Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 27 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 10

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 29 de Junio de 2016

SUMARIO                                              


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LEGISLATURAS

Veintiún oficios, de los Congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, con los que remiten su aprobación al proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de atención a víctimas. La Comisión Permanente declara aprobado el DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX-X AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Se remite al Diario Oficial de la Federación. Intervienen al respecto los legisladores Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, Senador Héctor Adrián Mencha Medrano, Diputada Jorgina Gaxiola Lezama, Senador Zoé Robledo Aburto, Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich y Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.


MESA DIRECTIVA

El Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente da cuenta del PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE CONVOCA A LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN A CELEBRAR UN PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS. Se considera de urgente resolución. Intervienen al respecto los legisladores Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, Senador Carlos Alberto Puente Salas, Senador Zoé Robledo Aburto, Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Diputado Francisco Javier Pinto Torres, Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, Diputada Sofía González Torres, Diputado Omar Ortega Álvarez, Diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos, Diputado Jericó Abramo Masso, Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Senador Enrique Burgos García, Senador Juan Carlos Romero Hicks, Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, Diputado Federico Döring Casar, Senador Alejandro Encinas Rodríguez y Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

Se aprueba en lo general y en lo particular el Decreto por el que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a celebrar un periodo de sesiones extraordinarias durante el actual receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, a partir del 5 de julio de 2016. Se comunica a la Cámara de Senadores. Públiquese en el Diario Oficial de la Federación.


MESA DIRECTIVA

El C. Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente da cuenta del PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE LA COMISION PERMANENTE CONVOCA A LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION A CELEBRAR UN PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS. Se considera de urgente resolución. Intervienen al respecto los legisladores Diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano, Senador Carlos Alberto Puente Salas, Senador Zoé Robledo Aburto, Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Diputado Francisco Javier Pinto Torres, Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, Diputada Sofía González Torres, Diputado Omar Ortega Álvarez, Diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos, Diputado Jericó Abramo Masso, Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Senador Enrique Burgos García, Senador Juan Carlos Romero Hicks, Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, Diputado Federico Döring Casar, Senador Alejandro Encinas Rodríguez y Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo.

Se aprueba en lo general y en lo particular el Decreto por el que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a celebrar un periodo de sesiones extraordinarias durante el actual receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, a partir del 6 de julio de 2016. Se comunica a la Cámara de Diputados. Públiquese en el Diario Oficial de la Federación.























































































































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:31 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Señor Presidente, conforme al registro electrónico, se tienen acreditados 37 ciudadanos legisladores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 29 de junio de 2016, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos previstos en la agenda del día de hoy. Si algún legislador requiere copia impresa, le ruego lo solicite a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor también pueden consultar la versión electrónica de la Gaceta.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la Ciudad de México a las once horas con treinta y tres minutos del miércoles veintidós de junio de dos mil dieciséis, con una asistencia de veintidós legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión celebrada el miércoles quince de junio de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que comunica que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 26 de junio a 1 de julio de 2016, a efecto de atender la invitación del Gobernador General de Canadá y del Primer Ministro de Canadá para realizar una visita de Estado a Canadá y participar en la VIII Cumbre de Líderes de América del Norte, respectivamente. Una vez concluidas sus actividades en Canadá, el Presidente de la República se trasladará a la ciudad de Puerto Varas, Chile, donde participará en la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, América del Norte; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de mayo de 2016, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de mayo de 2015.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, oficio por el que informa que durante el mes de mayo de 2016 únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del congreso del estado de Sonora, iniciativa de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 24 bis de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron de la Senadora Marcela Guerra Castillo, los siguientes Informes: 1) Como Presidenta de ParlAméricas, en ocasión de la 39ª Reunión del Consejo de Administración de ParlAméricas, en Ottawa, Canadá, del 9 al 11 de marzo de 2016 y, 2) En su calidad de integrante de la Delegación del Congreso de la Unión, en ocasión de la 134ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas, en Lusaka, Zambia, del 19 al 23 de marzo de 2016.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Itzel Ríos de la Mora y Sonia Rocha Acosta, Informe de su participación en los trabajos de las reuniones de las Comisiones de Pueblos Indígenas y Etnias y de Equidad de Género, Niñez y Juventud; así como en el Encuentro Anual organizado por el Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAméricas, que tuvieron lugar en Quito, Ecuador, los días 2 al 4 de junio de 2016.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General para el Control del Tabaco.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón, a nombre de la Diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional, en materia del derecho humano del debido proceso.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Omar Ortega Álvarez, a nombre de los Diputados Juan Fernando Rubio Quiroz y Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Norma Rocío Nahle García, a nombre del Diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE LA DIPUTADA
PATRICIA SÁNCHEZ CARILLO

 

El Diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 32 y 33 de la Ley General de Asentamientos Humanos.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Diputados.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo:

1. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a realizar una auditoría que permita verificar que no existen desviaciones o irregularidades en el uso de los recursos financieros y materiales de la Delegación Cuauhtémoc.- Intervinieron los legisladores: Diputada Norma Rocío Nahle García de MORENA, a favor; y Senador Jesús Casillas Romero del PRI, a favor. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.

2. Por el que se solicita al gobernador del estado de Morelos y a la Fiscalía General del estado información sobre el curso que guardan las investigaciones respecto a las fosas ubicadas en la localidad de Tetelcingo, municipio de Cuautla.- Intervino el Senador Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.

3. Que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo una campaña cívica masiva por el respeto mutuo y trato digno, sin discriminación, a todos los usuarios del transporte público de pasajeros y del espacio público.- Intervino la Senadora Carmen Dorantes Martínez del PRI, a favor. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, once dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo:

1. Que exhorta a que en la convocatoria sobre la obtención de apoyos mediante el Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, se considere preferentemente como requisito para las empresas seleccionadas, priorizar la contratación de las personas ex becarias del CONACyT.- La Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, hizo uso de la palabra para presentar los dictámenes. Intervino el Senador Sofío Ramírez Hernández del PRI, a favor. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.

2. Por el que se solicita a la Secretaría de Salud realizar las acciones necesarias para emitir una norma oficial mexicana que establezca los lineamientos para regular en el país la práctica de la homeopatía.- Intervino la Diputada Xitlalic Ceja García del PRI, a favor. La Presidencia recibió el texto de la intervención del Diputado Jorge Álvarez Máynez de MC. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.

3. Que exhorta a diversas autoridades a instrumentar acciones para garantizar el acceso de las mujeres a los servicios de salud durante el embarazo, parto y puerperio.- Intervino la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del PRI, a favor. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.

4. Que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a impulsar las acciones necesarias para brindar servicios médicos eficaces, oportunos y de calidad.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.

5. Que exhorta a promover y garantizar el acompañamiento y la orientación de personal profesional a niñas, niños y adolescentes que intervengan en un proceso judicial.-Intervino el Senador Ismael Hernández Deras del PRI, a favor. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.

6. Que exhorta al ayuntamiento de Zapopan, Jalisco y al Consejo del Deporte de ese estado a fortalecer las acciones encaminadas a preservar y conservar la denominada “Ruta Ciclista Boreal”.- Intervino el Senador Jesús Casillas Romero del PRI, a favor. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.

7. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fortalecer los contenidos de los nuevos planes y programas de estudio de educación básica e inicial, en materia de educación ambiental, desarrollo sustentable, prevención del cambio climático y valoración de la protección y conservación del medio ambiente.-Intervino la Senadora Carmen Dorantes Martínez del PRI, a favor. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.

8. Que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a continuar realizando las acciones necesarias para implementar el Mecanismo Nacional y los Mecanismos Estatales de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.

9. Por el que exhorta al Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes a fortalecer y difundir las políticas, estrategias, acciones y campañas diseñadas para promover la educación sexual y la prevención del embarazo en niñas y adolescentes.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.

10. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer y ampliar sus campañas de información y concientización en tiempos oficiales en los medios de comunicación, en relación a la importancia de promover y garantizar la igualdad de género en nuestro país.- Intervino la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI, a favor. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.

11. Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a suscribir la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la envíe al Senado de la República, para su aprobación.- Intervino la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del PRI, a favor. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos a presentar un informe sobre las causas y consecuencias de la explosión del 20 de abril de 2016 en la Planta Clorados III del complejo petroquímico “Pajaritos”, municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.- Intervino la Diputada Norma Rocío Nahle García de MORENA, quien presentó propuesta de adición al acuerdo, la cual fue aceptada por la Asamblea. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, diez dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo:

1.Por el que se solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública un informe sobre la estrategia de seguridad pública seguida hasta ahora en el estado de Tamaulipas.

2.Por el que se solicita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca información sobre los avances en la investigación de los presuntos actos de corrupción cometidos en el estado de Oaxaca.

3.Por el que se solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua evaluar e informar sobre las cifras actualizadas en materia de seguridad pública en la entidad, en los rubros de delitos de más alto impacto, así como los instrumentos empleados para la medición respectiva.

4.Por el que se solicita al gobierno del estado de Yucatán un informe sobre el seguimiento que se le ha dado a los hechos violentos ocurridos entre los vecinos de la comisaría de Chablekal en Mérida Yucatán y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública cuando se pretendía desalojar un predio de la localidad, el 3 de mayo de 2016.

5.Que exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a implementar un plan integral para la mejora de las Agencias del Ministerio Público, con la finalidad de que brinden un servicio eficiente a la ciudadanía.

6.Que exhorta al Instituto Nacional Electoral a llevar a cabo el proceso de designación de los Consejeros Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

7.Por el que se solicita al gobierno del estado de Guanajuato un informe que contenga las acciones emprendidas en contra de los servidores públicos que, por acciones u omisiones, incurrieron en irregularidades que derivaron en observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014.

8.Por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación incluir en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, un apartado en el que se revise el uso de los recursos federales otorgados, a través de los ramos 23, 28 y 33, al estado de Quintana Roo.

9.Por el que se consideran atendidas diversas proposiciones en materia electoral, presentadas el 18 de mayo de 2016.

10.Por el que se consideran atendidas diversas proposiciones en materia electoral, presentadas el 25 y 31 de mayo de 2016.

Los diez dictámenes con punto de acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, veinte dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo:

1.Que exhorta a la Secretaría de Salud, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y al Instituto Nacional de las Mujeres a fortalecer las acciones de difusión a nivel nacional sobre los beneficios que aporta la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida a los bebés y a las madres.

2.Que exhorta a las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República y de la Cámara de Diputados a que acompañen los trabajos del Mecanismo de Seguimiento Especial para el Caso Iguala, encargado de coadyuvar en las investigaciones y vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, respectivamente.

3.Por el que se condenan los actos de violencia ejercidos en contra de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, y particularmente en el caso de la C. Rosa Pérez Pérez, Presidenta Municipal de Chenalhó, Chiapas.

4.Que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a las autoridades de salud de las entidades federativas a emprender acciones para integrar y mantener actualizado el Registro Nacional de Enfermos Renales.

5.Que exhorta a la Secretaría de Salud a revisar el Acuerdo por el que se da a conocer la serie de leyendas, imágenes, pictogramas, mensajes sanitarios e información que deberán figurar en todos los paquetes de productos del tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos, a partir del 24 de marzo de 2016 y hasta el 30 de noviembre de 2017.

6.Que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública Federal a informar los estímulos derivados del programa de carrera magisterial.

7.Por el que se solicita al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca información sobre las causas de la presunta retención de la nómina de personal docente en el estado de Oaxaca.

8.Que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar sobre las acciones que se emprenderán para reparar integralmente el daño y dar cabal cumplimiento a la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el caso de la Sra. Jacinta Francisco Marcial.

9.Por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que elabore un diagnóstico y presente un Informe Especial sobre la problemática de los linchamientos en el territorio nacional.

10.Por el que se solicita al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a los sistemas locales y municipales de protección de las entidades federativas a diseñar una estrategia que contribuya a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en contextos de inseguridad, violencia y delincuencia.

11.Por el que se solicita la comparecencia de diversos funcionarios para que informen sobre las implicaciones de la puesta en marcha de la primera fase del Sistema Universal de Salud.

12. Que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a las dependencias de salud de las entidades federativas a fortalecer las acciones encaminadas a la prevención, detección, tratamiento seguimiento y control de la hipertensión arterial y sus complicaciones.

13.Que exhorta al Comité para la conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a evaluar la publicación de una Constitución Infantil que sea de fácil comprensión.

14.Que exhorta a las Secretarías de Cultura y de Educación a promover la inclusión de los libros "El niño que tocó las estrellas" y "El cosechador de estrellas", de José Hernández Moreno.

15.Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las políticas farmacéuticas nacionales, promover un estudio sobre la regulación, disponibilidad, acceso y costo de los medicamentos en México.

16.Por el que la Comisión Permanente se congratula y felicita a la Doctora Irasema Alcántara Ayala por haber sido galardonada con la medalla Sergey Soloviev 2016, otorgada por la Unión Europea de Geociencias.

17.Que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a continuar promoviendo acuerdos entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y su Sindicato Único de Empleados, a fin de coadyuvar a que la huelga se levante y se reduzcan los efectos negativos hacia la Comunidad Universitaria.

18.Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a mantener actualizados los protocolos de salud y adoptar medidas de prevención frente a las intensas temperaturas que afectan al país, así como intensificar las campañas de difusión sobre las medidas sanitarias necesarias para prevenir y atender los efectos de las altas temperaturas.

19.Que exhorta a las secretarías de Gobernación y de Salud a fortalecer los refugios y centros de atención externa que tienen como objetivo contribuir a garantizar el derecho de mujeres, niñas y niños víctimas de violencia.

20.Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a mantener y fortalecer los canales de diálogo e interlocución con las maestras y maestros que se consideran afectados por la implementación de la reforma educativa en el país; así como garantizar el respeto a los derechos laborales del personal docente.

Los veinte dictámenes con punto de acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, treinta y dos dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo:

1. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a mantener actualizados y en condiciones de reacción inmediata, sus sistemas estatales de protección civil, sus protocolos de actuación en caso de siniestro o desastre natural, sus planes de acción, Atlas de Riesgos y una población informada a través de programas permanentes de orientación, respecto a las medidas a tomar en caso de cualquier emergencia.

2. Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a remitir un informe sobre las causas del accidente del pasado 3 de mayo en el que perdieron la vida tres trabajadores de la empresa minera “Buenavista del Cobre” en Cananea, estado de Sonora.

3. Que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a implementar acciones tendientes a que las empresas del sector de telefonía cumplan con el plazo de 24 horas que señala la ley, para llevar a cabo el procedimiento de portabilidad numérica.

4. Que desecha diversas proposiciones relativas a la calidad de las gasolinas importadas por Petróleos Mexicanos y la calidad del aire en la Megalópolis.

5. Por el que se reconoce al gobierno del estado de Jalisco por la inauguración del Primer Centro Turístico de Playa con Accesibilidad Universal, en Bahía de Cuestecomates, Cihuatlán, Jalisco. Asimismo, exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a implementar el principio de accesibilidad universal en todos los aspectos de la vida diaria de sus gobernados, principalmente aquélla que permita la inclusión y autonomía de las personas con alguna discapacidad.

6. Que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fortalecer programas tendientes a prevenir y erradicar la quema de gavilla principalmente en el estado de Sonora.

7. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a evaluar el hacer extensivo el beneficio de las transferencias de la recaudación en los puentes internacionales de la franja fronteriza del norte del país, en las que no exista dicho beneficio, utilizando el modelo implementado en Ciudad Juárez, Chihuahua.

8. Que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en el anteproyecto de Presupuesto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere recursos suficientes para el Hospital Infantil de México "Federico Gómez", para que pueda continuar con su importante labor de investigación médica.

9. Que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a reforzar las estrategias de comunicación para prevenir y erradicar los fraudes a través de los esquemas de "pirámides".

10. Que exhorta al Gobierno Federal a valorar la incorporación del estado de Chiapas al Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para Campeche y Tabasco.

11. Que exhorta al Gobierno Federal a considerar la creación de una oficina especializada en el diseño y aplicación de políticas públicas relacionadas con las remesas que envían migrantes mexicanos a sus familias radicadas en territorio nacional.

12. Que exhorta a la Secretaría de Cultura a promover el acceso sin costo a los guías de turistas nacionales debidamente acreditados en las zonas turísticas y arqueológicas.

13. Que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a continuar con las acciones tendientes a combatir la contaminación del aire en el municipio de Salamanca, así como de los municipios con niveles elevados por contaminación ambiental.

14. Que exhorta a los gobiernos de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y San Luis Potosí a transparentar los recursos otorgados mediante el Fondo Regional, así como el proceso de planeación y ejecución de los programas, para lograr el cumplimiento del objeto para el que fueron destinados.

15. Que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil y al Centro Nacional de Prevención de Desastres a actualizar los Atlas de Riesgos de las entidades federativas y de los municipios de nuestro país, de manera particular los del estado de Chiapas y sus municipios.

16. Que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a remitir un informe respecto del estado físico y de salud de los perros policías adscritos a la unidad canina K-9, en el municipio de Silao y que en el uso de sus facultades inicie los procedimientos correspondientes a fin de que se sancione administrativa y penalmente a quienes resulten responsables por actos de crueldad y maltrato animal.

17. Que exhorta a Petróleos Mexicanos a continuar garantizando el suministro de gas etano para los complejos petroquímicos Morelos, Pajaritos y Cangrejera, todos ubicados en Coatzacoalcos, Veracruz, y así evitar su cierre de operaciones.

18. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a diseñar y establecer mecanismos que atiendan la problemática de la generación de residuos, para el eficiente funcionamiento del sistema de bombas e infraestructura en la zona fronteriza y para la limpieza del Río Tijuana, en el Estado de Baja California.

19. Que exhorta al Estado Mexicano a adherirse al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, y lo remita al Senado de la República para su aprobación.

20. Que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a que en las zonas metropolitanas que se encuentren dentro del territorio de la entidad federativa que gobiernan, se implementen políticas públicas encaminadas a la modernización del transporte público de pasajeros.

21. Que exhorta al gobierno del estado de Yucatán y al gobierno municipal del ayuntamiento de Mérida a presentar un informe sobre la agresión que sufrieron choferes que prestan su servicio mediante la aplicación "Uber", el pasado 25 de mayo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Mérida, por parte de taxistas integrantes del Frente Único de Trabajadores del Volante.

22. Que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a que, en las zonas metropolitanas con más de quinientos mil habitantes que se encuentren dentro del territorio de la entidad federativa que gobiernan, se implementen políticas públicas encaminadas al establecimiento de zonas de bajas emisiones, en las cuales se restrinja la circulación de vehículos contaminantes, en particular el transporte pesado a diésel.

23. Que exhorta al Coordinador Ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a remitir un informe sobre las razones técnicas que motivaron las medidas temporales para prevenir, controlar y minimizar las contingencias ambientales o emergencias ecológicas, provenientes de fuentes móviles, que se han aplicado desde el 5 de abril de 2016, así como el contenido de las acciones que están por ser implementadas en relación con la mala calidad del aire.

24. Que exhorta al Senado de la República a aprobar la adhesión del Estado Mexicano al Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, y lo remita al Presidente de la República para su ratificación.

25. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, a fin de evitar abusos por parte de los prestadores de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos en carreteras federales, difunda las tarifas autorizadas para dichos  servicios y sancione a los permisionarios que no mantengan las tarifas máximas autorizadas a la vista de los usuarios.

26. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que la delimitación geográfica precisa de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, sea un polígono dividido en secciones, que incluya las regiones del Soconusco, del Itsmo-Costa y de Sierra Mariscal, a fin de que los impactos y beneficios económicos de su creación lleguen al resto del Estado de Chiapas.

27. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al poder ejecutivo del estado de Quintana Roo a evaluar el llevar a cabo las acciones necesarias a fin de preservar el Sistema Lagunar de Chacmuchuch.

28. Que exhorta a establecer mesas de trabajo interinstitucionales con la finalidad de resolver los problemas que padece la reserva de la Biosfera La Sepultura, en el estado de Chiapas.

29. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que, a través de Liconsa, el programa piloto de descuento al precio de la leche evalúe la posibilidad de beneficiar a los municipios inscritos en el catálogo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, coordinada por la Secretaría de Desarrollo Social.

30. Por el que se solicita al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo hacer públicos los procedimientos, objetivos, metas y avances de resultados en la contratación de deuda pública en los primeros seis meses de la actual administración.

31. Que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales a investigar y, en su caso, dar puntual seguimiento a las denuncias recibidas por presuntos delitos electorales en el estado de Oaxaca.

32. Que exhorta al gobierno del estado de Morelos a enviar un informe en el que se detallen las acciones de protección ambiental en el relleno sanitario de "La Perseverancia", ubicado en Cuautla, Morelos.

Los treinta y dos dictámenes con punto de acuerdo fueron aprobados en votación económica.

(Proposiciones)

La Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, a nombre propio y del Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a entregar en un lapso de 15 días, un informe pormenorizado sobre el procedimiento de adquisición y enajenación de 607 hectáreas en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato.-  Se turnó a la Primera Comisión.

 

El Diputado Juan Corral Mier, a nombre de la Diputada María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a publicar de los lineamientos del Fondo de Apoyo al Migrante, estipulado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2016, de tal manera que existan los recursos necesarios para la atención inmediata del grupo de migrantes mexicanos y extranjeros que están llegando a la frontera de Baja California con la intención de solicitar asilo político en Estados Unidos, generando una posible crisis humanitaria en la entidad receptora.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo, a nombre de las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se llama a comparecer a los Secretarios de Gobernación y de Educación Pública y se constituye una comisión de seguimiento a las investigaciones relativas a la represión policial en Nochixtlán, Oaxaca.- Solicitaron el uso de la palabra los legisladores: Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI; Diputado Federico Döring Casar del PAN; Diputado Omar Ortega Álvarez del PRD; Diputada Norma Rocío Nahle García de MORENA; Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD; y Diputado Jorge Álvarez Máynez de MC. El Presidente informó que la Mesa Directiva integró un proyecto de acuerdo sobre este asunto y consultó al Grupo Parlamentario del PRD retirar su proposición, lo cual fue aceptado. En consecuencia, se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva relativo a los acontecimientos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca. La Asamblea autorizó la discusión del Acuerdo. Intervinieron los legisladores: Diputado Alejandro González Murrillo del PES; Diputado Francisco Javier Pinto Torres de NA; Diputado Jorge Álvarez Máynez de MC;Diputada Norma Rocío Nahle García de MORENA, quien presentó propuesta de adición al acuerdo, la cual no fue aceptada por la Asamblea; Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano del PT, quien presentó propuesta de adición al acuerdo, la cual no fue aceptada por la Asamblea; Diputada Jorgina Gaxiola Lezama del PVEM; Diputado Omar Ortega Álvarez del PRD, quien presentó propuesta de adición; Senador Juan Carlos Romero Hicks del PAN; y Senador Sofío Ramírez Hernández del PRI. Para rectificación de hechos, hicieron uso de la palabra los legisladores: Senador Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; Diputado Adolfo Mota Hernández del PRI; Diputado Jorge Álvarez Máynez de MC; y Diputado Guadalupe Acosta Naranjo del PRD.

PRESIDE EL DIPUTADO
CÉSAR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ

Continúo para rectificación de hechos, el Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI. La propuesta de adición de diversos grupos parlamentarios presentada por el Diputado Omar Ortega Álvarez, fue aceptada por la Asamblea. El acuerdo con la adición aceptada fue aprobado en votación económica.

 

De la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a cumplir cabalmente con las 13 recomendaciones que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de salvaguardar la vida e integridad de las mujeres guanajuatenses.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

El Diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a exigir al gobierno de Nicaragua se esclarezca el caso de Jobany Torres Becerra.- Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Excitativa)

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de decreto que expide la Ley para el Diálogo e Implementación de la Reforma Educativa.- Se remitió a las comisiones correspondientes de la Cámara de Senadores.

 

