Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 23 de mayo de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 12

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 13 de Julio de 2016

SUMARIO                                              


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LEGISLATURAS

Las de los Congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, remiten su aprobación al proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo y condición de refugiados. La Comisión Permanente declara aprobado el DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ASILO Y CONDICIÓN DE REFUGIADOS. Se remite al Diario Oficial de la Federación. Intervienen al respecto los legisladores Senador Enrique Burgos García, Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Diputado Omar Ortega Álvarez, Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, Diputada Angélica Reyes Ávila y Diputado Alejandro González Murillo.






























































































































































































































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:29 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores legisladores.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, hay una asistencia de 37 ciudadanos legisladores.

Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de julio de 2016, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos previstos en la agenda del día de hoy. Si algún legislador requiere la versión impresa le ruego, por favor, la solicite a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor también pueden consultar la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la Ciudad de México a las once horas con treinta y siete minutos del martes cinco de julio de dos mil dieciséis, con una asistencia de veintisiete legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión celebrada el miércoles veintinueve de junio de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con los informes sobre los avances en la implementación de las estrategias para el fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión directa en las industrias de hidrocarburos y eléctrica.- Se remitió a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Energía de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Economía y de Energía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de mayo de 2016; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de mayo de 2016.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron del Instituto Mexicano del Seguro Social, oficios con los que remite: el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto 2015-2016 y el Informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones, correspondiente al tercer y cuarto trimestres de 2015, así como al primer trimestre de 2016.- Se remitieron a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron de la Senadora Gabriela Cuevas Barron, informes de sus participaciones en: el evento conmemorativo del “Día Mundial del Refugiado”, celebrado en Tapachula, Chiapas, el 20 de junio de 2016; la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, llevada a cabo del 16 al 18 de mayo de 2016 y, la 134ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, celebrada del 19 al 23 de marzo de 2016, conjuntamente con los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Graciela Ortiz González y Raúl Pozos Lanz.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, el Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de julio de 2016.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, el Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de mayo de 2016.- Quedó de enterado.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del señor Flavio Romero de Velasco.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las once horas con cincuenta minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles trece de julio, a las once horas.

 

Fin de la Sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobada el acta.

Sonido en el escaño de la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, por favor.

La Diputada María Bárbara Botello Santibáñez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para solicitar se registre mi asistencia, en virtud de que en el sistema electrónico no la puede tomar.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tome nota la Secretaría de la asistencia de la Diputada Botello Santibáñez, también de la Diputada Benítez.

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto, por favor.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en la ceremonia de la firma del Acuerdo entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el pasado 23 de junio de 2016, en La Habana, Cuba.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.





 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Se recibió un oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el que remite un documento que incluye diversas consideraciones, estándares jurídicos y conclusiones sobre la función del salario mínimo, desde la perspectiva de los derechos humanos.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase a las Comisiones de Derechos Humanos y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

LEGISLATURAS

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Se recibió del Congreso del estado de Chihuahua, un proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 13, 15 y 24 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: También del Congreso del estado de Chihuahua, se recibió un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 88 y se adiciona un artículo 86 Bis a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; y se reforma el artículo 420 Ter del Código Penal Federal.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Se recibió del Congreso del estado de Jalisco, un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Asimismo, el Congreso del estado de Jalisco remitió un proyecto de Decreto por el que se declara el 9 de diciembre como “Día Nacional contra la Corrupción”.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Del Congreso del estado de Morelos, se recibió un proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos legisladores:

De las Senadoras María del Rocío Pineda Gochi y Angélica del Rosario Araujo Lara, con la que remiten el informe de actividades realizadas en la IV Sesión de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico y en la III Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico, que tuvo lugar los días 27 al 30 de junio del año en curso, en Puerto Varas, Chile.







 

Del Senador Miguel Ángel Chico Herrera, con la que remite su informe como Presidente de la Confederación Parlamentaria de las Américas, comprendido de septiembre de 2015 a junio de 2016.







 

De los Senadores Miguel Ángel Chico Herrera y Sonia Rocha Acosta, con la que remiten el informe de los trabajos realizados durante la XXXII Reunión del Comité Ejecutivo de la Confederación Parlamentaria de las Américas, la Reunión del Comité Ejecutivo de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas y las reuniones de las Comisiones Temáticas Permanentes de ese organismo, celebradas en Aracaju, Brasil, del 1 al 3 de junio del año en curso.







 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite los informes de sus participaciones en la visita de trabajo a Ottawa y Toronto, Canadá, realizada los días 31 de marzo y 1º de abril de 2016, para conocer la experiencia de ese país respecto al uso médico de la marihuana; y en la Primera Cumbre Humanitaria Mundial, en Estambul, Turquía, los días 23 y 24 de mayo de 2016.







 

De la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano de la Cámara de Senadores, con la que remite su informe de actividades 2015-2016.







 

Y del Diputado José Antonio Estefan Garfias, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 1º de agosto de 2016.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Por lo que respecta a la reincorporación del Diputado Estefan Garfias, comuníquese a la Cámara de Diputados.





 

LEGISLATURAS

Compañeros Senadores, les informo que hemos recibido diversos votos aprobatorios de los congresos estatales al proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 constitucional, en materia de asilo y condición de refugiados.



Solicito a la Secretaría dé cuenta con la recepción de los votos recibidos.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Se va a realizar el escrutinio de los votos recibidos.

(Se realiza escrutinio)

Señor Presidente, informo a la Asamblea que se recibieron los votos aprobatorios de los Congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas al proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo y condición de refugiados.

En consecuencia, esta Secretaría da fe de la emisión de 22 votos aprobatorios del proyecto de Decreto de referencia.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ruego a la Asamblea ponerse de pie.

(Todos de pie)

A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computado el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas estatales, la Comisión Permanente declara aprobado el DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ASILO Y CONDICIÓN DE REFUGIADOS. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

Esta Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este mismo asunto, las cuales se integrarán debidamente al expediente.

Ruego a la Asamblea tomar sus asientos.

Para referirse a la declaratoria, se concede el uso de la palabra al Senador Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Enrique Burgos García: Con la venia de la Presidencia. Honorables integrantes de esta Comisión Permanente:

Se cumple el día de hoy una función otorgada a este órgano de representantes populares de la Nación y federales del Pacto Federal para mantener la vigencia del Poder Legislativo durante sus recesos, a fin de hacer la declaratoria de que se ha reformado o adicionado el texto de nuestra ley fundamental.

A luz de lo dispuesto por el artículo 135 constitucional, más de la mitad de las legislaturas estatales, en este caso 22 de ellas, han otorgado su aprobación a la minuta remitida por el Congreso de la Unión para reformar el texto del párrafo segundo del artículo 11 de nuestra Constitución.

Hago uso de la palabra para destacar, con brevedad, la importancia de estas modificaciones a nuestra Ley Suprema, sin demérito de que quienes formamos parte de esta Comisión Permanente participamos como integrantes del órgano revisor de la Constitución para el propósito que ahora se culmina, salvo la base de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, como bien lo mencionó el Presidente de la Mesa Directiva.

Nuestro país ha tenido una importante tradición en la comunidad de naciones en materia de asilo y de asistencia a quienes por su condición solicitan el carácter de refugiados.

Vienen tan solo a la memoria hechos relevantes para la recepción de los orgullosamente denominados "Transterrados de España", la hazaña de protección de Gilberto Bosques e integrantes del pueblo judío bajo la amenaza de la persecución fascista y las acciones para otorgar la condición de refugiados a decenas de miles de hermanos centroamericanos de los 80's y 90's, ante situaciones de enfrentamiento que ocurrían en su país.

En el texto aprobado por el Congreso Constituyente de 1916-1917, para nuestro artículo 11, se establecieron la libertad de tránsito y la libertad de residencia, fue con la muy trascendente reforma de derechos humanos del 10 de junio de 2011 que se introdujo en el texto de nuestra Constitución la mención específica al derecho de asilo y a la figura del refugio que nuestro país había, desde luego, incorporado a su orden jurídico a través de la suscripción de los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

Sin embargo, en el proceso de introducción de esta adición constitucional se produjeron diferencias conceptuales entre las Cámaras del Congreso de la Unión sobre la naturaleza de las figuras del asilo y del refugio, y la mejor forma de su recepción en nuestra norma fundamental a la luz de los compromisos internacionales de nuestro país.

Derivado de esa circunstancia debo reconocer el estudio y planteamiento de mi compañera Senadora Gabriela Cuevas Barrón, para revisar con puntualidad el texto aprobado en 2011 y las previsiones de las normas internacionales sobre la materia, particularmente teniendo en mente la naturaleza de las figuras del asilo y de la condición de refugiado como espacios donde convergen el reconocimiento a los derechos humanos de las personas de nuestro país que tiene la calidad de extranjeros y el principio de la soberanía del Estado mexicano para adoptar las determinaciones inherentes a la estancia y residencia de personas que por alguna causa han migrado de su país de origen o de residencia y solicitan, de manera excepcional, su estancia o residencia en nuestro país.

En la norma que se propuso reformar y sobre la cual ya se hizo la declaratoria de modificación, la solicitud de asilo se ubicó en términos específicos de casos de persecución por motivaciones políticas y la solicitud de refugio, apartándose de la nomenclatura internacional que privilegia hablar de la condición de refugiado, se refirió a motivaciones siempre de naturaleza humanitaria.

Esos términos fueron el corazón de la propuesta de reforma para evitar elementos que pudieran entrañar alguna condición o limitación a la acción del Estado mexicano en esta materia desde la perspectiva internacional.

Por ello se propuso establecer con precisión que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, sin establecer una prefiguración de las razones para adscribirlas a la norma internacional en vigor, adicionalmente se planteó que tanto el reconocimiento de la condición de refugiado como el otorgamiento de asilo político se realizaran de conformidad con los tratados internacionales, es decir, reitera con relación a estas figuras nuestro país se ciñe a las previsiones acordadas en el ámbito de la comunidad de naciones.

En ambos casos, y como se había previsto desde 2011, corresponde a la ley secundaria regular las procedencias y excepciones para las solicitudes y el otorgamiento, en su caso, del asilo y de la condición de refugiado.

Con la reforma, autorizada por el órgano revisor de la Constitución, se precisa que toda persona disfruta en nuestro país del derecho a buscar y recibir asilo, así como el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político deberán realizarse en términos de los tratados internacionales suscritos por nuestro país.

Permítanme refrendarlo, en ambas figuras están presentes dos especies de derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano en el contexto de la comunidad de naciones, así como el planteamiento del ejercicio de potestades que como Estado soberano le corresponde a nuestro país, un ejercicio de soberanía acorde a las obligaciones internacionales que hemos contraído y por el cauce de la ley que regula esas figuras.

Con esta reforma constitucional nuestro país refrenda su vocación, su práctica, su aprecio por la protección al principio de la libertad humana y al principio del imperio de la ley en el ámbito internacional, en el ámbito de los derechos humanos y en el ámbito propio de nuestra nación.

Enhorabuena por la aprobación mayoritaria desde las legislaturas estatales para concretar esta norma que perfecciona y mejora aún nuestro orden constitucional.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Burgos García.

Tiene el uso de la palabra al Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la declaratoria.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Tengo el enorme agrado de volverme a presentar en esta tribuna por un tema que nos ha unido a los legisladores: Senadores, Diputados federales y ahora a 22 Congresos estatales, en torno al artículo 11 constitucional para ampliar precisamente la defensa y protección de los derechos humanos, no sólo de los mexicanos, sino de todas las personas.

Mientras en el mundo hoy se cierran fronteras, se construyen muros, se deportan masivamente a los migrantes, niños mueren en el mar y en las playas, hoy México responde de manera muy distinta; hoy México responde dando espacio a los derechos humanos, a la protección de las personas más necesitadas, a aquellos que huyen de sus países porque temen por su vida.

Hoy México da un paso muy importante con esta declaratoria de reforma constitucional que lleva a la publicación y vigencia que, sin duda alguna, inaugurará una nueva etapa en nuestro país en materia de protección internacional humanitaria. Me parece que esta afirmación no es una falsa expectativa.

Esta reforma al artículo 11 constitucional implica cambios que rebasan el aspecto meramente formal, pues elevamos a rango constitucional el derecho humano a buscar y recibir asilo, reconocido en instrumentos internacionales como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Estatuto de los Refugiados, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención internacional para la Protección de todas las Personas Contra la Desaparición Forzada, entre otras.

Además, superamos la deficiente redacción que heredamos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, uno de los grandes pasos en la historia de nuestro país, que se llevó a cabo en 2011, y que por razones de falta de acuerdo entre ambas Cámaras, justamente fue este artículo 11 constitucional el que no tuvo una afortunada redacción y en el que se confundían los conceptos tan importantes como asilo y refugio, asilo político, a la condición de refugiado, y esto provocó confusiones conceptuales, se desnaturalizó la esencia convencional y se obstaculizó la protección que pudieran ofrecerse en los hechos.

Por ejemplo, era necesario establecer con nitidez que la condición de refugiados se ejerce mediante la solicitud de un reconocimiento de tal estatus por pate de la autoridad, mientras que el asilo político se ejerce mediante un acto potestativo del Estado mexicano para otorgarlo, con lo cual se evita que tal privilegio caiga en manos de algún delincuente, por ejemplo, de algún genocida o alguien que realmente no está buscando una protección humanitaria, sino más bien evadir la justicia.

Es por eso que hablamos de una reforma sustantiva, con la capacidad para reconocer un derecho humano muy importante, con generar garantías para el ejercicio de este derecho humano. Una reforma que pone a nuestro sistema jurídico en sintonía con el derecho internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; una reforma que fortalece el núcleo de protección de los derechos humanos de todas las personas, sin distingo de nacionalidad o de condición migratoria.

Y es precisamente ahí donde estamos ampliando el marco de protección de la persona, cumpliendo con la obligación de respetar el principio de progresividad de los derechos humanos y así debemos entender la génesis y la finalidad de esta enmienda constitucional, construida para hacer frente a la actual crisis de refugiados que lacera a nivel mundial y que representa uno de los más grandes desafíos para la humanidad.

Despojados de velos xenófobos encubiertos en argumentos legaloides de seguridad o de falso nacionalismo, queda espacio para la solidaridad internacional y la protección de la dignidad de la persona humana. México debe volver a ser partícipe de esta visión solidaria que lo caracterizó en décadas pasadas.

Recordemos por ejemplo los años 80's, donde 46 mil refugiados guatemaltecos encontraron en México un hogar; y lo mismo sucedió años más atrás con alrededor de 20 mil refugiados españoles que a final de los años 30's huyeron del régimen franquista; o lo que pasó también en los 70's, donde México otorgó asilo a cientos de ciudadanos chilenos y argentinos que huían de las dictaduras militares.

En todos estos casos, el gobierno mexicano pudo implementar una ejemplar política humanitaria que reivindicó los derechos humanos de miles de extranjeros. El fenómeno del desplazamiento forzado que se vive hoy en día en el mundo no tiene precedente.

Al cierre del año pasado, 2015, se contabilizaban 65.3 millones de personas forzosamente desplazadas en todo el mundo, de las cuales 21.3 son refugiadas y 3.2 solicitantes de asilo.

Según el Observatorio sobre el Desplazamiento Interno del Consejo Noruego de Refugiados, a nivel mundial se calcula que en 2015 hubo 12.4 millones de nuevos desplazados por conflictos o la persecución, entre ellos 1.8 millones de nuevos refugiados.

Lo que hace falta es entender el fenómeno del desplazamiento forzado y las crisis que genera como un problema de causas y respuestas humanitarias, no como un problema que hay que evadir o confrontar mediante políticas de choque.

El fenómeno de los refugiados dejó de ser exclusivo de África o de Medio Oriente. Hoy la situación que se vive en nuestros vecinos, en el triángulo norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, se ha convertido en una verdadera crisis humanitaria y en ella México tiene mucho por hacer.

Cada año 150 mil migrantes centroamericanos ingresan de manera irregular por la frontera sur de México, principalmente a través de Chiapas, y ésta es la cifra conservadora porque se calcula que incluso puede llegar a la cifra de 400 mil personas entrando cada año por la frontera sur de nuestro país.

El número de refugiados y solicitantes de asilo procedentes de estos tres países de América Central, pasó de 20 mil 900 personas en 2012, a 109 mil 800 en 2015, y aunque esta cifra pareciera muy pequeña comparada con Líbano, con Jordania o con Turquía, como ejemplos, sí significa un incremento de cinco veces más en únicamente tres años.

Las principales causas que explican el aumento de solicitudes de asilo provenientes de Centroamérica es la violencia, la persecución, la delincuencia organizada trasnacional, la violencia relacionada con bandas delictivas y los cárteles de la droga.

De acuerdo con datos de ACNUR, 3 mil 423 personas, solamente en 2015, la mayoría de El Salvador y Honduras, solicitaron asilo en México, lo que representó un aumento del 164 por ciento con respecto a 2013 y 65 por ciento con respecto a 2014.

No obstante, en 2015, 151 mil 510 centroamericanos fueron repatriados a sus países de origen, muchos de ellos sin que se tomara en cuenta el riesgo para su vida y la integridad que implicaba su devolución.

Tal panorama alerta no sólo sobre las causas del desplazamiento forzoso, sino también la forma en que los países, y en este caso el nuestro, afrontan y responden ante esta realidad.

Preocupa que México haya reducido a un mínimo histórico las autorizaciones para refugiados, permitiendo 270 refugiados en 2013 y 451 en 2014, incluidos 16 personas de origen sirio, siendo una de las tragedias más importantes en este siglo que han tenido el reconocimiento o la condición de refugiados en nuestro país. Y también únicamente 35 niños, niñas y adolescentes en los dos años.

Tal escenario no corresponde con las necesidades humanitarias de los flujos que entran a nuestro país, pero tampoco corresponde con la tradición de responsabilidad y de respeto a los derechos humanos que siempre ha tenido nuestro país.

ACNUR informó que el 58 por ciento de las niñas, niños y adolescentes no acompañados de los países del triángulo norte y México podrían tener potencialidad de necesidades de protección internacional.

Compañeras y compañeros Legisladores, fue motivada por un panorama como éste, el cual apenas alcanzo a esbozar que dentro de esta agenda en el Senado de la República, y he de decirlo, honor a quien honor merece, una iniciativa presentada a varios Senadores, por parte de Santiago Corcuera que aquí nos acompaña, y con todo el trabajo también de ACNUR, de ONU Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del CISR, de organizaciones de la sociedad civil y también, por supuesto, de compañeras y compañeros legisladores y de la Secretaría de Gobernación, que llegamos hoy a esta reforma.

¿Y qué es lo que busca esta reforma?

Que todas las personas, ya sean nacionales o extranjeras, tengan plenamente reconocidos sus derechos humanos y puedan ejercerlos más allá de los límites que impone la coyuntura política o el ascenso de ideologías xenófobas y de viejos y de nuevos nacionalismos como los que hoy han surgido en otras latitudes y que amenazan la solidaridad internacional.

Estoy convencida que la reforma constitucional en materia de asilo y condición de refugiados, que está culminando su proceso, dará inicio a una nueva etapa en la política migratoria mexicana ante el fenómeno del desplazamiento forzado, haciendo uso de la protección humanitaria que provee el asilo político y la condición de refugiados, para garantizar el de toda persona a encontrar protección internacional cuando las violaciones a los derechos humanos provienen de actores originarios de sus propios países.

El derecho internacional humanitario requiere de algo más que la voluntad política o la diplomacia, necesita estar cimentado en normas, principios convencionales y constitucionales que interactúen armónicamente para crear esquemas jurídicos que garanticen los derechos humanos de todos los solicitantes de asilo y de los refugiados.

Ahora toca armonizar la terminología, armonizar la legislación, pero sobre todo y de manera más importante, tocará velar por la correcta aplicación de esta reforma constitucional.

Quiero agradecer a todos aquellos que participaron en el proceso de aprobación de esta reforma, en su cabildeo, en encontrar una redacción que permitiera hoy estar aquí y que al mismo tiempo permita que en todo momento México vuelva a hacer este actor responsable, este actor orgulloso de velar por los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su condición migratoria o de su nacionalidad.

Legislar en materia de derechos humanos y en particular del derecho internacional humanitario, es sensibilizarnos y ponernos en la posición del otro, ponernos en el lugar de quienes más nos necesitan.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Cuevas Barrón.

Damos la cordial bienvenida a esta sesión a Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; a Mark Manly, representante de Naciones Unidas para los Refugiados; y a Edgar Corzo, Quinto Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que nos acompañan hoy para atestiguar la declaratoria de entrada en vigor de la reforma al artículo 11 constitucional.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Diputado Omar Ortega Álvarez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

El pasado 29 de abril, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de Decreto por el que se reformó el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo y condición de refugiados.

De esta manera, el Decreto pasó a las legislaturas de los estados para los efectos del artículo 135 constitucional; al día de hoy, la mayoría de los congresos estatales han aprobado dicho Decreto, por lo que el proceso de reforma ha concluido de manera satisfactoria.

Las y los legisladores del Partido de la Revolución Democrática saludamos esta aprobación, pues a pesar de que el reconocimiento de la condición de refugiado y asilo político ya era materia de la legislación interna, en la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y Asilo Político, era preciso actualizar y poner en sintonía nuestra Constitución a la luz de las trascendentales reformas a la Carta Magna en materia de derechos humanos de junio de 2011.

El Decreto al que se hace referencia intenta equilibrar la discrecionalidad de la que goza el Estado mexicano en la materia con las realidades materiales y sociales del territorio nacional, en donde se pretende ubicar a las personas en condición de refugiados o asilados, aunque garantizando el cumplimiento de la histórica tradición de nuestro país en materia de apoyo humanitario.

Así, la reforma constitucional intenta equilibrar la capacidad de carga en materia de infraestructura, en los territorios nacionales susceptibles de recibir personas en condición de asilo o refugio, con el fin de evitar la vulnerabilidad de estas regiones y tratando de atender de la mejor manera las necesidades de los solicitantes, siempre con el fin de buscar el mejoramiento de sus condiciones de vida y sin menoscabo de los pobladores originales.

Como sabemos, la política exterior de México ganó prestigio internacional en etapas difíciles de la historia reciente de la humanidad, cuando las condiciones políticas y sociales en diversas regiones del mundo llevaron a miles de personas a abandonar sus lugares de origen.

Nuestro país fue solidario con personas de varias nacionalidades que enfrentaron la persecución política por defender sus posturas e ideales enfrentando a gobiernos autoritarios.

La política de refugio llevada a cabo por el Presidente Lázaro Cárdenas, sigue siendo motivo de reconocimiento internacional a nuestro país y de orgullo para todos los mexicanos.

Un caso paradigmático es el de los miles de refugiados que llegaron desde España huyendo de la Guerra Civil, en la década de los años 30's del siglo pasado, los hombres y mujeres que arribaron a México en ese tiempo destacaron por las enormes aportaciones que han hecho a nuestro país en el ámbito académico e intelectual, entre muchos otros aspectos.

Años después, nuestro país se solidarizó con los perseguidos políticos de las brutales dictaduras militares que desgraciadamente fueron implantadas en el Cono Sur de nuestro continente.

Miles de refugiados chilenos, argentinos, paraguayos, brasileños, entre otros, son ahora orgullosamente también mexicanos y han sido parte integral de la historia y la cultura reciente de México.

No obstante estos antecedentes, en años recientes nuestro país está enfrentando un enorme desafío con relación a los miles de centroamericanos solicitantes de asilo y refugio que buscan se les otorgue está condición.

Las solicitudes se han incrementado notablemente, pero desgraciadamente muchos peticionarios no logran cumplir con los requisitos impuestos por las autoridades migratorias mexicanas y son denegados de la protección internacional.

Existen numerosas trabas para que los migrantes tengan acceso a visas por razones humanitarias y de asilo.

En muchos casos se les niegan los trámites y se deporta a personas que huyen de la violencia.

De acuerdo con la información de diversas fuentes, de 2013 a septiembre de 2015, en México se han realizado mil 383 solicitudes de asilo, de a cuales sólo 282 fueron reconocidas, lo que representa el 20 por ciento, son datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

En cuanto a las visas por razones humanitarias también son muy pocas las solicitudes a la que el Estado accede a ello.

Por ello, nuestro país debe comprometerse nuevamente con una política de asilo y refugio solidaria, que rescate las mejores causas de la historia de nuestra política exterior en esta materia.

En el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática demandamos a las autoridades federales un trato adecuado de los demandantes de asilo por razones de persecución política, religiosa u otro tipo, así como los refugiados que huyen de conflictos, en congruencia con la tradición humanitaria que ha hecho de nuestro país vanguardia en esta materia a nivel internacional.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Ortega Álvarez.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Enrique Salazar Farías, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El Diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Compañeros, buenas tardes.

Ampliamente se ha dicho ya acá, se ha comentado acá las razones por las cuales hacer esta reforma, pero sobre todo hay que pensar en el escenario de una persona huyendo de un país, buscando consuelo en otro y las condiciones bajo que lo hace.

Es esto lo que tendríamos que estar analizando y pensando en lo que hicimos para votar, y por lo cual, quiero reconocer ampliamente, Senadora, tu iniciativa, porque más allá de lo legal, habla de que estás consciente de la sensibilidad humana que debe uno tener para legislar, y eso siempre será muy valioso, siempre.

Don Gonzalo Martínez Corbalá, me decía en alguna ocasión, la forma en que tuvo que sacar a los refugiados chilenos, para aquí recibirlos, como llegaron también los españoles.

Con esto les damos, a todos aquellos que quieran venir al país, un país que es maravilloso, lleno de bondades y de donde la gente quiere encontrar un mejor destino y un mejor futuro.

Celebro, a nombre del Partido Verde, el poder ser parte de esta reforma. Insisto, más allá de lo jurídico, para mí es una cuestión de sensibilidad humana, también de respeto a los propios derechos.

No quiero cansar a nadie, quiero decir que hoy más que nunca tenemos los brazos abiertos para que toda persona, como dice la reforma, tenga derecho a que se le reconozca la condición de refugiado o solicite asilo político.

México, para aquellos que salgan de su país en condiciones difíciles, tiene que ser siempre, como lo es para nosotros, el mejor futuro, el mejor destino.

Siempre México.

Muchísimas gracias, tal como lo vivimos en un estado como es el mío, como es Chiapas, que también seguramente encuentran todos los que llegan un mejor destino, como lo hemos encontrado todos los días los chiapanecos.

Es cuanto, gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Salazar Farías.

Tiene el uso de la palabra el Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano: Con el permiso de la Presidencia.

Todos los días cientos de personas en el mundo se ven obligadas a abandonar sus hogares, sus comunidades o sus países, huyendo de la violencia, la pobreza o la inseguridad, en búsqueda de desarrollo, paz y bienestar.

Desde el sudeste de Asia, pasando por Siria, Irak, Afganistán, Palestina; llegando a Honduras, Guatemala y México, millones de personas han salido de sus casas pretendiendo ser refugiados en otro país.

La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que las consecuencias que ha generado la violencia en distintas partes del mundo ha ocasionado que se registren las peores crisis humanitarias, desde la creación de este organismo en 1945, ya que el número de personas que han sido obligadas a desplazarse superan los 60 millones en todo el mundo, de acuerdo con cifras de la ONU.

Es claro que la problemática de la condición, protección y asistencia a personas refugiadas o desplazadas no es particular de México.

En este tenor, las modificaciones aprobadas buscan atender una problemática que afecta y responsabiliza a nuestro país al ser parte firmante de tratados internacionales, pero que no brinda una respuesta a la altura de las necesidades, porque si bien la problemática es mundial, en nuestro país se acentúa.

En el reciente informe "Puertas Cerradas", el fracaso de México a la hora de proteger a niños refugiados inmigrantes de América Central muestra la realidad que viven cientos de migrantes todos los días. En 2015, México reconoció la condición de refugiados apenas a 52 menores migrantes centroamericanos que viajaban no acompañados.

El mismo documento señala que a pesar de que la legislación actual establece mecanismos claros para solicitar protección del Estado mexicano, los agentes del Instituto Nacional de Migración no informan a los niños migrantes de su derecho a solicitar el reconocimiento como refugiados, dando como resultado la deportación y el regreso a la realidad de la que trataban de huir, poniendo en riesgo su integridad y hasta su vida.

Del mismo documento se desprende que sólo 1 de 61 niños migrantes entrevistados, dijo que las autoridades le habían informado de su derecho de pedir reconocimiento como refugiado, como contempla la ley mexicana.

Además, señala el documento que la detención de niños, que el año pasado alcanzó 36 mil menores, aparentemente se debe a presiones extranjeras, y es lamentable que mientras otros países pretenden deshacerse de la problemática, México debe ahora hacer el trabajo sucio de detenerlos y deportarlos.

Con esta reforma, si bien pretende armonizar la Constitución reconociendo el derecho de todo extranjero a solicitar la condición de refugiado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas también ha señalado que el respeto al derecho de solicitar la condición de refugiado, requiere un claro y amplio reconocimiento en la Constitución, ya que por parte de las autoridades migratorias no existe voluntad para hacer valer este derecho.

Cuando las autoridades mexicanas devuelven o expulsan a su país de origen a un migrante que pretende huir de la violencia y busca poner a salvo su vida, está negando la protección internacional y niegan el derecho a la vida, la integridad y a la seguridad de las personas.

Además, no basta con reconocer en la Constitución este derecho. Hoy en día existe un marco jurídico internacional, el cual a su vez es reconocido por la misma Carta Magna, que debiera ser suficiente para que las autoridades protegieran los derechos de los migrantes y les ofrecieran un trato digno.

En este sentido, es necesario vigilar que todas las autoridades cumplan con su obligación de respetar los derechos de los migrantes, tanto de niños como de adultos.

No es nuevo decir que para los migrantes indocumentados pasar por México es un calvario, porque saben que corre riesgo su vida, su seguridad, su integridad y el sueño de alcanzar una mejor vida.

Es necesario que las autoridades migratorias actúen con convicción y sentido humano. Los relatos de quienes huyen de una realidad atroz en sus países de origen quedan consternados al darse cuenta que en México, lejos de encontrar ayuda, tienen que volver a vivir el calvario de la corrupción, la impunidad, la violencia y el miedo.

En lo personal, felicitar a la Senadora Gabriela Cuevas por esta iniciativa y a todos los Senadores que fueron parte de esta aprobación, es un buen Decreto.

¡Felicidades!

Señor Presidente, fuera del tema, preguntar, porque ahí estaban afuera los maestros de la CNTE, decían que los iba a recibir, los iba a atender. Quisiera saber, ¿por qué no sucedió?

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Con mucho gusto le informaré en persona, Senador Menchaca Medrano.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena.

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Para muchas personas dejar sus países es una cuestión de vida o muerte.

Actualmente, en el mundo hay una crisis de protección de los derechos humanos, derivada de los conflictos armados y políticos y producto del crecimiento desmedido de la pobreza en muchas regiones.

La migración crece de manera paralela ante la incapacidad de los países o regiones de generar bienestar para sus habitantes, o también se da por motivos de violencia, las personas tienden, entonces, a buscar refugio o asilo en otro país para poder subsistir.

Para darnos una idea, en el mundo hay más de 65 millones de desplazados.

Los países con mayores desplazados son: Siria, Somalia, Colombia y países centroamericanos como Honduras, El Salvador y Guatemala.

Nuestro país registra la crisis de refugiados más grande en los últimos 15 años, al incrementarse las solicitudes en 164 por ciento de 2013 a 2014.

Sólo en 2015, más de 3 mil centroamericanos solicitaron refugio en México y sólo 875 lograron su residencia.

La muerte de miles de personas que intentan llegar a otros países en busca de mejores condiciones de vida, desplazamientos por guerra o violencia y pobreza, ha hecho que algunos países humanicen y deseen abrir sus fronteras ante la crudeza y la vulnerabilidad de estas personas.

En América, la migración se ha incrementado considerablemente, en particular de sur a norte.

El asilo es una institución mediante la cual una persona natural, perseguida por motivos ideológicos o políticos dentro de un Estado, es sustraída del mismo por un acto unilateral de otro Estado, a fin de evitar la acción coercitiva legal de los órganos represivos del Estado original o la materialización de actos de violencia.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos señala: "Que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo".

Desde 2011, en México, el paquete de reformas de diferentes artículos de nuestra Carta Magna, han implicado un cambio conceptual sobre la protección de los derechos de las personas, revalorizando así la dignidad de la persona, traer la piedra angular, que la coloque en el centro del sistema jurídico, por lo menos en la teoría, y le brinde el reconocimiento de los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución.

Diferentes medios nacionales e internacionales han manifestado que los migrantes de diferentes países del mundo han huido de sus países por conflictos armados y persecuciones; han solicitado asilo político en diferentes estados de la República Mexicana a fin de establecer legalmente su residencia.

Bajo ese mismo contexto, un informe reciente del Comisionado de la ONU, señala que en México han solicitado, ante el Instituto Nacional de Migración, asilo 3 mil 423 personas, lo que está convirtiendo a México no sólo en un país de tránsito, sino también en un país destino de refugiados y asilados políticos.

Así lo señala Mariana Echandi, responsable de comunicación e información pública de la ACNUR, que es la oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Por ello, el grupo parlamentario de Morena en esta Comisión Permanente, destaca el valor humanitario de la reforma al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo por su congruencia con el reconocimiento de los derechos humanos de las personas en calidad de refugiados y/o asilados políticos, resaltando que la portabilidad de los derechos de estas personas es, sobre todo, un asunto de justicia social.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Caballero Pedraza.

Tiene el uso de la palabra la Diputada Angélica Reyes Ávila, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

La Diputada Angélica Reyes Ávila: Gracias, señor Presidente.

A lo largo de su historia, nuestro país ha gozado de reconocimiento mundial por su permanente compromiso y solidaridad con las personas que por algún motivo se ven en la necesidad de salir de su lugar de origen.

Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, les saludo con afecto y respeto.

En distintos momentos decisivos de la historia universal, la política exterior de México ha sabido dar cobijo a las mejores causas humanas, a través de las cuales ha tejido lazos de hermandad.

Así, México en diversas épocas se ha convertido en la casa de miles de extranjeros que se han visto obligados a huir de sus países, víctimas de la persecución política, la violencia de pandillas, el crimen organizado o alguna otra causa que ponga en peligro sus vidas.

De manera interna, los desastres naturales, la violencia y los conflictos religiosos también han dado lugar al desplazamiento de miles de mexicanos.

Para Nueva Alianza, el derecho a la protección de todo individuo, sin importar su nacionalidad, es un compromiso permanente.

No obstante nuestra tradición, entendemos la responsabilidad del Estado mexicano de velar por la seguridad ambiental, social y territorial de donde se pretenda situar a las personas en condición de refugiados o asilados.

En ese sentido, aplaudimos la aprobación por parte de 22 congresos estatales a la reforma del párrafo segundo, del artículo 11 de nuestra Constitución, en materia de asilo y condición de refugiados.

Con ello se brinda certeza jurídica a los destinatarios de la protección que les confieren las figuras de asilo y la condición de refugiado, tomando en consideración las capacidades y necesidades internas de los territorios impactados, a fin de brindar las mejores condiciones de desarrollo.

Con estas modificaciones asumimos el compromiso de proteger a quienes solicitan nuestra ayuda, pero también a los habitantes de las zonas donde los desplazados, asilados o refugiados llegan a instalarse, pues si bien las personas que solicitan asilo político o refugio se encuentran en grave peligro de ser víctimas de tortura u otros tratos o penas que son crueles, inhumanos, degradantes o, incluso, corren el riesgo de perder la vida, es menester brindarles la mayor protección y propiciar sus mejores condiciones de vida sin menoscabo de quienes verán impactado su entorno.

Garantizar que tanto los locales como quienes se integren a la comunidad gocen de los bienes y servicios para desarrollar plenamente su vida, sin deterioro de la propia comunidad y su entorno, es una prioridad que debe tomarse en cuenta al momento de definir el lugar donde se asentarán las personas que reciban esta protección del Estado mexicano.

Compañeras y compañeros legisladores: México, nuestro país, es un referente a nivel mundial en cuanto a su solidaridad, mantengamos esa tradición y respeto por los derechos humanos de todos los individuos.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputada Reyes Ávila.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario de Encuentro Social.

El Diputado Alejandro González Murillo: Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Con su permiso, señor Presidente. Honorable Comisión Permanente.

En Encuentro Social honramos la sólida y justamente bien afamada tradición diplomática del Estado mexicano y su apertura al asilo y refugio como vehículos para el enriquecimiento y la cultura nacional a través de la diversidad y el verdadero respeto por la dignidad de la persona humana.

Aquí y ahora, quienes presenciamos y protagonizamos la declaratoria de reforma constitucional por la que se reforma el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo y condición de refugiados, podemos sentirnos satisfechos por abonar al fortalecimiento de nuestro Carta Magna en su vocación de promoción y defensa de los derechos humanos. Veintidós legislaturas han abrazado el mayor y mejor de los compromisos posibles, el abrir la puerta y los brazos de México a quienes, de acuerdo con la legislación secundaria disponga, sean aptos para ser recibidos en razón de crisis humanitarias generalizadas o persecución política.

Después de la reforma constitucional de gran calado en materia de derechos humanos de 2011, que marcó un antes y un después en el Constituyente mexicano y que replanteó el garantismo moderno, la labor legislativa ha enfrentado con responsabilidad y esmero la misión de armar, mejorar y armonizar el entramado jurídico e institucional mexicano para la efectiva protección de los derechos humanos.

En Encuentro Social nos solidarizamos con las personas que han sido perseguidas por los gobiernos de sus naciones de origen o huyen de estados graves de crisis a sus derechos humanos para encontrar con las formalidades legales del caso las oportunidades de construir su camino de vida en nuestro país.

Reconocemos, asimismo, que México no sería lo que hoy es en materia de la evolución del pensamiento humano sin las aportaciones de "Los Niños de Morelia" de los 30's o de los perseguidos por las feroces dictaduras de Sudamérica.

La diversidad nos enriquece y la interculturalidad nos hace mejores para servir a los demás, la opción preferencial por quienes sufren es un compromiso que hacemos nuestro para saludar tan noble reforma constitucional en materia de asilo y condición de refugiados.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Muchas gracias, Diputado González Murillo.

Sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Si me permite hacer uso de la palabra para dar el informe de la reunión que sostuvimos, por sus instrucciones, con la representación de los maestros.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se le concede el uso de la palabra, Senador Encinas Rodríguez.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Como es del conocimiento de ustedes, hace unos minutos concluimos una reunión en la que participaron representantes, dirigentes de 32 secciones del magisterio, aquí en el Senado de la República, una comisión de integrantes de la Comisión Permanente con el conocimiento del señor Presidente, en la que estuvo el Diputado Clemente Castañeda, el Senador Fidel Demédicis y un servidor, los hemos recibido y nos han hecho un planteamiento puntual y concreto.

El hecho que se dé respuesta a la solicitud de atención por parte de una comisión formal de este órgano legislativo para escuchar sus planteamientos, simple y sencillamente hay que decirlo, están tocando puertas, quieren hacer un planteamiento puntual al Congreso de la Unión, evidentemente tratándose de un tema legislativo, no hay otro poder al cual le corresponda atender esa situación.

Y toda vez que la solicitud de esta audiencia ya fue presentada formalmente a la Comisión Permanente y se turnó para conocimiento y dictamen de la Segunda Comisión, yo creo que sería muy oportuno que este órgano ya adoptara una resolución al respecto, ya que han transcurrido varias semanas desde la presentación de esta misma solicitud.

Yo le pediría al señor Presidente que se le diera curso para que de inmediato se convocara a esta reunión y se estableciera una interlocución formal entre la Comisión Permanente y los representantes de la Comisión Política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Esta Presidencia, en consulta con la Mesa Directiva y los grupos parlamentarios, solicita a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, para que atienda en los próximos días la solicitud que ha formulado la representación del magisterio para celebrar una reunión en la que podamos escuchar sus puntos de vista.

Así lo han acordado los grupos parlamentarios y estableceremos el contacto pertinente a efecto, insisto, que la Segunda Comisión de la Comisión Permanente los reciba en el formato que la propia comisión acuerde.

El siguiente punto de nuestra agenda es la presentación de iniciativas.





 

Informo a la Asamblea que debido a que durante dos sesiones anteriores que analizamos de manera particularmente breve para permitir la realización de las sesiones extraordinarias de ambas Cámaras del Congreso, se acordó evitar la presentación de iniciativas y proposiciones, por lo que en esta ocasión la Mesa Directiva acordó reponer ese derecho a todos los grupos parlamentarios para el uso de la tribuna en ambos turnos.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra al Diputado Adolfo Mota Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de Planeación y la Ley General de Desarrollo Social.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE PLANEACIÓN; Y SE REFORMAN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 11 Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por el Diputado Adolfo Mota Hernández, del grupo parlamentario del PRI)

El Diputado Adolfo Mota Hernández: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Resulta lógico y pertinente que en la Ley de Planeación y desde luego en la Ley General de Desarrollo Social se incluya a las entidades federativas y a los municipios, su opinión para desarrollar un carácter regional en el mismo.

La Ley General de Planeación, desde su publicación el 5 de enero de 1983, ha tenido sólo 7 reformas, de las cuales la más trascendente pudiera ser la realizada el año pasado para adicionar un párrafo al artículo 21 Bis, para que el Plan Nacional de Desarrollo considere como una visión de largo plazo de la política nacional de fomento económico, a fin de impulsar como elementos permanentes del desarrollo nacional y el crecimiento económico elevado, sostenido y sustentable, la promoción permanente del incremento continuo de la productividad, la competitividad y la implementación de la política nacional de fomento económico que incluya vertientes sectoriales y regionales.

Lo que yo propongo es el complemento a este artículo, que aunque pareciera evidente contemplar a los municipios y a las entidades federativas, a mi juicio debe quedar incluido en una reforma al artículo 21 de la Ley de Planeación.

Por ello resulta pertinente asegurar la participación de los estados y municipios en el diseño, seguimiento y evaluación de una planeación regional de desarrollo nacional.

Y de igual forma, propongo las modificaciones a los artículos 11 y 13 de la Ley General de Desarrollo Social para fortalecer la participación de estados y municipios en el diseño de la política de desarrollo social con una visión regional.

México es un país con condiciones y características como lo establece, o como lo escribió Octavio Paz, con un mosaico multicultural, pluriétnico, que desde luego sugiere en la reforma a este artículo, la posibilidad de incluir la opinión con una visión regional de los municipios y las entidades federativas.

Soy de los que cree que el Pacto Federal, el federalismo, se fortalece en la medida en que las regiones con la dispersión poblacional de la que goza nuestro país, pero que al mismo tiempo le propone grandes retos, pueda fortalecerse con la visión y la opinión de los presidentes municipales, de los ediles, de quienes integran los gobiernos de los estados y, desde luego, establecer opiniones regionales que en mucho aceleran y fortalecen a la planeación que necesariamente sugiere este país.

Esa es mi propuesta y le ruego que le dé el turno correspondiente, señor Presidente.

Es cuanto.

Iniciativa

El que suscribe ADOLFO MOTA HERNÁNDEZ, diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido  Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II; 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE PLANEACIÓN; Y SE REFORMAN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 11; Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, en materia de desarrollo regional, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El desarrollo nacional debe estar basado en un equilibrado desarrollo regional cooperativo de largo plazo con un alto impacto social.

Las ciudades o municipios no pueden tratar de solucionar distintos problemas o fenómenos socioeconómicos en lo individual, aislados de las decisiones y del desarrollo nacional. La visión del desarrollo en nuestra Nación, necesariamente deben tener un alto componente regional.

El desarrollo regional permite tratar problemas como la pobreza, la creciente desigualdad, o el desempleo con acciones cercanas a la población que pueden ofrecer soluciones en el corto plazo a las diversas carencias sociales que enfrentan. El diseño de políticas públicas que descansan en programas nacionales, son lentas y alejadas de las cotidianas exigencias de la población.

En un país con las condiciones y características que tiene México, se requieren inversiones bien planeadas y correctamente ejecutadas para lograr detonar un crecimiento sostenido con visión de futuro.

La infraestructura que necesita un país para poder atraer inversión se dividirá en dos categorías: la infraestructura energética y la infraestructura logística. La primera corresponde a infraestructura que facilita ciertos insumos como el gas natural o la electricidad, mientras que la segunda es la que permite el comercio como son las carreteras, vías férreas o aeropuertos.

La inversión en infraestructura productiva y de calidad es un factor fundamental para impulsar el desarrollo y el crecimiento económico en cualquier país. Es un tema estratégico y prioritario para que México logre un desarrollo y crecimiento económico de largo plazo.

Para lograr llevar a nuestro país a un crecimiento sostenido y sustentable, son necesarias inversiones conjuntas entre el sector público y privado en sectores estratégicos como: la construcción de caminos, puertos y aeropuertos; el sector energético y el sector turístico.

Actualmente México cuenta con 76 aeropuertos (12 nacionales y 64 internacionales); 117 puertos marítimos (49 de cabotaje y 68 de altura y cabotaje); 27 mil kilómetros de vías férreas; 133 mil kilómetros de carreteras pavimentadas (120 mil kilómetros de carreteras de dos carriles y 13 mil kilómetros de autopistas de cuatro carriles o más).

Sin embargo, esta infraestructura ha sido insuficiente para lograr detonar un desarrollo con avances tangibles en la economía nacional y en las economías regionales.

De acuerdo con el Banco Mundial, México ocupa la posición número 47 de 155 en el Índice de desempeño logístico 2015, el cual mide las percepciones de la logística de un país basadas en la “calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, la facilidad de acordar embarques a precios competitivos y la capacidad de seguir y rastrear los envíos”, entre otros indicadores.

Por su parte, el Foro Económico Mundial llega a conclusiones similares al establecer que México se ubica en el lugar 68 de 144 en el Índice de competitividad e infraestructura.

De manera similar, nuestro país ocupa el lugar 50 en infraestructura carretera, el 60 en infraestructura ferroviaria y el 64 en lo que se refiere a su capacidad portuaria y aeroportuaria.

En el Programa Nacional de Infraestructura (2014-2018) que guía las acciones de la administración pública federal, se presenta un diagnóstico certero de la situación que vive el país en materia de infraestructura y se fijan los objetivos y políticas que buscan solucionar los problemas de infraestructura. En particular, la Estrategia Sur-Sureste contempla realizar una inversión por más de 1,225.6 millones de pesos en 181 proyectos entre 2014 y 2018.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, contempló una inversión de 23.6 mil millones de pesos para la construcción y modernización de infraestructura carretera en más de 130 proyectos de inversión a nivel nacional.

De la misma manera se contemplaron 7.1 mil millones de pesos para desarrollar obras para incrementar la oferta de agua potable, la capacidad de drenaje y saneamiento y 9.4 mil millones de pesos para incrementar la infraestructura en Salud.

Como vemos, el tema de la infraestructura es fundamental para delinear el futuro que queremos para nuestro país. No es posible seguir con las grandes brechas de desigualdad a las que nos enfrentamos cotidianamente.

Debemos asegurar que la inversión en infraestructura tenga un componente de igualdad entre los distintos integrantes del pacto federal.

Si uno revisa las grandes inversiones nacionales, podrá darse cuenta de una estrategia que beneficia a pocos estados y regiones, en detrimento de otros que también son parte integrante de la Federación.

El norte del país ha desarrollado amplias obras en el sector comunicaciones que han permitido ampliar los mercados de exportación y la inversión extranjera directa en esas zonas, mientras que en gran parte del sur del país no se han realizado grandes obras desde hace más de 20 años.

Las cifras son representativas. Estados como Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato y Querétaro han presentado incrementos en su actividad económica estatal por arriba del 4% en el tercer trimestre del año, muy por encima del promedio de crecimiento nacional.

Los Estados de Campeche, Veracruz, Oaxaca y Chiapas y las regiones que los integran, no cuentan con infraestructura eficiente generadora de comercio entre la propia región y menos aún que concretar la exportación de productos de una manera competitiva.

Si bien las reformas estructurales promulgadas durante este sexenio buscan atraer mayores beneficios para estas regiones en infraestructura energética e inversiones productivas, el avance será visto a mediano y largo plazos.

Es tiempo de asegurar la participación igualitaria en el diseño de la infraestructura nacional. Es tiempo de impulsar acciones para que las regiones más productivas del país puedan tener acceso a infraestructura productiva y poder competir de forma regional, nacional e internacional.

Una de las facultades del Congreso de la Unión, establecidas en el artículo 73, fracción XXIX-D, es expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional, por lo que las propuestas de reforma a la Ley de Planeación y a la Ley General de Desarrollo que a continuación se detallan, se encuentran fundadas y motivadas.

Desde su publicación el 5 de enero de 1983, la Ley de Planeación ha tenido 7 reformas de las cuales la más trascendente podría ser la realizada el año pasado para adicionar un artículo 21 bis para que El Plan Nacional de Desarrollo considere una visión de largo plazo de la política nacional de fomento económico, a fin de impulsar como elementos permanentes del desarrollo nacional y el crecimiento económico elevado, sostenido y sustentable, la promoción permanente del incremento continuo de la productividad y la competitividad, y la implementación de una política nacional de fomento económico, que incluya vertientes sectoriales y regionales.

Si bien se establece en las fracciones III, VI y VII del artículo 14; y fracción IV del artículo 16; de la Ley de Planeación, estas fracciones aluden sólo a las atribuciones de las Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las demás dependencias del Gobierno Federal, de tener una perspectiva regional en la elaboración de los distintos programas sectoriales. Sin embargo, esto resulta a todas luces insuficiente. 

Es por ello que resulta pertinente proponer una reforma al artículo 21 de la Ley de Planeación para asegurar la participación de los Estados y municipios en el diseño, seguimiento y evaluación de una planeación regional del desarrollo nacional.

LEY DE PLANEACIÓN VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 21.-…

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social y cultural, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen a éstas y regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.

Artículo 21.-…

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social y cultural, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen a éstas y regirá el contenido de los programas que se generen, con las aportaciones de los gobiernos estatales y municipales en el desarrollo regional.

El desarrollo nacional debe acompañarse por sólidas bases para el desarrollo social. La desigualdad que impera en nuestro país no podrá ser abatida si no se impulsa un verdadero desarrollo social incluyente que tenga como punto de partida solucionar las carencias sociales que ancestralmente imperan en las regiones más apartadas de nuestro país.

Aquí es en donde cobra su verdadera dimensión la planeación regional del desarrollo. Impulsar y asegurar programas diseñados desde las regiones para asegurar un verdadero impacto en la calidad de vida y la disminución de carencias sociales es de la mayor importancia.

No se podrá avanzar realmente en un desarrollo nacional equitativo e incluyente si sólo se contempla la dimensión económica. El desarrollo social debe acompañar el esfuerzo nacional para lograr inversiones productivas que permitan romper círculos ancestrales de pobreza y marginación que se presentan día con día en gran parte de nuestras comunidades y regiones.

Es aquí en donde cobra relevancia y pertinencia incluir en nuestro marco jurídico nacional la visión regional del desarrollo. Si bien el artículo 43 de la Ley General de Desarrollo Social, vigente desde el  20 de enero de 2004, establece que corresponde al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría proyectar y coordinar la planeación nacional y regional del desarrollo social con la participación que, de acuerdo con la Constitución y demás leyes aplicables, corresponda a los gobiernos de las entidades federativas y los municipales, en la realidad este precepto legal es difuso, por lo que es necesario su fortalecimiento en la propia Ley.

De esta manera se proponen las modificaciones a los artículos 11 y 13 de la Ley General de Desarrollo social, para fortalecer la participación de estados y municipios en el diseño de la política de desarrollo social, con una visión regional. De tal manera se proponen las siguientes reformas:

 LEY GENRAL DE DESARROLLO SOCIAL VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 11.

I. a III. …

III. Fortalecer el desarrollo regional equilibrado, y

IV. …

Artículo 11.

I. a II. …

III. En coordinación con estados y municipios, fortalecer el desarrollo regional equilibrado, y

IV. …

Artículo 13. La planeación del desarrollo social incluirá los programas   municipales; planes y programas estatales; programas institucionales, regionales y especiales; el Programa Nacional de Desarrollo Social; y el Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 13. La planeación del desarrollo social incluirá los programas     municipales; planes y programas estatales; programas institucionales, regionales y especiales; el Programa Nacional de Desarrollo Social; y el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de estados y municipios.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE PLANEACIÓN; Y SE REFORMAN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 11; Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

ARTÍCULO PRIMERO. Se REFORMA el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:

Artículo 21.-…

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y  prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y   responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter  global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social y cultural, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen a éstas y regirá el contenido de los programas que se generen, con las aportaciones de los gobiernos estatales y municipales en el desarrollo regional.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se REFORMAN la fracción III, del artículo 11; y el primer  párrafo del artículo 13 de la Ley General de Desarrollo Social., para quedar como     sigue:

Artículo 11.

I. a II. …

III. En coordinación con estados y municipios, fortalecer el desarrollo regional equilibrado, y

IV. …

Artículo 13. La planeación del desarrollo social incluirá los programas municipales; planes y programas estatales; programas institucionales, regionales y especiales; el Programa Nacional de Desarrollo Social; y el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de estados y municipios.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Mota Hernández. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.





 

Tiene la palabra la Diputada Patricia Sánchez Carrillo, a nombre del Diputado César Augusto Rendón García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

(Presentada por la Diputada Patricia Sánchez Carrillo, a nombre del Diputado César Augusto Rendón García, del grupo parlamentario del PAN)

La Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Buenas tardes, señoras y señores legisladores:

La reforma energética de 2013 transformó a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas del Estado, con plena autonomía técnica, operativa y de gestión, para generar valor económico y rentabilidad al Estado mexicano.

El nuevo régimen jurídico que hoy regula su funcionamiento, permite mayor eficiencia en su operación porque las decisiones que se adoptan en estas empresas, se toman bajo criterios de estricta racionalidad económica y empresarial, y no a partir de las necesidades del gobierno en turno.

Para ello Pemex y la Comisión Federal de Electricidad están dotadas de una estructura auténticamente empresarial como si fuesen empresas privadas, y cada empresa está gobernada por un Consejo de Administración integrado por diez miembros, de los cuales cinco son independientes

Estos órganos de gobierno tienen la responsabilidad de ejecutar las funciones estratégicas de las empresas productivas del Estado, como la elaboración de las políticas comerciales, operativas, de organización y reglamentación, así como del cumplimiento de metas y objetivos planteados por su propietario que es el Estado mexicano.

Sin embargo estas funciones estratégicas, las actividades y resultados de los consejeros independientes, no están siendo evaluadas ni están sujetas al escrutinio público porque no tienen el carácter de servidores públicos y porque las propias leyes de las empresas los excluyen de las responsabilidades establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Es por esta razón que los Diputados de Acción Nacional consideramos de la más alta prioridad reformar la Ley de Pemex y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, para anotar lo siguiente:

Primero, establecer el carácter de servidores públicos para los consejos independientes de las empresas productivas del Estado.

Y segundo, instaurar la obligación de los consejeros independientes de comparecer anualmente ante las comisiones ordinarias y empresariales del Congreso de la Unión, relacionadas con las actividades de Pemex y de la CFE, a más tardar los días 31 de marzo de cada año.

En cuanto al carácter de servidores públicos, se busca retomar la figura de los consejeros profesionales de 1998, cuando se decretó su carácter de servidores públicos, conservando su autonomía frente al Consejo de Administración, pero sujetos a la transparencia y rendición de cuentas.

Por lo que respecta a la obligación de comparecer ante las Cámaras del Congreso de la Unión, esta responsabilidad está sustentada en las facultades de control y evaluación que tiene el Congreso, entre las que se describen las comparecencias de los servidores públicos del gobierno federal para rendir informes sobre sus atribuciones y el desempeño de sus funciones.

Con estas reformas se establecerá un mecanismo permanente de transparencia y rendición de cuentas de los consejeros independientes de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, y se fortalecerán las facultades de supervisión y de control del Congreso con un adecuado contrapeso entre el Ejecutivo y el Legislativo en las empresas más importantes del Estado mexicano, que son estratégicas para el desarrollo económico y social del país.

Finalmente, en el régimen transitorio se propone la comparecencia de los consejeros independientes y, en su caso, los consejeros del gobierno federal que no sean servidores públicos de Pemex o de la CFE, ante la Comisión Especial para el Seguimiento de los Órganos Reguladores del Sector Energético, en un plazo no mayor de 30 días contados a partir de la entrada en vigor del Decreto creado por el Pleno de la Cámara de Diputados el pasado 29 de abril de 2016.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

El suscrito Diputado Federal CÉSAR AUGUSTO RENDÓN GARCÍA del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional correspondiente a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, para establecer la comparecencia anual de los Consejeros Independientes de las Empresas Productivas del Estado, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Reforma Constitucional en materia de Energía de 2013 impulsó la transformación de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Empresas Productivas del Estado, con el mandato de generar valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano en su carácter de propietario, a través de un nuevo régimen jurídico que les otorgó plena autonomía técnica, operativa, y de gestión.

Así, las Empresas gozande una mayor flexibilidad y eficiencia en su operación ycuentan con mecanismos de administración con las mejores prácticas de gobierno corporativo, pero siguen siendo 100% propiedad del Estado mexicano, esto permite que las decisiones se adopten bajo criterios de estricta racionalidad económica y empresarial, y no a partir de las necesidades del Gobierno en turno.

A través de sus Leyes especiales, PEMEX y la CFEestán dotadas de una estructura auténticamente empresarial, como si fuesen verdaderas empresas privadas, y cada Empresa es gobernada por un Consejo de Administración, que es el órgano supremo de administración, responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de la Empresa, sus empresas productivas subsidiarias y sus empresas filiales.

Los Consejos de Administración de PEMEX y de la CFE están integrados por 10 miembroscomo sigue:

Consejo de Administración de PEMEX

Consejo de Administración de la CFE

● El titular de la Secretaría de Energía, quien lo presidirá y tendrá voto de calidad;

● El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

● 3 consejeros del Gobierno Federal designados por el Ejecutivo Federal, y

● 5 consejeros independientes, designados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, quienes ejercerán sus funciones de tiempo parcial y no tendrán el carácter de servidores públicos.

● El titular de la Secretaría de Energía, quien lo presidirá y tendrá voto de calidad;

● El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

● 3 consejeros del Gobierno Federal designados por el Ejecutivo Federal;

● 4 Consejeros Independientes designados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, quienes ejercerán sus funciones de tiempo parcial y no tendrán el carácter de servidores públicos, y

● Un consejero designado por los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias.

