Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Viernes 23 de junio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 14

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 27 de Julio de 2016

SUMARIO                                              


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PRONUNCIAMIENTO

De la Mesa Directiva, en relación con los asesinatos de alcaldes en el territorio nacional.

Se guarda un minuto de silencio por los hechos ocurridos en los ayuntamientos de San Juan Chamula, Chiapas y de Pungarabato, Guerrero. Asimismo, por los atentados ocurridos en Francia y Alemania en las últimas semanas.

Para la discusión en relación con el pronunciamiento de la Mesa Directiva, intervienen al respecto los legisladores Diputada Angélica Reyes Ávila, Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, Senador Luis Armando Melgar Bravo, Senador Zoé Robledo Aburto, quien presenta propuesta de modificación que no se admite; Diputado Ricardo del Rivero Martínez, Senadora Yolanda de la Torre Valdez, Senadora Angélica de la Peña Gómez, quien presenta propuesta de adición que se aprueba y Diputado Enrique Emilio Salazar Farías. Se aprueba.































































































































































 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
PATRICIA SÁNCHEZ CARRILLO

APERTURA

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: (11:49 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de las señoras y señores legisladores.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se ha acreditado la asistencia de 37 ciudadanos legisladores.

En consecuencia, hay quórum, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 27 de julio de 2016, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y un minutos del miércoles veinte de julio de dos mil dieciséis, con una asistencia de veintidós legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles trece de julio de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que comunica que el ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los próximos días 21 y 22 de julio de 2016, a efecto de atender la invitación del Presidente Barack Obama para realizar una visita oficial a Washington, D.C., en el marco de la VIII Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada en Ottawa, el 29 de junio pasado.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el informe de la participación del ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la Cuarta Cumbre de Seguridad Nuclear (CSN), celebrada en Washington, D.C., los días 31 de marzo y 1 de abril de 2016.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite información relativa a las “Contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2016” del sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de junio de 2016, desagregada por tipo de fondo de Acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 2015.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, oficio por el que informa que durante el mes de junio de 2016 únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro, que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, su Segundo Informe Trimestral 2016, correspondiente al período del 1 de abril al 30 de junio de 2016.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión Nacional del Agua, oficio por el que informa que de los ingresos excedentes recaudados al término del segundo trimestre de este ejercicio fiscal, no se realizó asignación alguna de recursos a los diversos prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento participantes en el Programa de Devolución de Derechos, conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, oficios con los que remite: el Calendario Anual de Difusión de la Información Estadística y Geográfica y de Interés Nacional, correspondiente a 2016, modificado por Acuerdo de la Junta de Gobierno el pasado 6 de julio y, la publicación denominada “Nueva Versión del Mapa Digital de México (MDM)”.- Se remitieron a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Población de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Senador Miguel Romo Medina, el informe de su participación ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su 3ª sesión ordinaria 2016, que se llevó a cabo del 20 al 24 de junio del año en curso, en Estrasburgo, Francia.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de ParlAmericas, el Informe de la Delegación del Congreso de la Unión, en ocasión del Encuentro Anual de la Red del Parlamento Abierto de ParlAmericas: Hoja de ruta hacia la Apertura Legislativa: Transparencia, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana y Ética, realizado en Asunción, Paraguay, los días 26 y 27 de mayo de 2016.- Quedó de enterado.

(Acuerdos de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, para la recepción del Informe Anual de Labores 2015 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.- El Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un acuerdo de la Mesa Directiva, sobre la discusión en torno a la metodología y los criterios utilizados en el levantamiento del módulo de condiciones socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares 2015.- Intervinieron los legisladores: Diputado Alejandro González Murillo del PES; Diputado Jorge Álvarez Maynez de MC; y Diputada Norma Rocío Nahle García de MORENA.

PRESIDE EL DIPUTADO
OMAR ORTEGA ÁLVAREZ

Continuaron los legisladores: Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala del PVEM; Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza del PRD; Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; Senador Manuel Cavazos Lerma del PRI; Senador Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, para rectificación de hechos; Senador Sofío Ramírez Hernández del PRI, por alusiones personales; y Senador Zoé Robledo Aburto del PRD, para rectificación de hechos. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

La Diputada Patricia Sánchez Carrillo, a nombre del Diputado César Augusto Rendón García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Evelyn Parra Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto para inscribir con letras de oro en el muro de Honor del Palacio Legislativo, "Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917".- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre propio y del Diputado Jesús Sesma Suárez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decretoque reforma los artículos 78 y 122 de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de zoológicos y acuarios.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Jesús Sesma Suárez y del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Jesús Sesma Suárez y del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de prohibición de peleas de gallos.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Jesús Sesma Suárez y del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para prohibir las corridas de toros.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Jesús Sesma Suárez y del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de peleas de perros.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Jesús Sesma Suárez y del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de venta de mascotas.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Jesús Sesma Suárez y del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de peleas de perros.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Jesús Sesma Suárez y del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de tráfico de especies.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Jesús Sesma Suárez y del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto que modifica y adiciona los artículos 6o y 9o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

El Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativacon proyecto de Decreto por el que se modifican las fracciones I y II del artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

El Diputado Jorge Álvarez Maynez, a nombre propio y de los Diputados del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, siete dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a revisar y reforzar los mecanismos de seguridad interna de los centros penitenciarios bajo su   jurisdicción.

2. Por el que se solicita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales información sobre el avance de las denuncias interpuestas respecto al proceso electoral del 5 de junio de 2016 en la Ciudad de México.

3. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación informe de las acciones llevadas a cabo para atender los daños ocasionados por la tormenta tropical "Trudy", que se registró en el estado de Guerrero los días 17 y 18 de octubre del año 2014.

4. Por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación informe de la situación procesal en la que se encuentra la acción de inconstitucionalidad planteada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales.

5. Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México un informe sobre el estatus que guarda la construcción del inmueble ubicado en la calle de Patriotismo 883, Delegación Benito Juárez.

6. Que exhorta a la Fiscalía General del estado de Morelos a realizar las investigaciones necesarias en relación al presunto abuso cometido por policías de ese estado en contra de una periodista el pasado mes de junio.

7. Que exhorta al Instituto Nacional Electoral a informar todo lo relacionado con el incremento del registro de ciudadanos para ejercer el voto en el extranjero, votos ejercidos, el presupuesto destinado así como una evaluación general del proceso electoral de junio de 2016.

Sin discusión, los siete dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, veintiún dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que considere la creación de mecanismos que permitan prevenir y atender la eventualidad de un riesgo o de peligro, en las laderas habitadas de los ríos Moctezuma y Tempoal en el municipio El Higo en el estado Veracruz.

2. Que exhorta a la Secretaría de Salud para que analice la viabilidad de actualizar las Normas Oficiales Mexicanas NOM- 021-SSA 1-1993, NOM-023-SSA1-1993 y NOM-022- SSA1-2010.

3. Que exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que fortalezca sus acciones de coordinación, capacitación, acompañamiento, seguimiento y evaluación de los esquemas de contraloría social en los programas sociales a cargo del Gobierno Federal.

4. Que exhorta al Gobierno Federal a que evalúe decretar el sistema ripario de la cuenca y estero de San José del Cabo como Área Natural Protegida.

5. Que exhorta al Gobierno del estado de Jalisco a implementar la reforestación y restitución física del arbolado afectado por la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara.

6. Que exhorta a las legislaturas de los estados de Sonora y Tlaxcala a que lleven a cabo las reformas necesarias a fin de que las facultades administrativas en materia de medio ambiente queden conferidas a una Secretaría de Estado especializada en la materia.

7. Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y al Servicio Geológico Mexicano a realizar las acciones necesarias ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para lograr la inclusión del volcán Tacaná dentro del Programa Geoparques Mundiales.

8. Por el que se solicita a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social haga del conocimiento público las acciones que ha implementado para mejorar el esquema de trasparencia y rendición de cuentas de los programas presupuestarios que integran la política laboral a cargo de la dependencia.

9. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que haga públicos los resultados de la Conferencia Intermedia de la Asociación Internacional de Puertos, así como las acciones y políticas públicas a implementar por parte de nuestro país, para afrontar los grandes retos en la marina mercante.

10. Que exhorta al Gobierno Federal a que, a través del Organismo de Cuenca "Frontera Sur" y el Instituto Estatal del Agua de Chiapas, realice los trabajos necesarios para que la totalidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales operen con normalidad.

11. Que exhorta a la Secretaría de Economía a estudiar la viabilidad de dejar sin efecto o se modifique, restableciendo los aranceles pertinentes, el Decreto por el que se establece el arancel-cupo exento para la importación de ganado bovino para engorda y carne de bovino fresca, refrigerada y congelada, procedente de países con los que México no tiene firmados tratados comerciales.

12. Que exhorta a la Secretaría de Economía y al Servicio de Administración Tributaria a cumplimentar lo dispuesto por la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación respecto a la clasificación arancelaria aplicable a los paneles fotovoltaicos.

13. Que exhorta a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad a remitir un informe sobre los avances que existen en torno a la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México.

14. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua para coadyuve con la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato a realizar acciones tendientes a garantizar la dotación de agua potable, con eficiencia y eficacia, a la población.

15. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que continúe y fortalezca su apoyo técnico en materia de ordenamiento territorial, e impulse la formulación y expedición de los Programas de Ordenamiento Ecológico Regional Estatal con las entidades federativas que aún no cuentan con dicho instrumento.

16. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que informe sobre los criterios empleados en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000, para evaluar la disponibilidad de agua subterránea.

17. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en el ejercicio de sus atribuciones y en lo dispuesto en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, consideren la elaboración y publicación del Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados, con el objetivo de guiar los trabajos de fomento y equilibrio de los ecosistemas nacionales vía la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente.

18. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, para diseñe e instrumente un plan integral de atención y acciones en el corto, mediano y largo plazo, para la protección, mejoramiento, conservación, restauración y saneamiento del río Zula, en el estado de Jalisco.

19. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que emita un informe sobre la situación que guarda la apicultura nacional y las medidas que se han instrumentado para alentar su producción; así como el tipo y uso de pesticidas que se utilizan en la fumigación de plagas para los apiarios.

20. Que exhorta al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas a que, con base en los resultados arrojados por la Encuesta lntercensal de Población 2015, considere realizar declaratorias de nuevas zonas metropolitanas.

21. Que desecha la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato a diseñar y ejecutar acciones que garanticen el mejoramiento de la situación ambiental, presente en los diferentes municipios de la entidad.

Sin discusión, los veintiún dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

PRESIDE LA DIPUTADA
PATRICIA SÁNCHEZ CARILLO

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que la Comisión Permanente se congratula por la correcta aplicación del nuevo sistema de justicia penal en el país y felicita a las autoridades administrativas y judiciales de las entidades federativas por tan importante logro en favor de los mexicanos.- Intervino el Senador Arturo Zamora Jiménez del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

2. Que exhorta al Comisionado General de la Policía Federal a informar sobre las acciones para reforzar la vigilancia y cuidado del sistema carretero federal, particularmente en aquellos tramos en reparación como el de la carretera México-Querétaro.- Intervinieron los legisladores: Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana del PRI; y Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
OMAR ORTEGA ÁLVAREZ

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a las autoridades competentes del estado de Coahuila de Zaragoza a encontrar los mecanismos que permitan atender la situación actual de los trabajadores en activo, jubilados y pensionados de la Universidad    Autónoma de Coahuila y de la  Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”.-Intervino la Diputada Norma Rocío Nahle García de MORENA. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

2. Que exhorta a los poderes legislativos de las entidades federativas a homologar la legislación para prevenir, atender y sancionar cualquier tipo de violencia contra las mujeres –incluidos el delito de feminicidio y la violencia feminicida–contemplados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal Federal.- LaPresidencia de la Mesa Directiva, dio cuenta con la propuesta de modificación, presentada por el Diputado Omar Ortega Álvarez, la cual fue aceptada. El punto de  Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta al Servicio de Administración Tributaria, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y a las procuradurías o fiscalías de justicia de las entidades federativas, a que presenten un informe que contenga las denuncias e investigaciones relacionadas con empresas "fantasma" multinivel o pirámides.- Intervino el Diputado Alfredo Bejos Nicolás del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

2. Que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a emitir las reglas generales de comercio exterior para el ejercicio fiscal 2017, tomando en consideración el plano de igualdad en el que se deben encontrar todos los mexicanos en el cobro de las franquicias de ingreso a territorio nacional.- Intervino la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de   Acuerdo por el que se solicita al  Instituto Nacional de Migración, a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados y a la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un informe sobre las condiciones que privan en las estaciones migratorias de nuestro país, especialmente en la estación "Siglo XXI" ubicada en Tapachula, Chiapas.- Sin discusión, el punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta al gobierno del estado de Puebla a fortalecer sus programas, estrategias y acciones enfocadas a promover y estimular la generación de empleos en la entidad.

2. Por el que se solicita al Gobierno del Estado de México remitir un informe sobre las medidas implementadas para garantizar los derechos del pueblo Otomí de San Francisco Xochicuaulta, Lerma, Estado de México, debido a la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.

Sin discusión, los dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

(Proposiciones)

El Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Tribunal Superior Agrario a no cambiar de sede o desaparecer al Tribunal Unitario Agrario, Distrito 53 ubicado en Ciudad Guzmán, Jalisco.- Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los jefes delegacionales de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a respetar el proceso de elección de los comités ciudadanos y de los consejos de los pueblos de esta ciudad y se abstengan de intervenir en favor o en contra de determinada fórmula.- Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto, a nombre propio y de los Senadores Armando Ríos Piter y Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realizar una fiscalización del destino y ejercicio de los recursos obtenidos por el impuesto a bebidas saborizadas de 2014-2016.- Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

La Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Banco de México y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre la evolución de la balanza de pagos, en particular el renglón de la balanza de servicios factoriales de los ingresos por endeudamiento, de los depósitos e inversiones de mexicanos en el exterior y del renglón de errores y omisiones.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

La Diputada Angélica Reyes Ávila, del grupo parlamentario Nueva Alianza, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores y a los congresos estatales a implementar los mecanismos tendientes a promover, fomentar y aplicar las modificaciones legislativas en materia de derechos humanos, de conformidad con la reforma constitucional de 2011 en la materia.- Se turnó a la Primera Comisión.

(Dictamen a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Turismo a desarrollar mecanismos de cooperación, ejecución y evaluación de los logros del Programa Pueblos Mágicos, con la finalidad de otorgar incentivos fiscales a las empresas que decidan invertir o mantener sus operaciones en las localidades beneficiadas por el programa mencionado.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Miguel Romo Medina, se integraría al Diario de los Debates. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.- Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

 

Delos Diputados Rocío Nahle García y Renato Josafat Molina Arias, del grupo parlamentario de Morena, con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 109 y adiciona un inciso b) al artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Cirilo Vázquez Parissi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma la fracción XIV del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y la fracción III del artículo 162 y adiciona la fracción XII del artículo 165 de la Ley Aduanera.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 69 de Ley de Aeropuertos.- Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado César Augusto Rendón García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 13 Bis y una fracción XXVII al artículo 22 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.- Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Rafael Yerena Zambrano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley de Aeropuertos.- Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Cirilo Vázquez Parissi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Jorge López Martín y Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción xiii y se adiciona la fracción XIV al artículo 14 de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado José Everardo López Córdova, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma el párrafo segundo de la fracción VIII del artículo 5º de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXVII ter al artículo 132 y un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Eloísa Talavera Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se derogan las disposiciones contenidas en el Decreto de reformas a la Ley General de Educación, publicado el 11 de septiembre de 2013; y se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 14 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones II y XIV del artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático.- Se turnó a la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona un inciso e) a la fracción I del artículo 4 Bis 3 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a enviar un informe sobre el estado que guardan las observaciones realizadas al Gobierno del estado de Sonora de las cuentas públicas, así como las acciones promovidas y recomendaciones que ha emitido a la administración del ex gobernador Guillermo Padrés Elías.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las Senadoras Silvia Guadalupe Garza Galván y Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar exámenes de control de confianza al personal que labora en los verificentros de la Megalópolis, a efecto de eliminar la corrupción que impera en dichos establecimientos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de cuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Puebla a instrumentar los programas, estrategias y políticas públicas necesarias, a fin de atender y prevenir los casos de mortalidad infantil.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel y Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a asistir a una reunión de trabajo con legisladores de la Comisión Permanente, a fin de explicar los motivos del deficiente, inseguro y caótico estado en que se encuentran las carreteras de México a cargo de CAPUFE, especialmente las carreteras de cuota México-Querétaro y la México-Puebla.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a analizar el actuar de las y los consejeros electorales del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, por la presunta comisión de hechos que podrían configurar causales de remoción durante el proceso electoral para la elección de gobernador del estado de Tlaxcala 2015-2016.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo para determinar el grado de contaminación de las cascadas de Agua Azul, por las actividades antrópicas en la zona.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Layda Sansores San Román y Héctor Adrián Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a instruir a los magistrados del Tribunal Unitario con sede en Guadalajara, Jalisco, para que en sus resoluciones tomen en cuenta las recientes reformas al Sistema Penal en beneficio del ciudadano José Manuel Mireles Valverde, actualmente preso en el Centro Federal de Readaptación Social No. 11 con sede en Hermosillo, Sonora.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza, Modesta Fuentes Alonso, Delfina Gómez Álvarez, Mariana Trejo Flores, Miguel Alva y Alva, Jesús Serrano Lora, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a dar cabal cumplimiento al pago en beneficio de los trabajadores ex braceros del periodo 1942-1964 y sus familias.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Manuel Cárdenas Fonseca, con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Sinaloa un informe sobre las acciones que se han tomado para atender y subsanar las observaciones a la Cuenta Pública, hechas por la Auditoría Superior de la Federación durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares a revisar las reglas de operación del programa de vivienda rural; y por el que se les cita a comparecer, a efecto de informar de forma detallada sobre la operación del mismo y aclarar las irregularidades detectadas en su operación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que informe en torno al recorte presupuestal y a los incrementos de las gasolinas y las tarifas eléctricas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Lorena Corona Valdés, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a implementar Prosolve 370e en la fachada de los edificios públicos de la Ciudad de México, a fin de mejorar la calidad del aire y combatir la contaminación.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Norma Rocío Nahle García, Araceli Damián González y Virgilio Caballero Pedraza, a nombre del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al juez competente a decretar la libertad inmediata de los maestros y dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta a la y los titulares de las entidades federativas a garantizar la integridad, el respeto y protección a los derechos humanos de las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena los hechos suscitados en la Ciudad de Niza, Francia.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo por el que se invita al titular de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía a realizar un nuevo diagnóstico energético básico a las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a fin de identificar, evaluar y proponer las mejores medidas de aprovechamiento sustentable de la energía.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a reconsiderar la estrategia de transformación de los recursos petroleros del país y ordene se investigue a los funcionarios del sector petrolero por frenar el crecimiento de la capacidad de refinación del país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Sofía González Torres, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades ambientales de los diferentes niveles de gobierno a que, en el presente periodo vacacional, se diseñen campañas informativas y de participación ciudadana, con la finalidad de implementar programas de protección y limpieza en playas mexicanas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena los atentados perpetrados el 28 de junio de 2016 en la ciudad de Estambul, Turquía; así como los ocurridos el 1 de julio en Dacca, Bangladesh y el 3 de julio en el distrito de Karrada de Bagdad, Iraq.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Delfina Gómez Álvarez, Dante Virgilio Caballero Pedraza y Roberto Guzmán Jacobo, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a que en sus resoluciones tome en cuenta las recientes reformas al sistema penal, en beneficio del ciudadano José Humbertus Pérez Espinoza, actualmente preso en el Reclusorio de Chiconautla-Ecatepec, Estado de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo relativo a los hechos ocurridos en el municipio de Acuña el 18 de marzo del 2011.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a asistir a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión de la Comisión Permanente para que informe de los trabajos que lleva a cabo PEMEX en aguas profundas, los sistemas de previsión considerados para evitar accidentes o para responder a las contingencias que se pudieran presentar y el costo de los seguros contratados para cubrir las consecuencias de una situación de ese tipo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su beneplácito a las acciones del Primer Ministro Justin Trudeau, para la exención de visado para los ciudadanos mexicanos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a investigar y aplicar las medidas correctivas correspondientes por el derrame ocurrido en la mina “La Encantada”, ubicada en el municipio de Ocampo del estado de Coahuila de Zaragoza.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo de PMI Comercio Internacional a retirar del cargo de Director de esta filial de PEMEX a Isaac Volin Bolok Portnoy, por posible conflicto de interés.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas a observar lo dispuesto en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado Mexicano, así como el marco jurídico en la materia para garantizar los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, niños y adolescentes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza y María Chávez García, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a revocar la autorización de la manifestación de impacto ambiental presentada por la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula, S.A. de C.V en Palula, municipio de Santo Domingo en San Luis Potosí.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Cirilo Vázquez Parissi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar el estatus que guarda la modernización de la carretera federal 180, en la que se trabaja para ampliar de dos a cuatro carriles en el tramo Cosoleacaque-Jaltipan-Acayucan.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria a informar acerca de las medidas puestas en práctica para aplicar las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta en 2013, 2014 y 2015, relacionadas con las disposiciones para acotar las estrategias de las empresas trasnacionales para evadir impuestos y para negociar los tratados para evitar la doble tributación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a intervenir en la implementación de medidas preventivas ante el creciente y alarmante número de muertes por accidentes en la construcción del paso express Cuernavaca, en el estado de Morelos, sobre la Autopista del Sol.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos estatales y municipales a establecer una estrategia para afrontar la problemática nacional que representan los altos niveles de muertes violentas entre la población juvenil.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado José Máximo García López, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a extender la prioridad del destino de sus recursos, acciones, capacitaciones y planes de apoyo fronterizo para los ayuntamientos de Tijuana, Ensenada, Tecate, Mexicali y Playas de Rosarito del estado de Baja California, en forma equitativa e igualitaria frente a otras entidades dentro del marco de estrategias de la agenda de desarrollo municipal para el segundo semestre del 2016.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno de San Luis Potosí a retirar los permisos concedidos a la empresa CITSU para la instalación de un confinamiento de residuos peligrosos en el municipio de Santo Domingo, para suspender esta obra en forma definitiva.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que en el ejercicio fiscal 2017 incremente el presupuesto para la estrategia integral para la recuperación de la vaquita marina en el Alto Golfo de California.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a hacer del conocimiento de la Comisión Permanente y de la opinión pública la forma y manera en cómo llevará a cabo el pago pendiente de los estímulos y prestaciones a los maestros federalizados.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Karina Padilla Ávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a destinar los recursos anunciados el mes de diciembre de 2015 por el propio Presidente Enrique Peña Nieto, para la reconfiguración y modernización de la Refinería “Ing. Antonio M. Amor”, ubicada en el municipio de Salamanca, Gto.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Diputadas Edith Anabel Alvarado Varela y Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a incluir en el proyecto de desarrollo urbano de la “Ciudad Modelo” de Audi, a los municipios de Huamantla, Cuapiaxtla, Ixtenco y Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, todos del estado de Tlaxcala, a fin de permitirles una mejor calidad de vida a sus habitantes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar acciones conjuntas para el establecimiento y fortalecimiento de programas dirigidos a la creación de huertos urbanos en las 59 zonas metropolitanas del país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a difundir un informe comparativo sobre los resultados obtenidos por los estudiantes mexicanos en la prueba Pisa respecto de 2012 a 2015, en comparación con otros países que aplicaron la prueba.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar las investigaciones necesarias para prevenir y combatir la constante alza en el precio de los medicamentos de patente.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a presentar un diagnóstico sobre la problemática de invasión de predios en esta Ciudad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer sus operativos, estrategias y políticas públicas de seguimiento acompañamiento y monitoreo de los zoológicos de la entidad, con el objetivo de garantizar la implementación de los protocolos de actuación, cuidado, reproducción y manejo de las especies endémicas y en peligro de extinción.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena los hechos ocurridos en Niza, Francia, el pasado 14 de julio.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a la administración de la delegación Xochimilco a establecer y ejecutar las acciones necesarias para atender los graves problemas de contaminación en los canales, ante el riesgo inminente de perder el reconocimiento de la UNESCO como patrimonio de la humanidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la República y a los gobiernos estatales y municipales a diseñar programas para la implementación de transporte público impulsado por motores eléctricos, así como el considerar un mínimo de vehículos eléctricos o híbridos en la programación de sustitución de sus respectivos parques vehiculares oficiales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre las acciones realizadas para la implementación de la norma de verificación ambiental y para que lleve a cabo las acciones necesarias para actualizar las normas oficiales mexicanas en la materia.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Judicial de la Federación a incrementar el número de jueces que resulten necesarios para impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Servicio Postal Mexicano a emitir y realizar la cancelación especial de una estampilla postal en conmemoración del 150 aniversario de la Batalla de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, efectuada el 5 de septiembre de 1866, donde resultó victorioso el pueblo zapoteco ante el ejército imperial francés.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Hilda Ceballos Llerenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a que, en el marco del lema central del Día Mundial contra la Hepatitis 2016: “Conoce la Hepatitis y actúa ya”, implementen e impulsen campañas informativas sobre las causas, síntomas y consecuencias de esta enfermedad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Deporte y a la Auditoría Superior de la Federación a atender diversos asuntos derivados de la actuación de la Federación Mexicana del Ciclismo, A.C.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe sobre las acciones de gobierno implementadas para prevenir las inundaciones en la Ciudad, provocadas por precipitaciones pluviales.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Fidel Demédicis Hidalgo y Rabindranath Salazar Solorio y de los Diputados Emma Margarita Alemán Olvera, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Rosalina Mazari Espín, Matías Nazario Morales y Manuel Vallejo Barragán, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Morelos a esclarecer el procedimiento que llevó a cabo en el cómputo de votos para la declaratoria de reforma del primer párrafo del artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.- Se turnó a la Primera Comisión.

(Efemérides)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el nonagésimo tercer aniversario luctuoso de José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Francisco Villa, quien falleció el 20 de julio de 1923.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Nacional del Bibliotecario.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de Nelson Mandela.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Trabajo Doméstico.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de Nelson Mandela.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Toledo Luis, del      grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 144 aniversario luctuoso de Benito Juárez García, Benemérito de las Américas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención sobre los acontecimientos ocurridos en Niza, Francia, el pasado 14 de julio.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención sobre la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la   sesión, a las quince horas con onceminutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles veintisiete de julio, a las once horas.

 

Fin de la Sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Aprobada el acta.

Compañeros legisladores, les informo que con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, el edificio del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión durante el segundo receso legislativo de la LXIII Legislatura, se iluminará de color azul a partir del próximo sábado 30 de julio.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el Acuerdo de París, hecho en París, el 12 de diciembre de 2015.



La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internaciones; de Relaciones Exteriores; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio por el que comunica que el ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 27 al 29 de julio de 2016, a efecto de atender la invitación que le extendió el gobierno de la República del Perú para participar en la Ceremonia de Transmisión del Mando Supremo, que tendrá lugar en la ciudad de Lima y para realizar una Visita de Estado a la República Argentina, a invitación del Presidente de ese país, Mauricio Macri.



La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con el informe de la participación del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, celebrada el pasado 19 de abril de 2016, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos de América.



La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: La Asamblea ha quedado enterada.  Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: La Secretaría de Gobernación remite un oficio con el informe sobre la adhesión de México al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados.



La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Remítase a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Comercio y Fomento Industrial; y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Igualmente, la Secretaría de Gobernación remitió un oficio con el Segundo Informe Trimestral para el ejercicio fiscal 2016 de los programas sujetos a reglas de operación “S” y otros subsidios “U”, a cargo de la Secretaría de Economía.



La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Remítase a las Comisiones de Economía, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Fomento Cooperativo de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

LEGISLATURA

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Se recibió del Congreso del estado de Jalisco, un PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL AÑO 2017 COMO “2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.



La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: También se recibío del Congreso del estado de Jalisco, un PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 115 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.



La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos legisladores.

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de ParlAmericas, con la que remite el informe de la Delegación del Congreso de la Unión, en ocasión del 8º Encuentro Anual del Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas: Diversificando el poder político para construir sociedades inclusivas; y de la 40ª Reunión del Consejo de Administración de ParlAmericas, realizados en Quito, Ecuador, del 2 al 4 de junio de 2016.







 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación; el Senador Ismael Hernández Deras, Presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y del Senador Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de Justicia, con la que remiten el informe de la Procuraduría General de Justicia en el estado de Nuevo León en torno al caso del motín registrado en el Centro Penitenciario de Topo Chico, ubicado en Monterrey, Nuevo León, el 10 de febrero del año en curso; lo anterior, en cumplimiento al Acuerdo del Senado de la Republica del 11 de febrero del año en curso.







 

De la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, del grupo parlamentario del PRI, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir de este día 27 de julio de 2016.



La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: La Asamblea ha quedado debidamdente enterada. Por lo que respecta a la incorporación de la Senadora Alcalá Ruiz, comuníquese a la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido.



La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se concede licencia al Senador Jorge Luis Lavalle Maury para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido.

Por no haber quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: En consecuencia, se concede licencia al Senador Jorge Luis Lavalle Maury para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido. Comuníquese a la Cámara de Senadores.





 

Solicito a la Secretaría dé lectura al oficio que nos ha remitido el Secretario General de Gobierno del estado de Chiapas, sobre los sucesos del pasado 23 de julio en San Juan Chamula, Chiapas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura:



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Está Asamblea ha quedado debidamente enterada.





 

Compañeros legisladores, les informo que la Mesa Directiva suscribió un pronunciamiento en relación con los asesinatos de los alcaldes en el territorio nacional. El pronunciamiento está a su disposición en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al pronunciamiento.

PRONUNCIAMIENTO

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura.



Es cuanto, señora Presidenta.

El Diputado Federico Döring Casar: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Sonido en el escaño del Diputado Döring, por favor.

El Diputado Federico Döring Casar: (Desde su escaño) Antes de que la Asamblea conozca de la propuesta de la Mesa Directiva, yo quisiera hacer un acto de mea culpa, porque la semana pasada omitimos manifestar nuestra solidaridad con el dolor y el sufrimiento del pueblo francés, no guardamos un minuto de silencio con respecto a las personas que sufrieron el atentado en la ciudad de Niza, en donde se han venido sucediendo nuevos atentados en Normandía, nuevamente en Francia y un par de incidentes también que lamentar de corte terrorista en Alemania.

En ese mismo espíritu de solidarizarnos con la pérdida y condenar los actos en contra de los alcaldes de nuestro país, creo que deberíamos guardar un minuto de silencio y solidarizarnos con el sufrimiento y las pérdidas de vidas humanas en Francia y Alemania en las últimas dos semanas.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Esta Asamblea obsequia la petición, y le pide a los integrantes de la Comisión Permanente guardar un minuto de silencio.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Muchas gracias. Pueden tomar asiento.

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Diputado Virgilio Caballero.

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Compañeras legisladoras, compañeros legisladores: Trabajadores del sector salud se encuentran a las afueras del Senado de la República desde hace siete días en huelga de hambre, en busca de atención a sus problemas laborales y a la represión que están sufriendo.

Hago un exhorto muy cordial, muy respetuoso, a esta Comisión Permanente para que atendamos esta urgencia que está ya causando problemas de salud a las trabajadoras y trabajadores que se encuentran afuera del Senado desde hace siete días.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Caballero Pedraza. Esta Presidencia toma nota de su petición y estableceremos con los coordinadores de los grupos parlamentarios contacto para determinar una modalidad y forma para interlocución con quienes están en esta situación.

En virtud de que se ha leído la propuesta de la Mesa Directiva en relación con el asesinato de los alcaldes, está a discusión.
Tiene el uso de la palabra la Diputada Angélica Reyes Ávila, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

La Diputada Angélica Reyes Ávila: La violencia nos afecta y nos lastima a todos, no importa el color o la bandera política.

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores, les saludo con afecto y con respeto.

A nombre del grupo parlamentario Nueva Alianza, nos unimos a esta propuesta por la que la Comisión Permanente condena los asesinados de los alcaldes e integrantes de los ayuntamientos de San Juan Chamula, Chiapas y de Pungarabato, Guerrero.

En primer lugar queremos manifestar nuestras condolencias a las familias de las personas que murieron en estos lamentables atentados.

Por otro lado, es importante señalar que en Nueva Alianza condenamos enérgicamente todo acto de violencia que atente contra la estabilidad y la seguridad de los ciudadanos y de las instituciones del Estado.

Por ello consideramos fundamental que se garantice el orden público, la protección y defensa de los ciudadanos, sin estas condiciones no puede haber estabilidad en el país, ni será posible restablecer la confianza de los mexicanos en sus instituciones. En la lucha contra la violencia y la inseguridad afirmamos nuestro compromiso ante la sociedad.

Los hechos ocurridos en San Juan Chamula, Chiapas y en Pungarabato, Guerrero, tuvieron como resultado la muerte de siete personas y dejaron doce heridos. Lamentablemente no son los únicos hechos de esta índole.

Resulta alarmante corroborar las cifras que medios de comunicación, como “El Universal”, han publicado sobre la violencia a nivel municipal. Un estudio hemerográfico realizado por este medio, señala que entre enero de 2005 y enero de 2016 fueron asesinados 52 alcaldes en funciones o electos.

Estas acciones no sólo tocan a los alcaldes sino a sus familias, 44 personas han sido asesinadas por ser cercanas a algún alcalde, según dicho estudio.

Es necesario recordar que acontecimientos como los que sucedieron en Chiapas y Guerrero son sólo una muestra del grado que ha alcanzado la violencia en nuestro país, una violencia que no distingue colores, que no distingue ideologías o posturas políticas.

Estas acciones nos afectan a todos como mexicanos ya que no solamente atentan contra las personas, sino contra las instituciones del Estado.

La paz, la legalidad y el respeto al estado de derecho deben ser la base del desarrollo nacional. Es indispensable garantizar estas condiciones, lo contrario hace inviable el crecimiento de una sociedad.

No es posible cimentar una sociedad si la violencia es el común denominador.

Si bien es cierto que la Procuraduría General de la República ha ejercido su facultad de atracción sobre la investigación del homicidio del alcalde de Pungarabato y su chofer, es preciso que esta indagatoria llegue a resultados veraces y condenas basadas en un trabajo profesional.

La impunidad en estos casos constituiría una afrenta al Estado y a la sociedad en su conjunto. Por esta razón, instamos a las autoridades competentes en materia de procuración de justicia a realizar una investigación expedita y transparente a fin de castigar a los responsables de los hechos acaecidos en Chiapas y Guerrero.

Es necesario unir todas las capacidades del Estado para combatir la violencia. Es urgente revisar los modelos de seguridad pública y coordinar y enfocar nuestras estrategias para tener cuerpos policiacos mejor preparados, más capaces y cuya labor sea el ejemplo del compromiso del gobierno con la ciudadanía.

Es además preciso conjuntar los esfuerzos y acciones contra la delincuencia, para lo que resulta necesario contar con el compromiso y la voluntad de todos los actores políticos, con el objeto de concentrar las capacidades de los diferentes niveles de gobiernos en acciones sistematizadas y efectivas contra la delincuencia.

Para Nueva Alianza, la consolidación de la seguridad en todos los municipios del país, es un compromiso ineludible; por ello, nos postulamos a favor de que esta Honorable Asamblea, haga un firme llamado a la resolución de los casos en cuestión y, sobre todo, a la paz, no más homicidios en nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputada Reyes Ávila.

Tiene el uso de la palabra el Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Por supuesto que Movimiento Ciudadano condena, junto con esta Comisión Permanente, enérgicamente los asesinatos de los alcaldes de San Juan Chamula, Chiapas y de Pungarabato, en Guerrero.

La realidad, compañeras y compañeros, es que la violencia contra servidores públicos ha llegado a niveles alarmantes en nuestro país. Muestra el rostro más claro de la impunidad, pero además muestra, aunque nos duela reconocerlo, un fracaso del modelo de seguridad nacional que se ha implementado también en los últimos años.

¿Por qué? Porque no hemos logrado generar condiciones básicas para el ejercicio y para la tutela de los derechos y ahora tampoco para el ejercicio del poder público.

Este imperio de violencia, que además no discrimina colores partidistas, tampoco distingue entre servidores públicos, empresarios, periodistas o ciudadanos inocentes, tiene al país, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, en una situación límite y tiene a las propias instituciones del Estado en una situación de vulnerabilidad.

No es exagerado afirmar que un lugar donde los ciudadanos no pueden ejercer sus derechos y los servidores públicos no pueden cumplir con su deber, no pueden ejercer el poder es un lugar donde el Estado tiene límites, incluso, podemos decir, donde el Estado ha fallado, donde las cosas no se están haciendo correctamente y donde nuestras políticas y nuestras instituciones son a todas luces insuficientes.

La violencia en México, decíamos, no discrimina, tiene muchas caras y se extiende a muchas esferas. Permítanme compartir con ustedes algunos datos que deben alarmarnos y deben hacernos poner mucho más atención en las distintas esferas en las que se manifiesta el fenómeno de la violencia.

En los últimos 10 años se han asesinado a 78 alcaldes y ex alcaldes, es decir, un promedio casi de 8 alcaldes o ex alcaldes por año en los últimos 10 años en el país; 14 en Michoacán, 2 en Oaxaca, 8 en Guerrero, 8 en Durango, 6 en Veracruz, 4 en Tamaulipas, 4 en Chihuahua, 3 en Jalisco, 3 en Estado de México, 3 en Morelos y más en casi todas las entidades federativas del país.
La cifra de servidores públicos asesinados se incrementa dramáticamente.

Las agresiones contra periodistas es otra de las faceta de la violencia. Desde el año 2000 se han asesinado a casi 100 periodistas por el ejercicio de su labor, 24 de ellos en el presente sexenio, siendo Oaxaca y Veracruz las entidades con mayor incidencia.

Pero también están las víctimas, ya se refería aquí en esta tribuna, que a diario se cuentan, producto de esta crisis, y que desafortunadamente no reciben la misma visibilidad que las víctimas de los crímenes políticos, basta mencionar que en el primer semestre de este año se han registrado casi 10 mil homicidios, 33 por ciento más que en el mismo periodo el año pasado.

Lamentablemente esta violencia muchas veces también proviene del Estado, donde tenemos los casos de ejecuciones extrajudiciales señaladas por la Relatoría de la Organización de las Naciones Unidas, 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México; 10 en Apatzingán, Michoacán; 42 en Tanhuato, Michoacán, entre otros, y recientemente al menos 8 en Nochixtlán, Oaxaca, sin contar las alarmantes cifras de desaparición forzada que desde hace 10 años cuentan a más de 25 mil víctimas, prácticamente la totalidad de ésta, en impunidad, es decir, el tema no es menor y no es un caso aislado, lamentablemente hay una situación de violencia generalizada.

Estamos, hay que decirlo con todas sus letras, en una grave crisis de seguridad y de violencia ante dos caras de la misma moneda: la violencia que impide a los ciudadanos el ejercicio y la totalidad en sus derechos; y la violencia que impide a los propios servidores públicos el ejercicio del poder.

Esta violencia, compañeras y compañeros legisladores, es un problema de Estado, no es un problema de partidos políticos, no es un problema de colores, es un problema de Estado; y es un problema de corresponsabilidad, es el fracaso de un sistema de seguridad, es la incapacidad de los gobiernos estatales, es el imperio de las redes de complicidad y corrupción en los tres órdenes de gobierno.

Es, a fin de cuentas, el corolario de la grave crisis de impunidad generalizada.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Castañeda Hoeflich.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena.

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

México es hoy un país de barbarie, violencia, represión, asesinatos, narcotraficantes y gobernantes corruptos, así describe a nuestro país James Petras, sociólogo estadounidense, conocido por sus estudios sobre el imperialismo, la lucha de clases y los conflictos latinoamericanos.

Este fin de semana fueron asesinados en distintos estados en el sur de México, 2 presidentes municipales y se capturó a 10 sujetos como probables responsables, de los cuales 2 son funcionarios. Alrededor de las 7 de la mañana del sábado, Domingo López González, alcalde de San Juan Chamula, en Chiapas, fue atacado a balazos por manifestantes que participaban en una multitudinaria protesta en la plaza central del municipio.

Los manifestantes exigían al alcalde la entrega de recursos económicos para un programa de artesanías y la construcción de distintas obras públicas. Cabe recordar que San Juan Chamula fue una de las localidades donde en 1994 se levantó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Ambrosio Soto, alcalde de Pungarabato por el Partido de la Revolución Democrática, en Guerrero, fue acribillado por sujetos que lo emboscaron en un tramo carretero en el límite de Pungarabato en la llamada tierra caliente, en el centro de Guerrero. El alcalde era acechado por el crimen organizado y desde hace meses había denunciado al respecto.

El asesinato del alcalde de Chiapas se suma al clima de inseguridad que reina en dicho estado, cuyo gobernador no ha sido capaz de dar respuesta a la protesta social, ni a temperar los conflictos comunitarios.

El gobierno del PRI-Verde no ha dudado en acudir al uso de la fuerza pública y a la represión, como ocurrió recientemente con los maestros chiapanecos que protestaban contra la llamada reforma educativa.

Por otra parte ha atentado con su omisión la violencia en municipios como San Juan Chamula.

El discurso del “México en paz” y la ausencia de una estrategia pública e integral de combate al narcotráfico y al crimen organizado en la administración de Peña Nieto, ha redundado en un incremento de asesinatos producto de la violencia y la inseguridad en el país.

Sólo en lo que va de este sexenio la cifra ronda los 57 mil 410 homicidios dolosos, mientras que en el sexenio de Felipe Calderón, el semanario ZETA documentó en el mismo periodo 83 mil 191 ejecuciones.

En los números se refleja que la estrategia de la aprehensión de las cabezas criminales no disminuye la inseguridad y la violencia en México.

Lo que ha variado en el sexenio peñista es la movilidad de la violencia. Si en la pasada administración la sangrienta guerra de cárteles y delincuentes organizados estaba en el norte del país, en la actual, la inseguridad se mudó al centro y al sureste; salieron de los primeros 5 sitios de estados con mayor violencia Sinaloa y Baja California, y entraron Jalisco y Michoacán.

La impunidad en México es el principal factor que permite a los sicarios de los cárteles de la droga y de las organizaciones criminales continuar con las matanzas.

Con Miguel Ángel Osorio Chong, al frente de la Secretaría de Gobernación, no se ha logrado disminuir la incidencia delictiva relacionada con los homicidios dolosos, tal como lo prometieron los priístas.

El país se encuentra incendiado, la falta de oficio y sensibilidad política del Secretario de Gobernación, han anulado la legalidad y legitimidad de los poderes instaurados democráticamente en México y ha dejado prácticamente en ruinas nuestro sistema político.

La administración de Enrique Peña Nieto llegó a su Tercer Informe de Gobierno ignorando el verdadero problema de la violencia que se evidencia todos los días en el país en homicidios dolosos.

El gobierno de Peña Nieto continúa en su afán de ocultar la cantidad real de asesinatos.

Los gobiernos estatales hacen lo mismo, todos insisten en dejar de lado el único dato que es consistente: la falta de denuncias por parte de la ciudadanía en un 90 por ciento de los delitos. El resultado es la seguridad que nunca llega a los ciudadanos.

Este 2016 ha sido trágico para la vida política de México, la violencia sistemática que ha vivido nuestro país en la última década ha dejado decenas de miles de muertos, desaparecidos y desplazados.

El crimen organizado ha conquistado espacios de poder y de toma de decisiones. Se puede decir que el narcopoder, donde se ha implantado, cumple las funciones del Estado: legisla, gobierno y ejecuta.

Según datos de la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C., durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se han cometido 43 asesinatos de alcaldes, lo que implica que no estamos ante un hecho aislado sino ante una emergencia nacional en materia de seguridad, mientras que en los últimos 10 años han sido ejecutados 70 ediles de todos los partidos y en casi todos los casos ha prevalecido la impunidad.

En México no existen protocolos de protección para alcaldes o integrantes de los cabildos, no obstante la larga lista de autoridades municipales asesinadas.

El grupo parlamentario de Morena, en esta Comisión Permanente, condena estos hechos violentos y exhorta a las autoridades competentes a esclarecer tan lamentables acontecimientos que enrarecen el clima político y demandan a implementar en coordinación con las autoridades locales, los mecanismos y protocolos necesarios para los alcaldes en nuestro país.

A los familiares de las víctimas, les expresamos nuestras más sinceras condolencias, al mismo tiempo, ofrecemos nuestro apoyo y solidaridad y esperamos que este clima de violencia cese en contra de los representantes del pueblo por el bien de nuestra democracia.

Ni uno más.

Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Caballero Pedraza.

Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Senador Roberto Gil, amigo y Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Compañeras y compañeros Senadores; Diputadas y Diputados Federales:

Ante los hechos ocurridos el pasado sábado 23 de julio, expongo de manera respetuosa la siguiente relatoría de los hechos:

Primero.- El sábado 23 de julio, alrededor de las siete de la mañana, pobladores de diversos parajes del municipio de Chamula, se manifestaron frente a la presidencia municipal con el objetivo de exigir apoyos en obras, apoyos en pagos de orden municipal.

Lamentablemente, en el seno de estas exigencias, varias personas accionaron armas de fuego en contra del presidente municipal y trabajadores del municipio, así como miembros del cabildo.

El saldo: cinco personas fallecidas y 12 personas heridas a quienes se les ha dado puntual asistencia médica.

Las personas que perdieron la vida de manera lamentable y violenta, son el presidente Domingo López González, Presidente municipal; Narciso Lunes Hernández, el síndico municipal y Miguel López Gómez, el quinto regidor; Ernesto Pérez Pérez, conductor y asistente del presidente municipal y Silvano Hernández Díaz, todos ellos habitantes de la comunidad y del municipio de Chamula.

Ante estos hechos, el gobierno del estado de Chiapas ha manifestado de manera enérgica y ha condenado, y se ha abocado de forma inmediata por instrucciones del gobernador Velasco, para hacer efectivo el estado de derecho, reiterando que se llegará hasta el fondo en la investigación de lo ocurrido para dar con los responsables y aplicar todo el peso de la ley.

Las acciones realizadas, hasta este momento, por el gobierno del estado las podemos enmarcar en las siguientes, desde el primer momento el gobierno del estado salió a dar fe de hechos y a asumir la responsabilidad y actuar en consecuencia, y a pocas horas de lo ocurrido se generaron los siguientes resultados:

Primero. De manera inmediata, ante los hechos ocurridos, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado entraron a San Juan Chamula para restablecer el orden y resguardar la zona.

Segundo. El gobernador del estado acudió, ese mismo día, a San Juan Chamula para hacerse y cerciorarse de que efectivamente las condiciones de seguridad habían prevalecido.

Al día siguiente, el gobernador del estado se trasladó otra vez al municipio de San Juan Chamula para dar el pésame a los familiares de las víctimas que viven en la cabecera municipal, escuchó a los pobladores y conversó con los visitadores de las comisiones de derechos humanos nacional y local.

Momentos después, el gobernador se trasladó a San Cristóbal de las Casas para supervisar de manera personal la atención médica que se le estaba brindando a las personas heridas y les manifestó a sus familiares todo el apoyo y el acompañamiento del gobierno del estado.

De las 12 personas hospitalizadas se reportan estables y su salud está fuera de peligro.

Ese mismo día el gobernador emitió un mensaje público condenando los hechos y anunciando una investigación exhaustiva para dar con los culpables de los hechos de violencia.

Por la tarde, la Procuraduría General de Justicia del estado dio a conocer la inmediata captura de 6 sujetos implicados en los hechos de San Juan Chamula.

Y este lunes pasado se anunció la detención de un séptimo implicado, quienes ya fueron puestos a disposición de un juez de control.

El domingo el gobernador Velasco instaló la comisión para la reconciliación en el municipio de San Juan Chamula, donde participamos los Senadores Zoé Robledo, Roberto Albores y el de la voz; Diputados federales y locales, y prácticamente todos los partidos, dirigentes estatales, así como las autoridades tradicionales y constitucionales, todos trabajando unidos para generar un clima de armonía, un clima que restablezca de manera inmediata y por la vía pacífica el orden político, y que con esto se genere precisamente el restablecimiento de esa situación tan lamentable.

Estos objetivos que se cumplieron de restablecer el orden, avanzar en la investigación, de que haya justicia, de atender a las víctimas, todo de manera pronta para lograr precisamente esa prontitud, ese orden y esa atención personal humana ante estos hechos violentos.

Pero cabe mencionar, haciendo un tanto la reflexión, que parte de este tema, es que si nosotros analizamos, la población indígena en México, con base en el Inegi, vamos a ver que en los pueblos etnolingüísticas que tienen una población de más de 9 millones de hermanas y hermanos indígenas, particularmente en el municipio de Chamula, vemos que los recursos en donde con los que se han venido atendiendo las diferentes peticiones por parte del municipio, cabe destacar que el municipio cuenta cada vez con menos recursos y que ésta es una de las partes que, sin lugar a dudas, estuvieron involucradas en este lamentable hecho.

Por lo tanto, yo creo que es importante ante esta tribuna hacer un llamado para que se evalúen las reglas de operación de los diferentes programas que tienen efecto en nuestros pueblos y comunidades indígenas para que éstas estén acorde a las verdaderas a un plano de realidad de nuestras culturas y de sus culturas y las necesidades que tiene cada una de las regiones y de los municipios indígenas.

Ha sido una demanda añeja que tiene que ser vista con diferentes aristas, pero lo más importante tiene que ser vista como factores de paz, factor de desarrollo que vaya acorde a la cultura de cada uno de los pueblos indígenas.

Y, segundo, para generar un presupuesto mayor a cada pueblo indígena es fundamental que se incremente el presupuesto para que se promueva el desarrollo sano, estable y en paz de nuestros pueblos.

Es importante, y con esto concluyo, que veamos ante todo el sentido humano que quedó plasmado en cada una de las acciones emprendidas por el gobernador y su gobierno. El sentido de la justicia, que como sabemos, tiene que ser pronta y expedita como se ha dado en el caso de San Juan Chamula.

Y, tercero, en el plano político donde se ha actuado con madurez, se ha actuado con prontitud y con pluralidad, como lo muestra el establecimiento de esta mesa de reconciliación.

Hagámoslo todo esto posible y no condenemos ni pontifiquemos la violencia, sino encontremos las soluciones, encontremos ahora sí las respuestas y evitemos que esto siga sucediendo no sólo en el caso de Chiapas, sino también como lo ha sucedido en otros municipios, particularmente con el alcalde de el estado de Guerrero.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Melgar Bravo.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al mismo asunto.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Con su permiso, Senador Presidente.

En estos momentos tan graves, tan triste, tan trágicos que vive el país, nadie puede regatearle ningún esfuerzo, ninguna voluntad a la búsqueda de soluciones duraderas a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de garantías de no repetición, porque por más discursos que digamos, por más posiciones políticas que tengamos, si no encontramos los espacios para que esto no vuelva a ocurrir en el país.

Que Pungarabato o que San Juan Chamula no vuelvan jamás a ser la referencia de una política que ha fallado, entonces habremos faltado a nuestra responsabilidad política de representación popular.

Creo que es hora de que a la indignación al dolor le sumemos un poco de más reflexión, más reflexión que vaya en el sentido no solamente de la necesaria verdad, no solamente de la fundamental justicia, sino reflexión de por qué pudo pasar esto, qué elementos estuvieron presentes que propiciaron que uno y otros asesinatos se dieran este fin de semana negro de nuestro país, porque a pesar de la cercanía geográfica de los dos estados, a pesar de las igualdades en términos de la pobreza, a pesar de que ambos estados tienen una historia triste de violencia, hay razones muy diferentes que explican Pungarabato y razones muy diferentes que explican San Juan Chamula.

En mi representación política estoy obligado a intentar plantear y reflexionar sobre el caso que ocurrió en Los Altos de Chiapas, y creo aquí que no debemos acostumbrarnos a este tipo de historias, que todo este lenguaje conceptual que le hemos dado a entender el origen y el sentido de la violencia desde coordenadas estrictamente racionales, que tienen que ver con amenazas, con usos y costumbres, con venganzas, con confrontaciones de plazas, con guerra entre cárteles, con formas violentas de resolución de conflictos, solamente han servido para volver nuestra realidad más tolerable, solamente ha servido para intentar hacerla un poco menos trágica y un poco más normal, y que en este sentido no estamos capturando las dimensiones del fenómeno social y eso solamente nos va a llevar a un fracaso tras otro y a un alcalde muerto y otro más.

Por eso, es que las posibles soluciones de fondo, las posibles soluciones duraderas partirán de hacer un buen diagnóstico como punto de partida, y por lo menos a mí me queda muy claro que para el caso de Chiapas esto es fundamental, desde qué diagnóstico partimos, porque había alertas sobre los conflictos de Chamula y no son alertas que se hayan emprendido hace un año o más, son alertas permanentes de uno de los espacios de mayor conflicto en Chiapas, San Juan Chamula, y ahí es donde hay que también reconocer que hubo alertas que pudieron haber evitado esto.

El propio EZLN lo advirtió y no es un dato menor, ratifica que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tiene un pulso muy fino y que además entiende lo que está pasando en la región.

Hay que darles un espacio de reconocimiento que posiblemente pueda ser el inicio de un proceso incipiente de reconciliación integral de todo Chiapas.

Pero volvamos a estos diagnósticos, si la inestabilidad es consecuencia de compromisos electorales no cumplidos, luego entonces habría qué discutir, aprobar y sancionar e implementar mecanismos democráticos como la revocatoria de mandato en el espacio municipal.

Creo que ésta puede convertirse en una vía institucional de solución de conflictos derivados por gobiernos que no están correspondiendo a las expectativas de sus electores, siempre será mejor tener un alcalde depuesto que uno muerto.

Si el diagnóstico pasa por políticas públicas derivadas de la asignación de recursos escasos destinados a la obra pública o a programas sociales, entonces creo que la propuesta debe acompañarse por una revisión exhaustiva de la ejecución de políticas públicas relacionadas a ese presupuesto, con el propósito de transparentar la asignación de los contratos y de la obra pública y de los programas sociales.

Vivir en la identidad indígena por usos y costumbres tampoco debe significar vivir en la opacidad y en la poca transparencia, ya desde hace varios años toda la región se ha intentado entender y solucionar con el manejo discrecional de montos millonarios por parte de alcaldes.

Ahora si el diagnóstico es de orden electoral y partidista, pues entonces convendría trabajar de fondo en una reforma que circunscriba territorialmente a los pueblos indígenas y permita que la vida con respeto a los usos y costumbres se empate al sistema político y al sistema partidista.

Por esa misma razón yo he estado planteando que se instale un grupo interdisciplinario que promueva condiciones para una paz sustentable y duradera, no solamente para Chamula sino para toda la región, porque ahí está Chenalhó, ahí está Oxchuc y ahí está Tila, y ahí está una larga lista de municipios que empiezan a tener y a presentar el mismo tipo de variables que pueden predecir nuevos actos de violencia.

En Chiapas y con énfasis en la zona indígena hay un colectivo de científicos sociales que estudian, que viven en Chiapas, que lo entienden mucho mejor que a veces la propia representación política popular y que desafortunadamente y paradójicamente no están vinculados con el ejercicio de políticas públicas.

Creo que intentar anular el conflicto derivado de diferencias religiosas, partidistas, campesinas e incluso éticas puede permitirnos entenderlo de una forma mucho más amplia e integral.

Creo que podemos encauzar una ruta que construya una ruta que no busque destruir y que sea a partir de mecanismos que se han probado en zonas de altísimo conflicto y que han dado buenos resultados, ¿como podemos resolver esto? Con opciones y con soluciones distintas.

En ese sentido, el primer paso para abonar un proceso de reconciliación integral y construcción de paz duradera en la región pasa por reconocer a quiénes son los interlocutores válidos. No habrá solución posible si además de reconocer a interlocutores no se reconocen también los antecedentes históricos, los antecedentes políticos que han determinado de alguna forma porqué las cosas son como son y no son de otra manera.

Generar un espacio para entender la pluralidad como conglomerado humano, entender la complejidad que significa ser chiapaneco y entender que no es sólo la pluralidad de la cultura, sino la composición social de la entidad, que no solamente es la pluralidad, sino la marcha de la economía, que no es solamente Chamula en donde la estructuración política aunada a la cada vez más fragmentada población, aunada a la desigualdad social, lo que debería de estarse poniendo a examen en este momento.

Creo que debemos reconocer que la violencia no es un fenómeno indígena, la violencia no es un fenómeno geográfico, no es un fenómeno cultural, es un fenómeno político y como tal, hay que reconocer que donde ha habido violencia es porque ha fallado la política, y reconocer al mismo tiempo que ahí es donde puede la política servir para encontrar soluciones duraderas en donde una coopere con la otra.

Por eso creo que hay que ir por más política, por una mejor política con más principios, más ética, más razones distintas a las que nos acostumbramos ya a tener, que nunca vuelva a ser válido decir que el discurso, que matarse entre ellos es parte de los usos y costumbres, que solucionar las cosas de manera violenta es algo propio de la zona de San Juan Chamula.

Por eso, Senador Roberto Gil Zuarth, es que me permito poner a consideración de la Asamblea otro punto resolutivo, un cuarto punto resolutivo para que sea en este espacio de la pluralidad, en este espacio del diálogo, en este espacio del acuerdo que debe ser el Congreso de la Unión, en donde se puedan encontrar desde soluciones duraderas a San Juan Chamula, a Pungarabato y a todos aquellos municipios que viven una inestabilidad permanente y que hace que los pobladores de esas localidades pasen a ser ciudadanos de segunda categoría.

Me permito entregárselo, señor Presidente, para ponerlo a consideración.

Compañeras y compañeros, hay un gran desorden debajo del cielo, por eso es que hay una gran oportunidad para que la política se reencauce y empiece a ofrecer soluciones para los mexicanos, lo mismo para los de San Juan Chamula y a los de cualquier otro rincón de nuestro país.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Robledo Aburto.

En virtud de que estamos en la discusión conjunta de los resolutivos que fueron leídos por la Secretaría, voy a rogarle a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación que ha presentado el Senador Zoé Robledo Aburto, para determinar si se admite o no a la discusión y poder continuar con la misma.

Dé lectura la Secretaría a la propuesta de modificación que ha presentado el Senador Zoé Robledo Aburto.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura:

Cuarto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, acuerda la creación de la Comisión Especial para la Investigación y Seguimiento de los hechos violentos en los municipios del país, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, a propósito de los hechos  ocurridos el 23 de julio de 2016 en San Juan Chamula, Chiapas; y el homicidio del presidente municipal de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, acaecido el mismo día.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del Senador Zoé Robledo Aburto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, la discusión continuará sobre la base del documento que fue leído al inicio de este punto.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Ricardo del Rivero Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Diputado Ricardo del Rivero Martínez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

La inseguridad que vivimos en nuestro país es preocupante. Según las cifras oficiales, 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en la ciudad en la que viven, y sus consecuencias son cada vez más graves, pues según el Índice de Paz-México 2016, el impacto de la violencia, en el año 2015, fue de 2.12 billones de pesos, lo que corresponde al 13 por ciento del PIB nacional.

Según dicho reporte elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, entre los estados menos pacíficos encontramos a Guerrero, Morelos, Sinaloa, entre otros.

Entre los cambios porcentuales con respecto al año anterior, encontramos que la tasa de homicidios se incrementó en un 6.3 por ciento, lo cual representa un importante reto para la seguridad pública que se estima, en el impacto del homicidio, en el año 2015, que ascendió a 727 mil millones de pesos, es decir, el 4.5 del PIB de México.

El grupo parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, lamenta profundamente el sensible deceso de los alcaldes de San Juan Chamula, Domingo López González; y en Pungarabato, Guerrero, de Ambrosio Soto Duarte, asesinados el pasado fin de semana.

Enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, esperando encuentren pronto alivio y resignación ante el dolor sufrido por estas pérdidas.

El alcalde de San Juan Chamula fue asesinado junto con otras cuatro personas durante la protesta de pobladores de su municipio para reclamar apoyos para las artesanas del lugar. Sin embargo, el Procurador de Chiapas, Raciel López, informó que el fondo del problema fue político. De acuerdo con las investigaciones, los manifestantes fueron quienes dispararon contra el alcalde y su equipo de trabajo. Qué irónico, este alcalde no entregó recursos, pero sí entregó su vida.

Por su parte, el presidente municipal de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, fue asesinado en una emboscada en la carretera federal Ciudad Altamirano a San Lucas, en el estado de Michoacán.

De acuerdo con los reportes policiacos, el alcalde ya había denunciado amenazas del crimen organizado que opera en Ciudad Altamirano, uno de los principales puntos de actividad comercial en tierra caliente.

Resulta preocupante la muerte de cualquier persona, pero en estos casos, donde los asesinatos por cuestiones políticas o cometidos por la delincuencia organizada en contra de los servidores públicos, son más inquietantes, pues son productos de planes premeditados con el objetivo claro de eliminar a quienes afectan intereses específicos; de eliminar a quienes estorban; de asesinar a quienes no dejan cooptarse por grupos de interés. Un dato que hay que tener presente es que durante el sexenio, 16 alcaldes de todos los signos partidarios han sido asesinados en México.