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de decreto que expide la Ley de Procedimientos Policiales y Uso Legítimo de la Fuerza Necesaria.- Se remitió a las comisiones correspondientes de la Cámara de Senadores.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De los Diputados Armando Luna Canales y Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se deroga el segundo párrafo del artículo 1679 del Código Civil Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma artículos 3, 27, 28 BIS y 79 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que establece el Sistema Nacional de Becas para Estudiantes Indígenas.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 4 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de patrimonio natural.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Juan Manuel Cavazos Balderas y Edgar Romo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan el primer párrafo del artículo 25 y el segundo párrafo del artículo 60 de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que deroga el numeral 1 del inciso b) de la fracción I del artículo 2ª de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 175 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que deroga el artículo 189 de Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el centro de estudios para el fortalecimiento municipal.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII, recorriendo las subsecuentes, al artículo 35 de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 391 bis al Código Civil Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 13 de la Ley General de Víctimas.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación. - Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a redoblar esfuerzos en la implementación y difusión de aquellos programas y acciones enfocados en beneficio de las personas adultas mayores, como la capacitación y las bolsas de trabajo, a fin de darle una mayor atención a este sector que tanto nos ha heredado y aportado a nuestro país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a fortalecer la implementación de los protocolos de actuación y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de la entidad para prevenir nuevos motines que vulneren los derechos humanos y la integridad física de los internos, y a la sociedad en general.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar las diligencias correspondientes a fin de cumplir con los procedimientos legales a que haya lugar para llegar a acuerdos con los ejidatarios afectados por el proyecto “Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la  Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a ejercer su facultad  prevista en el inciso g) fracción II del artículo   105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a realizar las gestiones necesarias para lograr el reconocimiento del Volcán Tacana como geoparque y actualizar el programa de la reserva de la Biosfera Volcán Tacana.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Dante Virgilio Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Órgano Interno de Control del Fondo Mexicano del Petróleo y a la Auditoría Superior de la Federación a investigar el   posible conflicto de interés de Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, por su participación como miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y para que éste sea retirado del cargo en tanto concluye la investigación.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las Diputadas María Elena Orantes López y María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo y al congreso del estado de Chiapas a reforzar las acciones encaminadas a proteger y garantizar los derechos políticos de las mujeres electas en el proceso electoral de 2015.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta a ambas Cámaras a legislar en materia de ética pública en las campañas políticas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las Senadoras Martha Tagle Martínez, Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo e Iris Vianey Mendoza Mendoza y del Senador Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente la ignominiosa actuación de las y los funcionarios de la Procuraduría de Justicia, de la Secretaría de Salud y del Instituto de la Mujer del estado de Baja California Sur, implicados en la sistemática violación de derechos en materia de atención a la violencia sexual ocurridos el pasado mes de marzo contra una mujer víctima de violación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe sobre los montos recaudados por concepto de tala y derribo de árboles para la construcción de obra pública y privada, conforme a la norma NADF-001-RNAT-2006, asimismo, informe las acciones emprendidas para proteger, preservar y acrecentar los bosques, jardines y áreas verdes en la capital del país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a las procuradurías de justicia de las entidades federativas, al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las entidades federativas que, de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se destinen los espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y adolescentes en los recintos en que se lleven a cabo procedimientos en que deban intervenir.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Economía, así como al Fondo Nacional de Turismo a impulsar una campaña permanente de promoción turística de la región del Soconusco en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas de Oaxaca, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Tlaxcala, Guanajuato y Querétaro a implementar una secretaría de estado para atender la problemática ambiental para la construcción de una sociedad ambientalmente responsable y sustentable.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente municipal del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos a informar sobre las acciones que se han implementado para enfrentar y erradicar la violencia de género contra las mujeres.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a convocar a una mesa de conciliación entre autoridades de la delegación Venustiano Carranza, del Gobierno Central de la Ciudad de México, los representantes de la Terminal Autobuses de Transportes de Pasajeros de Oriente y los comerciantes pertenecientes al mercado San Lázaro, a fin de que dicha terminal de pasajeros no se apropie del espacio público ni obstruya el libre paso de personas hacia el mercado San Lázaro.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Clemente Castañeda Hoeflich y María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Economía, así como a los titulares de Nacional Financiera Banca de Desarrollo y al del gobierno del estado de Jalisco a reconsiderar la declaratoria de emergencia, con respecto a las severas lluvias ocurridas los días 8, 9 y 10 de marzo de 2016.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a expresar su solidaridad con la mandataria Dilma Rousseff y con el pueblo brasileño ante el proceso antidemocrático por el que atraviesan.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al presidente municipal de Morelia a transparentar el proceso de licitación pública mediante el cual resultó favorecida la empresa AutoTraffic, S.A de C.V., para aplicar fotomultas en las vialidades de la capital del estado de Michoacán.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a intervenir en la problemática de contaminación del Estero de San José del Cabo, Baja California Sur.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar un programa para que los guatemaltecos y extranjeros residentes en Guatemala puedan ingresar a nuestro país presentando su cédula de vecindad, documento personal de identificación, su pasaporte o documento de identidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo para evitar la contaminación del Sistema Lagunar de Metzabok, así como realizar acciones que permitan la generación de plantas de aguas residuales y programas de capacitación que refieran los efectos en la salud y al medio ambiente por la contaminación del agua en Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Modesta Fuentes Alonso, Jorge Tello López, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Delfina Gómez Álvarez, Patricia Elena Aceves Pastrana, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a abstenerse de utilizar al sistema judicial como un instrumento de represión política y se exige la libertad inmediata de los dirigentes sindicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación injustamente encarcelados por motivos políticos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a producir información y estadística para el municipio de Puerto Morelos en Quintana Roo, a fin de propiciar insumos para la planeación estratégica de la gestión municipal.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo por el que se condenan enérgicamente las declaraciones realizadas por Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de la Ciudad de México y se exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar lo conducente para sancionar estas conductas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ramón Bañales Arámbula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a diseñar e instrumentar un plan integral de atención y acciones en el corto, mediano y largo plazo, para la protección, mejoramiento, conservación, restauración y saneamiento del río Zula.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente a llevar a cabo una reunión de trabajo con los titulares del Instituto Nacional de Migración, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que expliquen las condiciones en las que se encuentran las agencias migratorias mexicanas y detallen los casos en los que en los últimos meses han perdido la vida diversos migrantes detenidos en la estación migratoria de Tapachula, Chiapas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Comunicaciones y Transportes a gestionar la diversificación de las aerolíneas y los destinos del aeropuerto internacional de Tapachula, Chiapas, así como la modernización de sus instalaciones e infraestructura.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Araceli Damián González y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a concretar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso de los 43 estudiantes de la normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, para que su vigencia perdure hasta que concluyan las investigaciones.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Dirección Estatal de Protección Civil del estado de Tamaulipas a dar aviso de forma oportuna a la población, acerca de los riesgos derivados de la entrada de la próxima temporada de huracanes y que implemente campañas de prevención con especial énfasis en los centros educativos, a fin de crear una red más amplia de información.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de la Ciudad de México a garantizar el principio de paridad de género en la designación de las y los diputados a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a llevar a cabo las acciones que conforme a derecho procedan en contra del gobernador de Nuevo León, por los comentarios discriminatorios que ha realizado y que transgreden el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2017, recursos para dotar a las escuelas de educación básica y media superior de infraestructura para prevenir la sobreexposición solar durante las actividades escolares en los estados que reciben mayor radiación solar.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua a que, en conjunto con el gobierno del estado de Chiapas, realicen acciones de saneamiento, mitigación y control respecto de la contaminación del río Sabinal e informen sobre las acciones realizadas a la fecha.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a diseñar y ejecutar acciones que garanticen el mejoramiento de la situación ambiental, presente en los diferentes municipios de la entidad.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Zacatecas a implementar medidas inmediatas para contrarrestar el incremento de desnutrición infantil en la entidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a atender lo dispuesto en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a fin de que se elaboren y publiquen los Programas Nacionales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para la prevención y gestión integral de los residuos de manejo especial y de remediación de sitios contaminados que permitirán guiar los trabajos de fomento y equilibrio de los ecosistemas nacionales vía la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al Fiscal General de Justicia del estado de Morelos a salvaguardar la integridad de las y los periodistas, contribuyendo a la consolidación de la vida democrática del país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a informar si cuentan con datos de connacionales mexicanos deportados por las autoridades migratorias de Estados Unidos de América y que se encontraban realizando el procedimiento para obtener la condición de asilado, así como para que informen sobre los medios con que cuentan nuestros connacionales deportados para buscar recuperar su patrimonio ubicado en los Estados Unidos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y del poder ejecutivo del gobierno del estado de Guerrero a rendir un informe el incremento de muertes en dicho estado a pesar de las estrategias implementadas en 2016.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Zacatecas, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de ese estado a intervenir inmediatamente en la violación de derechos y garantías de los habitantes de la comunidad de Salaverna, Mazapil, Zacatecas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la empresa Aguakan a hacer públicos los avances en las obras de drenaje sanitario en Playa del Carmen, Quintana Roo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a pronunciarse respecto a la sentencia del 30 de marzo de 2016, dentro del expediente relativo al SUP-JDC-4370/2015, en el caso de violencia y acoso laboral en contra de la magistrada del Tribunal de San Luis Potosí, Yolanda Pedroza Reyes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Delos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a llevar a cabo una campaña de concientización pública para promover el manejo adecuado de los residuos sólidos con el objetivo de prevenir inundaciones.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que, durante la próxima sesión urgente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, se posicione ofreciendo sus buenos oficios en las gestiones diplomáticas necesarias para la normalización de la institucionalidad democrática en Venezuela y a favor de la protección efectiva de los derechos humanos, el respeto pleno a las libertades esenciales de los venezolanos y la generación de condiciones para enfrentar la crítica situación política, económica, social y humanitaria prevaleciente.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a tomar medidas para que la calidad de las gasolinas no siga afectando la salud de los mexicanos ni el medio ambiente y el mercado de importación de petrolíferos tenga verdadera competencia y calidad en los productos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al presidente municipal de Guadalajara, Jalisco, a implementar a la brevedad acciones de protección y rescate de mujeres víctimas de redes de trata de personas con fines de explotación sexual.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto Mexicano del Seguro Social a diseñar e implementar una campaña de difusión sobre los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores que laboran bajo la modalidad de outsourcing y/o subcontratación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a que el programa de modernización de transporte público relativo a los microbuses, sea llevado a cabo sin un aumento a la tarifa, a fin de no afectar la economía de las familias de la capital.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a evaluar los diferentes programas de resultados preliminares, encuestas de salida y conteos rápidos utilizados en las elecciones realizadas el pasado día 5 de junio.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su respaldo a la Procuraduría Federal del Consumidor para continuar los procedimientos administrativos en contra de los permisionarios de estaciones de servicio por la venta incompleta de combustible.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la correcta aplicación del nuevo sistema de justicia penal en todo el país y felicita a las autoridades administrativas y judiciales de las 32 entidades federativas por tan importante logro en favor de todos los mexicanos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe sobre los recursos obtenidos tras el aumento de 66% a la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el cual se especifique el monto y destino de los miles de millones de pesos obtenidos por dicho aumento, desde enero de 2014 a la fecha.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a implementar medidas y políticas públicas eficaces que garanticen la erradicación del trabajo infantil en México.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido  Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a los 32 gobiernos de las entidades federativas a continuar o, en su caso, iniciar los ejercicios de Gobierno Abierto, con el propósito de seguir empoderando a la  ciudadanía en materia de transparencia y rendición de cuentas, con base en los principios, lineamientos y objetivos de la Alianza para el Gobierno Abierto.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo relativo al desvío de recursos de programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social para apoyar las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Veracruz.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Delos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto  de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Secretaría de Turismo a implementar una intensa campaña de verificación para garantizar que las agencias de viajes cumplan con las disposiciones legales y evitar fraudes a los usuarios de servicios turísticos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a fortalecer los programas de estudio en materia de salud, alimentación y nutrición e incrementar las horas de actividad física semanal en los planes de estudios de educación básica, para hacer frente a la creciente problemática de obesidad en niños y adolescentes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura a que, de acuerdo con el presupuesto asignado, realice campañas de difusión mediante las cuales informe a la ciudadanía sobre los trabajos para la elaboración de la Ley General de Cultura.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a modificar el criterio y requisito de exigibilidad requerido en las Reglas de Operación del Programa Pensión para Adultos Mayores, relativo al monto mensual percibido que se debe acreditar.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a designar a un coordinador encargado del deporte para el desarrollo y la paz, en concordancia con el numeral 7 de la Resolución 69/6 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada el 31 de octubre de 2014, denominada “El deporte como medio de promover la educación, la salud, el desarrollo y la paz”.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores a enviar a la brevedad posible a la Cámara de Senadores el Acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto, destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, a fin de que sea aprobado en el próximo periodo ordinario de sesiones.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el marco de la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere la inclusión de la zona metropolitana de Córdoba, Veracruz, en el Fondo Metropolitano.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a proponer a la Organización Mundial de la Salud la declaración del 9 de mayo de cada año como el Día Mundial de la salud materna y perinatal.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Héctor Javier García Chávez, Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Rubio Quiroz y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el asesinato múltiple acaecido en Orlando, Florida, Estados Unidos de América.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Delos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer sus acciones para identificar, sancionar y erradicar los casos de ataques cibernéticos en nuestro país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público destinen los recursos necesarios y suficientes para la operación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley en la materia.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Diputadas Beatriz Vélez Núñez y Yahleel Abdalá Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Director del ISSSTE a incluir el rubro de abasto de medicamentos de emergencia dentro del Sistema de Abasto de Medicamentos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a intervenir urgentemente para detener la contaminación ocasionada por Petróleos Mexicanos y la empresa “Mexichem” en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, así como a las procuradurías generales o fiscalías estatales a elaborar e implementar, a la brevedad, protocolos de denuncia para los casos de violencia sexual por parte de niñas, niños y adolescentes en el ámbito escolar y de las instituciones de asistencia social, en estricto apego a lo establecido en la Ley en la materia y respetando el interés superior de la infancia.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Delos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar campañas regulares de evaluación optométrica en los niveles de educación básica.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, al titular del ejecutivo del estado de Guerrero, así como al titular del gobierno municipal de Atoyac de Álvarez a realizar las gestiones necesarias para concluir la construcción, equipar y poner en operación el hospital de la mujer “Dr. Juventino Rodríguez García”, en el municipio de Atoyac de Álvarez en el estado de Guerrero, con el fin de que se pueda brindar atención especializada a más de 35 mil mujeres de la región.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Leonardo Amador Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las gestiones necesarias para hacer extensivo el beneficio de las transferencias de la recaudación en los puentes internacionales de la franja fronteriza del norte del país, a todas las entidades donde exista el beneficio, utilizando el modelo aprobado recientemente en Ciudad Juárez, Chihuahua.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Delos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Jefa Delegacional en Tlalpan información sobre las acciones de gobierno destinadas a prevenir y erradicar la proliferación de tiraderos clandestinos en distintas colonias de la delegación.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se convoca al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y al titular de la Secretaría del Medio Ambiente, ambas de la Ciudad de México, para que asistan a una reunión de trabajo para analizar el estatus que guarda la construcción del inmueble ubicado en la calle de Patriotismo 883, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, en donde hubo diversas afectaciones.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar conjuntamente con las secretarías de educación de todos los estados y de la Ciudad de México, un programa de deschatarrización en todas las escuelas públicas del país, que libere a todos los planteles de mobiliario en desuso.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Salud y al Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades a modificar los puntos 6.4.2.7 y 6.6.1 de la norma oficial mexicana nom-046-66a2-2005, Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención, publicada el 24 marzo de 2016.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación a emprender acciones tendientes a evitar que instituciones eclesiásticas promuevan un mensaje entre la población de odio e intolerancia en contra de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a proporcionar información respecto de la muerte de 30 tortugas marinas en playa de Pozo de Higueras, Nayarit.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a intervenir para esclarecer las distintas irregularidades presentadas en los comicios electorales del estado de Tlaxcala.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Laura Nereida Plascencia Pacheco y José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Comisionado General de la Policía Federal y al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a reparar el daño a las víctimas de violación y robo en un autobús de la empresa ETN.- Se turnó a la Primera    Comisión.

 

Del Diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a fortalecer sus políticas públicas, a efecto de revitalizar y promover el derecho al uso cotidiano de las lenguas indígenas tanto en lo individual como en lo colectivo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Delos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán, así como al ayuntamiento de Morelia a emprender las acciones técnico-administrativas necesarias a fin de garantizar la dotación de agua potable a la zona metropolitana de la capital michoacana, con visión de largo plazo y cuidando la cantidad y calidad necesaria en beneficio de la población.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa y José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a eliminar los aranceles establecidos en el Decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación de Exportación, publicado el 10 de mayo de 2016.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados César Camacho Quiroz, Miguel Ángel Sulub Caamal y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a producir y difundir una Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en formato impreso, electrónico y en aplicación digital, especialmente elaborada para las niñas y niños educandos de las escuelas que componen la educación primaria en el país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Director General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a tomar las medidas necesarias para agilizar los trabajos de modernización y/o rehabilitación que se efectúan en la carretera México-Querétaro y en la carretera México-Toluca; así como a combatir eficazmente a los delincuentes que atentan contra la integridad y seguridad de las personas que transitan por dichos tramos, ya sea en transporte público o privado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a homologar los tipos de violencia contra las mujeres y estandarizar los protocolos de actuación para investigar muertes violentas de mujeres, así como solicitar a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del Estado de México información sobre el avance de la implementación de la alerta de género.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Movilidad, de Transportes y de Salud de la Ciudad de México a instrumentar las políticas destinadas a prevenir los accidentes de motocicletas; asimismo, a implementar una campaña informativa sobre las medidas que se deben observar para un manejo seguro.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del Estado de México a garantizar una investigación profesional y rigurosa para asegurar el acceso a la justicia pronta y expedita a la señora Rosa Margarita Ortiz García y los 21 pasajeros del autobús de la ruta México-Querétaro de la línea de transportes de pasajeros ETN que fueron víctimas de graves delitos el 7 de junio pasado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Director General de Petróleos Mexicanos para que explique la omisión en la verificación de la calidad de las gasolinas importadas en el año 2014 y las medidas que esté implementando para eliminar las ventajas existentes en el contrato de compraventa de productos petrolíferos, celebrado el día 20 de febrero de 1996, con la empresa P.M.I. Trading Limited.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Comisión Nacional de Seguridad, y al Director General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión Permanente, a fin de que rindan cuentas por la ola de inseguridad que padecen los usuarios de la autopista México-Querétaro, a raíz de la falta de vigilancia y las interminables obras que provocan tránsito lento.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado David E. López Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas, a considerar los resultados arrojados por la Encuesta Intercensal de Población 2015, para que se emita la recomendación técnica para la declaratoria de la Zona Metropolitana de Culiacán-San Pedro-Navolato, en el Estado de Sinaloa y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir la Zona Metropolitana Culiacán-San Pedro-Navolato en el Anexo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a realizar acciones tendientes a mejorar la situación en materia de seguridad; derechos humanos y gobernabilidad en los centros de reclusión de esta ciudad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a atender y resolver favorablemente la problemática del cobro de altas tarifas eléctricas, que enfrentan los usuarios de energía eléctrica para uso doméstico en el estado de Tabasco.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a suspender el proceso de delimitación de cauce y zona federal, así como el desazolve del arroyo El Cardonal, en Baja California Sur, en virtud de que dichas acciones se pretenden llevar a cabo en una cauce inexistente, con grave perjuicio patrimonial y económico de los ejidatarios de Chametla y El Centenario en la citada entidad federativa.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Quintana Roo a apegarse a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el proceso de designación de servidores públicos del estado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Yulma Rocha Aguilar y César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría integral al proceso de adquisición de los predios destinados a la empresa Toyota Motor de México en el municipio de Apaseo El Grande, estado de Guanajuato.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la  Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar un programa emergente para apoyar a plataneros en Tuxtepec, Oaxaca, afectados por una tromba que destruyó las plantaciones.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el diseño del paquete económico para 2017, se utilice el gasto público como herramienta de combate a la desigualdad y la promoción del crecimiento económico.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Jalisco a implementar la reforestación y reposición del arbolado retirado con motivo de las obras de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Isaura Ivanova Pool Pech y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al congreso local del estado de Quintana Roo a transparentar, hacer públicos los procesos y justificar la necesidad que se tiene de última hora para realizar la designación de funcionarios en la Procuraduría de Justicia del Estado, la Contraloría Superior y tres magistrados en el Tribunal Superior de Justicia.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de Caminos y Puentes Federales a implementar todas aquellas medidas que redunden en la mejora de las condiciones viales de la carretera México-Querétaro, especialmente en lo que a señalización vial se refiere, con la finalidad de brindar la seguridad necesaria a sus usuarios y reducir al máximo los accidentes y sus lamentables consecuencias.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo por el que se condena el asesinato de la parlamentaria británica Jo Cox.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Fernando E. Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua a informar y explicar amplia y detalladamente cuáles son los criterios para otorgar nuevas concesiones y/o asignaciones de agua subterránea y superficial en zonas que se han considerado con problemas de disponibilidad, indicar la evolución del sistema nacional de monitoreo y medición del agua subterránea, así como los criterios científicos para evaluar la disponibilidad del agua subterránea en el país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el asesinato de la joven Alondra, estudiante del Colegio de Bachilleres en Villa Hidalgo, San Luis Potosí, y hace un llamado a la Procuraduría General de Justicia del estado a esclarecer este delito.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento    Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a generar e incrementar medidas que garanticen la seguridad humana de los ciudadanos durante las movilizaciones y plantones con motivo del problema magisterial.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Jalisco a proveer las instalaciones educativas necesarias a la población estudiantil de esa entidad federativa.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Diputadas Ma. Victoria Mercado Sánchez y Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a elaborar la norma oficial mexicana que regule la producción de bebidas alcohólicas denominadas licor de agave, destilados de agave y demás denominaciones.- Se turnó a Tercera Comisión.

