sobre las consideraciones técnicas que motivaron el cambio de metodología en el levantamiento del Módulo de Condiciones Socioeconómicas, realizado en 2015.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Renato Josafat Molina Arias, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a brindar todo el reconocimiento que merecen los deportistas que participaron en los Juegos Mundiales de la Trisomía 2016, en Florencia, Italia.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe en el que precise el estado que guardan las investigaciones concernientes a las diversas fallas presentadas en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, así como el número de funcionarios que, por acción u omisión, han sido sancionados penal o administrativamente.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos locales de las 32 entidades federativas a implementar las acciones necesarias para que sus oficinas y recintos legislativos sean sustentables, a efecto de ayudar en el mejoramiento del ambiente, con el fin de proteger y conservar nuestros recursos naturales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Araceli Saucedo Reyes y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a tomar las acciones necesarias para aumentar el salario mínimo vigente en la República Mexicana, a fin de equipararlo con la línea del bienestar mínimo establecido por el CONEVAL y con ello cumplir con lo establecido en la Constitución al respecto.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a instruir a la Subsecretaría de Egresos y a la Unidad de Política y Control Presupuestario a recibir a las Comisiones Técnicas de la Unión de Trabajadores, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura, Federación Nacional de Sindicatos Universitarios y a la Nueva Central de Trabajadores, a efecto de que presenten proyectos para que se incluyan en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación el engrose actualizado de los Informes del estado que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas, en la revisión de la cuenta pública 2009, 2010 y 2011, en lo relativo a los recursos públicos ejercidos con motivo de la conmemoración del Bicentenario del inicio del movimiento de la Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador Eruviel Ávila Villegas a remitir un informe sobre las acciones que ha llevado a cabo su gobierno, qué resultado han tenido dichas acciones y qué acciones emprenderá para abatir la inseguridad que sufre el Estado de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Michoacán a presentar un informe en relación a la campaña de comunicación gubernamental “Somos Michoacán”.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir el Acuerdo de París, firmado por México el 22 de abril de 2016 en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, para que el Senado de la República proceda a analizarlo y, en su caso, a aprobarlo a la brevedad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del estado de Morelos a implementar las acciones necesarias para reforzar las estrategias de prevención y combate a la inseguridad, a fin de salvaguardar la integridad y patrimonio de los ciudadanos de la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández, Fernando Herrera Ávila, Mariana Gómez del Campo Gurza, Javier Lozano Alarcón, Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Francisco Búrquez Valenzuela, Laura Rojas Hernández, Salvador Vega Casillas, Sandra Luz García Guajardo, Fernando Yunes Márquez y Héctor Larios Córdova, a nombre de diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a garantizar el respeto a la libertad de expresión y adoptar las medidas necesarias para evitar el uso del sistema de justicia como herramienta para acosar, intimidar o inhibir el ejercicio de la labor periodística.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Xitlalic Ceja García, Alejandro Armenta Mier y Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena y expresa su total rechazo por los actos violentos implementados al realizar operativos contra comerciantes del centro histórico de la ciudad de Puebla, ocurridos el 22 de julio del presente año.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura a investigar la pesca ilegal con fines comerciales de especies destinadas de manera exclusiva a la pesca deportiva.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández y del Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como a la titular del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros a hacer del conocimiento público cuáles son los principales motivos por los que incrementó en 355.6% los reclamos de BANSEFI.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre las acciones desplegadas por parte de México durante el actual proceso de selección y nombramiento del nuevo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, a intensificar sus acciones con el fin de que dicho proceso se desarrolle de manera transparente y abierta, así como a promover durante el próximo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución en materia de transparencia respecto de los procedimientos y trabajos de la propia Organización.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a actualizar su Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer e investigar el caso de los asesinatos en San Juan Chamula, a fin de esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo a la revisión y sanción de tarifas injustas de las aerolíneas Aeroméxico e Interjet a causa del conflicto magisterial en el estado de Oaxaca.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal la implementación de un programa de reactivación a las actividades económicas que han sido afectadas por las movilizaciones realizadas en los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, del mes de marzo de 2016 a la fecha.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y del Diputado Leonardo Amador Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a verificar las condiciones en las que se encuentra la construcción del puente peatonal provisional denominado “PEDWEST” del lado oeste del puente fronterizo “El Chaparral” en el municipio de Tijuana, Baja California.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar en relación a los precios de combustibles en el país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se extiende una felicitación al nuevo Presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, por la asunción de su cargo, y que exhorta al Gobierno Federal mexicano a continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre ambos países.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Procuraduría Federal del Consumidor a instrumentar las acciones necesarias para supervisar el cumplimiento de las aseguradoras de autos a las reclamaciones de los usuarios.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados de Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Puebla a establecer un programa integral para atender a los mexicanos repatriados de estas entidades.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se considere un incremento del 100% en el presupuesto asignado al componente a desarrollo comercial de la agricultura rural.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a atender de manera integral la circulación vial en la ciudad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reconsiderar la elaboración de los lineamientos de operación del Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal de 2017.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas del país a incrementar los esfuerzos e impulsar de la mano con la Federación, la instalación de parques eólicos para la generación de energía eléctrica en base a fuentes más limpias y renovables.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Senadores Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo en materia de planificación familiar.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la Unión a reglamentar lo relativo a los valuadores.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Rafael Yerena Zambrano y José Luis Orozco Sánchez Aldana, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a atender, por medio de sus delegaciones de los estados de Jalisco y Nayarit, la problemática relativa a la explotación descontrolada de materiales pétreos en los ríos Ameca y Mascota.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Rafael Yerena Zambrano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores a implementar esquemas de créditos con tasas preferenciales para adquirir insumos escolares y pagar colegiaturas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a invalidar el informe contable rendido por el despacho auditor que contrató, procediendo a reponer las bases generales de pago para la caja Progresa a través del FIPAGO.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en relación a la situación del mercado de gas natural a nivel nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Morelos a consultar a la ciudadanía acerca del destino de los recursos obtenidos por la autorización de dos líneas de crédito solicitadas para inversión en obra pública.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que la         Comisión Permanente condena los hechos ocurridos recientemente en Francia y Alemania.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar y hacer público un informe sobre el número de casos de crímenes de odio en contra de ciudadanos mexicanos dentro de los Estados Unidos de América a partir del mes de junio de 2015.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al encargado del despacho de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, así como al Consejo de Gobierno del Instituto de Educación Media Superior de esta ciudad a revisar la situación laboral que priva en dicho instituto y dicten las medidas pertinentes para resolver sobre la situación de los trabajadores despedidos en enero del año en curso.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar un programa de restauración ecológica de la laguna Zapotlán.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía a hacer público el Informe de Resultados de Ahorro de Energía en la Administración Pública Federal 2015.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal auditar e intervenir en la empresa tequilera denominada Tequilera Amatitlán productora de “Tequila El Regional”, propiedad de la Unión de ejidos Alfredo V. Bonfil.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a difundir el contenido del código de comercialización de sucedáneos de la leche materna, con un lenguaje simple y comprensible para todos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Refugio Trinidad Grazón Canchola, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a verificar el cumplimiento de la NOM-245-SSA1-2010, respecto de las albercas que prestan servicios públicos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a valorar la posibilidad de incluir al estado de Veracruz Ignacio de la Llave dentro de las zonas económicas especiales, con la finalidad de fortalecer la economía nacional e impulsar un área estratégica a nivel internacional en el ámbito comercial, lo cual permitirá generar mayores empleos para contribuir con el combate de la pobreza en dicho estado.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel y Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe sobre el impacto que tendrá la donación de 200 hectáreas al municipio de Chimalhuacán en las acciones de mitigación ambiental del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas a observar en todas sus resoluciones y sentencias la perspectiva de género, para la debida interpretación y aplicación de normas, conforme lo dispuesto en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado mexicano y el marco jurídico en la materia.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a transferir, distribuir y finiquitar, respectivamente, los recursos pendientes destinados al Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola 2016, para que los beneficiarios del estado de Yucatán y de todo el país, puedan cumplir con los objetivos planteados en su área de producción.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de México a cancelar la operación de expropiación, por existir omisiones que dieron lugar a actuaciones que carecen de sustento legal del predio del Señor Villalpando, en Valle de Bravo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de Coahuila de Zaragoza a implementar las medidas necesarias para contar con una red de bosques urbanos que sirvan como sitios de conservación de la valiosa biodiversidad coahuilense.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a la Secretaría de Salud de Coahuila de Zaragoza a implementar programas de prevención del suicidio.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cancelar el crédito fiscal impuesto el pasado 23 de julio a la iglesia “SteppingonWaters”; de igual manera, les sean devueltos los paquetes escolares que les fueron decomisados y que tenían como finalidad ser donados a niños de bajos recursos en el municipio de Allende, en Coahuila de Zaragoza.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a revocar el Acuerdo publicado el pasado 21 de julio, por el que se destinan al municipio de Chimalhuacán 200 hectáreas del terreno denominado “El Moño” o “Los Tlateles”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila y a la Procuraduría General de la República a asegurar y promover la acción de la justicia y se investiguen los vínculos del gobierno estatal con los grupos delincuenciales en dicha entidad federativa.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Enrique Cambranis Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a resolver la demanda presentada por las cooperativas de pescadores de los municipios de Jaltipan, Texistepec y Cosoleacaque del estado de Veracruz, en contra de las empresas Grupo Industrial Maseca y Bachoco, S.A. de C.V, por la presumible contaminación y daño ambiental que ocasionaron al arroyo Ocozoapan, Estero Mozopan, Río Chiquito y al Río Coatzacoalcos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría a las finanzas de la Universidad Autónoma de Nayarit.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza y Jorge López Martín, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a homologar la norma oficial mexicana NOM 012-SCT-2-2014 con la de los países firmantes del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, sobre el peso máximo de 36.3 TM, con el que pueden circular los vehículos de autotransporte, que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo una auditoría sobre la administración de la alcaldía de Santiago Tuxtla, Veracruz.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Luis de León Martínez Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reconsiderar los recortes presupuestales que afectan de forma transversal la ejecución de proyectos de distinta índole en comunidades indígenas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del Estado de México a fortalecer los programas y estrategias de combate al crimen en la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Jorge López Martín, del grupo parlamentario Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas dependencias de la Administración Pública Federal a tomar medidas para garantizar la limpieza de los combustibles que se expiden en el territorio nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, con punto de Acuerdo que exhorta al Fiscal General del estado de Yucatán a llevar a cabo las acciones necesarias para castigar a los autores materiales e intelectuales del delito de tortura en contra del agente municipal Miguel Antonio BacabKu y del ciudadano Francis Andrey Ávila Basto.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a solicitar a la Corte de Estados Unidos la información sobre la presunta participación de la delincuencia organizada en la asignación de contratos de obras para escuelas y carreteras en Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Coahuila a apoyar a las familias de los tres bebés fallecidos en las instalaciones del hospital general de Torreón; a revisar los protocolos de higiene y a proveer los insumos médicos y material de limpieza necesarios para que el hospital pueda operar de manera adecuada.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación y a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo investigaciones puntuales sobre el ejercicio y ejecución del gasto derivado de la deuda pública durante la administración del ex gobernador del estado de Coahuila.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Emilio Gamboa Patrón, Enrique Burgos García y Juan Carlos Romero Hicks, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a llevar a cabo las acciones correspondientes a fin de decretar el segundo miércoles de septiembre de cada año el “Día Nacional del Ejecutivo de Recursos Humanos”.- Se turnó a la Primera Comisión.

(Efemérides)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre la Semana Mundial de Lactancia Materna.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Planificación Familiar.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre la conmemoración del Día del Telefonista.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre la Semana Mundial de la Lactancia Materna.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención sobre el papel de México en el contexto internacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención sobre la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles diez de agosto, a las once horas.

 

Fin de la Sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.





 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Diputado Virgilio Caballero, por favor.

MINUTO DE SILENCIO

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: (Desde su escaño) Compañeras y compañeros legisladores:

Hace 71 años el mundo cambió. Los días 6 y 9 de agosto de 1945, fechas en que fueron lanzadas las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, serán recordados como los días en que como especie conseguimos controlar el átomo y al mismo tiempo aprendimos cómo destruirnos a todos en un solo acto de locura.

El físico estadounidense Robert Oppenheimer, conocido como el “padre de la bomba atómica”, declararía años más tarde: “Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos”.

Para que las muertes ocurridas no sean en vano, México debe realizar todos los esfuerzos diplomáticos posibles y hacer un llamado a todos los Estados para que a la brevedad firmen y ratifiquen el tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares aprobado en la resolución 50/245 de la Asamblea General de la ONU, el 10 de septiembre de 1996 y abierto a firma el 24 de septiembre de ese mismo año.

Por ello mismo, compañeros, para reflexionar, los invito a todos a que nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio por las víctimas de Hiroshima y Nagasaki.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ruego a la Asamblea ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Pueden ocupar sus lugares

El Diputado Federico Döring Casar: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Diputado Federico Döring, por favor.

El Diputado Federico Döring Casar: (Desde su escaño) Me parece que también habría que hacer lo propio en memoria de la esposa de nuestro amigo el Senador Emilio Gamboa.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ruego a la Asamblea ponerse de pie para honrar la memoria de la señora esposa de don Emilio Gamboa, compañero Senador.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Nuestras más sentidas condolencias al Senador Emilio Gamboa y a su apreciable familia por la sensible pérdida de la señora María Angélica Miner de Gamboa.

Que descanse en paz y que pronto recuperen consuelo.

La Diputada Evelyn Parra Álvarez: (Desde su escaño) Señor Presidente, yo también pido un minuto de silencio por los fallecidos a consecuencia del huracán “Earl”, que sobretodo pegó en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo, y también muchas condolencias para sus familiares.

Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tenemos previsto la discusión y, en su caso, aprobación de un punto de Acuerdo relacionado con las contingencias climáticas, si me lo autoriza, señora Diputada, en el momento que aprobemos este pronunciamiento, la Comisión Permanente, haremos el minuto de silencio honrando a los fallecidos.

La Diputada Evelyn Parra Álvarez: (Desde su escaño) De acuerdo.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputada Parra Álvarez.





 

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al primer semestre de 2016.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase dicha documentación a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto en cartera.





 

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con similar de la Secretaría de Turismo, con el informe final, los anexos correspondientes y el documento de posicionamiento institucional de las Evaluaciones de Diseño del Programa de Desarrollo y Promoción de Proyectos Turísticos Sustentables F005 y de Diseño del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos S248.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase a las Comisiones de Desarrollo Social y de Turismo de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Se recibió de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, su “Informe sobre Acciones Relevantes”, correspondiente al periodo de enero 2013 a junio de 2016.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el documento denominado “Pronunciamiento sobre el Perfil del Personal Penitenciario en la República Mexicana”.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase a las Comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Asimismo, se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un oficio con la Recomendación General 27/2016, Sobre el Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El documento está publicado en la Gaceta y se turna a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Se notificará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de las acciones que esta Comisión Permanente realizó al respecto de la recomendación recibida en función de sus atribuciones.

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto, rogándole a la Asamblea pueda guardar el orden para poder continuar con la sesión.





 

COMUNICACIÓN

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Se recibió una comunicación del Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, con la que remite el informe sobre las actividades desarrolladas en la ciudad de Asunción, Paraguay, con motivo de la reunión ordinaria de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado enterada.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los asuntos que nos ha remitido la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores.





 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Para los efectos de lo dispuesto por los artículos 128 de la Ley Orgánica del Congreso General y 178 del Reglamento para su Gobierno Interior, se recibió de la Comisión de Administración del Senado de la República el proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos para el mes de agosto de 2016.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a consideración de la Asamblea el presupuesto. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el proyecto de presupuesto del mes de agosto de 2016. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de agosto de 2016.

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, también se recibió de la Comisión de Administración del Senado, el informe del presupuesto ejercido al mes de junio de 2016.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.





 

El siguiente apartado de nuestra agenda es la presentación de iniciativas, en consecuencia, tiene la palabra el Diputado Alfredo Bejos Nicolás, para presentar a nombre propio y de los Diputados Yulma Rocha Aguilar y Gianni Raúl Ramírez Ocampo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIII, XIV, XV Y XVI AL ARTÍCULO 2 Y REFORMA LOS ARTÍCULOS 30 Y 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

(Presentada por el Diputado Alfredo Bejos Nicolás, a nombre propio y de los Diputados Yulma Rocha Aguilar y Gianni Raúl Ramírez Ocampo, del grupo parlamentario del PRI)

El Diputado Alfredo Bejos Nicolás: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros integrantes de la Comisión Permanente. A todos los presentes y a quienes nos ven a través del Canal del Congreso:

Con especial interés por el contenido social del tema que abordaré en esta oportunidad en materia de apoyo en la contratación de mexicanos, al presentar la iniciativa con proyecto de Decreto que adicionan las fracciones XIII, XIV, XV y XVI al artículo 2 y reforma los artículos 30 y 31, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, suscrita por la Diputada Yulma Rocha Aguilar y el Diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo.

En este tenor, el último párrafo del artículo 30 de la ley en comento, establece que: “En las licitaciones públicas, podrá requerirse la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente nacional, por el porcentaje del valor de los trabajos que determine la convocante. Asimismo, deberá incorporarse por lo menos treinte por ciento de mano de obra nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales”.

Siendo aquí el origen de la presente iniciativa, ya que el objetivo de este tipo de mano de obra sea obligatoria para los contratantes, es que el lugar o población donde se realice el proyecto sea beneficiada con la oportunidad de trabajo y de la forma en que se encuentra establecido se deja abierta la puerta para que esta finalidad no se cumpla, puesto que al referir la calidad de nacional, el personal contratado podría ser de cualquier parte del país, no necesariamente de la localidad en que se desarrolla el proyecto.

La presente iniciativa propone que la mano de obra que se contrate sea de la localidad donde se desarrollara la obra para impulsar el desarrollo del municipio y empleo para habitantes locales.

De hacer esta modificación al texto vigente, se aportaría al desarrollo de la localidad de que se trate, y no se trasgrede ni se limita la participación de mexicanos que sean originarios o que vengan de otras entidades, ya que si se contrata el 30 por ciento estipulado para gente oriunda de donde se realiza la obra, los mexicanos de otros estados podrían entrar en el 70 por ciento restante, por lo cual se ganan espacios para los nacionales.

Por otra parte, en aras de evitar vacíos en la iniciativa que nos ocupa, es imprescindible precisar que la mano de obra incluye a los trabajos realizados por los obreros, los técnicos, técnicos especializados, los profesionistas y prestadores de servicios que intervienen en el desarrollo de las actividades que se requieren para completar los alcances de la obra.

Por último se especifica a quiénes se incluye en mano de obra local, nacional y extranjera.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Los que suscriben, YULMA ROCHA AGUILAR, GIANNI RAÚL RAMÍREZ OCAMPO y ALFREDO BEJOS NICOLÁS, Diputados Federales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Platica de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea, la presente INICIATIVA QUE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIII, XIV, XV Y XVI AL ARTÍCULO 2 Y REFORMA LOS ARTÍCULOS 30 Y 31 TODOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAs, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el país existen zonas que cuentan con pocas oportunidades de desarrollo, ya sea por la ubicación geográfica, cantidad de población, migración, etc. La inversión que realiza el Gobierno Federal y los Gobiernos Locales en infraestructura constituye una alternativa de desarrollo económico, esto por la notoria e importante contribución a la generación de empleos, adquisición de bienes y servicios que impulsan la participación de los sectores público y privado en las diversas partes de la economía.

La contratación de obras pública, al igual que los servicios relacionados con las mismas, se encuentran normados primigeniamente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 134, tercer párrafo, el cual refiere lo siguiente:

“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

…”

En este orden de ideas, y atendiendo a la actividad que da origen a la presente iniciativa la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en su artículo 2 fracción VIII, que se deberá entender por obra pública:

“Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. a VII. …

VIII. Obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura: las obras que tienen por objeto la construcción, ampliación o modificación de bienes inmuebles destinados directamente a la prestación de servicios de comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico, educación, salud y energético;

Ahora bien, las licitaciones pueden ser de tipos diversos atendiendo a los participantes, Nacional, Internacional bajo cobertura de tratados o Internacional abierta, lo anterior según lo referido en el artículo 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que establece textualmente lo siguiente:

“Artículo 30. El carácter de las licitaciones públicas, será:

I. Nacional, en la cual únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, por encontrarse debajo de los umbrales previstos en los tratados, o cuando habiéndose rebasado estos, se haya realizado la reserva correspondiente;

II. Internacional bajo la cobertura de tratados, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los mismos y en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que el nuestro tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales, o

III. Internacional abierta, en la que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, cualquiera que sea su nacionalidad, aún sin que nuestro país tenga celebrados tratados de libre comercio con su país de origen, cuando:

a) Previa investigación que realice la dependencia o entidad convocante, los contratistas nacionales no cuenten con la capacidad para la ejecución de los trabajos o sea conveniente en términos de precio;

b) Habiéndose realizado una de carácter nacional, no se presenten proposiciones, y

c) Así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al Gobierno Federal o con su aval.

En el caso de las licitaciones a que se refiere esta fracción, deberá negarse la participación a extranjeros cuando su país no conceda un trato recíproco a los licitantes, contratistas, bienes o servicios mexicanos.

En las licitaciones públicas, podrá requerirse la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente nacional, por el porcentaje del valor de los trabajos que determine la convocante. Asimismo, deberá incorporarse por lo menos treinta por ciento de mano de obra nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales”

De la lectura de este último párrafo se desprende que los licitantes deberán incluir en el desarrollo de la obra por lo menos el 30 por ciento de MANO DE OBRA NACIONAL, siendo aquí el origen de la presente iniciativa, ya que el objetivo de que este tipo de mano de obra sea obligatoria para los contratantes, es que el lugar o población donde se realice el proyecto sea beneficiada con la oportunidad de trabajo, y de la forma en que se encuentra establecido se deja abierta la puerta para que esta finalidad no se cumpla, puesto que al referir la calidad de NACIONAL, el personal contratado podría ser de cualquier parte del país, no necesariamente de la localidad en que se desarrolla el proyecto.

La presente iniciativa propone que la mano de obra que se contrate sea de la localidad donde se desarrollara la obra para impulsar el desarrollo del municipio y de la región en ciertos casos, se genera empleo para los habitantes locales, se impulsa el comercio y la adquisición de bienes y servicios, se mejora su calidad de vida en general.

De hacer esta modificación al texto vigente, se aportaría al desarrollo de la localidad de que se trate, y no se transgrede ni se limita la participación de Mexicanos que sean originarios o que vengan de otras entidades, ya que si se ocupa el 30% estipulado para gente oriunda de donde se realiza la obra, los mexicanos de otros estados podrían entrar en el 70% restante, con lo cual se ganan un poco más de espacios para nacionales.

El artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas señala los requisitos de participación en la licitación:

“Artículo 31. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener:

I. a XX.

XXI. El porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar en las obras o servicios a realizarse;

XXII.  a XXXIII.

…”

Como se puede observar, en estos requisitos se maneja una especificación diferente respecto de la mano de obra mexicana, en el artículo 30 la refieren como nacional y en el 31 como local sin especificar porcentaje, con ello se presenta una confusión en la interpretación ya que si nos remitimos al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española encontramos las siguientes definiciones:

“Nacional.-

1. adj. Perteneciente o relativo a una nación.
2. adj. Natural de una nación, en contraposición a extranjero. U. t. c. s.
3. m. Individuo de la milicia nacional.

Local.-

Del lat. locālis.

1. adj. Perteneciente o relativo a un lugar.
2. adj. Perteneciente o relativo a un territorio, a una comarca o a un país.
3. adj. Municipal o provincial, por oposición a general o nacional.
4. adj. Que solo afecta a una parte del cuerpo. Infección local.
5. m. Sitio cercado o cerrado y cubierto.”

Con lo anterior se refuerza la necesidad de precisar que se trata de mano de obra LOCAL, se daría certidumbre al proceso de licitación en el sentido de la obligación que se genera respecto a contratar residentes del lugar en que se trabaje, se elimina la ambigüedad existente y que en cierto momento podría ser utilizado dolosamente por algún licitante.

En este orden de ideas y en aras de evitar vacíos en la iniciativa que nos ocupa, es imprescindible precisar que la MANO DE OBRA incluye a los trabajos realizados por los obreros, los técnicos, técnicos especializados, los profesionistas y prestadores de servicios que intervienen en el desarrollo de las actividades que se requieren para completar los alcances de la obra.

Para apreciar con claridad las diferencias entre la propuesta de iniciativa y el texto vigente, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. a XII. …

 

Sin correlativo

 

 

 

Sin correlativo

 

 

Sin correlativo

 

 

 

Sin correlativo

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. a XII. …

 

XIII. Mano de obra: La realizada por trabajadores como lo son obreros, técnicos, técnicos especializados, profesionistas y/o prestadores de servicios que se aplica en la ejecución de todas las etapas y fases de la obra para completar sus alcances.

XIV. Mano de obra Local: A los trabajadores  y/o prestadores de servicios contratados para la realización de actividades en la obra o proyecto y que son de la población o municipio donde se lleva a cabo la misma.

XV. Mano de obra Nacional: A los trabajadores y/o prestadores de servicios contratados para la realización de actividades en la obra o proyecto y que son de fuera del municipio donde se lleva a cabo la misma, pero dentro del territorio Nacional.

XVI. Mano de obra Extranjera: A los trabajadores y/o prestadores de servicios contratados para la realización de actividades en la obra o proyecto y que son de nacionalidad diferente a la Mexicana.

Artículo 30. El carácter de las licitaciones públicas, será:
I. …
II. …
III. …
a) a c)


En las licitaciones públicas, podrá requerirse la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente nacional, por el porcentaje del valor de los trabajos que determine la convocante. Asimismo, deberá incorporarse por lo menos treinta por ciento de mano de obra nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales.

Artículo 30. El carácter de las licitaciones públicas, será:
I. …
II. …
III. …
a) a c)


En las licitaciones públicas, podrá requerirse la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente nacional, por el porcentaje del valor de los trabajos que determine la convocante. Asimismo, deberá incorporarse por lo menos treinta por ciento de mano de obra local, el setenta por ciento restante estará compuesto por mano de obra nacional y/o extranjera, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales.

Artículo 31. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener:

I. a XX.

XXI. El porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar en las obras o servicios a realizarse;

 

 

XXII.  a XXXIII.




Artículo 31. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener:

I. a XX.

XXI. El treinta por ciento como porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar en todas las etapas y fases de las obras o servicios a realizarse, y la composición del setenta por ciento de mano de obra nacional y/o extranjera;

XXII.  a XXXIII.




Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIII, XIV, XV Y XVI AL ARTÍCULO 2 Y REFORMA LOS ARTÍCULOS 30 Y 31 TODOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

PRIMERO.- Se reforma el contenido de los artículos 2, 30 y 31 todos de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. a XII. …

XIII. Mano de obra: La realizada por obreros, técnicos, técnicos especializados y profesionistas que se aplica en la ejecución de todas las etapas y fases de la obra para completar sus alcances.

XIV. Mano de obra Local: A los trabajadores  y/o prestadores de servicios contratados para la realización de actividades en la obra o proyecto y que son de la población o municipio donde se lleva a cabo la misma.

XV. Mano de obra Nacional: A los trabajadores y/o prestadores de servicios contratados para la realización de actividades en la obra o proyecto y que son de fuera del municipio donde se lleva a cabo la misma, pero dentro del territorio Nacional.

XVI. Mano de obra Extranjera: A los trabajadores y/o prestadores de servicios contratados para la realización de actividades en la obra o proyecto y que son de nacionalidad diferente a la Mexicana.

Artículo 30. El carácter de las licitaciones públicas, será:

I. …

II. …

III. …

a) a c)

En las licitaciones públicas, podrá requerirse la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente nacional, por el porcentaje del valor de los trabajos que determine la convocante. Asimismo, deberá incorporarse por lo menos treinta por ciento de mano de obra local, el setenta por ciento restante estará compuesto por mano de obra nacional y/o extranjera, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales.

Artículo 31. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener:

I. a XX.

XXI. El treinta por ciento como porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar en todas las etapas y fases de las obras o servicios a realizarse, y la composición del setenta por ciento de mano de obra nacional y/o extranjera;

XXII.  a XXXIII.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente

Dip. Yulama Rocha Aguilar.- Dip. Gianni Raúl Ramírez Ocampo.- Dip. Alfredo Bejos Nicolás.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Bejos Nicolás. Túrnese a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.





 

Continuamos con la presentación de una iniciativa a cargo del Diputado Marko Cortés Mendoza, a nombre propio y de la Diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, la Ley Aduanera, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS, DE LA LEY ADUANERA, DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

(Presentada por el Diputado Marko Cortés Mendoza, a nombre propio y de la Diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del grupo parlamentario del PAN)

El Diputado Marko Cortés Mendoza: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

En el marco de la próxima discusión que tendremos en el Honorable Congreso, del paquete fiscal 2017, hoy presento a nombre propio y de mi grupo parlamentario, una iniciativa que provoca generar estímulos fiscales que generen conciencia con el cuidado del medio ambiente y que impulse de manera determinante el uso de vehículos eléctricos en nuestro país.

La necesidad es evidente, todos hemos visto la contingencia ambiental por la que hemos pasado. Hoy requerimos que México tenga una política de conciencia con el cuidado del medio ambiente.

Según la Organización Mundial de la Salud, existen 1.3 millones de muertes prematuras al año causadas por diversas causas de la contaminación ambiental.

Según el Imco, el Instituto Mexicano para la Competitividad, los daños a la salud provocados por partículas en el aire tienen un impacto económico. Sólo del año 2010 al año 2013 se generaron: 3.1 millones de consultas médicas relacionadas con la contaminación; 53 mil hospitalizaciones por la misma causa; 19 mil muertes prematuras, éstas sólo por la causa de la contaminación atmosférica; y casi 14 mil millones de pesos en gastos o pérdidas económicas por ello.

En México, cinco de las diez principales causas de muerte son enfermedades en el corazón, tumores malignos, pulmonares crónicas, es decir, enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire.

Estamos hablando, compañeros, de serios problemas de salud, pero también estamos hablando de serios costos para poder enfrentarlos.

El Inegi estima que los costos ambientales asociados a la contaminación del aire ascendían al 3.2 por ciento del Producto Interno Bruto asociado con los costos de combatir la contaminación y sus causas, lo que equivale a 542 mil 283 millones de pesos.

Amigas y amigos legisladores:

La contaminación nos cuesta vidas, nos cuesta salud, nos sale muy caro y hemos hecho muy poco.

Se calcula que en México el 26 por ciento de las emisiones de gases efecto invernadero, se generan en el sector de transportes y el 16 por ciento es proveniente del subsector automotor por viajes individuales.

El daño es innegable. Después de vivir las crisis climáticas del año en curso, donde programas del siglo pasado, como el Hoy No Circula, el Doble Hoy No Circula o el triple no circula, hemos visto que no dan resultado, solamente es un paliativo que posterga el resultado y es una política que ha sido irresponsable durante años.

En materia de medio ambiente no existen soluciones absolutas o completas. Desde el cuidado de la naturaleza hasta la generación de alternativas de energía. Hay muchas opciones.

Por eso en México ya llegó la hora de que emprendamos una cultura del cuidado con el medio ambiente, como lo que se hizo en el pasado sexenio que México fue reconocido a nivel internacional por sus políticas con el cuidado de nuestro medio ambiente.

La iniciativa que hoy presento es concordante con los tratados internacionales que México ha suscrito, además con la Ley General de Cambio Climático, con el Plan Nacional de Desarrollo que presentó el Presidente Enrique Peña Nieto y con la Estrategia Nacional de Cambio Climático

La iniciativa consiste en cinco puntos fundamentales:

Primero, que existan apoyos fiscales atractivos para la manufactura, para el ensamble y para la producción de vehículos eléctricos.

Segundo, que no se cobre ningún impuesto para la adquisición o el arrendamiento de un vehículo eléctrico y que además se den facilidades para el financiamiento.

Tercero, que sean deducibles estos vehículos al 100 por ciento para personas físicas y morales en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Cuarto, que se cobre el 50 por ciento de peaje en las casetas. Esto parecería novedad o injusto, pero en pasadas legislaturas impulsamos que las motocicletas en el país que contaminan mucho menos, pagaran el 50 por ciento y se logró que fuera una realidad.

Y quinto, que la adquisición y arrendamiento de vehículos para uso gubernamental o de servicio público se le dé prioridad siempre a automóviles eléctricos o híbridos.

Compañeras y compañeros: En Acción Nacional hemos sido consistentes durante décadas en esta política sustentable.

Nosotros defendimos desde mediados de los 90’s y hemos impulsado legislaciones de avanzada para cuidar el medio ambiente, para enfrentar el cambio climático y para impulsar la transición energética.

Facilitar e incentivar el uso de automóviles libres de emisiones es apostarle al futuro, apostar a podernos movilizar de un punto a otro sin contaminar y a costos más bajos. Es apostarle al futuro.

Hoy existen incentivos, como la exención del pago de tenencia, la exención de las verificaciones, el bajo costo a la electricidad y mantenimiento a este tipo de vehículos, pero siguen siendo vehículos muy costosos y, además, siguen siendo muy escasas las estaciones de carga públicas.

Termino, compañeras y compañeros, exhortándoles a no permitir que falten acciones que sigan deteriorando la salud de todos y del medio ambiente.

Los convoco a que hagamos política de la buena y apoyemos a los ciudadanos que quieren apoyar el cuidado del medio ambiente, poniendo este tipo de vehículos al acceso de mayor número de mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

Los que suscriben, MARÍA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ AGUIRRE y MARKO CORTES MENDOZA, Diputados Federales de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la presente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS, LA LEY ADUANERA, LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, con la finalidad de fomentar la producción, adquisición y uso de autos eléctricos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los efectos en la salud pública, y en nuestro planeta en general, provocados por la contaminación atmosférica, específicamente la exposición a micro partículas y al ozono, llevaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a establecer una relación cuantitativa entre los niveles de contaminación y resultados concretos relativos a la salud como el aumento de la mortalidad o la morbilidad, estimando 1,3 millones de muertes prematuras al año en todo el mundo por esta causa.

Las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 2015, señalan que la contaminación urbana del aire será la principal causa medioambiental de muertes en el mundo en el año 2050. Actualmente, la exposición a partículas contaminantes del aire deriva en diversas enfermedades respiratorias, las cuales podrían duplicarse en 35 años por el envejecimiento y concentración de la población en zonas urbanas, causando muertes prematuras.

En México, cinco de las diez principales causas de muerte son enfermedades del corazón, tumores malignos, neumonía e influenza, enfermedades cardiovasculares y pulmonares crónicas, es decir enfermedades asociadas a la mala calidad del aire.

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) los daños a la salud provocados por partículas atmosféricas de 10 micras tienen un alto impacto económico, de 2010 a 2013 generaron: 3.1 millones de consultas relacionadas con la contaminación; 53 mil hospitalización por esta misma causa; 19 mil muertes prematuras y casi 14 mil millones de pesos de pérdidas económicas. Mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que los costos ambientales asociados a la contaminación del aire ascendían a 3.2 por ciento del PIB en 2014, lo que equivale a 542,283 millones de pesos.

En términos generales, se considera que los vehículos automotores se encuentran entre los principales responsables de la contaminación del aire en zonas urbanas. En el Inventario de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2013 de la OCDE, se señala que en México el sector transportes contribuyó con 26 por ciento de las emisiones netas de gases efecto invernadero (GEI) a nivel nacional, mientras que en 2010, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) calculaba que en las ciudades mexicanas, el sector transporte contribuía con el 20.4 por ciento de la emisión de GEI, de los cuales 16.2 por ciento provenían del subsector automotor, en su mayoría, por viajes en transporte individual motorizado.

Lo que indica el crecimiento constante de la emisión de GEI en el país, derivado por el incremento del parque vehicular privado y una mayor concentración de la población; hoy día más del 72 por ciento de las personas residen en ciudades, de acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO), y se estima que la tasa de motorización pasó de 160 a 300 vehículos por cada 1,000 habitantes, del 2000 al 2012.

El Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, calcula que de seguir con esta tendencia de crecimiento para el 2020 las emisiones nacionales de GEI alcanzarían mil millones de toneladas, es decir, un 28 por ciento más que las de 2010.

De ahí que buena parte de las medidas de los diversos instrumentos internacionales que buscan reducir la emisión de los gases efecto invernadero están dirigidas a reducir los vehículos de combustión convencional. Particularmente, desde la Cumbre de la Tierra de Río de 1992 y el Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, la cual entró en vigor en marzo de 1994, se parte del reconocimiento de que para lograr un desarrollo económico y social sostenible de todos los países, que permita una mayor eficiencia energética, al tiempo de controlar las emisiones de gases de efecto invernadero en general, es necesaria la aplicación de nuevas tecnologías.

En 2009, la Unión Europea estableció la Hoja de Ruta para una economía competitiva y baja en carbono, que prevé hacer que se generen cerca de un 80 por ciento menos de emisiones en Europa en el año 2050, respecto a las cifras registradas desde 1990. El plan propone que todos los sectores principalmente aquellos responsables de las emisiones en Europa (producción de electricidad, industria, transporte, edificios, construcción, agricultura) contribuyan a la transición hacia una economía baja en carbono, en función de su potencial tecnológico y económico.

En particular, en la parte de transporte se propone:

• Eliminar gradual pero completamente los vehículos de gasolina del transporte urbano.

• Desplazar al ferrocarril o el barco el 50 por ciento de los pasajeros y mercancías transportados por carretera entre ciudades alejadas más de 300 km entre sí.

• Aumentar al 40 por ciento la utilización por las compañías aéreas de combustibles sostenibles y con bajas emisiones de carbono.

• Reducir en un 40 por ciento las emisiones de carbono del transporte de mercancías.

Las medidas específicas sobre vehículos y combustibles limpios, implican la reducción en un 50 por ciento del número de unidades que funcionan con combustibles convencionales de aquí a 2030 y su progresiva eliminación total en las ciudades antes de 2050, con el objetivo prioritario de que los centros urbanos estén libres de emisiones de CO2.

Bajo este compromiso, 14 países de la Unión Europea, integraron una alianza de cero emisiones para el 2050, con el propósito de inhabilitar a los automóviles que tengan motores de combustión interna y de esta forma reducir las emisiones contaminantes en un 40 por ciento. Este plan pretende que los automovilistas recurran a los vehículos híbridos, para después hacer uso de los eléctricos, y que los ciudadanos utilicen de forma mayoritaria el transporte público.

A esta alianza, también se han sumado algunas regiones de Estados Unidos, entre ellas California, Connecticut, Maryland, Massachusetts, Nueva York, Oregón, Rhode Island y Vermont; así como la provincia de Quebec, Canadá. Asimismo, cientos de organizaciones sociales con motivo de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21) en Paris, integran la Alianza por el Clima, la mayor coalición para salvar el planeta, fomentan este tipo de acciones a favor de cero emisiones contaminantes.

Estas medidas llevarán a desaparecer gradualmente los vehículos alimentados con combustibles derivados del petróleo y que la movilidad del futuro sea eléctrica. Avanzar en ese camino, no significa acabar con las empresas automotrices, sino un replanteamiento para lanzar modelos híbridos y eléctricos accesibles para toda la población. En la actualidad, varias empresas están desarrollando tecnologías relacionadas con las emisiones cero, a fin de lograr autos que funcionen con energía derivada de fuentes renovables, solar o eólica, o de biocombustibles.

México es uno de los países que ha ratificado los acuerdos internacionales para enfrentar el cambio climático, por lo que nuestro marco legal incluye diversas disposiciones para cumplir con las metas trazadas para el año 2020 y 2050. Específicamente, la Ley General de Cambio Climático (LGCC) con relación a la mitigación de emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero, estableció como compromiso el reducir un 30 por ciento con respecto a la línea base en 2020, así como 50 por ciento a 2050 respecto a las emisiones de 2000.

Esta misma ley, mandata que para el año 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en coordinación con la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Energía (SENER), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), deberán haber generado en forma gradual un sistema de subsidios que promueva las mayores ventajas del uso de combustibles no fósiles, la eficiencia energética y el transporte público sustentable con relación al uso de combustibles fósiles.

En términos de políticas públicas, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece acciones específicas en  materia sustentable y motivo de la presente iniciativa:

• Actualizar y alinear la legislación ambiental para lograr una eficaz regulación de las acciones que contribuyen a la preservación y restauración del medio ambiente y los recursos naturales.

• Promover el uso y consumo de productos amigables con el medio ambiente y de tecnologías limpias, eficientes y de bajo carbono.

• Establecer una política fiscal que fomente la rentabilidad y competitividad ambiental de nuestros productos y servicios.

• Promover esquemas de financiamiento e inversiones de diversas fuentes que multipliquen los recursos para la protección ambiental y de recursos naturales.

• Acelerar el tránsito hacia un desarrollo bajo en carbono en los sectores productivos primarios, industriales y de la construcción, así como en los servicios urbanos, turísticos y de transporte.

• Promover el uso de sistemas y tecnologías avanzadas, de alta eficiencia energética y de baja o nula generación de contaminantes o compuestos de efecto invernadero.

• Contribuir a mejorar la calidad del aire, y reducir emisiones de compuestos de efecto invernadero mediante combustibles más eficientes, programas de movilidad sustentable y la eliminación de los apoyos ineficientes a los usuarios de los combustibles fósiles.

En cuanto al uso de vehículos eléctricos o híbridos, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, Visión 10-20-40, y como parte de las estrategias de mitigación en un horizonte de entre 10 y 40 años, se estableció como objetivo el uso común de vehículos eléctricos en transporte público. Alcanzar estas metas, requiere establecer políticas graduales y efectivas que involucren a todos los sectores vinculados con el transporte, la producción de vehículos, las instancias encargadas de aplicar los programas para la reducción de contaminantes y la eficiencia energética.

En nuestro país, sólo existen 260 vehículos eléctricos que circulan en el país, de ahí que para promover su desarrollo y uso en el país, en abril de 2015, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) firmaron un Convenio de Colaboración para promover el uso de vehículos eléctricos, híbridos y las electrolineras, en el cual se comprometen a realizar cinco objetivos:

1. Promover de manera conjunta acciones que faciliten la instalación estratégica de electrolineras, tanto en espacios públicos como privados.

2. Elaborar un plan de desarrollo de electrolineras con base en la demanda y el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos e híbridos en México. En un principio y como parte del convenio, la CFE podría instalar medidores especiales en los hogares que tengan un auto eléctrico.

3. Fomentar un diálogo con entidades en distintos órdenes de gobierno, así como en el sector privado para fomentar el uso de vehículos eléctricos e híbridos.

4. Organizar eventos, cursos y talleres para difundir el potencial de la movilidad eléctrica e híbrida en México.

5. Coordinar y proporcionar información relacionada con el mercado de vehículos eléctricos e híbridos en México y diseñar mecanismos para que sus asociados conozcan los programas derivados del convenio.

En este orden de ideas, es fundamental establecer una serie de incentivos fiscales necesarios para fomentar el desarrollo, adquisición y uso de automóviles eléctricos, toda vez que por sus características, constituyen un eficaz medio de movilidad que permite controlar las emisiones de CO2 y otros contaminantes producidos por la actividad del transporte. De hecho, no producen emisiones contaminantes cuando están en uso, y solo se produce contaminación en los lugares de generación de energía eléctrica, la cual resulta significativamente menor de la que producen los autos de combustión interna.

Estos vehículos también contribuyen en la reducción de los niveles de ruido en nuestras ciudades y carreteras, mejorando además de la salud pública, la calidad de vida de las ciudades.

Entre otras ventajas, los autos eléctricos convierten en movimiento más del 90 por ciento de la energía que consumen, además de que en general, son de menor tamaño y peso, y presentan un rendimiento más elevado que los automóviles de combustión convencional. La eficiencia energética del vehículo eléctrico es casi el doble que el de combustión interna. Un coche eléctrico puede llegar a tener una eficiencia del 60 por ciento frente al 20 por ciento de los motores convencionales.

En este sentido, los vehículos eléctricos presentan muchas ventajas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo de que si bien su costo inicial es más caro, a la larga genera ahorros económicos en el costo de la recarga y en los servicios de mantenimiento por la sencillez técnica en componentes y piezas que lo conforman.

De tal forma que este tipo de autos, resultan una alternativa atractiva para  reducir de forma directa la dependencia energética de los hidrocarburos y sustituir el parque vehicular más antiguo y altamente contaminante por vehículos más eficientes y tecnológicamente sustentables.

A la fecha, existen algunos incentivos para incrementar la demanda de autos eléctricos, como el que estén exentos del pago de tenencia; que no requieran hacer el trámite de verificación vehicular, lo que genera ahorros superiores a 12 mil pesos, pues su promedio de vida útil es de 15 años; que existan convenios con centros comerciales y la industria automotriz para incrementar las estaciones de carga en todo el país, así como el que se puedan instalar dichas estaciones en el domicilio del poseedor de este tipo de autos.

Sin embargo, su precio sigue siendo elevado para incrementar su uso, toda vez que se sitúa entre los 280 y 700 mil pesos. Por lo que es fundamental generar incentivos fiscales que le permitan a un número mayor de mexicanos acceder a vehículos más eficientes, que además de generar un ahorro considerable en particular, haga posible disminuir sustancialmente la emisión de gases de efecto invernadero a la atmosfera que tanto está afectando el clima en el planeta.

En Estados Unidos existen diversos incentivos para promover la introducción masiva de vehículos híbridos y eléctricos, al otorgar hasta 7,500 dólares de apoyo a quienes adquieren estos autos, lo que ha dado como resultado que actualmente alcancen tres por ciento del total del mercado. Mientras que en México, apenas alcanzamos 0.1 por ciento del mercado de automóviles nuevos.

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece en el artículo 22 Bis, que se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con, entre otras, los procesos, productos y servicios que, conforme a la normatividad aplicable, hayan sido certificados ambientalmente.

No podemos permitir que la salud de nuestra población se siga afectando por falta de acciones contundentes que incidan en mejor medio ambiente. No podemos seguir incentivando el uso de vehículos particulares y públicos que utilizan energía contaminante y no contribuyen de forma efectiva a disminuir y controlar las emisiones de gases efecto invernadero que tanto daño causa a nuestro entorno. Necesitamos una estrategia con visión de Estado para lograr un país sustentable.

Es así que la presente iniciativa tiene por objeto establecer diversos estímulos fiscales que hagan atractiva la producción, adquisición y uso de vehículos eléctricos con baterías recargables. Por ello, proponemos:

Que existan apoyos fiscales atractivos por la manufactura, ensamble y producción de automóviles eléctricos para que las empresas de autopartes y automotrices establezcan sus industrias en nuestro país, generando fuentes de ingreso y empleo para miles de personas, de manera directa e indirecta.

Que no se cobre ningún tipo de impuesto por la adquisición de este tipo de vehículos, ni Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni arancel alguno para que disminuya su precio y que esto derive en esquemas de financiamiento más flexibles y blandos que incidan en una mayor accesibilidad para que más personas tengan la posibilidad de adquirirlos.

Que sean deducibles al 100 por ciento para personas físicas y morales en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y que estén exentos de pagar el impuesto establecido en la Ley Federal Sobre Automóviles Nuevos, a fin de incentivar su adquisición.

Que existan estímulos en las casetas de peaje, para que solo se cobre el 50 por ciento de su costo, a fin de que se fomente su uso en trayectos más largos de los que cotidianamente se realizan.

Que se establezca un certificado de cero emisiones contaminantes de conformidad a lo establecido en la Ley General de Cambio Climático.

Que en la adquisición y arrendamiento de vehículos para uso público se dé prioridad a los autos eléctricos y se establezca la obligatoriedad de cumplir con el certificado de cero emisiones contaminantes, que para tal efecto establezca la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Cabe destacar que esta iniciativa se suma al trabajo permanente del Partido Acción Nacional, desde esta Cámara de Diputados y en el Senado de la República, por incidir en una nación sustentable, cuyo desarrollo económico y social fomenta el uso de energías limpias y renovables que permitan a las presentes y futuras generaciones convivir en pleno equilibrio con su entorno, al tiempo de generar un círculo virtuoso de responsabilidad con el medio ambiente, de sustentabilidad y también de ahorro económico.

Por lo anterior expuesto, se presenta el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero. Se adiciona la fracción XIV al artículo 34, la fracción XV al artículo 35 y se reforma la fracción III del artículo 148 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 34. Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien son los siguientes:

I. a XIII. …

XIV. 100% para automóviles cuya propulsión sea a través de motores eléctricos con baterías recargables.

Artículo 35. Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en el artículo anterior, se aplicarán, de acuerdo a la actividad en que sean utilizados, los por cientos siguientes:

I. a XIV. …

XV. 100% por la manufactura, ensamble y producción de automóviles cuya propulsión sea a través de motores eléctricos con baterías recargables.

Artículo 148. Para los efectos de este Capítulo, no serán deducibles:

I. a II. …

III. En ningún caso serán deducibles las inversiones o los pagos por el uso o goce temporal de automóviles a excepción de aquellos  automóviles cuya propulsión sea a través de motores eléctricos con baterías recargables.

IV. a XVI. …

Artículo Segundo. Se adiciona el inciso j) a la fracción I del artículo 2o.-A y se adiciona una fracción X al artículo 25 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa de 0 por ciento a los valores a que se refiere esta ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I. La enajenación de:

a) a i) ...

j) Automóviles cuya propulsión sea a través de motores eléctricos con baterías recargables.

...

II. a IV. ...

Artículo 25. No se pagará el impuesto al valor agregado en las importaciones siguientes:

I. a IX. ...

X. La de automóviles importados de forma definitiva en términos de la Ley Aduanera, cuya propulsión sea a través de motores eléctricos con baterías recargables.

Artículo Tercero.- Se adiciona la fracción IV al artículo 8 de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos para quedar como sigue:

Artículo 8.- No se pagará el impuesto establecido en esta Ley, en los siguientes casos:

I. a III. …

IV.- Tratándose de personas físicas y morales por la enajenación al público en general, o que importen definitivamente en los términos de la Ley Aduanera, automóviles cuya propulsión sea a través de motores eléctricos con baterías recargables.

Artículo Cuarto.- Se adiciona la fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera para quedar como sigue:

Artículo 61. No se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o la salida del mismo de las siguientes mercancías:

I. a XVII. …

XVIII. Los automóviles cuya propulsión sea a través de motores eléctricos con baterías recargables.

Artículo Quinto.- Se reforma el artículo 5 fracción 8  primer párrafo de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para quedar como sigue:

Articulo 5.- Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares.

I a VII…

VIII.- …

Las motocicletas y automóviles  eléctricos con batería recargable deberán pagar el 50 por ciento del peaje que paguen los automóviles de combustión interna.

IX.- …

Artículo Sexto.- Se reforma el artículo 90 de la Ley General de Cambio Climático para quedar como sigue:

Artículo 90. Las disposiciones reglamentarias de la presente Ley establecerán los procedimientos y reglas para llevar a cabo el monitoreo, reporte y verificación y, en su caso, la certificación de cero emisiones contaminantes y certificación de las reducciones de emisiones obtenidas en proyectos inscritos en el Registro, a través de organismos acreditados de acuerdo a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y autorizados por la Secretaría o por los organismos internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte.

Artículo Séptimo.- Se reforma y adiciona la fracción III del artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para quedar como sigue:

Artículo 26. ...

I. ...

II. ...

III. ...
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, reducción de emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.

...

...

En las adquisiciones o arrendamientos de automóviles, se deberá dar prioridad a los automóviles eléctricos con batería recargable, los cuales están obligados a mostrar un certificado que los identifique como unidades con cero emisiones contaminantes, de acuerdo a lo que establezca la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

...

...

...

...

...

...

...

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente ejercicio fiscal, quedando sin efecto todas las normas vigentes que contravengan su aplicación. Las disposiciones establecidas en los artículos sexto y séptimo del presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales estará obligada a realizar las adecuaciones reglamentarias para emitir el certificado de cero emisiones contaminantes, a los 180 días de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero.- La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en todo momento promoverá con las entidades federativas el que se exente el pago del impuesto sobre tenencia y la verificación vehicular de los vehículos eléctricos con batería recargable.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el 10 de agosto de 2016.

Dip. María de los Ángeles Rodríguez Aguirre.- Dip. Marko Cortes Mendoza.

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
PATRICIA SÁNCHEZ CARRILLO

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputado Cortés Mendoza. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.





 

Se concede la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar a nombre propio y de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO E) DEL ARTÍCULO 80, RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE EN SU ORDEN DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL

(Presentada por las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Diva Hadamira Gastélum Bajo)

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señora Presidenta. Señoras y señores integrantes de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión:

Lo que estamos presentando la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo y su servidora, tiene que ver con un proceso importante que hemos emprendido desde hace ya muchos meses para configurar la modalidad de violencia política contra las mujeres en distintos ordenamientos.

Hemos avanzado de manera puntual, de manera trascendental, en acuerdos con diversas instituciones que han apoyado con sus conocimientos, con su expertise, cómo tenemos en nuestro país que delinear esta modalidad de violencia política, porque miren, quién iba a pensar que cuando discutimos en la LIX Legislatura cómo íbamos escribiendo, redactando, discutiendo, poniéndonos de acuerdo en cada uno de los artículos que hoy forman parte de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Entonces hablábamos de tipos de violencia, de modalidades de violencia, y quién iba a pensar que al paso de pocos años íbamos a estar en nuestro país discutiendo integrar la modalidad de violencia política contra mujeres a partir de que ya teníamos una base importante en nuestra Constitución, los de derechos políticos de las mujeres son reconocidos, poco a poco avanzamos, primero en acciones afirmativas, cuotas de género, pero el gran desastre que tenemos en nuestro país, y no exagero en definirlo como un gran desastre para los derechos de las mujeres que afecta de manera trascendental los derechos de las mujeres, los derechos políticos y civiles de las mujeres es, precisamente, este fenómeno que hoy estamos inscribiendo como una modalidad de violencia.

Es la violencia política que, por desgracia, sobreviven mujeres que aspiran a estar en cargos de representación, que aspiran estar en cargos políticos en sus partidos, cuando son candidatas, cuando asumen una responsabilidad ya sea en el ámbito legislativo, en el ejecutivo o en el Poder Judicial, y que esto molesta a quienes han tenido que dejar sus espacios que han devengado toda la vida, durante los siglos y siglos, que hoy tienen que compartirlos de manera paritaria con las mujeres; y entonces la violencia política cobra relevancia porque se utilizan distintas formas: desde la presión, el hostigamiento, el acoso, hasta las amenazas e incluso, por desgracia, tenemos ya experiencias donde corre peligro la vida o de plano son asesinadas mujeres cuando se atreven a disputara estar, como es su derecho, en un encargo de representación popular.

Tenemos, efectivamente, algunas zonas del país que nos motivan a tener mayor incidencia en la verificación de que se respete la Constitución, particularmente el artículo 2o., que tiene que ver con los derechos políticos de las mujeres indígenas. Hay zonas indígenas en donde la situación realmente es cruenta, las mujeres tienen que, prácticamente, salir, huir; son expulsadas, en otros casos, de esos poblados, de esos municipios porque se atrevieron a decir: “Yo quiero competir”, y cuando ganan, entonces, sobreviven por desgracia a la violencia política.

Ya hay un avance en 4 ordenamientos que van a ser reformados, en un trabajo muy importante con la FEPADE y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, particularmente con la Sala Superior, por supuesto con el Inmujeres también y con distintas expertas y, claro, también con las Senadoras, en este caso, encabezadas por quien preside la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado de la República, la Senadora Diva Hadamira Gastélum.

Hoy presento esta iniciativa que sería la quinta modificación que presentaríamos a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Estamos trabajando en modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y, por supuesto, es muy importante la Ley General del INE.

Y hoy la iniciativa que presentamos a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, reformaríamos como es esta propuesta de reforma, al artículo 5 de la ley para definir de manera puntual las obligaciones de servidoras y servidores públicos, tanto federales, estatales y municipales y, por supuesto, también de la Ciudad de México, para que quienes se encuentren ante una situación de que no cumplan con las disposiciones de esta ley o desacaten las resoluciones que dicta el Tribunal Electoral, sean sancionados, y definimos cuáles son estas sanciones.

Al mismo tiempo, presentamos la reforma para modificar el artículo 80 que tiene que ver con el Libro Tercero del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano, en el sentido de la procedencia hacemos la adición de un inciso, el inciso e) para que considere la existencia de cualquier acto u omisión que constituya violencia política de género con la finalidad de impedir o restringir el ejercicio de sus derechos político electorales.

De tal manera, que fortalecemos los JDC en esta ley y podamos hacer, ahora sí que cerrar de manera holística el círculo de modificación de estas 5 leyes para configurar, insisto, el delito, la modalidad de violencia de género contra mujeres, que es la violencia política.

Seguramente, señoras y señores, va a ser uno de los decretos que estaremos trabajando junto con la Cámara de Diputados para que finalmente en el próximo periodo de sesiones podamos tener en nuestra legislación la protección legal que requieren todas estas mujeres que en distintos lugares, en distintas partes de nuestro país y frente a distintas situaciones, hoy están sufriendo de violencia política.

Es cuanto.

Muchas gracias a la Senadora Gastélum Bajo.

Muchas gracias por su atención.

Iniciativa

Las que suscriben, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, integrante el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEADICIONA UN INCISO E) DEL ARTÍCULO 80, RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE EN SU ORDEN DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres es un principio general, un derecho de aceptación universal reconocido tanto en la legislación nacional como en diversos instrumentos internacionales. Este principio hace referencia a los derechos y responsabilidades que como seres humanos tenemos todas las personas e implica dar las mismas condiciones, trato y oportunidades a todas las personas sin distinción de raza, color, sexo, edad, creencias, idioma, etnia o cultura, opiniones políticas, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra situación social. Se considera que la igualdad ocurre al menos en dos dimensiones: la formal y la sustantiva. La igualdad formal –de jure o normativa- se refiere a la igualdad ante la ley y supone que las personas tienen los mismos derechos.

La igualdad sustantiva, de facto o material, supone la modificación de las circunstancias que impiden a las personas el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a lasoportunidades por medio de medidas estructurales, legales o de política pública que garanticen en los hechos la igualdad. La visión del desarrollo humano basada en la noción de capacidades requiere como primera condición la igualdad de oportunidades. Esto significa que la acción pública puede y debe garantizar que los individuos tengan acceso a un conjunto equitativo de opciones de vida, sin importar las limitaciones individuales o del contexto y con ello la posibilidad de elegir con conocimiento y libertad.

El Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), fue quien generó el concepto de igualdad sustantiva, en su Recomendación General N° 25 de 2004, hasta entonces, se habían usado conceptos como igualdad real, igualdad efectiva, igualdad de facto10 o igualdad de hecho y/o formales para referirse a la concreción de las disposiciones legales sobre la igualdad entre hombres y mujeres.1

En los párrafos 8 y 9 de la RG 25 (2004) del Comité CEDAW dice:

“8. En opinión del Comité, un enfoque jurídico o programático puramente formal, no es suficiente para lograr la igualdad de facto con el hombre, que el Comité interpreta como igualdad sustantiva. Además, la Convención requiere que la mujer tenga las mismas oportunidades desde un primer momento y que disponga de un entorno que le permita conseguir la igualdad de resultados. No es suficiente garantizar a la mujer un trato idéntico al del hombre. También deben tenerse en cuenta las diferencias biológicas que hay entre la mujer y el hombre y las diferencias que la sociedad y la cultura han creado. En ciertas circunstancias será necesario que haya un trato no idéntico de mujeres y hombres para equilibrar esas diferencias. El logro del objetivo de la igualdad sustantiva también exige una estrategia eficaz encaminada a corregir la representación insuficiente de la mujer y una redistribución de los recursos y el poder entre el hombre y la mujer.

9. La igualdad de resultados es la culminación lógica de la igualdad sustantiva o de facto. Estos resultados pueden ser de carácter cuantitativo o cualitativo, es decir que pueden manifestarse en que, en diferentes campos, las mujeres disfrutan de derechos en proporciones casi iguales que los hombres, en que tienen los mismos niveles de ingresos, en que hay igualdad en la adopción de decisiones y la influencia política y en que la mujer vive libre de actos de violencia.

La mujeres han ampliado en el mundo su participación en la política en las últimas cuatro décadas, sin embargo, pese a los progresos alcanzados, las esperanzas de igualdad están lejos de verse realizadas. Cuando se realizó la primera Conferencia Mundial de la Mujer en México, en 1975, las mujeres representaban el 10.9 % de todos los escaños parlamentarios a nivel mundial; veinte años después, en la Conferencia Mundial de Beijing en 1995, este porcentaje se había elevado apenas a 11.6%, a pesar de la ampliación de parlamentos de 115 a 176. En septiembre de 2015, a nivel global, las mujeres ocupan el 22.5% de todos los escaños parlamentarios y sólo el 16.8% de los 273 puestos de presidencia en las Cámaras Parlamentarias en el mundo, es decir, solo ha habido un aumento de alrededor de 10 puntos porcentuales más en un lapso de casi 20 años.

La violencia política impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio del cargo público.

Asimismo, repercute en la actuación de aquellas mujeres que deciden integrar los consejos distritales o locales, de los organismos electorales, así como las que fungen como funcionarias o representantes de partidos políticos en las mesas directivas de casilla.

En efecto, la violencia ha mostrado un impacto diferenciado en las mujeres e incluso tiene lugar por razones de género. Por ello, resulta necesario legislar y conceptualizar la violencia política contra las mujeres, ya que de ello depende que estén en condiciones de igualdad para desarrollarse en el ámbito político-electoral.

El 15 de octubre de 2015, tuvo lugar la Sexta Conferencia de los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará, en donde se adoptó la “Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres”, en ella se reconoce que:

“Que es responsabilidad del Estado, ciudadanía, partidos políticos, organizaciones sociales y políticas, sindicatos, desarrollar cambios normativos y culturales dirigidos a garantizar la igualdad sustantiva de mujeres y hombres en el ámbito político, según las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres y los compromisos asumidos en la Convención de Belém do Pará.

“Los derechos políticos son derechos humanos”, derechos que el Estado está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar. Pero también es una obligación estatal, el crear condiciones y remover obstáculos, a fin de que las mujeres puedan acceder a cargos decisorios en todas las estructuras de poder.

Sin embargo, aunque a las mujeres y a los hombres les corresponden los mismos derechos, ellas han visto limitados éstos a partir de construcciones sociales que han dado lugar a considerar de un mayor valor a las características masculinas, cuyo resultado es que las discriminan y les impiden el ejercicio pleno de todos los derechos, como son los derechos civiles y políticos, que se refieren a la posibilidad de toda persona a participar en el gobierno de su país.

La violencia contra las mujeres es resultado de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, y se traduce en una violación a sus derechos humanos y a sus libertades fundamentales.

Las mujeres que hacemos política o quienes pretenden acceder a ella, enfrentamos diversos obstáculos y resistencias que dificultan una participación en términos de igualdad respecto a los hombres. Para muestra, un botón: con las cuotas de género, cuando se coloca a las mujeres en lugares con escasa o nula posibilidad de triunfo, cuando se nos cuestiona sobre nuestras capacidades, cuando se nos ofende, descalifica o denosta, no olvidemos las frases con doble sentido, comentarios sarcásticos y burlas sexistas.

En los procesos electorales 2015-2016, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ha iniciado carpeta de investigación en 29 casos, en los que el común denominador son: las amenazas, intimidación, ofensas, difamación, agresiones, etc.

El último ejemplo de esto es el caso de la presidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, quien presentó su “licencia al cargo”, luego de que durante cinco días, habitantes de la localidad tzotzil mantuvieran tomada la Alcaldía, las instalaciones del DIF y el juzgado de paz y conciliación indígena en demanda de su destitución por “no cumplir lo que en campaña prometió.

Esta situación es reflejo de las continuas amenazas y “peticiones” por parte de sectores de la población que solicitaron su renuncia desde que en, un proceso democrático y legal ella ganara las elecciones el pasado mes de julio de 2015. La demanda de los habitantes está sustentada en los usos y costumbres, en donde se estipula que las mujeres son relegadas, por el simple hecho de ser mujer.

Rosa Pérez Pérez es la tercera alcaldesa del Partido Verde Ecologista, que el machismo desplazó y colocó a un hombre como munícipe. En el municipio de Oxchuc, pasó lo mismo con María Gloria Gómez Sánchez, en el que no sólo ella renunció sino también las regidoras. En el municipio de Tila, pobladores destituyeron a Fabiola Vázquez Ortíz, con lujo de violencia sin que haya un sólo detenido. Mientras que en el municipio de Chanal, la Presidenta Municipal Olga Gómez renunció para que el cargo lo ocupará su esposo, que se desempeñaba como síndico.

Recordemos que los tratados internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, se refieren a asegurar precisamente el goce y ejercicio pleno de los mismos, y por lo tanto, deben ser incorporados al cuerpo normativo nacional.

En el contexto regional, destaca la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer2, la cual señala que los derechos de las mujeres deben ser reconocidos, gozados, ejercidos y protegidos, entre estos derechos se encuentran el derecho a la libertad y a la seguridad personales, así como una vida libre de violencia, “tanto en el ámbito público como en el privado” (artículo 3°).

En este instrumento se reconoce el derecho de las mujeres “a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos de su país, incluyendo la toma de decisiones” (artículo 4°). En esta Convención se aborda el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia en los espacios públicos, en específico, a garantizar su participación política sin violencia.

Resulta indispensable recordar los planteamientos derivados del Consenso de Quito3 en el cual se analizaron temas como la participación política y la paridad de género en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles, además se recomendó la adopción de cuotas que aseguren la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política; estimular mecanismos de formación y capacitación política para el liderazgo femenino, impulsar que los partidos políticos incluyan en sus agendas la perspectiva de género, así como:

Adoptar medidas legislativas y reformas institucionales para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a puestos de decisión por vía electoral o por designación, tanto nacional como localmente, así como en los partidos y movimientos políticos.

En la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe4, entre los acuerdos adoptados para ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder, se encuentra:

Promover la creación de mecanismos y apoyar los que ya existen para asegurar la participación político-partidaria de las mujeres que, además de la paridad en los registros de candidaturas, aseguren la paridad de resultados, garanticen el acceso igualitario al financiamiento de campañas y a la propaganda electoral, así como su inserción en los espacios de decisión en las estructuras de los partidos políticos. De la misma forma, crear mecanismos para sancionar el incumplimiento de las leyes en este sentido.