En ambos casos, los Consejeros del Gobierno Federal son nombrados y removidos por el Ejecutivo Federal, y los Consejeros Independientes son propuestos por el Ejecutivo con la ratificación del Senado de la República, a fin de garantizar su autonomía durante su encargo. Así, hay una intervención equilibrada del Ejecutivo en las Empresas.Esta conformación de los Consejos permite al Gobierno Federal mantener la propiedad y el control sobre las Empresas y, al mismo tiempo, consolidarlos como órganos autónomos y eminentemente técnicos.

De esta manera, cada Empresa cuentacon un sólido gobierno corporativo mediante un Consejo de Administración, como un órgano decisorio para la determinación de las políticas comerciales y operativas, así como de la organización y reglamentación de su estructura órganica y corporativa. En suma, las funciones estrátegicas de los Consejos son las siguientes, entre otras:

a) La conducción central y la dirección estratégica de las actividades empresariales, económicas e industriales.

b) Establecer las directrices, prioridades y políticas generales relativas a la producción, productividad, comercialización, desarrollo tecnológico, investigación, administración general, seguridad, salud y protección ambiental, finanzas, presupuesto y otras que se relacionen con la Empresa.

c) Aprobar, revisar y, en su caso, actualizar anualmente el Plan de Negocios con base en una proyección a cinco años, y, conforme a éste, el programa operativo y financiero anual.

d) Aprobar las directrices, prioridades y políticas generales relacionadas con las inversiones, y con la celebración de alianzas estratégicas y asociaciones con personas físicas o morales.

e) Vigilar y evaluar el desempeño de la Empresa, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales y sus directivos.
f) Evaluar y dar seguimiento a los sistemas de contabilidad, control, seguridad y auditoría, registro, archivo e información y su divulgación al público.

g) Aprobar los proyectos y decisiones cuyas características revistan una importancia estratégica para el desarrollo del objeto de la Empresa, conforme a las políticas y lineamientos que al efecto emita el propio Consejo.

Por consiguiente, el Consejo de Administraciónde PEMEX y de la CFE es el órgano responsable del cumplimiento de las metas y objetivos encomendados por su propietario; el Estado mexicano, y todos sus miembrosson los encargados de tomar las decisiones fundamentales de las Empresas, y están sujetos a una serie de obligaciones y responsabilidades que devienen del ejercicio de su cargo, sin embargo, en el caso de los Consejeros Independientes sus actividades y resultados no están siendo evaluados, ni están sujetos al escrutinio público, al carecer del carácter de servidores públicos, y las Leyes de las Empresas excluyen expresamente a los Consejeros del régimen de responsabilidades establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Por lo anterior, los diputados de Acción Nacional consideramos de la más alta prioridad reformar la Ley de PEMEX y la Ley de la CFEpara lo siguiente:

Primero, para restablecer el carácter de servidores públicos a los Consejeros Independientes de las Empresas Productivas del Estado; y

Segundo, para establecer la obligación a los Consejeros Independientesde comparecer anualmente ante las Comisiones Ordinarias y Especiales del Congreso de la Unión relacionadas con las actividades de las Empresas, a más tardar el 31 de marzo de cada año.

Respecto a la primera propuesta, se pretende retomar la figura de los Consejeros Profesionales de la Ley de PEMEX de 1998 donde se decretó su carácter de servidores públicos, y que siempre mantuvieron su autonomía frente al Consejo de Administración, pero que se encontraban sujetos a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

En cuanto a la segunda, ésta se sustenta en las facultades de control y evaluación que detenta el Congreso mexicano, entre las que destaca por excelencia la comparecencia de los servidores públicos del Gobierno Federal, actopara rendir informes y detalles sobre un rubro general o específico de manera presencial, a fin de que los legisladores cuenten con los elementos suficientes para analizar las acciones y el desempeño de lasfunciones del Ejecutivo y, en su caso, puedan emprender las acciones legislativas que sean necesarias o que correspondan.

Asimismo, es una práctica de los gobiernos corporativos que los miembros del Consejo de Administración rindan un informe anual a sus accionistas sobre las actividades y los resultados de la empresa. En el caso de PEMEX y de la CFE sus accionistas son los ciudadanos mexicanos y los legisladores son sus representantes en el Congreso, en tal virtud, es procedente ordenar la comparecencia anual de los Consejeros ante los legisladores del Congreso, como un proceso sistemáticopara evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos de las Empresas, así como la efectividad ycontribución individual de cada uno de los miembros del Consejo de Administración.

Con estas reformasse establece un mecanismo permanente de transparencia y rendición de cuentas de los Consejeros Independientes de PEMEX y de la CFE, yse fortalecen las facultades de supervisión y de control político del Congreso, a través de sus Comisiones Ordinarias y Especiales, como un adecuado contrapeso entre el Ejecutivo y el Legislativo en las Empresas más importantes del Estado mexicano, que son estratégicas para el desarrollo económico y social del país.

Finalmente, en el régimen transitorio se propone la comparecencia de los Consejeros Independientes y, en su caso,de los consejeros del Gobierno Federal que no sean servidores públicosde Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad ante la Comisión Especial para el Seguimiento a los Órganos Reguladores del Sector Energético, en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la entrada en vigor del Decreto, órgano parlamentario que fue creado por el pleno de la Cámara de Diputados el pasado 29 de abril de 2016, y que tiene precisamente las atribuciones de conocer y evaluar la regulación que está siendo aplicada a las Empresas Productivas del Estado y las empresas privadas del sector.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la siguiente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, para establecer la comparecencia anual de los Consejeros Independientes de las Empresas Productivas del Estado.

Artículo Primero. Se Reforma la fracción III del artículo 15, y el primer párrafo del artículo 24; y se Adicionandos últimos párrafos al artículo 32 de la Ley de Petróleos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 15. El Consejo de Administraciónestará integrado por diez consejeros, conforme a lo siguiente:

I. a la II. …

III. Cinco consejeros independientes, designados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, quienes ejercerán sus funciones de tiempo parcial y tendrán el carácter de servidores públicos.

Artículo 24. Los consejeros no tendrán relación laboral alguna por virtud de su cargo con Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales, o con el Gobierno Federal, salvo los Consejeros Independientes.

….

Artículo 32. Los consejeros deberán cumplir en el desempeño de sus cargos con las siguientes obligaciones:

I. a la IV. …

Los consejeros independientes tendrán la obligación de comparecer anualmente ante las Comisiones Ordinarias y, en su caso, Especiales del Congreso de la Unión relacionadas con las actividades de la Empresa, a más tardar el 31 de marzo de cada año, a fin de rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones conferidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En caso de considerarlo necesario, las Comisiones del Congreso de la Unión referidas en el párrafo anterior, adicionalmente a la comparecencia anual, podrán citar a comparecer a los consejeros independientes de manera individual o conjunta.

Artículo Segundo. Se Reforma la fracción III del artículo 14, y el primer párrafo del artículo 23; y se Adicionandos últimos párrafos al artículo 31 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, para quedar como sigue:

Artículo 14. El Consejo de Administración estará integrado por diez consejeros, conforme a lo siguiente:

I. a la II. …

III. Cuatro Consejeros Independientes designados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, quienes ejercerán sus funciones de tiempo parcial y tendrán el carácter de servidores públicos, y

IV. …

Artículo 23. Los consejeros no tendrán relación laboral alguna por virtud de su cargo con la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales, o con el Gobierno Federal, salvo los Consejeros Independientes.

Artículo 31. Los consejeros deberán cumplir en el desempeño de sus cargos con las siguientes obligaciones:

I. a la IV. …

Los consejeros independientes tendrán la obligación de comparecer anualmente de ante las Comisiones Ordinarias y, en su caso, Especiales del Congreso de la Unión relacionadas con las actividades de la Empresa, a más tardar el 31 de marzo de cada año, a fin de rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones conferidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En caso de considerarlo necesario, las Comisiones del Congreso de la Unión referidas en el párrafo anterior, adicionalmente a la comparecencia anual, podrán citar a comparecer a los consejeros independientes de manera individual o conjunta.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Los Consejeros Independientes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad deberán comparecer, en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, ante la Comisión Especial para el Seguimiento a los Órganos Reguladores del Sector Energético de la Cámara de Diputados.

Atentamente.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
CÉSAR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Diputada Sánchez Carrillo. Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.





 

Se concede el uso de la palabra al Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para el Diálogo y la Construcción de Acuerdos para la Educación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL DIÁLOGO Y LA CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS PARA LA EDUCACIÓN

(Presentada por el Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD)

El Diputado Omar Ortega Álvarez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

Es indudable que el desarrollo y el destino de un país están estrechamente ligados con la educación de su pueblo.

Hoy presento ante ustedes una propuesta de iniciativa para crear una Ley para el Diálogo y la Constitución de Acuerdos para la Educación.

Hoy vemos con tristeza que ya se aprobó una ley, un marco constitucional, el que fue aprobado ya por las Cámaras, y que siguió la suerte del Constituyente en los estados. Y hoy ya es una ley aprobada por la Constitución y es una Ley General de Educación y todas sus leyes secundarias.

Es innegable que es legítima la ley que existe en este momento, pero que es legal esta ley, pero que no se legítima con el quehacer político en este momento.

Hoy vemos dos polos muy encontrados: Uno, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que piden la abrogación de la Ley General de Educación.

Y otra, el gobierno federal que dice que la ley no se negocia, que no se discute y solamente se acata la misma.

Hoy mismo tenemos una mesa ex profesa que recibieron a la Coordinadora para analizar y darle entrada al diálogo. Creo que es el tema nodal de cualquier sociedad, de cualquier gobierno y cualquier estado de derecho, privilegiar sobre todo el diálogo.

Hoy vemos con lamentable tristeza los hechos acontecidos en Oaxaca, en Nochixtlán, donde hubo ocho muertos, varios lesionados y varios desaparecidos.

No queremos que esto se siga escalando a dimensiones que sea imposible sostener.

Tampoco queremos que el Estado mexicano siga en esa cerrazón, y no le dé entrada al diálogo.

Hoy vemos también con satisfacción que ya la Secretaría de Gobernación está viendo mesas para el diálogo.

Tiene una mesa para una mesa política que se instala el día de hoy en Gobernación, va a tener una mesa educativa para analizar la pertinencia o no de las disposiciones legales.

Tiene una mesa de carácter social que se instala también en estos días.

Y también en esa misma misiva dirigida a la Coordinadora, dice: que hablará con el Congreso de la Unión para que fuera de sus facultades solicite que puedan atender el diálogo y la construcción de acuerdos con el magisterio.

Por ello creo que hoy y más que nunca, es necesario que esta sea con carácter legal. Y se crea esta propuesta de Ley para el Diálogo y la Construcción de Acuerdos para la Educación. Que estará conformada de manera clara, por cinco integrantes de la Cámara de Senadores; cinco integrantes de la Cámara de Diputados, cinco integrantes del Poder Ejecutivo; cinco del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; cinco de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para que esta comisión se encargue de buscar dentro del marco legal, si es necesario, abrogar, derogar, modificar, o hacer las modificaciones que haya que hacer a la Ley General de Educación, para que esté a tono con las necesidades del país.

Y no dejemos a los jóvenes o a los niños sin una calidad de educación digna de cualquier pueblo, como es el pueblo mexicano.

Por ello, hoy invito a Comisión Permanente, que den trámite a esta iniciativa a la brevedad posible, dado que esta tiene como finalidad máxima, lograr un diálogo permanente y constante para que podamos construir un acuerdo en educación que sirva de pilar para terminar de tajo con esta problemática que afecta a todo el pueblo mexicano.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El desarrollo y el destino de cualquier país está intrínsecamente ligado con el nivel de su educación. Lamentablemente, la educación de nuestro país atraviesa por una de sus más profundas crisis y con ello está condenando el presente y el futuro de miles de niños que pese a que tienen el derecho constitucional de recibir educación de calidad, son rehenes de un conflicto nacional del cual son totalmente ajenos.

Sin duda alguna, la educación de nuestro país requiere de un sistema de evaluación que logre profesionalizar y modernizar el sistema educativo nacional, sin embargo dicha evaluación debe hacerse con mucho cuidado, alejada de prácticas autoritarias e impositivas que vulneran los derechos laborales de los maestros.

Nos encontramos en un punto en el que hay una reforma constitucional aprobada por mayoría calificada en el Congreso y por la mayor parte de los congresos locales que integran el  constituyente permanente, así como por tres leyes secundarias cuya implementación está teniendo un impacto inesperado en las vidas de los profesores, de la sociedad en general pero sobre todo, en la vida de los niños que cada día pierden una oportunidad de desarrollarse y de forjarse un presente y un futuro. Ha llegado el momento de abrir una mesa de dialogo entre las partes para comenzar un proceso de construcción de acuerdos hacia una reforma educativa de calidad en un entorno de paz.

ARGUMENTOS

Una de las primeras acciones que llevó a cabo el Ejecutivo Federal al inicio de su sexenio, fue presentar ante el Congreso de la Unión, una iniciativa para reformar los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa.

Dicha propuesta de reforma planteaba establecer lineamientos generales para instituir a nivel nacional un Servicio Profesional Docente con una serie de mecanismos para instrumentar concursos de oposición para el ingreso de los docentes al sistema educativo nacional, así como los criterios para la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior a cargo del Estado.

La propuesta del Ejecutivo también contemplaba la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, diseñado para evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional desde la educación preescolar, hasta la educación media superior, para lo cual se previó que este instituto contara con amplias facultades para emitir lineamientos que debían cumplir las autoridades educativas a nivel federal y local. Adicionalmente, a este instituto se le otorgó el estatus de órgano constitucional autónomo, con una Junta de Gobierno como órgano de dirección, la cual estaría compuesta por cinco integrantes nombrados por el Ejecutivo y ratificados por la Cámara de Senadores para cumplir periodos de siete años con posibilidad de ratificación.

En esa propuesta de reforma constitucional, se incluyó la obligación de expedir una Ley secundaria que fijara los criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional.

También se incorporó la obligación de expedir una Ley que estableciera las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

La iniciativa del Ejecutivo fue aprobada por mayoría calificada en ambas cámaras del congreso y logró obtener el voto aprobatorio de 23 congresos locales del país y finalmente fue promulgada el 23 de febrero de 2013.

Más tarde, en agosto del 2013, el Ejecutivo presentó un paquete de iniciativas en materia de reforma educativa que planteaba expedir la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley del Servicio Profesional Docente, así como diversas reformas a la Ley General de Educación, las iniciativas fueron procesadas por las cámaras del Congreso en un periodo extraordinario que se vivió en un clima inmerso por una gran turbulencia social que incluso obligó al Congreso a sesionar en una sede alterna.

Finalmente, en septiembre de 2013, fueron expedidas las nuevas leyes y se promulgaron  las nuevas reformas a la Ley General de Educación. Sin embargo, el magisterio ha mostrado constantemente su rechazo a la reforma educativa argumentando que con las nuevas disposiciones se conculcan derechos laborales adquiridos desde hace mucho tiempo y han expresado reiteradamente que la reforma vulnera su estabilidad laboral.

La aplicación de las nuevas medidas de evaluación y el rechazo de los maestros a la reforma educativa, han hecho escalar este conflicto a niveles inconmensurables, la situación ha llegado a niveles de violencia extrema que han dejado saldos trágicos como el de Nochixtlán, en donde perdieron la vida ocho personas y otras más quedaron heridas.

Está claro que las leyes que se crearon con motivo de la reforma educativa para elevar el nivel de la educación en el país y para favorecer la profesionalización de los docentes, tiene aspectos que por su rigidez están generando muchos problemas y debido a que realmente nunca hubo un espacio de diálogo con las distintas organizaciones de maestros para discutir seriamente el futuro del modelo educativo, es necesario que seamos sensibles ante la realidad y que tengamos la capacidad de establecer un diálogo que permita no solo escuchar a las partes, sino avanzar en una redacción conjunta para un nuevo Sistema Educativo Nacional de calidad y sin violencia.

La reforma educativa aprobada por el congreso en la legislatura pasada, es legal porque en su momento contó con el respaldo de la mayoría de los legisladores, sin embargo, a la luz del tiempo es claro que esa legalidad no ha sido suficiente porque esta reforma no cuenta con el respaldo social y por lo tanto no tiene la legitimidad que una propuesta de esta envergadura requiere y ello hace necesario abrir un espacio para el diálogo y la construcción de acuerdos que permitan resolver el conflicto en el que nos encontramos.

Mientras más nos tardemos en adoptar un mecanismo como el que se propone, más abonaremos en la tensión social y política, más se profundizarán las diferencias y más se provocarán enfrentamientos estériles que comprometen la seguridad de población civil ajena al conflicto, y lo que es más importante, más se lastima la posibilidad de la formación escolar de nuestros niños y jóvenes, quienes son los más afectados con esta crisis que está instalada en nuestro país.

Por otra parte, no se debe ignorar que en todos los sectores de la sociedad Mexicana se demanda un dialogo productivo que dé solución definitiva a la confrontación existente entre un importante sector de los maestros y el gobierno federal, conflicto que si bien no tiene solo su origen en la actual administración, si corresponde a quienes actualmente ejercemos el poder público su resolución.

Consideramos que el problema de la educación es un tema de vital importancia para la sociedad mexicana, por ello, en esta iniciativa, proponemos crear una comisión que otorga un espacio de discusión legal entre las partes involucradas, y sobre todo, se faculta a esa comisión a generar un debate democrático amplio, capaz de generar un gran acuerdo nacional en materia educativa y establecer las bases del nuevo sistema educativo.

Hago un llamado a todos y todas quienes tenemos la posibilidad y la responsabilidad de ayudar a solucionar este conflicto, a que nos pongamos de acuerdo por el bien del país, de la gente y sobre todo insisto, de las niñas, niños y jóvenes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para el Diálogo y la Construcción de Acuerdos para la Educación.

ÚNICO.- Se expide la Ley para el Diálogo y la Construcción de Acuerdos para la Educación, para quedar como sigue:

LEY PARA EL DIÁLOGO Y CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS PARA LA EDUCACIÓN

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1.- Esta Ley tiene por objeto establecer las bases jurídicas que propicien el diálogo y la construcción de acuerdos para alcanzar, a través de un acuerdo nacional, la reforma del sistema educativo nacional y la solución del conflicto magisterial.

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

Acuerdo: Acuerdo Nacional por la Educación

Comisión: Comisión para la Construcción de Acuerdos por la Educación

CNTE: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

SNTE: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

Capitulo II

Del Acuerdo Nacional por la Educación

Artículo 3.- Será objeto del Acuerdo Nacional por la Educación, el análisis y la construcción de acuerdos entre las partes, en lo relativo al sistema educativo nacional y de forma enunciativa y no limitativa las siguientes Leyes:

I.- Ley General de Educación

II.- Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

III.- Ley General del Servicio Profesional Docente

Artículo 4.- Se crea la Comisión para la Construcción de Acuerdos por la Educación, integrada por cinco representantes de la Cámara de Senadores, cinco de la Cámara de Diputados, cinco del Poder Ejecutivo Federal, cinco del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y cinco representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La Comisión deberá organizar diferentes mecanismos de participación que permitan la reflexión democrática y deliberativa de la sociedad mexicana con el objeto de lograr una propuesta de reforma integral del sistema educativo nacional.

La propuesta de reforma integral del sistema educativo nacional contendrá las conclusiones generales de los trabajos de la Comisión y de los mecanismos de participación que realice, será redactada y presentada por la Comisión ante las cámaras del Congreso en los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la presente ley.

Artículo 5.- En la construcción del Acuerdo Nacional por la Educación, se buscará conciliar las demandas e intereses legítimos del magisterio con la profesionalización y evaluación de los docentes, que garantice la máxima calidad de la educación.

Capitulo III

Disposiciones Finales

Artículo 6.- Con objeto de propiciar condiciones para el diálogo y la conciliación, a partir de la fecha en que entre en vigor el presente decreto, las autoridades judiciales competentes mantendrán suspendidos los procedimientos iniciados en contra de los integrantes de la CNTE que se encuentren sustraídos de la acción de la justicia, y ordenarán que se aplace por dicho término el cumplimiento de las órdenes de aprehensión dictadas dentro de dichos procedimientos.

De igual forma se suspenden los procedimientos y sanciones administrativas o laborales derivados de las leyes señaladas en el artículo dos de esta ley.

Las suspensiones mencionadas en este artículo se mantendrán hasta la aprobación de las iniciativas de reforma de la educación por el poder legislativo.

Artículo 7.- Los calendarios, agenda y, en general, las bases para el diálogo y construcción del Acuerdo Nacional por la Educación previsto en este ordenamiento, serán acordados por la Comisión.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sede de la Comisión Permanente, el 13 de julio de 2016.

Suscribe

Dip. Omar Ortega Álvarez.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Diputado Ortega Álvarez. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del   grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXX AL ARTÍCULO 93 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano: Con el permiso de la Presidencia:

La fracción IV del artículo 31 de la Carta Magna, señala que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de la Ciudad de México o del estado y municipio en que se residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

En un acto de estricta justicia fiscal, es urgente retribuir a millones de adultos mayores de 60 años, algo de lo mucho que aportaron y siguen aportando.

El objeto de esta iniciativa que el día de hoy pongo a su consideración, es adicionar la fracción XXX al artículo 93 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, para que el salario del contribuyente cuyo monto diario no exceda 15 veces la Unidad de Medida y Actualización, cuando se trate de personas físicas mayores de 60 años que laboren y no tengan pensión y dependan de un patrón, no sea objeto de gravamen.

Se toma como referencia a la Unidad de Medida y Actualización, ya que ésta es la equivalente al salario mínimo general vigente diario de todo el país.

Esto de conformidad con lo que establece el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicional diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016.

Es un hecho innegable que se han deteriorado las condiciones de vida de millones de mexicanas y mexicanos, el desempleo y la pobreza aumentan día a día y las desigualdades sociales se incrementan de manera alarmante.

Uno de los sectores poblacionales más vulnerable y que reciente con más fuerza el impacto de este adverso panorama socioeconómico, es el de los adultos mayores, que no tienen pleno acceso ni disfrute de sus derechos humanos, lo que ocasiona un futuro incierto y lleno de carencias.

De los poco más de 31.6 millones de hogares del país, en 3 de cada 10 vive al menos una persona de 60 años y más, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Datos del segundo trimestre de 2014 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, señalan que la tasa de participación económica de la población de 60 años y más fue del 33.7 por ciento, la mayoría labora por cuenta propia, un 50.5 por ciento; una tercera parte de los adultos mayores económicamente activos el 35.5 por ciento, es subordinada y remunerada, y la mitad de estos no reciben prestaciones, que viene siendo el 49.2 por ciento.

Además, 3 de 4 adultos mayores, un 74.3 por ciento se insertan en el mercado laboral informal; de estos, 1 de cada 3 gana entre 67.29 ó 63.77 pesos diarios.

En materia de pensiones, una cuarta parte del total de adultos mayores del país cuenta con una pensión del 26.1 por ciento, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social del Inegi. Los hombres cuentan con una mayor cobertura, que es del 35 por ciento, que en las mujeres viene siendo un 18.5 por ciento.

De los hogares donde hay al menos un adulto mayor más de la mitad, con un 54.8 por ciento reciben una pensión por jubilaciones, pensiones e indemnizaciones por accidente de trabajo, despido, retiro voluntario, y 9.3 por ciento son beneficios provenientes de programas gubernamentales.

Por eso, compañeras y compañeros legisladores, el Estado mexicano debe asumir compromisos sociales abiertamente redistributivos.

Si ahora tenemos un déficit en la cobertura de servicios sociales básicos, en 40 años los mayores de 65 años que representan el 22 por ciento de la población total, no tendrá acceso a empleo, atención médica, pensiones, apoyos monetarios por riesgos ocupacionales, vivienda y guardería.

Cierto que actualmente se ofrecen apoyos a los adultos mayores por parte de los diversos niveles de gobierno, pero la realidad es que no es suficiente, de hecho, en el país hay aproximadamente 10 millones de adultos mayores, y de ellos sólo 2 millones están jubilados.

La gran mayoría aún trabaja, no tienen una pensión digna, no perciben un sueldo decoroso y las condiciones laborales son precarias, aunado a que por motivos propios de la edad son más vulnerables a enfermedades o accidentes.

Aun así deben cubrir el ISR sobre un ingreso muy inferior. Las ineficiencias del Estado mexicano en materia de recaudación fiscal no se pueden suplir con medidas y condiciones injustas para la gente más vulnerable económicamente.

Se tiene que repensar, volver a pensar el papel y responsabilidad del Estado en su tarea de promover el desarrollo económico y garantizar el bienestar de la gente, en especial de la gente más pobre y vulnerable.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

HÉCTOR ADRIÁN MENCHACA MEDRANO, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXX AL ARTÍCULO 93 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El tributo, contribución o ingreso tributario, es el vínculo jurídico en virtud del cual el Estado, actuando como sujeto activo, exige a un particular, denominado sujeto pasivo, el cumplimiento de una prestación pecuniaria1. De acuerdo al Código Fiscal de la Federación, las principales contribuciones son los impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras.

Entre los principales impuestos, sobre sale el Impuesto Sobre la Renta (ISR), cuyo aspecto sustancial es que se trata de una contribución que las personas deben aportar al Estado en función de los ingresos obtenidos.

Uno de los sectores poblacionales más vulnerable y que reciente con más fuerza el impacto de este adverso panorama socioeconómico es el de los adultos mayores, quienes enfrentan adversidades para ejercer plenamente sus derechos humanos, lo que ocasiona un futuro incierto y lleno de carencias.

De los poco más de 31.6 millones de hogares del país, en 3 de cada 10 vive al menos una persona de 60 años y más, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.2

Datos del segundo trimestre de 2014 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, señalan que la tasa de participación económica de la población de 60 años y más fue de 33.7%. La mayoría labora por cuenta propia (50.5%). Una tercera parte de los adultos mayores económicamente activos (35.5%) es subordinada y remunerada, y la mitad de éstos no reciben prestaciones (49.2%), además, 3 de cada 4 adultos mayores (74.3%) se insertan en el mercado laboral informal, de éstos 1 de cada 3 gana entre 67.29 o 63.77 pesos diarios.3

En materia de pensiones, una cuarta parte del total de adultos mayores del país cuenta con una pensión (26.1%), de acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social del INEGI. Los hombres cuentan con una mayor cobertura (35%) que en las mujeres (18.5%).4

De los hogares donde hay al menos un adulto mayor, más de la mitad (54.8%) reciben una pensión por jubilaciones, pensiones e indemnizaciones por accidente de trabajo, despido y retiro voluntario; y 9.3% son beneficios provenientes de programas gubernamentales.5

En este orden de ideas, en un acto de estricta justicia fiscal y atendiendo a los principios constitucionales tributarios, contenidos en la fracción IV del artículo 31 de la Carta Magna, los cuales señalan que es obligación de los mexicanos: “contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”, es urgente retribuirles a millones de adultos mayores de 60 años algo de lo mucho que aportaron y siguen aportando.

El Estado mexicano debe asumir compromisos sociales abiertamente redistributivos. Si ahora tenemos un déficit en la cobertura de servicios sociales básicos, en 40 años los mayores de 65 años, que representarán el 22 por ciento de la población total, no tendrá acceso a empleo, atención médica, pensiones, apoyos monetarios por riesgos ocupacionales, vivienda y guardería.6

Cierto que actualmente se ofrecen apoyos a los adultos mayores por parte de los diversos niveles de gobierno, pero la realidad es que no es suficiente. De hecho, en el país hay aproximadamente 10 millones de ancianos, y de ellos sólo 2 millones están jubilados. La gran mayoría aún trabaja, no tienen una pensión digna, no perciben un sueldo decoroso y las condiciones laborales son precarias, aunado a que por motivos propios de la edad, son más vulnerables a enfermedades o accidentes, aun así deben cubrir el ISR sobre un ingreso muy inferior.7

Las ineficiencias del Estado mexicano en materia de recaudación fiscal no se pueden suplir con medidas y disposiciones injustas para la gente más vulnerable económicamente. Se tiene que repensar el papel y la responsabilidad del Estado en su tarea de promover el desarrollo económico y garantizar el bienestar de la gente, en especial de la gente más pobre y vulnerable.

En la doctrina de derecho fiscal, es ampliamente conocida la utilidad e importancia de la “exención”, como figura jurídico-tributaria por virtud de la cual se eliminan de la regla general de causación, ciertos hechos o situaciones gravables por razones de equidad, de conveniencia o de política económica.

El objeto de esta iniciativa es adicionar la fracción XXX al artículo 93, para que el salario del contribuyente, cuyo monto diario no exceda quince veces la Unidad de Medida y Actualización, cuando se trate de personas físicas mayores de 60 años que laboran, no tengan pensión y dependan de un patrón, no sea objeto de gravamen y así quede exento del pago del impuesto sobre la renta.

Se toma como referencia a la Unidad de Medida y Actualización, ya que ésta es el equivalente al salario mínimo general vigente diario en todo el país. Esto de conformidad con el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de enero de 2016, que a la letra dice: “El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país”.

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno de esta Asamblea, el siguiente proyecto de Decreto por el que SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXX AL ARTÍCULO 93 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción XXX al artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

I. a XXIX.…

XXX. El salario del contribuyente cuyo monto diario no exceda quince veces la Unidad de Medida y Actualización, cuando se trate de personas físicas mayores de 60 años que laboran, no tienen pensión y dependen de un patrón.

Texto vigente del artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

Propuesta

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

I. a XXIX.…

No existe correlativo

 

 

 

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

I. a XXIX.…

XXX. El salario del contribuyente cuyo monto diario no exceda quince veces la Unidad de Medida y Actualización, cuando se trate de personas físicas mayores de 60 años que laboran, no tienen pensión y dependan de un patrón.

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 13 de julio de 2016.

Atentamente

Sen. Héctor Adrián Menchaca Medrano.

1 Tomado de http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledf/diez_r_r/capitulo4.pdf

2 “5 claves que retratan la situación de los adultos mayores”, CNN, 1 de octubre de 2014. Disponible en: http://mexico.cnn.com/nacional/2014/10/01/5-claves-que-retratan-la-situacion-de-los-adultos-mayores (Última consulta: 19 de junio de 2016)

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 “Sin seguridad social, 26 millones de trabajadores mexicanos”. Boletín UNAM-DGCS-127, Ciudad Universitaria 3 de marzo de 2011.

7 Ver Sarmiento Sergio. “Pobres Viejitos”, REFORMA, 8 de abril de 2011.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Senador Menchaca Medrano. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.





 

Tiene el uso de la palabra el Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por el Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, a nombre propio y de los Diputados Laura Beatriz Esquivel Valdés y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del grupo parlamentario de Morena)

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Hoy presentamos esta iniciativa de reforma que adiciona varios artículos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir y sancionar el acoso laboral.

En esta propuesta se aborda una problemática que cada vez se extiende más en México y es muy conocida en los centros de trabajo: el acoso laboral, también conocido internacionalmente como mobbing, que es el anglicismo que significa acoso o acoso moral o psicológico en el trabajo.

Es importante subrayar que las dos leyes a las que me refiero, contemplan ya el acoso y el hostigamiento sexual, sin embargo, esta clase de violencia es diferente y se presenta solo en el ámbito laboral con diferentes características.

Durante la década de los 80’s, el psicólogo Heinz Leymann, de la Universidad de Estocolmo, considerada la máxima autoridad mundial sobre el tema, lo define así:

“Una situación en que una persona, o varias, ejercen una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente, durante un tiempo prolongado, sobre otra u otras personas en el lugar de trabajo con el fin de destruir sus redes de comunicación, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y conseguir su desmotivación laboral”. Ahí termina Leymann.

Uno de los elementos más característicos del acoso laboral es que no deja rastros visibles y las secuencias son las propias del deterioro psicológico que presenta la víctima, las cuales fácilmente pueden atribuirse a problemas personales o de relación con sus compañeros de trabajo.

En las organizaciones, el acoso laboral puede afectar indistintamente a cualquier nivel jerárquico de ella, tanto a hombres como mujeres.

En México, este tipo de fenómenos no ha sido estudiado sistemáticamente. Así pues, no hay cifras ni referencias oficiales sobre la extensión, el grado, el carácter y las tipologías particulares que asume el acoso laboral, pero ya existen muchas referencias de esta problemática.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social lo reconoce, y podemos encontrar su definición y varios artículos al respecto en su página web.

El acoso laboral tiene conductas y formas de expresión muy variadas.

A continuación ejemplifico algunas de las más habituales para entender la diferencia que se tiene con el acoso laboral.

Ataque a la víctima a través de medidas organizacionales como designar los trabajos peores o más degradantes.

No asignar ningún trabajo a la persona.

Concederle exceso de trabajo por presión injustificada o estableciendo plazos imposibles de cumplir.

Cambios de puestos sin previo aviso.

Intentos persistentes de desmoralizar o retirar ámbitos de responsabilidad sin justificación.

Traslado a un puesto de trabajo aislado.

Ignorar a la persona o no dirigirle la palabra.

Críticas constantes a la vida privada.

Burlarse de algún defecto personal.

Ataques a las actitudes y creencias políticas y/o religiosas.

Amenazas de violencia física o verbal.

Maltrato físico.

Gritar o insultar, etcétera.

La Organización Internacional del Trabajo señala que esta situación está evolucionando en el sentido, de que en la actualidad se le concede tanta importancia a la conducta psicológica como a la física y se reconoce plenamente el alcance de los actos de violencia menor. De acuerdo con una encuesta de la OCC Mundial realizada a más de 2 mil participantes, 51 por ciento de los profesionistas mexicanos ha sufrido algún tipo de acoso laboral.

A nivel mundial, esta práctica suele ser 2.5 veces más frecuente en contra de mujeres.

Para las víctimas, las consecuencias de ser provocadas por los acosadores pueden resultar devastadoras no sólo desde un punto de vista físico sino también desde el psicológico, dando origen a cuadros de estrés, trastornos de ansiedad, trastornos de sueño, depresión e incluso intentos de suicido.

Aunque en México no se ha atendido este tema en términos de dimensionar sus reales alcances y los costos involucrados no sólo desde el punto de vista físico, sino también social; la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció criterios para poder acreditar el acoso laboral por distintas vías legales.

De hecho, la Suprema Corte de justicia de la Nación estableció dicha normativa para que se puedan llevar los casos de acoso laboral por la vía penal, administrativa, civil o laboral, de acuerdo a la pretensión que demande el afectado.

Hay un caso reciente de mayo de 2016, en donde el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el inicio del procedimiento contra 15 funcionarios de la Dirección General del Canal Judicial, por presuntas faltas relacionadas con acoso laboral y sexual.

Señala que no se pueden seguir ejerciendo acciones que impidan o limiten un ambiente laboral sano, de desarrollo integral y con apego a los derechos de los trabajadores del alto tribunal, como guía del ejemplo que debe prevalecer en la protección irrestricta de los derechos humanos.

Este ejemplo nos muestra la voluntad política que se requiere para armonizar el marco legal que, por una parte sancione a los acosadores y por otra, proteja en forma efectiva los derechos de las víctimas.

Es por esto que Morena propone esta iniciativa que visibiliza, enuncia y sanciona el acoso laboral como violación a los derechos de las y los trabajadores.

Gracias.

Iniciativa

VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA, LAURA BEATRIZ ESQUIVEL VALDÉS Y MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, diputados integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de MORENA, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 Fracción II del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL INCISO C) DEL ARTÍCULO 3º. BIS, Y REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 133 Y LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 994 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10, SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 13, SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 14 Y EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, en materia de acoso laboral, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la presente iniciativa se aborda una problemática que cada vez se extiende más en México y que es muy conocida en los centros de trabajo: el acoso laboral, también conocido como mobbing, que es un anglicismo que significa acoso o acoso moral o psicológico en el trabajo.1

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)2 lo define así:

El acoso laboral es la acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente por la que, en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, una persona o un grupo de personas hieren a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta.

Durante la década de los 80, el psicólogo Heinz Leyman (Leyman, 1997) de la Universidad de Estocolmo, considerado la máxima autoridad mundial sobre el tema, lo define como:

“una situación en que una persona, o varias, ejercen una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente, durante un tiempo prolongado, sobre otra u otras personas en el lugar de trabajo con el fin de destruir sus redes de comunicación, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y conseguir su desmotivación laboral”.

En 1996, Ley manoperacionaliza su definición así: “El psicoterror o mobbing en la vida laboral conlleva una comunicación hostil y desprovista de ética que es administrada de forma sistemática por uno o unos pocos individuos, principalmente contra un único individuo, quien, a consecuencia de ello, es arrojado a una situación de soledad e indefensión prolongada, a base de acciones de hostigamiento frecuente y persistentes (al menos una vez por semana) y a lo largo de un prolongado periodo de tiempo (al menos durante seis meses). A causa de la alta frecuencia y la larga duración de estas conductas hostiles a que es sometido un individuo, el maltrato sufrido se traduce en un suplicio psicológico, psicosomático y social de proporciones”.

Esta definición deja fuera los conflictos temporales y se centra en el momento en que la situación sicológica que afecta al individuo se traduce en trastornos siquiátricos. Aquí la distinción entre “conflicto” y “psicoterror” no está centrada en qué se hace, o cómo se hace, sino más bien en la duración de lo que se hace.

Uno de los especialistas más reconocidos en el ámbito español y europeo es el psicólogo Iñaki Piñuel y Zabala, profesor titular de la Universidad Alcalá de Henares, afirma que el acoso laboral “consiste en el deliberado y continuo maltrato modal y verbal que recibe un trabajador, hasta entonces válido, adecuado o incluso excelente en su desempeño, por parte de uno o varios compañeros de trabajo, que buscan con ello desestabilizarlo y minarlo emocionalmente con vistas a deteriorar y hacer disminuir su capacidad laboral o empleabilidad y poder eliminarlo así más fácilmente del lugar y del trabajo que ocupa en la organización”.

En este sentido el acoso laboral se presenta como un conjunto de conductas premeditadas las cuales se ejecutan de acuerdo a una estrategia preconcebida y extremadamente sutil con un objetivo claro y concreto: la anulación de la víctima.

Uno de los elementos más característicos del acoso laboral es que no deja rastros visibles y las secuelas son las propias del deterioro sicológico que presenta la víctima, las cuales fácilmente pueden atribuirse a problemas personales o de relación con sus compañeros de trabajo. Así él o los acosadores inician este proceso motivados por distintas razones: celos profesionales, envidia donde esta última no se focaliza sobre los bienes materiales de la víctima, sino sobre sus cualidades personales positivas, como su inteligencia, capacidad de trabajo, razonamiento, etcétera.

En las organizaciones, el acoso laboral puede afectar indistintamente a cualquier nivel jerárquico de ella, y a hombres o mujeres.3

Este fenómeno se manifiesta en tres formas:

1. Ascendente: donde una persona con rango jerárquico superior en la organización es agredida por uno o varios subordinados. Esto ocurre en forma general cuando se incorpora una persona desde el exterior y sus métodos no son aceptados por sus subordinados, o porque ese puesto es ansiado por alguno de ellos. Otra modalidad dentro de este tipo, es aquella en que un funcionario o trabajador es ascendido a un cargo donde debe dirigir y organizar a antiguos compañeros, los cuales no están de acuerdo con la elección.

2. Horizontal: en esta categoría, las conductas de acoso pueden ser ejecutadas por un individuo o por un grupo en contra de otro trabajador. En este último caso, se sabe que un grupo tiene una identidad y comportamientos que son propios, se rige por reglas y códigos los cuales no corresponden a la suma de los comportamientos individuales de sus miembros, bajo esta premisa un trabajador puede ser acosado por los restantes miembros del grupo o al no pertenecer a él, el grupo lo toma como blanco de sus ataques.

3. Descendente: esta modalidad es la más habitual, donde la víctima se encuentra en una relación de inferioridad jerárquica o de hecho con respecto al agresor. Las conductas ejecutadas por la persona que ostenta el poder tienen por objetivo minar el ámbito psicológico del trabajador, ya sea para mantener su posición jerárquica o como una estrategia de la organización para que el afectado se retire en forma voluntaria sin que ésta incurra en costos económicos compensatorios.

En México, este tipo de fenómenos no ha sido estudiado sistemáticamente; así pues, no hay cifras ni referencias oficiales sobre la extensión, el grado, el carácter y las tipologías particulares que asume el acoso laboral.

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social lo reconoce y define así:

Acoso Laboral4: Consiste en acciones de intimidación moral, social o sicológica de forma sistemáticas y persistente que atentan contra la dignidad o la integridad de las personas en sus lugares de trabajo. Constituye una forma muy frecuente de violencia que se produce en el ámbito laboral y puede ser ejercida por agresores de jerarquías superiores, iguales o incluso inferiores a la víctima. Se caracteriza por una actitud hostil, agresiva o de indiferencia, así como acciones persistentes que se dan sistemáticamente y a lo largo de un período prolongado de tiempo, ubicando a la persona que lo padece en una situación de malestar, soledad e indefensión.

El acoso laboral tiene conductas y formas de expresión muy variadas, a continuación enumeramos algunas de las más habituales:5

a) Ataque a la víctima a través de medidas organizacionales.

• Designar los trabajos peores o más degradantes.

• Designar trabajos innecesarios, monótonos o repetitivos.

• Designar tareas por debajo de sus cualificaciones o habilidades.

• No asignar ningún tipo de trabajo.

• Exceso de trabajo (presión injustificada o establecer plazos imposibles de cumplir).

• Tácticas de desestabilización: cambios de puesto sin previo aviso, intentos persistentes de desmoralizar o retirar ámbitos de responsabilidad sin justificación.

b) Aislamiento social.

• Restringir las posibilidades de comunicación por parte del superior o de los compañeros.

• Traslado a un puesto de trabajo aislado.

• Ignorar a la persona o no dirigirle la palabra.

c) Ataques a la vida privada de la persona.

• Críticas constantes a la vida privada.

• Terror a través de llamadas telefónicas.

• Atribución de fallos psicológicos y de falsas enfermedades.

• Burlarse de algún defecto personal.

• Imitar los gestos o la voz de la víctima.

• Ataques a las actitudes y creencias políticas y/o religiosas.

d) Violencia física.

• Acoso o violencia sexual.

• Amenazas de violencia física.

• Maltrato físico.

e) Agresiones Verbales.

• Gritar o insultar.

• Críticas permanentes al trabajo de las personas.

• Amenazas verbales.

La OIT señala que está situación está evolucionando en el sentido, de que en la actualidad se le concede tanta importancia a la conducta psicológica como a la física y se reconoce plenamente el alcance de los actos de violencia menor. De acuerdo con una encuesta de OCC Mundial realizada a más de 2,000 participantes 51% de los profesionistas mexicanos ha sufrido algún tipo de bullyinglaboral.6

Las respuestas de los entrevistados arrojaron diversas formas de maltrato que han vivido, entre éstas rumores o calumnias (30%); aislar o excluir a la persona (18.6%); insultos (18.5%); ignorar o no dejar participar al colaborador (16.9%), y amenazar (11%).

Ante la pregunta de si ellos han ejercido, alguna vez, bullying en contra de un compañero de trabajo, 82.2% afirma que nunca lo ha hecho, 16.9% dice que sucedió alguna vez y 8% acepta tener esta conducta en forma regular.

El 70% de los profesionistas encuestados consideran que ambos géneros están expuestos por igual a sufrir intimidación laboral, a pesar de que a nivel mundial esta práctica suele ser 2.5 veces más frecuente en contra de mujeres. El 54% de los participantes considera que el acoso es ejercido por compañeros, mientras que el 46% indica que proviene de un superior, cita el sondeo de OCC.

Para las víctimas, las consecuencias de ser provocadas por los acosadores pueden ser devastadoras no solo desde un punto de vista físico sino también desde el psicológico dando origen a cuadros de estrés, trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, depresión e incluso intentos de suicidio.

Aunque en México no se ha atendido este tema en términos de dimensionar sus reales alcances y los costos involucrados no solo desde el punto de vista económico sino también social, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)7 ya estableció criterios para poder acreditar el acoso laboral o mobbing, por distintas vías legales.

De hecho, la SCJN estableció dicha normativa para que se puedan llevar los casos de acoso laboral por la vía penal, administrativa, civil o laboral, de acuerdo a la pretensión que demande la o el afectado.

Los ministros, basados en un caso que llegó a la Primera Sala, realizaron un estudio a fondo sobre las características del acoso laboral, tomando en consideración diversos estudios doctrinales, su normatividad en los tratados internacionales y lo previsto en la legislación interna, como el Acuerdo General de Administración III/2012, que contiene las bases para investigar y sancionar el acoso laboral y el acoso sexual en la SCJN.

Estos lineamientos los estableció la SCJN luego de resolver un caso de acoso laboral, en el que la víctima no acreditó por la vía ordinaria civil las conductas que configuran el acoso laboral y ante la insuficiencia probatoria para acreditar la conducta misma.

Finalmente, la Primera Sala señaló que se debe distinguir el acoso laboral de conductas inherentes a las exigencias del empleo.

El 12 de mayo de 2016, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales8, ordenó el inicio de procedimiento contra 15 funcionarios de la Dirección General del Canal Judicial, por presuntas faltas relacionadas con uso de recursos públicos, consumo de bebidas alcohólicas, acosos laboral y sexual, acciones que se ciñen al marco legal y constitucional operante.

Dicha postura señala, se continuará ejerciéndose frente a situaciones que impidan o limiten un ambiente laboral sano, de desarrollo integral y con apego a los derechos de los trabajadores del alto tribunal, como guía del ejemplo que debe prevalecer en la protección irrestricta de los derechos humanos.

Este ejemplo nos muestra la voluntad política que se requiere para armonizar el marco legal que, por una parte sancione a los acosadores y por otra, proteja en forma efectiva los derechos de las víctimas.

Es por esto que MORENA propone la siguiente iniciativa que visibiliza, enuncia y sanciona el acoso laboral como violación a los derechos de las y los trabajadores. Se hacen también dos correcciones de acuerdo a leyes ya promulgadas: Distrito Federal por Ciudad de México y las multas equivalentes a salarios mínimos, se cambian a la unidad de medida y actualización, para que las dos leyes queden reformadas y actualizadas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del pleno el siguiente

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAELINCISO C) ALARTÍCULO 3O. BIS Y SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 133 Y LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 994, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO;  SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 13, SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10, EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 14 Y EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A VIVIR UNA VIDA SIN VIOLENCIA.

Primero. Se adiciona el inciso c) al artículo 3o. Bis de la Ley federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 3o. Bis. Para efectos de esta Ley se entiende por:

a). ...

b). ...

c) Acoso Laboral: Consiste en acciones de intimidación moral, social o sicológica de forma sistemática y persistente que atentan contra la dignidad o la integridad de las personas en sus lugares de trabajo. Constituye una forma muy frecuente de violencia que se produce en el ámbito laboral y puede ser ejercida por agresores de jerarquías superiores, iguales o incluso inferiores a la víctima. Se caracteriza por una actitud hostil, agresiva o de indiferencia, así como acciones persistentes que se dan sistemáticamente y a lo largo de un período prolongado de tiempo, ubicando a la persona que lo padece en una situación de malestar, soledad e indefensión.

Segundo. Se reforman la fracción VIII del artículo 47, Fracción II del artículo 51, fracción XIII del artículo 133 y la fracción VI del artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 51. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador:

I...

II. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes, dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y/o acoso sexual, acoso laboral, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos;

III. al X...

Artículo 133. Queda prohibido a los patrones o a sus representantes:

I a XII. …

XIII. Permitir o tolerar actos de hostigamiento y/o acoso sexual, y/o acoso laboral en el centro de trabajo;

XIV y XV. …

Art. 994. Se impondrá multa, por el equivalente a:

I a V. …

VI. De 250 a 5000 veces la Unidad de Medida Actualizada, al patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo; al que realice actos de acoso y/o hostigamiento sexual,  acoso laboral o que tolere o permita actos de acoso u hostigamiento sexual o acoso laboral en contra de sus trabajadores; y

VII. …

Tercero. Se adiciona un último párrafo al Artículo 13, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a quedar como sigue:

Art. 13. …


El acoso laboral consiste en acciones de intimidación moral, social o sicológica de forma sistemática y persistente que atentan contra la dignidad o la integridad de las personas en sus lugares de trabajo. Constituye una forma muy frecuente de violencia que se produce en el ámbito laboral y puede ser ejercida por agresores de jerarquías superiores, iguales o incluso inferiores a la víctima. Se caracteriza por una actitud hostil, agresiva o de indiferencia, así como acciones persistentes que se dan sistemáticamente y a lo largo de un período prolongado de tiempo, ubicando a la persona que lo padece en una situación de malestar, soledad e indefensión.

Cuarto. Se reforma el segundo párrafo del Artículo 10, el primer párrafo y la fracción III del Artículo 14 y el primer párrafo y la fracción VI del Artículo 15 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Art. 10. …

Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual y/o el acoso laboral.

Artículo 14. Las entidades federativas y la Ciudad de México, en función de sus atribuciones, tomarán en consideración:

I. y II. …

III. Promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual, el acoso sexual y el acoso laboral son delitos, y

IV. …

Artículo 15.  Para efectos del hostigamiento, acoso sexual o acoso laboral,  los tres órdenes de gobierno deberán:

I. a V. …

VI. Proporcionar atención psicológica y legal, especializada y gratuita a quien sea víctima de hostigamiento o acoso sexual, o de acoso laboral e

VII.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 13 de julio de 2016.

Atentamente

1 La violencia abierta se ve sustituida por formas camufladas de violencia, como la denominada violencia psicológica o de guante blanco. STSJ de Madrid, de 24 de septiembre de 2002.

2 OIT 2000

3 Alfonso Riquelme:Mobbing, Un Tipo de Violencia en el Lugar de Trabajo Ciencias Sociales Online, julio 2006, Vol. III, No. 2 (39 - 57). Universidad de Viña del Mar-Chile.

4 http://www.sct.gob.mx/igualdad/que-son-el-hostigamiento-sexual-acoso-sexual-y-acoso-laboral/

5 Acoso psicológico en el trabajo:Mobbing”.Doctor Javier Caballero Rendón, médico familiar. Pol. 9 de Abril CNS. Revista Paceña de Medicina Familiar; RevPacMedFam 2005; 2(2): 132-138.

6 http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2012/08/08/mexicanos-sufren-bull ying-en-el-trabajo

7 http://www.animalpolitico.com/2014/02/como-denunciar-el-mobbing-o-acoso-laboral/

8 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/12/1092126

Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza.- Dip. Laura Beatriz Esquivel Valdés.- Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Diputado Caballero Pedraza. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.





 

Tiene el uso de la tribuna el Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 419 Bis al Código Penal Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 419 BIS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, a nombre propio y de los Diputados Verónica Delgadillo García y Elías Octavio Íñiguez Mejía)

El Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

La discusión y la construcción de propuestas en torno a políticas de bienestar animal cada día cobra más relevancia en la agenda pública y cada vez nos llaman a asumir con mayor responsabilidad la adecuación de nuestras leyes y las diferentes exigencias de los ciudadanos.

El día de hoy, Movimiento Ciudadano quiere contribuir a soluciones y a impulsar políticas de bienestar animal en México, quiere poner sobre la mesa un tema de gran relevancia en la materia, que no sólo tiene que ver con el bienestar de los animales, sino con cuestiones de violencia y de crimen organizado.

Nos estamos refiriendo a las peleas de perros, que hoy son un problema que no solo genera indignación entre los ciudadanos al tratarse de una práctica de crueldad y maltrato de los animales, sino que se trata de un fenómeno asociado a prácticas delictivas.

En países donde se han prohibido las peleas de perros, han concluido que en prácticamente el 100 por ciento de las redadas contra peleas de perros, la policía ha encontrado drogas y armas ilegales, y también se encuentran indicios de vinculación con redes de pornografía infantil y con trata de personas.

En México, organizaciones de protección a los animales, como Humane Society International, han señalado que hay un vínculo claro e innegable entre las peleas de perros y otras actividades del crimen organizado.

Por ello, en países de Latinoamérica, como Colombia, Argentina, Venezuela, Panamá, Uruguay, Paraguay y Costa Rica han establecido prohibiciones expresas de estas peleas o sanciones a quienes las organizan o incluso, como en el caso de Costa Rica, a quienes participan como espectadores.

Estados Unidos aprobó en el 2007 la Animal Fighting Prohibition Enforcemt Act, mediante la cual se estableció que la organización de peleas de perros constituye un delito.

Esta legislación fue impulsada justamente por la vinculación de estos espectáculos con actividades ilícitas. Las penas establecidas pueden ser hasta de tres años de prisión por participar o exhibir perros en espectáculos de peleas, por transportar, vender o comprar perros para este tipo de actividades, así como por lucrar bajo cualquier circunstancia con esta actividad.

En este contexto, es importante destacar que la prohibición de las peleas de perros en Estados Unidos ha disparado la presencia de este problema a nuestro país, dado que los grupos vinculados a estas actividades, pues, se han trasladado a México para continuar con sus actividades, donde no contamos con una legislación en la materia, como sí la tiene Estados Unidos.

La legislación en nuestro país a nivel de las entidades federativas para combatir las peleas de perros, resulta a todas luces insuficiente, ya que aunque establece en la mayoría de los casos disposiciones al respecto, se establecen excepciones o sólo se contemplan prohibiciones para el entrenamiento y no para las peleas, además de que en la mayoría de los casos las sanciones previstas en estas conductas son de carácter administrativo y no necesariamente una sanción penal.

Por otra parte, la legislación en la materia de bienestar animal con la que contamos en nuestro país, también resulta insuficiente para combatir este fenómeno, dado que al estar vinculado el crimen organizado y a otras actividades ilícitas, se requiere de otros instrumentos jurídicos para combatirla. Es decir, al estar frente a un problema, no sólo de bienestar animal, sino de seguridad y de violencia, se deben buscar las herramientas jurídicas apropiadas para hacerlo.

Por ello es que proponemos introducir las conductas asociadas a las peleas de perros como un delito en el Código Penal Federal.

Planteamos adicionar un artículo 419 Bis para imponer penas de 6 meses a 5 años de prisión y el equivalente de 200 a 2 mil días de multa a quienes críen o entrenen perros de pelea, los posean, transporten o comercialicen; a quienes organicen o patrocinen estos espectáculos; a quienes comercialicen instrumentos para el entrenamiento de perros de pelea o para espectáculos, y a quienes permitan que menores de edad asistan o presencien estos espectáculos. También planteamos introducir penas menores a quienes asistan como espectadores para con ello inhibir su práctica.

El día de hoy presentamos esta iniciativa en nombre de un servidor, también a nombre de la Diputada Verónica Delgadillo García y del Diputado Elías Íñiguez Mejía, del Partido Acción Nacional, recogiendo las importantes aportaciones y la visión de las organizaciones de Humane Society International, que está dedicando amplios esfuerzos para combatir este fenómeno y a quienes agradecemos, además, la confianza de ser los portadores de esta iniciativa.

Con esta reforma, y con esto concluyo, buscamos contribuir en la legislación sobre bienestar animal para combatir las prácticas de maltrato y crueldad hacia los animales. Buscamos que no se lucre con el sufrimiento de los mismos, pero también debo señalarlo, buscamos posicionar este tema en la agenda pública para que sea dimensionado, para que se entiendan sus consecuencias y sus características y, con ello, contribuyamos a combatir un fenómeno asociado a la violencia, al crimen organizado y a la descomposición social.

Es cuanto, muchas gracias.

Iniciativa

Los suscritos, JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH y VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, diputados del grupo parlamentario de Movimiento CiudadanoELÍAS OCTAVIO ÍÑIGUEZ MEJÍA, diputado del grupo parlamentario del PAN de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6 fracción I y los Artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 419 BIS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Legislar para combatir la crueldad contra los animales y procurar su bienestar se ha vuelto no sólo una tendencia internacional, sino una necesidad de nuestras sociedades, dado que la violencia contra los animales está asociada a otros tipos de violencias sociales y fenómenos de descomposición social,  al tiempo que los avances científicos han demostrado que los animales experimentan dolor y sufrimiento.

En este sentido, en el año de 1988, Austria reconoció a los animales un estatus jurídico como seres vivientes y posteriormente legislaría sobre medidas de protección a la vida y al bienestar de los animales. Estas transformaciones jurídicas fueron recogidas en la legislación de Alemania, en donde también se reconoció el estatus jurídico de los animales.  Suiza, por su parte, reconoció el estatus jurídico de los animales, señalando que no son cosas sino seres vivos dotados de sensibilidad y capaces de sufrir, por lo que establecieron penas y sanciones para quienes los dañan.  Finalmente, la Unión Europea, en el año de 2009 aprobó el Tratado de Lisboa que modificó el Tratado de la Unión Europea, en donde una de sus múltiples reformas incluyó la obligación delos países de dicha región a tratar a los animales como “seres sensibles”.

Países como la India y Honduras también han adaptado su legislación en materia de bienestar animal, y en México, diversas entidades federativas cuentan con dispositivos legales para combatir la crueldad y el maltrato animal. Esto se debe a que la crueldad contra los animales en México, cada vez es más reprobada por los ciudadanos, como lo demuestran estudios de opinión, en donde se observa que casi el 90 por ciento de los mexicanos se opone al uso de animales en espectáculos públicos y están a favor de que se sancione a las personas que maltratan animales.

Vale la pena destacar que en 2014 se aprobó una reforma a la legislación mexicana que prohíbe los animales silvestres en los circos, y el año pasado Coahuila prohibió las corridas de toros, mientras que 23 entidades federativas contemplan el maltrato animal en su código penal, siendo Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

II. Las peleas de perros son uno de los fenómenos de crueldad hacia los animales que despierta mayor indignación en diversas sociedades, por lo que en las últimas décadas se ha introducido o endurecido legislación que prohíba y sancione este tipo de actividades. En países de América Latina, Colombia, Argentina, Venezuela, Panamá, Uruguay, Paraguay y Costa Rica han establecido prohibiciones de estas peleas o sanciones a quienes las organizan o incluso, como en el caso de Costa Rica, a quienes participan como espectadores.

En Estados Unidos de América, fue aprobada en 2007 la “Animal Fighting Prohibition Enforcement Act”, mediante la cual se estableció que la organización y participación en pelas de perros constituye un delito.  Estados Unidos promovió esta legislación, fundamentalmente porque estas actividades han estado vinculadas a actividades ilícitas. Las penas establecidas en la legislación norteamericana pueden ser hasta de tres años de prisión por participar o exhibir a perros en espectáculos de pelas, por transportar, vender o comprar perros para este tipo de actividades, así como por lucrar bajo cualquier circunstancia con este fenómeno.