El estado de Oaxaca encabeza la lista con 5 alcaldes asesinados; Michoacán con 2. Y en estos dos nuevos casos: Guerrero y Chiapas, que se suman a estos ocurridos en Veracruz, Puebla, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Morelos y el Estado de México.

Esto debe servir para obligar a las instituciones de seguridad pública del Estado mexicano a realizar una revisión sobre la estrategia de la prevención y el combate a la delincuencia organizada, y particularmente, en los municipios que siguen siendo los eslabones más débiles en materia de seguridad, dado que muchos de ellos no cuentan con los recursos y las herramientas suficientes para enfrentar al crimen organizado. La situación es muy grave.

No es posible que los mexicanos nos acostumbremos a ver este tipo de actos como algo normal o cotidiano.

Es absolutamente reprobable que la sociedad viva con miedo.

Es una especie de paranoia colectiva, que tristemente, bien fundada y cede los espacios de libertad y seguridad ante el crimen.

Y como legisladores de la República debemos de actuar en consecuencia, más allá del móvil de estos actos atroces, que debemos seguir poniendo el dedo en la llaga, y que llega para señalar el intolerable clima de violencia que hoy se vive en nuestro país, y que hemos hecho de la inseguridad uno de los problemas más graves que debemos de atender.

Y seguramente, muchos de los que hemos sido alcaldes, hoy sabemos de lo que se habla aquí. Sabemos que el municipio es el eslabón más débil, y que desafortunadamente es la presa más fácil para el crimen organizado.

Vemos con tristeza que las corporaciones municipales de seguridad son las menos capacitadas, las que tienen los menores sueldos, las que tienen los menores equipos y que lamentablemente la corrupción llega a permear a elementos que son los que cuidan muchas veces la seguridad de nuestras familias.

Decirles, compañeros legisladores, que hoy los invito a que reflexionemos.

Si el alcalde de Pungarabato estaba custodiado por las fuerzas federales y locales, y no pudieron hacer nada por salvar su vida, mi pregunta sería:

¿Cuántos alcaldes, hoy más de dos mil alcaldes temen por su vida y además por la de sus familias?

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Del Rivero Martínez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

A nombre del grupo parlamentario del PRI, lo primero que quiero decirles es que estos hechos dañan, lastiman al Poder Legislativo, pero especialmente dañan a la sociedad en su conjunto.

Cada hecho, cada persona, cada ser humano, cada niño, cada mujer y cada hombre que es asesinado, desgarra el alma de los mexicanos.

En el grupo parlamentario del PRI nos duele en el alma y lo condenamos, pero también hacemos el compromiso de sumar el mayor de nuestros esfuerzos, de dar lo mejor de nosotros mismos para que este país, de buena fe, con altura de miras, con pasión por servirle a este México que nos ha dado la oportunidad de estar aquí, seguir sumando para que avancemos, y de la mano del gobierno federal, de todas las expresiones políticas de este país, si hacemos las cosas como la gente espera.

Con amor por México sé que vamos a ir superando hechos como éstos tan lamentables.

Compañeras y compañeros: Proteger la integridad física de los habitantes es facultad primaria de un estado de derecho. Quienes pretenden ejercer la justicia al margen de la ley, atentan no sólo contra la víctima, sino contra la sociedad.

En el grupo parlamentario del PRI condenamos enérgicamente los homicidios cometidos en contra del presidente municipal de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, y su conductor Sebastián Soto Rodríguez, acaecidos en Huetamo, Michoacán.

En el mismo tenor, condenamos el cobarde tiroteo que terminó con la vida del alcalde de San Juan Chamula, Domingo López González, así como del Síndico Narciso Luna Hernández, del quinto regidor Miguel López Gómez, del conductor del ayuntamiento Ernesto Pérez y de Silvano Hernández Díaz.

Expresamos desde esta tribuna a los familiares de las víctimas acaecidas, nuestras más sentidas condolencias, así como nuestra solidaridad para demandar justicia, que se sancione a los responsables de estos arteros hechos.

La seguridad pública es una facultad concurrente de los tres órdenes de gobierno. Ningún gobierno está exento de proteger a su población, aun con los retos particulares que sabemos enfrentan algunas regiones del país.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Alcaldes, ANAC, y la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C., AALMAC, desde hace una década han muerto 79 presidentes municipales y ex alcaldes, principalmente en Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

La demanda contundente de las autoridades competentes es el esclarecimiento de los hechos que detonaron estas lamentables pérdidas y la sanción con todo el peso de la ley a quienes pretenden generar un clima de temor entre las autoridades más cercanas a los ciudadanos, como lo son los servidores públicos municipales.

En el caso de Chiapas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría estatal acudieron al lugar de los hechos para garantizar el restablecimiento y conservación de la paz.

Afortunadamente existe ya una carpeta de investigación para dar con los culpables de los asesinatos, que a la fecha han dado como resultado la detención de siete implicados que están a disposición del juez de control, a propósito del nuevo Sistema de Justicia Penal.

Asimismo, el gobernador Manuel Velasco instruyó a las autoridades médicas y de seguridad a dar un acompañamiento permanente a las familias de las víctimas durante este penoso proceso.

La situación de diferencias permanentes en San Juan Chamula no son una novedad, sin embargo, debe quedar claro que nadie puede gozar de prerrogativas al margen de la ley. El compromiso del gobierno estatal por lograr el orden y la paz, logró el establecimiento de la mesa de reconciliación en la que participan actores relevantes de la clase política local, defensorías de los derechos humanos, así como legisladores federales.

Todos, conjuntamente buscan sumar esfuerzos para dirimir las diferencias que permitan llevar a cabo la nueva integración del ayuntamiento en completa calma y generar acuerdos permanentes.

En los hechos violentos suscitados en Michoacán, donde perdió la vida el alcalde de Pungarabato, Guerrero, se advirtieron amenazas previas y directas del crimen organizado. Por ello, conforme a las reglas de competencia del artículo 20 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Procuraduría General de la República, ejerció su facultad de atracción.

Los legisladores del grupo parlamentario del PRI, tenemos la convicción de que en un régimen de derecho, ningún servidor público puede ser rehén de las pretensiones cobardes del crimen organizado.

En el PRI no somos omisos con la pérdida de vida de quienes han hecho de su trabajo un compromiso indeclinable por México, aquellos que subestimen la cultura de legalidad, exigible a todo, a todos en un estado de derecho, pueden tener la seguridad de que sus días de libertad estarán contados, que nadie se equivoque.

Las probables debilidades institucionales de las fuerzas policiales en los municipios, no son sinónimo de ausencia de autoridad, existe un compromiso conjunto de la Federación para garantizar la seguridad de la población en todo el territorio nacional.

Compañeras y compañeros, la lucha no es fácil, sin embargo, desde este Poder Legislativo, hemos acompañado la propuesta del gobierno de la República para contar con un nuevo marco jurídico que habilite la profesionalización y dignificación de nuestras policías.

Desde esta tribuna hacemos un llamado respetuoso a los gobiernos de las entidades federativas para reforzar el trabajo conjunto con y de los municipios para garantizar la seguridad de la población en sus territorios.

Asimismo, saludamos el estrecho vínculo entre las autoridades federales con las asociaciones de alcaldes para trabajar en un protocolo de protección para presidentes municipales, para que sin distingo de los tres órdenes de gobierno, cerremos el paso al crimen organizado.

Compañeras y compañeros, más allá de colores, más allá de cualquier posición ideológica, México nos necesita a todas y a todos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Yolanda de la Torre Valdez.

Para rectificación de hechos, se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Buenas tardes, señoras y señores, integrantes de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.

En primer lugar, quiero felicitar al Presidente de la Mesa Directiva y a la Mesa Directiva en su conjunto, por la pertinencia de haber programado como primer punto de orden sustantivo de nuestra sesión, este asunto que estamos tratando aquí.

Me parece que haberlo trasladado, lo que normalmente acontece, que van siempre los temas relacionados con los puntos de Acuerdo de casos, incluso de coyuntura, van siempre al final de la sesión. Hoy entraron en primer lugar, lo que nos permite que podamos dar una discusión amplia, dándole el sentido e importancia que tienen los temas que hoy están preocupando a la Comisión Permanente.

Y, por supuesto, no estoy tan convencida de que se hayan juntado los hechos indistintos del caso de Michoacán con el caso de Chiapas, sin embargo, viéndolo de manera propositiva, nos parece que es muy importante, finalmente, acordar y llegar a consensos que nos permitan incidir en la medida de las posibilidades que tiene el Congreso de la Unión, particularmente esta Comisión Permanente.

En el respeto que siempre nos merecen las instancias locales y municipales, pues es muy loable que hoy estemos discutiendo una problemática que tiene que ver con una crisis que tenemos en el país que, por cierto, nos ha llevado a discutir la reforma constitucional a partir de la iniciativa presentada por el Presidente de la República, en materia de seguridad y justicia, y que al final nos pusimos de acuerdo en cómo dictaminar lo relacionado al tema que tiene que ver con la imposibilidad que enfrentan muchos municipios, muchos ayuntamientos en nuestro país, que sean amenazados por la delincuencia organizada, que son coartados por la delincuencia organizada, o que son, como es el caso de algunos de los últimos hechos acontecidos, entre ellos, el que hoy nos ocupa del señor presidente municipal en Guerrero, de Pungarabato, que hoy finalmente, tenemos que decir después de estar alertando durante semanas enteras de las amenazas que tenía, resultó que lograron su cometido estas bandas delincuenciales.

Él nos contaba que desde que asumió la administración enfrentó bastantes irregularidades, por ejemplo: 50 policías que no habían pasado los controles de confianza y que seguían laborando, la prohibición por el jefe de plaza que después de las 4 de la tarde no podían operar los agentes de tránsito; nos mencionaba abiertamente, nos visitó, lo dijo ante los medios de comunicación, que había zonas prohibidas para poner alumbrado público, y amenazas de que no se atreviera a poner alumbrado público en ciertas zonas.

Integrantes de la delincuencia organizada que cobraban abiertamente en la nómina del ayuntamiento, y que además le exigieron al entrar, al asumir su responsabilidad, de que ellos debían poner al tesorero y al responsable director de obras.

Es necesario enfatizar que la Asociación de Autoridades Locales de México, donde están integrados alcaldes de PRI, PAN y PRD, han hecho análisis verdaderamente terribles de la situación que padecen los alcaldes de México y donde nos dicen que en la última década ya hay 75 alcaldes asesinados, de los cuales, 8 han acontecido, por desgracia, en la actual administración.

Ese es un caso muy grave, nos parece que frente a una crónica anunciada de que este presidente municipal, Ambrosio Soto, iba, por desgracia se aprovechó un momento en que él sale fuera de la entidad para entrar al estado vecino y solamente llevar a cuatro federales, que por desgracia logran el cometido de ultimarlo.

Él, desde todas las voces, llamaba la atención después de que mataron a su primo hermano que fungía como su chofer, decía: “Yo soy amenazado, señor Presidente, le solicito actuación porque Tierra Caliente lo necesita”.

Ahora estamos frente al otro hecho que tiene que ver con una situación, por desgracia que se da en un marco, permítanme decirlo, con mucha puntualidad, y hace una diferencia del primer caso que acabo de hablar, y es el asunto relacionado con lo acontecido en Chiapas.

Otra vez San Juan Chamula se pone ante la palestra de la información. Otra vez San Juan Chamula, encontrándonos con una gran problemática que no ha podido ser resuelta, pero que, además, es importante señalar que este conflicto se da en el marco de diferentes conflictos que caracterizan hoy al estado de Chiapas.

Es verdad que hay una descomposición del tejido social, y hay una falta de redes sociales que protejan, que impidan que haya tanta vulnerabilidad y, por supuesto, también hay una falta de acceso a la justicia al no existir un marco jurídico que les atienda y procure la creación de políticas públicas en respuesta a las necesidades que hoy acontecen en el estado de Chiapas.

Tenemos alrededor de cuatro docenas de mujeres que están en distintos encargos, como regidoras, como síndicas, que están siendo amenazadas, y hay una actitud cruenta de violencia política contra ellas y, por supuesto, debemos recordar que aquí aprobamos un punto de Acuerdo a favor de Rosa Pérez, en el caso de cuando la obligan a salir de la presidencia municipal de Chenalhó.

Y todos estos acontecimientos, agravados por el conflicto magisterial, pues han mantenido en una zozobra al Estado.

¿Qué es lo importante a destacar?

Que se necesita que además haya controles desde la sociedad, pero también se necesita que el gobernador asuma responsabilidades doctas, precisas, contundentes, que asuma realmente la gobernabilidad del estado para que no se estén dando como resultados este tipo de situaciones que reflejan una gran ingobernabilidad.

Y eso me parece que lo tengo que decir de manera puntual, la preocupación del PRD es respecto a la necesaria acción por parte del gobierno para que asuma la conducción del gobierno en el estado de Chiapas y se pueda atender la raíz de los conflictos y prevenir este tipo de situaciones como la que sobrevivimos de San Juan Chamula.

Veo con mucha simpatía, por cierto, que nos unamos toda la Comisión Permanente en un punto de Acuerdo que permita orientar la preocupación.

Sin embargo, con todo respeto, me parece que los tres puntos que están presentándonos son insuficientes para la magnitud de la bronca, incluso, aquella que hoy no estamos discutiendo aquí y que sabemos que existe en las entidades federativas, y que sabemos que están enfrentando en muchos lugares del país, presidentes y presidentas municipales y autoridades, en general, locales y municipales.

De tal manera que quisiera agregar, si me permiten, tres puntos más a lo que ya se nos presentó por la Mesa Directiva.

Sería y si me permiten leerlo.

Cuarto.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Comisionado Nacional de Seguridad para que, en coordinación con las instancias de seguridad pública de las entidades federativas, implementen los protocolos necesarios que permitan brindar protección a las y los alcaldes que están siendo amenazados por la delincuencia organizada.

Quinto.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Comisionado Nacional de Seguridad para que, en coordinación con las autoridades locales, realicen un análisis de riesgo y establezcan acciones para la atención, prevención y persecución de estas bandas que se han apoderado de territorios, afectando flagrantemente el estado de derecho.

Sexto.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a los titulares de los poderes ejecutivos locales a que, en función de sus atribuciones, prevengan hechos que ponen en entredicho la paz, la tranquilidad y la seguridad de las y los habitantes de las entidades que gobiernan.

Es cuanto.

Muchas gracias a ustedes por su atención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Emilio Salazar, para rectificación de hechos, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El Diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Con su permiso, señor Presidente.

Importantísimo tema para que me regalaran la atención y no a los teléfonos ni a las pláticas, cuando hablamos de homicidios de dos presidentes municipales de este país.

Condeno absolutamente el asesinato del alcalde de Guerrero, más si tiene que ver con el crimen organizado, pero no me atrevo a hablar de las circunstancias porque no soy experto en Guerrero.

Y he sido un crítico absoluto y grande de quien juzga desde la Ciudad de México, hechos que no conozco realmente, pero sí soy chiapaneco y tengo que decir lo que pasa en mi estado.

El tema de San Juan Chamula, fue puntualmente atendido.

Asistí con los Senadores Zoé Robledo, Luis Armando Melgar y Roberto Albores, a la instalación de una comisión. Nos dio un informe el procurador, donde ya hay detenidas siete gentes, respecto a estos hechos.

No es partirizándolo, no es haciéndose protagonista acá como se soluciona, es atendiéndolo y atendido, y hay que así decirlo abiertamente.

De la misma manera que he sido crítico cuando no se ha hecho nada, hoy tengo que ser puntual, se ha atendido.

Pero miren que hoy nos estamos acordando de los presidentes municipales, cuando en el día a día, como bien lo decía mi compañero Luis Armando, mi paisano, requieren una atención diaria.

Está así el presupuesto necesario, sin la seguridad necesaria, con programas sociales que tienen que ser más simples de accesar y requieren todo nuestro apoyo día con día, no nada más cuando los asesinan o los matan.

Este es un tema de delincuencia común. Es un tema que está atendido. No quisiera que se partidizara.

Mi estado ya está de por sí convulsionado como para hacerlo más acá. Y requerimos lo que ya se hizo, atenderlo, integrar esta comisión.

Platicaba con el Senador Robledo Aburto y me decía: “tenemos que llegar a un diagnóstico tal que nos permita atenderlo”. De acuerdo.

Pero no de gente ajena a lo que pasa, sino de todos y cada uno de los que ahí vivimos, ahí crecimos, ahí sentimos y queremos que nuestro estado esté mejor.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Salazar Farías.

Ruego a la Secretaria dé lectura a las propuestas de modificación que ha presentado la Senadora Angélica de la Peña, al documento previo que ha presentado a la Mesa Directiva, que implica la adición de tres resolutivos.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte ahora la Secretaría, a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por la Senadora Angélica de la Peña.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la Senadora Angélica de la Peña. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se admite a discusión. Se incorporan al texto del Acuerdo presentado por la Mesa Directiva.

Ahora consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo que ha presentado la Mesa Directiva, con la adición de los resolutivos a los que ha dado cuenta la Secretaría.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo que ha presentado la Mesa Directiva, con la adición de los resolutivos propuestos por la Senadora Angélica de la Peña. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo con sus adiciones. Comuníquese.





 

Pasamos ahora a la presentación de iniciativas.

Tiene la palabra el Diputado Francisco Escobedo Villegas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, y la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 22 Y 37 DE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Diputado Francisco Escobedo Villegas, a nombre de la Diputada Yarith Tannos Cruz, del grupo parlamentario del PRI)

El Diputado Francisco Escobedo Villegas: Gracias, con su permiso señor Presidente.

En nuestro país la diversidad de las culturas prehispánicas ha propiciado la elaboración de artesanías distintivas de cada región, hecho que se ha enriquecido a través del tiempo.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, las características de los productores artesanales tienen su fundamento en sus componentes distintivos y pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas, religiosas y de carácter social.

En México los artesanos y sus productos representan un tema de especial importancia y atención en dos ámbitos de relevancia:

El primero, es que las artesanías expresan la riqueza cultural de nuestro país.

El segundo, es que caracterizan la utilidad y belleza de los elementos que tradicionalmente usamos.

Dichas características, dada nuestra riqueza cultural, podrían perderse si no fomentamos esta actividad entre la población más joven. Si no logramos que, gracias a la difusión, organización y apoyo reciban ingresos dignos y que las actividades de los artesanos se valoren, incrementen y que les permita elevar su calidad de vida.

Actualmente, señoras y señores, cerca de 80 por ciento de los artesanos en México tienen de 40 a 80 años de edad; el 15 por ciento restante tienen de 25 a 40 años de edad, y la caída drástica se da en el 5 por ciento restante del porcentaje del grupo de 5 a 20 años de edad, absolutamente vitales para la transmisión de la artesanía y el arte popular tradicional, es decir, nuestra mano de obra productiva artesanal se está envejeciendo.

La presente iniciativa suscrita por nuestra compañera Diputada Yarith Tannos, tiene como propósito establecer en la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, que las personas que soliciten la inscripción en el padrón nacional de la microindustria se les otorgue una cédula con el fin de simplificar trámites administrativos y eliminar los trámites innecesarios. Esto es, conceder facilidades para el desarrollo y fomento de la actividad artesanal.

De igual forma se establece que la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria deberá promover el reconocimiento, la protección y conservación del patrimonio cultural de la nación de las artesanías de las comunidades indígenas en todas las manifestaciones primigenias de sus propias lenguas; los usos y costumbres, artesanías y tradiciones de la composición pluricultural que conforman el país.

Finalmente, en materia fiscal, se propone establecer en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que las comunidades indígenas que se dediquen a la actividad artesanal no sean contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta. Con esta propuesta se da continuidad a una de las acciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que es fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a la industria cultural, vinculada a la inversión en cultura con otras actividades productivas.

Estamos convencidos de la importancia de incentivar la creación de industrias culturales y apoyar las ya existentes, así como estimular la producción artesanal y favorecer su organización a través de pequeñas y medianas empresas.

Es cuanto.

Iniciativa

La que suscribe, YARITH TANNOS CRUZ, Diputada Federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 22, SE REFORMA LA FRACCIÓN II, INCISO B) Y D) DE LA FRACCIÓN IX, SE REFORMA LA FRACCIÓN X Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, con la finalidad de promover la actividad artesanal de las comunidades indígenas y estimular la producción de su artesanía a través de un beneficio fiscal, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El oficio artesanal es uno de los más antiguos de la humanidad. En él se destaca la elaboración de productos con elementos culturales y materiales propios de la región donde se habita, lo cual crea la identidad de la comunidad.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), las características de los productos artesanales tienen su fundamento en sus componentes distintivos y “pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosas y de carácter social”. 1

Otro concepto, es el señalado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que cita que es a quienes: “... conservan totalmente o parcialmente sus idiomas, instituciones y estilos de vida tradicionales que los distinguen de la sociedad dominante, habían ocupado un lugar preponderante antes de la llegada de otros grupos poblacionales...”. 2

En México, la diversidad de las culturas prehispánicas ha propiciado la elaboración de artesanías distintivas de cada región, hecho que se ha enriquecido a través del tiempo. La conquista española y el posterior mestizaje fortalecieron la actividad artesanal al introducirse nuevas técnicas que diversificaron la producción de objetos.

La problemática de las artesanías en nuestro país es un tema de especial importancia y atención en dos ámbitos de relevancia: el primero es que las artesanías expresan la riqueza cultural de nuestro país; el segundo, que caracterizan la utilidad y belleza de los elementos que tradicionalmente usamos.

Dichas características, dada nuestra riqueza cultural, podrían perderse si no fomentamos esta actividad entre la población más joven, si no logramos que gracias a la difusión, organización y apoyo reciba ingresos dignos y que las actividades de los artesanos se valoren, incrementen y mejoren su calidad de vida.

En la medida en que se pierde la producción para el autoconsumo o para el consumo regional tradicional y surge el consumidor nacional e internacional con esta globalización, crece la dependencia del productor hacia consumidores que tienen múltiples opciones, no sólo dentro de México sino en el mundo.

También se pierde, porque el trabajo artesanal es un oficio donde no se valora en su justa medida el trabajo. Es común el regateo por parte de toda la cadena de compradores: el acaparador local, los mayoristas, el de la tienda, el propio turista, el coleccionista y demás consumidores.

En la actualidad, cerca de 80% del artesanado tiene de 40 a 80 años de edad; el 15% restante tiene de 25 a 40 años de edad y la caída drástica se da en el 5% restante del porcentaje del grupo de 5 a 20 años de edad, absolutamente vitales para la transmisión de la artesanía y el arte popular tradicionales.

Es decir, nuestra mano de obra productiva artesanal está envejeciendo y surgen brechas artesanales generacionales muy amplias de una a hasta tres generaciones. En un sondeo reciente se proyectó que de 8 a 10 millones de artesanos que existían, ahora quedan sólo de entre cuatro y cinco millones.

De acuerdo con especialistas de este tema, Olga Correa3, la actividad artesanal enfrenta diferentes desafíos para su desarrollo, entre los cuales destacan los siguientes:

• Dificultad para conservar elementos culturales ancestrales.

• Penetración de los denominados souvenirs y productos manufacturados con alta tecnología y de forma masiva, que se ofrecen bajo el título de artesanías.

• Altos costos de la materia prima y falta de capital por parte de artesanos para proveerse.

• Presencia de intermediarios.

• Exigencias del mercado por imponer diseños ajenos a las tradiciones y al contexto artesanal nacional.

La población subocupada del gremio artesanal duplica al total del sector ocupado y una gran proporción de estos trabajadores (52.3%) gana menos de un salario mínimo. Además, los jóvenes como ya se mencionó no participan en la actividad artesanal en la misma proporción que los otros grupos de edad, sin contar que disminuyó el número de artesanos apoyados por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART).

Por otra parte, la actividad artesanal debe superar aspectos como problemas de comercialización a fin de ofrecer productos auténticos y de verdadera tradición en los distintos mercados, lo que contribuirá al reposicionamiento del sector.

A este panorama se debe agregar la disminución del turismo nacional situación que también han resentido los artesanos. Si bien hay algunos mecanismos de reconocimiento, como los concursos artesanales y los programas privados, así como el inmenso trabajo del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) y su lucha constante, estos no han sido los suficientes para combatir su situación.

Además, el sector artesanal está diferenciado, es decir, no todos los artesanos producen en la misma forma. Y el censo y los programas de desarrollo deben partir de estas diferencias; pues no es lo mismo la producción individual que la familiar, el taller, la maquila o el trabajo a domicilio. De igual manera, se distingue el artesano tradicional del artesano de formación -por ejemplo, los preparados en las escuelas de artesanías.

Por tanto, esta actividad puede conceptualizarse en dos ramas de la educación: la educación artesanal formal y la educación artesanal informal, donde a su vez se constituye el artesano tradicional, el urbano y el egresado de la academia.

El artesano tradicional, como soporte para la conservación y transmisión de la memoria cultural, es anónimo y trabaja comunalmente. Aquí, la enseñanza se transmite en forma oral, es intergeneracional y está determinada por el ambiente de cada región. La actividad artesanal es utilitaria y representa un modo de vida y de trabajo, con procesos productivos y con materiales de la región.

El artesano formal urbano busca en la elaboración del objeto también una realización utilitaria. La elaboración de ese objeto tiene aspiraciones y conceptos artísticos con la depuración de la técnica y la experimentación de nuevos materiales, y puede responder a una necesidad de consumo.

El artesano formal de academia aprende técnicas bajo el resguardo de un plan de estudios en una institución educativa, con un conocimiento y procesos sistematizados. Este tipo de artesano transforma el material y crea objetos utilitarios con aspiraciones estéticas y artísticas tomando en cuenta la necesidad de consumo. Ya sea de tradición o de formación, la figura del artesano continúa presente en la población económicamente activa. Mediante esta actividad se preservan los valores artísticos y se promueven las tradiciones populares, por lo que requiere activarse y organizarse.

Es necesario que nos comprometamos como legisladores de dar la atención que se merece el sector artesanal, ya sea en su rescate, promoción, producción o difusión, ya que hasta el día de hoy no se han realizado las reformas necesarias a fin de fortalecer este sector en la Ley de Fomento de Microindustrias de Actividad Artesanal, y que nos permita acercarnos más a las necesidades que los artesanos nos demandan. A los artesanos se les ha dejado a su suerte, perdiendo una oportunidad única de reivindicar una de las actividades que más ha abonado a la tradición y a la identidad de los mexicanos. La artesanía ha sido y debe ser una de las riquezas culturales de nuestro país.

La Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) es la única instancia pública en México de educación formal que otorga una certificación a través de un título y una cédula profesional como técnico artesanal, egresado de los procesos de producción, es por ello necesario realizar las modificaciones necesarias en la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, que contemple que se deberá contar con el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para generar un régimen fiscal especial que pueda otorgar beneficios reales al artesano y permitir que transite a la economía formal.

Asimismo, la presente iniciativa busca apoyar a nuestros artesanos principalmente a los pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas acorde con las características culturales de nuestro país, ya que es importante procurar el prestigio y orgullo de dicho oficio y asegurar la transmisión intergeneracional de estos saberes tradicionales fortaleciendo a través de la legislación a este sector que es parte de nuestro patrimonio cultural intangible.

Por otro lado, en el contexto actual los artesanos siguen desempeñando varios papeles en la sociedad, pues son agentes económicos y su trabajo genera empleo en miles de familias y, a diferencia con otros productores, portan saberes y tradiciones que los ubican en el campo del patrimonio cultural vivo.

Son también artistas que con su creatividad y capacidad de adaptación mantienen vigentes esas tradiciones; muchos son además factor de cohesión social en su comunidad, con su trabajo exploran los valores y símbolos que les dan identidad. Independientemente de las diferencias que existen entre los artesanos, a lo largo del país hay temas que los afectan en general y son asuntos que en muchas ocasiones están fuera del ámbito de su acción.

En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas establece que los pueblos y comunidades indígenas “tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y cultura, desprendidos de los recursos humanos y genéticos; como son las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas”. “También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar la propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales”. Así mismo, prevé que conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos

A continuación se muestra el texto vigente de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto al tema de los derechos indígenas, así como las principales leyes que hace referencia de los mismos.

Artículo 1o. ...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I a III…

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

V a VII…

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

III…

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

VI…

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.

Artículo 28.

Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al Secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta Constitución. El Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. Las opiniones a que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el Instituto continuará los trámites correspondientes.

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, Ndemocrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I a II…

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) a h)

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.”

Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Artículo 2. La Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo que tendrá las siguientes funciones:

XI. Instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas cuando no correspondan a las atribuciones de otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal o en colaboración, en su caso, con las dependencias y entidades correspondientes;

XIII. Desarrollar programas de capacitación para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como para las entidades federativas y municipios que lo soliciten, con el fin de mejorar la atención de las necesidades de los pueblos indígenas;

XIV. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios, para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas en favor de los pueblos y comunidades indígenas;

XV. Concertar acciones con los sectores social y privado, para que coadyuven en la realización de acciones en beneficio de los indígenas;

XVI…

XVIII. Publicar un informe anual sobre el desempeño de sus funciones y los avances e impacto de las acciones de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, estatal y municipal en materia de desarrollo de los pueblos indígenas, y

XIX. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Artículo 3. La Comisión regirá sus acciones por los siguientes principios:

I a II…

III. Impulsar la integralidad y transversalidad de las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas;

IV. Fomentar el desarrollo sustentable para el uso racional de los recursos naturales de las regiones indígenas sin arriesgar el patrimonio de las generaciones futuras;”

Ley de Planeación

“Artículo 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer:

IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan y los programas a que se refiere esta Ley, y

Artículo 14.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las siguientes atribuciones:

II.- Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de los estados, los planteamientos que se formulen por los grupos sociales y por los pueblos y comunidades indígenas interesados, así como la perspectiva de género”

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Artículo 15 Quáter.- Las medidas de nivelación incluyen, entre otras:

III. Diseño y distribución de comunicaciones oficiales, convocatorias públicas, libros de texto, licitaciones, entre otros, en formato braille o en lenguas indígenas;

V. Uso de intérpretes y traductores de lenguas indígenas;

Artículo 15 Octavus.-

Las acciones afirmativas serán prioritariamente aplicables hacia personas pertenecientes a los pueblos indígenas, afro descendientes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.”

Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:

V. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas;”

Ley Federal de Defensoría Pública

Artículo 15. Los servicios de asesoría jurídica se prestarán, preferentemente, a:

V. Los indígenas, y

Artículo 20 Bis.- A fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y a la asesoría jurídica a favor de las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, a través del acceso a la jurisdicción en la lengua indígena nacional en que sean hablantes, el Instituto Federal de Defensoría Pública actuará en coordinación con traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que aquéllos pertenezcan.

Para los efectos a que se refiere el párrafo anterior, el Instituto celebrará convenios de colaboración con las instituciones que puedan coadyuvar a la obtención de esos fines y promoverá la formación tanto de defensores públicos como de asesores jurídicos bilingües indígenas.

Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

“ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus derechos.”

Ley del Seguro Social

Artículo 238. Los indígenas, campesinos temporaleros de zonas de alta marginalidad y todas aquellas familias campesinas, cuya condición económica se ubique en pobreza extrema, tendrán acceso a las prestaciones de solidaridad social, bajo la forma y términos que establecen los artículos 214 a 217 de esta Ley.”

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo 64. …

En poblaciones predominantemente indígenas, las autoridades a que se refiere este artículo, tienen la obligación de difundir la información institucional y la promoción de los derechos en la lengua indígena local.”

La falta de las reformas necesarias en la legislación en la que se reconozca el valor económico, social y cultural de los artesanos y las artesanías; la falta de articulación de la acción de fomento y promoción gubernamental a nivel federal, estatal y municipal; la necesidad de revalorar el trabajo de los artesanos, y a los artesanos mismos, para que dejen de ser catalogados como parte de ese México subdesarrollado; la falta de interés en la investigación desde la academia; y por último, la falta de acceso del sector artesanal a las herramientas tecnológicas hoy disponibles en el mundo globalizado, son temas que deben estar presentes en los programas de rescate, difusión y comercialización de las artesanías en México.

Que la ley regule para que las instituciones públicas que atienden al sector exhiban de forma pública y clara, incluso en todas las lenguas que se hablan en el país y que son oficiales, quiénes son los sujetos de atención, en orden de evitar los criterios personales, los juicios de valor, la discriminación o los privilegios hacia las artesanas y los artesanos.

Que la ley vigile e impida que se burocratice la comercialización de productos artesanales en las instituciones, pues cualquier criterio comercial en una institución pública conduce a la exclusión y a la discriminación.

Por eso, es urgente trabajar en la creación de una ley que dé beneficios directos al artesano y, en consecuencia, a su actividad artesanal. Es necesario contemplar dentro de esa ley:

1. El derecho a la seguridad social.

2. La oportunidad de un retiro digno.

3. Un esquema en el cual los alumnos de las instituciones educativas -universidades, tecnológicos, etcétera- puedan liberar su servicio social en talleres artesanales, como contadores, administradores, diseñadores gráficos, especialistas en mercadotecnia, diseñadores industriales, ingeniería mecánica, biólogos, etcétera.

4. Convenios entre las organizaciones de artesanos y las universidades o tecnológicos para llevar a cabo proyectos en beneficio de las técnicas artesanales, su comercialización, y la realización adecuada de proyectos, de manera que tengan acceso a recursos gubernamentales, estudio e investigación, y manejo de proyectos sustentables para la obtención de materias primas.

5. La tipificación del artesano dentro, de un renglón especial que permita al artesano trabajar en forma legal en talleres debidamente registrados. Como ya se ha mencionado, tenemos muchos problemas en el pago de impuestos, por gastos que no se puedan comprobar.

Hablar de fomento artesanal es hablar de familias, de comunidades artesanas y de obras cuya belleza se opaca cuando se evidencian las condiciones de vida de muchos de sus creadores y creadoras.

Los legisladores tienen un compromiso con más de 8 millones de mexicanos, la mayoría de ellos en pobreza extrema y apartados de los más elementales derechos.

La artesanía es una de las manifestaciones más visibles de la diversidad cultural de una sociedad, ya que refleja creatividad, identidad y patrimonio cultural. Esta actividad posee un valor patrimonial cultural tangible e intangible que debe ser reconocido, protegido, enriquecido, proyectado y asegurado para el futuro. Éste es el espíritu que inspiró la ley que protege el desarrollo de la actividad artesanal.

En cuanto al derecho internacional hay varias ramas que tocan este tema y uno de ellos es, obviamente, la salvaguarda de la cultura popular y tradicional; uno más son los derechos indígenas, y otro que suele dejarse de lado pero que es fundamental son los pactos internacionales de derechos humanos, en particular el pacto de derechos económicos, sociales y culturales, pero también el de derechos civiles y políticos.

A partir de las reformas al artículo 1° constitucional, estos tratados están en el mismo nivel que la Constitución y todas las autoridades, en sus distintos ámbitos de competencia, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Los derechos económicos, sociales y culturales de los artesanos deberían quedar bien cubiertos desde la ley.

Sí bien, si hay apoyos, sí hay financiamientos, sí hay programas, pero sólo algunos artesanos lo saben y sólo algunos tienen acceso a ellos por todos los procesos que involucran.

No todos los artesanos se benefician directamente de los mecanismos institucionales. Millones de artífices quedan fuera de ese círculo.

Debe entenderse que los artesanos no son sólo productores de mercancías o productos, sino personas con derechos cuya creación aporta identidad a nuestro país y conserva su patrimonio cultural y artístico.

Existe un gran riesgo que ya se ha mencionado: que se pierda la transmisión intergeneracional de las técnicas artesanales o las materias primas. Es importante reconocer ese carácter de patrimonio cultural a la artesanía y a los artesanos para lograr su revaloración social y promover los apoyos necesarios, suficientes y diferenciados para su promoción y desarrollo.

Se ha avanzado, pero la cobertura no ha sido la que requiere el número de artesanos, sus dilemas, sus problemáticas y los apoyos necesarios para su promoción y desarrollo a fin de que puedan vivir dignamente y no sólo subsistir.

En el Estado de Oaxaca que orgullosamente represento, se ha caracterizado por tener un impacto internacional por lo atractivo que resultan para otros mercados sus artesanías. Esto permite vincularse con formas específicas de promoción y venta artesanal. En el sector artesanal, el cual es de las actividades productivas más importantes del Estado, se ocupan 400 mil artesanos, los cuales representan el 11.77% de una población de 3, 438,785 mil habitantes.

El 80% de esta población de artesanos son mujeres, lo que representa un dato curioso si lo comparamos con las estadísticas de décadas atrás donde se encontraba al hombre como mayoría dentro del sector artesanal.

Considero importante destacar que este sector vive mayormente en condiciones de extrema pobreza y que está compuesto por miembros de pueblos indígenas que se encuentran dispersos en las ocho regiones que conforman el estado de Oaxaca.

Las ramas artesanales de mayor importancia en el Estado son la alfarería, cerámica, textiles, articules de piel, cestería, cuchillería, talla de madera, orfebrería, cantería y metalistería.

El proceso productivo de artesanías se caracteriza por el trabajo manual, la utilización de instrumentos rudimentarios, materias primas de origen natural y la aplicación de métodos y técnicas tradicionales. Esto último como se menciona en la presente iniciativa causa aislamiento e informalidad en la producción del sector ya que la gente no tiene una visión de negocio en su actividad diaria y por ende, la producción de artesanías no tiene un grado de incidencia significativo en el contexto económico estatal.

Por otro lado, se hace evidente la falta de oportunidades que se ofrecen a los pequeños productores artesanales tanto para acceder a opciones de desarrollo tecnológico o esquemas de transferencia, como para ser asistidos en materia de competitividad. Además, debido a la ubicación y lejanía de las comunidades donde habitan, muchas veces los artesanos no cuentan con información oportuna para la toma de decisiones sobre producción, precios, volúmenes de producción y mercados.

La desaparición de los oficios artesanales por no ser una actividad rentable no sólo tiene implicaciones económicas, sino culturales, ya que cuando se deja de ejecutar cierta práctica artesanal, con ello se pierden siglos de tradición y riqueza cultural. Si no existen incentivos para poder seguir con el oficio dentro de la comunidad es difícil que se pueda continuar. De manera que con la pérdida de un oficio artesanal, también se empobrece culturalmente una comunidad.

El hecho de que muchos de los artesanos vivan en zonas marginadas que no disponen de servicios como salud y educación, los coloca en una situación vulnerable que influye sistemáticamente en la manera en que disponen de los escasos recursos que poseen, lo que origina una pérdida de su patrimonio, integrado de sus propiedades y de los recursos naturales disponibles.

Finalmente, la producción de artesanías no puede ser despojada de su bagaje cultural, porque ahí radica gran parte de su existencia y de su razón de ser, sin embargo, es preciso explorar y evaluar posibilidades que permitan hacer más rentable esta actividad.

La idea de intervenir en esta práctica cotidiana debiera ser con la intención no sólo de contribuir a que se mejoren las condiciones de vida de los artesanos por medio de nuevos instrumentos de producción, organización y comercialización, sino de fomentar la revaloración del trabajo artesanal entre la población en general. Esto con la finalidad de que además de los discursos, se promuevan acciones que se traduzcan en mayores ingresos para los artesanos, que hasta el día de hoy portan y difunden con su trabajo una parte importante de la historia de México.

Es entonces, que para dar mayor promoción a las actividades artesanales de las comunidades indígenas y estimular las artesanías con un beneficio fiscal, es necesario realizar las reformas necesarias a la presente legislación.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, propongo iniciativa con

PROYECTO DE DECRETO

Primero.Se reforma el párrafo primero y segundo del artículo 22, se reforma la fracción II, inciso B) y D) de la fracción IX, se reforma la fracción X y se adiciona la fracción XI del artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, para quedar en los siguientes términos:

Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal

ARTICULO 22.- La cédula de microindustria que sea expedida por la Secretaría o las autoridades en las que tal atribución se delegue, acreditará que la empresa, establecimiento o lugar en donde realizan sus actividades de artesanía la persona física o moral microindustrial figura en el Padrón, y que se encuentran satisfechos los requisitos relativos a registros, licencias o autorizaciones, que en la propia cédula o en sus anexos se indiquen.

A las personas que soliciten la inscripción en el Padrón Nacional de la Microindustria, se les otorgará, una vez satisfechos los requisitos necesarios, la cédula correspondiente, con el fin de simplificar trámites administrativos, eliminar los innecesarios, así como, en general, para conceder facilidades para el desarrollo y fomento de la actividad artesanal;

ARTICULO 37.- …

I.…

II.-Realizar estudios sobre la regulación jurídica relativa a la constitución, instalación y funcionamiento de las microindustrias y actividad artesanal, así como proponer las medidas administrativas o modificaciones a disposiciones legales tendientes a alcanzar los fines a que se refiere esta ley;

III. a IX.…

A).…

B).Proponer los criterios simplificados, flexibles y accesibles para las comunidades indígenas para otorgar los certificados de origen, así como las normas mínimas de calidad que deben cumplir las artesanías para su exportación;

C).…

D).Propiciar la concentración regional de la producción artesanal con el fin de facilitar su promoción, difusión y fomento a través de la celebración de ferias y exposiciones artesanales, a nivel nacional e internacional, conforme a las disposiciones aplicables.

I a IX…

X. Proponer los apoyos, programas, simplificación administrativa y estímulos fiscales que se estimen apropiados para el fomento de la actividad artesanal y desarrollo de microindustrias en regiones turísticas.

XI. Promover el reconocimiento, la protección, y conservación del patrimonio cultural de la nación de las artesanías de las comunidades indígenas en todas las manifestaciones primigenias de sus propias lenguas, los usos y costumbres, artesanías y tradiciones de la composición pluricultural que conforman el país.

Segundo. Se reforma la fracción III del artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar en los siguientes términos:

Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo 79. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las siguientes personas morales:

I. …

II. …

III. Cámaras de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, comunidades indígenas que se dediquen a la actividad artesanal, así como los organismos que las reúnan.

IV. a VI….

a) a i)

VII. a XII. …

a) a e)…

XIII. a XXV. …

a) a i)…

XXVI.…

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 27 de julio de 2016.

Dip. Yarith Tannos Cruz.

1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, La artesanía y el mercado internacional: comercio y codificación aduanera, Unesco, Manila, 1997. Disponible en: http://portal.unesco.org/culture/es/ev.phpURL_ID=35418&URL_DO=DO_TOPIC& URL_SECTION=201.html. Fecha de consulta: 10 de noviembre de 2011.

2 Página Web: http://www.indigenas.bioetica.org/inves51.htm

3Olga Correa Miranda, Actividad artesanal, Instituto de Geografía, UNAM. Disponible en:
www.igeograf.unam.mx/web/iggweb/seccionesinicio/atlas/
4 Sales Heredia, Francisco J., Las artesanías en México. Situación actual y retos, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados, LXII Legislatura, México, D.F, 2013.

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
PATRICIA SÁNCHEZ CARRILLO

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputado Escobedo Villegas. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.





 

Tiene la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 41 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, señora Presidenta.

Esta es una iniciativa de ley bastante noble que yo espero que la mayoría de mis compañeros se sumen a la misma, y tiene que ver con el reconocimiento del buen manejo de los ingredientes y sabores de nuestra gastronomía.

Si revisamos en los últimos años en nuestro país, en el año 2006 la Sagarpa motivó la constitución de la Fundación Sabores Auténticos de México A.C., con el objetivo de poder contar con una organización encaminada a consolidar la imagen de México y de su gastronomía, fomentar, además, la importancia de cocinar con ingredientes típicos de nuestra gastronomía mexicana mediante la entrega de un distintivo a los restaurantes que se apegaran a las recetas originales de la gastronomía mexicana y que compraran productos originarios de México.

Por otro lado, el 5 de agosto de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo presidencial mediante el cual se establecen los ejes estratégicos de la política de fomento a la gastronomía nacional, con el objeto de establecer los ejes estratégicos de la política de fomento a esta gastronomía que tiene que ser instrumentado por el gabinete turístico a través de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal.

En tiempos más recientes, del 26 al 29 de noviembre del año pasado, se llevó a cabo en el Centro Nacional de las Artes el III Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, esta edición estuvo dedicada a los aportes del chile, pimientos, especias y los mercados tradicionales a la cultura mexicana.

En una fecha célebre para la gastronomía mexicana, el 16 de noviembre de 2010, la UNESCO, en el marco de la 5ª reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, llevada a cabo en Kenia, declaró, a solicitud de la sociedad civil mexicana, a la cocina tradicional mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, incluyéndola en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, en virtud de haber cumplido con los criterios para su incorporación en dicha lista.

La cocina tradicional mexicana es un elemento fundamental de la identidad cultural de las comunidades indígenas que la practican y la transmiten de generación en generación.

En el Senado de la República el tema de la gastronomía mexicana ha tenido un lugar importante en la agenda institucional desde hace varios años.

Por mencionar uno de los actos representativos al respecto, en el año 2014, este Senado de la República abanderó a la Selección Olímpica de Artes Culinarias del Instituto Culinario de México, que participó en la Copa Mundial Culinaria 2014, que se llevó a cabo en Luxemburgo.

En el último periodo de sesiones, en el Pleno del Senado aprobamos la creación de la Ley Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana, cuyo objetivo es fomentar la gastronomía mediante medidas integrales tendientes a su desarrollo y promoción.

Uno de los pilares fundamentales en los que se basa el dictamen que fue aprobado y cuya minuta ya se encuentra en la Cámara de Diputados para su discusión, es la promoción del valor cultural de la gastronomía mexicana.

Si bien es cierto que la eventual aprobación de la Ley Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana por el Congreso de la Unión, sin duda sería un gran paso hacia el reconocimiento del valor tan grande que tiene la gastronomía en la vida y en la cultura de nuestro país, también es cierto que el enfoque cultural es apenas uno de los muchos temas que se abordan en su texto.

Es necesario adoptar medidas legislativas tendientes a la adopción de políticas públicas que se enfoquen en el valor cultural de nuestra gastronomía, premiando el buen manejo de los ingredientes y sabores mexicanos. Que podamos otorgar el Premio Nacional de la Gastronomía Mexicana, me parecería una gran aportación y además yo estoy segura, participarían muchísimos chefs del país que hacen un gran trabajo todos los días en la Ciudad de México y en los diferentes estados de la República.

Lo que estamos proponiendo concretamente, es que la Secretaría de Cultura sea quien premie anualmente el buen manejo de los ingredientes y sabores de nuestra gastronomía, tras la implementación de un concurso, el cual fomentará la creatividad gastronómica en nuestro país, es un tema que hay que impulsar desde esta Comisión Permanente, que los Diputados también se lleven esa tarea para que pronto pueda ser aprobada la Ley Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana.

Y yo espero que pueda hacerse esto realidad, y les comparto que esta iniciativa surge de la idea de un grupo de chefs que se dedican concretamente a promover la cultura a través de los alimentos mexicanos.

Muchísimas gracias, y espero se puedan sumar a este esfuerzo.

Iniciativa

La suscrita, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República; y 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Congreso de la Unión la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 41 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, en virtud de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A lo largo de décadas han existido esfuerzos gubernamentales por reconocer el buen manejo de los ingredientes y sabores mexicanos. Por ejemplo, en 2006, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal motivó la constitución de la Fundación Sabores Auténticos de México, A.C., cuyo objeto era contar con una organización encaminada a consolidar la imagen de México y de su gastronomía, además de fomentar la importancia de cocinar con ingredientes típicos de nuestra gastronomía mexicana, mediante la entrega de un distintivo a los restaurantes que se apegaran a las recetas originales de la gastronomía mexicana y que compraran productos originarios de México.

En tiempos más recientes, del 26 al 29 de noviembre del año pasado, se llevó a cabo en el Centro Nacional de las Artes, el III Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, edición que estuvo dedicada a los aportes del chile, los ajíes, pimientos, especias y los mercados tradicionales a la cultura mexicana.

El 05 de agosto de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo presidencial mediante el cual se establecen los ejes estratégicos de la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional, el cual tuvo por objeto establecer los ejes estratégicos de la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional que deberán ser instrumentados por el Gabinete Turístico, a través de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que en el ámbito de su competencia, tengan atribuciones relacionadas con la cadena de valor productiva de la gastronomía mexicana.

En línea con lo anterior, el 02 de septiembre de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo para instrumentar la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional, el cual tuvo por objeto establecer los mecanismos de colaboración y las acciones generales a través de los cuales se instrumentará la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el Acuerdo presidencial mediante el cual se establecen los ejes estratégicos de la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional.

En una fecha célebre para la gastronomía mexicana, el 16 de noviembre de2010, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el marco de la 5a reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, llevada a cabo en Nairobi, Kenia, declaró a la Cocina Tradicional Mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, incluyéndola en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en virtud de haber cumplido con los siguientes criterios para su incorporación:

a) La cocina tradicional mexicana es un elemento fundamental de la identidad cultural de las comunidades que la practican y transmiten de generación en generación;

b) Su inscripción en la Lista Representativa podrá incrementar la notoriedad del patrimonio cultural inmaterial y fomentar el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana;

c) Las medidas de salvaguardia aplicadas actualmente, así como las previstas para el futuro, comprenden la realización de consultas y proyectos de investigación, así como una formación práctica, con el apoyo de México ylas comunidades interesadas;

d) Los que practican esta tradición culinaria han participado activamente en el proceso de preparación de la candidatura y han otorgado su consentimiento libre, previo y con conocimiento de causa; y

e) La cocina tradicional mexicana está incluida en el Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de México, administrado por el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy Secretaría de Cultura.

En el Senado de la República, el tema de la gastronomía mexicana ha tenido un lugar importante en la agenda institucional desde hace varios años. Por mencionar uno de los actos representativos al respecto, el 17 de septiembre de 2014, el Senado de la República abanderó a la Selección Olímpica de Artes Culinarias del Instituto Culinario de México que participó en la ExpogastCulinaryWorld Cup 2014 que se llevó a cabo en Luxemburgo.

Además, en el último periodo ordinario de sesiones, en el Pleno del Senado de la República aprobamos la creación de la Ley Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana, cuyo objetivo es fomentar la gastronomía mediante medidas integrales tendientes a su desarrollo y promoción.

Uno de los pilares fundamentales en los que se basa el dictamen que fue aprobado y enviado a la Cámara de Diputados para su discusión, es la promoción del valor cultural de la gastronomía mexicana.

Si bien es cierto que la eventual aprobación de la Ley Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana por la Cámara de Diputados, sin duda sería un gran paso hacia el reconocimiento del valor tan grande que tiene la gastronomía mexicana en la vida y en la cultura de nuestro país, también es cierto que el enfoque cultural es apenas uno de los muchos temas que se abordan en su texto.

Así, es necesario adoptar medidas legislativas tendientes a la adopción de políticas públicas que se enfoquen en el valor cultural de nuestra gastronomía, premiando el buen manejo de los ingredientes y sabores mexicanos.

Por ello, propongo que la Secretaría de Cultura premie anualmente el buen manejo de los ingredientes y sabores de nuestra gastronomía, tras la implementación de un concurso.

Dicho concurso y premio tendrán un impacto positivo en el fomento de la cultura gastronómica mexicana tanto en nuestro país como en el exterior. Asimismo, serán un foco de atención que beneficiará a nuestro país con la afluencia de turistas cuyos viajes están encaminados a descubrir nuevos sabores.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en los siguientes términos:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

“Artículo 41 Bis.- A la Secretaría de Cultura corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XXII. …

XXIII. Elaborar y suscribir convenios, acuerdos, bases de coordinación y demás instrumentos jurídicos con órganos públicos o privados, nacionales e internacionales, en asuntos de su competencia;

XXIV. Entregar anualmente el Premio Nacional de Gastronomía, el cual deberá tomar en cuenta el manejo de los ingredientes y sabores mexicanos; y

XXV. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. “

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, en el Senado de la República, el 27 de julio de 2016.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.





 

Tiene la palabra el Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar a nombre propio y del Diputado Norberto Antonio Martínez Soto, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO A) DE LA BASE VI DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Omar Ortega Álvarez, a nombre propio y del Diputado Norberto Antonio Martínez Soto, del grupo parlamentario del  PRD)

El Diputado Omar Ortega Álvarez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

A nombre del Diputado Norberto Antonio Martínez Soto y el de la voz, vengo a presentar iniciativa de ley que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la causal de nulidad de elecciones, por el motivo que refiere al gasto excesivo en los topes de campaña.

En el texto vigente de la Constitución se señala con toda precisión que será causal de nulidad de la elección para el candidato, para el partido o para la coalición, cuando el tope de campaña exceda del 5 por ciento, o hasta el 5 por ciento del tope que ha señalado el consejo general correspondiente.

Eso representa de manera clara una contravención a las disposiciones propias de las mismas disposiciones secundarias en la materia, ya que de manera discrecional    permite la facultad para que haya desigualdad electoral entre las partes, dado que de una manera u otra alguien podrá violentar la ley hasta el 5 por ciento del tope de gasto general.

Recordemos que en materia electoral, uno de los motivos generales para ganar o perder una elección lo es siempre el tema económico, donde no ganan las mejores propuestas, las ideas, el carisma, el perfil de los candidatos, sino el que tiene más dinero, el que compra el voto, el que compra la conciencia ciudadana, y no el que tenga la mejor propuesta, ni el mejor programa, ni la mejor plataforma.

Por ello, hoy sí, dentro de los márgenes legales existe motivo de nulidad el gasto excesivo o el rebase de tope de gastos de campaña.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado con toda precisión, qué se entiende como rebase del tope de campaña; qué es el límite legal que pone al gasto el consejo general correspondiente.

Así como también lo señala el artículo 243 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señala con precisión las mismas condiciones.

Pero el marco normativo que nos da la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Suprema, la Ley Magna nos dice: “Que se podrá rebasar hasta un 5 por ciento”. No hay armonía en el contenido de las disposiciones legales.

Por ello, el día de hoy la propuesta es: “Solamente armonizar las disposiciones, aquí, de manera, de cierta manera, de abajo hacia arriba”.

Armonizar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a las disposiciones, que ya de facto se aplican en los estados, en el Consejo Federal o en los consejos de los estados de la República, que ya señalan con toda precisión que será causal de nulidad el pasar el tope de gastos de campaña que genera o que establece el propio consejo general respectivo.

Por ello, hoy presentamos esta iniciativa a consideración de todos ustedes, para evitar de manera clara que se dé una escapada legal en términos de decir: “Que no es en su momento una disposición, que sea una conducta grave, no dolosa o no determinante como causal de nulidad de una elección”.

Por ello hoy presentamos ante ustedes esta propuesta, que tiene como fin solamente eso: armonizar las disposiciones y lograr, con toda precisión, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su inciso a), Base VI, diga con precisión: qué se entenderá como tope de campaña cuando sea el que determine el consejo general y no dé el paso a ese 5 por ciento adicional.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

El que suscribe, Diputado NORBERTO ANTONIO MARTÍNEZ SOTO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicano, someto a consideración de este Pleno la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO A) DE LA BASE VI DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El objetivo central de la presente iniciativa, es la modificación de la causal del sistema de nulidades de las elecciones federales o locales, referente al exceso en el gasto de campaña, eliminando la permisibilidad de un cinco por ciento del monto total autorizado.

Lo anterior con el fin de sancionar puntualmente la actitud dolosa de manipular la voluntad del electorado por medio de la inyección de recursos de procedencia ilícita, tutelando efectivamente los principios de legalidad y equidad, garantizando condiciones de equidad enla competencia electoral.

Asimismo, salvaguarda el espíritu integral de las diversas causales de nulidad consideradas constitucionalmente como violaciones graves, dolosas y, en su caso, determinantes para los resultados electorales.

Luego entonces, se propone reformar el inciso a) de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que para mejor referencia se contrasta a continuación el texto vigente y la propuesta de esta iniciativa, de acuerdo a lo siguiente:

Texto vigente

Propuesta de la iniciativa

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:

a) Se exceda el gasto de campaña del monto total autorizado;

El anterior precepto, encuentra su origen en la reforma constitucional de 2014, a partir de la cual se establecieron nuevas causales para la nulidad de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, siendo una de ellas, que se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento (5%) del monto total autorizado para una elección determinada.

Cabe destacar, que en una elección se involucran derechos no sólo de los partidos políticos y los candidatos postulados, sino también  de los ciudadanos participantes en dicho ejercicio democrático, por lo que, el legislador concibió la transgresión al tope de gasto de campaña, un motivo suficiente para declarar la respectiva nulidad.

Para mayor abundamiento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha conceptualizado el tope de gastos de campaña, como el límite que se establece para los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, que no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General, asimismo la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala:

Artículo 243.

1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.

Tal es el caso, que la disposición constitucional que se pretende reformar, no es armónica con los anteriores preceptos, permitiendo violentar hasta en un cinco por ciento el mismo marco jurídico regulatorio, por tanto, en caso de actualizarse esta hipótesis normativa y se excediese hasta el cinco por ciento permitido, se supondría una alteración en la equidad de la competencia y en el sentido de la votación, sin embargo, se consideraría como una conducta no grave, no dolosa y no determinante.

El legislador no puede sustraerse al deber de consignar en las leyes que expida, expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, dotando a la ley del principio rector de certeza, máxime, en la especificidad de la norma electoral, debe considerarse la equidad como valor principal para todo proceso electoral.

Los principios rectores del proceso electoral no pueden tener un parámetro de gracia para ser vulnerados, al incidir con exceso de recursos la voluntad de las y los ciudadanos sobre la emisión de su sufragio de forma libre, atenta, no solo como ya se ha dicho contra el principio de equidad, también contra el Estado de Derecho y su consecuencia jurídica es anular dicha elección.

En el mismo sentido, anular una elección cuando no esté plenamente acreditada la existencia de irregularidades o pese a ello no esté demostrado su impacto en el sentido del voto de los electores, también violenta el Estado de Derecho.

Somos testigos que en la historia democrática de nuestro país, los representantes populares que resultan electos en una contienda controversial de facto o de iuris, carecen de legitimidad ciudadana, porque la población observa triunfos electorales amparados en el derroche de recursos, de quien viola los topes de gastos de campaña en uno por ciento, cinco por ciento o hasta en un mil por ciento.

Por tanto, con esta propuesta creemos que bajo los principios de armonización, certeza, exactitud y precisión, se tutela de manera efectiva la equidad como uno de los principales ejes rectores de todo proceso electoral.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, la aprobación de la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso a) de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforma el inciso a) de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 41. ...

...

I. a V. ...

VI. …

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:

a) Se exceda el gasto de campaña del monto total autorizado;

b) …

c) …

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 27 de julio de 2016.

Suscribe,

Dip. Norberto Antonio Martínez Soto.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputado Ortega Álvarez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.





 

Tiene la palabra el Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, para presentar a nombre propio y de la Diputada Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Código Penal Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 211 BIS Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 259 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, a nombre propio y de la Diputada Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

El acoso sexual en México constituye uno de los más graves fenómenos que lastima la dignidad de las personas y erosiona el estado de derecho, porque no se trata de otra cosa, más que de una práctica de violencia.

Según el Instituto Nacional de las Mujeres, hasta un 47 por ciento de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia; y 1.4 millones padecen hostigamientos sexuales en sus trabajos.

En 2014, México ocupó el primer lugar mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años, según la OCDE, sin mencionar que entre el 2013 y 2015 fueron asesinadas casi 6 mil 500 mujeres, según la Organización de las Naciones Unidas.

En este contexto, México no cuenta con una legislación federal armónica consistente y clara para combatir el acoso sexual, que desafortunadamente es sólo la punta del iceberg de un problema grave de violencia en nuestro país.

En el Código Penal Federal no está tipificado el acoso sexual como tal, sino únicamente el hostigamiento, mismo que se reconoce, sólo si quien lo comete se encuentra, cito textual: “en una posición jerárquica superior”, lo que impide sancionar, por supuesto, muchas otras formas de acoso sexual que se presentan a diario, desde el que se presenta en el transporte colectivo, hasta el que se suscita en los círculos sociales.

Es cierto que más de 15 legislaciones estatales ya tipifican el delito de acoso sexual, pero también es cierto que en algunas se presentan deficiencias, que hay una asimetría en la propia calidad de las legislaciones, y que ni siquiera contamos con una definición precisa del fenómeno a lo largo y ancho del país.

Por ello, en nombre de los Diputados de Movimiento Ciudadano, y de la Diputada Verónica Delgadillo, en particular, presentamos esta iniciativa para adicionar un artículo 259 Ter al Código Penal Federal, en donde se establezca el delito de acoso sexual como un tipo penal distinto al hostigamiento para así poder sancionar la grave ola de violencia de género que diariamente padecen miles, acaso millones de mujeres, no sólo en ambientes donde existe una relación jerárquica, sino en las calles, en el transporte público o en su vida cotidiana.

Con esta iniciativa también queremos ir un paso adelante incorporando dos fenómenos contemporáneos vinculados al acoso sexual.

En primer lugar proponemos tipificar y sancionar el llamado “sexting”, como una modalidad del acoso sexual que consiste en el intercambio de contenido sexual personal entre dos personas a través de medios electrónicos, y que está teniendo graves implicaciones en la vida y la dignidad de muchos jóvenes y de muchos niños.

La UNICEF señala que el “sexting” implica riesgos que pueden llevar a la depresión, embarazos no deseados, abuso sexual de menores, trastornos psicológicos, estigma, discriminación e incluso suicidio.