Algunos países de la región cuentan con leyes específicas como es el caso de Bolivia (Ley Nº 243) o iniciativas en materia de violencia política contra las mujeres como Costa Rica, Ecuador y Perú.

En el Senado de la República, se han presentado diversas iniciativas al respecto5, todas tienen como coincidencia reformas cinco leyes (Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Delitos Electorales)

Uno de los principales retos para el acceso a la justicia y la reparación del daño es casos de violencia política, es la forma en que habrán de aprobarse los hechos, es decir, las circunstancias en que estos casos tienen lugar complican la obtención e interpretación de las pruebas. Por ellos las autoridades que conocen de ellos deberán de actuar con enfoque de género.

Resulta fundamental que la violencia política de género sea planteada en los medios de impugnación ante las autoridades jurisdiccionales electorales, siendo la vía más adecuada para impugnar este tipo de violencia en contra de las mujeres es el juicio para la protección de los derechos político – electorales, medio constitucional idóneo para la defensa de esos derechos.

Por lo antes expuesto, las suscritas, sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO E) DEL ARTÍCULO 80, RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE EN SU ORDEN DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.

PRIMERO.- Se adiciona el párrafo 2 y 3 del artículo 5 y un inciso e) del artículo 80, recorriéndose el subsecuente en su orden de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

LIBRO TERCERO
Del juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano

TITULO UNICO
De las reglas particulares

CAPITULO I
De la procedencia

Artículo 80

1. El juicio podrá ser promovido por el ciudadano cuando:

a) Habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no hubiere obtenido oportunamente el documento que exija la ley electoral respectiva para ejercer el voto;

b) Habiendo obtenido oportunamente el documento a que se refiere el inciso anterior, no aparezca incluido en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio;

c) Considere haber sido indebidamente excluido de la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio;

d) Considere que se violó su derecho político-electoral de ser votado cuando, habiendo sido propuesto por un partido político, le sea negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección popular. En los procesos electorales federales, si también el partido político interpuso recurso de revisión o apelación, según corresponda, por la negativa del mismo registro, el Consejo del Instituto, a solicitud de la Sala que sea competente, remitirá el expediente para que sea resuelto por ésta, junto con el juicio promovido por el ciudadano;

e) Considere la existencia de cualquier acto u omisión que constituya violencia política de género, con la finalidad de impedir o restringir el ejercicio pleno de sus derechos políticos electorales;

f) Habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte en forma pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, consideren que se les negó indebidamente su registro como partido político o agrupación política;

g) Considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos político-electorales a que se refiere el artículo anterior, y

h) Considere que los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado violan alguno de sus derechos político-electorales. Lo anterior es aplicable a los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular aún cuando no estén afiliados al partido señalado como responsable.

2. El juicio sólo será procedente cuando el actor haya agotado todas las instancias previas y realizado las gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho político–electoral presuntamente violado, en la forma y en los plazos que las leyes respectivas establezcan para tal efecto.

3. En los casos previstos en el inciso g) del párrafo 1 de este artículo, el quejoso deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en las normas internas del partido de que se trate, salvo que los órganos partidistas competentes no estuvieren integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos, o dichos órganos incurran en violaciones graves de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Agélica de la Peña Gómez.

1 http://oig.cepal.org/sites/default/files/la_hora_de_la_iguldad_sustantiva_180915_2.compressed.pdf

2 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Adoptada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (oea) el 9 de junio de 1994. Publicada el Diario Oficial de la Federación (dof) el 19 de enero de 1999.

3 Consenso de Quito. En el marco de la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Quito, Ecuador, del 6 al 9 de agosto del 2007.

4 Consenso de Brasilia. En el marco de la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Brasil, Brasilia, del 13 al 16 de julio de 2010.

5 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Senadora Lucero Saldaña Pérez.; Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General en materia de Delitos Electorales, de las Senadoras Pilar OrtegaMartínez y Marcela Torres Peimbert; Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a la Ley general de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos, de las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Diva HadamiraGastélum Bajo, Martha Elena García Gómez y Adriana Dávila.; Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General fe Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, de la Senadora Martha Tagle Martínez; Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 20 Bis, 20 Ter, 20 Quater y 20 Quintus de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, de las Senadoras Yolanda de la Torre, Diva HadamiraGastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Anabel Acosta Islas, Itzel Ríos de la Mora, Lucero Saldaña Pérez, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Margarita Flores Escalera y María Elena Barrera Tapia.; Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Diva HadamiraGastélum Bajo.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Sobre el mismo tema, tiene la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, señora Presidenta. Muy buenos días, compañeras y compañeros.

Este es uno de esos días que para alguna gente pareciera normal, pero para quienes hemos caminado en la causa de las mujeres vale la pena resaltar.

Lo dijo la Senadora Angélica de la Peña, pareciera lejos la LIX Legislatura, pero fue una lucha complicada para tener la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Hoy han pasado muchas cosas: El avance es innegable, pero no puede ser posible que quienes, la gente o a veces nosotras mismas nos creemos empoderadas, seamos víctimas del peor atropello en política que es la violencia en contra de las mujeres; hay asesinatos, hay secuestros, que han tenido que buscar una rendija para poder levantar la voz y miles de obstáculos.

Ahorita recordaba yo el tema de Eufrosina, Eufrosina ganó una elección y le dijeron: “No vas a ser presidenta. Te vas a regresar”.

El tema de las Juanitas. Como las mujeres ganamos elecciones, pero atrás estaba un varón que ocupaba el lugar.

El 70-30, nombrado con una rendija para que las mujeres no llegáramos a los cargos de elección popular. Luego el 60-40, y finalmente llega la democracia paritaria que pone a México a la vista del mundo en un lugar importante.

Pero si la democracia paritaria no tiene el contrapeso que tiene que ver con el tema de la violencia política, y voy a decir en contra de las mujeres, porque tiene que ser diferenciado. No es la misma la violencia política que padece una mujer cuando la mandan a un distrito perdido, cuando recibe una serie de acoso y hostigamiento para no ejercer el derecho político, que es un derecho humano, el derecho político-electoral.

Lo dijo bien la Senadora Angélica de la Peña.

Tenemos casi tres años luchando por este tema, parece que hay una luz ya, hay un trabajo que ya se ha realizado y hoy tenemos un trazo sobre cuatro legislaciones, pero hoy tenemos el tema de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Creo que eso completa un círculo importante que va a ser una herramienta para que las mujeres no sigan buscando analogía jurídica para poder denunciar asesinatos, secuestro como el de la Diputada Silvia Rivera Carbajal en Guerrero, compañera priista, que fue secuestrada, vejada y que hoy ostenta un cargo dentro de esta legislatura.

Por eso nosotros estamos presentando está iniciativa y estamos seguras, seguros que va a tener un buen tránsito, porque cerrará esta brecha importante de un vacío jurídico que ofende a más de la mitad de la población que somos las mujeres que también queremos ejercer a plenitud nuestros derechos políticos.

Por su atención, muchas gracias y por las mujeres y porque termine la violencia en contra de las mujeres, especialmente la violencia política que se ejerce para que no podamos tener voz y podamos darles voz a muchas mujeres y niñas que no lo tienen.

Gracias por su atención.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias a usted, Senadora Gastélum Bajo. Después de haber escuchado las dos participaciones de las Senadoras, túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Sonido en el escaño de la Senadora Gastélum Bajo.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Pido que la presente iniciativa, como ha sido nuestra comisión la que lleva el tema, también adjunte a la Comisión Para la Igualdad de Género.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Sí se amplía también a la Comisión Para la Igualdad de Género.

Sí, Senadora.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: (Desde su escaño) Solicitar a los promoventes, si nos permite adherirnos a la iniciativa.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Consulte a las promoventes, si es posible que las Senadoras se adhieran a su proyecto, tome nota la Secretaría.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 61 de la Ley General de Salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros legisladores:

El interés superior del niño es una institución jurídica que tiene por objeto protegerlos, educarlos y formarlos integralmente.

Dentro del interés superior del niño, surgen distintos derechos que pueden clasificarse en primarios y en secundarios. Los primarios deben observarse en todo niño, pues son necesarios para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad; por ejemplo: crecer en el seno de una familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, el derecho a la educación, a jugar, a descansar, a alimentarse y a la salud, por mencionar algunos. Los secundarios, son aquellos que el legislador reconoce en las normas para que los niños que aún no cuentan con los primarios o solo parcialmente, puedan acceder a estos.

El marco normativo que integran los artículo 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como el 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, garantizan el derecho fundamental a la salud a toda persona y, desde luego, a los niños. Motivo por el cual el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar este derecho.

El día de hoy, compañeros, someto a consideración de esta Asamblea la iniciativa que adiciona la fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud, con el objetivo de que sea obligatorio la aplicación de la prueba del tamiz de frenillo lingual corto o anquiloglosia a los recién nacidos en nuestro país.

El diagnóstico clínico del frenillo lingual corto es que se trata de un padecimiento que se debe al desarrollo anormal de la lengua, como consecuencia no se puede tocar el paladar duro o el borde incisal de los dientes superiores en posición de apertura máxima. Se clasifica en grados: leve, moderado y severo.

El leve no interfiere con las funciones de la lengua como succión, deglución, masticación y fonación.

El moderado dificulta la alimentación, posteriormente causa alteraciones mínimas en el lenguaje y en la posición de los dientes.

Y el severo, es aquel donde la lengua está fusionada con el piso de la boca, hay dificultad para la deglución, la succión, además de observarse problemas periodontales.

Se estima que de 2 a 3 de cada 10,000 personas nacen con este problema, aunque hay otras cifras que señalan que entre 2.8 y el 10.7 por ciento de los infantes sufren de este padecimiento, el cual es más frecuente en varones.

Es un problema cuyas consecuencias son muy serias, en el recién nacido dificulta su alimentación del pecho materno, y eso impide que el niño gane peso y nutrientes; además, ocasiona que el bebé quede exhausto, ya que la lengua no puede colocarse en la posición correcta.

Cuando el niño ha crecido la lengua no puede realizar sus funciones normales, lo cual impide desde la pronunciación de sonidos hasta la imposibilidad total del habla.

En la madre, el frenillo lingual también tiene consecuencias, entre las más comunes están el dolor en los senos y a veces el sangrado de éstos.

Compañeras y compañeros legisladores, atento a la visión progresiva con la que debe apreciarse el derecho humano a la salud, es que deben aplicarse los exámenes correspondientes para garantizar este derecho fundamental.

En Brasil, por mencionar un caso paradigmático en esta materia, desde el 2014 es obligatorio realizar la valoración del frenillo lingual a los bebés, y México no puede permanecer a la zaga, ni ajeno.

De conformidad con el parámetro de regularidad constitucional de nuestro país, la protección del derecho a la salud supone tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el nivel más alto posible de salud.

Por eso espero que la propuesta se apruebe a la brevedad y en sus términos.

Es necesario el establecimiento de un marco normativo adecuado que regule la prestación de los servicios de salud, precisando estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal del recién nacido; así como otorgar servicios de calidad en todas formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente.

Entonces, como ven, compañeros, es una iniciativa muy pulcra, en donde podemos ayudar a los padres de familia y a los infantes a que tengan un desarrollo normal en el crecimiento de la niñez.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

HÉCTOR ADRIÁN MENCHACA MEDRANO, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El interés superior del niño, es una institución jurídica que tiene por objeto protegerlos, educarlos y formarlos integralmente. Así, todos los poderes públicos y los órdenes de gobierno, deben emprender cualquier acción que esté a su alcance para asegurar el bienestar de los niños (sin distinción de género).

Dentro del interés superior del niño, surgen distintos derechos que pueden clasificarse en primarios y secundarios. Los primarios deben observarse en todo niño, pues son necesarios para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad; por ejemplo: crecer en el seno de una familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; el derecho a la educación, a jugar, a descansar, a alimentarse y a la salud, por mencionar algunos. Los secundarios, son aquellos que el legislador reconoce en las normas, para que los niños que aún no cuentan con los primarios (o sólo parcialmente), puedan acceder a éstos.1

El marco normativo que integran los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, garantizan el derecho fundamental a la salud a toda persona y, desde luego, a los niños. Por tal motivo, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar este derecho.  

El diagnóstico clínico del frenillo lingual corto, es que se trata de un padecimiento que se debe al desarrollo anormal de la lengua, como consecuencia, no se puede tocar el paladar duro o el borde incisal de los dientes superiores en posición de apertura máxima. Se clasifica en grados: leve, moderado y severo. El leve no interfiere con las funciones de la lengua como succión, deglución, masticación y fonación. El moderado dificulta la alimentación, posteriormente causa alteraciones mínimas en el lenguaje y en la posición de dientes. Y el severo es aquel donde la lengua está fusionada con el piso de la boca, hay dificultad para la deglución y la succión, además de observarse problemas periodontales.2

Se estima que 2 ó 3 de cada 10 mil personas nacen con este problema, aunque hay quienes señalan que entre 2.8 y 10.7 por ciento de los infantes sufren de este padecimiento, el cual es más frecuente en los varones.3

Es un problema cuyas consecuencias son muy serias. En el recién nacido dificulta su alimentación del pecho materno y, en consecuencia, eso impide que el niño gane peso y nutrientes, además, ocasiona que el bebé quede exhausto, ya que la lengua no puede colocarse en la posición correcta. Cuando el niño ha crecido, la lengua no puede realizar sus funciones normales, lo cual impide desde la pronunciación de sonidos hasta la imposibilidad total de hablar. En la madre el frenillo lingual también tiene consecuencias, entre las más comunes están: los dolores en los senos y a veces el sangrado de éstos.4

Por eso, propongo la obligatoriedad de aplicar la prueba del tamiz de frenillo lingual corto o anquiloglosia a los recién nacidos en nuestro país. Atento a la visión progresiva con la que debe apreciarse el derecho humano a la salud, es que deben aplicarse los exámenes correspondientes para garantizar este derecho fundamental.

En Brasil, por mencionar un caso paradigmático en esta en esta materia, desde 2014 es obligatorio realizar la valoración del frenillo lingual a los bebés. México, no puede permanecer a la saga ni ajeno. De conformidad con el parámetro de regularidad constitucional de nuestro país, la protección del derecho a la salud, supone tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el nivel más alto posible de salud; el establecimiento de un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, precisando estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal; otorgar servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente; la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno y la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación.5

Por lo anterior, someto a la consideración del Pleno de esta Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

CAPITULO V
Atención Materno-Infantil

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno–infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones:

I. a IV. …

V. La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y promoción de la integración y del bienestar familiar; y

VI. La aplicación de la prueba del tamiz de frenillo lingual corto o anquiloglosia.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Cámara de Diputados, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, garantizará los recursos necesarios para garantizar la aplicación de la prueba del frenillo lingual corto o anquiloglosia a los recién nacidos del país.

Texto vigente del artículo 61 de la Ley General de Salud

Texto propuesto

CAPITULO V
Atención Materno-Infantil

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno–infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones:

I. a V. …

CAPITULO V
Atención Materno-Infantil

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno–infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones:

I. a IV. …

V. La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y promoción de la integración y del bienestar familiar; y

VI. La aplicación de la prueba del tamiz de frenillo lingual corto o anquiloglosia.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el 10 de agosto de 2016.

Suscribe

Sen. Héctor Adrián Menchaca Medrano.

1 “Interés superior del niño. Para su adecuada protección en el trámite de la adopción, en caso de colisión entre derechos primarios y secundarios, por regla general, deben prevalecer los primeros”.Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis III.2o.C.53 C (10a.), Tesis Aislada, Materia Constitucional, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Página 1727.

2 Teja Ángeles, Eduardo; López Fernández, Rubí; Durán Gutiérrez, Luis Américo; Cano de Gómez, Adoración; y Téllez Rodríguez, Jorge. “Frenillo lingual corto o anquiloglosia”, Acta Pedriatr, México, 2011, p. 1. Disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/actpedmex/apm-2011/apm116i.pdf (Última consulta: 14 de julio de 2016)

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 “Derecho a la salud. Algunas formas en que las autoridades deben reparar su violación”. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: 1a. CCCXLIII/2015 (10a.), Tesis Aislada, Materia Constitucional, Décima Época, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Página: 969.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias, Senador Menchaca Medrano. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.





 

Se concede el uso de la palabra a la Diputada Angélica Reyes Ávila, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

(Presentada por la Diputada Angélica Reyes Ávila, del grupo parlamentario de Nueva Alianza)

La Diputada Angélica Reyes Ávila: “Igualdad no es lo mismo que equidad”.

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores, les saludo con afecto.

Me dirijo a esta Asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, con la finalidad de adecuar el lenguaje utilizado en la misma, adoptando el término de igualdad en lugar de equidad.

Derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en el párrafo quinto del artículo 1o. de nuestra Carta Magna, quedó establecido que: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

La ley que hoy propongo reformar, fue una de las primeras en enarbolar los principios de no discriminación hacia las mujeres, promulgada en 2001, fue pionera en la construcción de un marco jurídico en materia de derechos humanos para nosotras las mujeres. Sin embargo, utiliza en forma indistinta los conceptos de equidad e igualdad.

El camino del reconocimiento de los derechos de las mujeres ha sido largo, durante el mismo se han ido incorporando y modificando conceptos y percepciones, entre dichos conceptos destacan las citadas palabras: “Equidad e Igualdad”.

Posterior a la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, publicada en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que se publicó, la cual define en la fracción IV, de su artículo 5, lo que se debe entender por igualdad de género.

A saber, la situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.

En la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, se menciona que su máxima participación en todas las esferas en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz.

Acorde a lo anterior, la convención obliga, en el inciso a) del artículo 2, a los Estados Parte a consagrar en sus constituciones nacionales, en cualquier otra legislación apropiada, el principio de la igualdad del hombre y de la mujer, y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de este principio.

Dado que los términos equidad e igualdad se han utilizado en forma indistinta en diversos ordenamientos, en la compilación de observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre países de América Latina y El Caribe, en 1982-2005, se establecen algunas recomendaciones, una de ellas consiste en que la palabra “equidad e igualdad” no se deben usar como sinónimos o indistintamente, y que las leyes, las políticas, los planes y las estrategias se deben basar en una comprensión clara, tanto teórica como práctica de la palabra “igualdad”.

Cuando se habla de igualdad, se impone necesariamente la eliminación de todos los aspectos que puedan producir discriminación. Esto significa que la igualdad se alcanzará si se erradica la discriminación contra las mujeres.

Quienes han estudiado el tema mencionan que: el derecho a la igualdad implica el derecho a la no discriminación y que se dé un trato idéntico o diferenciado a mujeres y hombres en función de sus diferencias biológicas y de las desigualdades históricas que ha habido entre unas y otros.

“Igualdad” es el término utilizado en la convención, y en este sentido, se pretenden establecer las medidas especiales de carácter temporal que se requieran para lograr la tan anhelada igualdad entre géneros. De este modo se busca garantizarla en el goce y el ejercicio de los derechos de mujeres y hombres, traducidos en un mismo trato y mismas oportunidades. La igualdad es un derecho humano, la diferencia es sustancial.

Por supuesto que ha habido avances en este tema, pero la igualdad sustantiva está aún lejos de ser una realidad para las niñas y mujeres de nuestro país.

“Las palabras importan”, esa fue una de las primeras certezas que se tuvieron en la lucha por los derechos de la mujer.

En esta ocasión nos corresponde adecuar la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres para hacerla compatible con los instrumentos internacionales y sustituir el concepto de “equidad” por el concepto de “igualdad”.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que la igualdad de género es un tema que debe ser abordado de manera transversal, y estamos decididos a fortalecer acciones sustantivas para lograrlo.

Espero que acompañen mi propuesta. Las mujeres y niñas de nuestro México merecen que el instituto, cuyo principal objetivo es la igualdad para todas, sea regido por una ley actualizada, una ley vanguardista y acorde con las conquistas y consensos logrados en la materia.

Compañeras y compañeros legisladores, podemos mejorar, y yo les pido que lo podamos hacer juntos.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

La suscrita, ANGÉLICA REYES ÁVILA, integrante del grupo parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el párrafo primero del artículo 1; el párrafo primero y segundo guion del artículo 4; el párrafo décimo del artículo 5; tercer párrafo de la fracción II y fracción III y segundo párrafo de la fracción IV del artículo 6; las fracciones I, IX, XIII, XVI, XXI y XXII del artículo 7; la fracción IV del artículo 15; la fracción IV del artículo 19; la fracción I del artículo 20; el párrafo primero del artículo 24; las fracciones I y III del artículo 26; la fracción II del artículo 27 y el párrafo primero del artículo 28; se deroga el párrafo noveno del artículo 5 y se adiciona un párrafo noveno al artículo 5, todos ellos de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, conforme al siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2001, fue el primer ordenamiento jurídico en materia de igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, en los términos del artículo cuarto, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley, por ser pionera en la construcción de un marco jurídico en materia de derechos humanos, hace referencia al concepto de equidadde manera indistinta con el derecho a la igualdad entre los géneros -en más de 20 ocasiones-.

Los conceptos deequidad y de igualdad tuvieron un momento en donde se usaron de manera indistinta; sin embargo, por los argumentos que aquí se expresan, podemos afirmar que el concepto de equidad ha sido rebasado y es necesario armonizar nuestra legislación al respecto.

En el avance dela igualdad hemos logrado consensos, principalmente derivados de los compromisos internacionalesen materia de derechos humanos de las mujeres que el Estado Mexicano ha suscrito. En esta ocasión, consideramos necesario homologar el derecho a la igualdad, en aras de avanzar en la consolidación de nuestra democracia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres se decretó para normara la institución que regula como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

Dicho Institutoha sido un parteaguas en el tema de los derechos humanos de las mujeres en nuestro país. Su objeto primordiales promover y fomentar las condiciones que garanticenla no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; destacandoel ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitariaen la vida política, cultural, económica y social del país.

Posteriormente a este ordenamiento, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de agosto de 2006, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, herramienta jurídicaque tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda forma dediscriminación basada en el sexo.

De manera específica,esta legislacióndefine que la igualdad de género es lasituación en la cual mujeres y hombres acceden, con las mismas posibilidades y oportunidades, al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.

En consecuencia, esta ley general establece que la igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación, en cualquiera de los ámbitos de la vidaque se genere por pertenecer a cualquier sexo.

Es de destacar que el avancede los derechos humanos en nuestro país ha sido graciasa la firma y ratificación de los compromisos internacionales asumidos, mismos que han favorecido la identificación y el reconocimiento del logrode la igualdad entre los sexos.

En este proceso, una de las reformas más importantes de los últimos años en esta materia, y que enriquece el tema de los derechos humanos en nuestro país, acontece en el 2011, donde, entre diversas modificaciones, se consagra en el artículo 1° denuestra Constitución, lo siguiente:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Es así que la no discriminacióny, por ende, el principio de la igualdad, se ha ido integrando de manera transversal en diversas políticas, planes yprogramas.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se establece dentro de la estrategia “México en Paz”, el objetivo 1.5 “Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de ladiscriminación”; para lo cual, el Estado Mexicano deberá promover la armonización del marco jurídico, de conformidad con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, así como promover acciones afirmativas dirigidas a generar condiciones de igualdad entre las personas.

La pretensiónde lograr la igualdad, derecho queparte del reconocimiento de las diferencias entre los géneros, tiene que ver con lo que acertadamente menciona la escritora y jurista Alda Facio1, en el sentido que la igualdad,que parte de la teoría de los derechos humanos,no implica trato idéntico yexige la no discriminación.

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)2, vigente para el Estado mexicano desde el 3 de septiembre de 1981, es el principal instrumento en materia de derechos humanos para las mujeres, el cual establece en su artículo 1° que:

“A los efectos de la presente Convención, la expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.”

De acuerdo conla CEDAW, la discriminación contra las mujeresviola los principios de la igualdad de derechos y derespeto a la dignidad humana, dificulta la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre en cualquiera de los ámbitos dela vida de su país, constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y, entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicios a su país y a la humanidad.

La CEDAW hace referencia a equality, concepto importante a resaltar, pues inicialmente, en diversos casos, fue mal traducido a equidad y no a igualdad.

The agenda for equality is specified in fourteen subsequent articles. In its approach, the Convention covers three dimensions of the situation of women. Civil rights and the legal status of women are dealt with in great detail. In addition, and unlike other human rights treaties, the Convention is also concerned with the dimension of human reproduction as well as with the impact of cultural factors on gender relations.(5° párrafo de la introducción de CEDAW3)

Dentro de las medidas que la CEDAW dicta a los Estado Parte que se han comprometido con la Convención,se encuentran que dentro del artículo 2° mandata4:

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada, el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio.

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra las mujeres.

Respecto al derecho a la igualdad, el Comité de la CEDAW ha recomendado a los Estados Parte, tomando por ejemplo a Brasil, Costa Rica y Guatemala, dentro de las principales esferas de preocupación, no usar de manera indistinta los términos de igualdad y de equidad, tal y como lo podemos observaren la “Compilación de observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre países de América Latina y el Caribe (1982-2005)”5:

Recomendación 133 Informe Brasil: El Comité recomienda que las palabras “equidad” e “igualdad” no se utilicen como sinónimos o indistintamente y que las leyes, las políticas, los planes y las estrategias se basen en una comprensión clara, tanto teórica como práctica, de la palabra igualdad, para garantizar que el Estado parte cumpla sus obligaciones en virtud de la Convención.

Recomendación 70: El Comité toma nota de la interpretación que la Sala Constitucional de Costa Rica ha dado al principio de igualdad y la opinión del Estado parte sobre la necesidad de utilizar los dos conceptos de equidad e igualdad incluso en el ámbito jurídico. Sin embargo, el Comité expresa su preocupación por que los términos “igualdad” y “equidad” parecen ser utilizados en los planes y programas del Estado parte como sinónimos.

Recomendación 182 a Guatemala. El Comité observa con preocupación que, si bien la Constitución hace referencia al principio de igualdad, los términos “equidad” e “igualdad” parecen utilizarse como sinónimos en los informes y programas del Estado parte.

Recomendación 183 a Guatemala: El Comité insta al Estado Parte a reconocer que los términos “equidad” e “igualdad” no son sinónimos ni intercambiables y que la Convención tiene por objetivo eliminar la discriminación y garantizar la igualdad entre hombres y mujeres.

En este sentido, podemos encontrar que la igualdada la que se refiere la CEDAW incluye que los estados están obligados a adoptar medidas especiales de carácter temporal para compensar a las mujeres por los privilegios masculinos; esta igualdad nopropone hacer iguales a mujeres y hombres, sino garantizar la igualdad en el goce y el ejercicio de los derechos de ambos. Es decir, se trata de que en nuestras sociedades haya igualdad de trato, igualdad en el acceso a las oportunidades e igualdad de resultados6.

El Estado mexicano está obligado a lograr la igualdad entre hombres y mujeres; por ello, son diversas las acciones que se han emprendido, entre las que se encuentran la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, el 30 de agosto de 2013.Dicho programa se concibe como el eje rector en esta política al establecer “los desafíos nacionales que deben enfrentarse en los programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales, para garantizar la igualdad sustantiva y la reducción de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, teniendo en la mira la necesidad de erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres; por otro, enmarca el quehacer del Instituto Nacional de las Mujeres 2013-2018, sus objetivos, estrategias, líneas de acción y metas7.

Entre otras acciones que se han emprendido para homologar el derecho a la igualdad, encontramosque el martes 23 de abril de 2013 fue dictaminaday aprobada en la Cámara de Senadores la Iniciativa paramodificar el nombre de la Comisión de Equidad y Género por el deComisión de Igualdad de Género,en cuyo dictamen se indicaque la propuesta se realiza con el objeto de armonizar la legislación que norma el comportamiento del Congreso de la Unión, con los criterios que establece la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, pues es un instrumento internacional signado y ratificado por el Estado mexicano.

Asimismo, el 19 de febrero de 2015, en la Cámara de Diputados fue dictaminada y aprobada la Iniciativa que reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de modificar el nombre del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género por el de Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género.

Como vemos, los principios de igualdad y deigualdad sustantiva se instauran en diversos instrumentos nacionales e internacionales,y es necesario también homologarloscomo derecho fundamental,lo que implica trato idéntico o diferenciado,contrario a la equidad, tal y como lo enuncian los compromisos internacionales del que el Estado mexicano es parte.

El proceso de reconocimiento ygarantía de los derechos humanos de las mujeres, como en todos los procesos, ha tenido diferentes debates que han contribuido a la construcción de los mismos.

En tal sentido, tratando de separar conceptualmente ambos términos, igualdad y equidad, podemos encontrar importantes elementos que han favorecido ellogro de acuerdos para utilizar el deigualdad, como derecho humano, situación y meta social, de la queno se pueden sustraerselos estados.

Como ejemplo tenemos los argumentos centrales que se dieron en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995 en Beijing, China, donde se realizó, de manera más analítica, un amplio debate respecto a la conceptualización entre igualdad y equidad.

Lo anterior dio como resultado que la posición mayoritaria del grupo de expertas de la Conferencia acordaraque en la mayoría de los párrafos de la Plataformade Acción se mantuviera el término igualdad.

La igualdad de género es una visión compartida de justicia social y derechos humanos. Toda la humanidad tiene la responsabilidad de actuar, y en especial los gobiernos como principales garantes de derechos. Debemos aprovechar todas las oportunidades existentes a nivel nacional, regional y mundial y dar un nuevo impulso al objetivo de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. (Último párrafo de la introducciónde la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing)8.

En América Latina no ocurrió lo mismo, a pesar de que se avanzaba tanto en la traducción como en la conceptualización; aquí, el términoequidad fueadoptado como unprincipio ético-normativo, asociado a la idea de justicia, bajo la concepciónque equidad trata de cubrir las necesidades e intereses de personas que son diferentes, especialmente de aquellas que están en desventaja, en función de la conceptualización de justicia que se tenga y haya sido socialmente adoptada, suponiendo quela igualdad incluía la percepción de que las mujeres tienenque probar que no son tan diferentes de los hombres y que merecen ser tratadas como humanas.

Como vemos, esta confusióncontribuyóen muchos casos a sentar las bases para lograr el consenso en diferentes lugares del mundo.

Esta situación puede observarse en la redacción del Objetivo 3 de la Declaraciónde la Plataforma de Acción de Beijing:

3) La Plataforma de Acción hace hincapié en que las mujeres comparten problemas comunes que sólo pueden resolverse trabajando de consuno y en asociación con los hombres para alcanzar el objetivo común de la igualdad de género en todo el mundo. La Plataforma respeta y valora la plena diversidad de las situaciones y condiciones en que se encuentra la mujer y reconoce que algunas mujeres enfrentan barreras especiales que obstaculizan su participación plena y en pie de igualdad en la sociedad.

3) The Platform for Action emphasizes that women share common concerns that can be addressed only by working together and in partnership with men towards the common goal of gender equality around the world. It respects and values the full diversity of women’s situations and conditions and recognizes that some women face particular barriers to their empowerment.

Otro argumento que sostuvieron las expertas es que la equidad no está aparejada a la no discriminación, de manera que, según cada quien entienda lo que es justo para las mujeres, así será la equidad que se les brinde.

A pesar de queen América Latina avanza la claridad respecto a la traducción Equidad- equitye igualdad-equality, persisten las resistencias conceptuales.

Hablar de igualdad involucra necesariamente la eliminación de todos los aspectos que puedan producir discriminación, hablarde equidad, no necesariamente. De manera práctica, lo podemos analizar en el trabajo doméstico no remunerado; si lo vemos desde un problema de equidad, bastaría con solucionarlo de manera económica.Sin embargo, desde la igualdad encontramos las medidas de corresponsabilidad pertinentes.

En esteproceso de consolidación de los derechos humanos de las mujeres, consideramos necesario seguir conjuntando esfuerzos, recordemos que ahora caminamos para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, compromiso internacional coordinado por la ONU que propone cambiar el curso del siglo XXI, abordando retos fundamentales como la pobreza, la desigualdad y la violencia contra las mujeres.

Específicamente, el objetivo 5, de los 17 que contiene este instrumento, se refiere a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

En este sentido, en Nueva Alianza, en apego a los postulados de nuestra Agenda Legislativa, consideramosnecesario contribuir desde nuestro ámbito a la consecución de estos objetivos, con metas claras y precisas en el caso de la igualdad.

Por ello, la presente Incitativa propone sustituiren laLey del Instituto Nacional de las Mujeres el concepto de equidad por el de igualdad, homologando su aplicabilidad en la Ley con lo dispuesto en instrumentos internacionales en la materia, tal y como ya se ha argumentado, en función de que la igualdad es el derecho y la meta común establecida, como referencia, en el ámbito internacional y nacional.

FUNDAMENTO LEGAL

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputada Federal del grupo parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres en materia de igualdad.

Artículo Primero. Se reforman el párrafo primero del artículo 1; el párrafo primero y segundo guion del artículo 4; el párrafo décimo del artículo 5; tercer párrafo de la fracción IIy fracción III y segundo párrafo de la fracción IV del artículo 6; las fracciones I, IX, XIII, XVI, XXI y XXII del artículo 7; la fracción IV del artículo 15; la fracción IV del artículo 19; la fracción I del artículo 20; el párrafo primero del artículo 24; las fracciones I y III del artículo 26; la fracción II del artículo 27 y el párrafo primero del artículo 28, todos ellos de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue:

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República, en materia de equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, en los términos del artículo cuarto, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 4.- El objeto general del Instituto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social del país, bajo los criterios de:

….

- Federalismo, en lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las dependencias responsables de la igualdad de género en los estados y municipios.

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

Perspectiva de género: concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.

Artículo 6.- El Instituto tendrá como objetivos específicos, los siguientes:

I. …

II. …

La evaluación de los programas, proyectos y acciones para la no discriminación y la igualdad de género, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias;

III. La promoción de la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las mujeres y de la igualdad de género para el fortalecimiento de la democracia.

La representación del Gobierno Federal en materia de igualdad de género y de las mujeres ante los gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, y

IV.….

La ejecución de programas de difusión e información para las mujeres de carácter gratuito y alcance nacional, que informen acerca de los derechos de las mujeres, procedimientos de impartición de justicia y, proporcionen orientación sobre el conjunto de políticas públicas y programas de organismos no gubernamentales y privados para la igualdad de género.

Artículo 7.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Apoyar la formulación de políticas públicas gubernamentales e impulsar las de la sociedad, para alcanzar la igualdad de género;

II. a VIII. …

IX. Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas con gobiernos o entidades de otros países o con organismos internacionales relacionados con la igualdad de género y las mujeres;

X. a XII. ...

XIII.Establecer vínculos de colaboración con las instancias administrativas que se ocupen de los asuntos de las mujeres en las Entidades Federativas para promover y apoyar, en su caso, las políticas, programas y acciones en materia de equidad de género y de igualdad de oportunidades para las mujeres;

XIV. y XV. …

XVI. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y privado, en materia de equidad de género y de igualdad de oportunidades para las mujeres, cuando así lo requieran;

XVII. a XX. …

XXI.Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e instituciones públicas; organizaciones privadas y sociales; organismos internacionales y regionales; gobiernos de otros países y particulares interesados en apoyar el logro de la igualdad de género;

XXII. Impulsar la cooperación nacional e internacional, para el apoyo financiero y técnico en la materia de igualdad de género, de conformidad con las disposiciones aplicables;

XXIII. a XXV. …

Artículo 15.- Para la Presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres, se requiere:

I. a III. …

IV. Haber destacado por su labor a nivel nacional o estatal, en favor de la equidad de género, o en actividades relacionadas con la promoción de la igualdad de oportunidades para las mujeres y demás materias objeto de esta Ley, y

Artículo 19.-……..

I. a III. …

IV. Contar con experiencia en materia de igualdad de género o de las causas de las mujeres, a nivel estatal, nacional o internacional, así como en actividades relacionadas con las materias objeto de esta Ley.

Artículo 20.- La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Proponer a la Presidencia del Instituto, las políticas generales que en materia de equidad de género y de igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres habrá de seguir el Instituto ante los órganos gubernamentales y las organizaciones privadas o no gubernamentales, nacionales e internacionales;

II. a IV. …

Artículo 24.- El Consejo Social será un órgano de análisis, evaluación y seguimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta Ley. Éste se integrará por un número no menor de diez ni mayor de veinte mujeres representativas de los sectores público, privado y social, que se hayan distinguido por sus tareas a favor del impulso a la igualdad de género.

Artículo 26.- El Consejo Consultivo colaborará con el Instituto en los casos siguientes:

I. Fungir como órgano de asesoría y consulta del Instituto en lo relativo al Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y en los demás asuntos en materia de igualdad de género y mujeres que sean sometidos a su consideración;

II. …

III. Promover vínculos de coordinación con los responsables de las iniciativas a favor de la equidad e igualdad de oportunidades de las mujeres en las instancias de gobierno, así como con los sectores y organizaciones de la sociedad en general;

IV. y V. …

Artículo 27.- El Consejo Social colaborará con el Instituto en los casos siguientes:

I. …

II. Vigilar el cumplimiento de los compromisos del Estado Mexicano a nivel nacional e internacional, relacionados con la igualdad de género y las mujeres;

III. a VI. …

Artículo 28.- El Instituto solicitará a las y los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las y los titulares de los órganos de impartición de justicia federal, así como las y los titulares de la Junta de Coordinación Política de ambas Cámaras del Congreso de la Unión la información pertinente en materia de igualdad de género y de las mujeres, así como su colaboración dentro del área de su competencia, en la elaboración, ejecución y seguimiento del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Artículo Segundo. Se deroga el párrafo noveno del artículo 5 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue:

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:



Equidad de género: concepto que refiere al principio conforme al cual hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquéllos socialmente valorados, oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.

Artículo Tercero. Se adiciona un párrafo noveno al artículo 5 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue:

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar;

ARTÍCULO TRANSITORIO

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el 10 de agosto de 2016.

Dip. Angélica Reyes Ávila.

1 En el 2005 fue nombrada al Comité Asesor para el Estudio a Profundidad de la Violencia contra las mujeres realizado por el Secretario General de la ONU.

2 Aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York el 18 de Diciembre 1979.

3 Véase http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm#intro

4 Véase CEDAW http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm

5 Véase http://www.oacnudh.org/wp-content/uploads/2012/03/Compilaci%C3%B3n-de-observaciones-finales-del-Comit%C3%A9-para-la-Eliminaci%C3%B3n-de-la-Discriminaci%C3%B3n-contra-la-Mujer-sobre-pa%C3%ADses-de-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe-1982-2005.pdf

6 Alda Facio, “Igualdad sustantiva. Un paradigma emergente en la ciencia jurídica”. Disponible en http://www.cidemac.org/PDFs/bibliovirtual/IGUALDAD/IGUALDAD%20SUSTANTIVA.%20DRA.%20ALDA%20FACIO.pdf.

7 Presidencia de la República. Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018; Estrategia transversal de la perspectiva de género. Diario Oficial de la Federación del 30 de agosto de 2013.
Disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2013.

8 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias, Diputada Reyes Ávila. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

Compañeros legisladores, en el Orden del Día de esta sesión, tenemos registrada la recepción del Informe de Labores 2015 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

A fin de introducir a este salón de sesiones a la doctora Ximena Puente de la Mora, y a los demás comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, esta Presidencia designa a los siguientes ciudadanos legisladores: Diputado Edgar Romo García, Diputada Genoveva Huerta, Diputada Sharon Cuenca, Diputado Clemente Castañeda, Senador Héctor Menchaca y Diputada Angélica Reyes Ávila.

Compañeros legisladores, les solicito cumplir con su encargo.

(La comisión cumple)

En tanto, se declara un receso.

(Receso)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se reanuda la sesión.

Saludo la presencia de la doctora Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Asimismo, saludo la visita de los comisionados: Francisco Javier Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, quienes acuden a esta Soberanía con la finalidad de cumplir con la entrega del Informe de Labores 2015.

Doy también la más cordial bienvenida a los servidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y a los responsables de los institutos de transparencia de las entidades federativas, que acuden a presenciar la entrega de este Informe de Labores.

El Informe de Labores del INAI se presenta en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para la presentación del Informe, la Comisión Permanente acordó recibir a la Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la doctora Ximena Puente de la Mora.

Conforme al Acuerdo aprobado, escucharemos, en primera instancia, la intervención de la Comisionada Presidenta para posteriormente dar lugar a las preguntas de los representantes de los distintos grupos parlamentarios representados en esta Comisión Permanente.

Esta Presidencia, antes de dar curso a la presentación del Informe, saluda la presencia de la doctora Vandana Shiva, quien acude a propósito de su asistencia a la reunión de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República, a invitación del Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

La doctora Vandana Shiva se ha destacado por su actividad en defensa del medio ambiente, lo que le valió en el año de 1993 obtener el Premio Nobel Alternativo en la Rama de Ecología.

¡Sea usted bienvenida al Congreso de la Unión!





 

Procederemos al desahogo de la presentación del Informe de Labores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y se le concede el uso de la palabra, para ese propósito, a su Comisionada Presidenta.

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora: Muy buenas tardes. Señoras y señores legisladores:

A nombre de mis compañeras comisionadas y comisionados que integramos el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, agradezco la oportunidad que nos brindan para dar cumplimiento al mandato constitucional establecido en el artículo 6o., Apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Saludo con un gran respeto y aprecio al señor Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

A la Diputada Patricia Sánchez Carrillo.

A la Diputada Xitlalic Ceja García.

A la Diputada Genoveva Huerta Villegas.

Y a la Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala.

Igualmente, por supuesto, saludo a mis compañeras y compañeros integrantes del Pleno:

La maestra Areli Cano Guadiana.

La doctora María Patricia Kurczyn Villalobos.

El doctor Francisco Javier Acuña.

El maestro Oscar Mauricio Guerra Ford.

El maestro Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

Y el maestro Joel Salas Suárez.

Saludo también a las comisionadas y comisionados integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, instancia colegiada sobre la que construimos hoy el presente y el futuro del Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales.

Saludo, por supuesto, a la doctora Mercedes de Vega, Directora General del Archivo General de la Nación, muchas gracias Mercedes.

Al licenciado Benjamín Fuentes Castro, Secretario Técnico y representante del Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez.

Y agradezco la presencia de mi hija Valeria, quien me acompaña en este evento.

Autoridades y funcionarios públicos, muy buenas tardes.

Señoras y señores legisladores, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes.

Durante los últimos años el acceso a la información y la protección de datos personales han cobrado una mayor importancia como derechos fundamentales para el desarrollo democrático de nuestro país.

Gracias a los cambios derivados de la reforma constitucional de 2014 y a la aprobación de la Ley General de Transparencia, 2015 fue un año en el que el nuevo marco normativo con el que contamos nos permitió dar paso a importantes acciones que han contribuido al gradual establecimiento de una cultura de transparencia y rendición de cuentas.

Derivado de ello, hoy contamos con casi 900 sujetos obligados, con la facultad de atraer y revisar recursos de otros organismos garantes en función del interés público de los temas, con un renovado alcance nacional y por supuesto con la condición de ser el primer organismo constitucional autónomo garante de la transparencia y los datos personales a nivel mundial.

Hechos que se refieren fácilmente, pero que han implicado largas horas de trabajo, análisis y voluntad política para pasar del reconocimiento del derecho de acceso a la información, a la redacción de leyes de vanguardia que hoy en día nos permite consolidar la posición de México como un referente internacional en la materia, pero sobre todo como un país interesado en promover a sus ciudadanos los medios que les permitan tomar un rol más activo en la vigilancia del ejercicio del gobierno, así como sentar las bases para construir instituciones, que como el Sistema Nacional de Transparencia, están llamados a convertirse en pilares del desarrollo democrático, político y social de nuestro país.

No obstante, si bien es cierto que la transparencia ha probado ser cada vez un factor determinante para inducir cambios positivos en la manera en que se asume y desempeña el servicio público, es necesario reconocer a la par de estos avances, que nuestro país enfrenta también grandes retos derivados de los reajustes económicos a nivel mundial, la implementación de reformas estructurales y particularmente del descontento generalizado de la sociedad a causa de la corrupción, tal como lo demuestra el estudio sobre la corrupción en los mexicanos, impulsado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde se refiere que el 92 por ciento de los mexicanos consideran que en México hay corrupción, y que es en el sector público donde más se presenta. Todo ello aunado a un déficit de credibilidad de las y los ciudadanos en sus autoridades, que dificulta en muchos casos la capacidad de generar soluciones compartidas entre gobierno y sociedad.

No obstante, es necesario reconocer que en términos de ánimo, credibilidad en las instituciones y confianza en sus autoridades, es precisamente la opinión de las y los ciudadanos la que marca la pauta y la importancia de este tema.

Por todo esto, en mi condición de Comisionada Presidenta de este máximo órgano garante de la transparencia en nuestro país, pero sobre todo a nombre de mis compañeras y compañeros comisionados que integramos el pleno, me presento ante esta Soberanía con el objetivo de rendir un informe puntual sobre las acciones y programas implementados en este 2015, principalmente en tres rubros.

En primer lugar, la entrada en vigor el 5 de mayo de 2015, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, legislación de vanguardia, que además de fortalecer las capacidades institucionales del INAI, extendió el alcance de la transparencia en nuestro país, incluyendo a fideicomisos, fondos públicos, sindicatos, partidos políticos y cualquier persona que reciba y ejerza recursos públicos como sujetos obligados. Hecho legislativo que sin duda distingue al Congreso mexicano en el contexto internacional.

En segundo lugar, la instalación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un importante esquema de cooperación encabezado por el INAI e integrado por los organismos garantes de todo el país, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que tiene por objeto promover la rendición de cuentas del Estado mexicano y que quedó debidamente instalado conforme a la ley, el 23 de junio de 2015.

Y en tercer lugar, el impulso al establecimiento de un piso mínimo para el ejercicio del derecho de acceso a la información en todo el país, objetivo que buscamos alcanzar mediante la armonización de las 32 leyes locales y la ley federal con la ley general en la materia.

Todas estas acciones de enorme trascendencia por su contribución al establecimiento de una sólida cultura de la transparencia en nuestro país, pero también por su capacidad para hacer del acceso a la información y rendición de cuentas, factores fundamentales para combatir la corrupción.

Acceso a la información. En este contexto y considerando que una sociedad informada es condición esencial para contar con un mejor gobierno, es alentador apreciar el progresivo interés de la sociedad en el ejercicio de su derecho a saber, mismo que se ve reflejado en las 120 mil 813 solicitudes de información ingresadas a la Administración Pública Federal durante 2015, mismas que representan un crecimiento del 5.3 con respecto al año 2014.

Más allá de los números por sí mismos, lo relevante de estas cifras que hoy les reportamos, no reside exclusivamente en los avances registrados en comparación con el año anterior, sino en la historia que estas cifras cuentan.

En este sentido, resulta relevante destacar que las solicitudes de información recibidas durante este periodo, denotan que los temas que más suscitan el interés de las personas son la salud y la educación, tal y como lo demuestra el hecho de que las tres instituciones que registraron el mayor número de solicitudes de información durante 2015, fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud.

Aunado a ello, es posible constar el interés ciudadano en el ejercicio del derecho de acceso a la información a través de las más de 42 millones de visitas registradas a los portales de obligaciones de transparencia de las instituciones de la Administración Pública Federal, hechos que además de demostrar la utilidad de publicar la información de manera proactiva, delinea a un mismo tiempo un importante reto en lo correspondiente a la carga y actualización constante de la información por parte de los nuevos sujetos obligados, así como una gran oportunidad para que las personas accedan a su información de interés como lo contemplan las obligaciones de transparencia de esta nueva legislación.

Igualmente importante, y es de destacar, el ritmo en que la sociedad se ha sumado al ejercicio y defensa de este derecho, tal y como lo denotan los casi siete mil recursos en materia de acceso a la información registrados por el INAI en el año 2015, situación que además de subrayar un crecimiento del 18.6 por ciento en comparación con los recursos recibidos en el año 2014, refleja un índice de recurrencia de 5.7 por ciento, cifra tres puntos más alta que el año pasado, lo que da cuenta del interés ciudadano en hacer de cada recurso una batalla contra la opacidad.

A manera de ejemplo, cito a continuación algunos de los recursos más relevantes en diversas materias, a los cuales respondió con autonomía y responsabilidad el Pleno del INAI:
La difusión de la información y su implicación en el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas por parte del Estado mexicano.

Diversas resoluciones en materia de violaciones graves a los derechos humanos, entre las que destacan el caso Ayotzinapa, tema sustantivo respecto al cual la Procuraduría General de la República elaboró una amplia versión pública que ha ayudado a conocer la verdad sobre los hechos.

La entrega de bases de datos de la evaluación universal de educación primaria.

Y los programas de remediación ambiental tras los derrames ocurridos en los ríos Sonora y Bacanuchi, entre otros.

¿Las cosas cambian? Sí.

¿Es un proceso? Sí.

¿El ejercicio de un derecho de acceso a la información puede ayudar a transformar nuestro entorno, nuestro acceso a la verdad; puede ayudar a enmendar un derecho negado, a recibir las retribuciones que corresponden por los años de trabajo para una institución? Sí.

Esas son las historias de éxito, de beneficio real y tangible que el INAI, esta institución de las y los mexicanos, puede generar.

Protección de datos personales.

Junto con la importancia de la transparencia como herramienta para promover la vigilancia del desempeño del gobierno y la rendición de cuentas, las responsabilidades del INAI nos han llevado a poner especial atención en el vertiginoso avance del mundo digital en que vivimos.

Derivado de ello y del notable crecimiento en la incidencia de problemas como el robo de identidad, el bullying por redes sociales o el sexting que tanto afecta a los jóvenes en el ámbito del sector público, el INAI recibió una cifra récord de casi 33 mil solicitudes de acceso y corrección de datos personales durante 2015, 12.8 por ciento más en comparación con el año anterior, siendo el IMSS el sujeto obligado que cuenta con un mayor número de solicitudes de acceso y corrección de datos personales, con un poco más de 20 mil, seguido por el ISSSTE, el cual registra un poco más de 2 mil solicitudes.

También, hay que decirlo, nos permite en este rubro detectar una importante área de oportunidad en el manejo de los datos personales de las y los pacientes de este tipo de instituciones, así como para hacer hincapié en la necesidad de impulsar la aprobación de la Ley General de Datos Personales que se encuentra hoy en discusión en la Honorable Cámara de Diputados.

Por lo que respecta a las acciones emprendidas por el INAI para garantizar y promover la protección de los datos personales en el sector privado, destaca en lo correspondiente a los procedimientos de imposición de sanciones que interpuso el INAI en 2015:

El monto por multas ascendió a casi 84 millones de pesos, lo que representa un incremento prácticamente del doble respecto a los casi 43 millones registrados en el año 2014.

El inicio de 205 procedimientos de protección de este derecho, lo cual equivale a 56.5 por ciento más que el año previo.

La creación del registro de esquemas de autorregulación vinculante y los parámetros de autorregulación en materia de datos personales.

Y la presentación y puesta a disposición en línea de la guía para prevenir el robo de identidad, la cual contó con la asesoría y apoyo de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, Condusef.

Acciones que fueron posibles gracias al involucramiento de las y los ciudadanos a través de la denuncia de los actos que pusieron en riesgo sus datos personales, hecho que posicionó al sector de servicios financieros y de seguros como el más sancionado, con un monto de más de 58 millones de pesos, seguido por el sector de información en medios masivos que recibió multas por casi 12 millones y medio de pesos y el sector transportes, correos y almacenamiento, el cual se hizo acreedor a sanciones por casi 8.5 millones de pesos.

Gestión documental de archivos.

Asimismo, el INAI se ocupó con diligencia y responsabilidad en el 2015 de otro tema central para el ejercicio del derecho de acceso a la información y de otros derechos.

La gestión documental y archivos, un tema que además depende la oportunidad con la que cuente nuestra sociedad para revisar su pasado, pero sobre todo, para proyectar nuestro futuro, a través del estudio y consulta de la memoria documental.

En este sentido, en el INAI consideramos primordial señalar las profundas diferencias que se registran entre entidades e instituciones federales, estatales y municipales en todo el país.

Derivado de ello, el mayor reto que enfrentamos durante 2015, fue el establecimiento de medidas de homologación de criterios para una adecuada conservación, clasificación y catalogación de los archivos.

En ese sentido y, conjuntamente con el Archivo General de la Nación, elaboramos el proyecto de lineamientos para el acceso a la información clasificada como confidencial que obra en los documentos históricos de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal.

Impulsamos en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, el proyecto de lineamientos para la creación y funcionamiento de los sistemas de archivos y administración del Poder Ejecutivo Federal.

Acciones que se complementaron con la realización del Seminario Internacional: el Acceso a los Archivos Confidenciales Históricos, y la adhesión al INAI al Consejo internacional de Archivos y a la Asociación Latinoamericana de Archivos, en mayo y junio de 2015, respectivamente. Acciones que han vigorizado nuestras relaciones con otros países respecto a este tema.

Es necesario señalar que cualquier esfuerzo en esta materia quedará incompleto si no se logra impulsar a la brevedad posible la discusión y eventual aprobación de una Ley General de Archivos.

La información que obra en los archivos y los datos personales, forman parte esencial de la historia que construimos como país, pero también la historia que construimos como individuos.

Esa es la escala de valor de la información, los archivos y los datos tienen un significado y un impacto directo en todos nosotros.

En lo que respecta a las acciones de capacitación, en el año 2015 hemos redoblado nuestro esfuerzo, derivado de ello, formamos a más de 90 mil servidores públicos, 120 por ciento más en comparación con 2014.

Se realizaron 291 acciones de capacitación con la participación de instituciones, servidores públicos y sujetos obligados.

Asimismo, se reconoce el esfuerzo de quienes hacen suyo el compromiso con la transparencia y se entregó reconocimientos a instituciones que capacitaron al 100 por ciento su personal de estructura y reconocimiento a instituciones que completaron al 100 por ciento la capacitación de su comité de información.

En lo correspondiente a la capacitación realizada en materia de datos personales, durante 2015 acreditamos a casi 6 mil participantes de diversos sujetos regulados y obligados, así como del sector empresarial y comercial. Vinculación con la sociedad y promoción de la cultura de la transparencia.

Otro tema que pusimos como pleno del INAI, especial interés, fue en generar vínculos con la sociedad que permitan difundir el ejercicio de los derechos que tutelamos.

En ese sentido, promovimos la participación de INAI en diversos eventos y exposiciones, en los cuales pusimos especial énfasis en difundir la utilidad, el ejercicio del derecho a la información como una herramienta útil para mejorar la calidad de vida de la población, así como la importancia de proteger nuestra privacidad, con el propósito de reconocer y difundir las mejores prácticas en la consolidación e incremento de la calidad y el impacto de la transparencia en la gestión pública, conjuntamente con el Banco Mundial, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Púbica y el Instituto Nacional de Administración Pública, realizamos la 5ª edición del Premio a la Innovación en Transparencia, un premio que año con año reúne importantes propuestas que incorporamos al trabajo institucional.

No podemos dejar de mencionar que son muchos los testimonios de hombres y mujeres que celebran tener ese contacto con aquello que preconcibieron como algo que nunca tendrían acceso, información valiosa para su entorno inmediato

Convenios de colaboración.

Conscientes de que la transparencia y la privacidad de las y los mexicanos son objetivos cuyo éxito depende de la participación de todas y de todos, impulsamos la firma de diversos convenios de colaboración con el Archivo General de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria, la Conferencia Nacional de Gobernadores, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Honorable Senado de la República y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física y Educativa.

También impulsamos acuerdos con universidades como la Escuela Libre de Derecho y el Colegio de México, con entidades del sector privado como el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex, con representantes de sectores estratégicos para el desarrollo de nuestro país como la Comisión Federal de Electricidad, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, entre otros.

Esta tarea, la de formalización de convenios, encuentra su razón de ser en la búsqueda de aliados por la envergadura de la tarea misma.

INAI en el contexto internacional.

El seguimiento al importante trabajo realizado durante el año previo, 2015, fue un año de consolidación de nuestro país como referente internacional en materia de acceso a la información.

Por una parte, firmamos importantes acuerdos internacionales de cooperación en materia de transparencia y protección de datos con El Salvador y con Honduras; renovamos el convenio que tenemos con la Agencia Española de Protección de Datos; tuvimos importantes acercamientos con diversas autoridades de la Unión Europea; establecimos bases de colaboración con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos.

Por otra parte, las y los mexicanos que integramos el Pleno del instituto, hemos posicionado el modelo mexicano de transparencia en diversos foros multilaterales como los que se han ofrecido en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la Organización de los Estados Americanos, y por primera vez en la historia de este instituto en aquellos que ha ofrecido la Organización de las Naciones Unidas.

Otro aspecto de especial interés fue el reforzamiento del trabajo en redes, área donde destaca la labor del INAI al ocupar la presidencia de la Red Iberoamericana de Protección de Datos y de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, y a tener una participación relevante en las distintas reuniones del Foro de Autoridades de Privacidad Asia-Pacífico.

Y gracias a este esfuerzo y a la importancia del trabajo del INAI en esta materia, México será sede de la 46 edición del Foro de Autoridades de Privacidad Asia-Pacífico, a realizarse durante la última semana de noviembre y la primera de diciembre en Manzanillo, Colima.

En el INAI no olvidamos que nuestro trabajo es una referencia en el concierto internacional, y que en tal sentido nuestro marco normativo y su implementación, es y será objeto de análisis y estudio en otros países del mundo. Debemos de estar a la altura de esta gran responsabilidad.

Gobierno abierto y transparencia proactiva.

En materia de gobierno abierto y transparencia proactiva, 2015 fue un año fundamental para el establecimiento de las bases sobre las que buscamos impulsar el desarrollo de una nueva generación de políticas públicas, que en la participación de las y los ciudadanos y la apertura de gobierno que sean sus elementos característicos.

En este sentido, nuestra calidad de miembros del Secretariado Técnico Tripartita que presidió la Alianza por el Gobierno Abierto, impulsamos la organización de la Cumbre Global del AGA, con sede en la Ciudad de México, y fuimos parte de este cumplimiento al cien por ciento de los 26 compromisos asumidos por el Plan de Acción.

Actualmente nos encontramos trabajando en el proceso de construcción del tercer plan de acción como país 2016-2018.

Por otra parte, en colaboración con la entonces Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAIP, pusimos en marcha el proyecto Gobierno Abierto, Co-creación desde lo Local, a partir del cual impulsamos la creación de nuevos espacios de participación para la sociedad civil y el involucramiento de las y los ciudadanos en la toma de decisiones de política pública.

Derivado de ello, al finalizar 2015 este proyecto contaba ya con 13 entidades federativas participantes: Durango, Oaxaca, Morelos, Veracruz, Jalisco, Coahuila, Hidalgo, Baja California, Chiapas, Tabasco, Zacatecas y San Luis Potosí; 10 de las cuales cuentan ya con un secretariado técnico local instalado y 6 con un plan de acción local debidamente desarrollado.

Han sido labores con las que en el INAI aspiramos a incidir de manera directa en el corto plazo con el combate a la corrupción y también a la impunidad, pero sobre todo, lo más importante, gobierno abierto debe generar bienestar social, impactar positivamente en la calidad de vida de las personas desde el entorno local hasta el ambiente global, sólo así políticas públicas como éstas encontrarán sentido de su existencia.

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

De particular importancia para el cumplimiento de nuestras obligaciones, durante el 2015 fue el reto; el gran reto para las y los mexicanos para el propio instituto de poner en marcha este Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Sistema que es hoy en día un ejemplo exitoso de federalismo cooperativo, el cual da inicio a una nueva dinámica de trabajo y relación entre la Federación, los estados y la Ciudad de México para maximizar los esfuerzos que en materia de transparencia y en acceso a la información se están realizando.

En este sentido, desde el INAI hemos impulsado el cumplimiento de las tareas asignadas al sistema en las fechas y en los plazos establecidos para asegurar su plena vigencia, pero sobre todo su relevancia.

Luego de la instalación del Consejo de Sistema Nacional de Transparencia, el 23 de junio de 2015, acto en el cual el INAI asume también el mandato de coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y presidir su Consejo Nacional.

El primer reto que enfrentó el sistema fue la elaboración de la normativa que regularía su propio funcionamiento.

Para lograrlo, emitió dos instrumentos: uno para normar el funcionamiento de su consejo y otro para regular las instancias de sus integrantes.

Y el siguiente desafío fue el éxito de lograr las instancias de diálogo y colaboración necesaria para el funcionamiento del sistema.

Así se eligieron a los coordinadores de las 11 comisiones temáticas, se designó al titular de la Coordinación de los Órganos Garantes de las Entidades Federativas, a quien agradecemos también su presencia, y se establecieron las cuatro regiones: centro, centro- occidente, sureste y norte, previstas en las redes de funcionamiento integradas a las instancias del sistema. El desarrollo de los lineamientos derivados de dicha ley.

Adicionalmente en conjunto con este Honorable Senado de la República, se impulsó en 2015 una gira por las entidades federativas, con el objetivo de coadyuvar en la armonización de las leyes de la materia de transparencia en todas las entidades de nuestro país.

Todo ello, junto con un intenso trabajo para asentar las bases de colaboración que conllevan a la construcción de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Una importante herramienta electrónica que, como ustedes saben, desde su lanzamiento el 5 de mayo pasado, ha presentado diversas incidencias técnicas, como la interconexión con los sistemas electrónicos estatales, los cuales han impedido su pleno funcionamiento y han obligado a tomar medidas adicionales para asegurar el acceso a la información y los datos personales por diversas vías.

Desde luego, sin menoscabo de la continuidad de otras formas de contacto para ejercer el derecho a saber, ya sea directamente a través de las unidades de transparencia de los sujetos obligados, por correo postal, por mensajería o a través del número 01-800, conocido como “Tel inai”, operado por el Centro de Atención a la Sociedad del INAI, mismo que además de brindar asesoría gratuita, respecto al ejercicio de los derechos que tutelamos, a más de 15 mil personas entre agosto y diciembre de 2015, permitió realizar un poco más de 800 solicitudes de información.

De la plataforma resta todavía implementar un importante número de medidas dirigidas a mejorar su usabilidad, funcionalidad y operación.

Nos encontramos en esta tarea, desde el propio instituto, y en coordinación con los grupos de la sociedad civil que se han acercado a nosotros para coadyuvar en el fortalecimiento de la plataforma.

Cuenten ustedes con que el INAI, desde su condición de máximo Órgano Garante de la Transparencia y presidente del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, continuará trabajando para ofrecer una herramienta de acceso a la información que las y los mexicanos merecemos.

La creación del sistema nacional es un acierto, pero también y hay que decirlo, y sobre todo en esta importante oportunidad ante esta Honorable Soberanía, un desafío, un correcto andamiaje normativo y operativo y técnico y la natural sinergia con otros sistemas, como el Nacional Anticorrupción. Forma una de las apuestas más grandes que hemos hecho como país en las últimas décadas.

Se trata de una aspiración compartido de tener un mismo piso jurídico para todas y para todos en la materia.

Un estado de puertas abiertas en todo nivel y la capacidad de coartar de toda forma de negligencia u opacidad gubernamental.

Distinguidas legisladoras y legisladores; compañeras comisionadas y comisionados; señoras y señores.

Quiero hacer patente que me enorgullece trabajar hombro con hombro con mis compañeras y compañeros comisionados y comisionadas, cuya labor diaria honra la visión, misión y objetivos que como instituto nos hemos establecido para asegurar la guardia de los derechos fundamentales con los que tutelamos.

A la doctora María Patricia Kurczyn Villalobos.

A la maestra Areli Cano Guadiana.

Al doctor Francisco Javier Acuña Llamas.

Al maestro Oscar Mauricio Guerra Ford.

Al maestro Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

Y al maestro Joel Salas Suárez.

A cada uno de mis compañeros, reconozco su invaluable apoyo con el compromiso de la institución, pero sobre todo, del servicio público.

Gracias por esta oportunidad, compañeros comisionados.

Ahora bien, desde esta Honorable tribuna quiero extender, a nombre del pleno del INAI, mi más sincero reconocimiento a los titulares del Archivo General de la Nación, a quien agradecemos su presencia; de la Auditoría Superior de la Federación; y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como de las y los comisionados de los órganos garantes locales a quien celebro su presencia en este importante evento como miembros muy activos de este Sistema Nacional de Transparencia, que en conjunto con el Sistema Nacional Anticorrupción, construirá la base sobre la cual estará sentada la transparencia y el combate a la corrupción como elementos fundamentales de nuestra democracia en los próximos años.

Quiero reconocer también, a nombre del pleno, la amplia disposición, pero también la gran voluntad política mostrada por los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial para impulsar acciones relacionadas con la transparencia y la protección de datos personales.

Pero también aprovecho esta gran oportunidad para agradecer y reconocer el importante esfuerzo de cada una y cada uno de los integrantes del INAI cuya responsabilidad en el desempeño de sus funciones permite pensar con optimismo en el presente y futuro de estos derechos.

No obstante hago patente que tan solo hemos comenzado con la tarea, ahora es momento de mostrar que gobierno y sociedad asumimos la alta responsabilidad que implica sentar las bases de un México abierto, plural y transparente.

Es momento de visibilizar los esfuerzos que la sociedad civil realiza para monitorear y evaluar nuestro modelo de transparencia y rendición de cuentas, así como las acciones necesarias que se generan para fortalecerlo.

Veámonos y actuemos como instituciones y autoridades como verdaderos ejemplos de transparencia y rendición de cuentas, pero sobre todo como vínculos de confianza entre gobierno y sociedad en el combate a la corrupción, la opacidad o cualquier impedimento de los ejercicios de los derechos humanos, comencemos por reconocerlo: es una responsabilidad de todos; y la solución pasa por la firmeza y solvencia de nuestras decisiones y particularmente por la prevalencia del interés público.

En el INAI no dudaremos en cumplir las leyes promulgadas para garantizar a todas y a todos los mexicanos el ejercicio y plenitud de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Una alta encomienda que hemos recibido de esta Honorable Soberanía.

Heredemos a las generaciones futuras un país convencido de que el escrutinio público transforma, de que la vigilancia estimula cambios, impulsemos la voluntad de búsqueda de la transparencia y la exigencia de la rendición de cuentas en beneficio de la construcción del México abierto y transparente que todos deseamos.

A nombre de mis compañeras comisionadas y comisionados, agradezco nuevamente a los integrantes de esta Honorable Soberanía la oportunidad que nos brinda para poderles dirigir un mensaje respecto al Informe de Labores del INAI en el año 2015.