Las peleas de perros constituyen una actividad violenta, basada en el maltrato, abuso y crueldad hacia los animales. En este contexto, los organizadores de estos espectáculos a veces matan a los perros que pierden, y los "ganadores" muchas veces mueren debido a las heridas.

No menos importante son las condiciones en las que se desarrollan estas actividades. Como lo señala la organización Humane Society International: 

“En muchos criaderos ilegales han sido descubiertos durante las investigaciones de la industria de las peleas de perros, donde perros de varias razas y con frecuencia de ‘importante’ linaje son reproducidos para que sus cachorros puedan ser vendidos al doloroso mundo de las peleas de perros. Estos criaderos usualmente son hacinados y antihigiénicos y muchos animales pasan largos periodos de tiempo sin ver la luz del día.

Además, debido a que estos perros son utilizados para peleas ilegales, comúnmente no tienen acceso a veterinarios ya que sus dueños desean evitar ser detectados. Esto aumenta la susceptibilidad de los animales ante enfermedades, malnutrición y otros padecimientos, resultado de una atención médica inadecuada.”

Es importante destacar que en muchas ocasiones estas exhibiciones están vinculadas a actividades ilícitas. En países como Estados Unidos y Costa Rica, en casi el 100 por ciento de las redadas contra peleas de perros, la policía ha encontrado drogas y armas ilegales, y también se encuentran indicios de vinculación con redes de pornografía infantil y de trata de personas. Se estima que en México, como lo ha señalado la misma organización Humane Society International, también hay un vínculo fuerte entre peleas de perros y otras actividades del crimen organizado. Esto puede atribuirse a que la prohibición de las peleas de perros en Estados Unidos ha agudizado su presencia en México, dado que los grupos vinculados a estas actividades han trasladado sus actividades de aquél país hacia México y Centroamérica.

En nuestro país muy pocas entidades federativas prohíben explícitamente las peleas de perros y es importante reconocer que su legislación puede considerarse insuficiente, ya que se establecen excepciones o sólo se contemplan prohibiciones para entrenamiento, y no para las pelas en sí, además de que en la mayoría de los casos las sanciones previstas para estas conductas son de carácter administrativo y no penal. Por otra parte, la legislación en materia de bienestar animal a nivel de las entidades federativas también resulta insuficiente para combatir este fenómeno, dado que como ya se ha señalado está vinculado a actividades ilícitas.

Por lo anterior, consideramos que la introducción de las peleas de perros como un crimen tipificado en el Código Penal Federal superaría las lagunas de las legislaciones estatales y contribuiría no sólo a avanzar a nivel federal en la legislación sobre bienestar animal, sino principalmente a combatir un fenómeno asociado a la violencia y la descomposición social.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa:

DECRETO

Que adiciona un artículo 419 Bis al Capítulo Segundo “De la biodiversidad” del Título Vigésimo Quinto “Delitos Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental” del Código Penal Federal.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 419 Bis al Capítulo Segundo “De la biodiversidad” del Título Vigésimo Quinto “Delitos Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental” del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 419 Bis. Se impondrá pena de seis meses a cinco años de prisión y el equivalente de doscientos a dos mil días de multa, a quien:

I. Críe o entrene a un perro con el propósito de hacerlo participar en cualquier exhibición, espectáculo o actividad que involucre una pelea entre dos o más perros para fines recreativos, de entretenimiento o de cualquier otra índole;

II. Posea, transporte, compre o venda perros con el fin de involucrarlos en cualquier exhibición, espectáculo o actividad que implique una pelea entre dos o más perros;

III. Organice, promueva, anuncie, patrocine o venda entradas para asistir a espectáculos que impliquen pelas de perros;

IV. Posea o administre una propiedad en la que se realicen peleas de perros;

V. Posea, comercialice o transporte instrumentos o materiales explícitamente diseñados para entrar a perros de pelea o para ser empleado en peleas de perros;

VI. Ocasione o permita que menores de edad asisten o presencien cualquier exhibición, espectáculo o actividad que involucre una pelea entre dos o más perros; o

VI. Realice con o sin fines de lucro cualquier acto con el objetivo de involucrar a perros en  cualquier exhibición, espectáculo o actividad que implique una pelea entre dos o más perros.

Incurre en responsabilidad penal, asimismo, quien asista como espectador a cualquier exhibición, espectáculo o actividad que involucre una pelea entre dos o más perros, a sabiendas de esta circunstancia. En dichos casos se impondrá un tercio de las penas previstas en este artículo.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de julio de 2016.

Atentamente

Dip. José Clemente Castañeda Hoeflich.- Dip. Verónica Delgadillo García.- Dip. Elías Octavio Íñiguez Mejía.

Para acceder a un estudio sobre la legislación internacional en materia de bienestar animal puede consultarse el Informe sobre los animales en el derecho civil: cuestiones básicas para una legislación marco en bienestar animal
Cfr. http://web.psoe.es/source-media/000000484000/000000484368.pdf
De acuerdo con estudios, las personas que maltratan animales son hasta cinco veces más propensas de cometer crímenes. “¿Qué estados han incluido el maltrato animal en su Código Penal?, Excélsior, 26 de julio de 2014. Cfr. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/07/26/972440
Respecto a los estudios científicos sobre la consciencia de los animales se puede consultar The Cambridge DeclarationonConsciousness in Non-Human Animals del año 2012. Cfr. http://fcmconference.org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf
Teresa Giménez – Candela, “A la búsqueda de un régimen jurídico
animal”http://www.derechoanimal.info/esp/page/2081/a-la-busqueda-de-un-regimen-juridico-animal#s1
Aguilar, Antón y Beatriz Vanda, “¿Hay oportunidades para legislar sobre el bienestar animal en México?”, Animal Político, 9 de diciembre de 2015.
Consúltese el Protocolo 33 Sobre la protección y el bienestar de los animales del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, modificado por el Tratado de Lisboa, en su artículo 6 Ter. Cfr. https://www.boe.es/legislacion/enlaces/documentos/ue/Trat_EC_consol.pdf
Parametría. “Mexicanos en pro de los animales”.http://parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4600
Congreso de los Estados Unidos de América, “Animal
FightingProhibitionEnforcementAct”.https://www.congress.gov/bill/110th-congress/house-bill/137
Humane Society International.http://www.hsi.org/spanish/issues/dogfighting/

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Gracias, Diputado Castañeda Hoeflich.

¿Con qué objeto Senador?

El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Nada más reconocer la iniciativa que presenta mi compañero Diputado.

Comentar que hemos trabajado aquí también ya una legislación completa en el Senado de la República en materia de bienestar animal, consideramos que las peleas de gallos de ninguna manera se puede considerar un espectáculo, es una actividad sangrienta, violenta, deleznable, que de ninguna manera se puede aceptar, utilizar a los animales para que se agredan unos a otros desde luego no es aceptable y, obviamente, felicitar a quienes han presentado esta iniciativa y, obviamente, estaremos muy atento para que en su momento pueda salir adelante.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Senador Casillas Romero. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.





 

Tiene el uso de la palabra la Diputada Angélica Reyes Ávila, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por la Diputada Angélica Reyes Ávila, del grupo parlamentario de Nueva Alianza)

La Diputada Angélica Reyes Ávila: “La educación tiene el poder de terminar con los ciclos de desigualdad entre las generaciones, miles de personas no han tenido acceso a una educación real y de calidad por padecer alguna discapacidad, tenemos la obligación de cambiar sus circunstancias”

Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores:

La iniciativa que someto a consideración de esta Honorable Asamblea busca reformar el primer párrafo del artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con la finalidad de establecer la prohibición de segregar, negar el acceso o permanencia en planteles y centros educativos del sistema educativo nacional a las personas con discapacidad.

Como todos ustedes recordarán, el pasado 1 de junio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva; mediante dicha reforma se busca garantizar a las personas con discapacidad el derecho a la educación en un contexto incluyente en los planteles de educación básica y educación superior.

En este tenor, la finalidad de la iniciativa, que me permito presentar, consiste en armonizar el texto de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad con la modificación antes citada.

En Nueva Alianza queremos que nuestro trabajo legislativo mejore la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todo el país, particularmente la de quienes se enfrentan a enormes dificultades para asistir a la escuela y adquirir una educación integral y de calidad.

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece que en el artículo 1o. constitucional, que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

La propia ley define la accesibilidad como el conjunto de medidas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones al entorno físico: el transporte, la información, las comunicaciones y a otros servicios e instalaciones de uso público.

A pesar de lo anterior, miles de menores con discapacidad no pueden ir a la escuela y ven truncadas sus oportunidades de desarrollo, no podemos permanecer indiferentes, las escuelas del país deben admitir a todas las personas en condición de igualdad sustantiva y hacer efectivo el derecho que las personas con discapacidad tienen de acceder a los planteles regulares.

La mejor forma de ayudarlas a enfrentar los problemas que las barreras y estigmas sociales les imponen, es brindándoles la oportunidad de asistir a cualquier escuela, preferiblemente la más cercana de sus propios domicilios. Lo anterior, toma relevancia cuando revisamos los datos duros.

De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, a nivel mundial hay al menos 93 millones de infantes que viven con alguna discapacidad.

Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, refieren que en nuestro país hay 7.2 millones de personas con discapacidad, es decir, un 6 por ciento de la población, de los cuales 4 de cada 10 son niños y adolescentes.

De acuerdo con el mismo documento, sólo el 46.5 por ciento de niños, adolescentes y jóvenes de entre 3 a 29 años que tienen alguna discapacidad, acuden a la escuela. Más de la mitad de este grupo de la población no asiste, lo cual es muy lamentable.

La cifra es una afrenta a los principios de igualdad sustantiva, respeto, equidad y no discriminación, esto no puede seguir pasando en un país que pretende avanzar en materia educativa. Excluir a casi la mitad de los niños que padecen una discapacidad es negarles sus derechos fundamentales.

Nuestro país está obligado por diversos compromisos internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a garantizar que todos los niños, independientemente de su capacidad o discapacidad, disfruten de sus derechos sin discriminación de ninguna clase.

La reforma que hoy expongo responde a lo anterior, ya que busca eliminar la exclusión, señalando con toda claridad en la ley, que la Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad sustantiva, prohibiendo cualquier discriminación o segregación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del mismo sistema educativo nacional.

En Nueva Alianza tenemos la convicción que la educación es el factor primordial de movilidad social y constituye el eje fundamental de nuestra labor legislativa.

Por este motivo, estamos decididos a encabezar las acciones que se realicen en esta materia, más aún cuando implican la accesibilidad efectiva y la igualdad sustantiva de oportunidades para quienes han padecido la exclusión por demasiado tiempo.

Compañeras y compañeros legisladores.

Espero que nos acompañen en esta propuesta y que ojalá nos ayuden a cambiar las cosas.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La que suscribe, ANGÉLICA REYES ÁVILA, integrante del grupo parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, conforme al siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las reformas a la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de junio de 2016, motiva e impulsa la presente Iniciativa, que tiene como fin armonizar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD) con los mandatos de la norma general del ámbito educativo.

Esa reforma garantiza a las personas con discapacidad el derecho a la educación, en un contexto incluyente en los planteles de educación básica y superior, basada en los principios de respeto, equidad, no discriminación e igualdad sustantiva. Quienes presten servicios educativos no deberán segregar de sus instituciones o escuelas a personas con discapacidad.

Asimismo, es necesario armonizar la LGIPD con diversos Tratados Internacionales suscritos por México en materia de inclusión educativa, para que las personas con discapacidad se desarrollen en un contexto de igualdad sustantiva en los planteles educativos regulares del Sistema Educativo Nacional.

Tanto la LGIPD como la LGE tienen el carácter de Leyes Generales; ambas son de observancia general en toda la República y versan sobre temas estructurales de la Nación, como lo son los derechos humanos de las personas con discapacidad y la educación, respectivamente. Ambas leyes deben reflejar, a modo de leyes espejo, la progresividad que el Estado mexicano ha construido para avanzar en la garantía de sus derechos a la educación y a la igualdad.

Con la reforma al artículo 75 de la LGE, al incluir como infracción la conducta de segregar a las personas con discapacidad de los servicios educativos, se aseguran condiciones para hacer efectivo el primer enunciado del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra establece: Toda persona tiene derecho a recibir educación.

Ahora, el paradigma ha cambiado. Las escuelas deben recibir a todas las personas en condiciones de igualdad sustantiva, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales o cualquier otra. Las personas con discapacidad tienen el derecho de acceder a los planteles regulares porque todos debemos de aprender juntos.

ARGUMENTACIÓN

Según el Informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), titulado Estado Mundial de la Infancia 2013, Niñas y Niños con Discapacidad, en el mundo al menos 93 millones de niños —uno de cada 20 menores de 14 años— vive con alguna discapacidad moderada o grave1.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica2 (ENADID 2014), en México hay 7.2 millones de personas con discapacidad, lo que representa el 6% de la población total y, de éstos, 4 de cada 10 son niños y adolescentes.

La brecha para la inclusión educativa de las personas con discapacidad en México aún es muy amplia; la encuesta antes citada arrojó que sólo acuden a la escuela 46.5% de niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad de 3 a 29 años de edad; es decir, más de la mitad de personas que presentan algún tipo de discapacidad no están  matriculadas.

Todos los seres humanos tenemos derecho a acceder a los mismos servicios que   ofrece el Estado. En el Informe recién publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 28 de junio de 2016, titulado Estado Mundial para la Infancia 2016, Una Oportunidad para cada Niño, se afirma que los niños nacen con el mismo derecho inalienable a gozar de un comienzo saludable en la vida y, de una infancia segura y protegida; sin embargo, hay millones de niños a los que se les priva de su derecho a la educación por su género, porque viven en la pobreza o padecen alguna discapacidad3.

En México, las personas con discapacidad son el sexto grupo más discriminado4, por ello, es tarea del Estado mexicano visibilizarlos e incluirlos en las escuelas en igualdad de condiciones.

La discriminación más frecuente que sufren las personas con discapacidad es la segregación de las escuelas regulares. Abatir las cifras señaladas en párrafos anteriores y garantizar el derecho humano a la educación, consagrado tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano, se sintetiza en el fortalecimiento del modelo de inclusión en la escuela ordinaria.

Además, la escuela, como espacio público, representa el lugar idóneo para que el Estado impulse condiciones de igualdad entre las personas con discapacidad, para que todos tengan un piso común de ventajas y oportunidades, que permitan abatir desigualdades sociales, marginación y pobreza. La educación tiene el poder de terminar con los ciclos de desigualdad entre las generaciones.

Por su parte, la “Conferencia Mundial de Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad”, organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y celebrada en 1994 en Salamanca, España, proclama que las “escuelas comunes deben ser la opción para todos los estudiantes”, al representar el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias.

En este documento declarativo se da por sentado que todas las diferencias humanas son normales y que el aprendizaje debe adaptarse a las necesidades de cada niño, más que éstos al proceso educativo5.

Al prohibir la segregación, aislamiento o separación de las personas con discapacidad de los planteles del Sistema Educativo Nacional se está en posibilidad de que asistan a la escuela más cercana a su casa.

Ello se expresa en el punto 18 de la referida Declaración de Salamanca, al considerar que “las políticas de educación en todos los niveles, nacional y local, deben estipular que un niño o niña con discapacidad asistan a la escuela más cercana: es decir, a la escuela que asistirían si no tuvieran discapacidad”. Esto también representa una ayuda para las personas que cuidan o apoyan a las personas con discapacidad.

Asimismo, siempre es favorable que las personas con discapacidad acudan a escuelas generales, “[…] incluso los casos excepcionales en que sea necesario escolarizar a los niños en escuelas especiales, no es necesario que su educación esté completamente aislada”6; lo que se busca es procurar que asistan tiempo parcial a escuelas ordinarias, por los beneficios que ello representa.

La incorporación temprana de los niños a la educación es un aspecto importante para la realización de trayectorias escolares satisfactorias “y es doblemente importante para quienes presentan discapacidad, a los que debe garantizarse no solo el acceso temprano, sino que sea a las escuelas regulares”.

Lo anterior se afirma en un estudio realizado por la UNESCO en 2013, denominado Sistema Regional de Información Educativa de los Estudiantes con Discapacidad SIRIED7.

Este Informe incluye el análisis de la situación escolar de personas con discapacidad en 8 países: Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, México, Paraguay, Perú y República Dominicana. En sus Conclusiones menciona que “se observa con preocupación el bajo porcentaje de escuelas regulares de nivel preescolar receptivo de población infantil con discapacidad”, aspecto que en nuestro país apenas alcanza un 13%.

La educación representa la vía de entrada a una participación plena en la sociedad, y es particularmente importante para los menores con discapacidad, a quienes a menudo se les excluye. De ahí que sea nuestro deber resaltar la importancia de aprovechar las capacidades, conocimientos y contribución que pueden hacer las personas con esta condición a la sociedad y al desarrollo del país.

Debemos tener en cuenta que la escuela tiene implicaciones en la vida de las personas, pues no sólo es el espacio donde se adquieren conocimientos, sino también el lugar en el cual se desarrollan habilidades de socialización y destrezas para la vida que, a largo plazo, permiten desarrollar actividades productivas para ganarse el sustento como seres adultos e independientes.

A todos estos beneficios tienen derecho las personas con discapacidad y, como legisladores, debemos redoblar las acciones que coadyuven a impulsar su inclusión. Basta recordar que en México sólo 39.1% de la población adulta con discapacidad participa en actividades económicas8; el resto continúa en estado de dependencia permanente hacia su familia.

Por ello, se debe superar el sistema paralelo de educación considerando que todo alumno es parte de un único sistema educativo. Su simple integración a la escuela es el principio de un cambio.

La educación inclusiva implica que los jóvenes y adultos de una comunidad aprendan juntos, independientemente de su origen o condiciones personales. Con acciones legislativas como las señaladas en esta Iniciativa avanzamos en hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación.

Establecer en la LGIPD, como parte de la garantía del derecho a la educación de las personas con discapacidad, la prohibición de segregar, negar el acceso o permanencia en planteles y centros educativos del Sistema Educativo Nacional, abona a la construcción de la igualdad sustantiva. Ésta, entendida como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales.

Diversos Tratados Internacionales refuerzan la convicción que impulsa esta reforma. Prueba de ello es que en septiembre de 2015 se llevó a cabo la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, en la cual, los Estados miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.

La prohibición del rechazo de las personas con discapacidad de las escuelas regulares, abona para que México cumpla con el logro del Objetivo 4, que consiste en “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos9.

Con esta reforma, se emprenden acciones concretas para generar bases legislativas de cara al cumplimiento de la Estrategia “25 al 25: Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, anunciada por el Secretario de Gobernación, el Licenciado Osorio Chong, el pasado 25 de abril de 2016, en donde uno de los principios enunciados es el de avanzar hacia la igualdad sustantiva y garantizar el acceso a una educación de calidad e inclusiva10.

Finalmente, se debe subrayar que niños, jóvenes y adultos con discapacidad siguen siendo víctimas de un planteamiento que favorece su segregación y marginación del Sistema Educativo, porque aun recibiendo educación, ésta suele ser en centros “especiales” separados, en los cuales muchas veces no disfrutan de la misma gama de actividades académicas y lúdicas que la población infantil en las escuelas generales, y no se atienden sus necesidades de forma amplia o dedicada.

El objetivo común de la educación debe ser que todo el alumnado aprenda y despliegue al máximo su potencial; para ello, el Sistema Educativo debe garantizar una oferta que respete todas las variables individuales, evitando cualquier tipo de discriminación.

Por todo lo anteriormente expuesto, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza reconocemos que como parte de la realización del derecho humano a la educación, es preciso expresar en la LGIPD la prohibición de segregar a las personas con discapacidad de los centros educativos del Sistema Educativo Nacional.

La escuela es un espacio privilegiado de construcción de conocimiento, socialización, convivencia entre pares y aprendizaje de destrezas, en donde niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad tienen derecho a asistir a la escuela ordinaria en condiciones de igualdad sustantiva.

FUNDAMENTO LEGAL

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputada Federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente Iniciativa con Proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad sustantiva, prohibiendo cualquier discriminación o segregación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones:

I. a la XIV. …

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 13 de julio de 2016.

Atentamente

Dip. Angélica Reyes Ávila.

1 Cfr. UNICEF, Estado Mundial de la Infancia 2013, Niñas y Niños con Discapacidad. Visto el 23 de junio de 2016, 13.15 p.m. http://www.unicef.org/spanish/sowc2013/files/SPANISH_SOWC2013_Lo_res.pdf.

2 Cfr. INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, ENADID. Visto el 23 de junio de 2016, 9:40 am. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/enadid/enadid2014/

3 Cfr. Estado Mundial para la Infancia 2016, Una Oportunidad para cada Niño, visto 28 de junio de 2016. 11.30 a.m., http://www.unicef.org/spanish/publications/files/UNICEF_SOWC_2016_Spanish_2.pdf.

4 Cfr. CONAPRED, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010., visto el 28 de junio de 2016, 16:25 pm. www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-PCD-Accss.pdf

5 Cfr. UNESCO, Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales 1994., visto el 28 de junio de 2016, 16:00 pm. http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_S.PDF

6 Punto 19 de la Declaración de Salamanca. Op cit.

7 Cfr. UNESCO, Sistema Regional de Información Educativa de los Estudiantes con Discapacidad SIRIED, Resultados de la Primera Fase de Aplicación 2013. Visto el 29 de junio de 2016, 14:30 p.m. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/SIRIED-resultados-primera-fase-aplicacion.pdf

8 Ibidem, cita 2.

9 Cfr. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, visto el 23 de junio de 2016, 13.15 p.m., http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html

10 Cfr. Estrategia 25 al 25: Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, visto 28 de junio de 2016 18:00, https://www.gob.mx/segob/prensa/el-secretario-osorio-chong-encabeza-presentacion-de-estrategia-25-al-25-objetivos-nacionales-de-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Diputada Reyes Ávila. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.





 

A continuación, se concede el uso de la palabra al Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

(Presentada por el Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del PES)

El Diputado Alejandro González Murillo: Gracias. Con su permiso, señor Presidente.

Reconocemos a la sociedad civil como motor y destino de la transformación y el reencuentro social como mediadora y detonadora de los avances que nuestro país necesita.

Complementando y ampliando los progresos que el Estado y el mercado no pueden lograr solos.

Percibimos a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil como uno de los mejores instrumentos con que el Legislativo de la Unión ha aportado a la labor del llamado tercer sector organizado, a fin de fomentar y promover su desarrollo y crecimiento.

Precisamente desde diciembre de 2003 cuando el Congreso de la Unión aprobó la entonces Ley de Fomento a Actividades de Desarrollo Social Realizadas por Organizaciones Civiles, México y la sociedad civil han evolucionado en sus ámbitos de acción, organización e incluso legislación.

En esta oportunidad vengo a dar cuenta de una propuesta de reformas a la vigente Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

En Encuentro Social saludamos el hecho que dicha ley reconozca lo mismo a las organizaciones de la sociedad civil que desarrollen actividades de apoyo o alimentación popular, que a las que brindan asistencia jurídica, a las que promueven la protección al medio ambiente o efectúan promoción y fomento de la educación, cultura, arte, ciencia y tecnología, por citar algunos ejemplos.

Estamos ante una ley socialmente muy útil, en que se procura que la gente que hace algo por la gente pueda hacerlo de manera ordenada y que el Estado mexicano proteja y aliente su accionar.

Cualquier persona que se acerque a tan noble producto legislativo, podrá reconocer sus bondades y aciertos, los que sólo se explican en tanto que respondan al contexto de aquí y ahora, para mantenerla tan viva, como la voluntad de la sociedad civil organizada.

Quienes integramos esta bancada sabemos que para cumplir las máximas de legalidad y certeza jurídica presentes en un estado de derecho, resulta indispensable que también estemos en condiciones de actualizar y armonizar el marco jurídico que nos toca hacer. Lo anterior, para garantizar al gobernado la posibilidad de conocer a qué leyes u ordenamientos debe remitirse para la adecuada interpretación de sus normas, así como dotarle de la capacidad de conocer la dimensión de las sanciones a las que podría hacerse acreedor en caso de cometer alguna infracción.

La iniciativa que vengo a proponer para reformar tan noble ley, actualiza sus renvíos a la fecha obsoletos e inexactos, a las legislaciones asistenciales, fiscales y de transparencia que le son complementarias, tanto así seguridad jurídica al ciudadano y haciéndola accesible en su entendimiento a toda persona que la lea.

Con esta iniciativa Encuentro Social le cumple a la sociedad acercándole nuevamente el trabajo legislativo para que pueda multiplicar y retribuir beneficios del trabajo de la sociedad civil organizada.

Considérense bienvenidas las y los legisladores que quieran adherirse a este esfuerzo para que sigamos trabajando juntos desde la gente y para la gente.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO, Diputado Federal por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, con base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) contribuyen a fomentar la participación solidaria y comprometida del ciudadano; a través de ellas, se realizan acciones para promover la asistencia social y participación ciudadana, como: apoyo a la alimentación popular, asistencia jurídica, protección del medio ambiente, promoción y fomento de la educación, cultura, arte, ciencia y tecnología, entre otras acciones.1

Según datos publicados en el sitio web de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, actualmente existen 31 mil 737 OSCs inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil2; las cuales, tienen acceso a los apoyos y estímulos públicos que, para tales fines, ofrecen los tres órdenes de gobierno.

Resulta relevante conocer la creciente participación, labor e influencia de las OSCs en la vida pública de nuestro país; así lo demuestran los datos publicados en el Informe Anual de las Acciones de Fomento y de los Apoyos y Estímulos otorgados por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal a favor de Organizaciones de la Sociedad Civil(2015); el cual, presenta las siguientes cifras:

• Se realizaron 23 mil 857 acciones de fomento realizadas por la Administración Pública Federal a favor de las OSCs, lo que representa un porcentaje de crecimiento de 6.6% en relación con 2014.

• 12 mil 188 OSCs fueron beneficiadas con acciones de fomento, cifra 2.0% superior de las que se beneficiaron en 2014.

• Para las OSCs fueron canalizados siete mil 256 millones338 mil 450 pesos, lo que significó, un incremento del 7.0% respecto de 2014.3

Dada la  creciente importancia que las OSCs han alcanzado en los últimos años, es que la presente iniciativa busca actualizar y armonizar la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), con nuestro sistema jurídico vigente.

El primer proyecto de "Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles" data de 1998y fue elaborado por diversas organizaciones de la Sociedad Civil. Debido a la importancia que, desde entonces venían tomando las OSCs, la iniciativa fue retomada por la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, la que aprobó la Ley de Fomento a Actividades de Desarrollo Social Realizadas por Organizaciones Civiles el 15 de diciembre de 2003, promulgándose el 9 de febrero de 2004 en el Diario Oficial de la Federación.

En este sentido, la constante optimización de nuestro marco jurídico exige un trabajo de actualización y armonización, que en el caso de la LFFAROSC no ha sido realizado. Fueron abrogadas la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Se expidió la Ley de Asistencia Social, Ley Federal Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley Federal de Transparencia y Rendición de Cuentas.

En este tenor, recientemente fue aprobada la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, lo que aunado a las abrogaciones y nuevas leyes arriba mencionadas, han mermado la claridad del orden jurídico nacional, en perjuicio del Estado de Derecho, de la operación adecuada de las OSCs y, finalmente, de la Sociedad en general.

Por lo anterior, la primera modificación que se propone es la actualización del artículo 5°, fracción primera de la LFFAROSC, para sustituir la referencia a la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social por la Ley de Asistencia Social. Lo anterior atendiendo a que, el 02 de septiembre de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación4 la Ley de Asistencia Social, que a través de sus disposiciones transitorias abrogó la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social.

La modificación propuesta resulta de especial importancia si se considera que, el numeral discutido, señala las actividades de las OSCs objeto de fomento, por lo que resulta inconcebible que la asistencia social (fracción I) sea definida con base a una ley ya abrogada.

Una segunda actualización, es la que se plantea al segundo párrafo del artículo 14, para sustituir la referencia a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Pública Gubernamental) y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, respectivamente.

Al respecto, el 30 de marzo de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación5 la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, misma que, en sus disposiciones transitorias, preveía la abrogación de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. De igual forma, el 9 de mayo del 2016, se publicó en el DOF6, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que abrogó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Por último, el 29 de mayo de 2009, se publicó en el DOF7 la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, ordenamiento que abrogó la antigua Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

En la misma tesitura, la tercer reforma propuesta tiene por objeto el modificar la redacción del artículo 24 de la LFFAROSC, atendiendo a la abrogación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en virtud de la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Diario Oficial de la Federación8 de 9 de mayo de 2016.

El artículo en comento tiene un papel notable dentro de la LFFAROSC, pues  tiene por objeto remitir al lector al procedimiento para solicitar información en posesión del Registro Federal de Organizaciones. Sin embargo, esta importante disposición en materia de transparencia ve su fin trunco con la actual redacción del artículo en comento, pues éste hace un reenvío al Título Segundo, Capítulo III de la ya abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Con la propuesta de reforma, se subsana el vicio de referir a una ley carente de vigencia.

Finalmente, la última modificación obedece a la reciente reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación9 de 27 de enero de 2016. Dicha reforma, en sus transitorios tercero y cuarto, establece un plazo máximo de un año, contado a partir de su entrada en vigor, para eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad deMedida y Actualización (UMA).

Es en este contexto, que se vuelve imprescindible modificar el actual texto de la fracción II del artículo 31, a efecto de sustituir el elemento utilizado para el cálculo de la multa, pasando de la referencia de los salarios mínimos a las Unidades de Medida y Actualización.

Las modificaciones planteadas, resultan necesarias para garantizar la comprensión y asequibilidad en la lectura del marco jurídico mexicano a fin de acercar la ley a todo ciudadano, no exclusivamente a profesionistas con formación jurídica.

En conclusión, como legisladores debemos tener en cuenta, que para cumplir las máximas de legalidad y certeza jurídica presentes en un Estado de Derecho, resulta indispensable actualizar el marco jurídico. Lo anterior, a efecto de garantizar al gobernado la posibilidad de conocer a qué leyes u ordenamientos debe remitirse para la adecuada interpretación de sus normas, así como dotarle de la capacidad de conocer, a priori, la dimensión de las sanciones a las que podría hacerse acreedor en caso de cometer alguna infracción.

Con la finalidad de facilitar e ilustrar, de mejor manera los cambios propuestos en esta Iniciativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Texto Vigente

Reforma Propuesta

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:

I. Asistencia social, conforme a lo establecido en la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social y en la Ley General de Salud

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:

I. Asistencia social, conforme a lo establecido en la Ley de Asistencia Social y en la Ley General de Salud

Artículo 14. La Comisión, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, deberá elaborar y publicar un Informe Anual de las acciones de fomento y de los apoyos y estímulos otorgados a favor de organizaciones de la sociedad civil que se acojan a esta ley.

El informe respectivo, consolidado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se incluirá como un apartado específico del Informe Anual que rinde el Ejecutivo al Congreso de la Unión y de la Cuenta Pública, con base en las leyes de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, de Transparencia y Acceso a la Información, de Fiscalización Superior de la Federación y demás leyes aplicables.

Artículo 14. La Comisión, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, deberá elaborar y publicar un Informe Anual de las acciones de fomento y de los apoyos y estímulos otorgados a favor de organizaciones de la sociedad civil que se acojan a esta ley.

El informe respectivo, consolidado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se incluirá como un apartado específico del Informe Anual que rinde el Ejecutivo al Congreso de la Unión y de la Cuenta Pública, con base en las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Federal de Transparencia y Acceso a la Información  Pública, de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás leyes aplicables.

Artículo 24. Todas las dependencias y entidades, así como las organizaciones inscritas, tendrán acceso a la información existente en el Registro, con el fin de estar enteradas del estado que guardan los procedimientos del mismo.

Aquellas personas que deseen allegarse de información establecida en el Registro, deberán seguir el procedimiento a que se refiere el Capítulo III del Título Segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 24. Todas las dependencias y entidades, así como las organizaciones inscritas, tendrán acceso a la información existente en el Registro, con el fin de estar enteradas del estado que guardan los procedimientos del mismo.

Aquellas personas que deseen allegarse de información establecida en el Registro, deberán seguir el procedimiento a que se refiere el Capítulo I del Título Quinto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 31. Cuando una organización de la sociedad civil con registro vigente cometa alguna de las infracciones a que hace referencia el artículo anterior, la Comisión, a través de la Secretaría Técnica, impondrá a la organización, según sea el caso, las siguientes sanciones:

I.(…)

II. Multa: en caso de no cumplir con el apercibimiento en el término a que se refiere la fracción anterior o en los casos de incumplimiento de los supuestos a que se refieren las infracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del artículo 30 de esta ley; se multará hasta por el equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;

III. a IV (…)

(…)

Artículo 31. Cuando una organización de la sociedad civil con registro vigente cometa alguna de las infracciones a que hace referencia el artículo anterior, la Comisión, a través de la Secretaría Técnica, impondrá a la organización, según sea el caso, las siguientes sanciones:

I. (…)

II. Multa: en caso de no cumplir con el apercibimiento en el término a que se refiere la fracción anterior o en los casos de incumplimiento de los supuestos a que se refieren las infracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del artículo 30 de esta ley; se multará hasta por el equivalente a trescientas unidades de medida y actualización vigentes;

III. a IV (…)

(…)

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Único. Se reforman los artículos 5, fracción primera;14, segundo párrafo;24, segundo párrafo y 31, fracción segunda para quedar como sigue:

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:
I. Asistencia social, conforme a lo establecido en la Ley de Asistencia Social y en la Ley General de Salud

Artículo 14. La Comisión, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, deberá elaborar y publicar un Informe Anual de las acciones de fomento y de los apoyos y estímulos otorgados a favor de organizaciones de la sociedad civil que se acojan a esta ley.

El informe respectivo, consolidado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se incluirá como un apartado específico del Informe Anual que rinde el Ejecutivo al Congreso de la Unión y de la Cuenta Pública, con base en las leyesFederal dePresupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deFiscalización y Rendición de Cuentasde la Federación y demás leyes aplicables.

Artículo 24. Todas las dependencias y entidades, así como las organizaciones inscritas, tendrán acceso a la información existente en el Registro, con el fin de estar enteradas del estado que guardan los procedimientos del mismo.

Aquellas personas que deseen allegarse de información establecida en el Registro, deberán seguir el procedimiento a que se refiereel Capítulo I del Título Quinto de laLey Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 31. Cuando una organización de la sociedad civil con registro vigente cometa alguna de las infracciones a que hace referencia el artículo anterior, la Comisión, a través de la Secretaría Técnica, impondrá a la organización, según sea el caso, las siguientes sanciones:

I. (…)

II. Multa: en caso de no cumplir con el apercibimiento en el término a que se refiere la fracción anterior o en los casos de incumplimiento de los supuestos a que se refieren las infracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del artículo 30 de esta ley; se multará hasta por el equivalente a trescientas unidades de medida y actualización vigentes;

III. a IV (…)

(…)

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República,
el 13 de julio de 2016

Dip. Alejandro González Murillo.

1 Artículo 5 de la Ley Federal de Fomento  a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

2 Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, consultado el 5 de julio de 2016:
http://166.78.45.36/portal/?cluni=&nombre=+&acronimo=&rfc=&status_osc=&status_sancion=&figura_juridica=&estado=&municipio=&asentamiento=&cp=&rep_nombre=&rep_apaterno=&rep_amaterno=&num_notaria=&objeto_social=&red=&advanced=

3 Informe Anual de las Acciones de Fomento y de los Apoyos y Estímulos otorgados por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal a favor de Organizaciones de la Sociedad Civil correspondiente a 2015, página 44, consultado el 5 julio de 2016 en:
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/sistema/sirfosc/seccionpagina/contenido/seccioncontenido/Anexos/archivos/Anexo591.pdf

4 Diario Oficial de la Federación 02 de septiembre de 2004, consultado el 05 de julio de 2016: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=662330&fecha=02/09/2004

5 Diario Oficial de la Federación 30 de marzo de 2006, consultado el 06 de julio de 2016:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2117583&fecha=30/03/2006

6 Diario Oficial de la Federación 09 de mayo de 2016, consultado el 06 de julio de 2016:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436283&fecha=09/05/2016

7 Diario Oficial de la Federación 29 de mayo de 2009, consultado el 06 de julio de 2016:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5092032&fecha=29/05/2009

8 Diario Oficial de la Federación 09 de mayo de 2016, consultado el 06 de julio de 2016:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436283&fecha=09/05/2016

9 Diario Oficial de la Federación 27 de enero de 2016, consultado el 06 de julio de 2016:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423663&fecha=27/01/2016

Referencias

• Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
• Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
• Informe Anual de las Acciones de Fomento y de los Apoyos y Estímulos otorgados por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal a favor de Organizaciones de la Sociedad Civil correspondiente a 2015
• Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 1148-I, martes 10 de diciembre de 2002 Dictamen de la Comisión de Participación Ciudadana, con Proyecto de Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
• Ley de Asistencia Social
• Ley Federal Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
• Ley Federal de Transparencia y Rendición de Cuentas.
• Ley Federal de Fomento a las Actividades que Realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil.
• Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social.
• Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social.
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
• Diario Oficial de la Federación de 02 de septiembre de 2004.
• Diario Oficial de la Federación de 30 de marzo de 2006.
• Diario Oficial de la Federación de 09 de mayo de 2016.
• Diario Oficial de la Federación de 29 de mayo de 2009.
• Diario Oficial de la Federación de 09 de mayo de 2016.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Diputado González Murillo. Túrnese la presente iniciativa a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.





 

Continuando con el desahogo del Orden del Día, pasaremos al siguiente apartado que es la discusión de dictámenes que presentan las comisiones

Daremos trámite primero a aquellos asuntos que no tienen anuncio de reserva para su discusión.

Vale la pena comentar que son 72 dictámenes los que están agendados y 53 están en este rubro sin discusión, sin reserva.

Por ello solicito a la Secretaría dé cuenta de ellos.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Doy cuenta con los dictámenes.

Tenemos doce dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que se exhorta al Congreso del estado de Tabasco a revisar los aspectos legales y administrativos del personal contratado, para evitar pagos improcedentes.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

2. Por el que se exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalopolis a consoderar los beneficios ambientales, económicos, de movilidad y de espacio que se obtienen al usar la motocicleta.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

3. Por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que el programa de modernización del transporte público, sea llevado a cabo sin un aumento a la tarifa.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

4. Por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a informar sobre el procedimiento de adquisición y enajenación de 607 hectáreas en el municipio de Apaseo El Grande, Guanajuato.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

5. Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a enviar información de los criterios y resolución para la emisión de la declaratoria de emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida los días 8, 9 y 10 de marzo pasados, en municipios del estado de Jalisco.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

6. Por el que se solicita información al Congreso del estado de Nuevo León sobre la existencia de alguna denuncia interpuesta en contra del Diputado local Samuel Alejandro García Sepúlveda.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

7. Por el que la Comisión Permanente convoca a las legisladoras y legisladores a presentar iniciativas en materia de ética pública en las campañas políticas.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

8. Por el que se solicita información sobre las medidas de protección y resguardo de los trabajadores de los centros de salud del estado de Guerrero.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

9. Por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a convocar a una mesa de conciliación entre autoridades de la Delegación Venustiano Carranza, representantes de la Terminal de Autobuses de Transporte de Pasajeros de Oriente y comerciantes pertenecientes al mercado de San Lázaro.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

10. Por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de México un informe sobre los recursos obtenidos tras el aumento a la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

11. Por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe que detalle los montos recaudados por concepto de tala y derribo de árboles para la construcción de obra pública y privada.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

12. Por el que se exhorta a la Jefa Delegacional en Tlalpan a informar sobre las acciones de gobierno destinadas a prevenir y erradicar la proliferación de tiraderos clandestinos en la delegación.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Tenemos también 41 dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que se solicita al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad un informe sobre las acciones que se han emprendido para la implementación del modelo de Centros Incluyentes de Atención Integral para niñas, niños y adolescentes.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

2. Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

3. Por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a remitir un informe sobre las acciones emprendidas para dar seguimiento a los objetivos derivados de la Resolución 69/6, “El deporte como medio de promover la educación, la salud, el desarrollo y la paz”.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

4. Por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración y al gobierno del estado de Baja California a continuar brindando orientación y atención digna; y se sigan garantizando la integridad y la seguridad de los migrantes provenientes de Haití, Somalia, Ghana y Etiopia.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

5. Por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud a fortalecer las acciones y programas de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la obesidad en el país.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

6. Por el que se exhorta a los gobiernos federal y de las entidades federativas a fortalecer las acciones encaminadas a garantizar la satisfacción de los requerimientos nutricionales y alimenticios de niñas, niños y adolescentesen el país.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

7. Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación y al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del estado de Jalisco a implementar las acciones que correspondan para atender las necesidades de infraestructura física educativa de las escuelas “Aurelia Guevara” e “Ignacio Allende”, ubicadas en el municipio de Tonalá, Jalisco.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

8. Por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a remitir un informe sobre las acciones emprendidas para garantizar la adecuada implementación de las 13 recomendaciones que en 2014 le emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

9. Por el que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a promover la celebración de un convenio con el gobierno del estado de Nuevo León para fortalecer las acciones y programas tendientes a prevenir y erradicar toda forma de discriminación en la entidad.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

10. Por el que se exhorta a las autoridades en materia de infraestructura física educativa de la Federación, a realizar las acciones necesarias para retirar de los planteles educativos del país el mobiliario que ya no sea necesario.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

11. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud federal a emprender las acciones necesarias para asegurar la existencia en los centros del sector salud del faboterápico polivalente antialacrán.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

12. Por el que se exhorta a las Secretarías de Salud y Educación Pública a fortalecer las acciones e incrementar las campañas regulares de salud visual y evaluación optométrica en todos los niveles de educación básica del país.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

13. Por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fortalecer las acciones y programas destinados a promover la inclusión laboral de las personas adultas mayores.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

14. Por el que se exhorta al gobierno del estado de Guerrero, a realizar las acciones necesarias para concluir la construcción, equipamiento y puesta en operación de la clínica de atención y prevención de cáncer del Hospital “Dr. Juventino Rodríguez García”.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

15. Por el que se exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a instrumentar las medidas necesarias para fortalecer y perfeccionar el Sistema Integral de Abasto de Medicamentos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

16. Por el que se exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a fortalecer las políticas públicas tendientes a reconocer el valor de las lenguas y culturas indígenas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

17. Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a considerar la viabilidad de producir y difundir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en formato impreso, electrónico, accesible, incluyente y en aplicación digital, especialmente para educandos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

18. Por el que se exhorta a los poderes ejecutivos y judiciales de las entidades federativas a fortalecer las acciones de prevención, protección y procesamiento del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

19. Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a proponer a la Organización Mundial de la Salud, la declaración de un "Día Internacional de la Salud Materna y Perinatal".

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

20. Por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a fortalecer los protocolos de denuncia y actuación para los casos de violencia sexual cometidos contra niñas, niños y adolescentes.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

21. Por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fortalecer las acciones y políticas públicas instrumentadas para avanzar en la erradicación del trabajo infantil en México.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

22. Por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación a fortalecer las acciones presupuestales y administrativas encaminadas a garantizar la existencia de espacios lúdicos para niñas, niños y adolescentes en las instalaciones en que se lleve a cabo el procedimiento de carácter jurisdiccional y administrativo en que deban intervenir.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

23. Por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud, a implementar acciones y programas que contribuyan a disminuir la exposición de niñas y niños a la radiación ultravioleta en los centros escolares.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

24. Por el que la Comisión Permanente condena energéticamente los actos de violencia perpetrados en Orlando, Florida, Estados Unidos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

25. Por el que la Comisión Permanente condena el asesinato de la Parlamentaria Británica Helen Joanne “Jo” Cox.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

26. Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a evaluar e impulsar acciones que permitan hacer más eficiente y seguro el ingreso de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros residentes en Guatemala a nuestro país.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

27. Por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a informar si se cuenta con datos sobre los connacionales que han sido deportados de Estados Unidos de América.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

28. Por el que se exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a seguir impulsando acciones para garantizar los derechos y la integridad de los habitantes de Salaverna, Mazapil, Zacatecas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

29. Por el que se exhorta a la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión a realizar campañas de información y consulta a la ciudadanía sobre la elaboración de la Ley General de Cultura.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

30. Por el que se exhorta a la Procuraduría de Justicia del estado de Baja California Sur a aplicar las sanciones correspondientes a los funcionarios que, en el caso de la joven víctima de violación sexual, incumplieron con la norma correspondiente.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

31. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud federal a impulsar acciones integrales de difusión en las que se destaquen los beneficios nutrimentales y para la salud que implica el consumo de cacao y sus derivados.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

32. Por el que se exhorta al ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, a informar sobre el resultado de las auditorías realizadas al Consejo Municipal del Deporte.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

33. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las entidades federativas a fortalecer las campañas de difusión acerca del arácnido conocido como “araña violinista”.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

34. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar campañas, estratégias y acciones para la detección temprana e integral del autismo en niñas y niños.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

35. Por el que se exhorta al gobierno del estado de Baja California a informar sobre las acciones que lleva o llevará a cabo para contar con un registro público que contenga la información general y estadística de los casos de violencia contra las mujeres.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

36. Por el que se exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a implementar o fortalecer las acciones existentes para prevenir y sancionar las conductas racistas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

37. Por el que se exhorta a los integrantes de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario a informar sobre las acciones instrumentadas para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

38. Por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco y a la Secretaría de Salud a promover las medidas necesarias para garantizar la operación del Hospital Civil de Guadalajara.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

39. Por el que se desecha la proposición que exhorta a modificar diversos puntos de la Norma Oficial Mexicana Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

40. Por el que se considera atendida la proposición que exhorta a expresar solidaridad con la mandataria Dilma Rousseff y con el pueblo brasileño.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

41. Por el que se considera atendida la proposición que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a ofrecer sus buenos oficios a fin de normalizar la institucionalidad democrática en Venezuela.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, señora Secretaria,

¿Consulto si alguien desea reservar algunos de los dictámenes anunciados por la Secretaría?

Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, y así se hace del conocimiento de la Asamblea, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes sobre los puntos de Acuerdo que se han referido. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Pasamos al apartado de dictámenes a discusión. Iniciamos con los que tenemos pendientes de la sesión del pasado 29 de junio y que quedaron reservados.

Tenemos el dictamen de la Primera Comisión, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a informar sobre el cumplimiento de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a distintas delegaciones. El dictamen está publicado en la Gaceta.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el particular.

El Senador Jesús Casillas Romero: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores.

El presente dictamen es de gran importancia en la medida que coadyuva a robustecer la transparencia y rendición de cuentas que es, sin duda, una de las grandes demandas de la sociedad, ya que está relacionada con el manejo de recursos públicos, recursos que aportamos todos los mexicanos.

Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, son el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los gobiernos locales recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender las demandas sociales.

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal tiene como objetivo el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto rezado social y en las zonas de atención prioritaria.

Dicho fondo, se destina a la atención de los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural y de las colonias más pobres de la Ciudad de México.

En ese sentido, la Auditoría Superior de la Federación, se encarga de revisar que el uso de los recursos públicos federales se ejerzan con orden, economía, transparencia y honradez a fin de cumplir con los objetivos establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Una de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación es efectuar revisiones a los tres Poderes de la Unión, a los órganos federales constitucionalmente autónomos y, en general, a todas las instituciones públicas que ejercen recursos federales.

En ese contexto de acuerdo con la auditoría, en la cuenta pública 2014 se detectaron irregularidades en diversas delegaciones, por ejemplo, en la Álvaro Obregón, se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1 millón 300 mil 112 pesos por concepto de recursos no ejercidos a la fecha de la revisión del Fondo.

Asimismo, en la Delegación Gustavo A. Madero se construyó una clínica dental en el deportivo “Carmen Serdán”, por lo que se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 20 millones 159 mil 240 pesos, principalmente.

Coincidimos con los proponentes sobre la importancia que tienen los recursos del Fondo de Aportaciones Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para atender las necesidades más apremiantes de la población.

Por ello, es importante que se informe sobre el cumplimiento de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, de la Cuenta Pública 2014, en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

En el grupo parlamentario del PRI reafirmamos nuestro compromiso con los sectores más vulnerables de la población y en el ejercicio transparente y eficiente de los recursos públicos, por lo que consideramos que se deben solventar las observaciones y solicitudes de aclaración emitidas por la Auditoría Superior de la Federación.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Senador Casillas Romero.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión del dictamen de la Primera Comisión, en torno las exhalaciones, actividad sísmica y caída de ceniza registradas en las inmediaciones del volcán “Popocatépetl”. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión el dictamen.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Raúl Domínguez Rex, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Diputado Raúl Domínguez Rex: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

La seguridad y la tranquilidad de la población constituye un tema prioritario que debe ser abordado desde todas sus aristas, incluida la concerniente a la implementación de protocolos para actuar en casos de desastre natural.

Al respecto, la Ley General de Protección Civil, sienta las bases de coordinación para el diseño, instrumentación de programas y estrategias dirigidas al fortalecimiento de las instituciones de protección civil para la prevención de riesgos en el territorio nacional.

Hoy, gracias a la prevención de riesgos y a una coordinación efectiva, nuestro Sistema Nacional de Protección Civil es un mecanismo que ha privilegiado y ha permitido salvar miles de vidas y salvaguardar su patrimonio.

Bajo esta tesitura, hago uso de la tribuna para hablar a favor del presente dictamen, a efecto de que se fortalezcan los protocolos de seguridad, los programas de auxilio y las políticas necesarias para salvaguardar la integridad de la población ante eventuales exhalaciones, actividad sísmica y caída de ceniza en las inmediaciones del volcán “Popocatépetl”.

Compartimos la preocupación de la Diputada proponente, quien señala que en los últimos 17 años se han presentado diversas etapas efusivas y explosivas asociadas con el crecimiento y destrucción de domos.

Por ello es propicio el exhorto planteado, pues si bien es cierto que las autoridades responsables se conducen con legalidad, oportunidad y sensibilidad, también lo es que la seguridad e integridad de la población nos constriñe en la obligación de fortalecer y ampliar las medidas concernientes.

Compañeras y compañeros legisladores: La protección civil es una tarea de todos. En este contexto es de vital importancia que los medios locales del estado de Puebla focalicen sus campañas informativas para dar a conocer las acciones a adoptar en caso de una eventual contingencia volcánica y así la población tenga las herramientas para actualizar y actuar ante los siniestros de esta naturaleza.

En la medida en que se lleven a cabo acciones coordinadas, destinadas a la protección contra los peligros derivados de la actividad del volcán “Popocatépetl”, estaremos dando un paso más para prevenir y salvaguardar la integridad, bienestar y patrimonio de la población.

A partir de estas consideraciones, los integrantes del grupo parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen y los invitamos a pronunciarse en el mismo sentido.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Diputado Domínguez Rex.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Tenemos la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, por el que solicita un informe sobre las acciones realizadas a partir de las irregularidades observadas en diversos fondos dirigidos a la educación de Sonora, durante la pasada administración estatal. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión el presente dictamen.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Mariana Benítez Tiburcio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Diputada Mariana Benítez Tiburcio: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea:

La transparencia es una obligación que tiene la autoridad de todo Estado democrático que permite poner a la vista de sus ciudadanos información sobre el uso de los recursos públicos y las acciones de gobierno. Esta obligación de los órganos estatales debe ser dirigida a generar un ambiente de confianza y seguridad, pero sobre todo de honestidad, de rendición de cuentas, al demostrar que el ejercicio del servicio público es eficaz y eficiente.

Los legisladores del grupo parlamentario del PRI siempre nos hemos manifestado a favor de que todo gobierno, sea cual sea su origen, deba rendir información precisa, confiable y absolutamente comprobable de su administración.

En Sonora, el actual gobernador está hoy impulsando decididamente la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, porque precisamente es algo de lo que adoleció en el pasado gobierno del señor Guillermo Padrés Elías.

De acuerdo al informe del resultado de la Fiscalización Superior que dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación el pasado 17 de febrero, el monto de las observaciones con impacto económico, pendientes de solventar entre 2011 y 2013, ascienden a los 6 mil 288 millones de pesos.

Específicamente en el tema educativo, este informe revela que diversos fondos y subsidios relacionados con el sector, presentan probable daño o perjuicio, o bien, la aclaración y solicitud de documentación justificativa y comprobatoria, es por una cantidad superior a mil 123 millones de pesos.

Por si esto no fuera suficiente, a 10 meses del cambio de administración, surgen nuevas acusaciones en contra del ex gobernador y familiares y amigos cercanos.

Recientemente se publicó que el señor Agustín Antonio Padrés, primo-hermano del ex gobernador de Sonora, quien fuera Subdirector Adscrito a la Dirección General de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Educación y Cultura del estado, defraudó presuntamente a 45 personas al venderles plazas magisteriales por un monto de 120 mil pesos cada una.

Compañeras y compañeros legisladores, el ejercicio ético del poder público entraña su correcta aplicación bajo criterios de eficacia y eficiencia, pero sobre todo, al cumplimiento de normas y regulaciones de transparencia bien definidas.

Es evidente que en la pasada administración del gobierno del estado de Sonora se actuó de manera irresponsable e ilegal, fuera de toda norma, fuera de todo ejercicio ético del poder público, traicionando la confianza de los sonorenses.

En el grupo parlamentario del PRI estamos a favor del presente dictamen, a fin de que se solicite a la auditoría un informe sobre las acciones legales y administrativas emprendidas en contra de servidores públicos y del propio ex gobernador Guillermo Padrés, derivado de las observaciones registradas por la Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, se propone que esta Comisión Permanente solicite a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora un informe pormenorizado del resultado de las investigaciones realizadas sobre los presuntos desvíos de recursos durante la administración de Guillermo Padrés.

Y, finalmente, esta Comisión Permanente solicite un informe sobre las investigaciones que se llevaron a cabo en relación a la presunta venta de plazas dentro de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora.

Hoy más que nunca los legisladores del PRI estamos comprometidos con el estado de derecho, con velar porque los gobiernos sean eficaces y honestos, y actúen en el marco de la ley, así como sus gobernantes.

Por ello, votaremos a favor y los invitamos a sumarse al presente dictamen.

Es cuanto.

Muchas gracias.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Diputada Benítez Tiburcio.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte a la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a hacer públicas las licitaciones relacionadas con los proyectos de obras en el Laboratorio Estatal de Salud Pública en León. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Bárbara Botello Santibáñez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea:

La transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos son componentes primordiales para el fortalecimiento de la democracia en nuestro país.

La fiscalización de los recursos federales y la rendición de cuentas fortalecen la confianza y la credibilidad de los ciudadanos sobre las instituciones del Estado mexicano y los servidores públicos.

La fiscalización constituye un instrumento muy importante para promover la gobernanza, es decir, conformar gobiernos que entreguen resultados oportunos, eficientes y transparentes que a la vez generen condiciones de bienestar.

La Auditoría Superior de la Federación se encarga de revisar que el uso de los recursos públicos federales se ejerzan con orden, economía, transparencia y honradez, a fin de cumplir los objetivos establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política.

En este contexto, diferentes medios de comunicación han denunciado diversos hechos sobre presuntas irregularidades relacionadas con el uso indebido de recursos públicos del Laboratorio Estatal de Salud Pública en la ciudad de León, Guanajuato, referente a licitaciones de proyectos de obras de remodelación por parte de la empresa Servicio Especializada de Diagnósticos, S.A.

Las denuncias están referidas a irregularidades presentadas en la primera etapa de las obras de remodelación del laboratorio de biología molecular, realizado en el 2013, sobre una ampliación con una inversión de 5 millones de pesos.

En la segunda, se cambió el piso del laboratorio estatal bajo el mismo procedimiento de una licitación amañada y, en la tercera, efectuada también en el año 2015, se remodeló la oficina de la dirección.

Cabe destacar que en noviembre de 2015, un ciudadano solicitó al Instituto de Acceso a la Información Pública para el estado de Guanajuato, información sobre la inversión de esta obra y el financiamiento, no obstante, la información fue declarada como inexistente.

Ante estos hechos, las denuncias y evidencias dan cuenta de presuntas situaciones de desvío de recursos públicos, enfatizando que el gobierno estatal, en algunos casos, no presenta los informes respectivos sobre las variaciones entre el presupuesto autorizado, el modificado y el ejercido, lo cual es muestra de una falta de transparencia y de rendición de cuentas.

Ante esta situación, resulta necesario y urgente que la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación lleven a cabo las investigaciones pertinentes con el objetivo de identificar, sancionar y prevenir la comisión de actos ilícitos, ligado con el manejo de recursos. Esto, igual como lo denunciamos hace algunas semanas, ocurre también lo mismo con el caso de la inversión de Toyota en el estado de Guanajuato.

Es innegable que las presuntas irregularidades detectadas en el Laboratorio Estatal de Salud Pública representan prácticas que atentan contra el manejo responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos. Con ello, nos queda muy claro que el actual gobierno de Guanajuato realiza eficazmente a través de intermediarios, negocios jugosos y actos de corrupción, y que de dichas acciones lo único que hacen es distraer para atender el grave problema de seguridad que estamos padeciendo todos los guanajuatenses.

Los guanajuatenses esperamos que después de dos semanas de viaje por Europa del Gobernador Miguel Márquez Márquez, se ponga a atender por fin los problemas de inseguridad y de violencia que han aumentado y que nos han puesto, de acuerdo a las cifras del Sistema Nacional de Seguridad, en el tercer estado en inseguridad.

También, queremos que ahora que regresó el gobernador de vacaciones, también atienda el tema de los feminicidios que nos preocupan y queremos resultados.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Diputada Botello Santibáñez.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Tenemos la discusión de los dictámenes reservados de la Segunda Comisión.

Para referirse a todos los dictámenes de la Segunda Comisión, se concede el uso de la tribuna a la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Buenas tardes, señoras y señores integrantes de la Comisión Permanente.

Por estar realizando otras actividades, ha sido el día de hoy necesario presentar los dictámenes que las comisiones han dictaminado en sesiones pasadas.

Hoy se integran los dictámenes que vienen de la sesión anterior de la Segunda Comisión, en su sesión cuarta, y también los que fueron aprobados ayer en la sesión quinta de trabajo.

Es muy importante darle seguimiento a los dictámenes que hoy están siendo tomados en cuenta y que han sido presentados para su aprobación. De manera particular celebramos que hayan sido aprobados los que no han sido reservados, que es necesario seguir insistiendo que lo que preocupa a las y los integrantes de la Segunda Comisión tiene que ver con materias que están inscritas en recomendaciones, exhortos diversos a la Secretaría de Salud en materia de fortalecer las políticas a favor de la nutrición, las mejores condiciones de instalación de los centros de salud, que no haya discriminación.