De acuerdo a un estudio de opinión reciente, divulgado por el INAI, casi un 40 por ciento de jóvenes encuestados conoce o ha sido testigo de prácticas de “sexting”.

En segundo lugar proponemos reformar el artículo 211 Bis del Código Penal Federal, para tipificar otra forma de violencia sexual denominada “porno-venganza”, que consiste en divulgación de imágenes o videos con contenido sexual explícito, sin consentimiento.

Estudios internacionales revelan que más de un 90 por ciento de las víctimas de este fenómeno son mujeres y que generalmente se busca afectar anímica y profesionalmente a las víctimas mediante la divulgación de este material y mediante la extorsión afectiva.

Esta práctica ya es considerada como un delito en más de 25 estados de la Unión Americana, en Reino Unido, en España, en Japón, entre algunos otros países.

En México, los medios de comunicación han documentado casos de este tipo que quedan en la impunidad porque no contamos con una legislación para castigar dichos actos.

En síntesis, con esta iniciativa para llevar el acoso sexual al Código Penal Federal, buscamos que en todo el territorio nacional existan las mismas garantías de protección y la misma certidumbre respecto a las sanciones contra quienes realizan estas prácticas.

Buscamos que exista una armonización y una postura institucional consistente para hacerle frente al acoso sexual. Y también buscamos ir un paso adelante en la prevención y combate de nuestras prácticas que están vulnerando la dignidad de miles de personas, de mujeres, de niños, niñas y adolescentes, como son los llamados “sexting” y “porno-venganza”.

Nuestra bancada quiere enviar un mensaje claro. Ya es tiempo que desde todas las trincheras, como lo hemos discutido aquí el día de hoy, combatamos la violencia de género, el acoso y las prácticas que vulneran la dignidad de las personas, porque éste es un paso indispensable en la construcción de un sentido de comunidad y de una sociedad más justa.

Muchas gracias.

Iniciativa

Los suscritos, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH y VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, diputados del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 211 BIS Y ADICIONA EL ARTÍCULO 259 TER, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Desde que a principios del siglo XXI, las nuevas tecnologías de la información pasaron a convertirse en herramientas comunes para todo individuo, independientemente de sus ingresos, y desde que su impacto pasó a competir directamente con las grandes medios de comunicación masiva como la radio y la televisión, la divulgación en dichas plataformas de imágenes y material audiovisual sin consentimiento de las personas implicadas en el mismo, ha pasado a convertirse en un fenómeno creciente que puede tener graves implicaciones para la dignidad y la intimidad de las personas, mismas que no son sancionadas, al existir una laguna legal al respecto en la mayoría de los códigos penales del mundo, que sí contemplan, por ejemplo, la intervención de conversaciones telefónicas o incluso la apertura del correo tradicional sin consentimiento del destinatario.

Sin embargo, ante la creciente incidencia del fenómeno descrito anteriormente, y ante la exigencia continua de la ciudadanía sobre el caso, diversas naciones han emprendido reformas en sus respectivas legislaciones penales para sancionar la divulgación de imágenes, información privada o material audiovisual, en plataformas digitales sin consentimiento de alguna de las personas implicadas.

II. En particular, ha resultado alarmante el surgimiento e incidencia del llamado revengeporn o “porno-venganza”1, consistente en la divulgación de imágenes o videos con contenido sexual explícito distribuidos sin el consentimiento de alguna de las partes implicada, generalmente la femenina.

Desde que su incidencia incrementó dramáticamente, diversas organizaciones han emprendido campañas para erradicar el revengeporn, principalmente persiguiendo su tipificación penal en las legislaciones correspondientes. Así, la campaña EndRevengePorn (www.endrevengeporn.org), comenzada en 2012, pretende atajar el fenómeno y propone diversos caminos para legislar en la materia en los EE.UU. La campaña argumenta igualmente que más de un 90 por ciento de las víctimas de la “porno-venganza” son mujeres y que generalmente se pretende afectar anímica y profesionalmente a las involucradas, mediante la divulgación masiva del material, o mediante la extorsión afectiva ante la amenaza de la divulgación. En el mismo sentido surgió también desde 2012 la campaña WomenAgainstRevengePorn (www.womenagainstrevengeporn.com), creada por Bekah Wells después de que sus fotografías íntimas fuesen divulgadas masivamente en internet.

A raíz de las demandas de diversos colectivos y campañas como las anteriores, 26 Estados de los EE.UU. ya han catalogado penalmente la “porno-venganza” en sus legislaciones2. Igualmente, desde octubre de 2014 está sancionada dicha práctica en el Reino Unido3; el 30 de marzo de 2015, el Código Penal de España fue reformado para incluir la sanción del porno vengativo4; y desde 2015 Japón también ha incluido leyes para sancionar la divulgación de material íntimo explícito sin consentimiento de sus actores5.

Cabe destacar en ese sentido que el 27 de diciembre de 2015, el diario Reforma, dio a conocer el caso de “Montserrat”, mujer que padeció el porno vengativo por parte de su ex novio, quien extrajo diversos vídeos íntimos desde su computadora personal y los subió después a páginas de internet para adultos, sin que hasta la fecha exista legislación alguna para sancionar dichos actos6.

Sin embargo, es necesario señalar igualmente que la grave violación del derecho a la intimidad que representa la divulgación masiva a través de la Red, de contenido audiovisual sin consentimiento de alguno de los implicados, no sólo se produce en el marco del fenómeno del porno vengativo, sino que en ocasiones se produce también como una forma del llamado acoso escolar o bullying. Así, resulta pertinente recordar el caso del suicidio de Tyler Clementi, estudiante homosexual de la Universidad de Rutgers de Nueva Jersey, quien se suicidó saltando desde el puente George Washington de Nueva York, luego de que su compañero de dormitorio, DharunRavi, divulgara en redes sociales un video de su encuentro sexual con otra persona: Ravi había instalado una pequeña cámara en la habitación para filmar a Clementi sin su consentimiento7.

En tal sentido, la presente iniciativa contempla reformar el Artículo 211 Bis, correspondiente al Capítulo I, denominado “Revelación de secretos”, del Título Noveno del Código Penal Federal, en orden a que el fenómeno de la “porno-venganza”y prácticas similares, sean sancionadas en nuestro país.

Cabe destacar en ese sentido que la presente iniciativa toma en consideración tanto las legislaciones de los estados norteamericanos antes mencionados como la reciente legislación española en la materia.

III. Otro fenómeno de creciente incidencia en la vida pública, especialmente entre los adolescentes y niños, es el llamado fenómeno del sexting, que consiste en el envío o intercambio de contenidoprivado audiovisual con referencias sexuales, entre personas conocidas o desconocidas, principalmente a través de teléfonos inteligentes o tabletas y utilizando servicios de mensajería o aplicaciones de redes sociales.

El fenómeno del sexting ha derivado a su vez en el incremento del engaño por parte de adultos para atraer a menores de edad con fines sexuales, también conocido como grooming, y que utiliza el contenido difundido vía sexting con la finalidad de establecer una amistad con los menores ollevar a cabo chantajes, con la finalidad de obtener favores sexuales.

Como ya lo ha señalado el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), el sextingy sus derivaciones comportan riesgos que pueden llevar a la depresión, embarazos no deseados, trastornos psicológicos, estigma, discriminación, dificultades escolares e incluso el suicidio8.

En el mismo sentido, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), ha lanzado una campaña nacional para alertar sobre los peligros del sexting, alertando que puede exponer a los menores de edad al grooming. El INAI refiere una encuesta de la asociación civil Alianza por la Seguridad en Internet, que arroja los siguientes resultados sobre la gran incidencia del sexting entre niños y adolescentes en México:

«En esa encuesta sobre seguridad y privacidad en la web, aplicada a 10 mil estudiantes, 85% de entre 12 y 16 años, reveló que el 36.7% conoce a alguien que ha enviado o reenviado por internet o celular imágenes suyas desnudo o semidesnudo, ya sea a conocidos o desconocidos9

Es por ello que la presente iniciativa busca sancionar bajo el tipo penal de acoso sexual, a la persona que con propósitos de lujuria, eróticos o sexuales, grabe, reproduzca, publique, ofrezca, exponga, transmita o envíe contenido videográficode menores, aún cuando hubiese sido producido por los mismos.

IV. El acoso sexual constituye uno de los más graves problemas de la vida pública nacional, socava la dignidad de las personas y su virtual normalización es un ingrediente fundamental de la escalada de violencia que padece nuestro país, que tiene visos de un machismo acendrado.

A pesar de ello, y de que más de una decena de legislaciones estatales ya han tipificado el acoso sexual en sus respectivos código penales, el vigente Código Penal Federal no contempla el acoso sexual como un delito, sino que únicamente contempla en su artículo 259 Bis el “hostigamiento sexual”, pero el mismo sólo se cumple si quien lo comete se encuentra en una “posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas, o cualquier otra que implique subordinación”, lo que deja fuera del espectro de los actos punibles al acoso sexual en el transporte público, en la calle, y en otras situaciones en las que el acosador no se encuentra en dicha “posición jerárquica”.

El 1º de febrero fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia10, mismo que sídefinió en el párrafo segundo de su artículo 13º al acoso sexual, tipificándolo más allá de la existencia de una subordinación y distinguiéndolo en el mismo sentido del hostigamiento:

«El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.»

Sin embargo, dicha ley sólo refiere en su artículo 60 que dichas acciones merecerán sanciones de carácter administrativo, por lo que se hace necesario sancionarlo penalmente tipificando el delito en el Código Penal Federal, de la misma manera en que ya hasta 15 entidades federativas lo han incorporado en sus Códigos Penales11.

En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano consideramos que resulta imprescindible, para erradicar el acoso sexual y la violencia de género, realizar a la brevedad una reforma legislativa a nuestro Código Penal Federal, en orden a reparar lo que debería considerarse una grave omisión, y tipificar así el acoso sexual independientemente del hostigamiento.

Es por ello que la presente iniciativa contempla asimismo adicionar el artículo 259 Ter al Código Penal Federal, tipificando el acoso sexual para sancionar penalmente este grave fenómeno y sancionando, consiguientemente, el llamado fenómeno del sexting.

Cabe señalar en este sentido, que la presente iniciativa recoge las aportaciones de las legislaciones penales estatales que ya han tipificado el acoso sexual, en particular las de los códigos penales de la Ciudad de México, Coahuila y el Estado de México.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma el artículo 211 Bis y adiciona el 259 Ter, ambos del Código Penal Federal

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 211 Bis y se adiciona el 259 Ter, ambos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 211 Bis.- A quien sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros, información, imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla, obtenidas en una intervención de comunicación privada electrónica o digital, o a partir de equipos informáticos, o de cuentas personales de servicios digitales, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos día multa.

Las sanciones aumentarán hasta en una mitad, cuando los hechos hubiesen sido cometidos por el cónyuge o por quien esté o haya estado unido a la persona afectada por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, o cuando la víctima fuese menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o cuando se hubieran cometido con fines lucrativos.

Artículo 259 Ter.- Comete del delito de acoso sexual quien solicite favores sexuales para sí o para un tercero, o quien con fines lascivos o eróticos-sexuales, ya sea de manera directa, a través de medios informáticos, audiovisuales, virtuales o de cualquier otra forma, realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional o que lesione su dignidad.A quien incurra en dicho delito se aplicará pena de uno a cinco años de prisión y multa de trescientos a mil días de multa.

Si la acción se realiza a través de medios informáticos, se impondrá́ además la prohibición de comunicarse a través de dichos medios o redes sociales, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

De igual forma incurre en acoso sexual quien, sin consentimiento del sujeto pasivo y con propósitos de lujuria o eróticos-sexuales, grabe, reproduzca, fije, publique, ofrezca, almacene, exponga, envíe, transmita, importe o exporte de cualquier forma, imágenes, texto, sonidos o la voz, de una persona, sea en forma directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro medio. Si dicho contenido muestra al sujeto pasivo desnudo o semidesnudo, se acreditarán por ese sólo hecho los propósitos señalados en este párrafo.

Comete también el delito de acoso sexual quien con fines de lujuria asedie reiteradamente a cualquier persona, mediante el envío de contenido sexual audiovisual a través de cualquier medio.

Será punible el acoso sexual cuando el sujeto activo pueda causar un daño personal, laboral, educativo, profesional o patrimonial. Las sanciones mínima y máxima se aumentaran en un tercio más si el sujeto activo fuere servidor público y utilizara los medios propios del cargo, y será́ destituido e inhabilitado para ocupar empleo, cargo o comisión en el servicio público por un periodo de uno a cinco años. Se incrementarán en igual medida las penas, si el sujeto pasivo del delito es menor de edad o persona sin capacidad de comprender el significado del hecho.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República,
el 27 de julio de 2016.

Atentamente

Dip. José Clemente Castañeda Hoeflich.- Dip. Verónica Delgadillo García.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputado Castañeda Hoeflich. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

1 Cfr. “The Crusading Sisterhood of Revenge-PornVictims” New York Magazine, 29 de agosto de 2013,  http://nymag.com/thecut/2013/08/crusading-sisterhood-of-revenge-porn-victims.html

2 “26 stateshaverevengepornlaws”, http://www.endrevengeporn.org/revenge-porn-laws/

3“'Revengeporn' illegalunder new UK law”, BBC News, 13 de octubre de 2014, http://www.bbc.com/news/29596583

4 Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3439

5 “Fukushima manfirst to be arrestedunderlawagainst ‘revengeporn’”, TheJapan Times, 20 de febrero de 2015,  http://www.japantimes.co.jp/news/2015/02/20/national/crime-legal/fukushima-man-first-arrested-law-revenge-porn/#.Vtij8cdH1EQ

6 “Divulgan sus videos íntimos; padece ley”, Reforma, 27 de diciembre de 2015, http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=728164&sc=672

7 “Se suicida un estudiante gay al difundirse un vídeo sexual suyo”, El Mundo, 30 de septiembre de 2010,  http://www.elmundo.es/america/2010/09/30/estados_unidos/1285877220.html

8 “Sexting y grooming provocan depresión y suicidio: UNICEF”, El Universal, 03 de abril de 2016, http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/04/3/sexting-y-grooming-provocan-depresion-y-suicidio-unicef

9 “INAI advierte de riesgos del sexting”, El Universal, 04 de julio de 2016,  http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/07/4/inai-advierte-de-riesgos-del-sexting

10Diario Oficial de la Federación (DOF), 01 de febrero de 2007, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4961209&fecha=01/02/2007

11 “Legislación penal de las entidades federativas que tipifican el acoso sexual como delito”, Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Diciembre de 2015,
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/6_MonitoreoLegislacion/6.0/17_AcosoSexual_2015dic.pdf





 

Recibimos del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un artículo 50 Bis a la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, el cual se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 50 BIS A LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL

(Presentada por el Diputado Enrique Zamora Morlet y Diputados del grupo parlamentario del PVEM)

Quienes suscriben, Diputado ENRIQUE ZAMORA MORLET y Diputados Federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 50 BIS A LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La educación en México es un derecho humano que se encuentra consagrado en el artículo tercero de nuestra Carta Magna; este derecho ha sido reconocido durante el último siglo y medio.

El hecho de que la educación sea considerada como un derecho fundamental significa que todo hombre y toda mujer en nuestro país debe tener acceso a ella por su cualidad inherente de ser humano; la Constitución Política y la Ley General de Educación salvaguardan jurídicamente este derecho de todos los mexicanos, sin discriminación alguna. El texto constitucional en mención establece la obligatoriedad de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, así como la gratuidad y laicidad de la educación que imparta el Estado.

El artículo tercero constitucional constituye una de las garantías individuales que otorga nuestra Ley Fundamental, en donde “se expresa una elección social fundamental, que forma parte de la clase de sociedad en la que queremos vivir. En otras palabras, es ahí donde el Estado se obliga frente a los individuos” (Bracho, 2009). Las garantías individuales se interpretan en términos de derechos humanos y deben ser consideradas el motor del desarrollo personal y social, es así que la educación adquiere relevancia como uno de los derechos humanos fundamentales.

En opinión de Peter Häberle, la educación es uno de los elementos formadores de consenso en un Estado Constitucional, es un trozo de su identidad cultural y su vida pública, es la base para la conformación de la libertad, que se realiza en parte de una manera privada por los padres, por el Estado a través de escuelas, así como de manera pública por la sociedad.

Para el filósofo y jurista alemán, los fines de la educación son una especie de “profesión de fe” cultural de un Estado Constitucional, los cuales no deben limitarse a los fines tradicionales, precarios y “formales”, sino que por el contrario, la Constitución debe provocar una práctica pedagógica para la internalización de la libertad, debe educar para ella misma, para la comprensión de la Constitución, de los conocimientos cívicos mínimos y para ser transmitida a cada nueva generación, solamente así Constitución y educación constituirán conjuntamente la sociedad abierta a las posibilidades del pensamiento en intención que se diseña en cada texto constitucional. Concluye concibiendo a la educación de la juventud como un mandato constitucional, el cual se lleva a cabo mediante la división del trabajo entre los padres, el Estado, la escuela y los demás sujetos que compone el entorno social.

De lo anterior podemos concluir que el derecho a la educación, además de ser un derecho fundamental, lo es también de carácter social, es una responsabilidad colectiva que asume como tal la comunidad desde una perspectiva de bien común.

La educación privada o particular es un conjunto heterogéneo de escuelas que han ejercido una influencia considerable sobre todo en la formación de ciertos sectores sociales; se entiende por educación privada o particular a la educación que, a diferencia de la educación pública (dirigida por instituciones públicas), se produce en una institución educativa dirigida mediante la iniciativa privada (como una escuela privada, un colegio privado o una universidad privada); o bien, mediante la dirección de un preceptor o institutriz particular, costeado por la propia familia.

En México un estudiante al concluir la educación media superior, si decide continuar con la educación superior o nivel licenciatura, puede optar por ingresar al concurso de selección que diversas universidades públicas emiten u optar por ingresar a alguna universidad particular, siempre y cuando cuente con los recursos económicos  suficientes.

Existe una gran cantidad de escuelas particulares que ofrecen una amplia gama de licenciaturas para ser cursadas por los estudiantes en general, con el objeto de coadyuvar con el Estado para impartir educación, así como ofrecer una alternativa más a las personas que desean continuar con sus estudios, partiendo del supuesto de que por alguna circunstancia no pudieron obtener un lugar en alguna universidad pública, o por el hecho de querer prepararse en una institución como ésta, y continuar con su desarrollo profesional, económico, cultural y social.

Estas instituciones particulares ofrecen diferentes planes de estudios con cierta cantidad de asignaturas a cursar, que al ser concluidas satisfactoriamente se obtiene el derecho a la titulación y obtención de la cédula profesional, lo cual permite ejercer la profesión.

El costo de titulación en México varía según se trate de una universidad pública o de una privada, sin embargo, los costos por este concepto presentan variaciones significativas de una institución a otra.

En instituciones públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional o la Universidad Autónoma Metropolitana el monto de los trámites de titulación es de aproximadamente $2,000 pesos. Este precio incluye la impresión del título en papel seguridad y la cédula profesional.

En contraste, en universidades privadas como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana, la Universidad La Salle, la Universidad Intercontinental, la Universidad Anáhuac, la Universidad del Valle de México y la Universidad Tecnológica de México, sólo por mencionar algunas, los costos oscilan entre $3,000.00 y $35,000.00 pesos incluyendo en éste diversos servicios extras según la institución de que se trate.

Es muy clara la diferencia que existe entre los costos del trámite de titulación y expedición de cedula profesional en las universidades públicas y las privadas, pero la desigualdad es aún mayor entre éstas últimas, cuestión que resulta preocupante, toda vez que pareciera que algunas instituciones privadas pierden de vista que el derecho a la educación es un derecho fundamental y no un negocio condicionado únicamente al pago de alguna contraprestación.

Esta circunstancia en ocasiones representa una carga económica muy pesada para los alumnos de estas instituciones privadas, pues no se puede perder de vista que durante todo el transcurso de la carrera se pagan colegiaturas en diferentes modalidades, reinscripciones y gastos diversos como: credencial, constancia de servicio social o prácticas profesionales, certificado total de estudios, prácticas de campo, seguros, entre otros, y no conforme con ello, se aplican adicionalmente, en algunos casos, cobros excesivos en los trámites para expedir el título y la cédula profesional a que hay lugar.

Cabe señalar que, en muchas ocasiones, se obliga a los egresados a cubrir la cuota que arbitrariamente establecen las instituciones sin que se brinden otras alternativas más económicas para la obtención de los multicitados documentos por los alumnos que han invertido tiempo, dinero y esfuerzo, en ocasiones con grandes sacrificios.

Igualmente, resalta que las instituciones particulares tardan un aproximado de entre cuatro y diez meses para entregar todos los documentos debidamente certificados por la Secretaría de Educación Pública, los cuales acreditan la profesión que legamente se puede ejercer. En contraste, las universidades públicas tardan en promedio dos meses para hacer entrega de los documentos en cuestión.

El elevado costo y la tardanza en los trámites de titulación que experimentan los egresados de las universidades privadas representan un obstáculo para que éstos continúen satisfactoriamente con su desarrollo personal, profesional, laboral y económico.

La siguiente tabla, derivada de la consulta a los portales electrónicos de diferentes instituciones de educación superior (tanto públicas como privadas), da cuenta de las diferencias existentes entre las cuotas por concepto de titulación que se cobran en éstas:

Universidad

Costo Total de expedición de Título y Cédula Profesional

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)

$32,100.00

Universidad Casauranc

$29,204.00

Universidad de Ciencias y Administración (UCAD)

$16,000.00

Universidad Insurgentes

$16,000.00

Centro Educativo y Cultural Morelos (CECUM)

$15,000.00

Universidad de Negocios ISEC

$14,200.00

Universidad del Valle de México (UVM)

$13,125.00

Universidad Tecnológica de México (UNITEC)

$10,760.00

Universidad de Londres

$8,000.00

Universidad Latina

$7,830.00

Universidad de Ecatepec

$4,300.00

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE)

$3,201.00

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

$2,000.00

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

$2,000.00

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

$2,000.00

Lo aquí expuesto, pone de manifiesto la necesidad de atender esta problemática. Si bien las instituciones particulares tienen libertad absoluta para establecer las tarifas que estiman convenientes por la prestación de sus servicios, obedeciendo a sus intereses particulares, lo cierto es que al resultar ello un impedimento para que sus egresados alcancen sus expectativas en el mercado laboral resulta imprescindible regular esta situación.

Por lo anterior, quienes integramos el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 50 BIS A LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 50 Bis a la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 50 Bis.- Los Colegios de Profesionistas deberán contar con la aprobación por escrito del alumno para poder gestionar todos los trámites de titulación y expedición de cédula profesional, en caso contrario los Colegios de Profesionistas estarán obligados a entregar al alumno todos los documentos necesarios para llevar a cabo su registro, trámite de titulación y expedición de cédula profesional, por propio derecho ante la Secretaría de Educación Pública.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 27 de julio de 2016.

Suscribe

Dip. Enrique Zamora Morlet.





 

Está registrada en el Orden del Día la iniciativa del Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que contiene un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales y el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual se recibe y se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTÍCULO 163 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

(Presentada por el Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del PAN)







 

Asimismo, recibimos de la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas y se abroga la Ley General de Víctimas, publicada el 9 de enero de 2013, el cual se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS Y SE ABROGA LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, PUBLICADA EL 9 DE ENERO DE 2013

(Presentada por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, MARÍA CRISTINA DIAZ SALAZAR, Senadora de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La vigencia de los derechos humanos es central en toda sociedad y gobierno democráticos como es el nuestro.

El acceso a la justicia es un derecho humano, y para dar vigencia a este derecho el Estado mexicano ha establecido que la justicia debe ser procurada y administrada por el Estado, a través del Ministerio Público y los jueces. Además, es importante destacar que en el nuevo marco de concepción de los derechos humanos de nuestro país, derivado de la reforma constitucional de junio de 2011, queda constante que todas las instituciones están obligadas a promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos.

El acceso a la justicia es un pilar fundamental en la construcción de un Estado de derecho, ya que es a través de este en donde todas las personas pueden dirimir sus controversias por medio de los causes legales establecidos para ello.

Sobre lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala en su informe “Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas” que “[e]l concepto de "acceso a la justicia" se define como el acceso de jure y de facto a instancias y recursos judiciales de protección frente a actos de violencia, de conformidad con los parámetros internacionales de derechos humanos. La CIDH ha establecido que un acceso adecuado a la justicia no se circunscribe sólo a la existencia formal de recursos judiciales, sino también a que éstos sean idóneos para investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadas. … [u]na respuesta judicial efectiva frente a actos de violencia contra las mujeres comprende la obligación de hacer accesibles recursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos e imparciales de manera no discriminatoria, para investigar, sancionar y reparar estos actos, y prevenir de esta manera la impunidad. [*]

De lo anterior resulta importante enfatizar que tratándose de víctimas, en la gran mayoría de los casos son estas las que dan inicio a las investigaciones y procesos penales; sin víctimas, muchos de los delitos que hoy conocemos no existirían. Es por ello, que siendo la víctima una parte fundamental en la procuración y administración de justicia, estas deben tener garantizados la plena efectividad de sus derechos en todo momento.

Por ello, la autoridad investigadora debe tener presente que la falta de atención y seguimiento a las denuncias presentadas por las víctimas, conlleva a que los responsables de la violencia no sean sancionados en los tribunales competentes, generando impunidad y mayores violaciones.

En nuestro país los derechos de las víctimas han recorrido un largo trayecto hacia su pleno reconocimiento por parte del orden jurídico mexicano, pasando desde diversas modificaciones a la Constitución y a leyes federales y estatales hasta la capacitación del personal de procuración de justicia.

Anteriormente, el artículo 20 de nuestra Constitución únicamente contemplaba los derechos del acusado en el proceso penal pero fue con la Reforma Constitucional publicada el 3 de septiembre de 1993, que adicionó un párrafo a este artículo en materia de víctimas del delito, el cual determinaba:

“En todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito, tendrá derecho a recibir asesoría jurídica, a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda, a coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le preste atención médica de urgencia cuando la requiera y, los demás que señalen las leyes.” [*]

Estas modificaciones contemplaron uno de los avances más significativos en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las víctimas del delito, ya que por primera vez se reconoció el derecho a recibir asesoría jurídica, reparación del daño, coadyuvar con el Ministerio Público, recibir atención médica en caso de ser necesario y las demás que señalaran las leyes.

Más adelante, a raíz de la Reforma Constitucional de diciembre de 1994, se posibilito la impugnación de las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal. Esta modificación aunque no necesariamente en materia de víctimas, retiró la facultad exclusiva del no ejercicio de la acción penal que ejercía sin ningún control externo el Ministerio Público, lo cual coadyuvó a una mayor participación de las víctimas del delito en el proceso penal.

Sin embargo, fue hasta el año 2000 que se incorporó al texto de la Carta Magna el actual apartado “B” del artículo 20, con ello se introdujo un catálogo de derechos exclusivos de las víctimas en la Constitución, se estableció lo siguiente:

“B. De la víctima o del ofendido:

I.- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

II.- Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes.

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

III.- Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

IV.- Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;

V.- Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley; y

VI.- Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio” [*]

Con esta modificación se reconocieron de manera puntual y suficiente los derechos de la víctimas, cuestión que quedo a un lado en la reforma de 1993. De esta forma se les reconoce el mismo nivel de jerarquía e importancia a los derechos del inculpado como los derechos de las víctimas del delito.

Además de estas reformas, no se puede dejar de lado la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, toda vez que esta amplió el catálogo de derechos reconocidos en nuestro país y les otorgó una mayor jerarquía, además se incorporó en la Constitución el principio pro persona con el cual se faculta al juzgador a realizar una ponderación de normas aplicando en todo momento la norma que favorezca más a la persona.

Esta modificación amplió a un más los derechos reconocidos a las víctimas ya que en el plano internacional son diversos los tratados que contemplan disposiciones sobre esta temática. Así mismo existen resoluciones, recomendaciones, informes y jurisprudencia de los organismos internacionales de los que México es parte o respecto de los cuales se ha sujetado a su jurisdicción.

De lo anterior que la Reforma de 2011 es un paso adelante en la consolidación de los derechos de las víctimas en el ámbito nacional. Es por esto que al hablar de estos derechos debemos analizar cuidadosamente los estándares internacionales en la materia.

Sin menoscabo de lo anterior, desde hace algún tiempo, la justicia penal viene enfrentando múltiples desafíos, como el establecer un equilibrio procesal entre derechos de víctima e imputado. Hasta hoy el sistema y los criterios no le han dado a cada quien lo que merece, proteger al inocente y que no quede impune el delito. Peor aún no se respetan los derechos humanos de las víctimas.

El tema de los derechos fundamentales de las víctimas del delito y de las violaciones a los Derechos Humanos revisten especial importancia, sobre todo por el fuerte reclamo que la sociedad mexicana expresa diariamente derivado de la inseguridad pública que prevalece en nuestro país. Si bien durante mucho tiempo, las víctimas han permanecido ausentes de la mesa de debates, hoy se está produciendo un acelerado reposicionamiento en torno a la protección de sus derechos, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Tras las desgracias personales de las principales organizaciones de la sociedad civil en este rubro se ha hecho más frecuente el que estas participen en todas las políticas públicas no solamente por conocerlas sino por haberlas padecido y vivido.

El centro de la reforma judicial penal deben ser las víctimas no sólo por haber sufrido una perdida, ya sea material, emocional o física, el sistema debe tener la capacidad de vigilar y hacer que se cumplan todos los derechos no púnicamente del imputado, también de la víctima en cada una de sus etapas, de ninguna manera el sistema debe estar diseñado o permitir dejar a las víctimas sin justicia.

Ha sido muy claro que el no respetar las reglas claramente establecidas en diferentes normas, para la participación de las víctimas dentro de los procesos, pueden presentarse, no solamente los problemas inmediatos que afectan las reglas del debido proceso penal, también se corre el riesgo del desgaste y falta de credibilidad en la administración de justicia, la perdida de recursos personales y económicos en especial aquellos que invierte la víctima para poder participar dentro del proceso y afecta principalmente los derechos de las víctimas, lo que necesariamente lleva a una serie de acciones que revictimizan, actuando en contrario con los fines que se desea lograr por medio del proceso judicial, corriendo el riesgo que al perder credibilidad las instituciones, las personas tomen la justicia en su propia mano.

En este contexto, se ha legislado ampliamente en todos los ámbitos de competencia para que los derechos fundamentales de las víctimas tengan cobertura. El gran reto es establecer mecanismos prontos y expeditos para concretar y realizar todos los derechos de las víctimas.

Sin embargo y a diferencia de las garantías y derechos a favor de los imputados que forman parte del debido proceso, los derechos de las víctimas en el proceso penal se encuentran todavía en etapa de desarrollo y consolidación, en lo que podría denominarse como el desarrollo del “derecho penal moderno” en México.

Este fenómeno se explica debido a que el “derecho penal moderno” se caracteriza por constituir un derecho eminentemente estatal, es decir, un sistema de regulaciones legales en donde el delito es definido como conflicto entre el autor del mismo y el Estado. Frente a la comisión de un delito, surge el derecho del Estado de sancionar la violación al deber de todos los ciudadanos de respetar las normas penales, despojando a la víctima de su derecho a acceder y participar en los procesos de justicia.

Por lo anterior, hoy se aboga por un reconocimiento más amplio de derechos a las víctimas en el funcionamiento del sistema de justicia penal, a través de un creciente activismo de diversas asociaciones de víctimas, entre ellas Alto al Secuestro, A.C., que ha logrado colocar en el debate público ciertas demandas básicas a favor de un reconocimiento más efectivo de sus derechos en el proceso penal como un problema social urgente.

Pero sobre todo ha conseguido fortalecer ampliamente la participación de la víctima del delito en el proceso penal, por lo que ha sido necesario reconocer que la víctima, en cuanto persona, también es titular de un conjunto de derechos inalienables que deben ser reconocidos en todo proceso.

Desde el punto de vista pragmático, en cambio, los sistemas de justicia penal han aprendido que la víctima es un actor clave para la eficacia de los mismos. Sin víctima dispuesta a denunciar el delito que ha sido objeto o sin víctima motivada a entregar información relevante para su esclarecimiento, las posibilidades del sistema de conocer el caso y luego resolverlo son muy escasas. En consecuencia, para promover la propia eficacia del sistema, resulta indispensable que éste le ofrezca a la víctima un escenario que genere confianza y seguridad para formular denuncias y motivación para colaborar con el esclarecimiento de los hechos denunciados.

El tema también demanda más atención por parte de la administración púbica, es necesario que exista una política victimológica de Estado que en la práctica otorgue un acceso real a la verdad, la justicia y la reparación integral y garantice una efectiva participación de la víctima en todos los procedimientos de carácter punitivo, pues la participación de las víctimas no solo debe limitarse a un proceso penal sino al diseño y aprobación de planes, políticas y programas del Gobierno para dignificar su participación; a la elaboración de protocolos de atención con enfoques diferenciales; al fortalecimiento del Abogado Victimal y a la sensibilización y capacitación de los funcionarios involucrados.

Sin embargo, nos preguntamos ¿cuáles son los resultados que hasta hoy ha tenido la participación de las víctimas en el proceso penal? ¿Cómo se puede hacer más eficaz dicha participación?, por ello la Asociación Alto al Secuestro, organizó y desarrolló el Foro Nacional “Equidad para las Víctimas en el Debido Proceso Penal” el 20 de enero del 2015 en la Ciudad de México, con el objeto de analizar y evaluar los logros, obstáculos, y vacíos del reconocimiento y participación de los derechos de las víctimas del delito, y de violaciones a los derechos humanos en el Proceso Penal, así como todos los mecanismos para hacerlos realidad, además de discutir y examinar cuál es el fundamento y cuáles son las formas de participación; y, cuál es el potencial y los riesgos de dicha participación en el proceso de justicia penal por parte de las víctimas en el nuevo sistema de justicia penal mexicano.

El objetivo del Foro Nacional fue buscar respuestas a los anteriores interrogantes con la finalidad de hacer algunas recomendaciones para lograr una mejor participación de las víctimas, partiendo de la tesis que de si hay una real participación de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos –directa o indirectamente- o por lo menos un convencimiento de participación de la víctimas, en México se garantizará un mejor comprensión y aceptación del proceso que nuestro sistema de justicia ha asumido.

Para el desarrollo del contenido del Foro Nacional “Equidad para las Víctimas en el Debido Proceso Penal”, se conto con la participación y experiencia de diversos especialistas en la materia, los paneles estuvieron compuestas por académicos, dirigentes sociales, servidores públicos, comunicadores y operadores del sistema, los cuales reflexionaron con respecto a la desigualdad en la protección de los derechos humanos de las víctimas y la necesidad de que sean aplicados realmente los nuevos estándares legales en esta materia.

Las exposiciones presentadas durante el desarrollo del Foro giraron en torno a los siguientes temas:

• Garantizar la nueva legislación mexicana la igualdad de víctimas e inculpado en el proceso penal.

• El debido proceso y la observancia de los derechos humanos de las víctimas.

• Seguridad, Justicia y Legalidad para las Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos.

• Tratamiento de las víctimas de delito en los medios de comunicación, informar con perspectiva de derechos.

• Perspectivas y aportaciones de la sociedad civil para acceso a la justicia para las víctimas.

El Foro fue inaugurado por el Presidente Enrique Peña Nieto, asistiendo a la ceremonia también el titular de Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, el Coordinador Nacional Antisecuestro, Renato Sales Heredia y el Dr. Miguel Ángel Mancera, Jefe del Gobierno del Distrito Federal.

El Foro tuvo cinco paneles de trabajo donde los ponentes expusieron, dieron sus testimonios, reflexionaron y aportaron propuestas concretas hacia la reintegración jurídica y social de la víctima del delito y de violación a derechos humanos en el proceso penal mexicano, se expusieron los diferentes puntos de vista coincidieron en que es urgente establecer dentro del recién estrenado Código Nacional de Procedimiento Penales, un espacio digno a las víctimas. Los dirigentes de las organizaciones sociales criticaron a las autoridades ministeriales porque no sólo niegan la igualdad de los derechos de las víctimas, sino que, por el contrario, frecuentemente realizan una re-victimización a quienes han sufrido un delito, negándoles un efectivo y pronto acceso a la justicia. El reclamo más recurrente durante el encuentro fue la incipiente capacitación a policías y ministerios públicos en temas tan delicados como la debida atención que merecen las víctimas.

Actualmente, nuestro país cuenta con un marco normativo en materia de víctimas que entró en vigor el 3 de mayo de 2013, con dicha legislación nació la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

La CEAV, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión, encargada de garantizar la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas, además el ejercicio de labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Atención a Víctimas con el propósito de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones. [*]

El 9 de diciembre de 2015, a petición de diversas organizaciones, la Comisión de Gobernación del Senado de la República convocó a audiencias públicas con la finalidad de escuchar algunos casos de personas que han sido víctimas de delitos o de violaciones a derechos humanos de manera que los legisladores escucháramos de viva voz sus necesidades y evaluáramos la aplicación de la Ley General de Víctimas en México y los beneficios u obstáculos que actualmente presenta.

Dentro de los comentarios más recurrentes se encontró la solicitud de las víctimas de Revisar los Lineamientos para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral por la Comisión Ejecutiva de Víctimas y revisar las Reglas de Operación para el Fideicomiso para el cumplimento de las obligaciones en materia de Derechos Humanos que opera la unidad de Derechos Humanos de la SEGOB de manera que se aclaren competencias de liquidación y se revisen bajo una visión distinta victimológica. Se insistió en la continua capacitación a los trabajadores de la CEAV en materia de atención y apoyo a las víctimas y para eliminar la revictimización a la que fueron sujetos por parte de dichos servidores.

Además, las organizaciones y víctimas que acudieron a dichas audiencias presentaron algunos datos importantes, por ejemplo:

• La CEAV contaba con $1,028.2 Millones de Pesos para (i) Medidas de Ayuda Inmediata a Víctimas y (ii) Compensación como parte de la Reparación del Daño, recursos económicos destinados para las víctimas del delito. Sin embargo, la CEAV gastó solo $33 Millones de Pesos, es decir destinó a las víctimas sólo el 3% de los recursos. De esos 33 Millones de Pesos se destinaron a los siguientes rubros: 1.1 Millones pago de Honorarios a Fiduciaria; 0.6 Millones reembolso de gastos funerarios y de alimentación a víctimas; 29.7 Millones por pago por reparación integral a víctimas directas e indirectas [*] ; 1.5 Millones en el Fondo de Emergencias para pago de ayudas. (Ayotzinapa).

• Sobre el Registro de Víctimas, actualmente existen 3,034 víctimas registradas ante la CEAV, de las que el 88% son víctimas de delitos y el 12% son por violaciones a derechos humanos [*] . Sin embargo se encuentran pendientes de registro 2,717 víctimas. Lo anterior debido a las dificultades que enfrentan las víctimas para “comprobar” su carácter de víctima ante el sistema. Aunado a que aún cuando existen más solicitudes de inscripción como víctimas, y más necesidades para las víctimas del delito, en los hechos la comisión se preocupa más por atender a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

• Adicionalmente, según su página de internet, la Comisión únicamente cuenta con 21 Asesores Jurídicos para las 32 Entidades Federativas. Lo cual resulta completamente desproporcional con el número de víctimas que acuden a la misma para la defensa y protección de sus derechos.

Durante la Conclusión de dichas audiencias, la Comisión de Gobernación recibió una iniciativa de Ley que busca la creación de un nuevo ordenamiento que responda a las necesidades de las víctimas, revitalice la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual no ha podido responder a las necesidades de las víctimas en nuestro país y agilizar y garantizar la protección a los derechos que se les reconoce a las víctimas del delito en la Constitución y en otros ordenamientos.

A la luz de la entrada en vigor de la Reforma Constitucional al artículo 73 para facultar al Congreso de la Unión a expedir la legislación en materia de atención y protección de los derechos de las víctimas resulta necesario la creación de una nuevo ordenamiento en la materia que atienda las necesidades de las víctimas en el país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO: Se expide la Ley General de Víctimas y se abroga la Ley General de Víctimas Publicada el 9 de enero de 2013.

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS
TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO I

Reglas Generales y Objeto de la Ley

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y observancia en toda la República mexicana, en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano y otras disposiciones legales que contemplen derechos para las víctimas.

Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas y privadas están obligadas a observar las disposiciones de esta Ley para la ayuda y asistencia a las víctimas.

Los servidores públicos en el ámbito de su competencia actuarán conforme a la debida diligencia para garantizar la asistencia, protección y reparación integral, salvaguardar los derechos de las víctimas en el debido proceso y lograr su acceso a la verdad y a la justicia. Las acciones u omisiones que tengan como resultado el incumplimiento a lo dispuesto por esta ley se sancionarán conforme a la legislación aplicable.

La Federación, las entidades federativas y los municipios impulsarán la creación y funcionamiento de mecanismos públicos en las dependencias de gobierno que se considere y promoverán la colaboración con organizaciones privadas y de la Sociedad Civil a fin de hacer efectivos los derechos de las víctimas y asegurar la reparación integral.

Los derechos establecidos en esta ley no podrán limitarse ni restringirse por legislación alguna.

Artículo 2. El objeto de la presente Ley es promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las víctimas y asegurar la reparación integral. Su interpretación será conforme a la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo la protección de los derechos humanos de las víctimas.

CAPÍTULO II

Principios y definiciones

Artículo 5. Para el ejercicio de los derechos así como en la aplicación de esta Ley Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas y privadas se observarán los siguientes principios:

Dignidad.- La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares.

En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación.  Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.

En cualquier caso, toda norma, institución o acto que se desprenda de la presente Ley serán interpretados de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, aplicando siempre la norma más benéfica para la persona.

Buena fe.- Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de la víctima no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos.

Complementariedad.- Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta Ley, en especial los relacionados con la de asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a la víctima, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes.

Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación.

Debida diligencia.- El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho.

El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la presente Ley, realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen a favor de las víctimas.

Enfoque diferencial y especializado.- Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.

Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno. En todo momento se reconocerá el interés superior del menor.

Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a la atención de dichas particularidades y grado de vulnerabilidad, reconociendo igualmente que ciertos daños sufridos por su gravedad requieren de un tratamiento especializado para dar respuesta a su rehabilitación y reintegración a la sociedad.

Enfoque transformador.- Las autoridades que deban aplicar la presente Ley realizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes.

Gratuidad.- Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la víctima.

Igualdad y no discriminación.- En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial.

Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.- Todos los derechos contemplados en esta Ley se encuentran interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio de los mismos sin que a la vez se garantice el resto de los derechos. La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio de otros.

Para garantizar la integralidad, la asistencia, atención, ayuda y reparación integral a las víctimas se realizará de forma multidisciplinaria y especializada.

Máxima protección.- Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de la víctima del delito y de violaciones a los derechos humanos.

Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de la víctima.

No criminalización.- Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.

Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de la víctima al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse.

Victimización secundaria.- Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos.

Participación conjunta.- Para superar la vulnerabilidad de la víctima, el Estado deberá implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas.

La víctima tiene derecho a colaborar con las investigaciones y las medidas para lograr superar su condición de vulnerabilidad, atendiendo al contexto, siempre y cuando las medidas no impliquen un detrimento a sus derechos.

Progresividad y no regresividad.- Las autoridades que deben aplicar la presente Ley tendrán la obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados.

Publicidad.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos deberán ser públicos, siempre que esto no vulnere los derechos humanos de la víctima o las garantías para su protección.

El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara y accesible.

Rendición de cuentas.- Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la Ley, así como de los planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación que contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas y colectivos de víctimas.

Transparencia.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes.

Las autoridades deberán contar con mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación de las políticas, planes y programas que se instrumenten para garantizar los derechos de las víctimas.

Trato preferente.- Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas.

Artículo 4. Para la aplicación de esta Ley y de acuerdo con la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, se consideran víctimas:

A) Víctima del delito.- La persona que resienta directamente sobre su persona la afectación producida por una conducta delictiva, así como a la persona física titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la Ley Penal como delito. La calidad de víctima se tendrá independientemente de si el autor del delito haya sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado, así como de la relación que pueda existir entre el autor y la víctima.

Para acreditar la calidad de víctimas del delito se requiere la presentación de la denuncia realizada ante el Ministerio Público correspondiente.

En los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima o en el caso en que ésta no pudiera ejercer personalmente los derechos que esta Ley le reconoce, se considerarán como víctima, en el siguiente orden, el o la cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, por afinidad y civil, o cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima.

B) Víctima de violaciones graves a derechos humanos .- La persona que haya sufrido daños en lo individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial a sus derechos, como consecuencia de la violacion a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

Se considerará también como víctima, a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización

Para acreditar la calidad de víctima de violaciones graves de derechos humanos se requiere sentencia de un Tribunal Nacional o Internacional, la solución amistosa o la recomendación que el Estado Mexicano y la víctima hayan aceptado para concluir un proceso de investigación llevado a cabo por un organismo nacional o internacional facultado para ello. La calidad de víctima se tendrá independientemente de si el autor de la violación haya sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado, así como de la relación que pueda existir entre el autor y la víctima.

Artículo 5. Las comunidades u organizaciones ciudadanas podrán ser consideradas como víctimas cuando por la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos sufran afectación en sus bienes o en su integridad de forma colectiva.

Para acreditar la calidad de víctimas de un delito requerirán la presentación de la denuncia realizada ante el Ministerio Público. En caso de violaciones graves a sus derechos humanos la sentencia de Tribunal Nacional o Internacional, la solución amistosa o la recomendación que el Estado Mexicano y la víctima hayan aceptado para concluir un proceso de investigación llevado a cabo por un organismo nacional o internacional facultado para ello.

La persona cuya integridad física o derechos, peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito, se le brindarán medidas de protección y salvaguarda de su vida e integridad, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

CAPÍTULO III

De los derechos de las víctimas

Artículo 6. Las víctimas del delito, conforme a la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales, tienen derecho a:

• Ser tratado con respeto, dignidad y sin discriminación.

• Ser informado de los derechos que en su favor reconoce la Constitución.

• Ser informado del desarrollo del procedimiento penal.

• Solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde se encuentre para ser interrogada o participar en el acto para el cual fue citada, cuando por su edad, enfermedad grave o por alguna otra imposibilidad física o psicológica se dificulte su comparecencia.

• Acceder a la justicia de manera pronta, expedita e imparcial.

• A tener acceso a los registros de la investigación durante el procedimiento, así como a obtener copia gratuita de estos, salvo que la información este sujeta a reserva así determinada por órgano jurisdiccional.

• A evitar en la medida de lo posible el contacto entre la víctima y el infractor.

• A participar de manera activa en los mecanismos alternativos de solución de controversias.

• A intervenir en todo el procedimiento por si o por su asesor jurídico.

• A contar con información sobre los derechos que en su beneficio existan, como ser atendidos por personal del mismo sexo, o del sexo que la víctima elija, a comunicarse inmediatamente después de haberse cometido el delito con un familiar, e incluso con su asesor jurídico.

• Asesoría jurídica gratuita, atención médica y psicológica de urgencia.

• Medidas de protección cuando así lo requiera.

• Resguardo de su identidad.

• Traductor o intérprete.

• En caso de tener alguna discapacidad a que se realicen los ajustes al procedimiento correspondientes

• Proporcionar asistencia diplomática o consular cuando la víctima tenga otra nacionalidad.

• Asistencia social cuando lo requiera.

• A impugnar por si o por medio de su representante las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación.

• A ser notificado del desistimiento de la acción penal y de todas las resoluciones que finalicen el procedimiento.

• A solicitar la reapertura del proceso cuando se haya decretado su suspensión.

• A la reparación integral del daño.

• Las demás que se consideren en otros ordenamientos legales o en instrumentos internacionales de los que Estado Mexicano sea parte.

Tratándose de mujeres además será aplicable la legislación en la materia.

La víctima del delito de trata de personas gozará además de los derechos establecidos en la ley correspondiente.

En el caso de niñas, niños y adolescentes se observará en todo momento el principio de interés superior de la infancia y la legislación en la materia.

Artículo 7. Tratándose de víctimas de violaciones graves a Derechos Humanos, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, tomará las medidas correspondientes para garantizar:

• Acceso igual y efectivo a la justicia;

• Acceso a información sobre las violaciones a derechos humanos y a los mecanismos de reparación;

• Proporcionar asistencia diplomática o consular cuando la víctima tenga otra nacionalidad.

• Asistencia médica y psicológica si así lo requieren;

• Asegurar las medidas de protección cuando así se haya determinado;

• Otorgar lo correspondiente a las reparaciones del daño, incluyendo el pago de los mismos, a través del Fondo creado para la Atención a Víctimas y asegurar que se cumpla todo lo establecido en la solución amistosa o en la sentencia; y

• Otras medidas que considere necesario para asegurar el acceso y ejercicio de sus derechos.

Tratándose de víctimas de tortura o desaparición forzada de personas se observarán además los derechos reconocidos en la legislación de la materia.

TITULO SEGUNDO
CAPITULO I
Del Sistema Nacional de Atención a Víctimas

Artículo 8. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas es la instancia encargada de formular políticas públicas y coordinar a la federación, entidades federativas y municipios, con la fin de garantizar la asistencia, protección, reparación integral, y salvaguardar los derechos de las víctimas en el debido proceso, así como lograr su acceso a la verdad y a la justicia.

La Federación, entidades federativas y municipios deberán implementar las acciones que sean necesarias y suficientes para la ayuda y asistencia para la víctimas, así como poner en práctica los  programas y acciones aprobados por el Sistema para asegurar el ejercicio de sus derechos.

Artículo 9. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas estará integrado por las  y los titulares de las siguientes instituciones, quienes tendrán derecho a voz y voto:

• Presidencia de la República, quien preside el Sistema.

• Las Cámaras del Congreso de la Unión.

• Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• Secretaría de Gobernación.

• Procuraduría General de la República.

• Secretaría de Relaciones Exteriores.

• Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

• Secretaría de Salud

• Gobierno de las entidades federativas.

• Tres representantes de la Sociedad Civil, vinculados a la atención y protección a la víctimas

Para el cumplimiento de sus facultades y atribuciones, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, contará con un organismo operativo denominado Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Los integrantes del Sistema, elegirán a quien presidirá la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quien además tendrá a su cargo la Secretaría Técnica del Sistema durante el tiempo que dure su encargo.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, deberá de presentar por escrito un informe anual y rendir cuenta de éste ante las comisiones de Gobernación y de Justicia del Senado de la República.

Artículo 10. La presidencia del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, recaerá en el Presidente de la República. En ausencia de éste por la persona que ocupe la titularidad de la Secretaría de Gobernación. 

El Sistema Nacional, se reunirán en Pleno por lo menos una vez cada seis meses a convocatoria de la Secretaría Técnica, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar de conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

Podrán reunirse en forma extraordinaria a petición de uno de los integrantes del Sistema o cuando así lo requieran los asuntos relacionados con la materia.

Los integrantes del Sistema deberán asistir personalmente. El quórum para las sesiones del Sistema se conformará con la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por mayoría de los integrantes presentes con derecho a voto.

Los integrantes del Sistema asegurarán la coordinación y funcionamiento del mismo, podrán formular propuestas, acciones y programas que garanticen los derechos de la víctimas.

Para el mejor desempeño de sus funciones, el Sistema podrá contar con la presencia de invitados a sus sesiones, ya sea de organizaciones públicas, privadas, organizaciones sociales, expertos nacionales o extranjeros, quienes podrán participar con derecho a voz, sin voto.

El Reglamento establecerá el mecanismo de invitación correspondiente.

Artículo 11. De las atribuciones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

• Elegir a quien presida la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

• Aprobar el Reglamento de la Ley General de Atención a Víctimas.

• Aprobar los lineamientos para la operación del Fondo Federal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

• Aprobar los acuerdos y convenios entre las instituciones publicas y privadas para garantizar los derechos de las víctimas.

• Conocer y aprobar el informe anual de la Comisión Ejecutiva.

• Conocer y aprobar el proyecto de presupuesto de la Comisión Ejecutiva.

• Conocer y aprobar el diseño institucional y la estructura orgánica de la Comisión Ejecutiva.

• Aprobar y evaluar los planes, programas y el cumplimiento de las funciones respecto de las atribuciones que le otorga la Ley para garantizar los derechos de las víctimas.

• Conocer sobre la remoción de las y los Comisionados de la Comisión Ejecutiva, así como funcionarios y servidores públicos de la misma. En su caso iniciar el proceso de responsabilidades que establezcan las leyes correspondientes.

CAPITULO II
De la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Artículo 12. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y gozará de autonomía técnica y de gestión.

Será integrada por cinco personas nombradas por el Titular Ejecutivo Federal, quienes tendrán el carácter de Comisionado o Comisionada, previa convocatoria pública, serán ratificados por el Senado de la República en un plazo no mayor a treinta días.

La Comisión Ejecutiva tendrá a su cargo la administración del Fondo Federal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Artículo 13. Para ser comisionado o comisionada  se requiere:

• Ser ciudadano mexicano;

• No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público en la federación, entidades federativas o municipios;

• Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, y

• No haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación.

En la elección de las y los comisionados, deberá garantizarse el respeto a los principios que dan marco a esta Ley y la integración plural. Los comisionados se desempeñarán en su cargo por cinco años y serán electos de forma escalonada, sin posibilidad de reelección. Durante el mismo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, no remunerados.

Artículo 14. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tendrá las siguientes obligaciones:

• Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptadas por el Sistema;

Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado a través de sus instituciones o en convenio con instituciones privadas proporcione a las víctimas de delitos o por violación a sus derechos humanos, para lograr el reestablecimiento de la vida social;

• Elaborar anualmente el proyecto de Programa de Atención Integral a Víctimas y proponerlo para su aprobación al Sistema;

• Proponer al Sistema Políticas Públicas a nivel Nacional para la asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas u ofendidos de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;

• Instrumentar los mecanismos, medidas, acciones, mejoras y demás políticas acordadas por el Sistema;

• Proponer al Sistema un mecanismo de seguimiento y evaluación de las obligaciones previstas en esta Ley;

• Informar al Sistema de las medidas urgentes tomadas para la protección inmediata de las víctimas cuando su vida o su integridad se encuentre en riesgo;

• Coordinar a las instituciones competentes para la atención de una problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley, así como los de coordinación, concurrencia y subsidiariedad;

• Asegurar la participación de las víctimas tanto en las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencias internacionales en materia de derechos humanos dictadas en contra del Estado Mexicano, como en aquellas acciones que permitan garantizar el cumplimiento de recomendaciones de organismos nacionales o internacionales de derechos humanos no jurisdiccionales;

• Establecer mecanismos para la capacitación, formación, actualización y especialización de funcionarios y servidores públicos u organizacines de la sociedad civil, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;

• Rendir un informe anual ante el Sistema, sobre los avances del Programa y demás obligaciones previstas en esta Ley;

• Administrar y vigilar el adecuado ejercicio del Fondo y proponer las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas;

• Solicitar al órgano competente se apliquen las medidas disciplinarias y sanciones correspondientes;

• Proponer al Sistema, el Proyecto de Presupuesto y la Estructura Orgánica de la Comisión Ejecutiva;

• Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz de los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios para el cumplimiento de las acciones, planes, proyectos y programas de atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral de las víctimas en los ámbitos federal, estatal, del Distrito Federal y municipal;

• Crear una plataforma que permita integrar, desarrollar y consolidar la información sobre las víctimas a nivel nacional a fin de orientar políticas, programas, planes y demás acciones a favor de las víctimas para la prevención del delito y de violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la verdad, justicia y reparación integral con el fin de llevar a cabo el monitoreo, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las políticas, acciones y responsabilidades establecidas en esta Ley. La Comisión Ejecutiva propondrá al Sistema lineamientos para la transmisión de información de las instituciones que forman parte del Sistema, cuidando la confidencialidad de la información pero permitiendo que pueda haber un seguimiento y revisión de los casos que lo lleguen a requerir; 

• Coadyuvar para que los derechos de las víctimas estén garantizados en las acciones para la prevención, atención e investigación de delitos o violaciones a los derechos humanos.

• En casos de graves violaciones a derechos humanos o delitos graves cometidos contra un grupo de víctimas, proponer al Sistema los programas integrales emergentes de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a justicia, a la verdad y reparación integral;

• Establecer comités especiales de atención a víctimas de delitos o violaciones graves de derechos humanos que por la situación existente requieran especial atención;

Implementar mecanismos coordinación y apoyo con las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la ayuda, atención y asistencia a favor de las víctimas;

• Recibir y evaluar los informes rendidos por los titulares de las diversas áreas que comprenden la Comisión Ejecutiva, así como realizar las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia, debiendo informar de ello al Sistema; y

• Las demás que se deriven de la presente Ley.

Artículo 15. La Comisión Ejecutiva podrá celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con las entidades e instituciones federales así como con las entidades e instituciones homólogas estatales y del Distrito Federal, incluidos los organismos autónomos de protección de los derechos humanos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema.

Artículo 16. La Comisión Ejecutiva podrá también contar con la asesoría de grupos de expertos en temas específicos, solicitar opiniones de organismos nacionales o internacionales públicos de derechos humanos, instituciones u organizaciones públicas o privadas nacionales o extranjeros con amplia experiencia en cierta problemática relacionada con la atención, asistencia, justicia; verdad y reparación integral a las víctimas.

Artículo 17. La Comisión Ejecutiva sesionará al menos una vez a la semana y en sesión extraordinaria, cada que la situación urgente así lo requiera. Los integrantes tienen obligación de comparecer a las sesiones. Si un comisionado no asistiera a las sesiones ordinarias en más de tres ocasiones consecutivas durante un año en forma injustificada será removido de su cargo y deberá comunicarse de inmediato al Sistema para que lleve a cabo los procedimientos que correspondan.

Artículo 18. Los acuerdos y resoluciones de la Comisión Ejecutiva se tomarán por la mayoría de sus integrantes.

Artículo 19. A fin de lograr una especialización, atención integral y coordinada en temas que requieran ser tratados en todo el país, la Comisión Ejecutiva integrará los comités que al efecto determine el Sistema Nacional.

Artículo 20. El Comisionado Presidente tendrá las siguientes facultades:

• Asumir la Secretaría Técnica del Sistema y dar seguimiento a los acuerdos del mismo;

• Administrar, representar legalmente y coordinar las funciones para el cumplimiento de las atribuciones de la Comisión Ejecutiva;

• Convocar, dirigir, coordinar y dar seguimiento a las sesiones que celebre la Comisión Ejecutiva;

• Proponer al Sistema los lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para el seguimiento y vigilancia de las funciones de la Comisión Ejecutiva; 

• Notificar a los integrantes del Sistema los acuerdos asumidos y dar seguimiento a los mismos a través de las sesiones que se celebren;

• Llevar un registro de atención y reparación del daño a las víctimas que acudan ante la Comisión Ejecutiva, mismo que debera ser integrado en el informe que presente ante el Sistema;

• Rendir cuentas al Sistema Nacional, así como ante las cámaras del Congreso de la Unión, cuando sea requerido, sobre las funciones encomendadas a la Comisión Ejecutiva, así como del uso de los recursos utilizados del Fondo;

• Proponer al Pleno de la Comisión Ejecutiva los convenios de colaboración que se requiera para el cumplimiento de sus funciones;

• Realizar los programas operativos anuales y los requerimientos presupuestales anuales que corresponda a la Comisión Ejecutiva y proponerlos al Sistema para su aprobación; y

• Las demás que le atribuya el Sistema y que se requiera para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Comisión Ejecutiva.

TITULO TERCERO
CAPITULO I
Del acceso a la Justicia para las victimas

Artículo 21.- El Estado mexicano a través de los órganos de procuración y administración de justicia y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, deberá garantizar desde la denuncia, la investigación del delito, así como durante el juicio, que la víctima cuente con:

• Acceso a la información sobre sus derechos y los mecanismos para hacerlos valer.

• Servicios de atención y apoyo a las víctimas.

• Asesoría jurídica para garantizar el debido proceso.

• Medidas de protección.

• Reparación integral del daño.

Artículo 22.-  De los servicios de atención y apoyo a las victimas.

Las instituciones gubernamentales en coordinación con el Sistema Nacional, tomarán las medidas necesarias a través de acuerdos o convenios para brindar apoyo médico-psicológico durante todo el tiempo que lo requiera la víctima.

El Sistema de igual modo tomará las medidas necesarias para que las victimas puedan recibir apoyos sociales ya sea a través de instituciones públicas o de los recursos con los que se cuenta en el fondo establecido para las victimas.

El Sistema también podrá concretar acuerdos o convenios para otorgar servicios médicos-psicológicos y sociales u otro apoyo especializado que se requiera, con organizaciones no gubernamentales, ya sea que presten servicios profesionales o voluntarios.
El Sistema llevará un registro de las medidas de la asistencia médica-psicológica requerida y apoyos sociales solicitados y vigilará que estos se cumplan.

También se llevará registro de las personas que están siendo atendidas por organizaciones no gubernamentales, mismas que también serán supervisados.