Muchas gracias a todas y a todos por su amable atención, y estoy con la mejor disposición de poder atender sus inquietudes y comentarios.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Muchas gracias por su intervención, doctora Ximena Puente de la Mora, le ruego permanecer en la tribuna para responder a los cuestionamientos de los grupos parlamentarios, tal y como lo establece el Acuerdo parlamentario aprobado el pasado 20 de julio por esta Comisión Permanente, daremos inicio a la ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios.

Estas intervenciones se harán en orden creciente, desde los respectivos escaños, por un tiempo máximo de hasta tres minutos. Inmediatamente después, la Comisionada Presidenta responderá a las preguntas, y como lo establece nuestro Acuerdo parlamentario, no habrá lugar a réplica.

En el primer turno de cuestionamientos, tiene el uso de la voz, desde su escaño, la Diputada Angélica Reyes Ávila, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

La Diputada Angélica Reyes Ávila: (Desde su escaño) Con su permiso señor Presidente.

Doctora Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta, le saludo con afecto y respeto.

Sin duda, en los últimos años la corrupción, la falta de transparencia e impunidad han ocasionado un profundo daño a nuestro país.

Las afectaciones no sólo son económicas, sino también sociales y morales, por lo que la ciudadanía ya no confía en sus instituciones, lo que genera una imagen de descrédito muy devaluada de todos los órdenes de gobierno y representación.

En Nueva Alianza entendemos que el combate a la corrupción es un justo reclamo de la sociedad que está cansada de la opacidad con la que se manejan los recursos en los tres niveles de gobierno y el no contar con información accesible, confiable y verídica respecto ¿hacia dónde se destinan sus impuestos? y ¿cómo se ejercen los recursos públicos?

Reconocemos que estamos en medio de una crisis de credibilidad social generada por esa falta de transparencia y rendición de cuentas, de manera generalizada.

En ese contexto, en Nueva Alianza, hemos asumido el firme compromiso de reconstruir la confianza de la gente y su credibilidad en las instituciones. Por ello, en junio pasado votamos a favor del Sistema Nacional Anticorrupción como un mecanismo que permite enfrentar con mayor fuerza y efectividad este terrible problema que está consumiendo a nuestra sociedad.

Ahora, combatir la corrupción y la impunidad debe ser una prioridad, pues sólo así se podrá recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, que por ese desacreditado y sabido manejo atraviesan por su peor nivel.

En Nueva Alianza, entendemos perfectamente que recobrar esa confianza es una labor que requiere de la participación de todos, pues con frecuencia el problema va más allá de un solo organismo, por lo que debe hacerse desde la cooperación integral, gobierno, representes y sociedad, es decir, es un tema de corresponsabilidad.

Es así, señora Comisionada Presidenta, que en Nueva Alianza le refrendamos nuestro apoyo en este gran reto, y le pedimos haga de nuestro conocimiento, desde este ámbito legislativo, de qué manera podemos colaborar para mejorar y hacer más eficiente la operación y funcionamiento del instituto que usted dirige, a fin de consolidar un México más grande, un México más fuerte, más transparente y de cara a la sociedad.

Por su presencia, atención y respuesta en este democrático intercambio de ideas, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda, Comisionada Presidenta, con su respuesta.

La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora: Muchísimas gracias, Diputada Angélica Reyes.

Coincidimos con que los dos grandes sistemas que le deberán dar un nuevo rumbo a nuestro país son, por una parte, el Sistema Nacional de Transparencia, que me honro en presidir, con la valiosa colaboración de la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Inegi, pero sobre todo que nos conmina a trabajar de manera articulada con cada uno de los estados de la República para lograr que estas nuevas leyes en materia de transparencia sean una realidad.

Permítame puntualizar algunas de las cifras. El IFAI pasó de tener 246 sujetos obligados, ahora INAI con nuevas facultades nacionales en la materia, a casi 900 sujetos obligados, con la total obligación de transparencia de estos nuevos entes, no solamente Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino también en materia de sindicatos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.

Pasar de tener 17 obligaciones de transparencia a 48 a nivel general, es ahí donde debemos comenzar.

¿Cómo debemos comenzar a ser y pasar a la realidad normativa, a la realidad de implementación? En eso estamos trabajando a través del Sistema Nacional de Transparencia.

Muy importante, y hay que decirlo, como ustedes saben, el INAI forma parte de este comité coordinador.

Muy importante también la instalación del Comité de Participación Ciudadana y el trabajo cada vez más estrecho de cada una de las instituciones que formamos parte de este comité coordinador con la voz de la sociedad civil.

Me parece que estas leyes, que están contra la corrupción, han tenido un importante impulso de la sociedad civil, y hacer que esta brecha de gobierno y sociedad se vaya disminuyendo.

En el INAI, me honra en recibir esta representación, trabajaremos por dos vías: como una parte activa, como parte de este Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y también como sujeto derivado a las responsabilidades que esta legislación secundaria que se acaba de aprobar; y un reconocimiento a este Honorable Congreso por la aprobación de leyes secundarias tan importantes, pero sobre todo, para trabajar conjuntamente y articular todos los esfuerzos en cada entidad federativa.

Me parece que ahí está el reto en el trabajo conjunto de los estados de la República, de los municipios que tantas diferencias hay en la actualidad, pero sobre todo, de un compromiso que tenemos también como Sistema Nacional de Transparencia, de hacer que estas disposiciones normativas se cumplan a cabalidad.

Muchas gracias, Diputada Reyes Ávila.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Formula pregunta el Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores; Comisionada Presidenta; señoras y señores comisionados:

Sin lugar a dudas el INAI, el día de hoy, tiene una tarea crucial de cara a los retos que enfrenta México en materia de combate a la corrupción, pero por supuesto en materia de transparencia, de fomento a la transparencia y también de protección de datos personales.

Hoy esta institución ocupa un lugar central en la vida pública nacional, además de las atribuciones que le han sido conferidas como órgano garante de la transparencia en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, al cual usted ya se refirió.

Por eso nos parece que es tarea de todos fortalecer esta institución, y en este ejercicio republicano, agradezco la oportunidad de hacerlo mediante el diálogo abierto y mediante la retroalimentación.

Yo quisiera tratarle dos temas que para Movimiento Ciudadano son fundamentales:

El primero de ellos, la Plataforma Nacional de Transparencia luego de ponerse en funcionamiento el día 5 de mayo, fue señalada por múltiples inconsistencias por parte de los usuarios, académicos y organizaciones civiles, no voy a discutir el costo de la plataforma, eso se refleja en los informes, pero lo que nos inquieta es que una falla de esta plataforma, cuyo propósito entendemos es integrar y hacer operativos cuando menos cuatro sistemas de información: el de solicitudes de acceso a la información, el de medios de impugnación, el de los portales de transparencia y el de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados de los tres niveles de gobierno; nos parece no puede reducirse a un problema técnico, en realidad es un problema que va más allá, es un problema que implica el ejercicio, justamente, del derecho a la información. En este periodo de transición accidentado, en algunos casos, significó para muchos la imposibilidad de ejercer un derecho fundamental, como lo refería hace algún momento.

Sabemos y reconocemos también que en este periodo de transición se ha mantenido el funcionamiento de plataformas como Infomex o similares de los sujetos obligados justamente para intentar no obstaculizar el acceso a la información.

Por ello, es importante para nosotros saber ¿qué es lo que está sucediendo con la Plataforma? ¿Cuál es el diagnóstico de las fallas? ¿Cuál es el avance de la solución? ¿Cuáles son las causas de las fallas? ¿Y cuáles son las responsabilidades de los servidores públicos o de los contratistas en la materia?

Paso al segundo tema.

Ya se refirió usted en su intervención a los esfuerzos de la Alianza por el Gobierno Abierto

A mí me gustaría preguntarle sobre la Alianza para el Parlamento Abierto, un tema en el que Movimiento Ciudadano ha tenido especial interés y ha dado muestras de ello, de su compromiso, haciendo públicas, entre muchas otras cosas, las declaraciones de 3 de 3 de todos los miembros del grupo parlamentario y suscribiendo y actuando conforme a los lineamientos de la Alianza para el Parlamento Abierto.

El INAI, el Congreso de la Unión y una docena de organizaciones civiles impulsaron este proyecto en 2014 a través de una declaración de lanzamiento con la que se asumieron, entre otros, el compromiso de instalar un secretariado técnico tripartito para coordinar la política nacional de Parlamento Abierto.

Pero más allá de este anuncio, la misma Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sus artículos 42 y 59, le confiere al INAI la obligación de promover los principios de gobierno y Parlamento Abierto, además de que la propia ley en sus disposiciones transitorias replantea las obligaciones de transparencia del Poder Legislativo.

Entro a la pregunta: A casi dos años del anuncio de esta declaración, nos da la impresión de que no se advierten avances sustanciales en el cumplimiento de estos compromisos, y tenemos entendido que todavía no se ha instalado el secretariado técnico.

El INAI, como parte integrante de esta Alianza y como órgano garante del derecho de acceso a la información, nos parece debe asumir una postura proactiva en este tema, por eso quisiera preguntarle ¿por qué se han estancado, si es que así es la implementación del Parlamento Abierto, concretamente, qué ha hecho el INAI para impulsar una política nacional de apertura legislativa?, y, ¿cómo se ha vinculado con las organizaciones de la sociedad civil y los órganos legislativos para sacar adelante este proyecto.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Adelante, Comisionada Presidenta, con su respuesta.

La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora: Muchas gracias, señor legislador, por estas dos preguntas muy importantes, sobre todo para explicar a la ciudadanía sobre dos temas de suma importancia para nuestro país.

Comenzaré con el primero de ellos, con el tema de la Plataforma Nacional de Transparencia, y agradecer la oportunidad para precisar y hacer algunas puntualizaciones respecto a todo este proceso.

Efectivamente, a finales de septiembre a diciembre, se registró este contrato con la empresa Intellego, que como ustedes saben, toda esta información ya es pública y está disponible en nuestro portal de transparencia por un monto de 9.6 millones, y qué bueno que me da la oportunidad de aclararlo, porque se han mencionado diversos montos, de 9.6 millones, que empezó a funcionar en mayo de este año y que, efectivamente, ha registrado diversas incidencias.

En primer lugar, quiero hacer la acotación de que se han logrado avances importantes, por ejemplo, en los estados de Baja California Sur, Michoacán y Tamaulipas que no contaban con sistemas electrónicos para ejercer este derecho y actualmente ya cuentan con un sistema Infomex; por otro lado, los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Nuevo León, Oaxaca y Yucatán que contaban con sistemas propios, transitaron también al sistema Infomex, es decir, trece sistemas administrados antes, también hay que decirlo, por los titulares de los poderes ejecutivos locales, ahora son operados y controlados por los órganos garantes, y esto me parece también una parte importante, es decir, ya no tener este sistema a cargo del Ejecutivo, de los estados, sino de los órganos de transparencia de los estados de la República; como ha sucedido en Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Zacatecas y Querétaro.

En los casos de Tlaxcala, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero y Querétaro, los sistemas fueron alojados en las instalaciones del INAI.

Es importante decir, y esto hay que precisarlo, que no se ha impedido el derecho de acceso a la información, en todo momento las personas cuentan con diversos medios para ejercerlo a través de correo postal, a través de mensajería, a través de Internet, mediante los sistemas Infomex de la Federación y de los estados mismos, y a través del teléfono que el INAI ha puesto a disposición, un número gratuito para toda la población, un número 01-800 para que la población pueda hacer solicitudes de información.

También permítanme precisar que, a nivel nacional, el promedio mensual de solicitudes en 2015 fue de 19 mil 458 y en el periodo comprendido del 5 de mayo al 5 de junio de 2016, se presentaron 26 mil 452. Es decir, 6 mil 994 solicitudes más.

El derecho de acceso a la información no se ha coartado, el derecho de acceso a la información de las y los mexicanos sigue con su curso y estamos ofreciendo herramientas para que las y los mexicanos tengan estas opciones para hacer sus solicitudes de información. Estamos trabajando, estamos en etapa de conciliación con la empresa contratada; inició esta etapa el 1º de agosto del presente, tenemos 40 días hábiles para este proceso de conciliación, estamos trabajando ya en las últimas incidencias y muy pronto esperemos que la plataforma esté funcionando al 100 por ciento, como nos hemos comprometido como INAI, no solamente como INAI, sino como cabeza del Sistema Nacional de Transparencia.

Por otra parte, un tema fundamental para nuestro país, y me parece que tendrá que cambiar también la realidad de muchos fenómenos y de una manera el actuar de las autoridades, son los ejercicios de gobierno abierto y el programa que desde 2015 se ha coordinado por el INAI, conjuntamente con las entidades federativas, el proyecto: Gobierno Abierto cocreación desde lo local, en donde se inciden, y permítanme también precisar y especificar, cómo acciones concretas con temas específicos de cada uno de estos estados de la República; fueron 13 los que se sumaron en el año 2015 y han sido otros 10 los que se han sumado en el año 2016, ya tenemos 23 estados sumados al ejercicio de Gobierno Abierto, todos girando en torno a la aplicación de temas como “follow the money”, el seguimiento de los recursos federales en instancias locales y en instancias municipales, unos que ya han instalado también su plan de acción para incidir de manera directa y estar rindiendo cuentas. Y con el INAI a través de la coordinación del compañero Comisionado Salas Suárez, y la coordinación de varios de los estados que se han sumado a los ejercicios de Gobierno Abierto.

Pero aquí hay que hacer una parte muy importante, una precisión, estamos sumando esfuerzos no solamente con las instituciones, con los estados de la República, sino con una importante participación de la sociedad civil. En estos 23 ejercicios de los temas de Gobierno Abierto existe la participación activa de más de 300 organizaciones de la sociedad civil. Con esto se está haciendo un esfuerzo muy concreto con resultados que se van a ir generando, que seguramente con este transcurso del tiempo se van a ir haciendo públicos con la importante colaboración de estas organizaciones de la sociedad civil. Ya no se trata de hacer políticas públicas de cuestiones muy generales, sino incidir en problemas específicos de la población, y en eso el INAI está trabajando conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil y con los estados de la República aquí presentes, para generar una nueva manera de hacer esta política pública y mejorar la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Pregunta a continuación el Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena.

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: (Desde su escaño) Gracias por su presencia aquí, señora Presidenta.

A poco más de dos años de la reforma constitucional que le otorgó autonomía al Instituto, se ha encontrado con diversas dificultades para cumplir con la atribución conferida en la Constitución, que es garantizar el derecho de acceso a la información.

Me refiero a que aun cuando las resoluciones del INAI han solicitado a dependencias gubernamentales que hagan pública información generada en su poder, hemos sido testigos de que éstas han sido omisas a las resoluciones del único Instituto en toda Latinoamérica que goza de autonomía. En lo que respecta a la homologación de sus leyes con las entidades federativas en materia de transparencia, de acuerdo al diagnóstico que el mismo Instituto hizo público en 2015, sólo 4 entidades cumplen con lo que se estableció en la Ley General, estados como Chiapas y Querétaro han incumplido y el resto cumplió sólo parcialmente.

En este mismo tema, el Instituto se ha visto en la necesidad de promover acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerar que en estados como Oaxaca, Querétaro, Morelos y la Ciudad de México sus leyes no armonizan con el artículo 6o. constitucional.

De la Plataforma Nacional de transparencia nos enteramos que apenas 20 días después de su implementación, el INAI pidió a las entidades federativas que nuevamente utilizaran sus portales para el cumplimiento de sus obligaciones, ya que las empresas encargadas de su implementación y funcionamiento no previeron las fallas que se presentaron, por lo que incumplieron a pesar de que se invirtieron más de 26 millones de pesos en el asunto, caso concreto el Estado de México.

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados, conocemos de la resistencia, del desconocimiento y la desobediencia. Para muestra de esta Asamblea, cabe mencionar que hasta el día de hoy, la Cámara de Diputados no ha sido capaz de cumplir con el programa de reorganización administrativa prevista en el Artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Comisionada Presidenta:

En el ejercicio de nuestro derecho de acceso a la información y analizando los reportes del informe que responde a resultados cuantitativos más que cualitativos, resultados por demás obligados, quiero preguntarle a usted como titular del órgano garante de acceso a la información:

1.- ¿Considera que la legislación hasta ahora aprobada por el Congreso de la Unión abona a una verdadera transición de la opacidad a la transparencia?

2.- ¿Considera que el contenido de ésta previene, obliga y/o sanciona a aquel sujeto obligado que se niega a garantizar el derecho de acceso a la información?

3.- ¿Considera que a través de lineamientos que, por cierto, aún no han sido publicados, las empresas productivas del Estado, sus filiales y subsidiarias, las empresas privadas, las asociaciones público-privadas, los proyectos para prestación de servicios y todas las figuras legales que han ido surgiendo con las reformas estructurales, se verán obligadas a rendir cuentas y transparentar los recursos públicos que les son otorgados?

4.- ¿O considera necesario, señora Presidenta, hacer un alto y reflexionar si a sólo un año de su implementación es necesario empezar a enmendar la legislación en la materia?

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda con sus respuestas, por favor, Comisionada Presidenta.

La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora: Le agradezco sus preguntas, señor legislador, preguntas que me permitirán contextualizar iniciando con el primer tema que usted refirió sobre la importancia de las acciones de inconstitucionalidad que el INAI ha interpuesto con los estados de Querétaro, Tabasco, Oaxaca, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala y la Ciudad de México.

Hay que mencionar que los estados de Querétaro y Oaxaca han hecho las adecuaciones que la misma coordinación y el mismo instituto han señalado con base en estas acciones de inconstitucionalidad.

Se ha hecho un esfuerzo con los estados de la República desde un análisis respecto a cada una de sus Constituciones de las entidades federativas. Después se ha realizado un acompañamiento con cada estado de la República y debo decir que estas acciones atienden a preceptos sumamente específicos de la legislación. En muchas ocasiones son dos o tres artículos referentes a temas.

Los grandes temas o algunos temas que hemos identificado que son concurrentes en la mayoría de estos estados de la República, donde se ha interpuesto acción de inconstitucionalidad: son solicitar nombres a los recurrentes, cuestión que tenemos desde la Constitución y las leyes secundarias totalmente especificado, temas que tienen que ver con seguridad nacional en los Estados de la República, en las entidades federativas, y temas también que tienen que ver con reserva de información y con la autonomía de los órganos garantes.

Es una cuestión que nos ha permitido incidir y establecer estos mecanismos para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien establezca, como debe ser, en un sistema de pesos y contrapesos, los criterios específicos que también orientarán la acción del instituto.

Puntualizando un poco también sobre los temas de Gobierno Abierto y Parlamento Abierto, ya se instaló la Bicameral, pero no se ha sesionado.

En consecuencia, como INAI, como parte de este Secretariado, confiamos en que se sesione pronto, y estaremos en la mejor disposición para contribuir, como hasta ahora se ha hecho, en el avance de los trabajos de Gobierno Abierto.

Insistimos, el INAI está a nivel general ante este Plan de Acción 2016-2018, en los que el Parlamento Abierto, esperamos que sea uno de los ejes principales que divida este Plan de Acción, para poder, sobre todo, seguir dándoles resultados a la ciudadanía.

Son varias preguntas, sí se puede con esta legislación lograr un efectivo combate a la opacidad y rendición de cuentas. Hemos insistido, ha sido una alta responsabilidad articular todo un sistema y cooperación muy constante con cada uno de los estados de la República, pieza clave, ahora, las nuevas obligaciones que tiene el INAI, y no solamente el INAI, sino cada uno de estos casi 900 sujetos obligados.

La responsabilidad del cumplimiento de estas nuevas disposiciones que tanto le han costado como país es una responsabilidad de todos, sobre todo los nuevos sujetos obligados como son los partidos políticos y los sindicatos para hacer púbica la información.

Me refiero tan sólo por hacer mención, los partidos políticos son uno de los sujetos obligados que más obligaciones tienen en materia de transparencia con 48 obligaciones generales y 30 obligaciones específicas, y como recordemos, a través de los lineamientos que ya fueron publicados, se establece un plazo hasta el 6 de noviembre para alimentar sus portales de transparencia en estas nuevas obligaciones.

También como parte de sus preguntas el INAI, recordemos que gracias a esta Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene nuevas facultades, sobre todo para incumplimientos en la imposición de medidas de apremio y sanciones a quienes no cumplan y acaten las resoluciones del Instituto, como es el informe de 2015; no ha habido incumplimientos, todavía no ha habido incumplimientos en estos temas que entran dentro de la nueva legislación en materia de transparencia, pero tenemos la gran obligación de que estas medidas de apremio y, en su caso, sanciones los procedimientos y los resultados de estos procedimientos sean públicos, no solamente es una obligación legal, es un compromiso institucional que también asumimos las y los comisionados.

¿Cómo van a ir los avances? Bueno, pues los avances los vamos a ir viendo, los vamos a ir reportando a la sociedad en una clara rendición de cuentas de manera transparente.

Retos tenemos, sí, gran reto por enfrente, por delante sí, sobre todo trabajar e ir logrando esos avances, y quiero ser muy clara sobre la relevancia que tiene este tema, no solamente a nivel nacional, aquí una pieza clave es cada uno de los estados de la República.

Lograr que estas leyes de transparencia a través de esta armonización, que también hemos trabajado y nos ha dado la oportunidad esta Honorable Soberanía, el Senado de la República; para incidir en la homologación de la ley es tan sólo el primer paso, lo que sigue es un reto aún mayor de que esta armonización de las leyes sea una realidad y un tema central y fundamental.

Insisto, va a ser la obligación de los municipios, de todas las autoridades a nivel municipal de acatar estas nuevas responsabilidades.

¿Qué estamos haciendo como el INAI? Como INAI, me parece muy importante, estamos trabajando de manera articulada en este gran Sistema Nacional de Transparencia y sí es un esfuerzo sin precedente en la realidad nacional y sí se están generando estos resultados.

¿Hacia dónde vamos? Hacia la verdadera implementación de estas reformas; primero, no solamente con la Ley General, no solamente con estos nuevos sujetos obligados. Esperemos no tener que ejercer las medidas de apremio que ustedes amablemente nos han conferido como una facultad adicional a la que tenía el INAI, y déjenme compartirles que el nivel de cumplimiento de las resoluciones de este Instituto Nacional de Transparencia en 2015 fue de un 99 por ciento.

Esperemos también en los años subsiguientes, seguir con estos niveles de cumplimiento y si es posible mejorarlos. Ese es el compromiso que estamos asumiendo.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Formula pregunta el Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano: Gracias, señor Presidente.

Doctora Ximena, Comisionada Presidenta del INAI, bienvenida.

La transparencia y la rendición de cuentas son los dos pilares de un gobierno democrático; a través de la primera, se pone al alcance de la ciudadanía la información en manos del gobierno y en la segunda, se hace del conocimiento público los actos de la autoridad.

En los últimos años se ha ido avanzando poco a poco en esta materia. Las reformas constitucionales y las leyes secundarias para dotar de mayor fortaleza a este Instituto Nacional, y al de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales han sido graduales, pero consistentes; sin embargo, en la ley se avanza, pero en la práctica retrocedemos.

Los códigos y actitudes de comportamiento en el campo de la función pública, marcado por una gama de valores que orientan ésta como la vocación de servicio: la honestidad, la responsabilidad, la pulcritud, el decoro, la transparencia y la limitación y reducción al mínimo, la reserva y el secreto no han terminado de permear en todos los niveles de gobierno, ni en los tres poderes públicos.

Además, so pretexto de la información clasificada, ya sea por motivos de seguridad nacional o algún otro de los que contempla la normatividad, no se han transparentado en su totalidad casos como las concesiones en el sector energético, OHL, Grupo Higa, o lo que usted mencionaba, Tlatlaya, Ayotzinapa, en este año Oaxaca, en fin, sucesos que tienen sumidos a los mexicanos en la indignación y la incertidumbre.

Cito a Francisco Zarco, quien decía: “Los funcionarios públicos en la democracia no son una oligarquía, ni forman una casta privilegiada; son iguales a los últimos ciudadanos, tienen el encargo de cumplir las leyes, que deben ser la expresión de la voluntad de la sociedad, y como apoderados deben estrecha cuenta de su conducta a sus poderdantes. De aquí que todos tienen que ser responsables, de aquí que sobre ellos pese la ley inflexible y severa para salvar a la sociedad de la traición y de la arbitrariedad”.

Sin transparencia y rendición de cuentas difícilmente podremos superar el grave problema de la corrupción, de la impunidad y de la debilidad del estado de derecho que se mantendrá.

Es necesario que en este Congreso de la Unión se fortalezca al INAI con el objeto de dotarle de mayores facultades, a fin de generar los resultados que la sociedad mexicana reclama.

Y mi pregunta sería: Resulta positivo ver en este informe, que ya tenía días de publicado, que la evolución del número de solicitudes ingresadas al Instituto mantiene un aumento constante. En el 2003 tuvo el total de 22 mil 885 solicitudes, mientras que para el 2015 pasó a más de 120 mil, de ésto llama la atención dos datos: primero, que en el 2015, del total de peticiones, el 96.9 por ciento fueron hechas electrónicamente y dos, que más del 50 por ciento de éstas fueron realizadas nada más en dos entidades: el Estado de México y la Ciudad de México.

En este sentido, estos datos vienen en la página 17 y 21, ¿qué acciones o estrategias pretende llevar a cabo el Instituto a su cargo para revertir esta dependencia, en donde el mayor número de solicitudes se concentra sólo en dos entidades, lo que refleja condiciones de desigualdad en el ejercicio del derecho de la ciudadanía de acceder a la información pública en el resto de los estados? ¿Y cómo debe fortalecerse el derecho al acceso a la información pública, a la libertad de expresión y protesta social sin caer en regulaciones restrictivas?

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda con su respuesta, Comisionada Presidenta.

La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora: Le agradezco mucho, señor legislador.

Yo creo que coincidimos en este tema de la transparencia, es responsabilidad de todos, es una responsabilidad compartida, hemos resuelto, como lo mencionábamos en el propio informe, casos emblemáticos que tienen que ver con programas de remediación medioambiental, con derechos indígenas, con casos que hemos tenido la valoración muy puntual y muy específica, como el tema de Ayotzinapa, el cual la Procuraduría General de la República hizo un gran trabajo con una versión pública que incluso tiene disponible a través de su portal de Internet.

Y, efectivamente, nos resta un gran trabajo, lo que comentaba usted, sobre códigos, actitudes y valores en el servicio público.

¿En dónde estamos? Estamos en la implementación de una nueva legislación que nos impone estándares realmente sumamente competitivos a nivel internacional. El reto va a ser muy grande en la implementación y llegar a esos estados donde la realidad del acceso a la información, todavía se ve, sobre todo su difusión, muy limitada.

En el 2015, un poco más de 120 mil solicitudes de información, un poco más de 7 mil recursos de revisión, cabe señalar que todavía eran de los anteriores sujetos obligados, de alrededor de 246 sujetos obligados, no de los 900 que les vendremos a dar cuenta si esta Honorable Soberanía nos lo permite, e iremos viendo cómo se van incrementando estas solicitudes de información y lo que tenemos que trabajar es en dos vertientes:

Primero, en que la información pueda estar pública por parte de las autoridades, ir más allá del cumplimiento de una ley, de una ley tan importante como es esta Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hacer una disposición proactiva de poner la mayor cantidad de información en los portales de Internet porque es ahí donde las y los mexicanos nos estamos informando.

El tener una mayor disponibilidad de la información de manera pública va a ser que gradualmente estas solicitudes de información tengan que ir bajando, ¿por qué? Porque la ciudadanía va a tener disponible la información que le es pública.

¿Cómo estamos trabajando ahora en este proceso de cumplimiento? Haciendo un acompañamiento a cada uno de los órganos de transparencia de las entidades federativas para que estos avances se registren también en cada uno de los estados

¿Cuál va a ser una misión fundamental? Fortalecer los órganos garantes.

Necesitamos tener consciencia en que ha habido un aumento considerable y significativo de facultades, pero también de obligaciones de los propios órganos garantes con respecto a los sujetos obligados.

Tenemos que fortalecer cada uno de los órganos garantes para poder hacer frente a esta nueva realidad en materia de transparencia. Asumimos esta responsabilidad también de que la Plataforma Nacional de Transparencia esté operando muy pronto al 100 por ciento, porque, efectivamente, las y los mexicanos, más del 96 por ciento de esta información se solicita a través de internet.

Pero, sobre todo, tenemos que pasar de hacer de la transparencia, no solamente insistimos el cumplimiento de una obligación legal, sino una cuestión de principios del propio funcionario público en todos los niveles: nivel federal, nivel estatal y nivel municipal.

Esperamos no tener que llegar hasta la última instancia la imposición de medidas de apremio para lograr que así sea.

Tenemos en nuestro país que generar una nueva cultura de los funcionarios públicos en aras de un cumplimiento irrestricto a las disposiciones de transparencia.

Y en segundo paso, será generar también una cultura de la transparencia en todos los sectores de la sociedad y saber que la transparencia no sólo es para aquellos grandes temas relacionados, por ejemplo con la seguridad, es para mejorarles su vida diaria, para saber cómo se utilizaron los fondos relativos, por ejemplo, a programas de apoyo, para saber qué es lo que está haciendo su gobierno municipal en remediar las calles, por ejemplo.

Debemos estar conscientes de que la transparencia es una herramienta ciudadana para mejorar la calidad de vida y que los órganos garantes tenemos que estar fortalecidos para estar a la altura que esta nueva circunstancia normativa nos impone.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Formula pregunta la Diputada Sharon Cuenca Ayala, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, con su permiso, señor Presidente.

Muy buenas tardes, Comisionada Presidenta, en representación de los grupos parlamentarios del Partido Verde del Senado y de la Cámara de Diputados, le damos la más cordial bienvenida.

Siempre nos va a congratular este tipo de ejercicio, este diálogo, la rendición de cuentas y la transparencia.

Las reformas constitucionales y reglamentarias en el tema, precisamente de transparencia y anticorrupción, sientan las bases hacia un nuevo paradigma en el actuar del servidor público.

Y como usted lo acaba de referir, vamos hacia una nueva cultura, y hacia allá vamos. Es un nuevo paradigma, una nueva relación entre los ciudadanos y las autoridades.

En este contexto, la sociedad civil participó activamente en estas reformas haciéndolas suyas e impulsando, junto con legisladores y académicos, un proceso legislativo pulcro, lo cual se logró con la voluntad de todos.

Estas reformas son incluyentes, son de avanzada y son democráticas.

Quiero decirle, señora Comisionada Presidenta, que los legisladores del Partido Verde, seguiremos abonando a este trabajo, a la construcción de un nuevo marco normativo, porque todavía hay mucho trabajo legislativo por hacer en el tema de transparencia y de anticorrupción.

Ahí estaremos, el Partido Verde presentes, seguiremos trabajando.

En el tema de fiscalización también hay leyes pendientes que tendremos que actualizar para que estén acorde con nuestros dos sistemas, porque se debe dar una normatividad adecuada y progresiva.

En ese tenor, le haré las preguntas siguientes:

El INAI está llamado por ley y materia a ser una instancia articuladora del Sistema Nacional de Transparencia. ¿Cuál ha sido la relación del INAI con los órganos o institutos garantes locales?

Segunda pregunta. ¿Se ha logrado construir el piso mínimo para que los ciudadanos de todo el país tengan las mínimas garantías respecto al ejercicio del derecho de acceso a la información y el derecho de protección de datos personales consagrados en nuestra Constitución?

Es un trabajo arduo, pero queremos saber en qué parte van ustedes.

Hay mucho por hacer todavía. Hay herramientas que tal vez no sean suficientes, pero sabemos que, con este informe, han avanzado bastante.

De manera específica, me gustaría saber ¿en qué parte van en este tema?

Bueno, respecto al tema de gobierno abierto que ya comentó el Diputado Clemente Castañeda, entendamos como gobierno también la parte de tribunales y Parlamento Abierto.

Me gustaría saber, usted mencionó de manera general algunas acciones, si me puede decir de manera específica, ¿qué acciones respecto al Gobierno Abierto, a nivel municipal?

Y también, por supuesto, como Poder Legislativo, ¿en qué podemos nosotros ayudarle para que esta implementación sea más rápida?

Muchas gracias por sus respuestas.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda con sus respuestas, Comisionada Presidenta, por favor.

La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora: Muchísimas gracias por la bienvenida y también por sus preguntas.

Me parece que abonan a la realidad que estamos construyendo, efectivamente faltan también la construcción de leyes con relación a la fiscalización; pero en el ámbito que nos ocupa, me parece importante resaltar que para la completa articulación de este Sistema Nacional de Transparencia se tienen pendientes dos importantes leyes: la Ley General de Datos Personales en Posición de las Autoridades, muy importante para fijar estándares, características y principios de datos personales en un nivel de homogeneidad, pero también no solamente a nivel nacional, sino también en los estados de la República.

Me parece que hay un camino muy largo, actualmente sólo once estados los tienen de manera específica, leyes específicas en materia de datos personales, el resto de la República lo tiene como un límite al derecho de acceso a la información, y constitucionalmente tienen un ámbito y una configuración específica tanto la transparencia y el acceso a la información en su artículo 6o., como la protección de datos personales, y estos cuatro derechos también articulados, el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición consagrados específicamente en el artículo 16 constitucional.

No solamente es tiempo de que se haga un análisis en desarrollo específico de la protección de los datos personales, sino también que no existan tantas diferencias entre nuestra normatividad en el sector público y el sector privado.

Me parece que esa es una mención importante, también parte de todo este Sistema Nacional de Transparencia trabajando en tres pilares fundamentales: la Ley General de Transparencia, la Ley General de Datos Personales y la Ley General de Archivos, que sabemos, señor Senador, que se ha estado trabajando de manera puntual, y esperemos que con estas tres normatividades, bueno, pues se terminen de articular estos esfuerzos que se conjugan en este Sistema Nacional de Transparencia.

¿Cómo vamos con las relaciones? Pues con los órganos garantes, a quienes les agradezco también el gran esfuerzo que hacen las y los comisionados presidentes por estar aquí, miembros del consejo del sistema nacional, trabajando, compartiendo, sobre todo objetivos y responsabilidades, efectivamente nos queda mucho que hacer, efectivamente un reto importante es fortalecer las acciones de vinculación con diversos sectores de la sociedad para generar esos cambios no solamente en el funcionario público, sino desde nivel básico, desde la educación básica, y también, pues todas nuestras actividades se enfocan por hacer acciones específicas que podamos rendir cuentas de resultados muy concretos, como, por ejemplo, el trabajo que se hizo para la guía para prevenir el robo de identidad.

Sabemos que es un problema muy importante que se ha suscitado en los últimos años en nuestro país, la misma Condusef reporta más de 50,000 denuncias de robo de identidad; las guías que ha sacado también para alertar a la población sobre diversos temas y para crear conciencia sobre fenómenos, sobre todo a través o a consecuencia de las nuevas tecnologías de la comunicación.

¿Cómo se le hace para garantizar o cómo estamos haciendo para garantizar? Aquí no hay más que trabajo conjunto y trabajo coordinado. No podemos trabajar órgano nacional con unos objetivos, y los órganos de los estados de manera diferente.

Yo creo que la posibilidad que nos da de articular, esta Ley General de Transparencia, de articular esfuerzos es ir consiguiendo avances, avances que aunque sean graduales vayan siendo significativos, estos avances son y tendrán que ser siempre transparentes y de cara a la sociedad, es una responsabilidad que tenemos como integrantes de estos institutos y de estos órganos garantes, y con este nuevo objetivo y en los temas que usted mencionó en su última interrogante, los temas de gobierno abierto, conscientes estamos de que estos 23 estados que tienen ya ejemplos muy concretos que van en diferente grado de desarrollo de este proyecto co-creación desde lo local, son tan solo el inicio.

Tenemos que hacer que más entidades se sumen a estos esfuerzos, que el programa de acción para nuestro país 2016-2018 se termine de articular, que los temas de parlamento abierto, y estamos en la mejor disposición para trabajar con esta Soberanía cuando se convoque también a sesiones e ir incidiendo en cuestiones específicas que puedan mejorar la calidad de vida en nuestra sociedad.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Comisionada Presidenta.

Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Señora Comisionada Presidenta, bienvenida aquí a la Comisión Permanente, al igual que las señoras y señores integrantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información.

Y yo en primer lugar coincido, como lo ha señalado el Diputado Virgilio Caballero, respecto a que, después de dos años de gestión del instituto, ha llegado el momento de hacer una evaluación de fondo de cuáles han sido los cambios e implicaciones de haber dotado de autonomía constitucional a lo que fue antes el Instituto Federal de Acceso a la Información.

Y esto tiene que partir, por supuesto, de evaluar la forma en que ejerce su autonomía

Y no voy a preguntarle ¿qué tan autónomos son? O ¿cuántos telefonazos o presiones reciben de los sujetos obligados antes de cualquier toma de decisiones en el Pleno del Consejo?

Sino que creo que hay indicadores muy puntuales que nos permiten evaluar hoy, 2 años después, la forma en que el instituto ejerce las facultades y funciones que le otorga la Constitución y las leyes secundarias, y la congruencia en los criterios y lineamientos que ha establecido en la toma de sus decisiones.

Por supuesto, ha sido un proceso muy intenso de rediseño y construcción del nuevo entramado institucional en materia de transparencia y acceso a la información, en donde, pues, iniciamos en septiembre de 2012, y coincido con usted, todavía no hemos cerrado el ciclo de completar las reformas o las leyes secundarias que van a integrar el conjunto del Sistema Nacional de Transparencia, y falta que la Cámara de Diputados dictamine la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Sector Público, y la Ley General de Archivos, que espero sea presentada la iniciativa dentro de 15 días, en la última sesión de la Comisión Permanente, si logramos ponernos de acuerdo en el grupo plural que la está diseñando.

Pero, dentro de estos indicadores, yo creo que uno de ellos es el de la coordinación, que se establece a partir de que el instituto encabeza el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y establece mecanismos de relación y vínculo con el INEGI, el Archivo General de la Nación y la Auditoría Superior de la Federación, que ya nos han señalado, falta integrar el secretariado técnico el sistema, que es una de las omisiones.

Pero dentro del sistema se incorporan también los órganos garantes de las entidades federativas, y uno de los objetivos de la reforma fue garantizar dos aspectos fundamentales en el diseño de todo el sistema: una verdadera autonomía de los órganos garantes locales y la armonización de la legislación en materia de transparencia en todas las entidades federativas, dada la enorme desigualdad que había entre el desarrollo institucional de los órganos garantes y sus propias leyes.

Yo quisiera conocer, en primer lugar, ¿qué valoración tiene? Hizo una referencia en su primera intervención respecto a esta armonización.

Y, ¿si se ha logrado, aquí ya han señalado datos de omisiones o de, incluso, contradicciones constitucionales en la legislación local, si se ha logrado este objetivo que nos planteamos con la reforma?

El segundo indicador tiene que ver con el ejercicio de los medios de impugnación y la facultad de atracción que se le otorgó al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, toda vez de que se trató de fortalecer particularmente el derecho de los ciudadanos cuando existieran limitaciones al acceso de información en las distintas entidades federativas.

Y ahí sí quisiera preguntarle, ¿cuáles son los criterios que ha establecido el instituto para ejercer la facultad de atracción, cuando los órganos garantes locales no han permitido el acceso a la información de los ciudadanos?

Y, ¿si esta situación de atracción es una excepción o se convertirá en regla? Sé que hasta ahora no la han ejercido porque tienen diferendos en la discusión dentro del propio consejo.

Pero sí quiero conocer su valoración respecto a ¿cuáles deberían ser los criterios básicos para ejercer esta facultad ante las omisiones de los órganos garantes en los estados?

Y finalmente, y creo que esta es la más importante, ¿cómo ejerce el instituto su facultad en la interposición de los medios que permitan mantener el control de constitucionalidad en el ejercicio de sus funciones?

Que no es un asunto menor, y esto es importante porque, lamentablemente, considero que ha habido criterios encontrados en algunas de las resoluciones que el instituto ha adoptado.

Reconozco también lo que ha señalado, las resoluciones del instituto respecto a los hechos de Ayotzinapa, respecto a los problemas del medio ambiente en Sonora, el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y las comunidades indígenas.

Pero hay cuatro resoluciones sobre las que no hay certeza de la resolución que adopta el propio instituto.

En primer lugar, sobre los hechos acaecidos en Tlatlaya, en el Estado de México, donde una vez reclasificados los hechos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como violaciones graves a los derechos humanos, en donde se presentaron ejecuciones extrajudiciales, hubo un requerimiento de información sobre el cual el instituto mantuvo una reserva alegando la existencia de un amparo, que elementos de las Fuerzas Armadas presentaron ante la autoridad judicial y se los otorgó, y en ese sentido, el instituto resolvió reservar la información hasta que se resolviera el amparo. Cuando, de acuerdo a lo que dice la ley, no existe reserva alguna en los casos acreditados de violaciones graves a los derechos humanos, y ahí ya lo había referido con toda precisión la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué esa reserva?

Al igual que una reserva de información que hizo una persona que requirió fotografías respecto a los hechos ocurridos en 1968 en la Ciudad de México, para poder acceder a fotografías que están en la galería uno del Archivo General de la Nación, en donde la negativa para otorgar esta información por parte de instituto fue basada en dos argumentos.

Uno, que la fotografía podía identificar plenamente a la persona y esto vulnerar su derecho a la privacidad o, incluso, llevar a una situación de discriminación, cuando también en este caso se trata de violaciones graves a derechos humanos ya acreditadas.

Y se fundó en la segunda parte de la argumentación del consejo, en el artículo 27 de la actual Ley Federal de Archivos, que reserva la información de datos personales históricos, que eso no existe en ninguna otra parte del mundo, por 30 años, o el exceso de datos sensibles si tiene reserva hasta de 70 años, en esos dos casos no procedía la reserva de la información tratándose también de la violación de derechos humanos.

Y finalmente, para no alargarme en estos medios de control constitucional, hay dos aspectos: uno, el cual fue omiso; y el otro no lo abordó el instituto en su discusión.

Uno tiene que ver con las reformas que se hicieron a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en donde se negó el instituto a iniciar la acción de inconstitucionalidad respecto a lo que determinó la ley sobre la geolocalización de los equipos móviles de comunicación en tiempo real, lo cual a juicio no solamente de muchos legisladores, sino de organizaciones de la sociedad civil, constituye una invasión al derecho de privacidad de las personas, situación que se replicó al Código de Justicia Militar y al Código Militar de Procedimientos Penales donde se faculta también a ejercer este tipo de geolocalización en tiempo real por parte de la autoridad militar contra civiles, lo cual no solamente viola el derecho a la privacidad de las personas, sino también viola un fundamento elemental de nuestra Constitución, el hecho de que los civiles no pueden ser investigados por la autoridad militar, porque en estos casos ha habido criterios diferenciados, cuando en los casos de Tlatlaya y en otros pudieron haberse apegado estrictamente a la interpretación de respeto a los derechos humanos y el otro a las garantías civiles, a la privacidad en particular, y a la no intromisión en la vida privada de ninguna autoridad, en este caso militar, sobre asuntos de la vida civil.

Gracias por su atención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda, Comisionada Presidenta, con sus respuestas.

La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora: Muchísimas gracias, señor Senador, por su compromiso siempre con la transparencia, por su participación también tan activa en las giras por la transparencia que tuvimos, incluso, oportunidad de participar conjuntamente con los Senadores Laura Rojas, María Cristina Díaz, Enrique Burgos, Armando Ríos Piter, Escudero Morales y Lisbeth Hernández Lecona, siempre con un compromiso muy firme por lograr esto que nos indica en la primera parte de sus cuestionamientos sobre dos temas fundamentales: el proceso de armonización, como una parte sin la cual no se puede seguir avanzando en materia de transparencia y rendición de cuentas; y el gran compromiso que se necesita de los estados de la República para que así sea, y en este caso, este esfuerzo conjunto entre esta Honorable Soberanía que nos permitieron sumarnos como INAI para esta gira por la transparencia, que sabemos que fue sólo un inicio de los esfuerzos que se han venido realizando por parte de los estados.

En el tema de autonomía siempre nos hemos sostenido, y me parece que también fue, incluso, alguno de los intercambios de ideas que tuvimos en Veracruz, si mal no recuerdo, el tema de autonomía de nuestras decisiones, en donde siempre hemos sostenido que la autonomía de nuestras decisiones se refleja precisamente en eso, en nuestras decisiones siendo públicas y siendo transparentes, difundiendo cuáles son los criterios de interpretación que tenemos, en el respeto a un compromiso muy grande dentro de un trabajo colegiado, de un colegiado muy plural, como es afortunadamente este del Instituto Nacional de Transparencia, en donde nos da la oportunidad, incluso con diferentes perspectivas de formación y de visión que tenemos los comisionados para poder debatir y llegar en algunos casos en decisión unánime y en algunos otros casos en decisión dividida, pero como es la naturaleza del colegiado, hacer y a incidir en situaciones muy concretas y muy específicas.

Efectivamente, cómo hemos o cómo también tratamos de que esta autonomía se refleje no solamente en el órgano nacional, sino en los órganos de los estados, con un gran respeto que tenemos por todo ese ámbito de facultades que tienen los órganos de transparencia de los estados de la República, también promover el proceso de selección de las y los comisionados integrantes de los órganos de transparencia, tal y como se llevó a cabo para elegir a este colegiado en el INAI, de manera abierta, de manera transparente, con etapas públicas, en donde públicamente fuimos y se dio un posicionamiento.

Se hicieron varias etapas de selección, con la importante participación siempre del Comité de Expertos de la Sociedad Civil y de que estos ejercicios tan abiertos y plurales se puedan replicar en los estados de la República con el nivel y con el número de comisionadas y comisionados en cada uno de los órganos garantes. Y esto lo hemos promovido, sobre todo muy conscientes del ámbito de sus respectivas competencias.

En el ejercicio de los medios de impugnación es una nueva facultad para el INAI, hay que recordar que la ley es muy clara, que dice que los casos que así lo ameriten por su especial relevancia o trascendencia. Hemos tenido algunas solicitudes de ejercer esta facultad bajo los criterios que se puedan acreditar, relevancia o trascendencia, no hemos tenido asuntos todavía a discusión en el pleno, pero nos dará mucho gusto seguir recibiendo estas solicitudes de nuestros compañeros de los órganos de los estados y mostrar cada uno los criterios que se utilizan para calificar la especial relevancia o trascendencia. ¿Por qué? Porque el INAI no se puede convertir en un órgano revisor en automático como una segunda instancia.

La ley es muy clara con todas las responsabilidades que nos asigna, ¿qué tienen que hacer? Solamente en ciertos casos que acrediten estas dos particularidades, que es lo que tenemos que trabajar y por eso estamos trabajando a través el Sistema Nacional de Transparencia para crear los lineamientos de interpretación. No se puede interpretar en un gran sistema de diferente manera en los órganos garantes de las entidades federativas, esto nos llevaría a resoluciones que ya sepamos pueden ser contrapuestas, y esto nos llevaría a tener mucho más solicitudes de este tipo y, bueno, como siempre en las decisiones que toma el pleno, en los plenos de todos los miércoles, exceptuando en casos tan importantes como el día de hoy que lo adelantamos, para que así sea, y sean solamente los menos casos que se tengan que resolver ante esta circunstancias, y eso nos otorga una mayor responsabilidad también de no convertirnos, insistimos, en una segunda instancia en automático, sino de señalar y subir, sobre todo, a discusión pública aquellos casos de los estados que así lo ameriten.

Y respecto al control de constitucionalidad, efectivamente, hemos tenido unos intercambios de ideas en los plenos públicos respecto a casos tan importantes, efectivamente, como Tlatlaya, en donde tenemos suspensión también y por eso no se abrió la información. Efectivamente, el sentido de la resolución fue, en tanto se resuelva, se reserva esa información, consciente, insistimos, de que una etapa tan compleja, sobre todo para la definición de criterios de interpretación va a haber, en algunos casos, la valiosa intervención, tanto de tribunales, como dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para brindarnos también a nosotros ciertos criterios que nos permitan tener mucha mayor certeza, sobre todo en esas partes novedosas que tanto la nueva ley general en la materia, como la nueva ley federal, que también tiene obligaciones adicionales, nos señala como instituto.

Y conscientes estamos de que en muchas ocasiones tenemos el compromiso con dos importantes derechos. Por una parte, está la transparencia y el acceso a la información; por otra parte, el resguardo y la protección de los datos personales y la privacidad, y han sido casos muy específicos en donde como este caso de la Ley Federal de Telecomunicaciones escaló también a un criterio de la Corte donde ya resolvió, demostrando la constitucionalidad o pronunciándose por la constitucionalidad de ese tipo de geolocalizaciones, y son decisiones muy importantes que nos irán guiando también nuestro actuar como instituto.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Comisionada Presidenta.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, señor Presidente.

Dar la bienvenida a la Presidenta del INAI, a la Comisionada Ximena Puente, y por supuesto también a los demás comisionados integrantes del pleno del INAI.

También quiero saludar a los 24 presidentes y comisionados de los órganos garantes locales que el día de hoy acompañan al INAI en la presentación de este Informe de Labores. Y también a Mercedes de Vega, Directora del Archivo General de la Nación.

Comisionada Presidenta, antes de hacer mi pregunta yo quisiera decir, en alusión a algunos comentarios que se han hecho aquí, que el Congreso está muy consciente de los temas que tenemos pendientes en relación a la consolidación del Sistema Nacional de Transparencia, estamos trabajando fuertemente en las leyes pendientes.

En la Cámara de Diputados estoy segura de que en el próximo periodo ordinario aprobarán la Ley General de Protección de Datos Personales, y nosotros tenemos el compromiso de presentar la iniciativa de Ley General de Archivos, también en el próximo periodo.

Vale la pena, para que el público lo sepa, que hemos estado trabajando fuertemente en la construcción de una iniciativa de consenso entre las distintas fuerzas políticas, que ese esfuerzo está siendo coordinado dentro de nuestro grupo plural de Senadores por el Senador Alejandro Encinas, y que ésa es la razón por la cual no hemos presentado la iniciativa, porque estamos haciendo un esfuerzo, igual que lo hicimos con la Ley de Transparencia y la de Datos, de presentar una iniciativa que desde el principio tenga el respaldo de todos los grupos parlamentarios.

Bueno, dicho eso, yo quisiera pedirle, Comisionada, si pudiera ser un poco más específica sobre los retos que ha habido en la implementación de la ley general en los nuevos sujetos obligados.

Usted ya ha hecho la mención de que, en efecto, es un reto, pero sí quisiéramos conocer, a efecto de poder también nosotros contribuir en la implementación, cuáles han sido los retos que se han presentado en cuanto a partidos políticos, sindicatos, el propio Poder Legislativo, el Poder Judicial, el resto de los órganos autónomos, porque casi siempre fijamos la atención en el Ejecutivo Federal, pero hay que recordar que son todos estos nuevos sujetos obligados.

Sobre el Poder Legislativo, mencionar que, en efecto, ya está aprobada tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados, la Comisión Bicameral de Parlamento Abierto, que la regresó la Cámara de Diputados precisamente para armonizar con la Ley General de Transparencia, y esperamos que también en este periodo ya podamos tener nuestra Comisión Bicameral de Parlamento Abierto, para poder cumplir plenamente, y en el marco de la alianza por el gobierno abierto, con los compromisos del Congreso.

También preguntarle, Comisionada, sobre los retos en la implementación, sobre todo a nivel local y de manera más puntual.

Nosotros hemos detectado en el Congreso retos de dos tipos. Un primer reto, que tiene que ver con cierta resistencia política a la armonización a nivel local de la propia ley general. Como ejemplo están las acciones de inconstitucionalidad, que también ya se hicieron mención, en los estados de Querétaro, Tabasco, Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala y la Ciudad de México, reconociendo que Querétaro y Oaxaca ya hicieron las adecuaciones.

Pero si bien usted mencionó que eran un porcentaje muy pequeño de toda la ley las cosas que se observaron o que dieron origen a las acciones de inconstitucionalidad, sí quiero destacar que son pocas cosas, pero cosas muy importantes, muy sustantivas.

Por ejemplo, en algunas de estas leyes se incorporaban causales de clasificación de la información que no estaban previstas en la ley general, es decir, más causales para clasificar como reservada, confidencial la información; se omitían algunas obligaciones de transparencia básica relacionadas con partidos políticos o sindicatos; se establecían excepciones para algunos sujetos obligados, para que no tuvieran Comité de Transparencia, o se intentaba utilizar o trasladar a nivel local conceptos de seguridad nacional o inventar, incluso, el concepto de seguridad estatal, porque no existe.

Entonces, es por eso que nosotros seguimos viendo cierta resistencia política en algunos estados, por supuesto no en todos afortunadamente, sobre este tema.

Y el segundo reto que nosotros vemos, por supuesto, es el de las capacidades institucionales y presupuestales, a las cuales me referiré un poquito más adelante.

En este sentido, también de las resistencias políticas, pues también destaca que el gobernador de Veracruz y el gobernador de Aguascalientes no han promulgado las leyes estatales de transparencia, aunque ya fueron aprobadas por su Congreso.

Nos llama mucho la atención, y bueno, desde aquí aprovechamos para hacer un llamado a estos dos gobernadores, al gobernador Javier Duarte y al gobernador Carlos Lozano, para que a la brevedad promulguen las leyes y de esa manera dejen de limitar el ejercicio pleno a sus ciudadanos.

Finalmente, en el tema de presupuesto, aquí quisiera preguntarle, Comisionada, ¿qué acciones puede hacer el INAI? Y por supuesto, nosotros también nos sumaremos a través de nuestras bancadas de diputados locales.

El PAN va a estar pidiendo que así como el Congreso Federal le otorgó al INAI un presupuesto bastante importante para que pudiera cumplir con sus nuevas funciones en el marco de la reforma constitucional, pues también tenemos que fortalecer presupuestalmente a los órganos garantes a nivel local y a los comités en las Unidades de Transparencia nivel local, porque no podemos esperar que las leyes general y locales se implementen si no cuentan con presupuestos.

Eso lo tenemos que ir previendo no solamente para el tema de transparencia, sino eventualmente cuando se apruebe la Ley General de Archivos, también para el tema de archivos, y eso lo sabemos todos. Si no tenemos los archivos ordenados y en buen estado, no hay manera de ejercer el derecho de acceso a la información pública.

Entonces, bueno, éstas serían mis preguntas, Comisionada, y por supuesto hacer un llamado.

También estamos preocupados por el tema de la plataforma nacional. Ya usted comentó lo que tenía que comentar, pero por supuesto sí es un tema que ojalá se resuelva a la brevedad, porque a pesar de que no se ha restringido, como usted ha dicho, el derecho de acceso a la información, la plataforma lo facilita.

Ese es justamente el propósito de la plataforma, facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, y por eso es que igual que todos los procedimientos que pusimos en la ley general, se trata de facilitar el derecho de acceso.

Finalmente, ahora sí ya, una propuesta que ya hemos platicado, pero haciendo referencia lo que usted comentó del tema internacional, sí creo que vale la pena que pudiéramos hacer ya una estrategia conjunta entre el Congreso y el INAI para impulsar la actualización de la ley modelo de la OEA en materia de transparencia, una ley de protección de datos personales que el Secretario Almagro anunció en su último discurso de la sesión de la Asamblea, no me acuerdo cómo se llama exactamente el órgano de la OEA, que ya lo van a hacer, y creo que algo tuvimos que ver nosotros en eso; y una ley modelo de archivos bajo el liderazgo de México.

Creo que tenemos cartas suficientes para que nuestro país abandere ese trabajo, y hay que juntos insistir a través de la Cancillería, en que estas iniciativas sean presentadas formalmente en la OEA.

Muchas gracias por sus respuestas, Comisionada Presidenta.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda, Comisionada Presidenta, por favor.

La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora: Muchas gracias, Senadora Laura Rojas.

También nuestro reconocimiento porque siempre hemos tenido su apoyo y participación activa con todas las actividades y también responsabilidades del instituto.

Siempre hemos celebrado y reconocido el compromiso de este Senado de la República para hacer de estos proyectos con temas tan importantes como la transparencia, procesos abiertos donde el propio instituto agradece esta posibilidad que hemos tenido, que nos han convocado para escuchar nuestra posición en las leyes relativas a la transparencia, a datos personales, que sabemos que particularmente es un tema que usted ha impulsado de manera muy puntual para establecer una legislación de vanguardia que ahora efectivamente ya está en la Cámara de Diputados y estos procesos tan importantes, sobre todo esta necesidad de lograrlos a través de consenso, porque así con temas tan relevantes para la vida de nuestro país, pues se va avanzando con resultados concretos y con la participación siempre de la sociedad civil en este tipo de iniciativas, todos estos procesos, todos los hemos visto, nosotros como parte del INAI hemos sido partícipes, situación que siempre, no sólo reconocemos, sino agradecemos esta oportunidad que nos han dado de participar activamente en esta configuración de estas leyes y, por supuesto, con la mejor disposición para seguir con esta relación tan respetuosa con el honorable Senado de la República.

Son efectivamente, nuevos sujetos obligados.

Me parece que aquí hay dos temas que se han visto con una particular puntualidad de toda esta nueva realidad: el tema de los sindicatos, el tema cuya comisión al interior del Instituto coordina la Comisionada Patricia Kurczyn, con este acercamiento tan importante que ya ha habido a los sindicatos, un llamado y nuestra total disposición para ser acompañamiento, precisamente en esta etapa, que son con el cumplimiento de estas nuevas obligaciones de materia de transparencia e invitar también a las demás organizaciones sindicales a que se acerquen con el Instituto para poder llevar estos procesos e ir completando esta transición para los nuevos sujetos obligados.

Y el otro tema fundamental es el tema de los partidos políticos coordinado por el Comisionado Acuña Llamas que, como ustedes saben, fueron públicos estos convenios con cada una de las fuerzas políticas de nuestro país para sumar de manera proactiva y ahora en cumplimiento de una obligación legal el tema de los partidos.

En dónde estamos, sobre todo en el cambio de que los recursos de revisión no solamente es un tema de obligaciones de transparencia, es un tema de resolución de los recursos de revisión de todos estos nuevos sujetos obligados, de esta nueva realidad nacional, nos referimos puntualmente, Poder Legislativo, Poder Judicial, que ha hecho estas transformaciones también para que sus áreas técnicas puedan dar cumplimiento, siempre hemos estado pues muy atentos y también con la mejor disposición del Poder Legislativo, pues de poder colaborar en esta etapa tan decisiva, sobre todo de la transición al cumplimiento de estas nuevas leyes y de la responsabilidad.

Cuestiones de resistencia política, efectivamente, Senadora, tanto en el análisis desde las disposiciones constitucionales se advirtió en algunos estados y hemos estado muy en contacto con las entidades federativas, cuestiones muy puntuales que pudieran incidir en la no observancia completa de estas nuevas disposiciones desde la constitución de los estados, en varios estados de la República se tuvo que hacer, y eso hay que decirlo, procesos de reforma de sus constituciones para poder dar pie a los procesos de las reformas de las leyes de transparencia. Por eso, bueno, pues varios de los estados, efectivamente fueron al final los procesos que más se dieron de progresión de las leyes de transparencia.

Hay dos estados con una particularidad, los estados de Aguascalientes que no se han publicado por un veto que el gobernador hizo con observaciones, también partiendo de observaciones que el propio Instituto había hecho con respecto a la ley, otras más que ellos agregaron, y esto hay que decirlo, y entendemos que está dentro del procedimiento legislativo que el propio Congreso del estado de Aguascalientes tiene, estaremos como Instituto muy atentos y, sobre todo, siendo puntual seguimiento y esperemos que se pueda llegar a publicar, pues muy pronto esta ley ya con las observaciones que hicimos y pues con la mayor responsabilidad de lo que implica y en el estado de Veracruz, que no se tiene, ya se tiene la aprobación, pero no se tiene la publicación de la ley y, bueno, pues aquí también hacemos un respetuoso llamado en el ámbito de nuestras respectivas competencias para que estas dos leyes se puedan publicar y cerrar así todo este proceso que se ha venido trabajando con las entidades federativas.

Del tema de presupuesto, tenemos diferencias sustanciales, me estoy refiriendo como país y siempre hemos agradecido esta disposición de apoyo del instituto que efectivamente del año 2014 a 2015 hubo un incremento importante para hacer frente a nuestro presupuesto, a esta nueva realidad, tenemos en promedio per cápita diferencias que van desde los 2 hasta los 19 pesos por habitante.

Esto nos da una realidad no solamente plural, sino muchas veces con obligaciones que ya tenemos respecto a la nueva legislación que son muy complicadas de atender, hay una propuesta de un fondo federal, del fondo “Aporta”, que con mucho gusto estaremos en la mejor disposición de poder celebrar alguna reunión de trabajo para ver de qué manera se puede reactivar este proyecto tan importante, con lo cual podríamos contribuir también a estos estados de la República y lograr este piso parejo que no solamente sea en la norma, sino también que sea en la realidad.

Y respecto al trabajo internacional, me parece que México tiene legislación que deberíamos de fortalecer y, por supuesto, tomamos con un gran gusto, agrado y responsabilidad esta propuesta que usted hace de trabajar conjuntamente.

Hay dos iniciativas: una muy importante que está realizando la OEA desde el año 2014, que ya tenían una iniciativa, se ha fortalecido en 2015, para poder incidir en que hay una ley modelo en materia de acceso a la información.

México, insistimos, tiene el primer organismo constitucional autónomo garante de la transparencia. En todos los países nos preguntan de quién dependemos o cómo está nuestra configuración y, bueno, pues este modelo que se tiene de transparencia con todos los sujetos obligados estaremos en la mejor disposición de contribuir.

En el tema de datos personales se ha hecho un gran trabajo, ahora el INAI presidiendo la Red Iberoamericana de Datos Personales en los diferentes foros internacionales. En el Foro del APA siempre nos preguntan, sobre todo a nivel latinoamericano, lo que se está haciendo, y ya se está trabajando iniciativa también del INAI conjuntamente con la Agencia Española de Protección de Datos Personales, hacer unas disposiciones que pudieran servir de principios generales en materia de datos personales para impulsar la creación de leyes en latinoamérica al respecto.

Con mucho gusto nos sumamos a esta importante iniciativa, sobre todo para incidir. Sabemos que se ha hecho desde el Senado de la República un trabajo sumamente activo en materia de relaciones internacionales para potencializar todo este trabajo legislativo que tanto esfuerzo ha costado.

Entonces para el INAI es una parte de responsabilidad actuar ante esta realidad, y también incidir de manera concreta a nivel internacional.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Formula pregunta la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Carmen Dorantes Martínez: Gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros legisladoras, servidores públicos, muy buenas tarde.

Doctora Ximena Puente de la Mora, sea bienvenida al Senado de la República para presentar el Informe de Labores 2015.

Reconocemos en usted, así como a todos los comisionados, su compromiso para seguir impulsando la transparencia como un bien indispensable de nuestra vida democrática.

Hoy el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es una institución sólida que garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder a cualquier información pública.

Gracias a sus resoluciones, gestiones e intervenciones frente a los sujetos obligados, hoy tenemos una sociedad más informada, más participativa y más interesada en los asuntos públicos. Nadie puede poner en duda que el INAI está cumpliendo con todos los sectores de la sociedad, se ha convertido en el intermediario por excelencia para que los ciudadanos puedan ejercer mayor control y vigilancia sobre sus gobernantes y ciudadanos.

Durante 14 años, primero como IFAI, la institución que preside ha sido un referente para consolidar la transparencia y la rendición de cuentas. No me queda la menor duda que en los próximos años seguirá siendo fundamental para combatir los flagelos que más daño han hecho a nuestra Nación: la corrupción y la impunidad.

Con la nueva Ley de Transparencia ahora no solamente los gobiernos, sino también los legisladores, jueces, partidos políticos, sindicatos, personas físicas y morales, que reciban recursos públicos, así como directivos de fideicomisos y fondos públicos estamos obligados a hacer pública toda la información, incluyendo las relativas al ejercicio de sus funciones, el gasto público y sus principales decisiones.

Un avance importante es que la mayoría de las instituciones públicas, incluyendo a este Senado de la República, cuentan con unidades de transparencia para facilitar la atención de las solicitudes de información de la ciudadanía. Los trámites han dejado de ser tortuosos y burocráticos en tan sólo 15 días se obtiene información y respuestas de ésta misma.

Las resoluciones del INAI desde el año pasado son definitivas e inacatables. Para todos los sujetos obligados ningún sujeto podrá esconder información o negar a publicarla so pena de las sanciones que los propios comisionados impongan a los que incumplen la ley.

Tenemos más de una década implementando la transparencia, todos, gobiernos, legisladores, partidos políticos, sociedad civil y ciudadanos. Hemos aprendido que es necesario informar al realizar nuestro quehacer como servidores públicos con la máxima publicidad.

Y por ello quiero referirme a estos datos que durante 2015 recibió un total de 120 mil 813 solicitudes de información ingresadas a la Administración Pública Federal en el INAI.

En el primer semestre de 2016 ha recibido más de 3 mil 700 recursos en materia de acceso a la información, de los cuales el 81 por ciento han sido solventados; ha aplicado 22 sanciones económicas cuyo monto supera los 50 millones de pesos.

De enero de 2012 a junio de 2016 el total de multas supera los 235 millones de pesos; ha recibido 232 denuncias en materia de protección de datos. Tomando en cuenta la importancia del INAI en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, Comisionada Presidenta, quiero realizarle dos preguntas:

¿Cuál es el papel que desempeñará dentro del Sistema Nacional Anticorrupción para Detectar, Prevenir y Sancionar los Actos de Corrupción? Y finalmente, ¿De qué manera el Sistema Nacional de Transparencia del que el INAI es miembro, se coordinará con el Sistema Nacional Anticorrupción para promover la transparencia y el acceso a la información, como elementos intrínsecos del servicio público y para combatir la opacidad y sancionar a quienes cometan ilícitos desde sus cargos públicos?

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda, Comisionada Presidenta.

La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora: Muchísimas gracias, Senadora por estas preguntas tan relevantes y, sobre todo, por hacer cuenta del trabajo que las y los comisionados hemos realizado en el ámbito también de nuestras facultades, de nuestras atribuciones.

Yo quiero reconocer también el gran trabajo de cada uno de los integrantes de este Pleno, a través de comisiones, a través del trabajo intenso con diversos estados de la República, lo que hace un verdadero trabajo colegiado al que no nos corresponde más que coordinar de alguna manera los esfuerzos de las y los comisionados que conformamos este Pleno.