 

Del Diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León a cesar el hostigamiento y persecución en contra del Diputado local Samuel Alejandro García Sepúlveda y se respeten sus derechos políticos y de libre expresión.- Se turnó a Primera Comisión.

 

De la Diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a los ayuntamientos de los municipios productores de café, a destinar un porcentaje del fondo federal denominado Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, correspondiente al próximo ejercicio 2017, para la renovación de cafetales y el combate a la roya del café.- Se turnó a Tercera Comisión.

 

De la Diputada Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente hace un llamado al gobierno del Estado de México para que implemente las acciones urgentes de seguridad, en las obras de rehabilitación en la carretera México-Querétaro.- Se turnó a Primera Comisión.

 

De la Diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Guerrero a atender el desabasto de faboterápico polivalente antialacrán en la entidad.- Se turnó a Segunda Comisión.

 

De la Diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se condenan enérgicamente los actos de violencia perpetrados en Orlando, Florida, Estados Unidos de Norteamérica; y se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que el Estado Mexicano reitere su repudio a tales actos en todos los foros internacionales.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Seguridad Pública del estado de Guerrero a implementar las medidas necesarias para garantizar la protección y resguardo de los trabajadores de los centros de salud del estado de Guerrero durante el ejercicio de sus funciones.- Se turnó a Primera Comisión.

 

De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a llevar cabo una campaña permanente a nivel nacional, mediante la que se fomente el consumo de productos nacionales.- Se turnó a Tercera Comisión.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se requiere a la titular de la Procuraduría General de la República atraer la investigación de los hechos en que fueron privados de la vida el periodista Elidio Ramos Zárate y Raúl Cano López, hermano del director del periódico Hechos, en Juchitán, Oaxaca.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública a fin de que expliquen los hechos ocurridos el pasado 19de junio en Nochixtlán, Oaxaca, así como las acciones que han llevado a cabo para dar solución al conflicto magisterial.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a emprender las acciones necesarias para investigar lo ocurrido en Asunción Nochixtlán, Oaxaca y fincar las responsabilidades conducentes; al Secretario de Gobernación a establecer una mesa de diálogo plural con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en miras de atender y dar cauce a las demandas planteadas y por el que se cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Educación Pública y de Gobernación.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las Diputadas Norma Rocío Nahle García, Modesta Fuentes Alonso, Delfina Gómez Álvarez, Patricia Elena Aceves Pastrana y los Diputados Jorge Tello López, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo por el que se exige la renuncia del titular de la Secretaría de Educación Pública y se solicita la integración de una comisión plural de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que investigue la represión de que fue objeto el movimiento magisterial y los asesinatos en el estado de Oaxaca.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la instalación de una mesa de diálogo en el marco del conflicto magisterial en Oaxaca.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública, así como a los Comisionados tanto Nacional de Seguridad como General de la Policía Federal, a sostener a una reunión de trabajo con la Comisión Permanente a fin de que expliquen la situación derivada de los operativos en el estado de Oaxaca, así como el impacto de la implementación de la reforma educativa en ese estado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks y Fernando Herrera Ávila, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo relativo a los hechos de violencia acaecidos en los municipios de Nochixtlán y Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Francisco Martínez Neri y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que condena los hechos violentos ocurridos en Oaxaca y exhorta al Gobierno Federal a alcanzar una vía pacífica de solución en el actual conflicto magisterial.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a cesar la iniciativa de ofensiva policiaca que mantiene en el estado de Oaxaca y se solicita al titular del gobierno del estado de Oaxaca instalar de manera inmediata la mesa de negociación y pacificación con los actores sociales involucrados en los acontecimientos del domingo 19 de junio de 2016.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Oaxaca a que se retomen urgentemente las clases en todo el estado, para no seguir afectando la educación de alumnas y alumnos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se llama a comparecer al titular de la Secretaría de Gobernación para que informe sobre la estrategia del Gobierno Federal para atender la crisis social en el estado de Oaxaca, así como los hechos ocurridos el pasado 19 de junio en Nochixtlán.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Angélica de la Peña Gómez y Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo a los hechos ocurridos el 19 de junio pasado en Nochixtlán, Oaxaca.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a alcanzar una vía pacífica de solución en el actual conflicto magisterial y a respetar los derechos humanos de quienes manifiestan su oposición a la aplicación de algunos artículos de la Ley General del Servicio Profesional Docente.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo y Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a detener inmediatamente la brutal represión contra el magisterio, a liberar a todos los presos políticos y a instalar una mesa de diálogo y que comparezcan los Secretarios de Gobernación y de Educación Pública.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer un diálogo cordial y respetuoso, anteponiendo atención a las demandas manifestadas por parte de la disidencia magisterial.- Se turnó a la Primera Comisión.

(Efemérides)

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Refugiados.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional en apoyo de las Víctimas de la Tortura.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, remitió efeméridesobre el natalicio de Ignacio Ramírez, "El Nigromante".- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre la conmemoración del Día del Padre.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméridesobre el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, remitió efeméride sobre el Día Internacional de los Refugiados.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Refugiado.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención sobre la aplicación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención sobre la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió intervención sobre las acciones del Estado Mexicano para erradicar el trabajo infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención sobre la situación política del país.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención sobre la urgente necesidad de diálogo frente al movimiento magisterial.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las dieciséis horas con treinta y dos minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles veintinueve de junio, a las once horas.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional el 23 de junio de 2016, para atender la invitación que le fuera formulada por el Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón para participar en la ciudad de La Habana, Cuba, en la ceremonia de la firma del Acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.





 

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con similar de la Secretaría de Economía, por el que informa sobre el estado que guarda el proceso de contratación de las instituciones que llevarán a cabo las evaluaciones externas durante 2016, a cargo de esa dependencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase dicha información a las Comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Asimismo, la Secretaría de Gobernación remitió un oficio con las observaciones que el Presidente de la República hace al Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese el expediente de este asunto a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señor Presidente.

Se recibió también de la Secretaría de Gobernación, un oficio con el que remite la propuesta que el Presidente de la República somete a la consideración de la Comisión Permanente para que acuerde la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones de las Cámaras del Congreso de la Unión, lo anterior a partir de las observaciones del titular del Poder Ejecutivo Federal al Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: La Secretaría de Gobernación remitió también un oficio por el que comunica que se tiene contemplada la participación de personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en la “II Competencia Internacional de Patrullas”.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase dicha información a la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Se recibió un oficio de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con el que remite su informe correspondiente al periodo enero-mayo de 2016 y su Anuario Estadístico 2015.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítanse dichos documentos a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Se recibió un oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el que remite el “Informe Especial sobre las Recomendaciones en Trámite dirigidas a las Autoridades Federales, Estatales y Municipales”; las palabras y presentación del Presidente de la Comisión Nacional y la presentación de la Directora de Planeación y Análisis de la mismo comisión.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase copia a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Se recibió un oficio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con su informe financiero y actuarial 2016.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase este informe a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.





 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Se recibió un oficio de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, por el que comunica los nombres de las Diputadas que habrán de desempeñarse como invitadas permanentes ante la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado enterada. Se instruye a la Secretaría hacer las notificaciones que corresponden.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos legisladores.

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que remite el informe sobre la XXIX Cumbre Global de Mujeres, que se llevó a cabo el 9 de junio de 2016, en Varsovia, Polonia.







 



 



 



 

Y de la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, sobre el anuncio de eliminación del requisito de visa canadiense a mexicanos.



Eso es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.
Por lo que respecta a la reincorporación del Diputado Agustín Basave, comuníquese a la Cámara de Diputados, con efectos a partir del 4 de julio del año en curso.

Esta Presidencia saluda la presencia de estudiantes universitarios mexicanos, conocidos como Dreamers que visitan nuestro país y que están hoy en el Senado de la República.

Bienvenidos sean Giovanni Rosas Escobedo, Arely Zárate, Elvia Jazmín Soltero, Jesús Perales, Maleni Calderón Moya, Itzel Ruiz, Paul Quiñones Figueroa, Dulce María Elías Martínez, Berenice Medellín, Emma Paulina Chalott Barrón, así como a los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

¡Bienvenidos a su país, jóvenes!





 

Honorable Asamblea, informo a ustedes que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo para normar la sesión solemne en la que se recibirá la visita del Presidente de la República Italiana. El Acuerdo está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión. Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo para normar la sesión solemne en la que se recibirá la visita del Presidente de la República Italiana. Háganse las comunicaciones correspondientes. Se instruye a las Secretarías Generales de la Cámara de Senadores a hacer las gestiones necesarias y cumplir con las tareas de logística que requiere el recinto para la organización y el desarrollo de la sesión solemne.





 

LEGISLATURAS

Compañeros Legisladores, les informo que hemos recibido diversos votos aprobatorios de los congresos estatales al proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 constitucional, en materia de atención a víctimas.



Solicito a la Secretaría dé cuenta con la recepción de los votos recibidos.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Se va a realizar el escrutinio de  los votos recibidos.

(Votación y escrutinio)

Señor Presidente, informo a la Asamblea que se recibieron los votos aprobatorios de los Congresos de los estados de: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, al proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de atención a víctimas.

En consecuencia, esta Secretaría da fe de la emisión de 21 votos aprobatorios del proyecto de Decreto de referencia.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ruego a la Asamblea ponerse de pie para formular la declaratoria correspondiente.

(Todos de pie)

A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computado el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas estatales, la Comisión Permanente declara aprobado el DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX-X AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emiten otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente.

Por favor tomen asiento.

Se abre, a continuación, una ronda de oradores para referirse a este asunto, y tiene el uso de la palabra el Diputado Virgilio Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de   Morena.

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Si bien saludamos que el Congreso y los Congresos de los Estados hayan avalado la reforma constitucional para añadir una nueva fracción al artículo 73 de la Constitución Política para facultar al Congreso de la Unión a expedir la Ley General que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de delitos de las  víctimas.

Estamos ante el extraño caso jurídico de esos que abundan en la legislación mexicana, en donde primero se aprueba la ley y luego se reforma la Constitución. Sólo por mencionar la Ley General de Víctimas en vigor desde el 9 de agosto de 2013, y esta reforma constitucional de 2016.

Esta reforma cumple con el propósito de ordenar la emisión de la legislación en materia de atención a víctimas y establece la obligación de las legislaturas locales de llevar a cabo las acciones necesarias para armonizar con la legislación general emitida sus legislaciones internas, en un plazo de 6 meses a partir de su publicación.

Esta reforma también armoniza lo que previamente se establece en la reforma constitucional en materia de justicia penal del 2008, sobre un nuevo sistema para la impartición de justicia penal, misma que amplió el apartado del reconocimiento al derecho humano de las víctimas.

El artículo 20 constitucional Apartado C, enuncia los derechos de la víctima o del ofendido por la comisión del delito. Es decir, se reconocen los derechos de las personas y las obligaciones del poder público para brindar asesoría jurídica a la víctima, su participación en el proceso penal como coadyuvante del Ministerio Público y precisa su acceso a la atención médica y psicológica que demande su condición, también actuar a favor de la reparación del daño, resguardar su identidad en los casos donde sea necesario, acceder a las medidas cautelares y providencias para su protección y restitución de sus derechos y reconocer su derecho a impugnar ante la autoridad judicial las resoluciones de la autoridad de procuración de justicia.

El Estado mexicano ha firmado no sólo sus deberes de investigación en los delitos y de procuración e impartición de justicia en el ámbito penal, sino en el reconocimiento de que quienes han sido víctima de un delito, que puedan ejercer sus derechos a ser asesorados en el procedimiento y a coadyuvar con el Ministerio Público a actuar con el expediente a recibir la atención médica y psicológica que requiera, a que se le repare el daño causado, entre otros.

Apenas hace unos días, el pasado 26 de junio, se conmemoró el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.

Ayer, Amnistía Internacional, publicó un informe en el que señala que la tortura y otros tratos crueles son constante en la realidad mexicana y gozan de total impunidad.

A pesar de las miles de denuncias presentadas desde 1991, únicamente 15 han concluido sentencias condenatorias a nivel federal, solamente en 2014, la PGR recibió 2,403 denuncias sobre tortura. Esa es la realidad en materia de atención a víctimas en nuestro país.

Existe un enorme reclamo social para una justa atención de las víctimas, mismas que pone el acento en el hecho de que las garantías de las víctimas han quedado rezagadas, tanto en materia legislativa, como en las políticas públicas del Gobierno federal para dar atención a ellas.

El día de hoy, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene inscritas solamente 3,024 solicitudes de atención, 2,717 se encuentran pendientes, y tiene por rechazadas 384. De las solicitudes que la Comisión Ejecutiva tiene, 2,725 se refieren a delitos y 377 a violaciones a derechos humanos. Las solicitudes registradas pasaron de 793 en 2014 a 2,309 en 2015. Es decir, tres veces más, lo que por sí sólo, habla del grave problema de rezago en la atención a víctimas que padecemos.

La mejor forma de anunciar esta declaratoria de reforma constitucional a favor del derecho de las víctimas del delito, es que ocurra lo que en nuestro país parece una aspiración incumplible: que se cumpla con la ley.

En esto el grupo parlamentario de Morena está comprometido.

Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano: Con el permiso de la Presidencia.

La facultad que se le otorga al Congreso de la Unión para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de derechos de las víctimas, es la muestra de que en México se tiene un Estado débil que no ha sido capaz de salvaguardar los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y en tratados internacionales.

Se debe recordar que una de las principales funciones del Estado es garantizar la vida, la paz y seguridad pública de su población.

Sin embargo, en México no es así, pues cuenta con instituciones públicas endebles que no realizan la tarea para las que fueron creadas, o si la realizan, es de manera deficiente, carente de legitimidad ante los ciudadanos, inclusive se ha documentado que instituciones encargadas de la seguridad pública han violado derechos humanos.

Muestra de lo anterior es la violencia generalizada y sistemática que vulnera gravemente los derechos de la población en los tres niveles de gobierno.

Los reportes sobre violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad pública, incluyen desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y, en el peor de los casos, homicidios. Todo esto sucede bajo la impunidad del Estado y la complicidad de una omisa procuración de justicia.

Ante la lamentable situación es que se ve en la penosa necesidad de legislar para proteger los derechos de las víctimas.

En este sentido, el Estado está en deuda con las familias de las víctimas del delito desde el momento en que no da certeza de que se llevará a cabo la investigación correspondiente.

Por ende, lo mínimo que se puede hacer es no dejar impune estos delitos y compensar a las víctimas. No se puede seguir guardando silencio ante un malestar tan grave ya que el dolor y el sufrimiento que sufren las víctimas es indescriptible.