Capítulo II
De la asesoría jurídica

Artículo 23. Los órganos de procuración y administración de justicia y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, deberán proveer a la víctima de asesoría jurídica gratuita que le garantice el acceso igual a un recurso judicial o administrativo efectivo, así como a mecanismos, modalidades y procedimientos que aseguren el derecho al acceso a la justicia y a un procedimiento justo e imparcial.

El Sistema en coordinación con las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial en todos los niveles de gobierno, deberá de contar a disposición de las victimas, con personal calificado que pueda otorgar los servicios de asesoría jurídica.

La persona que proporcione la asesoría jurídica por parte del Estado deberá remitir un informe mensual a la Institución de la cual forme parte sobre sus actuaciones, y cuando así lo considere, solicitar los apoyos médicos psicológicos o sociales y las medidas de protección que considere en favor de la víctimas.

Capítulo III
De las medidas de protección

Artículo 24. Toda víctima tienen derecho a que se le proteja en su vida, integridad, intimidad y se evite cualquier conducta de amenazas o represalias, al igual que a sus familiares desde el momento de la  presentación de la denuncia y durante todo el procedimiento.

El Ministerio Público y los Juueces en el ámbito de su competencia, deberán evaluar, la situación en la que se encuentra la víctima y sus familiares, deberá procurar las medidas de protección que requiera. Estas medidas serán evaluadas periódcamente para el mantenimiento o ampliación de las mismas.

Para los efectos de los párrafos anteriores se entenderán las siguientes medidas:

• Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido;

• Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre;

• Separación inmediata del domicilio;

• La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable;

• Protección de su intimidad frente a injerencias ilegítimas;

• La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos;

• Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido;

• Protección policial de la víctima u ofendido;

• Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo;

• Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, y

• El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad.

• A resguardar la identidad de la víctima u ofendido.

Artículo 25. Toda victima del delito podrá solicitar medidas de protección cuando exista riesgo para su vida o integridad, así como el resguardo a su identidad. Estas medidas también pueden ser solicitadas para familiares de las victimas u ofendidos por el delito cuando la situación lo requiera.

Para ello el Sistema contará con un área de seguimiento de medidas de protección que monitoree y evalúe la aplicación de las medidas, el tiempo de duración y si así lo requiere, podrá a través del asesor jurídico de la víctima, solicitar la ampliación de las mismas u otras adicionales.

Capítulo IV
Reparación del Daño

Articulo 26. Toda víctima de delito o de violación grave a los derechos humanos tiene derecho a la reparación integral del daño. En el caso de delitos que se persigan por querella y sólo cuando se cubra la totalidad de la reparación del daño, la víctima podrá otorgar el perdón.

La reparación del daño deberá ser integral, adecuada, eficaz, efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida, comprenderá cuando menos:

• La restitución de la cosa obtenida por el delito y si no fuere posible, el pago del precio de la misma, a su valor actualizado;

II. La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo la atención médica y psicológica, de los servicios sociales y de rehabilitación o tratamientos curativos necesarios para la recuperación de la salud, que hubiere requerido o requiera la víctima, como consecuencia del delito. En los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, la libertad y el normal desarrollo psicosexual y en su salud mental, así como de violencia familiar, además comprenderá el pago de los tratamientos psicoterapéuticos que sean necesarios para la víctima;

III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados;

IV. El pago de la pérdida de ingreso económico y lucro cesante, para ello se tomará como base el salario que en el momento de sufrir el delito tenía la víctima y en caso de no contar con esa información, será conforme al salario mínimo vigente en el lugar en que ocurra el hecho;

• El costo de la pérdida de oportunidades, en particular el empleo, educación y prestaciones sociales, acorde a sus circunstancias;

VI. La declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima, a través de medios electrónicos o escritos;
VII. La disculpa pública, la aceptación de responsabilidad, así como la garantía de no repetición, cuando el delito se cometa por servidores públicos.

Los medios para la rehabilitación deben ser lo más completos posible, y deberán permitir a la víctima participar de forma plena en la vida pública, privada y social.

El Sistema asesorará a las víctimas del delito para que pueda cuantificarse y determinar el monto del daño causado así como las formas y medidas en las que habrá de asegurarse la reparación.

El Sistema a través del asesor jurídico de la víctima del delito y del Ministerio Público solicitará a la autoridad jurisdiccional que para efectos de garantizar la reparación del daño aplique las siguientes providencias precautorias:

• El embargo de bienes, y

II. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

TÍTULO CUARTO
Del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral

CAPITULO I
Objeto e Integración

Artículo 27. El Fondo tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Artículo 28. Para ser beneficiarios del apoyo del Fondo, se atenderá los requisitos que al efecto establezca esta Ley y su Reglamento y las directrices que a su efecto establezca y publique el Sistema en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 29. El Fondo se conformará con:

I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso;

El monto que apruebe anualmente la Cámara de Diputados será de 0.014% del Gasto Programable del Presupuesto de Egresos de la Federación.

II. El producto de la enajenación de los bienes que sean decomisados en los procedimientos penales, en la proporción que corresponda, una vez que se haya cubierto la compensación, en los términos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales o en la legislación respectiva;

III. Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad;

IV. El monto de las reparaciones del daño no reclamadas;

V. Las aportaciones que a este fin hagan en efectivo o en especie las personas físicas o morales de carácter público, privado o social nacionales o extranjeros de manera altruista;

VI. Los rendimientos que generen los recursos que obren en el Fondo;

VII. Los montos que se recuperen en virtud del derecho de repetición en los términos de esta Ley, y

VIII. Los demás recursos que se determinen en las disposiciones aplicables.

La constitución del Fondo será con independencia de la existencia de otros ya establecidos para la atención a víctimas. La aplicación de recursos establecidos en otros mecanismos a favor de la víctima y los de esta Ley se hará de manera complementaria, a fin de evitar su duplicidad. El acceso a los recursos a favor de cada víctima no podrá ser superior a los límites establecidos en esta Ley y las disposiciones correspondientes.

Las compensaciones subsidiarias se cubrirán con los recursos del Fondo correspondiente al ejercicio fiscal vigente al momento de la solicitud. La Comisión Ejecutiva velará por la maximización del uso de los recursos del Fondo, priorizando en todo momento aquellos casos de mayor gravedad.

Artículo 30. El Fondo estará exento de toda imposición de carácter fiscal y parafiscal, así como de los diversos gravámenes a que puedan estar sujetas las operaciones que se realicen por el Fondo.

Artículo 31. La Comisión Ejecutiva propondrá al Sistema, las disposiciones necesarias para el funcionamiento del Fondo, mismas que se regirán por lo establecido en esta Ley así como en las disposiciones aplicables.

Artículo 32. Cuando la situación lo amerite, exista una resolución administrativa o diplomática, podrán utilizarse los recursos del Fondo a que se refiere este capítulo, para la reparación del daño, el cual tendrá adjudicado parte de los recursos del Fondo por un tiempo determinado. Debiendo en todo momento rendir cuenta sobre su uso al Sistema. Estos recursos se podrán destinar con independencia de que se pueda obtener por parte de los tribunales correspondientes, las reparaciones de las personas físicas o entidades administrativas responsables de la comisión de delitos o de violaciones a derechos humanos.

Capítulo II
De la administración

Artículo 33. El Fondo será administrado por la Comisión Ejecutiva siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia, rendición de cuentas, de conformidad con los lineamientos dictados por el Sistema, por medio de un fideicomiso público.

Artículo 34. En la Administración del Fondo, el Presidente de la Comisión Ejecutiva procurará:

I. Gestionar lo pertinente para que los recursos asignados al Fondo ingresen oportunamente al mismo;

II. Realizar las previsiones necesarias a fin de garantizar la solvencia del Fondo.

Artículo 35. El Reglamento precisará el funcionamiento, alcance y criterios específicos de asignación de recursos del Fondo.


Capítulo III
Procedimiento

Artículo 36. Para acceder a los recursos del Fondo, la víctima deberá presentar su solicitud ante la Comisión Ejecutiva de conformidad con lo señalado por esta Ley y su Reglamento.

Las determinaciones de la comisión respecto a cualquier tipo de pago, compensación o reparación del daño tendrán el carácter de resoluciones administrativas definitivas. Contra dichas resoluciones procederá el juicio de amparo.

Tratándose de víctimas a los derechos humanos, la autoridad correspondiente adjuntará las recomendaciones internacionales, la solución amistosa o la sentencia, y solicitará a la Comisión Ejecutiva lo correspondiente a la reparación del daño.

Artículo 37. En cuanto reciba una solicitud, la Comisión Ejecutiva integrará el expediente correspondiente, y deberá dar seguimiento inmediato, para que en su caso el Pleno de la Comisión Ejecutiva determine sobre su procedencia así como la ayuda que requiera la víctima y en su caso el monto que corresponda de acuerdo con los lineamientos determinados por el Sistema.

Artículo 38. Para la integración del expediente deberá la Comisión contará con una oficina de atención a las víctimas especializada misma que le dará la información que con motivo de sus derechos le confiere esta ley. El área correspondiente, deberá integrar dicho expediente en un plazo no mayor a tres días, el cual deberá contener como mínimo:

II. Descripción del daño o daños que haya sufrido la víctima;

III. Documentos probatorios o descriptivos con los que cuenta, respecto de las afectaciones sufridas con motivo de la comisión del delito o de la violación a los derechos humanos.

Artículo 39. La oficina de atención a las víctimas, deberá apoyar a las víctimas con la finalidad de integrar al expediente los siguiente:

I. Los dictámenes de trabajo social, que se requieran para acreditar las condiciones de victimización que enfrenta la víctima y las necesidades que requiere satisfacer para enfrentar las secuelas de la victimización, así como el monto de la reparación del daño propuesto;

II. Dictámenes médicos donde se especifique las afectaciones sufridas, las secuelas y el tratamiento, prótesis y demás necesidades que requiere la persona para su recuperación;

III. Dictamen psicológico en caso de que la víctima requiera atención a la salud mental donde se especifique las necesidades que requieren ser cubiertas para la recuperación de la víctima, y

IV. Propuesta de resolución que se propone adopte la Comisión Ejecutiva donde se justifique y argumente jurídicamente la necesidad de dicha ayuda.

Para todo lo anterior, la víctima sólo estará obligada a entregar la información, documentación y pruebas que obren en su poder. Es responsabilidad la oficina de atención a las víctimas, lograr la debida integración del expediente.

Artículo 40. El Reglamento de esta Ley especificará el procedimiento que se seguirá para el otorgamiento de la ayuda.
La Comisión Ejecutiva deberá resolver sobre la procedencia de la solicitud a la brevedad posible, en un plazo no mayor a diez días.

CAPÍTULO IV
Previsiones Generales

Artículo 41. Si el Estado no pudiese hacer efectiva total o parcialmente la orden de compensación, establecida por mandato judicial u organismo nacional o internacional de protección de los derechos humanos o por acuerdo de la Comisión Ejecutiva, deberá justificar la razón y tomar las medidas suficientes para cobrar su valor, o gestionar lo pertinente a fin de lograr que se concrete la reparación integral de la víctima.

Artículo 42. Cuando la determinación y cuantificación del apoyo y reparación no haya sido dada por autoridad judicial u organismo nacional o internacional de protección de los derechos humanos, ésta deberá ser realizada por la Comisión Ejecutiva. Si la misma no fue documentada en el procedimiento penal, la Comisión procederá a su documentación e integración del expediente conforme lo señalado en esta ley.

Artículo 43. La Comisión Ejecutiva tendrá facultades para cubrir las necesidades en términos de asistencia, ayuda y reparación integral, a través de los programas gubernamentales federales, estatales o municipales con que se cuente.

TRANSITORIOS

Primero. La presente Ley será vigente a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y abroga la Ley General de Víctimas publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 09 de enero del año 2013, incluidas sus reformas vigentes hasta el día de la publicación de la presente.

Segundo. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de esta ley, el Presidente de la República deberá enviar al Senado de la República la propuesta de nombramiento de los Cinco Comisionados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Los actuales Comisionados podrán ser considerados para formar parte de la Comisión Ejecutiva, hasta por el tiempo en que fueron nombrados anteriormente.

Tercero. El Reglamento de la CEAV  seguirá vigente en todo lo que corresponda y no contravenga las disposiciones de esta ley, hasta en tanto el Poder Ejecutivo expida el Nuevo Reglamento, mismo que no podrá exceder de 90 días para su publicación. 

Cuarto. Los actuales Recursos Humanos, materiales y financieros de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pasarán a formar parte del nuevo organismo creado a partir de esta ley, sin mayor requisito que los establecidos para el manejo y funciones en el presente ordenamiento así como en el Reglamento de la CEAV vigente.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 27 de julio de 2016.

Sen. María Cristina Díaz Salazar.

[*]  Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, OEA, 2007.
[*]  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4780397&fecha=03/09/1993
[*]  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2060758&fecha=31/12/1969
[*]  http://www.ceav.gob.mx/que-es-la-ceav/
[*]  Esta cifra fue destinada a 51 víctimas de 5 casos por violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado por concepto de compensación, mientras que a víctimas del delito únicamente se destinaron 628,108.87 pesos por concepto de ayuda inmediata. Cifras de Asociación Alto al Secuestro
[*]  Cifras de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas





 

Les informo que también se recibió la iniciativa de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que contiene proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley del Seguro Social, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

Quien suscribe, Senadora ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE GUARDERÍA PARA LOS PADRES TRABAJADORES al tener de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La igualdad jurídica de hombres y mujeres reconocida en el artículo 4º de nuestra Carta Magna, obliga a que todas las leyes y reglamentos que se promulguen y apliquen en el país, garanticen esa igualdad jurídica, de no ser así, se está contraviniendo la Constitución.

De igual manera, el artículo 1º Constitucional garantiza, para todas las personas, el derecho a no ser discriminada, por lo que las reformas legales que se emprendan deberán de contemplar este principio, así como derogar toda disposición que lo contravenga. Es así, que a través de esta propuesta modificar la Ley del Seguro Socialque contienen disposiciones que generan desigualdad para los hombres y mujeres, para adaptarlas a la igualdad normativa que se persigue.

En ese sentido, el pasado 29 de junio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante, SCJN) declaró inconstitucionales los artículos 201 y 2015de la Ley del Seguro Social.

La SCJN analizó los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social; el artículo 171 de la Ley Federal del Trabajo; los artículos 2º, fracción IV, 3º, 9º y 16 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería; y, el artículo 8.1.3 de la Norma que establece las disposiciones para la operación del Servicio de Guardería 1. De la lectura conjunta de estas disposiciones normativas, de conformidad con el análisis de la SCJN, se desprende que el servicio de guardería que presta el Instituto Mexicano del Seguro Sociales exclusivo para las mujeres trabajadoras aseguradas y, deforma extraordinaria, se presta a los hombres, quienes para tal efecto deben acreditar alguno de los siguientes supuestos 2:

1. Ser viudo, 

2. Estar divorciado, 

3. Que por resolución judicial ejerza la custodia de sus hijos; siempre y cuando, no contraiga nuevamente matrimonio o se una en concubinato, y 

4. Que por resolución judicial ejerza la patria potestad y la custodia de un menor, siempre y cuando estén vigentes en sus derechos ante el Instituto y no pueda proporcionarle atención y cuidados. 

De acuerdo con la Segunda Sala de la SCJN, la Ley hace una clara distinción del beneficio del servicio de las guarderías, al otorgarlo en forma exclusiva a las aseguradas, cuya única condición es la de ser mujer; mientras que, para los hombres asegurados, establece una serie de requisitos, en su condición de padres o para los hombres que tengan la guarda y custodia de un menor.

Por lo que, la SCJN consideró que esa distinción es injustificada y discriminatoria, en la medida de que en términos del artículo 4o.de la Constitución Federal, el hombre y la mujer son iguales ante la ley.

El derecho de igualdad entre el hombre y mujer que contempla la disposición constitucional, busca que ambos sean tratados equitativamente frente a la ley, lo cual, necesariamente implica que tanto la mujer como el hombre gocen, en el caso concreto, en su calidad de personas trabajadoras aseguradas, de los mismos beneficios que brinda la seguridad social, entre otros, el servicio de guardería, conforme a lo previsto en el artículo 123 Apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal. De ahí que, sin que exista justificación objetiva para un trato diferenciado, las normas cuestionadas deriven en una situación de discriminación, al restringir a determinados supuestos el derecho del trabajador a gozar del servicio. Lo anterior, en contravención a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone:

“[…]

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabarlos derechos y libertades de las personas 3.”

La diferencia que hace la Ley del Seguro Social atenta contra la igualdad de derechos que debe regir para toda persona independientemente de su sexo, además de que obstaculiza a los padres trabajadores a gozar del servicio en igualdad de derechos que la mujer trabajadora, colocándolo en una situación de desventaja.

Lo anterior, de acuerdo con la SCJN, se acentúa al advertir que este trato diferenciado deriva de la asignación a la mujer del rol de cuidado de las y los hijos, por el solo hecho de serlo, lo que implica un estereotipo de género, esto es:

“la preconcepción de que es a la mujer a la que corresponde la responsabilidad de la crianza, la atención y el cuidado de las y los hijos, sin considerar que ésta es una responsabilidad compartida de madres y padres, que deben participar en igual medida 4”.

Este trato asimétrico, ni siquiera atiende al papel de madre de la mujer, pues si se examinan los supuestos en los que la ley concede a la persona trabajadora el beneficio de recibir el servicio de guardería, concretamente el artículo 205 cuestionado, adicionalmente condiciona el servicio a los hombres viudos, divorciados o los que judicialmente conserven la custodia de sus hijas e hijos, a que no contraigan nuevamente matrimonio o se unan en concubinato.

Esto es,

“mientras no establezcan una relación de matrimonio o concubinato que supone contar con una mujer para hacerse cargo de las y los hijos del trabajador, podrán contar con el servicio, lo que conlleva una diferenciación estructural que subyace en la norma asignando a la mujer un determinado papel en razón exclusivamente del género, reafirmando la visión estereotipada y situación de desventaja que permea en la norma, reduciendo a la mujer al papel del cuidado del hogar y las hijas y los hijos” 5.

Por lo anterior, la SCJN abordando el estudio de las normas impugnadas con perspectiva de género, estableció que derivan en un trato diferenciado que resulta discriminatorio por razón de género, sin que sea relevante que en este caso dicho trato prive de un derecho al padre trabajador, pues el principio de igualdad y el de no discriminación por razón de género, no sólo debe apreciarse desde la óptica de la mujer, pues si bien es verdad que tradicionalmente, debido fundamentalmente a patrones culturales, es ella quien puede ver menguados sus derechos, lo cierto es que también el hombre puede resultar afectado por esta misma visión de género, como acontece en las normas materia de análisis.

De acuerdo con el proyecto, juzgar con perspectiva de género, constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. En otras palabras, tener en cuenta los factores de desigualdad real de quienes enfrentan un proceso judicial, adoptando medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de sus intereses.

Derivado de ello, las y los juzgadores deben cuestionar los estereotipos preconcebidos en las leyes respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación, ya que el Estado debe velar por que en toda controversia jurisdiccional donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta se tome en cuenta, a fin de visualizar con claridad la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria.

Además, el Estado está obligado garantizar, a través de la ley, igualdad de condiciones para que ambos, madres y padres (corresponsabilidad) puedan contribuir en el pleno desarrollo de la familia, velando siempre el interés superior de la niñez. Máxime, si se toma en cuenta que las y los niños tienen derecho humano a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, en términos de lo que dispone el artículo 4o. constitucional.

Es por ello, que la Segunda Sala de la SCJN consideró que

“el hombre, al igual que la mujer, tiene derecho a acceder al servicio de guardería que, en su carácter de aseguradas, el Instituto les presta en forma amplia a ellas; pues no existe ninguna justificación legal, constitucional ni convencional que los prive de obtenerlo en igualdad de condiciones, en la medida de que ambos son iguales ante la ley 6”.

Es importante señalar que, de acuerdo a la Exposición de Motivos de la Ley del Seguro Social, el servicio de guarderías originalmente fue concebido con la finalidad de que las mujeres pudieran acceder con facilidad a la vida económica y laboral, una vez que dieran tuvieran a sus hijas e hijos (otorgándoles dicha prestación a partir de los 43 días de nacimiento). La SCJN reflexiona que, en la actualidad los roles del cuidado y desarrollo de niñas y niños no son tarea exclusiva de las mujeres, en la medida de que los hombres (padres) también se encuentran vinculados al cuidado de sus hijas e hijos, razón por la que deben ser tratados en igualdad de circunstancias. Por tanto, no existe razón alguna para que se obstaculice o limite su derecho a obtener el beneficio de las guarderías en las mismas condiciones en las que se brinda a las mujeres.

Además, la SCJN estableció que, el servicio de guardería es uno de los derechos de las y los trabajadores que no deben ser sujetos de restricción alguna ni mucho menos, tratándose de distinciones discriminatorias por razón de sexo, y que, como en este caso, menoscaben o restrinjan los derechos de los hombres trabajadores para acceder a tal servicio. Máxime, si se toma en consideración que en términos del artículo constitucional 123, apartado A, fracción XXIX, se establece que el servicio de guardería que prevé la Ley del Seguro Social está encaminado a la protección y bienestar de las personas trabajadoras y sus familiares, sin que exista restricción constitucional en relación con el sexo de éstas. Por lo que, no existe justificación constitucional para que al hombre asegurado por el Instituto Mexicano del Seguro Social le sea limitado el servicio de la guardería, a través de ciertos requisitos extraordinarios (viudez, divorcio y el ejercicio de la custodia y patria potestad judicial del menor), que no son exigidos a las mujeres; debido a que este beneficio no es exclusivo de ellas.

Finalmente, la Segunda Sala de la SCJN consideró que se violan los derechos de la niñez y el interés superior de la niñez, al privarles del acceso al servicio de guardería que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de su padre y limitarlo en forma discriminatoria únicamente a las mujeres aseguradas. Ello es así, puesto que las y los niños, en términos del artículo 4o. de la Constitución Federal tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Por su parte, el deber de protección de las personas menores de 18 años de edad corresponde a ambos, madres y padres por igual; es decir, en un ámbito de corresponsabilidad equitativa; lo cual, conlleva a la necesidad de que el hombre pueda ver satisfecho su interés de cuidado y desarrollo de la niña o niño, a través del beneficio de la guardería.

Por lo anteriormente expuesto, atendiendo a la obligación constitucional del Estado Mexicano de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres del que México forma parte, me permito someter a esta Soberanía, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE GUARDERÍA PARA LOS PADRES TRABAJADORES

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

CAPITULO VII
DEL SEGURO DE GUARDERIAS Y DE LAS PRESTACIONES SOCIALES

SECCION PRIMERA
DEL RAMO DE GUARDERIAS

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijas e hijos en la primera infancia, de la persona trabajadora, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y vespertino pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, la o el hijo de la persona trabajadora cuya jornada de labores sea nocturna.

Artículo 205. Se deroga.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Corresponderá a las autoridades encargadas de las presentes disposiciones emitir y efectuar las adecuaciones normativas y reglamentos correspondientes a fin de dar cumplimiento al presente Decreto. Para ello contarán con un plazo no mayor de 60 días, contados a partir de su entrada en vigor.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 27 de julio de 2016.

Sen. Angélica de la Peña Gómez.

1 Véase.Amparo en Revisión 59/2016, Proyecto de la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.

2 Ídem.

3 Ídem.

4 Ídem.

5 Ídem.

6 Ídem.





 

El siguiente apartado del Orden del Día es la discusión de dictámenes que presentan las comisiones y sobre los que no hay reserva.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con ellos.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señora Presidenta, doy cuenta con los dictámenes.

Tenemos nueve dictámenes de la Primera Comisión, que contienen  puntos de Acuerdo:

1.- Por el que se exhorta a continuar con la aplicación de los programas de capacitación de los operadores del Sistema de Justicia Penal.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

2.- Por el que se solicita un informe sobre el avance en las investigaciones del homicidio de la ciudadana Alondra Estefanía Moreno Niño, así como la situación jurídica de los detenidos.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

3.- Por el que se condena la agresión cometida en contra del Diputado Federal Renato Josafat Molina Arias, el 5 de julio de 2016.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

4.- Por el que se exhorta al gobierno del estado de Morelos y a la Fiscalía General de dicha entidad a atender a los familiares de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández e informen del estado que guarda la carpeta de investigación del caso.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

5.- Por el que se exhorta reforzar las acciones en las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar para que el personal cuente con condiciones de trabajo que permitan brindar un servicio de calidad.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

6.- Por el que se exhorta a sancionar en caso de que resulten responsables a los presuntos agresores de la reportera María Meléndrez.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

7.- Por el que se exhorta al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo a reforzar las acciones coordinadas con el gobierno federal, dirigidas a fortalecer el estado de derecho y disminuir los índices de violencia.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

8.- Por el que se exhorta a remitir un informe relativo a las acciones realizadas y resultados obtenidos en materia de seguridad pública en el estado de Veracruz.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

9.- Por el que se considera atendida la proposición que exhorta a promover y consolidar el mecanismo de protección y seguridad para periodistas en el estado de Oaxaca.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Tenemos también 35 dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

1.- Que exhorta instrumentar las acciones necesarias para atender las quejas derivadas de la práctica de cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas por parte de personal no acreditado profesionalmente.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

2.- Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a seguir fortaleciendo los vínculos entre México y el Reino de los Países Bajos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

3.- Por el que se exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a las que hace referencia el Informe Especial sobre las Recomendaciones en Trámite, presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a instrumentar las acciones necesarias para dar cabal cumplimiento a dichas recomendaciones.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

4.- Por el que se exhorta mantener el diálogo con los trabajadores del sector salud y, en particular, con representantes del movimiento “Yo soy médico 17”.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

5.- Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a considerar en su proyecto de presupuesto para 2017, un incremento en los recursos federales asignados a las instituciones de educación superior que funcionen como organismos descentralizados, desconcentrados y a las demás instituciones de educación superior que sean de su competencia.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

6.- Por el que se exhorta a fortalecer los canales de interlocución y mantener un diálogo respetuoso con la representación sindical del magisterio del Colegio de Bachilleres de Guerrero.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

7.- Por el que se exhorta a fortalecer planes y programas encaminados a la prevención, detección, atención prioritaria y seguimiento de enfermedades de mayor prevalencia para las personas adultas mayores.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

8.- Por el que se exhorta a implementar políticas públicas y campañas para prevenir, denunciar y sancionar el acoso callejero.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

9.- Por el que se exhorta remitir un informe sobre las acciones que se están llevando a cabo para generar más oportunidades de empleo formal para los jóvenes.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

10.- Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incluir en su proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de los programas de infraestructura educativa.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

11.- Por el que se exhorta a fortalecer las acciones, programas y políticas con el objetivo de erradicar la violencia obstétrica en las instituciones públicas y privadas de salud del país.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

12.- Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer la atención médica de las personas enfermas de insuficiencia renal crónica, especialmente en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

13.- Por el que se solicita publicar los padrones o listado de beneficiarios del Programa de Apoyo a la Educación Indígena.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

14.- Por el que se exhorta a instrumentar los programas, estrategias y políticas públicas necesarias para garantizar que las actividades programadas en el marco de la Guelaguetza puedan llevarse a cabo con normalidad.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

15.- Por el que se exhorta a continuar con el perfeccionamiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

16.- Por el que se exhorta a continuar impulsando el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en Colima y Guanajuato y valorar nuevamente la emisión de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

17.- Por el que se exhorta a remitir un informe sobre la situación que guarda el abasto de medicamentos en el sector salud.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

18.- Por el que se exhorta a fortalecer los planes y programas con perspectiva de género para la atención y protección de las mujeres privadas de su libertad.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

19.- Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a contemplar en sus proyectos de presupuesto 2017, la asignación de recursos suficientes para la prevención y control de la enfermedad de Chagas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

20.- Por el que solicita un informe sobre el desarrollo y ejercicio de los recursos asignados para los "Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2015-2016".

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

21.- Por el que se solicita un informe sobre las posibles afectaciones y el estado que guarda el Templo Ceremonial Moyanihka, ubicado en el municipio de San Bartolo Tutotepec, en el estado de Hidalgo.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

22.- Por el que se exhorta a limitar el constante cambio de uniformes en las escuelas públicas de nivel básico, a fin de coadyuvar con la economía de las madres y padres de familia.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

23.- Por el que se exhorta a implementar una campaña de información sobre los riesgos a la salud derivados de la utilización de medicamentos de uso veterinario en el tratamiento de la pediculosis en niñas y niños.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

24.- Por el que se exhorta reforzar las acciones instrumentadas para prevenir y erradicar el consumo de medicamentos sin prescripción médica.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

25.- Por el que se exhorta evaluar la necesidad de instrumentar acciones que contribuyan a garantizar la seguridad y la integridad física de la delegación mexicana y de los turistas mexicanos que visiten Brasil en el marco de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

26.- Por el que se condena el asesinato de la lideresa social hondureña Lesbia Yaneth Urquía.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

27.- Por el que se exhorta a informar sobre los programas, estrategias y políticas públicas instrumentadas a fin de atender y prevenir los casos de mortalidad infantil.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

28.- Por el que se exhorta a que, en el marco del “Día Mundial contra la Hepatitis 2016”, fortalezcan las campañas informativas sobre las causas, síntomas y consecuencias de esta enfermedad.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

29.- Por el que se exhorta al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a difundir el informe correspondiente de los resultados de la prueba PISA 2015.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

30.- Por el que se exhorta a fortalecer las estrategias para afrontar la problemática nacional que representan los altos niveles de muertes violentas entre la población juvenil.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

31.- Por el que la Comisión Permanente expresa su beneplácito ante las acciones emprendidas por el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, así como por el gobierno mexicano, para lograr la eliminación del requisito de visa para las y los ciudadanos mexicanos que visitan Canadá.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

32.- Por el que se considera atendida la proposición que exhorta a redoblar esfuerzos tendientes a eliminar el trabajo infantil.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

33.- Por el que se considera atendida la proposición que exhorta a informar sobre el cumplimiento de los acuerdos pactados para el proceso de homologación salarial 2005-2010 para el personal docente y administrativo del Colegio de Bachilleres del estado de Yucatán.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

34.- Por el que se considera atendida la proposición que exhorta atender y resolver las peticiones formuladas por los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la Universidad Autónoma de Coahuila y de la Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro".

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

35.- Por el que se considera atendida la proposición que exhorta a observar lo dispuesto en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado mexicano, así como en el marco jurídico en la materia para garantizar los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, niños y adolescentes.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Tenemos también el dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a que evalue decretar la cuenca del río San Rodrigo como Área Natural Protegida.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias, señora   Secretaria.

Consulto si alguien desea reservar.

Sonido en el escaño de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Para solicitarle reservar el punto de Acuerdo que tiene que ver con el exhorto a la Conade para que remita un informe, y la Secretaría de Hacienda, sobre la seleccionada ruta de ciclismo para reservarlo, y que si nos da la oportunidad de que se discuta y poder posicionarlo.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias. Queda    reservado.

Consulto si alguien desea reservar alguno de los dictámenes anunciados por la Secretaría.

Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, y así se hace del conocimiento de la Asamblea, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes, salvo el dictamen de la Conade.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes sobre los puntos de Acuerdo que se han referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Compañeros legisladores, les informo que la Primera Comisión de la Comisión Permanente, solicitó el retiro del dictamen por el que se desechan las proposiciones sobre el proceso de transición que se está llevando a cabo en el    gobierno del estado de Veracruz y la relativa a promover acciones de  inconstitucionalidad tendientes a revertir el paquete de reformas aprobados en el estado de Quintana Roo.

Pasamos a la discusión de los dictámenes reservados.





 

Tenemos un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a hacer públicos los avances del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México que elabora el Grupo de Notables. El dictamen está publicado en la Gaceta.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, señora Presidenta.

Solamente mencionar que en esta Comisión Permanente hicimos un llamado al Jefe de Gobierno que, incluso fue aprobado por todos los partidos políticos para que el Jefe de Gobierno nos explicara, nos compartiera información sobre la Constitución que se está construyendo en la Ciudad de México.

Pedimos desde aquí que se transparentara la información de las reuniones.

Yo no creo que haya ningún problema en poder conocer los contenidos de las reuniones que se llevan a cabo todos los martes, porque además esto nos ayudaría a poder tener más elementos y que los que seremos constituyentes no lleguemos en el mes de septiembre a una Asamblea Constituyente con una constitución con contenidos que desconocemos.

Me parecería muy importante que con anticipación, primero, que hiciera caso, insisto, al llamado de esta Comisión Permanente para transparentar estas reuniones, para conocer los contenidos y que podamos contar con información de cómo se va construyendo la Constitución.

¿Hacia dónde va la Constitución de la Ciudad de México?

Y esto, no nada más para los que tendremos la oportunidad, porque así lo decidió el Senado de la República o la Cámara de Diputados de ser constituyentes.

Creo que todos, todos y por ser la capital de la República, por ser la sede de los tres poderes, pues merecemos contar con el mínimo de información para saber hacia dónde va la Constitución y que nos pongamos también a estudiar, y que podamos además de estudiar la información que se nos entregue, podamos revisar otras constituciones de otras ciudades y países, ver qué sí ha funcionado y qué no ha funcionado y no esperarnos hasta el mes de septiembre para poder tener está información.

Entonces hacemos un llamado nuevamente a la trasparencia y, sobre todo, que nos facilite la vida para poder tener estos contenidos que serán tan importantes y tan decisivos para la vida de la ciudad en los próximos años.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Senadora Gómez del Campo.

Tiene la palabra el Diputado Francisco Escobedo Villegas.

El Diputado Francisco Escobedo Villegas: Con su permiso, señora Presidenta.

En la presente legislatura del Honorable Congreso de la Unión aprobamos la histórica reforma política de la Ciudad de México, que entre sus transformaciones incluye la creación de la Constitución Política para la Ciudad de México, la cual será elaborada, como ustedes bien saben, por un Congreso Constituyente Local, integrado por 100 miembros.

El Grupo de Trabajo que apoyan la redacción del proyecto de Constitución está integrado por gente con una amplia trayectoria, profesional, académica y social.

Estos ciudadanos han manifestado que aportaran su perspectiva y su experiencia en las propuestas, comentarios, observaciones y reflexiones que enriquezcan y confieran al proyecto de Constitución un carácter democrático, progresista, incluyente, ciudadano y plural.

Entre las funciones y tareas de este grupo plural, se encuentra la de proponer los mecanismos de participación ciudadana para recabar las opiniones de los ciudadanos y de las organizaciones políticas, civiles y sociales, además de analizar y sistematizar las aportaciones que realice la ciudadanía, así como auxiliar al Jefe de Gobierno en la integración de dichas opiniones para que sean consideradas en la elaboración del proyecto de la Constitución.

Es importante recordar, legisladoras y legisladores que el Jefe de Gobierno accionó la plataforma digital Constitución Ciudad de México como un espacio de encuentro para todas las ideas y opiniones de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. La plataforma digital manifiesta que cuenta con dinámicas a través de las cuales se puede participar y responder a la pluralidad de voces y diversidad de opiniones de los capitalinos.

Coincidimos con la comisión dictaminadora que reconoce que hace falta seguir trabajando y aprovechando la tecnología con la que se cuenta hoy en día en favor de la ciudadanía, y que es de suma importancia que la sociedad sea tomada en cuenta en la creación de una ley que protegerá sus derechos y manifestará también sus obligaciones.

Por lo anterior, votaremos a favor del presente dictamen por el que se exhorta de manera respetuosa al gobierno de la Ciudad de México para que en función de sus atribuciones, facultades y con apego al principio de máxima transparencia haga públicos, para conocimiento de la ciudadanía, los avances del proyecto de Constitución que labora el Grupo de Notables.

Como lo ha señalado el Presidente Enrique Peña Nieto, es importante lograr una amplia convocatoria para contar con la más completa participación social en la redacción de la Constitución Política de la Ciudad de México, que no debe escatimar en la construcción jurídica, política social y económica de nuestra capital.

Debemos lograr entonces que la Ciudad de México tenga una Constitución moderna y de avanzada, que bien pudiera servir de inspiración para avivar el debate por una nueva Constitución para nuestro país.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputado Escobedo Villegas.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Tenemos la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a reforzar sus operativos, estrategias y acciones con el objetivo de optimizar el tránsito vehicular en las principales avenidas de la capital del país y evitar los congestionamientos en las terminales del Sistema de Transporte Colectivo Metro. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

Acudimos ante esta Honorable Asamblea para hablar a favor del presente dictamen por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México, a fin de que refuerce sus operativos, estrategias y acciones, con el objetivo de optimizar el tránsito vehicular en las principales avenidas de la capital del país y evitar congestionamientos en las terminales del Sistema Transporte Colectivo Metro.

Por su naturaleza este tema debe ser ponderado desde sus múltiples aristas, tales como la protección de la salud, el derecho a un medio ambiente sano y, por supuesto, lo concerniente a mejorar la movilidad de la entidad.

En atención a la transcendencia de los derechos que se buscan salvaguardar, las y los legisladores del PRI votaremos a favor del asunto que nos ocupa, cuyo origen se encuentran en la preocupación que existe alrededor de los efectos de la alta concentración de contaminantes que prevalece en el Valle de la Ciudad de México.

Esto no es una problemática reciente ni aislada, basta recordar que en el marco del programa Hoy No Circula del 5 de abril al 30 de junio del año en curso, todos los vehículos de la Ciudad de México y los 18 municipios del Estado de México, independientemente de su holograma, dejaron de circular de acuerdo a su calcomanía.

Dicha medida obedeció a diversas circunstancias entre las cuales sobresalen las altas concentraciones de vehículos y las condiciones inadecuadas de la flota de transporte público en la capital del país.

En relación al primer aspecto, como se refiere en el dictamen, la Ciudad de México ocupa el primer lugar de las urbes con el mayor tráfico a nivel mundial, de ahí que los conductores empleen un promedio de 59 por ciento más de su tiempo retenido en congestionamientos viales y en horas pico puede ser hasta el doble.

Por lo que respecta a la ausencia o insuficiencia renovación del transporte público en la megalópolis, llama la atención que en la antigüedad promedio de taxis es de 14 años, de microbuses es de 24, de combis es de 22 y de autobuses es de 18 años.

Esto se agrava si tenemos en cuenta que en el Valle de México se tiene una flota cercana a los 5 millones de vehículos, que ha crecido en la última década a una tasa promedio anual de 3.8 por ciento.

Por si no fuera suficiente, es común que los paraderos y las principales vialidades de la entidad estén invadidas por comerciantes ambulantes. Bajo estas consideraciones es apremiante realizar el exhorto formulado porque al hacerlo habrá mayores posibilidades de mejorar la calidad del aire y la movilidad en la entidad.

En el grupo parlamentario del PRI reiteramos nuestro voto a favor y los invitamos a que se pronuncien en el mismo sentido.

En el PRI estamos convencidos de que con la aprobación del presente asunto contribuiremos a optimizar este asunto del tránsito vehicular con las principales avenidas de la capital del país y prevenir los congestionamientos de las terminales del Sistema de Transporte Colectivo, pero más importante aún, se fortalece la protección de derechos de suma importancia, entre ellos, el relativo a la movilidad, al acceso al medio ambiente y a la salud de la entidad.

Por su atención y apoyo, muchas gracias.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias, Senadora De la Torre Valdez.

Sobre el mismo tema, la Senadora Mariana Gómez del Campo nos pidió insertar su intervención en el Diario de los Debates.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Tenemos la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se consideran atendidas las proposiciones en materia de seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, presentados los días 22 y 29 de junio de 2016. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena.

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, señora Presidenta.

El pasado 22 de junio, Morena presentó una proposición con punto de Acuerdo señalando puntualmente su desacuerdo por la brutal intervención de las policías federal y estatal en Nochixtlán, Oaxaca, en contra de las manifestaciones de la CNTE.

La violencia contra el magisterio ha sido repudiada por tratarse de una campaña de desprestigio, apoyada con el uso de balas de goma, gases lacrimógenos y armas de fuego.

Es evidente que el rechazo generalizado a la actuación de Aurelio Nuño, quien ha hecho patente su intolerancia e incapacidad para resolver el conflicto magisterial. Tan sólo seis meses bastaron para demostrar el carácter autoritario, intimidador y amenazante por su reiterada negativa al diálogo, amagando a los maestros, aplicando descuentos y con la promoción de la detención y encarcelamiento de los principales dirigentes magisteriales con cargos fabricados.

El Secretario ahora promueve con ahínco un nuevo modelo educativo sin considerar la opinión de los maestros que son, frente a su grupo, los responsables de la educación de los niños; y en cambio luciéndose con un gran grupo de políticos para dar salida a su nuevo modelo.

El dictamen que reservamos señala que se consideran atendidas en materia de seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, presentadas los días 22 y 29 de junio.

Si bien se formó un grupo plural y se conformó una Comisión Especial de seguimiento, de la que formo parte, definitivamente no se tomó en cuenta el exhorto a considerar la destitución del principal causante del conflicto: el Secretario de Educación, quien ha hecho gala de su incompetencia. Así, la propuesta de Morena ha sido atendida sólo de manera parcial.

El día de ayer, el doctor Arturo Peimbert, Defensor de Derechos Humanos de Oaxaca, en una sesión de trabajo con esta Comisión Especial, a la que pertenezco, se refirió a los hechos conforme a la responsabilidad del cargo que ocupa, con base en testimonios que ha recogido directamente con los ciudadanos afectados.

Informó que desde el día 13 de junio llegaron camiones con cientos de policías de agrupaciones federales, estatal y de gendarmería. Los días 14 y 16 salieron de los pueblos aledaños a Nochixtlán, en donde estaban esperando instrucciones vestidos de civiles.

El desbloqueo se llevó a cabo, nos dijo el doctor Peimbert, en 15 minutos. Pero la intervención policial duró desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde. No hay explicación que justifique la persecución con el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, perjudicando a niños y mujeres que, según nos relató el doctor Peimbert, pecho a tierra fueron conducidos por una de las madres de familia a un lugar seguro.

De acuerdo con el Defensor de Derechos Humanos de Oaxaca, se reportan 198 heridos, escuchémoslo bien, y es la opinión y el trabajo realizado por el Defensor de Derechos Humanos de Oaxaca: 198 heridos, de los cuales 155 son ciudadanos y 43 policías.

Las víctimas han sido amenazadas para que no denuncien y están impedidos para declarar sobre los hechos y registrarse en el padrón de víctimas para poder recuperar al menos los gastos médicos y funerarios.

En la ronda de preguntas y respuestas, después el informe del doctor Peimbert, fue indignante ver la reacción de legisladores del PRI y del Verde, que con afán de proteger y justificar al gobierno federal, cuestionaron y pusieron en duda todo lo informado por el Defensor de los Derechos Humanos en Oaxaca, cuya labor es precisamente defender a la ciudadanía de los actos de autoridad de funcionarios gubernamentales.

Por lo anterior, considerando que la Comisión Especial que se creó para investigar los sucesos ocurridos en Nochixtlán no ha tomado en cuenta nuestras peticiones, reiteramos como reserva este dictamen dos puntos de nuestra propuesta original:

El primero señala: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exige la renuncia del titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, por su incapacidad para propiciar el diálogo con los maestros y promover el enfrentamiento y la represión como formas de resolver las diferencias de opinión con el magisterio.

Y el cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, a que explique a esta Soberanía las razones que lo impulsaron a solicitar la intervención de la Policía Federal y la represión al movimiento magisterial en que resultaron ocho muertos.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputado Caballero Pedraza.

Tiene el uso de la voz la Diputada Mariana Benítez Tiburcio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Diputada Mariana Benítez Tiburcio: Gracias, señora Presidenta.

Celebro que tenga yo la oportunidad de poder hacer uso de la voz con motivo de este dictamen, que por cierto, celebro también que sume los consensos en torno a considerarse atendidas varias proposiciones de seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán.

En relación a lo que se ha dicho aquí en esta tribuna, sí quisiera precisar algo. Esta comisión que preside la Senadora Mariana Gómez del Campo, está actuando con toda responsabilidad, sus integrantes, reconozco la disposición de todos ellos, a atender las reuniones, a dar seguimiento, a escuchar lo que nos vienen a decir las autoridades.

Quiero recordarles, y en particular a lo que aludió mi compañero Diputado Virgilio Caballero, que nuestra responsabilidad es escuchar a todas las autoridades, digan lo que digan y no sólo escuchar lo que queremos escuchar.

Y ayer, efectivamente, escuchamos una versión del Defensor de los Derechos Humanos en Oaxaca. A partir de lo que él dice ser, una investigación, que por cierto me llama la atención, que tiene más de tres semanas en demora en entregar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo cual sí es grave porque ya ha habido la petición oficial de parte de la CNDH para hacer su trabajo en una investigación, que entiendo, a todos nos interesa conocer los resultados, y lleva más de tres semanas dilatando la entrega de un expediente que él dice tener ya listo, de hecho lo vimos, ahí lo tenía al lado, pero dice seguir investigando. Me parece que, aquí sí, es un acto de irresponsabilidad por parte del defensor.

Sin embargo, tenga la tranquilidad, señor Diputado, en que eso que ayer nos informó, y que dice, porque no nos consta, eso hay que aclararlo, dice que está en ese expediente, eso será valorado por todos nosotros.

Y yo también espero que el señor defensor Peimbert nos dé los testimonios, nos dé los documentales en donde fundamenta sus dichos, dichos graves, que desde luego, que si resultan ser ciertos, nosotros seremos los primeros en exigir que se aplique absolutamente la ley. Pero sí necesitamos cerciorarnos que son dichos que encuentran un sustento.

Desde luego que es importante el testimonio de las víctimas, y tan es así, que nosotros lo vamos a analizar, el de todos, porque todavía nos falta ver a las autoridades federales, todavía nos falta establecer contacto directo, escucharlos de viva voz a los familiares y a las víctimas, así que yo pediría que no adelantemos vísperas ni juicios porque solamente corresponde el juicio de una autoridad, pero hemos escuchado a muchas otras, incluyendo al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, que nos vino aquí a decir, por ejemplo, que habían sido atendidas a cabalidad las víctimas.

Nos relató un informe que tenía en sus manos, de cuántas personas habían sido atendidas y estaban siendo atendidas en instituciones locales, pero también federales, y reconoció la labor del gobierno federal y del gobierno local en esa gestión, cosa que contrasta radicalmente con lo que dijo ayer el Defensor de los Derechos Humanos en Oaxaca, porque dijo: “Que se le negó, que prohibieron la atención médica a las víctimas”.

Y después a pregunta expresa mía, donde le pedí, le inquirí que me dijera en qué hospital.

Reculó y dijo: “Bueno, sí se les atendió ese día y al día siguiente, sólo que las víctimas decidieron salirse”.

Entonces, eso es lo que tenemos que contrastar, eso es lo que le pido a mis compañeros de esta Comisión, y sé que en eso nos van a apoyar esta Comisión Permanente, que tenemos que llegar a la verdad, que vamos a escuchar a todas y a todos lo que tienen que decir, pero sin sesgos, sin prejuicios de ningún tipo.

Es cuanto.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputada Mariana Benítez.

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Un momentito, Diputado Caballero Pedraza.

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: (Desde su escaño) Para alusiones personales.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Para alusiones personales, tiene usted la palabra Diputado Dante Caballero.

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, señora Presidenta.

El informe que nos fue presentado ayer por el doctor Peimbert se basa en un trabajo realizado por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Oaxaca, desde el día mismo en que ocurrieron los hechos y está fundamentado en decenas de incontables testimonios de las víctimas, que fueron relatando no solamente la manera como fueron victimados, sino la forma como fue ocurriendo la agresión de las policías federal y estatal, a lo largo de más de nueve horas en el estado de Oaxaca, en Nochixtlán.

Lo que el doctor nos presentó es la invaluable testimonialidad de quienes han sido afectados directamente por esta represión.

Estaríamos poniéndolo en duda, dudando también de que hablan con la verdad las víctimas, que las víctimas mienten, porque lo que está diciendo el doctor Peimbert es el testimonio de las víctimas.

Ellas relataron, según él, cómo desde el día 13 de junio estaban las policías estatal y federal rodeando Nochixtlán para ver por dónde intervenir, y se disfrazaron de civiles para poder llevar a cabo la agresión en medio de la confusión a la que querían dar lugar. Y que esta represión duró todo el día, y luego se revictimizó a las víctimas acosándolas cuando estaban recibiendo servicios médicos, si es que los conseguían.

Los policías estaban interrogando a los enfermos que recibían atención médica, como si se trata de delincuentes. De allí que no requirieran más servicios médicos en el lugar y están ahora en la Ciudad de México más de 106 víctimas de Nochixtlán.

Estoy de acuerdo en que nuestra Comisión ha trabajado con una puntualidad estupenda y que merece mi reconocimiento a nuestra Presidenta, sin duda, pero no tengo la menor razón para dudar del testimonio de las víctimas, de las que el doctor Peimbert es responsable de darnos a conocer.

Gracias.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputado Caballero Pedraza.

Desde su escaño, por favor, la Diputada Mariana Benítez.

La Diputada Mariana Benítez Tiburcio: (Desde su escaño) Únicamente para rectificar el hecho o los dichos que señaló ahorita el Diputado Virgilio y que se me atribuyen a mi persona.

Yo nunca dije que dudamos del dicho de las víctimas. Nosotros nunca hemos dicho eso. De lo que dudamos o de lo que quisiéramos cerciorarnos es de lo que dijo él, porque nosotros no hemos escuchado y ya lo acabo de decir, a nosotros nos falta escuchar directamente, cosa que haremos, a las víctimas. A ellas son a las que queremos y debemos escuchar.

Lo que ayer se dijo ni siquiera consta en un informe, porque no hubo informe oficial que nos haya entregado.

Y le digo, Diputado, no lo va a ver porque no tiene la competencia el Defensor de los Derechos Humanos en este momento para investigar estos hechos.

La competencia la tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y de hecho está incurriendo en una irresponsabilidad al no entregar las constancias que tiene, para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haga su trabajo.

Esta autoridad será la única facultada para emitir la recomendación, el defensor no. Y lo único que yo pedí fue tener en la mano, como cualquier comisión investigadora que somos, los documentos, los informes, los reportes a los que él aludió. Eso es únicamente lo que estoy diciendo.

Por supuesto que vamos a escuchar a las víctimas y claro que vamos a creer en su palabra, pero hasta este momento, Diputado, no lo hemos hecho.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputada Benítez Tiburcio.

Diputado Caballero Pedraza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, la respuesta a las alusiones no dará motivo a una contrarréplica por parte del aludido. Lo anoto al final de la lista, Diputado Caballero Pedraza, si no tiene usted inconveniente, por favor.

Tiene la palabra, para hablar sobre el mismo asunto, el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, compañera Presidenta. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores; compañeras Diputadas y compañeros Diputados:

Hay un nombre que se está convirtiendo en incómodo para el sistema, y es el defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca.

¿Y por qué se está convirtiendo en incómodo? Pues porque ha venido a decir aquí cosas que no les gustan a los compañeros, y a los Senadores del PRI sobre todo, porque señala situaciones que orientan a un crimen de Estado. Ese es el problema.

¿Cuál es el otro problema? Qué están haciendo juicios a priori, están haciendo juicios a priori.

¿Por qué están haciendo juicios a priori? Si ustedes los del PRI toman como verdad absoluta lo que el compañero vino a decir aquí, bueno, pues entonces no están entendiendo las reglas del juego que pusimos en la comisión.

Dijimos, aquí vamos a escuchar a todo el mundo, no vamos a manifestar nuestra posición sobre si es verdad o es mentira lo que están diciendo, y aquí ustedes ya vinieron a sacrificar a los responsables de los derechos humanos de Oaxaca.

No tiene competencia para investigar, revisen la Constitución de la República y soliciten su destitución si no tiene competencia.

Es sencillo, no se desgarren las vestiduras aquí, porque vamos a dar con los verdaderos responsables, es ahí donde está la litis, no quién le jaló al gatillo. Esa no es la litis, no. La litis es quién manda a la gendarmería. La litis es quién manda a la policía federal. La Litis es quién manda al a policía estatal.

Porque el tema era quitar un bloqueo de una carretera, ese era el tema de fondo, ese era el tema, y con todos los que han comparecido, la pregunta reiterada era, ¿qué tuvieron que ir a hacer a Nochixtlán? Esa es la pregunta.

La pregunta que todos nos hacemos, no ha habido respuesta. Yo espero que mañana esas respuestas nos las dé el ciudadano Secretario de Gobernación, porque él es el responsable de la seguridad nacional; y la gendarmería no puede andar matando gente a mansalva, la policía federal no puede andar matando gente a mansalva, la policía estatal no puede andar matando gente a mansalva, se tienen que hacer responsables; primero, los que son jefes de todos ellos, él es responsable de la seguridad nacional.

Y mañana, yo no solicito, señora Presidenta, qué bueno que usted presente, Senadora Mariana, qué bueno que está presente, no ruego, no solicito, exijo que la reunión con el Secretario de Gobernación sea pública y sea televisada para todo el país, porque tiene que explicarle muchas cosas a la nación, y si él no tiene nada que ocultar, pues que el pueblo de México se entere, no tiene por qué hacer una sesión cerrada, sería prestarnos a un juego en donde la dilación en la información ha sido la constante.

Treinta y siete días se cumplen hoy y no tenemos un peritaje de balística, que ese peritaje de balística orientaría hacia a quién pertenecen las armas. Hemos platicado con expertos y nos dicen que cada arma deja una huella como si fuera su ADN. Bueno, entonces vamos a revisar el ADN de los casquillos y de las balas.

Compañeros, este país ha padecido situaciones gravísimas de matanzas que se han quedado impunes. Los aquí presentes, que representamos al pueblo, no podemos ser cómplices de una matanza más, que se quede impune, los responsables tienen nombre y tienen apellido, los responsables tienen nombre y tienen apellido.

Es obligación de esta comisión dar con ellos. Esa es nuestra obligación. Hay ocho muertos, hay montón de mutilados, hay niños que vivieron escenas de guerra, y esta comisión está viendo cómo un grupo de compañeros elude su responsabilidad.

No, compañeros, nos metimos en ésta y vamos a conocer la verdad, y coincido con una Senadora del PRI, la compañera Hilaria, caiga quien caiga, aquí no puede haber perdón para nadie porque estamos hablando de familias que quedaron en la orfandad, estamos hablando de familias que lloran de manera inconsolable por ese crimen que cometieron los policías, la gendarmería y la policía estatal.

Por eso urge el examen, el peritaje de balística, por eso urge. ¿Por qué se niegan a entregarlo a la comisión? Sería la primera posibilidad de llamar a responsables que jalaron el gatillo, que no ha responsables que dieron la orden, porque la instrucción fue: “quítenlos, persíganlos y mátenlos”, todo apunta hacia allá.

Porque si hubiera sido la disolución del plantón, pues ya se fueron, qué bueno, acordonen la zona para que ya no se acerquen. Es una lógica que se ha aplicado cientos de veces, ¿por qué esta lógica no se aplicó en ese caso, por qué se les persiguió y, sobre todo, quién ordenó que persiguieran? Ese es el asunto, por eso esta comisión.

Lo dijimos ayer: “tiene dos posibilidades: una, ponerse del lado del pueblo y de las víctimas para encontrar la verdad histórica; y la otra, ponerse del lado del gobierno y permitir que la impunidad siga cabalgando sin control a lo largo y ancho de México”.

Nada más esas dos posibilidades tenemos, y concluyo diciéndoles, compañeros legisladores de todos los partidos políticos: “El pueblo de México clama justicia”.

Nos faltan 43, ¿y qué ha pasado? Nada. Nos faltan 8, ¿y qué ha pasado? Nada. Nos faltan muchos, miles, que no sabemos dónde quedaron, ¿y qué ha pasado? Nada.

Lo que sí ha pasado es que hay miles de familias en la desesperanza; miles de familias sumidas en el fondo del sufrimiento humano; miles de familias que lloran de manera desconsolada la pérdida de sus familiares, y el Senado y la Cámara de Diputados todavía están pensando si impulsamos la justicia a favor del pueblo de México.

En esto no puede haber dudas, tenemos que llegar al fondo de la verdad, y si tienen que rodar cabezas que rueden. La confianza, para ganarse la confianza del pueblo, compañeros Senadores, compañeros Diputados, para ganarse la confianza del pueblo, si eso es necesario, que se haga, porque México no merece lo que le está pasando.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Pasamos a la lista de oradores para rectificación de hechos.
Tiene la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señora Presidenta. Con su venia.

Nosotros nos preocupamos desde distintos aspectos, desde distintas perspectivas, por los terribles acontecimientos en Nochixtlán. Nos pusimos de acuerdo en crear una comisión presidida por la Senadora Mariana Gómez del Campo, que por cierto yo me uno a las felicitaciones respecto a la conducción de esta comisión que creamos aquí, que ha tenido una participación de cada una y cada uno de sus integrantes de todos los grupos parlamentarios de manera clara, con enjundia, con preocupación, respecto de aportar todo lo que se tenga que hacer para tener éxito en los resultados de su encomienda.

Sin embargo, me parece que hoy frente a un dictamen en donde se decide que están atendidas las distintas propuestas que en su momento presentamos distintos legisladores y legisladoras en relación a estos hechos, y se dan por concluidas, por atendidas, puesto que ya hay una comisión específica, yo no le veo mayor problema de que pueda la comisión legislativa de la Permanente acordar como está acordando el punto de Acuerdo que se nos presenta.

Ciertamente, lo que a mí me llama la atención es el debate que se ha suscitado respecto a cuestiones que quedan pendientes por atender, que me parece que el reto de la comisión en lo que dura el funcionamiento, mientras que se instala el próximo periodo ordinario de sesiones, y esta Comisión Permanente sigue en funciones, efectivamente los retos que tiene la comisión, que nosotros nombramos, es aportar, coadyuvar para darnos un informe a esta comisión que pueda, en primer lugar, cumplir con el objetivo de su creación.

Y en segundo lugar, coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, y yo agregaría también un tercer aspecto, crear las condiciones para que haya justicia.

Si no se logran esos objetivos, pues simplemente va a ser un parapeto, como muchas de las comisiones especiales que se nombran en el marco de la Comisión Permanente o de nuestras propias Cámaras.

Yo creo que, en ese sentido, sin demérito de lo que el ombudsman de Oaxaca planteó el día de ayer en la reunión de trabajo, pues me parece que lo que tenemos que hacer es, y seguramente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo hará, tendrá que, como lo hace en otros casos, en otros asuntos donde están involucradas, particularmente hechos en alguna entidad federativa, se da por hecho que hay una relación de coadyuvancia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el ombudsman local.

Nadie entendería que eso no va a pasar, claro que tiene que pasar. Y seguro debe haber más procedimientos de plática que ya sé que existen, que ya están y que van a darnos como resultado, seguramente, la ratificación de muchos de los hechos de la investigación del ombudsman de Oaxaca.

Lo que nosotros no podemos negar, es algo que no se puede negar, es como pretender tapar el sol con un dedo, que había policías armadas, lo cual es verdaderamente inadmisible.

Por cierto, también nos hace falta, en algún momento, ponernos a discutir la ley que reglamente el uso legítimo de la fuerza pública, que no lo hemos tocado, por pruritos, por lo que sea.

Pero lo tenemos que hacer, porque el vacío de una legislación en esta materia, lo único que provoca es hechos como el que hoy estamos enfrentando, policías que llegan a disolver una toma de carreteras o, en otros casos, a disolver manifestaciones, que se yo, pero llegan armados.

A quién se le ocurrió que hubiera elementos corporativos de seguridad armados. Por sentido común, señoras y señores, un policía que va armado es casi posible que la use.

Entonces, me parece que esa cuestión no la podemos ocultar.

¿Quién tiene esa responsabilidad de haber permitido, de haber ordenado, de haber determinado que llegaran policías armados?

Pues se tiene que saber y se tiene que proceder. Ahora sí que, como dijo la Senadora Hilaria: “Caiga quien caiga”.

Como aquí nos lo recuerda mi colega el Senador Fidel Demédicis, que forma parte de esta comisión, pues es necesario que se llegue al fondo de las cosas para que esta comisión tenga éxito.

Y sé que por la propia conducción de Mariana eso es posible, que se lo gane, pero necesitamos que cuando tengamos que tomar decisiones en donde se tenga que votar, pues no se quiera, con una mayoría de votos, impedir que se tomen las decisiones que se tengan que tomar, sino que aquí antepongamos cualquier situación partidaria y pensemos realmente en las víctimas.

Hay montones de anécdotas, de investigaciones, de editoriales, de informaciones que nos reflejan que la situación fue terrible para la población, terrible para los niños y niñas, terrible para gente que no tenía vela en el entierro y que finalmente fueron las víctimas, las que cayeron muertas y las que están, por cierto hoy, en una situación deplorable por haber sido heridas.

Entonces, la opinión del grupo parlamentario del PRD es: necesitamos que está comisión tenga éxito por el bien de la nación, porque efectivamente este hecho en Nochixtlán no puede seguir la ruta de lo de Iguala.

Es cuanto.

Gracias por su atención.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Virgilio Caballero Pedraza, para rectificación de hechos.

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Muy brevemente, compañeros.