Efectivamente, tenemos resultados en materia de acceso a la información, pero también en materia de datos personales, con un total de multas de casi 84 millones de pesos en el 2015 y con un acumulado de alrededor de 235 millones de pesos en materia de datos personales en posesión de los particulares.

Y un tema fundamental para nuestro país es efectivamente la articulación y la puesta en marcha de este Sistema Nacional Anticorrupción.

La aprobación de las leyes secundarias, la articulación no solamente de lo que ya está aprobado, sino lo que esto que ya está aprobado implica, es decir, por ejemplo en las modificaciones que se tendrán que hacer a los códigos penales para la tipificación de ciertos delitos y que esa tipificación sea de alguna manera homogénea en los estados de la República, pero sobre todo con una gran responsabilidad de la pertenencia del Comité Coordinador.

En lo que nos va a permitir tener una participación activa dentro de las labores de este gran Sistema Nacional.

Incidimos y ratificamos la enorme responsabilidad que tiene también la configuración de este comité ciudadano que va a hacer el enlace de todas estas organizaciones de la sociedad civil que tanto han participado desde hacer hincapié en la necesidad de contar con una normatividad, ahora como parte de este Comité Coordinador, y algo fundamental: la integración de la Fiscalía.

¿Cómo se va a trabajar? Conjuntamente, por una parte, el Comité Coordinador con todas las instancias que lo conformamos y cómo vamos a trabajar de manera coordinada y de manera conjunta con la designación del Fiscal Nacional Anticorrupción.

Hacer hincapié en la responsabilidad que tenemos, efectivamente, de trabajar de manera coordinada.

Estos dos sistemas de articular las instancias que tenemos a nivel nacional, pero de articularlas también con las entidades federativas.

En eso asumimos esta responsabilidad, como comisionadas, como comisionados que tenemos de esta participación activa y de articular los esfuerzos en estos dos grandes sistemas, porque insistimos que la transparencia es base fundamental para el combate a la corrupción.

Ahora hay nuevas herramientas, ahora hay nueva normatividad, ahora, efectivamente, hay nuevos sujetos obligados e instituciones para hacer cumplir la ley.

¿Qué necesitamos? Fortalecer estas instituciones, bajar estos esfuerzos y coordinarnos con las entidades federativas que son pieza clave también para el correcto funcionamiento y generar esta nueva cultura pública para lograr finalmente el México abierto y transparente que las y los mexicanos estamos demandando.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Muchas gracias, Comisionada Presidenta.

Se ha agotado el turno para formular preguntas.

Y con la recepción del informe, hemos dado cumplimiento a lo que dispone el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En sus respectivos escaños cuentan con un ejemplar del informe que hemos recibido.

El documento se remitirá para su conocimiento a las Cámaras del Congreso de la Unión, las cuales en uso de sus facultades constitucionales harán el análisis y la evaluación de su contenido y de ser el caso convocarán a la Comisionada Presidenta para que amplié la información que se nos ha presentado.

Agradezco también la presencia de las y los señores comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Ruego a la comisión que ha sido designada, acompañe a nuestros invitados hasta las puertas de este recinto.

Ruego a las y los señores Senadores permanecer en sus lugares para continuar con la sesión.

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
PATRICIA SÁNCHEZ CARRILLO

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Señores legisladores, les comunico que continuamos con la sesión.





 

Les informo que la Mesa Directiva suscribió un pronunciamiento con motivo de los daños ocasionados por el huracán “Earl” y la tormenta tropical “Javier”.

Solicito a la Secretaría dé lectura al pronunciamiento.

PRONUNCIAMIENTO

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señora Presidenta. Doy lectura al pronunciamiento.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el pronunciamiento.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el pronunciamiento. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias. Aprobado el pronunciamiento. Comuníquese.





 

MINUTO DE SILENCIO

Tal y como fue solicitado por la Diputada Evelyn Parra Álvarez, solicito a la Asamblea que, puestos de pie, guardemos un minuto de silencio por las víctimas de estos desastres.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias, con la aprobación de este pronunciamiento se tienen por atendidas las diversas proposiciones con punto de Acuerdo en la materia que los legisladores registraron para esta sesión.





 

El siguiente apartado del Orden del Día es la discusión de dictámenes que presentan las comisiones y sobre los que no hay reserva.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de ellos.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señora Presidenta. Doy cuenta con los dictámenes.

Tenemos doce dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1.- Por el que la Comisión Permanente se pronuncia para que los estados de la República en que se presente cambio de gobierno, el proceso de transición se realice con estricto apego a derecho y a lo que más convenga a la ciudadanía.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

2.- Por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a presentar un diagnóstico sobre la problemática de invasión de predios.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

3.- Por el que se desechan las proposiciones sobre el proceso de transición que se está llevando a cabo en el gobierno del estado de Veracruz y la relativa a promover acciones de inconstitucionalidad tendientes a revertir el paquete de reformas aprobado en el estado de Quintana Roo.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

4.- Por el que se exhorta a informar sobre la solventación de las observaciones realizadas al gobierno del estado de Michoacán, relativas a las cuentas públicas 2011 a 2014.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

5.- Por el que se exhorta a informar sobre los avances en la estrategia en materia de seguridad pública que se ha implementado en el país.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

6.- En torno a la investigación de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan, Puebla.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

7.- Por el que se solicita al gobierno de estado de Sinaloa un informe sobre la situación en que se encuentra el desahogo de las observaciones derivadas de la revisión de la cuenta pública realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en los años de 2008 a 2014.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

8.- Por el que se exhorta al ayuntamiento del municipio de Orizaba a informar sobre los avances de las negociaciones entre el gobierno municipal y los vendedores indígenas náhuatl de la comunidad de Ixhuatlancillo, Veracruz.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

9.- Por el que se solicita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que informe sobre las acciones y recursos destinados desde el año 2014 para garantizar la atención y reparación del daño a víctimas en el país.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

10.- Por el que se solicita considerar la viabilidad de implementar acciones que permitan en todas las entidades federativas contar con fiscalías especializadas en delitos electorales.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

11.- Por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal que realice las acciones inherentes al establecimiento del “Día Nacional del Ejecutivo de Recursos Humanos”.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

12.- Por el que se da por atendida la proposición que exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México a garantizar el cuidado y bienestar animal en los zoológicos.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

También tenemos un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo la construcción de una escultura en honor a la leyenda popular de la lucha libre mexicana, “Blue Demon”.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Asimismo, tenemos 17 dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo.

1.- Por el que se solicita realizar un estudio para determinar y construir un esquema idóneo a fin de que personas con discapacidad tengan acceso anticipado al seguro de retiro, cesantía de edad avanzada y vejez.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

2.- Por el que se exhorta a evaluar la posibilidad de incluir dentro del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para 2017, la construcción de un Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en el municipio de Córdova, Veracruz.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

3.- Por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato y al gobierno municipal de Salamanca a llevar a cabo acciones que eviten la contaminación del río Temascatio.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

4.- Por el que se exhorta a llevar a cabo los estudios necesarios que permitan evaluar la efectividad del actual programa de manejo del área natural protegida: “Monumento Natural Bonampak”.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

5.- Por el que se exhorta a considerar la inclusión de las recomendaciones emitidas por el Centro Mario Molina en los programas de desarrollo urbano y vivienda.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

6.- Por el que se exhorta a los ayuntamientos de los municipios productores de café a evaluar la pertinencia de destinar un porcentaje del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, correspondiente al próximo ejercicio 2017, para la renovación de cafetales y el combate a la roya del café.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

7.- Por el que se exhorta a remitir un informe sobre las actualizaciones realizadas recientemente al Sistema Nacional de Información Ambiental.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

8.- Por el que se solicita un informe sobre la situación actual de los derechos laborales de las personas contratadas bajo el régimen de subcontratación, previsto en la Ley Federal del Trabajo.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

9.- Por el que se exhorta a remitir un informe sobre las acciones que han implementado para modernizar el transporte público en la Zona Metropolitana del Valle de México.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

10.- Por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a someter a revisión las disposiciones contenidas en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

11.- Por el que se exhorta a estudiar la viabilidad de reclasificar las tarifas por el servicio eléctrico doméstico que brinda la Comisión Federal de Electricidad en el estado de Tabasco.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

12.- Por el que se exhorta a remitir un informe sobre el proyecto “Terminal Marítima Banco Playa” que se pretende llevar a cabo en el estado de Quintana Roo.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

13.- Por el que se exhorta a diseñar durante la actual temporada de camarón de alta mar, un programa emergente de inspección y vigilancia en la zona Pacífico Norte del litoral de Baja California Sur.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

14.- En torno a la explosión del 20 de abril de 2016 en la Planta Clorados III del complejo petroquímico “Pajaritos”, municipio de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

15.- Por el que se exhorta a realizar campañas de difusión para prevenir a la población sobre posibles fraudes en la contratación de servicios turísticos por Internet.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

16.- Por el que se exhorta a informar sobre el estado que guarda el proceso de Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios, relativa al Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

17.- Por el que se exhorta al gobierno del Estado de México a asegurar la aplicación de la norma oficial correspondiente en los “centros de control canino” en todos y cada uno de los municipios del Estado de México.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señora Presidenta.

Adicionalmente, se les informa que la Tercera Comisión solicitó el retiro del dictamen que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a remitir un informe del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, señora Secretaria. Consulto si alguien desea reservar alguno de los dictámenes leídos por la Secretaría.

Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, y así se hace del conocimiento de la Asamblea, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes sobre los puntos de Acuerdo que se han referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Compañeros legisladores, les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva, los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 231 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

(Presentada por el Diputado Miguel Ángel González Salum, a nombre propio y de los Diputados del estado de Tamaulipas del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ SALUM, en mi carácter de Diputado Federal; en nombre propio y de los Diputados Federales del estado Soberano de Tamaulipas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 231 de la Ley Federal de Derechos, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Compañeros legisladores:

La región sur de Tamaulipas alberga uno de los corredores industriales más importantes del país, en el que se han instalado importantes empresas de los sectores de la petroquímica (productoras de PVC, PET, hule sintético, resinas, polipropileno, carbón negro, poliéster, plásticos, etc.), y de servicios logísticos.

Esta región es la principal productora de resinas plásticas del país, con una manufactura anual de 2 millones de toneladas, lo que representa el 70% de la capacidad de producción instalada en el país y 30% de la producción privada de químicos y petroquímicos. Asimismo, es responsable de la producción del 100% del hule sintético del país, la cual se destina tanto al mercado nacional como internacional. Se calcula que tan sólo la industria petroquímica, química y del hule contribuye al 5.92% al PIB Estatal (promedio 2003-2012), y el valor de su producción ascendió, en 2013, a 99 mil 728.22 millones de pesos, monto equivalente al 24.90% del PIB del Estado. Asimismo, los contribuyentes de Altamira generan el 17.5% de los ingresos que percibe el Gobierno de Tamaulipas por concepto de impuestos.

Cabe mencionar que en el año 2013, las industrias químicas exportaron 2 mil mdd., equivalente al 9% de las exportaciones anuales, siendo Tamaulipas el 7º exportador nacional y el 5º a nivel de región Norte.

Asimismo, el Puerto Industrial de Altamira constituye una “plataforma logística desarrollada” que se conecta a 125 puertos de todo el mundo, a través de diversas líneas navieras que prestan el servicio de carga en el Atlántico. Este puerto es estratégico ya que se conecta tanto con el norte como con el centro del país, por lo que muchas de las ciudades más importantes como Monterrey, Saltillo, Reynosa, Matamoros, San Luis Potosí, León, Querétaro, y la Ciudad de México usan este puerto debido a la variedad de enlaces terrestres con los que cuenta (tanto carreteros, como ferroviarios).

Además, tan sólo la industria petroquímica que se ubica en el sur del Estado genera más de 22 mil empleos directos permanentes, lo que representa el 5% de la población ocupada en el sector secundario en el Estado, 80 mil empleos indirectos y provee de insumos a 5 mil PyMES en el país que producen farmacéuticos, textiles, cosméticos, calzado, juguetes, etc.

Esta importante industria asentada en Altamira, fuente de recursos y de bienestar para la población del sur del Estado, se ha visto afectada por las reformas que se aprobaron a los artículos 223 y 231 de la Ley Federal de Derechos durante la discusión y aprobación de la Reforma Fiscal para el Ejercicio Fiscal 2014.

Dichas reformas, que modificaron la forma en que se determina la zona de disponibilidad para los efectos del cálculo del “derecho” por la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales, han provocado que la región Sur de Tamaulipas pase de estar en la zona de disponibilidad 9, en la que estuvo hasta 2013, a la región 2. Esto se ha traducido en que los usuarios industriales del Río Tamesí hayan visto incrementado el costo del agua en más del 300%, ya que pasaron de pagar $1.60 M.N. por metro cúbico (m3) en 2013, a $6.6252 por m3 a partir del 1º de enero de 2014.

El cambio en la zona de disponibilidad se debe a que en la fórmula del Artículo 231 de la Ley Federal de Derechos, que sirve para calcular la disponibilidad relativa de la cuenca, al determinarse la variable Rxy (volumen anual actual comprometido aguas abajo), se toma en cuenta la existencia de una reserva del 30% del agua disponible con fines de protección ecológica (Decreto publicado en el DOF el 26 de marzo de 1999).

Al respecto, es importante remarcar el hecho que, de acuerdo a los propios estudios de la Comisión Nacional del Agua, la disponibilidad del agua en el Río no ha variado, es decir, el río sigue teniendo la misma agua, por lo que es desproporcionado el incremento del costo con fundamento en el cambio de zona de disponibilidad de dicho recurso. En el caso de la región de Altamira, Tamaulipas, que se abastece de la cuenca del Río Tamesí, la existencia de la Reserva del 30% de las aguas establecida en 1999 ocasiona que la cuenca se ubique en la Zona de Disponibilidad 2, lo que se ha traducido en un incremento del 300% en la Tarifa respecto de 2013.

Sin embargo, al ubicarse al final de la cuenca, las aguas reservadas se vierten en el Golfo de México, no siendo aprovechadas o utilizadas de forma alguna.

Es importante recalcar que la disponibilidad del agua en el Río no ha variado de 2013 a 2014, he incluso a 2015, es decir, el río sigue teniendo la misma agua, por lo que consideramos exagerado el incremento que ha tenido el costo del derecho con fundamento en el cambio de la zona de disponibilidad de dicho recurso.

Este incremento en el “derecho” por la explotación, uso y aprovechamiento del agua, está impactando de manera importante los costos de producción y la competitividad de las industrias del sur de nuestro Estado. No sólo lo están resintiendo las empresas del sector de la Petroquímica, sino, en términos generales, toda la región, por lo que, de continuar esta situación, los proyectos de nuevas inversiones se desplazarán a otras zonas del país y de los Estados Unidos, perjudicando la generación de empleos y el desarrollo del sur del Estado.

Cabe mencionar que el sector de la petroquímica es muy sensible a los costos de los insumos, por lo que cualquier variación en los mismos puede dejar fuera de mercado a los productos nacionales frente a los producidos en otras partes del mundo. En algunos casos, los costos del agua representan el equivalente al 55.3% de la nómina de las empresas y el 20% de su utilidad neta.

En razón de lo anterior, se propone establecer que las Reservas de Aguas que se establezcan para garantizar el caudal ecológico de la cuenca, no deben ser consideradas para efectos de la variable Rxy de la fórmula que establece el Artículo 231 de la Ley Federal de Derechos para determinar la zona de disponibilidad y, consecuentemente, el monto del derecho a pagar por el uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales.

Esto en atención a que los volúmenes de agua reservados no se extraen de la cuenca, por lo que no deben ser considerados para calcular la disponibilidad relativa de la cuenca.

Efectivamente, la consecuencia jurídica de la existencia de la Reserva, es que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) no puede otorgar concesiones sobre el volumen sobre el que se haya constituido la reserva, es decir, el agua permanece en la cuenca y dichos volúmenes no pueden ser utilizados por el ser humano. Por lo tanto, se trata de una reserva virtual y únicamente debe aplicar para efectos de la administración del recurso, es decir, para el otorgamiento de concesiones. En el caso del Río Tamesí, las aguas reservadas se vierten en el Golfo de México, no siendo aprovechadas o utilizadas de forma alguna.

Finalmente, cabe mencionar que con la modificación que se propone, no se verán afectados los ingresos actuales del Gobierno Federal, ya que detonará y potenciará las inversiones de las empresas de la región, lo que las hará competitivas ante sus contrapartes extranjeras en contraposición al negativo impacto generalizado que provoca el significativo cambio de tarifas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, su servidor, Diputado Federal Miguel Ángel González Salum y los Diputados Federales del Estado de Tamaulipas del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación de la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 231 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.

Artículo Único. Se agrega un párrafo quinto y se modifica el párrafo sexto de la fracción primera del artículo 231 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 231. Las zonas de disponibilidad a que se refiere el artículo 223 de esta Ley, se determinarán conforme a lo siguiente:
I. Tratándose de aguas superficiales la determinación será por cuenca hidrológica aplicando la siguiente fórmula:

Dr=Cp+Ar+R+Im
Uc+Rxy+Ex+Ev+V

Donde:
Dr= Disponibilidad relativa.
Cp= Volumen medio anual de escurrimiento natural.
Ar= Volumen medio anual de escurrimiento desde la cuenca aguas arriba.
R= Volumen anual de retornos.
Im= Volumen anual de importaciones.
Uc= Volumen anual de extracción de agua superficial.
Rxy= Volumen anual actual comprometido aguas abajo.
Ex= Volumen anual de exportaciones.
Ev= Volumen anual de evaporación en embalses.
DV= Volumen anual de variación del almacenamiento en embalses.

El volumen anual de retornos, se determina mediante aforo de las salidas de los volúmenes que se reincorporan a la red de drenaje de una cuenca.

El volumen anual de evaporación en embalses, se determina a partir de la lámina de evaporación medida, aplicada a la superficie libre del agua expuesta, en los embalses naturales o artificiales.

El volumen anual de variación del almacenamiento en embalses, se determina mediante la diferencia del volumen final, menos el volumen inicial (V final–V inicial), de cada año en particular.

El volumen anual actual comprometido aguas abajo se determina como la parte de los escurrimientos de la cuenca hacia aguas abajo, necesaria para cumplir con los volúmenes asignados y concesionados por la Comisión.

Las variables que integran la fórmula prevista en esta fracción, salvo, Ev (volumen anual de evaporación en embalses), DV (volumen anual de variación del almacenamiento en embalses) y Rxy (volumen comprometido aguas abajo) se determinarán en términos del método obligatorio previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000 que establece las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales.

En caso de que la Norma Oficial Mexicana señalada en el párrafo anterior se modifique, para efectos de este artículo se continuará aplicando la NOM-011-CONAGUA-2000.

La Comisión Nacional del Agua, publicará anualmente en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el segundo mes del ejercicio fiscal de que se trate, como facilidad administrativa, los valores de cada una de las variables que integran la citada fórmula.

El resultado obtenido de la fórmula prevista en esta fracción, se ubicará dentro de los rangos siguientes para determinar la zona de disponibilidad que le corresponda a la cuenca:

Zona de disponibilidad 1 Menor o igual a 1.4
Zona de disponibilidad 2 Mayor a 1.4 y menor o igual a 3.0
Zona de disponibilidad 3 Mayor a 3.0 y menor o igual a 9.0
Zona de disponibilidad 4 Mayor a 9.0
II. Tratándose de aguas subterráneas la determinación será por acuífero aplicando la siguiente fórmula:

Idas=Dma
(R-Dnc)
Donde:
Idas= Índice de disponibilidad.
Dma= Disponibilidad media anual de agua subterránea en una unidad hidrogeológica.
R= Recarga total media anual.
Dnc= Descarga natural comprometida.

Las variables que integran la fórmula prevista en esta fracción se determinarán en términos del método obligatorio previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000que establece las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales. En caso de que la Norma Oficial Mexicana señalada en el párrafo anterior se modifique, para efectos de este artículo se continuará aplicando la NOM-011-CONAGUA-2000.

La Comisión Nacional del Agua, publicará anualmente en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el segundo mes del ejercicio fiscal de que se trate, como facilidad administrativa, los valores de cada una de las variables que integran la citada fórmula.

El resultado obtenido de la fórmula prevista en esta fracción, se ubicará dentro de los rangos siguientes para determinar la zona de disponibilidad que le corresponda al acuífero:

Zona de disponibilidad 1 Menor o igual a -0.1

Zona de disponibilidad 2 Mayor a -0.1 y menor o igual a 0.1

Zona de disponibilidad 3 Mayor a 0.1 y menor o igual a 0.8

Zona de disponibilidad 4 Mayor a 0.8

III. La Comisión Nacional del Agua para fines informativos publicará en su página de Internet en el mes de septiembre los valores preliminares calculados a dicho mes de cada una de las variables que integran las fórmulas previstas en las fracciones I y II de este artículo, así como la zona de disponibilidad que correspondería a cada cuenca o acuífero.

Lo previsto en esta fracción es sin menoscabo de lo dispuesto en las fracciones anteriores de este artículo.

Con independencia que los contribuyentes puedan determinar la zona de disponibilidad que corresponda a la cuenca hidrológica o acuífero donde se realiza la extracción, la Comisión Nacional del Agua, como facilidad administrativa, publicará a más tardar el tercer mes del ejercicio fiscal de que se trate, la zona de disponibilidad que corresponda a cada cuenca hidrológica y acuífero del país.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
en el Senado de la República, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente

Dip. Miguel Ángel González Salum.- Dip. Yahleel Abdalá Carmona.- Dip. Montserrat Alicia Arcos Velázquez.- Dip. Mercedes del Carmen Guillen Vicente.- Dip. María Esther Guadalupe Camargo Félix.- Dip. Edgardo Melhem Salinas.- Dip. Esdras Romero Vega.- Dip. Luis Alejandro Guevara Cobos.- Dip. Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa.- Dip. Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 3o. Y 3o. BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Diputada Mariana Trejo Flores, del grupo parlamentario de Morena)

La que suscribe, MARIANA TREJO FLORES, Diputada Federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, e integrante del grupo parlamentario de MORENA, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y así como del artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ésta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN EL ARTÍCULO 3° Y 3° BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO al tenor de las siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México, la discriminación ocupacional o laboral por motivos de género, constituye una de las principales problemáticas latentes en el quehacer del desarrollo del mercado laboral del país.

Todos los diferentes niveles ocupacionales, presentan, según la mayoría de los reportes oficiales y extraoficiales, marcadas tendencias hacia la discriminación y el acoso laboral por las condicionantes de religión, sexo, procedencia o discapacidad, tal condicionante conlleva a resaltar que la discriminación y el acoso laboral, influyen directamente en niveles estandarizados como la productividad y el salario, lo cual, es sin duda, una problemática que se tiene que enfrentar desde la raíz, con el fin de proponer un mercado laboral sano y sin vicios para el desarrollo pleno de las capacidades de los individuos durante su estancia en el centro de trabajo.

En México, el 50% de los mexicanos han sufrido de discriminación laboral con tendencias hacia la alza, lo cual impacta directamente en el desarrollo de las contrataciones. Según los reportes de calificadoras y agencias encargadas de la colocación de personal a las empresas, la discriminación laboral se centra principalmente en los siguientes 6 puntos:

• Discriminación por sexo; inicialmente, la cultura y la educación, en muchos de los casos, así como la existencia de marcos legales laxos, han propiciado que las mujeres tengan que sufrir de discriminación al momento de solicitar algún empleo, lo cual lleva consigo que 8 de cada 10 mexicanas que buscaron empleo durante el 2015, dijeran haberse sentido intimidadas, discriminadas o acosados por los empleadores. 6 de cada 10, que se encuentran laborando, consideran que su salario es menor al salario asignado aún hombre que realiza las mismas actividades que ellas.

• Discriminación por edad; Otro de los factores que las consultorías consideran como un factor de alto riesgo de discriminación es la edad. Los adultos mayores y adultos jóvenes mayores de 40 años son discriminados en los puestos de contratación, así como tratados de mala manera cuando son contratados por los empleadores.

• La experiencia laboral; Otro factor de discriminación se centra en la experiencia laboral, lo cual, los empleadores, prefieren a jóvenes que tengan experiencia, cuando en realidad no han podido trabajar por falta de la misma.

• Embarazo; Las mujeres en estado de embarazo sufren de discriminación laboral por parte de los empleadores al momento de ser contratadas y, ya contratadas son orilladas laboralmente a renunciar a sus derechos para continuar con su estatus laboral.

• Obligaciones personales y familiares; Madres solteras, padres solteros, hijos que están al cuidado de padres o parientes, es decir personas que tienen actividades personales de índole familiar, son sujetos de discriminación y acoso laboral.

• Enfermedades sexuales y crónico degenerativas; Estudios recientes muestran que el 80% de los enfermos de VIH en México y que están en trabajo, prefieren guardar silencio por temor a ser discriminados y privados de sus derechos laborales como; seguridad social, prestaciones de salud. La discriminación laboral y el acoso, en materia de enfermos crónico degenerativos muestran un incremento en el alza de demandas por motivos injustificados.

• Estudiantes; Este sector, tiende a ser discriminado para la contratación y, en caso de ser contratados, son privados de derechos laborales con salarios bajos y responsabilidades en condiciones normales.

¿Qué es el acoso laboral?

El acoso laboral, conocido asimismo como acoso moral, y muy frecuentemente a través del término inglés mobbing ('acosar', 'hostigar', 'acorralar en grupo'), es tanto la acción de un hostigador u hostigadores conducente a producir miedo o terror en el trabajador afectado hacia su lugar de trabajo, como el efecto o la enfermedad que produce en el trabajador. Esta persona o grupo de personas reciben una violencia psicológica injustificada a través de actos negativos y hostiles en el trabajo por parte de sus compañeros, subalternos (vertical ascendente) o superiores (vertical descendente o el tradicional bossing), de forma sistemática y recurrente, durante un tiempo prolongado, a lo largo de meses e incluso años.

Lo que se pretende en último término con este hostigamiento, intimidación o perturbación es el abandono del trabajo por parte de la víctima o víctimas. El científico sueco Heinz Leymann investigó el fenómeno en la década de 1980, y fue quien utilizó por primera vez el término mobbing para referirse al problema.1

Comúnmente, el acoso laboral o mobbing es confundido con el síndrome del quemado, o burn-out. Sin embargo no representan el mismo fenómeno. Burn-out significa 'estar quemado', o desgastado por circunstancias puntuales o características inherentes a la profesión o el trabajo, el cual genera en el trabajador una intensa demanda en el aspecto emocional, exigencia muy común entre maestros o enfermeras, por citar un ejemplo.

El acoso laboral también es confundido con el bullying o el acoso escolar, al que se asemeja en mayor medida; la diferencia radica en que en este último siempre está presente la violencia física, mientras que en el mobbing, las estrategias que utilizan los acosadores o mobbers siempre son más sutiles, más bien de índole psicológica, pues la intención es no dejar rastro o huella del acoso, para hacer notar al acosado, o mobbed, como un incompetente o problemático, y, de paso, no poder ser acusados de nada, debido a la difícil demostrabilidad de una agresión de tipo psicológico.

El término mobbing (del verbo inglés to mob, con el significado antes aludido) proviene de la etología, ciencia que estudia el comportamiento de los animales, sobre todo del campo de la ornitología, donde la conducta defensiva de un grupo de pequeños pájaros consiste en el atosigamiento continuado a un enemigo más grande, con frecuencia un ave rapaz. Estos comportamientos en la naturaleza terminan frecuentemente, o bien con la huida, o con la muerte del animal acosado por varios otros. El mobbing puede desembocar en enfermedad profesional, es decir, derivada del trabajo, aunque tanto autoridades como empresas se muestran muy reacias a admitirlo como tal.

Estrategias y modalidades de mobbing

1. Gritar, avasallar o insultar a la víctima cuando está sola o en presencia de otras personas.

2. Asignarle objetivos o proyectos con plazos que se saben inalcanzables o imposibles de cumplir, y tareas que son manifiestamente inacabables en ese tiempo.

3. Sobrecargar selectivamente a la víctima con mucho trabajo.

4. Amenazar de manera continuada a la víctima o coaccionarla.

5. Quitarle áreas de responsabilidad clave, ofreciéndole a cambio tareas rutinarias, sin interés o incluso ningún trabajo que realizar («hasta que se aburra y se vaya»).

6. Modificar sin decir nada al trabajador las atribuciones o responsabilidades de su puesto de trabajo.

7. Tratarle de una manera diferente o discriminatoria, usar medidas exclusivas contra él, con vistas a estigmatizarlo ante otros compañeros o jefes (excluirle, discriminarle, tratar su caso de forma diferente).

8. Ignorarle (hacerle el vacío) o excluirle, hablando sólo a una tercera persona presente, simulando su no existencia («ninguneándolo») o su no presencia física en la oficina, o en las reuniones a las que asiste («como si fuese invisible»).

9. Retener información crucial para su trabajo o manipularla para inducirle a error en su desempeño laboral, y acusarle después de negligencia o faltas profesionales.

10. Difamar a la víctima, extendiendo por la empresa u organización rumores maliciosos o calumniosos que menoscaban su reputación, su imagen o su profesionalidad.

11. Infravalorar o no valorar en absoluto el esfuerzo realizado por la víctima, negándose a evaluar periódicamente su trabajo.

12. Bloquear el desarrollo o la carrera profesional, limitando retrasando o entorpeciendo el acceso a promociones, cursos o seminarios de capacitación.

13. Ignorar los éxitos profesionales o atribuirlos maliciosamente a otras personas o a elementos ajenos a él, como la casualidad, la suerte, la situación del mercado, etc.

14. Criticar continuamente su trabajo, sus ideas, sus propuestas, sus soluciones, etc.

15. Monitorizar o controlar malintencionadamente su trabajo con vistas a atacarle o a encontrarle faltas o formas de acusarle de algo.

16. Castigar duramente o impedir cualquier toma de decisión o iniciativa personal en el marco de sus responsabilidades y atribuciones.

17. Bloquear administrativamente a la persona, no dándole traslado, extraviando, retrasando, alterando o manipulando documentos o resoluciones que le afectan.

18. Ridiculizar su trabajo, sus ideas o los resultados obtenidos ante los demás trabajadores, caricaturizándolo o parodiándolo.

19. Invadir la privacidad del acosado interviniendo su correo, su teléfono, revisando sus documentos, armarios, cajones, etc.

20. Robar, destruir o sustraer elementos clave para su trabajo.

21. Atacar sus convicciones personales, ideología o religión.

22. Animar a otros compañeros a participar en cualquiera de las acciones anteriores mediante la persuasión, la coacción o el abuso de autoridad2.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Único.- Se modifica el artículo 3° para quedar como sigue:

Artículo 3°.- “El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio.

No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación, acoso u hostigamiento sexual o laboral entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana…

…)” (… )

También se adiciona un inciso c al artículo 3° Bis para quedar como sigue:

Artículo 3 Bis.- Para efectos de esta ley se entiende por:

a) y b) ...

c) Acoso laboral, como una forma de violencia dirigida en contra los trabajadores a través del abuso físico, psicológico, económico y, como el abuso de poder de quien o quienes ejerzan de manera reiterada actos de violencia verbales, físicas o psicológicas. La descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la discriminación, la explotación o el amedrentar emocional o intelectualmente a las o los trabajadores, independientemente de la relación jerárquica establecida en los centros de trabajo.

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor 30 días naturales de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
en el Senado de la República, el 10 de agosto de 2016.

Suscribe

Dip. Mariana Trejo Flores.

1 http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4150.htm

2https://www.google.com.mx/search?q=no+discriminaci%C3%B3n+laboral+de+la+ley+federal+del+trabajo&oq=no+discriminaci%C3%B3n+laboral+de+la+ley+federal+del+trabajo&aqs=chrome..69i57j0.11471j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 7, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL

(Presentada por el Diputado Waldo Fernández González, del grupo parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Fidel Calderón Torreblanca, del grupo parlamentario del PRD)

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La presente Iniciativa propone reformar y adicionar la Fracción XIX del artículo 27 Constitucional a fin de dotar a la Procuraduría Agraria de plena autonomía, como organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con autonomía técnica, funcional y de gestión, para que ejerza a plenitud las atribuciones de órgano tutelar de los derechos particulares y colectivos de los sujetos agrarios, en armonía con las prescripciones sobre derechos humanos del artículo 1º constitucional.

ARGUMENTOS

La sociedad mexicana a lo largo de su historia ha tenido una preocupación constante por la protección de los grupos sociales más vulnerables; especialmente cuando se trata de la clase campesina e indígena.

Así, desde la época de la colonia, la corona española y la iglesia católica no solo establecieron en el derecho indiano leyes que brindaban un mínimo de protección a la población indígena, sino crearon también ciertas instituciones sociales responsables de la vigilancia y garantía de hacer efectivos dichas prerrogativas de los indígenas, de sus comunidades y territorios, al margen de la escasa o nula eficacia con la cual actuaron tales instituciones. Tal fue el caso de la figura de “Defensor de los Indios”, nombramiento que recayó por vez primera en Fray Bartolomé de las Casas. Luego vinieron a lo largo de los tres siglos del periodo colonial: El Oidor Protector de Indios, el Juzgado General de Indios, el Procurador de los Indios para la Defensa General de los Naturales de Este Reino, un Fiscal Protector de la Propiedad Indígena, así como los Visitadores para la Protección de los Indios.1

EL DERECHO AGRARIO EN MÉXICO COMO DERECHO SOCIAL.

El derecho agrario mexicano actual, en cuanto producto histórico social, no tuvo su cuna en doctrinas filosóficas del derecho ni en las aulas universitarias; más bien entierra sus raíces en la cultura ancestral mexicana, cuyo origen se remonta a la propiedad comunal (calpulli) en los pueblos originarios precolombinos, pues 300 años de vida colonial no destruyeron del todo la tradición ni la propiedad comunal indígena.

En la lucha por construir una nación soberana, por la libertad y por la igualdad, el pueblo indígena y campesino peleó siempre, junto a las demandas sociales y políticos, por defender y recuperar las tierras usurpadas por los españoles, como base para la sobrevivencia de la comunidad y la multiplicación y desarrollo de su cultura. Hay autores inclusive que señalan que la Guerra de Independencia, tuvo siempre de fondo el reclamo agrario de las comunidades indígenas y campesinas. Sin embargo, la guerra de Independencia no resolvió esas demandas.

“Para los principales caudillos independentistas, como José Ma. Morelos, el reparto de tierras fue una preocupación fundamental, aunque sus intentos por resolver este problema quedaron inconclusos.”2

Convertidos en esclavos y parias mediante la violencia y el despojo de sus territorios, por los españoles primero y por la iglesia y los hacendados terratenientes después, las masas campesinas e indígenas siguieron reclamando sus derechos a la tierra y a la libertad, hasta levantarse en armas y convertirse en ejércitos revolucionarios liderados por el General Emiliano Zapata y Francisco Villa, en la Revolución Mexicana de 1910-17.

Así, puede afirmarse que el derecho agrario mexicano, en su sentido material e histórico-social, se conquistó con la sangre campesino indígena y con las armas en la mano, gracias a la primera revolución social del siglo XX, quedando consagrado por el Constituyente de 1917 en el derecho positivo de nuestra Ley Suprema, convirtiéndose así en parte esencial del sistema político y jurídico nacional. Ciertamente, el México moderno no se concibe sin el reparto agrario, las leyes laborales, la educación gratuita, la seguridad social y otros derechos del bienestar social en los cuales nuestra Constitución fue pionera.

LA PROCURADURÍA AGRARIA Y LA REFORMA AGRARIA DE 1992.3

Como consecuencia del reconocimiento de los derechos del sector social y de la pequeña propiedad en el medio rural, desde los inicios del siglo pasado, el departamento o la dependencia responsable de la política agraria del gobierno federal, invariablemente contó como parte de su estructura con un órgano específico para administrar la justicia agraria.

Así, en 1922 el Congreso de la Unión expidió la ley por la que se creó la Procuraduría de Pue­blos, cuya tarea consistía en patrocinar, por cierto de manera gratuita, a los diversos pueblos o grupos de solicitantes de tierras a través de la restitución o dotación de tierras, bosques o aguas.

En 1953, por decreto presidencial se creó la Procuraduría de Asuntos Agrarios; la cual cambió en 1985, cuando se creó la Dirección General de Procuración Social Agraria.

Lo fundamental de todos estos intentos de administrar justicia agraria a los campesinos, es que los órganos creados con ese fin estuvieron siempre subordinados al ejecutivo federal; es decir, fueron órganos dependientes de las autoridades agrarias, por lo que sus funciones, acciones y alcances quedaron siempre muy limitados.

Ciertamente la reforma realizada en materia agraria en 1992, significó un cambio fundamental en el régimen jurídico de la tenencia de la tierra: además de que terminó con el reparto agrario, estableció la posibilidad de transformar la propiedad ejidal en propiedad privada, a través de la adopción del dominio pleno de las tierras, así como la posibilidad de asociación de los núcleos ejidales y comunales con empresas privadas o particulares para la explotación de los recursos del ejido o la comunidad.

Sin duda los legisladores vislumbraron con claridad los retos que significaba para el sector social, abrir las tierras ejidales y comunales al libre mercado, por lo que justamente acompañaron el decreto de reforma con la creación de los Tribunales Agrarios y con un órgano del Estado especializado para administrar justicia agraria: la Procuraduría Agraria.

Para estos efectos, la fracción XIX del artículo 27 constitucional reformado quedó como sigue:

“XIX. Con base en esta Constitución, el estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos.

Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de estos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el ejecutivo federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de esta, por la Comisión Permanente.

La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria.”

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AGRARIOS A PROTEGER

El reconocimiento constitucional a la restitución de tierras comunales, de los derechos de los pueblos indígenas, así como el reparto agrario para la constitución de ejidos y comunidades, prohibiendo los latifundios y acotando a ciertos límites a la pequeña propiedad, fueron sin duda fundamentales en la configuraron del campo mexicano como hoy lo conocemos, en donde cerca de 32 mil núcleos agrarios ejidales y comunales tienen en propiedad social más de 100 millones de hectáreas, representando cerca del 60% del total de la propiedad agraria del país.

Esta estructura de la propiedad rural, acompañada de las políticas agropecuarias correspondientes, permitió durante décadas producir los alimentos y las materias primas que requería el país para su bienestar y desarrollo.

Pero el modelo se agotó o se distorsionó. Los ejidos y comunidades fueron relegados y el derecho social agrario se reformó en sentido regresivo. El campo dejó de producir, la pobreza y el hambre se apoderaron de la población rural, millones de campesinos e indígenas migraron a las ciudades y a Estados Unidos, y México se convirtió en país urbano e importador neto de alimentos.

Estamos ante el reto de realizar una profunda reforma productiva, organizativa, institucional y jurídica en el campo mexicano y ello viene acompañado de nuevas oportunidades pero también de nuevas amenazas.

Hoy las actividades y el valor de la tierra no es solamente agrícola, ganadera o forestal; es también complejos turísticos, carreteras, urbanización, trazado de ductos y redes eléctricas, hidrocarburos, minería, parques eólicos, agua, medio ambiente, etc.; todas son recursos o capital natural que podrían ser un puntal en el combate contra la pobreza y para sacar al campo del atraso y la improductividad. Es el plus que debe valorarse en el potencial del campo mexicano en una visión no solo agraria sino de interacción entre lo urbano y lo rural, para elevar el nivel de bienestar de la población.

Sin embargo, también esas riquezas son ambicionadas por grandes corporaciones nacionales e internacionales, quienes velando por sus intereses, sin los contrapesos políticos y jurídicos necesarios, se proponen explotar y saquear dichos recursos, aprovechándose de la pobreza y la debilidad de la población local.

Como es del conocimiento público, la reforma a la Constitución y las leyes secundarias que de ahí derivaron para llevar a cabo la reforma energética, “flexibilizaron” las normas en favor de los intereses de esas grandes corporaciones, al establecer que “Procederá la constitución de servidumbres legales, o la ocupación o afectación superficial necesarias para la realización de las actividades de la industria de Hidrocarburos, conforme a las disposiciones aplicables en los casos en los que la Nación lo requiera.” (Ley de Hidrocarburos)

Seguramente conscientes de los conflictos y efectos nocivos que dichas reformas traerán a la propiedad social del sector rural, el legislativo previó la participación de la Procuraduría Agraria en las negociaciones de los ejidos y comunidades con particulares (Ley de Hidrocarburos, artículo 102; Ley de la Industria Eléctrica, artículo 75.)

De tal suerte que si bien por una parte se demanda de políticas y programas para hacer al campo más productivo y competitivo; por otro se requiere ampliar los derechos y las garantías jurídicas, a fin de robustecer la función del estado para proteger la propiedad social y los recursos básicos de ejidos y comunidades.

LA PROCURADURÍA AGRARIA COMO OMBUDSMAN DE LOS PRODUCTORES RURALES

La Procuraduría Agraria que emergió del decreto de reforma agraria al artículo 27 Constitucional en 1992,como “un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de la Reforma Agraria” (artículo 134 de la Ley Agraria),no está a la altura de los retos que demanda la nueva realidad agraria del país: procurar justicia para los sujetos agrarios en un entorno agresivo y altamente competitivo, con la participación de grandes corporaciones multinacionales interesadas en las tierras y recursos naturales del país, sin ningún escrúpulo de cómo se apoderan de ellos.

A la actual Procuraduría Agraria, al estar sectorizada en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), le falta autonomía constitucional y robustez operativa y presupuestaria para convertirse realmente en el ombudsman de los productores rurales, en la institución que tiene bajo su responsabilidad el cuidado de las garantías constitucionales, individuales y sociales de los sujetos del derecho agrario.

A pesar de ello, podemos decir que la creación de la Procuraduría Agraria y sus atribuciones establecidas por la Ley Agraria, son un acierto. La Procuraduría ha jugado un rol importante en la asesoría y orientación legal de los asuntos de ejidatarios y comuneros, tanto en el establecimiento de los órganos de gobierno de ejidos y comunidades como en la representación en juicios agrarios o en materia de amparo ante los órganos jurisdiccionales; en la solución de controversias agrarias a través de la conciliación, o por medio de juicios de arbitraje; ha sido de especial ayuda a comuneros y ejidatarios en la capacitación de sus derechos y en la asistencia de cuestiones de orden técnico.

Sin embargo, donde la Procuraduría queda a deber a las mujeres y hombres del campo, es precisamente en su carácter específico de ombudsman especializado en materia agraria, ya que al carecer de independencia plena de la autoridad agraria por ser un órgano sectorizado a la SEDATU, su facultad para emitir recomendaciones a las autoridades competentes se encuentra limitada y no se ejerce a plenitud.

En este contexto, se propone reformar y adicionar la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de hacer congruente la función de la Procuraduría Agraria con su carácter de ombudsman de los sujetos agrarios, otorgándole integralidad y plena autonomía al conferirle rango constitucional.

Por tanto, la Iniciativa que sometemos a consideración de esta Soberanía tiene como objetivo fundamental crear un órgano constitucional autónomo para la procuración de justicia agraria, especificar sus órganos de gobierno y el mecanismo institucional para nombrar al titular, así como establecer los sujetos jurídicos portadores de los derechos agrarios.

En este tenor, la reforma proponeestablecer en el nivel constitucional el carácter de la Procuraduría como un organismopúblico descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, funcional y de gestión.

Asimismo, establece que, en el marco de sus obligaciones de servicio social gratuito, la protección y defensa de los derechos sociales agrarios y derechos humanos de los ejidatarios, comuneros, posesionarios y sus sucesores, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados, jornaleros agrícolas, colonos, poseedores de terrenos baldíos o nacionales y campesinos en general; estará a cargo de la Procuraduría Agraria, conforme a los principios agrarios consagrados en el artículo 27º y los derechos humanos del artículo 1º de la Constitución.

Constituir en nuestra Carta Magna estas características de la Procuraduría, es fundamental para ejercer en libertad y con plena independencia las funciones de procurar justicia para las mujeres y hombres del campo, así como las atribuciones de órgano tutelar de los derechos particulares y colectivos de los sujetos agrarios, en armonía con las prescripciones sobre derechos humanos del artículo 1º. Constitucional.

De alguna manera, la reforma que proponemos no es otra cosa más que reconocer a nivel constitucional, vale decir de manera plena y absoluta, una atribución de la Procuraduría Agraria reconocida ya explícitamente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Al respecto, el Dr. Isaías Rivera Rodríguez comenta:

“Para abordar el tema, nos remitimos al pronunciamiento que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó el 6 de mayo de 1992, al aprobar el acuerdo número 3/92, en cuya parte conducente señala:

[...] Considerando que la Procuraduría Agraria, de acuerdo con la Ley que la rige, es caracterizada como un Ombudsman especializado para atender asuntos agrarios, las quejas de esta naturaleza radicadas hasta ahora y las que pudieran presentarse en el futuro en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que corresponden a la competencia legalmente establecida de dicha Procuraduría, le serán turnadas para la continuación o iniciación de su trámite y determinación jurídica. En estos casos, los quejosos deberán ser debidamente notificados de la referida remisión, así como de la radicación de la queja en esa Procuraduría Agraria.”

Y agrega, “Es el mismo criterio plasmado en el artículo 22 del Reglamento de la citada Comisión Nacional, que señala: Cuando la Comisión Nacional reciba una queja por presuntas violaciones a los Derechos Humanos en materia agraria, que sea de la competencia de la Procuraduría Agraria, la turnará de inmediato a dicha Procuraduría notificando de esta remisión al quejoso. ..”4

Justamente este rango de Ombudsman especializado para proteger derechos agrarios con enfoque de derechos humanos, que le reconoce la misma Comisión de los Derechos Humanos, debe estar incorporado en el cuerpo constitucional para que surta los efectos de pleno derecho.

FUNDAMENTO LEGAL

Por lo expuesto y fundado, el suscrito Diputado Fidel Calderón Torreblanca, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6o., numeral 1, fracción I; 77, numerales 1 y 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la fracción XIX del artículo 27º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Único: Se reforma el tercer párrafo y se adicionan los párrafos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, de la fracción XIX del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 27. (…)

I….

II a XVIII (…)

XIX. (…)

……

La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, el cual se denominará Procuraduría Agraria y será un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía técnica, funcional y de gestión.

La protección y defensa de los derechos sociales agrarios y derechos humanos de los ejidatarios, comuneros, posesionarios y sus sucesores, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados, jornaleros agrícolas, colonos, poseedores de terrenos baldíos o nacionales y campesinos en general; estará a cargo de la Procuraduría Agraria, conforme a los principios agrarios consagrados en el artículo 27º y los derechos humanos del artículo 1º de la Constitución.

La prestación de sus servicios será gratuita y sus funciones, alcances y organización se establecerán en la ley.

La Procuraduría Agraria estará presidida por un Procurador. La designación del Procurador o Procuradora Agraria, será realizada por la Cámara de Diputados o, en su caso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de entre una terna que someta a su consideración el Presidente de la República. El titular de la Procuraduría Agraria durará en su encargo cinco años y podrá ser ratificado por la misma Cámara por un periodo más.

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir el Procurador o Procuradora Agraria.

La Procuraduría contará con un Órgano de Gobierno colegiado que se integrará de la siguiente manera:

• El Procurador Agrario, quien tendrá voto de calidad en caso de empate en las decisiones del Órgano de Gobierno, y

• Seis consejeros independientes, tres de los cuales serán electos por los votos de las dos terceras partes de los legisladores presentes de la Cámara de Diputados; los tres restantes serán nombrados por la Cámara de Senadores con la misma votación calificada. Tales nombramientos deberán recaer en personas que cuenten con amplia experiencia en la materia agraria y quienes por sus conocimientos, honorabilidad, prestigio profesional y experiencia puedan contribuir a mejorar las funciones de la Procuraduría. La ley establecerá los procedimientos para la presentación de las propuestas en cada una de las Cámaras; y

XX…

TRANSITORIOS

Artículo Único: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
en el Senado de la República, el 10 de agosto de 2016.

Suscribe,

Dip. Fidel Calderón Torreblanca.

1 “Los Derechos Humanos en Materia Agraria”. Isaías Rivera Rodríguez, En Estudios Agrarios, Procuraduria Agraria
http://www.pa.gob.mx/publica/rev_23/Isa%C3%ADas%20Rivera.pdfhttp://www.pa.gob.mx/publica/rev_23/Isa%C3%ADas%20Rivera.pdf

2 Nuestra Constitución: Historia de la Libertad y Soberanía del Pueblo Mexicano. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana.

4 “Los Derechos Humanos en Materia Agraria”. Isaías Rivera Rodríguez.
http://www.pa.gob.mx/publica/rev_23/Isa%C3%ADas%20Rivera.pdf





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por la Diputada María Gloria Hernández Madrid, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, Diputada por el estado de Hidalgo, MARÍA GLORIA HERNÁNDEZ MADRID, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como, los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, lo anterior con base en lo siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Antecedentes

El pasado 19 de junio del año 2016 se materializó el inició de vigencia en toda la República mexicana del sistema procesal penal acusatorio, consecuentemente, los que hasta antes de esta fecha fueron paradigmas tradicionales de enjuiciamiento penal en nuestro país han sido sustituidos por una reinvención hasta hace muy poco tiempo desconocida en nuestro sistema jurídico.

Entre otros motivos, la búsqueda de nuevas reglas procedimentales tiene sustento en conseguir mayor certeza en la aplicación de la ley penal así como del resultado que esta debe ocasionar, es decir, que los hechos se esclarezcan, que se proteja al inocente, que los daños causados por el delito se reparen, que el culpable no quede impune y que el tejido social afectado por la conducta antijurídica de una o varias personas se recomponga. Por otro lado, la norma procesal penal y su aplicación deben proveernos de “mejores oportunidades para la emancipación humana del trato cruel” , por lo tanto, la resolución exitosa del conflicto penal pasa por la necesaria implementación de actos y resoluciones procesales alejadas de abusos o violaciones a los derechos fundamentales y apegados a los estándares internacionales establecidos en los compromisos vinculantes al Estado mexicano.

En todo lo anterior, el Poder legislativo tiene la obligación de mantener una revisión constante de este nuevo ordenamiento nacional con la intención de modificar o eliminar aquello que lo torne, obscuro o poco claro así como adicionar disposiciones que lo doten de mayor coherencia procedimental en la protección de los derechos de las partes en el procedimiento.

II. Planteamiento del Problema.

Basados en criterios de técnica legislativa como la precisión, brevedad, consistencia y, principalmente en la claridad que en materia penal suele denominársele máxima taxatividad como pilares de la creación de normas jurídicas, habiéndose realizado una revisión del contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales, se han encontrado algunos contenidos que en criterio de forma podría denominarse obscuridad de la norma y otros que inciden directamente en la protección de los derechos fundamentales de las víctimas en la obtención de un recurso ágil y efectivo que garantice su acceso a la justicia.

Así pues, esta Iniciativa contempla como elementos problema los artículos 131, 143, 342, 398 y 460 por las consideraciones que en la atención de cada uno serán expuestas. Además se propone la adición del artículo 479 bis a fin de que el sentenciado absuelto por un delito señalado con prisión preventiva oficiosa sea reconducido (con la celeridad debida) al proceso y a la medida cautelar que guardaba antes de ser absuelto por el Órgano jurisdiccional de primera instancia cuando derivado de la interposición del recurso de apelación, el Ministerio Público, la víctima u ofendido, individualmente o en adherencia obtengan la revocación de la sentencia absolutoria por una de condena ante el Tribunal de Alzaday con ello evitar la evasión de la justicia y la impunidad en delitos de alto impacto como los señalados con prisión preventiva oficiosa.

III. Propuesta legislativa

• Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público

Del contenido del artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece las obligaciones del Ministerio Público no se desprende como una de ellas el que deba interponer los recursos que el Código prevé lo que sin duda es una omisión considerable ya que si bien en los apartados relativos a los recursos se prevén aquellos en que esta prerrogativa podrá ejercitarse por el Representante Social esto no es impedimento para considerar que el artículo señalado debe ser reformado a fin de que esta obligación le sea expresa en lo general y en lo específico al Ministerio Público pues cabe recordar que sobre esta Institución aplica el principio de estricta legalidad razón por la cual la obligación mencionada debe incluirse en el catálogo que al respecto prevé el numeral 131 del ordenamiento aludido por lo que se propone modificar las fracciones XXIII y XXIV así como adicionar la fracción XXV.

• Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia

El artículo 143 dispone en su penúltimo párrafo que: “… En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito…”

En el proceso penal acusatorio mexicano, el Órgano Jurisdiccional tiene dos cualidades de enorme relevancia, la primera que es conducir los actos procedimentales y autorizar en su caso los actos de investigación desde el inicio de ésta hasta la conclusión de la etapa intermedia y, por otra, vigilar que aquellos se desarrollen con respeto a los derechos fundamentales de los sujetos que tengan intervención en el procedimiento, en este orden de ideas la participación del Ministerio Público se encuentra enmarcada por el principio de estricto derecho por ser ésta Institución un órgano técnico jurídico y consecuentemente no puede ser suplido por el Juez de control en la clasificación de los hechos por los que solicite la orden de aprehensión o comparecencia, máxime que del mismo párrafo en el artículo aludido se desprende la oportunidad que tiene la representación social para hacer las precisiones o aclaraciones que le solicite la autoridad judicial pero tal circunstancia no puede entenderse como atribución para el Juez de control a sustituir al Ministerio Público en su función de acusador pues se corre el riesgo grave de que el Juez de control se transforme frecuentemente en “remendador” de una actividad que le es propia al Ministerio Público, es decir, la de realizar una clasificación coherente de los hechos en torno a la descripción típica de los mismos en la ley penal haciendo valer los datos que obren en la carpeta única de investigación para sostener fundada y motivadamente los argumentos con los cuales solicita el libramiento de una orden de aprehensión o comparecencia sin apoyo o con la suplencia del Órgano Jurisdiccional.

En consecuencia se propone que el texto de este penúltimo párrafo del artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales quede de la siguiente manera:

“… En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito…”

• Artículo 342. Inmediación en la audiencia intermedia

El primer párrafo del artículo 344 relativo al desarrollo de la audiencia intermedia establece que al inicio de esta, el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o por conducto de su Defensor, es decir, que el acusado debe estar presente durante el desarrollo de la audiencia intermedia, sin embargo, el artículo 342 contiene que en la audiencia intermedia es indispensable la presencia permanente del Juez de control, el Ministerio Público, y el Defensor durante la audiencia pero indebidamente omiten disponer la presencia del acusado que es a quien corresponde originariamente el derecho de manifestarse en esta pieza procedimental tal como se aprecia del numeral 344 y excepcionalmente a su defensor, de esta suerte queda clara la necesidad de corregir esta omisión a fin de no vulnerar los derechos del imputado a estar presente en la audiencia intermedia quedando de la siguiente manera “…La audiencia intermedia será conducida por el Juez de control, quien la presidirá en su integridad y se desarrollará oralmente. Es indispensable la presencia permanente del Juez de control, el Ministerio Público, el imputado y su Defensor durante la audiencia…”

• Artículo 398. Reclasificación jurídica

Uno de los derechos más importantes del imputado/acusado es el de conocer perfectamente en qué consisten los hechos que se le atribuyen así como la clasificación jurídica que de los mismos realice la parte acusadora, de esta manera la estrategia de defensa, la teoría del caso y en general toda actividad que aquella desarrolle tendrá origen y destino en este conocimiento.

Ahora bien, el Ministerio Público tiene cuando menos 4 momentos procedimentales para reclasificar la conducta. El primero en la solicitud de la orden de aprehensión al Órgano jurisdiccional; el segundo en el auto de vinculación a proceso apoyado en la decisión unilateral del órgano jurisdiccional de efectuar esta reclasificación; el tercero en el escrito de acusación expuesto en la fase escrita de la etapa intermedia y, el cuarto de acuerdo con el artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales cuando “Tanto en el alegato de apertura como en el de clausura, el Ministerio Público podrá plantear una reclasificación respecto del delito invocado en su escrito de acusación…”

En este orden de ideas, se puede llegar al absurdo de que el imputado/acusado deba defenderse respecto de cuatro o hasta cinco clasificaciones distintas de la conducta que se le atribuye, esto es, aquella por la que se libre la orden de aprehensión o comparecencia (1) y que permite a la Defensa establecer su teoría del caso que eventualmente comenzará a desplegar durante el plazo constitucional; la que pueda realizar el Órgano Jurisdiccional si decidiere modificar dicha clasificación en la vinculación a proceso(2); el escrito de acusación en etapa intermedia (3) que permite a la Representación Social formular su acusación por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación; el alegato de apertura del Ministerio Público en audiencia de juicio (4) y, finalmente como el artículo 398 dispone que la reclasificación la podrá realizar el Ministerio Público tanto en el alegato de apertura como en el de clausura es posible interpretar que puede intentar reclasificar en el alegato de apertura y otra vez en el de clausura (5) porque la construcción gramatical de este artículo no establece que deba reclasificarse en el alegato de apertura o en el alegato de clausura sino en tanto en uno como en otro lo que evidentemente es una aberración jurídica por decir lo menos es por ello que con la redacción actual del artículo 398 del Código que nos ocupa el Ministerio Público tiene sobradas y excesivas oportunidades para reclasificar jurídicamente la conducta atribuida al imputado/acusado y con ello se perjudica de forma importante el derecho a una defensa adecuada porque se está en presencia de la figura de reclasificación y no de graduación de la conducta por lo tanto los medios de prueba obtenidos para la defensa de una de estas clasificaciones no son igualmente eficaces o útiles para la reclasificación aún y cuando se trate de los mismos hechos por lo que llevar hasta la audiencia de juicio la posibilidad de reclasificación hasta en cinco ocasiones, es imponer a la defensa un estándar de prueba cambiante en detrimento de la certidumbre jurídica que debe tener el imputado/acusado respecto de los elementos en que se basa la acusación del Ministerio Público al que, por otro lado, se le permite indebidamente (incluso con apoyo del Órgano Jurisdiccional) cambiar constantemente la clasificación de la conducta.

En el sentido expuesto, la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. En su etapa escrita le corresponde por esta vía al Ministerio Público formalizar la acusación debiendo señalar la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica; la relación de las modalidades del delito que concurrieren; el señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer y también la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de investigación. De esta forma, el escrito de acusación formulado por el Ministerio Público se basa en un conocimiento previo y pormenorizado de los medios de prueba que habrán de sostener su pretensión punitiva a los que debe abonarse el descubrimiento probatorio de la defensa, los acuerdos probatorios y la exclusión de prueba, lo que aparejado con la característica de órgano acusador, técnico jurídico lo pone en aptitud de encuadrar los hechos que ya ha investigado a una descripción típica específica y excepcionalmente debiera ser éste el último momento para realizar una reclasificación de los mismos al contar ya con el cúmulo de medios probatorios con los que afrontará la audiencia de juicio lo que a su vez permitirá que la Defensa establezca oportunamente la estrategia que desarrollará en aquella partiendo de una clasificación o última reclasificación cierta e inmodificable de la conducta atribuida al imputado que a su vez evite la suspensión innecesaria de la audiencia de juicio.

Con los argumentos vertidos se considera necesario derogar el artículo 398 y modificar la fracción III del artículo 335, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales a fin de que el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público sea el último acto procedimental por el que pueda reclasificar jurídicamente los hechos que atribuya al acusado.

• Artículo 460. Pérdida y preclusión del derecho a recurrir y desistimiento

El último párrafo el artículo 460 dispone que el Ministerio Público podrá desistirse del recurso interpuesto mediante determinación motivada y fundada en términos de las disposiciones aplicables sin embargo no debe desatenderse que en la reingeniería procedimental penal la víctima u ofendido no es un mero espectador dado su carácter de parte, de acusador coadyuvante y tratándose del recurso de apelación como adherente, en ese contexto, el desistimiento en la interposición del recurso de apelación puede agraviar directamente los derechos de la víctima u ofendido, aún más cuando el desistimiento evite la revisión de una resolución dictada en favor del imputado por un delito previsto con prisión preventiva oficiosa dado que en esta hipótesis incluso la seguridad e integridad física de la víctima u ofendido, de su familia, bienes, propiedades, posesiones o derechos puede estar seriamente en peligro de afectación es por ello que deben precisarse respecto del desistimiento del Ministerio Público los alcances y condiciones para la procedencia del mismo.

Se propone adicionar al texto del artículo 460 del Código Nacional de Procedimientos Penales un párrafo que prevea la protección de la víctima u ofendido cuando el Ministerio Público pretenda desistirse de la apelación interpuesta contra el auto de libertad o sentencia absolutoria por delitos señalados con prisión preventiva oficiosa y con ello evitar determinaciones arbitrarias que puedan afectar o poner en peligro a la víctima u ofendido en los términos señalados en el párrafo que antecede.

El texto que se propone es el siguiente:

El Ministerio Público podrá desistirse del recurso interpuesto mediante determinación fundada y motivada en términos de las disposiciones aplicables.

Tratándose de desistimiento respecto de apelación interpuesta contra el auto que declare la libertad del imputado en la vinculación a proceso o sentencia absolutoria, en ambos casos relacionados con delitos señalados con prisión preventiva oficiosa, la determinación del Ministerio Público deberá contener manifestación expresa de haberse reunido con la víctima u ofendido para explicar las razones del desistimiento así como la autorización del superior jerárquico del Ministerio Público que corresponda.

Para que el desistimiento del Defensor sea válido se requerirá la autorización expresa del imputado.

• Adición del artículo 479 bis

De la misma forma en que el proceso penal acusatorio busca la celeridad de la resolución del conflicto pasando por la aplicación de principios como el debido proceso, la presunción de inocencia, la estricta legalidad o la mínima intervención; es un imperativo Constitucional y procedimental proteger en todo momento los derechos de la víctima u ofendido entre los cuales se destaca la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia, la reparación integral del daño, el derecho a la verdad y a la no repetición por señalar solo algunos.

Una de las vías para garantizar el desarrollo adecuado del procedimiento en los términos señalados en el párrafo anterior consiste en la imposición de medidas cautelares al imputado dentro de las cuales la más grave y de aplicación excepcional es la de prisión preventiva pero oficiosa, esto significa que la conducta que se atribuye al imputado se encuentra contenida en el catálogo del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución, que contempla las que hasta este momento son consideradas como las conductas más perjudiciales para las personas y para la sociedad y por lo tanto la figura de excepción se vuelve materialmente la única para asegurar la comparecencia del imputado a los actos procedimentales y evitan que los resultados de la conducta se sigan produciendo o bien que se realicen otras en idéntico sentido o distintas pero igualmente lesivas en contra de la víctima o agraviado.

Impuesta la medida, el imputado tiene fundamentalmente dos momentos para recuperar su libertad luego de estar sometido a ella, el primero se presenta al resolverse el plazo constitucional y el segundo al dictarse sentencia absolutoria, sin embargo, la interposición del recurso de apelación obliga a una nueva revisión de la resolución dictada en favor del imputado o acusado y puede revocar lo resuelto por el Juez de Control o por el Tribunal de enjuiciamiento y con ello generar tres efectos importantes, el primero la necesidad de volver al imputado a la privación oficiosa de su libertad (aunque nuevamente de forma temporal) o bien sujetarlo al cumplimiento de la sanción privativa de libertad; el segundo efecto es aún más importante, consiste en proteger a la víctima de la posibilidad de una nueva agresión que represente riesgo para su salud o su vida o la de sus familiares y, el tercero es que con la revocación de cualesquiera de las resoluciones anotadas se debe evitar la sustracción del imputado o sentenciado a la acción de la justicia. En mérito de los razonamientos vertidos y a fin de actuar con la diligencia, prontitud y celeridad que permitan evitar la sustracción del imputado o sentenciado es por lo que debe modificarse el contenido del artículo 478 y adicionarse el artículo 479 bis para que la resolución que deba dictar el Tribunal de alzada y que revoque el auto de vinculación a proceso por el que se dejó en libertad a un imputado por un delito que amerite prisión preventiva oficiosa o revoque la sentencia absolutoria por la que fue puesto en libertad el sentenciado que haya sido acusado por delito que merezca prisión preventiva oficiosa, deberá dictarse en la audiencia correspondiente sin que pueda diferirse para fecha posterior de tal suerte que, si el imputado o sentenciado se encuentra presente en la audiencia, se ordenara la detención e inmediata y puesta a disposición del Juez de Control o Juez de Ejecución según corresponda; si el imputado o sentenciado no se encuentra presente se ordenara inmediatamente su reaprehensión para los efectos mencionados.

La modificación que se propone es motivada por el hecho de que el Código Nacional de Procedimientos Penales es obscuro en esas hipótesis pues no establece las acciones inmediatas que deben adoptarse para evitar que el imputado o sentenciado se sustraigan de la acción de la justicia cuando se les haya atribuido la realización un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, hayan estado sometidos a ésta y obtuvieren su libertad en el plazo constitucional o en la sentencia dictada a su favor en primera instancia pero que, dicha libertad haya sido revocada por el resultado del recurso de apelación.

Por los razonamientos y argumentos vertidos en esta Iniciativa, someto al conocimiento, análisis, valoración y dictamen correspondiente, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Único. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 131. …

I. - XXII. …

XXIII. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución;

XXIV. Interponer los recursos en los que este Código le confiere la atribución, y

XXV. Las demás que señale este Código y otras disposiciones aplicables.

Artículo 143. …

En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito.

Artículo 335. …

I. …

II. …

III. La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación o reclasificación jurídica;

I. … – XIII. …

Artículo 342. …

La audiencia intermedia será conducida por el Juez de control, quien la presidirá en su integridad y se desarrollará oralmente. Es indispensable la presencia permanente del Juez de control, el Ministerio Público, el imputado y su Defensor durante la audiencia.



Artículo 398. Se deroga

Artículo 460. …

El Ministerio Público podrá desistirse del recurso interpuesto mediante determinación fundada y motivada en términos de las disposiciones aplicables.

Tratándose de desistimiento respecto de apelación interpuesta contra el auto que declare la libertad del imputado en la vinculación a proceso o sentencia absolutoria, en ambos casos relacionados con delitos señalados con prisión preventiva oficiosa, la determinación del Ministerio Público deberá contener manifestación expresa de haberse reunido con la víctima u ofendido para explicar las razones del desistimiento así como la autorización del superior jerárquico del Ministerio Público que corresponda.

Para que el desistimiento del Defensor sea válido se requerirá la autorización expresa del imputado.