Igual la Secretaría de Educación Pública, hay permanentemente una preocupación respecto de que haya condiciones loables, de dignidad humana para las escuelas, la infraestructura escolar de nuestro país, de manera particular llama la atención respecto a algunos municipios, algunas entidades. Y también de manera general los exhortos a que se vigile todo el país.

Por supuesto hay temas importantes que tienen que ver con el apoyo al deporte, con seguir atendiendo las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas en esta materia, o por ejemplo apoyar a los trabajadores, a algunas universidades, particularmente ayer aprobamos la que tiene que ver con el exhorto al gobierno del estado de Coahuila, para fortalecer a la Universidad Autónoma de Coahuila, y además la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. En fin, hay muchos asuntos que tienen preocupación.

Llama también la atención, que están preocupados respecto a los temas que tienen que ver con la migración. Hay un punto de Acuerdo importante para que se garanticen las condiciones de atención digna a migrantes que están varados en el municipio de Tijuana, que provienen de Haití, Somalia, Ghana, Etiopia. Es muy importante lo que se aprobó ayer.

En contraposición, que es uno de los temas que tenemos reservados, precisamente los dictámenes de ayer; en contraposición a este dictamen que apoyamos de manera favorable, hubo una gran discusión en la comisión para no aprobar, para hacer cambios y evitar que la Segunda Comisión llamara a una reunión de trabajo a quien está al frente del Instituto Nacional de Migración. Quiero destacar eso porque francamente nos parece contradictorio.

Mientras que estamos aquí haciendo la declaratoria de la modificación al artículo 11 constitucional, que finalmente cumple con todo el proceso legislativo del Congreso Permanente, por el otro lado no aprobamos, no estamos de acuerdo y se vota desechando la propuesta de la comisión respecto de que el responsable, el titular del Instituto Nacional de Migración, pueda trabajar con la Segunda Comisión, que es su materia, para saber qué es lo que está pasando en su rubro.

Y en concreto, la preocupación manifestada fue respecto de cómo están las instalaciones, los albergues fronterizos, en concreto los que están instalados en Tapachula y de manera particular el que se denomina Siglo XXI.

Yo creo que esta contradicción que tenemos en el Parlamento mexicano, de que sí avalamos los exhortos, qué bueno, muy bien, que nos informen, que ése fue el sentido de la propuesta finalmente aprobada, pero ya la otra parte que tiene que ver con llamar a reuniones de trabajo, sí nos preocupa. Yo sí quiero manifestarlo.

Antes tengo que agradecer a las y los integrantes de la comisión, a la propia Comisión Permanente que avala lo que aprueba la comisión, que es muy creativa, muy productiva, los diversos temas que se tocan.

Pero cuando se tocan precisamente los que tienen que ver con llamar a que vengan a las comisiones del Parlamento, funcionarias y funcionarios de instituciones que son materia de preocupación de ustedes mismos, de ustedes mismas, en ese momento hay una actitud de: “No, no, no hay que tocar a los funcionarios”, incluso sin saber si los funcionarios quieren venir o no.

Yo francamente me podría anticipar de que en caso de que el responsable del Instituto Nacional de Migración, que ha venido en varias ocasiones a trabajar con las diversas comisiones, en este caso del Senado de la República, supongo que en la Cámara de Diputados es igual, ahí no hay absolutamente ningún problema, tienen disposición para venir.

Pero ahora de repente dicen: “No, no, que solamente informe”. Yo creo que ése es un contrasentido del trabajo que tiene que hacer, como equilibrio de los Poderes de la Unión, el Parlamento mexicano.

Por cierto, ya me extendí mucho en este punto. Va a ser uno de los puntos que espero nos dé tiempo para llegar a discutirlo de manera puntual, junto con el otro que también nos preocupa sobremanera, que se siga protegiendo de manera particular, un llamamiento francamente que no tiene absolutamente ninguna trascendencia, no lo va a mover del encargo, no le está moviendo el piso, como es el caso del gobernador del Estado de México respecto también del asunto que motivó a diversas organizaciones no gubernamentales, y perdón, señor Presidente, ya termino, respecto a los monumentos simbólicos alrededor de la exigencia de justicia de la violencia feminicida. Nos esperamos para ese momento.

Reitero, ya dediqué mucho a estos dos puntos que en lo particular vamos a discutir, pero me parece importante que en esta sesión hayamos aprobado todos los puntos de Acuerdo que venimos arrastrando desde la sesión anterior.

Es cuanto, y muchas gracias por su paciencia, señor Presidente.

Gracias a ustedes por su atención.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Senadora De la Peña Gómez.





 

Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, que exhorta a fortalecer las acciones encaminadas a crear y fomentar una cultura de respeto de todos los derechos de las personas con discapacidad. El dictamen está publicado en la Gaceta.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre el presente asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su venia, Diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Primero, quiero reconocer el trabajo de la Segunda Comisión.

El día de ayer, en una suma de las diversas reuniones y traslado que nos ha hecho la Presidencia de la Comisión Permanente, pues resolvimos más de 40 asuntos.

Y también tiene que ver con la capacidad de construir acuerdos y poder avanzar siempre en un sentido de buena fe.

Mi reconocimiento a las y los integrantes de la Segunda Comisión, y a su Presidenta, por supuesto.

El presente dictamen reviste la mayor relevancia, alude a dos aspectos fundamentales, como son la salud y la educación de millones de niños y adolescentes que cursan el nivel básico en todo el país.

El artículo 4o. constitucional establece que el Estado velará y cumplirá en todo momento, siempre, con el interés superior de la niñez.

Y como ya lo he manifestado aquí, este reconocimiento constitucional al interés superior de la niñez, nos obliga a todas y todos, al Estado mexicano, a los tres órdenes de gobierno, a la transversalidad para que en la toma de decisiones jurisdiccionales, de políticas públicas, o administrativas, siempre el interés de los niños y las niñas esté por encima de cualquier otro.

Y también nos dice la Constitución, nos obliga a garantizar plenamente sus derechos, a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y de esparcimiento para su desarrollo integral, lo cual debe idear el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en la materia.

El bajo rendimiento escolar tiene entre sus causas los problemas visuales, siendo los más comunes: el astigmatismo, la miopía y la hipermetropía, que es posible corregir con el uso de lentes.

Pero hay enfermedades más graves, como el glaucoma, que pueden provocar la pérdida total de la vista, requiriéndose una rápida atención oftalmológica para su atención especializada. De ello depende ver o no ver.

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, las causas principales de las deficiencias visuales son: los errores refractivos no corregidos, en un 43 por ciento; en cataratas, un 33 por ciento; y glaucoma, el 2 por ciento.

Según la Asociación Mexicana de Facultades, escuelas, colegios y consejos de optometría, en nuestro país uno de cada cuatro niños de edad escolar con problemas de visión no son diagnosticados.

La población que requiere de estos servicios es de 473 mil 775 niños, de cero a 4 años; mientras que de 5 a 14 años, suma 5 millones 716 mil 743 niños y niñas.

Un 20 por ciento de los niños de edad escolar, presenta problemas visuales, lo que provoca que, cada cuatro fracasos escolares, se deban y estén vinculados directamente con las deficiencias de la visión.

El gobierno federal ha ejecutado programas como “Ver Bien para Aprender Mejor”, cuyo objetivo es dar lentes a niños de escuelas primarias y secundarias públicas con problemas visuales, a fin de disminuir el bajo rendimiento y la deserción escolar.

El programa ha beneficiado a poco más de 185 mil niños y jóvenes del país; sin embargo, aún existen importantes retos que atender, siendo necesaria la evaluación optométrica permanente para atender a aquellos    que con el tiempo vayan requiriendo el servicio de lentes.

Ante este panorama, resulta indispensable la implementación de acciones y de políticas públicas que permitan dar atención a dicha problemática y lograr el desarrollo integral físico, académico y social de nuestros niños y nuestras niñas.

En el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de la necesidad de garantizar una educación de calidad para los niños y jóvenes mexicanos, por lo que es indispensable fortalecer las campañas de evaluación optométrica a los alumnos de educación básica que permitan mejorar su salud, aprovechamiento escolar y desarrollo integral.

Por ello, nosotros estamos a favor de las niñas y los niños de México.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Senadora De la Torre Valdez.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Tenemos enseguida la discusión de los dictámenes reservados de la Tercera Comisión. Iniciamos con el que exhorta a enviar un diagnóstico sobre la actual situación hídrica a nivel nacional. El dictamen está publicado en la Gaceta.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Gracias. En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Gerardo Sánchez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Gerardo Sánchez García: Con su permiso, Diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

El pasado 22 de marzo se celebró el “Día Mundial del Agua”, y al respecto el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas señaló: “Para eliminar los múltiples problemas relacionados con el agua debemos trabajar con un espíritu de cooperación urgente, con mente abierta a las nuevas ideas y la innovación y dispuestos a compartir las soluciones que todos necesitamos para el futuro sostenible”. Fin de la cita.

El agua representa uno de los elementos vitales para la humanidad, para el progreso y el desarrollo, razón por la cual es indispensable contar con información actualizada que permita al gobierno federal y a los gobiernos locales tomar decisiones en la planeación de mediano y largo plazos.

En el mes de febrero de 2012, se incluyó en la Constitución mexicana el derecho humano al agua, esto significa que forman parte de nuestros derechos fundamentales el acceso, la disposición y el saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

En México, cada año se reciben 1,489 millones de metros cúbicos de agua en precipitaciones, de las cuales, según el Inegi el 73 por ciento se evapora y regresa a la atmósfera; el 22 por ciento escurre en los ríos y arroyos; y el 5 por ciento se filtra en el subsuelo recargando así los mantos acuíferos.

Algunos indicadores relevantes proporcionados por Conagua, señalan que el 80 por ciento de este recurso, considerado de buena calidad, se encuentra disponible en los acuíferos. En promedio, cada mexicano consume al año 360 litros de agua; 10.6 millones de mexicanos no tienen acceso al agua potable, además de que la sobreexplotación de los acuíferos ha aumentado sustancialmente.

En 1975 existían 32 acuíferos en esta condición, y en 2010 ya eran 105 acuíferos.

Esta información nos revela la importancia que representa este recurso natural, por ello debemos crear las condiciones necesarias que coadyuven a garantizar la disponibilidad de agua para las generaciones presentes y futuras.

Estamos convencidos de que un diagnóstico de los recursos hídricos nos permitirá definir de manera más eficiente las herramientas legales y las políticas públicas para el uso sustentable de este recurso.

Nos manifestamos a favor del presente dictamen mediante el cual se solicita a la Semarnat y a la Comisión Nacional del Agua que nos envíen un diagnóstico sobre la actual situación hídrica a nivel nacional, así como las perspectivas para las próximas décadas a raíz del cambio climático; además de solicitar un informe sobre los avances en la ejecución del programa hídrico nacional y el desarrollo de campañas de concientización y cuidado del agua a nivel nacional de forma permanente y continua.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Senador Sánchez García.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Evelyn Parra Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Diputada Evelyn Parra Álvarez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

En el grupo parlamentario del PRD consideramos que esta Comisión Permanente podría ahorrarse un sinnúmero de exhortos si quienes integran al gobierno federal, desde el Presidente de la República hasta los funcionarios de estructura, pasando por los Secretarios de Estado y los directores de organismos, cumplieran la ley, pero no, no lo hacen.

Entonces, tenemos exhortos como éste que discutimos, donde prevalece la buena voluntad de los legisladores, pero también la complacencia y la aquiescencia para con quienes incurren en responsabilidades administrativas desde el gobierno federal.

El caso que nos atañe, si el director general de la Comisión Nacional del Agua cumpliera con las obligaciones que establece la ley, en específico lo que establece el inciso e) del artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, sería innecesario solicitar información en relación con la situación hídrica a nivel nacional, porque nada más certero que contar con la información de la disponibilidad de agua por acuífero y por cuenca hidrográfica, por lo menos cada tres años, como lo marca la ley.

Pero, ¿por qué no realiza estos estudios la Conagua y por qué no lo publica en el Diario Oficial de la Federación, como es su obligación?

¿O por qué lo hace, en el mejor de los casos, de manera selectiva?

La respuesta es muy sencilla, porque al hacerlo estaría exhibiendo sus propios actos de corrupción y la forma irresponsable en la que administra las aguas del país.

Por ejemplo, la forma en cómo concesiona agua subterránea a empresas mineras y extracciones en zonas donde está prohibido otorgarlas.

Otro ejemplo. La forma en que estas mismas empresas contaminan los acuíferos y las aguas superficiales con total impunidad y sin que se les retire la concesión.

Un caso muy conocido por la opinión pública fue el de la minera “Cananea” del Grupo México, y la respectiva contaminación del río “Sonora”.

Los estudios de disponibilidad son absolutamente necesarios para la política hídrica y, sin embargo, la Conagua prefiere destinar dinero a cualquier otra cosa que sea redituable a su círculo de amistades y proveedores.

Por ejemplo, la irregular asignación de contratos al ingeniero Roberto Olivares, Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, ANEAS, cuyo caso conocimos en esta Comisión Permanente a través de la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La ANEAS, vale recordar, fue beneficiada no sólo con contratos, sino también con atribuciones extraordinarias conferidas en la fallida y tan cuestionada Ley General de Aguas, pero la irresponsabilidad para la administración de las aguas del país no es privativa de este sexenio únicamente, desde el sexenio anterior, la Conagua y la Semarnat tuvieron oportunidad de difundir y promover y privilegiar los estudios.

Yo les muestro con estos libros que tengo aquí, fueron realizados del 2007 al 2012 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA, denominado “Efectos del cambio climático en los recursos hídricos en México”.

Pero lejos de hacerlo, lejos de dar cauce a la voz autorizada de los mejores investigadores que existen en México en la materia, lo que hizo el gobierno federal fue castigar al IMTA, a este instituto, desconociendo a su sindicato y reduciendo paulatina y sistemáticamente su presupuesto.

Hoy en día, bajo el gobierno de Peña Nieto, el presupuesto de esta institución ni siquiera rebasa los 300 millones de pesos. Resulta inaudito que el presupuesto de una institución tan importante, como el IMTA, sea semejante al monto de contratos que se le asignaron a la ANEAS para realizar esto, que ni siquiera se llevaron a cabo.

Compañeras y compañeros legisladores: El grupo parlamentario del PRD no escatimará su voto a favor de este dictamen, aunque tenemos serias dudas que un exhorto solicitando información pueda incidir en el estado, la administración y la gestión de las aguas del país.

En ese sentido, la discusión de los proyectos e iniciativas de Ley General de Aguas es una oportunidad para contribuir, por ejemplo, a un Sistema Nacional de Información del Agua, a la obligación de contar con aparatos de información telemétrica, así como lo ha planteado el PRD en su iniciativa de Ley General de Aguas, en la que el otorgamiento y, sobre todo, la renovación de concesiones deberá estar sujeta a la información de disponibilidad en tiempo real y al cumplimiento de condicionantes, entre las cuales se encuentran la reutilización de las aguas residuales y el establecimiento de plazos perentorios para llegar a un horizonte de cero descargas contaminantes, cuyo plazo quede establecido en una estrategia nacional.

En el PRD tenemos propuestas y estamos convencidos que sólo será legislando, haciéndolo a profundidad y a conciencia que podremos contribuir al cumplimiento del párrafo sexto del artículo 4o. constitucional y las exigencias, retos y desafíos que nos plantea el cambio climático.

Por su atención, es todo.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
PATRICIA SÁNCHEZ CARRILLO

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputada Parra Álvarez.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, que exhorta a intensificar las medidas y campañas fitosanitarias para atender la problemática relacionada con la proliferación de diversos tipos de plagas en la región norte del estado de Michoacán. El dictamen está publicado en la Gaceta.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Carmen Dorantes Martínez: Gracias. Muy buenas tardes. Honorable Asamblea:

Hasta el año 2014, de acuerdo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el estado de Michoacán se ha destacado por ser el primer productor agroalimentario del país, gracias a la producción de aguacate y de los berries, entre muchos otros productos.

Michoacán, junto con varias entidades del país, ha aportado su potencial en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria de México, y además ha sido, de manera permanente, el envío de sus productos de calidad a otros países.

Por ello, llama la atención que en días pasados se da a conocer que diversas plagas, como el pulgón amarrillo, el picudo, el gusano cocoyero, la chinche café, el pulgón salteador y la mosca blanca están afectando gravemente diversos cultivos en varios municipios de la región del norte del país.

Las regiones afectadas son La Ciénega, el Valle de Yerécuaro, el Valle de Penjamillo y la zona de La Piedad, que es una fértil región en la que además se produce maíz, cebada, sorgo, trigo, fríjol, jitomate, chile y fresa.

Evidentemente, el problema de las plagas no es nuevo, ni el único de Michoacán, ni es único de Michoacán, éste se ha encontrado históricamente en cualquier parte del mundo en donde el hombre ha impulsado la agricultura.

En años recientes, en Michoacán plagas como trips y ácaros afectaron la producción del aguacate y zarzamora; el pulgón amarillo afectó el sorgo; y el pulgón salteador a los cultivos de papa, jitomate, tomate verde y chile.

Gracias a la debida coordinación entre autoridades federales, estatales, municipales, los productores y, desde luego, la sociedad en general, se han sorteado las dificultades en el campo michoacano.

En la entidad, la delegación de la Sagarpa ha operado con eficiencia, también con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, a través de sus 26 juntas locales desarrollando acciones fitosanitarias en los 113 municipios.

Compañeras y compañeros legisladores: Hoy que se vive una situación de invasión de plagas a diversos cultivos ubicados en la zona norte de Michoacán, se requiere de acciones armonizadas, como en anteriores ocasiones, entre la Sagarpa y la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario del gobierno del estado.

Cualquier fenómeno como éste, de no atenderse adecuadamente, puede propiciar un fuerte golpe a la economía de los productores y a la sociedad.

No debemos permitir que por falta de información, de coordinación y de apoyo a la cadena productiva de diversos cultivos, éstos se vean seriamente afectados.

En el grupo parlamentario del PRI, siempre hemos respaldado las acciones dirigidas a que México tenga un campo rentable, competitivo, incluyente y sustentable.

Por ello, nos manifestamos a favor de este punto de Acuerdo para que esta Comisión Permanente exhorte a la Sagarpa y al gobierno de Michoacán para que, en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, intensifiquen las medidas y campañas fitosanitarias para atender la problemática relacionada con la proliferación de plagas en la región norte de esta entidad federativa.

Se cuenta con elementos técnicos, materiales y humanos para hacer frente a la situación.

La Sagarpa, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, por sus siglas, Senasica, y el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario.

En Michoacán, como en todo México, queremos que nuestro campo se mantenga vivo, sano y productivo.

Es cuanto.

Muchísimas gracias.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Senadora Dorantes Martínez.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carillo: Gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Tenemos la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a realizar acciones tendientes a verificar el correcto funcionamiento de las arrendadoras de vehículos automotores en los destinos turísticos del país. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

El próximo 15 de julio concluye el ciclo escolar 2015-2016, iniciando oficialmente las vacaciones de verano, una temporada que es aprovechada por miles de familias para tomar un periodo de descanso.

Al viajar puede resultar más práctico y económico rentar un auto que tomar taxi o utilizar algún transporte público, sobre todo si se tiene planeado visitar sitios que se encuentran alejados del lugar de hospedaje.

Esta situación ha propiciado la creación de un importante número de negocios dedicados al arrendamiento de automóviles, pero también, en los últimos años, han aumentado el número de quejas de los usuarios que utilizan este servicio.

Cabe mencionar que la Ley Federal de Protección al Consumidor, establece en su artículo 7, que todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado, convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a persona alguna.

Por su parte la Norma Oficial Mexicana, (NOM-124-SCFI-1997). Elementos informativos para la contratación del servicio de arrendamiento de vehículos, señala los aspectos mínimos de información comercial que los proveedores del servicio deben proporcionar al consumidor para evitar inducirlo al error o a la confusión.

Los proveedores están obligados a informar sobre los paquetes de servicio y tarifas especiales. Todos estos contratos de adhesión deben de estar registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

A pesar de la legislación, existen constantes quejas por parte de los usuarios sobre cobros indebidos o no informados al momento de firmar el contrato de arrendamiento de estas unidades.

El turismo es una de las actividades económicas más importantes en diversas regiones de nuestro país, generan miles de empleos y es motor de desarrollo.

Por esta razón, es fundamental que los servicios que se ofrecen no atenten contra los derechos de los consumidores. Si bien el gobierno federal lleva a cabo acciones para verificar sobreprecios y servicios de mala calidad, es importante que se fortalezca este trabajo a fin de que los usuarios no tengan contratiempos durante su viaje.

Bajo esta premisa votaremos a favor del presente dictamen para que las dependencias de turismo de las entidades federativas fortalezcan las acciones tendientes a verificar el correcto funcionamiento de las arrendadoras de vehículos automotores en los destinos turísticos del país.

Asimismo, para que lleve a cabo una investigación respecto de la situación de este servicio a fin de que pueda emitir sus conclusiones a través de la Revista del Consumidor, para su divulgación entre la población.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputado Sánchez Aldana.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Tenemos la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a realizar las acciones que contribuyan a agilizar el pago de los apoyos por contrato del programa Incentivos por Compensación de Bases y por la fijación de su monto en términos que permitan mantener el precio por tonelada del maíz. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo. Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Jesús Casillas Romero: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el campo es un sector estratégico para México debido a su potencial para reducir la pobreza e incidir en el desarrollo regional.

Para fortalecerlo se requiere impulsar estrategias mediante las cuales se eleve la productividad, rentabilidad y competitividad, que sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales.

La instancia responsable de impulsar dichas estrategias es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y sus órganos desconcentrados.

Una de las estrategias para impulsar la producción de granos es la denominada Incentivos por Compensación de Bases, impulsada por la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, conocido como Aserca. Este incentivo proporcionado por Aserca a los productores y compradores, a quienes ofrece protección contra las fluctuaciones de los costos en que se incurre por traer producto desde el punto de entrega del grano, hasta una zona de consumo determinada en el país.

En los meses de marzo y mayo, en Jalisco se suscitaron algunas protestas de productores de granos de varios municipios por la falta de pago de dicho incentivo, lo que ha generado consecuencias económicas, crediticias y operativas.

Las protestas y manifestaciones han sido debidamente atendidas tanto por el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado, como por el delegado de Sagarpa.

Jalisco es la principal entidad productora de maíz bajo el esquema de agricultura por contrato y ha logrado la incorporación del 95 por ciento de los productores al incentivo apoyos por compensación de bases.

Una situación similar es la que vive el estado de Sinaloa, también entidad líder en la producción de granos en el país, en donde se han retrasado los pagos y están a la espera de hacer realidad la creación de un fondo de protección a la agricultura por contrato.

Datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el SIAP, señalan que durante el año 2014 la producción de grano de maíz en Jalisco ascendió a 3 millones 472 mil 284 toneladas; mientras que en Sinaloa se generaron 3 millones 686 mil 274 toneladas en el mismo periodo, ello habla de la importancia que tienen estas entidades en este tema.

Anualmente a nivel nacional se producen 23 millones 273 mil 256 toneladas de maíz de grano.

Compañeras y compañeros legisladores, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la agricultura por contrato es un sistema en que las agroindustrias, exportadores y supermercados, entre otros, contratan directamente con los agricultores su producción primaria, lo que genera certidumbre y estabilidad entre ambas partes.

Por ello la importancia del presente dictamen con punto de Acuerdo mediante el cual la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Sagarpa para que en el ámbito de sus atribuciones, contribuya a agilizar el pago a los apoyos por contrato del programa Incentivos por Compensación de Bases, asimismo, para la fijación de su monto en términos que permitan mantener el precio de la tonelada de maíz.

Adicionalmente, que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente a la Sagarpa para promover y genera la creación de fondos de protección a la agricultura por contrato en los estados en situaciones similares, como es el caso de los estados de Jalisco y de Sinaloa.

Los legisladores del PRI votaremos a favor del presente dictamen e invitamos a apoyarlo en beneficio de los productores de grano de todo el país.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias, Senador Casillas Romero.

Sonido en el escaño del Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana.

El Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana: (Desde su escaño) Muchas gracias.

Me quiero sumar al propósito de este punto de Acuerdo, porque en la actualidad el fortalecimiento de la economía familiar de nuestros campesinos es una obligación y quienes cultivan en nuestro país el maíz no son ajenos al derecho anterior, ya que es el principal cultivo de nuestra tierra y ocupa el 33 por ciento del total de la superficie sembrada, son 7.5 millones de hectáreas.

No obstante lo anterior, seguimos importando cerca de siete toneladas de este alimento y desafortunadamente su precio de mercado es altamente sensible a la oferta y la demanda mundial.

Por ello, proteger y apoyar al maíz y a las familias que lo siembran es parte medular del fortalecimiento y modernización de nuestro campo.

Hoy los productores de Jalisco necesitan de nuestro apoyo. Celebro que esta Soberanía les haya tendido la mano.

Es cuanto.

Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputado Sánchez Aldana.

Sonido en el escaño del Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich.

El Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Simplemente para solidarizarme en los términos del dictamen por lo ya planteado por nuestros colegas el Senador Casillas Romero y el Diputado Sánchez Aldana, ambos jaliscienses, y felicitar, si así procede, a la Comisión Permanente por estar haciendo eco de las demandas de los productores.

Yo recordaría que justo este Acuerdo que hoy estamos discutiendo, y esperemos lo aprobemos en breve, ha sido una demanda permanente de los productores jaliscienses y, supongo, también de muchas otra partes del país.

Así que sería un acierto de la Comisión Permanente que esto pudiera aprobarse.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias a usted, Diputado Castañeda Hoeflich. Se toma nota.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diseñar e implementar campañas de prevención que contribuyan a erradicar los contenidos que denigran y discriminan a las mujeres. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Doy lectura al dictamen:



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Bárbara Botello Santibáñez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Con su permiso, señora Presidenta. Honorables compañeros:

La televisión y la radio son los medios de comunicación al que mayor número de mexicanos tienen acceso, aunque podríamos decir que la televisión es uno de los medios en los que mayormente los mexicanos tienen acceso y casi el 95 por ciento de los hogares cuenta con un aparato para informarse o para entretenerse, es decir, podemos prácticamente comentar que la televisión es un medio universal.

Es por ello que la radio y la televisión representan un espacio responsable de información, entretenimiento, cultura y convivencia, y juegan un papel muy importante en la sociedad.

Contribuyen por eso al proceso de formación de la infancia y de la juventud, razón por la cual se deben de evitar influencias nocivas al desarrollo integral de los  televidentes.

A pesar de la importancia de estos medios, hay diferentes programas que también están creando estereotipos de las mujeres. Y es que podemos decir que la violencia hacia las mujeres no solamente es la psicológica, también hay violencia patrimonial, sexual, política.

Por eso para la Organización de las Naciones Unidas, se dice que la violencia contra la mujer es todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como amenazas, coacción o privación arbitraria de la libertad en espacios públicos y privados.

También la Organización Mundial de la Salud plantea que el 10 por ciento de las mujeres han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja, cifra que alcanza el 70 por ciento en algunos de los países.

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señala que el 60 por ciento de las mujeres de 15 años y más declaró haber padecido algún incidente de violencia, proporción que en las mujeres se da entre los 30 y 39 años, y se eleva también en un 70 por ciento en las mayores de 39 años, situación que no es posible sostener y aceptar por ningún motivo.

El Instituto Nacional de las Mujeres ha señalado que la relación entre la mujer y los medios de comunicación ha sido tratada desde la década de los sesentas, sin embargo, en los medios de comunicación todavía se siguen fomentando los roles tradicionales tanto de mujeres como de hombres.

Por ejemplo, en las revistas y en la publicidad las mujeres siguen apareciendo principalmente como un objeto sexual. Además, de conservar el patrón de observarlas desempeñando papeles de sometimiento o de sumisión, mientras que el poder y el estatus son reservados para los varones.

El artículo 4o. Constitucional, establece de manera clara que está prohibida la discriminación motivada por cuestiones de género, aunado a esta disposición, también la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, establece en su artículo 6º que la igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida que se genere por pertenecer a cualquier sexo.

Con base en estas consideraciones, es necesario revisar los contenidos que actualmente se presentan en los medios masivos de comunicación, principalmente en la radio y la televisión, ya que no se debe permitir seguir fomentando está cultura de sometimiento en contra del género femenino.

Nuestro país ratificó en 1981, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en donde nos comprometimos a tomar medidas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto, además, de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la igualdad de condiciones que los hombres.

En el grupo parlamentario del PRI hemos ido de la mano de la transformación del marco jurídico en beneficio de la mujer, proponiendo y aprobando una serie de ordenamientos jurídicos que han fomentado una participación más igualitaria de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

Sin duda, el presente punto de Acuerdo coadyuvará para que se revisen algunas tareas pendientes que la autoridad tiene que realizar y, en este caso, el exhorto al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en coordinación con la Secretaría de Gobernación y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, implementen campañas de prevención que contribuyan a erradicar contenidos que denigran y discriminan a las mujeres.

Nuestro voto será a favor del presente Acuerdo, el cual será en beneficio de las más de 61 millones de mujeres mexicanas y en especial de las familias de nuestro país.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputada Botello Santibáñez.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Honorable Asamblea, informo a ustedes que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo en relación con el abasto de productos básicos en estado de Oaxaca.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Tiene el uso de la palabra la Diputada Mariana Benítez Tiburcio.

La Diputada Mariana Benítez Tiburcio: Con su venia, muchas gracias, señora Presidenta. Honorable Asamblea:

Se está planteando un tema de vital importancia para los oaxaqueños. Si bien ya se ha constituido una comisión para el seguimiento de las investigaciones de los hechos ocurridos el 19 de junio pasado en Nochixtlán, una comisión en la que queremos actuar, de la que soy miembro, soy Secretaria y comparto con su presidenta la gran intención de dar resultados en esta comisión especial.

Hay una parte desatendida y yo, como oaxaqueña, quiero traer este tema a esta    tribuna.

Se ha tocado el tema del desabasto, pero también se necesita atender el caso de miles de oaxaqueños que por no poder transitar libremente por las carreteras del estado de Oaxaca, tienen que hacer maravillas para poder ir de un lugar a otro, viajar a la Ciudad de México y sólo aquellos pocos que tienen la posibilidad de pagar un boleto de avión, por ejemplo, tiene que padecer ahora los abusos de las tarifas que están cobrando por boleto de avión las aerolíneas.

Ciertamente, hay leyes de oferta y demanda, y entendemos que así funciona el mercado. Pero no podemos permitir que se lucre con la necesidad de los miles de oaxaqueñas y oaxaqueños que están padeciendo, hoy por hoy, esa situación.

He recibido el reclamo de muchos paisanos que, como legisladora me preguntan, está bien que se atienda a las víctimas, está bien que haya una comisión especial para atender este caso, pero ¿qué pasa con nosotros que también somos víctimas?

Que vemos trastocados nuestros derechos de libre tránsito, que no podemos abrir nuestros negocios, que se ha mermado el comercio en Oaxaca.

Nosotros también somos víctimas, así me dicen todos los días, créanme, paisanos y paisanas de Oaxaca.

Así que quiero pedir la solidaridad de esta Comisión Permanente para tomar cartas en el asunto, para pedirle a la Procuraduría Federal del Consumidor que actúe, que revise los precios en los que están los productos básicos, porque se están aprovechando de la necesidad para lucrar.

Y pido, en particular, que la Profeco atienda y revise las tarifas que están manejando las líneas aéreas, porque no sólo padecemos un pésimo servicio, sino que además, estamos padeciendo los oaxaqueños el abuso en las tarifas, que es hoy por hoy el único medio por el cual pueden circular libremente y transportarse libremente algunos oaxaqueños, no todos.

Es cuanto, muchas gracias.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputada Benítez Tiburcio.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, señora Presidenta.

Bueno, por supuesto celebramos el pronunciamiento que hace la Comisión Permanente para un tema tan sensible, hago segunda a lo expresado aquí por mi compañera, la Diputada Mariana Benítez, para la Comisión Permanente es tan importante la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca.

Pero también es muy importante en el que se tomen cartas en el asunto con respecto a lo que está ocurriendo todos aquellos que se han visto afectados por las manifestaciones, todos aquellos que desafortunadamente, pues sus tiendas han sido vandalizadas de alguna manera o, incluso, les han robado todos sus productos, y digo desafortunadamente, porque es una realidad que está ocurriendo hoy en Oaxaca.

Yo quiero comentar, también, que dentro de esta propuesta construida por la Comisión Permanente, el Diputado Luis de León, de Acción Nacional, señalaba la importancia de poder contar con apoyos de programas emergentes para poder permitir que las micro, pequeñas y medianas empresas, pues puedan sortear la crisis de alguna forma que se está viviendo hoy en Oaxaca.

Desafortunadamente pues se han cancelado miles y miles de reservaciones para la fiesta de la Guelaguetza, y digo desafortunadamente, porque muchos de los que viven en Oaxaca, sostienen a sus familias a través del turismo y se han visto seriamente afectados.

Hoy hablamos de Oaxaca, pero también hay otros estados de la República por los que debemos de pronunciarnos, como es el caso de Chiapas, el caso de Guerrero y podríamos mencionar muchos otros estados de la República que se han visto afectados por estas movilizaciones.

Cerraría diciendo que celebro, insisto, que la Comisión Permanente esté sensible, y esto afortunadamente se siente, se palpa, por parte de todos los grupos parlamentarios, esto rebasa cualquier ideología política, estamos sensibles a lo que está ocurriendo hoy en Oaxaca. No queremos que se sigan dando casos como lo ocurrido el 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, pero también queremos que gobierno federal y el gobierno local, y lo hacemos de manera muy respetuosa, tomen cartas en el asunto.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

Al no haber más oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Compañeros legisladores: Informo a ustedes que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo expresado en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, Fracción I; 163 y 164 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA, de acuerdo con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a la vivienda está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo séptimo del artículo cuarto, en cuyo texto se lee: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo” .Es puntual señalar que de acuerdo a la Observación General No. 4 del Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales la vivienda digna es aquella donde las familias pueden vivir con paz, seguridad y dignidad. Esta aspiración de la sociedad contemporánea requiere diversas adecuaciones para que todos los grupos sociales puedan disfrutar de este derecho, particularmente y de acuerdo a los intereses de la iniciativa, las personas con discapacidad.

De acuerdo con cifras recientes del CONEVAL, las personas con discapacidad, enfrentan una carencia significativa en cuanto al acceso a la vivienda, citando al “Anexo Estadístico de Pobreza en México 2014”, se obtienen los siguientes datos:

• 0.8 millones de personas con discapacidad es decir el 10.7% de este grupo social se encontraban en carencia por calidad y espacios de vivienda.

• 1.9 millones de personas con discapacidad equivalente al 24.6%, se encontraban en carencia por acceso a los servicios de vivienda.

• El 60.3% se encuentra debajo de la línea de bienestar mínimo, aproximadamente 4.6 millones de personas con discapacidad.

• El 54.1% se encuentra en situación de pobreza, el 12.7% en pobreza extrema, representando 4.1 y 1.0 millones de personas respectivamente.

• El 8.6% de las viviendas en México cuentan con un excusado al que no se le puede echar agua.

• El 10.4% de las viviendas no están conectadas a una red hidráulica de agua potable.

Estos indicadores revelan la problemática que enfrenta un sector social que se encuentra en clara desventaja con respecto al empoderamiento y al desarrollo en función con sus pares sin discapacidad, que de acuerdo con algunos indicadores obtenidos de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica de 2014, se encuentra en la siguiente situación:

• En 2014, el porcentaje de población con discapacidad fue de 6%, lo cual significa 7.2 millones de personas.

• El tipo de discapacidad más frecuente entre la población mexicana en condición de discapacidad fue caminar, subir o bajar usando sus piernas y en general moverse (64% la tiene).

• Los indicadores socioeconómicos de la población con discapacidad son más bajos y desventajosos que los de la población sin discapacidad.

• La principal fuente de ingresos de la población con discapacidad de 15 años y más fue el trabajo, 40% declaró esta fuente, seguida por los programas de gobierno (39%) y por motivo de jubilación o pensión (22%). Por sexo, los hombres declararon trabajo como el origen principal de sus ingresos (50%), seguido por los programas de gobierno (30%) y la jubilación o pensión (22%). En el caso de las mujeres fueron los programas de gobierno la principal fuente de percepciones (48.4%), en segundo lugar los ingresos por trabajo (30.1%) y tercero la ayuda de otras personas que viven fuera o dentro del país (24%).

La Iniciativa se pronuncia a favor de generar las reformas adecuadas a la Ley de Vivienda con la finalidad de que la Comisión Nacional de Vivienda ejecute las políticas públicas necesarias y suficientes para garantizar el acceso a este derecho humano a la población con discapacidad.

No reduciendo solamente a la consideración de la accesibilidad como un principio rector de la política pública, sino ampliando el radio de acción hacia otros grupos de personas con discapacidad para quienes las viviendas convencionales no representan retos para su autonomía e independencia. Sino que por sus condiciones económicas, particularmente sus bajos ingresos les resulta imposible acceder a un patrimonio que les brinde estabilidad.

El tratar de manera desigual a los desiguales, como una medida para acceder en igualdad de condiciones al desarrollo, no es un privilegio o una medida discriminatoria, es una acción que beneficia a aquellos que se encuentran en una evidente desventaja.

El principio de igualdad en la ley se traduce para la autoridad legislativa en la obligación de tratar idénticamente situaciones análogas y sólo hacerlo en forma diferente cuando no se asimilen; como ampliamente se sabe, lo expresa el apotegma “tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”

En consecuencia el Derecho Internacional en materia de No discriminación se ha pronunciado de la siguiente forma:

En las palabras del Comentario General sobre no discriminación del Comité de Derechos Humanos: “[e]l goce en condiciones de igualdad de los derechos y libertades no significa identidad de trato en toda circunstancia”. En otras palabras, el hecho de no tomar en cuenta diferencias pertinentes o bien el otorgamiento de un trato idéntico a personas desiguales es tan discriminatorio como tratar a personas iguales de manera diferente.

Considerando que el principio de no discriminación está perfectamente identificado como rector de la política pública en el marco jurídico nacional, por lo que las medidas afirmativas que la Iniciativa propone se inscriben en la acción de trato desigual para alcanzar la igualdad de las personas con discapacidad a la vivienda digna y decorosa, para lo cual se considera:

• Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo primero obliga al Estado Mexicano a promover, proteger, respetar y garantizar todos los derechos humanos consagrados en la Carta Magna, así como en los Tratados Internacionales en los que México sea parte.

• Que el Pacto Internacional de Derechos Sociales Políticos y Económicos en su artículo 11 establece que las familias deberán tener acceso a un nivel de vida adecuado, considerando la vivienda como un factor elemental para el disfrute de este derecho, de forma progresiva que mejore continuamente sus condiciones de vida, los Estados Parte firmantes dispondrán de las acciones necesarias para garantizarlo.

• Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, obliga a los Estados Parte a tomar las medidas necesarias y pertinentes para que las personas con discapacidad obtengan un nivel de vida adecuado haciendo particular énfasis en que puedan acceder a programas de vivienda pública.

Este marco normativo fundamenta la necesidad de reformar la Ley de Vivienda para dotar a las autoridades competentes para alcanzar los objetivos que describen los instrumentos internacionales anteriormente mencionados y que de acuerdo a la Constitución son Ley Suprema en la Unión.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es el tratado fundamental en materia, el cual señala la accesibilidad como el principio indispensable para el acceso al ejercicio en plenitud de los derechos, tal como lo señala su preámbulo, que se cita a continuación.

v) Reconociendola importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones,para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanosy las libertades fundamentales

La accesibilidad no se considera un derecho, solo un principio, en los términos de la Observación General No. 2, sobre el Artículo 9 “Accesibilidad”, en cuyo texto se lee:

El artículo 9 de la Convención consagra claramente la accesibilidad como la condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente, participar plenamente y en pie de igualdad en la sociedad y disfrutar de manera ilimitada de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás. La Convención no crea nuevos derechos; de hecho,la accesibilidad no debe considerarse como un nuevo derecho.

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo 16 establece el derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda , entendiéndose la primera prerrogativa como el derecho a que el entorno físico, por lo cual la accesibilidad debe considerarse un principio rector en la política pública en materia.

Es por lo antes expuesto y de acuerdo a los artículos señalados en el proemio, que se presenta ante ésta H. Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Primero.- Se reforman el primer párrafo del artículo 2º, el primer párrafo del artículo 5º, la fracción IV del artículo 6º, la fracciones XII y XIII del artículo 8º, las fracciones II y VII del artículo 19, los párrafos primero y segundo del artículo 44, el primer párrafo del artículo 55, la fracción II del artículo 62, el primer párrafo del artículo 71, el primer párrafo del artículo 72 y la fracción II del artículo 87; y se adicionan la fracción I del artículo 4º recorriéndose al inmediato posterior, las fracciones I Bis, I Ter del artículo 6º, la fracción I Bis del artículo 62 y la fracción IV del artículo 82, todos de la Ley de Vivienda para quedar como sigue:

ARTÍCULO 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, garantice la accesibilidad universal, particularmente para personas con discapacidad, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

Accesibilidad: Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales;

II. – XV.

ARTÍCULO 5.- Las políticas y los programas públicos de vivienda, así como los instrumentos y apoyos a la vivienda deberán considerar los distintos tipos y modalidades de producción habitacional, entre otras: la promovida empresarialmente y la autoproducida o autoconstruida, en propiedad, arrendamiento o en otras formas legítimas de tenencia; así como para las diversas necesidades habitacionales: adquisición o habilitación de suelo; lotes con servicios mínimos; parques de materiales; mejoramiento de vivienda; sustitución de vivienda; vivienda nueva; y, capacitación, asistencia integral e investigación de vivienda y suelo, propiciando que la oferta de vivienda digna refleje los costos de suelo, de infraestructura, servicios, accesibilidad, edificación, financiamiento y titulación más bajos de los mercados respectivos, para lo cual incorporarán medidas de información, competencia, transparencia y las demás que sean convenientes para lograr este propósito.

ARTÍCULO 6.- La Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta Ley y deberá considerar los siguientes lineamientos:

I …

I Bis. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para las personas con discapacidad, a través de la construcción de vivienda accesible en las zonas urbanas y comunidades rurales.

I Ter. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para personas con discapacidad, a través de créditos, subsidios y otros esquemas de financiamiento que reconozcan su situación económica y les permitan acceder a este derecho.

II – III

IV. Fomentar la calidad de la vivienda y fijar los criterios mínimos de los espacios habitables y auxiliares, garantizando la accesibilidad universal;

V – XII …

ARTÍCULO 8.- El Programa Nacional de Vivienda contendrá:

I. – XII. …

XII. Los instrumentos y apoyos a la producción social de vivienda, a la vivienda de construcción progresiva, a la vivienda accesible y asequible para las personas con discapacidad y a la vivienda rural;

XIII. Las estrategias y líneas de acción para facilitar el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda para los pueblos y comunidades rurales e indígenas y para las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 19.- Corresponde a la Comisión:

I. …

II. Realizar las acciones necesarias para que la política y programas de vivienda observen las disposiciones aplicables en materia de desarrollo urbano, el ordenamiento territorial, la accesibilidad universal y el desarrollo sustentable.

III - VI…

VII. Desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, priorizando la atención a la población en situación de pobreza o discapacidad, coordinando su ejecución con las instancias correspondientes;

VII. – XXIV. …

ARTÍCULO 44.- El Sistema de Información contendrá los elementos que permita mantener actualizado el inventario habitacional, determinar los cálculos sobre el rezago y las necesidades de vivienda, su calidad y espacios, su acceso a los servicios básicos, su accesibilidad, así como la adecuada planeación de la oferta de vivienda, los requerimientos de suelo y la focalización de programas y acciones en la materia.

Entre otros indicadores de evaluación, deberán considerarse los siguientes: metas por cobertura territorial; beneficiarios por grupos de ingreso en veces el salario mínimo y modalidades de programas, ya sea que se trate de vivienda nueva, sustitución de vivienda, en arrendamiento o del mejoramiento del parque habitacional; evaluación de los productos habitacionales en términos de su ubicación en los centros de población con respecto a las fuentes de empleo, habitabilidad de la vivienda y adaptabilidad a las condiciones culturales, sociales y ambientales de las regiones; accesibilidad para personas con discapacidad y, evaluación de los precios de suelo, de las medidas de control para evitar su especulación y sus efectos en los programas habitacionales.

ARTÍCULO 55.- El Gobierno Federal desarrollará y fomentará instrumentos de seguro y garantía para impulsar el acceso al crédito público y privado a todos los sectores de la población, preferentemente los destinados a la población en situación de pobreza y a las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 62.- Los programas federales que otorguen subsidios para la vivienda se sujetarán a lo que determine el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. Para el otorgamiento de los subsidios, las dependencias y entidades competentes deberán observar los siguientes criterios:

I …

I Bis. Atender a las personas con discapacidad;

II. Los montos de los subsidios deberán diferenciarse según los niveles de ingreso de sus destinatarios, dando atención preferente a las familias con los más bajos ingresos o que cuenten con un integrante con discapacidad.

III. – VI. …

ARTÍCULO 71.- Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la Comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y espacios auxiliares suficientes y accesibles en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, accesibilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados

ARTÍCULO 72.- La Comisión, con base en el modelo normativo que al efecto formule, promoverá que las autoridades competentes expidan, apliquen y mantengan en vigor y permanentemente actualizadas disposiciones legales, normas oficiales mexicanas, códigos de procesos de edificación y reglamentos de construcción que contengan los requisitos técnicos que garanticen la seguridad estructural, accesibilidad, habitabilidad y sustentabilidad de toda vivienda, y que definan responsabilidades generales, así como por cada etapa del proceso de producción de vivienda.

ARTÍCULO 82.- La Comisión promoverá la celebración de acuerdos y convenios con productores de materiales básicos para la construcción de vivienda a precios preferenciales para:

I. – III. …

IV.- Adaptaciones, ampliaciones o modificaciones que permitan la accesibilidad de las personas con discapacidad en la vivienda.

ARTÍCULO 87.- Las políticas y programas dirigidos al estímulo y apoyo de la producción social de vivienda y a la vivienda de las comunidades rurales e indígenas deberán:

I. …

II. Atender preferentemente a los grupos vulnerables, marginados o en situación de pobreza, en particular a las personas con discapacidad y personas adultas mayores;

III. – VI

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 13 de julio de 2016.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF: 05/02/1917, adicionado DOF: 07/02/1983
Mirada Legislativa No. 114, mayo 2016, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República.
Sánchez Gil, Rubén, el Principio de Proporcionalidad, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2007, pp. 106.
Bayefsky, Anne, El principio de Igualdad y no Discriminación en el Derecho Internacional, Human Rights Law Journal, Vol. 11, No 1-2, 1990, pp. 1-34.
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, consultado: 26-11-15, disponible en:http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
Observación General No. 2 Artículo 9 “Accesibilidad”, Comité sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, ONU, 2013, consultado 26-11-15, disponible en: www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/DGCArticle9_sp.doc
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, DOF 30-05-11, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS Y DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por los Senadores Roberto Gil Zuarth, Hilda Esthela Flores Escalera y otros de diversos grupos parlamentarios)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL NUMERAL II Y SE ADICIONA EL INCISO Y) AL NUMERAL III, AMBOS DEL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA

(Presentada por el Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del grupo parlamentario del PAN)

ALFREDO JAVIER RODRÍGUEZ DÁVILA, diputado de la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral Décimo Segundo del Acuerdo Parlamentario que establece los criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del Orden del día y los debates que se realicen en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, someto a consideración de esta Asamblea la iniciativa con PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL NUMERAL II Y SE ADICIONA EL INCISO Y) AL NUMERAL III, AMBOS DEL ARTÍCULO 7o DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA, conforme a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Problemática

1. En 1993 fue aprobada y publicada la Ley de Inversión Extranjera que a la fecha nos rige. Desde entonces el ordenamiento jurídico ha sido reformado en diversas ocasiones con el fin de actualizarlo y permitir a los inversores extranjeros un mayor margen de participación en una serie más amplia y diversa de sectores económicos.

2. De entre todas las actividades económicas del país, sin considerar aquellas reservadas exclusivamente para el Estado, la del transporte aéreo ha sido una de las más restringidas para recibir inversión extranjera (tan sólo un 25% del total de la propiedad), y cuyo régimen, en este aspecto, no se ha modificado desde hace más de 22 años, cuando la Ley entró en vigor. La protección del sector era entendible entonces, cuando México transitaba de una economía de tendencia estatista a otra basada en la liberación del mercado. Hoy día, tanto la economía nacional como internacional han cambiado de forma sustantiva en comparación con la de 1993 y se considera que los límites de la inversión extranjera que la Ley establece para el transporte aéreo, lejos de contribuir en su desarrollo y competencia, han ocasionado un rezago, si se compara con otras naciones.

Ampliar el margen de participación de inversión extranjera en el transporte aéreo ha sido una demanda que buena parte del sector ha realizado y esta iniciativa recoge tal intención.

II. Argumentación

1. Como se ha mencionado, la Ley de Inversión Extranjera fue presentada al Congreso y aprobada por el mismo en 1993. En la exposición de motivos de la iniciativa que la expedía se señalaba que su objetivo era el de “establecer un marco normativo que […] promueva la competitividad del país, brinde certidumbre jurídica a la inversión extranjera en México y establezca reglas claras para canalizar capital internacional a las actividades productivas”. De esa fecha para nuestros días la Ley ha sido reformada en diversas ocasiones para que más empresas pudieran hacerse de recursos económicos por medio de capitales exteriores. Basta ver el actual numeral III del artículo 7º, en el cual se puede notar cómo desde 1999 de un total de 24 incisos que señalaban las actividades económicas a las que originalmente les estaba permitida la participación de la inversión extranjera en hasta 49%, 15 de ellos han sido derogados.

La última gran modificación que sufrió la Ley fue como parte de la llamada “reforma energética”, a efecto de permitir la participación de capitales foráneos en algunos ámbitos de la industria petrolera y de la electricidad.

2. Para el transporte aéreo nacional, el transporte en aerotaxi y el transporte aéreo especializado la Ley delimita, desde 1993, que la participación extranjera puede darse en hasta el 25%. El establecimiento de este porcentaje límite tuvo fuerte influencia de la legislación de los Estados Unidos de Norteamérica, cuyo código federal (US Code) entonces y hasta la fecha ha establecido el mismo tanto por ciento, agregando, además, el requisito de una autorización por parte del gobierno para la participación económica exterior.1

Adicionalmente, vale la pena señalar que la exposición de motivo de la iniciativa presentada en 1993 no específica las razones por las cuáles se estableció el rango del 25%, tan sólo se limita a mencionar:

Parte central de este título [el primero] es la definición precisa de las actividades en las que la inversión extranjera quedará sujeta a restricciones específicas, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en algunos casos, a partir de una evaluación sobre la conveniencia de restringir la participación de la inversión extranjera en ciertos sectores específicos. En particular, se señalan las actividades que quedan reservadas al Estado y a mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros. Además, se indican las actividades en donde el capital extranjero puede participar en proporciones que van del 10% al 49%, así como aquellos sectores en los que la inversión extranjera puede participar con más del 49%, mediante previa obtención de la resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.2

3. Desde una perspectiva comparada en el continente americano, la legislación mexicana es la tercera más restrictiva en América del Norte, sólo por debajo de los Estados Unidos y de Canadá (esta última tan solo permite hasta un 25%, sin derecho a voto para los inversores extranjeros).3 Sin embargo, a diferencia de estas dos grandes economías, que se caracterizan por ser el origen de inversiones en distintos sectores económicos a nivel global, la de México es una economía caracterizada principalmente por ser receptora de inversiones externas. Las acciones que desde el ámbito público se tomen para el sector deberían estar encaminadas en este sentido.

En comparación con otras economías latinoamericanas (que comparten rasgos con la mexicana), únicamente Brasil presenta una legislación más rígida que México: la nación sudamericana permite hasta el 20 por ciento de la inversión extranjera en el transporte aéreo. Por su parte, Estados como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador no presentan restricciones, mientras que países como Perú y Honduras establecen un tope de hasta 49 por ciento.4

El caso europeo presenta algunas diferencias en su funcionamiento. Por un lado, desde la firma del Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maastricht) se proclamó la plena libertad de los movimientos de capital, eliminando así las barreras de inversión entre los Estados miembros. Pero por otro, a través de los tratados internacionales con otras regiones la Unión Europea (como comunidad regional) fija ciertos límites. Como ejemplo puede encontrarse el Acuerdo de Transporte Aéreo firmado con los Estados Unidos, en el que ambas partes fijan un máximo de 49,9% del patrimonio de la línea aérea, pero advirtiendo que se prohíbe la posesión, por extranjeros, de más de un 25% del derecho de los votos de la compañía.5 Lo anterior, se hizo con el fin de garantizar la entrada que capitales extranjero sin que los propietarios nacionales vieran reducido significativamente su control en la toma de decisiones de las empresas.

4. No puede pasarse por alto que en México la Ley de Inversión Extranjera vigente contempla, para el caso del transporte aéreo, otra forma para permitir la inversión más allá del 25%. Se trata de la inversión neutra que, de acuerdo a la ley “es aquella realizada en sociedades mexicanas o en fideicomisos autorizados”, la cual “no se computará para determinar el porcentaje de inversión extranjera en el capital social de las sociedades mexicanas”. Para todos los casos señalados en la Ley (del artículo 18 al 22), este tipo de inversión requiere la autorización de la Secretaría de Economía.

De igual forma, algunas empresas nacionales (como Viva aerobús) han logrado captar inversiones arriba del 25% a través de la creación de subsidiarias en operación, sin que esta práctica implique necesariamente una violación a la ley.

Las desventajas que estas maneras de inversión representan tienen que ver, por una parte, con la prácticamente nula certidumbre para los inversionistas en la toma de decisiones al interior de la empresa en la que participan y, por otra, con la baja certeza jurídica, así como con la inconformidad y dudas que ocasionan los esquemas no señalados en la ley.

5. De cualquier modo, no es posible negar el interés que distintas compañías nacionales han expresado en varias ocasiones por contar con la posibilidad –expresamente señalada en la legislación– de hacerse de mayor inversión foránea. Por ejemplo, a finales de 2015, ante el anuncio de la compañía estadounidense Delta Air Lines de que buscaría incrementar su participación accionaria en Aeroméxico, otras empresas mexicanas hicieron saber de manera pública que consideran indispensable “ampliar el límite de la inversión extranjera”, en el sector.6

6. De lo anterior puede deducirse que 1) si los mismos participantes en el sector del transporte aéreo nacional son los primeros en dejar saber su acuerdo por la posibilidad de permitir mayor inversión extranjera en el sector –y que en la actualidad se ven obligados a recurrir a complejos esquemas jurídicos para hacerse de más recursos exteriores–, 2) si otras economías nacionales similares a la mexicana (incluso de menor tamaño) han optado por abrir el sector a la inversión a efecto de tener mayores beneficios y brindar un mejor servicio con costos menores, entonces la motivación proteccionista que a inicios de la década de los 90 dio lugar a fijar un máximo de 25 por ciento resulta hoy –casi 23 años después– anacrónica y poco conveniente para el sector en particular, y para la economía nacional, en general. El límite actual vigente puede considerarse, incluso, como un factor que entorpece el crecimiento de las empresas nacionales, las cuales, no obstante, han mostrado resultados positivos en los últimos años.

7. Por último, resulta importante reconocer que por las dimensiones de las empresas mexicanas de transporte aéreo, en comparación con otras en Norteamérica y Europa, y las características particulares del mercado nacional, se estima conveniente que sigan siendo los inversores mexicanos los que tengan la mayoría de los votos en la toma de decisiones. Por lo tanto, esta iniciativa propone fijar un nuevo límite de inversión extranjera para el sector en 49%.

Adicionalmente, no se considera conveniente establecer en esta iniciativa un límite menor a 49% en lo que respecta al porcentaje de los derechos de voto de las compañías extranjeras (como se ha visto en el caso europeo). Lo anterior se debe a que la Ley General de Sociedades Mercantiles ya contempla la posibilidad para que los socios de las empresas mexicanas restrinjan, por acuerdo propio, el derecho de voto a nuevos socios, y además especifica las contraprestaciones (dividendos extras, derechos sociales adicionales, etcétera) que deberán recibir los socios que vean restringido en alguna proporción su derecho al voto.7 Por lo tanto, debe respetarse la libertad delas compañías mexicanas a decidir, de acuerdo con sus propósitos y necesidades, a limitar o no el voto de los inversores extranjeros

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL NUMERAL II Y SE ADICIONA EL INCISO Y) AL NUMERAL III DEL ARTÍCULO 7o DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Único.– Se deroga el numeral II del artículo 7o de la Ley de Inversión Extranjera, y se adiciona un inciso y) al numeral III del artículo 7o de la Ley de inversión extranjera para quedar como a continuación se señala:

ARTÍCULO 7o.- En las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación la inversión extranjera podrá participar en los porcentajes siguientes:

I.-

II.- (Se deroga)

III.- Hasta el 49% en:

a) a x)

y) Transporte aéreo nacional, transporte en aerotaxi y transporte aéreo especializado.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 13 de julio de 2016.

Atentamente

Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila.