Desde luego que no puedo aceptar, dada mi dignidad como representante popular, la sugerencia de que estoy mintiendo o que estoy interpretando de manera malintencionada la información que nos dio ayer un experto en el tema.

Sólo me pregunto algo, respecto a lo que dice la Diputada Mariana Benítez, ¿significa que la presidencia de la comisión especial para el seguimiento de los hechos ocurridos en Nochixtlán, presidida por la Senadora Mariana Gómez del Campo, citó a una reunión de trabajo a una persona incompetente para opinar sobre el asunto, el defensor de derechos humanos de Oaxaca?

Nada más, gracias.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputado Caballero Pedraza.

Tiene el uso de la voz el Diputado Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática.

El Diputado Omar Ortega Álvarez: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

Se viene a hablar aquí de dar transparencia, de buscar la justicia y la verdad de los hechos tan lamentables de Oaxaca, del poblado de Nochixtlán.

Se pide en esta tribuna que se transparente y se abra la decisión del constituyente, pero se pide, también en esta tribuna o se está sesionando que la reunión con el Secretario de Gobernación y con el Comisionado de Seguridad Pública, sea a puerta cerrada, y sea en lo oscurito.

¿A qué le temen, legisladores?

¿La secrecía de la información?

Parte fundamental del problema es que no tenemos la certeza de los hechos, la verdad histórica de lo que ocurrió en Nochixtlán, ¿por qué tener miedo a generar las condiciones de certeza para garantizar la justicia y la verdad de los hechos?

Hoy se viene a criticar al ombudsman de los derechos humanos en el estado de Oaxaca, porque tuvo la valentía de decir los testimonios que recabó de la gente afectada en Nochixtlán. Se atreven a decir, algunos legisladores, que es osado, que falta a la verdad.

¿A dónde vamos a llegar como legisladores en este país?

Tenemos que comprender que mientras más elementos de veracidad tengamos, más vamos a acercarnos a la verdad y a la justicia.

No tengamos miedo, y comparto plenamente la visión del Senador Demédicis, caiga quien caiga.

Hoy conocemos, hoy conocemos la visión de las autoridades del gobierno del estado, de la Secretaría de Gobierno, de Seguridad Pública, del de Salud, del fiscal, y en todos los elementos o testimonios que vierten hablan solamente de un parte informativo.

Hablan que no hubo videos ni grabaciones, se habla solamente de la verdad del fiscal o del policía en mando del operativo del gobierno estatal y deja ver, entre todas las versiones, que el responsable de los hechos es la policía federal.

Reconocen que hubo muertes por arma de fuego de uso exclusivo de la fuerza policial; no se hacen responsables de los hechos; sí señalan con toda presión el gobernador y eso hay que alabarlo, que dice, ahí están las armas de cargo de todas las corporaciones para que se haga la investigación de balística y se determine con precisión si alguna de ellas fue disparada, y es parte de las ojivas que causó la muerte a alguno de los muertos, de los lamentables hechos de Nochixtlán, pero hasta el día de hoy no sabemos nada.

Vino el día de ayer también a la comisión de Nochixtlán, el Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, qué bueno que viene a informar, con toda precisión, que está atendiendo el problema de las víctimas, pero eso no resuelve el problema de fondo.

Queremos escuchar la versión del Secretario de Gobernación, del Comisionado de Seguridad Pública, que venga abiertamente y en público y nos diga la verdad de los hechos o por lo menos los hechos que ellos vieron.

Lo que es contundente, señores, es que hay 8 muertos, hay más de 198 heridos y la verdad no aparece por ningún lado.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputado Ortega Álvarez.

Tiene la palabra el Diputado Francisco Escobedo Villegas, del Partido Revolucionario Institucional.

El Diputado Francisco Escobedo Villegas: Gracias y con su permiso, Diputada Presidenta.

Ya se han hecho aquí algunos comentarios, y hemos dicho en la fracción del PRI, y hoy lo reiteramos nuevamente, que condenamos y lamentamos lo ocurrido en Oaxaca, como condenamos lo que ocurre en el país que lastima a los mexicanos:

Es necesario reconocer, también como ya se ha dicho aquí, la participación de los miembros y de los integrantes de esta comisión, comisión para dar seguimiento a los hechos, tampoco nosotros vamos a tener o a darnos atribuciones que no tenemos, se ha hecho con toda responsabilidad.

Yo quiero destacar que, efectivamente, hemos tenido la visita de algunos personajes, de algunos invitados para que nos informen qué es lo que ha sucedido, qué fue lo que sucedió en Nochixtlán, Oaxaca, especialmente en el tema de los derechos humanos, también como ya aquí se ha dicho.

Y es necesario también reconocer, porque ayer lo dijimos, y es parte de la discusión y del desencuentro, que algunas cosas no coinciden y no checan de lo que ha dicho un personaje y de lo que ha dicho otro personaje, no coinciden, han sido versiones diferentes, y por eso nosotros hemos dicho con toda responsabilidad que resulta difícil creer algunos comentarios, afirmaciones y aseveraciones que ayer se hicieron, sin desestimar la participación de los actores y de los que han estado en esta comisión.

Por eso lo que nosotros como PRI queremos hacer, a todos los integrantes de esta comisión, esactuar con responsabilidad. Lo hemos dicho muchas veces: que no se partidice este tema, y pareciera que eso es lo que quieren algunos, politizarlo, partidizarlo y sacar ventaja política, no se trata de eso, es un tema que lastima a los mexicanos y que el día de hoy todos tenemos que actuar con responsabilidad.

Y luego vienen aquí, efectivamente, como ya lo dijeron, a rasgarse las vestiduras para hacer creer que la versión que ellos creen es la verdad, pues no es así, se está trabajando con diferentes actores, autoridades, en la búsqueda de la verdad, y no queremos ocultar nada, y no queremos que se cubra a nadie, como ya se ha dicho, y lo dijo una Senadora del PRI, que se castigue a quien tenga que castigarse, pero que se hable con la verdad, que se encuentre la verdad y que se haga justicia, de eso se trata, no tenemos ningún otro interés.

Pero a lo que sí llamamos a todos ustedes, a todos nosotros, como miembros integrantes de esta Comisión, actuar con responsabilidad, no le hace bien al país generar incertidumbre, inventar historias, querer por la fuerza que crean en lo que nosotros creemos o queremos que sea la verdad, dejemos que avancen las cosas, dejemos que trabaje la autoridad, y nosotros, amigas y amigos integrantes, especialmente integrantes de esta comisión, actuemos con toda responsabilidad, no anticipemos juicios, no condenemos a nadie antes de tener el resultado de la investigación, no le ayuda al país, no nos ayuda a nosotros como representantes del pueblo que somos.

Por eso hago ese llamado a todos a participar con toda responsabilidad.

Hago un llamado respetuoso a las partes, especialmente a las partes involucradas en este tema, para actuar con responsabilidad, con sensibilidad y resolver el tema de Nochixtlán, Oaxaca, y todos los temas del país que sean un conflicto, porque el país lo merece, no nos merecemos otra cosa, los mexicanos quieren vivir en paz, los mexicanos quieren vivir en armonía y nosotros hagamos lo que nos corresponde, es un llamado respetuoso a todos, especialmente, decía, a los integrantes de esta comisión y a conducirnos con responsabilidad, hagámoslo por México, antepongamos el interés superior de la patria al interés particular de los partidos o de las posiciones políticas.

Y finalmente hago un comentario. En el país no tuviéramos tantos problemas o no tuviéramos tantos conflictos si todos los mexicanos respetáramos la ley, una invitación a todos, también a fijarnos, a ceñirnos al estricto apego de la ley.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputado Escobedo Villegas.

Sonido en el escaño del Senador Demédicis.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Es para rectificación de hechos, señora Presidenta.

¿Me permite la tribuna?

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Adelante, Senador Demédicis Hidalgo.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venia, compañera Presidenta. Compañeros Senadores, compañeras Senadoras; Diputadas y Diputados.

Podemos sentar un precedente en este país para bien de México. Vivimos una democracia y vivimos en una República en donde la división de poderes se impone.

En países como Estados Unidos estas comisiones son normales y llegan al fondo del asunto, y ahí sí caiga quien caiga, y hemos visto que han caído presidentes, y la democracia en lugar de debilitarse se fortalece, porque genera la credibilidad del pueblo.

Esta comisión tiene esa posibilidad histórica de sentar un precedente en donde por primera vez el Senado de la República, los compañeros Diputados, es decir el Congreso de la Unión, pueda servirle de algo al país en un tema tan delicado como el que estamos revisando, en el cual efectivamente somos coadyuvantes, estamos dándole seguimiento a las investigaciones, ése es nuestro papel.

No podemos nosotros decir quién es culpable y quién no es culpable, ésa no es nuestra responsabilidad. Pero sí tenemos la obligación de escuchar a todo el mundo, ya nos encerraremos, la comisión, encabezada por la compañera Senadora Mariana, y ahí discutiremos lo que ha platicado cada uno de estos personajes y ahí daremos nuestra opinión, en ese espacio cerrado.

Evidentemente hay contradicciones entre los que han comparecido. Una de las contradicciones que hemos venido señalando desde el primer compareciente es el tema de las cifras. Por eso le decíamos ayer al responsable de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al señor Rochín, que habría que hacer un inventario exacto de cuántas víctimas son, para que una sola de esas víctimas no se quede sin su derecho a que se le resarza el daño que se le ha causado.

Que no se politice, que no se partidice o que no se politice, coincidimos plenamente que no se partidice o que no se politice, mi Diputado.

Creo que, ayer lo dije, al margen del partido del que provengamos, es un asunto de México, somos representantes del pueblo antes que ser representantes de nuestros partidos y cuando venimos a hablar, cuando menos yo vengo a hablar a nombre del pueblo y me dirijo al pueblo de México.

Tengo un grupo parlamentario al cual pertenezco y estoy orgulloso de pertenecer a él, pero no es tema de discusión aquí en esta tribuna, aquí venimos a discutir un asunto público y en ese sentido están haciendo las versiones que ellos creen es la verdad, todavía no creemos en versiones, no.

Yo se lo dije ayer al ombudsman, si pusieron atención en mi participación: “Cada una de las cosas que usted aquí ha dicho la tenemos que corroborar con los elementos de prueba”. Revisen mi participación, porque no puede ser de otra manera, aquí no podemos creer en dichos, aquí no podemos creer en historias, tenemos que creer en lo que las pruebas contundentes nos demuestren, y no va a haber ningún problema.

No queremos ocultar a nadie, con todo respeto demuéstrenlo, díganle al compañero Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, que sea una comparecencia frente al pueblo, que no va a pasar nada, porque el pueblo tiene derecho a saber la verdad, y cuando se habla de transparencia se tiene que ser congruente, porque nada más cuando nos conviene ser transparentes y cuando no nos conviene no hay que ser transparentes, no se ve bien, se los digo fraternamente, compañeros.

Y me dirijo en este momento al ciudadano Presidente de la República, con todo el respeto que merece su investidura.

Ciudadano Presidente de la República: Instruya al ciudadano Secretario de Gobernación, para que la reunión sea abierta, porque el pueblo de México tiene el derecho a saber la verdad.

Y qué mejor que frente a las cámaras, para que quede grabado todo lo que digamos los que participemos en esa reunión. Eso es transparencia, así se hace en todas las partes del mundo, donde hay democracias, donde no se protege a nadie.

Entonces, ciudadano Presidente, ojalá y haga caso de esta solicitud respetuosa que le hace un Senador de la República, representante del pueblo, que me dirijo al Poder Ejecutivo con todo comedimiento y con todo respeto, como corresponde.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Tiene la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, Diputada Presidenta.

No iba a subir a la tribuna, pero me parece importante dejar muy claro, porque aquí se han dicho algunas cosas que me preocupa.

Primero, desde esta Comisión Especial, conformada en esta Comisión Permanente, desde el día uno, en el día de la instalación, nos comprometimos a ser una comisión transparente, a ser una comisión incluyente, es una comisión plural que representa todas las fuerzas del Congreso de la Unión.

Y quiero compartirles, además, que desde el principio hemos hecho un esfuerzo para poder escuchar a todas las voces. Aquí todas las voces caben.

Hemos tratado también de conciliar formatos, y desde mi punto de vista, y así lo he sentido, además con mis compañeros, pues todos han tenido oportunidad de expresarse, los invitados también han tenido oportunidad de expresarse.

Y yo les pediría que hiciéramos una cronología desde la primera reunión que tuvimos, que fue una reunión con el gobernador de Oaxaca, con su equipo, y fue una reunión de puerta cerrada, para que no tratemos aquí de decir “que una reunión a puerta cerrada es lo peor que puede pasar”, o “una reunión a puerta abierta es lo mejor que nos puede pasar”.

Yo creo que dentro de una Comisión Especial de este tipo, hay todo tipo de reuniones, reuniones a puerta cerrada, reuniones a puerta abierta.

Y lo que yo, desde el principio, le he dicho a las diferentes autoridades, llámese gobernador de Oaxaca, Secretario de Gobernación, Procuradora General de la República, si son reuniones a puerta cerrada, espero que sea también para que nos den parte de la investigación que se está haciendo, para que los integrantes de la comisión podamos conocer parte de la investigación, o no parte, sino la investigación como tal.

Y, ¡ojo!, efectivamente, después del tema Oaxaca, regreso a la cronología, y de reunirnos con diversas autoridades allá, esta comisión tenía interés también en acudir a Nochixtlán en ese mismo viaje.

Al final del día, creíamos conveniente hacerlo más adelante, porque nos parece fundamental, y ya lo dijo aquí la Diputada Mariana Benítez, podernos reunir con las víctimas y los familiares. Ese es un tema que no vamos a dejar fuera del trabajo de esta comisión, y estamos haciendo todo lo necesario para que así sea.

El día de ayer, bueno, después nos reunimos también con el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, como ustedes saben, es el que tendrá que emitir las recomendaciones; por lo tanto, la información que se nos proporcionó ayer de manera pública, y a decir también del comisionado local, tiene información importante que muy probablemente, pues no se pudo externar toda esta información en la reunión de ayer por poner en peligro nombres y preocupaciones muy legítimas.

Sería importante y valioso que toda esta información se le brinde al Presidente de la CNDH, porque será él quien tendrá que emitir las recomendaciones.

Sé también, y con la transparencia con la que siempre he tratado de conducirme, los que me conocen saben que así trato de llevar a cabo mi vida política, y mi vida en general, quiero decirles que la reunión de mañana con el Secretario de Gobernación, es un primer acercamiento con el Secretario de Gobernación.

Hemos platicado ya en días anteriores con el Subsecretario Campa. ¿Por qué? Porque estábamos interesados en acudir a Nochixtlán.

Y lo pongo así en la mesa, así de transparentes, porque sí me parece importante que mañana estemos los integrantes de la comisión escuchando al Secretario de Gobernación y, por supuesto, haciéndole el planteamiento de que más adelante acuda al seno de la Comisión.

¿Nosotros qué necesitamos el día de mañana?

Tener el informe, estudiarlo y después en una segunda reunión invitarlo también, por qué no, y hacer lo propio con la Procuradora General de la República.

Yo solamente lo quiero poner en la mesa, porque estamos haciendo un esfuerzo para escuchar a todas las voces.

El formato sí es importante, pero si se nos va a dar información que nos permita presentar un informe oportuno, un informe con datos fuertes, pues necesitamos escucharlos a todos, independientemente del formato.

Ojo, no perdamos de vista la finalidad de esta comisión, que es escuchar a todos y después poder realizar un informe que, como he insistido también en muchas ocasiones, y ya lo dijo aquí la Senadora Angélica de la Peña, no se convierta en una comisión más de la Cámara de Diputados, del Senado de la República, de la Comisión Permanente. Y ése ha sido el compromiso desde el día uno.
Con esto sólo los invitaría, compañeras y compañeros, a que el día de mañana los integrantes de la comisión podamos estar en esta reunión con el Secretario de Gobernación, con el Comisionado Nacional de Seguridad, que, ojo, será el primer encuentro de varios.

No podemos nosotros aclarar todas nuestras dudas en una primera reunión de acercamiento. Necesitamos seguramente dos reuniones, tres reuniones, cuatro reuniones, algunas públicas, otras privadas, pero lo importante es que ya vamos a tener esa reunión con el Secretario de Gobernación y estamos haciendo las gestiones para las siguientes reuniones.

No calentemos el ambiente. Lo que necesitamos, y creo que lo hemos logrado hasta ahorita, es que el tema no se politice, que podamos ayudar a la investigación, por un lado, y por otro lado que no nos olvidemos de las víctimas y todo el trabajo que tenemos que hacer por las víctimas y por los familiares de las víctimas.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Senadora Gómez del Campo.

Como ustedes lo registraron, el Diputado Virgilio Caballero entregó dos propuestas de modificación al dictamen. Dichas propuestas ya fueron descritas ampliamente a este Pleno.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas. Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: En consecuencia, consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo en los términos presentados.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo en los términos del dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.





 

Compañeros legisladores: Les informo que se ha retirado la reserva para la discusión de tres dictámenes de la Segunda Comisión.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con ellos.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señora Presidenta.

Los dictámenes son:

1.- Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente los atentados terroristas perpetrados en diversos países, y expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas, así como con los pueblos y Gobiernos de Turquía, Camerún, Bangladesh, Irak, Arabia Saudita, Francia, Alemania, Italia y Japón.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

2.- Por el que se solicita a la Secretaría de Salud impulsar las acciones administrativas y legislativas que sean necesarias para mejorar el Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes y promover la cultura de la donación de órganos entre la población.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

3.- El que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a remitir un informe en el que detalle el proceso de selección y los criterios de elegibilidad para ocupar la plaza femenil en ciclismo de ruta en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, señora Secretaria.

La Senadora Graciela Ortiz González entregó el texto de su intervención para el segundo de los dictámenes que se acaba de informar y se integrará al Diario de los Debates.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de este día, y así se hace del conocimiento de la Asamblea, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes sobre los puntos de Acuerdo que se han referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

EXCITATIVA

Compañeros legisladores, a petición de la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, se remitirá a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, su solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto que reforma diversos artículos en materia de inmunidad de servidores públicos.

La suscrita MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, Senadora de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 67, numeral 1 inciso G) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el párrafo segundo del artículo 85 y las fracciones III y XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta Presidencia respetuosamente se emita excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos a fin de emitir el dictamen correspondiente a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos, devuelto con modificaciones, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 Constitucional, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El martes 5 de marzo de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos (Fuero).

2. El martes 12 de Marzo de 2013 fue recibida en el Senado de la República, en esa misma fecha fue turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para el análisis y dictamen correspondiente.

3. La minuta en referencia tiene por objeto reformar la Constitución para que los servidores públicos de los tres poderes tanto federal y estatal puedan ser sujetos de proceso penal por la comisión o probable participación en algún delito y seguir en su cargo durante el proceso penal. Asimismo, en materias distintas a la penal se seguirá el procedimiento establecido en la legislación aplicable.

4. Dado que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene como base medular el combate a la corrupción, es menester no postergar la dictaminación de dicha minuta relativa a la inmunidad de servidores públicos (fuero) por considerarla un elemento sustantivo que permita poner a disposición de la autoridad a aquellos funcionarios públicos que presuntamente hayan cometido algún delito relacionados con actos de corrupción.

5. Bajo esa tesitura y con el objetivo de no utilizar a la justicia con fines políticos, sino acabar con la impunidad, excesos y privilegios de la aristocracia política, es de acuciosa necesidad dotar de independencia a la Procuraduría General de la República para dar paso a la Fiscalía General de la República y con ello a la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción, tal y como lo establece la reforma Constitucional en materia político-electoral, quien será la encargada de investigar, prevenir y conocer de los delitos en materia de corrupción.

6. Recordemos que a México, el fenómeno de la corrupción le cuesta aproximadamente 890 mil millones de pesos anualmente y en promedio a una persona este fenómeno le cuesta 165 pesos diarios, la corrupción ha afectado gravemente el desarrollo de nuestra democracia, frenado el desarrollo económico de nuestro país.

Consecuentemente, solicito de la manera más atenta se dé trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

ÚNICO. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente emite excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos a fin de convocar a sus integrantes para el análisis, discusión y dictaminación de la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos, turnada a esta Cámara el 12 de marzo de 2013. 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República,
el 27 de julio de 2016.

Atentamente

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.





 

Les informo ahora que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

(Presentada por los Diputados Norma Rocío Nahle García, Virgilio Dante Caballero Pedraza, Ángel Antonio Hernández de la Piedra y Laura Beatriz Esquivel Valdés, del grupo parlamentario de Morena)

Los que suscriben, NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA, VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA, ÁNGEL ANTONIO HERNÁNDEZ DE LA PIEDRA y LAURA BEATRIZ ESQUIVEL VALDÉS, Diputados Federales integrantes del grupo parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de Decreto, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con base en lo que señala el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado con que los funcionarios de las diferentes instancias de gobierno utilicen con responsabilidad los recursos públicos, hemos formulado la presente iniciativa considerando las características y especificaciones que requieren para su conservación y en su caso restauración, los bienes culturales arqueológicos, artísticos e históricos.

En 1917, el artículo 134 de la Constitución dejaba claro que desde entonces existía una preocupación para que los recursos públicos fueran entregados a particulares con imparcialidad y con transparencia por parte de los funcionarios. El artículo ha sido modificado en cuatro ocasiones, principalmente con el propósito de que en las leyes secundarias se haga más escrupulosa la vigilancia del manejo de los recursos públicos.

El texto original del artículo 134 de la Constitución señalaba “…los contratos que el gobierno tenga que celebrar para la ejecución de obras públicas, serán adjudicados en subasta, mediante convocatoria, y para que se presenten proposiciones en sobre cerrado, que será abierto en junta pública”.

La primera reforma, en 1982, establece claramente la necesidad de legislar sobre el procedimiento de licitación y adjudicación. Dispone que la administración de los recursos económicos debe ser eficiente, eficaz y honrada. Se ordena la creación de un mecanismo de licitación mediante convocatorias públicas para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

En la Iniciativa Presidencial de la República se señala que era necesario resolver el problema de la opacidad y corrupción en las compras, obras y prestación de servicios. Era imprescindible contar con una administración eficaz y llenar los vacíos existentes; construir bases nuevas para que los recursos económicos nacionales fortalecieran el bienestar del pueblo.

En esa primera reforma también se amplía el principio de licitación pública abierta para asegurar al Estado las mejores condiciones en sus adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones, prestación de servicios y contratación de obra. Se prevén los casos en que, cuando el principio de licitación no sea idóneo para asegurar las mejores condiciones en el manejo de los recursos, la determinación no se deje a una discrecionalidad administrativa y se aseguren las mejores condiciones económicas para el Estado.

Se consideró ya en ese entonces, que la eficacia para controlar y vigilar el buen manejo del patrimonio del pueblo depende de la capacidad de los ciudadanos para desarrollar normas eficaces de gestión; de nuestra capacidad para auditar su cumplimiento con seriedad, imparcialidad, rigor y profundidad; de nuestra capacidad para atender con diligencia las denuncias de violaciones a las leyes, a los derechos de quienes compran y venden al Estado; de nuestra capacidad para resarcirlos; y de nuestra capacidad para prevenir y sancionar su atropello. La iniciativa propone establecer las bases constitucionales para desarrollar esas capacidades.

Dos años antes de la reforma mencionada, en la Ley de Adquisiciones y Obras públicas de 1980, ya se habían establecido obligaciones para los procesos de contratación de obras y servicios que tuvieran que cumplir todas las dependencias y entidades de la administración del Estado en materia de planeación, programación y presupuesto de las obras públicas. En el artículo 28 de este ordenamiento se contemplaba la asignación de contratos o administración directa sin especificar los casos concretos de excepción, razón por la cual era difícil que el funcionario hiciera la adjudicación, por lo que era preferible ajustarse estrictamente a una férrea unidad y uniformidad en todo el proceso que era supervisado tanto por la Secretaría de Programación y Presupuesto como por la Secretaría Asentamientos Humanos y Obras Públicas, toda vez que el capítulo de sanciones por incumplimiento de los funcionarios era muy riguroso y con infracciones muy severas.

Esta ley ya consideraba algunos aspectos importantes en algunos artículos que posteriormente dieron como resultado los casos de excepción, como los que se señalaban en los artículos 12, 15 y 17 que establecían:

“Artículo 12 La Planeación de las obras públicas que realicen las dependencias y entidades deberá:

I a VI…

VII.- Considerar la tecnología aplicable en función de la naturaleza de la obra.”

Artículo 15.- Serán elementos de obra pública, las investigaciones, las asesorías y las consultorías especializadas, así como los estudios técnicos y de preinversión que requiera su realización.”

“Artículo 17. Las dependencias y entidades, dentro de su programa, elaborarán los presupuestos de cada una de las obras públicas que deban realizar, distinguiendo las que se han de ejecutar por contrato o por administración directa. Los presupuestos incluirán, según el caso, los costos correspondientes a:

I.- Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran.”

Hay que precisar que en ese entonces, el ordenamiento abarcaba, de manera implícita, tanto la obra pública como las adquisiciones gubernamentales.

El 30 de diciembre de 1993 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. Esta ley ya contempla un capítulo IV dentro del Título Tercero, denominado “De las Excepciones a la Licitación Pública”, lo cual permite a las dependencias suscribir contratos y proponer adjudicaciones directas en casos en los que por su propia naturaleza y de acuerdo con lo establecido en Artículo 134 de la propia Constitución en la Reforma de 1982, cuando las licitaciones no sean idóneas para asegurar las condiciones en cuanto a procedimientos, reglas, requisitos, y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

Así, como antecedente de la presente iniciativa el artículo 81 señalaba:

ARTÍCULO 81.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, a través de un procedimiento de invitación restringida, cuando:

I. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos;…

II. a IV…

A.

I. a V…

VI. Se trate de servicios de mantenimiento, conservación, restauración y reparación de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos y cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes;

VII. y VIII. …

B. En materia de obra pública, además podrá seguirse un procedimiento de invitación restringida cuando:

I. Se trate de trabajos de conservación, mantenimiento, restauración, reparación y demolición de los inmuebles, en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución;

La reforma permitió a los funcionarios, dentro de un marco normativo más específico, establecer los criterios con mayor certidumbre para asignar de manera directa contratos y adjudicaciones tanto de adquisiciones, servicios y obras públicas, en ciertos casos.

En 1998, nuevamente a instancias del Ejecutivo Federal, se presentan ante el Congreso sendas iniciativas que inciden directamente en los procesos de licitación y adjudicación de obras y adquisiciones. La innovación en estas iniciativas recayó en que las adquisiciones y la realización de obras dejaron de estar un solo ordenamiento, dando como resultado dos leyes, la de Adquisiciones y Servicios del Sector Público, y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dos ordenamientos que se derivan de la Ley de Adquisiciones y Obras públicas de 1993, paraobservar con mayor puntualidad lo dispuesto en el artículo 134 Constitucional, por un lado en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios, y por otro en la contratación de obra pública.

Con la experiencia, base fundamental para que el legislador haga las Iniciativas de ley, nos hemos dado cuenta de una problemática en ambos ordenamientos que se presenta de manera constante en las convocatorias que se llevan a cabo para los concursos o licitaciones, tanto para la contratación de servicios como para la realización de obras públicas cuando se trata de monumentos artísticos e históricos, conforme a lo que establece la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y que requieren el conocimiento técnico con sustento académico, experiencia y habilidad para aplicación de los procedimientos.

Si bien la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas contempla en su artículo 36 que “En todos los casos, se deberá preferir la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, así como a aquellos contratistas que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a esta ley. De igual manera, este criterio será aplicable a los licitantes que presenten proposiciones conjuntas”, el criterio ha sido insuficiente en procesos de licitación o adjudicación en el caso de monumentos artísticos o históricos. La restauración y los procesos de conservación de los muebles e inmuebles considerados monumentos artísticos e históricos tienen que ser intervenidos por especialistas y no por cualquier contratista a quien le resulta igual impermeabilizar el techo de una casa habitación que la bóveda de un templo del siglo XVI en cuyo interior puede haber una valiosa pintura mural única en el mundo y que es parte del patrimonio cultural de la nación; orgullo de los mexicanos.

Para ilustrar esta problemática, se podrían citar algunos ejemplos muy representativos y recientes. Dos casos en los que, tanto el Instituto Nacional de Bellas Artes como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se han enfrentado a situaciones en las que una persona o empresa sin experiencia suficiente o la formación especializada, obtiene un contrato para restaurar monumentos artísticos e históricos. Esto es de gran responsabilidad porque una intervención indebida a los monumentos que son el patrimonio de la Nación, puede arrojar resultados fatales, lamentables e irreversibles.

Los casos a que nos referimos son dos muy recientes y sonados mediáticamente. Se trata de las intervenciones paras la restauración de la estatua de Carlos IV, conocido como “El Caballito” y la aplicación de recubrimientos al Hemiciclo a Juárez situado en la Alameda Central en la Ciudad de México.

Estamos hablando de bienes culturales que representan la herencia de la Nación, cuya preservación está en manos de dos institutos que cuentan con la experiencia de profesionales e investigadores, la mayoría de ellos formados en México, en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete”, perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sus profesores, especialistas y egresados, constantemente son requeridos para capacitar a otros en el extranjero. Porque hablar de Monumentos en México, nos referimos a emblemas de nuestra cultura milenaria, cuya representatividad y valor artístico e histórico ha trascendido fronteras poniendo en alto el nombre de nuestro país. Muchos de estos bienes culturales están reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, por lo que una restauración inadecuada, puede dañar, nada más y nada menos, el patrimonio del pueblo de México.

Debemos establecer en la Ley lo que impida que se sigan cometiendo atrocidades como la que permitió la Autoridad del Centro Histórico en la Ciudad de México, como lo hemos podido leer en diferentes medios de comunicación, con relación a los trabajos de restauración de la estatua ecuestre de Carlos IV esculpida por el artista español Manuel Tolsá, avecindado en México a finales del Siglo XVIII. También lo sucedido con los trabajos de limpieza que se llevaron a cabo en el Hemiciclo a Juárez con motivo del homenaje que el Presidente Peña Nieto pensaba hacer el 21 de marzo y que a final de cuentas se realizó en Palacio Nacional.

El proceso de licitación cuando se trata de monumentos artísticos e históricos es un verdadero problema, ya que al sacar una licitación pública se corre el riesgo de que participe cualquier contratista especialista en pintura de casas o decoración de interiores, cuando se requiere forzosamente un especialista en el estilo de construcción, manifestaciones artísticas o aspectos de carácter histórico en arcos, dovelas, bóvedas, pintura mural de los siglos XVI al XIX, lo cual no se contempla actualmente en la fracción I del artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que actualmente señala:

Artículo 42. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:

Fracción I. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos;

Tampoco hay criterios específicos en la fracción I del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que actualmente señala:

Artículo 41. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:

Fracción I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado sólo existe un posible oferente, o se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o por tratarse de obras de arte;

Ambos ordenamientos son insuficientes porque no consideran los bienes del patrimonio cultural de la nación, porque los monumentos artísticos e históricos no necesariamente son obras de arte ni se rigen de manera explícita por los ordenamientos del derecho de autor en México.

Con esta problemática se podrían citar muchos ejemplos con diferentes niveles de especialización. Cabe aclarar que en materia de conservación de patrimonio artístico e histórico, México tiene una gran experiencia, considerando la riqueza patrimonial con que contamos y además, insistimos, son especialistas mexicanos que trabajan en el país, en el extranjero y son reconocidos en todo el mundo.

Vale la pena señalar que conforme a lo que establece la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos en el artículo 9, cada uno de los Institutos competentes está obligado a dar asesoría profesional para la conservación y restauración de bienes inmuebles considerados monumentos.

Una vez expuesta esta problemática concluimos que la Iniciativa de ley con propuesta de decreto que hoy se presenta, se acompaña de artículos transitorios que obligan tanto al Instituto Nacional de Bellas Artes como al Instituto Nacional de Antropología e Historia a emitir en un periodo de noventa días, las disposiciones normativas que habrán de observar los especialistas que sean considerados para la adjudicación directa en procesos de conservación y restauración de monumentos artísticos e históricos de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal en la materia. Disposiciones que deberán señalarse en las convocatorias o procesos de adjudicación correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción XXI al artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y adiciona una fracción XV al artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona una fracción XXI al artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 41…

I. a XX. …

XXI. Cuando se trate de trabajos relacionados con la conservación y restauración de monumentos paleontológicos, arqueológicos, artísticos, históricos, subacuáticos por determinación de Ley o con Declaratoria, contemplados en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos. O bien, aquellos bienes que sean considerados de relevancia representativa de una corriente artística o representativa de un hecho histórico de trascendencia en el país. La invitación a cuando menos tres personas o adjudicación, deberá ser sustentada con base en disposiciones normativas que emita el Instituto competente para tal efecto.

En el proceso de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación, se deberá conformar un cuerpo colegiado con a los menos tres especialistas en la materia, quienes deberán considerar experiencia, capacidades, personal calificado y proyecto de ejecución. En el contrato deberá establecerse un proceso de seguimiento y evaluación permanente con la finalidad de garantizar la preservación de los monumentos.

Artículo Segundo.- Se adiciona una fracción XV al artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas vigente, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 42…

I. a XIV…

XV. Cuando se trate de trabajos de mantenimiento, adecuaciones y restauraciones de monumentos arqueológicos, artísticos, históricos, subacuáticos por determinación de Ley o con Declaratoria, contemplados en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos. O bien, en aquellos monumentos que sean considerados de relevancia representativa de una corriente artística o representativa de un hecho histórico de trascendencia en el país. La invitación a cuando menos tres personas o adjudicación, deberá estar sustentada con base en disposiciones normativas que emita el Instituto competente para tal efecto.

En el proceso de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación, se deberá conformar un cuerpo colegiado con a los menos tres especialistas en la materia, quienes deberán considerar experiencia, capacidades, personal calificado y proyecto de ejecución. En el contrato deberá establecerse un proceso de seguimiento y evaluación permanente con la finalidad de garantizar la preservación de los monumentos.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor noventa días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Segundo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia emitirá en un periodo máximo de noventa días a partir de la publicación del presente decreto, las disposiciones normativas que deberán observar los prestadores de servicio y el propio instituto para el cumplimiento de la presente reforma, así como el procedimiento para conformar los cuerpos colegiados.

Tercero. El Instituto Nacional de Bellas Artes emitirá en un periodo máximo de noventa días a partir de la publicación del presente decreto, las disposiciones normativas que deberán observar los prestadores de servicio y el propio Instituto para el cumplimiento de la presente reforma, así como el procedimiento para conformar los cuerpos colegiados.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
del Senado de la República, el 27 de julio de 2016.

Dip. Norma Rocío Nahle García.- Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza.- Dip. Laura Beatriz Esquivel Valdés.- Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXX AL ARTÍCULO 93 DE LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del PT)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

(Presentada por la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS ARTÍCULOS 7 Y 15 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

(Presentada por el Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, JOSÉ HERNÁN CORTÉS BERUMEN, Diputado Federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS ARTÍCULOS 7 Y 15 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, conforme a la siguiente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 29 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación1, la reforma constitucional que transforma el otrora Distrito Federal en la Ciudad de México, lo cual implica que la Ciudad de México continuará siendo Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, pero con cambios fundamentales en su naturaleza.

La Ciudad de México es ahora una entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y su organización política administrativa, habiendo la posibilidad de darse su propia constitución política, con una forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico, que tendrá mayor autonomía con los Poderes federales, por ejemplo, en relación a la designación y remoción de sus funcionarios.

El Artículo Décimo Cuarto Transitorio señala que a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto, las referencias constitucionales y de cualquier otro ordenamiento jurídico al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.

Esta reforma implica cambios de fondo, que se aparejan de un cambio de forma. Es decir, tiene un trasfondo jurídico, político y social de relevancia, pero como elemento esencial, requiere el cambio de denominación, de Distrito Federal a Ciudad de México.

Ante las múltiples referencias que se tiene de este concepto en nuestro sistema jurídico, consideramos adecuado, generar un mecanismo legislativo de actualización de todas y cada una de las leyes que tiene referencias al Distrito Federal, para sustituirlo por Ciudad de México.

No se trata de una mera reforma estética, sino de adecuar el lenguaje jurídico, el cual es un elemento esencial en la seguridad jurídica que la ley debe proveer en cualquier estado de derecho. El principio de certeza jurídica en nuestro sistema, tiene una ratio fundamental para el estado de derecho, pues busca que el gobernado tenga plena certeza de los actos de autoridad y de las reglas con que debe conducirse en relación a los demás. Es pues, un principio que fragua, delimita, o perfecciona a otros de su misma especie o rango constitucional, pero que por su categoría, goza de supremacía, pues ninguno de ellos podría gozar de autonomía si finalmente su origen no se supedita al Estado de derecho.

El lenguaje es el vehículo natural para la manifestación del derecho; la realidad de la experiencia de la palabra, es un hecho sine qua non de la existencia jurídica. Diversos autores han puesto de manifiesto este carácter lingüístico y dialogante del derecho, haciéndolo incluso depender del lenguaje; de manera que las prescripciones -escribe von Wright- presuponen el uso del lenguaje en la formulación de las normas, y en coincidencia con Kalinowski, es evidente que todo término jurídico es o se manifiesta a través de una expresión lingüística.2

Si bien la propia reforma se ha encargado de garantizar que el cambio de denominación no genere perjuicio alguno a los gobernados, el realizar el cambio legislativo material, cierra el ciclo de dichas reformas, elimina todo resquicio de posibles malinterpretaciones derivadas de éstas, ya sea de buena o mala fe, y contribuye al cambio cultural que implican.

Es pues la intención de esta propuesta, agilizar la homologación de nuestro marco jurídico vigente a la terminología derivada de la reciente reforma, sustituyendo en cada cuerpo normativo federal los términos superados, por los de reciente acuño.

Es importante señalar que algunas referencias deberán permanecer, pues el cambio de su denominación depende de otras instancias, y en tanto estas no se generen, deben conservarse en sus términos. Por ejemplo, el Código Civil del Distrito Federal, deberá mantenerse con su denominación en tanto el Poder Legislativo local no resuelva su trámite legislativo. Igualmente, en el caso de las menciones de los salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, estos deberán permanecer en tanto se expide la legislación derivada de la reforma publicada el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se crea la Unidad de Medida y Actualización a efecto de desvincular al salario mínimo del pago de diversas obligaciones.

Para facilitar el proceso legislativo interno de la Cámara, se agruparon las leyes de acuerdo con su más probable turno a Comisiones, permitiendo un proceso de dictamen sencillo y célere.

En términos generales los turnos de la Mesa directiva a las reformas de las siguientes leyes: Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas se ha dado a la Comisión de Asuntos Indígenas por tanto se agrupan en esta iniciativa, para los procesos legislativos a que haya lugar.

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMANLA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

ARTICULO PRIMERO. Se reforma el artículo primero de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 1. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, con sede en la Ciudad de México.
ARTICULO SEGUNDO. Se reforma el inciso a) del primer párrafo del artículo 7 y el artículo 15 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 7.

a).- En la Ciudad de México y las demás entidades federativas con municipios o comunidades que hablen lenguas indígenas, los Gobiernos correspondientes, en consulta con las comunidades indígenas originarias y migrantes, determinarán cuáles de sus dependencias administrativas adoptarán e instrumentarán las medidas para que las instancias requeridas puedan atender y resolver los asuntos que se les planteen en lenguas indígenas.

b).- …

ARTÍCULO 15. La administración del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estará a cargo de un Consejo Nacional, como órgano colectivo de gobierno, y un Director General responsable del funcionamiento del propio Instituto. El domicilio legal del Instituto será la Ciudad de México.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
del Senado de la República, el 27 de julio de 2016.

Atentamente

Dip. José Hernán Cortés Berumen.

1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016 Consultado el 27 de abril de 2016.

2 Platas Pacheco María del Carmen, “Elementos para una aproximación hermenéutica del lenguaje jurídico.” Revista Razonamiento Judicial, número 7, septiembre de 2007.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por los Diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y María Candelaria Ochoa Ávalos, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

Los suscritos, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH y MARÍA CANDELARIA OCHOA AVALOS, Diputados del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. El 17 de febrero del 2016 el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció una reducción al Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto de 132.3 mil millones de pesos,1 este primer ajuste del ejercicio fiscal 2016, implicó una reducción de 100 mil millones de pesos para Pemex, 2,500 millones de pesos para la CFE; 500 millones del ISSSTE y 29,301 millones de pesos de diversos Ramos presupuestales del Gobierno Federal.

De entre los ramos presupuestales recortados, el correspondiente a Salud se redujo en 2,062.6 millones de pesos que, con respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados, representaron una disminución del 1.6 por ciento. El ramo correspondiente a Educación se redujo en 3,660.2 millones de pesos que, con respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados, representaron una disminución de 1.2 por ciento.

II. El 24 de junio de 2016, el Gobierno Federal anunció un segundo ajuste al Presupuesto de Egresos de la Federación2 por un monto de 31,714.7 millones de pesos que afectó diversos ramos presupuestales del Gobierno Federal.

De entre los ramos afectados en este segundo recorte presupuestal, el correspondiente a Salud se redujo en 6,500 millones de pesos que, con respecto al presupuesto ajustado, representaron una nueva disminución del 5 por ciento. El ramo correspondiente a Educación se redujo en 6,500 seis mil quinientos millones de pesos que, con respecto al presupuesto ajustado, representaron una disminución de 2.2 por ciento.

III. La suma de los dos recortes presupuestales anunciados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, implican una disminución al ramo de Educación de 10,160.2 millones de pesos que representan un presupuesto 3.4 por ciento inferior al aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.

Asimismo, para el ramo de Salud, estos recortes conllevan una reducción de 8,562.6 millones de pesos, que representan una disminución presupuestal de 6.5 por ciento respecto al Presupuesto aprobado

IV. El 21 de abril del 2016, la organización de la sociedad civil FUNDAR, emitió un comunicado respecto del primer recorte, en el que criticó la reducción de recursos respecto de las metas programadas y la vulneración al derecho humano a la salud de las personas afectadas, al referir:

El escenario financiero para el sector salud, ha sido golpeado por las reducciones presupuestarias impuestas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante este 2016, las cuales suman la cantidad de 2.062,6 millones de pesos.

Estas disminuciones -que los funcionarios denominan “ajustes”- son de tal magnitud que podemos compararlas con dos veces lo que el estado de Chiapas comprometió en el 2016, en recursos financieros e insumos, para los 36 programas prioritarios de salud. Así como dos veces y medio del total de lo que la Secretaría de Salud asignó para la compra de anticonceptivos a distribuir en los 32 servicios de salud.

Frente a estas disminuciones al Programa Seguro Médico Siglo XXI, sobresalen cuestionamientos: ¿cómo va a funcionar con tres cuartos de los recursos programados? El gobierno federal ¿cómo cumplirá con los señalamientos de las Reglas de Operación 2016 de dicho programa? sobre todo cuanto tiene como objetivo proveer atención en salud a todas las y los niños menores de cinco años sin seguridad social. El Seguro Popular ¿detendrá la incorporación de las y los recién nacidos?

Estas preguntas llevan a otro punto, y es que ante la nula explicación pública de las afectaciones que acarreará a la población, resaltan las disminuciones del Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras con un recorte de un 26,8 por ciento de su presupuesto; y del Seguro Médico Siglo XXI con un 33,1 por ciento.

Lo que sigue es fácil de suponer, el servicio será incompleto y para las familias significará solventar la atención en salud o lo que es peor, no acudir a los servicios de salud por los gastos insostenibles que implica.

No es la primera vez que las autoridades hacendarias y de salud no consideran los artículos 1 y 4 de la Constitución, y la Ley General de Salud en su artículo 77 o estándar más alto de protección en salud.

Pareciera que nuestra labor es siempre recordarle a la autoridad, que la salud es un derecho humano afincado en diversos documentos internacionales vinculantes.3

V.-El 20 de julio de 2016organizaciones de la sociedad civil como FUNDAR, México Evalúa e IMCO, entre otros, agrupadas bajo el colectivo Por un Presupuesto Sostenible, dirigieron una carta al Secretario de Hacienda y Crédito Público y al Subsecretario de Egresos en la que reconociendo la necesidad de ajustes al presupuesto de Egresos, manifiestan, no obstante, su preocupación por la posible afectación a derechos de las personas por la reducción en servicios de educación y salud, al referir:

No obstante, que ésta era una decisión necesaria e impostergable, es deseable que los recortes no afecten los derechos de las personas, al limitarles el acceso a servicios de salud y educación cuando se reduce la capacidad financiera de estos servicios, y que también se minimice el impacto negativo que puedan tener en el consumo y la inversión, y en general en la dinámica económica. Por esos motivos, consideramos indispensable que este tipo de decisiones sean acompañadas de suficiente información para explicar y justificar la elección de dichos recortes en particular.4

VI. El Artículo 21, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece la prelación que debe atender la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer las reducciones presupuestales, al precisar lo siguiente:

Artículo 21.- En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria:

I. […]

II. […]

III. La disminución de los ingresos distintos a los que se refiere la fracción II de este artículo se compensará, una vez efectuada en su caso la compensación a que se refiere la fracción I, con la reducción de los montos aprobados en los presupuestos de las dependencias, entidades, fondos y programas, conforme a lo siguiente:

a) Los ajustes deberán realizarse en el siguiente orden:

i) Los gastos de comunicación social;

ii) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población;

iii) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias, y

iv) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades.

En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales;

b) […]

De lo anterior se desprende que el primero de los ramos que debiera ser objeto de reducción presupuestal es el de gastos de comunicación social, no obstante, del análisis a los recortes presupuestales, se advierte que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, el concepto3600, correspondiente a servicios de comunicación social y publicidad, prácticamente no fue reducido, ya que únicamente se recordaron 22 millones de pesos, lo que representa un 0.04 por ciento de los recursos totales recortados.

Por lo anteriormente expuesto, en aras de proteger los derechos humanos de las personas a los servicios de salud y educación, nos permitimos presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma el artículo 51 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

ARTÍCULO ÚNICO. -Se reforma el párrafo cuarto del artículo 51 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 51.- […]

[…]

[…]

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá disponer que los fondos y pagos correspondientes a las entidades, se manejen, temporal o permanentemente de manera centralizada en la Tesorería de la Federación. Asimismo, podrá suspender, diferir o determinar reducciones en la ministración de los recursos, cuando las dependencias y entidades no cumplan con las disposiciones de esta Ley y el Reglamento o se presenten situaciones supervenientes que puedan afectar negativamente la estabilidad financiera, reportando al respecto en los informes trimestrales. No se podrán suspender las ministraciones o reducir los montos asignados en el Presupuesto de Egresos a los ramos de salud o educación.

[…]

[…]

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el
Senado de la República, el 27 de julio de 2016.

Atentamente

Dip. José Clemente Castañeda Hoeflich.- Dip. María Candelaria Ochoa Avalos.

1 Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Comunicado de prensa 020-2016, 17 de febrero de 2016.
Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar su compromiso con la estabilidad macroeconómica. https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-de-prensa-020-2016

2 Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Comunicado de Prensa 084-2016, 24 de junio de 2016. El gobierno aplicará un recorte al gasto público por 31,715 mdp.
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-de-prensa-084-2016

3 La ligereza de SHCP al aplicar recortes en salud. Daniela Díaz Echeverría. http://fundar.org.mx/la-ligereza-de-shcp-al-aplicar-recortes-en-salud/?ID=10

4 Carta Colectivo PE$O a SHCP – Recorte Presupuestario 2016. 20 de julio 2016.
http://mexicoevalua.org/2016/07/20/carta-colectivo-peo-a-shcp-recorte-presupuestario-2016/





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, DE LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR Y DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO

(Presentada por el Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, JOSÉ HERNÁN CORTÉS BERUMEN, Diputado Federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR, Y LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO, conforme a la siguiente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 29 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación1, la reforma constitucional que transforma el otrora Distrito Federal en la Ciudad de México, lo cual implica que la Ciudad de México continuará siendo Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, pero con cambios fundamentales en su naturaleza.

La Ciudad de México es ahora una entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y su organización política administrativa, habiendo la posibilidad de darse su propia constitución política, con una forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico, que tendrá mayor autonomía con los Poderes federales, por ejemplo, en relación a la designación y remoción de sus funcionarios.

El Artículo Décimo Cuarto Transitorio señala que a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto, las referencias constitucionales y de cualquier otro ordenamiento jurídico al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.

Esta reforma implica cambios de fondo, que se aparejan de un cambio de forma. Es decir, tiene un trasfondo jurídico, político y social de relevancia, pero como elemento esencial, requiere el cambio de denominación, de Distrito Federal a Ciudad de México.

Ante las múltiples referencias que se tiene de este concepto en nuestro sistema jurídico, consideramos adecuado, generar un mecanismo legislativo de actualización de todas y cada una de las leyes que tiene referencias al Distrito Federal, para sustituirlo por Ciudad de México.

No se trata de una mera reforma estética, sino de adecuar el lenguaje jurídico, el cual es un elemento esencial en la seguridad jurídica que la ley debe proveer en cualquier estado de derecho. El principio de certeza jurídica en nuestro sistema, tiene una ratio fundamental para el estado de derecho, pues busca que el gobernado tenga plena certeza de los actos de autoridad y de las reglas con que debe conducirse en relación a los demás. Es pues, un principio que fragua, delimita, o perfecciona a otros de su misma especie o rango constitucional, pero que por su categoría, goza de supremacía, pues ninguno de ellos podría gozar de autonomía si finalmente su origen no se supedita al Estado de derecho.

El lenguaje es el vehículo natural para la manifestación del derecho; la realidad de la experiencia de la palabra, es un hecho sine qua non de la existencia jurídica. Diversos autores han puesto de manifiesto este carácter lingüístico y dialogante del derecho, haciéndolo incluso depender del lenguaje; de manera que las prescripciones -escribe von Wright- presuponen el uso del lenguaje en la formulación de las normas, y en coincidencia con Kalinowski, es evidente que todo término jurídico es o se manifiesta a través de una expresión lingüística.2

Si bien la propia reforma se ha encargado de garantizar que el cambio de denominación no genere perjuicio alguno a los gobernados, el realizar el cambio legislativo material, cierra el ciclo de dichas reformas, elimina todo resquicio de posibles malinterpretaciones derivadas de éstas, ya sea de buena o mala fe, y contribuye al cambio cultural que implican.

Es pues la intención de esta propuesta, agilizar la homologación de nuestro marco jurídico vigente a la terminología derivada de la reciente reforma, sustituyendo en cada cuerpo normativo federal los términos superados, por los de reciente acuño.

Es importante señalar que algunas referencias deberán permanecer, pues el cambio de su denominación depende de otras instancias, y en tanto estas no se generen, deben conservarse en sus términos. Por ejemplo, el Código Civil del Distrito Federal, deberá mantenerse con su denominación en tanto el Poder Legislativo local no resuelva su trámite legislativo. Igualmente, en el caso de las menciones de los salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, estos deberán permanecer en tanto se expide la legislación derivada de la reforma publicada el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se crea la Unidad de Medida y Actualización a efecto de desvincular al salario mínimo del pago de diversas obligaciones.

Para facilitar el proceso legislativo interno de la Cámara, se agruparon las leyes de acuerdo con su más probable turno a Comisiones, permitiendo un proceso de dictamen sencillo y célere.

En términos generales los turnos de la Mesa Directiva a las reformas de las siguientes leyes: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, Ley de Vías Generales de Comunicación, Ley del Registro Público Vehicular, y Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.se ha dado a la Comisión de Transportes, por tanto se agrupan en esta iniciativa, para los procesos legislativos a que haya lugar.

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente,

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMANDIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR, Y LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO.

ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artículos 63 y 74 Ter, fracción II de laLey de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 63.- Las personas físicas y morales autorizadas por los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México para operar autotransporte público de pasajeros, y que utilicen tramos de las vías de jurisdicción federal, garantizarán su responsabilidad, en los términos de este capítulo, por los daños que puedan sufrir los pasajeros que transporten, sin perjuicio de que satisfagan los requisitos y condiciones para operar en carreteras de jurisdicción federal.

Artículo 74 Ter. …

I. …

II. Cuando contando con concesiones o permisos estatales, municipales o de la Ciudad de México, se encuentren prestando el servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes, fuera de los tramos autorizados por la Secretaría;

III. a V. …

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 7; 118fracción II, y 127 tercer párrafo de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para quedar como sigue:

Artículo 7o.- Las vías generales de comunicación, los servicios públicos que en ellas se establezcan, los capitales y empréstitos empleados en ellos, las acciones, bonos y obligaciones emitidos por las empresas, no podrán ser objeto de contribuciones de los Estados, Ciudad de México o Municipios.

Artículo 118.-

I.- …

II.- Las empresas que exploten tranvías o autotransportes de concesión federal, están obligadas a admitir, libres de pasaje, a los mensajeros, carteros y a los miembros de la policía federal y de la Ciudad de México que viajen en el desempeño de sus servicios, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias. Las empresas que exploten servicios de comunicaciones eléctricas, incluyendo a la red nacional, estarán obligados a conceder franquicias a los inspectores de vías generales de comunicación para asuntos del servicio, con derecho a usar clave, y con las limitaciones que fije el reglamento.

Artículo 127.-

Las empresas y personas físicas autorizadas por los gobiernos de los Estados y de la Ciudad de México para operar el transporte público de pasajeros sólo podrán prestar el servicio y transitar en las vías de jurisdicción federal en los términos de esta Ley, si previamente han garantizado su responsabilidad por los riesgos que puedan sufrir los viajeros que transporten.



ARTÍCULO TERCERO. Se reforman las fracciones VI y VII del artículo 2 de la Ley del Registro Público Vehicular, para quedar como sigue:

Artículo 2.-

I.- a V.- …

VI.- Entidades Federativas: Los Estados de la República y la Ciudad de México;

VII.- Procuradurías: La Procuraduría General de la República y las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados y del Gobierno de la Ciudad de México

VIII.- a X. …

ARTÍCULO CUARTO. Se reforma la fracción VII del artículo 6 Bis de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para quedar como sigue:

Artículo 6 Bis.

I. a VI.

VII. Emitir recomendaciones a las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México competentes y a los concesionarios para que en el ámbito de sus facultades promuevan medidas de Seguridad Pública para la adecuada operación del servicio público ferroviario

ARTÍCULO TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
del Senado de la República, el 27 de julio de 2016.

Atentamente

Dip. José Hernán Cortés Berumen.

1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016 Consultado el 27 de abril de 2016.

2 Platas Pacheco María del Carmen, “Elementos para una aproximación hermenéutica del lenguaje jurídico.” Revista Razonamiento Judicial, número 7, septiembre de 2007.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

(Presentada por el Diputado Sergio López Sánchez, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, Diputado SERGIO LÓPEZ SÁNCHEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos que se mencionan en el apartado correspondiente, pongo a la consideración de esta Cámara de Diputados la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL EN MATERIA DE PROGRESIVIDAD AL PORCENTAJE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A ESTADOS Y MUNICIPIOS.

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el numeral 1 del artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa se presenta en los siguientes términos:

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver y argumentos que sustentan la iniciativa.

Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver:

Con la presente iniciativa, se propone elevar el porcentaje presupuestal del 20% al 30% de manera progresiva, en lo que respecta a la asignación de recursos a Entidades Federativas y Municipios del denominado Fondo General de Participaciones a Estados y Municipios establecido en la Ley de Coordinación Fiscal a efecto de fortalecer el federalismo hacendario y que los mismos cuenten con una mayor solidez financiera que les permita cumplir con la realización de compromisos, obra e implementación de Políticas Públicas de carácter general, bajo directrices de progresividad, con enfasis en una principio de subsidiariedad y de alto sentido social.

Argumentos que sustentan la Iniciativa:

La historia reciente del federalismo en México es un historia de constante litigio en lo que respecta a ceder derechos y obligaciones a las Entidades Federativas o que las mismas permanezcan centralizadas y a cargo de la Federación.

Una realidad es, que el Federalismo sigue siendo asignatura pendiente en las agendas públicas como consecuencia de las graves restricciones tanto jurídicas como presupuestales con las que la Federación mantiene ferreo control sobre los Estados y la Ciudad de México; es el control en la asignación de recursos públicos uno de los aspectos de mayor atraso en el avance de una verdadera política de descentralización en el país.

Son diversos los temas pendientes de la agenda federalista con perspectiva de un correcto principio de aplicación de una política distributiva con énfasis en el tejido social, el sistema de coordinación fiscal históricamente aceptado, ha definido los precedentes y temas de la agenda para enfrentar las cuestiones federalistas y aunque en ello la cuestión fiscal ha sido un tema recurrente en las demandas realizadas por los gobiernos locales a la federación poco o nada se ha avanzado y de ello, los mismos han sido graduales, poco perceptibles por la socedad y al final, son remedios financieros concebidos como graciosas concesiones de la Federación en donde opera más un criterio de afinidad partidista, ideológica o de proyecto político coyuntural que de resolución de necesidades.

En una agenda federalista, los requerimientos por parte de los Estados y Municipios son diversos y muy variados, van desde solicitar mayores facultades tributarias para cada uno de ellos hasta el aumento de la discreción en el manejo de transferencias federales por parte de los gobiernos locales.

Otro de los temas que también tiene alta prioridad en la agenda federalista se refiere a la descentralización de funciones y recursos de la administración pública federal a los gobiernos locales. Los argumentos a favor de esta medida descansan en el principio de subsidiaridad; la descentralización optimiza la racionalización de los recursos al trabajar de manera directa con la población. Este tema es, de entre los bullets de una agenda federalista, el que medianamente ha sido más abordado por tratarse de un asunto con mayor simplicidad técnica y con elementos políticos más tangibles para los discursos y posturas políticas.

Sin embargo, una necesidad de la agenda federalista ha sido reducida a una categoría de mediana prioridad, a saber la que tiene relación con los temas del fortalecimiento de las capacidades institucionales y financieras de los gobiernos locales.

La democratización y alternancia política que se vive en nuestro país ha venido  aparejada con temas de gestión pública local que son relativamente nuevos en la  agenda nacional. La transparencia, la rendición de cuentas, el servicio civil de carrera y la auto evaluación del desempeño son temas que poco a poco han ido  ganando espacio en el terreno local, en este sentido, el proyecto “Desde lo local” es un ejemplo de este ejercicio de auto evaluación que permite a los alcaldes    determinar sus fallas y aciertos de acuerdo con los colores de un semáforo. Entre los indicadores de este programa hay acciones relacionadas con el impulso agropecuario, protección civil, transparencia, tecnificación, comunicación interna y externa, promoción del deporte y administración con responsabilidad, entre otros asuntos que deben cumplir las autoridades municipales como símbolo de avances reales en materia gubernamental.

A pesar de que la reforma federalista busca impulsar cambios en la coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, y plantea la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones gubernamentales, las relaciones intergubernamentales, la participación ciudadana y muy específicamente el impulso a un aumento sensible en las participaciones federales otorgadas a los gobiernos locales son temas que tienen baja prioridad en la agenda nacional. Esta situación pudiera estar directamente vinculada con la forma históricamente centralista en que se han distribuido las funciones gubernamentales y de planear y operar el desarrollo nacional, sin incluir de manera activa a la sociedad civil.

Desde la izquierda, estamos conscientes de que la mayor fuente de controversias de una agenda federalista tiene que ver con el tema financiero.

La propuesta recurrente de aumentar las transferencias y aportaciones federales, es considerada para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática un asunto relevante en la discusión de los grandes temas de la agenda nacional, pero es también un tema sobre el que es preciso reconocer que existen muy pocos acuerdos, debido fundamentalmente al desequilibrio persistente de las finanzas públicas y que a pesar de algunos esfuerzos aislados de descentralización del gasto público, todavía se requiere dar cierta certidumbre a las entidades federativas y a los municipios a través del otorgamiento de aportaciones y transferencias federales.

Es una realidad que es preciso reconocer que, las entidades federativas y los ayuntamientos se quejan de manera constante porque las aportaciones federales se les otorgan etiquetadas, y cuando los recursos no les alcanzan, tienen que utilizar dinero de otros programas, asimismo, varios de ellos opinan que el sistema actual para distribuir dichos recursos federales acusa una gran obsolescencia, por lo que proponen una redefinición y actualización de sus mecanismos de asignación o incluso la actualización de la base del 20% en la Ley de Coordinación Fiscal a efecto de que el porcentaje que se vislumbró hace cási 13 años se actualice, dadas las cambiantes condiciones políticas y sociales del país y sobre todo a la obsolecencia del sistema de distribución inequitativo del gasto.

No obstante, aunque hay opiniones que sugieren que el sistema de distribución de aportaciones y transferencias federales debe permanecer sin cambios, estas también van volviéndose obsoletas; nuevas ideas y nuevas formas de concebir la función gubernativa permiten erradicar estas decadentes posturas que afirmaban con una mal interpretada sinceridad que los ayuntamientos no tienen capacidad para asumir el control de las transferencias y que esta situación podría obstaculizar la autonomía financiera de los municipios. Es la visión de la minoría de edad de los Municipios arraigada por el antiguo régimen post revolucionario que tanto atraso generó en el país y por el que la tercera generación sigue pagando las consecuencias.