Artículo 478.…

Cuando el Tribunal de alzada revoque el auto de vinculación a proceso por el que se dejó en libertad a un imputado por delito que amerite prisión preventiva oficiosa o revoque la sentencia absolutoria por la que fue puesto en libertad el sentenciado que haya sido acusado por delito que merezca prisión preventiva oficiosa, la sentencia que al efecto emita deberá realizarse en la audiencia correspondiente sin que en ningún caso pueda diferirse para fecha posterior.

Artículo 479 bis. Sentencia revocatoria por delitos de prisión preventiva oficiosa.

Cuando el Tribunal de alzada revoque el auto de libertad dictado en favor del imputado y lo sustituya por uno de vinculación a proceso o bien revoque una sentencia absolutoria resolviendo la condena del acusado y se trate en ambos casos de delitos señalados con prisión preventiva oficiosa, se procederá de la siguiente forma:

I. Si en la audiencia se encuentra presente el imputado, se ordenará su detención y puesta a disposición inmediata del Juez de Control o de Ejecución según corresponda.

II. Si en la audiencia no se encuentra presente el imputado, se ordenará su reaprehensión para los efectos señalados en la fracción que antecede.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
en el Senado de la República, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente

Dip. María Gloria Hernández Madrid.

Alejandro Alagia, “Hacer Sufrir”, 1era. Ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Editorial Ediar, 2013, pág. 17




 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se invita al Colegio Nacional del Notariado Mexicano a instalar un módulo de atención en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro y del Senado de la República durante el mes de septiembre, con motivo de la campaña “Septiembre Mes del Testamento”. Se turna a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados.

La que suscribe, Diputada SHARON MARÍA TERESA CUENCA AYALA a nombre de los Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, por el que se invita respetuosamente al Colegio Nacional del Notariado Mexicano a instalar un Módulo de Atención en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro y del Senado de la República, durante el mes de Septiembre con motivo de la Campaña “Septiembre Mes del Testamento”, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La cultura testamentaria es un tema del que aún existen muchos mitos o tabúes en nuestro país, por ejemplo: que el momento para redactar el testamento es el lecho de muerte, que es un trámite complicado y costoso, que únicamente se pueden heredar propiedades y un sinfín de ideas erróneas.

Esto se ve reflejado en las estadísticas que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2012, la población total de México ascendió a los 120.8 millones de habitantes, de los cuales en ese mismo año solamente 234, 133 mexicanos     registraron su testamento, según cifras de la Secretaría de Gobernación, esto quiere     decir que, de acuerdo con el registro, sólo uno de cada 500 mexicanos tiene un testamento.”1

La facultad para emitir leyes en materia sucesoria (herencias) se encuentran reservadas a las Entidades Federativas. No obstante ello, existe una gran similitud en cuanto al contenido de estas en las disposiciones de los códigos civiles de cada una de ellas.

El Código Civil para la Ciudad de México establece en su artículo 1295 la definición de testamento como:

“Artículo 1295. Testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para después de su muerte.”2

El testamento es un acto solemne en el cual se plasma la última voluntad del testador y mediante el cual deja en orden la transmisión de su patrimonio y evitar problemas futuros entre los herederos.

La palabra testamento tiene su origen en el latín “testario mentis” o testimonio voluntario, por el cual una persona en vistas a su muerte, prevé lo que desea que se haga con sus bienes cuando tal hecho acontezca. También puede contener disposiciones de carácter extrapatrimonial que son de suma importancia para nuestros hijos como son la designación de tutores y curadores. Es más, por medio del testamento también es posible hacer el reconocimiento de hijos.

En el Derecho Romano se podía dar libertad a los esclavos por testamento, convirtiéndolos en el mismo acto en herederos necesarios, que debían indefectiblemente aceptar la herencia.

El testador debe ser una persona capaz, y en sus inicios, en la Roma monárquica, podía disponer de sus bienes a su antojo, incluso desheredando a su familia directa. Este   sistema fue evolucionando hasta reconocerse porciones llamadas legítimas para los herederos forzosos, de las que el causante o testador no puede disponer. En nuestro país existe el principio de libre testamentifacción y, consecuencia de ello, el testador puede disponer libremente de sus bienes y señalar como herederos a las personas que él mismo decida.

Como mencioné, la facultad de legislar en materia sucesoria es propia de las entidades federativas y en el caso de la Ciudad de México se reconocen distintos tipos de testamento que pueden, ya sea, ser ordinarios o especiales.

Dentro del ordinario se encuentra exclusivamente el Testamento Público Abierto. Este testamento es el que se otorga ante notario público, de conformidad con las disposiciones del propio Código Civil.

La razón de que exista solo este tipo de testamento se debe a que, por su naturaleza y la responsabilidad que corresponde al notario, no debe de seguir un procedimiento de homologación o revisión judicial en cuanto a la legalidad de su contenido, beneficiando con ello no solo la voluntad del testador sino también a los herederos y al poder judicial quienes no deben de incurrir en costos por ello.

El especial puede ser:

1. Militar.- Se realiza cuando el militar o el asimilado del Ejército hace su disposición en el momento de entrar en acción de guerra, o estando herido sobre el campo de batalla. Bastará con que declare su voluntad ante dos testigos, o que entregue a los mismos el pliego cerrado que contenga su última disposición, firmada de su puño y letra.

2. Marítimo.- Se realiza por las personas que se encuentren en alta mar, a bordo de navíos de la Marina Nacional, sea de guerra o mercantes, sujetándose a las prescripciones contenidas en las legislaciones competentes.

3. Hecho en País Extranjero.- Los testamentos hechos en país extranjero, producirán efecto en el Distrito Federal cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del país en que se otorgaron.

4. Los testamentos en materia agraria se denominan lista de sucesores o análogamente testamento agrario.

En cuanto a las formalidades, cada clase de testamento tiene las específicas de su caso.

Cabe mencionar que otorgar un testamento no implica perder la libre disposición de nuestros bienes ni tampoco implica que, una vez otorgado, el mismo no se pueda revocar o modificar.

Por lo anterior concluimos la gran importancia que reviste esta figura jurídica, además de que el costo familiar y económico ante un proceso por sucesión intestamentaria es más alto e incluso ha sido una de las consideraciones que contiene el “Informe de Resultados de los Foros de Justicia Cotidiana" elaborado por el CIDE y presentado por el Presidente de la República en Abril del año pasado.

En el supuesto que llegado el fallecimiento de una persona que tiene la propiedad de ciertos bienes no exista un testamento, inicia el proceso de sucesión intestada. Esta figura opera de acuerdo a la jerarquía de lazos familiares y puede convertirse en un dolor de cabeza para los familiares. Todos conocemos, al menos un caso, en que las familias se han separado de forma irreconciliable por un problema de herencia el cual se pudo haber evitado con el otorgamiento de un testamento.

El Colegio Nacional del Notariado Mexicano nace inicialmente como una Asociación Civil con el objetivo de unificar y fortalecer la actividad notarial del país. Ha realizado más de 100 Congresos Nacionales e innumerables Jornadas Notariales, con el fin de actualizar y difundir las ideas, estudios y proyectos, dirigidos a mejorar el nivel profesional del servicio prestado por todos los Notarios en la República Mexicana. En él se encuentran afiliados, de forma voluntaria, alrededor del 75% del total de los Notarios del país.

Es importante destacar que el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, es el órgano encargado de mantener relaciones con la Unión Internacional del Notariado, organización que en la actualidad agrupa a más de 86 países que comparten con nosotros el sistema de derecho de origen romano germánico, mismo que brinda el mejor resultado al aplicarse en la creación de la seguridad jurídica en las operaciones civiles y mercantiles en esas naciones, al menor costo posible.

“Septiembre Mes Del Testamento”

En el año 2003, la Secretaría de Gobernación convocó al Notariado Mexicano para promover entre la población el otorgamiento de testamentos.

A partir de esa fecha, cada año en septiembre se lleva a cabo el “Mes del Testamento”, una iniciativa conjunta de la Secretaría de Gobernación, los gobiernos locales y el Notariado Mexicano enfocada a promover la cultura testamentaria en nuestro país.

Los notarios llevan a cabo esta campaña en la cual reducen sus honorarios hasta un 50%, amplían sus horarios de atención y participan en esfuerzos federales y estatales para atender dudas de la ciudadanía con la finalidad de concientizar a los mexicanos sobre las virtudes de otorgar testamento. En 13 años de trabajo, la campaña ha logrado que se cuenten con más de 4.5 millones de registros de testamentos en el RENAT (Registro Nacional de Testamentos).

Durante este mes, cualquier persona mayor de 16 años puede acudir a cualquier Notaría en la República Mexicana con una identificación oficial y hacer su testamento, los costos varían en cada Entidad y van entre los 1,000 a 1,600 pesos. Cifra que representa grandes ventajas en comparación con un juicio sucesorio que puede tardar meses más los honorarios del abogado.

Tan solo en la Ciudad de México se han tramitado únicamente 200,260 testamentos en lo que va del año 2003 al 2012, exclusivamente en los meses de septiembre y octubre.

CIUDAD DE MEXICO

AÑO

TOTAL DE TESTAMENTOS

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

2003

61,491

29,076

2004

59,039

22,450

2005

50,946

21,537

2006

52,161

23,021

2007

42,771

19,979

2008

44,339

19,820

2009

42,703

19,130

2010

45,259

16,259

2011

44,308

13,703

2012

45,003

15,285

* Cifras tomadas de la página electrónica de la Secretaría de Gobernación http://www.testamentos.gob.mx/

La distribución de una herencia a través de un testamento beneficia a todos los involucrados. En el caso del testador, le permite dejar en orden la transmisión de su patrimonio. En el caso de los herederos o legatarios, el testamento permite conocer la voluntad del testador, así como facilitar el trámite sucesorio y la adjudicación de los bienes a su favor, sin importar su tamaño o valor.

En adición a lo anterior, promover el otorgamiento de testamento implica, también, promover la cultura de la legalidad con los beneficios que todos sabemos ello conlleva.

Es por ello que considero necesario y pertinente la instalación de un Módulo de Atención Ciudadana para incentivar tanto a los Legisladores como a los Trabajadores del Senado de la República y de la Cámara de Diputados y que ellos, a su vez, difundan entre sus familiares y amigos, la importancia de proteger a la familia y a su patrimonio al fomentar la cultura del testamento.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión invita respetuosamente al Colegio Nacional del Notariado Mexicano a instalar un Módulo de Atención en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro y del Senado de la República, durante el mes de Septiembre con motivo de la Campaña “Septiembre Mes del Testamento”.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión, el 10 de agosto de 2016.

Suscribe

Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala.

1 http://www.forbes.com.mx/solo-uno-de-cada-500-mexicanos-tiene-testamento/#gs.lCeZ3=E

2 Código Civil para la Ciudad de México.





 

Del Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de seguridad pública o comisiones de seguridad ciudadana de las entidades federativas a intensificar las acciones para disminuir el robo al autotransporte de carga y fomentar su denuncia con las debidas garantías de nuestras leyes. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, Diputado Federal José Luis Orozco Sánchez Aldana integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2 , 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Mexicanos; y de los artículos 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a consideración de esta Honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarias de Seguridad Publica o Comisiones de Seguridad Ciudadana de las Entidades Federativas, a que intensifiquen las acciones para disminuir el robo al autotransporte de carga y fomentar su denuncia con las debidas garantías de nuestras leyes;al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En nuestro país, como en cualquier otra nación; el transporte ya sea de pasajeros o de mercancías, es una de las piezas elementales de su funcionamiento en distintos aspectos.

Por ello, debemos reconocer que específicamente, el autotransporte de carga en nuestra economía; es engrane esencial y muy probablemente, uno de los motores mismos de su articulación.

Así ha sido y seguirá siendo.

Actualmente, a través de este servicio no solo se mueven por el sistema carretero, el 82% de la carga total vía terrestre1; sino mucho más.

Se mueve también una parte significativa de nuestro Producto Interno Bruto porque este sector aporta el 5.9% del PIB total2 y el 82% del PIB del Sector Transporte, Correos y Almacenamiento3; asimismo, es una parte representativa del empleo formal en el país, porque registra cerca de 1.8 millones de empleos directos4.

Como se puede apreciar con lo anterior, es un sector históricamente, imprescindible; que, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, se ha consolidado y crecido vertiginosamente; aunque sigue enfrentando muchos obstáculos que se han ido profundizando con el tiempo.

Es indudable que se trata de un sector clave de nuestra economía y estratégico en lo que se refiere a nuestro comercio internacional.

Por ello, a través del tiempo se ha buscado apoyarlo y permitirle un crecimiento que traiga beneficios no solo a las familias que directamente dependen y subsisten de esta actividad, sino también a todo México.

No obstante, a pesar de su importancia no hemos sido capaces de apoyarlo para afrontar algunos problemas que históricamente han impedido su crecimiento en la magnitud y la velocidad que se requiere al interior del país y hacia el exterior en materia de competitividad.

Por ejemplo, las profundas desventajas que se tienen frente al mismo sector de nuestro mayor socio comercial y país vecino, los Estados Unidos; porque, mientras allá existen muchas empresas de autotransporte especializado que manejan un parque vehicular de incluso 10 mil unidades5; aquí existen muy pocas empresas constituidas que en conjunto operan, poco más de 380 mil unidades de autotransporte, debidamente registradas6.

De estas empresas, de acuerdo a información de especialistas en el ramo, solo el 0.6% llega a más de 100 unidades en su parque vehicular7.

Otro 2% de éstas tienen entre 30 y 100 unidades, un 15.6% manejan entre 6 y 30 unidades vehiculares y el porcentaje restante de unidades de autotransporte, se refiere a empresas que manejan entre 1 y 5 unidades, consideradas también hombres-camión8; lo que representa una significativa diferencia en materia de competitividad en comparación con las empresas norteamericanas.

Lo anterior, deriva en que los costos de autotransporte de carga entre nuestro país son un 25 o 30% más caros que en Estados Unidos9, a pesar de que en México el 76% de las mercancías se transporta mediante el sistema carretero y solo un 18% se hace por tren y en Estados Unidos un 26% se transporta por carretera y el 41% por tren10.

Además, y al interior del país, otro de los problemas que enfrenta nuestro autotransporte de carga es la nula integración de corredores para el transporte y la adecuada planeación estratégica de las compañías transportistas; por lo que en la actualidad cerca del 35% de los viajes de retorno a sus terminales, las unidades lo realizan sin carga11.

Desafortunadamente, estos problemas anteriormente descritos que son graves y repercuten seriamente en el desarrollo de este sector tan necesario para nuestro país, comercio y la economía en general, no son los únicos.

Hay otro problema más, igual de serio, perjudicial, grave y cada vez más frecuente; el robo al autotransporte de carga.

La situación en la actualidad es verdaderamente alarmante, en parte porque legislativamente poco se ha hecho para enfrentar este problema y no hemos sido capaces desde esta soberanía de aportar medidas contundentes, a los esfuerzos municipales, estatales y federales para enfrentar con integralidad este delito.

Basta mencionar que, en el año 2012, lamentablemente México fue declarado como el país a nivel mundial, que registro el mayor número de asaltos a camiones de carga en su sistema carretero12, como consecuencia entre los años 2009 y 2012 del incremento promedio anual del 40% de este delito13.

Hoy, si bien se ha avanzado para detener esta situación, no se ha logrado del todo porque recientemente se reporta que desde el 2012 apenas ha disminuido la recurrencia de este delito en aproximadamente 25%14.

Por ello, tenemos que en nuestro territorio se registran alrededor de 65 mil asaltos o robos a camiones de carga al año, o dicho de otra manera 180 unidades de autotransporte, víctimas de la delincuencia al día15.

180 unidades de las cuales dependen familias enteras, una parte significativa de nuestro comercio y del desarrollo de nuestra economía.

Además de lo alarmante de estos datos, existe una particularidad que ha agravado la inseguridad y el riesgo que corren no solo las empresas transportistas sino principalmente, los operadores de las unidades y la sociedad en su conjunto; el hecho de que este tipo de delito lo comenten verdaderas mafias y bandas estructuradas y articuladas de la delincuencia organizada. Delincuentes violentos, fuertemente armados y sumamente peligrosos.

Esta situación tiene múltiples repercusiones; en materia de inseguridad no únicamente para el autotransporte o los operadores, sino para la población en su conjunto, porque estas bandas sustraen la mercancía y la comercializan ilegalmente en zonas altamente delictivitas, extendiendo así la incidencia de su delito.

Y posteriormente, afecta el costo del autotransporte de carga y su capacidad de competencia tanto interna como externa. Todo ello porque los operadores independientes o las pequeñas empresas de transportistas; tienen que elevar sus costos de operación para adecuar sus trayectos a horas y zonas más seguras para llegar a su destino con la carga segura; o bien, las pocas compañías transportistas medianas o grandes que hay, tienen que incrementar en promedio un 20% sus costos de operación por la inclusión obligada de gastos en materia de seguridad16.

Cabe señalar, que ante la gravedad de esta situación; en el año 2011 se hizo un importante esfuerzo legislativo para tipificar como delito federal, el robo al autotransporte en nuestro país. La LXI Legislatura a través de la Comisión de Justicia, aprobó un dictamen para este efecto, mismo que desafortunadamente, quedo en el olvido posteriormente.

Como se puede apreciar, no podemos quedarnos inmóviles o indiferentes ante este problema grave que tanto afecta a nuestra población, nuestro país y la economía.

Estamos frente a un problema que es ya, prioritario y de seguridad nacional.

Tenemos que asumir que se trata de un sector indispensable y estratégico para el desarrollo de nuestro comercio, nuestro mercado interno y nuestra capacidad competitiva, frente a naciones vecinas y cada vez más integradas comercialmente a nosotros, como Estados Unidos.

A la vez, nos referimos al sustento de familias enteras que subsisten de esta noble y gran actividad laboral; personas que, ante la situación actual, están viendo amenazado su trabajo, su integridad, su futuro e incluso, la vida misma del ser querido que día a día, esta tras el volante.

Nos encontramos frente a un delito de cuantiosas ganancias, y un circulo viciosos, degenerativo y altamente perjudicial que atenta contra la economía nacional, la población en general y tristemente menoscaba el tejido social.

Por ello, ninguna autoridad debe ser ajena y corresponsable en la estrategia integral que este problema requiere para su atención.

Y este importante esfuerzo, las autoridades estatales en el cumplimiento cabal de sus atribuciones; son fundamentales, lo han hecho bien, pero la realidad exige que tienen que hacerlo, todavía mejor.

Porque nadie está exento de ser víctima directa o indirecta de este lamentable delito; si, no actuamos todos decididamente también contra este mal, tampoco nuestro futuro está a salvo.

Por ello, también debemos legislar para disponer a las autoridades de este país, de las herramientas necesarias, actuales y acordes a la realidad; para que sus esfuerzos en todos los niveles tengan la mayor efectividad posible en el hoy y el mañana.

Ese es nuestro pendiente aún.

Se debe perseguir a quien roba y secuestra a las unidades y sus operadores, a quien transporta y comercializa la mercancía robada; y también, debemos de poner sobre la mesa la necesidad imperiosa de llevar ante la justicia a quienes llevan la contabilidad administrativa de los cuantiosos recursos ilícitos de estas bandas de la delincuencia organizada.

Ante la gravedad de este delito en el país, no podemos ser vacilantes ni mucho menos indecisos, hoy el autotransporte mexicano de carga, requiere del apoyo y la reacción con mayor agilidad de todos.

Y en ello, las autoridades estatales de seguridad pública de todo el país, tienen un papel elemental.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ARTICULO ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarias de Seguridad Publica o Comisiones de Seguridad Ciudadana de las Entidades Federativas, a que intensifiquen las acciones para disminuir el robo al autotransporte de carga y fomentar su denuncia con las debidas garantías de nuestras leyes.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
del Honorable Congreso de la Unión, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente

Dip. José Luis Orozco Sánchez Aldana.

1 Estadística Básica del Autotransporte Federal 2014. SCT. Subsecretaria de Transporte.

2 Estadística Básica del Autotransporte Federal 2014. SCT. Subsecretaria de Transporte.

3 Estadística Básica del Autotransporte Federal 2014. SCT. Subsecretaria de Transporte.

4 Estadística Básica del Autotransporte Federal 2014. SCT. Subsecretaria de Transporte.

5 American Trucking Association.

6 Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. CANACAR

7 Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. CANACAR

8 Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. CANACAR

9 Instituto Mexicano del Transporte. Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

10 Instituto Mexicano del Transporte. Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

11 Instituto Mexicano del Transporte. Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

12 Estudio Robo de Carga en México 2012. FreightWatch International.

13 Cámara Nacional del Autotransporte de Carga.

14 Camara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias. CANAINCA.

15 Cámara Nacional del Autotransporte de Carga.

16 Asociación Nacional de Transporte Privado.





 

Del Diputado Adolfo Mota Hernández, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en la medida de sus posibilidades presupuestales, genere las condiciones para que la empresa distribuidora social de Leche Liconsa continúe con los apoyos a productores del estado de Veracruz. Se turna a la Tercera Comisión.







 

De los Diputados Francisco Martínez Neri y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades para que, en el caso del indígena zapoteco Heliodoro Morales Mendoza, se respeten el debido proceso legal y sus derechos humanos. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, Dip. FRANCISCO MARTÍNEZ NERI, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo.

CONSIDERACIONES

La justicia penal en México está calificada por diferentes organismos nacionales e internacionales que miden periódicamente la percepción de los mexicanos sobre el sistema de justicia, como una de las más corruptas e impunes del mundo, que viola permanentemente derechos humanos y mantiene altos índices de desconfianza en la sociedad.

Así por ejemplo, un estudio realizado por el Centro Estudios Sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) coloca a México en el penúltimo lugar de los 59 países más impunes del mundo1. La Encuesta Nacional Sobre el Sistema de Justicia Penal en México (ENSIJUP), patrocinada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), rebeló que sólo el 6% de cada 100 mexicanos confía en el sistema de justicia penal mexicano, mientras que el resto lo considera injusto y corrupto.2 Asimismo, el estudio de 2015 del World Justicie Project (WJP)3 otorga al sistema de justicia penal mexicano una calificación de 0.31, en una escala que va de 0 a 1; Ello coloca a México en el puesto 93 de 102 países evaluados. Otros estudios revelan que más del 50% de las personas están presas por robos de 5 mil pesos o menos y una cuarta parte por 700 pesos o menos4; y que el 40% de la población penitenciaria permanece sin sentencia.

Son tales los abusos cometidos por el sistema de impartición de justicia en México, que hay quienes lo califican como “la casa de los horrores” y “mar de la impunidad”. No hay exageración en esos calificativos. Se demuestra con cientos de casos que ocurren diariamente a lo largo y ancho del país.

El caso del campesino indígena zapoteco Heliodoro Morales Mendoza, del municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, preso por matar tres conejos para alimentarse en un terreno de siembra de propiedad comunal, dado a conocer la semana pasada por medios locales y nacionales, y que motiva esta propuesta de punto de acuerdo, desgraciadamente no es un caso aislado, más bien es uno entre miles que ilustran claramente lo endeble del estado de derecho y por qué las cárceles están llenas de inocentes, sobre todo por ciudadanos de los grupos más vulnerables de la sociedad que carecen de recursos para pagar su libertad.

La detención obedece a la causa penal 121/2013, en el que se dictó la orden de aprehensión contra el regidor supuestamente por los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y delitos contra la biodiversidad e invasión de propiedad ajena.

En la información pública por distintos medios impresos y electrónicos, basada en la investigación del caso y entrevistas a los familiares del detenido, se mencionan distintos hechos que presumen violaciones graves relacionadas con los derechos humanos, los derechos de los pueblos indios y a las garantías constitucionales del debido proceso.

Denunciado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y procesado por el delito tipificado en la fracción III del artículo 420 del Código Penal Federal, que establece que “se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de 300 a 3 mil días de multa, a quien ilícitamente: Realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestres”, Heliodoro Morales Mendoza cumple seis meses preso sin ser sentenciado en el reclusorio ubicado en Santa María Ixcotel; mientras que el Ministerio Público, al consignar el expediente y como si se tratara de un feroz delincuente, pide recaiga sobre el acusado todo el peso de la ley al solicitar una sentencia por 9 años de prisión.

En el colmo de las aberraciones del proceso y como una expresión más de la insensibilidad de los jueces como operadores del sistema de impartición de justicia, el juez de la causa pide corroborar la identidad indígena del acusado por medio de un dictamen que realice la Comisión Nacional de Pueblos Indios, además de exigir un examen técnico donde se establezca que el preso no es de alta peligrosidad para la sociedad ¡por haber matado tres conejos en una parcela de uso comunal!

Al margen de si es verdad o no que cometió el delito que se le imputa, de si uso o no “un medio no permitido” para cazar conejos, en México y en cualquier lugar del mundo, bajo criterios de usos y costumbres y de justica con sentido humanitario, es un desatino que se encarcele y procese a una persona por cazar fauna silvestre menor para alimentarse, máxime cuando no se trata de una especie en peligro de extinción. ¿A qué obedece el rigorismo formal en la aplicación de la justicia cuando en el peor de los casos hablamos de un delito menor? ¿Será por tratarse de una persona humilde, campesina e indígena sin medios de defensa?

Por lo expuesto y motivado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que en el ámbito de sus atribuciones y competencia considere su intervención en el caso del campesino indígena Heliodoro Morales Mendoza, a fin garantizar el debido proceso legal, así como el pleno respeto a sus derechos humanos.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría General de la República para que en el marco de sus facultades y atribuciones, considere el desistimiento de la acción penal por el agente del ministerio público en el caso del campesino indígena Heliodoro Morales Mendoza.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al juez de la causa a que en el proceso que se le sigue al indígena zapoteco Heliodoro Morales Mendoza, se considere la condición cultural, social y económica del imputado, así como el respeto a los derechos de los pueblos indios y los derechos humanos, con apego al debido proceso.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión, el 10 de agosto de 2016.

Suscriben

Dip. Francisco Martínez Neri.- Dip. Omar Ortega Álvarez.

1 Centro Estudios Sobre Impunidad y Justicia (CESIJ). http://www.udlap.mx/cesij/resumenejecutivo.aspx

2 http://www.setec.gob.mx/es/SETEC/Encuesta_Nacional_sobre_el_Sistema_de_Justicia_Penal

3 http://data.worldjusticeproject.org/#groups/MEX

4 http://cidac.org/poblacion-penitenciaria-en-mexico/





 

De las Diputadas Jorgina Gaxiola Lezama y Sofía González Torres, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades estatales y municipales correspondientes a implementar un programa de manejo de fuentes contaminantes y su control para reducir los niveles de plomo detectados en el medio ambiente de la ciudad de Mexicali, en el estado de Baja California. Se turna a la Tercera Comisión.

Quienes suscriben, Dip. JORGINA GAXIOLA LEZAMA y Dip. SOFÍA GONZÁLEZ TORRES, a nombre de los Diputados Federales del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el año 2013 cobró relevancia la noticia de que Mexicali se ubicaba como la ciudad más contaminada del país (de acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad1) y ocupaba el tercer puesto dentro de las urbes más contaminadas del mundo, sólo detrás de Ludhiana en la India y de Lanzhou en China (según información difundida por el diario estadounidense The Economist2).

Lamentablemente, a pesar de la advertencia de que la contaminación ambiental está directamente relacionada con el aumento de los problemas de salud en la población, aún son poco visibles las acciones que las autoridades estatales y municipales han implementado para revertir la situación antes señalada, la cual pone en riesgo a más de un millón mexicalenses.

Además de la mala calidad del aire, se ha venido señalando de manera reiterada la gravedad del problema que representa la contaminación del suelo y el subsuelo por metales pesados en el Valle de Mexicali.

El suelo era considerado como un medio con capacidad prácticamente ilimitada para almacenar y ser depósito último de residuos contaminantes sin originar efectos nocivos, al menos inmediatos. Sin embargo, hoy existe consenso y evidencia suficientes para establecer que la contaminación del suelo representa la pérdida de este recurso, además de que los contaminantes presentes en éste constituyen un riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) detectó altos niveles de plomo en el subsuelo y en el aire de Mexicali, provocados por el desazolve de los canales de riego del Río Colorado que se encuentran en la zona agrícola y se extienden hasta la urbana.

El profesor e investigador universitario retirado Raymundo Reyes Rodríguez declaró en entrevista con el periódico La Jornada de Baja California que el último estudio que realizó, en 2013, fue en los canales de riego de Mexicali, por los residuos de lodo que arrastra el Río Colorado. Una de las cuestiones destacadas fue la alta presencia de plomo en el ambiente. Si bien los índices de plomo en los canales de riego no rebasaban el límite permitido por la Agencia de Protección al Ambiente estadunidense (EPA), lo cierto es que son altas en el polvo del medio ambiente.3

El profesor Reyes Rodríguez dijo que se encontró plomo en los residuos de los sedimentos que vienen del Río Colorado por los principales canales de riego del Valle de Mexicali, lo cual resulta preocupante dada la exposición a este metal pesado a la cual se someten los habitantes de las zonas aledañas. Igualmente, señaló que se llevó a cabo un estudio más que consistió en revisar el polvo de las casas, sobre todo en las ventanas y en los marcos de las puertas, y ahí se detectó la presencia de plomo, lo que aunado al poco viento registrado en la zona, provoca que esa contaminación permanezca.

Según advirtió el profesor Reyes Rodríguez, el plomo tiene la particularidad de adherirse fácilmente al subsuelo o a residuos de lodo y de ahí se infiltra al subsuelo, o bien, si estos residuos no son confinados debidamente este material vuela por el aire.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el plomo tiene graves consecuencias para el cuerpo humano, especialmente en la salud de los niños pequeños quienes son particularmente vulnerables porque llegan a absorber una cantidad entre 4 y 5 veces mayor que los adultos.4

Una vez dentro del cuerpo, el plomo se distribuye hasta alcanzar el cerebro, el hígado, los riñones y la estructura ósea, y se deposita en dientes y huesos, donde se va acumulando con el paso del tiempo. Si el grado de exposición es elevado, ataca al cerebro y al sistema nervioso central, pudiendo provocar coma, convulsiones e incluso la muerte. Los niños que sobreviven a una intoxicación grave pueden padecer diversas secuelas, como retraso mental o trastornos del comportamiento.

Se ha comprobado además que en niveles de exposición más débiles sin síntomas evidentes, antes considerados exentos de riesgo, el plomo puede provocar alteraciones muy diversas en varios sistemas del organismo humano. En los niños afecta, en particular, al desarrollo del cerebro, lo que a su vez entraña una reducción del cociente intelectual, cambios de comportamiento, por ejemplo, disminución de la capacidad de concentración y aumento de las conductas antisociales y un menor rendimiento escolar. La exposición al plomo también puede causar anemia, hipertensión, disfunción renal, inmunotoxicidad y toxicidad reproductiva.

Se estima que en los niños la exposición al plomo causa cada año 600 mil nuevos casos de discapacidad intelectual. Además, la exposición al plomo cobra cada año un total estimado de 143 mil vidas, registrándose las tasas más altas de mortalidad en las regiones en desarrollo.5

Pese a que la ciudad de Mexicali aún no tiene un problema grave de salud originado por la presencia de plomo en el ambiente, es un buen momento para que las autoridades diseñen y pongan en marcha un programa de manejo de fuentes contaminantes y su control para prevenir la acumulación de este metal pesado en el organismo de sus habitantes, especialmente si se tiene en cuenta que la OMS ha señalado puntualmente que no existe un nivel de exposición al plomo que pueda considerarse seguro.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades estatales y municipales correspondientes a implementar un programa de manejo de fuentes contaminantes y su control para reducir los niveles de plomo detectados en el medio ambiente de la ciudad de Mexicali, en el estado de Baja California.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión, el 10 de agosto de 2016.

Suscriben

Dip. Jorgina Gaxiola Lezama.- Dip. Sofía González Torres.

1 Véase, “Mexicali es la ciudad más contaminada del país”, periódico El Informador, 27 de septiembre de 2013.
http://www.informador.com.mx/mexico/2013/487839/6/mexicali-es-la-ciudad-mas-contaminada-del-pais.htm

2 Véase, “Las ciudades más contaminadas del mundo, una mexicana en el conteo”, periódico Excélsior, 29 de mayo de 2013.
http://www.excelsior.com.mx/global/2013/05/29/901545

3 Véase, “Plomo, serio problema de contaminación en Baja California”, periódico La Jornada Baja California, 7 de marzo de 2016.
http://jornadabc.mx/tijuana/07-03-2016/plomo-serio-problema-de-contaminacion-en-bc

4 Véase, “Nota Descriptiva No. 379”, Organización Mundial de la Salud, agosto de 2015.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs379/es/

5 Ibídem.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer o implementar acciones  efectivas para prevenir, atender e inhibir conductas de abuso y hostigamiento sexual  contra las mujeres en los espacios públicos de la entidad. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En su artículo 1º, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, por un lado, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y por el otro, que queda prohibida toda discriminación motivada por […] el género, […] o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.1

En contravención a las disposiciones referidas, en semanas recientes, ha sido de conocimiento público que, en el estado de Guanajuato, existe una amplia inconformidad de las mujeres por el acoso u hostigamiento sexual del que son víctimas en los espacios públicos.

Ante esta situación, es imprescindible que el gobierno estatal lleve a cabo las acciones que se requieran para prevenir, atender e inhibir conductas de esta naturaleza.

Entre las organizaciones que se han pronunciado, está el “Colectivo Calle sin Acoso Guanajuato”, la cual ha señalado que en el estado de Guanajuato no se cuenta con políticas públicas ni leyes para erradicar o sancionar este tipo de ilícitos. Consideran necesario que las autoridades estatales dejen de minimizar el acoso callejero y hacer uso de los recursos necesarios para generar, no solamente sensibilización o transversalidad de políticas públicas con perspectiva de género sino campañas efectivas.2

Por otro lado, el “Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C”, ha manifestado que en la entidad, la violencia hacia las mujeres sigue sin ser reconocida. Sobre el particular, precisó que […] el Estado está siempre detrás de todos los estados del país, tardó mucho en reconocer que hay una violencia específica contra las mujeres, y ahora se sigue tardando en reconocer que esta violencia comunitaria afecta a más del 50% de su población […].3

Estas expresiones, son muestra clara de que el abuso y hostigamiento sexual en Guanajuato representan una problemática que debe ser atendida de manera inmediata e integral.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con el “Diagnóstico cuantitativo sobre la atención de la violencia sexual en México”, elaborado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV),4 entre enero 2010 y junio de 2015, en el estado de Guanajuato se presentaron 7 mil 818 averiguaciones previas por delitos sexuales, de las cuales 4 mil 245 corresponden a abuso sexual.

En este sentido, llama la atención que más del 90% de los delitos sexuales en los que se ha iniciado una averiguación previa en Guanajuato, no llegan a tribunales y que el 99% de las víctimas que denuncian manifiestan que no reciben atención5.

Para ponderar la idoneidad del presente punto de acuerdo, cabe mencionar que conforme al artículo 1º de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra de la Mujer, se establece que la “violencia contra la mujer” se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.6

En el ámbito nacional, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define a la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.7

Además, el artículo 4 de la ley en comento, establece como principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia los que a continuación se señalan: la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; el respeto a la dignidad humana de las mujeres; la no discriminación; y la libertad de las mujeres, todos determinantes para hacer asequible el establecimiento de estadios de mayor bienestar, paz y tranquilidad.

En relación a la legislación estatal, cabe destacar que el artículo 187-a del Código Penal del Estado de Guanajuato, establece que comete el delito de abuso sexual quien sin consentimiento de una persona ejecute en ella o le haga ejecutar un acto sexual, sin el propósito de llegar a la cópula.

La propia ley penal sustantiva señala en su artículo 187-b que comete el delito de hostigamiento quien, valiéndose de su posición jerárquica o de poder, derivado de sus relaciones familiares, laborales, profesionales, religiosas, docentes o de cualquier otra que implique subordinación, hostigue a otra persona para que ejecute, para sí o para un tercero, un acto de naturaleza sexual.

Bajo esta tesitura, en el grupo parlamentario del PRI, consideramos de suma importancia que el Gobierno del estado de Guanajuato, en el marco de sus funciones, fortalezca o en su caso implemente acciones efectivas para prevenir, atender e inhibir conductas de abuso y hostigamiento sexual contra las mujeres en los espacios públicos de la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Guanajuato para que en el marco de sus funciones, fortalezca o en su caso, implemente acciones efectivas para prevenir, atender e inhibir conductas de abuso y hostigamiento sexual contra las mujeres en los espacios públicos de la entidad.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
en el Senado de la República, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente.

1 Párrafos tercero y quinto del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 http://www.am.com.mx/2016/07/20/leon/local/harta-a-mujeres-acoso-en-la-calle-300089

3 http://www.am.com.mx/2016/07/21/leon/local/pide-parar-acoso-a-mujeres-300327

4 Diagnóstico cuantitativo sobre la atención de la violencia sexual en México, p 199 [en línea], consultado el 27 de julio de 2016, disponible en: http://www.ceav.gob.mx/wp-content/uploads/2016/06/Diagno%CC%81stico-Cuanti-VS-Versi%C3%B3n-completa-14-marzo-CVS.pdf

5 http://www.sinembargo.mx/28-06-2016/3060124

6 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx

7 Fracción IV del artículo 4 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.





 

De la Diputada Patricia Sánchez Carrillo, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, así como al Congreso del estado de Quintana Roo a interponer controversia constitucional en contra de del Decreto publicado en el Periódico Oficial del estado del 29 de julio de 2016, mediante el cual se extinguió el órgano administrativo desconcentrado denominado Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo, en virtud de tratarse de un acto que limita el derecho constitucional de acceso a la información pública de los habitantes de aquella entidad federativa. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita, Dip. PATRICIA SÁNCHEZ CARRILLO, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 58, 59 y 60, y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los resolutivos Décimo Tercero y Décimo Cuarto del Acuerdo relativo a las sesiones y al orden del día de la Comisión Permanente, aprobado por este Órgano Legislativo en sesión del 4 de mayo de 2016, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

A medida que se va extinguiendo el mandato del Gobernador de Quintana Roo Roberto Borge van apareciendo hechos poco dignos de un mandatario y que rayan en el extremo de la opacidad y abuso de poder: la revelación de una red formal conformada por funcionarios estatales de alto nivel, dedicada al despojo de propiedades como lo denunció en julio pasado la organización de investigación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; fuga de reos; incremento en ejecuciones, alcanzando incluso al Director de Gobierno Isaías Capeline Lizárraga, por cierto, crimen que al igual que la mayoría, permanece impune; la precipitada operación legislativa para buscar blindar su salida, como lo fue el nombramiento de magistrados, uno de los cuales es el exdirector del registro público de la propiedad Carlos Alejandro Lima Carvajal, acusado y señalado en las investigaciones sobre los despojos de propiedades en el Estado, donde inversionistas extranjeros han salido fuertemente perjudicados ante el abusivo e impune robo de sus propiedades.

¿Es así como la actual administración federal pretende atraer inversión extranjera para el País? ¿Quién invertiría en un país marcado en estos últimos años por una escandalosa corrupción e impunidad, que incluso ha alcanzado a servidores públicos cercanos a la Presidencia de la República?

El más reciente escándalo de opacidad y corrupción en el que se ha visto envuelto el gobierno del Estado de Quintana Roo, ha sido La desaparición de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo en la entidad (UVTAIP), bajo el argumento que pasará a ser una Coordinación de la Secretaría de la Gestión Pública, según lo señala el Periódico Oficial del Estado con numero 14 extraordinario 14 bis, del pasado 29 de julio, en el que se suscribió el acuerdo para la extinción del órgano descentralizado que garantiza a los ciudadanos el acceso a la información pública. Lo que más llama la atención de esta modificación, es que la misma se realizó en periodo extraordinario, a menos de 60 días de entregar el poder y en plena transición.

Si bien es cierto que el argumento que utilizan busca apegarse a la nueva Ley Federal de Transparencia promulgada en 2015, que obligo a los estados a crear sus propias leyes y se dio plazo de un año para realizarlo, que por cierto venció en mayo de este año. ¿Por qué esperar hasta el último momento? ¿Por qué realizarlo en pleno ejercicio de transición y porque esperaron hasta que pasaran las elecciones?

Un ejemplo más de la opacidad con la que se está conduciendo el gobierno estatal de Quintana Roo, que está a punto de concluir, es la sospechosa desaparición de documentos, entre ellos los que dan en usufructo por 30 años, 50 hectáreas en la Isla de Cozumel al Gobernador Roberto Borge Angulo. Esta operación se realizó el 15 de marzo de 2015 y fue avalada por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a través del Registro Agrario Nacional (RAN) mediante el contrato de usufructo con folio 23001001109111945R. Esta operación tiene su origen en la décima sesión ordinaria de asamblea del Ejidatario en el ejido Cozumel, Quintana Roo, celebrada el 3 de febrero del 2013. Por increíble que parezca, en esa misma asamblea se tocan temas tan diversos como la petición de un préstamo por 7 mil pesos, también entre muchos otros temas hay un debate sobre UNA hectárea que finalmente se queda con su propietario mediante una muy cerrada votación, es por ello que llama la atención la forma como autorizan el usufructo gratuito de 50 hectáreas por 30 años con el 75% de los votos, en ese momento a favor de los señores Jefferson Efraín Morales, Reyes Rodríguez y “otros”. Solo que sorpresivamente el contrato avalado por la SEDATU es a favor de Roberto Borge Angulo y ya no aparecen ni Jefferson Morales ni Reyes Rodríguez, siendo así como “otros” se convirtió en Roberto Borge Angulo.

Y no debemos olvidar, por supuesto, el irresponsable endeudamiento por más de veintidós mil quinientos millones de pesos durante esta administración del gobierno estatal, deuda que tendrán que pagar cada uno de los contribuyentes de Quintana Roo. El sexenio se termina con su sello característico: opacidad, impunidad, abusos, robos, despojos y la estricta aplicación de la clásica frase: “a mis amigos justicia y gracia, a mis enemigos, la ley a secas”.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Órgano Legislativo la presente proposición con:


PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la unión exhorta a la Procuraduría General de la República, así como al Congreso del estado de Quintana Roo, a interponer controversias constitucionales en contra del decreto Publicado en el Periódico Oficial del estado de Quintana Roo, con número 14 extraordinario 14 bis, del 29 de julio de 2016, mediante el cual se extinguió el órgano administrativo desconcentrado denominado Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo, en virtud de tratarse de un acto que limita el derecho constitucional de acceso a la información pública de los habitantes de aquella entidad federativa.

SEGUNDO. Se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano del Gobierno Federal, remita a la brevedad a esta Comisión Permanente un informe detallado en que se expliquen los motivos por los cuales esta dependencia avaló, a través del Registro Agrario Nacional (RAN), el contrato de usufructo con folio 23001001109111945R, el cual concede el uso y disfrute por 30 años, de 50 hectáreas en la Isla de Cozumel en favor del C. Roberto Borge Angulo.

Recinto del Senado de la República, sede de la
Comisión Permanente, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente

Dip. Patricia Sánchez Carrillo.





 

De los Diputados Óscar Ferrer Abalos y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua a informar sobre el “Proyecto Hidrológico para Proteger a la Población de Inundaciones y Aprovechar mejor el Agua”, los proyectos realizados este 2016 y los que no se llevaron a cabo con el recorte presupuestario de 500 millones de pesos, así como sobre el riesgo que corre el estado de Tabasco por la falta de aplicación del PROHTAB. Se turna a la Tercera Comisión.

Los Suscritos, Diputados OSCAR FERRER ABALOS y OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, integrantes del grupo parlamentario del PRD de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición con punto de Acuerdo con carácter de Urgente u Obvia Resolución con base en lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Proyecto Hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua” PROHTAB es un convenio de colaboración entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y el estado de Tabasco, que se firmó en marzo de 2013 para darle continuidad a los mecanismos activados en materia de reacción a las inundaciones tras la administración de Andrés Granier y el vencimiento del Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT).

Al PROHTAB se le destinaron inicialmente 2 mil millones de pesos distribuidos en 185 obras, pero antes se crearon otros mecanismos de inversión para evitar daños y pérdidas por los complicados ciclos del agua en Tabasco.

De 2003 a 2007 estuvo vigente el Programa Integral contra Inundaciones (PICI) al que se le destinaron también poco más de 2 mil millones de pesos, que no sirvieron de mucho cuando llegó la gran contingencia de 2007.

Luego, de 2008 a 2012 se echó a andar el Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT), con 9 mil 300 millones de pesos; un proyecto al que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un “resolutivo con salvedad” por “falta de definición de sus objetivos, metas y alcances”.

Todos estos recursos suman un total de 13 mil 300 millones de pesos distribuidos a lo largo de once años, en los cuales se habrían invertido más de mil millones de pesos cada año en infraestructura, mantenimiento y estudios; a parte de los recursos del Fondo Nacional de Desastres y otros para hacer frente a las emergencias.

Originalmente, el PROHTAB contempló obras y acciones a través de Conagua en los sistemas de ríos Mezcalapa-Saloya, Chilapa-Usumacinta, Carrizal-Viejo Mezcalapa, Ríos de la Sierra-Bajo Grijalva y Mezcalapa-Samaria, así como el estudio para el Proyecto Hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua. De este último han salido a la luz doce capítulos, además de la lista total de acciones y obras, muchas de las cuales llegaron como pendientes arrastrados desde el PHIT.

En el convenio, el gobierno del estado de Tabasco se comprometió a rehabilitar cárcamos y estaciones de bombeo, equipar cisternas de agua potable y pozos profundos; Conagua se comprometió a aportar los recursos y coordinar las actividades, así como informar sobre el estado de los vasos reguladores y señalar en dónde no se puede construir obra. Pero el avance del estudio no llega todavía a ese nivel de detalle, puesto que faltan, entre otras, el desarrollo de Atlas de riesgo a nivel municipal.

El 13 noviembre de 2015 la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2016 y como parte de las modificaciones realizadas en ejercicio de su facultad exclusiva los diputados modificaron el Anexo correspondiente a los subsidios o programas federalizados de agua potable y saneamiento y de infraestructura hidroagrícola que ejecutan en forma directa las entidades federativas.

Con lo que respecta al PROHTAB, se habían aprobado mil cien millones de pesos para su ejercicio en 2016, después del recorte presupuestal de inicios de años 2016, se redujeron 500 millones de pesos, quedando para el ejercicio de este año únicamente 600 millones de pesos.

Lo que es preocupante ante el fenómeno de la Niña que está pronosticado impacte con fuertes tormentas al Estado de Tabasco, donde se corre el inminente riesgo de inundaciones.

Es importante señalar que se requiere, sacar adelante obras del PROHTAB sobre todo en su etapa que incluye municipios que han sido afectados con las obras realizadas con anterioridad para así contribuir al adecuado manejo en aguas dulces y saladas, por lo que hacemos un fuerte extrañamiento a la reducción de 500 millones de pesos como plan de recorte presupuestal para este rubro en específico y mil millones de pesos de recorte para el Programa Federal de agua potable y alcantarillado y saneamiento

Para lograr lo anterior es necesario enfocar los esfuerzos gubernamentales y el presupuesto para financiar y así establecer y poner en funcionamiento infraestructuras humanas y tecnológicas apropiadas que permitan oportunamente diagnosticar los impactos y efectos de los desastres, lo mismo que los fenómenos hidrometeorológicos extremos, de tal forma que sea posible tomar medidas para mitigarlos.

Solicitamos tener acciones coordinadas y constantes de todos los niveles de gobierno para lograr mitigar los daños ambientales y poder enfrentar los efectos del cambio climático para salvaguardar la integridad física de los habitantes de Tabasco, poniendo énfasis en la preservación sin olvidar la dependencia económica de la zona de mar del Golfo de México del que podemos tener un aprovechamiento planeado y sustentable para futuras generaciones
.
Al no tener la información necesaria de los programas realizados dentro del PROHTAB para prevenir el riesgo de inundaciones, por estas razones expuestas se propone a esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO: La comisión permanente exhorta a los titulares de la secretaría de hacienda y crédito público, de la secretaría de medio ambiente y recursos naturales y de la comisión nacional del agua, para que informen pormenorizadamente a esta soberanía, sobre los proyectos hidraulicos que se han realizado en el estado de tabasco este año 2016 y los que cancelaron con el recorte presupuestario de 500 millones de pesos del “proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua (PROHTAB)”.

SEGUNDO: la comisión permanente exhorta respetuosamente a la comisión nacional del agua para que informe sobre el estado de riesgo en que se encuentra el estado de tabasco ante los pronosticos climáticos y la falta de aplicación de proyectos del PROHTAB.

Dado en la sede de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, el 10 de agosto de 2016.

Suscriben

Dip. Oscar Ferrer Abalos.- Dip. Omar Ortega Álvarez.





 

De las Diputadas Jorgina Gaxiola Lezama y Sofía González Torres, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades laborales y de salud a llevar a cabo las acciones necesarias para concientizar a la población sobre la importancia de la alimentación natural de los bebés, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Se turna a la Segunda Comisión.

Quienes suscriben, Dip. JORGINA GAXIOLA LEZAMA y Dip. SOFÍA GONZÁLEZ TORRES, a nombre de los Diputados Federales del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 1979, ante la disminución de las tasas de lactancia materna a nivel mundial, el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) organizaron una reunión sobre la alimentación del lactante y niño pequeño, misma que tuvo como resultado la recomendación de crear un Código Internacional cuyo objetivo fuera el controlar las prácticas de comercialización de fórmulas infantiles y otros productos utilizados como sustitutos de la leche materna de manera parcial o total.

Es este sentido, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó en mayo de 1981 el “Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna”,1 mismo que fue adoptado, total o parcialmente, por 24 naciones, mientras que otras 27 incorporaron a su legislación muchas de las normas allí estipuladas.

Asimismo, la Conferencia Internacional de Nutrición de 19922, celebrada en Roma, definió que una de las principales estrategias para disminuir el hambre y la desnutrición es a través del fomento de la lactancia materna, concluyendo que una de las acciones para aumentar sus índices en el mundo es la implementación del monitoreo del Código Internacional.

El Código en comento, a más de veinte años de su ratificación, sigue siendo “la piedra angular” para las autoridades de salud pública en cuanto se refiere a regular algunos aspectos básicos como:

• No anunciar sucedáneos de leche materna, biberones, ni tetinas.

• No obsequiar muestras gratuitas a las madres.

• No realizar promociones en los sistemas de salud, lo cual incluye no ofrecer suministros de fórmula gratis o a bajo costo.

• No permitir que se entreguen donaciones o muestras gratuitas a las y los trabajadores de la salud.

• No utilizar fotografías de bebés, ni palabras que idealicen la alimentación artificial en las etiquetas de los productos; la información provista a las y los trabajadores de la salud debe ser científica y objetiva.

• Vigilar que la información sobre alimentación artificial, incluyendo la que aparece en las etiquetas, explique los beneficios y superioridad de la lactancia materna y alertar sobre los peligros relacionados con la alimentación artificial.

Con estos elementos, la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna, la cual es una entidad que trabaja conjuntamente con la OMS y con UNICEF, coordina cada año la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, siendo el lema del presente 2016: “Lactancia Materna: clave para el desarrollo sostenible”.

Basta recordar que el desarrollo sostenible es la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer los recursos y posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

La relevancia de la lactancia materna como clave para el desarrollo sostenible radica en que ésta se vincula con la nutrición y la seguridad alimentaria; así como la salud con el desarrollo y la supervivencia. Igualmente, al potenciar el desarrollo de las capacidades humanas, la lactancia materna es fundamental para la productividad económica y el potencial educativo de las futuras generaciones. Además cabe señalar que la lactancia materna, en comparación con otras alternativas alimentarias, es una práctica ambientalmente sostenible.

Desde este punto de vista, la alimentación con leche materna y la buena nutrición en la infancia son aspectos cruciales para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular, los que se refieren a la supervivencia infantil, como reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad entre los menores de cinco años, así como erradicar la pobreza extrema y el hambre, estos últimos asuntos planteados en la Agenda de Rio+15 de Mujeres.

Lamentablemente, México ocupa el último lugar en lactancia materna en Latinoamérica y desde el 2012 se ubica solamente por arriba de Indonesia, Taiwán y Cabo Verde en la evaluación internacional.

Por este motivo, se firmó un convenio para promover la práctica de la lactancia materna en los centros de trabajo entre UNICEF y la Asociación de Directores de Recursos Humanos, cuyo objetivo es apoyar a las mujeres para que alimenten a sus hijos desde el lugar donde laboran.

De acuerdo a UNICEF-México, la lactancia desde el lugar de trabajo tiene un impacto positivo en la productividad, pues reduce hasta en 35 por ciento las incidencias de salud de los niños y niñas en el primer año. También se ha evidenciado que reduce el ausentismo de las madres y padres entre 30 y 70 por ciento, por lo que impulsar una cultura laboral de apoyo a la lactancia es una oportunidad para cambiar la vida de miles de niños en México y de sus familias, tanto al interior como al exterior de las organizaciones.

Con respecto a los impactos económicos al interior de las empresas, la promoción de la lactancia materna en los centros de trabajo genera beneficios adicionales, entre los que destacan la disminución en la rotación del personal y una reducción considerable en los niveles de estrés de las mujeres.

Los beneficios de la lactancia materna son bidireccionales, pues éstos no sólo se reflejan en el lactante, sino también en la madre, como se muestra a continuación:

Los bebés que se alimentan con leche materna:

• Tienen seis veces más probabilidades de sobrevivencia.

• Gozan de mejor salud porque la leche materna previene infecciones gastrointestinales y respiratorias.

• Tienen menor riesgo de padecer obesidad, diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil, presión arterial elevada, colesterol alto y enfermedades digestivas.

Por su parte, las mujeres que amamantan a sus hijos:

• Se recuperan más rápido del parto.

• Tienen menos riesgos de hemorragias y de depresión post parto.

• Regresan al peso original en menor tiempo.

• Se reducen las probabilidades de padecer enfermedades como diabetes tipo II, osteoporosis, cáncer, hipertensión y problemas cardiacos.

No obstante los muchos beneficios asociados a la lactancia materna, los datos de la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 revelaron que solo 10.8 por ciento de las mujeres trabajadoras en México practicaban la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida de sus bebés. De acuerdo al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutricionales Salvador Zubirán, esta limitación de tiempo en la lactancia materna genera que el 86 por ciento de los niños presenten problemas de malnutrición.

Si bien desde el poder legislativo se han realizado diversas modificaciones tanto a leyes laborales como de salud para el fomento de la lactancia materna3, lo cierto es que en la práctica aún queda mucho por hacer para que más mujeres mexicanas, especialmente las madres trabajadoras, decidan optar por la leche materna para alimentar a sus hijos y así criar niñas y niños más sanos, contribuyendo con ello al desarrollo sostenible de la nación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades laborales y de salud del ámbito municipal, estatal y federal para que, de manera coordinada, lleven a cabo todas aquellas acciones necesarias para concientizar a la población sobre la importancia de la alimentación natural de los bebés en el Marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión, el 10 de agosto de 2016.

Suscriben

Dip. Jorgina Gaxiola Lezama.- Dip. Sofía González Torres.

1 Visible en: http://www.unicef.org/spanish/nutrition/index_24805.html

2 Véase “Conferencia Internacional de Nutrición del 1992”. Visible en www.fao.org/docrep/v7700t/v7700t04.htm

3 Véase el Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Visible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5339161&fecha=02/04/2014.





 

De la Diputada Mariana Trejo Flores y del Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales y estatales a atender la problemática de salud pública y ambiental generada en la presa La Zacatecana y sus alrededores. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita, MARIANA TREJO FLORES y VIRGILIO DANTE CABALLEROPEDRAZA Diputados Federales de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

La contaminación por metales pesados en el estado de Zacatecas es un problema cuyo origen lo podemos rastrear a la época de la colonial, con el descubrimiento en 1546 de las minas de plata que dos años después dan origen a la fundación del Real de Minas de Nuestra Señora de los Zacatecas.

Con la explotación minera de los ricos yacimientos de plata por el método de profundidad mediante el socavón y el túnel de manejo, se crean una gran cantidad de residuos, llamados jales en el argot de la industria extractiva, mismos que en la época colonial eran trasportados por las corrientes de agua y sedimentados a una presa de jales.

Los residuos sedimentados en el vaso de la Presa de la Zacatecana, construida a mediados del siglo XIX en el vertedero de dos de los principales afluentes hídricos del municipio de Guadalupe, Zacatecas, sirvieron de presa de jales y de contención de metales para los sedimentos de la industria minera, situación que sigue dándose hasta la actualidad.

Investigaciones reciente llevadas a cabo por especialistas ambientales de reconocidas instituciones académicas, han expuesto a la luz pública que la comunidades como “La Zacatecana” y otras aledañas se encuentran en el centro de un foco de alta contaminación que pone en riesgo la salud de sus habitantes, debido a la cantidad de metales pesados que existen en tierra, agua y aire del lugar.

El tema de la contaminación en el Ejido la Zacatecana ha estado muy velado por parte de las autoridades municipales y estatales, nadie a ciencia cierta desde el gobierno de la entidad ha fijado una postura en materia de manejo, control y contención de un alto nivel de contaminación, que según estudios, indican la presencia de plomo, mercurio, cadmio, arsénico, y otros metales más pero en menor cantidad, todos ellos concentrados en una zona lacustre a 300 metros del centro de la comunidad de La Zacatecana, y cuyas aguas se aprovechan para uso agrícola y consumo humano, así como la utilización de las tierras aledañas a la laguna para siembra y cosecha de cereales y pastoreo de ganado en temporada de hastío1.

Pero, pese al silencio de las autoridades estatales y municipales, por los estudios ejecutados por los especialistas, sabemos que es urgente establecer medidas de manejo, control y remediación ambiental de la laguna y las tierras circundantes, a fin de evitar que la contaminación se propague y continúe afectando la salud de la población.

Notas periodísticas han tocado el teme recientemente como es el siguiente caso: “Autoridades e iniciativa privada buscan descontaminar la presa de La Zacatecana que además de desechos sólidos contiene minerales que fueron arrastrados por la corriente hasta esta zona. Es por ello que Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología así como el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, a través del Fondo Institucional han iniciado la recolección de muestras para medir el grado de contaminación.

Posteriormente se buscarán las bacterias y hongos presentes que ayuden a contener los contaminantes con el fin de que se pueda esquematizar una propuesta de remediación. El objetivo es evitar un daño a los habitantes de la comunidad que se asentó a los alrededores.(Zacatecas, 2016).

Como ya se había señalado con anterioridad en éste documento, las investigaciones pertinentes han detectado que desde el periodo virreinal hasta el siglo XIX se arrojaron residuos mineros de agua y jales, posteriormente fue utilizado como laguna de oxidación de aguas negras y colector de lluvia. Por lo que el fondo pudiera contener mercurio, cadmio, arsénico, plomo y otras sustancias, señaladas también con anterioridad.

Por su parte, estudios reciente han debelado que en las poblaciones aledañas a la presa, una parte importante de sus habitantes tiene plomo en la sangre, frecuentemente se presentan tiene factores reumatoides y en el 35% de la misma tiene problemas de flurosis aguda, entre otros trastornos graves de salud.

En otro orden de ideas, es de señalarse que en 1998, se llevó a cabo en la ciudad de Zacatecas una de las tres reuniones internacionales del Plan de Acción Regional de América del Norte, que tenía entre sus objetivos generar acuerdos y convenios para disminuir las emisiones de vapores de mercurio a la atmósfera (paran-Mercurio).

El interés por mejorar las condiciones ambientales surgió a raíz del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado por Estados Unidos, Canadá y México. En la misma época, se impulsó la creación del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN) y se constituyó la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA), que buscaba promover la participación de diferentes sectores de la sociedad en la protección del ambiente.

El ejido La Zacatecana fue seleccionado por la evidencia de contaminación por mercurio, la cual se hizo patente gracias a las investigaciones que realizaron empresas privadas e instituciones públicas y educativas durante las décadas de 1980 y 1990, además de los estudios de empresas mineras durante el siglo XX.

Por medio del programa de PARAN-Mercurio, se promovió la realización de proyectos de investigación para analizar el estado de contaminación del ejido La Zacatecana y proponer soluciones. Ello atrajo la participación de actores de la iniciativa privada, instituciones públicas y personas afectadas por el mercurio en otras latitudes del mundo.2(Zetina, 2016).

El Doctor Juan José Peña Cabriales se encuentra investigando el estado de microorganismos que se desarrollan naturalmente en el área de La Zacatecana y que pueden ser benéficos para la contención de contaminantes.

La remediación es el planteamiento que está realizando el doctor Mariano Gutiérrez en la UAM, quien recolectó una serie de plantas y elementos del suelo del área de La Zacatecana, con la finalidad de identificar qué plantas nativas son benéficas para la purificación del ambiente.(CONACYT, 2016).

“La idea no es introducir nuevas plantas o microorganismos, sino ver cuáles en ese ambiente ya han aprendido a defenderse y que pudieran ser útiles. Esas plantas se pueden potenciar naturalmente con bacterias y sembrarlas en sitios estratégicos para hacer la remediación, a esto se le llama fito-remediación, la cual además permitirá que este tipo de compuestos haga barreras biológicas que eviten que los contaminantes lleguen a la población y la dañen; para esto, también queremos definir si hay daño en la salud de la población, su intensidad y de qué tipo”, describió el doctor Calderón Salinas. Mientras que aún continúan con las investigaciones y el daño es evidente.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud; de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, todas dependencias del Poder Ejecutivo Federal, y a los titulares de la Secretaría de Salud de Zacatecas y de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, del mismo estado, para que en el ámbito de sus facultades se aboquen a atender la problemática de salud pública y ambiental, derivada de la contaminación con metales pesados en la presa La Zacatecana y poblaciones aledañas.

Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente

Dip. Mariana Trejo Flores.- Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza.

1 http://docencia.ciesas.edu.mx/Tesis/PDF/179.pdf

2 http://www.redalyc.org/pdf/139/13945706010.pdf





 

De la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Guerrero a asumir su compromiso de reconocer y velar por los derechos políticos de las mujeres, garantizando la permanencia de las que ocupan algún cargo público, así como las prerrogativas inherentes al mismo. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, senadora MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, integrante de la LXIII Legislatura de este Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Trabajar realidades implica visibilizar los fenómenos sociales que ocurren en lo cotidiano, sin que esto naturalice la violencia excedentaria que permea en nuestra sociedad.

Una realidad latente es la violencia desmesurada que se ejerce contra las mujeres, en el espacio público y privado. Empero en el espacio público la violencia se ha perfeccionado de manera que pretende normalizarse, en este sentido el pasado 12 de abril del año en curso presenté Iniciativa que tiene por objetivo poner en la picota pública la violencia política contra las mujeres, como un fenómeno que viven al acceder y ejercer sus derechos políticos, exponiendo las prácticas enraizadas y prevalecientes que en torno al género se traducen en interseccionalidad reforzando comportamientos sociales y políticos discriminatorios que debilitan nuestra democracia.

Inicie mi intervención mencionando 11 de los múltiples casos de mujeres que han sido víctimas de esta modalidad de violencia, que desgraciadamente cobró la vida de una de ellas. Las experiencias de estas mujeres, van plagadas de constantes amenazas, calumnias, ataques y golpes, en el derrotero por participar y acceder a un cargo público, por el hecho de ser “mujeres”.

Estas conductas por parte de sus congéneres, denotan el grado de atraso como sociedad, donde los prejuicios han sido el ingrediente esencial para el caldo de cultivo que ha impedido el desarrollo de nuestro país.

Recientemente, los casos de la C. Rosa Pérez Pérez, Presidenta Municipal de Chenalhó, de Olga Gómez López, y Fabiola Vázquez Ortiz, Presidentas Municipales de Chanal y Tila, Chiapas; así como de la Magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Yolanda Pedroza Reyes han evidenciado la magnitud de este fenómeno que denota la pasividad y desinterés a una situación que cada día pone en riesgo la paz social, de un sistema de representación en crisis.

Otro caso se une a las estadísticas de violencia política, el de la C. Felicitas Muñiz Gómez, presidenta Municipal Constitucional de Mártir de Cuilapan, Guerrero.

En este sentido un grupo de personas que han acompañado a la presidenta, entregaron un oficio dirigido a los Diputados del Congreso del Guerrero expresando lo siguiente:

Hacemos público nuestro apoyo solidario con quien desde su campaña política ha sido víctima de manera reiterativa, de diversas formas de violencia por parte de particulares, de autoridades y por omisión por parte de los órganos encargados de administrar justicia, privándola del derecho a ambientes libres de discriminación y violencia, lo cual vulnera sus derechos político electorales en materia de violencia política contra las mujeres y violenta también la voluntad ciudadana que le encomendó la representación constitucional, que de no atender de manera pronta y expedita, puede causar daños irreparables en su persona, de su familia y/o de la ciudadanía que la apoya, por los siguientes considerandos:

En el proceso electoral constitucional celebrado pasado 7 de junio del año 2015, la C. Felicitas Muñiz Gómez fue elegida por las y los ciudadanos del municipio de Mártir de Cuilapan, Presidenta Municipal Constitucional, por el periodo 2015-2018, ganando con una histórica mayoría.

Es del conocimiento público, que desde su registro, por el Partido Movimiento Ciudadano, la entonces candidata Felicitas Muñiz Gómez ha sido objeto de violencia política perpetrada de manera constante e ininterrumpida, por acción y omisión en diferentes grados de responsabilidad. Estos delitos han sido cometidos por un grupo de 30 personas dirigidas por los ciudadanos Crisóforo Nava Barrios y el Síndico Procurador Benito Sánchez Ayala y las acciones de omisión por las autoridades estatales de Guerrero.

Durante la campaña constitucional de la cual resultó electa, fue víctima de descalificaciones públicas, burlas, insultos, quema de propaganda, amenazas, contra campaña y acoso cometidos por un grupo de hombres encabezados por Crisóforo Nava Barrios. Su triunfo enardeció a los citados, quienes tomaron el ayuntamiento para evitar la toma de protesta de la presidenta electa y no conformes, el 29 de septiembre, cerraron los accesos a la cabecera municipal, para evitar la instalación del cabildo. Agrediendo con arma de fuego, arma blanca y piedras a los seguidores de la presidenta. La consigna del grupo citado fue: “no vamos a dejar que llegue esa pinche vieja” sin que ninguna autoridad le brindara apoyo para cumplir el mandato constitucional. Estos y otros actos, configuran violencia política, de acuerdo a los estándares de la Corte Interamericana, del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su recomendación número 19, el convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres y el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, entre otros, por parte de personas, de autoridades y por omisión por parte de las autoridades.