En este sentido la modificación propuesta en este dictamen que pretende facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de derechos de las víctimas, no es más que una necesidad surgida del clima de violencia e inestabilidad que se vive, la cual debería ser asumida con gran responsabilidad.

Los familiares de las víctimas están a la espera de alguna acción que repare parte del daño que les ha ocasionado la comisión de algún delito.

La crisis social e institucional por la que atraviesa hoy en día este país, es el síntoma más palpable de que el gobierno federal no sabe qué hacer con el problema de la inseguridad, la corrupción, el narcotráfico y con el desorden de las finanzas públicas.

Es lamentable y frustrante que las malas administraciones federales nos orillen a tener que legislar en materia de atención a víctimas. Sin embargo, es necesidad y un reclamo social, atender esta problemática que comienza a ser una característica de la sociedad mexicana.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Con la venia de la Presidencia.

El federalismo cooperativo implica que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales, colaboren sostenidamente cada uno en su área competencial, poniendo en común sus respectivas facultades y recursos para la realización de determinados fines.

Sin embargo, en nuestro país el órgano reformador de la Constitución, además de ceder sus facultades originarias de distribución de competencias entre la Federación y los estados, delegó ciertas funciones muy concretas a favor del Congreso de la Unión.

Lo anterior significa que el modelo federalista tradicional en el que la Federación sólo podía legislar para sí misma y las entidades federativas, debían hacer lo propio, se vio trastocado, generando con ello que el Poder Legislativo Federal legislara para todos en materias específicas.

Mediante esta forma de actuación, el Congreso General de la República reguló las materias ambientales, seguridad pública, protección civil, educativa, salud y asentamientos urbanos.

En síntesis, lo que busca con esto es homologar una determinada materia, brindándole una misma dirección con idénticas disposiciones para lo federal y lo local.

Habiendo dicho lo anterior y encontrando que a lo largo y ancho de nuestro texto constitucional, no se encuentra una mención expresa para que el Congreso Federal cuente con las facultades específicas para legislar concurrentemente en materia de víctimas, resulta indispensable otorgarle al Congreso de la Unión esta facultad.

Por tal razón, en aras de dotar de claridad y de brindar las herramientas adecuadas para enfrentar un problema real, como lo es la atención a las víctimas y la reparación del daño, se consideró incorporar al texto constitucional la señalada facultad dada en los siguientes términos:

“Artículo 73, fracción XXIX-X. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas”.

En su momento, ambas Cámaras del Congreso Federal, aprobaron dicha reforma el día de hoy, y después de que 21 legislaturas estatales aprobaron el proyecto de Decreto por el que se adiciona esta fracción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Atención a Víctimas, ha llegado el momento en que esta Comisión Permanente le dé declaratoria constitucional.

En el Partido Verde celebramos dicha declaratoria, ya que a partir de ahora el Congreso Federal podrá legislar concurrentemente sobre un tema que en la actualidad necesita de un tratamiento a nivel nacional en aras de atender uno de los problemas sociales que más lastima a la sociedad, por lo cual se requiere reivindicar los derechos de quienes sufran las consecuencias de las actividades de la delincuencia organizada y necesitan de la protección del Estado.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Con el permiso, señor Presidente.

El día de hoy estamos declarando la constitucionalidad de una reforma que otorga facultades al Congreso para emitir una ley que ya se encuentra vigente.

Hay que decirlo, estamos llegando tarde a esta cita, la Ley General de Víctimas, y a partir de lo que hoy se declara constitucional es, a final de cuentas, un saldo de una deuda que rebasa las exigencias jurídicas.

Esa declaración de constitucionalidad, al final de cuentas, termina siendo, en la lectura de las propias víctimas, el pago de una deuda política e histórica por parte del Estado mexicano frente a ciudadanos cuyos derechos han sido violados.

En ese sentido, mal que lleguemos tarde a esta cita habiendo puesto en el espacio de lo irrelevante, en el espacio de las cosas sin importancia, la certeza y protección que el sistema jurídico mexicano le debe de dotar a todos los mexicanos que han sido víctimas: aquellos a los que se les han violado sus derechos, aquellos que han sido atacados por el crimen organizado; pero también aquellos a los que el Estado no solamente no los pudo proteger, sino que el Estado los violentó; aquellos que fueron torturados; aquellos que no recibieron la atención que merecían, a los familiares que lloran a sus víctimas, lloran a sus muertos ante la ausencia de la sensibilidad de la política; a los desplazados, otra vez, a los torturados, a todos aquellos a quienes no se les ha garantizado la reparación del daño, a quienes no se les pueden garantizar las garantías de no repetición; aquellos a los que se les ha negado el acceso a la justicia.

A todos ellos, hoy les queremos mandar un mensaje y lo hacemos en medio de una situación política crispada, de una situación política en la que es poco lo que les digamos y que nos vayan a creer.

Los asuntos de la revictimización de autoridades que ignoran a las víctimas, de autoridades que intimidan a quienes deben de proteger, de autoridades que no alcanzan a entender cuáles son sus responsabilidades, creo que a ellos debe de ser el mensaje de este poder constituido.

A que cambien de actitud, a que entiendan que el compromiso de atención a las víctimas debe de estar por encima de cualquier lógica partidista, electoral, de grupo o de facción, por eso es que debemos de voltear a escuchar la experiencia internacional.

A todas aquellas instituciones que de buena voluntad asisten a México en hacer de la experiencia internacional, por más dolorosa que sea, una guía para las políticas públicas, una guía para la acción del gobierno, una guía incluso para la conducta de los funcionarios que atienden a quienes con dolor siguen creyendo que el Estado puede atenderlos y de regresarles algo de justicia.

A todos ellos decirles que debemos de levantar las barreras, no sólo las jurídicas, no solamente las políticas, sino levantar las barreras morales, las barreras éticas que no nos permiten hoy como Estado mexicano, en el cual estamos incluidos, a atender y ser creíbles a la atención de las víctimas.

Que siempre se defienda y proteja la dignidad humana. Siempre y en todo lugar. Siempre y a todas horas.

Siempre y aunque sea hoy tarde, pues que se dote de constitucional a esta deuda histórica que teníamos con los mexicanos.

Ojalá el mensaje que enviemos el día de hoy sea el correcto.

Muchas gracias, señor Presidente.

Es cuanto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la declaratoria.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Hoy la violencia en México es un problema que trasciende lo jurídico y que, lamentablemente, es un reflejo de una cultura que socialmente no ha sido erradicada ni existen mecanismos generalizados para hacerlo: el odio.

La impunidad es la maldición de nuestra sociedad, la bandera que protege a quienes cometen actos indeseables en nuestro país.

En la medida en la que en nuestro país, tanto a nivel federal como estatal, genere mecanismos para que la ley sea aplicada y para que los delincuentes estén en la cárcel y no en las calles, existirán mayores posibilidades para disminuir el número de víctimas.

Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, en un tercio de los hogares de nuestro país, al menos una persona fue víctima de un delito durante 2014.

El Inegi estima que en nuestro país, cada año, cerca de 23 millones de mexicanos adultos son víctimas de algún delito. Es decir, más de 28 mil víctimas por cada 100 mil habitantes.
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El Estado de México y la Ciudad de México son dos de las entidades con mayor porcentaje de víctimas en relación con su población, con 45 por ciento y 36 por ciento, respectivamente.

En los primeros tres años del gobierno del Presidente Peña Nieto, cada año más de 100 mil familias padecieron el secuestro de algún integrante.

En la Ciudad de México los tres delitos más frecuentes son: el robo o asalto en la calle o en el transporte público, la extorsión y el fraude.

Hay un cifra negra que se estima que en 2014 se denunció el 10.7 por ciento de los delitos, de los cuales, el 67.5 por ciento llegó al inicio de una averiguación previa ante el Ministerio Público. En el 92.8 por ciento de los delitos cometidos no hubo denuncia o no se inició ni siquiera una averiguación previa.

Hoy nuestra Constitución contempla diversas disposiciones para proteger a las víctimas de algún delito. Destacan la asesoría jurídica para las víctimas; participación de las víctimas en el proceso penal como coadyuvantes del Ministerio Público; acceso a la atención médica y psicológica que demande su condición; reparación del daño causado a las víctimas; proteger su identidad en los casos en los que sea necesario; medidas cautelares y providencias para la protección y restitución de sus derechos; y reconocer su derecho a impugnar ante la autoridad judicial las determinaciones del Ministerio Público.

Son protecciones que requieren de un desarrollo normativo homologado en todo nuestro país, a través de la legislación general correspondiente.

Con la entrada en vigor en nuestro país del nuevo sistema penal de carácter acusatorio, la protección de las víctimas es fundamental.

En Acción Nacional celebramos que las legislaturas de los estados hayan aprobado dotar al Congreso de la Unión de la facultad para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas.

En México tenemos grandes casos de injusticia.

Tenemos a víctimas que, desafortunadamente, no se les han protegido sus derechos humanos; y casos también que, incluso, donde por intereses políticos se solapan todo tipo de atropellos. Es el caso concreto de José Manuel Mireles, y como el de miles de mexicanos que han sido víctimas de injusticia, víctimas de violencia, víctimas de atropellos.

Podemos hablar, como lo hizo hace un momento el Senador Zoé Robledo, de los desaparecidos, de los migrantes, de los niños que viajan solos, de las madres que desafortunadamente también han sido violadas, maltratadas y nadie vela por ellos.

Y podríamos aquí enumerar una larga lista de víctimas que han sido abandonadas y que, desafortunadamente, no se ha velado porque se respeten sus derechos humanos.

¡Enhorabuena por esta reforma constitucional!

Es cuanto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

En un país que, según los principales organismos nacionales e internacionales, está inmerso en una crisis de derechos humanos, la Ley General de Víctimas debe significar de manera amplia y potente, un mecanismo jurídico que esté a la altura de las circunstancias que reclama el país, que reclaman los ciudadanos, pero que reclaman, sobre todo, las víctimas.

Por eso, lo que estamos discutiendo el día de hoy, nos parece, se dota de facultades importantes, necesarias al propio Congreso de la Unión, en materia de derechos de las víctimas, de forma que la competencia de la Federación, los estados y los municipios resulte concurrente justo en lo que respecta en el tema de atención a víctimas.

En Movimiento Ciudadano celebramos que se realicen las reformas correspondientes para la atención a víctimas, de forma que se elimine la actual perspectiva centralista sobre los derechos de las víctimas para que se integren armónicamente las instituciones y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Sin embargo, debemos recordar que en abril de este año más de 100 organizaciones de la sociedad civil, representadas por el poeta y luchador social, Javier Sicilia, le reclamaron a esta Soberanía una nueva redacción de la Ley General de Víctimas y entregaron una iniciativa en tal sentido asegurando que la implementación de la ley vigente fracasó.

Permítanme compartir con ustedes algunas de las recomendaciones que estas organizaciones, justamente, mandaron a las respectivas Cámaras, a esta Soberanía.

Uno. Proteger el espíritu garantista original de la Ley General de Víctimas, tal como lo pensaron y exigieron las víctimas que la crearon.

Dos. Esclarecer los momentos y condiciones para la acreditación de la calidad de víctima ante las autoridades obligadas por la ley.

Tres. Convertir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en un órgano de titularidad unipersonal bajo la vigilancia permanente de un consejo directivo conformado por víctimas de diversos tipos de hechos victimizantes, propuestas por el Ejecutivo al Senado, previa convocatoria y consulta pública.

Cuatro. Establecer el procedimiento por el cual puede revocarse el mandato de la persona que sea titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Cinco. Garantizar el reconocimiento como víctimas directas de los familiares de personas que, como resultados de los hechos victimizantes, hubieran fallecido o se encuentran desaparecidas.

Seis. Ampliar la exigencia de independencia en la gestión y administración de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas de las entidades federativas.

Siete. Reconocer los derechos de las víctimas de desplazamiento interno forzado, cuyo número sigue creciendo en México cotidianamente, sin que a la fecha cuenten con protección jurídica alguna.

Ocho. Establecer controles para evitar que la normatividad reglamentaria en las políticas públicas en la materia restrinja en la práctica el alcance de los derechos reconocidos por la ley.

Nueve. Crear la figura de las relatorías temáticas para especializar el diseño de políticas públicas y contar con un punto de vista técnico riguroso en la dictaminación de planes de reparación integral.

Y, por último, diez. Establecer sanciones por faltas y delitos de acción u omisión cometidos por las autoridades en contra de las víctimas.

Es decir, tenemos una gran tarea pendiente en este terreno, por ello es que Movimiento Ciudadano exhorta de manera respetuosa a todos los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, a que en atención a las graves condiciones de nuestro país, con más de 125 mil homicidios, 280 mil desplazados y 26 mil desaparecidos, según cifras oficiales, podamos construir de la mano de las organizaciones de la sociedad civil una legislación óptima que esté a la altura de las circunstancias, que tenga perspectiva ciudadana, justamente como lo exigen las organizaciones de la sociedad civil y, particularmente, las víctimas.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Castañeda Hoeflich.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, señor Presidente.

Hoy es un día muy importante, porque las instituciones de México dan una respuesta contundente a las millones de víctimas que acuden a solicitar el resarcimiento de daños, así como la tutela del resto de sus bienes jurídicos, como es la vida y la seguridad.

Con esta reforma se faculta al Congreso para establecer normas generales válidas en los tres órdenes de gobierno, y cubrir las asimetrías que existen en la materia en todos los estados de la República.

La reforma constitucional para adicionar una fracción XXIX-X al artículo 73 de nuestra Norma Suprema, permitirá a los legisladores expedir una ley general que establezca la concurrencia entre la Federación y las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, en su caso, de la Ciudad de México, en materia de derechos de las víctimas.

El propósito central es ordenar la omisión de la legislación correspondiente y completar las disposiciones legales a las que mandata la reforma constitucional en materia de justicia penal de 2008.

La apuesta es complementaria y así brindar a los gobernados un nuevo sistema de impartición de justicia penal adversarial con pleno reconocimiento a los derechos humanos de las víctimas.

Nadie puede poner en duda la necesidad de dotar de fuerza jurídica a las acciones encaminadas, tanto a la atención de los derechos de las personas como a las obligaciones del poder público, para brindar asesoría jurídica a las víctimas.

Asimismo, dotar de un mayor valor a las víctimas en el proceso penal y, subrayo: “dotar de un mayor valor a las víctimas en el proceso penal como coadyuvante del Ministerio Público, así como precisar su acceso a la atención médica y psicológica de vida”.

La reparación del daño es otro aspecto esencial que debe armonizarse en las actuaciones de las autoridades en los tres órdenes de gobierno, así como resguardar su identidad, regular su acceso oportuno a medidas cautelares y todas aquellas providencias necesarias para la restitución de sus derechos.

Compañeras y compañeros legisladores: Esta reforma permitirá la legalidad para expedir normas generales que se apliquen de manera concurrente en los tres niveles de gobierno, y a la vez respetar la libertad y soberanía de las legislaturas estatales en la materia, resguardando las previsiones que establece el Congreso de la Unión.