1 Título 49 del U.S. Code, § 40102 (13), § 40102 (a) (15)

2 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados. LV Legislatura. 25 de noviembre de 1993. Disponible para consulta en: http://cronica.diputados.gob.mx/

3 OCDE, Eliminación de restricciones a la participación extranjera en México. Evaluación de los beneficios potenciales en algunas industrias. OCDE, Comisión Federal de Competencia (México), junio de 2012, p.112. Disponible para consulta en:
https://www.oecd.org/daf/competition/IEDreporteOCDECFC.pdf

4 González, Aldo, Estudios sobre el mercado aéreo de transporte de pasajeros en Latinoamérica, Centro Regional de Competencia para América Latina, 2013. Disponible para consulta en:
http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2013/09/Airport-Study-260212-CRCAL.pdf

5 El artículo 1 del Anexo 4 indica “Se permitirá que nacionales de uno o varios Estados miembros tengan en propiedad el patrimonio neto de una línea aérea estadounidense con las dos limitaciones siguientes: En primer lugar, está prohibida la posesión de más de un 25% de los derechos de voto de la compañía por nacionales extranjeros. En segundo lugar, también está prohibido el control efectivo de una línea aérea estadounidense por parte de nacionales extranjeros. Sin perjuicio del límite global del 25% de los derechos de voto en propiedad de nacionales extranjeros: a. la posesión por nacionales de uno o varios Estados miembros de 1) hasta un 25% de los derechos de voto, y/o 2) hasta un 49,9% del patrimonio neto total, de una línea aérea estadounidense, no se considerará por sí mismo como constitutivo de control de la línea aérea de que se trate…”

6 Véase, por ejemplo: “Aerolíneas piden ampliar a 49% la IED en el sector”, El Economista, 28 de diciembre de 2015. Disponible en: http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/12/28/aerolineas-piden-ampliar-49-ied-sector

7 Véase los artículos 91 y 113 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXIII legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, en su numeral 1, fracción I; 164, en sus numerales 1 y 2, 169, en su numeral 1, y 171, en su numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, presentó a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA CREAR LA FIGURA DE AUDITOR ESPECIAL DE LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN COMO MECANISMO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL ANTICORRUPCIÓN, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En días pasados, este Senado aprobó la reforma a varias disposiciones de nuestra Constitución en materia de seguridad púbica para establecer una reforma policial que no alcanza a ser la reforma en seguridad pública que la crisis humanitaria y de seguridad requiere el país.

Mucho insistí en los días previos, en la necesidad de que se incorporaran en dicha reforma controles anticorrupción que permitieran, desde la visión de rendición de cuentas y control ciudadano de la calidad de la gestión de las instancias de seguridad pública, iniciar el combata al tema central que corroe el sistema nacional de seguridad pública, con minúsculas: la corrupción de los agentes de las instancias de seguridad pública y de las autoridades políticas de los tres órdenes de gobierno y la connivencia y complicidad de estas autoridades con las bandas delincuenciales de alto impacto, dedicadas al crimen organizado, y con los grupúsculos delincuenciales escindidos de ellas; todos ellos, autoridades y grupos criminales generados de las violencias que vive nuestro país.

Quisiera citar los argumentos que expresé en tribuna cuando se discutió y aprobó en el Pleno del Senado de la República el Decreto que se encuentra como Minuta en la colegisladora:

Esta reforma en seguridad… fue la respuesta a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa durante los funestos acontecimientos de Iguala, Gro, el 26 de septiembre de 2014, cometida por policías municipales y un grupo criminal, sin que se haya avanzado en investigar mandos políticos, partidarios o de fuerzas federales que hayan sido cómplices.

Hablamos de lo repetitivo que ya era en la tribuna del Congreso de la Unión, la denuncia de la numeralia del horror humano que se vive con miles de personas asesinadas, desaparecidas, desplazadas, torturadas, todo ello en nombre de la lucha contra los grupos criminales de alto impacto; sin embargo, ese discurso se contradice con este dictamen, muy a pesar del cambio en adenda que nos presentan que sí avanza en precisar el mando mixto, pero sigue representando la visión ajena de nosotros los legisladores, de políticos y autoridades de gobierno y judiciales a dar mayores atribuciones de control a los ciudadanos, y sobre todo de establecer controles anticorrupción. Y dijimos y lo reitero que era lamentablemente que el discurso contra la impunidad siguiera siendo en la mayoría de los casos retórica mediática y que los legisladores y legisladoras no dábamos el paso para realmente terminar con el binomio corrupción-impunidad en materia de seguridad pública.

Reitero aquí las cifras que ofrecí en esa ocasión acerca de la inversión de dos billones de pesos en seguridad y combate a la delincuencia en 13 años, en ese periodo, el presupuesto anual subió 200% y el de las entidades federativas 97%. 15% del Producto Interno Bruto dedicado a combatir al crimen; ni de lejos se ha asignado ese presupuesto a salud o desarrollo social o prevención social de la violencia y la delincuencia; se ha perdido legitimidad democrática y se ha puesto en riesgo la gobernabilidad del país, por mantener con alfileres la seguridad de las y los ciudadanos.

En contraste con las 150 mil personas asesinadas en diez años, de ellos, 78 mil de ellos en los primeros 28 meses del actual gobierno; veintiocho mil 189 desparecidos y 280 mil personas desplazadas por la violencia, todo ello, sin considerar la cifra negra.

Expresamos que en la reforma que se aprobó se mantenía la concepción tradicional de la seguridad pública en la que juega fundamentalmente la policía como el ente a regular, sin establecerse mecanismos anticorrupción, no sólo a la función policial sino a todas las instancias de seguridad pública que regula la Ley General.

Y que no se estaba construyendo una regulación de la conducta de las y los servidores públicos en el más sensible de los temas, como era el de la seguridad, porque de ella dependen la vida, la libertad y la tranquilidad de miles de mexicanos, y que se deberían de incorporar de manera transversal, mecanismos y controles anticorrupción; pues es en seguridad, donde los altísimos niveles de corrupción se traducen en crímenes atroces, violaciones de derechos humanos, colusión de autoridades de gobierno y de seguridad pública con los grupos criminales no importa endurecer los controles ciudadanos ni legislativos ni anticorrupción.

Expusimos que en los últimos años, habíamos visto recrudecerse la violencia, y que después de Iguala/Ayotzinapa y Tierras Blancas en que policías municipales y estatales privaron ilegalmente de su libertad a jóvenes para luego entregárselos a integrantes de bandas criminales que los desaparecieron, ya no era un secreto para nadie que la corrupción mata y desaparece; desplaza ciudadanos de sus comunidades; ha convertido a nuestro país en una gran fosa clandestina en la que están hundidos millones de mexicanos; la corrupción es el dolor de cientos de miles de víctimas; es la desesperanza de millones de mexicanos y mexicanas.

Reconocimos que se incorporara la obligación de actuar conforme protocolos homologados de uso legítimo de la fuerza, pero fuimos claros de que no se estaba obligando a que hubiera la expedición de la legislación en la materia, razón por la cual, la pasada sesión de la Comisión Permanente presentamos una excitativa para que se dictamina la Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentamos en octubre de 2012 para que se emita la Ley de Procedimientos Policiales y Uso Legítimo de la Fuerza.

No tardó mucho para que se comprobara la pertinencia de esta regulación, pues el domingo 19 de junio, en Nochixtlán, Oaxaca, se utilizó nuevamente la fuerza pública sin respeto a ningún protocolo ni bajo los principios de proporcionalidad, uso racional, y el saldo fue la muerte de ocho personas a manos de policías federales en un operativo del que aún no tenemos clara información de su planificación

La reforma realizada mantiene la visión del abandono político de la seguridad, y repite en su concepción y diseño los elementos que permiten la subsistencia de las causas sistémicas y estructurales de un modelo policial que no ha funcionado, preserva la estructura que ha significado en materia de seguridad la impunidad generalizada y sistémica; ni genera supervisión real ni sustantiva de la calidad de la gestión policial ni una perspectiva de terminar, en combinación con el nuevo sistema de justicia penal que entrará en vigor en escasas horas, con la impunidad sistemática y la corrupción generalizada en seguridad pública.

Hemos dicho que un tema central que ha pervertido al sistema de seguridad pública es la macrocriminalidad y en la reforma que aprobamos no existe nada para combatir la connivencia y la protección política y de los cuerpos de seguridad pública con los grupos criminales de alto impacto, por ello, proponemos incorporar un tramo de control ciudadano a través de la figura de la auditoría especial de las instancias de seguridad pública que ha sido una demanda social, presentada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad el 28 de julio de 2011 en reunión con el Congreso de la Unión.

Es una iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil con especialidad en seguridad y avalada en la propuesta presentada por la UNAM sobre seguridad con democracia. La auditoría especial permitiría evaluar la calidad de la gestión que se realiza las instancias de seguridad pública.

Uno de los mayores problemas que se enfrenta, no es sólo la falta de capacitación y profesionalización (que no se resuelven por los exámenes de control de confianza), es la ausencia total de mecanismos de supervisión y control de la actividad que realizan la policía y los operadores (personal sustantivo) del sistema de seguridad; no hay una legislación nacional que regule el uso legítimo de la fuerza y por eso ocurren hechos en los que, según reporta el estudio sobre la letalidad de las fuerzas federales, tema que está presente en el debate público .

También permitiría contar con mecanismos para atacar la corrupción y combatir la complicidad de autoridades de seguridad pública con los grupos criminales.

El auditor especial de las policías sería, una figura para la rendición de cuentas, la transparencia y la supervisión de la calidad de la gestión de las funciones policiales y de seguridad, la reforma se grafica en el siguiente cuadro:

CONSTITUCIÓN
VIGENTE

INICIATIVA

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

Artículo 21.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis    horas o en trabajo a favor de la    comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

 

 

La seguridad pública es una función a   cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que  comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los   términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

...

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido  debidamente certificado y registrado en el sistema.

...

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

 

Para el control de la calidad de la gestión, rendición de cuentas y transparencia de las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se establece la Auditoría Especial de las instancias de seguridad pública, como un órgano de la Auditoría Superior de la Federación, para auditar el desempeño de los cuerpos de seguridad pública, en los términos de lo que se establezca en la legislación de fiscalización que corresponda.

Por lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, en su numeral 1, fracción I; 164, en sus numerales 1 y 2, 169, en su numeral 1, y 171, en su numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, presentó a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear la figura de Auditor Especial de las instancias de seguridad pública en la Auditoria Superior de la Federación como mecanismo de fiscalización y control anticorrupción, para quedar como sigue:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA CREAR LA FIGURA DE AUDITOR ESPECIAL DE LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN:

Artículo 21. …


...

Para el control de la calidad de la gestión, rendición de cuentas y transparencia de las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se establece la Auditoría Especial de las instancias de seguridad pública, como un órgano de la Auditoría Superior de la Federación, para auditar el desempeño de los cuerpos de seguridad pública, en los términos de lo que se establezca en la legislación de fiscalización que corresponda.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión, para efectos del cumplimiento del transitorio Primero, tendrá un plazo máximo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá realizar las modificaciones respectivas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, en el Senado de la República, el 13 de julio de 2016.

Suscribe

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza.

“Gasto inteligente en seguridad, diagnóstico y propuestas” elaborado por el Laboratorio de Políticas Públicas Ethos.http://www.animalpolitico.com/2015/02/en-13-anos-mexico-incrementa-200-el-presupuesto-para-seguridad-y-combate-delincuencia/
Índice de letalidad. Menos enfrentamientos, más opacidad” realizado por Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez Rivas y publicado en la Revista Nexos de julio 2015. Nexos.com.mx





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN I DE LA LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

(Presentada por la Diputada Guadalupe Hernández Correa, del grupo parlamentario de Morena)

La que suscribe GUADALUPE HERNÁNDEZ CORREA, en mi calidad de Diputada Federal de la LXIII legislatura del H. Congreso de la Unión, perteneciente al grupo parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 6 numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía iniciativa con proyecto de transición energética, al tenor de lo siguiente:

I.- ANTECEDENTES

La ley de Transición Energética, es una ley reglamentaria de los párrafos 6y 8 del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los transitorios décimo séptimo y décimo octavo del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013.

II.- OBJETIVO

La presente iniciativa plantea reformar la fracción I del artículo 3 de la Ley de Transición Energética con la finalidad de ampliar el concepto de aprovechamientos sustentables de la energía, introduciendo en dicho párrafo que se debe garantizar en todo momento la salud de la población de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como una disminución de los impactos ambientales negativos derivados de la generación, distribución y consumo de energía, con la finalidad de proteger el medio ambiente y mantener el equilibrio en los ecosistemas, para el adecuado desarrollo, bienestar y salud de las persona.

III.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Si hay un tema que pone de relieve la necesidad de armonizar y adecuar nuestra legislación con el respeto al medio ambiente, este es el cambio climático. En efecto, la gestión del cambio climático se unifica con la adecuación legislativa eficiente respecto de un recurso tan importante como la energía y la minimización del impacto ambiental generado por la emisión de gases de efecto invernadero, Con la finalidad de proteger el medio ambiente y mantener el equilibrio en los ecosistemas, para el adecuado desarrollo, bienestar y salud de las persona.

Es por ello que pensamos que el cambio climático es un punto esencial desde el que abordar la responsabilidad Gubernamental. Por tanto los gobiernos que comprendan en su conjunto las implicaciones que el cambio climático tiene para su población, estarán preparados para abordar cualquier otro asunto desde la perspectiva de la responsabilidad social y ambiental que lo anterior implica.

El cambio climático es la mayor amenaza ambiental de este siglo, con consecuencias económicas, sociales y ambientales de gran magnitud, por tanto ya no hay discusión científica en contra de las dramáticas consecuencias que dicho cambio está produciendo a lo largo del planeta.

Dentro de la responsabilidad social de los gobiernos, el medio ambiente debe considerarse como un factor fundamental. En un contexto como el actual, en el que vivimos una crisis económica y financiera que muchos ven estrechamente relacionada con la crisis ambiental y energética, la importancia de la atención al medio ambiente en la gestión gubernamental y legislativa debe ser esencial. Por ello mismo, una correcta legislación ambiental se hace necesaria para asegurar un modelo productivo más sostenible, es decir, que haga un uso más sostenible de los recursos y que genere unos impactos ambientales.

Por lo anterior, propongo se tome en cuenta la importancia del tema y la urgencia de dotar de mejores herramientas a nuestro sistema jurídico para que la producción y consumo de la energía provoque el menor impacto ambiental.

No omito mencionar, que la mayor parte de la energía que consumimos en nuestro país tiene como origen el carbón y el petróleo, teniendo su uso en la mayoría de los casos consecuencias negativas, claramente vistas en los últimos meses en las contingencias ambientales que han afectado a los habitantes de la Ciudad de México y área metropolitana, de donde deriva nuestra preocupación por el aumento en el uso del carbón y el freno del Programa de Ahorro de Energía; el establecimiento de una “política energética privatizadora”, así como las consecuencias derivadas en diversos accidentes por inundaciones en sureste de México, principalmente en el Estado de Tabasco.

Por lo cual es cierto que la Ley en comento contempla el cuidado del medio ambiente, sin embargo, lo hace de manera vaga, imprecisa y, además, no incluye el garantizar en el uso de la energía la salud de la población.

En el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se prevé que “todo persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

El citado artículo 4 constitucional establece que: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente se ha establecido como reglamentaria de las disposiciones de la Constitución que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

Asimismo, acorde a lo establecido en su artículo 1º, es una ley de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para diversos aspectos:

“I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar;

II. Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación;

III. La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;

IV. La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas;

V. El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas;

VI. La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;

VII. Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;

VIII. El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX – G de la Constitución;

IX. El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, en materia ambiental, y

X. El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan.”

En las fracciones III y XI del artículo 3º del mismo ordenamiento se prevén dos definiciones para efectos de la misma: a) “Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos”; y b) “Desarrollo Sustentable: “El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas del preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras”

En el capítulo IV del Título Primero de la misma ley, se prevén diversos instrumentos de política ambiental. Debe destacarse el caso de la evaluación del impacto ambiental, la cual se instituye como un procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente”.

De conformidad con los ordenamientos arriba señalados, se considera que dichas legislaciones son ambiguas, poco claras e imprecisas, respecto a la protección más amplia de los derechos fundamentales como el derecho humano a la salud y a un medio ambiente sano manteniendo en todo memento el cuidado en el equilibrio de los ecosistemas.

Respecto a la presente propuesta de incorporar en la Ley en comento, el hecho de garantizar en todo momento la salud de la población, así como una disminución de los impactos ambientales negativos derivados de la generación, distribución y consumo de energía, con el propósito de mantener el equilibrio en los ecosistemas, es técnicamente adecuado, ya que sería falso mencionar que las legislaciones arriba citadas ya existe tal mención, toda vez que lo propuesto, se encuentra regulado y protegido desde la cúspide de nuestro sistema jurídico como un derecho humano para todas las personas, como propone en la iniciativa; lo cual es armónico y no óbice con el derecho humano a un medio ambiente sano adecuado a la salud y el bienestar.

Por lo tanto, es notorio que tanto el tema de la protección a la salud de las personas, como el relativo a la disminución de impactos negativos ambientales en los procesos de generación, distribución y consumo de energía, no se encuentran previstos ni mucho menos claros en nuestro derecho positivo vigente.

Por lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto para incorporar en la Ley de Transición Energética, el contenido y espíritu del artículo 4 constitucional, arriba citado. Lo anterior, agregando como un elemento adicional, la finalidad última de proteger el medio ambiente para el desarrollo y bienestar de las personas, en la definición del aprovechamiento sustentable de la energía, prevista en la fracción I del artículo 3 de la misma ley.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Transición Energética.

Artículo Único. Se reforma el Artículo 3 en su Fracción I de la Ley de Transición Energética, para quedar como sigue:

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se considerarán las siguientes definiciones:

1.- Aprovechamiento sustentable de la energía: El uso óptimo de la energía en todos los procesos y actividades para su explotación, producción, transformación, distribución y consumo, incluyendo la eficiencia energética, con la finalidad de proteger el medio ambiente y mantener el equilibrio en los ecosistemas, para el adecuado desarrollo, bienestar y salud de las personas.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sede de la Comisión Permanente, el 13 de julio de 2016.

Atentamente.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 464 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita Diputada MARÍA VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, integrante del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que se somete a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto, al tenor de los siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestra sociedad ha pensado en varias ocasiones que los establecimientos que expenden o suministren al público alimentos, sustituyen en ciertas ocasiones la carne de res o de cerdo por carne de canes, équidos; hasta inclusive por de roedores, algo que no es simpatía de los mexicanos, llegando al desagrado de los consumidores si se llegasen a percatar que lo que ingieren no es lo que realmente creen que es, jamás volverían a consumir en tales establecimientos.

Existen antecedentes que durante el México Prehispánico, la población indígena consumía canes, haciendo referencia a Mercedes de la Garza en su publicación “El perro como símbolo religioso entre los mayas y los nahuas”1, menciona que:

“Los nahuas, llamaban al perro sin pelo, que fue bellamente esculpido en barro por los grupos de Colima “xoloitzcuintli”, el cual es descrito por Hernández como el más grande de los perros autóctonos, sin pelo, de piel suave y lisa, manchada de leonado y azul”.

Los investigadores dicen que este tipo de raza se consideraba sagrado y por lo tanto los engordaban, para que después en las ceremonias religiosas fueran sacrificados y consumidos por la misma población. Los canes en general, eran un alimento tradicional de aquella época, además por tener un alto nivel de proteínas. Siendo comercializados en los mercados para su crianza y en un futuro para su consumo. Con la anterior breve nota histórica se puede decir que, la población mexicana consumía perros para su alimentación y además para sacrificarlos, como parte de su cultura; cosa que en la actualidad ya sea por costumbre o educación gastronómica, no es del buen ver para el consumidor, teniendo un menosprecio si se enterara que un establecimiento llegaran a comercializar con este tipo de carne.

“En Europa hubo un suceso sobre la carne para hamburguesa, etiquetada como carne de ternera, donde se hallaron restos de ADN de caballo y cerdo, por lo que se tomaron medidas de seguridad al punto de retirar productos en el mercado, inclusive suspender licencias para su comercialización”.2 En nuestro país han sucedido varios casos similares, por ejemplo, lo que sucedió en el municipio de Tijuana, Estado de Baja California, donde fueron clausurados cinco restaurantes de comida china por vender carne de perro2.

Los especialistas de la salud, en su mayoría aseguran que si el perro es higiénico, es decir, vacunado y desparasitado, no producen efecto malverso en la salud. Pero esto no ocurre de manera general ya que gran parte de la raza canina en nuestro país vive en situación de calle u abandono, por lo que se presume que no se tomaron las medidas necesarias para su salubridad. Al no estar contemplado en el “Establecimiento Tipo de Inspección Federal” (TIF) dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de los bienes de origen animal para consumo humano y por ende no cumplir con los requisitos solicitados, que garantiza calidad sanitaria con la que fue elaborado el producto, violando varias disposiciones en el marco jurídico federal como:

• La Ley Federal de Sanidad Animal.

• La Norma Oficial Mexicana 033 ZOO 1995, Sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres.

En el caso de la Ley Federal de Sanidad Animal tiene por objetivo, regular las buenas prácticas en los establecimientos dedicados al procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, procurar el bienestar animal, etcétera. En su artículo segundo menciona que:

Artículo 2.- Las actividades de sanidad animal tienen como finalidad: diagnosticar y prevenir la introducción, permanencia y diseminación de enfermedades y plagas que afecten la salud o la vida de los animales; procurar el bienestar animal; así como establecer las buenas prácticas pecuarias en la producción primaria y en los establecimientos Tipo Inspección Federal dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de los bienes de origen animal para consumo humano; así como en los rastros, en las unidades de sacrificio y en los demás establecimientos dedicados al procesamiento de origen animal para consumo humano.3

La citada ley anterior, trata de regular el procedimiento relacionado a las actividades de sanidad animal, así para poder evitar enfermedades procurando el bienestar de la salud de los humanos.

En el caso de la Norma Oficial Mexicana 033 ZOO 1995, contempla en su apartado 1.1 que:

Esta Norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y tiene por objeto, establecer los métodos de insensibilización y sacrificio de los animales, con el propósito de disminuir su sufrimiento, evitando al máximo la tensión y el miedo durante este evento.4

Sin mencionar que los animales hoy en día cuentan con derechos para su protección, tratando así de evitar el maltrato animal, como por ejemplo, en la capital del país existe la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal que en su artículo uno, primer párrafo, establece que:

Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en el Distrito Federal; sus disposiciones son de orden público e interés social, tienen por objeto proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus características físicas; asegurando la sanidad animal y la salud pública.55

El maltrato animal hoy en día es una realidad, realizado en todo el país sin excepción, y peor aún sacrificándolos sin conocer el sufrimiento que padecen los animales por la cuestión de comercializar con su carne.

Y aún así, los comerciantes sin ninguna conciencia de las consecuencias graves que pueden producir en la salud de sus consumidores, como una intoxicación alimentaria, con síntomas como dolor abdominal, diarrea, vomito, dolor de cabeza y/o fiebre, o hasta generar una infección bacteriana o parasitaria; por el simple hecho de comercializar a bajo costo. Sustituyendo carne de otras especies por las ya mencionadas al principio de esta exposición de motivos, sin que el consumidor se percate de ello, haciéndole creer que es la carne típica en su alimentación, teniendo en duda el alimento que llega a consumir puede inclusive ser un misterio.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del plano el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 464-Bis de la Ley General de Salud.

Único.- Se reforma el artículo 464-Bis de la Ley General de Salud.

Artículo 464-Bis.- Al que por sí o por interpósita persona, teniendo conocimiento o no, autorice u ordene en los establecimientos que expendan o suministren al público alimentos y bebidas no alcohólicas y alcohólicas, para su consumo   dentro o fuera del mismo establecimiento, conforme al artículo 199 de este ordenamiento o en las instituciones alimentarias a que se refiere el artículo 199 BIS del mismo ordenamiento, la distribución de alimentos en descomposición o mal estado, que pongan en peligro la salud de otro, o sustituyan alimentos por otros, sin el consentimiento del consumidor, se le impondrá la pena de un año a tres años de prisión o pena pecuniaria de setecientos a siete mil  unidades de cuenta vigente en la Ciudad de México o la zona económica de que se trate.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 13 de julio de 2016.

Atentamente

Dip. María Victoria Mercado Sánchez.

1 DE LA GARZA, Mercedes. El perro como símbolo religioso entre los mayas y los nahuas”.

2 Tras hallazgo de restaurante con carne de perro, cierran cinco más en Tijuana”. Periódico Excélsior
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/04/08/1017774.

3 Ley Federal de Sanidad Animal.

4 Norma Oficial Mexicana 033 ZOO 1995.

5 Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES

(Presentada por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, MARÍA Cristina Díaz Salazar, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del pleno la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) establecen que los jóvenes entre 10 y 24 años de edad representan 25% de la población. Se estima que cuatro de cada cinco pertenecen a los países menos desarrollados.

UNICEF reporta que 18% de la población mundial se encuentra entre los 10 a 19 años de edad. Dicha cifra varía entre las diferentes regiones, de tal manera que en los países con mayor índice de desarrollo los adolescentes representan 12% de la población y en los países en vías de desarrollo alcanzan 19%, mientras que en los menos desarrollados esta proporción casi se duplica al 23%.

En América Latina y el Caribe, los adolescentes representan 19% de la población, como es el caso de nuestro país.

La adolescencia se caracteriza por una baja presencia de las enfermedades que ponen en riesgo la vida. Es una etapa en la que se establecen relaciones interpersonales que determinan el futuro del individuo, tales como el noviazgo y en algunos casos, la formación de una familia.

Respecto a la salud sexual y reproductiva, es común que en la adolescencia las relaciones sean de corta duración y con múltiples parejas. El uso de métodos de planificación familiar y prevención de enfermedades de transmisión sexual es inadecuado, por lo que las infecciones por Chlamydia trachomatis, gonorrea, sífilis, virus de papiloma humano y virus de inmunodeficiencia humana son más frecuentes. Los jóvenes de 15 a 24 años contribuyen con 40% de los casos nuevos de infección por VIH entre la población adulta.

El embarazo durante la adolescencia puede calificarse como un problema de salud pública y una verdadera tragedia social. El número de nacimientos de hijos de madres adolescentes asciende a 16 millones cada año en el mundo. La tasa de partos entre adolescentes se calcula tomando en cuenta el número de nacimientos por cada mil adolescentes entre 15 y 19 años de edad. La UNICEF reporta en el Estado Mundial de la Infancia 2011 una tasa de 51, con un notable contraste entre los países desarrollados (23) y los subdesarrollados (123). En América Latina y el Caribe se tiene una tasa de 55 y en México una tasa notablemente alta de 90.

En México, el INEGI reporta que en 1990 la proporción de nacimientos registrados de madres adolescentes alcanzó 18%, y en 2010 fue de 18.8%.

Los estados del norte del país, como Chihuahua y Coahuila reportaron 23 y 21%, respectivamente, mientras que el Distrito Federal reportó la proporción más baja de 16.5%.

El embarazo en la adolescencia representa un factor de riesgo alto de morbilidad materna, fetal y neonatal, condicionado en gran medida por diversos factores biológicos, como la inmadurez física y emocional de la madre. Es común que la madre joven presente problemas tales como anorexia, bulimia, desnutrición y obesidad. También es frecuente que no cuenten con una pareja estable, que interrumpan su proyecto de vida en el aspecto educativo y que sufran rechazo de su familia. Aunado a lo anterior, el bajo nivel socioeconómico se asocia a un mayor riesgo de mortalidad perinatal.

El embarazo a edades tempranas es un tema que interesa y recientemente el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha publicado un completo informe titulado “Maternidad en la niñez” que aborda el embarazo adolescente.

“Maternidad en la niñez. Enfrentar el reto del embarazo en adolescentes” es el título completo del informe elaborado por la División de Información y Relaciones Externad del UNFPA, y en él se advierte de que los riesgos de un embarazo en la adolescencia están fuertemente asociados con las desigualdades, la pobreza y la desigualdad de género.

Cuando una niña se queda embarazada, su presente y futuro cambian radicalmente, y rara vez para bien. Puede terminar su educación, se desvanecen sus perspectivas de trabajo y se multiplica su vulnerabilidad frente a la pobreza, la exclusión y la dependencia.

Este tema que se ha convertido en un desafío mundial, aportando datos como que todos los días, 20,000 niñas de menos de 18 años dan a luz en países en desarrollo; en países desarrollados estos nacimientos se producen a una escala mucho menor.

Entre los estados miembros de la Organización y Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que incluye países de medianos ingresos, México tiene la tasa de natalidad más alta (64.2 cada 1,000 nacimientos) en adolescentes entre 15 y 19 años de edad, mientras que Suiza tiene la más baja, 4.3.

Los abortos en condiciones de riesgo son muy frecuentes en los embarazos adolescentes: representan casi la mitad del total de abortos. Casi todos los abortos en condiciones de riesgo (el 98%) se realizan en países en desarrollo, donde el aborto suele ser ilegal. Incluso donde el aborto es legal, a las adolescentes les puede resultar difícil acceder a los servicios.

En definitiva, las probabilidades de que las adolescentes de entre 15 y 19 años mueran debido a complicaciones durante el embarazo o el parto son dos veces mayores que las de una mujer de 20 a 30 años: unas 70,000 chicas mueren al año por esta causa, una cifra inaceptable sobre la que urge actuar.

El informe hace un exhaustivo análisis del embarazo adolescente, pero sobre todo nos propone maneras de conseguir la reducción de esos embarazos no planeados que ponen en riesgo la salud de las madres:

• En las niñas de 10 a 14 años también hay que realizar intervenciones preventivas.

• Respecto al matrimonio infantil, hay que eliminar el matrimonio de menores de 18 años, prevenir la violencia y coacción sexual.

• Hay que crear enfoques multidimensionales, recursos globales para las niñas; mantener a las niñas saludables y seguras y reafirmar su trayectoria de vida.

• Hay que proteger los derechos humanos a la salud, educación, seguridad y libertad frente a la pobreza.

• La educación es fundamental, por eso hay que lograr que las niñas asistan a la escuela y permitirles quedarse más tiempo en ella.

• Involucrar directamente a los hombres y niños, ayudándoles a formar parte de la solución.

• Es fundamental ampliar la educación sexual y el acceso a los servicios de salud para adolescentes.

• Desarrollar un marco suceso de los Objetivos de desarrollo del Milenio basado en principios de los derechos humanos, la igualdad y la sustentabilidad.

Las niñas que quedan embarazadas, en general, no pueden gozar ni ejercer sus derechos y aumentan los riesgos para su salud. Sobre estas cuestiones básicas incide el informe “Maternidad en la niñez”, que explica una triste realidad y sobre todo propone maneras de actuar que los Estados deberían tener en consideración.

Resumiendo, a nivel mundial, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México lidera el problema de embarazos en adolescentes, de 12 a 19 años de edad. Al día se registran 1,252 partos, cuyas madres se encuentran en este rango de edad, esta cifra representa que en uno de cada cinco alumbramientos está implicada una joven, pues se estima que el total nacional es de 6,260.

Estos embarazos obligan a los jóvenes de abandonar sus estudios. Según los reportes oficiales, 80% de los adolescentes deserta de la academia.

Según datos de la Unicef, en nuestro país 55.2% de los adolescentes son pobres, uno de cada cinco tiene ingresos familiares y personales tan bajos que no le alcanza siquiera para la alimentación mínima requerida.

Por lo antes expuesto, someto a esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único: Se reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud, en materia de planificación familiar y prevención de embarazo en adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 67. Las acciones de planificación familiar y anticoncepción que realicen las instituciones del Sistema Nacional de Salud, tienen carácter prioritario, particularmente, para la prevención del embarazo en adolescentes y en otras mujeres con alto riesgo obstétrico.

Dichas acciones deben incluir información sobre los graves riesgos para la vida y la salud de la mujer embarazada y el bebé, cuando el embarazo, entre otras causas, se presenta antes de los 20 años o bien después de los 35, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número; todo ello, mediante una correcta información anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja.

TRANSITORIO

Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 13 de julio de 2016.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 4 Y UN INCISO K) AL ARTÍCULO 18; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 99, 100 Y 103 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

(Presentada por el Diputado José Adrián González Navarro, del grupo parlamentario del PAN)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

(Presentada por el Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, Diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos del Reglamento de la Cámara de Diputados, conforme a lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De forma anual, a más tardar el 30 de abril, el Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Fiscal inmediato anterior.

Dicha Cuenta Pública se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para su análisis y evaluación; así mismo, ésta Comisión turna la Cuenta Pública a la Auditoría Superior de la Federación quien la fiscaliza y presenta el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública.

Como una de sus tareas más relevantes, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, tiene que dictaminar los resultados de la evaluación realizada por la Auditoria Superior de la Federación y la Comisión de Vigilancia.

A pesar de la existencia de dicha obligación, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en los últimos años, no ha logrado generar el dictamen con respecto a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, lo que ha traído como consecuencia que no se someta a discusión ante el congreso dicho dictamen, puesto que este no existe.

ARGUMENTOS

Si bien los plazos establecidos por la Ley están bien definidos en lo que corresponde a rendición de cuentas e informes tanto para la Auditoria Superior de la Federación como para la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, no están bien definidos los plazos de dictaminación para la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Es por eso que resulta de vital importancia que existan los procedimientos y plazos específicos para la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que dictaminen dichos informes y se sometan a discusión.

Adicionalmente a la implementación de plazos y procedimientos para la elaboración del dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, se propone actualizar la referencia a los informes específicos, individuales y al informe general de acuerdo a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Para tener una mayor claridad en la propuesta que ahora se presenta ante esta Soberanía, a continuación, se muestra un cuadro comparativo, entre la norma vigente y la propuesta contenida en esta iniciativa:

Texto Vigente

Propuesta de modificación

Artículo 224.

1. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación enviará a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública, a más tardar dos días contados a partir a su recepción.

Artículo 224.

1. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación enviará a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública los informes específicos, individuales y el informe general derivado de la Cuenta de la Hacienda Pública Federala más tardar dos días contados a partir a su recepción.

2. El análisis que sobre dicho Informe elabore la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, deberá enviarlo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a más tardar, el 30 de mayo del año en que se haya recibido el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente.

2. El análisis que sobre dichos informes elabore la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, deberá enviarlo a la Comisión de Presupuesto.

3. En la elaboración de su análisis, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar opinión a las comisiones ordinarias, por escrito o en reuniones de trabajo, sobre el contenido específico del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ramo o ámbito de competencia al que se refiere el Artículo 39, párrafo tercero de la Ley.

3. En la elaboración de su análisis, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar opinión a las comisiones ordinarias, por escrito o en reuniones de trabajo, sobre el contenido específico del Informe General derivado de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en su caso de los Informes Específicos e Individuales correspondiente al ramo o ámbito de competencia al que se refiere el Artículo 39, párrafo tercero de la Ley.

4. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, podrá apoyarse en la Unidad de Evaluación y Control para la coordinación y realización de estas actividades.

4.

5. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación podrá incluir en el análisis a que hace referencia este artículo, las sugerencias de modificación a las disposiciones legales, que en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública presente la Auditoría Superior de la Federación, siempre que éstas tengan como finalidad mejorar la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas.

5. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación podrá incluir en el análisis a que hace referencia este artículo, las sugerencias de modificación a las disposiciones legales, que en el Informe Generalderivado de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal presente la Auditoría Superior de la Federación, siempre que éstas tengan como finalidad mejorar la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas.

Artículo 225.

1. Para el análisis del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación podrá, por conducto de su Junta Directiva, solicitar información adicional por escrito o citar a los funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, a que comparezcan ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación o ante las mesas de trabajo que ésta forme con las comisiones ordinarias.

Artículo 225.

1. Para el análisis del Informe General derivado de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, así como los Informes Específicos e Individuales, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación podrá, por conducto de su Junta Directiva, solicitar información adicional por escrito o citar a los funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, a que comparezcan ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación o ante las mesas de trabajo que ésta forme con las comisiones ordinarias.

Artículo 227.

1. Es facultad exclusiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la elaboración del dictamen de la Cuenta Pública de cada ejercicio fiscal. Para ello, deberá considerar el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública; el análisis que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación entregue en términos del artículo 224, numeral 2 de este Reglamento; así como el contenido de la Cuenta Pública.

Artículo 227.

1. Es facultad exclusiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la elaboración del dictamen de la Cuenta Pública de cada ejercicio fiscal. Para ello, deberá considerar los Informes Específicos, Individuales y el Informe General derivado de la Cuenta Pública, así como el análisis de contenido de la Cuenta Pública conforme a la fracción sexta, párrafo cuarto del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el análisis que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación entregue en términos del artículo 224, numeral 2 de este Reglamento; así como el contenido de la Cuenta Pública.

 

2. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, conforme a los procedimientos aplicables, elaborará, el proyecto de dictamen correspondiente, debiendo ponerlo a votación de sus integrantes a más tardar el 30 de agosto del año siguiente en que se presentó la Cuenta Pública y remitirlo de inmediato a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

 

3. La votación del pleno al dictamen correspondiente se realizará a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, Diputado Francisco Martínez Neri, someto a consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS NUMERALES 1, 2, 3 Y 5 DEL ARTÍCULO 224,EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 225 Y EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 227, Y SE ADICIONAN LOS NUMERALES 2 Y 3 AL ARTÍCULO 227, DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

ÚNICO.- Se modifican los numerales 1, 2, 3 y 5 del artículo 224, el numeral 1 del artículo 225 y el numeral 1 del artículo 227, y se adicionan los numerales 2 y 3 al artículo 227, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 224.

1. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación enviará a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública los informes específicos, individuales y el informe general derivado de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal a más tardar dos días contados a partir a su recepción.
2. El análisis que sobre dichos informes elabore la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, deberá enviarlo a la Comisión de Presupuesto.

3. En la elaboración de su análisis, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar opinión a las comisiones ordinarias, por escrito o en reuniones de trabajo, sobre el contenido específico del Informe General derivado de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en su caso de los Informes Específicos e Individuales correspondiente al ramo o ámbito de competencia al que se refiere el Artículo 39, párrafo tercero de la Ley.

4.

5. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación podrá incluir en el análisis a que hace referencia este artículo, las sugerencias de modificación a las disposiciones legales, que en el Informe General derivado de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal presente la Auditoría Superior de la Federación, siempre que éstas tengan como finalidad mejorar la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas.
Artículo 225.

1. Para el análisis del Informe General derivado de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, así como los Informes Específicos e Individuales, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación podrá, por conducto de su Junta Directiva, solicitar información adicional por escrito o citar a los funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, a que comparezcan ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación o ante las mesas de trabajo que ésta forme con las comisiones ordinarias.

Artículo 227.

1. Es facultad exclusiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la elaboración del dictamen de la Cuenta Pública de cada ejercicio fiscal. Para ello, deberá considerar los Informes Específicos, Individuales y el Informe General derivado de la Cuenta Pública, así como el análisis de contenido de la Cuenta Pública conforme a la fracción sexta, párrafo cuarto del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el análisis que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación entregue en términos del artículo 224, numeral 2 de este Reglamento; así como el contenido de la Cuenta Pública.

2. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, conforme a los procedimientos aplicables, elaborará, el proyecto de dictamen correspondiente, debiendo ponerlo a votación de sus integrantes a más tardar el 30 de agosto del año siguiente en que se presentó la Cuenta Pública y remitirlo de inmediato a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

3. La votación del pleno al dictamen correspondiente se realizará a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 13 de julio de 2016.

Atentamente

Dip. Francisco Martínez Neri.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III AL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Presentada por la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita, MARÍA VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, Diputada Federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Ante la ineficaz y en ocasiones inexistente atención que otorga el Instituto Nacional de Migración a los migrantes que atraviesan por nuestro país, se han recibido un sinnúmero de críticas alegando que México incumple con la Ley de Migración, al negar el servicio de salud a los migrantes, pese a que ellos cuentan con 90 días para tener acceso a dicho servicio a través del seguro popular, sólo el 1.8 por ciento de los migrantes opta por acudir a un centro de salud público por temor a ser deportados.

En los últimos cinco años, la atención médica hacia los migrantes centroamericanos que cruzan por México con el objetivo de llegar a Estados Unidos ha ido en decadencia, de acuerdo con los resultados de la investigación del Central America-North AmericaMigration Dialogue (CANAMID) y del Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS),“las casas migratorias atendieron el 88.3 por ciento de los casos de enfermedad o accidentes de los migrantes, en su conjunto centroamericanos, frente al

1.8 por ciento de los casos atendidos en centros de salud. Además, el 2.5 por ciento acudieron a una clínica y el 3.5 por ciento optaron por un médico privado o farmacia”.1

De conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de la Ley General de Migración: “Los migrantes […] tendrán derecho a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida”.2

Sin embargo, existen procesos diferenciados en la afiliación de los migrantes y también, casos en los que se desconocen sus derechos, ejemplo de ello: Hospitales de Oaxaca, Chiapas, San Luis potosí, Coahuila y Baja California, quienes no cuentan con lineamientos instituidos para dicha afiliación.

En cuestión salud, el tema debe considerarse como eje central de los migrantes, ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a determinado que la salud es parte del conjunto de derechos fundamentales que deben de ser garantizados por el Estado.

Cabe mencionar, que el recorrido que realizan los centroamericanos abarca aproximadamente 3 mil 640 kilómetros desde sus países de origen hasta la frontera norte de México, es decir, un promedio de 95 días, lo que da lugar a generar accidentes a causa del mal tiempo, climas adversos, desnutrición, la falta de agua en algunas ocasiones provoca que cuando llegan a su destino estén en completa deshidratación. Posteriormente, tras la implementación del Plan Frontera Sur –que impide que los migrantes viajen sobre el tren de carga (conocido como La Bestia), el número de -migrantes en casas y albergues que están ubicados cerca de las vías del tren se ha visto disminuido de forma significativa.3

Por lo que 6 de cada 10 migrantes enfermos o víctimas de algún accidente requirieron algún servicio de salud, pero solo el 88.3 por ciento fue atendido en las clínicas de casas o albergues migratorios, asimismo, se ha ido implementado ante una necesidad creciente el atender a las víctimas en estos lugares. Estamos hablando de que sólo el 1.8 por cientode los migrantes utilizaron algún servicio gubernamental, esto, derivado de la gran desconfianza o miedo que provoca la situación migratoria actual en nuestro país. 4

Una de las cosas que hay que dejar bien claras en este acontecer es, que la atención a los migrantes no debe ser considerada como un gasto magno, ni mucho menos crear sistemas de salud exclusivos para este sector de la población, pues está comprobado que no más del 2 por ciento de utiliza este servicio, sin embargo debe garantizarse en caso de utilizarse, por ejemplo, en las zonas fronterizas del estado de Chiapas, se documentó que el número de atenciones no representa más de 1 por ciento, y en la mayoría de los casos sólo se requieren auxilios básicos.5

Otro de los factores que afecta a este sector de la población, es la creencia equívoca de que los migrantes transmiten a nuestro país enfermedades y que, por ende, a donde lleguen habrá enfermedades. En muchas ocasiones los centroamericanos que transitan por México rumbo a Estados Unidos se les atribuyen la propagación del VIH y enfermedades como el dengue, paludismo y chikungunya.

Sin embargo, debemos decir que la transmisión de este tipo de enfermedades no se explica por la presencia de migrantes, ya que en muchas de las ocasiones son nuestros mismo nacionales quienes viajan a estos países y son infectados en sus viajes turísticos, es decir:

“Son las condiciones en las que se migra y no la migración en sí misma lo que determina la situación de salud de los migrantes. No hay diferencias significativas en la salud de los migrantes y los mexicanos. El 17 o 18 por ciento de los migrantes, al entrar a México, presentan la misma frecuencia a enfermarse que los mexicanos. No son un grupo enfermo. Están sanos como los mexicanos y enfermos como los mexicanos. El tema está en el tránsito”.6

De conformidad con la Encuesta Nacional de Salud, los migrantes resintieron 2.1 veces más probabilidades de enfermarse que los habitantes locales. Siendo las enfermedades que más padecen: respiratorias (47.1 por ciento) y gastrointestinales (8.7 por ciento). Le siguen la micosis (7 por ciento), deshidratación (5 por ciento), heridas y accidentes (2.9 por ciento) y otros no especificados (6 por ciento).7

Esta clase de afecciones a la salud, son el resultado del mal tiempo y las tempestades atmosféricas por las que atraviesan en su travesía hacia los Estados Unidos, la mala alimentación, el acceso limitado a agua potable. Otras de las grandes afecciones que sufren nuestros migrantes son: el registro de problemas de salud mental, como el estrés postraumático, el cual se origina tras haber sufrido u observado un acontecimiento altamente traumático (atentado, violación, asalto, secuestro, accidente, etc.), en el que está en juego la vida de las personas. Las imágenes de la situación traumática vuelven a reexperimentarse una y otra vez (flashback), en contra de la propia voluntad, a pesar del paso del tiempo, imaginándolo con todo lujo de detalles, acompañado de intensas reacciones de ansiedad (preocupación, miedo intenso, falta de control, alta activación fisiológica, evitación de situaciones relacionadas, etc.)8, este padecimiento está íntimamente relacionado con el denominado “duelo migratorio”, en donde el migrante adopta una forma de reacción o unos estilos de afrontamiento, que vive de acuerdo a su forma de manejar el estrés y la forma como elabora la reconstrucción de sus pérdidas, siendo los siguientes:

La negación. Visto como un todo es igual que en su país, no se siente afectado por el cambio.

La proyección. El migrante ve que la gente es diferente pero la de su país de origen es mejor.

La idealización. Tal como su ciudad de origen es más bonita, su barrio es mejor, su país es el mejor del mundo.

Animismo, donde la lengua, la cultura, el país son vistos con atribuciones de rangos humanos.

Formación reactiva, intentando rechazar su cultura de origen.

Racionalización, separando el aspecto afectivo del cognitivo a fin de evitar el sufrimiento.9

Las políticas y prácticas de salud relacionadas con la migración requieren revisión y desarrollo constantes con el fin de responder a retos nuevos y complicados. Por ejemplo, la globalización, la reaparición de enfermedades, los cambios rápidos en los patrones de migración y el avance de la tecnología representan retos complejos. Las políticas de salud migratoria coordinadas con las metas de salud pública respaldarán la integración exitosa de los migrantes.10

Por ello insistimos en que es necesario dar prioridad y continuidad a las revisiones de las Estaciones Migratorias de todo el Territorio Nacional, fomentando así el equilibrio en materia de salud con nuestros migrantes, impidiendo injusticias y fortaleciendo la situación migratoria actual por la que atraviesa nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III AL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE MIGRACIÓN, EN PRO DE LA SALUD DE LOS MIGRANTES EN MÉXICO.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones I y III de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 27. Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. Ejercer en coordinación con las autoridades sanitarias de los diferentes niveles de gobierno que, la prestación de servicios de salud que se otorgue obligatoriamente a los extranjeros, se brinde sin importar su situación migratoria y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;
II.

III. Ejercer la vigilancia de los servicios de sanidad en los lugares destinados al tránsito internacional de personas, en transportes nacionales o extranjeros, marítimos, aéreos y terrestres, cada 90 días, mediante visitas de inspección conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de julio de 2016.

Atentamente

Dip. María Victoria Mercado Sánchez.

1 Especialistasacusan que México incumple con la ley al negarservicios de salud a losmigrantes, Junio, 18, 2016. http://www.sinembargo.mx/18-06-2016/3054127

2 Especialistasacusan que México incumple con la ley al negarservicios de salud a losmigrantes, Junio, 18, 2016. http://www.sinembargo.mx/18-06-2016/3054127

3 Especialistasacusan que México incumple con la ley al negarservicios de salud a losmigrantes, Junio, 18, 2016. http://www.sinembargo.mx/18-06-2016/3054127

4 Especialistasacusan que México incumple con la ley al negarservicios de salud a losmigrantes, Junio, 18, 2016. http://www.sinembargo.mx/18-06-2016/3054127

5 Especialistasacusan que México incumple con la ley al negarservicios de salud a losmigrantes, Junio, 18, 2016. http://www.sinembargo.mx/18-06-2016/3054127

6 Especialistasacusan que México incumple con la ley al negarservicios de salud a losmigrantes, Junio, 18, 2016. http://www.sinembargo.mx/18-06-2016/3054127

7 Especialistasacusan que México incumple con la ley al negarservicios de salud a losmigrantes, Junio, 18, 2016. http://www.sinembargo.mx/18-06-2016/3054127

8 Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés - SEAS, ¿Qué es el trastorno por estrés postraumático?, http://www.ansiedadyestres.org/que-es-el-trastorno-por-estres-postraumatico

9 Hablemos de duelo Migratorio, http://www.psicologia-online.com/monografias/hablemos-de-duelo-migratorio/

10 OIM, Organización Internacional para las Migraciones, Migración y Salud.
http://www.crmsv.org/documentos/IOM_EMM_Es/v2/V2S07_CM.pdf





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por los Diputados Maricela Serrano Hernández y Héctor Javier Álvarez Ortiz, del grupo parlamentario del PRI)

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II ,de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 122, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Congreso General y 55,fracción II, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanosse presenta a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La discapacidad es un fenómeno complejo que demuestra la complejidad en las relaciones que establece un ser humano con la sociedad de la que forma parte.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)1, el término Discapacidad comprende diversos tipos de deficiencias, limitaciones de actividad y/o restricciones de participación de los individuos en la sociedad. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales.

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Hasta 2011, el Informe Mundial sobre la Discapacidad2 dio a conocer que más de mil millones de personas sufrían de alguna forma de discapacidad; de las cuales alrededor de 200 millones padecen dificultades considerables en su funcionamiento.

En México, en 2003 la Secretaría de Salud3, reveló que aproximadamente el 9% de la población total del país presentaba en ese momento algún grado de dificultad en los dominios de movilidad, función mental, función social, estado de ánimo, al realizar actividades usuales y dolor. Estimó que 9.7 millones en todo el país sufría algún tipo de discapacidad.

En nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 4º otorga el derecho a la protección de la salud a todos los mexicanos. Incluyendo a las personas que sufren alguna discapacidad. La protección a la salud incluye consultas y revisiones médicas periódicas, con especialistas de 3er nivel de atención. Además, también tienen derecho a disfrutar vacaciones o días de asueto viajando a distintos puntos del país, y frecuentemente, lo hacen a través del sistema de transporte terrestre de pasajeros.

En México, la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad, en Capítulo V, relativo al Transporte Público y Comunicaciones, específicamente en el Artículo 19, encomienda a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a promover el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral, a través de las siguientes acciones:

I. Establecer mecanismos de coordinación con autoridades competentes y empresas privadas, a fin de elaborar normas y programas que garanticen a las personas con discapacidad, la accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de transporte público aéreo, terrestre y marítimo.

II. Promover que en la concesión del servicio de transporte público aéreo, terrestre o marítimo, las unidades e instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicos o humanos y personal capacitado;

III. Promover en el ámbito de su competencia programas y campañas de educación vial, cortesía urbana y respeto hacia las personas con discapacidad en su tránsito por la vía y lugares públicos, así como para evitar cualquier tipo de discriminación en el uso del transporte público aéreo, terrestre o marítimo;

IV. Promover la suscripción de convenios con los concesionarios de los medios de comunicación, para difundir una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de ésta Ley, e incorporar en la programación de los canales de televisión programas de formación, sensibilización y participación de las personas con discapacidad, y

V. Promover convenios con los concesionarios del transporte público a fin de que las personas con discapacidad gocen de descuentos en las tarifas de los servicios de transporte público.

Es decir, la Legislación si prevé la necesidad de transporte que se ha expuesto anteriormente y reconoce que deben existir condiciones para otorgar concesiones de transporte que permitan a las personas con discapacidad trasladarse, sin que por su condición el trato sea diferente. Los transportes aéreos y marítimos han puesto especial atención a estas condiciones, sin lograr cumplir a cabalidad la Ley. En marcado contraste, en los transportes terrestres esto representa una debilidad que se acompaña de la falta de personal capacitado.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)4, de los casi 7 millones de personas que sufrían algún tipo de discapacidad en 2010 en México, el 58.3% tienen como principal problema al caminar o moverse, haciendo referencia a la dificultad de una persona para moverse, caminar, desplazarse o subir escaleras debido a la falta de toda o una parte de sus piernas; incluye también a quienes teniendo sus piernas no tienen movimiento o presentan restricciones para moverse, de tal forma que necesitan ayuda de otras persona, silla de ruedas u otro aparato, como andadera o pierna artificial.

Es decir, existen más de 3.5 millones de personas que en caso de viajar, requerirán llevar consigo su silla de ruedas u otro aparato especial. Lamentablemente, más allá de la discriminación a la que se enfrentan, tampoco pueden contar con los servicios de manera digna. Y es que los autobuses que transportan pasajeros en viajes cortos y/o largos en el país, no cuentan con las condiciones que permitan a las personas con alguna discapacidad, particularmente en silla de ruedas, abordar la unidad sin menoscabo de su dignidad. Tristemente, deben literalmente arrastrarse para poder subir al autobús y su silla de ruedas viaja en el maletero, sin ningún cuidado adicional, con los peligros que representa para su funcionalidad y más aún, tomando en cuenta la utilidad y necesidad para la vida del individuo en cuestión.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración del H. Pleno la presente Iniciativa con Proyecto de DECRETO:

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Único: Se modifica el numeral II y V del Artículo 19 de la Ley General para la Inclusión de Personal con discapacidad.
 
Artículo 19. …

I. …

II. Promover que en la concesión del servicio de transporte público aéreo, terrestre o marítimo, las instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, así como que al menos un 20% las unidades de la flotilla cuenten con las especificaciones técnicas y antropométricas requeridas para su acceso, así como los apoyos técnicos o humanos y personal capacitado;

III. …

IV. …

V. …

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad será la instancia encargada de establecer los criterios y requisitos para el cumplimiento del presente decreto.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto.

Atentamente.

1 http://www.who.int/topics/disabilities/es/

2 http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/

3 INFORME INICIAL DE MÉXICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

4 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO; DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; DE LA LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES; DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA; DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR; DE LA LEY ORGÁNICA DE NACIONAL FINANCIERA Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

(Presentada por el Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, José Hernán Cortés Berumen, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II y 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; numeral Décimo Segundo del Acuerdo Parlamentario que establece los criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del Orden del Día y los debates que se realicen en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión durante el Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura, y 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES, LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, LEY ORGÁNICA DE NACIONAL FINANCIERA Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, conforme a la siguiente,

Exposición de Motivos

El pasado 29 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación1, la reforma constitucional que transforma el otrora Distrito Federal en la Ciudad de México, lo cual implica que la Ciudad de México continuará siendo Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, pero con cambios fundamentales en su naturaleza.

La Ciudad de México es ahora una entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y su organización política administrativa, habiendo la posibilidad de darse su propia constitución política, con una forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico, que tendrá mayor autonomía con los Poderes federales, por ejemplo, en relación a la designación y remoción de sus funcionarios.

El Artículo Décimo Cuarto Transitorio señala que a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto, las referencias constitucionales y de cualquier otro ordenamiento jurídico al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.

Esta reforma implica cambios de fondo, que se aparejan de un cambio de forma. Es decir, tiene un trasfondo jurídico, político y social de relevancia, pero como elemento esencial, requiere el cambio de denominación, de Distrito Federal a Ciudad de México.

Ante las múltiples referencias que se tiene de este concepto en nuestro sistema jurídico, consideramos adecuado, generar un mecanismo legislativo de actualización de todas y cada una de las leyes que tiene referencias al Distrito Federal, para sustituirlo por Ciudad de México.

No se trata de una mera reforma estética, sino de adecuar el lenguaje jurídico, el cual es un elemento esencial en la seguridad jurídica que la ley debe proveer en cualquier estado de derecho. El principio de certeza jurídica en nuestro sistema, tiene una ratio fundamental para el estado de derecho, pues busca que el gobernado tenga plena certeza de los actos de autoridad y de las reglas con que debe conducirse en relación a los demás. Es pues, un principio que fragua, delimita, o perfecciona a otros de su misma especie o rango constitucional, pero que por su categoría, goza de supremacía, pues ninguno de ellos podría gozar de autonomía si finalmente su origen no se supedita al Estado de derecho.

El lenguaje es el vehículo natural para la manifestación del derecho; la realidad de la experiencia de la palabra, es un hecho sine qua non de la existencia jurídica. Diversos autores han puesto de manifiesto este carácter lingüístico y dialogante del derecho, haciéndolo incluso depender del lenguaje; de manera que las prescripciones -escribe von Wright- presuponen el uso del lenguaje en la formulación de las normas, y en coincidencia con Kalinowski, es evidente que todo término jurídico es o se manifiesta a través de una expresión lingüística.2

Si bien la propia reforma se ha encargado de garantizar que el cambio de denominación no genere perjuicio alguno a los gobernados, el realizar el cambio legislativo material, cierra el ciclo de dichas reformas, elimina todo resquicio de posibles malinterpretaciones derivadas de éstas, ya sea de buena o mala fe, y contribuye al cambio cultural que implican.

Es pues la intención de esta propuesta, agilizar la homologación de nuestro marco jurídico vigente a la terminología derivada de la reciente reforma, sustituyendo en cada cuerpo normativo federal los términos superados, por los de reciente acuño.

Es importante señalar que algunas referencias deberán permanecer, pues el cambio de su denominación depende de otras instancias, y en tanto estas no se generen, deben conservarse en sus términos. Por ejemplo, el Código Civil del Distrito Federal, deberá mantenerse con su denominación en tanto el Poder Legislativo local no resuelva su trámite legislativo. Igualmente, en el caso de las menciones de los salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, estos deberán permanecer en tanto se expide la legislación derivada de la reforma publicada el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se crea la Unidad de Medida y Actualización a efecto de desvincular al salario mínimo del pago de diversas obligaciones.

Para facilitar el proceso legislativo interno de la Cámara, se agruparon las leyes de acuerdo con su más probable turno a Comisiones, permitiendo un proceso de dictamen sencillo y célere.

En términos generales los turnos de la Mesa Directiva a las reformas de las siguientes leyes: Código de Comercio, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, Ley Federal de Competencia Económica, Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley Orgánica de Nacional Financiera, Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, se ha dado a la Comisión de Economía, por tanto se agrupan en esta iniciativa, para los procesos legislativos a que haya lugar.

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente,

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES, LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, LEY ORGÁNICA DE NACIONAL FINANCIERA Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artículos: 18 segundo párrafo; 1070 primer párrafo; 1075 segundo párrafo, y 1268; Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 18. …

La operación del Registro Público de Comercio está a cargo de la Secretaria de Economía, en adelante la Secretaria, y de las autoridades responsables del Registro Público de la Propiedad en los estados y en la Ciudad de México, en términos de este Código y de los convenios de coordinación que se suscriban conforme a lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Para estos efectos existirán las oficinas del registro público de comercio en cada entidad federativa que demande el tráfico mercantil. La Secretaria emitirá los lineamientos necesarios para la adecuada operación del Registro Público de Comercio, que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 1070. Cuando se ignore el domicilio de la persona que debe ser notificada, la primera notificación se hará publicando la determinación respectiva tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local del estado o de la Ciudad de México en que el comerciante deba ser demandado.

I.-a V.-…

Artículo 1075. …

Las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado, y las demás surten al día siguiente, de aquel en que se hubieren hecho por boletín, gaceta o periódico judicial, o fijado en los estrados de los tribunales, al igual que las que se practiquen por correo o telégrafo, cuando exista la constancia de haberse entregado al interesado, y la de edictos al día siguiente de haberse hecho la última en el periódico oficial del estado o de la Ciudad de México.