La gravedad de la violencia política ha llegado al punto de que el grupo que encabeza Crisóforo y el Síndico Benito Sánchez Ayala, en alianza con un grupo de Zotoltitlán, comunidad que provee del agua a la cabecera municipal, cortan el suministro del vital líquido a la cabecera cuando quieren presionar a la Presidenta Municipal, Felicitas Muñiz Gómez, para que les dé dinero, igual de grave, es la destrucción de la obra pública que la presidenta realiza, como lo es azolvar los pozos y descomponer las bombas con las que se extraía agua en la cabecera municipal.

En lonas que colocan en diversos puntos de la cabecera, denigran a la Presidenta Municipal y llaman al pueblo a agredirla. Existe por parte de estos personajes, una discriminación constante hacia su persona e imagen, amenazas a su integridad física y violación a sus derechos políticos.

Ante ello hicieron principal hincapié en:

A los Diputados, los urgimos a legislar en materia de la violencia política hacia las mujeres, como un delito grave, para que desde esa representación de la soberanía popular, tengamos un marco jurídico actualizado que enuncie claramente las penas a que se hacen acreedores quienes hasta hoy siguen violentando de manera impune los derechos humanos de las mujeres. “La violencia basada en el género es una violación a los derechos humanos y una forma de discriminación en contra de las mujeres” –Belem do Pará-Corte Interamericana. Por lo que les reiteramos que la resolución del dictamen debe hacerse desde el marco de los derechos humanos, claramente sustanciados en el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las mujeres.

Al C. Gobernador Héctor Astudillo Flores, lo instamos a tomar todas las medidas legislativas y de políticas públicas pertinentes, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres guerrerenses, con base en los instrumentos internacionales y los compromisos adquiridos por el estado mexicano, señalados en el Protocolo para atender la Violencia Política contra las mujeres, La Declaración de Belém do Pará, La Declaración sobre Violencia Política contra las Mujeres, la CEDAW, El Consenso de Quito, El consenso de Brasilia, y a realizar todas las acciones necesarias para detener la violencia política cometida de manera continua contra la Presidenta FelícitasMuñíz Gómez.

En nuestro país los obstáculos que las mujeres tienen que librar para decidir participar en el ámbito político son diversos, no obstante, las mujeres que han llegado a los espacios de toma de decisión se han unido para promover mejores condiciones y abrir paso a las que vienen atrás de ellas, el logro de la paridad en el nivel constitucional fue fundamental, lo preocupante es el incremento de la violencia de género que trajo consigo ese avance, y vale la pena hacer hincapié en que se trata de un asunto de violencia de género, ya que, esta violencia hacia las mujeres es por ser mujeres y tiene un impacto que les afecta desproporcionadamente1; esta violencia es claramente un acto de discriminación, que mantiene a las mujeres en situación de subordinación limitando su acceso a mejores oportunidades, educativas, laborales y de desarrollo para acceder a una mejor calidad de vida.

Convencida estoy que la presencia de las mujeres en espacios de toma de decisiones es indispensable para fortalecer nuestra democracia, ante esto me he pronunciado por generar reformas y alcanzar los consensos necesarios, que hagan posible la representación equilibrada de mujeres y hombres como condición previa del disfrute pleno de la igualdad ciudadana.

Fundado y motivado en lo antes expuesto, someto a su consideración los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Guerrero, a asumir su compromiso de reconocer y velar por los derechos políticos de las mujeres, garantizando la permanencia de las mujeres que ocupan algún cargo público así como las prerrogativas inherentes al mismo.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Procurador de Justicia del Estado de Guerrero, a investigar la posible comisión de delitos en contra de la C. Felicitas Muñiz Gómez, y castigar a los presuntos responsables.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Guerrero a adoptar medidas legislativas con el fin de prevenir, sancionar y erradicar el acoso y la violencia política contra las mujeres que acceden a un puesto de decisión por vía electoral o designación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el
Senado de la República, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.

1 SEMINARIO: VIOLENCIA POLÍTICA: LA TRANSGRESIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES Ponencia: Protección Judicial de la Violencia Política, Ma. Del Carmen Alanís. 12 de octubre de 2015.




 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informe sobre la solventación de las observaciones por más de 229 millones 667 mil pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, ejercicio fiscal 2014, realizadas al gobierno del estado de Sonora cuyo titular era entonces el Sr. Guillermo Padrés Elías. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) tiene su antecedente en el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), el cual fue incorporado por la H. Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2000, con el propósito de fortalecer las haciendas públicas estatales para realizar proyectos de infraestructura. 1

Los recursos del FAFEF tienen por objeto fortalecer los presupuestos de los estados y la Ciudad de México, así como su saneamiento financiero; las entidades federativas pueden convenir entre ellas, o con el Gobierno Federal, su aplicación, de acuerdo con los destinos previstos en la ley.

Los recursos están etiquetados, dependiendo las reglas de operación del año en curso, para destinarse a la inversión en infraestructura física, así como a la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola; saneamiento financiero; saneamiento de los sistemas de pensiones, prioritariamente a las reservas actuariales; modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales; modernización de los sistemas de recaudación locales y de mecanismos impositivos que permitan ampliar la base gravable.

Asimismo, para el fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; sistemas de protección civil; apoyo a la educación pública y a fondos constituidos para proyectos de infraestructura concesionada o en los que se combinen recursos públicos y privados; al pago de obras públicas de infraestructura que sean susceptibles de complementarse con inversión privada; así como a estudios, proyectos, supervisión, liberación del derecho de vía, y otros bienes y servicios relacionados con las mismas.

Los recursos, de acuerdo a las Reglas de Operación, no se pueden destinar para erogaciones de gasto corriente u operativo, salvo en los casos previstos en los conceptos anteriores.

Como parte de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, del Ejercicio Fiscal 2014 al Gobierno del Estado de Sonora, se encuentran precisamente la relativa a más de 229 millones 667 mil pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). 2
Estas son:

• Probable daño o perjuicio por un monto de 10 millones 400 mil 408.63 pesos más los intereses generados, por no aplicar a la fecha de la auditoría los recursos reintegrados a la cuenta específica del Fondo.

• Que el Gobierno del Estado aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 56 millones 299 mil 378.11 pesos por concepto de recursos no ejercidos al 30 de abril de 2015, del Fondo.

• Probable daño o perjuicio por un monto de 29 millones 255 mil 132.94 pesos más los intereses generados, por no aplicar los recursos reintegrados a la cuenta específica del Fondo.

• Probable daño o perjuicio o por un monto de 133 millones 712 mil 85.50 pesos más los intereses generados, por realizar transferencias para apoyos a la educación pública en pago de nómina a maestros, concepto de gasto corriente no financiable con recursos del fondo.

Cabe recordar que de acuerdo al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior que dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el 17 de febrero del presente año, el monto de las observaciones con impacto económico pendientes de solventar 2011-2013, monto observado 2014, importe de procedimientos resarcitorios y monto de denuncias penales relacionados con simulación de reintegros para el Estado de Sonora, ascienden a los 6 mil 288 millones de pesos.

Lo anterior ponen en evidencia que en la pasada administración del Gobierno del Estado de Sonora que encabezó el panista Guillermo Padrés Elías, se actuó de manera irresponsable, traicionando la confianza de los ciudadanos. Ante esta situación, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora (ISAF) ha solicitado procedimientos penales contra varios ex funcionarios locales.

La nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en su artículo 15º señala que las observaciones que emita la Auditoría Superior de la Federación derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública, podrán derivar entre otras, en: solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, informes de presunta responsabilidad administrativa, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos ante la fiscalía especializada y denuncias de juicio político, entre otras.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el ámbito de sus responsabilidades y atribuciones, informe a esta Soberanía sobre la solventación de las observaciones por más de 229 millones 667 mil pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Ejercicio Fiscal 2014, realizadas al gobierno del estado de Sonora cuyo titular era entonces el Sr. Guillermo Padrés Elías.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
en el Senado de la República, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente.

1 http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/Tomos/Tomo5/09_FAFEF_a.pdf

2 http://informe.asf.gob.mx/consultaporente.html





 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el “Paquete Económico 2017” se eviten recortes presupuestales al desarrollo social. Se turna a la Tercera Comisión.

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante de la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Que a más tardar el próximo 08 de septiembre la Presidencia de la República por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá hacer llegar a la Cámara de Diputados la propuesta del denominado “Paquete Económico 2017”, que incluye el documento “Criterios Generales de Política Económica”; la “Iniciativa de Ley de Ingresos” y el “Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación”, para su aprobación respectiva. Así mismo de acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 42, fracción I, en marzo de este año se turnó al Congreso de la Unión los “Pre Criterios” de Política Económica sobre los que se propondrá el mencionado Paquete Económico 2017.

2.- Que los principales indicadores permiten diagnosticar un crecimiento sostenido pero muy bajo e insuficiente para enfrentar los crecientes problemas de pobreza, desempleo y salarios deprimidos. En marzo de este año, se presentó la versión de los “Pre Criterios”, en ella se sustenta que para el año 2017, habrá un crecimiento del PIB entre 2.6 y 3.6%; el precio del barril de petróleo de la mezcla mexicana estará en 35 dólares; el tipo de cambio en 17.2 pesos por dólar; la tasa de interés en 4.8% y la producción petrolera disminuirá ligeramente para ponerse en 2.08 millones de barriles al día. Cuando los requerimientos de infraestructura básica son abandonados -como está ocurriendo- o son tomados en cuenta para aumentar la producción de bienes y servicios por encima del 5% como lo necesita México, entonces, con esos indicadores presentados en “Pre Criterios” se espera una demanda insatisfecha crecientemente.

3.- Que esto se pudo observar en la elaboración del Presupuesto de este año 2016, cuando se recurrió a la metodología del “Presupuesto Base Cero” eliminando el 26% de Programas respecto del 2015. En esta óptica se fusionaron, cortaron o eliminaron programas importantes considerados en la Infraestructura y en el Desarrollo Social, sólo como un ejemplo significativo, programas de Atención a Adultos Mayores y de asistencia para la lactancia, entre muchos otros fueron recortados considerablemente.

4.- Que a pesar que este año 2016, el precio del petróleo mexicano se viene estabilizando a 35 dólares el barril; que la tasa de interés se encuentra en 4.25%; el tipo de cambio en más de 19 pesos el dólar; --a pesar de ello-- a partir del primero de julio se implementó un aumento en los precios de las gasolinas y de las tarifas eléctricas que afectan seriamente la economía familiar, independientemente si “es legal” por estar dentro de la banda de precios aprobada en diciembre del 2015.

5.- Todo hace indicar que las medidas de política fiscal y monetaria por parte del gobierno no están ofreciendo los resultados de estabilizar los ingresos gubernamentales, y la respuesta que están dando es implementar recortes presupuestales una y otra vez, afectando seriamente el bienestar familiar.

De hecho, en junio del presente año, el Dr. Luis Videgaray Caso, anunció para el 2017 otro “recorte preventivo” probablemente por 175.1 mil millones de pesos como una manera de lograr el equilibrio fiscal de ingresos igual a gastos.

6.- Que la controversia surgida entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para la medición del ingreso de los hogares más pobres ha resultado nada favorable para estos, porque por un lado, según los funcionarios del Inegi, con su nueva metodología, lograron medir el “ingreso oculto” de los más pobres y en consecuencia calculan que en el país, ya 9 millones de mexicanos han dejado de ser pobres.

Mientras, el Coneval se está absteniendo de realizar los cálculos de acuerdo a su metodología, con lo cual la medición de la pobreza, simplemente “no hay datos”. Ante lo cual, es casi seguro, que la Secretaría de Hacienda tome como referencia los resultados de Inegi.

De forma tal, que la disminución estadística y numérica de las familias pobres daría como resultado recortes al Presupuesto destinado a las Zonas de Atención Prioritaria o a los Programas, Fondos y Recursos destinados al Desarrollo Social.

La llamada economía real se sigue desacelerando y este tipo de medidas no ayudan a su recuperación. El gobierno debe encontrar otros mecanismos que le permitan mantener el equilibrio en el balance fiscal que no sean los recortes presupuestales mucho menos en el presupuesto que se asigna al Desarrollo Social.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de Acuerdo en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el “Paquete Económico 2017” se evite recortes presupuestales al desarrollo social.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.





 

De la Diputada Mariana Trejo Flores, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Salud a intervenir en la gestión del proyecto de construcción del hospital comunitario de Mazapil, Zacatecas. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, MARIANA TREJO FLORES, Diputada Federal de la LXIII Legislatura de La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera.- Mazapil, Zacatecas, es uno de los 58 municipios de la división política del estado de Zacatecas. Se ubica al norte de la entidad y cubre el 36% del total del territorio del estado, siendo uno de los 4 municipios más extensos del país. En el territorio que ocupa el municipio, cabrían las entidades de Aguascalientes y Colima. Cuenta con una población de 17 mil 813 habitantes, según datos del censo INEGI 20101.

Por su distribución geográfica, el municipio colinda con el estado de Coahuila y Durango y San Luis Potosí. Las ciudades importantes más cercanas son:

a).- Saltillo 156 km.

b).- Zacatecas 275 km.

La actividad económica del municipio es acotada, principalmente la actividad minera extractiva que genera 7 mil empleos directos en el municipio, agricultura de temporal escasa y ganadería escasa por las condiciones climáticas, ya que el municipio se encuentra enclavado en la región desértica del llamado “Gran desierto de Chihuahua”, con pocas precipitaciones pluviales y un clima seco durante todo el año.

Mazapil a partir del año 2006, con la entrada en vigor de un mega proyecto extractivo minero, ha sufrido grandes cambios en su geografía urbana, incrementando aceleradamente su índice poblacional en concentraciones urbanas, donde la cabecera municipal desde el año 2006 pasó de una población total de 470 habitantes a casi 3500 en la actualidad, mostrando uno de los índices de crecimiento urbano más acelerado del país2.

En la actualidad, cifras extraoficiales, consideran que la población del municipio se acerca a los 18 mil habitantes, de los cuales 10 mil 889 habitantes viven en condiciones de grado de marginación alto3 según los datos proporcionados por INEGI y CONEVAL4.

Por todo lo anterior se resalta que Mazapil es un municipio con un alto grado de marginación, el tercer municipio más pobre del estado y con el 22.15% de su población en pobreza extrema.

Segunda.- El municipio de Mazapil en un análisis estricto, referente a la atención de servicios médicos o servicios de salud, arroja cifras que reflejan el rezago en el que habita la población;

Los datos siguientes son arrojados por el INEGI para 2010 y 2011:

• Médicos en todo el municipio: 36 para atender una población total de 24 mil habitantes. Cada médico atiende en promedio a 1509.3 consultas. 8 médicos son del IMSS y 19 de Servicios de Salud del Estado de Zacatecas.

• Mazapil cuenta con sólo 19 unidades médicas, 2 del IMSS, IMSS Oportunidades 9 y 8 de Servicios de Salud del Estado de Zacatecas5.

• No existe un quirófano en todo el municipio.

En los datos anteriores se expone una radiografía de la salud del municipio, sin embargo, Mazapil, por su distribución geográfica, se convierte en un enclave de atracción en influencia para otros tres municipios de la entidad zacatecana, como lo son:

1.- Concepción del Oro con 12 mil 803 habitantes.

2.- Melchor Ocampo con 2662 habitantes.

3.- El Salvador con 2710 habitantes.

4.- Mazapil 17813 habitantes.

La región tiene una población total de 35 mil 988 habitantes, es la zona más alejada de la capital del estado, las comunidades están dispersas entre sí y el hospital más cercano es el Hospital Rural de Concepción del Oro con 6 camas disponibles a 50 km de distancia de la cabecera municipal de Mazapil. El siguiente hospital disponible se encuentra a más de 150 kilómetros de distancia de la cabecera municipal y a 327 kilómetros de la comunidad más alejada del municipio con vías de acceso de terracería y sinuosos.

Tercera.- Por las condiciones geográficas del municipio y los municipios cercanos, los accidentes carreteros ha sido uno de los principales problemas a resolver, debido a que constantemente se presentan condiciones de traslados de urgencia de Mazapil hacia el hospital más cercano, incluyendo hacia otros estados de la República por las distancias a recorrer.
El 30 de julio de 2015, se registró un accidente de atropellamiento, la nota es la siguiente:

Primer nota:
“La cifra de muertos por el accidente registrado en el municipio de Mazapil Zacatecas, durante la noche del miércoles se incrementó a 28, luego de que este viernes falleciera un hombre de 39 años de edad, en el Hospital Universitario, de Saltillo, Coahuila.

“La Secretaria de Salud, informó que de los heridos que aún permanecen hospitalizados, 10 continúan graves, por lo que la cifra de muertos se puede incrementar” (Nota publicada por el diario Excélsior)6.

Segunda nota:
“Secretaria de Salud visita a heridos por accidente en Zacatecas. La secretaria de Salud federal, Mercedes Juan, junto con autoridades de Coahuila y Zacatecas, visitaron los hospitales donde son atendidas 42 personas que resultaron heridas tras un accidente ocurrido anoche en Mazapil”. (El Economista)7.

Tercer nota:
“Construirán hospital después de tragedia en Mazapil” El gobernador Miguel Alonso Reyes y la secretaria de Salud federal, Mercedes Juan López, brindaron su apoyo total a las familias de lesionados y fallecidos en Mazapil.

Las autoridades acudieron a supervisar la atención que se brinda a las víctimas del accidente en el que un camión de volteo sin frenos quitó la vida a 27 personas que participaban en una peregrinación religiosa.

La secretaria de Salud transmitió el mensaje de solidaridad que envió el presidente Enrique Peña Nieto a las familias de los fallecidos y lesionados.

Indicó que se destinarán recursos para poner tener un centro de salud ampliado a fin de mejorar la infraestructura médica que hay en el municipio y dar mejor atención”.8

Debido a la tragedia ocurrida en el mes de julio de 2015, muchos fueron los compromisos políticos y sociales que se adquirieron por parte de la Secretaría de Salud Federal hacia el municipio de Mazapil y, aún se sigue esperando la respuesta por parte de la Secretaría de Salud Federal, quien no ha presentado proyectos para resolver el problema antes planteado.

Infinidad de casos de accidentes se pueden documentar y justificar para la exposición de los motivos de éste punto de acuerdo, donde año con año se requieren de servicios hospitalarios de urgencia y forma masiva, sin embargo, aún no se tienen resultados positivos al respecto, es por ello que mediante este documento, solicitamos a la Secretaría de Salud del Gobierno de la República que vele por los intereses de los mexicanos es materia de salud y de cabal cumplimiento a un compromiso establecido desde el año pasado.

Por lo anteriormente expuesto y lo invocado en el proemio, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO:

Único. Esta soberanía, con pleno respeto a las atribuciones constitucionales y legales, solicita al Secretario de Salud, José Narro Robles, para que por su conducto, solicite a las autoridades correspondientes, en la facultad de su competencia y atribuciones, para iniciar con los trabajos correspondientes al proyecto de la construcción del hospital comunitario de Mazapil, Zacatecas.

Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente

Dip. Mariana Trejo Flores.

1 Censo Nacional de Población y Vivienda; INEGI 2010.

2 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/iter/consultar_info.aspx

3 http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=32&mun=026

4 http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/mf2010/CapitulosPDF/Anexo%20B3.pdf

5 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=32

6 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/07/31/1037813

7 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/07/30/secretaria-salud-visita-heridos-accidente-zacatecas

8 http://zacatecasonline.com.mx/noticias/local/48048-hospital-tragedia-mazapil





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal inicie el procedimiento dispuesto en el artículo 108 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para remover al Jefe Delegacional en Azcapotzalco, derivado de las omisiones reiteradas y denunciadas por el órgano legislativo de la Ciudad de México. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La participación ciudadana es la esencia de las democracias, su evolución ha trascendido de los aspectos procesales electorales hacia otros de carácter cada vez más vinculatorio con las demandas razonadas de las mayorías.

En la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal1 se establece que esta actividad contribuye a la solución de problemas de interés general y al mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, para lo que deberá considerarse la utilización de los medios de comunicación para la información, difusión, capacitación y educación, para el desarrollo de una cultura democrática de la participación ciudadana; así como su capacitación en el proceso de una mejor gobernanza de la Ciudad Capital.

Dentro de los instrumentos de participación ciudadana se encuentran la cultura de la transparencia, así como la rendición de cuentas, la audiencia pública y la rendición de cuentas, de las cuales son sujetos obligados todos los funcionarios públicos de la hoy reconocida Ciudad de México.

Los titulares de las demarcaciones territoriales no están exentos de lo anteriormente señalado, incluso existen otros ordenamientos que refuerzan su vinculación con las demandas ciudadanas y la rendición de cuentas como instrumento de control inter orgánica.

El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, prevé en su artículo 42 las facultades de la Asamblea Legislativa, entre las que destaca que los jefes delegacionales podrán comparecer ante ese cuerpo legislativo, asimismo, se advierte que los Jefes Delegacionales podrán ser removidos por causas graves2 establecidos en el mismo ordenamiento con el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los diputados de la Legislatura

Para activar dicho procedimiento se requiere de la petición del propio Jefe de Gobierno o, bien de un tercio de los diputados de la Asamblea Legislativa. La solicitud habrá de fundar y motivar los elementos probatorios que permitan establecer la probable responsabilidad, particularmente, para evitar que existan pretensiones políticas con fines ajenos a la rendición de cuentas.

Este panorama normativo de la Ciudad de México resulta oportuno, toda vez que se ventiló en diversos medios de comunicación3 el permanente desacato del jefe delegacional en Azcapotzalco, Pablo Moctezuma Barragán, para reunirse con las comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

La negativa ha llevado a que la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana en la actual legislatura, anunciara que iniciaría el procedimiento de responsabilidad aplicable a los servidores públicos de la Ciudad, a efecto de remover al jefe delegacional citado.

El punto central es que el servidor público de dicha demarcación, no se ha presentado a pesar de haber confirmado su asistencia dos veces ante la Comisión de Participación Ciudadana y lo mismo ha aplicado en la Comisión de Seguridad Pública.

Diputados locales de otras fuerzas políticas se han pronunciado al respecto, señalando la importancia de este tipo de reuniones, cuyo eje siempre es atender el interés ciudadano como representantes populares que son.

Cabe recordar que la administración de Moctezuma Barragán solicitó en noviembre de 2015, la cantidad de 477 millones de pesos4, adicionales a los mil 410 millones que se le habían destinado presupuestalmente. El motivo que argumentó el titular de esa demarcación fue que eran para operar 48 objetivos de gobierno, sin embargo, en ninguno se incorporó la ficha técnica que detallara el presupuesto específico por materia.

Los legisladores locales han expresado su sorpresa y molestia ante esta actitud irresponsable del servidor público cuya ética mínima debería ser servir y rendir cuentas, no ampararse -errónea e ilegalmente- bajo el escudo de su partido5 o de su líder natural, como si ello fuera una prerrogativa de instituto político alguno.

Por cierto, los estatutos del partido por el que contendió y ganó la elección el delegado Moctezuma Barragán, -Movimiento de Regeneración Nacional- establece en su artículo 47 del apartado Comisión Nacional de Honestidad y Justicia6 que…

“Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales.”

Además, ese instituto político señala entre sus objetivos “…la búsqueda de la erradicación de la corrupción y los privilegios a que se han asociado de manera dominante los cargos públicos y la representación política.”

Bajo estos razonamientos, cabe recordar que el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos7 es muy claro al señalar todos los servidores públicos sujetos de responsabilidad en la función pública y señala que, en la esfera local, las Constituciones de las entidades federativas precisarán para los efectos de fijar responsabilidades en el servicio público, las directrices correspondientes -como es el caso del Estatuto de Gobierno-.

Por lo anteriormente fundado y motivado, las y los senadores del grupo parlamentario del PRI sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que, en el ámbito de sus atribuciones, inicie el procedimiento dispuesto en el artículo 108 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para remover al Jefe Delegacional en Azcapotzalco, derivado de las omisiones reiteradas y denunciadas por el órgano legislativo de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que por su conducto, la Entidad de Fiscalización de la Ciudad de México inicie una auditoría del cumplimiento de las disposiciones legales y normativas que debe observar la administración en la delegación Azcapotzalco.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
en el Senado de la República, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente.

1 Véase: http://www.aldf.gob.mx/archivo-6e0ec50f7f6149a4be543f21106684ee.pdf

2 Contempla la realización u omisión de actos que afecten gravemente el funcionamiento de la administración pública del Distrito Federal o el orden público en la entidad, según la fracción III del artículo 108 del Estatuto de la capital del país.

3 Consultado en: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/aldf-inicia-proceso-de-remocion-contra-delegado-de-azcapotzalco.html

4 Consultado en: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/11/19/1058274

5 El delegado que por segunda ocasión ejerce el cargo en Azcapotzalco, contendió en esta última ocasión bajo las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

6 Cfr. http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2014/Noviembre/CGex201411-05/CGex201411-5_rp_6_a1.pdf

7 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf





 

De Diputados y Senadores del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a investigar si existen contratos con Grupo Pierdant por parte del gobierno de la República o licitaciones en curso con dicha empresa y que puedan constituirse en conflicto de interés. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Diputados y Senadores del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México ha dado un gran paso para combatir la corrupción al aprobarse recientemente, por parte del Congreso de la Unión, toda la legislación secundaria para la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, cierto es que con el transcurrir del tiempo habrá que perfeccionar dicho sistema para robustecerlo e incluir la obligación de todo servidor público para hacer sus tres declaraciones como son la patrimonial, la fiscal y la de intereses y que éstas sean del dominio público.

En tanto, es obligación de todo funcionario público conducirse con rectitud y ética para evitar conflictos de interés que pudieran generar actos de corrupción y enriquecimiento ilícito así como originar desfalcos en perjuicio del erario público.

Recientemente el diario inglés The Guardian ha revelado a través de una investigación periodística que la Primera Dama de México, la señora Angélica Rivera de Peña ocupa un condominio en Miami que es propiedad del Grupo Pierdant que aspira a competir por contratos con el Gobierno Federal.

El diario británico asevera que la señora Rivera hace uso de una propiedad de Grupo Pierdant valuada en poco más de 2 millones de dólares en Key Biscayne, al sur de Miami Beach, dicho grupo empresarial compite para administrar los puertos mexicanos.

Según el diario inglés, Grupo Pierdant también buscaría contratos con el Gobierno de la República para desarrollar puertos marítimos en diferentes partes del país, sin especificar cuáles serían, tampoco se afirma si la Primera Dama tiene vínculos con dicho corporativo empresarial.

No se especifica si Grupo Pierdant tuvo o no contratos con el Gobierno del Estado de México mientras Enrique Peña Nieto fue gobernador de la entidad.

¿Estará el titular del Ejecutivo Federal frente a otro caso de conflicto de interés como el que tuvo y tiene todavía con Grupo Higa?

¿Existen licitaciones donde Grupo Pierdant esté participando?

El periódico The Guardian también refiere que este grupo empresarial ha estado pagando el impuesto predial de un departamento adicional en Key Biscayne que fue comprado por medio de una subsidiaria establecida por la señora Angélica Rivera, por lo que el diario británico califica de “poco ortodoxa” la relación de la Primera Dama de México con dicho emporio.

Ricardo Pierdant es dueño de dicha empresa y tiene intereses comerciales amplios y fuertes en México y Estados Unidos de América, según afirma “The Guardian”, y es quien ha permitido que la Primera Dama de México utilice la propiedad de su compañía como una adición al departamento que pertenece a la señora Angélica Rivera de Peña ya que están contiguos en el mismo piso de la torre.

Con pleno respeto al derecho humano a la presunción de inocencia y también al derecho al debido proceso, sería muy conveniente que se realizara una investigación acuciosa sobre este tenor por parte de las instituciones encargadas de vigilar los procesos licitatorios del Gobierno Federal y de la correcta aplicación de los recursos públicos.

Por lo expuesto anteriormente, ponemos a consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición de urgente u obvia Resolución:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación, Maestro, Javier Vargas Zempoaltecatl, encargado del despacho y C.P. Juan Manuel Portal Martínez, respectivamente, para que en el marco de sus atribuciones y competencias legales, investiguen si existen contratos con el Gobierno Federal por parte del Grupo Empresarial Pierdant, si dicho corporativo actualmente está participando en alguna licitación que haya sido convocada por alguna dependencia del Gobierno de la República y si estos procedimientos se llevan a cabo conforme a derecho.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Gobierno Federal los contratos otorgados al Grupo Empresarial Pierdant durante este sexenio.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 10 de agosto de 2016.

DIPUTADOS Y SENADORES DEL GPPAN.





 

Del Diputado Héctor Javier García Chávez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo en relación a la movilidad laboral legal entre México y Estados Unidos de América. Se turna a la Segunda Comisión.

El suscrito, HÉCTOR JAVIER GARCÍA CHÁVEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el marco de la contienda electoral en Estados Unidos se ha retomado la discusión en torno a los resultados derivados del proceso de integración política y económica que ha tenido lugar en Norteamérica desde la aprobación en 1994 del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá.

Durante los últimos días, los candidatos a la presidencia, el republicano Donald Trump, y la demócrata, Hillary Clinton, han manifestado su intención de modificar el tratado, propuesta que ha quedado plasmada en sus respectivas plataformas electorales. Por su parte, la Canciller mexicana, Claudia Ruiz Massieu, se ha apresurado a afirmar que México está listo para “modernizar el acuerdo comercial”.

Desde la perspectiva del Grupo Parlamentario del PRD, las evaluaciones objetivas que se han hecho de los resultados del TLCAN indican que el acuerdo no produjo mejores niveles de vida en las clases medias y en cambio duplicó los ingresos de los grupos de mayor ingreso.

Durante los 22 años de vigencia del tratado, la desigualdad se profundizó en México como en Estados Unidos y tanto los trabajadores como las clases medias han perdido progresivamente su poder adquisitivo.

Desde 1994, los gobiernos neoliberales en México han sido incapaces de frenar la creciente brecha entre ricos y pobres, condenando a la mayoría de la población al estancamiento, en detrimento de la calidad de vida de las grandes mayorías.

De muy poco ha servido a México que el comercio bilateral con Estados Unidos haya aumentado exponencialmente, si durante estos 25 años no ha mejorado el ingreso de las familias y no se ha reducido la pobreza; solo las élites económicas y políticas se han beneficiado de acuerdos como el TLCAN.

Este modelo ha condenado al país a un crecimiento económico mediocre y a la profundización de la dependencia de México con respecto al exterior, la cual se extiende ahora al sector energético, en donde se amplían dramáticamente las importaciones de todos los hidrocarburos y se configura una nueva relación dependencia, lo que en los hechos se traduce en la pérdida de nuestra seguridad energética en un contexto geopolítico cada vez más complejo.

Así, ha quedado cada vez más claro que el proceso de integración en Norteamérica solo ha beneficiado a una pequeña élite transnacional vinculada al sector exportador, dejando al margen a la amplia mayoría de la gente.

Estas tristes realidades han favorecido el endurecimiento del discurso de Trump, cuyas propuestas han encontrado terreno fértil en la desilusión, el enojo y el hartazgo de la mayoría de la población trabajadora ante el enriquecimiento progresivo de las élites políticas y económicas.

La propuesta de Trump incluye de un muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, ha quedado plasmada de manera oficial en la plataforma electoral del Partido Republicano.

En este contexto, México necesita construir una posición de fortaleza ante Estados Unidos que defienda la soberanía nacional y el interés de la mayoría. Se requiere un plan ambicioso que reconfigure el modelo de integración neoliberal y construya una alternativa que fortalezca a la sociedad civil y promueva el desarrollo nacional endógeno. Es necesario llevar a cabo una profunda reflexión sobre la marcada dependencia con relación a la Unión Americana.

Así, ante la posibilidad de que el TLCAN sea sujeto de modificaciones una vez que se haya definido al vencedor en las elecciones federales noviembre próximo en Estados Unidos, independientemente de si gana el Partido Demócrata o el Republicano, el Ejecutivo Federal debe comenzar a preparar en lo inmediato una propuesta integral sobre una posible renegociación del tratado en donde se establezcan claramente los temas y los sectores que, desde la perspectiva de nuestro país, debería quedar sujetos a revisión.

Por la enorme importancia que puede implicar para miles de familias mexicanas, sin duda el tema de la movilidad laboral legal de personas en la región debe ser una prioridad para México. Recordemos que este asunto quedó excluido de la negociaciones formales que precedieron la firma del TLCAN en 1993 y ha sido una demanda recurrente de amplios sectores de la población en el debate de la integración entre México, Estados Unidos y Canadá.

Hemos sido testigos que desde las candidaturas republicanas a la presidencia así como desde otros sectores representativos de la derecha conservadora estadounidense, han estado ganando lugar las posiciones más retrógradas en contra de México y de los mexicanos.

Vale la pena mencionar que la Suprema Corte de Estados Unidos ha decidido declarar inconstitucionales importantes medidas administrativas impulsadas por la administración del Presidente Barack Obama que abrirían un camino a la regularización de casi 4 millones de extranjeros indocumentados que allí habitan, en su mayoría mexicanos.

No está de más recordar que las y los migrantes mexicanos contribuyen notablemente a la estabilidad económica y política de vastas regiones de nuestro país. Tan solo el año pasado el flujo de remesas enviado por nuestros connacionales en Estados Unidos alcanzó la impresionante cifra de 24 mil millones de dólares.

De esta manera, y en base a la experiencia adquirida durante los años de vigencia del tratado, el Ejecutivo Federal debe preparar de manera cuidadosa una propuesta consistente que permita incorporar el tema de la movilidad laboral legal a la agenda de posibles temas que habrían de incluirse en una futura negociación.

Se debe aprovechar la coyuntura de la posible renegociación del TLCAN para definir desde ya una posición clara entorno a cuáles serían los temas prioritarios que nuestro país debe pugnar por incluir en la redefinición del acuerdo internacional.

De esta manera, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que con el concurso de la academia, los empresarios y las organizaciones de la sociedad civil, elabore una propuesta cuidadosa y pertinente que incluya el tema de la movilidad laboral legal en el marco de una posible renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, el 10 de agosto de 2016.

Suscribe

Dip. Héctor Javier García Chávez.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México a comunicar sobre la información relacionada con la construcción de obras durante el período comprendido entre el 5 de diciembre del año 2000 al 29 de julio de 2005 que aún se encuentra reservada para su consulta. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La transparencia y la rendición de cuentas son aspectos que abonan a la fortaleza y credibilidad de las instituciones del Estado mexicano. En los últimos años nuestro país ha construido de manera gradual un sólido andamiaje jurídico e institucional para garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública.

El artículo 6º de la Constitución Política garantiza el acceso a la información pública porque establece el principio fundamental de que toda la información en posesión de los sujetos obligados es pública y sólo bajo ciertas circunstancias puede ser reservada.

Además, se estableció el principio de máxima publicidad, con el cual los sujetos obligados en caso de duda entre la publicidad o reserva de la información deben favorecer la publicidad de la misma.

Dicha norma constitucional establece la necesidad de contar con órganos garantes que permitan hacer efectivo el derecho humano de acceso a la información, en el caso de la Ciudad de México cuenta con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFODF).

En sentido contrario a estos avances en materia de transparencia y rendición de cuentas, en la Ciudad de México, hay información de obra pública que se encuentra reservada.

Por ejemplo, con fecha 21 de diciembre del 2001 se constituyó el "Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal. Entre los fines del Fideicomiso era la construcción y desarrollo del segundo piso del anillo periférico, del viaducto y de otros proyectos viales.1

En el caso del segundo piso del Periférico, resulto ser una de las obras más polémicas del entonces Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, tan solo la Auditoría Superior de la Federación detectó 54 anomalías vinculadas a los trabajos de dicha obra.

Por su parte, en un análisis de 2005, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México detectó que había 58 trabes y columnas que presentaron daños durante su transportación o el montaje y no se informó sobre posibles riesgos o la ubicación de las mismas, incluso hubo 24 estructuras de concreto que debieron desecharse.2

La Auditoría superior de la Federación y la Asamblea legislativa del Distrito Federal han detectado gastos irregulares en la construcción del Segundo Piso del Periférico cercanos a los 368 millones 538 mil pesos por pagos excesivos que no cuentan con el soporte documental. Además, de que dejó de cobrar penalizaciones a los contratistas por incumpliendo de obra.3

Si bien es cierto, que en años recientes se ha desclasificado la información sobre diversas obrar realizadas por el Gobierno de la Ciudad de México durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, también lo es que aún hay información reservada.

La información que se encuentra disponible para su consulta da cuenta sobre las convocatorias para la licitación de las obras; el número de etapas del proyecto y el costo total del proyecto el cuál ascendió 2 mil 157 millones 196 pesos 714 pesos sin contar el IVA.4

No obstante, resulta apremiante conocer toda la información relacionada con las obras construidas durante el período señalado en el presente punto de Acuerdo, y aclarar las presuntas irregularidades durante la construcción de distintas obras.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y responsabilidades informen a esta Soberanía, sobre la información relacionada con la construcción de obras durante el período comprendido entre el 5 de diciembre del año 2000 al 29 de julio de 2005 que aún se encuentra reservada para su consulta.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
en el Senado de la República, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente

1 http://www.fimevic.df.gob.mx/acercade.htm

2 Acumula segundo piso anomalías < http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad/76512.html> Consultado el 1 de agosto de 2016.

3 6 obras de infraestructura que generaron polémica, <http://www.adnpolitico.com/gobierno/2014/04/29/7-obras-de-infraestructura-que-generaron-polemica> Consultado el 1 de junio de 2016.

4 http://www.fimevic.df.gob.mx/documentos/transparencia/contratos/obra/ctos_obra_publica.pdf





 

De la Diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México a que, en sus proyectos de obra pública, contemplen la creación de espacios públicos para animales de compañía. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita, Diputada Federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

1. El bienestar animal, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) debe advertir las necesidades de los animales, con la finalidad de desarrollar una comprensión objetiva del bienestar animal.

2. Una de las necesidades que los seres humanos tenemos que cumplir para con los animales es el de la tenencia responsable de los animales de compañía, principio básico del bienestar animal que implica el deber de los dueños de proporcionar cuidado suficiente y adecuado a todos sus animales y su descendencia, según lo ha señalado la Coalición Internacional para el Manejo de Animales de Compañía. Ese deber de cuidado exige a los dueños proporcionar los recursos necesarios a un animal para que mantenga un nivel aceptable de salud y bienestar en su ambiente, además de la obligación de minimizar el riesgo potencial que su animal pueda representar para otros animales o personas, obligaciones que se extienden en coadyuvancia con las instituciones del Estado que se encargan de atender y normar lo relacionado con los animales de compañía.

3. La presencia de población canina en nuestro país, genera problemas de salud y convivencia social, debido a que no se atienden los estándares de bienestar animal recomendados internacionalmente, lamentablemente un alto porcentaje de los animales de compañía en el país no cuentan con el bienestar necesario debido a la falta de cultura de respeto a los animales; para mejorar la convivencia social, es necesario proponer     políticas públicas que brinden una atención integral para el manejo de los animales de compañía.

4. Diversos gobiernos locales han desarrollado acciones para dotar de instrumentos y espacios que justo fomentan una convivencia social basada en el respeto de los animales de compañía y crean espacios para que las personas puedan convivir con ellos de una manera responsable. Entre esos instrumentos destacan los espacios públicos confinados que han tenido experiencias exitosas en diversas partes de nuestro país, por citar algunos ejemplos destaco los siguientes:

a. En mayo del año 2011 fue construido el Parque Metropolitano del Bicentenario, en Toluca, Estado de México, el cual cuenta con chapoteadero, túneles, rampas, obstáculos y sanitarios caninos, donde las familias pueden convivir en armonía con sus animales de compañía en un terreno de 22.5 hectáreas; para ello se realizó una inversión de 130 millones de pesos.

b. En julio del 2014 se inauguró el parque para perros dentro de las instalaciones del parque Morelos en la Ciudad de Tijuana, dirigido a fomentar la tenencia responsable de los animales.

c. El Parque Rufino Tamayo para perros en Nuevo León, cuenta con un área donde se realizan exposiciones y concursos, tiene montículos de piedras para trepar, un kiosco y juegos.

d. En la Ciudad de México existen diversos espacios exclusivos para perros, como el Parque México de la colonia Condesa que fue inaugurado en el mes de marzo del 2015; en estos espacios púbicos se explican los mecanismos para combatir la sobrepoblación y los graves problemas que ello conlleva, con lo cual se fomenta una convencía social de responsabilidad y de cuidado de los animales de compañía; otro más es el Parque Lázaro Cárdenas, en la colonia Doctores, que cuenta con 400 metros cuadrados de confinamiento, arena, juegos, agua para que beban y bancas para que los dueños puedan monitorear a sus animales de compañía sin la necesidad de correa.

5. Estos espacios públicos han demostrado ser una herramienta que fomenta una aceptable convivencia social y el bienestar de los animales de compañía, de tal manera que se fomenta una actitud de corresponsabilidad social en la población.

6. Por las razones expuestas, la creación de parques en espacios públicos, para la orientación en el cuidado de los animales de compañía, convivencia social, así como todas las acciones que conlleven a fomentar una cultura de respeto y de tenencia responsable de los mismos por parte de los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México, será una muestra de asumir la responsabilidad del Estado para abordar un tema que transforma la cultura de nuestra sociedad en el trato hacia los animales.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del Pleno de esta Honorable Comisión Permanente el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México a que en sus proyectos de obra pública contemplen la creación de espacios públicos para animales de compañía, instrumentando las acciones necesarias para alcanzar el bienestar animal en el marco de las atribuciones y obligaciones que les competen en materia de cuidado animal.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretaría de Salud y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establezca una coordinación efectiva con los gobiernos de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México para dar cumplimiento al resolutivo Primero del presente acuerdo.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 10 de agosto de 2016.

Suscribe

Dip. Maricela Contreras Julián.





 

Del Diputado Renato Josafat Molina Arias, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a instruir a los titulares de todas las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Ciudad de México para que se observe estrictamente el acuerdo mediante el cual se da a conocer la implementación de la nueva cultura laboral en la Ciudad de México. Se turna a la Primera Comisión.

Quien suscribe, RENATO JOSAFAT MOLINA ARIAS, diputado del grupo parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguientes:

CONSIDERACIONES

En todo sistema que se precie de ser democrático, el respeto, promoción y protección de los derechos humanos, resultan fundamentales para consolidar la democracia y fortalecer el Estado de Derecho, por otra parte constituyen un indicador de bienestar, igualdad, gobernabilidad y legitimación de las prácticas de gobierno. Nuestro país ha destacado por haber firmado y ratificado un importante número de instrumentos internacionales, a partir de los cuales se han contraído diversos compromisos en materia de derechos humanos.

“Como parte de los compromisos de la Declaración y Programa de Acción de Viena, México se ha comprometido a dar cumplimiento a llevar a cabo políticas públicas que consideren el enfoque de derechos humanos y pongan en el centro la dignidad de todas las personas. Con esta finalidad, se elaboró el Diagnóstico Nacional de Derechos Humanos (2003) en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos

Humanos en México (OACNUDH), así como los Programas Nacionales de Derechos Humanos en 2004 y 2008.

En el marco de la apertura del primer Programa Nacional de Derechos Humanos “se firmó el Acuerdo Nacional de Derechos Humanos entre la Secretaría de Gobernación y las entidades federativas, sentando las bases y estableciendo los compromisos para la elaboración de diagnósticos y programas de derechos humanos en todas las entidades federativas del país, con el objetivo de obtener herramientas efectivas que condujeran al cumplimiento de las obligaciones del Estado con base en los estándares internacionales de derechos humanos”.1

En este contexto el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México fue una de las primeras entidades federativas en asumir plena y cabalmente esos compromisos, pionera en formular un Diagnóstico y un Programa en Derechos Humanos el cual se dio a conocer en 2009.

“El Programa se compone de cuatro partes: en la Parte I se exponen los antecedentes del proceso, el marco conceptual del Programa, el enfoque de derechos humanos y las estrategias transversales. En la Parte II se presenta el segmento toral de este Programa, donde por grupo y derecho se hacen las propuestas de política pública y legislación para solucionar los obstáculos detectados en el Diagnóstico. La Parte III contiene las acciones legislativas en materia de derechos humanos para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las propuestas de reforma legislativa para el Congreso de la Unión. Finalmente, la Parte IV presenta lo relativo al mecanismo de seguimiento y evaluación del presente Programa, donde se proponen los criterios para la composición y mandato de dicho mecanismo, la metodología de elaboración de los indicadores de derechos humanos que contiene este Programa, así como los retos de cara a su implementación.”2

El Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México plantea diversas estrategias y líneas de acción con la finalidad de garantizar el pleno goce de los derechos humanos de quienes habitan y transitan por esta ciudad, se señalan puntualmente plazos y dependencias responsables para la atención de las mencionadas estrategias y líneas de acción.

Como estrategias transversales están: perspectiva de género, igualdad y no discriminación; participación de la sociedad civil; coordinación y articulación; promoción de una cultura de derechos humanos, presupuesto: transparencia y acceso a la información, exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos; sustentabilidad y accesibilidad.”3

Así algunas de las múltiples acciones a implementar por parte del Gobierno de la Ciudad de México, tienen que ver con garantizar el derecho al trabajo y los derechos humanos de los trabajadores a su servicio. En el diagnóstico de derechos humanos en lo relativo a la situación de estos trabajadores y trabajadoras se advirtió que “…existe poca información, en particular respecto de las formas y reglas de contratación así como acerca de los casos de discriminación, acoso e imposición de horas. Una proporción importante del personal está contratado por honorarios con la subsiguiente pérdida de prestaciones laborales y sociales...” Señalándose como estrategia “Crear condiciones justas y equitativas de trabajo de las y los trabajadores al servicio del GDF4.

De esta forma se reconoce que el Gobierno de la Ciudad de México, haya emitido una serie de acuerdos cuya finalidad es respetar, proteger, promover y garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores a su servicio, así tenemos por una parte el “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el programa de estabilidad laboral, mediante nombramiento por tiempo fijo y prestación de servicios u obra determinados” publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2014, en los considerandos de dicho acuerdo se menciona que:

“Que el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, es el documento rector que permite al gobierno la implementación de Programas para concretar las políticas públicas a favor de los grupos sociales, así como favorecer el desarrollo en todos los aspectos que involucran a esta gran Ciudad.

Que la política laboral implementada por la presente administración tiene como objetivo primordial la observancia a las normas Constitucionales en materia del trabajo, a los acuerdos internacionales señalados en la misma, y al cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de derechos humanos; en consecuencia, se garanticen los derechos y las obligaciones de los trabajadores forjando auténticas condiciones de justicia laboral, buscando progresivamente alcanzar en la medida de la situación económica de la ciudad, que los trabajadores reciban un salario razonable que aporte bienestar para él y para su familia.

Que el 26 de agosto de 2009, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Acuerdo por el que se establece la obligatoriedad del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal para las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Que el Programa de los Derechos Humanos del Distrito Federal establece diversas acciones que el gobierno debe implementar tendientes a garantizar el derecho al trabajo y de derechos humanos de los ciudadanos, así como de los trabajadores a su servicio. Una de estas acciones señala que el gobierno de la ciudad deberá crear una política laboral que respete los principios de igualdad y no discriminación, y genere acciones efectivas para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los aspectos del trabajo; asimismo se señala el compromiso de ampliar y publicar la información sobre la situación laboral de las y los trabajadores al servicio del Gobierno del Distrito Federal, las reglas y formas de contratación, el perfil de puestos, entre otros aspectos relevantes para definir sobre esa base y desde un enfoque de derechos humanos la política laboral más apropiada.”5

Por otra parte es de reconocerse la intención del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para lograr condiciones de trabajo más justas, sobre todo para las madres trabajadoras al servicio del Gobierno de la Ciudad, con la publicación del “Acuerdo mediante el cual se da a conocer la implementación de la nueva cultura laboral en la ciudad de México por el que se establece la organización del tiempo de trabajo, otorgamiento de licencias especiales y periodos vacacionales, para las y los trabajadores de base, confianza, estabilidad laboral, enlaces, líderes coordinadores, mandos medios y superiores de la administración pública del Distrito federal, para la efectividad de la prestación del servicio a la ciudadanía y la conciliación de la vida laboral y familiar”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el pasado 14 de agosto de 2015, en los considerandos de dicho acuerdo se reconoce lo siguiente:

“Que actualmente se vive inmerso en una constante rutina y estrés laboral lo que detona un incremento de los riesgos psicosociales a los que estamos expuestos, lo que ocasiona el descuido de sectores de suma importancia en la vida de todo ser humano, provocando en ocasiones desmotivación en las actividades desempeñadas día a día. Es por esto, que el Gobierno del Distrito Federal, consciente de la problemática actual, asume el compromiso de establecer políticas públicas innovadoras para la Ciudad de México en materia laboral.

Que la presente administración considera de suma importancia implementar mejoras sustanciales en las condiciones de trabajo, dando paso a la estructuración de la nueva cultura laboral congruente con los estándares establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptando buenas prácticas.

Que con el fin de lograr un incremento significativo en la productividad en la prestación del servicio a favor de la ciudadanía y al interior de la Administración Pública del Distrito Federal, se acuña el concepto del salario emocional que permite motivar a las y los trabajadores.

Que la implementación de la nueva cultura laboral representa un avance significativo para la Ciudad de México, que coloca a ésta, a la vanguardia a través de la consideración de aspectos tales, como la conciliación de la vida laboral con la personal con corresponsabilidad social, fomentando además la igualdad, que constituye un requisito para continuar avanzando en las premisas de la presente administración hacia la equidad de género, permitiendo en su conjunto configurar una normativa que regula y garantiza derechos básicos de la población trabajadora.

En este sentido la incorporación del concepto de organización del tiempo de trabajo, permitirá distribuir dentro de los límites legales de la jornada laboral, el trabajo a desempeñar por las y los trabajadores al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal, de una manera ordenada, organizada y altamente productiva en horarios menos extensos, considerando además para ello, que los periodos vacacionales de las y los trabajadores promueve los valores en el uso social del tiempo, y con la compatibilidad de dichos periodos con el calendario del ciclo escolar para las madres y padres trabajadores en el reparto de las responsabilidades familiares…”6

No obstante lo anterior, estos acuerdos están en vías de quedar justo, en eso, en buenas intenciones por parte del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para muchas trabajadoras y trabajadores que laboran bajo el régimen de estabilidad laboral, toda vez que en los hechos los titulares de diversas direcciones generales del gobierno capitalino, parecen desconocer tanto el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, como el contenido y finalidad de los acuerdos antes citados, esto al maltratar y hostigar laboralmente al personal que labora en sus áreas, esta situación fue la que motivo al suscrito a presentar ante esa Asamblea el pasado 13 de julio, una proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que instruyera al Secretario de Desarrollo Social de la ciudad de México a fortalecer las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar dependientes de esa secretaría, a partir del respeto a los Derechos Humanos del personal que labora en dichas unidades, misma que fue dictaminada positivamente por la primera Comisión y aprobada por el Pleno de esa Comisión Permanente el pasado 27 de julio.

El referido maltrato y hostigamiento se puede evidenciar justamente con lo que sucede en la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, donde su titular ha tomado una serie de determinación en perjuicio de trabajadores y trabajadoras, una de estas determinaciones tiene que ver con el infundado y arbitrario cambio de adscripción que se pretende hacer de sus centros de trabajo, así por ejemplo de un día para otro informó a dos mujeres madres trabajadoras que realizan sus labores en la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia Familiar en Cuajimalpa, que su nuevo centro de trabajo sería la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia Familiar ubicada en Milpa Alta, esto es a tres o cuatro horas de distancia de su domicilio que se encuentra justo en Cuajimalpa y en donde llevan a sus menores hijos en edad preescolar a sus centros escolares, estas determinaciones que implicarían descuidar a sus hijos y hacer imposible la conciliación de la vida familiar con la laboral, se han tomado en contra de otros trabajadores, y han motivado ya la presentación de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Por lo que resulta imprescindible que los titulares de todas las dependencias y órganos de la administración pública capitalina, observen los acuerdos del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en aras de hacer efectivo el respeto y protección de los derechos humanos de todas y todos los trabajadores a su servicio.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que instruya a los titulares de todas las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, a observar puntual e irrestrictamente el Acuerdo mediante el cual se da a conocer la implementación de la nueva cultura laboral en la ciudad de México por el que se establece la organización del tiempo de trabajo, otorgamiento de licencias especiales y periodos vacacionales, para las y los trabajadores de base, confianza, estabilidad laboral, enlaces, líderes coordinadores, mandos medios y superiores de la administración pública del Distrito federal, para la efectividad de la prestación del servicio a la ciudadanía y la conciliación de la vida laboral y familiar”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de agosto de 2015.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente

Dip. Renato Josafat Molina Arias.

1 http://www.derechoshumanosdf.org.mx/seccion.php?8-1

2 http://www.derechoshumanosdf.org.mx/docs/programa.pdf p. 40

3 http://www.derechoshumanosdf.org.mx/seccion.php?8-3

4 http://www.derechoshumanosdf.org.mx/docs/programa.pdfp. 512

5 ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE ESTABILIDAD LABORAL, MEDIANTE NOMBRAMIENTO POR TIEMPO FIJO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRA DETERMINADOS. Gaceta Oficial del Distrito Federal. 31 de diciembre de 2014. p. 16

6 Gaceta Oficial del Distrito Federal. 14 de agosto de 2015. p. 3





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al congreso del estado de Puebla a llevar a cabo una investigación detallada del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del gobierno estatal, con base en el principio de máxima publicidad. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las entidades federativas, los municipios, así como la Federación, se encuentran entre la lista de sujetos obligados a observar lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Legalmente los tres órdenes de gobierno antes citados, deben conservar e indizar toda la información gubernamental generada con motivo de sus actuaciones, particularmente, en aquellos asuntos considerados de interés público1, es decir, aquella relevante o beneficiosa para la sociedad, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los gobernantes.

Desafortunadamente, existen administraciones que se resisten al cambio de paradigma en materia de transparencia y acceso a la información, aun cuando en lo formal – legal indiquen llevar a cabo una armonización legislativa y gubernamental conforme a las mejores prácticas de un gobierno abierto, lo cierto es que, ni cumplen con el principio de máxima publicidad, ni de con el profesionalismo indispensable para fundar y motivar los razonamientos para clasificar y mantener información con carácter de reservada.

Resulta oportuno recordar que el artículo 113 de la Ley General antes citada expone de manera clara que solo podrá clasificarse como reservada, aquella información que: comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; menoscabe la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; esté en manos del Estado mexicano expresamente con ese carácter, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, inter alia.

Para la administración estatal de Puebla estas disposiciones legales parecen carecer de fuerza suficiente para atenerse a ellas, es sabido que de manera reiterada las unidades administrativas de información en las dependencias estatales, se niegan a proporcionar la información solicitada por diversos ciudadanos, como se expone a continuación en los siguientes ejemplos:

1.- En atención a la solicitud de información con folio 00005016 recibida a través del Sistema INFOMEX por la Unidad Administrativa de Acceso a la Información de la Secretaría de Infraestructura y Transportes en la que se deseaba conocer:

“El proyecto ejecutivo para la remodelación del Estadio Hermanos Serdán, asimismo, el presupuesto autorizado para dicho fin. El contrato firmado con la empresa Acapro de Hidalgo S.A. de C.V. Los recursos autorizados para la manutención del inmueble.”

Se dictaminó: “…Con fundamento en el artículo 5 fracción XI y XIV; 32; 33 fracción V; 53, 54 fracción I y IV y 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; y en análoga observancia por lo dispuesto en los ordinales 75 y 77 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; se hace de su conocimiento que la Dirección de Estimaciones de esta Dependencia, Unidad Responsable de la Información, atentamente comunicó, que con relación a la información que solicita, esta se encuentra reservada en términos del Acuerdo de Reserva No. AC-2012/07, de fecha 22 de noviembre del año 2012, mediante el cual se determina clasificar como reservada la información relativa a los trámites administrativos referentes a los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma…”

2.- En atención a la solicitud de información con folio 00012916 recibida a través del Sistema INFOMEX por la Unidad Administrativa de Acceso a la Información de esta Secretaría de Infraestructura, en la que se deseaba conocer:

“Solicito planos, ubicación geográfica, maqueta e información en general de la Ciudad Modelo a construirse en el Municipio de San José Chiapa” (sic)

Se dictaminó: “…Con fundamento en el artículo 5 fracción XI y XIV; 32; 33 fracción V y XI; 54 fracción I, 56 y 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; se hace de su conocimiento que la Dirección General de Proyectos de esta Dependencia, Unidad Responsable de la Información, atentamente comunicó que, la información que usted solicita se encuentra reservada en términos del Acuerdo de Reserva No. AC-2012/04, de fecha 11 de julio del año 2012, mediante el cual se determina, clasificar como reservada la información relativa a los proyectos de obra presentados para su validación a la Secretaría de Infraestructura durante el periodo 2011-2017…”

No es de sorprender que como estos casos haya decenas más cuya clasificación haya sido reservada, finamente fundada, pero con un deficitario análisis de argumentación sobre los motivos razonables que pudiesen incluir la prueba de daño que garantice una comprensión máxima sobre lo perjudicial que sería hacer pública la información solicitada.

El Centro de Análisis y Fundación FUNDAR presentó en mayo de 2015 los resultados del Índice del Derecho de Acceso a la Información en México2 (IDAIM). Este instrumento valioso permite evaluar lo progresivo de las normas de transparencia estatales, basadas o no, en las mejores prácticas nacionales e internacionales, así como en los estándares constitucionales en la materia.

Coahuila y la Ciudad de México son las entidades mejor calificadas, en el caso de Puebla existen ventanas de oportunidad en su diseño normativo respecto a la conceptualización, interpretación y objetivos de la ley local, así como en lo relativo al catálogo de sujetos obligados, sus obligaciones y régimen de excepciones.

Las denuncias de la opacidad sustantiva (no formal) del gobierno de Puebla ha sido ampliamente denunciada en diversos medios de comunicación, en los últimos días se divulgó que…

“El gobierno del estado3 no sólo es opaco en la información relacionada con los gastos de promoción oficial de Rafael Moreno Valle y proyectos como la instalación de la planta de Audi en San José Chiapa, sino que incluso oculta los argumentos con los cuales dicha información es considerada como reservada.

A lo largo de este año se ha intentado acceder por medio de solicitudes de información a los datos correspondientes a las inversiones destinadas para la realización de los cinco informes de gobierno de Moreno Valle, la cual se encuentra en los archivos de la Secretaría de Infraestructura y Transportes (SIT) y la de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (SECOTRADE), sin embargo, ambas dependencias argumentaron que los datos en cuestión estaban reservados con los acuerdos de reserva AC-2016/001 y AC-SECOTRADE-02/2016, respectivamente.

Además, previo a esto se había requerido copia del convenio firmado con la empresa alemana Audi para su instalación en San José Chiapa, la cual también se reportó como reservada por medio del oficio AC-SECOTRADE-01/2016.

Ante esta falta de claridad, y la poca información proporcionada, se presentaron nuevas solicitudes de información en las cuales se pedían las pruebas de daño que sustentaran cada uno de los acuerdos de reserva, esto con la finalidad de conocer los argumentos de la clasificación de los datos…”

En este tenor de ideas, los “…Integrantes del Nodo de Transparencia4 acusaron que, desde hace 4 años, se ha obstaculizado el acceso a la información pública por parte de las dependencias del gobierno de Puebla, encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas… Lilia Vélez Iglesias, colaboradora de dicha organización, señaló que las secretarías de Finanzas, Administración, Infraestructura, Gobierno, Salud, Educación Pública y Contraloría cambian la modalidad de entrega de la información y “niegan” el derecho de acceder a ésta de forma gratuita. Mencionó que, en 2014, se documentó que la administración estatal emitió 56 acuerdos de reserva desde 2011 –cuando inició la gestión del gobernador panista– hasta el 3 de marzo de 2014. Hasta el 24 de febrero de 2015, la cifra había aumentado a 98”.

El mismo panorama ha sido evidenciado en el estudio “Índice5 Nacional de los Organismos Garantes del Derecho de Acceso a la Información, INOGDAI 2016” en el que Puebla reprueba con 46.93 puntos de 100 posibles, el caso más penoso es que en el rubro de promoción del derecho de acceso a la información, el organismo garante del acceso a la información en dicha entidad, obtuvo 6.25 de 100.

En el rubro de resolución de recursos de revisión y seguimiento obtuvo una calificación de CERO respecto a la publicidad de sus criterios de resolución y el promedio de revocaciones fue de los más altos en todo el país (84.66%)

El gobierno de la República ha sido muy enfático en enfocar sus acciones para hacer de México un país más competitivo, atractivo a las inversiones generadoras de empleos y con prácticas gubernamentales de transparencia para que “…los gobiernos abiertos6 puedan crean puentes y plataformas que acercan a ciudadanos y a autoridades para colaborar juntos en la búsqueda de soluciones a problemas que enfrenta cualquier sociedad…”

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de que los ciudadanos no pueden, ni deben, ser rehenes de la opacidad disfrazada de formalidad legal; práctica lacerante que socava la transparencia sustantiva y el acceso efectivo a la información gubernamental. Tenemos que recordar que es una responsabilidad compartida garantizar el derecho humano de acceso a la información.

Por lo anteriormente fundado y motivado, las y los Senadores del grupo parlamentario del PRI sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente al Congreso del Estado de Puebla, para que en el ámbito de sus atribuciones lleven a cabo una investigación detallada del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del gobierno estatal con base en el principio de máxima publicidad.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Congreso del estado de Puebla, llevar a cabo un exhaustivo análisis de regularidad constitucional y de convencionalidad sobre cada uno de los Acuerdos de Reserva invocados por las dependencias estatales de 2011 a la fecha y remita los resultados a esta Soberanía.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
en el Senado de la República, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente.

1 Artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf

2 Disponible en: http://fundar.org.mx/estados-son-el-mayor-reto-para-la-transparencia/
Y en el portal: http://idaim.org.mx/

3 Consultado el 1/08/2016 en: http://www.statuspuebla.com.mx/2016/06/27/gobierno-oculta-justificaciones-de-reserva-de-informacion/

4 Consultado en: http://www.angulo7.com.mx/2015/09/11/obstaculiza-gobierno-el-acceso-a-la-informacion-nodo-de-transparencia/

5 Disponible en: http://rendiciondecuentas.org.mx/inogdai-2016/

6 Palabras del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, durante la inauguración de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto 2015, el 28 de octubre de 2015.
Consultado en:
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-durante-la-cumbre-global-de-gobierno-abierto-2015





 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a dictaminar la minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos de la juventud. Se turna a la Cámara de Diputados.

El suscrito Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERANDOS

• El 29 de abril de 2010 los Diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI legislatura, de la cual formé parte, presentamos la “Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4o. y reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. El propósito de esta iniciativa ha consistido en: Primero, elevar a rango constitucional el derecho de la juventud a su desarrollo integral y, Segundo, otorgar facultades expresas al Honorable Congreso de la Unión para legislar ampliamente en la materia.

• El 1 de marzo de 2012, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con Proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4o. y reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con esa misma fecha se turnó a la Cámara de Senadores para su análisis y en su momento, discusión y votación en el pleno.

• El 6 de marzo de 2012, la Cámara de Senadores recibió el Proyecto de Decreto antes mencionado y lo turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

• El 30 de abril de 2013, en el Senado de la República aprobamos el Proyecto de Decreto, con modificaciones.

• El 27 de junio de 2013, la Cámara de Diputados recibió el Proyecto de Decreto, y el 2 de julio de 2013 lo turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

La trascendencia de la propuesta de reforma Constitucional a la que hago referencia consiste en lo siguiente:

Primero, garantizar a las y los jóvenes el derecho a su desarrollo integral, señalando que tal objetivo podrá lograrse mediante la protección efectiva de las garantías y derechos humanos que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales firmados y ratificados por México, y se propone que sea en la ley donde se definan los instrumentos y apoyos, así como la participación concurrente de la Federación, Estados, el Distrito Federal y los municipios, para lograr dicho objetivo.

Segundo, otorgar expresamente facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de juventud, con el fin de que pueda establecer las bases generales de coordinación de la facultad concurrente en dicha materia, entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios.

Sabemos que los jóvenes juegan un papel estratégico para la consecución del desarrollo y crecimiento económico de nuestra nación, asimismo, es evidente el rezago social en el que se encuentran y la precaria protección para garantizar sus derechos más elementales, como el acceso a la educación y al empleo, a la cultura, al esparcimiento, al deporte, entre otros.

Con estas adecuaciones constitucionales los jóvenes podrán exigir a las instituciones de gobierno la protección de sus derechos en sus entornos cultural, económico, político, psicológico y social, es decir, podrán exigir el ejercicio de cualquiera de las garantías previstas en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte, para salvaguardar su desarrollo integral.

En este contexto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha incurrido en omisión legislativa injustificada, pues desde el mes de julio de 2013 no ha emitido dictamen sobre el proyecto de Decreto de referencia, lo que representa un atentado contra la juventud mexicana, y refleja una visión negativa del Congreso sobre las y los jóvenes; poner en la congeladora este Proyecto de Decreto, significa ignorar el reclamo de millones de jóvenes que demandan el acceso pleno a los derechos más elementales.

Desde el ámbito legal, la omisión de la Cámara de Diputados, por más de 3 años, transgrede el artículo 89 numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que a la letra dice:

“Artículo 89. …

2. En el caso de las iniciativas de reforma constitucional, se observará lo siguiente:

I. La comisión o comisiones deberán resolverlas dentro de un término máximo de noventa días, “.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, ha excedido, por mucho, los términos y plazos que el Reglamento de la Cámara de Diputados establece para dictaminar la minuta de reforma constitucional en materia de juventud, que se encuentra actualmente en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja.

Es importante considerar que, en el marco de la conmemoración del Día Internacional y Nacional de la Juventud (12 de agosto), la aprobación de la Minuta representa un acto legislativo de buena voluntad y de compromiso social con los jóvenes de México.

Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para que, a la brevedad, dictamine y apruebe la Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4o. y reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos de la juventud.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el
Senado de la República, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.





 

Del Diputado Waldo Fernández González, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a informar sobre el retraso en la construcción del hospital regional de 260 camas en el municipio de García, Nuevo León. Se turna a la Segunda Comisión.