El Estado mexicano no sólo tiene un firme compromiso con la investigación de los delitos, la procuración e impartición de justicia, sino con la protección de las víctimas de los delitos en un marco pleno de respeto a sus derechos humanos y de determinación para una justicia más efectiva y humana.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Han concluido las intervenciones a propósito de la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional en comento.





 

Informo a la Asamblea que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores remitió un oficio con solicitud de convocar a dicha Cámara a sesiones extraordinarias.

Ruego a la Secretaría dé lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Doy lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En atención a la solicitud contenida en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda del día de hoy.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el proyecto de referencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.





 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al proyecto de Decreto relativo al periodo de sesiones extraordinarias del Senado de la República.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Doy lectura al proyecto de Decreto que convoca a sesiones extraordinarias.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, este asunto se tramita de urgente resolución.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto descrito por el Presidente de la Mesa Directiva se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Es de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el proyecto de Decreto se discuta en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que la discusión se realice en lo general y en lo particular en un solo acto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión en lo general y en lo particular.

Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano: Con el permiso de la Presidencia.

Cada día el papel del Poder Legislativo se reduce más a una Oficialía de Partes, en donde se da trámite a las órdenes del Poder Ejecutivo, sin que medie una discusión seria y honesta de los temas más importantes para el país.

Además, el servilismo con el que actúan los partidos afines al gobierno ha caído en el descaro, sin temor a ser juzgados por la opinión pública, a fin de cumplir con sus propósitos personales o de grupo, por encima del bien común y del interés general de la nación.

Ejemplo de todo esto es la simulación de discusión del paquete de reformas en materia de anticorrupción, el cual culmino con la picaresca aprobación de modificaciones, a último momento, a diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuyo objeto, en términos generales, es hacer sujetos obligados a los particulares para presentar su declaración 3 de 3, y hacerla pública cuando hagan negocios con alguna dependencia gubernamental.

Dicha modificación causó revuelo entre los empresarios de México, quienes indignados por ser sujetos de escrutinio público, presionaron al Ejecutivo Federal para hacer valer el veto presidencial sobre los artículos que los agravian, según ellos.

Ante dichas presiones, el gobierno federal decidió componerle la plana al Congreso de la Unión y proponer la modificación de dichos artículos, bajo el argumento de que las circunstancias actuales demandan mayores esfuerzos y se requiere garantizar que los proyectos de ley cumplan con su función.

Esta forma de actuar del Ejecutivo y del Legislativo, que seguramente legalizará las modificaciones propuestas, es el mejor ejemplo de que aquí se gobierna para los amigos, para unos cuantos y no en beneficio de las mayorías.

¿Por qué razón el Presidente sí atendió el llamado de los empresarios que se sintieron vulnerados por una disposición que pretende dar transparencia al manejo de los recursos públicos, y en el caso de otras reformas, incluso constitucionales, no se escuchó o no se hizo el mínimo esfuerzo de atender las demandas de aquellos que también se sentían vulnerados?

Para este gobierno, ¿vale más la opinión de un empresario que el sentir y la demanda de un maestro, de un médico o de cualquier trabajador?

¿Acaso este gobierno no ha dicho que la ley no se negocia y se debe cumplir?

Entonces, ¿por qué sí se negoció lo aprobado por el Congreso?

Más bien el mensaje de este gobierno es que la ley sólo se puede negociar entre amigos, entre cuates, para los demás, son puros oídos sordos.

Es irresponsable que mientras a los maestros se les aplica la ley a punta de pistola, a los ricos y potentados de este país se les hace una ley a modo.

Es por ello que el sentido de mi voto y de la fracción será en contra.

Ya basta de simulaciones, ya basta de que este Congreso sea la mesa de trámite de los intereses del Ejecutivo.

Desde diversas tribunas se ha denunciado que aquí se conforma un Estado autoritario y totalitario. Estas modificaciones propuestas son una muestra más de ello, porque aunque si bien son una facultad válida para el Poder Ejecutivo, en las condiciones en que fue aprobada y negociada la 3 de 3, resulta ser un insulto a la división de poderes y una burla del Estado democrático.

Una vez más la ciudadanía será testigo de una simulación en donde todo se ajustará para el beneficio de unos cuantos en contra del interés general de la nación.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Menchaca Medrano.

Tiene el uso de la palabra el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

El día de hoy, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en este Senado de la República, recibimos y atenderemos, con todo profesionalismo, estas observaciones que nos hace llegar, dentro de sus facultades, el titular del Ejecutivo.

Observaciones que vemos en ellas el que han sido analizadas, el que han sido discutidas, han sido sopesadas para poder mejorar el Sistema Nacional Anticorrupción, un tema en el cual en el último tiempo en este Senado de la República y en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, es un tema que ha ocupado muchas horas del trabajo de las legisladoras y de los legisladores.

En este Senado de la República se analizó por mucho tiempo, por muchas horas al interior de las comisiones, el cómo integrar un diseño completo, un sistema robusto, una verdadera mecánica para luchar contra ese mal que tanto aqueja, apremia y que hoy la sociedad lo pone como una de las prioridades en la agenda nacional, que es el tema de la corrupción.

Un sistema que se ha construido más allá de medidas mercadológicas, un sistema que incluye siete leyes, un modelo que ha avanzado incluso ya a describir y a construir esos tipos penales para poder sancionar, tanto a los servidores públicos, como a todos aquellos grandes contratistas que participan en los procesos públicos del dinero público en nuestro país.

Reconocemos que hoy en México todo este proceso para construir el Sistema Nacional Anticorrupción será un precedente en la labor y en la tarea en el quehacer legislativo.

Existe un antes y existe un después, a partir de esta iniciativa ciudadana, que por primera ocasión, el Congreso de la Unión y este Senado de la República recibió una iniciativa ciudadana.

Tuvimos la oportunidad de trabajar bajo el sistema y el modelo de un parlamento abierto, en donde escuchamos a toda la sociedad civil organizada, en donde pudimos participar las legisladoras y los legisladores de manera abierta para lograr conformar este gran Sistema Nacional Anticorrupción que, sin duda, nadie lo puede negar, tiene grandes avances.

Fue aprobado en su mayoría por este Senado y también, asimismo, ratificado por la Colegisladora, la Cámara de los Diputados.

Pero reconocemos que en nuestro país hoy también se da un ejercicio reconociendo esa división de poderes, que existe y es real la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. En ese proceso legislativo no tenemos que olvidarnos que participan la Cámara de los Senadores, la Cámara de los Diputados, pero también participa el Poder Ejecutivo, porque el proceso no concluye sino hasta la publicación de la ley que haya sido aprobada por este Poder Legislativo.

Es por ello que recibimos las observaciones del Ejecutivo, que las atenderemos en las comisiones a las cuales serán y han sido turnadas para su análisis y discusión, y con toda responsabilidad buscaremos tomar las mejores decisiones para nuestro país.

A nombre de las Senadoras y de los Senadores del Partido Verde, de nuestras Diputadas Federales y nuestros Diputados Federales del Partido Verde, queremos manifestar nuestro mayor compromiso para con México, queremos dejar en claro que el Verde está comprometido por tratar de mantener y de perfeccionar este Sistema Nacional Anticorrupción, que es una lucha de todas y todos los mexicanos que tenemos que dar.

Tenemos que reconocer, asimismo, las bondades del sistema, y que tan pronto sea publicada esta legislación, daremos un puntual seguimiento para la puesta en marcha de este modelo, de este Sistema Nacional Anticorrupción, que buscará corregir una práctica de conductas que se había venido realizando y convirtiendo en el día a día de la realidad en nuestro país.

Es por ello que estaremos atentos a trabajar en las observaciones que hace en sus facultades el titular del Poder Ejecutivo.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Puente Salas.

Se concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Con su permiso, señor Presidente.

Cuando el economista Daron Acemoglu y el politólogo James Robinson, hicieron su obra “Por qué fracasan las naciones”, inician poniendo dos ejemplos muy claros sobre las diferencias del diseño institucional entre dos países, y ponían en primer ejemplo las diferencias entre Nogales, Arizona y Nogales, Sonora; y el segundo ejemplo era cómo se había constituido la riqueza de los dos hombres, en ese momento, más ricos del mundo.

La diferencia entre un hombre que había inventado y transformado la forma en cómo se trabaja en el mundo, y otro que había sido beneficiado con una privatización. Y partía de ahí para establecer cómo el diseño institucional falla y fracasa cuando se pone al servicio de instituciones extractivas y de intereses particulares.

¿Hay corrupción en la iniciativa privada? Por su puesto que la hay.

¿Hay corrupción entre los empresarios que ofrecen sobornos? Claro que la hay.

¿La medida del artículo 32 y todos sus correlativos, la resolvía? Por supuesto que no.

Y en ese sentido, esa parte del veto es muy positiva.

Pero nos quedamos cortos otra vez, como dijo en su momento Juan Pardinas “ganó la mezquindad”, porque a los empresarios, a los hombres de negocios, a ellos se les atiende y se hace un veto que va en contra de lo que votan los mismos Diputados y Senadores del partido del Presidente.

¡Ah! Pero cuando se trata de los ciudadanos exigiendo transparencia, ahí no. Ahí el veto, la facultad constitucional, el Presidente haciendo y corrigiendo la plana de Senadores y Diputados, ahí ya no alcanza.

Eso, dentro de un proceso, que como lo acaba de señalar el Senador Puente, fue inédito, y coincido con él, un proceso que tuvo reglas de parlamento abierto; un proceso que tuvo en discusión una iniciativa ciudadana; un proceso que está siendo vetado, corrigiendo la plana, repito, a Diputados y Senadores del PRI y del Partido Verde.

Pero nos quedamos otra vez a la mitad, sin atender a los ciudadanos, sin poderles decir que sus demandas, que su exigencia, era justa.

Ojalá en el momento del debate legislativo el Senador Cárdenas Fonseca nos diga cuál fue la inspiración que tuvo para redactar la reforma al artículo 32, y nos diga si la redactó él o si la redactó alguien más.

¿No será que el veto y la reserva al artículo 32 la redactaron la misma persona?

Porque yo lo puedo decir aquí con claridad, la Senadora Laura Rojas y su servidor redactamos la reserva al artículo 29 que votaron en contra los Senadores del PRI y del Verde.

Nosotros redactamos una reserva en la que se establecía que los formatos de las declaraciones estuvieran incluidas en la ley porque así venía en la iniciativa ciudadana. La iniciativa decía, tanto en la patrimonial como en la de intereses, que tenían que estar por ley en el contenido de la iniciativa y después, obviamente, de la ley. Así se establecía.

Por más que repitan los Senadores que votaron a favor de la Ley 3 de 3, no van a construir una realidad, ni una verdad a partir de reiterar una mentira.

No hay verdad histórica en esto. Votaron en contra de lo que les pidieron los 634 mil ciudadanos, y el Presidente, teniendo la enorme oportunidad de vetar es aparte de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se las niega, pero se las da a los empresarios.

Era mala la reforma al artículo 32, hacía inoperante al Sistema Nacional Anticorrupción, hacía inoperante la plataforma digital, pero peor era no tomar en cuenta la solicitud que daba nombre incluso al movimiento 3 de 3.

¿Por qué era tan importante haber logrado que esto se estableciera por ley?

Porque la corrupción política en el acceso al poder está presente de manera reiterada con intereses que están financiando campañas, que pagan espectaculares, que pagan aviones, que pagan autos, que pagan oficinas de todos los partidos políticos, y eso era lo que evitaba la declaración de intereses, que alguien dijera si tenía un donatario, si tenía a un patrocinador, si tenía a alguien que después pudiera levantar el teléfono y decirle: no vayas en este voto, no vayas en esta iniciativa, no impulses esta política pública porque daña mis intereses.

Ese era el motivo principal para hacer un cambio de conductas en la forma como se hace política.

Otra vez, sí, ganó la mezquindad, ganó la miopía de entender que el problema de la corrupción nos está hundiendo como clase política, que la generación de políticos que estamos construyendo e intentando dejar un legado para los mexicanos del futuro, le está quedando grande la responsabilidad.

Ahí sí comparto la opinión, la valoración y la interpretación del Senador Gil Zuarth, de que éste es un momento para volver a discutir temas.

Aquí va a ser muy claro y va a haber quienes a pesar de que les corrigen la plana, sólo van a decir que es a favor o en contra del contenido del veto, que es a favor o en contra de las observaciones del Presidente.

Yo comparto la interpretación. Es una nueva oportunidad para volver a discutir lo que nos corresponde, lo de los funcionarios.

El veto fue una trampa porque la reserva era una trampa. Había que presentar algo para generar presión en un grupo y después llamarlos a negociar y ofrecerles la salida. No caigamos nosotros en esa misma trampa.

Claro que hay que revisar el tema de la iniciativa privada y la corrupción que ahí está, porque también hay que decirlo: hay quienes hacen negocios al amparo de la corrupción y como método único de exclusividad para tener una situación de competencia y de ventaja.

Claro que hay que analizarlo, claro que hay que generar una agenda completa sobre el registro público, sobre la ley de obras, sobre todos los temas donde grandes empresarios surgen de manera espontánea durante sexenios y después desaparecen sus fortunas, como desaparece su relación con el poder.

Pero tenemos que tener la capacidad de ser autocríticos y volver a recuperar el asunto que nos corresponde, el de los servidores, el del compromiso con la transparencia, el de evitar que estén presentes en las Cámaras personas que están solamente defendiendo intereses particulares.

Ese es el llamado de nuestra generación. Ese debería ser el llamado y fue el llamado de los 634 mil. Los queremos volver a escuchar, los queremos volver a ver, queremos volver a verlos manifestarse en “El Ángel”, a los empresarios y a los ciudadanos, pero para mejorar a la clase política, no nada más para pensar que el problema de la corrupción está en un solo lado.

Deme un poco de tiempo Diputado, no se moleste por lo que le estoy diciendo.

Este es un espacio de discusión y ojalá así lo asuman. Les corrigieron la plana. Vamos a ver cuál es su actitud en el debate, si tienen el espacio y tienen la capacidad de defender lo que aprobaron.

Ojalá así sea y ojalá se presente nuevamente una oportunidad para escuchar a los ciudadanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame, Senador Puente.

Tenemos en la agenda el procesamiento de la convocatoria al Senado de la República a un periodo de sesiones extraordinarias e inmediatamente después la convocatoria a la Cámara de Diputados, en dos momentos separados de la agenda.

Esta Mesa Directiva propone a la Asamblea que agotemos en una sola discusión las dos convocatorias, por economía procesal, de tal manera que no repitamos la discusión en una y en otra de las piezas legislativas que están sujetas a la consideración de la Asamblea.

Tengo inscritos distintos oradores.

Voy a rogar a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, que tome nota de las intervenciones bajo esta lógica, bajo la lógica de agotar en una sola discusión ambas convocatorias a periodo de sesiones extraordinarias.