Artículo 1268. El presidente de la República, los secretarios de estado, los titulares de los organismos públicos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria, el gobernador del Banco de México, los senadores, diputados, magistrados, jueces, generales con mando, las primeras autoridades políticas de la Ciudad de México, no están obligados a declarar, a solicitud de las partes, respecto al asunto de que conozcan o hayan conocido por virtud de sus funciones. Solamente cuando el tribunal lo juzgue indispensable para la investigación de la verdad, podrán ser llamados a declarar. En este caso, y en cualquier otro, se pedirá su declaración por oficio, y en esta forma lo rendirán.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción IX del artículo 2de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 2.- …

I.- a VII. …

IX. Entidades federativas: los Estados de la Federación y la Ciudad de México conforme al artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

X. a XII. …

ARTÍCULO TERCERO. Se reforman los artículos: 10 primer párrafo y 14 fracción II inciso f), de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, para quedar como sigue:

Artículo 10.- Las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo tendrán una circunscripción Regional correspondiente a uno o más municipios aledaños en una entidad federativa y una o más de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y estarán formadas por comerciantes, prestadores de servicios y del sector turismo.

Artículo 14.-

I. …

II. …

a) a e) …

f) Los industriales del grupo promotor se encuentren ubicados en por lo menos el cincuenta por ciento de los municipios o demarcaciones territoriales en la Ciudad de México, de la circunscripción solicitada;

g) a i) …

ARTÍCULO CUARTO. Se reforman los artículos: 3 fracción III; 95 párrafo segundo, y 117 párrafo primero de la Ley Federal de Competencia Económica, para quedar como sigue:

Artículo 3. …

I. a II. …

III. Autoridad Pública: Toda autoridad de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y de cualquier otro ente público;

IV. a XV. …

Artículo 95. …

Cuando la Comisión tenga conocimiento de actos o normas generales emitidas por un Estado, la Ciudad de México, un Municipio, que puedan resultar contrarios a lo dispuesto, entre otros, por los artículos 28 y 117, fracciones IV, V, VI y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o que invadan facultades de la Federación, lo hará del conocimiento del Titular del Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejero Jurídico, para que aquél, de considerarlo pertinente, inicie una controversia constitucional, o del órgano competente para que éste, de considerarlo procedente, interponga una acción de inconstitucionalidad.

Artículo 117. Quien comparezca a la Comisión, en el primer escrito o en la primera diligencia en que intervenga, deberá designar domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México o, en su caso, en el domicilio de la delegación de la Comisión que corresponda, si en ella se tramita alguno de los procedimientos de esta Ley.

ARTÍCULO QUINTO. Se reforman los artículos: 6; 21; 23 fracción III; 24 fracción XII, y 99 último párrafo de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 6.- Estarán obligados al cumplimiento de esta ley los proveedores y los consumidores. Las entidades de las administraciones públicas federal, estatal, municipal y del gobierno de la Ciudad de México están obligadas en cuanto tengan el carácter de proveedores o consumidores.

Artículo 21.- El domicilio de la Procuraduría será la Ciudad de México y establecerá delegaciones en todas las entidades federativas y la Cuidad de México. Los tribunales federales serán competentes para resolver todas las controversias en que sea parte.

Artículo 23.-…

I. a II. …

III. Los recursos que le aporten las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal, municipal y del gobierno de la Ciudad de México;

IV. a V. …

Artículo 24. …

I. a XI. …

XII. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración con autoridades federales, estatales, municipales, del gobierno de la Ciudad de México y entidades paraestatales en beneficio de los consumidores; así como acuerdos interinstitucionales con otros países, de conformidad con las leyes respectivas;

XIII. a XXIV. …

Artículo 99

I. a VI. …

La Procuraduría podrá solicitar a las autoridades federales, estatales, municipales o de la Ciudad de México que le proporcionen los datos necesarios para identificar y localizar al proveedor. Las autoridades antes señaladas deberán contestar la solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha de su presentación.

ARTÍCULO SEXTO. Se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 7 de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, para quedar como sigue:

Artículo 7o.- La Sociedad podrá ser depositaria de los títulos, valores o sumas en efectivo que tengan que hacerse por o ante las autoridades administrativas, o judiciales de la Federación y por o ante las autoridades administrativas de la Ciudad de México, así como de las sumas en efectivo, títulos o valores, que secuestren las autoridades judiciales o administrativas de la Federación y aquellas que secuestren las autoridades administrativas de la Ciudad de México. Las autoridades mencionadas estarán obligadas a entregar a la sociedad dichos bienes, en su indicado carácter de depositaria.

También podrán realizar en la Sociedad, los depósitos para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo y, en general, los depósitos de garantía que deban constituirse conforme a las disposiciones de las leyes federales, y en su caso, de la Ciudad de México o por órdenes o contratos de autoridades de la Federación, y en su caso, de la Ciudad de México.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforman los artículos: 7 fracciones IV y IX; 17 fracción II, y 34 primer párrafo de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 7o.-

I. a III. …

IV. Tomar a su cargo o garantizar las emisiones de valores y de títulos de crédito en serie, emitidos o garantizados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de la Ciudad de México, de los estados y municipios y los que emita la propia Sociedad en el ejercicio de sus atribuciones fiduciarias, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

V. a VIII. …

IX. Podrá actuar a solicitud de los gobiernos de la Ciudad de México, de los Estados y Municipios, así como de sus respectivas entidades paraestatales y paramunicipales, como agente financiero o como consejero técnico en la planeación, financiamiento y ejecución de programas, proyectos y obras de servicios públicos o de interés social, relacionados con el objeto de la Sociedad;

X. a XII. …

Artículo 17.-…

I. …

II. Cinco consejeros de serie “B” de certificados de aportación patrimonial, representados por tres Gobernadores o dos de éstos y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y dos Presidentes Municipales, que serán designados de entre los Gobiernos de los Estados y Municipios.

III. …

Artículo 34.- La Sociedad contará con un Consejo Consultivo Nacional que estará integrado por los 31 gobernadores de los Estados de la República Mexicana y por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México que tendrá por objeto proponer al Consejo Directivo, a través del Director General de la Sociedad, proyectos de financiamiento y planes de desarrollo regionales y estatales, así como conocer los resultados y cumplimiento del programa financiero que llevó a cabo la Sociedad en el ejercicio inmediato anterior. Para tales efectos el Director General de la Sociedad presentará al Consejo Consultivo Nacional, en sesión, la información de referencia, dentro de los ciento veinte días siguientes al cierre de cada ejercicio.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 13 de julio de 2016.


1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016 Consultado el 27 de abril de 2016.

2 Platas Pacheco María del Carmen, “Elementos para una aproximación hermenéutica del lenguaje jurídico.” Revista Razonamiento Judicial, número 7, septiembre de 2007.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO VIII, DE LOS ESTÍMULOS FISCALES A LA DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS O ELÉCTRICOS, AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita Diputada MaRÍA Victoria Mercado Sánchez, integrante del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que se somete a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto, al tenor de los siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El cambio climático que vivimos hoy en día es por causa del uso de combustibles fósiles, sobreexplotación de recursos naturales, la emisión de gases de efecto invernadero, la caza inmoderada; que traen principalmente como consecuencia contaminación del aire y del agua, peligro de extinción de varias especies, inclusive algunas se han extinto, situación que debemos tomar a conciencia y contrarrestar con hechos.

Guillermo Rocha Lira, Presidente de la Comisión de Seguimiento de Órganos de Dirección en Redes Sociales de Movimiento Ciudadano, realizó una publicación en mayo del año en curso, en el periódico “El Ciudadano”, que menciona en su texto informativo sobre el aumento de temperatura de la atmósfera desde el siglo XIX, dando como resultado un 43% de emisiones que llegan a la atmósfera son provenientes del carbón y un 33% son por petróleo y derivados, si eso llegase a continuar en un futuro se podría dar la desaparición de los casquetes polares, el nivel del mar aumentaría en 1.2 metros, incluso la temperatura global ascendería 2.7 grados. Estos y más son causas de la aceleración del calentamiento global1 .

Los países que más emiten dióxido de carbono en el globo, esta en primer lugar, la República Popular China, en segundo lugar los Estados Unidos de América y subsecuentemente la Republica de la India, la Federación Rusa y el Estado de Japón, son en parte los responsables de producir alrededor de la mitad de CO2 que llega afectar a la atmósfera.

La República Popular China es un claro ejemplo de tener contingencia ambiental cada vez más frecuentemente, afectando además la salud de sus habitantes, los Estados Unidos Mexicanos se encuentra en el lugar 13° de contribuir con las emisiones de CO2 en el mundo y que posiblemente en un futuro no muy lejano, si seguimos sin tomar las medidas necesarias para frenar la contaminación que emitimos, podría ascender y encontrarnos en los primero diez países del mundo que más producen CO2. Además la capa de ozono tiene un límite para poder regenerarse y al rebasar este tope, no dejamos que la capa a de ozono se pueda regenerar, que nos protege de los rayos ultravioleta (UV) que afecta la salud, que puede provocar que las células de la piel se debiliten o hasta mueran, proclive a padecer cáncer.

Un medio de transporte que utilizamos a diario es el terrestre, específicamente el automóvil, pero sus emisiones de carbono contribuyen seriamente al calentamiento global y la contaminación del aire, por lo que la cantidad de vehículos particulares que transitan por nuestras ciudades, son el mayor foco de contaminación en comparación con las zonas rurales. Es un medio que se ha vuelto indispensable para la vida cotidiana pero debemos hacer conciencia del uso frecuente que le disponemos; e ignoramos cuanto estamos perjudicando a nuestro habitad por no tratar de disminuir o tomar otros medios alternos para transportarnos; como el transporte público o fomentar la compraventa de autos híbridos y/o eléctricos.

Varios países en la actualidad han implementado incentivos fiscales para la compraventa de vehículos eléctricos; las siguientes naciones son las que cuentan con más autos eléctricos, según las revista Forbes México2:

El estímulo fiscal tiene como finalidad promover ciertas actividades consideradas de interés social, una bonificación que da el Estado sobre obligaciones tributarias.

Un vehículo eléctrico tiene un valor mínimo aproximadamente de $500,000.00 moneda nacional, un precio algo exorbitante para el ciudadano común que pretende comprar un auto de esta característica.

El Estado siempre debe velar por los intereses de su pueblo, tiene que impulsar en este caso la venta de automóviles híbridos y/o eléctricos; y una forma de lograrlo es con un incentivo fiscal que ayude al distribuidor autorizado o comerciante de vehículos eléctricos y/o híbridos a vender cierta cantidad de automóviles a precios un poco más accesibles o con facilidades para el consumidor que trata de obtener un transporte alterno del que se utiliza comúnmente en base en combustibles fósiles. Sin mencionar la gran contribución que hacemos al ambiente en pro de su restauración o al menos contrarrestar los grandes males que le hemos hecho, además el gran paso que daría nuestro país hacia un futuro ambientalista para las generaciones venideras, y que se pueda llegar a lograr ubicar a México en ser primer lugar de América Latina con más autos eléctricos y/o eléctricos.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del plano el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona el Capítulo VIII, de los Estímulos Fiscales a la Distribución de Vehículos Híbridos y/o Eléctricos, artículo 196 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Único.- Se adiciona el Capítulo VIII, de los Estímulos Fiscales a la Distribución de Vehículos Híbridos y/o Eléctricos, artículo 196 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Capítulo VIII

DE LOS ESTÍMULOS FISCALES A LA DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS O ELÉCTRICOS.

Artículo 196.- Se otorga un estímulo fiscal al distribuidor autorizado o comerciante que del total de unidades vendidas, el 2% como mínimo sean automóviles híbridos o eléctricos. En ningún caso el estímulo fiscal podrá exceder del 3% del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 13 de julio de 2016.

Atentamente

Dip. María Victoria Mercado Sánchez.

1 ROCHA, Guillermo (mayo 2016). Cambio Climático, Desafío Global. El Ciudadano., pp. 12-13.

2 Forbes Staff (14 de julio del 2015). Los países con más autos eléctricos. Redacción online de la edición mexicana de Forbes.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita Yolanda de la Torre Valdez, Senadora de la República e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo expresado en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, Fracción I; 163 y 164 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de laLey General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de acuerdo con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La violencia de acuerdo a la antropología social desarrollada por Michael Foucault, tiene como objetivo la resolución de conflictos para mantener una estructura ordenada, a través de actos agresivos tendientes a restar atributos de una persona y negar su empoderamiento e igualdad con su agresor.1 Dentro de la estructura social observamos las familias como el elemento principal que fortalece y construye las relaciones en la comunidad y en las instituciones. La violencia es una acción ciertamente individual pero con un impacto social trascendente, puesto que al no existir acciones de contención y prevención de la violencia en el ámbito familiar, las personas la trasladan a la comunidad y a las instituciones donde se relacionan, particularmente la escuela. Más aún la desintegración familiar ha sido considerada como uno de los factores directamente relacionados con la violencia social, al expulsar a sus miembros sin ninguna protección y con una carga de frustración contenida que encuentra cauce en la calle y el espacio público.

La desorganización familiar constituye una modalidad de desintegración, la cual es el rompimiento de la unidad o quiebra en los roles de sus integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en forma consiente y obligatoria. Una desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad familiar y la insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus miembros.

La violencia que se vive cotidianamente en este espacio [la familia], constituye un componente esencial que dificulta el proceso de socialización de los individuos, principalmente niños y jóvenes, aumentando su propensión a transgredir la norma social y jurídica. No obstante, la violencia que se ejerce en contra de los propios miembros de la familia es escasamente tratada como un problema del orden público.2

Como parte de este entorno social, la violencia en el hogar contra mujeres y niños, constituye un componente esencial de las conductas delictivas, pues reproduce las relaciones de subordinación de la mujer y menoscaba la capacidad de los menores para integrarse a la vida social. 3

Por tanto es el interés de la Iniciativa incorporar acciones que prevengan y detecten la violencia intrafamiliar como un objetivo de la Ley sujeta a reforma, a través de la creación de espacios de expresión y retroalimentación que aumenten la resilencia de las familias hacia la violencia.

El tejido social de una comunidad es una metáfora de las relaciones comunitarias, donde cada uno de los hilos de este virtual tejido se entrelaza para formar una estructura donde se construye el espacio que se comparte, para lograr una adecuada cohesión social, es necesario que existan proyectos comunes de desarrollo, es decir el desarrollo comunitario tiene que tener cierta colectividad para que alcance sus objetivos, de lo contrario se genera una profunda exclusión social.

La visión de desarrollo debe ser coincidente con la problemática comunitaria, que al mismo tiempo refleje las necesidades de las familias y sus individuos, id est la construcción de un espacio que sea ajeno a las decisiones de las personas, con frecuencia transformará el espacio público, en un baldío donde se reproducirán constantemente los problemas sociales, incluida la violencia.

Esto genera una ruptura fijada por grupos clasificados por su poder económico, es decir las clases con mayores ingresos defienden posturas contrarias a la construcción de un espacio común con las personas usualmente llamadas “urbano marginales”, estigmatizándoles como un grupo de carácter violento.

La “violencia de los marginales” ha llevado a que desde algunos sectores se le impute a estos grupos una capacidad salvacionista o emancipadora, mientras desde otros se los percibe como una amenaza para el orden social que tarde o temprano hay que extirpar. Estas dos interpretaciones opuestas están basadas, sin embargo, en una misma sociología de la pobreza, según la cual ella estimula una actitud de frustración y esta a su vez instiga el radicalismo o la predisposición a la violencia colectiva. 4

En correlación resulta que el instrumento que posibilita la construcción de un espacio que satisfaga los intereses, pero sobre todo las necesidades de las personas es en sí, la tolerancia expresa a través del diálogo y son justamente las autoridades quienes deben moderar este debate para producir cambios que se reflejen en una mejor convivencia social, alejada de la violencia como forma de resolución de conflictos.

Más aún al interior de las comunidades se encuentran grupos en mayor situación de vulnerabilidad a la violencia, particularmente las mujeres y los menores de edad, estos se insertan en una estructura social compleja, ya que, por un lado, constituyen un grupo social sujeto al maltrato, prostitución, explotación laboral y otras formas de violencia y, por otro, constituye un sector que tiene cada vez más presencia en la comisión    delictiva.5

La violencia que se ejerce en el medio familiar sigue las líneas de subordinación: el hombre “jefe de familia” ejerce la violencia hacia la mujer y la mujer hacia los menores [de edad].6

Es por tanto que la iniciativa se pronuncia por señalar la importancia de prevenir la violencia en los menores de edad, no sólo en el ámbito familiar sino también en el acoso que sufren por sus pares, este acoso no se limita territorialmente la escuela, sino que transgrede los muros de la institución escolar, para trasladarse a la calle y a cualquier espacio público donde convivan menores, es singular el dato que las pandillas callejeras, reclutan nuevos miembros a través del acoso, obligando a la víctima a unirse al grupo para cesar la violencia en su contra.

Por ello es necesario que las políticas que identifiquen y prevengan esta conducta violenta, a través de canales de visibilización y comunicación, donde no se criminalice o se estigmatice la expresión juvenil e infantil. De acuerdo con lo postulado por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 13 fracciones VIII y XIV7.

Estas acciones deben realizarse en conjunto de acuerdo a una visión programática que considere la recuperación y el uso de los espacios públicos, como un mecanismo de convivencia y diálogo de la comunidad. El espacio que las comunidades comparten debe usarse fundamentalmente en acciones que permitan la libre expresión de las ideas y la retroalimentación a través de las mismas, no solamente deben usarse para el ejercicio del arte, la cultura y el deporte, antes bien debe fungir como un centro neural de la comunidad donde se reflejen las necesidades particulares de los habitantes.

La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los habitantes y entre el poder y la ciudadanía se materializan, se expresan en la conformación de las calles, las plazas, los parques, los lugares de encuentro ciudadano, en los monumentos. La ciudad entendida como sistema, de redes o de conjunto de elementos – tanto si son calles y plazas como si son infraestructuras de comunicación (estaciones de trenes y autobuses), áreas comerciales, equipamientos culturales es decir espacios de uso colectivos debido a la apropiación progresiva de la gente – que permiten el paseo y el encuentro, que ordenan cada zona de la ciudad y le dan sentido, que son el ámbito físico de la expresión colectiva y de la diversidad social y cultural.8

La mejor manera de garantizar la seguridad del espacio público es la continuidad de su uso social, es decir, la presencia de la gente, lo que quiere decir que correspondan a trayectos, que sean agradables, que se permita su utilización a todo tipo de personas y grupos, asumiendo que hay veces que es necesario reconciliar o regular intereses o actividades contradictorias.9

El espacio público es un mecanismo fundamental para la socialización de la vida urbana. La negación de la ciudad es precisamente el aislamiento, la exclusión de la vida colectiva, la segregación. Quienes más necesitan el espacio público, su calidad, accesibilidad, seguridad son generalmente los que tienen más dificultades para acceder o estar: los niños, las mujeres, los pobres, los inmigrantes recientes.10

Lo anteriormente citado, expresa la necesidad de la intervención de la comunidad para el apropio del espacio común y colectivo en las comunidades priorizando las necesidades de los grupos vulnerables, de esta forma se genera una política de inclusión que abona a las acciones en contra de la violencia.

En conclusión la violencia intrafamiliar debe ser atendida por las autoridades como un factor para la violencia comunitaria y social, las víctimas u ofendidos de este tipo de violencia tienen el derecho de contar con mecanismos donde puedan a través del diálogo y la retroalimentación, expresar sus experiencias para incrementar su resiliencia ante este fenómeno y evitar sus efectos negativos en su persona.

Los grupos vulnerables particularmente los menores de edad, sean niñas, niños o jóvenes tienen el derecho de recibir protección contra el acoso, no sólo en las escuelas, sino en cualquier otro espacio, sea público o privado. Así mismo deberán contar con espacios de expresión, libres de estigmatización, discriminación y criminalización, donde puedan participar activamente en las decisiones que construyen su entorno, mismo al que puedan acceder en igualdad de condiciones.

Finalmente la construcción del espacio público debe realizarse a través del diálogo comunitario, priorizando las necesidades de aquellos que no pueden acceder a él, manteniendo canales de comunicación, donde la tolerancia sea el principio rector.

Es por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se presenta el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

Único.- Se reforman las fracciones I, II, III y V del artículo 7 y la fracción II del artículo 8 y se adicionan la fracción X del artículo 3, la fracción VI del artículo 7, las fracciones VI, VII y VII del artículo 8 y las fracciones IV y V del artículo 10, todos de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, para quedar como sigue:

Artículo 3.- La planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones se realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las Instituciones de Seguridad Pública y demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al cumplimiento de esta Ley, debiendo observar como mínimo los siguientes principios:

I. – IX

X.- Comunicación: Consiste en favorecer el diálogo y la convivencia como herramientas prioritarias para la construcción del tejido social a través de la tolerancia y la comprensión de los intereses y necesidades de los actores y grupos sociales, particularmente aquellos en conflicto.

Artículo 7.- La prevención social de la violencia y la delincuencia en el ámbito social se llevará a cabo mediante:

I. Programas integrales de desarrollo social, cultural y económico que no produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte y desarrollo rural y urbano;

II. La promoción de actividades que eliminen la marginación, la discriminación y la exclusión;

III. El fomento de la solución pacífica de conflictos a través del diálogo bajo los principios de tolerancia, igualdad y no discriminación;

IV

V. Se establecerán programas que modifiquen las condiciones sociales de la comunidad y generen oportunidades de desarrollo especialmente para los grupos en situación de riesgo, vulnerabilidad, marginación, pobreza extrema o afectación.

VI. Estrategias y acciones de protección a las familias para evitar su desintegración y violencia interna, a través de la educación y el empoderamiento de todos sus miembros sin discriminación por género o edad.

Artículo 8.- La prevención en el ámbito comunitario pretende atender los factores que generan violencia y delincuencia mediante la participación ciudadana y comunitaria y comprende:

I

II. El mejoramiento del acceso de la comunidad a los servicios básicos y de desarrollo del entorno físico en los asentamientos humanos.

III. – V

VI. La difusión de contenidos sobre las formas de violencia de género e intrafamiliar, privilegiando los espacios de expresión y retroalimentación de las víctimas de violencia.

VII. La promoción de contenidos tendientes a disminuir las adicciones, principalmente de alcohol, tabaco y estupefacientes.

VIII.- La recuperación de espacios públicos, con la participación de la comunidad incluyendo todos los grupos que la conforman, clasificados por edad, género y condición económica.

Artículo 10.- La prevención en el ámbito psicosocial tiene como objetivo incidir en las motivaciones individuales hacia la violencia o las condiciones criminógenas con referencia a los individuos, la familia, la escuela y la comunidad, que incluye como mínimo lo siguiente:

I. – III

IV.- La detección y prevención del acoso entre niñas, niños y adolescentes, en las escuelas y comunidades.

V.- La creación de espacios de expresión para jóvenes y mujeres víctimas de acoso y violencia, privilegiando la retroalimentación de sus experiencias en la comunidad.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, el 13 de julio de 2016.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 La microfísica del Poder, Michael Foucault, …

2 Inznunza Bizet & Méndez Bahena, Familia, Violencia y Conductas Delictivas den la Ciudad de México, consultado: 15-01-2016, disponible en: http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/11105.pdf

3 Ibíd

4 Trioni E., Pobreza, Frustración, Violencia, Hellen Kellog Institute, consultado 15-01-2016, disponible en:
https://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/123.pdf

5 Inznunza Bizet & Méndez Bahena, Familia, Violencia y Conductas Delictivas den la Ciudad de México, consultado: 15-01-2016, disponible en: http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/11105.pdf

6 Ibíd.

7 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, DOF: 4-12-2014, consultado: 17-01-2016, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_041214.pdf

8 Espacio Público, Ciudad y Ciudadanía, Borja Jordi, Barcelona, 2000, Pp. 7, consultado: 17-01-2016, disponible en: http://www.esdi-online.com/repositori/public/dossiers/DIDAC_wdw7ydy1.pdf

9 Ibíd. Pp. 66

10 Ibíd. Pp. 69.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES

(Presentada por el Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, José Hernán Cortés Berumen, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II y 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; numeral Décimo Segundo del Acuerdo Parlamentario que establece los criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del Orden del Día y los debates que se realicen en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión durante el Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura, y 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Aguas Nacionales, conforme a la siguiente,

Exposición de Motivos

El pasado 29 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación1, la reforma constitucional que transforma el otrora Distrito Federal en la Ciudad de México, lo cual implica que la Ciudad de México continuará siendo Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, pero con cambios fundamentales en su naturaleza.

La Ciudad de México es ahora una entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y su organización política administrativa, habiendo la posibilidad de darse su propia constitución política, con una forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico, que tendrá mayor autonomía con los Poderes federales, por ejemplo, en relación a la designación y remoción de sus funcionarios.

El Artículo Décimo Cuarto Transitorio señala que a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto, las referencias constitucionales y de cualquier otro ordenamiento jurídico al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.

Esta reforma implica cambios de fondo, que se aparejan de un cambio de forma. Es decir, tiene un trasfondo jurídico, político y social de relevancia, pero como elemento esencial, requiere el cambio de denominación, de Distrito Federal a Ciudad de México.

Ante las múltiples referencias que se tiene de este concepto en nuestro sistema jurídico, consideramos adecuado, generar un mecanismo legislativo de actualización de todas y cada una de las leyes que tiene referencias al Distrito Federal, para sustituirlo por Ciudad de México.

No se trata de una mera reforma estética, sino de adecuar el lenguaje jurídico, el cual es un elemento esencial en la seguridad jurídica que la ley debe proveer en cualquier estado de derecho. El principio de certeza jurídica en nuestro sistema, tiene una ratio fundamental para el estado de derecho, pues busca que el gobernado tenga plena certeza de los actos de autoridad y de las reglas con que debe conducirse en relación a los demás. Es pues, un principio que fragua, delimita, o perfecciona a otros de su misma especie o rango constitucional, pero que por su categoría, goza de supremacía, pues ninguno de ellos podría gozar de autonomía si finalmente su origen no se supedita al Estado de derecho.

El lenguaje es el vehículo natural para la manifestación del derecho; la realidad de la experiencia de la palabra, es un hecho sine qua non de la existencia jurídica. Diversos autores han puesto de manifiesto este carácter lingüístico y dialogante del derecho, haciéndolo incluso depender del lenguaje; de manera que las prescripciones -escribe von Wright- presuponen el uso del lenguaje en la formulación de las normas, y en coincidencia con Kalinowski, es evidente que todo término jurídico es o se manifiesta a través de una expresión lingüística.2

Si bien la propia reforma se ha encargado de garantizar que el cambio de denominación no genere perjuicio alguno a los gobernados, el realizar el cambio legislativo material, cierra el ciclo de dichas reformas, elimina todo resquicio de posibles malinterpretaciones derivadas de éstas, ya sea de buena o mala fe, y contribuye al cambio cultural que implican.

Es pues la intención de esta propuesta, agilizar la homologación de nuestro marco jurídico vigente a la terminología derivada de la reciente reforma, sustituyendo en cada cuerpo normativo federal los términos superados, por los de reciente acuño.

Es importante señalar que algunas referencias deberán permanecer, pues el cambio de su denominación depende de otras instancias, y en tanto estas no se generen, deben conservarse en sus términos. Por ejemplo, el Código Civil del Distrito Federal, deberá mantenerse con su denominación en tanto el Poder Legislativo local no resuelva su trámite legislativo. Igualmente, en el caso de las menciones de los salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, estos deberán permanecer en tanto se expide la legislación derivada de la reforma publicada el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se crea la Unidad de Medida y Actualización a efecto de desvincular al salario mínimo del pago de diversas obligaciones.

Para facilitar el proceso legislativo interno de la Cámara, se agruparon las leyes de acuerdo con su más probable turno a Comisiones, permitiendo un proceso de dictamen sencillo y célere. En términos generales los turnos de la Mesa Directiva a las reformas de la Ley de Aguas Nacionales, se han dado a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente,

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES.

ARTICULO ÚNICO. Se reforman los artículos:3 fracción VIII; 7 Bis fracción III; 9 fracciones I, VIII, X, XII, XV y XLVII del quinto párrafo; 12 Bis4 párrafo segundo; 12 Bis6 fracción XXIX; 13 Bis3 fracción VII; 14 Bis párrafo primero y fracción II del párrafo tercero, 14 Bis 5 fracciones IV, VIII, XIII y XIV; 15 fracción II; 15 Bis párrafos primero y segundo; 19 Bis párrafo primero; 20 párrafos cuarto y séptimo; 22 párrafo segundo de la fracción II del sexto párrafo; 32 párrafo primero; 33 fracción III del párrafo segundo; 34 párrafo primero; 44 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo; 46 párrafo primero y fracciones II y IV; 61 párrafo segundo; 85 párrafos primero y segundo; 88 Bis1 párrafos segundo y tercero; 91 Bis2 fracción VI; 112 párrafo cuarto, 113 Bis 1 párrafo segundo; 117, y 118 Bis2 fracción III de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 3. …

I. a VII Bis. …

VIII. "Asignación": Título que otorga el Ejecutivo Federal, a través de "la Comisión" o del Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para realizar la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, a los municipios, a los estados, a la Ciudad de México, destinadas a los servicios de agua con carácter público urbano o doméstico;

IX. a XLI. …

Artículo 7 BIS.

I. a II. …

III. La descentralización y mejoramiento de la gestión de los recursos hídricos con la participación de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios;

IV. a XI. …

Artículo 9. …

a. a b. …

I. Fungir como la Autoridad en materia de la cantidad y de la calidad de las aguas y su gestión en el territorio nacional y ejercer en consecuencia aquellas atribuciones que conforme a la presente Ley corresponden a la autoridad en materia hídrica, dentro del ámbito de la competencia federal, con apego a la descentralización del sector agua, excepto las que debe ejercer directamente el Ejecutivo Federal o "la Secretaría" y las que estén bajo la responsabilidad de los Gobiernos de los estados, de la Ciudad de México o municipios;

II. a VII. …

VIII. Formular y aplicar lineamientos técnicos y administrativos para jerarquizar inversiones en obras públicas federales de infraestructura hídrica y contribuir cuando le sea solicitado por estados, Ciudad de México y municipios, con lineamientos para la jerarquización de sus inversiones en la materia;

IX.…

X. Apoyar, concesionar, contratar, convenir y normar las obras de infraestructura hídrica que se realicen con recursos totales o parciales de la federación o con su aval o garantía, en coordinación con otras dependencias y entidades federales, con el gobierno de la Ciudad de México, con gobiernos de los estados que correspondan y, por medio de éstos, con los gobiernos de los municipios beneficiados con dichas obras, en los casos establecidos en la fracción anterior;

XI. …

XII. Participar en la concertación de créditos y otros mecanismos financieros, incluso sobre la participación de terceros en el financiamiento de obras y servicios, que apoyen la construcción y el desarrollo de las obras y servicios federales hidráulicos; igualmente podrá fomentar y apoyar gestiones de crédito y otros mecanismos financieros en favor de estados, Ciudad de México y municipios conforme a sus atribuciones y a solicitud de parte;

XIII. a XXIV. …

XXV. Celebrar convenios de coordinación con la Federación, la Ciudad de México, estados, y a través de éstos, con los municipios y sus respectivas administraciones públicas, así como de concertación con el sector social y privado, y favorecer, en el ámbito de su competencia, en forma sistemática y con medidas específicas, la descentralización de la gestión de los recursos hídricos en términos de Ley;

XXVI. a XLVI. …

XLVII. Integrar el Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del agua, con la participación de los Organismos de Cuenca, en coordinación con los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México y con los Consejos de Cuenca, y en concordancia con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

XLVIII. a LIV. ...

Artículo 12 BIS 4. …

Las disposiciones que se emitan para regular la integración, estructura, organización y funcionamiento de los Organismos de Cuenca, adicionales a las dispuestas en el presente Capítulo, respetando las capacidades y autonomía de los órdenes de gobierno, estarán orientadas a contar en su Consejo Consultivo para el consenso de decisiones, así como para la coordinación y concertación, con la participación de los representantes provenientes de los estados, de la Ciudad de México, en su caso, y municipios comprendidos dentro del ámbito territorial de competencia del Organismo de Cuenca; asimismo, dichas disposiciones se orientarán a ampliar las facilidades de participación y asunción de compromisos por parte de los usuarios de las aguas nacionales de la cuenca o cuencas hidrológicas de que se trate, así como de grupos organizados y representativos de la sociedad.

Artículo 12 BIS 6. …

I. a XXVIII. …

XXIX. Integrar el Sistema Regional de Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del agua, en coordinación con los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México cuando corresponda, y con los Consejos de Cuenca, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

XXX. a XXXIII. …

Artículo 13 BIS 3. …

I. a VI. …

VII. Promover la coordinación y complementación de las inversiones en materia hídrica que efectúen los gobiernos de los estados, Ciudad de México y municipios en el ámbito territorial de las subcuencas y acuíferos, y apoyar las gestiones necesarias para lograr la concurrencia de los recursos para la ejecución de las acciones previstas en la programación hídrica;

VIII. a XXV. …

Artículo 14 BIS. "La Comisión", conjuntamente con los Gobiernos de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios, los organismos de cuenca, los consejos de cuenca y el Consejo Consultivo del Agua, promoverá y facilitará la participación de la sociedad en la planeación, toma de decisiones, ejecución, evaluación y vigilancia de la política nacional hídrica.

I. …

II. Apoyará las organizaciones e iniciativas surgidas de la participación pública, encaminadas a la mejor distribución de tareas y responsabilidades entre el Estado -entendido éste como la Federación, los estados, la Ciudad de México, los municipios- y la sociedad, para contribuir a la gestión integrada de los recursos hídricos;

III. a V. …

Artículo 14 BIS 5. …

I. a III. …

IV. Los estados, Ciudad de México, municipios, consejos de cuenca, organizaciones de usuarios y de la sociedad, organismos de cuenca y "la Comisión", son elementos básicos en la descentralización de la gestión de los recursos hídricos;

V. a VII. …

VIII. El Ejecutivo Federal fomentará la solidaridad en materia de agua entre los estados, Ciudad de México , municipios, entre usuarios y entre organizaciones de la sociedad, en las distintas porciones de las cuencas, subcuencas y microcuencas, con el concurso de consejos y organismos de cuenca;

IX. a XII. …

XIII. El Ejecutivo Federal promoverá que los estados, la Ciudad de México y los municipios a través de sus órganos competentes y arreglos institucionales que éstos determinen, se hagan responsables de la gestión de las aguas nacionales en cantidad y calidad que tengan asignadas, concesionadas o bajo su administración y custodia y de la prestación de los servicios hidráulicos; el Ejecutivo Federal brindará facilidades y apoyo para la creación o mejoramiento de órganos estatales competentes que posibiliten la instrumentación de lo dispuesto en la presente fracción;

XIV. En particular, el Ejecutivo Federal establecerá las medidas necesarias para mantener una adecuada calidad del agua para consumo humano y con ello incidir en la salud pública; para el mejor cumplimiento esta política, se coordinará y solicitará los apoyos necesarios a los estados, Ciudad de México y municipios;

XV. a XXII. …

Artículo 15. …

I. …

II. Programas Hídricos para cada una de las cuencas hidrológicas o grupos de cuencas hidrológicas en que se constituyan Organismos de Cuenca y operen Consejos de Cuenca, elaborados, consensuados e instrumentados por éstos; en los casos de estados y Ciudad de México que conforme a su marco jurídico desarrollen un programa hídrico estatal apoyado en la integración de la programación local con participación de la sociedad organizada y autoridades locales, dichos programas serán incorporados al proceso de programación hídrica por cuencas y regiones hidrológicas;

III. a X. …

Artículo 15 BIS. La estructura, contenidos mínimos, orientación, formas de participación de estados, Ciudad de México y municipios, así como de usuarios y sociedad, disposiciones para el financiamiento conforme a las Autoridades en la materia, y demás disposiciones referentes a la instrumentación, evaluación periódica, retroalimentación, perfeccionamiento y conclusión de los programas y subprogramas hídricos que competan al Ejecutivo Federal, así como las disposiciones para la publicación periódica y los medios de difusión de dichos programas y subprogramas, a través de "la Comisión" y de los Organismos de Cuenca, se establecerán en los reglamentos de esta Ley.

Los Gobiernos de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios conforme a su marco normativo, necesidades y prioridades, podrán realizar programas hídricos en su ámbito territorial y coordinarse con el Organismo de Cuenca correspondiente, para su elaboración e instrumentación, en los términos de lo que establece esta Ley, la Ley de Planeación, y otras disposiciones legales aplicables, para contribuir con la descentralización de la gestión de los recursos hídricos.

Artículo 19 BIS. En tratándose de un asunto de seguridad nacional y conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, "la Comisión" será responsable, con el concurso de los Organismos de Cuenca y con el apoyo que considere necesario de los gobiernos de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios, así como de asociaciones de usuarios y de particulares, de realizar periódica, sistemática y prioritariamente los estudios y evaluaciones necesarias para ampliar y profundizar el conocimiento acerca de la ocurrencia del agua en el ciclo hidrológico, con el propósito de mejorar la información y los análisis sobre los recursos hídricos, su comportamiento, sus fuentes diversas superficiales y del subsuelo, su potencial y limitaciones, así como las formas para su mejor gestión.

Artículo 20. …

La explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, estatal o municipal, o la Ciudad de México y sus organismos descentralizados se realizará mediante concesión otorgada por el Ejecutivo Federal a través de "la Comisión" por medio de los Organismos de Cuenca, o por ésta cuando así le competa, de acuerdo con las reglas y condiciones que establece esta Ley y sus reglamentos. Cuando se trate de la prestación de los servicios de agua con carácter público urbano o doméstico, incluidos los procesos que estos servicios conllevan, la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, se realizará mediante asignación otorgada por el Ejecutivo Federal a través de "la Comisión" por medio de los Organismos de Cuenca, o por ésta cuando así le competa, a los municipios, a los estados o a la Ciudad de México en correspondencia con la Fracción VIII del Artículo 3 de la presente Ley. Los derechos amparados en las asignaciones no podrán ser objeto de transmisión.

El Gobierno Federal podrá coordinarse con los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México, a través de convenios de colaboración administrativa y fiscal para la ejecución por parte de estos últimos, de determinados actos administrativos y fiscales relacionados con el presente Título, en los términos de lo que establece esta Ley, la Ley de Planeación, la Ley de Coordinación Fiscal y otras disposiciones aplicables, para contribuir a la descentralización de la administración del agua.

Artículo 22. …

I. ..

II. …

Además de lo dispuesto anteriormente para el trámite de títulos de concesión, los municipios, los estados Y la Ciudad de México, en su caso, en su solicitud de asignación presentarán ante "la Autoridad del Agua" lo siguiente:

a) a e) …

Artículo 32. En el Registro Público de Derechos de Agua se llevará igualmente el registro nacional permanente, por cuencas, regiones hidrológicas, estados, Ciudad de México y municipios de las obras de alumbramiento y de los brotes de agua del subsuelo, para conocer el comportamiento de los acuíferos y, en su caso, regular su explotación, uso o aprovechamiento.

Artículo 33. …

I. a II. …

III. La presentación ante el Registro Regional o Nacional, al tratarse de aquellos títulos que hubiese autorizado "la Autoridad del Agua", a través de acuerdos de carácter general que se expidan por región hidrológica, cuenca hidrológica, estado o Ciudad de México, zona o localidad, autorización que se otorgará solamente para que se efectúen las transmisiones de los títulos respectivos, dentro de una misma cuenca o acuífero. Los acuerdos referidos deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 34. "La Autoridad del Agua", en los términos del reglamento aplicable y mediante acuerdos de carácter regional, por cuenca hidrológica, estado o Ciudad de México, zona o localidad, podrá autorizar las transmisiones de los títulos respectivos, dentro de una misma cuenca hidrológica o acuífero, mediando una solicitud fundada y motivada siempre y cuando no se afecte el funcionamiento de los sistemas hidrológicos y se respete la capacidad de carga de los mismos.

Artículo 44. La explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales o del subsuelo por parte de los sistemas de la Ciudad de México, estatales o municipales de agua potable y alcantarillado, se efectuarán mediante asignación que otorgue "la Autoridad del Agua", en los términos dispuestos por el Título Cuarto de esta Ley.

Las asignaciones de aguas nacionales a centros de población que se hubieran otorgado a los ayuntamientos, a los estados, o a la Ciudad de México que administren los respectivos sistemas de agua potable y alcantarillado, subsistirán aun cuando estos sistemas sean administrados por entidades paraestatales o paramunicipales, o se concesionen a particulares por la autoridad competente.

Corresponde al municipio, a la Ciudad de México y, en términos de Ley, al estado, así como a los organismos o empresas que presten el servicio de agua potable y alcantarillado, el tratamiento de las aguas residuales de uso público urbano, previa a su descarga a cuerpos receptores de propiedad nacional, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas respectivas o a las condiciones particulares de descarga que les determine "la Autoridad del Agua".

En los títulos de asignación que se otorguen, se establecerá expresamente el volumen asignado para la prestación del servicio público conforme a los datos que proporcionen los municipios, los estados y la Ciudad de México, en su caso.

Los títulos de asignación que otorgue "la Autoridad del Agua" a los municipios, a los estados o a la Ciudad de México en su caso para la prestación del servicio de agua potable, tendrán por lo menos los mismos datos que la solicitud y señalarán las causas de caducidad de los derechos derivados de los mismos.

Los municipios, los estados y, en su caso, la Ciudad de México, podrán convenir con los Organismos de Cuenca con el concurso de "la Comisión", el establecimiento de sistemas regionales de tratamiento de las descargas de aguas residuales que se hayan vertido a un cuerpo receptor de propiedad nacional y su reúso, conforme a los estudios que al efecto se realicen y en los cuales se prevea la parte de los costos que deberá cubrir cada uno de los municipios, de los estados y, en su caso, la Ciudad de México.

Artículo 46. "La Autoridad del Agua" podrá realizar en forma parcial o total, previa celebración del acuerdo o convenio con los gobiernos de los estados o de la Ciudad de México y, a través de éstos, con los gobiernos de los municipios correspondientes, las obras de captación o almacenamiento, conducción y, en su caso, tratamiento o potabilización para el abastecimiento de agua, con los fondos pertenecientes al erario federal o con fondos obtenidos con aval o mediante cualquier otra forma de garantía otorgada por la Federación, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

I. …

II. Que los gobiernos de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios respectivos participen, en su caso, con fondos e inversiones en la obra a construir, y que se obtenga el financiamiento necesario;

III.

IV. Que en su caso los estados, la Ciudad de México y municipios respectivos, y sus entidades paraestatales o paramunicipales, o personas morales que al efecto contraten, asuman el compromiso de operar, conservar, mantener y rehabilitar la infraestructura hidráulica, y

V. …

Artículo 61.

En el mismo supuesto, "la Comisión" emitirá la normatividad para la construcción, conservación y mantenimiento de las obras de infraestructura requeridas por las unidades de riego, y podrá construirlas parcial o totalmente por medio del Organismo de Cuenca competente o por sí, en los casos previstos en la Fracción IX del Artículo 9 de la presente Ley, previa concertación con los productores y, en su caso, con la celebración previa del acuerdo o convenio con los gobiernos de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios correspondientes.

Artículo 85. En concordancia con las Fracciones VI y VII del Artículo 7 de la presente Ley, es fundamental que la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios, a través de las instancias correspondientes, los usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad, preserven las condiciones ecológicas del régimen hidrológico, a través de la promoción y ejecución de las medidas y acciones necesarias para proteger y conservar la calidad del agua, en los términos de Ley.

El Gobierno Federal podrá coordinarse con los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México para que estos últimos ejecuten determinados actos administrativos relacionados con la prevención y control de la contaminación de las aguas y responsabilidad por el daño ambiental, en los términos de lo que establece esta Ley y otros instrumentos jurídicos aplicables, para contribuir a la descentralización de la gestión de los recursos hídricos.

a. a b. …

Artículo 88 BIS 1.

En localidades que carezcan de sistemas de alcantarillado y saneamiento, las personas físicas o morales que en su proceso o actividad productiva no utilicen como materia prima substancias que generen en sus descargas de aguas residuales metales pesados, cianuros o tóxicos y su volumen de descarga no exceda de 300 metros cúbicos mensuales, y sean abastecidas de agua potable por sistemas municipales, estatales o la Ciudad de México podrán llevar a cabo sus descargas de aguas residuales con sujeción a las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto se expidan y mediante un aviso por escrito a "la Autoridad del Agua".

El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje o alcantarillado urbano o municipal de los centros de población, que se viertan a cuerpos receptores, corresponde a los municipios, a los estados y a la Ciudad de México.

Artículo 91 BIS.

Los municipios, la Ciudad de México y en su caso, los estados, deberán tratar sus aguas residuales, antes de descargarlas en un cuerpo receptor, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas o a las condiciones particulares de descarga que les determine "la Autoridad del Agua", cuando a ésta competa establecerlas.

Artículo 96 BIS 2. …

I. a V. …

VI. Sean necesarias para la ejecución de planes o programas nacionales distintos de los hídricos, pero que guarden relación con éstos, cuando la responsabilidad de las obras corresponda al Ejecutivo Federal, conforme a solicitud del estado o de la Ciudad de México en cuyo territorio se ubique, y

VII. …

Artículo 112. …

Esta obligación incluye a los bienes nacionales y sus servicios que estén coordinados para administración de los cobros de derechos, con los gobiernos de los estados, Ciudad de México o municipios en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal y la propia Ley Federal de Derechos.

Artículo 113 BIS 1.

"La Comisión" y los Organismos de Cuenca podrán coordinarse con los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México para que estos últimos ejecuten determinados actos administrativos relacionados con los bienes nacionales al cargo de "la Comisión", en los términos de lo que establece esta Ley y otros instrumentos jurídicos aplicables, para contribuir a la descentralización de la gestión de los bienes referidos.

Artículo 117. …

Los estados la Ciudad de México, los municipios o en su caso los particulares interesados en los terrenos a que se refiere este Artículo, deberán presentar a "la Comisión" para su aprobación el proyecto para realizar las obras de control y las que sean necesarias para reducir o suprimir la zona federal.

"La Comisión" podrá convenir con los gobiernos de los estados, la Ciudad de México o de los municipios, las custodias, conservación y mantenimiento de las zonas federales referidas en este Artículo. En el caso de los particulares interesados, esto se realizará mediante subasta pública.

Artículo 118 BIS 2. …

a II. …

III. Promover ante las autoridades de protección civil y seguridad pública de los gobiernos Federal, de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios, la adopción de medidas urgentes incluidas el aseguramiento de bienes, remoción o demolición de infraestructura, con el objeto de proteger la vida y los bienes de las personas.

IV.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 13 de julio de 2016.

Atentamente

Dip. José Hernán Cortés Berumen.

1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016 Consultado el 27 de abril de 2016.

2 Platas Pacheco María del Carmen, "Elementos para una aproximación hermenéutica del lenguaje jurídico." Revista Razonamiento Judicial, número 7, septiembre de 2007.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 25 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

(Presentada por la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita Claudia SOFÍA Corichi García, Diputada Federal integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 25, y se adiciona un artículo 47 BIS, de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. La migración se ha convertido desde tiempo en un fenómeno con causas y consecuencias multifactoriales que revisten cada vez mayores grados de complejidad, que deben ser atendidos a través de medidas transversales enfocadas a atender diferentes aspectos del mismo.

De acuerdo con la Organización Internacional para la Migración, el número de migrantes en el mundo se duplicó entre 1965 y 2000, pasando de 75 a 150 millones. En los últimos dieciséis años el crecimiento ha superado los 50 millones de migrantes, habiendo en la actualidad poco más de 214 millones, como cifra estimada de migrantes internacionales a nivel mundial. Estos flujos generan cada año cerca de 440 billones de dólares por concepto de remesas de las cuales más de 85 por ciento tiene como destino países en vías de desarrollo.

II. México cuenta con una larga tradición migratoria. Su estatus geopolítico, económico y social le confiere la cualidad de ser país de origen, tránsito y destino de migrantes, con todas las consecuencias inherentes a esta condición. Esta realidad hace que México sea, en el continente americano, el país que refleja de forma más clara el carácter pluridimensional de la migración internacional, como reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Se estima por autoridades del Organización Internacional para las Migraciones que más de un millón de mexicanos migran hacia los Estados Unidos cada año, ya sea manera documentada o no. Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), aproximadamente 400 mil mexicanos son repatriados anualmente desde algún territorio de Estados Unidos de América (EUA). Esto convierte a la frontera entre México y EUA en la más transitada del mundo y a México en un país con una excepcional dinámica migratoria. Se ha documentado que alrededor de 12 millones de personas nacidas en México viven en EUA y que Zacatecas es la entidad con más alto índice de intensidad migratoria (4.422), seguida de Guanajuato y Michoacán, las cuales presentan índices muy similares: 3.891 y 3.868, respectivamente, y Nayarit, que figura en el cuarto lugar, con un índice de intensidad migratoria a EUA de 3.370. De acuerdo con datos de la División de Población de las Naciones Unidas, de los 46 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos en la actualidad, se estima que uno de cada tres migrantes en Estados Unidos es mexicano.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Migración, INM, anualmente ingresan a México alrededor de 140 mil migrantes en situación irregular, la mayoría proveniente de Centroamérica. Esta cifra no incluye los movimientos locales entre las riberas del río Suchiate, en Chiapas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informa que organizaciones de la sociedad civil estiman que la cifra de migrantes en situación irregular podría situarse en aproximadamente 400 mil migrantes al año. La mayoría de estos migrantes irregulares pretenden llegar a los Estados Unidos o a Canadá.

III. A la par de esta dinámica, México es también un país de destino para miles de migrantes, en especial centroamericanos que se dirigen a estados fronterizos para trabajar como jornaleros en labores agrícolas o como trabajadoras domésticas en las principales ciudades de la frontera sur. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2010 México contaba con 961 mil 121 migrantes internacionales. Destaca dentro de este fenómeno, la grave situación de las mujeres centroamericanas migrantes.

IV. La amplia vulnerabilidad que caracteriza la migración de las mujeres de Centro América en su camino hacia los Estados Unidos -y su obligado paso por México- por ejemplo, revela varios de los problemas más arraigados como la discriminación, la normalización de la violencia, hasta la clara impunidad y corrupción en violencia extrema como los feminicidios. En Chiapas por ejemplo, se ha documentado por la oficina de ONU Mujeres (2015) que viven casi 16 mil mujeres migrantes en la entidad, de las cuales el 66 por ciento provienen de Guatemala, mientras que 8 de cada 10 de éstas vive en pobreza dentro de comunidades marginadas. Diversos estudios han dado cuenta que durante su espera para transitar por el resto del país en esa entidad, estas mujeres se ocupan en actividades informales donde además de ser explotadas, reciben menor paga que las mexicanas. Lo más aterrador de esta situación es que antes de que puedan llegar a Estados Unidos, se calcula que el 80 por ciento de las mujeres y niñas migrantes que provienen de Centro América son violadas mientras cruzan por nuestro territorio nacional.

Las víctimas son madres, hijas, hermanas, esposas; casi siempre obligadas a migrar por el hecho de vivir en condiciones con pocas oportunidades de desarrollo que lejos de justificarse o explicarse en razón de los índices de desarrollo humano de la región, ponen en entre dicho si es que las políticas públicas de nuestros países y sus gobiernos han hecho algo por reconocer y atender las necesidades de los flujos migratorios. En el mismo terreno se encuentra el caso de niños y niñas migrantes no acompañados que por el anhelo de reunirse con sus familiares se arriesgan a peligrosas travesías.

V. México es por igual un país que recibe migrantes retornados de los Estados Unidos. Este fenómeno representa año con año, una importante carga económica y administrativa, así como un uso significativo de recursos. Cifras del INM, indican que entre 2008 y 2012 se llevaron a cabo 2 millones 423 mil 399 actos de repatriaciones (deportaciones) de mexicanos desde Estados Unidos. Sólo en 2012 se llevaron a cabo 369 mil 492 actos. Las autoridades migratorias estadounidenses informan que del año fiscal 2009 al 2011 llevaron a cabo un total de 1 millón 878 mil 293 eventos de deportación de migrantes mexicanos.

De esa cifra de repatriaciones, el 34.2 por ciento sucedieron por Baja California, 33.2 por ciento por Tamaulipas, 17.7 por ciento por Sonora, 11 por ciento por Coahuila y 3.2 por ciento por Chihuahua. Cada vez más, las autoridades estadounidenses están enviando a los deportados, vía avión, hacia la Ciudad de México, buscando alejarlos de la frontera y con ello dificultar su regreso a Estados Unidos.

En su mayoría, los repatriados fueron originarios de los estados de Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, México, Puebla y Veracruz, reportando incluso en el caso de Oaxaca y Michoacán más de 27 mil repatriaciones por cada entidad.

En 2015, el Instituto Nacional de Migración de México atendió 205.417 repatriaciones de mexicanos desde Estados Unidos y la secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su red consular, atendió 180.908 casos de protección y asistencia consular.

El retorno de migrantes mexicanos representa un gran reto para el Estado mexicano que tiene que encontrar soluciones que permitan la protección y la integración social y económica de esos connacionales.

VI. El retorno de ex convictos en las prisiones de Estados Unidos a México, también ha sido un fenómeno complejo. Entre 2006 a 2014, más de 1.2 millones de mexicanos fueron recluidos en cárceles de Estados Unidos bajo cargos que van desde faltas administrativas, hasta delitos como tráfico de personas, al igual que tráfico o venta de drogas, delitos sexuales, homicidios e incluso por pertenecer al crimen organizado. En el caso de los extranjeros con residencia legal que cometen alguno de estos delitos, la condición de inmigrado puede ser anulada par a luego ser deportados a sus países de origen.

Es importante señalar que debido a la reforma migratoria de septiembre de 1996 que expandió la definición de “delito agravante”, un inmigrante convicto de un crimen definido por las leyes de inmigración estadounidenses como un “delito agravante” es deportable, por lo que el número de deportados a México durante los años 1996, 1997 y 1998, registró cifras superiores al 70 por ciento del total de las deportaciones.

Según estadísticas del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, el número de inmigrantes expulsados en 2010, fue de 387 mil, incluidos más de 59 mil con antecedentes criminales. Según la misma autoridad más de la mitad de estos deportados fueron enviados a México.

Según datos del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, en el año fiscal 2012, un poco más de 225 mil ex convictos fueron deportados a sus países de origen y más de la mitad de ellos fueron enviados a México sin supervisión ni seguimiento por parte de alguna autoridad.

Es importante verificar si los ex convictos deportados a México cuentan o no con antecedentes criminales en nuestro propio país, en cuyo caso deben ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Muchos de esos ex convictos continúan su actividad delictiva en las ciudades a las que fueron deportados, contribuyendo así a la inseguridad general que se vive en el país.

VII. Prácticamente todo el territorio nacional experimenta migraciones internas, ya sean temporales, o permanentes, las 32 entidades del país hacen frente constantemente a estos flujos migratorios. La zona metropolitana de la Ciudad de México, y los polos de desarrollo turístico creados por políticas públicas y entidades fronterizas, han sido históricamente los principales polos de atracción para la migración interna.

Baja California es el estado norteño que más migrantes recibe al año, para el 2010 de acuerdo a Censo de Población y Vivienda del Inegi, llegaron a Baja California un total de 154 mil 29 inmigrantes, se espera que para 2014 esa cifra supere los 170 mil. Le siguen Nuevo León con 133 mil 657, Tamaulipas con 106 mil 410, Sonora con 78 mil 545, Coahuila con 61 mil 636 y Chihuahua con 58 mil 334.

De las entidades fronterizas Baja California tiene el mayor porcentaje de población radicada que nació en otra entidad federativa, llegando al 41 por ciento, según el Estudio de Migración Interna de Inegi 2010. Más de 1 millón 300 mil residentes, de los 3 millones 150 mil que componían la población bajacaliforniana en el 2010 procedían de otras entidades federativas, en su mayoría de Sinaloa, Jalisco, Sonora, Michoacán, Distrito Federal, Nayarit, Veracruz, Oaxaca, Guanajuato y Chiapas.

De acuerdo al Consejo Nacional de Población, Conapo, históricamente, la migración interna ha sido el principal componente de los cambios observados en la distribución territorial de la población. Conapo estima que durante el periodo 1995-2000, alrededor de 6.9 millones de personas cambiaron de municipio de residencia. El destino de los migrantes en busca de mejores condiciones de empleo y bienestar son principalmente las ciudades fronterizas de Tijuana, Mexicali, Cd. Juárez, Piedras Negras, y Nuevo Laredo.

VIII. La atención al fenómeno migratorio en México es brindada no sólo a partir de las acciones y mandatos de las autoridades fronterizas y del Instituto Nacional de Migración, sino a través de diferentes mecanismos que en muchas ocasiones son implementados a través del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, de órganos autónomos como las comisiones de derechos humanos, o incluso a través de programas de salud o seguridad pública, por lo que es indispensable hacer visible y conocer el impacto de estos en la población que atienden.

Cifras del proyecto Migración y Transparencia de la organización Fundar AC, señalan que de 2009 a 2012 el presupuesto ejercido por programas presupuestarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en favor de los migrantes, asciende a poco más de 203 millones 244 mil pesos, cifra que en términos de impactos resulta compleja de evaluar toda vez que existen partidas como las de “Servicios de apoyo administrativo” en las que no son evidentes las acciones en favor del fenómeno migratorio.

Por su parte, cifras del mismo proyecto, indican que el Presupuesto –catalogado como extraordinario– en programas del DIF destinados a los derechos niñez migrante entre 2009 y 2010, ascendió a poco más de 3 millones 165 mil pesos sólo por ese concepto.

IX. Los migrantes que retornan se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad, viviendo, muchas veces, a la intemperie, en improvisados campamentos bajo puentes, etc.; requieren atención en albergues con alimentos, servicio médico, medios de comunicación; auxilio para retornar a sus lugares de origen u orientación y apoyo para trasladarse a otras ciudades del país en las que puedan encontrar un empleo digno. El olvidarnos de éstos mexicanos hará que no pocos de ellos se refugien en el alcoholismo, la drogadicción, o sean reclutados por el crimen organizado. Por la seguridad de todos debemos de apoyar la integración de esos mexicanos.