El suscrito, WALDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Diputado Federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El derecho a la salud se encuentra consagrado en el artículo 4o. Constitucional en su párrafo cuarto, se señala:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”

Los problemas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no escapan a los ojos de nadie, pues es de todos conocido las serias complicaciones económicas por las que atraviesa esta noble institución que presta tan importantes servicios a los derechohabientes.

Uno de los problemas que mayormente aquejan a los derechohabientes, es la falta de camas en los hospitales para que puedan ser admitidos y tratados los pacientes, esto ocasiona sin duda un detrimento a la salud de las personas que son atendidas por el IMSS.

Estas carencias, según declaraciones de pacientes y sus familiares provocan que los enfermos tengan que esperar en condiciones denigrantes antes de que les sea asignada una cama para recibir el tratamiento que tanto necesitan para el mejoramiento de su salud.

Al respecto cabe recordar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este ejercicio fiscal, se etiquetaron recursos para la construcción de una clínica en el Municipio de García, Nuevo León, mismo que a la fecha no ha sido construido.

Atendiendo a lo anterior, cabe recordar que nosotros como legisladores y de conformidad con lo que nos mandata el artículo 74 Constitucional, fracción IV que menciona que son facultades exclusivas de la Cámara:

Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo”.

En este sentido, el pasado 27 de noviembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, en el anexo 5.A. relacionado con Proyectos de Asociación Público Privada, se etiquetaron recursos dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social para la Construcción del Hospital regional (HGR) de 260 camas en el municipio de García, Nuevo León, con un monto total de inversión de 1,813.3 (millones de pesos) y con un monto aprobado para 2016 de 738.6 (millones de pesos).

Dicho proyecto tiene las especificidades siguientes: estará equipado con consultorios de los cuales corresponden al servicio de especialidades y al de urgencias y el resto se divide en consultorios para los servicios de atención médica de la denominada continua, optometría, nutrición y dietética entre otros.

Se señala que el nivel de desempeño para atender a los derechohabientes del norponiente de la zona metropolitana de Monterrey, focalizada en los municipios de García, Escobedo y Monterrey y que son atendidos en otros hospitales, con lo que se busca la reducción de los niveles de saturación en los servicios prestados por el IMSS en la citada zona, a fin de contribuir a la reducción del déficit de camas en beneficio de la salud de los derechohabientes de esa región de nuestra Entidad Federativa.

Como ya se mencionó líneas arriba, el déficit de camas en el IMSS es un problema a nivel nacional, no obstante para el caso que nos ocupa haremos alusión en Nuevo León, a principios de año el Delegado del IMSS en la Entidad reconoció la falta de camas para la atención de derechohabientes en la zona metropolitana de Monterrey y señalaba que con la construcción del Hospital en el municipio de García se pretende hacer frente a este déficit en beneficio de los usuarios, sin embargo, la tan anhelada construcción no ha llegado y los pacientes siguen a la espera de ser atendidos con dignidad.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comision Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social a que informe a esta Soberanía sobre el retraso en la construcción del Hospital Regional (HGR) de 260 camas en el municipio de García, Nuevo León.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 10 de agosto de 2016.

Suscribe

Dip. Waldo Fernández González.





 

Del Diputado Renato Josafat Molina Arias, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México instalar un consejo permanente para el seguimiento y atención de la problemática derivada de la aparición de fracturas y socavones en diversas demarcaciones territoriales de esta ciudad. Se turna a la Primera Comisión.







 

De la Diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a fortalecer la operación de los cruces fronterizos de la frontera norte del país, a fin de agilizar y dar mayor seguridad al flujo de personas y mercancías entre México y los Estados Unidos de América. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita, ANA GEORGINA ZAPATA LUCERO, diputada a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La frontera de México con los Estados Unidos de América (EUA) tiene una extensión de 3 mil 142 km, cuyo territorio fronterizo lo integran 6 estados y 38 municipios en México y por 4 estados y 23 condados en los EUA.

La frontera norte del país se ha posicionado firmemente como un área de prosperidad y competitividad regional, al grado tal que Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas en México, y Arizona, California, Nuevo México y Texas en los EUA, son considerados conjuntamente como la cuarta economía del mundo.

La región fronteriza, con 14 millones de habitantes en ambas partes, genera el 21 % del Producto Interno Bruto de México, y con 56 puertos de entrada en operación permite que un millón de personas y 300 mil vehículos, de los cuales alrededor de 70 mil son camiones de carga, crucen diariamente la frontera en las dos direcciones.

Chihuahua, mi estado, concentra el 20.8 % de la población fronteriza de México, y la concentración fronteriza Ciudad Juárez-El Paso detenta aproximadamente el 18 % de la población binacional.

A raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el comercio por vía terrestre se ha prácticamente cuadruplicado, y no obstante que en materia de infraestructura se han ampliado y reconfigurado puentes, se han desarrollado y reabierto carriles de inspección primaria, y se han construido puentes y conexiones de vehículos y para el paso de peatones, resulta indispensable fortalecer aún más el desarrollo de infraestructura y los servicios para agilizar el flujo de personas y mercancías.

Con el fin de mantener en condiciones óptimas la calidad de los servicios que se prestan en los puertos o cruces fronterizos del norte del país, México y los EUA han realizado grandes esfuerzos a lo largo de sus intensas e históricas relaciones bilaterales, que desde luego no debemos dejar de reconocer, y del que podemos destacar como medida reciente la emisión de la Declaración para la Administración de la Frontera en el Siglo XXI, que tiene tres ejes fundamentales, a saber: flujos eficientes y seguros de bienes y personas; desarrollo de infraestructura; y seguridad y procuración de justicia.

En el marco de esta declaración conjunta entre México y los EUA, se estableció un Comité Ejecutivo Bilateral, que tiene bajo su mandato la adopción de planes de acción anuales para su instrumentación y cuya estructura, del lado mexicano, cuenta con un Secretariado Ejecutivo encabezado por la Secretaría de Relaciones Exteriores e integrado por diversas entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, constituidos en Subcomités responsables de definir las acciones y estrategias a desarrollar e implementar.

Este foro binacional tiene una gran relevancia que debemos destacar, la capacidad para instrumentar de forma exitosa un mecanismo institucional que permite evolucionar una declaración presidencial en acciones de corto y mediano alcance, cuyo cumplimiento refleja los pasos firmes e importantes para el logro de las metas fijadas a largo plazo.

La coordinación de esfuerzos para asegurar el desarrollo de los proyectos de infraestructura, el impulso de Planes Maestros Fronterizos Regionales, la exploración de herramientas para financiar proyectos de infraestructura fronteriza, y una campaña de difusión homogénea para resaltar los beneficios esperados de los diferentes proyectos de infraestructura fronteriza, son resultados que podemos subrayar como logros de este mecanismo de cooperación bilateral.

No obstante, consideramos que resulta imprescindible para mantener e, inclusive, elevar la competitividad de la región el modernizar y desarrollar nueva infraestructura a lo largo de la frontera México-EUA, acorde al dinamismo que las corrientes y el flujo de personas y mercancías impone la región fronteriza del norte del país, cuya movilización es de suma relevante para la economía de ambos países.

Es de subrayar que diariamente cruzan la frontera entre México y EUA bienes comerciales con un valor de más de mil millones de dólares; empero, los largos y tortuosos tiempos de movilidad en los puertos de entrada fronterizos, generalmente, no solo representan pérdidas en tiempo sino también miles de millones de dólares cada año.

Optimizar el comercio de mercancías y el flujo de personas para tener fronteras más ágiles, fue una coincidencia que funcionarios, líderes ciudadanos y empresarios encontraron en la cumbre U.S.-MexicoBorder Summit 2016, que del 4 al 7 de agosto se llevó a cabo en Ciudad Juárez, México, y El Paso, EUA, y en la que se contó con la destacada presencia de la Embajadora de los Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, quién resaltó la importancia que tienen los gobiernos de México y los EUA de garantizar fronteras eficientes y modernas que permitan consolidar las alianzas transfronterizas.

Al apuntar la embajadora Jacobson que las medidas de seguridad no deben impedir que los cruces de personas y mercancías sean más rápidos, y al pactar impulsar la región especialistas, funcionarios y ciudadanos ahí participantes, como igualmente para construir una buena imagen y mejorar las oportunidades económicas y las condiciones sociales para quienes habitan la frontera, especialmente en beneficio de los habitantes de Ciudad Juárez, es que me sumo a los esfuerzos para que México y los EUA fortalezcanla operación de los cruces fronterizos de la frontera norte del país, a fin de agilizar y dar mayor seguridad al flujo de personas, así como al comercio de mercancías.

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, en el marco de los trabajos del Grupo Binacional México-Estados Unidos de América sobre Puentes y Cruces Internacionales y del Grupo Intersecretarial de Puertos y Servicios Fronterizos, se fortalezca la operación de los cruces fronterizos de la frontera norte del país, a fin de agilizar y dar mayor seguridad al flujo de personas, así como al comercio de mercancías entre México y los Estados Unidos de América.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente

Dip. Ana Georgina Zapata Lucero.





 

De los Diputados Omar Ortega Álvarez y Juan Fernando Rubio Quiroz, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas     autoridades a brindar información sobre el Fideicomiso Sonora. Se turna a la Tercera Comisión.

Quienes suscriben, OMAR ORTEGA ÁLVAREZ y JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ, Diputados Federales integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre, perteneciente al Grupo México, derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados muy dañinos para la salud y los ecosistemas, en los ríos Bacanuchi y Sonora.1

Este hecho ha sido catalogado como el peor desastre ambiental provocado por la industria minera en México.

Como consecuencia, el gobierno mexicano supuestamente obligó a Grupo México a implementar varias acciones para resarcir los daños, entre las que se incluyó la creación de un fideicomiso que contemplara pagos por las afectaciones materiales como consecuencias del derrame causadas a las más de 20 mil personas que habitan en 7 municipios aledaños a los ríos contaminados: San Felipe, Arizpe, Aconchi, Banamichi, Ures, Baviácora y Hermosillo. Empero, la obligación parece haber quedado en meras intenciones puesto que Grupo México no ha cumplido, hasta el momento, con ninguna de las promesas en su totalidad.

Al respecto, se puede mencionar que se prometió atención a la población con la creación de una Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS) que no ha sido edificada, así como la instalación de plantas potabilizadoras de agua; sin embargo, la población ha denunciado que Grupo México cerró una clínica provisional el pasado 30 de junio y que las plantas -37 prometidas- están paradas por falta de pago de servicio de electricidad.2

Otras irregularidades han sido documentadas, muestra de esto son las diferencias entre el último reporte oficial con fecha 4 de agosto de 2015 que indicaba que estaban en operación 35 pozos certificados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la rehabilitación de 24, apertura de 11 pozos nuevos y seis pozos más que estaban equipando y en proceso de conexión. La realidad documentada señala que hay pozos perforados donde no se encontró agua, como en Aconchi; en Mazocahui, Baviácora, se instaló uno y funcionó sólo tres días por falta de agua; En Bamori, Arizpe, sólo pintaron la caseta e instalaron el bombeo sobre el pozo ya existente.3 Esta información indignante y también alarmante para la población afectada.

Además del fideicomiso y las otras acciones pendientes, en marzo de 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) multó a Grupo México con 23,5 millones de pesos, cantidad que equivale solamente al 0.22% del flujo operativo que la compañía obtuvo tan solo en el tercer trimestre de ese año4. Esta cantidad demuestra lo que la organización medioambiental Greenpeace señaló en su momento: Pareciera que México está de oferta para quien guste contaminar.

La laxitud del gobierno mexicano frente a este tipo de desastres ambientales, permite a las empresas seguir operando en nuestro país sin restricción alguna, sin miedo a las sanciones y bajo el cobijo de la impunidad.

Aunado a esto, a poco más de dos años del desastre ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT) mantiene sin actualizar el reporte sobre los recursos del Fideicomiso. “El más reciente estado de cuenta del Fideicomiso Río Sonora, disponible en el sitio electrónico de la SEMARNAT y con fecha del 6 de junio de 2015, señala que de los 2 millones de pesos que se comprometió a aportar Grupo México sólo se ha ejercido 49 por ciento”5, además, la población afectada no pudo participar en la toma de decisiones sobre el fideicomiso creado para atender y reparar los daños causados hacia ella.

La falta del ejercicio de la otra mitad del fideicomiso podría significar que ese dinero no ejercido sea devuelto a Grupo México. No lo podemos permitir. Aún más, ¿en dónde está ese dinero? ¿Para qué ha sido empleado? ¿Por qué las autoridades no han dado cuentas de este monto?

Es importante señalar, que además del incumplimiento descrito anteriormente, las personas afectadas acusan que “los daños persisten y que las acciones de remediación han resultado insuficientes”, por lo que han promovido nuevas acciones colectivas para forzar a la empresa a reparar no sólo el daño a las personas que han visto afectadas su salud y actividades productivas, si noal medio ambiente.6

La opacidad de la información del fideicomiso y de las acciones que Grupo México, una de las empresas mineras más rentables no sólo en México y cuyo dueño -Germán Larrea Mota-Velasco- fuese el segundo hombre más rico del país, ha supuestamente emprendido no es un problema menor. Grupo México debe cumplir a cabalidad y con responsabilidad la reparación integral de los daños que ocasionó y las autoridades mexicanas están obligadas a velar por ese cumplimiento.

Por lo anteriormente descrito, y en aras de la salvaguarda del medio ambiente, sometemos a consideración de esta Soberanía en calidad de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente a remitir un reporte detallada y actualizado, correspondiente a la ejecución del Fideicomiso Río Sonora.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a entregar un informe detallado sobre la certificación de pozos que ha realizado en torno al Derrame en los ríos Bacanuchi y Sonora.

Tercero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Comité Técnico del Fideicomiso Sonora a informar si a dos años del desastre ambiental, el monto de $2,000, 000,000 (dos mil millones de pesos MN) resultan suficientes para dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso en torno a las medidas de remediación, reparación y/o compensación de los daños ambientales y a la salud causados por el Derrame y para los pagos necesarios respecto de reclamaciones por afectaciones materiales causadas a las personas como consecuencias del Derrame.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 10 de agosto de 2016.

Suscriben

Dip. Omar Ortega Álvarez.- Dip. Juan Fernando Rubio Quiroz.

1 Greenpeace. “Desastre en Sonora La gran tragedia - La gran amenaza”. Consultado en línea el 08 de agosto de 2016 en http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2014/Agosto/Desastre-en-Sonora-La-gran-tragedia---La-gran-amenaza/

2 Gómez, C. “Demanda Sonora que Grupo México atienda a los afectados por derrame”. Consultado en línea el 08 de agosto de 2016 en: http://viaorganica.org/demanda-sonora-que-grupo-mexico-atienda-los-afectados-por-derrame/

3 Vanguardia. “A dos años del derrame en Río Sonora, persiste inconformidad”. Consultado en línea el 08 de agosto de 2016 en: http://www.vanguardia.com.mx/articulo/dos-anos-del-derrame-en-rio-sonora-persiste-inconformidad

4 Gallegos, Z. “A dos años de un derrame tóxico en México, los afectados acusan desatención”. Consultado en línea el 08 de agosto de 2016 en:
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/07/mexico/1470529050_064928.html

5 Cervantes, E. “Opacan fideicomiso para el río Sonora”. Consultado en línea el 08 de agosto de 2016 en:
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=910059&md5=f53fa0b2573e15e715a1c2228456aae1&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

6 Carreto, B. “A 2 AÑOS DEL DERRAME CONTAMINANTE EN EL RÍO SONORA, UNA 'MANCHA' QUE NO SE BORRA”. Consultado en línea el 08 de agosto de 2016 en:





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que solicita al gobierno del estado de Puebla un informe del número de servidores públicos del orden municipal que han perdido la vida por causas externas o han sido víctimas de secuestro o extorsiones, del 1 de febrero de 2011 al 10 de agosto de 2016, acompañado del número de personas procesadas por tales hechos. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos senadores de la República, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde el inicio de la administración del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, se logró un amplio consenso con las diferentes fuerzas políticas -en el marco del Pacto por México-, para que el Estado mexicano redujera los tres delitos que más lastiman a la población: homicidios, secuestros y extorsiones1.

En tal virtud, el 1 de diciembre de 2014 el titular del Poder Ejecutivo Federal presentó al Senado una Iniciativa2 con Proyecto de Decreto para reformar los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se argumentó que los delitos de mayor incremento entre 2006 y 2012 fueron el homicidio doloso (84%), la extorsión (130%) y el secuestro (92%).

Afortunadamente, luego de un amplio debate y deliberación entre académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones empresariales, alcaldes, gobernadores y legisladores, se aprobó la reforma en materia de seguridad pública, mejor conocida como “Mando Mixto de las Policías” en la sesión extraordinaria del 17 junio en el Senado de la República, con 102 votos a favor3, y se turnó a la Cámara de los Diputados para continuar con el proceso legislativo dispuesto en los artículos 72 y 135 constitucionales.

La trascendencia de este asunto radica en que la violencia en el territorio nacional no exenta a gobierno alguno de sus efectos.

La delincuencia no discrimina, afecta igualmente a la población civil, a los servidores públicos y a los integrantes de las fuerzas armadas de la Marina y del Ejército, cuya misión esencial es la protección y bienestar de los mexicanos, estas instituciones sirven a la patria con valor y lealtad, con un profundo compromiso para el mantenimiento de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano.

Aunque la Federación cumpla sus responsabilidades en materia de seguridad pública, no podemos salir exitosos sin la participación conjunta de los gobiernos estatales y municipales, justamente, donde debe hacerse un análisis de fondo sobre el índice delictivo y las particularidades que aquejan a determinadas regiones del país.

Llama la atención la situación de vulnerabilidad a la que están expuestos los servidores públicos del orden municipal en Puebla, donde se han registrado múltiples hechos delictivos en contra de alcaldes y ex alcaldes pertenecientes a esa entidad federativa, son varios los ejemplos deplorables desde 2011 a la fecha.

I. En la madrugada del 20 de abril de 2013 perdió la vida José René Garrido Rocha4, ex presidente municipal de San Salvador el Verde5, luego de que ingresaran a su domicilio, presuntamente, para robar. Tras la resistencia, los perpetradores de este le dispararon, tanto su esposa e su hijo, fueron sorprendidos en sus dormitorios y aunque se dio aviso a los números de emergencia, la gravedad de la lesión le causó la muerte.

II. El 8 de febrero de 2015 el ex alcalde de Cuapiaxtla de Madero, Santos García Machorro6, quien se desempeñó como alcalde durante el periodo 2011-2014 abanderado por las siglas del PRI fue encontrado muerto por arma de fuego y punzocortante en su domicilio. El cuerpo del ex presidente municipal presentaba al menos cinco heridas realizadas por arma blanca a la altura del cuello.

Al día siguiente, el 5 de febrero fallecieron por arma de fuego disparada a la cabeza Armando Téllez Machorro y Abundio Téllez Machorro7, -ambos familiares de Santos García Machorro- quienes trabajaban en un rancho de la junta auxiliar de San Simón de Bravo, en el municipio de Quecholac y al no corroborarse el robo, se presumió venganza asociada al primer caso de este numeral.

III. El 24 de mayo de 2015, se dio cuenta en la prensa que dos hijos del ex alcalde de Zihuateutla, Juan Ojeda González8, estaban en calidad de “desaparecidos” al perder rastro de ellos en la carretera a Chicontla cuando circulaban en un automóvil Nissan Tsuru, con placas UAC-1678 de Puebla. Diversos medios publicaron que se exigía un cuantioso rescate, pero no se daba mayor información para evitar interrumpir las negociaciones.

IV. El 25 de mayo de 2015, el Regidor (2014-2018) del Ayuntamiento de Chignahuapan, Salvador Méndez Morales -quien además fuecoordinador de campaña de Lorenzo Rivera Sosa, excandidato del PRI a diputado federal- perdió la vida por arma de fuego a manos de sicarios. Por ello, no se descartaron las líneas de investigación por móvil político y se inició la carpeta de investigación número 193/2015/CHIG9.

V. El 7 de diciembre de 2015 fue asesinado Manuel Gómez Fosado, con arma blanca que le provocó una herida de 30 centímetros en el cuello al nieto del ex edil de Xicotepec, Israel Gómez Díaz10. Las autoridades habían señalado que existían denuncias de probable secuestro del ex alcalde y empresario.

VI.El 19 de abril de 2016 el ex presidente municipal de San Felipe Xochiltepec, Eustacio Tarcisio Lorenzo11 Marcos, fue asesinado12 con disparos de armas largas por un comando que lo interceptó en el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla. El ex funcionario circulaba en un vehículo Envoy color azul 2005, con placas de Puebla TXE 6035.

El ex edil electo bajo las siglas del PAN era un hombre de 33 años, fue presidente municipal en el período 2008-2011 y en febrero de su último año de su gobierno fue víctima de un atentado en el que resultó lesionado, en ese tiempo había denunciado haber recibido llamadas de extorsión por parte de un grupo criminal que lo había amenazado de muerte y por estos hechos nunca hubo personas detenidas.

VII. El 15 de julio de 2016 el ex alcalde del municipio de Domingo Arenas13, Neftalí Hernández Mejía, fue asesinado con arma de fuego a plena luz del día, cuando circulaba en una camioneta Nissan negra, con placas SM45 596, luego de haber retirado dinero de un cajero automático en Huejotzingo. Los sujetos le robaron 20 mil pesos en efectivo cuando se encontraba acompañado de su esposa sobre el Camino Real a Domingo Arenas.

VIII. El 2 de agosto de 2016, perdió la vida por impactos de bala, José Santamaría Zavala, alcalde de Huehuetlán el Grande, cuando regresaba a su hogar en compañía de su secretaria; ambos fueron emboscados con armas de grueso calibre. La Fiscalía General del Estado informó que su primera línea de investigación es el robo de la nómina del ayuntamiento, según se asienta en la carpeta de investigación 226/2016/Tepexi. Cabe mencionar que la prensa reportó que entre noviembre de 2015 y febrero de este año, la alcaldía estuvo “tomada” por los regidores del cabildo y otras personas que denunciaban presuntos actos de corrupción del presidente municipal, hoy occiso.

Como se aprecia, en la presente administración estatal del Estado de Puebla, se han registrado los hechos más sangrientos14 en contra de servidores públicos del orden municipal y sus familiares. Lamentablemente, es conocido que la seguridad pública municipal enfrenta grandes retos, por ello la importancia de la reforma constitucional de la que se habló al inicio de esta argumentación, para profesionalizar y re-dignificar a las policías, que no ha cambiado desde el 2010, cuando el Centro de Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública señalaba que de 31 mil 445 elementos evaluados, sólo el 40 por ciento había aprobado las pruebas de control y confianza.

La situación de vulnerabilidad de las autoridades locales, los coloca en blanco de la delincuencia, llegando a casos extremos como en Puebla, donde a pesar de la reincidencia, poco o nada se ha hecho para protegerlas15, dando lugar a una franca descomposición social, denunciada incluso por la Asociación de Autoridades Locales de México A.C. (AALMAC), al calificar a esta entidad como una de las diez más peligrosas para las autoridades municipales.

Por lo anteriormente expuesto, las y los senadores del Grupo Parlamentario del PRI sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobierno del Estado de Puebla, un informe detallado del número de servidores públicos del orden municipal que han perdido la vida por causas externas o han sido víctimas de secuestro o extorsiones, del 1 de febrero 2011 al 10 de agosto de 2016, acompañado del número de personas procesadas por tales hechos.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, un informe detallado de las acciones llevadas a cabo en el ámbito de sus facultades, ante presuntas omisiones de las autoridades estatales para salvaguardar la seguridad y los derechos humanos en los 217 municipios, así como las recomendaciones públicas que, en su caso, haya hecho a diversas autoridades estatales y municipales, del 1 de febrero de 2011 al 10 de agosto de 2016.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un informe detallado de las acciones llevadas a cabo, para atender a cualquier persona en calidad de víctima, sin importar el fuero de los delitos o violaciones a sus derechos, en el marco del Convenio de Colaboración signado con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, el pasado 14 de septiembre de 2015.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el
Senado de la República, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente.

1 Cfr. http://pactopormexico.org/acuerdos/

2 Disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=1&id=1652

3 Disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=1&id=1926

4 Consultado el 3 de agosto de 2016 en: http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/asesinan-a-un-alcalde-de-puebla-tras-intento-de-robo-1366472104

5 Con averiguación previa 36/2013 de la agencia especializada en investigación de homicidios.

6 Con carpeta de investigación 31/2015. Consultado el 5 de agosto de 2016 en:
http://suracapulco.mx/archivoelsur/archivos/251259
http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n3700995.htm

7 Con carpeta de investigación 131/2015/Tecamachalco

8 Consultado en: http://www.e-consulta.com/nota/2015-05-24/seguridad/reportan-desaparecidos-hijos-del-ex-edil-de-zihuateutla

9 Consultado el 3 de agosto de 2016 en: http://www.e-consulta.com/nota/2016-08-02/seguridad/hila-puebla-tres-ejecuciones-de-alcaldes-en-ultimos-tres-meses

10 Consultado en: http://www.periodicocentral.mx/2015/nota-roja/encuentran-degollado-al-nieto-de-ex-alcalde-de-xicotepec

11 Consultado el 3 de agosto de 2016 en: http://sipse.com/mexico/politicos-mira-sicarios-violencia-mexico-201364.html

12 Con carpeta de investigación CDI 325/2016/IZUCAR/CNPP.

13 Consultado el 5 de agosto de 2016 en: http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=112085

14 Consultado el 3 de agosto de 2016:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/08/02/en-el-sexenio-de-moreno-valle-ejecutan-a-tres-alcaldes-y-ex-ediles/

15 Aun cuando se ha anunció una estrecha colaboración de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Puebla con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se advierte un silencio inaceptable ante la situación que prevalece en esa entidad.
Cfr. http://www.ceav.gob.mx/2015/09/ceav-y-comision-de-derechos-humanos-de-puebla-firman-convenio-de-colaboracion/





 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a proteger, apoyar e impulsar eficazmente la producción y el desarrollo de la ganadería nacional. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El territorio nacional cuenta con una extensión de casi dos millones de kilómetros cuadrados, de los cuales, el 11% es utilizado para el desarrollo de actividades agropecuarias, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al 2012.

De acuerdo con dicha institución el 25% del territorio mexicano cuenta con clima árido, el 20% templado, el 15% es tropical seco y el 12% tropical húmedo. Esta variedad de climas deriva en una amplia diversidad de animales y vegetales que pueden desarrollarse en nuestro país.

México tiene alrededor de 197 millones de hectáreas, de las cuales la ganadería ocupa el 58%, lo que nos indica que esta actividad representa el principal uso de suelo en nuestro territorio. 1

En la época prehispánica la población mexicana se limitaba a la cría de animales nativos de la región como el pavo, el xoloitzcuintle, o la cochinilla de granada y no fue hasta la época de la colonización donde la ganadería bovina se introdujo a la Nueva España2. A partir de entonces, la ganadería bovina comenzó su desarrollo hasta convertirse en una de las actividades comerciales más importantes en el sector, para nuestro país.

Hasta la fecha la ganadería bovina sigue siendo una de las principales actividades económicas, por lo es importante describir el conjunto de factores biofísicos que permitieron su vertiginoso despliegue, así como la realización de políticas y programas públicos para continuar impulsando su desarrollo.

Según datos del último Censo Agrícola, Ganadero y Forestal realizado por el INEGI en el 2007, México contaba a esa fecha con alrededor de 1.13 millones de unidades de producción de ganado bovino y cerca del 60% de esas unidades tenían como actividad principal el desarrollo o engorda de bovinos.

En México existe ganado vacuno lechero, cárnico y doble propósito (carne y leche), representados por más de 30 razas o cruzas de bovinos para la producción de carne y dos más para la generación de leche. Con base en sus características de adaptación, las diferentes razas se distribuyen de acuerdo al clima de cada región, el cual determina fundamentalmente el desarrollo y propósito del hato.

Entre las razas y cruzas más importantes se encuentran las razas puras: Hereford, Charolais, Nelore, Pardo Suizo Europeo, Gyr, Angus, Simmental y Limousin. Las razas sintéticas de mayor presencia están representadas por: Brahman, Indobrasil, Beefmaster y Brangus, entre otras.3

A nivel mundial, nuestro país ocupa actualmente el séptimo lugar en la producción de proteína animal y en la oferta de productos cárnicos, en tanto que la producción de leche pasó, en 10 años, de9 mil 500 millones de litros a 11 mil 500 millones de litros, gracias a la actividad de los productores.

De acuerdo con lo anterior, históricamente nuestro país ha hecho grandes esfuerzos para que el desarrollo ganadero siga en aumento, lamentablemente, durante los últimos años el sector atraviesa por diferentes obstáculos que han empezado a frenar su desarrollo.

Entre los principales factores están: la falta de políticas serias y programas eficaces para impulsar al sector, la falta de apoyos económicos del gobierno para los productores ganaderos de todo el país, la omisión en la entrega oportuna de los apoyos económicos autorizados para los productores ganaderos en los programas vigentes, y el no pago de dichos apoyos, así como la inversión del gobierno en ganado bovino extranjero, y la apertura a la importación de ganado bovino de mala calidad y a menor costo, entre otros.

Así por ejemplo, durante el 2014, el gobierno federal dejó de entregar oportunamente los recursos económicos autorizados a los productores ganaderos, lo que ocasionó que muchos de los beneficiarios tuvieran que utilizar sus propios ahorros y solicitar préstamos para mantener e incrementar su hato, por ejemplo, para alimentar el ganado, reforestar sus tierras para la estimulación de la producción ganadera, pagar vacunas, dar mantenimiento a praderas, entre otros.

Durante el 2015, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), no tan solo tuvo retrasos en el pago de los apoyos, sino que dejó de entregar un porcentaje importante de los recursos aprobados, que a la fecha no se han entregado.

Para el 2016, se aprobaron casi 4 mil millones de pesos, 46% menos que en el año anterior de los cuales, al mes de agosto, la SAGARPA tan sólo ha entregado 1 mil millones de pesos, es decir el 25% del total, con un retraso inexplicable del 75%, afectando severamente de nueva cuenta el mantenimiento y la producción del ganado.

Otra de las políticas del gobierno federal ha sido la inversión de recursos públicos en ganado extranjero, bajo el argumento de la necesidad de mejorar la calidad genética del hato nacional.

En ese sentido, el pasado el 23 de mayo, el titular de la SAGARPA, José Calzada Rovirosa, anunció que el gobierno federal compró 6 mil 637 cabezas de ganado bovino procedentes de Australia4 (que incluía las razas Herford, Angus, Brahman y Jersey), que será utilizado con fines reproductivos para elevar la calidad genética y de esa forma apoyar a los productores de los estados de Coahuila, Chiapas, Jalisco y Nayarit.

Al respecto, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), así como productores pecuarios y presidentes de Asociaciones de Criaderos de Ganado de Registro a nivel nacional, manifestaron un total rechazo a la importación de las 6 mil 637 vaquillas procedentes de Australia5, pues afirman que el ganado nacional cuenta con buena calidad genética, por lo que no se requiere actualmente la importación de animales similares a los nacionales.

Asimismo, han expresado que, si bien los animales importados cuentan con buena calidad genética, también es cierto que, por las condiciones geográficas y climáticas el ganado puede desarrollar, en el transcurso de su prematura estancia, enfermedades que pueden poner en peligro tanto al ganado importado como al nacional.

En ese sentido, productores y presidentes de Asociaciones de Criaderos de Ganado de Registro en todo el país, han señalado que los recursos erogados por el gobierno federal pueden tener mejor utilidad si se distribuyen entre los ganaderos mexicanos.

El presidente de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, Jesús María Quintanilla Casanova, ha calificado a ese tipo de acciones como competencia desleal para la ganadería mexicana, señalando que esa decisión deja a un lado la honestidad en la competición ganadera. Así también, indicó que no entiende la decisión de SAGARPA de comprar ganado australiano dado que los recursos que se invirtieron le hacen buena falta a México para impulsar la actividad pecuaria.

Por su parte Guillermo Torres Sandoval, ganadero y Secretario de la Asociación Angus de México expresó que “…en México hay más de 10 mil vaquillas en oferta que bien pudo el gobierno comprar a los ganaderos de registro y apoyar a los pequeños ganaderos, que son a quienes les van a tocar 5 o 10 vacas de las que trajeron de Australia…”6.

En el mismo sentido, los ganaderos nacionales han señalado que el gobierno federal debe y tiene la obligación de llevar a cabo una revisión minuciosa de los inventarios nacionales antes de realizar cualquier inversión en ganado extranjero.

Asimismo, han reiterado que México produce lo suficiente para abastecer la demanda de los engordadores nacionales, de tal manera que la importación produce una sobre oferta y ocasiona otros problemas como la caída del precio en las cabezas del hato bovino.

En resumen, los productores ganaderos nacionales no están de acuerdo con la decisión de importar ganado, y exigen de las autoridades federales una explicación detallada sobre las razones que tuvieron para comprar ganado extranjero y un informe sobre los recursos públicos invertidos.

Otro de los factores que ha venido perjudicando el desarrollo ganadero de nuestro país, de acuerdo con productores nacionales, es la entrada de miles de cabezas de ganado bovino provenientes de Sudamérica; ganado que se adquiere a precios más bajos y que cuenta con un estatus sanitario malo, lo que pone en peligro la salud del hato nacional, además de que ya ha ocasionado la caída del precio por cabeza, afectando gravemente al sector.

Desafortunadamente todas estas acciones del gobierno han venido perjudicando y frenando el desarrollo del ganado bovino nacional, y lamentablemente las autoridades responsables han hecho caso omiso a las peticiones y recomendaciones de los ganaderos de las distintas regiones del país, empezando por Yucatán, mi estado natal; tal es el caso que muchos de ellos han expresado su angustia, desesperanza y enojo con el gobierno federal debido a que han dejado de producir y muchos de ellos has visto reducido su hato bovino y están en riesgo de perderlo.

En virtud de lo expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a rendir un informe detallado a esta Soberanía con el fin de dar a conocer las razones por las que decidió comprar 6 mil 637 unidades bovinas provenientes de Australia, y dejó de tomar en cuenta la oferta del hato bovino nacional, siendo que en términos de lo señalado en el cuerpo del presente asunto es de buena calidad y responde a las necesidades de demanda de los engordadores.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que corrija las políticas públicas en materia de ganadería, deje de destinar recursos para la compra de ganado extranjero, y realice las acciones necesarias para evitar que continúe entrando al país ganado bovino de mala calidad y a bajos costos, que afecta la producción y el desarrollo de la ganadería nacional.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, escuchando a los productores ganaderos nacionales, implemente a la brevedad programas y acciones eficaces para proteger, apoyar e impulsar eficazmente la producción y el desarrollo de la ganadería nacional.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el
Senado de la República, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.

1 CONARGEN. Programa Nacional de los Recursos Genéticos Pecuarios 1:1–43.

2 Narciso Barrera Bassols. (1996). Los orígenes de la Ganadería En México. México: Instituto de Ecología AC.

3 Financiera Rural. Monografía de Carne de Bovino; 2012:1–11.

4 Disponible en: http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/bajacaliforniasur/boletines/2016/mayo/Documents/2016BS234.pdf

5 Disponible en: http://mexicampo.com.mx/rechazan-productores-importacion-de-ganado-de-australia/

6 Disponible en: http://mexicampo.com.mx/rechazan-productores-importacion-de-ganado-de-australia/





 

De la Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de México, al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad y a la delegación Tláhuac a establecer mecanismos de coordinación que permitan evitar la posible comisión del delito de despojo en detrimento del patrimonio de los habitantes de dicha delegación. Se turna a la Primera Comisión.

La que suscribe, Diputada Federal, NORMA XÓCHITL HERNÁNDEZ COLÍN, integrante del grupo parlamentario de MORENA a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esa Soberanía, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y A LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, A ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN QUE PERMITAN EVITAR LA POSIBLE COMISIÓN DEL DELITO DE DESPOJO EN DETRIMENTO DEL PATRIMONIO DE LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC.

Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 14 de julio de 2016, diversas vecinas y vecinos de la Delegación Tláhuac, así como organizaciones civiles y vecinales entre las que se encuentra el Órgano de Representación Ejidal de los Siete Pueblos, la Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas, el Consejo Nacional de Organizaciones, el Movimiento Nacional de Enlaces Ciudadanos y Organización Social, la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, la asociación Acción Ciudadana, la Confederación Nacional de Ciudadanos, la Asociación de Colonos el Triángulo y Selene, el Consejo Vecinal, la Confederación de Organizaciones Sociales y Asociaciones Territoriales, y la agrupación Trabajemos por Tláhuac, hicieron público un comunicado y solicitaron la inmediata intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, derivado de la posible comisión del delito de despojo que han sufrido vecinas y vecinos de la Delegación, a manos del denominado “Frente Popular Francisco Villa”, quienes con uso de violencia física y actos de intimidación, han invadido diversos predios argumentando contar con documentos legales que los facultan para ocuparlos.

Integrantes del Frente, argumentan estar en cumplimiento de supuestas sentencias dictadas por jueces de lo Civil con residencia en el Distrito Federal, sin embargo, en voz de las víctimas, tales juicios carecen de validez procesal, ya que nunca les fue notificado el inicio del procedimiento, mucho menos la resolución que los priva del uso y disfrute de sus bienes, por lo que presumiblemente se trata de juicios ficticios o impetrados en colusión con funcionarios del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con el ánimo de adjudicarse bienes que legalmente se encuentran en posesión de terceros.

Recientemente, el 12 de julio de 2016, cerca de doscientos integrantes del Frente, tomaron por la fuerza un predio en la colonia Selene, de igual forma, y siguiendo el citado modus operandi, argumentaron que tenían un “amparo” que les otorgaba la posesión del predio; y de igual manera, los poseedores y propietarios del inmueble, argumentan que el inicio del supuesto procedimiento jamás les fue notificado.

Los integrantes del Frente, se hicieron acompañar de quien dijeron se trataba de un actuario que les dio “luz verde” para tomar posesión del predio ubicado en Calle Mar de la Tranquilidad, esquina con la calle Cráter, lo que motivó la movilización de vecinas y vecinos que emitieron una alerta vecinal, puesto que no se trata de un hecho aislado, sino de una nueva forma en la que éste Frente pretende ocupar inmuebles para el cumplimiento de sus intereses particulares, en detrimento de los derechos de las personas que los ocupan.

En aquel momento, fue solicitado el auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual se abstuvo de intervenir, mientras las y los vecinos que protegían el predio fueron agredidos física y verbalmente por integrantes del multicitado Frente, quienes utilizando palos y armas, despojaron del predio a sus legítimos propietarios.

De lo anterior, se desprenden dos supuestos que deben ser atendidos, a saber:

1.- De haberse impetrado alguna demanda en contra de los ocupantes legales de los inmuebles, esta, para contar con la validez requerida, debió notificarse de manera personal en el domicilio señalado por la parte actora. Lo anterior, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 114 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

En todos los casos de invasión realizados por el Frente Popular Francisco Villa, supuestamente ha existido una demanda y una resolución donde se les asiste con la verdad jurídica, sin embargo, no existe prueba indubitable que acredite la existencia del procedimiento, mucho menos de su respectiva notificación.

2.- De haberse llevado a cabo los procedimientos de acuerdo a lo estipulado en la legislación aplicable al caso concreto, la sentencia que tuviera a bien dictarse en beneficio del Frente, de ninguna manera lo facultaría a hacer uso de la fuerza física y de la intimidación para reclamar su derecho. Lo anterior, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En todos los casos de invasión realizados por el Frente Popular Francisco Villa, los integrantes de éste han acudido con armas blancas y de fuego, haciendo uso de la fuerza física y verbal e intimidando a los ocupantes legítimos de los inmuebles.

De lo anterior se desprende lo siguiente:

1) El Frente Popular Francisco Villa pretende engañar sobre la realización de procedimientos legales para invadir predios propiedad de terceros, valiéndose de documentación falsificada, lo cual, además dela posible comisión del delito de despojo, configuraría la comisión del delito estipulado en el Artículo 339 del Código Penal para el Distrito Federal; o

2) Se lleva a cabo un ejercicio ilegal del servicio público de las y los funcionarios del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quienes al recibir la demanda del Frente Popular Francisco Villa, omiten emplazar y notificar a los propietarios del inmueble, dejándolos en estado de indefensión al no permitírseles ser oídos y vencidos en juicio.

En cualquiera de los dos casos, se aprecia la posible comisión agravada del delito de despojo, a que hace referencia el Artículo 237 del Código Penal para el Distrito Federal; y por consecuencia, se atenta contra el patrimonio de las vecinas y vecinos de Tláhuac, al no cumplirse las formalidades procedimentales requeridas para el desalojo de un inmueble.

Es importante destacar que el delito de despojo se configura aún y cuando la acción se lleve a cabo por el propietario del inmueble, esto, en los casos en los que se lesionen derechos legítimos del ocupante, por lo que, aún y cuando el Frente Popular Francisco Villa pueda ser el propietario del inmueble por resolución judicial, sin duda alguna deben cumplirse las formalidades para el traslado del dominio del predio, siempre respetando las formalidades del proceso, lo cual, como se ha mencionado, no ha ocurrido en ninguno de los casos en donde el Frente ha estado involucrado, por lo cual, requiere la atención inmediata de las autoridades.

Para la protección del patrimonio de las vecinas y vecinos de la Delegación Tláhuac, es necesaria la labor conjunta de diversos órganos gubernamentales, al Gobierno del Distrito Federal, por medio de la Secretaría de Seguridad Pública, le corresponde actuar con celeridad ante las denuncias por el delito de despojo, debe solicitar información del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a efecto de verificar la veracidad de la documentación presentada por los integrantes del Frente Popular Francisco Villa; y, dependiendo de la respuesta obtenida, proceder ya sea al desalojo del inmueble, respetando en todo momento los Derechos Humanos de los demandados o, en su defecto, proceder penalmente en contra de quienes haciendo uso de documentos falsos, utilicen fuerza física e intimidatoria con el objetivo de despojar a las personas de sus inmuebles.

A la Jefatura Delegacional en Tláhuac, en el ámbito de sus atribuciones legales, le corresponde generar programas y mecanismos que permitan que las y los vecinos cuenten con la información legal suficiente, a efecto de evitar la comisión delictiva en su perjuicio, además de generar mecanismos que le permitan ser interlocutora entre la población afectada y las instancias gubernamentales encargadas de salvaguardar su patrimonio.

En el ámbito de nuestras respectivas competencias, estamos obligados a velar por el estricto respeto a los derechos de las personas, ninguna asociación civil, por más legítimas que sean sus intenciones, se encuentra por encima de los derechos individuales consagrados en nuestro ordenamiento jurídico; como parte del gobierno, estamos obligados legalmente a interceder a efecto de que se salvaguarde el patrimonio de las personas a quienes representamos ante el Congreso de la Unión, por lo cual, se extiende un respetuoso llamado a cumplir con las obligaciones que nos encomiendan las leyes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, por medio de la Secretaría de Seguridad Pública, a atender de manera urgente, todas y cada una de las solicitudes de auxilio realizadas por personas posiblemente víctimas del delito de despojo en la Delegación Tláhuac.

SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a proporcionar con celeridad a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, sobre los procedimientos legales de desalojo que decrete en la Delegación Tláhuac; y

TERCERO.- Se solicita respetuosamente a la Delegación Tláhuac, a establecer programas y mecanismos de información que permitan a las personas proteger la posesión y la propiedad de sus inmuebles, así como servir de interlocutora entre la población y las instancias legales correspondientes a efecto de salvaguardar su patrimonio.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente

Dip. Norma Xóchitl Hernández Colín.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a que, en el marco del “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, refuerce los programas de promoción para la preservación y desarrollo de las lenguas indígenas en el territorio nacional. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El artículo 2° de nuestra Constitución, señala que “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.1

Además, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en su artículo quinto, menciona que “El Estado a través de sus tres órdenes de gobierno, -Federación, Entidades Federativas y municipios-, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales.”2

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), tiene entre sus principales atribuciones promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el país.

Dicho Instituto contribuye a la consolidación de una sociedad equitativa, incluyente, plural y favorecedora del diálogo intercultural, promoviendo el multilingüismo, el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos, el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales y el fomento a su uso en todos los ámbitos de la vida social, económica, laboral, política, cultural y religiosa.

El “Día Internacional de los Pueblos Indígenas” fue instituido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 23 de diciembre de 1994 decidiendo que durante el decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo se celebrara cada 9 de agosto de cada año, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas con que se enfrentan las comunidades indígenas como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud.

Para este 2016, el tema ha sido dedicado al “Derecho a la Educación” que está protegido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en su artículo 14 dispone que “Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje”.3

El Objetivo 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible4 insta a asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.

Según cifra de la ONU, se calcula que en el mundo hay 370 millones de indígenas, que viven en 90 países, lo que representan menos del 5 por ciento de la población mundial, los pueblos indígenas constituyen el 15 por ciento de los más pobres.5

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en México hay 7 millones 382 mil 785 personas de 3 años y más de edad que hablan alguna lengua indígena, cifra que representa 6.5% del total nacional; de las cuales 51.3% son mujeres y 48.7% hombres. En términos de relación hombre-mujer, hay 95 hombres por cada cien mujeres.6

Dicho Instituto, señala que existen 494 municipios donde más del 40 por ciento de sus habitantes son hablantes de una lengua indígena, tan sólo en Oaxaca hay 345 municipios en esta situación.

Cabe mencionar que 15 de cada cien personas hablantes de lengua indígenas no están afiliadas a servicios de salud; los más desprotegidos en términos de no afiliación son los varones: 57.7 por ciento no cuentan con ella, contra 45.3 por ciento en las mujeres.

De la población que habla lengua indígena, 13 de cada 100, solo puede expresarse en su lengua materna, situación que es más evidente entre las mujeres; 15 de cada 100 mujeres indígenas son monolingües, contra 9 de cada 100 hombres.

Las lenguas indígenas que más se hablan en México, son: Náhuatl, con un 23.4%; Maya, 11.6%; Tseltal, 7.5%; Mixteco, 7.0%; Tsotsil, 6.6%; Zapoteco, 6.5%; Otomí, 4.2%; Totonaco, 3.6%; Chol, 3.4%; Mazateco, 3.2%; Huasteco 2.4%; y Mazahua con un 2.0%.7

Sin duda, en este marco de conmemoración, reconocemos que los pueblos indígenas son determinantes para conocer nuestro pasado, fortalecer nuestro presente e impulsar nuestro futuro, a través de la conservación y difusión de su cultura.

En esta tesitura, resulta imperativo que el Gobierno Federal siga instrumentando políticas públicas que permitan la preservación y desarrollo de las lenguas indígenas en todo el territorio nacional.

En el Grupo Parlamentario del PRI, hacemos el llamado a que trabajemos juntos para seguir reforzando los derechos de los pueblos indígenas, y de esta manera, preservar sus tradiciones, costumbres, cultura e identidad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que en el ámbito de sus atribuciones y en el marco del “Día Internacional de los Pueblos Indígenas” refuercen los programas de promoción para la preservación y desarrollo de las lenguas indígenas en el territorio nacional.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el
Senado de la República, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente.

1 http://www.ccinshae.salud.gob.mx/descargas/constitucion/66_D_4131_07-07-2015.pdf

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/257_171215.pdf

3 http://www.un.org/es/events/indigenousday/2016/pdf/spanish_backgrounder.pdf

4 En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en septiembre de 2015, los Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.

5 http://www.un.org/es/events/indigenousday/2016/pdf/spanish_backgrounder.pdf

6 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/indigenas2016_0.pdf

7 Ibid





 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el ataque a la embajada de los Estados Unidos Mexicanos en la República Helénica (Grecia), ocurrido el 31 de julio del año en curso. Se turna a la Segunda Comisión.







 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a llevar a cabo una campaña de concientización entre la población, a fin de que conozcan los riesgos que conlleva la compra y uso de medicamentos publicitados a través de diversas páginas de internet que no cumplan con lo establecido en las normas sanitarias vigentes. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Constitución de la Organización Mundial de la Salud establece que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano y está estrechamente relacionado con el de otros derechos como el de la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no discriminación, el acceso a la información y la participación.1

En este marco, uno de los temas centrales de la política pública en el mundo es asegurar que todoslos ciudadanos tengan acceso a los medicamentos que necesitan para mantenery restaurar la salud, así como para paliar las molestias derivadas de afecciones y enfermedades.

En nuestro país, el artículo cuarto de la Constitución señala que la protecciónde la salud es un derecho esencial de los mexicanos y el Estado tiene como obligaciónbrindar servicios médicos y medicamentos a todas las personas.

Por su parte, la Ley General de Salud establece que son medicamentos toda substancia o mezcla de substancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. Cuando un producto contenga nutrimentos, será considerado como medicamento, siempre que se trate de un preparado que contenga de manera individual o asociada: vitaminas, minerales, electrólitos, aminoácidos o ácidos grasos, en concentraciones superiores a las de los alimentos naturales y además se presente en alguna forma farmacéutica definida y la indicación de uso contemple efectos terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios.2

En este rubro, nuestro país es el segundo mercado más grande de América Latina en la industria farmacéutica, y es un importante productor de medicinas de alta tecnología, incluyendo antibióticos, antinflamatorios y tratamientos contra el cáncer, entre otros.

14 de las 15 principales empresas del mundo se encuentran ubicadas en el país, por lo que México se ha posicionado como uno de los principales centros manufactureros del sector a nivel mundial. La industria farmacéutica representa en promedio 1.2% del PIB nacional y 7.2% del PIB manufacturero.

Lamentablemente, también ha crecido la venta ilegal de medicamentos, sobre todo, a través de publicidad engañosa, al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), dio a conocer que, de acuerdo a los resultados de la Estrategia de Vigilancia Sanitaria del mercado ilegal, en 2015 fueron asegurados 2 millones 587 mil 219 productos milagro, es decir, un incremento de 6,268 por ciento con respecto a 2010.

La Comisión precisa que las acciones de verificación y vigilancia se enfocaron principalmente en el aseguramiento de productos que engañaban y ponían en riesgo la salud de la población retirando de la venta productos milagro como Zellaforte-Diab, Albatrina, Pediabetic, Artiflex, Varikare, Soriaxis, Hic, Max four 4 burner, alcachofa capsulas, el tumba kilos, eterlin, redu ct, fat burner, l-carnitine 1,200, alcachofa, fulmi grass, redu master, slim grass, ypenza alca redu-c, calci max, ovarisan, diabe gold. Diabecap, retroviron, vascular system pack, pack anticolesterol, redupack, flexo plus, slim pack, artiflex pack, para supuestamente bajar de peso, reducir tallas y "curar" el reumatismo, entre otros padecimientos.

Se estima que en nuestro país alrededor del 7% de los medicamentos tienen malas prácticas de fabricación, son de origen ilegal, están caducos o son clonados, sin duda, una situación que pone en peligro la salud de las personas, e incluso sus vidas, al consumir sin saberlo medicamentos falsos o auténticos que han sido adulterados o mal almacenados o han caducado, tal como lo ha afirmado la Interpol.

La COFEPRIS ha destacado que este tipo de productos señalan una o varias cualidades terapéuticas, rehabilitadoras o curativas, que van desde cuestiones estéticas hasta solucionar problemas graves de salud.

Cabe mencionar que la Ley General de Salud en su artículo 204 establece que los medicamentos y otros insumos para la salud, los estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que los contengan, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas, para su venta o suministro deberán contar con la autorización de la autoridad sanitaria y cumplir con la legislación correspondiente en la materia.

Asimismo, contamos con la Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-2012, Etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios, la cual establece que los textos que contiene el etiquetado e instructivo de los medicamentos y los remedios herbolarios, son la información de carácter sanitario y comercial que identifica a cada medicamento o grupo de medicamentos de este tipo, así como los remedios herbolarios, con el objeto de establecer con precisión su correcta identificación en el mercado, para su venta y suministro, así como para orientar y advertir al usuario sobre el adecuado y seguro consumo de estos insumos para la salud.

No obstante, el comercio ilegal y la falsificación de medicamentos, es un problema que pone en riesgo la vida de miles de personas; por ello, es necesario reforzar la vigilancia sobre la venta de medicamentos ilegales, sobretodo, de las ventas que se realizan a través del internet.

Por lo anteriormente expuesto, las y los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión Federal para la prevención contra Riesgos Sanitarios y en coordinación con las autoridades de las entidades federativas lleven a cabo una campaña de concientización entre la población, a fin de que conozcan los riesgos que conlleva la compra y uso de medicamentos publicitados a través de diversas páginas de internet que no cumplen con lo establecido en las normas sanitarias vigentes.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el
Senado de la República, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente.

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_010616.pdf





 

De la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se invita al Secretario de Comunicaciones y Transportes a una reunión de trabajo para que informe sobre las condiciones en que se adjudicó la concesión del Viaducto Bicentenario a la Empresa OHL México, sin considerar las mejores condiciones para el Estado. Se turna a la Tercera Comisión.







 

De las Diputadas Norma Rocío Nahle García y Mariana Trejo Flores, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Auditoría Superior de la Federación un informe sobre las acciones implementadas con relación a los desvíos de recursos públicos por el gobierno de Veracruz, provenientes de partidas federales, durante el período comprendido entre los ejercicios fiscales de 2011-2014. Se turna a la Primera Comisión.

La suscritas, ROCÍO NAHLE GARCÍA y MARIANA TREJO FLORES, Diputadas Federales de la LXIII Legislatura de La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Gobernador Constitucional del estado de Veracruz, en la actualidad se ha visto involucrado y evidenciado en una serie de irregularidades cometidas durante su gestión como titular del ejecutivo del estado.

La corrupción en la entidad, el tráfico de influencias, la impunidad y el desvío de recursos han sido los principales problemas que ha enfrentado Javier Duarte de Ochoa durante su periodo como gobernador. La sociedad veracruzana vive en un clima de incertidumbre y desamparo por parte de las instituciones del gobierno estatal, donde el crimen, la violencia, la corrupción, la pobreza y el desdén se han caracterizado por tomar partida importante en estos últimos seis años.

Juan Manuel Portal Martínez, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entregó durante el mes de febrero del año 2016 a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el informe de la cuenta pública 2014, donde se detectaron irregularidades en el estado de Veracruz por el orden de los 14 mil millones de pesos sin solventar y, con la sospecha de haber sido desviados de su etiquetación de gasto. En suma, Veracruz, desde el 2011, acumula irregularidades financieras, observadas por la Auditoría Superior de la Federación por un monto aproximado a los 35 mil millones de pesos, siendo éste estado el que mayores irregularidades financieras presenta a nivel nacional, según los reportes de la ASF1 como se presenta a continuación:

El documento muestra también un tabulador con lo que denomina “monto de las acciones con impacto económico” en las que ha incurrido cada estado, y en las que aparece Veracruz en primer lugar, con 14 mil millones de pesos pendientes de solventar en 2014 y, desde 2011, 35 mil 421. Le sigue Michoacán, con ocho mil 89 millones de pesos con observaciones en 2014, y 28 mil 477 desde 2011; Jalisco, con cifras de seis mil 772 y 21 mil 938, respectivamente, y Estado de México, con gastos anómalos por dos mil 482 millones en 2014 y, en los últimos cinco años, por 17 mil 381.

Al describir la problemática denominada “Opacidad en el manejo de los recursos”, la ASF reporta que las entidades suelen cambiar los fondos que reciben de la Federación a otras cuentas bancarias que terminan financiando otras actividades.

Si el gobernador ha cometido algún delito y éste es comprobado, las instituciones de nuestro gobierno y las leyes deben de hacer su trabajo y dar el cauce correspondiente con forme a derecho.

Por todo lo anterior, si el gobernador de Veracruz ha cometido algún delito y éste es comprobado, las instituciones de nuestro gobierno y las leyes deben hacer su trabajo y dar el cauce correspondiente conforme a derecho.

Por lo anteriormente expuesto y lo invocado en el proemio, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Ésta Soberanía, con Pleno respeto a las atribuciones constitucionales y legales, solicita al Titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, para que por su conducto, se haga público un informe de las acciones implementadas por la auditoria y el seguimiento para el caso específico del desvío de recursos públicos detectado en el estado de Veracruz durante el periodo fiscal comprendido de 2011-2014.

Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente

Dip. Rocío Nahle García.- Dip. Mariana Trejo Flores.

1 http://www.sinembargo.mx/23-02-2016/1627607




 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe sobre los avances en el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por diversas violaciones a los derechos culturales de los mexicanos derivados de los daños que sufrió la escultura “El Caballito”. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El monumento histórico “Estatua Ecuestre de Carlos IV”, comúnmente conocida como el “El Caballito”, fue diseñado en 1795 por el arquitecto y escultor Manuel Tolsá.

Es una escultura de bronce que mide 4.88 metros de alto, 1.73 de ancho y 5.04 metros de largo, además está compuesta por un basamento de piedra diseñado por el arquitecto Lorenzo de la Hidalga en 1851, con una superficie de 12.9 m2 y una altura de 3.36 metros.

Desde el 9 de febrero de 1931 fue declarada como Monumento Histórico. Se encuentra ubicada dentro del polígono declarado Zona de Monumentos Históricos del Centro Histórico de la Ciudad de México desde el año de 1980 y a partir del 1987 fue inscrito como Patrimonio Mundial.

A pesar de ser uno de los monumentos históricos más representativos de la Capital del país, en septiembre de 2013 la obra sufrió diversos daños derivados de trabajos de restauración de mala calidad contratados por la Autoridad del Centro Histórico (ACH) y el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, proceso que fue realizado sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Derivado de estas irregularidades, el INAH constituyó una comisión de especialistas para establecer un dictamen sobre los daños que habría sufrido el monumento.

De acuerdo a las conclusiones del dictamen1, la escultura de bronce sufrió daños en aproximadamente el 50% de la superficie de la escultura por:

• Pérdida irreversible de la pátina original a causa del uso de ácido nítrico al 30%.

• Desaleación y pérdida irreversible de elementos (estaño y zinc) por el uso de ácido nítrico al 30%.

• Corrosión del bronce.

• Abrasión de la superficie por el uso de cardas metálicas.

• El pedestal sufrió daños por la disolución de materiales constitutivos por escurrimiento y absorción del ácido nítrico.

• La intervención realizada no contó ni cuenta con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con lo que se violó la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y su Reglamento.

• La estimación de los daños ocasionados al monumento histórico asciende a 1 millón 415 mil 723 pesos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que las omisiones de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, que derivaron en daños irreversibles en la escultura de “El Caballito”, representaron una violación a los derechos culturales de las y los mexicanos, motivo por el cual emitió la Recomendación No. 34/2015, dirigida al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Entre los puntos recomendatorios emitidos por la CNDH, se encuentran los siguientes:

1. Instruir a las instancias correspondientes para que se dé un seguimiento puntual y continuo hasta su conclusión al “Proyecto de investigación científica para la conservación y restauración de la escultura ecuestre de Carlos IV y su pedestal”. Los trabajos deberán realizarse en los términos que autorice el INAH y bajo la supervisión del mismo. Además, se deberá informar a la Comisión sobre los avances y resultados que se obtengan.

2. Para la reparación del daño cultural recomienda el diseño e implementación de una campaña de difusión cultural, histórico y artístico del monumento histórico “El Caballito”, así como la obra de su autor, Manuel Tolsá. Esto durante el período que la obra permanezca cubierta y fuera de la vista del público.

3. Se pide un programa de formación y capacitación dirigido al personal de la ACH, del Fideicomiso y de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, sobre la protección, conservación y salvaguarda del patrimonio cultural que incluya materias de sensibilización sobre la importancia del respeto a los derechos culturales, y se envíen a la CNDH las pruebas con que se acredite su cumplimiento.

4. La ACH y el Fideicomiso deberá publicar un nuevo comunicado de prensa que rectifique lo informado en el boletín de prensa del 24 de junio de 2013, en el que, con apego a la verdad, se refieran los hechos ocurridos, las acciones y omisiones de las autoridades responsables y haga mención expresa de la Recomendación.

5. Girar instrucciones a quien corresponda a efecto de que se colabore ampliamente con la CNDH en el trámite de la queja que se promueva ante la Contraloría General de la Ciudad de México por las acciones y omisiones advertidas en la recomendación, respecto a los servidores públicos que no fueron investigados y se remitan a la Comisión Nacional las pruebas que acrediten su cumplimiento.

Desde el 28 de junio de 2016, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), es la instancia responsable del Diagnóstico e Intervención para la Conservación y Restauración de la Escultura Ecuestre de Carlos IV y su Pedestal (El Caballito). Estos trabajos se llevan a cabo en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, por medio del Fideicomiso Centro Histórico.2

Los trabajos se llevarán a cabo en dos etapas: la primera, consiste en elaborar el diagnóstico por medio de la caracterización de los materiales constitutivos que conforman la obra y la determinación de las alteraciones y deterioros de la escultura y su pedestal, que se realizará entre julio y septiembre del presente año.

Posteriormente, se integrará el proyecto ejecutivo con la opción más adecuada de conservación-restauración y se dará inicio a la segunda etapa, contemplada para el mes octubre, en la cual se efectuarán las acciones de conservación y restauración derivadas del diagnóstico y que se establecerán en el proyecto.

Si bien es cierto que con estas acciones se cumple lo relativo al primer punto recomendatorio emitido por la CNDH, aún quedan pendientes puntos trascendentales como el relativo a que se amplíen las investigaciones para sancionar a aquellos funcionarios que no fueron investigados y que incurrieron en omisiones que dieron como resultado daños irreversibles a la escultura de “El Caballito”.

Condenamos estas acciones que atentan contra los derechos culturales de las y los mexicanos y hacemos un exhorto para que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México cumpla puntualmente con las recomendaciones emitidas por la CNDH.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que presente ante esta Soberanía, un informe pormenorizado sobre los avances en el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por diversas violaciones a los derechos culturales de los mexicanos derivados de los daños que sufrió la escultura “El Caballito”.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que informe sobre las acciones penales y administrativas emprendidas contra los funcionarios responsables de diversas acciones u omisiones en la restauración de la escultura “El Caballito”.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el
Senado de la República, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente.

1 Dictamen de daños a la estatua ecuestre de Carlos IV, conocida como “El Caballito”, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 7 de octubre de 2013,
<http://www.inah.gob.mx/images/boletines/pdf/article/dictamencaballito.pdf> Consultado el 8 de agosto de 2016.

2 El INAH recibe El Caballito para su restauración, INAH, 28 de junio de 2016,
<http://www.inah.gob.mx/es/boletines/5366-el-inah-recibe-el-caballito-para-su-restauracion> Consultado el 8 de agosto de 2016.





 

De los Diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza, Ángel Antonio Hernández de la Piedra y Renato Josafat Molina Arias, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a que, en el caso del homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y la defensora de derechos humanos Nadia Vera, de la Colonia Narvarte, se agoten todas las líneas de investigación. Se turna a la Primera Comisión.

VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA, ÁNGEL ANTONIO HERNÁNDEZ DE LA PIEDRA y RENATO JOSAFAT MOLINA ARIAS en nuestra calidad de Diputados integrantes del grupo parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de Acuerdo como de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO.-El 31 de julio de 2015, el foto reportero de la revista Proceso y de la agencia fotográfica Cuarto Oscuro así como de AVC Noticias, medio de comunicación de Veracruz, Rubén Espinosa Becerril fue asesinado junto con cuatro mujeres en un departamento Yesenia Quiroz Alfaro, estudiante de belleza; Mile Virginia Martin, modelo de origen colombiano; Alejandra Negrete, empleada doméstica y Nadia Vera antropóloga de la Universidad Veracruzana y defensora de derechos humanos.

Cabe señalar que el fotoperiodista fue torturado antes de que lo asesinaran.

Sin embargo a más de un año de cometido el multihomidio la investigación presenta serias deficiencias que amenazan con dejar impune estos crímenes.

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ANAD, coadyuvante del caso, denunció que la PGJDF no realiza una investigación exhaustiva que considere las agresiones, amenazas e intimidaciones de las que fueron víctimas Nadia y Rubén que les obligaron a huir de Veracruz y autoexiliarse en el Distrito Federal, situación que fue denunciada por ellos mismos de manera pública en dos entrevistas que les realizó el canal Rompe viento TV el 9 de junio de 2015 en las que responsabilizaron de cualquier daño que les pasara a Javier Duarte de Ochoa y su gobierno1.

Ejemplos de estas inconsistencias son: la ausencia de un móvil para cometer este crimen, la presencia de un quinto hombre en ese departamento, la obtención de la declaración bajo tortura del primer imputado, la contaminación del lugar de los hechos y la inverosímil versión de los hechos que ha hecho pública la Procuraduría General de Justicia del DF.

El móvil del multihomicidio aún no se ha esclarecido. Por un lado la PGJDF hizo referencia desde las primeras informaciones del caso a un posible robo de un vehículo y de una maleta, poco después esto fue desmentido por el acusado. Aunado a esto se dijo que era muy poco probable ya que en departamento se dejaron computadoras, aparatos, electrodomésticos y otras cosas de valor.

Los teléfonos celulares de Rubén y Nadia no se encuentran en la escena del crimen, sólo el de Mile Virginia Martín que arrojo información respecto a sus contactos, Daniel, Abraham y Omar.

La línea de investigación que señala la posible participación de agentes estatales del gobierno de Veracruz fue descartada simplemente por las declaraciones tomadas al gobernador y funcionarios de su administración en las que únicamente se deslindan de ello, sin que hayan aportado información sustancial sobre los antecedentes, amenazas, agresiones, acoso y hostigamiento que habían sufrido Rubén Espinosa y Nadia Vera en el estado de Veracruz.

SEGUNDO.- El pasado 31 de julio de 2016 familiares de las víctimas del multihomicidio de la colonia Narvarte, así como asociaciones de fotógrafos y organizaciones civiles exigieron al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera la remoción del procurador Rodolfo Ríos Garza, por “el nulo” avance para resolver el caso, a un año de ocurrido.

Durante una protesta que realizaron afuera de la sede de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ), en la que enlistaron las “negligencias y francas irregularidades” de la investigación a un año del crimen. Los manifestantes responsabilizaron “directamente a Rodolfo Ríos Garza por el bloqueo para que se realicen las investigaciones necesarias. Hasta ahora, la PGJ se ha interesado más en defender su ‘verdad histórica’ que en resolver este ominoso multihomicidio”2.