Sonido en el escaño del Senador Carlos Puente Salas, por favor.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: (Desde su escaño) Señor Presidente, si me puede inscribir para rectificación de hechos, por favor.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Con gusto tomo nota, Senador Puente Salas.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Esta Presidencia informa que está abierto el registro de oradores, a efecto de agotar en una sola discusión ambas convocatorias.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Primero, en el grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República, por supuesto que estamos a favor de esta convocatoria, queremos que se lleve a cabo este periodo extraordinario, revisar cada uno de los artículos que fueron vetados por el Presidente de la República; pero sí queremos dejar muy claro que el Presidente de México, desafortunadamente, fue parcial.

Sí escuchó, por un lado, al sector empresarial, pero, por otro lado, desestimó la voz de la sociedad civil, desestimó la voz de la oposición en este Senado de la República y en la Cámara de Diputados también.

En Acción Nacional en ningún momento le vamos a dar la espalda a los ciudadanos, vamos a hacer todo lo contrario; pero sí hacer un llamado, hoy que el Presidente de México se encuentra en Canadá haciendo diplomacia, es también muy importante hacer diplomacia doméstica, hacer diplomacia en casa, y por qué no empezar por esa diplomacia en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, porque me parece muy desaprovechado este periodo extraordinario sólo pensando en el veto al artículo 32, y no en el veto al artículo 29.

¿A qué le temen con el 3 de 3?

Todos, o me atrevería a decir casi toda la oposición, estamos dispuestos a este 3 de 3 como nos lo planteó la sociedad civil. Así presentamos nosotros una reserva, se evidenció a la mayoría del PRI que no quisieron apoyarla, respaldarla, y cuando el Presidente de la República tuvo en sus manos la posibilidad de vetar el artículo 29, desafortunadamente no lo hizo.

Y yo no quiero desaprovechar esta intervención para decirles que me preocupa que, por un lado, en esta Comisión Permanente estamos hablando del tema anticorrupción, porque nos parece un tema prioritario, no nada más para los legisladores, sino también para el Poder Ejecutivo; pero, por otro lado, vemos lo que está ocurriendo después del proceso electoral del 5 de junio. Y yo quiero entrarle concretamente a lo que está ocurriendo en el caso Veracruz.

En Veracruz pretenden nombrar a un fiscal anticorrupción inamovible por 5 años; nombrar a tres magistrados de una sala especializada para combatir la corrupción a partir de una sola terna propuesta por el propio gobernador, inamovibles por 10 años.

Permanencia del actual Contralor del estado, negativa a entregar la Cuenta Pública 2015 y reforma constitucional para adelantar la fecha de aprobación de la misma, de tal forma que sea la actual legislatura la que revise.

Yo lo único que estoy pidiendo es congruencia, señores. Aquí estamos pidiendo, solicitando un periodo extraordinario para debatir el tema anticorrupción porque todos queremos que estas reformas salgan adelante y combatir la impunidad en nuestro país.

Y por otro lado, insisto, se pretende en estados como Veracruz, Quintana Roo, y podríamos aquí hablar también del caso Chihuahua, se pretende solapar a gobernadores que ya van de salida y vemos al gobierno federal con los brazos cruzados.

Y sí queremos que se pronuncie y que intervenga el Secretario de Gobernación, que intervenga también la Procuraduría General de la República y los órganos locales que tienen competencia.

Es cuanto. Congruencia.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Del campo Gurza.

Ruego la atención de la Asamblea.

Voy a dar lectura a la lista de los oradores: Diputado Pinto Torres, Diputado Castañeda Hoeflich, Diputada González Torres, Diputado Ortega Álvarez, Diputado Rivera Castillejos, Diputado Abramo Masso, Diputado Acosta Naranjo, Diputado Döring Casar, Senador Burgos García.

Y para rectificación de hechos: Senador Puente Salas. ¿Algún otro orador? Ya he leído al Senador Burgos García. Con esta lista cerraríamos la discusión de ambas convocatorias.

Tiene ahora el uso de la palabra, por parte del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, el Diputado Pinto Torres.

El Diputado Francisco Javier Pinto Torres: Dicen en mi pueblo: “Que a palabras necias, oídos sordos”.

Y de lo que se trata aquí es de demostrarle al pueblo de México que ni tenemos los oídos sordos y que tampoco sus palabras son necias.

Con la venia de la Presidencia.

En Nueva Alianza tenemos un compromiso con la ciudadanía de lograr el mejor sistema posible en combate a la corrupción. Por este motivo, participaremos de forma decidida en la mejora del texto de la Ley de Responsabilidades Administrativas que fue devuelta al Senado de la República.

Cumpliremos nuestras responsabilidad a fin de dar continuad a este proceso legislativo que estamos viviendo.

La convicción de Nueva Alianza, es en el buen gobierno o que el buen gobierno es un sinónimo de administración honesta, transparente, respetuosa y del estado de derecho. Así lo hemos demostrado durante las discusiones para la creación de este Sistema Nacional Anticorrupción.

En este sentido y en congruencia con lo anterior, estamos dispuestos a contribuir al diálogo y al estudio de una redacción que deje claro el interés de la ciudadanía, el cual consiste primordialmente en la erradicación de la corrupción en el ejercicio del gobierno.

El proceso legislativo aún no termina. Quedamos a la espera de las modificaciones que realice la Colegisladora para así continuar en la construcción de un nuevo sistema que estará al servicio de la sociedad.

Estamos convencidos de que si pretendemos dignificar la política, es necesario consolidar un andamiaje jurídico eficaz que no contenga vaguedades y que, de este modo, controlar la forma en que se gastan los recursos públicos.

Este periodo nos brinda la oportunidad de analizar y perfeccionar la redacción de la ley.

Un gobierno democrático y honesto se debe sostener con base en la mayor publicidad y transparencia de las acciones, esa es la forma de legitimar la gestión gubernamental y de recuperar la confianza en las instituciones.

Escuchemos la voz de los ciudadanos y a los ciudadanos darle la certeza que actuaremos en consecuencia.

Eso es cuanto, señor Presidente.

Gracias, compañeros.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Pinto Torres.

Tiene el uso de la voz el Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Toda la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción nos sirvió y le sirvió al país para ver dónde está situado políticamente cada quien.

Particularmente tiene compromiso con la transparencia, con el combate a la corrupción y con la rendición de cuentas.

Y aquí cada quien ha venido a dar cuenta de su comportamiento público, de su comportamiento legislativo, por eso lo decimos de manera respetuosa y responsable, el PRI y el Verde le deben una explicación al país de por qué no están, entre muchas otras cosas, incluidos en el Sistema Nacional Anticorrupción, el espíritu de la Ley 3 de 3, tal cual fue respaldada por más de 630 mil ciudadanos.

Pero eso es entre nosotros, entre una clase política y grupos parlamentarios, donde está muy claro cuál es la posición de cada quien.

Pero la lectura en el exterior, y eso es lo que tendríamos que lamentar aquí permanentemente, es que lo que tenemos hoy, es un Congreso de la Unión y una clase política que no está a la altura de la demanda de los ciudadanos, que haber traicionado esa discusión y haberla llevado a donde finalmente la llevó el Congreso en su conjunto, va a dejar muy mal parada a esta legislatura y a nuestras instituciones de frente a lo que esperaban los ciudadanos y ciudadanas de este país.

No puedo dejar de hacer mención del lamentable proceso legislativo mediante el cual se discutió este Sistema Nacional Anticorrupción, lleno de errores, de traspiés y dando justamente la espalda a los ciudadanos.

Empezamos muy mal discutiendo este tema tiempo después de que había vencido el transitorio constitucional del 28 de mayo.

Dejamos plantadas o dejaron plantadas a las organizaciones de la sociedad civil en momentos críticos de esta discusión y resulta que lo que nos tiene hoy aquí, y hay que decirlo con todas sus letras, porque ese es el veto del Presidente de la República, es una reserva de medianoche; es decir, es la cruda de la borrachera que llevó a plantear justamente este artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

No fue un planteamiento, hasta donde tenemos conocimiento, que se hiciera en la parte formal de la discusión, no, tuvo que ser una reserva de medianoche en un momento bastante crítico de la discusión donde se introduce este tema, y además con una serie de inconsistencias donde no se sabe exactamente cuál era el ánimo de hacer un planteamiento de este tipo.

Yo pregunto: ¿Hay un ánimo revanchista de parte de la clase política para con los empresarios que eran destinatarios importantes de este artículo 32?

¿A alguien le molestó que la clase empresarial en este país de manera legítima y atendiendo sus propios intereses le exigiera a las distintas fuerzas políticas ir a un 3 de 3 de a de veras?

¿Seguimos pensando que estas Cámaras puedan legislar simple y sencillamente de espaldas a los distintos grupos organizados de la sociedad mexicana?

Yo espero que la respuesta sea en negativo, aunque todo lo que hay de evidencia nos hace pensar, que lo que hay detrás de la redacción del artículo 32, es en ánimo eminentemente revanchista a quienes han señalado que el Sistema Nacional Anticorrupción, y particularmente el 3 de 3 debería ir a fondo.

Por eso es que no dejo de lamentar, aunque por supuesto vamos a apoyar el periodo extraordinario, y vamos a votar para corregir ese atropello que está en el artículo 32; no puedo dejar de señalar que el veto presidencial es un veto insuficiente, es una simulación; que el verdadero problema está en el artículo 29, que el verdadero problema está en que la clase política en general; el PRI y el Verde en particular no quisieron ir adelante en el 3 de 3 para hacer pública y obligatoria la declaración fiscal, la declaración de intereses y la declaración patrimonial.

En realidad es que ese simple tema es el que oscurece los alcances de un Sistema Nacional Anticorrupción que muchos mexicanos y que muchas mexicanas han impulsado.

Yo quisiera hacer eco de quienes han planteado aquí, en distintas ocasiones, que reabramos la discusión, que aprovechemos el veto presidencial para reabrir la discusión sobre muchos temas pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción. Que hagamos un esfuerzo de congruencia, de consistencia, de compromiso con el país, para que no digamos al final del día, a esta clase política le quedó grande el reto, y no combatió de frente a la corrupción como todos nos hemos comprometido.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Castañeda Hoeflich.

Tiene el uso de la palabra la Diputada Sofía González Torres, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Diputada Sofía González Torres: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

El proceso legislativo contempla la participación de dos de los tres Poderes de la Unión. Hoy recibimos del Ejecutivo Federal las modificaciones a un artículo de un sistema completo.

Nos toca, con humildad, analizar y tomar la mejor decisión para los mexicanos. No se trata de quién propuso la modificación, no se trata de quién hizo el sistema, se trata de hacer lo mejor para nuestro país. Que podamos robustecer un sistema que pueda cumplir con sus objetivos, inhibir y castigar la corrupción.

Este camino de perfeccionar, lo podemos poner en marcha en este momento sin ninguna modificación. Insisto, es un sistema completo, es un sistema que además, me da mucha lástima darme cuenta que muchos compañeros no se dieron cuenta que votaron.

No votamos un artículo, compañeros, no votamos dos, votamos siete leyes; cinco de ellas las modificamos, dos de ellas las hicimos desde el principio, nuevas.

También me da mucha lástima darme cuenta de que hay muchos legisladores que no saben cómo va el proceso legislativo.

¡No, compañeros! No podemos empezar una discusión sobre artículos de los que no se plantea una modificación, así no es el proceso legislativo. Hay que leer la Constitución ¡Por favor!

El Partido Verde, desde la Cámara de Diputados, recibimos con mucho gusto las propuestas del Presidente y recibimos este nuevo proceso, este nuevo periodo extraordinario con ánimos de modificar un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, y con ánimos de modificar un artículo que seguramente le hará muchísimo bien a la población y a los empresarios, que son, a final de cuentas, el motor de este país.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Diputado Federico Döring Casar: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Diputado Döring Casar.

El Diputado Federico Döring Casar: (Desde su escaño) ¿Me pudiera usted anotar para rectificación de hechos, después de escuchar a la Diputada González Torres?

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Cómo no.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Omar Ortega Álvarez.

El Diputado Omar Ortega Álvarez: Con la venia del señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Por supuesto que conocemos los procedimientos cuando hay un periodo extraordinario, por la Diputada que me antecedió en la palabra, pero yo creo que lo importante no es solamente entrar en la propuesta de observaciones que hace el Ejecutivo al veto del artículo 32 y todos los artículos que de una manera u otra concuerdan o son relacionados con el tema de las empresas, porque eso es lo que tenemos que empezar a decir con mucha precisión.

Al Ejecutivo se le fue la oportunidad de su vida de demostrar que efectivamente quiere un país sin corrupción, sin pobreza, sin impunidad y sin opacidad, y hoy ofrece una propuesta de periodo extraordinario, donde sólo dice: “Alto a la corrupción”; para que diga: “Pase a la corrupción”.

Las empresas como Higa, como Banca Monex, como HL, no están obligadas a presentar su declaración patrimonial ni de intereses. La financiera, pues ya es una obligación elemental.

Y hoy sólo atiende a las voces de los empresarios, donde el nicho de la corrupción nace de dos sujetos: uno que corrompe y uno que se deja corromper.

Y estas empresas o estos particulares son sujetos obligados de la ley, tanto en la Ley General como en la Ley Federal del tema de la transparencia y anticorrupción, así como también en el artículo 108 constitucional, legisladores son sujetos obligados y hoy sólo lo quieren quitar de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos y dejar como sujeto obligado solamente a los funcionarios públicos.

Pero he ahí el nuevo tema importante. En vez de ser una Ley 3 de 3, es una 2 que 3, dado que hay una voluntad de más de 632 mil ciudadanos que manifestaron su voluntad para que en las tres declaraciones: patrimonial, financiera y de intereses, se hiciera un formato claro, sobre qué es lo que había que hacer público y así dar la máxima publicidad y garantizar de manera clara la certeza de que en esas declaraciones está la voluntad del funcionario de transparentar sus bienes, de haber rendido a tiempo sus declaraciones financieras y lo más importante, que no hay conflicto de intereses con empresas distintas.

Y hoy solamente hay una propuesta del artículo 32, que tendremos que discutir, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. ¡Bienvenida sea la posibilidad de discutirlo!

Lo malo, que habría que ver la interpretación legal, porque hay varias donde dicen “que solamente está uno para aprobar o en su caso rechazar las observaciones del Ejecutivo”. Y si fuera así, lo único que puede pasar es, si se vota a favor de la propuesta del Ejecutivo, es la impunidad para los empresarios. Si se vota en contra, también caemos en otro error, porque resulta que hoy, ese artículo 32 no solamente obliga a las empresas o a las personas morales o físicas, sino también a todos los prestadores de servicios, o reciben una remuneración por parte de las empresas, y eso sí hace el tema muy delicado.

Por eso el día de hoy estamos en una gran encrucijada, donde el país requiere un Sistema Nacional Anticorrupción robusto, que genere certeza y hoy solamente tenemos una propuesta del Ejecutivo que cae, obviamente, bajo los intereses de las empresas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Ortega Álvarez.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Armando Rivera Castillejos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos: Con su venia, señor Presidente. Compañeros y compañeras; Diputados y Senadores:

Hoy celebramos en el grupo parlamentario de Acción Nacional que el Presidente Enrique Peña Nieto le corrija la plana a los legisladores de su partido, el PRI, y de sus aliados, que no quisieron escuchar a los Diputados de Acción Nacional; no obstante, debemos dejar claro que el Presidente se volvió a quedar corto y no escuchó la voz de 634 mil ciudadanos que exigían total transparencia en los servidores públicos, y de lo cual Acción Nacional propondrá medidas para corregir este error, me refiero al artículo 29, ya que la información debe ser pública para poder combatir la corrupción realmente.