Por otra parte, el aumento de población en las ciudades que reciben un gran número de migrantes obliga a las autoridades locales a realizar cuantiosas inversiones para dotar de servicios, de infraestructura y de seguridad a los nuevos habitantes, así como promover actividades económicas para que los emigrantes puedan incorporarse a la economía.

Es injusto que las ciudades y entidades federativas que reciben a los repatriados, principalmente las fronterizas y la capital del país, o a los emigrantes internos, no tengan ayuda financiera federal, tomando en cuenta que el origen de esos migrantes está en todo el país.

Este fondo se formará con los recursos que al efecto se le destinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación y se distribuirá entre las entidades federativas, de conformidad con las Reglas de Operación que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en cuenta el número de repatriados y de inmigrantes internos que reciba cada una.

Este fondo se formalizará adicionando una fracción IX al artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, por el que se regulan otros fondos como el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; etc.

El pleno reconocimiento del Gobierno Federal y de titular del Poder Ejecutivo de México sobre la necesidad de acciones transversales para atender la migración, en todas sus expresiones; así como el mandato constitucional de cumplir cabalmente la obligación establecida en el Plan Nacional de Desarrollo en materia migratoria, subrayan la necesidad de crear un fondo para atender este fenómeno en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de ésta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 25, y se adiciona un artículo 47 BIS, de la Ley de Coordinación Fiscal.

DECRETO

Único. Se adiciona una fracción IX al artículo 25, y se adiciona un artículo 47 BIS, a la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 25. Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta ley, respecto de la participación de los estados, municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal y, en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley, para los fondos siguientes:

...

...

IX. Fondo para la Atención del Fenómeno Migratorio.

Artículo 47 BIS. El Fondo para la Atención del Fenómeno Migratorio se formará con los recursos que al efecto se le destinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación y se distribuirá entre las entidades federativas, de conformidad con las Reglas de Operación que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en cuenta el número de repatriados y de inmigrantes internos que reciba cada una.

Este fondo podrá utilizarse, por las entidades federativas, para:

a) Atender las necesidades básicas –albergue, alimentación y cuidados para la salud– de migrantes;

b) Construcción de infraestructura básica urbana;

c) Inversión en seguridad pública; y

d) Programas de fomento al empleo productivo.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de julio de 2016.

Atentamente

Dip. Claudia Sofía Corichi García.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LAS FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO 7 Y LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS  CONFEDERACIONES

(Presentada por la Diputada Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del PRI)

Quien suscribe CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa, de Acuerdo con el siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los pasados jueves 16 y viernes 17 de junio de 2016durante el primer periodo extraordinario del primer año de la LXIII Legislatura1 se aprobaron reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de control interno del Ejecutivo federal, se reformó el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Código Penal Federal, todos en materia de combate a la corrupción.

Asimismo se expidieron la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Un marco jurídico integro y articulado para prevenir, combatir y castigar la corrupción en el sector público; sin embargo, no se discutieron medidas que pudiesen prevenir los actos de corrupción de empresarios que corrompen funcionarios ofreciendo dinero o prebendas.

Es necesario que el sector privado participe en esta tarea que el Estado Mexicano se ha propuesto, y que con ello, el desarrollo económico y social llegue a más mexicanos y mexicanas.

Argumentos que la sustentan

Durante 2015, la corrupción ocupó el segundo lugar de los problemas que preocupan a 50.9% de los mexicanos. El contacto con autoridades de seguridad pública fue el acto que más actos de corrupción registró, con un 55.2%, seguido del 23.7% personas que hicieron trámites ante el Ministerio Público.

La tasa de prevalencia de corrupción fue de 12,590 víctimas por cada 100 mil habitantes, mientras que la incidencia fue de 30,097 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes. Estas cifras expresan, tanto la relación de personas afectadas, como las experiencias de corrupción registradas en trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, así como otro tipo de contactos con servidores públicos en áreas urbanas.

En cuanto a las experiencias de corrupción, se estima que la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y tuvo alguna experiencia de corrupción fue de 12,590 por cada 100,000 habitantes.

El Fondo de inversión Sabino Capital durante la octava edición del Foro ValueInvestingForum, VIF 20162. No va a haber inversión millonaria ni reforma extraordinaria que alcance para que en verdad podamos detonar el crecimiento del país, si no abatimos la corrupción y la impunidad y todo lo que generan esas variables”… “Tienen que poner el ejemplo, no se puede sólo estar mandando mensajes cuando en el fondo no haya acciones concretas que hagan que se cumpla la ley. En el sector privado también, porque hay que recordar que por cada político corrupto, hay uno, o dos o tres empresarios corruptos que están relacionados con esa transacción”

El Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por la organización Transparencia Internacional, calificó a México en 2014 con un puntaje de 35 en una escala de 0 a 100, sin avance significativo en las últimas dos décadas, y ocupando el lugar 103 de un total de 175 países en donde se lleva a cabo la medición. El Barómetro Global de la Corrupción, elaborado por la misma organización, registró en 2013 que el 14 por ciento de la población mexicana consideraba a la corrupción del sector público como un problema, y el 79 por ciento como un problema muy serio. El 43 por ciento de la población percibe las acciones del gobierno contra la corrupción como no efectivas, y el 30 por ciento como muy inefectivas

De acuerdo con el Dr. Miguel Ángel Valverde Loya, en el artículo “La corrupción desde la perspectiva del sector privado”3, la corrupción es un obstáculo a la competitividad de las empresas, aunque aparentemente se logran beneficios en el corto plazo, a la larga se reducen los incentivos para incrementar la innovación y la productividad. Es una barrera para la inversión, tanto local como extranjera, pues los costos asociados a la corrupción incrementan el gasto operativo de las compañías y limitan sus expectativas de ganancias y crecimiento.

La percepción de la corrupción distorsiona los flujos de información críticos para las decisiones de los inversionistas. Esto a su vez afecta el desarrollo económico del país, al disminuir el emprendimiento, la inversión y el empleo, así como el dinamismo de los mercados.

Existe una correlación negativa entre la competitividad de un país y la percepción de corrupción en el mismo, según mediciones proporcionadas por el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, y el Índice Global de Competitividad, elaborado por el Foro Económico Mundial.

La organización civil México ¿Cómo vamos?, en su estudio Semáforo Económico Nacional, calcula una pérdida de mil millones de dólares en inversión extranjera directa por la corrupción en 2014, y según el Consejo Coordinador Empresarial, el problema genera en un costo de entre el uno y dos por ciento del Producto Interno Bruto.

La creación del SNA, abarca a los tres niveles de gobierno, y se establece como corresponsables a los ciudadanos en el combate a la corrupción.

Los particulares y empresas que participen en este tipo de conductas también pueden ser sancionados, incluso con la disolución de las mismas, como podría ser el caso en procesos poco transparentes de licitaciones de obras públicas, construidas por particulares.

El Dr. Valverde Loya, afirma que el fenómeno de la corrupción se da incluso en el mundo empresarial. El impulso a los estudios se ha concentrado sobre todo en su presencia en el sector público, o bien en las relaciones entre empresas privadas y servidores públicos. Incluye actividades como el ofrecimiento y aceptación de sobornos, la asignación poco transparente de contratos de obra pública y licitaciones arregladas (típicamente a cambio de un porcentaje del gasto a ejercer), o la solicitud u ofrecimiento de información privilegiada

Parametría, en su reporte “Ciudadanos culpan al gobierno de la corrupción en el país4” señala que un62% de los mexicanos considera que existe más corrupción en el gobierno que en las empresas privadas, 7% que es mayor en las segundas, y 27% que es igual en ambas.

Una definición de la corrupción es la de uso o abuso del poder público para la obtención de beneficios privados. Los recursos públicos y la información son utilizados discrecionalmente por quienes ocupan posiciones de mando, para obtener una ganancia compartida con su contraparte, en perjuicio de terceros. Se suele distinguir entre desvío de recursos para utilidad propia, de familiares, amigos o socios, la distorsión intencional de normas y trámites y su implementación para otorgar ventajas, o las acciones ilícitas de grupos o empresas privadas para influir sobre el proceso legislativo o de políticas públicas, buscando su propio interés sobre el bienestar general.

Las empresas tienen la responsabilidad ante sus dueños o accionistas, directivos y empleados, proveedores y clientes de combatir la corrupción y favorecer el desarrollo de un ambiente de ética e integridad en la sociedad en su conjunto.

Las prácticas corruptas incluyen obsequios o atenciones a encargados de compras y adquisiciones, para obtener un pedido o trato preferencial. Puede presentarse el abuso de regalos y favores.

Por lo que las empresas deben establecer lineamientos muy claros respecto a estas prácticas, para evitar daños a las mismas; también, suelen darse pagos para obtener información privilegiada sobre competidores, a distribuidores para mejorar la exposición de productos, directores de recursos humanos para influir contrataciones o ascensos, proveedores para agilizar pedidos, periodistas para coberturas favorables, o a agencias o profesionistas externos para modificar su valoración de la empresa.

El abuso de los patrocinios o aportaciones a organizaciones benéficas para provecho personal en vez de la empresa, así como contribuciones a campañas políticas para favorecer la obtención de negocios, son también modalidades de la corrupción.

La corrupción implica un comportamiento desleal hacia la empresa, en el que se aprovecha la posición en la misma para obtener un provecho propio o de algún allegado. La corrupción puede ser vista como un medio para obtener un beneficio a corto plazo (contratos, mayores inventarios, mejor exposición de mercado).

El combate a la corrupción en las empresas, afirma el Dr. Valverde, debe darse por una cuestión de principios y valores, en un ejercicio de coherencia hacia el interior y exterior, que influye sobre su clima laboral, la reputación y el valor de sus marcas, el posicionamiento en el mercado y la aceptación y valoración por parte de los clientes.

En términos de pérdidas económicas, la corrupción, inhibe incrementos de productividad e innovación, ocasionando gastos en posibles multas, demandas y litigios legales, y puede alejar a posibles potenciales inversionistas o fuentes de financiamiento bancario.

Las empresas pueden favorecer el desarrollo de ambientes de integridad y nula tolerancia a la corrupción; con reglas claras sobre conductas aceptables y no aceptables y la definición de sanciones, y por el otro, un enfoque de valores que promueva el compromiso y la responsabilidad individual con la compañía.

Por otra parte, el Consejo Coordinador Empresarial junto con la Comisión Económica para América Latina y la Organización Internacional del Trabajo emitió en enero de 2015 el “Código de Integridad y Ética Empresarial”5, que contiene 12 principios a ser observados por las empresas, con el objetivo de combatir la corrupción y promover una cultura de la legalidad. Los principios contemplan la prohibición de pagar sobornos, procurar la transparencia y la integridad en las relaciones de negocios y las inversiones, vigilar el cumplimiento de medidas de control, y evitar las aportaciones a campañas políticas.

A considerar, los siguientes principios del Código6:

1er.Principio. PROHIBICIÓN A LA CORRUPCIÓN. Contar con una política cuyo objetivo general y primordial sea prohibir la realización, el ocultamiento u otra actividad tendiente a llevar a cabo actos de soborno, corrupción, colusión, cohecho, etc.

3er. Principio. INTEGRIDAD EN LAS INVERSIONES. Contar con una política que prevenga la realización, el ocultamiento u otra actividad tendiente a llevar a cabo actos de soborno, corrupción, colusión, cohecho, etc.

4°.Principio. INTEGRIDAD EN LAS RELACIONES DE NEGOCIOS. Instrumentar los mecanismos para procurar que sus agentes, representantes, clientes, proveedores, asociados y socios comerciales cumplan con los términos de las políticas de las empresas para evitar la corrupción. Así como abstenerse de participar directa o indirectamente en cualquier concurso o licitación en los cuales existan indicios de corrupción.

7°. Principio. EXISTENCIA DE CONTROLES DE VERIFICACIÓN. Tener políticas, procedimientos y controles verificables que les permitan establecer las sanciones u otras consecuencias derivadas del incumplimiento de las políticas para evitar soborno, corrupción, colusión, cohecho, etc.

9°.Principio. COMPROMISO CON LA CULTURA DE LA INTEGRIDAD Y HONESTIDAD EN LOS NEGOCIOS.

Tener un programa permanente básico de comunicación y entrenamiento a todo su personal interno y externo para que conozcan el contenido y se adhieran a las políticas para evitar la corrupción y las consecuencias de realizar actos tendientes a ésta.

10°. Principio. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO. El órgano de auditoría interna de las empresas deberá incluir el programa de revisión de los controles asociados al cumplimiento de las políticas para evitar soborno, corrupción, colusión, cohecho.

11°Principio. COMUNICACIONES INTERNAS Y CONFIABILIDAD. Contar con una línea para denuncias o información relacionada con el incumplimiento de las políticas para evitar soborno, corrupción, colusión, cohecho, etc.

12°.Principio. FOMENTO A LA CULTURA DE A INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS NEGOCIOS. Estar consciente y buscar informarse de manera periódica acerca del marco legal federal y estatal aplicable al combate para evitar la corrupción y al cumplimiento de los principios anteriores. Así como buscar asesoría en torno a estrategias que tengan como fin evitar actos de soborno, corrupción, colusión, cohecho, etc.

En congruencia con ello, es que se propone que en las Cámaras y Confederaciones se promueva entre sus afiliados principios éticos que prevengan acciones de corrupción con las dependencias de los tres niveles de gobierno y demás dependencias del sector público; así como que se le coadyuve con la Secretaría de la Función Pública, los órganos de fiscalización federal y estatales, cuando así lo requieran en la investigación de actos presuntamente de corrupción con el sector público.

A nivel internacional, países como Alemania, Francia y Reino Unido dejaban a sus empresas ofrecer pagos a funcionarios de países en desarrollo para la obtención de contratos. Para la década de los 90, el combate a la corrupción se convirtió en parte de la agenda global.

La Organización de Estados Americanos en1996 creó la Convención Interamericana Contra la Corrupción, el objetivo explícito de proteger la estabilidad de las instituciones democráticas, al evitar que recursos derivados de la corrupción lleguen a partidos y campañas políticas. El seguimiento se realiza a través de un grupo de expertos, el cual elabora una serie de entrevistas y emite recomendaciones sobre mejoras, sin exigir sanciones.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 1997 emitió la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. El objetivo central del acuerdo es procurar condiciones equitativas para la competencia entre compañías de los distintos países, al combatir la corrupción en las transacciones internacionales y evitar la contabilidad paralela que las encubre.

Es decir, promueve la utilización de la normatividad interna de cada país y la asistencia legal mutua para frenar los sobornos a servidores públicos extranjeros.

El monitoreo para su cumplimiento contempla grupos de expertos que revisan la normatividad existente y los recursos disponibles, y en una segunda fase su aplicación e implementación. Se trata de un procedimiento complejo que requiere informar de manera constante al país examinado, lo cual ha limitado su alcance

La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción pone énfasis en medidas preventivas y la cooperación técnica entre los estados miembros, contempla tanto al sector público como al sector privado, y procura la participación de la sociedad civil. Sugiere la emisión de “códigos de conducta” para miembros del sector privado, transparencia y apego a la ley en prácticas de contabilidad y auditoría de las empresas, y evitar ofrecer sobornos.

En el marco de la Convención Anti-Cohecho de la OCDE y su propia legislación nacional, países como Alemania y el Reino Unido han endurecido la persecución a corporaciones que realizan prácticas de soborno en negocios internacionales.

En 2014, Transparencia Internacional generó un nuevo informe, Transparencia en Información Corporativa, que analiza la apertura de información y políticas anticorrupción interna de 124 empresas multinacionales, cuyo valor en bolsa de valores alcanza los 14 billones de dólares, en una escala de 0 a 10, de menor a mayor transparencia, el 54% de las compañías obtuvo un buen puntaje en la evaluación de sus políticas anticorrupción, y nueve de cada diez declaran públicamente su compromiso con el cumplimiento de la legislación para el combate a la corrupción.

Ello tendrá que ser una constante de las empresas mexicanas.

Con la finalidad de apoyar el proceso de dictamen se incorpora el siguiente comparativo de la reforma que se propone:

LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES
(VIGENTE)

 

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 7.- Las Cámaras tendrán por objeto:

I. Representar, promover y defender los intereses generales del comercio, los servicios, el turismo o de la industria según corresponda, como actividades generales de la economía nacional anteponiendo el interés público sobre el privado;

II. Ser órgano de consulta y de colaboración de los tres niveles de gobierno, para el diseño, divulgación y ejecución de las políticas, programas e instrumentos para el fomento de la actividad económica nacional;

III. Fomentar la participación gremial de los Comerciantes y los Industriales;

IV. Operar el SIEM con la supervisión de la Secretaría, en los términos establecidos por esta Ley;

V. Actuar como mediadoras, árbitros y peritos, nacional e internacionalmente, respecto de actos relacionados con las actividades comerciales, de servicios, de turismo o industriales en términos de la legislación aplicable y la normatividad que para tal efecto se derive de esta Ley;

VI. Colaborar con el Servicio de Administración Tributaria emitiendo opinión respecto de los sectores que deben integrar el Padrón de Sectores Específicos, y proporcionar a solicitud de dicho órgano la información estadística que requiera para la incorporación de contribuyentes a dicho Padrón;

VII. Colaborar con la Secretaría en la evaluación y emisión de certificados de origen de exportación, de conformidad con las disposiciones aplicables previa autorización de la dependencia;

VIII. Prestar los servicios públicos concesionados por los tres niveles de gobierno, destinados a satisfacer necesidades de interés general relacionados con el comercio, los servicios, el turismo y la industria;

IX. Colaborar con la Secretaría en las negociaciones comerciales internacionales, cuando así lo solicite ésta;

X. Prestar los servicios que determinen sus Estatutos en beneficio de sus afiliados, dentro de los niveles de calidad que se determinen conjuntamente con su Confederación;

XI. Participar con el gobierno en el diseño y divulgación de las estrategias de desarrollo socioeconómico;

XII. Promover, orientar e impartir capacitación sobre la realización de toda clase de trámites administrativos obligatorios ante toda clase de autoridades administrativas con las que se pueda tener ingerencia por virtud de la actividad empresarial y comercial que desempeñan sus afiliados, con la finalidad de generar una cultura social de responsabilidad y observancia de la legislación que regulan sus actividades como sector productivo;

XIII. Defender los intereses particulares de las empresas afiliadas a solicitud expresa de éstas, y

 

 

 

XIV. Llevar a cabo las demás actividades que se deriven de su naturaleza, de sus Estatutos y las que les señalen otros ordenamientos legales.

 

Artículo 7.- …

I. a XII. …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Defender los intereses particulares de las empresas afiliadas a solicitud expresa de éstas;

XIV. Promover entre sus afiliados principios éticos que prevengan acciones de corrupción con las dependencias de los tres niveles de gobierno y demás dependencias del sector público;

XV. Coadyuvar con la Secretaría de la Función Pública, los órganos de fiscalización federal y estatales, cuando así lo requieran en la investigación de actos presuntamente de corrupción con el sector público; y

XVI. Llevar a cabo las demás actividades que se deriven de su naturaleza, de sus Estatutos y las que les señalen otros ordenamientos legales.

Artículo 13.- Los requisitos que debe satisfacer el grupo promotor en su solicitud a la Confederación para constituir una Cámara de Comercio, Servicios y Turismo son los siguientes:

I. Que no se encuentre constituida en los términos de esta Ley una Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en la misma circunscripción o parte de ella;

II. Que la circunscripción propuesta tenga una población superior a doscientos mil habitantes, de acuerdo con el último Censo General de Población;

III. Que dentro de la circunscripción existan por lo menos dos mil quinientos Comerciantes;

IV. Presentar el programa de trabajo correspondiente a fin de dar cumplimiento al objeto de la Cámara, según se indica en el artículo 7 de esta Ley, en un plazo no mayor a los tres meses, y

 

V. Cumplir con los demás requisitos que se establecen en esta Ley.

Artículo 13.- …

 

 

I. a III. …

 

 

 

 

 

 

IV. Presentar el programa de trabajo correspondiente a fin de dar cumplimiento al objeto de la Cámara, según se indica en el artículo 7 de esta Ley, en un plazo no mayor a los tres meses;

V. Que ninguno de sus posibles afiliados se encuentren en el Registro de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría de la Función Pública;    y

VI. Cumplir con los demás     requisitos que se establecen en esta Ley.

Fundamento Legal

Es por lo anteriormente motivado y fundado y en base a lo que disponen los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto
Denominación del Proyecto de Decreto.

QUE ADICIONA LAS FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO 7, Y LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES

Texto Normativo Propuesto.

ARTÍCULO ÚNICO: Se adicionan las fracciones XIV y XV al artículo 7, y la fracción V al artículo 13 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, para quedar como sigue:

Artículo 7.- …

I. a XII. …

XIII. Defender los intereses particulares de las empresas afiliadas a solicitud expresa de éstas;

XIV. Promover entre sus afiliados principios éticos que prevengan acciones de corrupción con las dependencias de los tres niveles de gobierno y demás dependencias del sector público;

XV. Coadyuvar con la Secretaría de la Función Pública, los órganos de fiscalización federal y estatales, cuando así lo requieran en la investigación de actos presuntamente de corrupción con el sector público; y

XVI. Llevar a cabo las demás actividades que se deriven de su naturaleza, de sus Estatutos y las que les señalen otros ordenamientos legales.

Artículo 13.- …

I. a III. …

IV. Presentar el programa de trabajo correspondiente a fin de dar cumplimiento al objeto de la Cámara, según se indica en el artículo 7 de esta Ley, en un plazo no mayor a los tres meses;

V. Que ninguno de sus posibles afiliados se encuentren en el Registro de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría de la Función Pública; y

VI. Cumplir con los demás requisitos que se establecen en esta Ley.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la H. Comisión Permanente, el 13 de julio de 2016.

Suscribe

Dip. Claudia Edith Anaya Mota.

1 Gaceta Parlamentaria, número 4554-IV, jueves 16 de junio de 2016.

2 http://www.forbes.com.mx/politico-tres-empresarios-corruptos/

3 La Corrupción desde la perspectiva del sector privado, Revista Técnica sobre Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior Número 9, febrero/agosto de 2016

4 Carta Paramétrica, Parametría, octubre 27, 2014

5 http://cce.org.mx/ciem/Codigo-de-Integridad-y-etica-Empresarial.pdf

6 http://ssgtmex.com/blog/node/nuevo-codigo-de-etica-del-consejo-coordinador-empresarial





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE HIDROCARBUROS; DE LA LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS; DE LA LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD; DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA; DE LA LEY DE LOS ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA; DE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y DE LA LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

(Presentada por el Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, JOSÉ HERNÁN CORTÉS BERUMEN, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II y 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; numeral Décimo Segundo del Acuerdo Parlamentario que establece los criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del Orden del Día y los debates que se realicen en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión durante el Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura, y 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE HIDROCARBUROS; LA LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS; LA LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD; LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA; LA LEY DE LOS ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA; LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS, Y LA LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, conforme a la siguiente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 29 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional que transforma el otrora Distrito Federal en la Ciudad de México, lo cual implica que la Ciudad de México continuará siendo Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, pero con cambios fundamentales en su naturaleza.

La Ciudad de México es ahora una entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y su organización política administrativa, habiendo la posibilidad de darse su propia constitución política, con una forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico, que tendrá mayor autonomía con los Poderes federales, por ejemplo, en relación a la designación y remoción de sus funcionarios.

El Artículo Décimo Cuarto Transitorio señala que a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto, las referencias constitucionales y de cualquier otro ordenamiento jurídico al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.

Esta reforma implica cambios de fondo, que se aparejan de un cambio de forma. Es decir, tiene un trasfondo jurídico, político y social de relevancia, pero como elemento esencial, requiere el cambio de denominación, de Distrito Federal a Ciudad de México.

Ante las múltiples referencias que se tiene de este concepto en nuestro sistema jurídico, consideramos adecuado, generar un mecanismo legislativo de actualización de todas y cada una de las leyes que tiene referencias al Distrito Federal, para sustituirlo por Ciudad de México.

No se trata de una mera reforma estética, sino de adecuar el lenguaje jurídico, el cual es un elemento esencial en la seguridad jurídica que la ley debe proveer en cualquier estado de derecho. El principio de certeza jurídica en nuestro sistema, tiene una ratiofundamental para el estado de derecho, pues busca que el gobernado tenga plena certeza de los actos de autoridad y de las reglas con que debe conducirse en relación a los demás. Es pues, un principio que fragua, delimita, o perfecciona a otros de su misma especie o rango constitucional, pero que por su categoría, goza de supremacía, pues ninguno de ellos podría gozar de autonomía si finalmente su origen no se supedita al Estado de derecho.

El lenguaje es el vehículo natural para la manifestación del derecho; la realidad de la experiencia de la palabra, es un hecho sine qua non de la existencia jurídica. Diversos autores han puesto de manifiesto este carácter lingüístico y dialogante del derecho, haciéndolo incluso depender del lenguaje; de manera que las prescripciones -escribe von Wright- presuponen el uso del lenguaje en la formulación de las normas, y en coincidencia con Kalinowski, es evidente que todo término jurídico es o se manifiesta a través de una expresión lingüística.

Si bien la propia reforma se ha encargado de garantizar que el cambio de denominación no genere perjuicio alguno a los gobernados, el realizar el cambio legislativo material, cierra el ciclo de dichas reformas, elimina todo resquicio de posibles malinterpretaciones derivadas de éstas, ya sea de buena o mala fe, y contribuye al cambio cultural que implican.

Es pues la intención de esta propuesta, agilizar la homologación de nuestro marco jurídico vigente a la terminología derivada de la reciente reforma, sustituyendo en cada cuerpo normativo federal los términos superados, por los de reciente acuño.

Es importante señalar que algunas referencias deberán permanecer, pues el cambio de su denominación depende de otras instancias, y en tanto estas no se generen, deben conservarse en sus términos. Por ejemplo, el Código Civil del Distrito Federal, deberá mantenerse con su denominación en tanto el Poder Legislativo local no resuelva su trámite legislativo. Igualmente, en el caso de las menciones de los salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, estos deberán permanecer en tanto se expide la legislación derivada de la reforma publicada el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se crea la Unidad de Medida y Actualización a efecto de desvincular al salario mínimo del pago de diversas obligaciones.

Para facilitar el proceso legislativo interno de la Cámara, se agruparon las leyes de acuerdo con su más probable turno a Comisiones, permitiendo un proceso de dictamen sencillo y célere.

En términos generales los turnos de la Mesa Directiva a las reformas de las siguientes leyes: Ley de Hidrocarburos; Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; Ley de la Comisión Federal de Electricidad; Ley de la Industria Eléctrica; Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; Ley de Petróleos Mexicanos; Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, y Ley de Transición Energética, se han dado a la Comisión de Energía, por tanto se agrupan en esta iniciativa, para los procesos legislativos a que haya lugar.

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente,

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMANDIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE HIDROCARBUROS; LA LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS; LA LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD; LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA; LA LEY DE LOS ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA; LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS, Y LA LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA.

ARTICULO PRIMERO. Se reforma el tercer párrafo del artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos, para quedar como sigue:

Artículo 96.-…

La Federación, los gobiernos de los Estados, dela Ciudad de México, de los municipios y de las demarcaciones territoriales, contribuirán al desarrollo de proyectos de Exploración y Extracción, así como de Transporte y Distribución por ductos y de Almacenamiento, mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen y garanticen el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia.

ARTICULO SEGUNDO. Se reforma la fracción IV del artículo 30 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para quedar como sigue:

Artículo 30.-…

I. a III. …

IV. No haber sido Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, senador, diputado federal o local, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, durante el año previo a su nombramiento;

V. a VI. …

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo2 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, para quedar como sigue:

Artículo 2.- …

La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en la Ciudad de México, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional como en el extranjero.

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 71 de la Ley de la Industria Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 71.-…

La Federación, los gobiernos de los Estados y de la Ciudad de México, de los municipios y de las demarcaciones territoriales, contribuirán al desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen y garanticen el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma la fracción V del artículo 8 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, para quedar como sigue:

Artículo 8.-

I. a IV. …

V. No haber sido Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, senador, diputado federal o local, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, durante el año previo a su nombramiento, y

VI. …

ARTÍCULO SEXTO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley de Petróleos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2.-

Petróleos Mexicanos tendrá su domicilio en la Ciudad de México, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales, tanto en territorio nacional como en el extranjero.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforma la fracción V del artículo 19 y el artículo 47 de la Ley de Transición Energética, para quedar como sigue:

Artículo 19.-…

I a IV …

V. Realizar y coordinar estudios o investigaciones, con la participación de las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, de las dependencias de la Administración Pública Federal competentes, de los gobiernos estatales, municipales o de la Ciudad de México, así como delos sectores social y privado para:

a) a b) …;

VI a X …

Artículo 47.- El Ejecutivo Federal, los gobiernos de las entidades federativas, de la Ciudad de México y de los Municipios, podrán firmar convenios con los integrantes de la Industria Eléctrica con objeto de que, de manera conjunta, se lleve a cabo el financiamiento de proyectos de aprovechamiento de las Energías Limpias o de Eficiencia Energética disponibles en su ámbito de competencia.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 13 de julio de 2016.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016 Consultado el 27 de abril de 2016.
Platas Pacheco María del Carmen, “Elementos para una aproximación hermenéutica del lenguaje jurídico.” Revista Razonamiento Judicial, número 7, septiembre de 2007.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 226 BIS Y REFORMA EL ARTÍCULO 227 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Diputado Waldo Fernández González, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito Diputado Federal, WALDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con base en los artículos 71, fracción II, 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración la siguiente Iniciativa.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ser humano desde su existencia, ha intentado combatir el dolor con los medios dispuestos a su alcance, en un principio a través de la magia, conocimientos, infusiones de drogas empleadas por el hombre antiguo; posteriormente, el conocimiento de la ciencia, la observación y la experimentación fueron los medios que permitieron el conocimiento exacto de la naturaleza, hasta llegar a los modernos medicamentos disponibles en nuestros días. [*]

La química, la toxicología y la farmacología, tuvieron en su origen estas preocupaciones. El gran adelanto de estas ciencias ha permitido a la medicina contar con productos cada vez más específicos, menos tóxicos y terapéuticamente más eficaces. [*]

Es por ello que los medicamentos, resultan de vital importancia para la salud del ser humano.

Es por ello, que el sistema de distribución de medicamentos en dosis unitarias es un método de dispensación y control de la medicación en servicios de salud organizados y coordinados por la farmacia. [*]

De todos los sistemas las dosis unitarias es el que mejor ofrece la oportunidad de efectuar un adecuado seguimiento a la terapia medicamentosa del paciente, es el más seguro, el más eficiente desde el punto de vista económico y a la vez el método que utiliza más efectivamente los recursos profesionales.

De acuerdo a estudios se ha demostrado que la dosis unitaria es lo más seguro para el paciente, y lo mejor para su economía.

Cabe recordar, que el desarrollo de la dosis unitaria comenzó en los Estados Unidos de Norteamérica durante la década de los 50`s, la cual fue llamada década de los fundamentos; durante estos años se realizaron los primeros estudios de errores de medicación, por lo que la solución a esta problemática llego durante los años 60´s (década de la acción), dando su origen a los sistemas pilotos de distribución de medicamentos por dosis unitaria (SDMDU) y la integración del farmacéutico al personal sanitario. [*]

Es por ello y debido a la importancia de la dosis unitaria que se implemento un programa piloto en el Hospital General de Pachuca, Hidalgo, donde los resultados después de tres meses arrojaron que se tuvo un ahorro estimado del 36% del costo total de las terapias con los medicamentos, por lo que el programa les aseguro la terapia medicamentosa completa sin la posibilidad de incumplimiento por falta de medicamentos.

De acuerdo al programa sectorial de salud 2013-2018, señala que el surtimiento de medicamentos recetados por institución observa que hay deficiencias que alcanzan el 35.6% en el año 2012. Los problemas de surtimiento, sin embargo, se presentan en paralelo con casos de sobre prescripción. Esta situación alerta sobre la necesidad de llevar a cabo acciones para mejorar el abasto de medicamentos y al mismo tiempo para fomentar el uso racional de los mismos. El tema de abasto de medicamentos en las instituciones del sector público está en lo más alto de la agenda gubernamental.

Como bien dice la autoridad en Salud en su Programa Sectorial, hace falta llevar acciones para fomentar el uso racional de medicamentos, es por ello que el espíritu de esta Iniciativa coincide plenamente con lo planteado por la Secretaria de Salud.

En 2009 en los tres niveles de unidades médicas del Seguro Social, se expidieron 15 millones de recetas, lo que represento un gasto de 6 mil 44 millones de pesos. Si los medicamentos en las recetas colectivas se hubieran dispensado en un sistema de dosis unitaria, el ahorro total estimado en medicamentos hubiera ascendido de 870 millones a los 4 mil 50 millones de pesos. [*]

Ante esta situación, y debido a la reducción de costos que trae la dosis unitaria, el 19 de mayo de 2015, en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, se publica el modelo institucional de farmacia hospitalaria, cuyas ventajas son:

1. Es el sistema que mejor garantiza que el medicamento prescrito llegue al paciente en forma individual, tomando en cuenta la orden médica.

2. Se reduce el despilfarro por pérdidas, deterioro vencimiento entre otras; de esta manera se recuperan los medicamentos no aplicados al paciente y se disminuyen lo errores en la medicación, logrando así un mejor control y seguimiento del tratamiento farmacoterapéutico en cada paciente, facilita efectuar estudios sobre reacciones adversas e identificar posibles interacciones medicamentosas.

Estos elementos coinciden con los lineamientos publicados por la COFEPRIS, para la distribución de medicamentos por unidosis para pacientes ambulatorios, de fecha 14 de junio de 2016, en la misma se expone que diversos estudios han demostrado las  ventajas del sistema de dispensación en dosis unitarias en todos los niveles de    atención y que este sistema de distribución, fortalece la seguridad del paciente al dispensar las dosis adecuadas, lo que evita confusiones o sobredosis que pongan en riesgo su vida.

En materia de economía familiar, el INEGI, menciona que la distribución del gasto de los hogares en bienes y servicios de salud 2013, señala que los hogares gastan el 65% en adquisición de medicamentos y otros bienes, es decir, por cada 100 pesos de gasto en salud de los hogares 65corresponden a este rubro.

Asimismo, de 2008 a 2013 el gasto que el gobierno ha erogado ha sido principalmente a proporcionar servicios hospitalarios, mientras que el gasto directo de los hogares en   este periodo de estudio fue destinado a la compra de medicamentos y consultas   médicas.

Es por ello, que esta Iniciativa lo que busca es por un lado disminuir el costo de los medicamentos para las familias, por otro lado, que se reduzca la automedicación, ya que sólo tendrá la dosis que le prescribió el profesional de la salud.

Por lo anterior, coincidimos con el Gobierno federal, sin embargo y debido a la importancia que resulta la compra de medicamentos, hay que plasmarlo en una norma con carácter de Ley que no sea de corte coyuntural, evitando así, que sufra modificaciones.

Cabe mencionar, que ya presentamos una iniciativa en este sentido, sin embargo con estos nuevos lineamientos estamos fortaleciendo esta nueva propuesta.

Es una propuesta que ayuda por un lado a reducir el gasto que hace el gobierno federal y por otro lado el desembolso que hacen las familias mexicanas para la compra de medicamentos, asimismo, para evitar errores de medicación en los pacientes.

Por lo anterior mencionado, presento a esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de:

DECRETO POR EL SE ADICIONA EL ARTICULO 226 BIS Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 227 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ÚNICO. Se adiciona el artículo 226 Bis y se reforma el artículo 227 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 226 Bis.- Se podrán adquirir dosis unitaria de medicamentos en las farmacias hospitalarias del sector público y privado, así como los demás establecimientos que expendan medicamentos, para ello la autoridad sanitaria emitirá los lineamientos de su operación.

Artículo 227.- La Secretaría de Salud determinará los medicamentos que integren cada uno de los grupos a que se refieren los artículos 226 y 226 Bis.

(…)

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

SEGUNDO. Los establecimientos particulares tendrán un año para hacer las modificaciones correspondientes, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, a fin de dar cabal cumplimiento al mismo.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones legales que se contravengan con el presente ordenamiento.

Dado en el salón de la Comisión Permanente, el 13 de julio de 2016.

Suscribe

Dip. Waldo Fernández González.

[*] Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Undécima edición, Secretaria de Salud, Apéndice I. Historia de la Farmacopea en México, Volumen II, p.p 2,745, México, 2014
[*] Ibíd
[*] Girón Aguilar Nora, D=Alessio Rosario, Guía para el desarrollo de Servicios farmacéuticos hospitalarios, Serie de medicamentos esenciales y tecnología No. 5.3, Sistema de distribución de medicamentos por dosis unitarias, octubre 1997
[*] Proyecto Integral de Farmacia Hospitalaria 2010-2015, Instituto Nacional de Pediatría.
[*] Uc-Coyoc Roció Ofelia, Pérez Reynaud Ana Gabriela, Coello Reyes Luis Arturo, Beneficios Económicos del uso de un sistema de dispensación en dosis unitarias en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 18, 23 Y 28 DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO

(Presentada por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO, DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, DE LA LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

(Presentada por el Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, José Hernán Cortés Berumen, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II y 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; numeral Décimo Segundo del Acuerdo Parlamentario que establece los criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del Orden del Día y los debates que se realicen en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión durante el Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura, y 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DELA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO, LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE Y LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, conforme a la siguiente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 29 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación1, la reforma constitucional que transforma el otrora Distrito Federal en la Ciudad de México, lo cual implica que la Ciudad de México continuará siendo Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, pero con cambios fundamentales en su naturaleza.

La Ciudad de México es ahora una entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y su organización política administrativa, habiendo la posibilidad de darse su propia constitución política, con una forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico, que tendrá mayor autonomía con los Poderes federales, por ejemplo, en relación a la designación y remoción de sus funcionarios.

El Artículo Décimo Cuarto Transitorio señala que a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto, las referencias constitucionales y de cualquier otro ordenamiento jurídico al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.

Esta reforma implica cambios de fondo, que se aparejan de un cambio de forma. Es decir, tiene un trasfondo jurídico, político y social de relevancia, pero como elemento esencial, requiere el cambio de denominación, de Distrito Federal a Ciudad de México.

Ante las múltiples referencias que se tiene de este concepto en nuestro sistema jurídico, consideramos adecuado, generar un mecanismo legislativo de actualización de todas y cada una de las leyes que tiene referencias al Distrito Federal, para sustituirlo por Ciudad de México.

No se trata de una mera reforma estética, sino de adecuar el lenguaje jurídico, el cual es un elemento esencial en la seguridad jurídica que la ley debe proveer en cualquier estado de derecho. El principio de certeza jurídica en nuestro sistema, tiene una ratio fundamental para el estado de derecho, pues busca que el gobernado tenga plena certeza de los actos de autoridad y de las reglas con que debe conducirse en relación a los demás. Es pues, un principio que fragua, delimita, o perfecciona a otros de su misma especie o rango constitucional, pero que por su categoría, goza de supremacía, pues ninguno de ellos podría gozar de autonomía si finalmente su origen no se supedita al Estado de derecho.

El lenguaje es el vehículo natural para la manifestación del derecho; la realidad de la experiencia de la palabra, es un hecho sine qua non de la existencia jurídica. Diversos autores han puesto de manifiesto este carácter lingüístico y dialogante del derecho, haciéndolo incluso depender del lenguaje; de manera que las prescripciones -escribe von Wright- presuponen el uso del lenguaje en la formulación de las normas, y en coincidencia con Kalinowski, es evidente que todo término jurídico es o se manifiesta a través de una expresión lingüística.2

Si bien la propia reforma se ha encargado de garantizar que el cambio de denominación no genere perjuicio alguno a los gobernados, el realizar el cambio legislativo material, cierra el ciclo de dichas reformas, elimina todo resquicio de posibles malinterpretaciones derivadas de éstas, ya sea de buena o mala fe, y contribuye al cambio cultural que implican.

Es pues la intención de esta propuesta, agilizar la homologación de nuestro marco jurídico vigente a la terminología derivada de la reciente reforma, sustituyendo en cada cuerpo normativo federal los términos superados, por los de reciente acuño.

Es importante señalar que algunas referencias deberán permanecer, pues el cambio de su denominación depende de otras instancias, y en tanto estas no se generen, deben conservarse en sus términos. Por ejemplo, el Código Civil del Distrito Federal, deberá mantenerse con su denominación en tanto el Poder Legislativo local no resuelva su trámite legislativo. Igualmente, en el caso de las menciones de los salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, estos deberán permanecer en tanto se expide la legislación derivada de la reforma publicada el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se crea la Unidad de Medida y Actualización a efecto de desvincular al salario mínimo del pago de diversas obligaciones.

Para facilitar el proceso legislativo interno de la Cámara, se agruparon las leyes de acuerdo con su más probable turno a Comisiones, permitiendo un proceso de dictamen sencillo y célere.

En términos generales los turnos de la Mesa Directiva a las reformas de las siguientes leyes: Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Ley General de Educación, Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, se han dado a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por tanto se agrupan en esta iniciativa, para los procesos legislativos a que haya lugar.

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente,

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO, LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE Y LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.

ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artículos 3 segundo párrafo; 5 inciso D; 11 fracción V, y 14 penúltimo párrafo de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar como sigue:

Artículo 3.-

Ninguna autoridad federal, estatal, municipal o de la Ciudad de México podrá prohibir, restringir ni obstaculizar la creación, edición, producción, distribución, promoción o difusión de libros y de las publicaciones periódicas.

Artículo 5.- …

A. a C. …

D. Los Gobiernos estatales, municipales y de la Ciudad de México.

Artículo 11.-

I. a IV. …

V. Coadyuvar con instancias a nivel federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México, así como con miembros de la iniciativa privada en acciones que garanticen el acceso de la población abierta a los libros a través de diferentes medios gratuitos o pagados, como bibliotecas, salas de lectura o librerías, y

VI. …

Artículo 14.- …

I. a V. …

Por acuerdo del Consejo se podrá convocar para participar con carácter de invitado no permanente a los titulares de las Secretarías, Consejos e Institutos de Cultura de las entidades federativas y la Ciudad de México o a cualquier persona o institución pública o privada que se considere necesario para el cumplimiento pleno de sus funciones.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 5 fracción I, y 33 fracción V de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para quedar como sigue:

Artículo 5.

I. Autoridades Educativas, a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal, a las correspondientes de los estados y la Ciudad de México y de los municipios, así como a los organismos descentralizados que emiten actos de autoridad en materia educativa, conforme a sus respectivas competencias;

II. a XII. …

Artículo 33. La designación de los integrantes de la Junta deberá recaer en personas que reúnan los requisitos siguientes:

I. a IV. …

V. No haber sido secretario de Estado, o subsecretario de estado, Procurador General de la República, o Procurador General de Justicia de alguna entidad federativa, senador, diputado federal o local, dirigente de un partido o asociación política, religiosa o sindical, presidente municipal, gobernador de algún estado o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, durante los tres años previos al día de su postulación, y

VI. …

ARTÍCULO TERCERO. Se reforman los artículos 16, y 70 último párrafo de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 16.- Las atribuciones relativas a la educación inicial, básica -incluyendo la indígena- y especial que los artículos 11, 13, 14 y demás señalan para las autoridades educativas locales en sus respectivas competencias, corresponderán, al Gobierno de la Ciudad de México y a las entidades que, en su caso, establezca; dichas autoridades deberán observar lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Los servicios de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán prestados, en la Ciudad de México, por la Secretaría.

El gobierno de la Ciudad de México concurrirá al financiamiento de los servicios educativos en la propia Ciudad, en términos de los artículos 25 y 27.

Artículo 70.-…

a) a n) …

En la Ciudad de México los consejos se constituirán por cada demarcación territorial.

ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el artículo 3 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, para quedar como sigue:

Artículo 3. Son sujetos del Servicio que regula esta Ley los docentes, el personal con funciones de dirección y supervisión en la Federación, los estados, la Ciudad de México y municipios, así como los asesores técnico pedagógicos, en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado.

ARTÍCULO QUINTO. Se reforman los artículos 2 y 10 fracción I de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, para quedar como sigue:

Artículo 2.- El Instituto Politécnico Nacional es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, cuya orientación general corresponde al Estado; con domicilio en la Ciudad de México y representaciones en las Entidades de la República donde funcionen Escuelas, centros y unidades de Enseñanza y de Investigación que dependan del mismo.

Artículo 10.- …

I.- La Estación de Televisión XEIPN Canal Once de la Ciudad de México;

II.- …

ARTÍCULO TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 13 de julio de 2016.

1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016 Consultado el 27 de abril de 2016.

2 Platas Pacheco María del Carmen, “Elementos para una aproximación hermenéutica del lenguaje jurídico.” Revista Razonamiento Judicial, número 7, septiembre de 2007.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

(Presentada por los Senadores Armando Ríos Piter, Martha Angélica Tagle Martínez, Mario Delgado Carrillo y Zoé Robledo Aburto)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

(Presentada por el Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, JOSÉ HERNÁN CORTÉS BERUMEN, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II y 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; numeral Décimo Segundo del Acuerdo Parlamentario que establece los criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del Orden del Día y los debates que se realicen en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión durante el Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura, y 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, Y LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, conforme a la siguiente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 29 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación1, la reforma constitucional que transforma el otrora Distrito Federal en la Ciudad de México, lo cual implica que la Ciudad de México continuará siendo Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, pero con cambios fundamentales en su naturaleza.

La Ciudad de México es ahora una entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y su organización política administrativa, habiendo la posibilidad de darse su propia constitución política, con una forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico, que tendrá mayor autonomía con los Poderes federales, por ejemplo, en relación a la designación y remoción de sus funcionarios.

El Artículo Décimo Cuarto Transitorio señala que a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto, las referencias constitucionales y de cualquier otro ordenamiento jurídico al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.

Esta reforma implica cambios de fondo, que se aparejan de un cambio de forma. Es decir, tiene un trasfondo jurídico, político y social de relevancia, pero como elemento esencial, requiere el cambio de denominación, de Distrito Federal a Ciudad de México.

Ante las múltiples referencias que se tiene de este concepto en nuestro sistema jurídico, consideramos adecuado, generar un mecanismo legislativo de actualización de todas y cada una de las leyes que tiene referencias al Distrito Federal, para sustituirlo por Ciudad de México.

No se trata de una mera reforma estética, sino de adecuar el lenguaje jurídico, el cual es un elemento esencial en la seguridad jurídica que la ley debe proveer en cualquier estado de derecho. El principio de certeza jurídica en nuestro sistema, tiene una ratio fundamental para el estado de derecho, pues busca que el gobernado tenga plena certeza de los actos de autoridad y de las reglas con que debe conducirse en relación a los demás. Es pues, un principio que fragua, delimita, o perfecciona a otros de su misma especie o rango constitucional, pero que por su categoría, goza de supremacía, pues ninguno de ellos podría gozar de autonomía si finalmente su origen no se supedita al Estado de derecho.

El lenguaje es el vehículo natural para la manifestación del derecho; la realidad de la experiencia de la palabra, es un hecho sine qua non de la existencia jurídica. Diversos autores han puesto de manifiesto este carácter lingüístico y dialogante del derecho, haciéndolo incluso depender del lenguaje; de manera que las prescripciones -escribe von Wright- presuponen el uso del lenguaje en la formulación de las normas, y en coincidencia con Kalinowski, es evidente que todo término jurídico es o se manifiesta a través de una expresión lingüística.2

Si bien la propia reforma se ha encargado de garantizar que el cambio de denominación no genere perjuicio alguno a los gobernados, el realizar el cambio legislativo material, cierra el ciclo de dichas reformas, elimina todo resquicio de posibles malinterpretaciones derivadas de éstas, ya sea de buena o mala fe, y contribuye al cambio cultural que implican.

Es pues la intención de esta propuesta, agilizar la homologación de nuestro marco jurídico vigente a la terminología derivada de la reciente reforma, sustituyendo en cada cuerpo normativo federal los términos superados, por los de reciente acuño.

Es importante señalar que algunas referencias deberán permanecer, pues el cambio de su denominación depende de otras instancias, y en tanto estas no se generen, deben conservarse en sus términos. Por ejemplo, el Código Civil del Distrito Federal, deberá mantenerse con su denominación en tanto el Poder Legislativo local no resuelva su trámite legislativo. Igualmente, en el caso de las menciones de los salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, estos deberán permanecer en tanto se expide la legislación derivada de la reforma publicada el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se crea la Unidad de Medida y Actualización a efecto de desvincular al salario mínimo del pago de diversas obligaciones.

Para facilitar el proceso legislativo interno de la Cámara, se agruparon las leyes de acuerdo con su más probable turno a Comisiones, permitiendo un proceso de dictamen sencillo y célere.

En términos generales los turnos de la Mesa Directiva a las reformas de las siguientes leyes: Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se han dado a la Comisión de Igualdad de Género, por tanto se agrupan en esta iniciativa, para los procesos legislativos a que haya lugar.

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente,

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, Y LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

ARTICULO PRIMERO. Se reforma la fracción XI del artículo 7 y el artículo 8 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue:

Artículo 7.-

I. a X. …

XI. Establecer vínculos de colaboración con las Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión, con los Congresos de los Estados y la Legislatura de la Ciudad de México para impulsar acciones legislativas que garanticen el acceso equitativo y no discriminatorio al desarrollo, y la tutela de sus derechos humanos;

XII. a XXV. …

Artículo 8.- Las oficinas centrales del Instituto Nacional de las Mujeres tendrán su domicilio legal en la Ciudad de México.

ARTÍCULO SEGUNDO.-Se reforman los artículos 1primer párrafo; 2; 8 primer párrafo; 14 primer párrafo; 31 primer párrafo; 35 primer párrafo; 40; 41 fracción IX; 42 fracción IV; 48 fracción II, y 49 primer párrafo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2. La Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.

Artículo 8. Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en consideración:

I. a VI. …

Artículo 14. Las entidades federativas y la Ciudad de México, en función de sus atribuciones, tomarán en consideración:

I. a IV. …

Artículo 31.- Corresponderá a las autoridades federales, estatales y dela Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, otorgar las órdenes emergentes y preventivas de la presente ley, quienes tomarán en consideración:

I. a III. …

Artículo 35. La Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Artículo 40. La Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de esta ley de conformidad con las competencias previstas en el presente ordenamiento y demás instrumentos legales aplicables.

Artículo 41.

I. a VIII. …

IX. Garantizar una adecuada coordinación entre la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres;

X. a XX. …

Artículo 42.

I. a III. …

IV. Formular las bases para la coordinación entre las autoridades federales, locales, de la Ciudad de México y municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;

V. a XV. …

Artículo 48. …

I. …

II. Integrar las investigaciones promovidas por las dependencias de la Administración Pública Federal sobre las causas, características y consecuencias de la violencia en contra de las mujeres, así como la evaluación de las medidas de prevención, atención y erradicación, y la información derivada a cada una de las instituciones encargadas de promover los derechos humanos de las mujeres en las entidades federativas, la Ciudad de México o municipios. Los resultados de dichas investigaciones serán dados a conocer públicamente para tomar las medidas pertinentes hacia la erradicación de la violencia;

III. a X. …

Artículo 49. Corresponde a las entidades federativas y la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:

I. a XXV. …

ARTÍCULO TERCERO.-Se reforman los artículos 7; 8; 14; 15 primer párrafo, fracciones I Bis y II; 23; 27primer párrafo, y 29 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 7.- La Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios ejercerán sus atribuciones en materia de esta Ley de conformidad con la distribución de competencias previstas en la misma y en otros ordenamientos aplicables a los tres órdenes de gobierno.

Artículo 8.- La Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios establecerán las bases de coordinación para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Artículo 14.- Los Congresos de los Estados, con base en sus respectivas Constituciones, y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, con arreglo a su Estatuto de Gobierno, expedirán las disposiciones legales necesarias para promover los principios, políticas y objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y hombres prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley.

Artículo 15.- Corresponde a las y los titulares de los Gobiernos Estatales y de la Ciudad de México:

I. …

I Bis. Incorporar en los presupuestos de egresos de la entidad federativa y de la Ciudad de México, la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad;

II. Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, mediante las instancias administrativas que, se ocupen del adelanto de las mujeres en los Estados y la Ciudad de México;

III. a IV. …

Artículo 23.- El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y con las autoridades de los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 27.- Los gobiernos de los Estados y de la Ciudad de México coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con el Instituto, en su caso, con las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional. Así mismo, planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales de igualdad entre mujeres y hombres, procurando su participación programática en el Sistema Nacional.

Artículo 29.- El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres será propuesto por el Instituto Nacional de las Mujeres y tomará en cuenta las necesidades de los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, así como las particularidades de la desigualdad en cada región. Este Programa deberá integrarse al Plan Nacional de Desarrollo así como a los programas sectoriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación.

Los programas que elaboren los gobiernos de los Estados y la Ciudad de México, con visión de mediano y largo alcance, indicarán los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias, tomando en cuenta los criterios e instrumentos de la Política Nacional de igualdad en congruencia con los programas nacionales.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 13 de julio de 2016.


1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016 Consultado el 27 de abril de 2016.

2 Platas Pacheco María del Carmen, “Elementos para una aproximación hermenéutica del lenguaje jurídico.” Revista Razonamiento Judicial, número 7, septiembre de 2007.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL

(Presentada por el Diputado Rafael Hernández Soriano, del grupo parlamentario del PRD)

La presente propuesta de iniciativa con proyecto de Decreto, pretende modificar la periodicidad establecida para la convivencia de madres con hijas e hijos menores de edad que se encuentran en los centros de reclusión, pese a las difíciles condiciones tanto materiales como sociales que comparten. Se considera que, de acuerdo con las recomendaciones de los convenios internacionales y lo establecido en la legislación nacional, el derecho de las y los niños a convivir con sus madres en prisión, debe ser plenamente garantizado, de conformidad con el interés superior de la infancia. Asimismo, la iniciativa busca dar cumplimiento a lo planteado en las recomendaciones a méxico por el comité de los derechos del niño de las naciones unidas.

ARGUMENTOS

Según datos recabados de la encuesta: “Mujeres y Hombres de México 2015” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indica que residían en el territorio nacional un poco más de 119 millones de personas, de las cuales 61 millones son mujeres y 58 millones son hombres, lo que muestra que hay 95 hombres por cada 100 mujeres.1

Información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al cuarto trimestre de 2014, señala que en México, del total de mujeres de 12 años y más (49,471,980), que a la vez representaron el 30.34 por ciento tiene de uno a dos hijos nacidos vivos, en tanto que el 27.92 por ciento tenía de tres a cinco hijos y sólo el 9.62 por ciento, seis o más hijos, resultando que el 67.88 por ciento (más de 33 millones) de las mujeres de 12 años y más había tenido al menos un hijo nacido vivo.2

Dentro de estas estadísticas, se ubica un grupo de mujeres socialmente invisibles e invisibilizadas, aquéllas que se encuentran internadas en los Centros de Readaptación Social, a quienes se les presume responsables de una o más conductas delictivas, ya sea por acción u omisión3.

De acuerdo con datos publicados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos4, en agosto de 2015, la población penitenciaria mexicana total ascendía a 251, 516   personas, de las cuales 238, 245 eran hombres y 13, 267 mujeres. Lo que representa el 94.72 y el 5.27 por ciento respectivamente, distribuidos de la siguiente manera: fuero común: 81%, fuero federal: 19%, procesados: 44%, sentenciados: 51%, mujeres: 5%, indígenas: 3.4%5. Cabe destacar, de igual forma que, mientras que la población de varones se incrementó 40% durante la última década, la de mujeres se duplicó en el mismo lapso.

En este contexto, en México existen, actualmente, 389 centros de reclusión, de los cuales 17 pertenecen al Gobierno Federal, 13 al Gobierno de la Ciudad de México y 359 a los Gobiernos Estatales y Municipales.6

De los centros federales antes señalados, dos de ellos albergan exclusivamente a mujeres, quienes al ser trasladadas a ellos al concluir su proceso, resultan alejadas de su entorno social, existiendo para este grupo desarraigo familiar, lo que afecta el principio de seguridad jurídica y el derecho a la reinserción social, considerando las necesidades especiales de las mujeres en reclusión. Este hecho trastoca también su derecho a una adecuada y oportuna defensa, resultando en su perjuicio: procesos penales más lentos, onerosos y que repercuten en muchos de los casos en sus hijas e hijos que se encuentran a su cuidado.

La mayor parte de las mujeres que, actualmente, se encuentran recluidas en México, lo están por delitos contra la salud, le siguen los delitos de robo, secuestro y extorsión. Con anterioridad, los delitos por los que eran juzgadas y sentenciadas solían ser: prostitución, abortos, homicidios calificados como pasionales y adulterio. En la actualidad, cada vez es mayor su detención por crímenes perpetrados en asociación y en contra de personas ajenas a su círculo cercano o familiar.7

Es importante señalar que la mayoría de las mujeres en reclusión han sido también víctimas de violencia en todas sus diversas expresiones, situación que se ve continuada al interior de los centros penitenciarios. A ello se suma que son pobres, jefas de familia, sin estudios y sin oportunidades de empleo, por lo que consideraron como una forma de tener ingreso el vincularse con la venta de droga y llevar paquetes de una ciudad a otra. La mayoría no sabe el valor ni el contenido de la mercancía hasta que son detenidas y encarceladas con penas de al menos 10 años de prisión por tráfico de drogas.

Estos casos de detención han aumentado al menos 170% en la última década, provocando que ocho de cada diez mujeres en prisión lo estén por algún delito vinculado al narcotráfico.8

Declaraciones de Ana Pecova, especialista de la organización Equis, Justicia para las Mujeres, enla mesa redonda Política de drogas y poblaciones en situación de vulnerabilidad, que se presentó en el Foro Internacional Políticas de Drogas y Derechos Humanos, organizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), indicaba que: “Las mujeres llegan a involucrarse –en acciones relacionadas con el narcotráfico- por una necesidad económica, que se entrelaza con el papel social que juegan las mujeres de ser cuidadoras de sus hijos o de sus padres; son jefas de familia; y el otro factor es el afectivo, se involucran para proteger y apoyar a su pareja o al ser víctimas de violencia y obligadas por ésta”.

Así también datos recabados por la misma organización, el perfil de las mujeres encarceladas en México por delitos vinculados a las drogas son:

• en el 98.9% primo delincuentes, no tienen ningún antecedente penal

• 9 de cada 10 no estaba armada al momento de su detención.

• 90% tienen hijos y dependientes económicos.

• La edad promedio oscila entre 18 y 40 años.

• 60% no ha concluido la secundaria.