Como parte del pronunciamiento que hicieron afuera de la sede de la dependencia que dirige Ríos Garza, aseguraron que a un año de sucedido el crimen en el que cinco personas fueron ejecutadas -todas con al menos una herida de bala, maniatadas y con huellas de tortura “la investigación está peor que cuando empezó, debido a que las autoridades se han empeñado en realizar su trabajo con negligencia y francas irregularidades”3.

Entre los pendientes de la indagatoria, mencionaron que hay indicios de que más personas participaron en el crimen, pero la dependencia no lo ha aclarado. Tampoco ha determinado la secuencia de los hechos, además de que no les ha mostrado los videos completos de los momentos previos y posteriores a los asesinatos. Los inconformes destacaron que la PGJ no ha fijado una línea de investigación clara sobre el móvil del multihomicidio.

Alma Espinosa, hermana del fotoperiodista Rubén Espinosa, aseguró que la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de Periodistas no ha intervenido, pese a las pruebas de acoso y amenazas del gobierno de Veracruz que el fotógrafo documentó. “No hay ningún avance, no han volteado a ver esa línea de investigación. No se ha investigado el trabajo previo de Rubén ni el activismo de Nadia”, explicó. Tampoco, dijo, se ha hecho la ampliación de la declaración de los funcionarios de Seguridad Pública veracruzanos. “Hay mucha gente que quiere declarar y no les han tomado su declaración. Esa línea está detenida”4.

Resulta paradójico que a pesar que Rubén Espinosa Becerril y la Nadia Vera hacen responsables de su integridad física al propio gobernador del estado de Veracruz apenas mes y medio antes de que fueran asesinatos la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal solo haya realizado una diligencia en la que más que indagar se recibe una declaración simple en donde el mandatario de aquella entidad simplemente se deslinda de los hechos. El 10 de junio de 2015 Rubén Espinosa pidió un préstamo y dejó Xalapa. El 16 de junio, en una reunión con Jorge Sánchez (hijo del periodista Moisés Sánchez, asesinado en enero de ese año) y Pedro Canché (periodista de Quintana Roo que estuvo preso 9 meses por cubrir una protesta contra el alza de agua en ese estado), el fotógrafo confesó a sus colegas sus temores: Tengo perfectamente claro que quien me persigue es el gobernador de Veracruz, Javier Duarte –escribió tiempo después, Canché–. No es un cacique local, es el fan del dictador Franco. Por eso temo por mi vida. Por eso salgo huyendo de ese Veracruz, no quiero ser el número 13, además de que es de mala suerte”5.

TERCERO. La Procuraduría General de Justicia tiene la obligación legal para que se cumplan los principios del esclarecimiento de la verdad, del castigo a los responsables, de la reparación del daño y de las garantías de no repetición de asuntos de esta naturaleza. Por ello debe tomar el contexto real de agresiones y acoso a la prensa, así como la advertencia que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, hizo en junio de 2015 sobre los periodistas, así como los señalamientos que hacen las organizaciones especializadas en materia de libertad de expresión que han declarado a esta entidad como la más riesgosa para el ejercicio del periodismo en México.

La organización artículo 19 en su informe M.I.E.D.O. (Medios, Impunidad, Estado, Democracia, Opacidad)6, en el que advierte que el año 2015 fue el más violento para la prensa en general, y también para las mujeres periodistas en particular. En total, se documentaron397 agresiones el año pasado, incluyendo siete asesinatos de periodistas, 109 ataques físicos/materiales, y 84 amenazas, entre otros ataques.

La cifra de 397 agresiones representa un alza de 21.8% en comparación con 2014, año en el que se contabilizaron 326, o una agresión cada 26 horas.

De hecho, subraya el reporte que se presenta este jueves 17 de marzo, en los tres primeros años de Enrique Peña Nieto como presidente –desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015- la suma de agresiones asciende a mil 073 hechos documentados, frente a las mil 832 registradas de 2009 hasta 2015. Esto es, que el 58% de las agresiones contabilizadas contra la prensa en siete años se produjeron en los últimos tres años con Peña Nieto en Los Pinos. Sobre las agresiones a periodistas y medios de comunicación que “El 2015 fue el año más violento contra la prensa en México: 1 agresión cada 22 horas” resultando que la Ciudad de México y Veracruz fueron las entidades con más ataques a la prensa. Reportó que hasta al 31 de julio de 2015 había 37 periodistas desplazados de Veracruz por amenazas que se atribuyen al crimen organizado, al gobierno estatal y a los gobiernos municipales, señalo que “Veracruz es el espacio geográfico del continente (americano) más peligroso para ejercer el periodismo”.

Sobre el particular la Organización No Gubernamental Reporteros sin Fronteras expreso “su profunda indignación y su consternación por el asesinato de Rubén Espinosa Becerril. Por desgracia, el caso de este periodista ilustra la escalada de la violencia en el país", afirmó Emmanuel Colombié, responsable del Despacho Américas de RSF. "Consciente de la gravedad de las amenazas que enfrentaba en Veracruz, Rubén Espinosa Becerril había decidido exiliarse en la ciudad de México, donde pensó podía refugiarse, ponerse a salvo. No obstante, se convirtió en el octavo periodista asesinado desde el inicio del año 2015. Ante este terrible balance, las autoridades mexicanas deben reaccionar, proteger verdaderamente a los periodistas y proporcionar a la justicia todos los medios necesarios para poner fin a la impunidad de los crímenes cometidos contra los actores de la información", añadió7.

CUARTO. Así mismo, para el caso concreto los familiares de las víctimas de multihomicidio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México deben igualmente ser consideradas como víctimas de una violación.

La Corte Interamericana ha señalado que entre sus principales preocupaciones se encuentra la protección de la víctima y la reparación del daño, lo que se refleja en la ampliación de las categorías de daño a través de la noción del daño al proyecto de vida; en el desarrollo del concepto de víctima, que se extiende a los familiares en casos de violación al derecho a la vida o integridad personal; y que en cuanto a las reparaciones se expresa en lo que la Corte ha denominado “otras medidas de reparación” cuyo objeto es a la vez que reparar a la víctima, ser una suerte de garantía de no repetición de los actos y que genera para los Estados obligaciones positivas, o de hacer8.
La Corte ha invocado los principios generales del derecho sobre la base del principio de la dignidad de la persona humana y la inalienabilidad de sus derechos: dignidad de la persona que “se identifica con el propio fin del Derecho”, y por ese solo hecho debe ser respetada, cualquiera sea la circunstancia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma que la violación del derecho a la integridad de los familiares es una consecuencia, ya que genera: “Sufrimiento y angustia, además de un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia ante la abstención de las autoridades públicas de investigar los hechos”9.La Corte se refiere a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también ha aceptado que en la violación de los derechos humanos a una persona –especialmente por infracciones al derecho a la vida o integridad personal–, las personas más cercanas también pueden ser consideradas como víctima10.

En este caso, la Corte considera: “la proximidad del vínculo familiar, las circunstancias particulares de la relación con la víctima, el grado en el cual el familiar fue testigo de los eventos… la forma en que el familiar se involucró respecto a los intentos de obtener información sobre la víctima, y las respuestas ofrecidas por el Estado a las gestiones incoadas11. La Corte valoró la “continua obstrucción a los esfuerzos…por conocer la verdad de los hechos,… y los obstáculos que interpusieron diversas autoridades públicas a las diligencias… intentadas, así como la negativa oficial de brindar información al respecto12.

Es así que la falta de acceso a los familiares de las víctimas delos videos completos de los momentos previos y posteriores a los asesinatos, la negativa para investigar los indicios de que más personas participaron en el crimen, la falta de una secuencia creíble de los hechos, el establecimiento del móvil del multihomicidio y la negativa para indagar sobre el posible involucramiento de autoridades del estado de Veracruz en los asesinatos, constituyen evidentes violaciones a los derechos humanos de los familiares de las víctimas directas.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para que en el caso del homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y la defensora de derechos humanos Nadia Vera, de la colonia Narvarte, ocurrido en julio de 2015, se agoten todas las líneas de investigación incluido el hostigamiento del Gobernador de Veracruz contra el fotoperiodista y que se le permita a los familiares de las victimas tener acceso a todas las pruebas del caso, incluidas las cintas de grabación con que se cuenta.

Recinto de la Comisión Permanente, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente

Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza.- Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra.- Dip. Renato Josafat Molina Arias.

1 Entrevista: Rubén Espinosa, el fotoperiodista hallado muerto en la ...

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_nP3miKnOAhXLxYMKHeD1AJ4QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2015%2F08%2Fentrevista-ruben-espinosa-el-fotoperiodista-hallado-muerto-en-la-ciudad-de-mexico%2F&usg=AFQjCNFC-EuvJ0K1PXYSksOD6IepqF6HOg

2 Protestan por avances nulos a un año del caso

Narvartehttps://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBIqflrHOAhVM4YMKHWSiCqUQFgg3MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.encuentroradiotv.com%2Findex.php%2Fnacional%2Fitem%2F17847-protestan-por-avances-nulos-a-un-a%25C3%25B1o-del-caso-narvarte&usg=AFQjCNHGNfAz_jzuycdVZLEQrAmeZAWTrQ

3 Idem.

4 Ibid.

5 Veracruz, la línea que la Procuraduría no quiere indagar
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisxuKtlLHOAhUn_4MKHXHjCOAQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Faristeguinoticias.com%2F3107%2Fmexico%2Fveracruz-la-linea-que-la-procuraduria-capitalina-no-quiere-indagar-en-el-caso-ruben espinosa%2F&usg=AFQjCNFlnwyOHzQkXeCCvThtH2KS6F9ejw

6 Artículo 19 Informe M.I.E.D.O 17 de marzo de 2016. https://es.scribd.com/doc/305150094/Informe-M-I-E-D-O-Medios-Impunidad-Estado-Democracia-Opacidad

7 Reporteros Sin Fronteras. Publicado Lunes 3 de Agosto de 2015 https://es.rsf.org/https://es.rsf.org/mexico-encuentran-asesinado-en-el-df-a-03-08-2015,48188.html

8 Revista Chilena de Derecho, vol.34 No 3, pp. 439-455. Protección de la víctima, cuatro criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: interpretación evolutiva, ampliación del concepto de víctima, daño al proyecto de vida y reparaciones. Liliana Galdámez Zelada

9 Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala (2000), párrafo 162La Comisión puso en conocimiento de la Corte una demanda en contra del Estado de Guatemala para establecer si dicho Estado violó en perjuicio de Efraín Bámaca Velásquez las siguientes normas:Artículo 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica), artículo 4 (derecho a la vida), artículo 5 (derecho a la integridad personal), artículo 7 (derecho a la libertad personal), artículo 8 (garantías judiciales), artículo 13 (libertad de pensamiento y de expresión), artículo 25 (protección judicial) y el artículo1 (obligación de respetar y garantizar los derechos), todos de la Convención Americana, así como los artículos 1, 2, 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y el artículo 3 común de los Tratados de Ginebra. Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala (2000).

10 Idem.

11 Ibid.

12 Ibidem.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a fortalecer las campañas de educación y concientización para la prevención de adicciones e incremente sus estrategias, operativos y programas para desincentivar e inhibir el suministro, comercio y posesión de narcóticos, considerados como delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El narcomenudeo se caracteriza por la posesión, venta y comercio a pequeña escala, pero de dosis superiores a las establecidas en la Ley General de Salud1, un problema, que de acuerdo a diversos medios de comunicación, ha incrementado de manera sustancial en diversas delegaciones de la Ciudad de México, esto como consecuencia de las políticas poco eficientes que se han emprendido en la materia.

Para dimensionar la problemática, basta decir que en las delegaciones Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Cuauhtémoc, se han realizado múltiples decomisos de droga, detenciones por delitos de narcomenudeo y desarticulaciones de puntos de venta. Su gravedad radica en que el desarrollo de estas actividades ilícitas vulnera la seguridad, tranquilidad y salud de la población.

Esta situación, lejos de disminuir, ha aumentado este año, sólo en la delegación Cuauhtémoc se han identificado más de 87 “narcotienditas”, las cuales operan en las colonias Centro, Morelos, Roma Norte, Guerrero, Doctores y Santa María la Ribera2. En particular, la colonia con el mayor número de puntos de venta es la Centro con 27, le siguen la Guerrero con 26, Morelos con 19, Doctores con 6, Roma Norte con 5 y Santa María la Ribera con 4.

La venta de narcóticos y los inmuebles que son utilizados para estos fines, han sido denunciadas incluso por los titulares de las demarcaciones, quienes han solicitado la intervención de la Procuraduría General de Justicia y del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, sin tener la respuesta esperada ante sus demandas.

Aunado a lo anterior, diversos medios de comunicación, han hecho del dominio público que en diversas zonas, las “narcotienditas”, se encuentran localizadas a unos metros de escuelas y estaciones de policía, lo cual trasgrede la paz social y representa un peligro para el desarrollo individual y social de las personas.

A decir de estas publicaciones, en estos lugares las drogas que más se comercializan sonla marihuana y la cocaína, dándose principalmente en horarios que van de las 8 de la noche a 23 horas.

Las acciones hasta ahora llevadas a cabo, han sido poco eficaces, así lo demuestran los datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, debido a que en el 2015 se desarticularon sólo 403 narcotiendas, número inferior al obtenido en el 2014 en el que se desmantelaron 701, de las cuales 88 fueron por cateos y 613 por detención en flagrancia3.

En el PRI, estamos convencidos de que el aumento del narcomenudeo en las delegaciones de la Ciudad de México, trasgrede la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, además repercute en el incremento en la violencia y delitos como robos, lesiones y homicidios.

Este clima de inseguridad, hace propicio el aumento de los delitos, ejemplo de ello, es que de abril de 2015 a abril de 2016, se han incrementado los delitos de alto impacto en las delegaciones en 10% y los de bajo impacto en 15%.

Frente a esta problemática, los legisladores del PRI, consideramos de vital importancia quela Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a través de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Narcomenudeo, fortalezca las campañas de educación para la prevención de adicciones, con la finalidad de generar conciencia sobre sus perjuicios.

En relación a la idoneidad del asunto, es oportuno advertir que entre las atribuciones de esta fiscalía, está la relativa a dar seguimiento a los programas de prevención y combate al narcomenudeo en las delegaciones de la Ciudad de México, asimismo, cuenta con las facultades para investigar los delitos contra la salud en esa modalidad, así como perseguir a los imputados ante la autoridad judicial.

Aunada a estas acciones, consideramos medular que se incrementen las estrategias de inteligencia, operativos y programas para desincentivar e inhibir el suministro, comercio y posesión de narcóticos en las demarcaciones que integran la capital del país y mantener actualizados los diagnósticos sobre las redes de narcomenudistas, actividad que se encuentra tipificada como delitos contra la salud por nuestro marco jurídico.

Como legisladores no podemos ser omisos ni indiferentes ante estas dificultades, por el contrario, se trata de instrumentar las acciones necesarias para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud, así como el mantenimiento de la seguridad pública. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para que a través de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Narcomenudeo, fortalezca las campañas de educación y concientización para la prevención de adicciones, e incremente sus estrategias, operativos y programas para desincentivar e inhibir el suministro, comercio y posesión de narcóticos, considerados como delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el
Senado de la República, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente.

1 http://www.pgjdf.gob.mx/index.php/servicios/centrales/narcomenudeo

2 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2016/08/6/pachecotour-las-narcotienditas-de-zona-centro

3 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/01/16/1069188





 

De la Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a operar programas que coadyuven a la disminución de la comisión delictiva en el transporte público que circula por la Delegación Tláhuac. Se turna a la Primera Comisión.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A TRAVÉS DE LAS SECRETARÍAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SEGURIDAD PÚBLICA, A EFECTO DE QUE OPEREN PROGRAMAS QUE COADYUVEN A LA DISMINUCIÓN DE LA COMISIÓN DELICTIVA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO QUE CIRCULA POR LA DELEGACIÓN TLÁHUAC.

Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El día 27 de julio de 2016, dos personas, entre ellas una menor de edad, fallecieron y ocho más resultaron lesionadas como resultado de un asalto frustrado que sufrieran las y los pasajeros de una unidad de transporte público de la Ruta 50, al circular por la Avenida La Turba, en la Delegación Tláhuac de ésta Ciudad de México.

Aunado a lo trágico de la noticia, es importante resaltar que no se trata de un hecho aislado, sino de una constante que ha asolado tanto a usuarios como a operadores del transporte público de la zona, quienes derivados del múltiple homicidio, decidieron bloquear la Avenida Tláhuac, solicitando con urgencia la atención y apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, con la intención de impedir que sigan poniendo en peligro su vida en el traslado diario o en el desempeño de sus funciones.

Para nadie es un secreto el grave problema de inseguridad que se vive no sólo en la Ciudad de México, sino en a lo largo y ancho del país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que a nivel nacional, el 58 % de la población mayor de 18 años, considera que la inseguridad provocada por la delincuencia, es el problema más importante que aqueja en su entidad federativa.

Asimismo, de acuerdo a la citada encuesta publicada en septiembre de 2015, en la Ciudad de México, el robo en el transporte público ocupa el primer lugar en incidencia delictiva, cometiéndose los delitos en el 42 % de los casos entre las 12 del día y las 6 de la tarde.

En el año en cita, fueron reportados cerca de tres millones de delitos, de los cuales, el asalto en el transporte público reportó un 73 %, lo cual representó pérdidas por más de 17 mil millones de pesos que quedaron en manos de la delincuencia, provocando un duro golpe a la economía de las víctimas.

En la Delegación Tláhuac, a pesar de que los índices delictivos son menores que en otras delegaciones de la Ciudad, el robo en transporte público equivale a cerca del 50 % de los delitos cometidos; de acuerdo a datos provistos por la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Gobierno del Distrito Federal, se tienen registrados 890 reclusos con domicilio en alguna de las colonias de la Delegación, entre las que destacan, Miguel Hidalgo, Del Mar, La Conchita, Zapotitla y Selene.

Es importante resaltar que el perfil del terreno de la Delegación Tláhuac es semirural, habitacional y de servicios, caracterizada por ser un área de transición entre el ámbito rural y el urbano con gran importancia ecológica no sólo por las áreas verdes que mantiene, sino por ser un importante lugar de recarga de los mantos acuíferos.

Dichas característica hacen que sus suelos de conservación sean objeto de continuos asentamientos humanos irregulares que generan problemas para ofrecer la cobertura adecuada de servicios que permitan el desarrollo social de sus habitantes.

Resalta que alrededor del 55 % de su población carece de servicios de seguridad social, de un trabajo formal y de condiciones desarrollo humano y social, circunstancias que influyen de manera determinante en el incremento de la delincuencia que se padece en la zona, particularmente, en la delincuencia relacionada con el transporte público. Por ello, desde el año 2013, la Delegación Tláhuac ha sido catalogada como una de las10 “Rutas de la Muerte”, por ser peligrosa para el traslado en transporte público.

A la fecha, se estiman insuficientes los programas de desarrollo social operados por el Gobierno del Distrito Federal, mismos que, como premisa, deben estar enfocados a reducir las carencias económicas y sociales elementales de las familias más vulnerables de la capital del país, mismas que, perpetúan ciclos viciosos que, entre otros factores, motivan el incremento de los índices delictivos en la zona.

Asimismo, se aprecia que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, ha sido omisa en su deber de brindar protección a las y los habitantes de la demarcación, particularmente a las que utilizan el transporte público, de allí las legítimas quejas de usuarios y operarios.

Las omisiones gubernamentales mantienen en constante abandono a los habitantes de la Delegación, perpetúan el estigma de que la demarcación es peligrosa por naturaleza, sin que realmente se cristalicen esfuerzos que permitan la mejora en las condiciones de vida de sus habitantes, incluyendo no sólo la protección contra la delincuencia, sino a través de la implementación de políticas públicas que coadyuven a disminuir su incidencia.

Es urgente implementar políticas de prevención social tendientes a aplicar medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan el respeto y conservación de los derechos, y que aseguren que ante una eventual violación, ésta sea considerada y tratada como un hecho ilícito susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa.

Se requiere la participación coordinada de las instituciones a efecto de modificar dinámicas sociales, urbanas, económicas y culturales que generan contextos de violencia y procesos de desintegración social, y con ello disminuir la posibilidad de que ocurran.

Debe tenerse en cuenta que la prevención del delito no sólo debe visualizarse como el conjunto de acciones que buscan disuadir o desalentar su comisión mediante la rápida respuesta policiaca o del incremento de penas, es necesario tomar en cuenta la estrecha vinculación entre la prevención y la política social; relacionar diversas políticas que implementa el Estado en materia de seguridad y desarrollo social, dando atención a los factores precursores de las condiciones que favorecen que la delincuencia detone, se generalice y profundice.

Para efectos de lo anterior, en 1990, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estableció las directrices para la prevención de la delincuencia juvenil, las conocidas como “Directrices de Riad”, las cuales tienen como objetivo que los Estados miembro generen políticas tendientes a observar que la prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito en la sociedad en general; si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, pueden adquirir actitudes no criminógenas.

Además, las Directrices mencionan que para poder llevar a cabo lo anterior, es necesario que toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de los adolescentes, que respete y cultive su personalidad a partir de la infancia, deberá reconocerla necesidad y la importancia de aplicar una política progresista de prevención de la delincuencia que debe, cuando menos, incluir lo siguiente:

a) Creación de oportunidades, en particular educativas;

b) Formulación de doctrinas y criterios especializados para la prevención de la delincuencia, basados en leyes, procesos, instituciones, instalaciones y una red de servicios;

c) Intervención oficial que se guíe por la justicia y la equidad, cuya finalidad sea velar por el interés general de los jóvenes;

d) Protección del bienestar, desarrollo, derechos e intereses de los jóvenes;

e) Reconocimiento del hecho de que el comportamiento o la conducta de los jóvenes que no se ajustan a los valores y normas generales de la sociedad son, con frecuencia, parte del proceso de maduración y crecimiento; y

f) Creación de servicios y programas con base en la comunidad.

Como se aprecia, este es uno de muchos instrumentos doctrinales con los que en la actualidad se cuenta, mismos que sirven como base y guía a efecto de evitar el incremento delincuencial, particularmente en zonas de alta marginación, por ende, se puede presumir que el Gobierno del Distrito Federal ha sido omiso en cumplir con su responsabilidad que, en este y en otros muchos casos, redunda en el fallecimiento de dos personas y en las muestras del hartazgo social por la ineficiencia del gobierno en materia de seguridad pública.

Es momento de que asuma la responsabilidad social que conlleva el ejercicio del poder, más aún cuando los instrumentos están dispuestos, se requiere la aceptación del problema y voluntad para resolverlo, dejando así de poner en peligro el patrimonio y la vida de los habitantes de la Ciudad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa al Gobierno del Distrito Federal, a través de las Secretarías de Desarrollo Social y de Seguridad Pública, a efecto de que operen programas que coadyuven a la disminución de la comisión delictiva en el transporte público que circula por la Delegación Tláhuac.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente

Dip. Norma Xóchitl Hernández Colín.





 

De los Diputados Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Rodrigo Abdala Dartigues, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la empresa Concesiones Integrales, S.A. de C.V., a acatar el resolutivo del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil, bajo el número de proceso 7767/2016, que le obliga a restablecer el servicio de agua potable y drenaje al Sanatorio de Los Ángeles, S.A. de C.V. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, ÁNGEL ANTONIO HERNÁNDEZ DE LA PIEDRA, VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA, y RODRIGO ABDALA DARTIGUES Diputados a la LXIII Legislatura, del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, sometemos a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de Acuerdo, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Con base a la Ley del Agua para el Estado de Puebla (LAEP) del 31 de diciembre de 2012, se posibilitó la intervención de la iniciativa privada como concesionarios para la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales en esta entidad federativa.

De tal forma que Concesiones Integrales, S.A. de C.V. es la empresa que actualmente tiene a su cargo la prestación de los servicios públicos relativo al agua mencionados en el párrafo anterior en el Municipio de Puebla, y las circunscripciones territoriales específicas de los Municipios de Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Amozoc, así como la ampliación, acondicionamiento, mantenimiento, operación y administración de la infraestructura hidráulica del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP).

Es de llamar la atención que en la exposición de motivos de la LAEP podemos leer que dicho instrumento jurídico pretende dar “La certeza del abasto de agua potable y de servicios accesorios para conservar sustentablemente tan preciado recurso”, pero en la realidad, el concesionar tan importantes función del municipio a la iniciativa privada para la Ciudad de Puebla y zonas aledañas ha sido en detrimento de los derechos humanos de la población y de la calidad en el servicio.

De lo anterior nos han dado cuenta diputados de diferentes grupos parlamentarios, que por distintos medios, entre ellos puntos de acuerdo presentados en periodo ordinario de sesiones como ante la Comisión Permanente, denuncian las terribles condiciones que con respecto al agua municipal se tienen en la aludida ciudad poblana.

Por mencionar solo algunos datos a manera de ejemplos, el 16.25% de los poblanos carecen del servicio de acceso, disposición y saneamiento del agua; de igual manera, en varias colonias de la capital del estado el suministro del líquido se limita a una vez cada 15 días, y en lo referente a la infraestructura, el delegado en Puebla de la Conagua ha declarado ante los medios de comunicación que Concesiones Integrales S.A. de C.V., todavía no ha presentado el programa de modernización de las cuatro plantas del SOAPAP, para aumentar la capacidad para dar tratamiento al líquido, que ahora alcanza sólo el cincuenta por ciento.

Aunado a lo anterior tenemos que en la Ciudad de Puebla el aumento en las tarifas por el suministro del agua ha llegado a incrementarse en un 400%, de tal forma que en la Cd. de Puebla tenemos uno de los servicios de agua potable en México que más caro cobran al usuario, además, los recibos carecen de la información que por efectos del artículo 110 de Ley del Agua para el Estado de Puebla deberían de tener y se tienen cobros individuos sin que haya explicación por parte de la concesionaria.

Recientemente dentro de las irregularidades con respecto al servicio de agua que sufren los poblanos tenemos el caso del Sanatorio de Los Ángeles, S.A. de C.V., mismo que vio suspendido su suministro de agua potable y drenaje, por el supuesto adeudo de cien mil pesos, sin que el concesionario presentara el estado de cuenta que justificar dicha deuda.

Casos como el anterior son frecuentes en el municipio de Puebla, al grado que entre los defensores de los derechos de la población ya se habla de una estrategia por parte de Concesiones Integrales, que consiste en ocultar tarifas de pago para evitar amparos contra cobros excesivos y sorprender a propietarios con la suspensión del servicio presionando el pago y obligar a una negociación de pagos diferidos, cobrando incluso intereses.

Regresando al caso particular del mencionado sanatorio, ante el cobro abusivo este nosocomio decidió solicitar la protección de la justicia federal ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Civil, causa que se siguió bajo el número de proceso 7767/2016.

De lo anterior el quejoso obtuvo la protección de la justicia federal, misma que ordenó a Concesiones Integrales el restablecer el suministro del vital líquido al sanatorio, pero, pese a esta resolución, la empresa ha sido omisa en el cumplimiento de la misma, y a la fecha el sanatorio continua sin el servicio de agua potable y drenaje. Situación que violenta derechos humanos de los pacientes, como el del acceso al agua y el de la salud, entre otros.

Recordemos que los derechos humanos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles, por los que el actuar prepotente de la concesionaria violenta a la vez otros derechos humanos aparte de los ya mencionados y es un grado de impunidad con que se conduce.

En otro orden de ideas, si bien Concesiones Integrales, S.A. de C.V., es una empresa, esta ejerce actos de autoridad, si recordamos la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 5o., fracción II señala que:

“Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

…II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.”

Por lo mismo, Concesiones Integrales puede ser sujeta al juicio de amparo y al actuar como autoridad puede ser exhortada por la Comisión Permanente.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a Concesiones Integrales, S.A. de C.V., a que en cumplimiento de la Resolución del amparo 7767/2016, promovido por el Sanatorio de Los Ángeles, S.A. de C.V, de inmediato restablezca el servicio de agua potable y drenaje al mencionado sanatorio.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente

Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra.- Dip. Rodrigo Abdala Dartigues.- Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Jefa Delegacional de Álvaro Obregón de la Ciudad de México a llevar a cabo un programa de inspección y reparación inmediata de la carpeta asfáltica en las vías secundarias aledañas a la obra denominada deprimido Mixcoac, que se han visto afectadas por el cierre de vialidades primarias y desvío de circulación masiva; asimismo, para cambiar las luminarias. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde que se anunció la construcción del denominado deprimido Mixcoac, cuyos trabajos iniciaron en diciembre de 2014, la obra en comento ha sido susceptible de múltiples señalamientos por parte de la ciudadanía, aspecto que se encuentra ampliamente documentado por distintos medios de comunicación.

Una de las principales preocupaciones expresadas por los vecinos de la zona es la concerniente a la tala de árboles que contemplaba. Cabe mencionar que el 8 de marzo de 2015, personal del gobierno del gobierno de la capital del país, taló 800 árboles en río Mixcoac, de acuerdo con testimonio de vecinos1.

Ante ello, se dieron bloqueosen el cruce de Mixcoac y Crédito Constructor, para inconformarse a lo que llamaron “un ecocidio”, con lo cual transgredieron lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Asimismo, en diferentes ocasiones, hubo manifestaciones de inconformidad. Un caso es el ocurrido el 28 de junio de 20152, fecha en la que vecinos de distintas colonias de la delegación Benito Juárez protestaron a través de una caminata y abrazando árboles en contra de la construcción del deprimido Mixcoac.

Situaciones como la referida, han hecho que constantemente los trabajos (que también incluyen obras en Circuito Interior, Calzada de Tlalpan y Puente de Molinos) sean detenidos.

Aunado a lo anterior, la construcción del deprimido ha generado otro tipo de afectaciones para los habitantes de los vecinos de la zona y en general, para la población de la Ciudad de México, ejemplo de ello es el deterioro de las vialidades primarias, lo que deja de manifiesto el nulo diseño e implementación de rutas alternativas en los casos de desvío de circulación masiva.

Frente a esta problemática, diversas organizaciones civiles y vecinales, han hecho de manifiesto su inconformidad, en relación a la problemática que representan estas obras para una movilidad eficiente, rápida y segura. Por el contrario, han aumentado significativamente los tiempos de traslados y los índices delictivos en la zona.

La falta de programas de renovación y mantenimiento de luminarias en mal estado, generan un clima propicio para el desarrollo de ilícitos como robo en la calle o en el transporte público.

En este contexto, se hace necesario agilizar los trabajos de reencarpetamiento asfaltico, incrementar los operativos de seguridad e instrumentar las acciones necesarias para garantizar la prestación eficiente de los servicios básicos, entre ellos el del alumbrado público.

Cabe tener en cuenta que las autoridades delegacionales y de la Ciudad de México, cuentan con las facultades para llevar a cabo las acciones necesarias para asegurarle a los habitantes un clima idóneo de desarrollo personal y colectivo, frente a esta aspiración el Grupo Parlamentario del PRI, no puede ser omiso, por el contrario, señala estas irregularidades con el objeto de que se superen en el corto plazo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Jefa Delegacional de Álvaro Obregón de la Ciudad de México, para que lleve a cabo un programa de inspección y reparación inmediata de la carpeta asfáltica en las vías secundarias aledañas a la obra denominada deprimido Mixcoac, que se han visto afectadas por el cierre de vialidades primarias y desvío de circulación masiva; asimismo, para cambiar las luminarias.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el
Senado de la República, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente.

1 http://www.animalpolitico.com/2015/03/ecocidio-en-rio-mixcoac-vecinos-protestan-por-la-tala-de-arboles/

2 http://www.maspormas.com/2015/06/29/vecinos-de-bj-abrazan-arboles-en-contra-del-deprimido-de-mixcoac/





 

Del Diputado Renato Josafat Molina Arias, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México y a la Delegación Cuajimalpa de Morelos implementar acciones para el rescate, protección y preservación del suelo de conservación ecológica. Se turna a la Primera Comisión.

Quien suscribe, RENATO JOSAFAT MOLINA ARIAS, diputado del grupo parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguientes:

CONSIDERACIONES

El 80% del suelo de la demarcación territorial Cuajimalpa de Morelos está considerado como Conservación Ecológica, por lo que es una de las demarcaciones que más aporta a la Ciudad de México en materia de servicios medioambientales, forma parte del llamado cinturón verde de la ciudad, el cual ha estado sometido en las últimas décadas a fuertes presiones de urbanización anárquica, siendo uno de los principales factores de degradación y pérdida ambiental para este territorio. Según cifras del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, “se estima que la tasa de deforestación anual es de 500 hectáreas y la tasa de ocupación urbana ha crecido a un ritmo de más de 300 hectáreas por año”, en el mismo documento se reconoce que: “El suelo de conservación no solamente provee de servicios y bienes ambientales, masas boscosas y productos agropecuarios a la ciudad, es también el lugar donde se asientan las comunidades indígenas con sus tradiciones culturales, prácticas productivas y relaciones sociales, como manifestación de interrelación con la tierra. El crecimiento desordenado hacia la periferia de la ciudad genera un impacto negativo sobre las características naturales de la zona y sobre los procesos ambientales y culturales que la sustentan. El proceso de urbanización se debe principalmente a la expansión de las construcciones individuales dentro de los asentamientos existentes, a la consolidación de los núcleos que las conforman y a la ocupación masiva de predios, debida a la venta ilegal de propiedad social o privada en donde se prohíbe el uso habitacional.”

Cuajimalpa, ha resentido en forma particular la problemática del desarrollo urbano anárquico, así durante los últimos años grandes y poderosas empresas inmobiliarias han construido grandes fraccionamientos de los más lujosos y exclusivos de la ciudad, imponentes y modernos rascacielos, corporativos y centros comerciales. Todas estas obras han provocado la expulsión paulatina de la población que ha vivido muchos años en la zona, ocasionan la disminución de la prestación de servicios públicos, como el agua, para los habitantes de los pueblos y colonias no residenciales de Cuajimalpa.

Las inmobiliarias en búsqueda de más espacios para desarrollar sus grandes proyectos han volteado su mirada hacia el suelo de conservación ecológica y otras áreas verdes de la demarcación, así es como podemos observar que desafortunadamente las barrancas se han convertido en los lugares ideales para los desarrolladores, quienes al parecer ignoran que las barrancas cumplen con diversas funciones ambientales entre las que destacan el ser importantes reservorios de especies de flora y fauna silvestre, contribuyen a reducir la contaminación atmosférica, además de que son vitales para el adecuado funcionamiento del sistema hidrológico de la capital del país, al infiltrarse por sus laderas el agua de las precipitaciones pluviales, mismas, que son una fuente directa de recarga de los mantos acuíferos de la ciudad.

La problemática ambiental que hoy enfrentan las barrancas del Distrito Federal es producto de una inercia política y administrativa de muchos años, compuesta de ignorancia e irresponsabilidad; por ello resulta imprescindible también hacer efectivos los instrumentos tanto ambientales como de desarrollo urbano, para impedir que los asentamientos sigan proliferando en estas áreas.

Las áreas verdes en general representan los pulmones de nuestra ciudad, sin embargo se encuentran muy deterioradas y requieren del esfuerzo de todos para su conservación y recuperación, en Cuajimalpa se ubican los bosques “El Cedral” y “El Ocotal” que tienen un gran valor ecológico ya que están densamente poblados por vegetación de coníferas; los litigios por los límites y por las formas de propiedad de estos bosques han sido ancestrales e históricos, ahora y después de dudosos traspasos históricos que se hicieron, nos encontramos que estas aproximadamente 300 hectáreas de bosques son propiedad privada, por lo que ante el temor de una urbanización (que por cierto ya se ha intentado) se han levantado voces demandando la protección de estos parajes para que conserven de manera permanente su vocación boscosa.

Por otra parte no podemos dejar de mencionar el grave deterioro ecológico que sufre el Parque Nacional Desierto de los Leones, por cierto el más antiguo, importante y estratégico de la Zona Metropolitana del Valle de México, así nos podemos preguntar ¿Qué pasaría si este bosque muriera? la respuesta sería que las consecuencias para la ciudad de México, serían fatales, ya que además de quedarse sin agua potable, habrían deslaves e inundaciones que sepultarían varias colonias del poniente de la ciudad. Al no recargarse los mantos acuíferos, la ciudad se continuaría hundiendo irremediablemente.

Actualmente el Desierto de los Leones, está sujeto (al igual que las barrancas y otras áreas verdes) a fuertes presiones de urbanización, a través de los asentamientos irregulares, sin embargo el mayor problema que afecta a este bosque, no son las construcciones, sino las plagas a las que se les ha dado muy poca importancia: son dos plagas las que han afectado estos bosques: el gusano descortezador y el gusano barrenador, la abundancia de estos insectos se ha convertido en una plaga en todos los bosques que rodean el Valle de México. Estos insectos atacan a los árboles, bloqueando su sistema vascular, por lo que pierden el nivel de conducción de agua y savia, una vez que el gusano está adentro del árbol y establece su colonia es prácticamente imposible sacarlos.

A partir de 1998 estas plagas crecieron de manera alarmante, esto debido a que 1998 fue un año dramático para los bosques de México producto del gran número de incendios forestales, tomando en cuenta que un bosque afectado por un incendio es el sitio propicio para que el gusano descortezador se multiplique. Como consecuencia de la alteración del ecosistema los depredadores naturales de estos gusanos, ya no existen, uno de estos depredadores naturales es el pájaro carpintero.

Ahora la construcción del megaproyecto para conectar el poniente de la capital con el centro del territorio del Estado de México el tren de alta velocidad, denominado Tren Interurbano México – Toluca, es un proyecto que si bien cuenta con una autorización de Impacto Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, expertos han advertido que aún es necesaria una evaluación ambiental más profunda de su impacto, toda vez que cualquier cambio en estas áreas podría alterar seriamente los ecosistemas que resguardan, el proyecto del mencionado tren comprende la construcción de un túnel, que sería el más largo del país, ya que según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) e ICA, la empresa que lo construirá, su longitud será de 4.63 kilómetros.

El inicio del túnel estará cerca del parque conocido como La Marquesa, a una altitud de unos 3 mil 100 metros sobre el nivel del mar, y terminará unos metros antes de la caseta de cobro de la Autopista México-Toluca, a una altitud de 2 mil 940 metros. Dicho túnel cruza toda la zona de montaña boscosa de la sierra de las cruces, bosques que proveen una gran cantidad de servicios ambientales a toda la zona metropolitana del Valle de México, por estos bosques se filtran grandes cantidades de agua durante la época de lluvias, los cuales alimentan directamente los mantos freáticos de la ciudad de México. Son bosques que sirven de amortiguamiento al Parque Nacional Desierto de los Leones, por lo que se deben de proteger y conservar, por ello se debe garantizar que dicho túnel no generará un impacto negativo para toda esta zona boscosa de la demarcación territorial de Cuajimalpa.

Es imprescindible que las autoridades tanto delegacionales, como locales y federales unan esfuerzos para que a partir de un esquema de coordinación y colaboración puedan ofrecer una respuesta satisfactoria para proteger efectivamente y así preservar el suelo de conservación y todas las áreas verdes de la demarcación territorial de Cuajimalpa ya que tienen un valor especial al constituirse en base fundamental para el equilibrio natural de la ciudad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita de manera respetuosa a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y a la Delegación Cuajimalpa de Morelos, implementen de manera coordinada acciones para rescatar, proteger y preservar el suelo de conservación ecológica y las áreas verdes que se ubican en la demarcación territorial de Cuajimalpa de Morelos, por lo importante que resulta su conservación para la viabilidad de la zona metropolitana del Valle de México, en virtud de la gran cantidad de servicios medioambientales que proporcionan.

Dado en el Senado de la República, Sede de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente

Dip. Renato Josafat Molina Arias.





 

Del Diputado Renato Josafat Molina Arias, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que solicita al Contralor General del Gobierno de la Ciudad de México iniciar una investigación por el presunto uso indebido del programa denominado “Prepa Sí” operado por el Fideicomiso Educación Garantizada. Se turna a la Primera Comisión.

Quien suscribe, RENATO JOSAFAT MOLINA ARIAS, diputado del grupo parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguientes:

CONSIDERACIONES

En el primer párrafo del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados se dispone que “Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.”

Por su parte en el artículo 4° de la Ley de Educación del Distrito Federal se estipula la obligación que tiene el Gobierno de la Ciudad de México “…de atender y prestar a todos los habitantes de la entidad educación preescolar, primaria, secundaria y media superior…”.

Para el efectivo cumplimiento de ambos preceptos en lo concerniente a la impartición de la educación media superior su universalización debe ser la meta a alcanzar por parte del Estado, en este sentido es de reconocerse que en el caso del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en anteriores administraciones se trabajó para iniciar con este proceso y comenzar a cumplir así con la obligación constitucional y legal de prestar y apoyar la impartición de educación media superior, el 30 de marzo de 2000 fue creado el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, como parte del Sistema Educativo Nacional, teniendo como objeto impartir e impulsar la educación de tipo medio superior en la Ciudad de México, especialmente en aquellas zonas en las que la atención a la demanda educativa sea insuficiente, o así lo requiera el interés colectivo; ya durante el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador se construyeron y pusieron en operación 20 escuelas preparatorias ubicadas en 14 demarcaciones territoriales, ofreciendo a las y los jóvenes capitalinos una nueva opción educativa.

Así las políticas social y educativa del gobierno de la Ciudad de México estuvieron siempre a la vanguardia procurando tanto la equidad como la construcción de ciudadanía social. El reto ha sido mayúsculo si se considera que hacía el año 2005 la mitad de la población mayor de 15 años de la capital carecía de educación media superior (al menos un grado), otro problema que se advirtió fue el referente a la deserción escolar “provocando entre otras cosas el rezago educativo en los jóvenes de la entidad. El abandono de los estudios de Nivel Medio Superior y Superior, se incrementa día a día en nuestra sociedad y uno de los principales factores que lo causa es la falta de recursos económicos para sustentar los estudios de los jóvenes, derivado de los bajos ingresos familiares y de la desigualdad social y económica. Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en la Ciudad de México hay 426,210 jóvenes entre los 15 y 17 años de edad, de los cuales 332,541 asisten a la escuela, mientras que 93,669 no lo hacen (independientemente del nivel de estudios alcanzado) lo cual representa un 21.98% de jóvenes en este rango de edad en la Ciudad de México que no se encuentran estudiando. Asimismo, la Encuesta Nacional de Juventud 2005 (IMJUVE, 2005) identificó que el 31.3% de los estudiantes de dicho grupo de edad que abandona la escuela, lo hace por la falta de recursos económicos...”1

Ante esta realidad el 15 de agosto de 2007 arrancó el denominado Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal (conocido como Prepa Sí) operado por el Fideicomiso Educación Garantizada, con la misión de otorgar estímulos tanto económicos como en especie a las y los estudiantes de bachilleratos públicos ubicados en el Distrito Federal, esto con la finalidad de promover que las y los estudiantes concluyan sus estudios, además de impulsar su participación en actividades comunitarias que permitan fortalecer su identidad social, su sentido de pertenecía y la construcción de ciudadanía. Durante su primer año de implantación y funcionamiento, se otorgaron apoyos económicos mensuales a poco más de 180,000 estudiantes.

El Programa Prepa Si se constituyó de esta forma en una importante política pública con el propósito de abatir la inequidad en el acceso a la educación media superior de calidad, así como promover que las y los estudiantes de la Ciudad de México concluyan satisfactoriamente el bachillerato en todas sus modalidades.

En las reglas de operación de este programa para el ciclo escolar 2015 – 2016, se mencionan como objetivos del mismo los siguientes:

a) Objetivo General:

Operar un sistema de estímulos económicos para contribuir a que las y los estudiantes residentes en el Distrito Federal que cursan el bachillerato en instituciones públicas ubicadas en dicha Entidad, no tengan que abandonar sus estudios por falta de recursos económicos, y hacer extensivo el apoyo por un año escolar más a los beneficiarios del Programa que hayan egresado del bachillerato y se encuentren inscritos en el primer año en instituciones de educación superior públicas en el Distrito Federal.

b) Objetivos Específicos:

* Difundir el derecho a la educación entre los estudiantes del Distrito Federal.

* Brindar a los residentes del Distrito Federal, la oportunidad de estudiar y concluir satisfactoriamente el bachillerato en cualquiera de sus modalidades.

* Otorgar un estímulo económico mensual a los alumnos del nivel medio superior de escuelas públicas, para que no abandonen sus estudios por motivos económicos y hacerlo extensivo a los alumnos del primer año del nivel superior que hayan pertenecido al Programa, para dar continuidad con sus estudios.

* Contribuir a la equidad educativa para que los estudiantes tengan un tratamiento igual, en cuanto al acceso, permanencia y éxito en el sistema educativo para todos y todas, sin distinción de género, etnia, religión o condición social, económica o política.

* Incentivar el desempeño académico de las y los estudiantes, mediante el otorgamiento de un estímulo económico acorde con su promedio de calificaciones.

* Promover la participación de las y los estudiantes beneficiarios en actividades en comunidad, para contribuir a su pleno desarrollo y fortalecer su sentido de pertenencia e identidad con su entorno social.

* Mejorar la calidad de vida de la población estudiantil.

Por otra parte en dichas reglas de operación, se establecen como metas del programa para el ciclo escolar 2016 - 2017: “Otorgar hasta 213,000 estímulos mensuales a estudiantes del nivel medio superior y primer año del nivel superior (que hayan sido beneficiarios del Programa) que estudien en escuelas públicas en el Distrito Federal durante el Ciclo Escolar 2015-2016 y residan dentro de esta Entidad Federativa, además de estímulos en especie y premios.” Para lo cual se programaron $1,293’000,000.00 (Un Mil Doscientos noventa y tres Millones de Pesos 00/100 M.N.)”Lo cual significa que a casi 10 años de haber iniciado este programa la ampliación de su cobertura ha sido mínima para pasar de 180,000 estímulos mensuales en el año 2007 a 213,000 para este año 2016.

El 21 de julio de 2016 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Aviso por el que se modifican las reglas de operación del Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal “Prepa Sí”, ciclo escolar 2016-2017, en dicho aviso se menciona que “Las modificaciones a las Reglas de Operación responden a la necesidad de considerar y otorgar el estímulo al mayor número posible de estudiantes que viven en la Ciudad de México y cursan sus estudios en escuelas públicas de la misma Ciudad, del nivel medio superior, considerando los diferentes sistemas, modalidades y formas para concluir este nivel educativo, ya sea con la adición de nuevos planteles escolares como sucedió en el proceso de inscripción–reinscripción al ciclo 2015-2016 con la creación del Centro Multimodal de Estudios Científicos y Tecnológicos del Mar y Aguas Continentales, dependiente de la Secretaría de Educación federal y con la que se adicionaron beneficiarios al Programa. En este sentido, para el ciclo 2016-2017, el Programa incluye a los estudiantes que se preparan mediante un curso avalado por instituciones públicas, para realizar el examen “Acredita Bach” ante el CENEVAL; con lo que de aprobarlo, tendrían el bachillerato concluido. De esta manera, el Programa contribuye a que los estudiantes no abandonen sus estudios por falta de recursos económicos, así mismo para que los concluyan, coadyuvando con ello a disminuir el rezago educativo de los habitantes de la Ciudad de México.

Asimismo, se realizaron más modificaciones con el objetivo de agilizar el trámite de acceso a los estudiantes y ampliar las opciones de comprobar domicilio, en este sentido, se agregaron: el recibo de pago de señal de T.V. y el de gas natural en su caso; como documentos comprobatorios además de los ya establecidos anteriormente.

Además se adicionó, como un requisito de permanencia en el Programa el participar en actividades en comunidad que promuevan el empoderamiento de las y los jóvenes, el enfoque de derechos humanos, la equidad de género y la construcción de ciudadanía; actividades que podrán realizarse bajo los ejes temáticos establecidos por el Programa, tales como 1) arte y cultura; 2) deporte y recreación; 3) salud, 4) medio ambiente, 5) ciencia y tecnología; 6) participación juvenil y; 7) economía solidaria y que podrán realizar en planteles escolares, espacios públicos, e Instituciones del Gobierno de la Ciudad de México; preferentemente en lugares cercanos a donde residan los beneficiarios y durante la vigencia del estímulo económico”; esto con la finalidad de estimular la participación de los jóvenes en actividades que coadyuven en su formación integral.”

Desafortunadamente este noble programa no ha quedado exento de ser visto como botín político por algunos servidores públicos, quienes lo han pretendido utilizar clientelarmente, tal y como ha sucedido con otros programas sociales tanto del Gobierno de la Ciudad de México, como de los gobiernos delegacionales, lo cual ha quedado documentado en un sin número de denuncias presentadas ante diversas instancias; el uso político - electoral de programas sociales en la Ciudad de México se está volviendo una tradición por parte de diversos servidores públicos simpatizantes del partido en el gobierno de la ciudad.

Refiriéndonos de manera concreta al Programa “Prepa Sí” en días pasados un medio de comunicación impreso de circulación nacional, documentó como el mencionado programa es operado violentando sus reglas de operación, así se dio cuenta a la opinión pública que promotores de este programa realizaban difusión del mismo, recopilando copias de documentos oficiales y recibiéndolos en un domicilio particular ubicado en la calle Jardín Lirios, en la colonia Jardines de San Lorenzo Tezonco, delegación Iztapalapa; cuando en las referidas reglas de operación expresamente se menciona en cuanto a la difusión del programa, que ésta se realizará:

En la página de internet: www.prepasi.df.gob.mx, en el sitio del Gobierno del Distrito Federal, www.df.gob.mx y/o en el sitio del “Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal” www.fideicomisoed.df.gob.mx y a través de la Coordinación Ejecutiva del PREBU del Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal, con domicilio en Calle Orizaba Número 154, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, Distrito Federal, (entre las Calles Zacatecas y Querétaro, Metro Hospital General), Teléfono: 11-02-17-50.

Asimismo la Convocatoria del Programa se difundirá entre la comunidad escolar, en colaboración con las autoridades educativas de las diversas instituciones, a través de la instalación de módulos informativos, carteles y/o lonas que se instalarán en los planteles escolares. La difusión se realizará también mediante la distribución masiva de trípticos y volantes, así como a través de las redes sociales (Facebook: Prepa_Sí y Twitter:@P_Prepa_Sí) conforme a lo establecido en los acuerdos de colaboración institucional que se tienen celebrados con los subsistemas educativos de bachillerato.

De manera complementaria a lo anterior, se colocarán anuncios sobre el programa en espacios públicos como son bajo puentes, paradas de transporte público y en estaciones del Sistema Colectivo-Metro, conforme a la disponibilidad de espacios que se asignen para tal efecto, de acuerdo a los lineamientos establecidos para ello por el área de Comunicación Social del GDF.”

En ningún momento se expresa que la difusión se realizará por promotores que visitaran domicilios y mucho menos que éstos solicitaran documentos o que los mismos deben entregarse en domicilios particulares, ya que para la recepción de documentos de las y los estudiantes aspirantes, en la página web www.prepasi.df.gob.mx se publican los calendarios y horarios que correspondan a cada institución educativa. (así los documentos de las y los aspirantes de reciben en los mismos planteles educativos, o bien en las oficinas del Programa “Prepa Sí”.), pero nunca en domicilios particulares.

Esta irregularidad denunciada se presentó en la delegación Iztapalapa donde la Jefa Delegacional de esa demarcación Dione Anguiano Flores es tía de la Coordinadora Ejecutiva del Programa “Prepa Sí” Karen Quiroga Anguiano, de esta forma “A nombre de Quiroga, los operadores prometieron que se otorgaría la beca para tomar un curso y pagar un examen para acreditar la preparatoria.

"Vale 2 mil 700 pesos (el examen Ceneval), lo que hace Prepa Sí, la Licenciada Karen (Quiroga) y la Jefa Delegacional (Dione Anguiano) es que te van a proporcionar a los profesores y al espacio.

"En ese lapso te vamos a dejar un monto de 600 pesos mensuales por seis meses por un total de 6 mil 300 pesos, de eso se va a cubrir lo del examen los 2 mil 700 y lo demás ya como quieras administrarlo: pasajes, materiales", repiten a cada posible beneficiario.”2

Se trata de hechos que la autoridad se encuentra obligada a investigar y en su caso a sancionar, el uso clientelar de programas sociales no puede ni debe seguir quedando en la impunidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que instruya al Contralor General de la Ciudad de México para que se realice una auditoría al Fideicomiso de Educación Garantizada de la Ciudad de México de manera particular en lo relativo a la operación y aplicación de recursos del Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal (Prepa Sí) y se inicie una investigación por el presunto uso indebido de dicho programa por parte de su Coordinadora Ejecutiva así como por parte de la Jefa Delegacional en Iztapalapa.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente

Dip. Renato Josafat Molina Arias.

1 Aviso por el que se da a conocer las Reglas de Operación del Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal “Prepa Sí” Ciclo Escolar 2015-2016. Gaceta Oficial del Distrito Federal, 28 de enero de 2016, p. 117

2http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=909608&md5=6ae37b4f17de3d68f7e446f9e7d4238a&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud a diseñar e implementar políticas públicas encaminadas a fomentar la mayor participación de los jóvenes en la vida pública del país. Se turna a la Segunda Comisión.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano de la Juventud a diseñar e implementar políticas públicas encaminadas a fomentar una mayor participación de los jóvenes en la vida pública del país; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El próximo día 12 de agosto se celebra el “Día Internacional de la Juventud”, declarado así el 17 de diciembre de 1999, mediante resolución 54/120 de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con esta misma organización, el compromiso y la participación de los jóvenes es esencial para lograr el desarrollo humano sostenible. Lamentablemente, sigue siendo común que las oportunidades para los jóvenes de participar política, económica y socialmente, son pocas o inexistentes.

México tiene una riqueza en su juventud que podría cambiar positivamente estos panoramas. Actualmente cerca del 50% de la población mexicana se encuentra integrada por jóvenes de hasta 29 años, tan sólo entre los 12 y aquella edad habitan en nuestro país más de 36 millones de jóvenes mexicanos.

Jóvenes a quienes debemos impulsar para un mejor desarrollo y participación, para aprovechar su potencial desde hoy y que a su vez, a ello los forme con mayor preparación para cuando les corresponda totalmente la conducción y toma de decisiones en el país, tanto en lo individual, como en lo colectivo.

Un tema que a todas las naciones nos debe preocupar, es que los liderazgos futuros contemplen la sustentabilidad como elemento esencial para la supervivencia de la humanidad en base a la satisfacción de las necesidades presentes, sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras. De hecho, es el tema central 2016 de Naciones Unidas para con los jóvenes:“El camino hacia 2030: erradicar la pobreza y lograr el consumo y producción sostenibles”.

Sin embargo, ello implica que los jóvenes deban estarse preparando actualmente para ese momento. Como dice la frase elocuente del filósofo francés Jean Jacques Rousseau, “La juventud es el momento de estudiar la sabiduría; la vejez, el de practicarla”.

Por ello, la participación cívica de la juventud, es un objetivo principal del Plan de Acción de las Naciones Unidas para todo el sistema sobre la Juventud, que busca promover la efectiva participación ciudadana de los jóvenes en todos los niveles.

Diversos tratadistas destacan el papel que los jóvenes pueden desempeñar, para promover el desarrollo social y económico del país.

De acuerdo a un estudio realizad por FORBES MÉXICO y la organización de jóvenes “Ollin, Jóvenes en Movimiento”, una organización civil que fue constituida en 2011 por un grupo de jóvenes mexicanos que buscan posicionar el tema de la juventud en la agenda nacional, la participación de la Iniciativa Privada, el servicio público y el impulso legislativo a las políticas sobre juventud podrían hacer que la población joven le dé un segundo aire al crecimiento del país.

La participación de los jóvenes es mayoritaria en las universidades, inclusive, en algunas organizaciones de la Sociedad Civil, pero no se ve reflejado como se quisiera en la vida pública del país. El mismo estudio señala que solo 2 e cada diez personas que laboran en instituciones gubernamentales son jóvenes y sólo uno de cada diez tomadores de decisiones en partidos políticos también lo son.

Los jóvenes no deben están tras bambalinas, es necesario impulsar sus estudios, su inclusión en la vida productiva, pero también, una mayor participación en la vida pública del país.

El organismo público descentralizado Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) es la dependencia del gobierno federal que crea, diseña, implementa y evalúa políticas públicas orientadas al beneficio de los jóvenes mexicanos. El IMJUVE busca que los jóvenes mexicanos tengan las herramientas necesarias para que puedan desarrollarse íntegramente en aspectos fundamentales de su interés, como educación, salud, empleo y participación social.

Este último caso, la participación social, que debe destacarse como un aspecto en el cual pueda enfatizarse la participación de los jóvenes en la vida pública, y ya que dicho organismo es el encargado de focalizarse a los jóvenes, constituye una instancia adecuada para fomentarlo. Se trata de que participen des este momento y sean mejores decisores mañana.

Esto es, que en el marco del “Día Internacional de la Juventud”, se pudiera dar pauta al diseño de políticas públicas que fomentasen la participación pública aludida.

Propuesta en concreto al tenor de la siguiente proposición con el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano de la Juventud a diseñar e implementar políticas públicas encaminadas a fomentar la participación de los jóvenes en la vida pública del país, como una buena forma de aprovechar sus aportaciones y potencial, a la par de contribuir a una mayor inclusión de este sector de la población en los temas de interés general, formar parte activa de los cambios necesarios para consolidar un mejor país y sean mejores decisores mañana.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el
Senado de la República, el 10 de agosto de 2016.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

De la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a atender el incremento de los reclamos y las controversias de los contratantes de seguros automovilísticos, a fin de que las instituciones aseguradoras cumplan con los servicios comprometidos en las pólizas y respeten en todo momento los derechos de los usuarios. Se turna a la Tercera Comisión.







 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a integrar en su “Cuerpo Diplomático de Cocineros”, a representantes de la gastronomía sinaloense. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República de la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, pongo a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE INTEGRE DENTRO DE SU “CUERPO DIPLOMÁTICO DE COCINEROS”; REPRESENTANTES DE LA GASTRONOMIA SINALOENSE, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro país la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto establece el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que será garantizada por el Estado Mexicano.

“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.

Todos los países reconocen el derecho y la importancia de los alimentos locales y regionales, la cocina tradicional mexicana es un elemento fundamental de la identidad cultural de las comunidades generadoras que la practican y la trasmiten dentro de su entorno geográfico de generación en generación.

Destacando notablemente el patrimonio cultural y arraigo por la diversidad cultural y la creatividad humana propias de la región, es por ello de vital importancia tomar y aplicar medidas que salvaguarden las prácticas gastronómicas.

La diversidad cultural de México es dada gracias a la privilegiada biodiversidad del territorio, siendo uno de los 17 países megadiversos, el capital natural y cultural con el que contamos son indisociables e interdependientes, por lo que en los últimos años se ha fomentado la conciencia de investigación, conocimiento, conservación, protección, difusión y uso social, estos son parte de procesos y políticas públicas transversales.

Asimismo en 2010, la cocina tradicional mexicana entro a formar parte de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO,1 cumpliendo con los siguientes criterios de inscripción:

• La cocina tradicional mexicana es un elemento fundamental de la identidad cultural de las comunidades que la practican y transmiten de generación en generación.

• Su inscripción en la Lista Representativa podrá incrementar la notoriedad del patrimonio cultural inmaterial y fomentar el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

• Las medidas de salvaguardia aplicadas actualmente, así como las previstas para el futuro, comprenden la realización de consultas y proyectos de investigación, así como una formación práctica, con el apoyo del Estado y las comunidades interesadas. Los que practican esta tradición culinaria han participado activamente en el proceso de preparación de la candidatura y han otorgado su consentimiento libre, previo y con conocimiento de causa.

• La cocina tradicional mexicana está incluida en el Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de México administrado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Al hablar de patrimonio cultural inmaterial, nos referimos a todo aquel patrimonio que debe salvaguardarse y consiste en el reconocimiento de los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas trasmitidas de generación en generación, infundiendo identidad que contribuye al respeto a la diversidad cultural, que se manifiesta en diversas expresiones2:

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;

b) artes del espectáculo;

c) usos sociales, rituales y actos festivos;

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;

e) técnicas artesanales tradicionales.

Un ejemplo es la gastronomía sinaloense:

"Sinaloa primer productor de alimentos", es un estado con 18 municipios lleno de contrastes, cambios y paradojas, desde la diversidad de climas y paisajes, a su evolución histórica y la riqueza de culturas. Esta condición multifacética probablemente ha propiciado el liderazgo de esta región que ostenta la primera posición en producción alimentaria en México. De hecho su capital, Culiacán, se asienta en uno de los valles agrícolas más prolíficos del territorio nacional.

Sinaloa, es tradición, es cultura, es historia, es el lugar donde se mezcla la inmensidad del mar y sus playas con las altas montañas y vastos sembradíos.

Aunque las cocinas regionales de Sinaloa y de otros estados del noroeste y del norte de México fueron reconocidas a nivel nacional más recientemente que algunas del centro, sur y sureste del país, ello se debe al conocimiento más accesible acerca de estas últimas por su proximidad geográfica con la capital mexicana, y no a una mayor calidad o variedad de sus platillos. Las distancias hicieron lo suyo, si bien todas las cocinas regionales de la república son notables, aunque con marcadas diferencias entre ellas.

Los hábitos alimenticios de españoles y de mestizos, en su avance conquistador y colonizador hacia el norte durante el virreinato, necesariamente se aclimataron a las condiciones naturales de las tierras y mares a los que arribaron en estas regiones septentrionales de México, cuyas características de biodiversidad botánica y zoológica son, evidentemente, singulares. En el caso de Sinaloa habría que decir megabiodiversidad.

La gastronomía de estas entidades del país –y de manera particular la sinaloense- es extraordinaria, y se ajusta, por supuesto, a su propia diversidad de flora y fauna, aunada a sus particularidades de diversidad cultural. No podía ser de otra manera.

Los centenares de kilómetros de costas que tiene esta entidad hacen que su cocina se sustente, en buena medida, en los pescados y mariscos, aunque uno de los más famosos guisos sinaloenses es el exquisito chilorio, especie de chorizo de cazuela.

Antojitos:

Muchos son los antojitos característicos de Sinaloa. Debemos mencionar, en primer lugar, a las enchiladas del suelo, cuyo nombre ya denota la informalidad de estas delicias. Pero la nómina se alarga con tacos de camarón, burritos de machaca o de chilorio, tacos de chorizo, gorditas con caldito, tacos de barbacoa, tostadas de jaiba, gorditas de chaya con queso y quesadillas de flor de calabaza con queso y epazote.

Los tacos dorados de carne deshebrada bañados con el caldo de la carne.

Dentro del género, no muy usual, de los tamales a base de mariscos, deben resaltarse los tamales barbones, de camarón fresco en hoja de mazorca, llamados así en alusión a las barbas del crustáceo que, al no estar pelado, sobresalen entre los pliegues del envoltorio; la masa va rellena con chícharos y rajas. Los hacen en el extremo sur de la entidad. Otros son los tamales de camarón seco.

También acostumbran comer unos tamales grandes envueltos en hoja de plátano que dentro de la masa llevan papa, zanahoria, cebolla y jitomate picados y salsa de chiles secos; hacen otros en forma de bola, en hoja de mazorca amarrada, con carne de puerco o de pollo y con un guisado similar de verduras, pero con pasas y rajas. Otros más, de puerco, contienen camote, papaya, calabacitas y ejote. Otros son los tamales tontos; son neutros, de masa sola.

Asimismo hay nixcocos, tamales neutros hervidos en agua con Palo de Brasil, que los pinta de rojo, y los nacatamales de rata de monte.

Platillos:

El caldillo de machaca, el chilorio, los frijoles puercos, el frijol con hueso, el frijol soya con puerco, el pollo y el asado de plaza, el colache de calabacitas, el aguachile, los camarones en escabeche, las albóndigas de camarón, el camarón al quixquihuitl, los tacos de marlin ahumado, enorme pez del golfo de California. Además sopa de elote con chiquelites, caldo de zuzule –especie de frijol-, chicharrón de camarón, machaca de lisa, borrego tatemado y huacabaque de costillas de res con frijol.

Encontramos también paté de camarón, cebiche de callos de lobina, escabeche de ostiones, caldo de queso, arroz negro morisqueta, arroz con quelite de garbanzo, pipián con nopalitos, chícharos en mole verde, marlin a la naranja, chiles rellenos de atún o de jaiba, pollo almendrado, estofado de res y filete con ostras.

También elaboran una especie de tamal de cazuela a base de tortillas y verduras llamado torta Cuauhtémoc.

En las importantes presas sinaloenses se cría la lobina, que es como un robalo de agua dulce, y con ella también se hacen delicados platillos.

Postres:

Una simple enumeración de los sabores dulces sinaloenses resulta tan apabullante como apetitosa: torta de garbanzo, empanochadas, coricos (de trigo), tacuarines (de maíz), el zorrillo (de leche), jamoncillo de leche o de garbanzo, conserva de limones tiernos o de papaya, calabazas asadas o con miel de panocha, dulces de cuajada y capomos con leche, galletas marineras (duras, porque eran bastimento para las travesías oceánicas), biscotelas y cemitas, cocadas multicolores, melcochas y ponteduros, gallitos y pepitorias, guayabates con cajeta, pinturitas y galletas de avena, dulce de elote y aguamasenmieladas, guacamote y cajeta de frijol, migas y torrejas, capirotada y raspados, leche cocida y manjar de leche, serratamas en dulce y turrón de miel y cacahuate, guamúchil en almíbar y empanadas dulces de machaca, jamoncillo de cuchara y pan de mujer.

Las bebidas características de Sinaloa son un espejo tanto de su biodiversidad como de su afanosa agricultura, muy locales de Sinaloa, y exquisitas, son las aguas frescas de cebada, de ciruela, de pitahaya, de nanchi, de utatabe, de sinas, de guaba, de aguama, de ejote de mezquite y de lechuguilla.

Productos:

Chilorio enlatado. Se vende prácticamente en todo el país y en tiendas especializadas del extranjero.

Camarones gigantes congelados en marqueta. Buena parte de .ellos son para exportación, dada su alta calidad.
Puntualizando que la industria gastronómica representa el 10 por ciento del producto Interno Bruto turístico nacional además que es un mecanismo que consolida a México como potencia de turismo gastronómico, siendo este un componente diferenciador para la atracción de turismo y desarrollo económico para las regiones del país. Además de ser una industria responsable de emplear a 1.4 millones de personas en alrededor de 515 mil establecimientos en el país.

Es por ello de vital importancia que los proyectos, productos y destinos, impulsándolos desde las instancias correspondientes se potencialicen desde sus plataformas para consolidar a