Este debate tiene gran importancia ya que al permitir y aumentar la participación de las haciendas públicas locales en los ingresos federales se requiere de una distribución regida por reglas de colaboración administrativa, lo que supone también un enorme control para acotar las opciones al etiquetar los recursos federales, es decir, para destinarlos a un rubro específico, evitando discrecionalidad y desvíos.

Aunque el argumento que desestima esta propuesta sobre el aumento de los recursos que reciben los gobiernos locales por parte de la Federación radica en el hecho de que las transferencias pudieran limitar la rendición de cuentas de los gobiernos locales, pues éstos elevan sus gastos sin aumentar su cobro de impuestos, con las recientes reformas al andamiaje legal y normativo en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas, los mecanismos se descentralizan como consecuencia de la existencia de legislaciones generales marco que mandatan lo mismo a la Federación que a los Estados y Municipios a cumplir con una agenda de fiscalización mas allá del origen mismo de los recursos otorgados.

Es un hecho que los gobiernos locales requieren mayores recursos, pero también que debe procurarse su distribución equitativa y garantizar la transparencia en su uso.

Asimismo, es un imperativo asegurar que una mayor transferencia de recursos no disminuya la eficiencia financiera de los gobiernos locales ni desincentive la búsqueda de métodos innovadores para la prestación de servicios. La solución existe y se refiere a mantener la obligación, para los municipios, de informar a través de los estados y para estos últimos de transmitir dicha información al gobierno federal, a través de medios impresos y electrónicos. Sólo con un sistema que asegure la rendición de cuentas es posible otorgar más recursos, oportunidades y responsabilidades a los gobiernos locales, esto es posible por lo menos en el diseño del esquema de Transparencia aprobado hace unos meses por este Congreso de la Unión, sin embargo es asignatura pendiente y obligada lo primero a saber, el del aumento en el otorgamiento de recursos como parte de una verdadera agenda de impulso federalizado.

Es necesario que los Estados sean autosuficientes y gocen de facultades para regir dentro de su territorio en materia de impuestos, pero también que el porcentaje distributivo de recursos que desde la Federación son asignados aumente de manera sensible; lo ideal es que la recaudación mayoritaria se realizara en cada Estado y la minoritaria en la federación porque de esta forma se aseguraría la autonomía de cada Estado y no tendrían que depender estos del gobierno federal para su subsistencia pero este escenario ideal solo es concebible en los teóricos y fundamentalistas que desconocen la realidad operativo-funcional de los Municipios y de la urgencia por dotarles de un camino, de una clínica, de medicamentos para su correcta puesta en marcha, de capital para el impulso e inversión en materia agraria y así evitar conflictos sociales e incluso, de mecanismos para solventar las deudas de sus antecesores y hasta los laudos en materia laboral, herencia del uso patrimonial de lo público y al que un gobierno de alternancia deberá enfrentarse de forma obligada.

Por lo tanto al depender los estados de las contribuciones federales para su organización, subsistencia y al no ser autosuficientes, se concentran las facultades de decisión y de recaudación de impuestos en el nivel federal y por lo tanto el nivel estatal solo se limita a resolver los asuntos que por exclusión le son establecidos por el gobierno Federal y por la propia Constitución.

Esto motivó al proponente de la presente Iniciativa a proponer que en la Ley de Coordinación Fiscal se establezca el principio de progresividad en el otorgamiento de recursos del denominado Fondo General de Participaciones, insumo prioritario en el otorgamiento de recursos a Estados y Municipios.

Se propone que sea bajo el principio de progresividad ya que de esta manera no se lesionan ni desequilibran las finanzas públicas, al tiempo que se establece la obligación procedimiental de que cada año, en el diseño presupuestal, los recursos deberán tener un aumento que no solamente corresponda al ajuste inflacionario que de manera anual considera la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, junto con el principio de progresividad, se propone que el porcentaje actual del veinte por ciento de dicho Fondo como parte de las aportaciones Federales, aumente al treinta por ciento, precisamente bajo el principio de un escalamiento gradual en términos de progresividad.

Así, adecuamos el porcentaje a una realidad social cambiante y que existe en cada uno de los Estados y sus Municipios, implica el verdadero fortalecimiento de las finanzas públicas locales a efecto de que en un corto, mediano y largo plazo se encuentren en posibilidades de cumplir con asignaturas pendientes y fundamentales como la “Agenda desde lo local” de la ONU ya que este aumento significaría e verdadero impulso para la construcción y establecimiento de una verdadera autonomía municipal, de un auténtico Federalismo Hacendario y no se deje a su suerte a los que menos aportan y por ende, menos reciben en perjuicio de una visión humana, solidaria y social.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

Texto vigente

Propuesta

Artículo 2o.- El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

 

Artículo 2o.- El Fondo General de Participaciones se constituirá con no menos del 20% y de manera progresiva con hasta el 30% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

Artículo 6o.- Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 20% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general, atendiendo principalmente a los incentivos recaudatorios y principios resarcitorios, en la parte municipal, considerados en el artículo 2o. del presente ordenamiento.

 

Los municipios y, tratándose del Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales, recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda al Estado en los términos del último párrafo del artículo 2o. de esta Ley.

 

Artículo 6o.- Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, atenderán al principio de progresividad y nunca serán inferiores al 30% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general, atendiendo principalmente a los incentivos recaudatorios y principios resarcitorios, en la parte municipal, considerados en el artículo 2o. del presente ordenamiento y atendiendo al mismo principio de progresividad en su otorgamiento.

Los municipios y, tratándose del Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales, recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda al Estado en los términos del último párrafo del artículo 2o. de esta Ley, dicho otorgamiento también atenderá al principio de progresividad hasta un máximo anual del 30%.

Con esta propuesta, las y los legisladores estaremos enviando un mensaje claro de apoyo a nuestros Estados y Municipios, veremos quien realmente está comprometido con su Entidad, al tiempo que generamos las condiciones de un verdadero fortalecimiento nacional desde lo local.

II. Fundamento legal de la Iniciativa.

La presente Iniciativa se presenta con las facultades que a la suscrita confieren los Artículos 11, 71 Fracción II y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6º numeral 1, Fracción I, 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

III. Denominación del proyecto de Reforma.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.


IV. Texto normativo propuesto.

Me permito poner a la consideración del Honorable Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Diputados, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decretopor el que sereforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO ÚNICO.- Se REFORMA el primer párrafo del Artículo 2 y el primero, segundo y cuarto párrafos del Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

Artículo 2o.- El Fondo General de Participaciones se constituirá con no menos del 20% y de manera progresiva con hasta el 30% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

Artículo 6o.- Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, atenderán al principio de progresividad y nunca serán inferiores al 30% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general, atendiendo principalmente a los incentivos recaudatorios y principios resarcitorios, en la parte municipal, considerados en el artículo 2o. del presente ordenamiento y atendiendo al mismo principio de progresividad en su otorgamiento.

Los municipios y, tratándose del Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales, recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda al Estado en los términos del último párrafo del artículo 2o. de esta Ley, dicho otorgamiento también atenderá al principio de progresividad hasta un máximo anual del 30%.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y la base distributiva establecida en los Artículos 2 y 6 del mismo serán aplicados a partir del ejercicio fiscal del año 2017.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión, el 27 de julio de 2016.

Atentamente

Dip. Sergio López Sánchez.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE MIGRACIÓN

(Presentada por el Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, JOSÉ HERNÁN CORTÉS BERUMEN, Diputado Federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE MIGRACIÓN, conforme a la siguiente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 29 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación1, la reforma constitucional que transforma el otrora Distrito Federal en la Ciudad de México, lo cual implica que la Ciudad de México continuará siendo Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, pero con cambios fundamentales en su naturaleza.

La Ciudad de México es ahora una entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y su organización política administrativa, habiendo la posibilidad de darse su propia constitución política, con una forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico, que tendrá mayor autonomía con los Poderes federales, por ejemplo, en relación a la designación y remoción de sus funcionarios.

El Artículo Décimo Cuarto Transitorio señala que a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto, las referencias constitucionales y de cualquier otro ordenamiento jurídico al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.

Esta reforma implica cambios de fondo, que se aparejan de un cambio de forma. Es decir, tiene un trasfondo jurídico, político y social de relevancia, pero como elemento esencial, requiere el cambio de denominación, de Distrito Federal a Ciudad de México.

Ante las múltiples referencias que se tiene de este concepto en nuestro sistema jurídico, consideramos adecuado, generar un mecanismo legislativo de actualización de todas y cada una de las leyes que tiene referencias al Distrito Federal, para sustituirlo por Ciudad de México.

No se trata de una mera reforma estética, sino de adecuar el lenguaje jurídico, el cual es un elemento esencial en la seguridad jurídica que la ley debe proveer en cualquier estado de derecho. El principio de certeza jurídica en nuestro sistema, tiene una ratio fundamental para el estado de derecho, pues busca que el gobernado tenga plena certeza de los actos de autoridad y de las reglas con que debe conducirse en relación a los demás. Es pues, un principio que fragua, delimita, o perfecciona a otros de su misma especie o rango constitucional, pero que por su categoría, goza de supremacía, pues ninguno de ellos podría gozar de autonomía si finalmente su origen no se supedita al Estado de derecho.

El lenguaje es el vehículo natural para la manifestación del derecho; la realidad de la experiencia de la palabra, es un hecho sine qua non de la existencia jurídica. Diversos autores han puesto de manifiesto este carácter lingüístico y dialogante del derecho, haciéndolo incluso depender del lenguaje; de manera que las prescripciones -escribe von Wright- presuponen el uso del lenguaje en la formulación de las normas, y en coincidencia con Kalinowski, es evidente que todo término jurídico es o se manifiesta a través de una expresión lingüística.2

Si bien la propia reforma se ha encargado de garantizar que el cambio de denominación no genere perjuicio alguno a los gobernados, el realizar el cambio legislativo material, cierra el ciclo de dichas reformas, elimina todo resquicio de posibles malinterpretaciones derivadas de éstas, ya sea de buena o mala fe, y contribuye al cambio cultural que implican.

Es pues la intención de esta propuesta, agilizar la homologación de nuestro marco jurídico vigente a la terminología derivada de la reciente reforma, sustituyendo en cada cuerpo normativo federal los términos superados, por los de reciente acuño.

Es importante señalar que algunas referencias deberán permanecer, pues el cambio de su denominación depende de otras instancias, y en tanto estas no se generen, deben conservarse en sus términos. Por ejemplo, el Código Civil del Distrito Federal, deberá mantenerse con su denominación en tanto el Poder Legislativo local no resuelva su trámite legislativo. Igualmente, en el caso de las menciones de los salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, estos deberán permanecer en tanto se expide la legislación derivada de la reforma publicada el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se crea la Unidad de Medida y Actualización a efecto de desvincular al salario mínimo del pago de diversas obligaciones.

Para facilitar el proceso legislativo interno de la Cámara, se agruparon las leyes de acuerdo con su más probable turno a Comisiones, permitiendo un proceso de dictamen sencillo y célere. En términos generales los turnos de la Mesa Directiva a las propuestas de reforma a la Ley de Migración, se han dado a la Comisión de Asuntos Migratorios.

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente,

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE MIGRACIÓN.

ARTICULO ÚNICO. Se reforman los artículos 29 primer párrafo; 112 primer fracción del primer párrafo y tercer párrafo de la Ley de Migración.

Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y al de la Ciudad de México:

I. a IV. …

Artículo 112.

I. El Instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado de su país.

Cuando por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados lleguen a ser alojados en una estación migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México, deberá asignárseles en dicha estación un espacio específico para su estadía distinto al del alojamiento de los adultos. La autoridad deberá respetar en todo momento los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados previstos en el presente ordenamiento y la legislación aplicables, dándose aviso inmediato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de derechos humanos, así como al Comité Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos.

II. a VI …

Tratándose de niña, niño o adolescente migrante nacional no acompañado, corresponderá al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, garantizar el eficaz retorno asistido del menor con sus familiares adultos, atendiéndose en todo momento el interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, en coordinación y coadyuvancia con los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México que corresponda, considerando las causas de su migración: reunificación familiar, en busca de empleo, violencia intrafamiliar, violencia e inseguridad social, entre otras.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
del Senado de la República, el 27 de julio de 2016.

Atentamente

Dip. José Hernán Cortés Berumen.

1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016 Consultado el 27 de abril de 2016.

2 Platas Pacheco María del Carmen, “Elementos para una aproximación hermenéutica del lenguaje jurídico.” Revista Razonamiento Judicial, número 7, septiembre de 2007.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 7 DE MAYO, “DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA HIPERTENSIÓN PULMONAR”

(Presentada por la Diputada Maricela Contreras Julián y los Senadores Angélica de la Peña Gómez y Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)

Las y los suscritos integrantes de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanossometen a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa.

PROBLEMÁTICA

La Hipertensión Pulmonar (HP), es el nombre general e inclusivo para un grupo de varias enfermedades crónicas que se caracterizan por la restricción de flujo sanguíneo a través de la arteria pulmonar, lo que provoca un aumento en la resistencia vascular pulmonar y, como consecuencia falla cardiaca derecha y muerte temprana; enfermedades que también causan gastos catastróficos, ya que algunas formas o subtipos, son raras y de rápido avance, debilitantes y mortales.

La HP se divide en 5 tipos principales, algunas con más reconocimiento y una de ellas potencialmente curable: 1) Hipertensión arterial pulmonar (HAP, la más conocida); 2) Hipertensión pulmonar debida a enfermedad cardiaca izquierda; 3) Hipertensión pulmonar asociada a enfermedades pulmonares y/o hipoxemia; 4) Hipertensión pulmonar por enfermedad tromboembólica crónica (CTEPH, sin terapia específica disponible en el sector salud), y 5) Hipertensión pulmonar con multimecanismos factoriales no claros.

La HP se ha catalogado como una enfermedad rara o huérfana, entendiéndose por estas aquella que afectan a menos de cinco personas por cada 10 mil habitantes. Debido a su baja incidencia, muchas de las veces los médicos no logran establecer un diagnóstico claro ni los farmacólogos un tratamiento específico, ya que éstas enfermedades pueden ser parecidas en sus síntomas a otras mucho más conocidas, lo que a veces resulta en diagnósticos equivocados.

Los principales problemas a los que se enfrentan quienes padecen de una enfermedad huérfana, además de la tardanza en obtener un diagnóstico adecuado, son: desigualdad en el acceso a un tratamiento adecuado por la falta de información del personal médico para tratarlo, el deterioro en su calidad de vida y un impacto financiero devastador, pues generalmente los medicamentos son muy costosos.

El origen de las enfermedades huérfanas es genético en un 80% de los casos, y el restante 20% tiene sus orígenes en infecciones bacteriales o víricas, alergias, causas degenerativas o teratogénicas (por la exposición a productos químicos o radiación), o por una combinación de factores ambientales y genéticos.

En su gran mayoría, las enfermedades huérfanas son crónicas y degenerativas, y en México, hasta un 65% se consideran graves e invalidantes. En nuestro país, las principales enfermedades huérfanas diagnosticadas son la Fibrosis Quística, la Hemofilia, el Síndrome de Angelman, el Síndrome de Fabry, la enfermedad de Gaucher, el padecimiento de Niemann Pick y la Hipertensión Pulmonar.

En el mundo no existe un registro exacto de cuántos e estos padecimientos de éste tipo existen, y la Organización Mundial de la Salud estima que suman alrededor de 7 mil, pero tan solo existen tratamientos específicos para 400. En México, se calcula que hay 7 millones de personas con alguna de estas enfermedades, pero solo 11 cuentan con un tratamiento específico.

Para comprender mejor la problemática de las personas que sufren esta enfermedad basta citar algunos datos:

• En las personas que padecen HP las arterias que llevan la sangre desde el corazón hacia los pulmones se estrechan, situación que limita el suministro de oxígeno, causando asfixia progresiva.

• El corazón bombea la sangre con dificultad a través de las arterias estrechadas, provocando la elevación de la presión sanguínea en los pulmones y la dilatación del corazón: el corazón sobrecargado pierde su capacidad de bombear sangre produciendo insuficiencia cardíaca, discapacidad progresiva y en poco tiempo, si no se cuenta con tratamiento, la muerte.

• La HP no afecta a una edad específica, por lo que muchos de los casos se registran en población económicamente activa.

• La esperanza de vida sin tratamiento es de 4 años tanto en niños como en adultos que padecen HP sin tratamiento específico.

• El Instituto Nacional de Cardiología a través de su departamento de Cardioneumología atiende en forma anual aproximadamente 30 casos nuevos por año de cualquier subtipo de HP, pacientes de los cuales tienen una supervivencia con tratamiento específico temprano de hasta de 10 años.

• La incidencia en otros países nos habla de una tasa de 2.8 pacientes por millón de habitantes y una prevalencia de 15 pacientes por millón de habitantes.

• Aunque la incidencia y prevalencia de dicha enfermedad es baja, la población más frecuentemente afectada es la población infantil y los adultos jóvenes (especialmente mujeres) con una alta mortalidad debido a que no se realiza el diagnóstico temprano.

• El tratamiento por paciente de la HP tiene un costo promedio anual de 1.5 millones de pesos, comparable al de otras enfermedades crónicas deteriorantes.

ARGUMENTOS

La Hipertensión Pulmonar es una enfermedad rara, huérfana, catastrófica, grave, progresiva, rápidamente deteriorante, incapacitante y potencialmente letal, reconocida como problema de salud de gran importancia, que afecta en gran medida la vida y la calidad de vida de las y los mexicanos, desafortunadamente sus síntomas (dificultad para respirar, fatiga, mareos y desmayos, varían de un paciente a otro) ocurren hasta que la enfermedad ha progresado y generalmente se confunden con otras enfermedades como el asma, lo cual dificulta su diagnóstico y el tratamiento. Las opciones de diagnóstico y tratamiento, aunque especializadas y factibles de implementar, no están a disposición de los pacientes por limitaciones de cobertura geográfica o cobertura económica en los sistemas de salud.

La mayoría de los pacientes no cuentan con un diagnóstico oportuno ni tienen acceso a los tratamientos específicos y aprobados para esta enfermedad, lo cual con el paso del tiempo y avance de la enfermedad incrementa los costos de la asistencia médica debido a la necesidad de hospitalización, pruebas diagnósticas, otros tratamientos para las complicaciones y efectos adversos por uso de medicamentos no específicos.

En la actualidad, se estima a nivel mundial que por cada millón de personas 45 tienen HP llevando a 25 millones quienes sufren el padecimiento, en México se han diagnosticado 1 mil; sin embargo hay cálculos que reportan sobre 4 mil que no saben que la padecen. Por el tipo de enfermedad, absorbe el 70% de los ingresos familiares su atención, oscilando en promedio el gasto en 250 mil dólares anuales para su atención.

De ahí la necesidad de contar con diagnóstico oportuno y tratamiendo adecuado en la lucha contra esta enfermedad, así como acciones por parte de las autoridades del sector salud que han sido impulsadas en conjunto con organizaciones de la sociedad civil.

Los Días Nacionales se convierten en íconos para recordar el papel fundamental del Estado para que su actividad se encamine a la atención de problemas que afectan a la sociedad y que posibilitan el acceso a los derechos; en este caso, la lucha contra la Hipertensión Pulmonar debe ser un asunto de salud pública en tanto afecta a un sector vulnerable de la población y que, por las propias características del padecimiento, no se le ha dado la importancia que merece y no se han evitado la muerte de personas.
En ese sentido, se propone que se declare el 7 de Mayo como Día Nacional contra la Hipertensión Pulmonar, fecha de nacimiento de Adriana Guadalupe De Haro Murú a quien fue la primer paciente que presentó una solicitud formal de atención sobre la enfermedad de Hipertensión Arterial que padeció. Adriana, una joven sinaloense de 20 años de edad, publicó el 4 de junio de 2014, en la red social FaceBook, una carta dirigida al Presidente de la República, a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social y a las autoridades sanitarias de Sinaloa, pidiendo atención en los servicios de salud para enfrentar el padecimiento; no recibió respuesta oportuna y falleció el 9 de marzo de 2015 como consecuencia de HP severa.

La carta publicada es la siguiente:

“Señor Enrique Peña Nieto Presidente de la República Mexicana, Señor José Antonio González Anaya Director General del Instituto Mexicano Del Seguro Social (IMSS), Señor José Adalberto Castro Castro Delegado del IMSS, Señor Víctor Manuel Pérez Pico Jefe de Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa (CAMES) y a Opinión pública.

Espero poder llegar a ustedes por este medio.

Disculpen si no parezco una persona con suficiente clase o inteligencia para dirigirme hacia ustedes pero no hay tiempo para ponerme a estudiar. Soy una joven de 20 años de edad de la cuidad de Los Mochis, Sinaloa y sufro de una enfermedad en los pulmones que me está afectando al corazón e indirectamente a otros órganos. Se llama hipertensión arterial pulmonar severa primaria y al parecer es muy extraña. El motivo de este escrito es porque ya me canse.

No se imaginan lo desgastantes que han sido estos dos años de enfermedad para mi y para mi familia y tal vez ustedes se preguntaran ¿por qué me dices esto a mi? Bueno, ustedes son los principales responsables. No por mi enfermedad sino por sus medidas de como combatirla.

Gracias a mi enfermedad no puedo tener una vida normal como la tienen ustedes. No voy a la escuela, no salgo con amigos y mi vida depende de un tanque de oxígeno y mil pastillas. Y se que todo esto se puede arreglar si tan sólo el seguro social me proporcionara la bendita cita al hospital en la cuidad de Guadalajara.

Tenemos meses esperando esa cita. Ya los hice felices llendo a cuidad de Obregón y allá me dijeron que no me pueden hacer nada, ya está la negativa en Guadalajara (lo que supuestamente se necesitaba para mi traslado) y ahora me salen con que no me pueden mandar para allá desde mi ciudad, sino que tengo que ir primero a Obregón para que de allá me manden.

Lo que les preguntó a ustedes es ¿qué hay que hacer para que las cosas procedan sin trabas? Tengo que ser rica? Poderosa? Dueña del IMSS? Presidente de la república? Señores si fuera todo eso no necesitaría esperar tanto tiempo por una cita que, por lo visto, nunca va a llegar. Necesito respuestas claras y no que traigan a mi madre dando vueltas de aquí para allá dos veces por semana por una cita que ni siquiera se ha mandado.

Estoy harta de su egoísmo y de que hagan las cosas tan complicadas, estoy harta de ver llegar a mi mamá con lágrimas en sus ojos porque de nuevo le vieron la cara. No se imaginan la impotencia que siento al ver como los trabajadores de la institución nos dan largas y largas. No saben como me siento al saber que mi salud puede mejorar pero que gracias a la burocracia esto sigue sin avance y al contrario estoy empeorando. Lo peor es que no sólo soy yo, hay miles de personas esperando igual que yo y por mucho más tiempo y no les resuelven.

Esperan que la gente muera? Cuantos más necesitan para ponerse a trabajar? A donde se va el dinero de todos los trabajadores y estudiantes que pagan este servicio? Mas que enferma, me tienen cansada. Pero, a pesar de todo esto, confió en que aún quedan personas comprometidas con su trabajo dispuestas a ayudar a las personas que, como yo, estamos en situaciones difíciles. Por su atención, gracias.

Atentamente: Adriana Guadalupe De Haro Murúa.”

Instituir el 7 de Mayo como Día Nacional contra la Hipertensión Pulmonar significará un paso de los muchos que se deben dar para la debida y oportuna atención de esta enfermedad, sobre todo, representará el surgimiento de esperanza para los pacientes que padecen HP, ya que fue el día de nacimiento de Adriana Haro quien logró que las autoridades visualizaran esta problemática que de manera lamentable no tiene atención y está cobrando la vida de muchas personas.

FUNDAMENTO LEGAL

Las y los suscritos integrantes de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanossometen a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE DECLARA QUE SE DECLARA EL 7 DE MAYO “DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA HIPERTENSIÓN PULMONAR”

Artículo Único.- El Honorable Congreso de la Unión, declara el 7 de Mayo como “Día Nacional de la Lucha contra la Hipertensión Pulmonar”.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Con motivo del 7 de mayo “Día Nacional de la Lucha contra la Hipertensión Pulmonar” los tres niveles de gobierno realizarán acciones para visibilizar la importancia de la atención de dicha enfermedad.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
del Senado de la República, el 27 de julio de 2016.

Suscriben

Dip. Maricela Contreras Julián.- Sen. Angélica de la Peña Gómez.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

(Presentada por el Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, JOSÉ HERNÁN CORTÉS BERUMEN, Diputado Federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II y 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; numeral Décimo Segundo del Acuerdo Parlamentario que establece los criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del Orden del Día y los debates que se realicen en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión durante el Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura, y 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, conforme a la siguiente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 29 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación1, la reforma constitucional que transforma el otrora Distrito Federal en la Ciudad de México, lo cual implica que la Ciudad de México continuará siendo Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, pero con cambios fundamentales en su naturaleza.

La Ciudad de México es ahora una entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y su organización política administrativa, habiendo la posibilidad de darse su propia constitución política, con una forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico, que tendrá mayor autonomía con los Poderes federales, por ejemplo, en relación a la designación y remoción de sus funcionarios.

El Artículo Décimo Cuarto Transitorio señala que a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto, las referencias constitucionales y de cualquier otro ordenamiento jurídico al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.

Esta reforma implica cambios de fondo, que se aparejan de un cambio de forma. Es decir, tiene un trasfondo jurídico, político y social de relevancia, pero como elemento esencial, requiere el cambio de denominación, de Distrito Federal a Ciudad de México.

Ante las múltiples referencias que se tiene de este concepto en nuestro sistema jurídico, consideramos adecuado, generar un mecanismo legislativo de actualización de todas y cada una de las leyes que tiene referencias al Distrito Federal, para sustituirlo por Ciudad de México.

No se trata de una mera reforma estética, sino de adecuar el lenguaje jurídico, el cual es un elemento esencial en la seguridad jurídica que la ley debe proveer en cualquier estado de derecho. El principio de certeza jurídica en nuestro sistema, tiene una ratio fundamental para el estado de derecho, pues busca que el gobernado tenga plena certeza de los actos de autoridad y de las reglas con que debe conducirse en relación a los demás. Es pues, un principio que fragua, delimita, o perfecciona a otros de su misma especie o rango constitucional, pero que por su categoría, goza de supremacía, pues ninguno de ellos podría gozar de autonomía si finalmente su origen no se supedita al Estado de derecho.

El lenguaje es el vehículo natural para la manifestación del derecho; la realidad de la experiencia de la palabra, es un hecho sine qua non de la existencia jurídica. Diversos autores han puesto de manifiesto este carácter lingüístico y dialogante del derecho, haciéndolo incluso depender del lenguaje; de manera que las prescripciones -escribe von Wright- presuponen el uso del lenguaje en la formulación de las normas, y en coincidencia con Kalinowski, es evidente que todo término jurídico es o se manifiesta a través de una expresión lingüística.2

Si bien la propia reforma se ha encargado de garantizar que el cambio de denominación no genere perjuicio alguno a los gobernados, el realizar el cambio legislativo material, cierra el ciclo de dichas reformas, elimina todo resquicio de posibles malinterpretaciones derivadas de éstas, ya sea de buena o mala fe, y contribuye al cambio cultural que implican.

Es pues la intención de esta propuesta, agilizar la homologación de nuestro marco jurídico vigente a la terminología derivada de la reciente reforma, sustituyendo en cada cuerpo normativo federal los términos superados, por los de reciente acuño.

Es importante señalar que algunas referencias deberán permanecer, pues el cambio de su denominación depende de otras instancias, y en tanto estas no se generen, deben conservarse en sus términos. Por ejemplo, el Código Civil del Distrito Federal, deberá mantenerse con su denominación en tanto el Poder Legislativo local no resuelva su trámite legislativo. Igualmente, en el caso de las menciones de los salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, estos deberán permanecer en tanto se expide la legislación derivada de la reforma publicada el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se crea la Unidad de Medida y Actualización a efecto de desvincular al salario mínimo del pago de diversas obligaciones.

Para facilitar el proceso legislativo interno de la Cámara, se agruparon las leyes de acuerdo con su más probable turno a Comisiones, permitiendo un proceso de dictamen sencillo y célere.

En términos generales los turnos de la Mesa Directiva a las reformas de la Ley del Servicio Exterior Mexicano se han dado a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente,

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO.

ARTICULO ÚNICO. Se reforma la fracción IV del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:

Artículo 44.- …
I. a III. …

IV. Ejercer funciones notariales en los actos y contratos celebrados en el extranjero que deban ser ejecutados en territorio mexicano, en los términos señalados por el Reglamento. Su fe pública será equivalente en toda la República, a la que tienen los actos de los notarios en la Ciudad de México;

V. a VII. …

ARTÍCULO TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
del Senado de la República, el 27 de julio de 2016.

Atentamente

Dip. José Hernán Cortés Berumen.

1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016 Consultado el 27 de abril de 2016.

2 Platas Pacheco María del Carmen, “Elementos para una aproximación hermenéutica del lenguaje jurídico.” Revista Razonamiento Judicial, número 7, septiembre de 2007.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 6o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Sergio López Sánchez, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, Diputado SERGIO LÓPEZ SÁNCHEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a la consideración de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A FIN DE CREAR EL DEFENSOR DE LAS AUDIENCIAS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Actualmente, la legislación en materia de radiodifusión prevé que la defensoría de audiencias sea facultad de los concesionarios de radiodifusión. Sin embargo, dicha medida no garantiza el cumplimiento de los derechos de las audiencias al no haber un mecanismo que obligue a los medios de comunicación a atender las recomendaciones que la o el titular de la Defensoría de Audiencias haga respecto a las quejas por parte de la ciudadanía, tampoco se establecen mecanismos para su nombramiento ni definición respecto a la duración del cargo, ya que todo se deja a lo que defina cada concesionario. Con la iniciativa se pretende dar certeza al cumplimiento de los derechos de las audiencias, al ser el organismo público descentralizado autónomo en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que estipula la constitución, hoy en día llamado Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) quien tenga también la atribución de la defensoría de audiencias, estableciéndose desde el texto constitucional, así como los mecanismos para el nombramiento y duración del cargo de la o él titular del mismo, a fin de evitar que quede en letra muerta todo lo referente a derechos de las audiencias y estar a la vanguardia en el tema a nivel internacional.
Argumentos que sustentan la Iniciativa:

El 14 de julio de 2014, entró en vigor la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en donde por primera vez en la historia de nuestro país, se incluyen los Derechos de las Audiencias, y junto con ellos se crea la figura de la Defensoría de Audiencia. El artículo 259, establece que “Los concesionarios que presten servicio de radiodifusión deberán contar con una defensoría de audiencia, que podrá ser del mismo concesionario, conjunta entre varios concesionarios o a través de organismos de representación. El defensor de la audiencia será el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia…”

Quedando así una Defensoría de Audiencia que será juez y parte. El argumento para incorporarlo de esta manera, según el dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos, del Senado de la República, por el que se expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, fue buscar un supuesto equilibrio “con un sistema que respete el derecho a la libertad de expresión y que a su vez permita el ejercicio efectivo de los derechos de las audiencias…”, por tal motivo las Comisiones Dictaminadoras “determinaron que la mejor medida para hacer efectivo el derecho de las audiencias, debía ser aquel que se base en la autorregulación” y que además “se ajustará a los criterios de imparcialidad e independencia, y hará valer los derechos de la audiencia según los códigos de ética de cada concesionario”1.

Ante las críticas y cuestionamientos que en su momento hicieron organizaciones de la sociedad civil y partidos de oposición, como el de la Revolución Democrática (PRD), las comisiones dictaminadoras justificaron que la defensoría de audiencia fuera juez y parte, poniendo como ejemplo el caso particular de Ecuador “que ha sido duramente reprendido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber creado un defensor de la audiencia que depende del Estado” y manifestando que “esta figura se establece como una “autorregulación”, lo cual obedece a las mejores prácticas a nivel internacional en especial en la regulación del sistema jurídico anglosajón”. Sin embargo, durante la discusión del dictamen, tanto en comisiones como en el pleno, los grupos parlamentarios del PRD en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados propusieron incluso, quitar a la Secretaría de Gobernación todo lo relacionado con los contenidos, en ningún momento se pretendió dejar al Estado la defensoría de audiencia, pero tampoco a los medios de comunicación, ya que quedaría en una posición parcial.

Por su parte, los defensores de audiencias de Canal 22, Radio Educación, del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y de Noticias MVS, en su momento, durante la discusión del proyecto de Dictamen de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentaron una serie de comunicados conjuntos mediante los cuales manifestaron su posición respecto al defensor de las audiencias, entre las que destacan:

“… los derechos de las audiencias podrían convertirse en letra muerta, ya que su debido cumplimiento queda a voluntad del medio de comunicación y del Defensor de las Audiencias…ante el incumplimiento de la mayoría de los derechos de las audiencias no existe sanción, lo que deja en un nivel de alta vulnerabilidad a los radioescuchas y televidentes… el sancionado podría ser el titular de la Defensoría de las Audiencias…se deja en el titular de la Defensoría la tutela de los derechos de las audiencias, cuando el responsable de ello es el concesionario…Algunas de las atribuciones en materia de contenidos otorgadas literalmente en la reforma constitucional al Instituto Federal de Telecomunicaciones se incorporan en el dictamen. Sin embargo, en la propuesta se mantiene en Secretaría de Gobernación la supervisión y regulación de contenidos. Esto nos parece un retroceso, ya que el gobierno federal no debe ejercer estas funciones en un Estado democrático, de acuerdo con las mejores prácticas internacionalesno se establecen criterios para que la defensora o el defensor tengan autonomía funcional respecto de los órganos de administración y dirección del medio, con el propósito de evitar interferencias indebidas con las actividades que constituyen su función sustantiva…De esta manera, cualquiera de los derechos de las audiencias…podría ser incumplido y ante este incumplimiento no habrá ningún tipo de sanción, lo que hace ineficaz la norma que se busca aprobar”2.

Quedando claro que, al menos para cuatro defensores de audiencias existentes antes de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión tampoco era viable dejar en manos de los concesionarios la defensoría de audiencias y mucho menos como atribución del Estado.

En general, los argumentos o justificaciones que se dieron durante la discusión de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, para dejar como parte de los medios de comunicación al defensor de audiencias, fueron la supuesta libertad de expresión, la autorregulación y las supuestas mejores prácticas internacionales en el tema.

Derivado de la doble naturaleza de las concesiones de radiodifusión de uso comercial, es que la libertad de expresión es un tema constante de debate, cuando se trata de regular contenidos. Por un lado, son “organizaciones que tienen por objeto la obtención de rendimientos económicos; por el otro, hay quienes ven en ellos a organismos que, para transmitir información y entretenimiento, hacen uso de un espacio público de comunicación abierto, en principio, para todos. La verdad es que al ejercer su derecho a la libertad de expresión, los medios lo hacen en condiciones de ventaja sobre los individuos en la sociedad, se trata entonces de instituciones marcadas por una doble naturaleza- la del mercado y la del interés público- que se vuelve necesario armonizar en beneficio de la sociedad abierta”3.

Sin embargo, la legislación además de garantizar la libertad de expresión de los medios de comunicación al prevenir la injerencia del poder gubernamental en su funcionamiento, también deberá proveer los requerimientos que deberá cumplir la programación y la publicidad en beneficio del interés público, mejor conocidos como los derechos de las audiencias, actualmente establecidos en el Título Décimo Primero De los Contenidos Audiovisuales, Capítulo IV De los Derechos de la Audiencias de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Ante esta disyuntiva de, respetar la libertad de expresión de los medios y dotar a las audiencias de derechos para su protección es que surge la necesidad de crear y armonizar la legislación para garantizar ambas situaciones. No obstante, ni la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión ni la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, lograron esa armonización, al privilegiar la supuesta “libertad de expresión” de los medios de comunicación sobre el ejercicio efectivo de los derechos de las audiencias, así como la vigilancia y defensa de los mismos.

El argumento principal fue, que dejar la vigilancia y defensa de estos derechos al Estado o bien a un ente intermedio podía ser un medio de “censura previa”. Sin embargo, la libertad de expresión no es un derecho ilimitado y su ejercicio responsable debe estar principalmente enfocado en fomentar valores y en respetar los derechos de terceros, sus límites se encuentran establecidos en el artículo 6 de la Constitución “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público…”.

“La libertad de expresión no es absoluta y presenta ciertos límites, “toda libertad es una posibilidad en función del régimen que regula la vida común. Sólo puede ser materia de regulación jurídica aquella libertad de expresión cuya manifestación pueda dar lugar a consecuencias de Derecho”, tal y como lo señala el Dr. Jorge Carpizo “Libertad de expresión: ¡Sí! Un millón de veces sí. Pero libertad de expresión con responsabilidad ética y respeto a los otros derechos humanos”4.

La Convención Americana de Derechos Humanos establece en el artículo 13 que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión “no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas…”5.

Por su parte, los derechos de las audiencias, cuya creación también se encuentra establecida en el artículo 6 constitucional, no van más allá de los propios límites de la libertad de expresión, es decir, no se contraponen, el cumplimiento de unos no limita el ejercicio del otro, por lo tanto quien vigile y defienda los derechos de las audiencias, no estaría facultado para exigir e ir más allá de lo establecido en la legislación aplicable. Solo así se estaría cumpliendo “con un sistema que respete el derecho a la libertad de expresión y que a su vez permita el ejercicio efectivo de los derechos de las audiencias…”como lo establecía el dictamen de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, por ello, para garantizar el cumplimiento de ambos derechos quien se encargue de establecer y vigilar ese equilibrio deberá estar fuera de los concesionarios y del poder del Estado, para garantizar que el único interés sea el de cumplir con la legislación aplicable en materia de derechos de las audiencias, es decir, el interés de los ciudadanos y no desde la autorregulación como quedo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La autorregulación en México se ha visto como un privilegio a la radiodifusión y no como una obligación implícita al obtener una concesión por parte del Estado. La autorregulación incluye los códigos de ética y las reglas de conducta adoptados por los medios de radiodifusión en relación con el Estado, la sociedad e incluso con otros medios de comunicación, tiene como objeto preservar la libertad de expresión con responsabilidad social.

Al ser la autorregulación una obligación implícita en la adquisición de una concesión, es que la regulación y la autorregulación se complementan, y no quedan aisladas una de la otra, y mucho menos una cancela la posibilidad de la otra, pueden y deben coexistir, con la finalidad de que mejore la calidad de los contenidos, las transmisiones y se fomente el derecho de la libertad de expresión. La regulación no necesariamente debe ser mediante el poder del Estado, lo que sí debería ser obligado es que sea a través de una autoridad fuera del concesionario.

“Lo que es susceptible de regular son tres rubros: a) Límites al ejercicio de las libertades de expresión e información; b) Derecho de las personas frente a los medios y dentro de los medios…y c) Los medios a través de los cuales las personas pueden explotar en exclusiva el espectro radioeléctrico o pueden otorgar determinados servicios de información. El fin de la regulación debe ser por principio crear normas jurídicas de los mínimos necesarios en una sociedad democrática”6.

La autorregulación, tiene como objetivo “la mejora continua de contenidos y de retroalimentación con las audiencias… Así pues, la regulación supone un conjunto de normas que integran el derecho, es decir, de aquellas reglas de conducta elaboradas y expedidas por el Poder Legislativo...; y la autorregulación es un sistema que tiene como uno de sus rasgos distintivos la participación de los grupos concernientes y de la sociedad en general”7.

Entonces, la coexistencia de la regulación y la autorregulación, darían como resultado una regulación respetuosa en cuanto a contenidos y libertad de expresión, que sea limitativa a lo previsto en la Constitución y los tratados internacionales; y la autorregulación permitiría medios éticos, con códigos deontológicos que establezcan parámetros de referencia de qué es correcto e incorrecto, se detecten conductas inapropiadas y se les dé solución sin esperar ser regulados. Es decir “los derechos de las audiencias y la libertad de expresión conviven sin ninguna restricción o dificultad y nadie tiene confusión sobre el respeto y armonía entre ambos derechos”8.

Lamentablemente, la experiencia en nuestro país es de concesionarios, particularmente los de uso comercial, sin autorregulación y sin responsabilidad social; y de propuestas regulatorias excesivas que pretenden limitar la libertad de expresión o totalmente permisivas que solo aparentan regular y establecer límites, como la ley actual en la materia. Finalmente, regulación y autorregulación que no han tomado en cuenta a las audiencias, es decir, a la ciudadanía.

Por lo anterior, cuando se hacen propuestas de aplicación de regulación y autorregulación se justifica para su no aplicación, por un lado la “censura previa” en detrimento de la libertad de expresión, y por el otro una autorregulación forzada y obligada por parte del Estado, que no nace por iniciativa de los concesionarios y por ende, queda establecida como tramite y no como un mecanismo real de interacción, autocontrol y calidad en los contenidos.

En la práctica internacional, se han desarrollado diversos modelos de defensoría de audiencias.

En Europa, los criterios en relación a la regulación de los contenidos de la radio y la televisión han buscado equilibrar la libertad de expresión con algunas áreas esenciales del interés público, es decir, de las audiencias.

Básicamente la legislación europea ha establecido condiciones mínimas de regulación sobre las transmisiones con el objetivo de proteger los derechos básicos de la sociedad, principalmente en cuatro áreas:

1. Derecho de los menores;

2. Horarios de transmisión de programas dirigidos a adultos;

3. Autenticidad en la publicidad;

4. Cantidad de anuncios por transmisión.

Algunos países, como España han buscado regular otros temas como la defensa del idioma, la promoción de su cultura, la producción y transmisión de programas propios, la accesibilidad para discapacitados, entre otros. Por su parte en Francia e Italia existe el derecho de réplica que aplica para programas de contenido político y análisis.

Estos países, así como Reino Unido, Estados Unidos y Argentina, solo por citar algunos ejemplos han creado organismos reguladores que se encargan de garantizar y establecer criterios sobre los contenidos, la programación y la publicidad que se transmite así como marcar los alcances y límites del interés colectivo.

- En España, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales; aunque no se ha logrado su constitución, por cuestiones políticas y financieras, la Ley General Audiovisual de 2010, lo crea como una autoridad independiente del gobierno, supervisora y reguladora de la actividad de los medios de titularidad del Estado o que estén bajo su competencia; encargada del cumplimiento de la normativa audiovisual y con capacidad sancionadora9;

- En Francia, el Conseil Superieur de l´Audiovisuel (Consejo General Audiovisual, CSA); creado por la Ley del 17 de enero de 1989, como una “autoridad administrativa independiente”, que regula los medios audiovisuales y garantiza el ejercio de la libertad de comunicación. Asimismo, dispone de un poder sancionador10.

- En Italia, la Autorità per le Garanzie nelle Communicazioni (Autoridad para las Garantías en la Comunicación, AGC), creado en 1997, es una autoridad autónoma que tiene entre sus atribuciones, recomendar al gobierno cuestiones tecnológicas, garantizar el cumplimiento de las legislación en el ámbito audiovisual, promover estudios de innovación tecnológica y desarrollo de las comunicaciones, así como vigilar el sector público audiovisual, entre otros11.

- En Reino Unido existen dos mecanismos de control, uno para el sector público y otro para el privado, el sector privado es regulado por la Ofcom (Oficina de Comunicaciones), que es un conjunto de comités que se encargan de las diferentes áreas de actividad y se organiza como una entidad privada. Entre sus atribuciones se encuentra la de garantizar que se proporcione una amplia gama de programas de televisión y radio de alta calidad, apelando a una variedad de gustos e intereses; que las audiencias esten protegidas de material nocivo u ofensivo; entre otros, en pocas palabras entre sus actividades se encuentra la de garantizar los derechos de las audiencias12.

- En Estados Unidos, la Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones), regula las comunicaciones interestatales e internacionales por radio, televisión, cable y satélite en los 50 estados, el Distrito de Columbia y los territorios de Estados Unidos. Es una agencia independiente del gobierno supervisada por el Congreso. Aunque entre sus principales actividades, no se encuentran las de supervisión de contenidos, cumplimento de los derechos de las audiencias y defensoría de audiencias, cuentan con un procedimiento para presentar quejas ante la Comisión por contenidos obscenos e indecentes transmitidos en radio y televisión, ya que es la CFC quien determina si las quejas del público son procedentes, y en caso de serlo la Comisión cuenta con la autoridad para revocar una licencia de estación, imponer una multa o emitir una advertencia13.

- En Argentina, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, organismo autónomo creado en la Ley 26.522. Tienen entre sus funcione las de “Recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión y demás servicios regulados… teniendo legitimación judicial y extrajudicial para actuar de oficio, por sí y/o en representación de terceros, ante toda clase de autoridad administrativa o judicial”14.

Todos los ejemplos anteriores tienen algo en común, la defensoría de las audiencias se encuentra establecida como facultad de un organismo autónomo y con poder sancionador.

Por su parte, Ecuador y Colombia han dejado la defensoría de las audiencias en manos de los concesionarios. Ecuador, aunque cuenta con un Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, que “es un cuerpo colegiado con personalidad jurídica, autonomía funcional, administrativa y financiera”15, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley Orgánica de Comunicación “Los medios de comunicación de alcance nacional contarán obligatoriamente con un defensor de sus audiencias y lectores”, se consideran medios de alcance nacional “aquellos que den cobertura a más del 30% de la población, los que tengan un sistema matriz con más de seis repetidores y llegue a dos o más regiones naturales del país”16.

El caso de Colombia es similar, el artículo 11 de la Ley 335 de 1996 establece que “los operadores privados del servicio de televisión deberán reservar el 5% del total de su programación para presentación de programas de interés público y social. Uno de esos espacios se destinará a la Defensoría del Televidente. El Defensor del Televidente será designado por cada operador privado del servicio de televisión”17. El 29 de julio de 1997 la Corte Constitucional en sentencia C-350-97 declaró condicionalmente exequible dicho artículo “en el entendido de que dicha norma no se refiere a ninguna forma de participación ciudadana, para la gestión y fiscalización del servicio público de la televisión, ni la desarrolla. Dicha forma de participación deberá ser regulada por el legislador en el menor tiempo posible”. Sin embargo, en la actualidad el Defensor del Televidente se mantiene como facultad de los operadores privados de televisión, situación que ha sido criticada al considerar que es absurdo que los canales sean los que nombren al defensor ya que compromete la autonomía y la independencia del mismo; que es un figura que no hace valer los derechos del televidente y que es necesario que surjan verdaderos defensores independientes que sean elegidos por las universidades, académicos y sociedad, y por supuesto que tengan plena autonomía, independencia, pero sobre todo libertad de decisión.

Lamentablemente, México se encuentra en el supuesto de estos dos últimos ejemplos, con un organismo autónomo que se encarga de todos los temas de radiodifusión, excepto el control de los contenidos que permanece en el control gubernamental y la defensoría de las audiencias, que se encuentran cómodamente instaladas en las concesiones de radio y televisión, manejándose de acuerdo con lo que el medio cree que está bien o mal, según sus códigos de ética.

Todo lo anterior ha demostrado que la justificación que en su momento se dio en el dictamen de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para que la defensoría de audiencias quedara como responsabilidad exclusiva de las concesiones de radiodifusión, solo fue eso, justificaciones sin sustento, sin fuentes, sin investigación, con el único fin de evitar cualquier signo de regulación en materia de contenidos a los grandes concesionarios y por otro lado aparentar un supuesto interés en el cumplimiento y atención de los derechos de las audiencias.

Hemos probado que en las mejores prácticas internacionales, la libertad de expresión, la autorregulación y la creación de organismos autónomos facultados para incluir dentro de sus funciones la defensoría de audiencias van de la mano.

En el dictamen se decía que se pretendía crear un modelo similar al de Estados Unidos, basado solo en la autorregulación, lo que no dijeron fue, que además de la autorregulación por parte de los concesionarios existe una Comisión Federal de Comunicaciones independiente del gobierno que entre sus funciones tiene la de defensoría de audiencias.

Insistimos en el tema, porque estamos convencidos de que la autorregulación no debe ser vista como un privilegio para los concesionarios de radiodifusión, representa una obligación desde el primer momento que entran en funciones utilizando el espectro radioeléctrico. Así como la creación de los Códigos de Ética como parte de los compromisos de autorregulación, ya que contribuyen al cumplimiento de la ley y por lo tanto a producir contenidos de mayor calidad y por supuesto a evitar sanciones en el futuro.

“La autorregulación “nace del compromiso voluntario de los agentes que participan en el proceso de comunicación; va dirigida a complementar la libertad de los medios con un uso responsable de la misma; y sobre todo, está especialmente guiada por los valores y fines de la propia comunicación (Aznar, 2005:30)”18. De la autorregulación dependerá lograr el equilibrio entre responsabilidad y libertad informativa, en teoría la autorregulación debería nulificar cualquier actividad regulatoria ya sea por parte del gobierno, de organismos independientes o del propio mercado, al entenderse que son los propios medios quienes vigilan el cabal cumplimiento de la ley.

Lo anterior, no nulifica la existencia de un organismo autónomo que sea responsable de garantizar y vigilar el cumplimiento de la ley y de la propia libertad de expresión, y más en un país como el nuestro en donde la corrupción está presente en casi todas las actividades del gobierno, y no sería excepción en las que éste tiene con los medios de comunicación.

Actualmente, no existen mecanismos alternos para el cumplimiento y protección de los derechos de las audiencias, pues no existe un mecanismo alterno o sanciones, en caso de que un medio de comunicación no atienda las recomendaciones de su defensor de audiencias. Además de que no se garantiza autonomía, imparcialidad e independencia de los titulares de las defensorías.

Por lo anterior, proponemos a fin de garantizar que los derechos de las audiencias no queden en letra muerta al no existir un mecanismo real de defensoría, que el “organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así́ como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad”, establecido en el artículo 6, fracción V del apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos sea también el que garantice los derechos de las Audiencias, al contar con una defensoría de las mismas. Asimismo, proponemos establecer en el texto constitucional los requisitos para su nombramiento y duración en el encargo, para quedar como sigue:

“Con la finalidad de garantizar los derechos de las Audiencias, el organismo garante contará con una Defensoría de las mismas, a cargo de un servidor público cuyos requisitos para su nombramiento serán los mismos que para Consejero y durará en su encargo 3 años con posibilidades de reelección por un periodo adicional”.

II. Fundamento legal de la Iniciativa.

La presente Iniciativa se presenta con las facultades que a la suscrita confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Por todo lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 6º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A FIN DE CREAR EL DEFENSOR DE LAS AUDIENCIAS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN; para quedar como sigue:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se ADICIONA el párrafo quinto a la fracción V del Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6.



A.

I. a VIII.

B.

I. a IV. …

V.

Con la finalidad de garantizar los derechos de las audiencias, el organismo público contará con una defensoría de las mismas, a cargo de un servidor público cuyos requisitos para su nombramiento serán los mismos que para consejero y durará en su encargo tres años con posibilidades de reelección por un periodo adicional.

VI. …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Poder Legislativo Federal contará con 180 días naturales a partir de la publicación del presente Decreto para expedir las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en lo que respecta a los Derechos de las Audiencias a que se refiere el presente Decreto.

Tercero.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá las previsiones correspondientes a fin de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 se consideren las asignaciones respectivas al Instituto Federal de Telecomunicaciones para la puesta en marcha de la estructura operativa y organizacional que desarrollará su labor en la Defensoría de las Audiencias.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
del Senado de la República, el 27 de julio de 2016.

Atentamente

Dip. Sergio López Sánchez.

1 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-03-24-1/assets/documentos/Ini_Telecomunicaciones.pdf

2 http://www.animalpolitico.com/2014/07/con-ley-de-telecom-los-derechos-de-audiencias-podrian-quedar-como-letra-muerta/

3 Derechos de las audiencias y libertad de expresión en los medios de comunicación privados, Manuel Alejandro Guerrero. http://www.academia.edu/3313697/Derechos_de_las_audiencias_y_libertad_de_expresion_en_los_medios_de_comunicacion_privados

4 http://dereojo.org/omar/la-defensoria-de-la-audiencia.pdf

5 https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm

6 http://dereojo.org/omar/la-defensoria-de-la-audiencia.pdf

7 http://dereojo.org/omar/la-defensoria-de-la-audiencia.pdf

8http://poligrafodigital.com/convoca-a-favor-de-lo-mejor-a-dialogar-sobre-derecho-de-las-audiencias-y-la-autorregulacion/

9 http://wikitel.info/wiki/Consejo_Estatal_de_Medios_Audiovisuales

10http://www10.gencat.net/eapc_revistadret/revistes/revista.2007-05-08.9854996892/article.2007-05-09.3523437900/es

11 http://www.monografias.com/trabajos74/consejos-audiovisuales/consejos-audiovisuales2.shtml

12 http://www.ofcom.org.uk

13 https://www.fcc.gov

14 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm

15 http://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/08/LeyDeComunicacion-espaniol.pdf

16http://www.andes.info.ec/es/noticias/sesenta-medios-comunicacion-ecuador-deberan-tener-defensor-audiencias.html

17 http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3672_documento.pdf

18 https://abelsuing.wordpress.com/2012/03/04/la-regulacion-de-los-medios-de-comunicacion/





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Presentada por el Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, JOSÉ HERNÁN CORTÉS BERUMEN, Diputado Federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, conforme a la siguiente,

Exposición de Motivos

El pasado 29 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación1, la reforma constitucional que transforma el otrora Distrito Federal en la Ciudad de México, lo cual implica que la Ciudad de México continuará siendo Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, pero con cambios fundamentales en su naturaleza.

La Ciudad de México es ahora una entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y su organización política administrativa, habiendo la posibilidad de darse su propia constitución política, con una forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico, que tendrá mayor autonomía con los Poderes federales, por ejemplo, en relación a la designación y remoción de sus funcionarios.

El Artículo Décimo Cuarto Transitorio señala que a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto, las referencias constitucionales y de cualquier otro ordenamiento jurídico al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.

Esta reforma implica cambios de fondo, que se aparejan de un cambio de forma. Es decir, tiene un trasfondo jurídico, político y social de relevancia, pero como elemento esencial, requiere el cambio de denominación, de Distrito Federal a Ciudad de México.

Ante las múltiples referencias que se tiene de este concepto en nuestro sistema jurídico, consideramos adecuado, generar un mecanismo legislativo de actualización de todas y cada una de las leyes que tiene referencias al Distrito Federal, para sustituirlo por Ciudad de México.

No se trata de una mera reforma estética, sino de adecuar el lenguaje jurídico, el cual es un elemento esencial en la seguridad jurídica que la ley debe proveer en cualquier estado de derecho. El principio de certeza jurídica en nuestro sistema, tiene una ratio fundamental para el estado de derecho, pues busca que el gobernado tenga plena certeza de los actos de autoridad y de las reglas con que debe conducirse en relación a los demás. Es pues, un principio que fragua, delimita, o perfecciona a otros de su misma especie o rango constitucional, pero que por su categoría, goza de supremacía, pues ninguno de ellos podría gozar de autonomía si finalmente su origen no se supedita al Estado de derecho.

El lenguaje es el vehículo natural para la manifestación del derecho; la realidad de la experiencia de la palabra, es un hecho sine qua non de la existencia jurídica. Diversos autores han puesto de manifiesto este carácter lingüístico y dialogante del derecho, haciéndolo incluso depender del lenguaje; de manera que las prescripciones -escribe von Wright- presuponen el uso del lenguaje en la formulación de las normas, y en coincidencia con Kalinowski, es evidente que todo término jurídico es o se manifiesta a través de una expresión lingüística.2

Si bien la propia reforma se ha encargado de garantizar que el cambio de denominación no genere perjuicio alguno a los gobernados, el realizar el cambio legislativo material, cierra el ciclo de dichas reformas, elimina todo resquicio de posibles malinterpretaciones derivadas de éstas, ya sea de buena o mala fe, y contribuye al cambio cultural que implican.

Es pues la intención de esta propuesta, agilizar la homologación de nuestro marco jurídico vigente a la terminología derivada de la reciente reforma, sustituyendo en cada cuerpo normativo federal los términos superados, por los de reciente acuño.

Es importante señalar que algunas referencias deberán permanecer, pues el cambio de su denominación depende de otras instancias, y en tanto estas no se generen, deben conservarse en sus términos. Por ejemplo, el Código Civil del Distrito Federal, deberá mantenerse con su denominación en tanto el Poder Legislativo local no resuelva su trámite legislativo. Igualmente, en el caso de las menciones de los salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, estos deberán permanecer en tanto se expide la legislación derivada de la reforma publicada el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se crea la Unidad de Medida y Actualización a efecto de desvincular al salario mínimo del pago de diversas obligaciones.

Para facilitar el proceso legislativo interno de la Cámara, se agruparon las leyes de acuerdo con su más probable turno a Comisiones, permitiendo un proceso de dictamen sencillo y célere. En términos generales los turnos de la Mesa Directiva a las reformas de la Ley General de Turismo se han dado a la Comisión de Turismo.

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO.

ARTICULO ÚNICO. Se reforman los artículos: 1 párrafo primero; 2 fracciones I, II y VIII; 4 fracciones III, VIII y XII segundo párrafo; 5 párrafos primero, segundo y cuarto; 7 fracción VIII; la denominación del Capítulo III del Título Segundo; 9 párrafo primero y fracción XII; 10 fracciones III y XV; 13;15 párrafo primero; 17 párrafo segundo; 19 párrafo tercero; 20; 25 párrafo segundo; 26, 28 párrafo primero; 29 párrafo primero y fracción III; 31 párrafos segundo y tercero; 36; 37; 44 fracción III; 46 párrafo primero; 47; 51; 65 párrafo primero, y 66 párrafo tercero, de laLey General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en toda la República en materia turística, correspondiendo su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Turismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como a los Estados, Municipios y la Ciudad de México. La interpretación en el ámbito administrativo, corresponderá al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Turismo.

Artículo 2.

I. Establecer las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre el Ejecutivo Federal, Estados, Municipios y la Ciudad de México, así como la participación de los sectores social y privado;

II. Establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional de la actividad turística, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los Estados, Municipios y la Ciudad de México, a corto, mediano y largo plazo;

III. a VII. …

VIII. Establecer las reglas y procedimientos para la creación de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, su operación y las facultades concurrentes que, de manera coordinada, ejercerán el Ejecutivo Federal, los Estados y Municipios, y en su caso la Ciudad de México en dicha Zonas;

IX. a XV. …

Artículo 4. …

I. a II. …

III. Coordinar las acciones que lleven a cabo el Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios y la Ciudad de México, en su caso; en el ámbito de sus respectivas competencias, para el desarrollo turístico del país, mismas que estarán sujetas a la disponibilidad de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

IV. a VII. …

VIII. Promover la infraestructura y equipamiento, que contribuyan al fomento y desarrollo de la actividad turística, en coordinación con los Estados, Municipios y la Ciudad de México, y con la participación de los sectores social y privado, mismas que estarán sujetas a la disponibilidad de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

IX. a XI. …

XII. …

Para el ejercicio de esta atribución el Ejecutivo Federal podrá signar convenios de colaboración con los Estados y la Ciudad de México en materia de registro de clasificación, verificación del cumplimiento de la regulación a que se refiere la fracción anterior, y la imposición de las sanciones a que haya lugar;

XIII. a XV. …

Artículo 5. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los Estados, los Municipios, y la Ciudad de México, colaboren en el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I. a III. …

En los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere este artículo se podrán establecer las políticas y acciones que habrán de instrumentar los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, y la Ciudad de México para fomentar las inversiones y propiciar el desarrollo integral y sustentable en beneficio de los habitantes de la Zona; así como los compromisos que asumen dichos órdenes de gobierno para coordinar sus acciones dentro de éstas.

Para los efectos de lo antes dispuesto, los convenios o acuerdos de coordinación que celebre el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, con los gobiernos de los Estados o de la Ciudad de México, con la participación, en su caso, de sus Municipios, deberán sujetarse a las bases previstas en el reglamento de esta Ley.

Artículo 7.…

I. a VII.…

VIII. Impulsar en coordinación con la Secretaría de Economía, ante las autoridades Federales, de los Estados, de los Municipios y de la Ciudad de México, competentes, la instrumentación de mecanismos y programas tendientes a facilitar los trámites y gestión de los inversionistas y demás integrantes del sector turístico, que permitan la expedita creación y apertura de negocios y empresas en los destinos turísticos;

IX. a XVIII. ….

CAPÍTULO III
De los Estados y la Ciudad de México

Artículo 9. Corresponde a los Estados y a la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en materia turística, las siguientes atribuciones:

I. a XI. …

XII. Impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas que operen en los Estados y en la Ciudad de México;

XIII. a XXI. …

Artículo 10.

I. a II. …

III. Aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por las leyes locales, así como la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en bienes y áreas de competencia municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas al Ejecutivo Federal, Estados o a la Ciudad de México;

IV. a XIV. …

XV. Atender los demás asuntos que en materia de planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística les conceda esta Ley u otros ordenamientos legales en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente al Ejecutivo Federal, Estados o la Ciudad de México;

XVI. a XVII. …

Artículo 13. Los Estados y la Ciudad de México conformarán sus Consejos Consultivos Locales de Turismo, con el fin de lograr un desarrollo integral de la actividad turística local.