• Reportan historias de vida con violencia física o sexual

• En el caso de las mujeres indígenas, los datos muestran que el 43% de las que se encuentran encarceladas es mayoritariamente, por actividades de ‘mulas’ del narcotráfico.

Cabe indicar que, Equis, Justicia para las Mujeres, es parte de un grupo de trabajo conformado por el Consorcio Internacional sobre Política de Drogas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), que entre sus hallazgos menciona que, además de que la política de drogas criminaliza a esta población vulnerable, se alerta que el aumento de mujeres en prisión destroza familias y perpetúa el círculo vicioso de la pobreza, tráfico de drogas y en encarcelamiento.9

Al enfrentarse a los sistemas de justicia de manera general, es perceptible que en ellos, se juzga y se da un trato desigual a las mujeres, siendo este más severo que al que se otorga los hombres, pues la falta que se ha cometido siempre es doble, ya que, además del delito per se, se han desafiado las normas sociales adscritas al género. Por ello, ni sus historias personales ni sus necesidades como seres humanos se sitúan al centro de las acciones de política pública.

Cuando una mujer es recluida en un centro penitenciario en México es consciente de que, además de compurgar su pena, será muy probablemente víctima de la transgresión de sus derechos fundamentales, pues son por todos conocidas la serie de irregularidades que prevalecen en su interior, en materia de instalaciones, alimentación, atención médica, personal técnico y de seguridad; actividades laborales, educativas y deportivas; condiciones de hacinamiento y sobrepoblación, falta de separación entre hombres y mujeres; maltrato; diferencias en las condiciones de vida en reclusión entre éstas y los varones, particularmente por la falta de acceso en igualdad de condiciones a instalaciones y servicios, así como a los satisfactores adecuados y necesarios para el sano desarrollo de sus hijos que permanecen con ellas.10

En el caso de las mujeres privadas de la libertad que viven en el interior de los centros con sus hijos e hijas, tales irregularidades se relacionan con: falta de áreas para actividades; prostitución; inadecuada separación y clasificación; diversidad de criterios sobre la permanencia de los menores de edad que viven con sus madres y falta de apoyo para que accedan a los servicios de guardería y educación básica; deficiencias en la prestación del servicio médico; deficiencias relacionadas con las actividades de reinserción social, entre otras.11

El Informe Especial Sobre las Mujeres Internas en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señala que: con base en la información proporcionada por las autoridades responsables de los establecimientos visitados, en 10 centros de los estados de Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas, no se permite la estancia de las y los menores de edad con sus madres internas, lo que por supuesto vulnera el derecho de los infantes de estar y convivir con sus madres, y sobre todo el interés superior de la infancia previsto en el artículo 4° Constitucional.

El informe también menciona que, al realizarse las visitas de supervisión, se observó la presencia de menores de edad en 51 centros de reclusión, sin embargo, la estancia de estos menores únicamente se permite cuando nacen y mientras sus madres se encuentran internas, hasta una edad determinada que, dependiendo de cada establecimiento, oscila entre los seis meses y los seis años de edad, aunque se tuvo conocimiento de que en los establecimientos de Acapulco de Juárez y Chilpancingo de los Bravo, ambos en Guerrero, los menores de edad pueden permanecer hasta los 8 y 12 años de edad, respectivamente.

Además, refiere que en 53 establecimientos en los que se permite la estancia de menores de edad con sus madres, ubicados en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, no se brinda apoyo para que tengan acceso a los servicios de guardería y/o educación básica mientras permanecen en esos lugares,12 lo cual contraviene el artículo 3° Constitucional, al que tienen derecho todos los menores de edad de recibir educación prescolar que les imparta el Estado.

Estos datos enfatizan la ausencia de un modelo de acción uniforme en los centros con relación a la regulación de madres reclusas con sus hijas e hijos menores de edad que comparten la reclusión.

De este modo, las lamentables y reprobables situaciones que enfrentan las mujeres reclusas, sobre todo cuando son madres de niñas y niños que viven con ellas en el interior de los centros penitenciarios, ponen de manifiesto la poca efectividad de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de origen prevé que debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para alcanzar la reinserción social de las y los sentenciados y procurar que no vuelvan a delinquir. Dispone además, que las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. Contrario a ello, se observa que el sistema penitenciario y el proceso de reinserción, no cumplen con los fines para los cuales fueron creados.

Con lo anterior, igualmente se contraviene lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que en su artículo 3 textualmente expresa;

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Así también, el artículo 9 señala que;

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.

4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas.

A ello se suma, el documento Recomendaciones y Observaciones Generales del Comité de la Naciones Unidas sobre los Derechos de la Niñez, en la Asamblea de 2011, que señala en sus resolutivos, lo siguiente: Los menores de edad, cuyos progenitores tienen problemas con el sistema de justicia penal poseen iguales derechos que los demás niños y niñas. Sus derechos no deberían verse afectados por la condición de su padre o madre, ni por las decisiones tomadas en relación a sus progenitores.

Con base en lo anterior, sin lugar a dudas, el interés superior del menor de edad, debe ser el punto primordial a considerar en relación a todas las acciones que pudieran afectar, directa o indirectamente, a los niños y niñas de progenitores encarcelados. Los Estados deben crear e implementar leyes y políticas para asegurar que así sea en todas y cada una de las etapas del proceso de justicia penal.

De forma complementaria, debe tenerse en cuenta que la privación de la libertad de la niña o niño junto con su madre afecta su derecho a la vida, ya que no se garantiza en la máxima medida posible su desarrollo13, debido a que se lo mantiene en un medio donde es vulnerable a sufrir perjuicios o abusos.14

Además de lo anterior, es necesario considerar que la separación precoz debido a la reclusión materna corta el vínculo de apego y puede tener efectos dañinos en el niño. Esta separación en la primera infancia tiene potencialmente un impacto nocivo en un niño que está en pleno desarrollo, el que ha sido descrito por algunos expertos como un trauma perdurable. Este trauma puede ser producto de los efectos combinados y acumulados de la separación de la madre, la pobreza, el abandono, el desconsuelo, la violencia en la comunidad y el cambio de cuidadores.15

Otro aspecto esencial para el pleno desarrollo de las niñas y niños es el vínculo con sus progenitores. En este sentido, resulta fundamental el contacto de la madre con las hijas o hijos en los primeros años de vida. Esta importancia es reconocida por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular por la Convención sobre los Derechos del Niño.16 Se reconoce también el derecho de los padres a que no se los separe de sus hijas o hijos contra su voluntad, salvo casos excepcionalísimos en que se los podrá privar del ejercicio de la patria potestad mediante una resolución judicial en tal sentido.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-17/2002, sobre la condición jurídica y derechos humanos del niño, sostiene que el actual modelo de protección a la infancia se plantea sobre la base de una responsabilidad conjunta entre el Estado y los padres: que todo niño tiene el derecho de crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y que, salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, la o el niño menor de edad no debe ser separado de su madre.

Ante esto es necesario subrayar que, las Reglas de Bangkok17, en los numerales 42, párrafo 2, y 51, párrafo 2, recomiendan que en las prisiones se habiliten servicios o se adopten disposiciones para el cuidado de los infantes, a fin de que las reclusas puedan participar en las actividades de la prisión, y señalan la obligación del Estado de procurar que el entorno previsto para la crianza de las y los niños sea el mismo que el de los niños que no viven en centros penitenciarios.

Es en este tenor que, los establecimientos penitenciarios que alojen menores de edad, deben garantizarles el acceso a guarderías, centros de desarrollo infantil (CENDI), y los servicios de educación básica, los cuales son fundamentales para su desarrollo      integral y permiten su preparación para la separación de la madre y sus hijos al cumplimiento de los seis años de edad para incorporarse al esquema familiar y escolar externo.

En este contexto, la internación de estas madres y niños dado los principios legales enunciados, abonan en favorecer básicamente el contacto materno filial necesario en niñas y niños menores de edad en un ambiente que refuerce esta relación y que se adecue apropiadamente para el desarrollo de las y los infantes, apelando a la conservación de su relación familiar y obligando a una interpretación del marco legal en estos términos en pos de incrementar sus posibilidades de garantía en el goce de sus derechos y fundamentalmente del interés superior del niño.

Debemos reconocer que en la actualidad toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal, y como responsable de los establecimientos de detención, el Estado se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de las personas y en el caso de las mujeres, también de sus hijas e hijos que se hallen bajo su custodia.

Con base en estos hechos expuestos, es urgente y fundamental poner solución al tema de las mujeres reclusas, incluidos sus hijos menores de edad que viven con ellas en los centros de reclusión, a fin de poner a estas personas en el centro de las discusiones y de las acciones en materia penitenciaria, procurando la implementación de políticas públicas con perspectiva de género que tomen en cuenta sus necesidades particulares, con el propósito de garantizar el pleno ejercicio y goce de sus derechos humanos y los de sus hijos e hijas.

Al respecto, los numerales 49 y 52 de las Reglas de Bangkok, recomiendan que toda decisión de permitir que las y los niños permanezcan con sus madres en la cárcel y respecto del momento en que se debe separar a un hijo de su madre, se adoptarán teniendo presente el interés superior del niño con arreglo a la legislación nacional pertinente y tras comprobarse que se han adoptado adecuadamente las mejores disposiciones alternativas para su cuidado.

Por lo anterior, consideramos necesario implementar de manera generalizada la edad de 6 años de la o el menor de edad para que pueda mantenerse al lado de su madre, reforzando así los lazos de afecto y la colaboración de ésta en los primeros años de desarrollo que son fundamentales para el infante, en las condiciones que dictan los diversos tratados internacionales de los que México es parte y siguiendo las recomendaciones de sus organismos, las cuales son vinculantes para nuestro país.

Las excepciones a esta disposición, sólo deberán hacerse con arreglo a circunstancias contrarias al interés superior del infante. En estos casos, las decisiones sobre si los niños deben vivir en la prisión o abandonarla y cuándo deben hacerlo, deberán basarse, conforme a las recomendaciones de UNICEF, en un análisis individualizado, caso por caso, del mejor interés del menor, en los que, no obstante, ni el lugar de nacimiento, ni el hecho de ser adoptado deben ser puntos pertinentes a tomar en cuenta en dichas decisiones. Por su parte, factores como el tipo de delito, la duración de la sentencia, comportamiento en la cárcel y otros puntos similares deben tomarse en cuenta sólo en la medida en que afecten el interés superior del menor y no deberán excluir automáticamente a los progenitores –en este caso, a las mujeres– de la posibilidad de conservar a sus niños y niñas con ellos en la cárcel18.

FUNDAMENTO LEGAL

El suscrito, Rafael Hernández Soriano, Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y Décimo Segundo del Acuerdo relativo a las sesiones y el orden del día de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de la LXIII Legislatura, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL.

Artículo Único. Se reforma las fracciones VI y IX, así como el segundo párrafo, todos del Artículo 10, para quedar como sigue:

Artículo 10. Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario

Además de los derechos establecidos en el artículo anterior, las mujeres privadas de la libertad tendrán derecho a:

I. a V. …

VI. Conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de seis años a fin de que pueda permanecer con la madre en el Centro Penitenciario, de conformidad a las disposiciones aplicables y, siempre y cuando, no contravenga el interés superior del o la menor de edad;

VII. a VIII. …

IX. Acceder, a los medios necesarios que les permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo adoptar decisiones respecto a su cuidado.

Para el caso de las mujeres que deseen conservar la custodia de la hija o el hijo menor de seis años, durante su estancia en el Centro Penitenciario y no hubiera familiar que pudiera hacerse responsable en la familia de origen, la Autoridad Penitenciaria establecerá los criterios para garantizar el ingreso de la niña o el niño.

X. y XI. …

La Autoridad Penitenciaria coadyuvará con las autoridades corresponsables, en el ámbito de su competencia, para proporcionar las condiciones de vida que garanticen el desarrollo integral de niñas y niños.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de julio de 2016.

Suscribe

Dip. Rafael Hernández Soriano.

1 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/mujeresyhombres.aspx?tema=P

2 http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/10_de_mayo_2015_Dia_de_las_Madres, Inegi, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al cuarto trimestre de 2014.

3 Salinas Boldo, Claudia. Cárceles espacios para la opresión, México, Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año IX, No. 117. Enero-Junio de 2014..

4 CNDH, Clasificación penitenciaria, Recomendación. febrero de 2016.

5 Azaola, Elena; Situación de las prisiones en América Latina, Ciesas, México, 2015.

6 CNDH, Datos de Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional, octubre de 2015, SEGOB, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.

7 Salinas Boldo, Claudia. Op. Cit.

8 Ibídem.

9 Fuente: http://www.animalpolitico.com/2015/06/8-de-cada-10-mujeres-en-prision-encerradas-por-un-delito-

10 CNDH; Informe especial sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana. Marzo, 2015.

11 CNDH, Op. Cit.

12 CNDH, Ibídem.

13 CDN, art. 6: «1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.

14 CDN, art. 19: «1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

15 Véanse las recomendaciones del día de debate general sobre los hijos de padres encarcelados, CDN, (2011).

16 La CDN reconoce en su Preámbulo que «el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia». Como consecuencia, la CDN recoge este principio fundamental en numerosas disposiciones. En el artículo 5º se establece que los Estados respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada. En el artículo 7.1 se reconoce el derecho del niño o niña a «conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos». También se obligó el Estado en el art. 8.1 a «respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas». La misma norma dispone que «incumbirá a los padres... la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño.» Sobre esta cuestión, la Corte IDH concluyó que «el niño debe permanecer en su núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes, en función del interés superior de aquél, para optar por separarlo de su
familia», OC Nº 17/2002, del 28 de agosto de 2002.

17 ONU, Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres, delincuentes y sus comentarios, 2011.

18 http://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEF-observacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

(Presentada por los Diputados María Eloísa Talavera Hernández y Juan Pablo Piña Kurczyn, del grupo parlamentario del PAN)

Quienes suscribimos, MARÍA ELOÍSA TALAVERA HERNÁNDEZ y JUAN PABLO PIÑA KURCZYN, diputados federales de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE FINANCIAMIENTO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Actualmente existe una petición única en todos y cada uno de los ciudadanos que habitamos en nuestro país. Me refiero a la transparencia con que deben actuar cada uno de los servidores públicos, así como la estricta aplicación de los recursos económicos que tienen a su cargo.

En dicha dinámica, los partidos políticos estamos también obligados a conducirnos con transparencia, pero además, debemos reforzar nuestra obligación de representar debidamente a los ciudadanos, y en ello no convertirnos en una carga a su economía. Ante ello, proponemos reducir el financiamiento público de los partidos políticos.

Este es el espíritu primordial de la presentación de esta iniciativa, que debemos decir, retoma las propuestas presentadas en la LXI Legislatura por el entonces diputado César Nava Vázquez, integrante del Partido Acción Nacional.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, en el país se llevaron a cabo las reformas electorales de 1964, 1977, 1987, 1990, 1993 y 1996, las cuales tuvieron como objetivo hacer más competitivo el sistema político y de partidos.

La reforma electoral de 1996 fue de los primeros avances de reforma del marco constitucional sobre el financiamiento público de los partidos políticos, además que de manera inédita estableció una suma anual para cada uno de los partidos políticos por concepto de actividades ordinarias, y otra suma igual a la asignada por el concepto citado en el año de la elección federal ordinaria.

Esa reforma tuvo como objetivo principal establecer límites en el financiamiento público, así como darle prioridad a dicho financiamiento sobre el financiamiento privado.

Sin embargo, al paso del tiempo se hizo necesaria una valoración de la reforma de 1996, sobre todo en el sentido de disminuir el gasto de los partidos políticos en sus actividades ordinarias y en sus gastos de campaña.

En ese tenor y después de una discusión al respecto en 2007, el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional en materia electoral sustentada en tres ejes primordiales:

a) La disminución en forma significativa en el gasto de las campañas electorales.

b) El fortalecimiento de las atribuciones y facultades de las autoridades electorales federales.

c) El diseño de un nuevo modelo de comunicación entre la sociedad y los partidos políticos.

De estos ejes y en específico por lo que concierne al financiamiento de los partidos políticos, se derivaron propuestas medulares entre las que destacan una nueva forma de cálculo del financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos, la reducción del financiamiento público destinado a las campañas electorales y, el establecimiento de límites menores para el financiamiento privado que pueden obtener los partidos.

La nueva fórmula para determinar el financiamiento público para los partidos políticos aprobada por el Congreso de la Unión representó una dinámica más simple y revestida de certeza jurídica, además de que se establecieron parámetros específicos para la estimación del financiamiento público para cada partido. Para el cálculo mencionado se contemplan dos factores: 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

Por otro lado, en cuanto a lo que se refiere al financiamiento público para actividades de campaña electoral, la reforma establece que en el año de elecciones intermedias, cuando solamente se renueva la Cámara de Diputados, los partidos recibirán, en su conjunto, solamente 30 por ciento del monto del financiamiento ordinario que corresponda en el mismo año. En el año de las elecciones en que se renuevan de manera simultánea el Poder Ejecutivo federal y ambas Cámaras del Congreso de la Unión, equivaldrá a 50 por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en el mismo año.

De conformidad con diversos estudios referentes a los efectos de la reforma electoral, se estimó que dicha fórmula para determinar el financiamiento público para los partidos políticos representaría un ahorro de 7.83 por ciento respecto al gasto de actividades ordinarias, con relación a la fórmula que se aplicaba antes de la reforma electoral de 2007.

Es evidente que con la reforma multicitada se logró la reducción del financiamiento público de los partidos políticos nacionales, sin embargo, la situación económica actual exige que se analice la posibilidad de reducir en mayor cantidad el financiamiento público en lo que respecta a las actividades ordinarias que realizan los partidos políticos, en el entendido que en este tipo de actividades los partidos están en posibilidad de realizar ajustes financieros y de esta manera mostrar solidaridad con el plan de austeridad del Ejecutivo federal.

Objeto de la iniciativa

La iniciativa de mérito tiene como propósito reformar el marco constitucional con la finalidad de reducir el financiamiento público destinado a los partidos políticos nacionales para sus actividades ordinarias, con el propósito de ahorrar recursos para el erario y que estos recursos sean utilizados en atención a necesidades prioritarias del Estado mexicano.

Por lo anterior se propone la modificación de la fórmula que establece la Constitución para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos, disminuyendo de 65 a 35 por ciento la proporción del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, el cual se multiplica por los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, lo cual traería como resultado la disminución de aproximadamente 50 por ciento del monto del financiamiento público que actualmente reciben los partidos políticos.

Se propone la reducción del factor del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización de 65 a 35 por ciento en razón de la factibilidad de variabilidad de dicho factor, esto se puede apreciar en los diferentes porcentajes establecidos en las leyes electorales de las entidades federativas que adoptan la fórmula del 41 constitucional. Dichos porcentajes del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización se adecuan en principio al aplicable en la capital del estado en cuestión y después en consideración a particularidades como el número de ciudadanos empadronados en el estado, el número de partidos locales, así como de las propias necesidades presupuestales de cada gobierno local.

Como se mencionó, los partidos políticos con registro nacional reciben recursos de acuerdo con el artículo 41 constitucional, sin embargo, una vez que éstos se acreditan como tales ante las autoridades electorales locales de cada entidad federativa, también reciben los recursos especificados en el artículo 116, fracción IV, inciso g). En ambos casos pueden destinarse para los gastos ordinarios permanentes, por lo que podría generarse un doble financiamiento.

Por ello también se propone eliminar el financiamiento que las autoridades locales otorgan a los partidos políticos en el entendido de que el Instituto Nacional Electoral ya destina recursos para este concepto, por lo que se duplica el financiamiento público para las actividades ordinarias de los partidos; es decir, reciben por partida doble el financiamiento por dicho concepto.

Por otro lado, es importante precisar que nuestra Carta Magna redefinió los usos del financiamiento público en la reforma constitucional de 2007, en el sentido de que se determinó la asignación del financiamiento público en tres actividades: las ordinarias, las extraordinarias y las actividades específicas.

El objeto de esta iniciativa se centra en las actividades ordinarias que los partidos realizan independientemente de que haya o no procesos electorales. Tales actividades comprenden el sostenimiento de sus oficinas, el pago de los emolumentos del personal que trabaja para ellos, los gastos de transporte de sus dirigentes, la impresión y publicación de material propagandístico y todo lo que normalmente realiza un partido político en periodos no electorales.

El tema del financiamiento es importante debido a su efecto en el sistema político, del financiamiento depende también el sistema de partidos y viceversa. En las democracias en transición juega un papel importante. Afecta también la contienda interpartidista, las condiciones de competencia, la propia credibilidad y legitimidad de la democracia misma.

La presente propuesta encuentra sustento fundamentalmente en la demanda que la sociedad pide a sus gobernantes y a quienes toman las decisiones trascendentales del país de “ajustarse el cinturón”.

Así, la propuesta es determinante y pretende que con la modificación a la fórmula que se propone se disminuya aproximadamente 50 por ciento del gasto de los partidos políticos en sus actividades ordinarias; las prerrogativas en materia de financiamiento público para los partidos políticos nacionales se encuentran contempladas en el artículo 41, fracción II, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo los parámetros que son la base para la fórmula de financiamiento público para las actividades ordinarias, extraordinarias y específicas de los partidos políticos, situándose la propuesta de modificación en dicho precepto normativo, en específico, en el inciso a), el cual establece la fórmula para el financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos, asimismo, en la legislación relativa a los partidos políticos se considera este concepto en la fracción I del inciso a), numeral 1, del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.

Por las razones expuestas, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el cual se reforma el inciso a), de la fracción II del artículo 41; el inciso g) de la fracción IV del artículo 116, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se reforma la fracción I del inciso a) del numeral 1 del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos

Primero. Se reforma el inciso a), de la fracción II del artículo 41, y el inciso g) de la fracción IV del artículo 116, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

...

I. ...

...

...

II. ...

...

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

b) ...

c) ...

...

...

Base III a la Base VI...

Artículo 116. ...

...

I. a III...

IV. ...

a) a f) ...

g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes remanentes;

h) ...

...

...
Segundo. Se reforman la fracción I del inciso a) numeral 1 del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:

Artículo 51.

1. ...

a)...

I. El consejo general, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el organismo público local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el treinta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

II. a V. ...

b) y c) ...

2...

3...

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de julio de 2016.

Atentamente

Dip. María Eloísa Talavera Hernández.

Fuentes
1. Andrade Sánchez, Eduardo. La reforma política de 1996 en México , en Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica, número 25, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México.
2. Análisis del sistema electoral mexicano, informe de un grupo de expertos.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Guanajuato a implementar las acciones necesarias para reforzar las estrategias de prevención y combate a la inseguridad, a fin de salvaguardar la integridad y patrimonio de los ciudadanos de la entidad ante el exponencial incremento de ilícitos. Se turna a la Primera Comisión.







 

Del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a establecer la transparencia total de los procesos de evaluación; y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a realizar, con apoyo de especialistas, una evaluación de todas y cada una de las evaluaciones del Servicio Profesional Docente. Se turna a la Segunda Comisión.

Quien suscribe, Senador ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, Legislador de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA ESTABLECER LA TRANSPARENCIA TOTAL DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN, ES DECIR, QUE HAGA PÚBLICAS MUESTRAS REPRESENTATIVAS DE LOS CONTENIDOS DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LAS EVALUACIONES DERIVADAS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA EDUCATIVA DE 2013, Y AL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA QUE REALICE CON APOYO DE ESPECIALISTAS UNA EVALUACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS EVALUACIONES DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, con fundamento en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La reforma en materia educativa aprobada por esta Soberanía en 2013 otorga a la evaluación de los maestros un papel central para mejorar la calidad de la educación. Este último gran objetivo fue, sin duda, el motivo de la aprobación de la reforma en el Congreso de la Unión.

En septiembre de 2013 se aprobaron la reforma a la Ley General de Educación y las leyes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la General del Servicio Profesional Docente. Esta última establece, entre otras cosas, los lineamientos generales para la evaluación docente y las atribuciones de las instituciones involucradas; también señala con claridad, en su artículo 14, los aspectos de la práctica docente que la evaluación debe considerar para que efectivamente se identifiquen fortalezas y debilidades y, por lo tanto, sus resultados conduzcan al desarrollo profesional.

A partir de la aprobación de las leyes se han realizado dos concursos para el ingreso al servicio, uno para la promoción y una primera fase de la evaluación del desempeño. En estas evaluaciones, especialmente en la del desempeño, no se han atendido los aspectos señalados en el artículo 14 de la LGSPD; la primera fase de la evaluación del desempeño, iniciada en noviembre de 2015, se limitó a la aplicación de tres instrumentos (un examen de opción múltiple, la elaboración de un plan de clase y la recopilación de una pequeña muestra de trabajos de los alumnos), que no permiten formarse un juicio fundamentado y riguroso acerca de las características del trabajo docente o directivo del sujeto evaluado.

Los maestros ya evaluados identifican con claridad las limitaciones de la evaluación a la que fueron sometidos (en los exámenes, por ejemplo, se ha señalado su gran extensión, la irrelevancia de muchas preguntas, la mala redacción e incluso faltas de ortografía, así como la ausencia de opción de respuesta claramente correcta o de más de una opción correcta). No podemos negar que este es uno de los factores que ha generado resistencia a la reforma y que esta no se ubica solo en el sector del magisterio identificado con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sino que involucra a un número cada vez mayor de maestros y directivos de base. Es necesario que al igual que ocurre en el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) la Secretaría de Educación Pública libere muestras representativas de reactivos (o preguntas) y otros contenidos de los instrumentos de evaluación.

Varios especialistas en educación han señalado las limitaciones de esta evaluación; un análisis recientemente elaborado por el Instituto Belisario Domínguez [*] concluye que es necesario evaluar la evaluación, por lo menos en los siguientes aspectos:

a) Las bases sustantivas de la evaluación: rele­vancia, pertinencia, precisión y factibilidad de cada uno de los rasgos de los perfiles de desempeño, parámetros e indicadores, según la función específica (por nivel y modalidad) para la que fueron acuñados, la correspondencia de tales elementos con los objetivos, principios y orientaciones esta­blecidas en los documentos curriculares a los que la práctica docente está sujeta, y la congruencia de todo este conjunto de elementos.

b) La calidad técnica de los reactivos de las pruebas de opción múltiple, y de los crite­rios y niveles de ejecución definidos en las rúbricas para evaluar evidencias de trabajo; la congruencia, o alineación, de estos con los elementos mencionados en el inciso anterior, su claridad e inclusive su redacción y ortografía deben ser parte de esta revisión.

c) Los criterios de calificación y la determina­ción de niveles de desempeño.

d) La capacidad de tales bases e instrumentos para evaluar, como debería ser, la función específica de los profesionales evaluados, según nivel, modalidad y tarea.

Las experiencias de evaluación no son recientes en nuestro país; desafortunadamente han mostrado que en esta materia aún subsisten graves desafíos para garantizar evaluaciones bien fundamentadas, técnicamente rigurosas y justas. Entre 2006 y 2013 la Secretaría de Educación Pública aplicó la prueba ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares) para medir el aprendizaje en matemáticas y lectura en la educación primaria y secundaria. Los bajos resultados provocaron un reclamo social por el mejoramiento de la calidad de la educación; los resultados fueron la base para presionar principalmente al personal docente de las escuelas para mejorarlos. En 2014 el INEE convocó a un grupo de expertos para realizar una evaluación de validez (Las pruebas ENLACE y EXCALE. Un estudio de validación, Felipe Martínez Rizo, coord., 2015). Esa evaluación demostró múltiples debilidades técnicas, además de sesgos culturales, y fundamentó la cancelación de la ENLACE.

Para la gran finalidad de la reforma (mejorar el aprendizaje de millones de niñas, niños y adolescentes, no lo olvidemos) solamente una evaluación técnicamente rigurosa y justa puede ser útil, al convertirse en fundamento de la corrección de las fallas del sistema y de sus administradores, y de programas específicos de desarrollo profesional. Solo una evaluación técnicamente rigurosa y justa logrará la legitimidad necesaria para instalar en nuestro sistema la práctica de la evaluación otorgándole sentido de mejoramiento y no de represión y castigo.

El día 31 de mayo del año en curso presentamos un Punto de Acuerdo por el que exhortamos a las autoridades educativas a abrir el diálogo con los maestros, de manera inmediata; pocos días después ocurrió la tragedia de Nochixtlán provocada por el autoritarismo, expresado en la negativa a dialogar; se optó por la fuerza y no por la política. Las lamentables consecuencias son de conocimiento de todos. La situación crítica aún no se ha superado, es urgente que el Senado asuma un papel más activo, dentro del marco de sus atribuciones, y ello incluye promover la necesaria evaluación de la reforma en materia educativa.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Uno.- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para establecer la transparencia total de los procesos de evaluación, es decir, que ponga a disposición pública muestras representativas de “reactivos” -o cuestiones- de las pruebas de opción múltiple, así como muestras ya calificadas de los “expedientes de enseñanza” y “planes de clase” utilizados en los siguientes procesos:

a. Ingreso al servicio profesional docente

b. Evaluación diagnóstica

c. Promoción a funciones directivas y de asesoría técnico-pedagógica

d. Desempeño profesional de personal docente, directivo y de asesoría técnica de las diferentes modalidades y niveles.

Dos.- Se exhorta al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para que, en cumplimiento de sus atribuciones legales, realice con apoyo de especialistas una evaluación de las evaluaciones para el ingreso, la promoción y, especialmente, del desempeño profesional realizadas a partir de 2014, análoga a la que se realizó de la prueba ENLACE en 2013.

Salón del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
Ciudad de México, el 13 de julio de 2016.

Suscribe.

[*]Ramírez, Rodolfo y Concepción Torres (2016). “La evaluación del desempeño docente: de lo comprometido a lo realizado”, en Temas Estratégicos 34, mayo. México: IBD.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre las sanciones administrativas y penales promovidas por presuntas violaciones y omisiones en materia ambiental y de vida silvestre relacionadas con la Granja Interactiva del Parque Ecológico Cuitláhuac, durante la administración de Clara Brugada Molina en la Delegación Iztapalapa. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 12 de agosto de 2012, la entonces delegada de Iztapalapa Clara Brugada Molina, inauguró el Parque Ecológico Cuitláhuac en los terrenos que anteriormente habían sido ocupados por un tiradero que fue clausurado en 1983. Para la construcción de esta obra se requirió una inversión de 114 millones de pesos.

Dentro de este proyecto se habilitó una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, que tenía como propósito la exhibición de animales, entre los que se encontraban: dos dromedarios, tres cebras, cuatro llamas y cinco ciervos rojos, así como decenas de animales de granja como gallinas, vacas, caballos y borregos. [*]

Con la creación de este parque se buscaba brindar a los habitantes de Iztapalapa un espacio para la recreación, el esparcimiento y lugar en para interactuar con los animales de la Granja Interactiva, a los cuales se les brindaría la atención y los cuidados necesarios.

Sin embargo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en un operativo realizado el 15 de agosto de 2013, identificó que los animales que se exhibían en el parque fueron adquiridos de manera ilegal, en virtud de que no contaban con la documentación que acreditara su adquisición, tal como consta en el acta PFPA/39.3/2C.27.3/00108-13/FA.

Además, se identificó que dicha granja no se encontraba registrada ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para funcionar como Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre.

De acuerdo al artículo 39 de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) señala que los propietarios o legítimos poseedores de los predios o instalaciones en los que se realicen actividades de conservación de Vida Silvestre deberán dar aviso a la Secretaría, la cual procederá a su incorporación al Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre.

Esta omisión por parte de la entonces delegada, no sólo representó una violación a las LGVS, sino también afectó la calidad de vida y los cuidados de los animales de la granja porque no se contaba con un Plan de Manejo, ni con el presupuesto para su alimentación y cuidados médicos, así como la falta de una infraestructura adecuada.

Para dimensionar la magnitud del maltrato del que eran objeto los animales de la Granja Interactiva durante la administración de Clara Brugada, basta mencionar estos eran alimentados con desperdicios de la Central de Abasto tales como: lechugas, jitomates y coles podridas.

En algunos casos, las vacas, los borregos y los caballos, llamas y ciervos, eran sacados de sus corrales para que se alimentaran de los pastizales del propio parque Cuitláhuac.

La falta de una planeación adecuada para la constitución de la Granja Interactiva y la carencia de recursos para la atención adecuada de sus animales, son problemáticas que fue heredadas a administraciones posteriores y que hasta la fecha no se ha resuelto.

En el año 2014, durante la administración de Jesús Valencia, la cría de una cebra murió al día siguiente de su nacimiento por la falta de personal veterinario que la pudiera atender. Asimismo, en el año 2015 una cebra falleció luego de desplomarse súbitamente y sufrir un golpe en la cabeza.

En el grupo parlamentario del PRI, condenamos toda forma de maltrato animal, por ello consideramos apremiante que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México asignen los recursos necesarios para que los animales de la Granja Interactiva Cuitláhuac cuenten con la infraestructura, alimentación y cuidados necesarios.

Consideramos que las omisiones y violaciones a las leyes ambientales por parte de la entonces delegada Clara Brugada no deben quedar impunes, por lo cual se deben aplicar las penas administrativas y penales que conforme a derecho procedan.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informen a esta Soberanía sobre las sanciones administrativas y penales promovidas, por presuntas violaciones y omisiones en materia ambiental y de vida silvestre relacionadas con la Granja Interactiva del Parque Ecológico Cuitláhuac, durante la administración de Clara Brugada Molina en la Delegación Iztapalapa.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y a la Jefa Delegacional en Iztapalapa, para que en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada instrumenten las acciones necesarias para asignar los recursos materiales y económicos que permitan garantizar la alimentación y atención médica y un trato digno de los animales la Granja Interactiva del Parque Ecológico Cuitláhuac.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 13 de julio de 2016.

Atentamente.

[*] Clara Brugada abrió granja de crueldad animal, Excélsior,< http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/06/23/1100577>





 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública a no afectar los programas de infraestructura educativa, ante los recortes presupuestales. Se turna a la Segunda Comisión.

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA A NO AFECTAR LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ANTE LOS RECORTES PRESUPUESTALES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 24 de junio de 2016, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, anunció un segundo recorte de 31,714.8 millones de pesos al presupuesto del gobierno federal debido al impacto que tendrá en los mercados internacionales la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit).

Por lo que respecta a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la reducción de recursos representa 6,500 millones de pesos. Estos recortes se aplicarán en cinco de 15 programas prioritarios, la lista la encabeza el programa para la inclusión y equidad educativa.

Si bien es necesario comprender la necesidad de ajustar el presupuesto ante una crisis de escala mundial, también es necesario comprender que en cuestión de política interior nos encontramos en pleno debate sobre la reforma educativa.

Debemos comprender que uno de los mayores rezagos en nuestro país, ha sido la exclusión social y educativa. Por ello es necesario tomar en cuenta que la implementación de las políticas públicas, programas institucionales y en general, cualquier mecanismo cuyo objetivo sea el rediseño de fondo y forma en materia educativa, son elementos que pueden considerarse como inversión de Estado y no gasto público.

Por ello no se justifican los recortes a los programas educativos cuando es necesario invertir mayores recursos en políticas sociales destinadas a la población que se encuentra con altos índices de pobreza y con diferentes limitaciones que los separa de los servicios educativos, sin embargo, aún no han sido suficientes.

En este sentido y atendiendo a la necesidad de recortar el gasto público es que a través de esta proposición se pretende que se reconsideren los recortes presupuestales a los programas de infraestructura educativa.

Es por lo anteriormente expuesto que propongo el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a modificar los recortes presupuestales en materia de Educación Pública, para no afectar los programas de infraestructura educativa.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a defender la inversión de los programas de infraestructura educativa, ante los inminentes recortes presupuestales.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente,
el día 13 de julio de 2016.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto.





 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a llevar a cabo los estudios necesarios que permitan evaluar la efectividad del actual programa de manejo del Área Natural Protegida “Monumento Natural Yaxchilán” y, en su caso, valorar la posibilidad de adecuarlo a la problemática existente en el área. Se turna a la Tercera Comisión.

El Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARAEVALUAR EL ACTUAL PROGRAMA DE MANEJO DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA “MONUMENTO NATURAL YAXCHILÁN” Y EN SU CASO VALORAR LA POSIBILIDAD DE ADECUARLO A LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN EL ÁREA, con base en los siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Yaxchilán, es una zona localizada en el municipio de Ocosingo, Chiapas, su red hidrológica es densa, y está integrada básicamente por los ríos Usumacinta, Lacantún, Jataté, Tzendales, Perlas y Lacanjá entre otros. Por otra parte, el municipio es rico en lagos como el Miramar, Ocotal, Lacanjá, Anaite, Orizaba, Maroma, Suspiro, Ojos Azules entre otros1.

Esta zona cuenta, al igual que Bonampak con una declaratoria reciente (marzo de 2001) como Zona de Monumentos Arqueológicos, su importancia deviene de belleza arquitectónica y cuenta con 124 textos distribuidos en 30 estelas, 21 altares, 59 dinteles.

Dichos monumentos reflejan jeroglíficos y representaciones de épocas y representaciones entre los que destacan Escudo Jaguar I (681 a 742 d. C.). Pájaro Jaguar IV (752 a 768 d. C.) y Escudo Jaguar II (771 a 800 d. C.), con una ubicación cronológica del Clásico Tardío, 600 a 800 d. C.2

De acuerdo con Felipe Díaz Arcos esta zona arqueológica significa algo mágico que en la lenguach’ol algo verde rodeado de vegetación y lo conjuga el sonido de los animales de diversas especies3.

Asimismo, en agosto de 1992 fue declarada como área natural protegida denominado monumento natural con una superficie de 2,621hectáreas4, se localiza en la Selva Lacandona a las orillas de un meandro del río Usumacinta, que sirve de frontera entre México y Guatemala, es importante mencionar que se le conoció con el nombre de MenchéTinamit, que en maya significa "piedras verdes"5.

Es un espacio que arqueológicamente es privilegiado al conformar un espacio documental y ser un lugar donde se conoce la vida de la ciudad durante el periodo clásico y su vasta región de las tierras bajas de la zona maya, como área natural protegida, conserva un valor patrimonial y cultural de monumento natural, en la que se pretende:

“Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos.

Preservar las especies agrupadas en alguna categoría de riesgo.

Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas.

Proteger los entornos naturales de las zonas, los monumentos y los vestigios arqueológicos, históricos, artísticos y de uso tradicional de los pueblos indígenas”6.

Como Monumento Natural, tiene un tipo de vegetación de selva alta perennifolia y ribereña7, con especies representativas de flora y diversas especies de fauna, que se encuentra en algún estatus de riesgo de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-59-SEMARNAT-2010, como:

Fauna

Nombre científico

Nombre Común

Estatus de Riesgo

Harpiaharpyja

águila harpía

Peligro de extinción

Spizaetusornatus

Águila elegante

Peligro de extinción

Sarcoramphus papa

Zopilote rey

Peligro de extinción

Ramphastossulfuratus

Tucán

Amenazada

Panthera onca

Jaguar

Peligro de extinción

Tapirusbairdii

Tapir

Peligro de extinción

Puma concolor

Puma

-

Leuparduspardalis

Tigrillo

Peligro de extinción

Leuparduswiedii

Ocelote o Margay

Peligro de extinción

Ateles geoffroyi

Mono araña

Peligro de extinción

Fuente: elaboración propia, con información de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la NOM-SEMARNAT-059-2010

Los monumentos naturales de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), son áreas que contengan uno o varios elementos naturales, consistentes en lugares u objetos naturales, que por su carácter único o excepcional, interés estético, valor histórico o científico, se resuelva incorporar a un régimen de protección absoluta. Tales monumentos no tienen la variedad de ecosistemas ni la superficie necesaria para ser incluidos en otras categorías de manejo.8

En este tipo de áreas naturales protegidas, únicamente se permite la realización de actividades relacionadas con su preservación, investigación científica, recreación y educación.

Es de destacar que el área natural protegida de Yaxchilán, después de 18 años tuvo la publicación en el Diario Oficial de la Federación de su Programa de Manejo, en el cual se indica que la administración del Monumento Natural recae fundamentalmente en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), pero también por otras dos entidades: la Subcomunidad Lacandona llamada Frontera corozal, de la población indígena ch´oly el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)9.

Esta zona arqueológica se ha visto amenazada por el saqueo de piezas arqueológicas, y el monumento natural por la caza ilegal de fauna, la colecta de flora, los incendios forestales, ganadería extensiva, expansión de la frontera agrícola y urbana. Por ello, es importante dar seguimiento puntual a las actividades realizadas en Yaxchilán para dar certeza a su protección y continuidad a las acciones del Programa de Manejo del Área Natural Protegida.

Recordemos que estas actividades ilegales demeritan la conservación del lugar por ello corresponde a la autoridad ambiental combatir y evitar estos actos. A razón de lo anterior, el Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas, establece que los Programas de Manejo deben publicarse al año siguiente de su declaratoria. Sin embargo en Yaxchilán, pasó el tiempo sin que se establecieran estrategias reales que permitieran su preservación.

Es de recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación general no. 26/2016, indicó que la omisión de formular, publicar y actualizar los Programas de Manejo constituye una violación de los derechos humanos a la seguridad jurídica, al medio ambiente sano y a la participación efectiva, particularmente de los pueblos y comunidades indígenas, respecto a la protección, uso y goce de su propiedad colectiva.

En este sentido y conforme al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas, en su artículo 77 el programa de manejo será revisado por lo menos cada cinco años, con el objeto de evaluar su efectividad y proponer posibles modificaciones.

Por ello, es necesario que el Programa de Manejo de Yaxchilán sea actualizado con oportunidad, para evitar que nuevas prácticas atenten con la biodiversidad arquitectónica y natural que presenta este monumento natural.

En atención a lo anteriormente expuesto, el Senador que suscribe pone a consideración del Pleno de la Comisión Permanente el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y con la Subcomunidad Lacandona llamada Frontera Corozal, de la población indígena ch´ol, se lleven a cabo los estudios necesarios que permitan evaluar la efectividad del actual programa de manejo del Área Natural Protegida “Monumento Natural Yaxchilán” y en su caso valorar la posibilidad de adecuarlo a la problemática existente en el área.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la
Comisión Permanente, el 13 de julio de 2016.

Atentamente

Sen. Luis Armando Melgar Bravo.

1 http://www.chiapas.gob.mx/gobierno-municipales/ocosingo

2 Secretaria de Cultura, INAH http://www.inah.gob.mx/es/zonas/30-zona-arqueologica-de-yaxchilan

3 Programa de Manejo del área natural protegida, Monumento Natural Yaxchilénhttp://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/PCyMYaxchilan.pdf

4 Institutito Nacional de Ecología http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/2/yaxchilan.html

5 Idem Instituto Nacional de Ecología

6 Programa de Conservación y Manejo Monumento Natural Yaxchilánhttp://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/PCyMYaxchilan.pdf

7 Institutito Nacional de Ecología,http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/2/yaxchilan.html

8 Artículo 52 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

9 Programa de Manejo, CONANP.
http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/PCyMYaxchilan.pdf





 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se requiere a diversas autoridades impulsen la cultura de buen trato a los animales y sancionen a los servidores públicos que propiciaron la muerte de un ejemplar en vías de extinción bajo su custodia. Se turna a la Primera Comisión.

El Senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE REQUIERE A DIVERSAS AUTORIDADES IMPULSEN LA CULTURA DE BUEN TRATO A LOS ANIMALES Y SANCIONEN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PROPICIARON LA MUERTE DE UN EJEMPLAR EN VÍAS DE EXTINCIÓN BAJO SU CUSTODIA, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Una nueva época.

El Siglo XXI se afianza como un tiempo que adquiere a pasos acelerados características propias. Las nuevas generaciones presentan visiones de la vida y valores que difieren notablemente de sus antecesores. Las y los jóvenes de hoy realizan sus actividades cotidianas inmersas en la tecnología. Rechazan cualquier tipo de discriminación especialmente en contra de las mujeres, lo que se refleja en un volumen más amplio de mujeres con acceso a la educación en particular a la superior y el consecuente retraso en la edad para formar una familia y tener hijos. Uno de los aspectos que se aprecian con mayor nitidez es el impulso que ha recibido el derecho a vivir en un medio ambiente sano. En buena medida, esta nueva actitud deriva de la concientización sobre la necesidad de actuar frente a la amenaza del Cambio Climático. Un componente esencial del viraje en la visión en torno al medio ambiente lo encontramos en la expansión del buen trato a los animales. Por ello, se debe rechazar categóricamente las aberraciones que sufrió el gorila conocido especialmente por la niñez de la Ciudad de México como Bantú, en un marco de indolencia que campea desde sus titulares en el Gobierno de la capital del país y en las Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Una cultura nueva.

Con la entrada en vigor en 1988 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente surge, por primera vez en nuestro país, el Derecho Ambiental como rama jurídica autónoma. Con este nuevo ordenamiento no sólo se fusionaron en enunciados normativos concretos las disposiciones relativas a la ecología que se encontraban dispersas en numerosas leyes, sino que se registró un auténtico avance en la relación del ser humano con la Naturaleza: se introdujo un catálogo de deberes de las personas tendiente al cuidado, conservación y mejora del Medio Ambiente. Con carácter de prioridad destacan las obligaciones de buen trato hacia los animales. El ambiental se ha convertido de esta manera en una de las ramas del Derecho con mayor y más vertiginosa evolución y desarrollo normativo. En el breve lapso de un cuarto de siglo, se ha consolidado un cuerpo de leyes en la materia. Del ordenamiento primigenio ya citado pronto hubo desprendimientos y surgieron en la República Mexicana la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley de Promoción y Desarrollo de las Bioenergéticas, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley Federal de Sanidad Vegetal, la Ley Federal de Variedades Vegetales, la Ley Federal del Mar y la Ley General de Cambio Climático, entre otras.

El conglomerado de normas ambientales fue producto de una cultura de respeto y cuidado hacia la naturaleza que se abre paso en la sociedad y que encuentra nuevos adeptos principalmente entre la juventud y la niñez. Gracias a las organizaciones sociales que tienen por objeto la preservación del medio ambiente, ha sido posible que los deberes de las personas hacia los animales se traduzcan, cada vez con mayor intensidad, en una conducta arraigada que se observa día con día.

El buen trato a los animales ha dejado de ser una mera aspiración. Hoy día son numerosas las acciones llevadas a cabo tanto por asociaciones civiles como por individuos para traducir en realidad una relación más amigable y respetuosa entre las personas y las demás especies que habitan en el planeta. Los animales de compañía, por su cercanía con las familias, han sido de los primeros en ser objeto de rescate. Proliferan en todo el país albergues principalmente para perros y gatos que sin importar la pureza de su raza reciben alimentación, atención médica y todo tipo de cuidados. Con ello, las mascotas han dejado de ser percibidas como meros objetos de ornato para reconocer su dignidad de seres vivos. El buen trato se impulsa también a favor de otras especies. Es así que numerosos grupos promueven la abstinencia en el consumo de productos derivados de la carne. Se promueven también con intensidad nuevas formas de llevar a cabo la ganadería en particular lograr la matanza de los animales sin dolor o sufrimiento.

Las desviaciones del buen trato hacia los animales tienen una enorme resonancia entre los segmentos juveniles de la sociedad. Cualquier acto u omisión que se aparte del buen trato produce reacciones airadas y movilizaciones intensas. En nuestro país hemos sido testigos de la fuerza con que se expresa el rechazo a actos que causan daño a los animales. Un ejemplo reciente fue el boicot que se produjo, desde las redes sociales, en contra de una cadena de comercialización de mascotas donde se registraron auténticos abusos en contra de los animales. Las protestas dan lugar a la intervención apresurada de las autoridades competentes y también a que se tomen medidas legislativas para evitar su repetición. Prueba del ímpetu con que se abre paso la cultura de buen trato hacia los animales la encontramos en las reformas y adiciones a diversas leyes que dieron como resultado la prohibición de circoscon animales. Al comprobarse las condiciones paupérrimasy principalmente los azotes y castigos con que se entrenaban tanto a elefantes como a las fieras, entre otras especies, fue prácticamente unánime la aprobación por parte de la juventud a esta medida legislativa. En los medios de comunicación y en redes sociales se pudo apreciar que la gran mayoría de la gente que protestaba y apoyó las modificaciones de ley en torno a los animales en los circos, fueron precisamente jóvenes. Cabe mencionar, asimismo, que de manera incipiente pero firme se han hecho cambios legales para erradicar las corridas de toros. Por considerar que se trata de uno de los ejercicios más agudos de crueldad hacia los animales este tipo de eventos han sido suprimidos en algunos estados de la República y aunque en otras entidades no se contó con la aprobación, se logró colocar en la discusión ante la opinión pública el punto que sin duda será retomado en el corto plazo.

Víctima indefensa: el gorila Bantú.

A pesar de la vigencia de cuerpos de leyes cada vez mejor estructurados para dar buen trato a los animales lamentablemente todavía se registran actos de crueldad, negligencia máxima y desprecio. El caso más reciente corresponde al gorila Bantú que se debe condenar de manera absoluta por las condiciones en que se produjo. Por principio de cuentas, se trata de una especie en extinción: el gorila de las montañas del que quedan unos cuantos ejemplares en su hábitat natural y por ello los individuos en cautiverio representan una gran oportunidad para lograr la preservación de estos fabulosos animales. Su muerte merece toda la reprobación ya que el daño fue perpetrado por servidores públicos que se supone debieran ser los principales protagonistas de la nueva cultura de buen trato hacia los animales. Bantú fue muerto por una falta de cuidado grave ya que al ser trasladado del zoológico de Chapultepec en la Ciudad de México al de Guadalajara en el estado de Jalisco se le aplicó anestesia en exceso para su traslado lo que produjo la pérdida de un valioso ejemplar de su especie. Al correr la noticia en medios de comunicación y redes sociales, expertos en la materia de inmediato hicieron ver el error garrafal que se registró como un eslabón en una cadena de negligencia. La ex directora del zoológico de Chapultepec, Marielena Hoyo, destacó además lo inadecuado de pretender el traslado de Bantú durante la noche, cuando todo se complica.

El desprecio hacia los animales en general y en torno a Bantú en particular se hizo patente aún después de su muerte. En efecto, en lugar de practicar una autopsia, como se acostumbra ante la importancia del cadáver en cuestión, bajo criterios estéticos evitando lo más posible desfigurar el cuerpo (en seres humanos se hace el corte longitudinal por un costado en lugar del frente), se hizo de la necropsia lo que la prensa ha calificado como una carnicería. De hecho se desmembró el cuerpo, se le decapitó, sin que se pueda hablar de la mínima concordancia con los fines de una autopsia. Si bien es cierto que para determinar si la anestesia fue la causa principal de la muerte del gorila se requieren estudios histopatológicos, lo cierto es que a través de incisiones inteligentes se puede recabar la muestra para su remisión al laboratorio. Las imágenes del ejemplar en vías de extinción despedazado han causado enorme irritación entre la población y despertado el rechazo hacia la actuación por igual de las autoridades de la Ciudad de México como de la SEMARNAT y de la PROFEPA, todas habiendo incurrido en culpa grave por su notoria falta de cuidado. Si se pone en contraste el cúmulo de obligaciones que de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos tienen las autoridades de la Ciudad de México, de la SEMARNAT y de PROFEPAcon el resultado del fallido traslado y muerte del gorila Bantú, se produce la conclusión de que incurrieron en la máxima negligencia y, en consecuencia, se debe ir más allá de la mera suspensión del director de zoológicos del gobierno de la Ciudad de México, medida tímida del Jefe de Gobierno y tomada sólo hasta que la presión social lo forzó a actuar. Por el contrario, la investigación de los hechos ha de ser extensiva a todas las autoridades tanto de la Ciudad de México como del gobierno federal que dejaron de cumplir con sus obligaciones. Si estas autoridades no son capaces de ir un paso adelante en la consolidación de la nueva cultura a favor del medio ambiente en general y del buen trato a los animales en particular, al menos que cumplan con sus obligaciones específicas como servidores públicos en función de la materia que tienen a su cargo.

El torpe sacrificio de que se hizo víctima a Bantú, gorila de las montañas en vías de extinción, debe servir al menos para afianzar y fortalecer la cultura de buen trato a los animales, sancionar a los servidores públicos que tuvieron contacto directo con el ejemplar y concientizar a las altas autoridades tanto al Jefe de Gobierno como a los titulares de la SEMARNAT y PROFEPA de que brinden la garantía de no repetición de estas violaciones al derecho a un medio ambiente sano principalmente hacia las y los jóvenes que les han convertido en objeto de su reprobación.

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se requiere, con toda atención, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México así como a los titulares de la SEMARNAT y de la PROFEPA para que investiguen hasta sus últimas consecuencias la cadena grave de negligencia y falta de cuidado de diversos servidores públicos tanto en los hechos que produjeron la muerte del gorila de las montañas de nombre Bantú, en vías de extinción, como de la nefasta manera en que se practicó la necropsia aplicando las máximas sanciones a quienes resulten responsables y, asimismo, se haga un llamado enérgico a dichas autoridades para que muestren un auténtico interés y convicción a favor de la cultura del buen trato a los animales.

Ciudad de México, el 13 de julio de 2016.

Atentamente

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.





 

De la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cancelar la ampliación de la concesión otorgada a OHL para la carretera Amozoc-Perote. Se turna a la Tercera Comisión.







 

De la Diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a reconsiderar la posibilidad de plantear una iniciativa para mejorar el sistema nacional de trasplantes o, en su caso, acelerar el análisis de la iniciativa que anunció en marzo de 2016 en materia de trasplantes, para integrarla a la discusión que han planteado distintas fuerzas políticas en la Cámara de Diputados. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe, MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A RECONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE PLANTEAR UNA INICIATIVA PARA MEJORAR EL SISTEMA NACIONAL DE TRASPLANTES O, EN SU CASO, ACELERAR EL ANÁLISIS DE LA INICIATIVA QUE ANUNCIÓ EN MARZO DE 2016, EN MATERIA DE TRASPLANTES, PARA INTEGRARLA A LA DISCUSIÓN QUE HAN PLANTEADO DISTINTAS FUERZAS POLÍTICAS, EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS. ASIMISMO, EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, A REVISAR LOS PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y LAS INICIATIVAS PROPUESTAS, EN MATERIA DE TRASPLANTES, PRESENTADAS DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA LXIII LEGISLATURA PARA VALORAR LA POSIBILIDAD DE INCORPORAR UNA PROPUESTA DE REFORMA POR PARTE DEL EJECUTIVO FEDERAL EN LA DISCUSIÓN.

A pesar de los esfuerzos que se han realizado para fortalecer el Sistema Nacional de Trasplantes, buscando ampliar y mejorar la calidad de vida de miles de pacientes, la discrecionalidad y lentitud, en el sistema de asignación de órganos en México1; la imposibilidad de que los ciudadanos podamos evaluar con datos suficientes, el desempeño hospitalario en materia de trasplantes2, y la inadmisible situación de tener más donantes vivos que donantes muertos3, nos indican que el sistema tiene muchos aspectos por mejorar.

Las repercusiones de mantener el Sistema Nacional de Trasplantes con tantas áreas de mejora sin atender, sin una discusión pública, sin un debate amplio que incluya a la Secretaría de Salud, sin cambios legales y sin transformaciones estructurales y organizacionales de fondo, cuestan mucho al Estado mexicano. Estos costos, se reflejan en pérdida de vidas humanas; baja en la calidad de vida de las familias; desperdicio de órganos; despilfarro de recursos por concepto de tratamientos como la hemodiálisis; perdida de horas laborales; desincentivo de donadores potenciales, y el estancamiento del capital humano, representado por los especialistas mexicanos que han invertido recursos, públicos y privados, en su formación y que no encuentran las condiciones necesarias para salvar todas las vidas que quisieran.

En consecuencia, esta soberanía, a propuesta de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, avaló varios puntos de acuerdo, en los que se hizo un llamando a la Secretaría de Salud, a poner atención en distintos aspectos problemáticos en el funcionamiento del Sistema Nacional de Trasplantes.

Aunado a ello, distintos grupos parlamentarios expresaron la preocupación sobre este tema, planteando, ante el pleno de la Cámara de Diputados4, cinco iniciativas de reformas y adiciones a la Ley General de Salud, en materia de donación y trasplantes de órganos. Asimismo, en marzo de 2016, se hizo público el interés del Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, para atender varios aspectos legales y organizacionales del Sistema Nacional de Trasplantes. Entre estos, la preocupante diferencia entre donantes vivos y muertos, así como la baja tasa de donación de nuestro país5.

En consecuencia, como legisladora ciudadana, considero que en una materia tan delicada como los trasplantes y la donación de órganos, es necesario el concurso de todos los actores interesados para aportar información, datos de primera mano, ideas para soluciones y análisis confiables sobre las dinámicas organizacionales y complejidades estructurales del sistema. En este sentido, el Poder Legislativo, a través de la Comisión de Salud y de los legisladores y legisladoras, preocupadas por este asunto, estamos retroalimentándonos constantemente con la mayor cantidad de información posible, recurriendo a todo tipo de fuentes académicas, institucionales, profesionales expertos, pacientes involucrados, sociedad civil organizada, organizaciones internacionales y datos oficiales de instituciones públicas.

No obstante ello, estamos convencidos de que en una democracia, no sólo es importante escuchar todas las opiniones, también lo es alentar a la participación más amplia posible, pues sólo la suma de esfuerzos, experiencias, conocimientos y voluntades, define el alcance de los cambios y desarrollo de nuestras instituciones.

Por ello, consideró pertinente hacer un llamado para que las autoridades del sector salud, revisen los puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y las iniciativas propuestas, en materia de trasplantes y donación de órganos para que valoren la posibilidad de incorporar una propuesta del Ejecutivo Federal en la discusión.

En este contexto, resulta necesario el reconocimiento del problema por parte del sector salud y una posición más receptiva por parte del Secretario de Salud y del titular del Centro Nacional de Trasplantes para que participen en la discusión y construcción de soluciones, sin consideraciones ajenas a la salud de los pacientes.

Por tal motivo, esperamos que ningún cálculo político o electoral, sea priorizado sobre el bienestar de los candidatos y candidatas a recepción de órganos y estamos convencidos de que esta propuesta con punto de acuerdo para invitar a la Secretaría de Salud y al Instituto Mexicano del Seguro Social, a coadyuvar en el debate para la definición de estos temas, será escuchada.

Por todo lo anterior, propongo el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero: Se exhorta de manera respetuosa al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, a reconsiderar la posibilidad de plantear una iniciativa para mejorar el sistema nacional de trasplantes o, en su caso, acelerar el análisis de la iniciativa que anunció en marzo de 2016, en mate