Los Consejos Consultivos Locales de Turismo serán presididos por el titular del Ejecutivo Estatal y en su caso por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y estarán integrados por los funcionarios locales que tengan a su cargo la materia turística, y aquéllos que determine el Titular del Ejecutivo Local, y presidentes municipales conforme a lo que establezcan las disposiciones reglamentarias.

Podrán ser invitadas las instituciones y entidades públicas, federales, locales y municipales, privadas y sociales, que se determinen, y demás personas relacionadas con el turismo en el Estado o en la Ciudad de México, las cuales participarán únicamente con derecho a voz.

Artículo 15. La Secretaría, los Estados, Municipios y la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, estimularán y promoverán entre la iniciativa privada y el sector social, la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de detonar las economías locales y buscar el desarrollo regional.

Artículo 17.

Las instituciones, dependencias y entidades del sector público del Ejecutivo Federal, de los Estados Municipios y de la Ciudad de México, promoverán entre sus trabajadores el turismo social.

Artículo 19.…

La Secretaría, los Estados, Municipios y la Ciudad de México, supervisarán que lo dispuesto en este capítulo se cumpla.

Artículo 20. La Secretaría, en coordinación con los Estados, los Municipios, la Ciudad de México y las dependencias de la Administración Pública Federal, promoverán y fomentarán entre la población aquellos programas y actividades que difundan la cultura, con el fin de crear el conocimiento de los beneficios de la actividad turística.

Artículo 25.…

Los Estados, los Municipios y la Ciudad de México, deberán participar en la formulación del Programa de Ordenamiento Turístico General del Territorio en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables. Asimismo, la Secretaría deberá promover la participación de grupos y organizaciones sociales y empresariales, instituciones académicas y de investigación, y demás personas interesadas.

Artículo 26. Cuando una región turística se ubique en el territorio de dos o más Estados o en el de éstos y la Ciudad de México, el Ejecutivo Federal, en coordinación con las autoridades locales y/o municipales comprendidas en el respectivo territorio y en el ámbito de su competencia, podrán formular un Programa de Ordenamiento Turístico Regional. Para tal efecto, el gobierno federal celebrará los acuerdos o convenios de coordinación procedentes con los órdenes de gobierno involucrados.

Artículo 28. Los programas de ordenamiento turístico local serán expedidos por las autoridades de los Estados y de la Ciudad de México con la participación de los Municipios y tendrán por objeto:

I. a III. …

Artículo 29. Los procedimientos bajo los cuales serán formulados, aprobados, expedidos, evaluados y modificados los programas de ordenamiento turístico local, serán determinados por las leyes de los Estados y de la Ciudad de México en la materia, conforme a las siguientes bases:

I. a II. …

III. Cuando un programa de ordenamiento turístico local incluya una Zona de Desarrollo Turístico Sustentable, el programa será elaborado y aprobado en forma conjunta por la Secretaría y el gobierno de los Estados o el de la Ciudad de México de que se trate, y

IV. …

Artículo 31.

El Ejecutivo Federal, los Estados, los Municipios y la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán intervenir para impulsar la actividad turística en la Zona, fomentando la inversión, el empleo y el ordenamiento territorial, conservando sus recursos naturales en beneficio de la población.

Los Estados, Municipios y la Ciudad de México, podrán presentar ante la Secretaría, proyectos de declaratoria de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable.

Artículo 36. La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con el poder ejecutivo de los respectivos Estados, Municipios y la Ciudad de México, formularán los programas de manejo correspondientes para cada Zona.

Artículo 37. Los Estados, los Municipios y la Ciudad de México deberán coordinarse con la Secretaría para el desarrollo de las campañas de promoción turística en territorio nacional y el extranjero.

Artículo 44.…

I. a II. …

III. Coordinar con las autoridades Federales, de los Estados, Municipios y la Ciudad de México, las gestiones necesarias para obtener y simplificar las autorizaciones, permisos o concesiones que permitan el desarrollo de proyectos productivos y de inversión turística así como la prestación de servicios turísticos;

IV. a XVI. …

Artículo 46. El Registro Nacional de Turismo, es el catálogo público de prestadores de servicios turísticos en el país, el cual constituye el mecanismo por el que el Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios y la Ciudad de México, podrán contar con información sobre los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional, con objeto de conocer mejor el mercado turístico y establecer comunicación con las empresas cuando se requiera.

Artículo 47. Corresponde a la Secretaría regular y coordinar la operación del Registro Nacional de Turismo, el cual será operado por los Estados, los Municipios y la Ciudad de México.

Artículo 51. La base de datos del Registro Nacional de Turismo quedará bajo la guarda de la Secretaría, siendo responsabilidad de las autoridades de los Estados, Municipios y la Ciudad de México, constatar la veracidad de la información que proporcionen los prestadores de servicios turísticos.

Artículo 65. La Secretaría participará en la elaboración de programas de profesionalización turística y promoverá, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, gobiernos de los Estados, Municipios y la Ciudad de México, organismos públicos, privados y sociales, nacionales e internacionales, el establecimiento de escuelas y centros de educación y capacitación para la formación de profesionales y técnicos en ramas de la actividad turística. Asimismo establecerá lineamientos, contenidos y alcances a fin de promover y facilitar la certificación de competencias laborales.

Artículo 66. …

Las autoridades de turismo de los Estados, Municipios y de la Ciudad de México, deberán brindar apoyo a la Secretaría para que ejerza sus facultades de verificación en las demarcaciones territoriales que les correspondan.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
del Senado de la República, el 27 de julio de 2016.

Atentamente

Dip. José Hernán Cortés Berumen.

1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016 Consultado el 27 de abril de 2016.

2 Platas Pacheco María del Carmen, “Elementos para una aproximación hermenéutica del lenguaje jurídico.” Revista Razonamiento Judicial, número 7, septiembre de 2007.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 110, 111 Y 178 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por el Diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del grupo parlamentario del PAN)

EL QUE SUSCRIBE, GERARDO FEDERICO SALAS DÍAZ, DIPUTADO FEDERAL INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 71, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN EL ARTÍCULO 55 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA PRESENTE INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 110, 111 Y 178 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El pasado 3 de febrero de 2016, la Comisión de Ganadería celebró su Cuarta Reunión Ordinaria, en donde asistieron diversos Funcionarios Públicos, Representantes No Gubernamentales y Presidentes de Asociaciones Ganaderas, Lo que nos llevó a los Diputados integrantes de esta Comisión a declarar que “conscientes del impacto de esta problemática en la economía y bienestar de millones de mexicanos, resulta necesario sumar esfuerzos entre las distintas instituciones del Gobierno Federal y Gobiernos Estatales para encontrar soluciones que permitan superar esta coyuntura que afecta principalmente a pequeños y medianos productores de leche en el ámbito rural de nuestro país”.

2. Como producto legislativo de dicha reunión, la Comisión de Ganadería emite una Proposición Con Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución, por el cual se solicita la intervención de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que dichas dependencias del Poder Ejecutivo Federal, establezcan mecanismos que otorguen certidumbre a los productores de leche del país, con el objeto de fortalecer la comercialización de su producto y que dicha acción intersecretarial garantice su acceso a los mercados, y para ello, específicamente se le restituya la suficiencia económica a la empresa paraestatal de Liconsa.

En razón de lo anteriormente expuesto y descrito en el citado punto de Acuerdo, pongo a consideración a esta H. Cámara de Diputados una Iniciativa que reforma tres artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para lograr un apoyo de carácter integral a los productores agropecuarios de nuestro país y, en particular, a los productores de leche de acuerdo a la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con la entrada del Tratado de Libre Comercio en 1994, en México se empieza la importación de leche en polvo con una cuota de 40,000 toneladas libres de pago de arancel, aunado a esto y sumado a la vecindad con Canadá y Estados Unidos, nuestro país ha tenido históricamente una gran diferencia en temas de tecnología, niveles de productividad y otros factores que propician abismos con los productores de leche de otros países.

El problema de nuestros productores de leche es impostergable; la crisis en la cadena productiva motivada principalmente por una sobreproducción lechera a nivel internacional con precios de mercado por debajo de los costos de producción han hecho atractivo para los industriales la importación excesiva de leche en polvo, incumpliendo las reglas de los tratados de libre comercio y distorsionando el mercado nacional de la leche, aunado a esto, la competencia desleal de productos no lácteos que realizan las grandes empresas.

Ante la apertura comercial y la globalización de los mercados, la mayoría de los países productores de leche cuentan con mecanismos financieros y de administración de riesgo para proteger a sus productores, ante la caída de los precios o cuando los costos se elevan debido principalmente a la volatilidad de los precios de los comodities como: el maíz y pasta de soya, productos básicos de la alimentación para la producción de leche.

En México existen alrededor de 250,000 unidades de producción para la producción de leche, donde la mayoría son pequeños productores a nivel rural, que dependen de esta actividad para el sustento de sus familias y alrededor del sector existe una gran cantidad de mano de obra directa e indirecta.

Con respecto a las compras que Liconsa realiza a productores nacionales, se encontró que en 2015 el Ejecutivo Federal anunció que se fortaleció el Programa de Adquisición de Leche Nacional (PALN) operado por Liconsa. Así mismo, en la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Ganadería de esta Cámara de Diputados manifiesta el titular del organismo que en 2015 se logró alcanzar los 878 millones de litros de compra de leche a productores mexicanos, lo que representa 200 millones de litros más que en el 2011 y que son 11 mil ganaderos beneficiados en 40 centros de acopio del país, lo que significa una reducción importante en las importaciones.

Pero, la empresa Liconsa informa que para el 2016 dejará de comprar el 25% de leche nacional a pequeños productores por falta de presupuesto. Esto ha propiciado que en los meses de enero y febrero de este año ya se hayan presentado manifestaciones por parte de los productores, sobre todo en los estados de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, entre otros.

Al ser Liconsa el comprador con mayor número de productores en México y al dejar de comprar leche, distorsiona el mercado nacional y afecta a los productores más pequeños, por lo que es urgente tener políticas públicas que impacten, apoyen, protejan y defiendan a los productores nacionales, fortaleciendo las cadenas de valor, generando crecimiento económico y ofreciendo oportunidades para la población.

Al ser recurrente la problemática para los primeros meses de cada año se ha exigido al gobierno federal la implementación de un Plan Maestro con cambios estructurales para que se dé certidumbre a los productores de leche en la venta de su producción, planear adecuadamente sus volúmenes de crecimiento e implementar programas e incentivos que repercutan en una mayor productividad, competitividad y sustentabilidad en la producción nacional de leche.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable tiene como fundamento “la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural”.

De esta manera, esta Ley, establece en su artículo 3° que la soberanía alimentaria estará basada fundamentalmente en la producción nacional, por lo cual el artículo 79 refiere que “El Gobierno Federal otorgará, de acuerdo con sus disponibilidades y con los compromisos internacionales adquiridos por el país, apoyos para compensar las desigualdades de los productores nacionales respecto de los productores de los países con los que existen tratados comerciales”.

Por lo anteriormente descrito, en el artículo 110 se propone su modificación, ya que establece que “La Comisión Intersecretarial instrumentará las medidas para evitar que las importaciones de productos con subsidios, obstaculicen el proceso de comercialización de la producción y perjudiquen a los productores nacionales”; en este sentido, la mayoría de los países productores de leche que exportan a nuestro país tienen apoyos de diversa índole por parte de sus gobiernos, lo que constituye un subsidio directo o indirecto a su producción, por lo que es necesario una protección a nuestros productores nacionales cuando existan factores de riesgo.

La obligación del Gobierno Federal debe ser el apoyar a los productores en el ámbito nacional e internacional, fortalecer la soberanía alimentaria, garantizar el crecimiento en términos de productividad y competitividad y siempre buscar con acciones de impacto mejorar el nivel de vida de los productores y sus familias.

Esta propuesta busca que no sólo se proteja la producción nacional por presupuesto anual, para equilibrar las políticas comerciales de nuestro país con los países con los que se tienen tratados comerciales. Esta protección conlleva ineludiblemente como fin último el crecimiento y fortalecimiento de dicha producción nacional.

En los últimos 20 años a raíz del Tratado de Libre Comercio, y en concreto con el caso de la leche, en ningún momento se observa que se haya fortalecido ni este en crecimiento este sector. De hecho, esa es la razón de incidir a través de las disposiciones jurídicas en mejorar la situación en la que viven los productores nacionales del país.

En el artículo 111, es conveniente hacer hincapié y dejar clara la importancia que deben tener los productores agropecuarios nacionales, ya que en situaciones como la problemática actual de los productores de leche debido a las negociaciones de acuerdos comerciales, como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), siguen repercutiendo en una afectación directa y debilitando la cadena productiva nacional, por lo que los productores agropecuarios en nuestro país deben ser protegidos por parte del Estado Mexicano, como está asentado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, esto en virtud de procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población.

Mientras que la propuesta de modificación del artículo 178 busca que en el tema del abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos, el Estado Mexicano dé prioridad a la producción nacional, para que se cubra la demanda potencial que requieren los programas que aplica el Ejecutivo Federal en materia de alimentación, nutrición y desayunos escolares, los cuales están dirigidos a los grupos sociales menos favorecidos.

Es importante mencionar que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) de acuerdo a su artículo primero, busca elevar la calidad de vida de la población rural, por lo que entre otros artículos constitucionales en los cuales se sustenta, se encuentra el de garantizar la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equidad, en los términos del artículo 25 de la Constitución.

Por estas razones, es que para incidir en el desarrollo rural sustentable, entendiendo a éste como: “El mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio”, y de acuerdo al artículo 3, fracción XIV de la citada Ley, participan con acciones y recursos 10 Secretarías de Estado y 17 ramos administrativos del Gobierno de la República con competencia en el desarrollo rural a fin de operar el Programa Especial Concurrente (PEC) programa que establece la LDRS con el objetivo de focalizar prioridades, programas y recursos, provocar sinergias y potenciar los impactos para la comunidad rural.

De igual manera, es importante considerar que ya la Ley de Desarrollo Rural Sustentable vigente contempla en el artículo 154 fracción II “Los programas de alimentación, nutrición y desayunos escolares que aplique el Ejecutivo Federal tendrán como prioridad atender a la población más necesitada, al mismo tiempo que organicen a los propios beneficiarios para la producción, preparación y distribución de dichos servicios”.

En el mismo sentido, el artículo 79 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable refiere que “El Gobierno Federal otorgará, de acuerdo con sus disponibilidades y con los compromisos internacionales adquiridos por el país, apoyos para compensar las desigualdades de los productores nacionales respecto de los productores de los países con los que existen tratados comerciales”. De ahí que se reitera que esta iniciativa busca establecer en el artículo 178 una forma de apoyar a los productores nacionales en el caso del abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, y se considere cubrir la demanda que requieren los programas de alimentación, nutrición y desayunos escolares que aplique el Ejecutivo Federal.

Cabe comentar que SAGARPA tiene injerencia en estos programas, toda vez que preside la Comisión Intersecretarial de Desarrollo para el Desarrollo Rural Sustentable como lo establece el artículo 21 de la LDRS, y que el propio artículo 154 fracción II establece que: “Los programas de alimentación, nutrición y desayunos escolares que aplique el Ejecutivo Federal tendrán como prioridad atender a la población más necesitada, al mismo tiempo que organicen a los propios beneficiarios para la producción, preparación y distribución de dichos servicios”. Por lo cual, en la ley existen al menos ocho disposiciones específicas de abasto social, artículos 3 fracciones XXVIII y XXXIII; 7 fracción IV; 32 fracción VII; 104; 105, fracciones V y VI; 178; 180; y 183 fracción II.

Derivado de lo anteriormente descrito, en esta iniciativa se propone un segundo transitorio en donde se establece que el Gobierno Federal tendrá la obligación de establecer un porcentaje de compras que adquirirá a los productores nacionales para cubrir la demanda la demanda que requieren los programas de alimentación, nutrición y desayunos escolares, lo cual deberá quedar establecido en el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal. Mientras que para el Programa Nacional de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. deberá adquirir prioritariamente leche a los productores nacionales, con la obligación de transparentar el padrón de proveedores.

Con estas reformas propuestas se logrará incidir en el cumplimiento de las fracciones I y VIII del artículo 183 de la ley; particularmente, en “La identificación de la demanda interna de consumo de productos básicos y estratégicos y a partir de ello conducir los programas del sector para cubrir la demanda y determinar los posibles excedentes para exportación, así como las necesidades de importación”, así como en “La aplicación de medidas de certidumbre económica, financiera y comercial que garantice el cumplimiento de los programas productivos agroalimentarios referidos en el artículo 180”.

Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el sector agroalimentario es un tema de prioridad nacional, por lo que consideramos que las políticas públicas y todas las acciones de los tres niveles de gobierno deben poner en el centro a los ciudadanos y en particular en el tema que hoy nos ocupa, a los productores agropecuarios.
Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 110, 111 Y 178 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 110.- El Ejecutivo Federal aplicará las medidas que los Comités Sistema-Producto específicos, le propongan a través de la Comisión Intersecretarial, previa su evaluación por parte de ésta, para la protección, crecimiento y fortalecimiento de la producción nacional por presupuesto anual, para equilibrar las políticas agropecuarias y comerciales del país con la de los países con los que se tienen tratados comerciales, tales como el establecimiento de pagos compensatorios, gravámenes, aranceles, cupos y salvaguardas, entre otros, y para contribuir a la formación eficiente de precios nacionales y reducir las distorsiones generadas por las políticas aplicadas en otros países.

Artículo 111.- La Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano y en concordancia con los compromisos adquiridos por nuestro país, definirá los productos elegibles de apoyo que enfrenten dificultades en su comercialización, que afecten el ingreso de los productores agropecuarios nacionales, creando estímulos, incentivos, apoyos y compras preferenciales de gobierno, además de acciones que permitan acercar la ubicación de las empresas consumidoras a las zonas de producción.

Artículo 178.- El Estado establecerá las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional para cubrir la demanda que requieren los programas que aplique el Ejecutivo Federal.

TRANSITORIOS

Primero.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Segundo.- En cumplimiento al Capítulo XVII de la Seguridad y Soberanía Alimentaria, el Ejecutivo Federal tendrá la obligación de presentar en el proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente ejercicio fiscal a la entrada en vigor de este Decreto, el porcentaje de compras que adquirirá a los productores nacionales para cubrir la demanda que requieren los programas de alimentación, nutrición y desayunos escolares. En el caso del Programa Nacional de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. el Ejecutivo Federal adquirirá prioritariamente leche a productores agropecuarios nacionales, así mismo, se deberá de transparentar el padrón de proveedores.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el
Senado de la República, el 27 de julio de 2016.

Atentamente

Dip. Gerardo Federico Salas Díaz.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA MODIFICAR LOS ARTÍCULOS 201 Y 205 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y EL ARTÍCULO 171 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del grupo parlamentario del PRI)







 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Diputados Máximo García López, José Adrián González Navarro, Luz Argelia Paniagua, Gina Cruz Blackledge, María Luisa Sánchez Meza, José Teodoro Barraza López y Leonardo Amador Rodríguez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a garantizar la seguridad de los peatones y se realicen mejoras de infraestructura en el puente peatonal provisional denominado “Pedwest” del lado oeste del puente fronterizo “El Chaparral” en el municipio de Tijuana, Baja California. Se turna a la Tercera Comisión.

Los que suscriben, Diputado Máximo García López, Diputado José Adrián González Navarro , Diputada Luz Argelia Paniagua, Diputada Gina Cruz Blackledge, Diputada María Luisa Sánchez Meza, Diputado José Teodoro Barraza López integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y Diputado Leonardo Amador Rodríguez del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3, numeral 1 fracción XIX; 79, numeral 2, fracción II, del reglamento de la Cámara de Diputados del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración el siguiente punto de Acuerdo conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Con fecha del 14 del presente mes, un grupo de legisladores federales recorrimos el cruce peatonal temporal denominado “PedWest” en el lado oeste del puente fronterizo El Chaparral un día antes de ser inaugurado.

El objetivo de este cruce, se dijo, sería agilizar el paso de peatones garantizando sus derechos humanos con la infraestructura adecuada.

Sin embargo, pudimos percatarnos de la falta de planeación de la débil infraestructura y de las escasas medidas de seguridad con las que apenas cuenta, un andamiaje frágil metálico oxidado, impedimentos de movilidad, todo esto en aproximadamente 450 metros de largo ,el techo con el que cuenta es de malla verde la cual no impide el paso de los rayos solares, y un puente elevado del mismo material que a simple vista parece no soportar un peso mayor, todas estas características lo hacen parecer carente de medidas de protección civil, ya que en caso de un incidente, por la estrechez del puente (aproximadamente metro y medio)resultaría muy complicado salir o atender a las o la persona afectada.

Este puente corre en paralelo al canal del Rio Tijuana conocido como “El Bordo”, por lo que también presenta un problema de salud el fuerte hedor de las aguas negras que corren por la canalización.

Es evidente la falta de comunicación entre los gobiernos de Estados Unidos y México, las obras del lado del país vecino son de primer nivel, bien planeadas y presupuestadas, mientras que del lado mexicano es obvia la falta de presupuesto con la que se realizó el proyecto.

Diariamente cruzan caminando más de 12 mil personas de sur a norte en Tijuana por lo que es urgente tomar medidas de protección civil que además garanticen los derechos básicos de los peatones para tener un cruce seguro, ágil y rápido, pero sobre todo digno para los ciudadanos.

De no realizar modificaciones a este cruce y tomar medidas de protección civil en lo inmediato, se corre el riesgo de que ocurra una tragedia, que bien puede evitarse. Por tal motivo y tomando en cuenta los argumentos vertidos, ponemos a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: La comisión permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del poder ejecutivo federal a través de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Secretaria de la Función Pública por medio del Instituto de Administración y Avalúos de bienes nacionales y del Instituto Nacional de Migración se garantice la seguridad de los peatones y se realicen mejoras de infraestructura en el puente peatonal provisional denominado “PEDWEST” del lado oeste del puente fronterizo “El Chaparral” en el municipio de Tijuana, Baja California.

Dado en la sala de sesiones de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, el 27 de julio de 2016.

Dip. José Máximo García López.- Dip. Leonardo Amador Rodríguez.- Dip. Gina Cruz Blackedge.- Dip. Luz Argelia Paniagua.- Dip. Teresa Lizarraga.- Dip. María Luisa Sánchez Meza.- Dip. José Adrián González Navarro.- Dip. José Teodoro Barraza López.





 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la Investigación y Seguimiento de Hechos Violentos en los Municipios del País, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, a propósito de los hechos ocurridos el 23 de julio de 2016. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE HECHOS VIOLENTOS EN LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS, DURANTE EL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA, A PROPÓSITO DE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 23 DE JULIO DE 2016, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los Acontecimientos ocurridos el sábado 23 de julio de 2016, en San Juan Chamula, Chiapas y en la carretera Federal Ciudad Altamirano-San Lucas, en el estado de Michoacán son dos tragedias que se extienden en muchos sentidos: para las familias de las víctimas; para las comunidades que se encuentran afectadas por la inseguridad y la división; para la operación de los gobiernos municipales, porque las autoridades que han sido asesinadas suman una nueva tragedia y un nuevo conflicto a los muchos que se han venido gestando desde meses atrás; y para México, que ve nuevamente en el sureste una grave crisis de gobernabilidad y de conflictos ascendentes que pone en riesgo la paz.

En el caso de San Juan Chamula, alrededor de las 7:00 de la mañana de este sábado un grupo de habitantes de 35 parajes arribaron a la plaza central de San Juan Chamula con la finalidad de hablar con las autoridades municipales. Aproximadamente a las 8:00 horas, hubo un tiroteo durante la manifestación, lo que dejó un saldo de cinco muertos (Domingo López González, presidente municipal; Narciso Lunes Hernández, síndico; Miguel López Gómez, quinto regidor; Ernesto Pérez Pérez, conductor de un vehículo del Ayuntamiento; y, Silvano Hernández Díaz, habitante de la comunidad); así como 12 heridos.

La Fiscalía Especializada en Justicia Indígena dio inicio a la Carpeta de Investigación con número 314/2016 por los delitos de Homicidio, Lesiones y Atentados contra la paz.

Las diferencias fueron porque acusaron al edil de no ser transparente en el destino de 100 millones de pesos, y favorecer a las localidades donde la población simpatiza por el Partido Verde Ecologista de México, por encima de aquellas donde predominan quienes militan en el Partido Revolucionario Institucional, órgano político que por primera vez en la historia de San Juan Chamula, dejó de ser la primera fuerza al obtener en las elecciones de julio pasado, sólo una tercera parte del total de los votos emitidos.

Estos hechos lamentables se suman a los bloqueos, marchas y protestas continuas, enfrentamientos, golpizas, desalojos y amenazas a periodistas, que el estado ha vivido desde hace un año, problemas que no son ni pocos ni aislados y, que si bien son de Chiapas, también lo son de México.

Chiapas, vive, después de las elecciones locales del año pasado, una escalada de conflictos sociales y políticos y atraviesa por una severa crisis económica y presupuestal. En Chiapas protestan empresarios, transportistas, médicos y enfermeras, productores de café, policías, maestros, los ciudadanos y también los pueblos y comunidades indígenas. Y el ambiente se sigue tensionando en la entidad, por la falta de atención política.

Por su parte, el presidente municipal de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, fue asesinado la noche del mismo sábado. El funcionario fue emboscado en la carretera Federal Ciudad Altamirano-San Lucas, en el estado de Michoacán. De acuerdo con los reportes, el atentado también cobró la vida de Omar Macedonio quien conducía el vehículo en el que viajaba el alcalde y dos policías federales, que fungían como escoltas del edil, fueron heridos.

Soto Duarte contaba con seguridad extra debido a que ya había denunciado amenazas de muerte en su contra, por parte del crimen organizado, luego de emprender distintas medidas para combatir extorsiones y tráfico de drogas, así como denunciar a inicios de julio el homicidio de su primo, cuyo cadáver fue encontrado en un basurero.

A nivel nacional, el promedio de homicidios en 2015 se ubicó en 17 casos por cada 100 mil habitantes, con un total de 20,525 homicidios según datos del INEGI. Sin embargo, el problema de nuestro país en este rubro, al igual que en muchos otros es la grave desigualdad. Mientras hay estados cuyo índice de homicidios es de 3 asesinatos por cada 100 mil habitantes, como es el caso de Aguascalientes y Yucatán (una tasa menor a la de Estados Unidos), Guerrero se encuentra en el polo opuesto, con 67 casos por cada 100 mil habitantes (casi cuatro veces mayor al promedio nacional), aumentando 39% los casos de la entidad respecto del año anterior.
La muerte de ambos ediles se suman al caso de Gisela Raquel Mota Ocampo, quien tomó posesión del cargo como presidenta municipal de Temixco el 1 de enero  2016 y que, en la mañana del 2 de enero fue víctima de asesinato, cometido por un  grupo de personas armadas y encapuchadas que, ingresaron por la fuerza a su  domicilio.

Estos trágicos acontecimientos evidencian el deterioro en la vida social, la convivencia armónica y pacífica; la falta de operación política; y, la falla evidente de los sistemas de información, prevención e inteligencia en las distintas instancias del gobierno en las entidades de la República. Ante estos hechos, urge la intervención del gobierno federal. Los gobiernos de las entidades referidas se han mostrado  incapaces para prevenir, atender y canalizar estos problemas por lo que es obligada una mayor presencia institucional en materia y política así como mayores presupuestos para atender las necesidades de la población y mantener la paz social.

Es por lo anteriormente expuesto que, con fundamento en la fracción III del artículo 78 constitucional, así como en los artículos 42, 87, 88 y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el  siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, acuerda la creación de la Comisión Especial para la Investigación y Seguimiento de Hechos Violentos en los Municipios del País, durante el Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura, a propósito de los hechos ocurridos el 23 de julio de 2016 en San Juan Chamula, Chiapas y el homicidio del presidente municipal de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, acaecido el mismo día.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a intervenir en estas localidades, para investigar, estos actos de violencia, así como prevenir, atender y canalizar estos problemas que les han dado origen.

TERCERO. La Comisión tendrá vigencia, cuando considere atendido el objeto para el cual fue creada, o en su caso, cuando concluya el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, y sus integrantes deberán presentar un informe de sus actividades, el cual será dado a conocer en los medios de comunicación con los que cuenta el Congreso de la Unión.

CUARTO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 27 de julio de 2016.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto.





 

Del Diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública a considerar en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, la construcción de un Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en el municipio de Córdoba, Veracruz. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Diputado MARCO ANTONIO AGUILAR YUNES, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a este pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y a la de Educación Pública a considerar en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, la construcción de un Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en el municipio de Córdoba, Veracruz, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

A nivel internacional la educación tecnológica se ha posicionado como un detonante del desarrollo económico además de contribuir con profesionales altamente calificados. Es común observar a nivel global experiencias del desempeñó de esta modalidad educativa estableciéndose como un referente en el valor y formas de aplicación del trabajo, motivo por el cual es considerada como elemento indispensable para hacer viables los objetivos a largo plazo del desarrollo económico.

En nuestro país, la educación tecnológica esta directamente vinculada, desde su origen al desarrollo de los sectores prioritarios de la economía, por ejemplo ha sido estratégico su papel en el desarrollo industrial. Dentro de las transformaciones que ha experimentado la educación universitaria en México, las instituciones tecnológicas apenas empiezan a consolidarse, ya que su simple alusión, hace unos años era utilizada para argumentar la presencia de este tipo de instituciones como uno de los componentes de la diversidad y diferenciación que hoy en día caracteriza a la educación superior.

En los años ochenta, la educación tecnológica en México, estaba dirigida al trabajo principalmente industrial, orientándose a los puestos que se planteaban en las empresas. El cambio tecnológico altera la división del trabajo, dando paso además de las tareas basadas en las habilidades y destrezas manuales, a la formulación de perfiles profesionales integrales y versátiles que no se circunscriben al campo meramente disciplinario que sustenta la profesión, sino a las exigencias de contar con profesionistas polivalentes, predispuestos al trabajo en equipo, la interacción social y la comunicación de ideas.1

La educación tecnológica posee un carácter útil e instrumental, por su formación para el trabajo, su vinculación con el sistema de relaciones laborales, su participación en el entorno de procesos productivos y de producción, así como la formación para las competencias. Más aún, en la sociedad mexicana, particularmente en la región que conforma el municipio de Córdoba, Veracruz, existe un amplio consenso con la incorporación de la educación tecnológica a la zona, con la finalidad de ser un aporte al desarrollo de competencias generales que permitan el ingresos de los jóvenes a una alternativa de estudios superiores donde afloren sus conocimientos hacia una comprensión de la verdad científica y la realidad tecnológica, con la finalidad de hacer más productiva a la región.

Es importante señalar que la matrícula y la cobertura de acceder a estudios superiores en la región continua creciendo,2 por ello, es imperante consolidar la oferta educativa, sin dejar de lado su calidad. Con la construcción de un Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en el municipio de Córdoba, generará enormes expectativas, produciendo efectos observables y duraderos en el entorno económico y social de la región sur-sureste del estado de Veracruz, con la formación de técnicos, profesionales y científicos cada vez más competentes, se concebirán conocimientos encaminados a la incubación de innovaciones que a la larga beneficiaran a la sociedad.

Para todo Estado contar con una educación superior pertinente y de calidad no sólo es una aspiración legítima, sino es y debe ser una condición fundamental para impulsar su desarrollo, fortalecer y mejorar la competitividad, además de lograr una inserción en la economía basada en el conocimiento.

Por último, es trascendental que en nuestro país, las políticas educativas estén encaminadas a atender la necesidad de fortalecer y diversificar la educación tecnológica, enfatizando su contribución directa al desarrollo nacional, además de continuar atendiendo las recomendaciones que ha emitido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en donde resalta la importancia de la educación tecnológica, a través de los institutos y universidades tecnológicas, a fin de desarrollar de forma significativa el nivel de técnico superior e incrementar el número de las formaciones profesionales y técnicas en el nivel medio superior.

Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y a la de Educación Pública a considerar en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, la construcción de un Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en el municipio de Córdoba, Veracruz.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 27 de julio de 2016.

Atentamente

Dip. Marco Antonio Aguilar Yunes.

1 Ruiz-Larraguivel, Estela, “La educación superior tecnológica en México. Historia, situación actual y perspectivas”, en Revista Iberoamericana de Educación Superior, México, issue-unam/Universia, vol. II, núm. 3, 2011, pp. 35-52, en http://ries.universia.net/index.php/ries/article/view/79

2 La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), ha fijado la meta de elevar la cobertura de la educación superior a 48 por ciento en 2020, lo que implicaría alcanzar una matrícula de poco más de 4 millones 700 mil estudiantes en 2020. López Castañeda, Rafael (Coord), La inclusión con responsabilidad social. Una nueva generación de políticas de educación superior, ANUIES, México, 2012, pp. 39 – 42, en http://www.ses.unam.mx/curso2013/pdf/LopezC.pdf





 

De los Senadores y Diputados del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a garantizar la seguridad de los peatones y realizar mejoras de infraestructura para garantizar los derechos humanos de los peatones en el puente provisional denominado “Pedwest” del lado oeste del puente fronterizo “El Chaparral” en el municipio de Tijuana, Baja California. Se turna a la Tercera Comisión.

Los legisladores federales de la LXIII Legislatura de la Honorable Congreso de la Unión que suscriben con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General, somete a consideración el siguiente punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución conforme a las siguientes consideraciones:

Con fecha del 14 del presente mes, un grupo de legisladores federales recorrimos el cruce peatonal temporal en Tijuana, Baja California, denominado “PedWest” en el lado oeste del puente fronterizo El Chaparral un día antes de ser inaugurado.

El objetivo de este cruce, se dijo, sería agilizar el paso de peatones garantizando sus derechos humanos con la infraestructura adecuada.

Sin embargo, pudimos percatarnos de la falta de planeación de la débil infraestructura y de las escasas medidas de seguridad con las que apenas cuenta, un andamiaje frágil metálico oxidado, impedimentos de movilidad, todo esto en aproximadamente 450 metros de largo ,el techo con el que cuenta es de malla verde la cual no impide el paso de los rayos solares, y un puente elevado del mismo material que a simple vista parece no soportar un peso mayor, todas estas características lo hacen parecer carente de medidas de protección civil, ya que en caso de un incidente, por la estrechez del puente (aproximadamente metro y medio)resultaría muy complicado salir o atender a alguna o muchas personas que pudieran salir afectadas.

Este puente corre en paralelo al canal del Rio Tijuana conocido como “El Bordo”, por lo que también presenta un problema de salud el fuerte hedor de las aguas negras que corren por la canalización.

Es evidente la falta de comunicación entre los gobiernos de Estados Unidos y México, las obras del lado del país vecino son de primer nivel, bien planeadas y presupuestadas, mientras que del lado mexicano es obvia la falta de presupuesto con la que se realizó el proyecto.

Diariamente cruzan caminando más de 12 mil personas de sur a norte en Tijuana por lo que es urgente tomar medidas de protección civil que además garanticen los derechos básicos de los peatones para tener un cruce seguro, ágil y rápido, pero sobre todo digno para los ciudadanos.

De no realizar modificaciones a este cruce y tomar medidas de protección civil en lo inmediato, se corre el riesgo de que ocurra una tragedia, que bien puede evitarse. Por tal motivo y tomando en cuenta los argumentos vertidos, ponemos a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de la Función Pública por medio del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y la Secretaría de Gobernación por medio del Instituto Nacional de Migración se garantice la seguridad de los peatones y se realicen mejoras de infraestructura para garantizar los derechos humanos de los peatones en el puente l provisional denominado “PEDWEST” del lado oeste del puente fronterizo “El Chaparral” en el municipio de Tijuana, Baja California.

SEGUNDO: Se entregue a esta Comisión Permanente el H. Congreso de la Unión, un informe detallado del costo total y tiempos de entrega de la obra, así como la empresa a la que se adjudicó el contrato de construcción.

Dado en la sala de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 27 de julio de 2016.

Sen. Héctor David Flores Ávalos.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Víctor Hermosillo Y Celada.- Sen. Gabriela Cuevas Barrón.- Dip. José Máximo García López.- Dip. Leonardo Amador Rodríguez.- Dip. Gina Cruz Blackedge.- Dip. Luz Argelia Paniagua.- Dip. Teresa Lizarraga.- Dip. María Luisa Sánchez Meza.- Dip. José Ardían González Navarro.- Dip. José Teodoro Barraza López.- Dip. María del Rosario Rodríguez Rubio.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno del estado de Puebla a presentar un informe de la ejecución de los recursos, licitaciones realizadas, cronograma y avance de la obra, evaluación de impacto ambiental y autorizaciones ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para la construcción del proyecto “Protección, conservación y restauración de la zona típica monumental de San Pedro y San Andrés Cholula”. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En distintas ocasiones, los Legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, hemos manifestado que durante la actual administración en el estado de Puebla, han sido permanentes las denuncias en relación a la construcción de obras con poco impacto social, como la rueda de la observación, la ciclovía en el Bulevar Hermanos Serdán, el Parque Lineal, el teleférico y la ciclopista del Bulevar Atlixcáyotl.

Sin embargo, existen otras que vulneran nuestro patrimonio histórico y cultural, como el proyecto “protección, conservación y restauración de la zona típica monumental de San Pedro y San Andrés Cholula” el cual se edifica sobre la Zona Arqueológica de Cholula en la que encuentran vestigios prehispánicos y la “Gran Pirámide”, que es considerada como la estructura ceremonial más grande de Mesoamérica.

El proyecto contempla la instalación de fuentes, módulos comerciales, jardineras, una ciclopista, pista de trote, un lago, estacionamientos, módulos de sanitarios y un museo. Además las especificaciones generales indican un campo de béisbol, asadores, palapas, una fuente lúdica, rejas perimetrales y una cancha de fútbol, entre otras cuestiones.

No obstante, el desarrollo de las obras han presentado una serie de irregularidades, entre ellas se encuentran las presuntas excavaciones no autorizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esto quedó constatado a decir de diversos medios de comunicación, a través de la bitácora de supervisión con sello del Instituto, la cual deja claro que los trabajos iniciaron un año y dos meses antes, es decir, en enero de 20151.

Por si esto no fuera suficiente, el Representante Sindical de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha argumentado en diferentes ocasiones que no existen autorizaciones por parte del Consejo de Arqueología para el parque intermunicipal, ya que cusa severos daños a la zona arqueológica, al patrimonio histórico y cultura de Cholula2.

Diversas organizaciones civiles señalan que estos trabajos se desarrollan sobre vestigios prehispánicos y que están afectando la zona en donde se tiene identificada otra estructura de menores dimensiones a las “Gran Pirámide”.

Según testimonio de integrantes de los comités vecinales, como en muchos proyectos del gobierno del estado, existe una gran opacidad en relación a la ejecución de las obras, tiempos de duración y uso de los recursos públicos.

Muestra de ello, es que el gobierno de la entidad a través del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, reservó por siete años los expedientes de las diferentes obras, al argumentar que de revelarse, podría causarse un daño importante e irreparable a servicios que brinda el estado, lo que a su vez podría poner en peligro la propiedad o posesión del patrimonio público.

Entre estos expedientes se encuentra el folio de obra 2015336 y número de licitación pública LO-921024994-n9-2015, los cuales se refieren a la intervención del Hospital Psiquiátrico, publicitado como un museo. Otro expediente que llama la atención que se fuera reservado, es el “obras de mejoramiento urbano, deportivo, de esparcimiento y sustitución de calle, banquetas, andadores en espacios públicos de Cholula”, con el folio 20141369 en el procedimiento ADJ-040/2014-FED, que soporta los trabajos en el Parque Intermunicipal3.

Bajo estas circunstancias de opacidad, incumplimiento con la normativa y falta de autorizaciones por parte de las autoridades correspondientes en detrimento del patrimonio histórico y cultural de los mexicanos, los legisladores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, no podemos ser omisos e indiferentes.

En este contexto, solicitamos que el titular del gobierno del estado de Puebla, presente un informe pormenorizado en relación a la ejecución de los recursos, licitaciones realizadas, evaluación de impacto ambiental e histórico y autorizaciones ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para la construcción del proyecto “Protección, conservación y restauración de la zona típica monumental de San Pedro y San Andrés Cholula”, debido a la comisión de posibles irregularidades en la construcción del museo regional, obras viales y espacios deportivos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular del gobierno del estado de Puebla, para que presente un informe pormenorizado de la ejecución de los recursos, licitaciones realizadas, cronograma y avance de la obra, evaluación de impacto ambiental y autorizaciones ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para la construcción del proyecto “Protección, conservación y restauración de la zona típica monumental de San Pedro y San Andrés Cholula”, debido a la comisión de posibles irregularidades en la construcción del museo regional, obras viales y espacios  deportivos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
sede de la Comisión Permanente, el 20 de julio de 2016.

Atentamente.

1 http://www.milenio.com/cultura/proyecto_turistico_en_Cholila_0_772722737.html

2 http://www.e-consulta.com/nota/2015-11-22/gobierno/obras-en-la-piramide-sin-permiso-cholula-viva-y-digna

3 http://www.e-consulta.com/nota/2016-07-13/gobierno/reserva-gobierno-por-7-anos-expedientes-de-obras-en-cholula





 

De los Diputados del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que las investigaciones del caso “Casa Blanca”, las “casas de Malinalco” los contratos cruzados Procuraduría General de la República-Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cancelación del tren rápido a Querétaro y la gestión de los gobernadores salientes se vuelvan a revisar bajo los nuevos parámetros de los procedimientos y autoridades emanadas del Sistema Nacional Anticorrupción. Se turna a la Primera Comisión.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de Acuerdo a tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El pasado lunes18 de julio representó una jornada histórica para el país. Con la promulgación de las siete reformas y leyes que componen el denominado sistema nacional anticorrupción se concretó un andamiaje jurídico, administrativo y político creado con la concurrencia relevante de organizaciones de la sociedad, partidos políticos, legisladores y el gobierno de la República.

2. No obstante la importancia del momento, en el acto de promulgación volvimos a ser testigos de actitudes y expresiones que soslayan la gravedad de la corrupción. En efecto, con la expresión del Presidente Enrique Peña Nieto, pidiendo perdón, se quiso confundir a la opinión pública, en uno de los discursos más reveladores y extraños de la historia reciente de nuestro país. Leamos detenidamente el fragmento del discurso en cuestión:

"En noviembre de 2014, la información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Esto me reafirmó que los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos, y en esto, reconozco, cometí un error.

"No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó a la investidura presidencial y dañó la confianza en el Gobierno".

No, el señor presidente no se condujo conforme a la ley, ni conforme a derecho, ni con total integridad. Eso fue lo que en realidad lastimó a la investidura presidencial, dañó la confianza en el Gobierno, pero lo más grave, desmoralizó aún más a los mexicanos que creen que es el esfuerzo honesto el único camino para darle a sus familias una mejor vida.

Eso fue lo grave, que con su conducta y la de los miembros de su gabinete se realizó una apología tácita la corrupción. NO fue el Presidente solamente responsable de un asunto nimio como lo puede ser la “percepción” que con sus actos conformó. No aplica en este caso el famoso dicho no hagas cosas buenas que parezcan malas. En el episodio de los escándalos inmobiliarios se cometieron actos ilegales. Que el control de daños hubiese sido defectuoso no fue lo que agravió al país.

3. Al pretender reducir ese escándalo a un asunto de mera percepción, Quiso el Presidente minimizar el hecho, siguió dándole cariz de versión periodística mal manejada y en todo caso, se pidió perdón por el mal manejo de medios. Se pidió perdón, no por el conflicto de intereses, el tráfico de influencias, la simulación de operaciones, sino por la torpeza declarativa y la falta de reflejos. Como ya dijimos, se pidió perdón porque el gobierno fue incapaz de hacer un eficaz control de daños.

4. Al pedir ese perdón, quien lo hizo, se pretendió convertir en un chivo expiatorio de la torpeza con que se desempeñó el gabinete, insistiendo que la corrupción es “asunto cultural”. Y quien lo hizo pretendió con eso dar una vuelta a la hoja, pasar a otra cosa, dejar el pasado en el pasado, tapar el pozo del niño ahogado.

5. A pedir ese perdón se ha querido conjurar demasiado tarde el escándalo mediático. Pero no nos engañemos: la casa blanca no es el problema, es la pequeña punta de un inmenso iceberg que tiene al país ahogado en una inmensa trama de escándalos inmobiliarios, las casas de Malinalco, Papeles de Panamá, propiedades en Nueva York, en Utah, en Houston, los prestanombres, helicópteros para uso personal, corruptelas, negocios sucios, robos, peculados, comisiones, moches y todo el catálogo de conductas que sanciona el código penal en el capítulo de servidores públicos.

6. Sin embargo, el perdón de antier no alcanza para reparar el daño infligido a la sociedad. Ni siquiera devolviendo el valor de cien casas blancas. En todo caso el perdón debe venir acompañado de una actitud reparadora INTEGRAL.

7. El perdón de antier, compañeros debe venir acompañado con una reparación del daño integral, no solamente por el escándalo de la Casa Blanca, sino de los efectos de la rampante situación de descomposición que en estos tres años se ha profundizado, se ha acelerado, se ha hecho más oprobiosa. Solamente una investigación INDEPENDIENTE Y TRANSPARENTE de este y otros casos puede significar, no el perdón pero quizá sí el inicio de una nueva etapa en la relación de la sociedad con su gobierno.

8. La corrupción es generalizada, cierto. Se ha querido minimizar los efectos de la misma diciendo que todos los partidos son igual. Lo anterior es una mentira. Cierto que ha habido episodios reprobables en gobiernos emanados en partidos distintos al PRI, pero no nos equivoquemos: todos sabemos que el partido que se rige bajo las premisas de la corrupción es el PRI; el partido en que la honestidad es la excepción, sobre todo por algunos servidores públicos que son respetables, pero cuyas raíces históricas y cuyos frutos más recientes son correspondientes a la corrupción es el PRI. Por eso un solo acto de perdón no puede ni debe ser el borrón y cuenta nueva que muchos esperan. Al contrario, debe ser el valiente punto de partida para revisar el pasado reciente.

9. Los escándalos inmobiliarios quedarán para la historia. Terminará este sexenio, vendrán otros gobiernos y dicho episodio vergonzante seguirá siendo recordado. Hagamos todos los esfuerzos necesarios para que esa cicatriz sane y que los servidores públicos en este país, ya sea del nivel municipal, estatal o federal al abrazar la vocación por el servicio público lo hagan por la oportunidad que significad el trabajar por los demás. Está en todos el crear una nueva premisa en el frontispicio de la república: en México la política no es ocasión es para acumular riqueza, sino para servir. Quien quiera acumular un acervo patrimonial, que lo haga con su talento, con su esfuerzo y en la igualdad de condiciones con los demás, en la vida privada, los negocios o el ejercicio honrado de una profesión.

10. Esta sesión de la Comisión Permanente pasará a la historia como la réplica de lo dicho antier por el Presidente. En esta asamblea de Diputados y Senadores se anida la respuesta a esa tibia y capciosa expresión del Presidente y esta puede ser una expresión contundente para limpiar la vida pública o un silencio cómplice.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto a que las investigaciones del Caso Casa Blanca, las Casas de Malinalco, los contratos cruzados Procuraduría General de la República-Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cancelación del Tren rápido a Querétaro y la gestión de los gobernadores salientes, se vuelvan a revisar bajo los parámetros de los nuevos procedimientos y autoridades emanadas del Sistema Nacional Anticorrupción.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 20 de julio de 2016.





 

De los Diputados Omar Ortega Álvarez, Julio Saldaña Morán, Rafael Hernández Soriano y Juan Fernando Rubio Quiroz, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Desarrollo Social un informe del “Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras”. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Diputados OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, JULIO SALDAÑA MORÁN, RAFAEL HERNÁNDEZ SORIANo y JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente el punto de Acuerdo con base en las siguientes:

ANTECEDENTES

1. Objetivo. El “Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras” tiene como objetivo contribuir a la ampliación de los esquemas de seguridad social para madres que trabajan, buscan empleo o estudian, asimismo como para padres solos por medio de apoyos económicos que hagan más fácil el acceso a los servicios de cuidado y atención infantil, con el fin de mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral.

El programa opera a nivel nacional ofreciendo apoyo a madres y padres solos, o principales cuidadores de niños de 1 a 3 años 11 meses, o de 1 a 5 años 11 meses en caso de que los niños presenten alguna discapacidad, cuyo ingreso no rebase per cápita no rebase la Línea de Bienestar (LB), asimismo que cumplan con los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del programa en comento.

2. Tres modalidades de apoyo.

• Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos. La población objetivo son las madres, padres solos, tutores o principales cuidadores con al menos un menor de edad entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad, o entre uno y hasta cinco años 11 meses de edad en los casos de infantes con alguna discapacidad.

• Modalidad de Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil. Las personas físicas o morales que deseen establecer y operar una Estancia Infantil afiliada al programa y contar con la autorización del modelo.

• Modalidad de Incorporación al Programa de Estancias Infantiles. Las personas responsables de centros de atención o espacios en los que se brinde o pretenda brindar el servicio de cuidado y atención infantil a la población objetivo del Programa en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres solos.

3. Según cifras de la Secretaria de Desarrollo Social, al cierre del mes de febrero del año en curso existen 9,195 Estancias en operación, en consecuencia se atendieron a 306, 576 niñas y niños y fueron 289,358 beneficiados atendidos1.

4. Montos. El Gobierno Federal, a través de la SEDESOL cubrirá el costo de los servicios de cuidado y atención infantil de la siguiente forma:

Hasta por $900 pesos mensuales por cada niña o niño de entre 1 a 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años), inscrita(o) en alguna Estancia Infantil afiliada al Programa que cuente con Autorización del Modelo, y

Hasta por $1,800 pesos mensuales por cada niña o niño de entre 1 a 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en los casos de niñas(os) con alguna discapacidad que cuente con certificado médico vigente, inscrita(o) en alguna Estancia Infantil afiliada al Programa que cuente con Autorización del Modelo.

CONSIDERACIONES

I. De acuerdo al Objetivo 2.4 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, menciona que una de las prioridades es ampliar el acceso a la seguridad social, dicho programa se alinea al Objetivo 3 del Programa Sectorial de Desarrollo Social, y tiene como objetivo dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, vinculado a la Estrategia 3.1 que busca apoyar a las madres y padres solos que buscan empleo, trabajan o estudian, acceder y permanecer en el mercado laboral o a que continúen sus estudios.

II. De conformidad con el Informe de Resultados emitido por la Auditoría Superior de la Federación en la auditoría realizada al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10-0-20100-02-0228, DS-062), se fiscalizo el presupuesto para comprobar que se ejerció y registró de acuerdo a los montos aprobados y disposiciones legales y normativas.

III. La muestra revisada fue de 3, 145,626.7 miles de pesos, lo que represento el 91.5% del presupuesto ejercido en el Programa, que a su vez reporto un ejercicio total de 3, 436,924.1 miles de pesos; por otro lado se realizaron pruebas de cumplimiento en la delegación estatal de la SEDESOL en el estado de Jalisco, que ejerció un total de 182,375.5 miles de pesos.

IV. Con base a los datos de la Cuenta Pública 20152, el Programa tubo un aprobado total para gasto corriente de 3,807,525,542 miles de pesos, de los cuales para los servicios personales se destinaron 18,819,272 miles de pesos, y en comparación a la cifra modificada tuvo un incremento nominal de 126,984,329 miles de pesos dando un total de 145,902,601 miles de pesos, y para el rubro de gastos de operación en el modificado se le destino la cantidad de 151,242,274 miles de pesos, danto un total final de 3,344,821,612 miles de pesos que con respecto al aprobado presenta un decremento nominal de 443,785,658 miles de pesos que representa el -11% del presupuesto destinado original.

V. Derivado de la auditoría practicada anteriormente mencionada, los resultados fueron los siguientes:

No tienen actualizados los manuales de Organización y Procedimientos de la Dirección General de Programación y Presupuesto y de la Delegación de la SEDESOL de Jalisco.

Las delegaciones de la SEDESOL de los estados de Baja California, Colima, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Veracruz y Yucatán no coadyuvaron en la integración de los comités comunitarios y de las contralorías sociales.

Se pagó la cantidad de 140.0 miles de pesos para el apoyo de “Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil” a dos estancias del estado de Michoacán que no procedió su incorporación al programa, y la segunda del estado de Jalisco de la cual no se conoce nada sobre el inicio de sus operaciones, debido a que su domicilio no coincide el registrado en la cedula de viabilidad correspondiente.

Asimismo dos estancias infantiles de Jalisco no comprobaron el ejercicio de los recursos otorgados por los apoyos correspondiente a “Madres Trabajadoras y Padres Solos” y el de “Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil” por el importe de 137.9 miles de pesos.

Solo por mencionar algunas irregularidades, y en general ha causado incumplimiento debido a que las estancias no cuentan con los lineamientos de protección civil que deben de salvaguardar la integridad de la población infante y del personal, así mismo como el mobiliario y las instalaciones no resultaron ser las adecuadas, en suma se traduce en espacios que resultan ser inseguros, además se encontró registro de beneficiarios duplicados o con edad menor a la establecida y a pesar de la situación no se emitieron procesos de suspensión.

VI. Ante los hechos expuestos, se determinó que la Secretaría de Desarrollo Social no cumplió en términos generales con las disposiciones legales y normativas aplicadas en la materia, lo que afecta a la población objetivo, por ello es necesario que la Secretaría de Desarrollo Social emita un informe detallado sobre la operación del programa, con el propósito de que brinde datos concretos que puedan ayudar a mejorar y en su caso modificar algunas de las acciones administrativas y de ejecución del programa. Lamentablemente lo resultados de la auditoria anteriormente expuesta no son alentadores y por ello exhortamos a la SEDESOL emita acciones que mejores el programa que va enfocado a un sector vulnerable.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) emita un informe detallado del “Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras”, que contenga como mínimo: Cuántas estancias infantiles hay en la República Mexicana; Cuál es el presupuesto total y destinado a cada una de ellas; Si el inmueble e infraestructura y mobiliario son adecuados para todos aquellos que se encuentran y hacen uso de la estancia; Cual es la población alcanzada y beneficiada por estancia; Si la demanda de las estancias ha aumentado y que acciones se han realizado para ello; Cuál es el porcentaje alcanzado de la meta y objetivos establecidos en el programa de estancias infantiles; Sí existe capacitación para todo el personal que trabaja en las estancias; Cuáles con lo pendientes y retos que se han percibido desde la entrada en vigor del programa; y Cuál fue la información que envío a la ASF para atender las observaciones que realizó en el análisis de la Cuenta Pública 2014, y que beneficio y cambios se han realizado derivadas de las observaciones de la ASF.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 27 de julio de 2016.

Atentamente

Dip. Omar Ortega Álvarez.- Dip. Julio Saldaña Morán.- Dip. Rafael Hernández Soriano.- Dip. Juan Fernando Rubio Quiroz.

1 http://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/estancias-infantiles-para-apoyar-a-madres-trabajadoras

2 http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2015/tomo/III/Print.R20.03.EAEPCFPGF.pdf





 

Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer las acciones de inspección y vigilancia para prevenir la pesca ilegal de totoaba. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Senador JORGE ARECHIGA ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA QUE FORTALEZCA LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA PREVENIR LA PESCA ILEGAL DE TOTOABA, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pez totoaba (Cynoscionmacdonaldi) es una especie endémica en peligro de extinción del Mar de Cortés protegida por Decreto desde 19751. Asimismo, se considera un recurso marino con veda permanente2 en todo el Golfo de California, lo cual se traduce en que no se puede capturar este ejemplaren ningún día del año. Por otro lado, desde 1977 entró al Apéndice Primero de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y quedó prohibido su comercio.

Lamentablemente, la pesca y comercialización ilegal de la totoaba es un hecho real y vigente, ya que existe la demanda del buche o vejigas natatorias del ejemplar en el mercado asiático por atribuirle propiedades afrodisíacas y medicinales por su alta cantidad de colágeno. Países como China y Estados Unidos son los principales compradores.

Cabe subrayar que, solo se aprovecha el buche cuyo peso equivale a medio kilogramo, desechando en mar o tierra el resto del cuerpo del pez cuyo peso ronda los150 kilos y una longitud de 2 metros, situación que genera además un serio problema de contaminación.

Otro punto a destacar es que, para la captura de esta especie marina, ocurre la pesca incidental de la vaquita marina, marsopa endémica del Mar de Cortés también en peligro de extinción de conformidad con la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Por si fuera poco alarmante lo antes descrito, en fechas recientes la captura ilegal del pez totoaba está estrechamente relacionada con el crimen organizado ya que los ingresos que se obtienen por la comercialización de las vejigas de esta especie superan las ganancias por el tráfico de cocaína. Esto es, un kilo de buche de totoaba es pagadero hasta por 60 mil dólares (un millón 132 mil pesos), un kilo de cocaína en el mercado negro cuesta aproximadamente 150 mil pesos y el castigo por traficarlo es mucho menor que una acusación por portación de droga o delincuencia organizada.

Al tratarse de una actividad altamente lucrativa se incita a que más personas se involucren y se incremente la cadena criminal. Ya no solo en detrimento de la sobre explotación del recurso marino sino en temas de violencia e inseguridad nacional. Tal es el caso que, pescadores honestos son extorsionados por bandas del narcotráfico para que capturen esta especie o bien, por falta de otras opciones para cubrir sus necesidades económicas se ven obligados a realizar esta actividad ilícita.

El problema de la pesca y comercialización ilegal de totoaba es tan preocupante que incluso la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol emitió la Alerta Púrpura3 a petición de la propia Procuraduría General de la República el 1° de diciembre de 2014. Dicha Procuraduría ha señalado que más de 7 toneladas de totoaba se han incautado en los últimos 4 años, además de otras 327 piezas cuyo peso no se detalla, ha iniciado mil 285 averiguaciones previas en esta materia, 1,501personas han sido detenidas en 8 años, por dañar flora y fauna en México y 918 de los detenidos fueron consignados ante un juez.

Ahora bien, el buche de totoaba se puede conservar seca y en sal durante mucho tiempo, lo que ha llevado a personas a invertir en estos productos ilegales para que cuando se extinga elevar aún más su precio en el mercado negro. Esto es, al desaparecer el pez su costo se puede triplicar. Por ende, ya no solo se trata de un producto cuyo valor radica en sus “propiedades milagrosas”, sino que se ve como un asunto de inversión a largo plazo, generado otro mercado, que es especulativo.

El Ejecutivo Federal por su parte en abril de 2015, puso en marcha la Estrategia Integral para Preservar el Ecosistema Marino del Alto Golfo de California a fin de rescatar y conservar especies como la vaquita marina y la totoaba, el cual incluye vedas y apoyo económico a los pescadores de la zona.

Sin embargo, la problemática de captura y comercialización ilegal de totoaba continúa en 2016. Por citar solo algunos ejemplos:

El 29 de marzo se detuvo en la carretera Mexicali-Tijuana a un contrabandista en posesión de 121 buches de totoaba. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) detalló que los buches asegurados tenían tallas de entre 35 a 57 centímetros de longitud, por lo cual se puede inferir que correspondían a ejemplares de más de 30 años de edad.

El 8 de abril la Secretaria de Marina y la PROFEPA aseguraron 33 kilos de buche de totoaba en la comunidad pesquera del Golfo de Santa Clara, al norte de Sonora.

El 9 de mayo la policía federal en el estado de San Luis Potosí, aseguró 33 piezas de buches totoaba con un peso de 2.932 kilos.

El 23 de mayo fue descubierto un cargamento de 11 buches de totoaba en la carretera Mexicali-Tijuana.

Por ello, es importante que se intensifiquen las acciones de inspección y vigilancia, así como, la coordinación entre las instancias de gobierno, y no sean sólo las relacionadas con la pesca o los recursos naturales las que combatan este ilícito.

Se requiere que exista una mayor plataforma de inspectores y personal operativo capacitado para llevar a cabo una correcta supervisión en las actividades de pesca con el objeto de proteger y preservar las especies marinas.

Es necesario, devolver al sector pesquero que no se dedica a esta práctica ilícita la seguridad en aguas marinas y tierra para que continúen desarrollando la actividad que han realizado durante toda su vida.

Es por lo anteriormente vertido, que es de toral trascendencia se tenga el presupuesto, personal de vigilancia y capacitación permanente, para que se lleve a cabo la supervisión en aguas marinas, puertos, caminos, carreteras, aeropuertos, aduanas y puntos de entrada y salida del país a fin de controlar la captura y comercialización ilegal de totoaba. En consecuencia, el Senador que suscribe pone a consideración de esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de Marina y Policía Federal para que fortalezcan acciones de inspección y vigilancia respecto a la pesca ilegal de totoaba. Asimismo, se coordinen para implementar guardias permanentes en aguas marinas y puertos, así como operativos en caminos, carreteras, aeropuertos, aduanas y puntos de entrada y salida del país, a fin de preservar y proteger especies marinas y recursos naturales que habitan en el Alto Golfo de California.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que hagan una revisión sobre los programas de apoyo que se pueden implementar y reforzar para impulsar la economía del sector pesquero del Alto Golfo de California. A fin de que los pescadores dejen de recurrir a la captura de totoaba. En suma, envíen a esta Soberanía un informe detallado del análisis realizado.

TERCERO. El Senado de la República exhorta a los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa a realizar una intensa campaña para incentivar a la población a denunciar a quién se dedique a la captura y comercialización ilegal de totoaba. Asimismo, a quién realice actos de corrupción y extorsión.

CUARTO. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 un incremento en la partida presupuestaria de la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Marina a fin de robustecer las acciones de inspección y vigilancia de especies marinas y recursos naturales.

QUINTO. El Senado de la República hace un atento llamado a los gobiernos de Estados Unidos y China para que coadyuven con México en erradicar el tráfico ilegal de totoaba deteniendo los cargamentos ilícitos que entran en su territorio.

Dado en la Comisión Permanente, el 27de julio de 2016.

Atentamente

Sen. Jorge Arechiga Ávila.

1 Acuerdo que establece veda para la especie Totoaba, CynoscionMacDonaldi, en aguas del Golfo de California, desde la desembocadura del Río Colorado hasta el Río Fuerte, Sinaloa en la costa oriental, y del Río Colorado a Bahía Concepción, Baja California, en la costa occidental. Véase:DOF: 01/08/1975http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4786520&fecha=01/08/1975

2 AVISO por el que se da a conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos.Véase: http://conapesca.gob.mx/wb/cona/aviso_veda_1994

3 La Alerta Púrpura es una notificación que se hace a los cuerpos de policía de los países miembros de Interpol para compartir información esencial sobre el modus operandi de criminales para llevar a cabo sus actividades ilegales.





 

Del Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social, de Economía y de Gobernación a implementar mecanismos y estrategias para la recuperación de alimentos en buen estado en centros comerciales, centrales de abastos, tiendas de autoservicio, restaurantes o cualquier otro establecimiento, a fin de distribuirlos entre la población vulnerable que no puede ejercer plenamente su derecho a la alimentación. Se turna a la Tercera Comisión.

Senador HÉCTOR ADRIÁN MENCHACA MEDRANO, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Comisión Permanente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los desperdicios a definición de la Real Academia de la Lengua Española son “Residuos de lo que no se puede o no es fácil aprovechar o se deja de utilizar por descuido”,1 en este sentido, los desperdicios de alimento son porciones que no se saben aprovechar para el consumo humano. Una de las características de la sociedad actual es el desperdicio de grandes cantidades de desechos, esta   problemática a nivel mundial, que genera consecuencias en los ámbitos económicos, ambiental, social y natural, incluso para los productores de alimentos puede verse reflejado en pérdidas, lo que fomenta un aumento de precios que se ve afectado en los consumidores, dañando finalmente la salud de las personas, debido a la falta de consumo de alimentos saludables, todo ello ocasiona un daño al medio ambiente por la gran sobreexplotación de los recursos naturales, y su poco aprovechamiento.

Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, sugieren que alrededor de un tercio de la producción de los alimentos destinados al consumo humano se pierde o desperdicia en todo el mundo, lo que equivale a aproximadamente 1300 millones de toneladas al año. Esto significa obligatoriamente que cantidades enormes de los recursos destinados a la producción de alimentos se generan sin cumplir ningún objetivo.2

Los eslabones de la cadena donde más se pierden y desperdician alimentos en América Latina y el Caribe es a nivel de producción y del consumidor. El 28% de los desperdicios ocurren a nivel del consumidor; el 28% de la pérdidas a nivel de  producción, el 17% de los desperdicios ocurre en mercado y distribución y el 22% de la pérdidas se dan durante el manejo y almacenamiento y el 6% restante a nivel de procesamiento.3

La FAO contempla entre sus tipos de pérdidas de alimentos a la Distribución, la cual se compone en el sistema de mercado (mercados mayoritarios, supermercados, vendedores minoristas o mercados tradicionales)4.

En el caso de México, la Secretaría de Desarrollo Social ha dado a conocer que diariamente en México se desperdician 30 mil toneladas de alimentos perecederos   como frutas y verduras, principalmente en las centrales de abastos y los     supermercados del país. Estos productos no logran llegar a los consumidores porque  son desechados, ya sea desde la zona de producción o a lo largo de la cadena  comercial, debido a que no cumplen con estándares de calidad, como tamaño, color o textura5.

De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), la medición de la pobreza incluye dos grandes rubros: a) el ingreso de los hogares y b) las carencias sociales en materia de educación, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, así como el acceso a la alimentación y de cohesión social6.

En México se desperdician alrededor de 19 millones de toneladas de alimentos al año, lo que equivale al consumo de por lo menos 27 millones de personas, donde asi la mitad de los alimentos desperdiciados son frutas y verduras (46%), cereales (29%) y los productos de origen animal, entre estos, carnes y lácteos (25%). En pesos mexicanos es una pérdida de 120 mil millones de pesos por año7, estos datos representan alrededor de 12 millones de personas que podrían ser alimentadas, en tres millones de hogares. Luego entonces si tomamos en cuenta que de acuerdo con datos del INEGI, en 2014 el ingreso corriente total promedio trimestral por hogar se redujo en términos reales en 3.5% entre 2012 y 2014. Es decir, el poder de compra de las familias promedio se redujo,8 y con ello la posibilidad de adquirir alimentos de calidad y en cantidades suficientes para mantener una alimentación adecuada.

Esta triste realidad demuestra que a pesar de los programas que el país ha implementado, como la cruzada contra el hambre, aún hay grandes problemas y retos referentes al tema.

En México se han hecho esfuerzos desde la sociedad civil para el establecimiento de bancos de alimentos, en donde la ciudadanía por medio de alianzas con empresas, implementan este mecanismo para ayudaren la recolección de comida que no se consume o no se vende.

Uno de los bancos de alimentos que sobresale es caritas, del Estado de México, quienes desde el año de 1997 acopian alimentos y los hace llegar a familias marginadas, así como a instituciones de asistencias sociales de la entidad.

Hay un total de 58 bancos alrededor de la República Mexicana, excepto en los estados de Durango, Baja California Sur y Nayarit, mientras que en la Ciudad de México y en Guadalajara hay solo oficinas de servicio.9

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos de la sociedad civil organizada, hay grandes problemas y los alcances son pocos, la infraestructura resulta insuficiente, falta de transportes, personas que revisen el estado de los alimentos, entre otros.

En este sentido, el Estado mexicano tiene un compromiso por hacer valer el Derecho Humano de acceso a la alimentación y un compromiso con todos para no permitir y buscar mecanismos que permitan no desperdiciar alimentos de ningún tipo.

Es por ello que el propósito del presente punto de Acuerdo es exhortar a las Secretarías de Desarrollo Social, Economía y Gobernación a implementar mecanismos en coordinación con las Organizaciones Civiles para la recuperación de alimentos en buen estado, los cuales sean distribuidos entre la población vulnerable que no tenga acceso a una alimentación adecuada. El propósito que persigue esta proposición por un lado es evitar el desperdicio de los alimentos, y en segundo lugar que estos sean aprovechados en beneficio de población vulnerable que no tiene pueden hacer valer su derecho a la alimentación.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Desarrollo Social, Economía y Gobernación, para que en coordinación con organizaciones no gubernamentales implementen mecanismos y estrategias para la recuperación de alimentos en buen estado en centros comerciales, centrales de abastos, tiendas de autoservicio, restaurantes o cualquier otro establecimiento, a fin de distribuirlos entre la población vulnerable que no puede ejercer plenamente su derecho a la alimentación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, el 27 de julio de 2016.

Atentamente

Sen. Héctor Adrián Menchaca Medrano.

1 Real Academia de la Lengua Española. (Consultado el 14 de Marzo del 2016). Disponible en
http://dle.rae.es/?id=DKnTevV

2 Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en el Mundo. (Consultado el 14 de Marzo del 2016). Disponible en
http://www.fao.org/docrep/016/i2697s/i2697s.pdf

3 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO), Julio 2014, Perdidas y Desperdicios en América Latina y el Caribe. (Consultado el 14 de Marzo del 2016). Disponible en:
http://www.fao.org/3/a-i3942s.pdf

4 Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en el Mundo. (Consultado el 14 de Marzo del 2016). Disponible en
http://www.fao.org/docrep/016/i2697s/i2697s.pdf

5 “Sedesol: el día, desperdicio de 30 mil toneladas de alimentos” en El Universal. (Consultado el 14 de Marzo del 2016). Disponible en http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/185419.html

6 CONEVAL. Resultados de la Mediación de Pobreza 2014. URL: http://www.coneval.gob.mx/SalaPrensa/Documents/Comunicado005_Medicion_pobreza_2014.pdf (Consultado el 14 Marzo 2016).

7 DR. Genaro Aguilar Gutiérrez Secretario Técnico, Asesor de la Cruzada Secretaria Rosario Robles, Índice de Desperdicios de Alimentos en México, Grupo Técnico Perdidas y Mermas de Alimentos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, 13 de noviembre del 2013, consultado el 10/03/16 [en línea] disponible en : https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1536203394c0eeb6?projector=1

8 CONEVAL. Resultados de la Mediación de Pobreza. (Consultado el 14 de Marzo del 2016). Disponible en http://www.coneval.gob.mx/SalaPrensa/Documents/Comunicado005_Medicion_pobreza_2014.pdf

9 Bancos de Alimentos de México, BAMX, Estado de México, Instituciones de Asistencia Privada.(Consultado el 14 de Marzo del 2016). Disponible en: http://bancodealimentos.org.mx/conocenos





 

De los Diputados Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Patricia Elena Aceves Pastrana, Delfina Gómez Álvarez y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se condena el violento desalojo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, perpetrado el pasado 20 de julio en las inmediaciones del kilómetro 46 de la autopista San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez. Se turna a la Primera Comisión.

Quienes suscriben, GUILLERMO RAFAEL SANTIAGO RODRIGUEZ, PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, DELFINA GOMEZ ALVAREZ Y VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA, en nuestra calidad de Diputadas y Diputados Federales ante la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados e integrantes del grupo parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 2012, la reforma educativa es una de las reformas estructurales promovidas e impulsadas por el gobierno de la República encabezado por Enrique Peña Nieto. Entre sus planteamientos más importantes la reforma contempla la evaluación obligatoria de maestros y maestras y la creación del Servicio Profesional Docente, así como el otorgamiento de autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

La obligatoriedad de la evaluación para los maestros es establecida a través de distintas modificaciones al artículo 3° constitucional, mientras que los detalles sobre la aplicación de la misma quedan determinados por la ley reglamentaria en la materia. Por su parte, el artículo quinto transitorio instruye a las autoridades a utilizar estas evaluaciones para normar el servicio profesional docente.

Desde su aprobación, maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han señalado que los cambios avalados por el Congreso de la Unión están lejos de representar una auténtica reforma educativa y que en cambio, sólo constituyen una reforma laboral y administrativa de corte punitivo que no incluye ningún planteamiento pedagógico en beneficio de las y los estudiantes.

Uno de los principales cuestionamientos en contra de la reforma gira en torno a la legitimidad y eficacia de la evaluación a la que maestros y maestras de todo el país ahora sometidos, pues careciendo de cualquier tipo de regionalización en sus métodos y contenidos, de sus resultados depende si éstos conservan o no sus empleos dentro del sistema educativo nacional.

Por lo anterior, maestros y maestras no sólo de la CNTE sino también del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han expresado sistemáticamente su rechazo a que la permanencia del profesorado sea condicionada, exigiendo en cambio que la reforma educativa sea abrogada y advirtiendo que no permitirán el avance de la implantación de la misma si continúa afectando sus derechos laborales.

Conviene señalar, sin embargo, que no se trata de la oposición a ultranza de maestros y maestras contra la transformación educativa que ciertamente requiere este país, pues éstos han manifestado una y otra vez que su rechazo a la reforma se basa en que ésta se elaboró tomando en cuenta únicamente los intereses de las cúpulas políticas, sin consultar ni una sola vez a los sectores afectados.

Esta inconformidad se ha traducido en la irrupción de protestas magisteriales en varios puntos del país. En los últimos tres años, maestros y maestras no han parado de organizar manifestaciones, marchas, plantones y bloqueos con el único objetivo de ser escuchados; sin embargo, el gobierno sólo ha sabido responder con despidos, represiones, detención de líderes magisteriales y el reciente asesinato de diez personas en Nochixtlán, Oaxaca, tras un enfrentamiento entre miembros de la CNTE y policías federales.

En el contexto de cerrazón que ha caracterizado la postura del gobierno federal y gobiernos estatales ante las movilizaciones magisteriales, el pasado 20 de julio se registró el violento desalojo de un grupo de manifestantes integrado por maestros de la CNTE, padres de familia y organizaciones civiles que se encontraban bloqueando la autopista San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez. Los hechos fueron perpetrados por un grupo armado de alrededor de doscientos habitantes procedentes del municipio de San Juan Chamula, quienes desalojaron a base de golpes, disparos y amedrentamientos a quienes sólo se manifestaban pacíficamente.

Apenas llegaron al sitio del bloqueo, los encapuchados, armados con palos, machetes, resorteras y armas de fuego, apartaron los neumáticos y arbustos que servían para bloquear la autopista y comenzaron a quemar las carpas que los maestros mantenían instaladas en el lugar.

Al percatarse de la violencia con que los vándalos hacían destrozos en el sitio, los maestros optaron por no oponer resistencia y escapar tan rápido como les fuera posible. En tanto, los agresores continuaron quemando y destruyendo todo lo que encontraban a su paso. Incluso hicieron huir a un grupo de civiles que observaba la escena desde lo alto de un cerro aledaño lanzándoles cohetes y fuegos pirotécnicos.

Minutos después de que los agresores arremetieran en contra de los toldos y tiendas de campaña, arribaron al lugar policías municipales y estatales armados con equipo antimotines quienes, en una decisión completamente inesperada, protegieron al grupo paramilitar, custodiándolos y resguardándolos, permitiendo que concluyeran con sus actos de violencia.

Durante el ataque resultó herido de bala el maestro de primaria Romualdo Guadalupe Urbina, quien recibió un balazo calibre 22 en la clavícula. Otro participante del bloqueo fue atropellado y sufrió fractura de tibia y peroné. Ambos tuvieron que ser internados en la clínica del ISSSTE ubicada en la colonia Choferes, a sólo un par de kilómetros de donde sucedieron los hechos. La tensión fue tal que los vecinos se vieron obligados a bloquearlos accesos a la colonia, incluyendo el puente de Santa Martha, a fin de garantizar la salud y seguridad de los heridos.

Entre los heridos también destaca el nombre de Dolores Rodríguez, reportera del informativo “Noticiero en Redes”, que además de recibir tremendo garrotazo, sufrió que le apuntaran directamente con una pistola, so pretexto de que estaba realizando registro fotográfico de los hechos.

Los agresores fueron identificados como habitantes de San Juan Chamula e indígenas radicados en San Cristóbal de las Casas pertenecientes a la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach), que encabeza Narciso Ruiz Sántiz y que en días anteriores ya había amagado con atacar el bloqueo. Estos grupos se identifican con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que gobierna en ambos municipios.

Horas después del incidente, el dirigente de la sección VII del SNTE-CNTE en los Altos de Chiapas, Adalberto Hernández Rabales declaró que los agentes policiales se mantuvieron sólo por unos cuantos minutos en el lugar de los hechos, permitiendo que el grupo paramilitar mantuviera el control del bloqueo. En tanto, maestros y padres de familia, obligados a reagruparse, corrieron en búsqueda de sus vehículos. Fue justo en ese momento que los agresores les dispararon con armas de fuego.

Por su parte, el gobierno estatal insiste en que los doscientos policías acudieron de manera disuasiva para evitar la confrontación de los habitantes de San Juan Chamula y los maestros de las CNTE y resguardar la seguridad de los ciudadanos, ante una alerta emitida por el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia, que alertaba sobre la presencia de habitantes de Chamula en el kilómetro 46 de dicha vía, en esos momentos bloqueada todavía por integrantes de la CNTE.

El 22 de julio, alrededor de 5 mil personas, entre los que se incluyeron maestros, estudiantes, padres de familia, representantes de colonias e integrantes de organizaciones sociales marcharon en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, para solicitar la renuncia del alcalde Marco Antonio Cancino González, a quien responsabilizan del desalojo.

De acuerdo con informaciones del propio Procurador de Justicia, Raciel López Salazar, hasta la fecha hay 11 detenidos por presunta participación en el violento desalojo, entre los que se encuentran tres sujetos plenamente identificados, acusados de agredir a la reportera Dolores Rodríguez.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena   enérgicamente el violento desalojo de maestros de la CNTE, padres de familia y organizaciones civiles que se encontraban en bloqueo permanente en la autopista San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez para manifestar su inconformidad por la “Reforma Educativa”, perpetrado por grupos paramilitares encapuchados y armados, con saldo de un maestro herido con arma de fuego y dos personas más lesionadas.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a dar respuesta efectiva y expedita a las demandas formuladas por el movimiento magisterial, evitando así posibles conflictos que conduzcan a hechos lamentables como los registrados recientemente en Nochixtlan, Oaxaca o en San Juan Chamula, Chiapas.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, Cd. de México, el 27 de julio de 2016.

Dip. Guillermo Rafael Santiago Rodríguez.- Dip. Patricia Elena Aceves Pastrana.- Dip. Delfina Gómez Álvarez.- Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza.





 

Del Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del PES, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a desclasificar la información relacionada con la construcción de mega obras públicas, con la finalidad de contribuir a transparentar el ejercicio de los recursos públicos y la buena gobernanza. Se turna a la Primera Comisión.

ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO, Diputado del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición con punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las Entidades Federativas a desclasificar la información relacionada con la construcción de mega obras públicas, con la finalidad de contribuir a transparentar el ejercicio de los recursos públicos y la buena gobernanza, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En Encuentro Social, estamos convencidos de la necesidad de transparentar, al máximo, el uso de los recursos públicos; consideramos que la transparencia es la mejor manera para disuadir, combatir y perseguir los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública.

Durante muchos años, la falta de un ordenamiento suficiente, en materia de transparencia y acceso a la información pública, posibilitó un mal uso del gasto público, el que se reflejó en tremendos dispendios y desmesurada corrupción gubernamental.

Como consecuencia de lo anterior, se hizo necesario crear un andamiaje jurídico que permitiera a los ciudadanos vigilar el desempeño de sus Gobiernos a través de la transparencia, enfocada en un principio en el uso y destino de la hacienda pública.

Para tal efecto, el año pasado fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que distribuye las competencias entre la Federación y las Entidades Federativas en tan delicadas materias y, además, se encarga de garantizar el acceso ciudadano a dicha información y organiza el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

En días recientes, en sendos periodos extraordinarios y, con la colaboración entre poderes, se consolidó un robusto y eficaz sistema normativo y legal orientado a la disuasión y persecución de la opacidad, sí, pero también de la corrupción en su conjunto.

Con tal progreso legislativo, en este Congreso de la Unión nos comprometimos a fortalecer, fomentar e institucionalizar la transparencia en el ejercicio de la función gubernamental, garantizar el acceso ciudadano a la información pública y posibilitar una efectiva rendición de cuentas de las autoridades.

Por su parte, durante la presente administración, el Gobierno de la República ha adoptado un enfoque proactivo en materia de transparencia y apertura gubernamental, transparentando al máximo la construcción de ésta y todas las megaobras a su cargo, respondiendo a un viejo anhelo de la ciudadanía que exigía se hiciera efectivo su derecho a conocer el uso y aplicación de los recursos públicos.

Prueba de lo anterior, es que los procesos de Licitación Federal son públicos y cualquier ciudadano, puede darles seguimiento. Asimismo, de los más de 2 mil 500 expedientes reservados por Secretaría de Comunicaciones y Transportes; al inicio de la presente administración; hoy solo continúan en reserva menos de 20.

Hoy día, en que existe un grande interés ciudadano por vigilar minuciosamente el proyecto del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, las autoridades federales han sido muy sensibles al reclamo ciudadano y han transparentado cada una de las etapas del proyecto.

Desafortunadamente, esta situación no ha sido replicada por las Entidades Federativas, que han seguido violentando el principio de máxima publicidad, en perjuicio del derecho al acceso a la información pública de que goza la ciudadanía

Al respecto, resulta prioritario cobijar la justa demanda ciudadana hacia las autoridades locales, para implementar las políticas públicas y mecanismos suficientes que privilegien el principio de publicidad; más aun, cuando se trata de megaproyectos de infraestructura que, por su naturaleza, merecen ser transparentados de forma minuciosa y clara.

La nueva legislación en la materia, establece que toda la información que genere, obtenga o transforme alguno de los sujetos obligados, será pública, y por lo tanto, de acceso ciudadano. Sólo podrá ser clasificada como reservada por razones de interés público y seguridad nacional.

Mucha de la información que todavía se encuentra reservada por los Gobiernos de las Entidades Federativas, no cumple con estas premisas, por lo que no debería continuar reservada.

En todo caso, si dichos gobiernos desean continuar restringiendo el principio de máxima publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información, deberían de justificar la llamada prueba de daño, que es el medio por el cual, la autoridad justifica de forma fehaciente que, la divulgación de la información reservada, causa un daño mayor al que se produce con su reserva. En caso de que no justifique su reserva, la autoridad debe garantizar el acceso público, a dicha información.

En tal sentido, resulta necesario, que los Gobiernos de las Entidades Federativas, apliquen auténticas políticas de buena gobernanza para desclasificar los expedientes que documentan el desarrollo de megaproyectos de infraestructura que se encuentran bajo la sospecha ciudadana, a causa de lo desaseado de su ejecución y la poca transparencia que han mostrado las administraciones presentes o pasadas para disipar las dudas o suspicacias de la sociedad.

En consecuencia, es justo, necesario y apremiante, que los Gobiernos de las Entidades Federativas, desclasifiquen los expedientes que respaldan la ejecución de megaproyectos que, por su notoria falta de pulcritud, han sido duramente cuestionados por la ciudadanía y erosionado su confianza en la cosa pública.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Esta Comisión Permanente, del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las Entidades Federativas a desclasificar la información relacionada con la construcción de megaobras públicas, con la finalidad de contribuir a transparentar el ejercicio de los recursos públicos y la buena gobernanza.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 27 julio de 2016.

Atentamente

Dip. Alejandro González Murillo.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato y al gobierno municipal de Salamanca a coordinar las acciones pertinentes para combatir y erradicar la contaminación del río “Tamascatío”, resolver el pasivo ambiental de la empresa Tekchem y realizar el saneamiento del cerro de “La Cruz”, a fin de salvaguardar la salud e integridad de los residentes de dicho municipio. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Cabe mencionar que al norte del municipio de Salamanca se localizan los arroyos Potrerillos, La Joya, Peña Prietas, El Bordo y Ortega, todos ellos afluentes al río Temascatío, que a su vez forma límites con el municipio de Irapuato. El río Lerma, que es parte de la cuenca “Lerma-Santiago”, atraviesa el municipio de Oriente a Poniente.

En esta parte del municipio, se practica la agricultura de riego anual semipermanente, y hacia el sur de la misma, la agricultura de temporal.

En la cabecera municipal, los principales usos de suelo que se distinguen, son: la zona industrial al norte y oriente, la zona del Centro Histórico que oferta servicios básicos y medios, y el gran sector habitacional, ubicado al norte y sur del Río Lerma.

Recientemente, diversas Organizaciones No Gubernamentales de Salamanca han incrementado sus manifestaciones sobre la necesidad de resolver la contaminación del río Temascatío, afrontar el pasivo ambiental que dejó la empresa Tekchem, y realizar el saneamiento del cerro de La Cruz. 1

El río Temascatío es contaminado por residuos de la llamada zona industrial ubicada al norte y al oriente de la ciudad, lo que afecta la salud, calidad de vida y actividades productivas de varias comunidades ribereñas, entre ellas Los Prieto-El Cajón, que cuenta con 2 mil 933 habitantes.

En su momento, el Instituto de Ecología del Gobierno del Estado de Guanajuato calificó de “severo” el deterioro de los recursos naturales del río Temascatío, en el que se requieren acciones de regeneración del suelo y vegetación, a fin de garantizar que siga cumpliendo su función en la recarga del acuífero de la región.

Con respecto a la contaminación existente en las instalaciones de la empresa Tekchem, cerrada hace ocho años, se requiere el saneamiento a fondo de su interior en el que permanecen aún toneladas de productos químicos altamente peligrosos, además de un diagnóstico de afectación a las zonas habitacionales vecinas.

Hace 15 años esta empresa fue clausurada a causa de una gran fuga de malatión, insecticida usado en agricultura, altamente peligroso. En 2007, cerró sus puertas de manera definitiva, y el Gobierno del Estado adquirió los terrenos comprometiéndose a convertirlo en un parque ecológico, lo que no ha ocurrido.

En marzo de 2015, la entonces titular del Instituto de Ecología de Guanajuato, Ana Carmen Aguilar, calculó en 5 mil metros cúbicos los pasivos ambientales, refiriéndose a los plaguicidas que anteriormente se utilizaban en la agricultura, y que aún permanecen ahí y contaminan la zona. 2

A su vez la contaminación que la empresa Quidesa provocó en el cerro de La Cruz, debe sanearse totalmente, pues hoy está suspendida, y solo se realiza de manera superficial.

Los representantes de los Organismos No Gubernamentales y habitantes de la comunidad San José de Ulapa, señalan que fueron miles de toneladas de desechos los que se tiraron en el cerro de La Cruz, muchos de los cuales se están tratando de “tapar” en un socavón. 3

Cabe destacar que Quidesa se considera, en su página web, como el principal productor y comercializador en México de aceites minerales blancos, petrolatos, sulfonatos y aceites técnicos para las industrias farmacéuticas, metal-mecánica, minera y del cuidado personal. Su planta de Salamanca, Guanajuato, fue construida en 1964. 4

Los tres casos de emergencia ambiental ya mencionados -río Temascatío, Tekchem y Cerro de La Cruz- han sido debidamente atendidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), instancia que en cumplimiento a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ha procedido a clausuras, sanciones y exigencias de saneamiento hacia los actores señalados.

No obstante, en este esfuerzo ha sido evidente la falta de coadyuvancia y respaldo por parte de la autoridad estatal y municipal.

La Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, señala que le corresponde al Poder Ejecutivo de la entidad el formular, conducir y evaluar la política ambiental estatal; aplicar los instrumentos de política ambiental, así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal, así como formular, ejecutar y evaluar las estrategias en materia de protección al ambiente.

El artículo 5º de dicho ordenamiento legal determina que son autoridades competentes para aplicarla tanto el Ejecutivo del Estado como los Ayuntamientos, el Instituto de Ecología del Estado y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato.

A su vez, el Reglamento para la Protección y Preservación del Medio Ambiente de Salamanca, en su artículo 9º, destaca que la política ambiental municipal debe cumplir con lo establecido en la Ley General, la Ley Estatal y todas las disposiciones aplicables.

Por otra parte, cabe destacar que en el tema de la refinería de Petróleos Mexicanos en Salamanca –otra de las fuentes de contaminación en esta región-, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), publicó el 13 de mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación, las disposiciones que establecen los lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos, las cuales tendrán que ser aplicadas en este y todos los casos similares, de forma contundente.

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos comprometidos con el desarrollo sustentable del país. Para ello se requiere, entre otros aspectos, fortalecer el uso eficiente y racional de los recursos naturales. El cuidado del medio ambiente es fundamental para asegurar calidad de vida a las generaciones futuras.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Guanajuato y al Gobierno Municipal de Salamanca, para que en el ámbito de sus facultades y obligaciones, coordinen las acciones pertinentes para combatir y erradicar la contaminación del río Temascatío, resolver el pasivo ambiental de la empresa Tekchem y realizar el saneamiento del cerro de La Cruz, a fin de salvaguardar la salud e integridad de los residentes de ese municipio guanajuatense.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
sede de la Comisión Permanente, el 27 de julio de 2016.

Atentamente.

1 http://periodicocorreo.com.mx/conforman-alianza-de-organizaciones-de-la-sociedad-civil/

2 http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1503/empresa-cerrada-hace-8-anos-guanajuato-sigue-
contaminando/

3 http://periodicocorreo.com.mx/suspendida-hace-tiempo-la-limpieza-del-cerro-de-la-cruz/

4 http://www.quidesa.com.mx/





 

De los Diputados del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila a investigar la presunta compra de medios de comunicación por el ex gobernador de dicha entidad federativa, Humberto Moreira. Se turna a la Primera Comisión.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de Acuerdo a tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los actos de corrupción perpetrados por cualquier servidor público, no son otra cosa que una vulneración directa al ideal democrático sobre el que descansa la eficacia y eficiencia de un proyecto nacional que tenga como eje rector el apego irrestricto al Estado de Derecho.

La administración del otrora gobernador de Coahuila y ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Humberto Moreira Valdés, se caracterizó justamente por lo anterior: una corrupción e impunidad rampantes que lesionaron de manera profunda a la sociedad coahuilense.

Durante la administración de Humberto Moreira se transfirieron a bancos de Estados Unidos y de las Bermudas aproximadamente 35 millones de dólares (637 millones de pesos al tipo de cambio actual) “que fueron robados del erario de Coahuila”, de acuerdo a precisiones contempladas en la investigación que realizaron fiscales del estado de Texas.

Fiscales de las cortes de Texas solicitaron a las autoridades españolas desde finales del año pasado que se detuviera al exgobernador y expresidente del PRI para llevarlo a un juicio por lavado de dinero, malversación de fondos públicos, cohecho y organización criminal; por lo que pudo haber acumulado más de veinte años de prisión, pero que logro conseguir su libertad.

No obstante, aún se presentan ciertas irregularidades que enrarecen estos acontecimientos y que demandan de investigaciones urgentes que lleguen hasta las últimas consecuencias en favor de la lucha frontal en contra de cualquier acto de corrupción.

Por ejemplo, la corte federal de Texas dio a conocer en junio de 2015, un acuerdo de culpabilidad firmado por el dueño del consorcio de medios Núcleo Radio Televisión (NRT) de Monclova y expresidente de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión en Coahuila, Rolando González Treviño, en donde reconoce su participación en una conspiración de desvío de recursos para la compra-venta de medios de comunicación con dinero proveniente de las arcas de Coahuilaen beneficio de Humberto Moreira. Dicha acusación, está contenida en el acuerdo para reducir su condena que suplicó a las autoridades de Texas este empresario, quien fue detenido en noviembre del 2014 en Las Vegas, Nevada.

El diario San Antonio Express News reportó en su momento que fiscales estadounidenses alegaron que fueron robados cerca de 25 millones de pesos y que posteriormente, fueron trasladados a cuentas bancarias en Texas para que Moreira pudiera controlar estaciones de radio en ciudades mexicanas como Monclova, Sabinas y Múzquiz.

Como se establece en diversos medios electrónicos, de acuerdo con los documentos judiciales y las revelaciones de dicho rotativo, Moreira sostuvo dos encuentros (documentados en los registros judiciales norteamericanos, aunque no aparecen los nombres de los participantes) con el empresario González Treviño para discutir la compra-venta de medios de comunicación. Dichas reuniones ocurrieron en 2009 en la residencia del exmandatario estatal en Saltillo, Coahuila, y en el campo de Golf Sonterra, ubicado en San Antonio, Texas.

Cabe mencionar que se reporta que mientras las investigaciones avanzan en Texas, en Coahuila la Procuraduría General de Justicia del estado mantiene bajo reserva el expediente de las denuncias y averiguaciones relacionadas con la deuda, según un oficio de respuesta a la solicitud de información con folio 00402215. Asimismo, Moreira ha insistido en que las autoridades fiscales de Estados Unidos ya lo investigaron y lo exoneraron desde finales del 2012 de enriquecimiento ilícito y/o lavado de dinero, al igual que la PGR. Sin embargo, resulta menester el llevar a cabo las indagatorias correspondientes de acuerdo al debido proceso mexicano, que asegure el apego irrestricto al principio de la legalidad y soberanía jurídica, sobre el cual descansa la efectividad de todo nuestro marco normativo.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoria Superior de la Federación, y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila, para que en el marco de sus respectivas competencias y atribuciones, investiguen la presunta compra de medios de comunicación por el exgobernador de dicha entidad federativa, Humberto Moreira.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 27 de julio de 2016.





 

De los Diputados Julio Saldaña Morán, Omar Ortega Álvarez, Rafael Hernández Soriano y Juan Fernando Rubio Quiroz, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la Procuraduría Federal del Consumidor hagan del conocimiento público la información relativa al número de quejas e inconformidades registradas por deficiencias en los servicios prestados por la empresa desde 2009 hasta el segundo trimestre de 2016. Se turna a la Tercera Comisión.







 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo para elaborar los estudios poblacionales necesarios que permitan evaluar el estado de conservación de las especies representativas del Área de Protección de Flora y Fauna Nahá de Chiapas. Se turna a la Tercera Comisión.

El Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS POBLACIONALES NECESARIOS QUE PERMITA EVALUAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES REPRESENTATIVAS DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA “NAHÁ”, CHIAPAS, con base en los siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Selva Lacandona está localizada en el oriente de Chiapas, entre los municipios de Las Margaritas, Altamirano, Ocosingo y Palenque, y los municipios recientemente formados de Maravillas, Tenejapa, Marqués de Comillas y Zamora Pico de Oro.

En esta existe un complejo sistema hidrológico que abarca el 53% de la cuenca del río Usumacinta, cuya conservación es clave para la estabilidad de 1 millón de hectáreas de pantanos formados por el delta de los ríos Grijalva–Usumacinta, uno de los sistemas de humedales más extensos en los trópicos de Norteamérica, después del delta del río Mississippi.

De acuerdo con la Universidad Autónoma de México, en los últimos 40 años, la deforestación de la Selva Lacandona ha sido tan acelerada que si continúa al mismo ritmo, la selva tropical lluviosa lacandona desaparecerá. Si se pierde la Selva Lacandona, se pierde una valiosa parte del patrimonio natural y de las especies endémicas de México.

Por tanto, es necesario que todos aquellos programas de conservación localizados dentro de la Selva Lacandona, deben ser analizados y revisados, para determinar si las estrategias de conservación, han tenido los resultados esperados.

Durante la Comisión Permanente, mi trabajo se ha dirigido a que las autoridades analicen y determinen si los programas de protección de las áreas naturales protegidas localizadas en la selva lacandona cumplen con su papel de protección y el objetivo de conservación de la zona.

Por ello, continuando con la protección de la Selva Lacandona, quiero referirme al Área de Protección de Flora y Fauna Nahá, declarada como Área Natural Protegida el 23 de septiembre de 1998, cuya superficie territorial comprende 3,847 hectáreas en el municipio de Ocosingo, Chiapas.

En dicho decreto, se establece que corresponde a la ahora Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, preservar y ordenar el aprovechamiento de los ecosistemas y elementos del área; así como vigilar que las acciones que se realicen dentro de ésta, se ajusten a los propósitos de la declaratoria.

Es el Área de Protección de Flora y Fauna Nahá una de las siete Áreas Naturales Protegidas que en conjunto conservan los ecosistemas tropicales más importantes de México ubicados en la Selva Lacandona.

En el Programa de Manejo de esta área, el cual fue concluido el 7 de enero del 2009, se estable como uno de sus objetivos de protección la conservación de la diversidad biológica a través del establecimiento de mecanismos de control y vigilancia que eviten la extracción ilegal de recursos naturales, la introducción de especies exóticas y la ocurrencia de naturaleza antropogénica.

Asimismo, entre sus objetivos de conocimiento, se encuentra el establecer líneas de investigación y monitoreo con base en las necesidades del Area que permitan contar con información para la planeación, aplicación y evaluación de las actividades de manejo y desarrollo sustentable.

Los cuales, son fundamentales para conocer el grado de éxito, que han tenido las políticas de protección implementadas por el Gobierno.

El área se encuentra delimitada por 6 subzonas:

Subzonas de manejo

Superficies (miles de ha)

Porcentaje con respecto al APFF

Subzona de Preservación

968

25.16%

Subzona de Asentamientos Humanos

15

0.39%

Subzona de Uso Tradicional

1,934

50.27%

Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Ecosistemas

288

7.49%

Subzona de Uso Público

86

2.24%

Subzona de Recuperación

556

14.45%

Superficie de Decreto

3,847

 

Subzona de Influencia

2,807

 

Fuente: Aviso por el que se informa al público en general que la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas ha concluido la elaboración del Programa de Manejo del Area de Protección de Flora y Fauna ubicada en la región conocida como Nahá, Municipio de Ocosingo, Chis. Publicado el 7 de enero de 2009 en DOF

La problemática identificada en el área natural protegida, ha sido ambiental, demográfica y socioeconómica:

Problemas ambientales:

1. Incendios forestales

2. Integridad de ecosistemas

3. Fragmentación de hábitat

4. Especies introducidas y nocivas

5. Desechos sólidos

6. Exploraciones

Problemas demográficos y socioeconómicos

1. Crecimiento demográfico

2. Producción extensiva

3. Invasión de tierras

4. Salud

5. Transporte y comunicaciones

6. Vivienda

7. Abasto

8. Producción artesanal

9. Turismo alternativo

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), establece en su artículo 54, que las áreas de protección de la flora y fauna se constituirán en lugares que contienen los hábitats de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestre.

Es destacable que en Nahá, existe una gran cantidad de especies de fauna representativa, localizadas en algún estatus de riesgo:

Especie

Estatus de riesgo

Panthera onca(jaguar)

En Peligro

Alouatta pigra(mono sarahuato)

En Peligro

Leopardus pardalis(ocelote o tigrillo)

En Peligro

Leopardus wiedii(margay)

En Peligro

Herpailurus yagouaroundi(jaguarundi o tigrillo)

Amenazada

Puma concolor(puma)

-

Tamandua mexicana(oso hormiguero)

En Peligro

Ramphastos sulfuratus(tucán)

Amenazada

Trogon collaris(trogón de collar)

Protección Especial

Trogon violaceus(trogón violáceo)

-

Trogon massena(trogón cola negra)

Amenazada

Dryocopus lineatus(carpintero lineado)

-

Campephilus guatemalensis(carpintero pico plata)

Protección especial

Cairina moschata(pato real)

En peligro

Amazona farinosa(loro corona azul)

En Peligro

Amazona autumnalis(loro cariamarillo)

-

Brotogeris jugularis(perico ala amarilla)

Amenazada

Crax rubra(hocofaisán)

Amenazada

Agalychnis callidryas(rana ojos rojos)

-

Agalychnis moreletii(rana)

-

Bolitoglossa rufescens(salamandra)

Protección Especial

Smilisca baudini(rana mexicana)

-

Incilius macrocristatus(sapo)

-

Dendropsophus ebraccatus(rana amarillenta)

-

Craugastor laticeps(rana ladrona cabeza ancha)

Protección especial

Craugastor rhodopis(rana ladrona polimorfa)

-

Hyalinobatrachium fleischmanni(rana vientre traslúcido)

-

Lithobates brownorum (rana)

Protección especial

Rhinophrynus dorsalis(sapo excavador mexicano)

Protección especial

Plectrohyla matudai(rana de dedos delgados)

-

Tlalocohyla loquax(rana sonorense)

-

Tlalocohyla picta(rana pintada)

-

Fuente: Elaboración propia con especies representativas de fauna en la Zona de Naháhttps://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=68&=11#image10 y NOM-059-SEMARNAT-2010

Adicionalmente Nahá conjuntamente con Metzabok área natural protegida aledaña, se encuentra enlistada como sitio Ramsar.

Nahá y Metzabok representan el área lacustre más importante de la selva Lacandona. Son amplias las zonas de inundación que suelen estar cubiertas por el agua durante la época lluviosa, la vegetación en las áreas inundables es de palo de tinto (Haematoxylon campechianum), lo cual crea un ecosistema único en las zonas aledañas a las lagunas en donde se desarrollan un gran número de especies de epifitas como las orquídeas y bromelias. El sistema lagunario de Nahá se encuentra integrado por nueve lagunas, en tanto que el de Metzabok es más complejo y tiene21 lagunas, la mayoría de ellas intercomunicadas temporal o permanentemente entre sí formando un sistema de humedales cársticos rodeados de selva alta Perenifolia, Bosque Mesofilo y remanentes de pino encino .

Por lo anterior y resaltando la importancia biológica y ecológica del área de protección de flora y fauna de Nahá, se presenta el siguiente punto de acuerdo, con la finalidad de que la autoridad elabore los estudios poblacionales necesarios que permita determinar su estado de conservación y establecer si estas no han sido mermadas por la tala clandestina, incendios forestales, expansión de la frontera agrícola, introducción de especies exóticas, erosión y degradación de suelos, invasión de tierras, contaminación del agua y suelo.

En atención a lo anteriormente expuesto, el Senador que suscribe pone a consideración del Pleno del Senado de la República el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que de forma inmediata y a través de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conjuntamente con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, elaboren los estudios poblacionales necesarios que permita evaluar el estado de conservación de las especies representativas del Área de Protección de Flora y Fauna Nahá de Chiapas y con ello determinar si estás poblaciones no han sido mermadas por la tala clandestina, incendios forestales, expansión de la frontera agrícola, introducción de especies exóticas, erosión y degradación de suelos, invasión de tierras, contaminación del agua y suelo.

Dado en la sala de sesiones de la Comisión Permanente
del Senado de la República, el 27 de julio de 2016.

Sen. Luis Armando Melgar Bravo.





 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a vigilar el cumplimiento de preceptos constitucionales en relación con la demanda de daño moral en contra del periodista Sergio Aguayo. Se turna a la Primera Comisión.







 

De las Diputadas Patricia Elena Aceves Pastrana y Delfina Gómez Álvarez, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a informar sobre el requerimiento de información relativa a las licitaciones y asignaciones directas de contratos, apoyos y subsidios celebrados entre dependencias del gobierno federal con la empresa “Enova” y la fundación “Proacceso”. Se turna a la Primera Comisión.

PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA y DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ en nuestra calidad de Diputadas Federales de la LXIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de Acuerdo, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1. En la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente Celebrada el 15 de julio de 2015, el Diputado Fernando Belaunzarán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó una proposición con punto de Acuerdo en el que solicitaba a Virgilio Andrade, entonces titular de la Secretaría de la Función Pública, “investigar los términos en que se han hecho las licitaciones y las asignaciones directas de contratos por parte de las dependencias federales tales como la SEP, CONACYT y CONACULTA con el grupo ENOVA-PROACCESO”.

Asimismo se exhortaba a la Auditoría Superior de la Federación y al órgano Superior de Fiscalización del Estado de México a realizar auditorías sobre la asignación y ejercicio de los fondos públicos destinados al Grupo ENOVA-PROACCESO.

En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen Correspondiente.

2. El 22 de julio de 2015, los senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron una proposición con Ppunto de Acuerdo mediante el que solicitaban:

Primero. Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicite al Gobierno del Estado de México realice una auditoría a todas las donaciones, contratos o actos jurídicos que impliquen la transferencia de dinero a la fundación Proacceso y la empresa Enova; informe de los resultados obtenidos y, en su caso, realice las acciones conducentes en materia administrativa o penal.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicite a la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría a todas las donaciones, contratos o actos jurídicos que impliquen la transferencia de dinero a la fundación Proacceso y la Empresa Enova; informe de los resultados obtenidos y en su caso, realice las acciones conducentes en materia administrativa o penal.

En esa sesión la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente Dispuso que la proposición se turnara a la Tercera Comisión, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. En la sesión Plenaria de la Comisión Permanente celebrada el 5 de agosto de 2015, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas presentó el dictamen en el que consideraba que las propuestas presentadas eran coincidentes en los siguientes argumentos:

La fundación Proacceso y la empresa Enova, desde la actual Administración Federal, reciben donaciones que ascienden a más de 700 millones de pesos sin que ningún organismo público les haya pedido cuentas o les hubiesen realizado alguna auditoría.

Enova es una “empresa social”, formada por tres socios, Moís Cherem, Raúl Maldonado y Jorge Camil Starr; quienes han recibido de forma dudosa los siguientes recursos:

- En 2008, se les otorgó un contrato del Gobierno del Estado de México para mejorar el diseño y el desempeño del portal del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt)

- En 2009, Comecyt les otorgó un contrato para implementar cambios a su página de internet, por poco más de seiscientos mil pesos.

- En 2010, instaló 70 sucursales de la Red de Innovación y Aprendizaje (RIA), que a pesar de que usan recursos públicos para su instalación, le cobran a los usuarios; así como 50 centros “gratuitos” denominados Bibliotecas Digitales.

- En 2014 el Gobierno del Estado de México, adjudicó 22 contratos por un total de 40 millones para el suministro de insumos digitales.

Proacceso fue fundada en diciembre de 2008 por Aleph Molinari y por Karla Valenzuela Pérez, quien hoy es Directora General Adjunta de Ahorro y Regulación Financiera en la Secretaría de Hacienda.

La Fundación ha recibido de Comecyt las siguientes cantidades: en 2009 recibió 56 millones de pesos, en 2010 recibió 74.3 millones de pesos, en 2011 recibió 111 millones de pesos, en 2012 recibió 110 millones de pesos, en 2013 recibió 140 millones de pesos, en 2014 recibió 159 millones y en marzo de 2015 se pactó la entrega de 174 millones de pesos.

Esa Fundación también ha recibido recursos federales, ahora por parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta): en 2012 recibió 140 millones de pesos, en 2013 recibió 200 millones de pesos, en 2014 recibió 157.3 millones, en 2015 recibirá 119.1 millones. La SEP entregó a la fundación entre 2010 y 2011 para el desarrollo de “videojuegos lúdicos” empleados en la cadena de escuelas de bajo costo que Proacceso opera en asociación con Enova.

En total, se han entregado la cantidad de 867.9 millones recibidos del gobierno mexiquense y 880.7 millones del gobierno federal.

Los recursos son utilizados para la creación de centros RIA, que son espacios dotados con entre 30 y 50 computadoras, con aulas internas construidas con madera reciclada y áreas acondicionadas para la convivencia de los alumnos en lugares rentados, en los que se imparten cursos rápidos de cómputo e inglés. Los costos al público van de $70 a $1,200 pesos, según la duración del curso.

El destino y los resultados de la inversión no son evaluados por ninguna dependencia oficial. En ese sentido, la Fundación y la empresa sostienen que ha habido mejoras; sin embargo, las estadísticas oficiales no reflejan los mismos resultados. En las áreas en donde se instalaron los proyectos para una mejora educativa se observa lo siguiente:

En 46% de esos 373 planteles hubo un descenso en el desempeño de alumnos de tercer grado en la materia de español, 59% en cuarto grado, 51.7% empeoraron en español en quinto grado y 55.7% reflejó resultados regresivos en sexto grado.

30.9% de los alumnos de estas escuelas ubicadas a un kilómetro o menos de las RIA mostraron un descenso en su desempeño en tercer grado.

Entre las 373 escuelas públicas próximas a las RIA existen diez cuyo desempeño académico empeoró en todos los grados.

51% de los planteles empeoró en cuarto grado; en 45.8% en quinto grado; y 44% en sexto grado.

4. El dictamen presentado por la Tercera Comisión fue aprobado en votación económica por el Pleno de la Comisión Permanente el 5 de agosto de 2015, por el que resolvía lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía los términos en que se han hecho las licitaciones y las asignaciones directas de contratos, así como apoyos y subsidios celebrados entre las dependencias del Gobierno Federal con la empresa Enova y la fundación Proacceso.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que en un término no mayor a 15 días naturales, remitan a esta Soberanía un informe de las instituciones que han sido beneficiadas con donativos, subsidios o contratos y el monto de éstos de 2009 a 2015, así como sobre la aplicación de los recursos en los proyectos o programas correspondientes de naturaleza cultural, educativa o científica.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno del Estado de México, que con pleno respeto al Pacto Federal y a su soberanía y en un término no mayor a 15 días naturales, informe a esta Soberanía de las instituciones que han sido beneficiadas con donativos, subsidios o contratos y el monto de éstos de 2009 a 2015, así como sobre la aplicación de los recursos en los proyectos o programas correspondientes de naturaleza cultural, educativa o científica.

5. A un año del Acuerdo emitido por la Comisión Permanente consideramos pertinente conocer los resultados de la solicitud de información hecha a la Secretaría de la Función Pública, así como a la Secretaría de Educación Pública, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para esclarecer los términos de las licitaciones y asignaciones directas de contratos, apoyos y subsidios otorgados por dichas dependencia a la empresa Enova y la fundación Proacceso. Lo anterior con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO. En aras de favorecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas se debe insistir en que las instancias involucradas en la aportación de recursos otorgados a las empresas referidas esclarezcan el proceso de gestión a través del cual se solicitaron y asignaron recursos federales.

SEGUNDO. En un escenario de ajustes presupuestales y carencia de recursos que impactan el funcionamiento de proyectos y programas de naturaleza cultural, educativa y científica resulta preocupante que se destinen fondos a empresas sin que se implementen auditorías financieras ni de resultados.

TERCERO. En el marco del Sistema Nacional Anticorrupción que pretende promover la coordinación entre diversas autoridades como la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública con el propósito de diseñar políticas públicas en materia de prevención, detección, control, disuasión y combate a prácticas deshonestas, resulta pertinente emprender y concluir las labores de auditar y vigilar el gasto federalizado.

Por los antecedentes citados y las consideraciones expuestas sometemos a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública a informar sobre el requerimiento de información relativa a las licitaciones y asignaciones directas de contratos, apoyos y subsidios celebrados entre dependencias del gobierno federal con la empresa Enova y la Fundación Proacceso, formulado por esta Soberanía el 5 de agosto de 2015, así como a enviar la información que obre en su poder para el ejercicio fiscal 2016.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública, al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y al Gobierno del Estado de México para que informen sobre el requerimiento de información relativa a las licitaciones y asignaciones directas de contratos, apoyos y subsidios celebrados entre dichas dependencias del gobierno federal con la empresa Enova y la Fundación Proacceso, formulado por esta Soberanía el 5 de agosto de 2015, así como a enviar la información que obre en su poder para el ejercicio fiscal 2016.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 27 julio de 2016.

Atentamente

Dip. Patricia Aceves Pastrana.- Dip. Delfina Gómez Álvarez.





 

De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas a realizar diversas acciones referentes al monitoreo de la calidad del aire, a fin de que los datos obtenidos se incluyan en el sistema nacional de información sobre calidad del aire. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, MIRZA FLORES GÓMEZ, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, el siguiente punto de Acuerdo, al tenor de lo subsecuente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Científicos pueden plantear los problemas que afectarán al medio ambiente con base en la evidencia disponible, pero su solución no es responsabilidad de los científicos, es de toda la sociedad”.
Dr. Mario Molina, Premio Nobel de Química.

De conformidad con lo dispuesto en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de enero de 1998 se emitió la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)1 cuyo objeto se centraría en la reglamentación referente a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción con el fin primordial el de garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar.

Bajo esta tesitura, el artículo 6° de este ordenamiento establece que es facultad del Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ejerza las atribuciones que la Ley otorga a la Federación, siendo una de las facultades de la SEMARNAT la emisión de recomendaciones a autoridades Federales, Estatales y Municipales, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental.

Esta normativa federal dispone en su artículo 5, fracción XVII, la integración del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales y su puesta a disposición al público en los términos de la presente Ley. Dicho Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN) compila la información estadística sobre temas relacionados con el ambiente, misma que incluye el agua, la atmósfera, la biodiversidad, los recursos forestales, los suelos, la bioseguridad, los desastres naturales, el impacto ambiental y los residuos, entre otros temas.2

En lo que respecta al tema atmosférico, la LGEEPA3 exige a los tres niveles de gobierno cuidar que calidad del aire sea satisfactoria en todos los asentamientos humanos y las regiones del país para la bienestar de la población y el equilibrio ecológico, imponiendo la obligación de reducir y controlar las emisiones de contaminantes de la atmósfera, ya sean de fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles.

Cabe mencionar que el pasado 22 de abril en la Ciudad de Nueva York dentro del marco del día mundial de la tierra, México firmó el Acuerdo de París, instrumento internacional que se espera sea ratificado por el Senado en el próximo Periodo de Sesiones Ordinarias; por el que se compromete a generar el 35% de energía limpia en el 2024 y 43% al 2030. Con la firma de este documento, México también se comprometió a la sustitución de combustibles pesados por gas natural, energías limpias y biomasa en la industria nacional. Así como a reducir el 25% todas las fugas, venteo y quemas controladas de metano y controlar las partículas negras de hollín en equipos e instalaciones industriales. Con estas acciones se espera una disminución en la emisión de CO2 a la atmósfera y mejorar la calidad del aire.

Por disposición legal expresa, para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, la SEMARNAT deberá integrar y mantener actualizado el inventario de las fuentes emisoras de contaminantes a la atmósfera de jurisdicción federal, y coordinarse con los gobiernos locales para la integración del inventario nacional y los regionales correspondientes.

Por lo anterior, el art. 112 de la LGEEPA, en su fracción VI, dispone que los gobiernos de los Estados, de la Ciudad de México y de los Municipios establecerán y operarán, con el apoyo técnico, en su caso, de la Secretaría, sistemas de monitoreo de la calidad del aire.

Los gobiernos locales remitirán a la Secretaría los reportes locales de monitoreo atmosférico, a fin de que aquélla los integre al Sistema Nacional de Información Ambiental.

En ese sentido, la SEMARNAT dio a conocer en su portal de internet que al 2015, sólo 29 estados contaban con estaciones de medición de contaminantes en 138municipios del país, lo que representó el 5.7% del total que integran el territorio nacional.4

Los entes omisos infringen lo dispuesto en el artículo 7°, fracción XIV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente relativa a colaboración de los estados en la formulación y evaluación de la política ambiental estatal, así como la conducción de la política estatal de información y difusión en materia ambiental.

Lo anterior, sin duda ha impedido a la SEMARNAT a establecer y efectuar las adecuaciones necesarias a la política ambiental nacional propuesta desde el arranque de este sexenio al no contar con información precisa respecto de la emisión de contaminantes atmosféricos por municipio, y por lo tanto, mantenerse ajena a las necesidades de nuestro país y en consecuencia, postergar la implementación de medidas concretas para el abatimiento y control de las emisiones de contaminantes.

En este orden de ideas, es importante señalar que en términos presupuestales, según cifras de la Cuenta Pública 2015, en ese año se erogaron 68.5 millones de pesos bajo el auspicio del Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas y de la supervisión de la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes adscrita a la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT5; recursos que se ejercieron en acciones para la protección del medio ambiente sin que sea posible evaluar la suficiencia de esos recursos presupuestales así como el impacto que han tenido para atender la tan amplia y compleja política ambiental en México, específicamente en mejorar la eficiencia de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire.

Recordemos que el derecho a la información pública es un derecho humano consagrado en el artículo 7 de nuestra Carta Magna, derecho fundamental que a todas luces se encuentra siendo violado por actos de omisión por parte de la SEMARNAT al no tener actualizados los datos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, lo anterior también imposibilita tener indicadores certeros a la hora de realizar la evaluación de los Programas dirigidos al mejoramiento de la calidad del aire.

A este paso, sin una política adecuada de gestión en la mejora de calidad del aire y en el manejo de los recursos naturales, éstos últimos seguirán siendo utilizados para satisfacer las necesidades inmediatas de generaciones presentes sin considerar las necesidades de las generaciones futuras, es decir, no se cumple con el reto de la sostenibilidad y el Gobierno Federal no dará seguimiento a los compromisos establecidos en diversos tratados internacionales (principalmente el Acuerdo de París, que a partir de su ratificación por el Senado será vinculante) y los contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que nos provocará un deterioro irreversible del capital natural de nuestro país.

Por tal motivo y a modo de conclusión, lo que no es medible no es perfectible y en este caso, sin cifras será imposible hacer un traje a la medida en el tema medio ambiental por lo que es necesario exigir a la SEMARNAT y Gobiernos Estatales su voluntad para emprender las acciones que les corresponda a fin de que la Calidad del Aire no se deteriore y en la medida de la asertividad de las mismas, se reviertan las graves situaciones que se viven principalmente en las ciudades metropolitanas y las que convergen en corredores industriales. Sin cifras, los esfuerzos resultarán improductivos en cualquier esfera de la gestión gubernamental.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:


PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO. Por el que se exhorta respetuosamente al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ing. Rafael Pacciano Alamán, para que emita y haga pública las recomendaciones a las autoridades Estatales y Municipales para cumplimentar lo dispuesto en el artículo 112 fracción IV de la LGEEPA referente a integrar y mantener actualizado el inventario de fuentes de contaminación a la atmósfera, con el objetivo de integre los resultados al Sistema Nacional de Información Ambiental.

SEGUNDO. Se solicita respetuosamente a los titulares del poder ejecutivo de las 32 Entidades Federativas, den cumplimiento y vigilancia a la política ambiental estatal y en especial, a las acciones referentes al monitoreo de la calidad del aire de conformidad con lo dispuesto por el artículo 112 fracción IV de la LGEEPA, con el objetivo de integrar y mantener actualizado el inventario de fuentes de contaminación a la atmósfera a fin de que los datos obtenidos se incluyan en el Sistema Nacional de Información sobre calidad del aire, y en su conjunto, permitan la adecuación de la Política Nacional Ambiental garantizando así el derecho de todo mexicano a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 27 de julio de 2016.

Atentamente

Dip. Mirza Flores Gómez.

1 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultada el 13 de julio de 2016.

2 Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN), disponible en
http://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales, consultado el 13 de julio de 2016.

3 Capítulo II, Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, Artículos 110 y 111 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultada el 13 de julio de 2016.

4 Estaciones de medición de contaminantes criterio por municipio, 2015, consultado en
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_AIRE01_14&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce, disponible el 13 de julio de 2016.

5 Cuenta Pública 2015, disponible en http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos, consultada el 13 de julio de 2016.





 

De la Diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del grupo parlamentario del PES, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a establecer criterios cuantitativos específicos de evaluación sobre la calidad de investigación científica, tecnológica y de innovación para investigadores postulantes, a fin de hacerlos transparentes y garantes. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe, Diputada ANA GUADALUPE PEREA SANTOS, integrante del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 fracción III de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) tiene a su cargo ejercer, entre otras atribuciones, las de apoyar la investigación científica básica y aplicada, la formación y consolidación de grupos de investigadores en todas las ramas del conocimiento, impulsar la innovación, el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la planta productiva nacional, así como conducir y operar el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), establecer sus objetivos, funciones y su forma de organización.

El SNI fue creado en el año de 1984 como un mecanismo que contribuye a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel, y como un elemento fundamental para incrementar la cultura, productividad, competitividad y el bienestar social. El SNI tiene por objeto promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica y la innovación que se produce en el país. La presente proposición de punto de acuerdo se enfoca precisamente a la evaluación de los investigadores que solicitan su ingreso, re-ingreso o permanencia en el SNI para que se les otorgue, de acuerdo a sus méritos, alguna de las distinciones contempladas en el artículo 54 del reglamento del SNI publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2012, a saber
I. Candidato a Investigador Nacional;

II. Investigador Nacional, con tres niveles, y

III. Investigador Nacional Emérito.

De acuerdo con el artículo 40 del citado reglamento, “Las comisiones dictaminadoras al evaluar las solicitudes tendrán en cuenta la calidad de las aportaciones y la cantidad de productos de investigación y desarrollos tecnológicos presentados por el solicitante”. En el artículo 37 se menciona que a partir de los criterios de evaluación generales establecidos en los artículos 40 a 42 las comisiones dictaminadoras deberán establecer criterios específicos los cuales una vez aprobados deben publicarse en la página electrónica del CONACyT. Además, en el punto 3.2 de la convocatoria 2016 del SNI se establece que “la calidad de las aportaciones prevalecerá sobre la cantidad de los productos presentados”.

Al revisarse los criterios de evaluación específicos actuales de las siete comisiones evaluadoras enunciadas en el artículo 12 del Reglamento del SNI es evidente que, en efecto, se tratan con más detalle los criterios cualitativos; sin embargo, no se establecen criterios cuantitativos bien definidos. Es claro que algunos aspectos de la labor del investigador son un tanto subjetivos y quedan a juicio de los integrantes de un determinado comité de evaluación, como por ejemplo en lo que se refiere a si cierto investigador tiene “una línea de investigación definida”, “demostrar creatividad”, “trascendencia de la obra realizada”, etc. Sin embargo, a pesar de que otros aspectos de la labor del investigador son cuantificables, los criterios son vagos y se siguen tratando de manera cualitativa.

De acuerdo con el Artículo 41 del mencionado reglamento, “los productos de investigación que serán considerados fundamentalmente para decidir sobre el ingreso, reingreso o prórroga al SNI, serán:

I. Investigación científica y tecnológica:

a. Artículos.

b. Libros.

c. Capítulos de libros.

d. Patentes.

e. Desarrollos tecnológicos.

f. Innovaciones.

g. Transferencias tecnológicas.

II. Formación de científicos y tecnólogos:

a. Dirección de tesis profesionales y de posgrado terminadas.

b. Impartición de cursos en licenciatura y posgrado.

c. Formación de investigadores y de grupos de investigación.”

A pesar de que estos productos de investigación son cuantificables, no se establece ni el Reglamento del SNI ni en los criterios de evaluación específicos cuántos de estos productos se requiere para el ingreso, re-ingreso o permanencia en cada una de las categorías y niveles del SNI. En los documentos de Criterios