Hoy también vemos con gran incongruencia a los gobernadores priístas, por cierto, perdedores en las pasadas elecciones, ya que mientras el Congreso de la Unión actúa responsablemente para contar con un sólido Sistema Nacional Anticorrupción, en estados donde habrá transición, como Chihuahua, Quintana Roo y, especialmente, Veracruz, donde los sucesos son más que escandalosos, los gobernadores emanados del PRI mandatan a sus Diputados locales a aprobar leyes y reglamentos para cubrirles sus espaldas y otorgarles total impunidad ante los evidentes desvíos de recursos, no haciendo caso al voto ciudadano, que en las urnas los mandató a ser honestos, transparentes y buscadores del bien común.

Por eso damos la bienvenida a un segundo periodo extraordinario de sesiones.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Rivera Castillejos.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Jericó Abramo Masso, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Diputado Jericó Abramo Masso: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

El Sistema Nacional Anticorrupción será presidido por ciudadanos, esto es algo único en el mundo, tendrá un tribunal independiente y autónomo con total capacidad para investigar y sancionar; tendrá una fiscalía especializada para combatir frontalmente la corrupción.

Vale la pena señalar que tendrá mayores facultades nunca antes vistas para robustecer los mecanismos de control interno de todos los niveles de gobierno, un sistema integral conformado por ocho leyes y más de 500 artículos, algo que nadie, quizá, y lo afirmo, algo que nadie quiso hacer en el pasado.

Que lo hacían de forma discursiva, pero que olvidaban que al terminar el discurso y al acabarse el programa de los medios de comunicación, no salía de la retórica mediática, alguien que durante mucho tiempo dijo ser los héroes de la anticorrupción, pero nunca lo demostraron en hechos reales, creando leyes firmes, claras, ciudadanas y eficientes para que los mexicanos viviéramos con total transparencia.

Claro que se ha escuchado a todas y a todos.

Claro que se han incorporado todas las opiniones y se han escuchado a todas aquellas personas: especialistas en la materia, grupos empresariales, grupos ciudadanos y asociaciones que quieren un México transparente.

Claro que se trabajó siempre en eso, pero no se buscó ir al debate discursivo; se buscó transformarlo y hacerlo en leyes.

Todos los que estamos aquí, ya lo dijo una Diputada hace poco, construimos estas leyes.

Quiero aclarar que del año 2002 a la fecha, es decir, de la LVIII Legislatura a la actual, en los gobiernos de Acción Nacional se devolvieron y se vetaron 26 Decretos. En cinco casos, en el Senado y en cinco en Cámara de Diputados, se optó por no superar el veto en las otras 16, y se superó y se publicaron los Decretos.

En las dos legislaturas del actual gobierno, no se había producido ningún veto, esto habla y demuestra claramente el profundo respeto del Presidente de la República al Poder Legislativo, a su responsabilidad y a su compromiso con México. Aquí no nos escondemos en las máscaras, aquí no jugamos un doble discurso, aquí si damos la cara a la comunidad.

Hemos escuchado una y otra vez que el PRI y el Verde le dieron la espalda a la sociedad, otra vez, con líneas discursivas, solamente utilizadas y cortadas para una Cámara, para un video, para un face, para un twitter, para el snapchat, para el instagram, pero fuera máscaras, y lo digo con todo conocimiento de causa.

Aquí hemos dado la cara hoy a quienes buscan siempre información. Aquí hemos dado la cara a los que buscan hablar con verdades completas y no con verdades a medias que se convierten en mentiras totales.

Aquí, y lo dijimos en la Cámara de Diputados desde el 17 de junio, advertimos a la ciudadanía que había que hacerle buenas reformas porque había graves irregularidades que presentaban los incisos b) y c) del artículo 32.

Se dijo el 17 de junio, se advirtió, y por eso hoy estamos trabajando en esto.

Sólo espero, amigas y amigos, que éste no sea un anuncio para politizar de lo que supuestamente queremos que el ciudadano escuche. A nosotros sí nos interesa que el ciudadano sepa desde el inicio en que él paga impuestos, a donde llegó su recurso.

Queremos que el ciudadano sepa cuánto tienen los servidores públicos, queremos que el ciudadano sepa que en México se lucha todos los días por la transparencia, queremos que los ciudadanos sepan y tengan las garantías que los empleados de ellos, que somos todos nosotros, demos cuentas claras, estemos preparados para hacer honrosamente responsables, porque los que tenemos que dignificar la política somos los que estamos aquí. Compañeras y compañeros, las guerras de lodo le han llevado a México a perder la fe en muchos de los políticos.

No entiendo como hay muchas personas que buscan todos los días incendiarlo todo. Habemos millones de mexicanos que salimos a jalar todos los días, con ganas de que las cosas funcionen; habemos millones de mexicanos que salimos a enfrentar todos los días la búsqueda de empleo, que buscamos que haya seguridad, que buscamos que haya transparencia, que no toleramos hechos como los de Sonora o como los de Veracruz, que no toleramos que haya opacidad en ningún estado del país, que no queremos que haya ni gobernadores ni alcaldes, ni ningún servidor público que se esconda en la impunidad, eso es lo que lograron estos más de 500 artículos en estas siete leyes que todos construimos, compañeras y compañeros.

Dejemos el discurso lascivo, dejemos el discurso del engaño, vayamos a reconstruir el acuerdo político, hagamos que México tenga confianza en sus políticos otra vez.

Si la justicia sirve para hacer política, cada vez la gente creerá menos en la justicia; si la política sirve para hacer justicia, cada vez los mexicanos creerán menos en la política. Pero si la justicia sirve para hacer justicia, los mexicanos estamos contentos, y que los políticos hagamos política.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Abramo Masso.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias, señor Presidente.

Con el respeto debido al orador anterior, me emocionó tanto que casi le creí. ¡Sí votó de manera distinta! ¡Sí votó en contra! Casi le creí.

Y esos asuntos que usted argumenta de lucha anticorrupción, ¿no habría manera de que agarraran el teléfono y le hablaran a César Duarte, a Roberto Borge, al otro Duarte? Porque si su partido está empeñado en combatir la corrupción, que heroicamente usted aquí ha defendido, ¿no le podría decir a los Duarte que no anden incendiando sus estados, que no se estén blindando con fiscales anticorrupción nombrados por ellos mismos después de que fueron derrotados en las urnas y a semanas de que abandonen sus gobiernos?

Eso sería congruencia, eso sería combatir la corrupción.

El señor de Chihuahua acaba de aprobar, apenas hace tres o cuatro días, modificar la ley que obligaba a que el gobernador saliente tuviera que pagar todas sus deudas de corto plazo. Lo han modificado para que le queden todas sus deudas, que él tenía la obligación legal de pagar, para que ahora las cargue Javier Corral, que ganó democráticamente la elección.

El gobernador de Quintana Roo acaba de aprobar a un fiscal a modo y a un auditor a modo, que durarán 7 años, nombrados por él mismo para que los cuide a ellos mismos, a sus tapaderas.

El de Veracruz, ese sí se voló la barda. Si lo otro era casi increíble de creer, el de Veracruz, bueno, no nombra al portero por más tiempo porque no lo deja la ley, pero de verdad, ¿que él nombre su fiscal anticorrupción?, ¿que cambie magistrados, que ponga contralores permanentes cuando están a punto de salir para que nos vigilen? Eso sí, ahora como dice el dicho, “esos contralores no los tiene ni Obama”. Ni nadie los tiene.

Lo que me preocupa, es que ustedes no hagan un pronunciamiento aquí diciendo que están en contra de eso, porque si no lo hacen, entonces es un discurso demagógico todo lo que vinieron a decir. Si no actúan exigiendo que se respete la voluntad popular, que se cuide el estado de derecho, que no se blinde a gobernadores que fueron castigados por ladrones. Entonces, no es cierto su discurso.

Hagamos un llamado a todos aquí, para que esas leyes y adecuaciones a modo, que blindan a gobernadores que tienen solicitudes juicio político en la Cámara, porque tienen solicitudes de juicio político que ahí están durmiendo el sueño de los justos, aunque sí quitamos a una Diputada que falsificó una credencial de elector para ir a ver a un personaje, ahí sí hicimos un desafuero, pero no lo hicimos para Duarte, y no solamente eso, se blindan.

Hágase contra todos, no estamos diciendo que contra unos. Lo que no estamos haciendo nosotros donde salimos, es ponernos fiscales a modo.

En Oaxaca no se está haciendo eso. Hubo un cambio de voluntad popular, ganó el PRI y Gabino Cué no está haciendo eso, lo están haciendo Duarte y Borges, ellos son los que lo están haciendo y lo están haciendo porque saben que tienen cola que les pisen, que son corruptos y que si se les investiga, se les va a encarcelar. Y eso es lo que quieren evitar.

A otro perro con ese hueso, de que vienen a defender las leyes anticorrupción. No, no les creemos si no toman pasos concretos para evitar que sus gobernadores sigan haciendo lo que están haciendo.

Muchas gracias.

El Presidente Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Acosta Naranjo.

Se concede el uso de la palabra al Senador Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Es la última intervención que tengo a favor o en contra de la convocatoria, pasaremos inmediatamente al apartado de hechos y tengo tres legisladores inscritos.

El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso.

Vengo a hablar a nombre de mi grupo parlamentario del PRI, al que pertenezco, para referirme a la propuesta de convocatoria, al Decreto de convocatoria para un periodo extraordinario.

Hago una brevísima referencia respecto al listado que se ha mencionado hace un momento, habría que dedicarle buen tiempo para completar ese listado, habría que abrir varias páginas, pero el tema, señor Presidente, el tema que usted puso a consideración es justamente la convocatoria.

A riesgo de ser reiterativo, efectivamente, el Sistema Nacional Anticorrupción que surgió hace poco más de un año en una reforma constitucional sintetizada en el artículo 113, me parece que es uno de los puntos más relevantes de las tareas que el Constituyente Permanente ha asumido en los últimos años.

Para nadie es, por supuesto, desconocido que el tema de la corrupción sin distingos, sin etiquetas, es un tema grave y que nadie puede sentirse excluido de abordarlo, de conocerlo, o por anticipado, disculparse. Es un tema que a todos nos incumbe y que le importa esencialmente a la sociedad.

El Sistema Nacional Anticorrupción diseñado en nuestra Constitución, requiere ahora de legislación secundaria, de las siete leyes a las que ya se ha hecho referencia.

Independientemente del derecho que tiene cada legislador, cada grupo parlamentario de expresar sus puntos de vista como mejor les convenga, yo creo que la tarea principal es el complemento de esa disposición constitucional que es justamente a lo que se está ahora dando continuidad a través de parte del proceso legislativo.

En el ejercicio de impulsar esta legislación secundaria a partir de esta convocatoria que se origina por las observaciones que hace el Presidente de la República, debemos decir que, en primer lugar, el Presidente de la República está haciendo ejercicio de una facultad que le es atribuida en el artículo 72 constitucional, y que no una interpretación sistemática tendrá que remitirse al Reglamento Interno y a la Ley Orgánica para que no sea solamente una lectura, sino una interpretación integral.

Estamos haciendo un ejercicio para una mejor elaboración de la ley, estamos haciendo una tarea para tener, efectivamente, una manifestación depurada, prístina de lo que estamos pretendiendo sea integralmente el Sistema Nacional Anticorrupción.

¿Por qué interviene el Poder Ejecutivo Federal? Lo reitero, porque lo faculta la Constitución, pero si entendemos que la ley es la expresión de la voluntad del Estado, no del gobierno, hagamos el primer ejercicio por hacer, efectivamente, una buena legislación.

Si nos atenemos al trayecto constitucional, esta reforma es susceptible, por supuesto, de ser observada, y no es novedad: los dos Poderes en tanto a voluntad del Estado, participan en varias de las fases del trayecto legislativo, participan en el derecho de iniciar.

El Presidente puede iniciar, los legisladores pueden iniciar, y hay más, el Presidente de la República puede observar, lo faculta la Constitución, en un afán de colaboración, en un afán de que el principio de división de Poderes encuentra su excepción en el principio de colaboración, de participación, y más aún, cuando se trata del Constituyente que abre espacios incluso para los Congresos de los estados.

Pero no solamente es la iniciativa, no solamente es la parte de observación, sigue la participación del Ejecutivo también en la parte correspondiente a la promulgación, a la publicación. Es una tarea en la que no hay por qué ignorar ni descalificar la participación. Tiene legitimidad de origen, legitimidad constitucional.

Por eso, señor Presidente, estamos obviamente a favor y nos expresamos puntualmente a favor de esta convocatoria que, como ha sido expuesto en el Decreto correspondiente, se haga a partir del próximo día 5 y para que se discutan, con ceñimiento a la Constitución y con ceñimiento a la ley, las observaciones que ha hecho el Presidente de la República.

Ello nos llevará a hacer perfectible la ley. La ley es una manifestación, es una expresión del conjunto de la sociedad y del conjunto del Estado.

En medio de nuestros puntos de vista, todos respetables, todos atendibles, pero hagamos la primera tarea: esforcémonos por una buena ley, esforcémonos por seguir el camino y el trayecto que la Constitución le ha asignado a este Congreso de la Unión, al Ejecutivo Federal e incluso a la Corte, en su momento, que se encargará y se responsabilizará de decretar la constitucionalidad de las leyes o de los actos que hagamos.

Nuestro voto aprobatorio será en favor de la propuesta de convocatoria a un periodo de sesiones extraordinarias.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Burgos García.

No tengo más oradores inscritos para referirse a la convocatoria. Tengo tres solicitudes de intervención para rectificación de hechos. Daremos lugar a estas intervenciones en el estricto orden en que fueron solicitadas.

¿Hay alguna otra intervención para rectificación de hechos? De lo contrario cerraré el listado de oradores.

Tiene el uso de la palabra el Senador Carlos Alberto Puente Salas.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Creo que aquí hay cosas que sí tenemos que precisar, y tenemos que comenzar por hablar con la verdad, para dejar de mentirle a México, a las mexicanas y a los mexicanos, por tratar de hablarle a la Cámara buscando repetir una mentira mil veces que se haga verdad.

Aquí se viene a decir que a una propuesta del Verde y del PRI, nos corrigen la plana. Propuesta que fue motivo y se originó de una reserva presentada por el Senador independiente Manuel Cárdenas Fonseca, entre muchas otras que están enlistadas, entre una de ellas, por Senadoras y Senadores del Partido Acción Nacional que se allanaron a dicha propuesta.

Yo le pregunto al Senador Zoé Robledo: ¿Qué no le mienta a México, que venga aquí a decirles el sentido de su voto? Porque claramente yo lo vi levantando su manita, aprobando esa reserva que hoy dice que el titular del Ejecutivo nos corrige la plana al PRI y al Verde.

No, hay que tener humildad para reconocer. Si hay algo que el Ejecutivo en su facultad observa que lo podemos mejorar, porque después recibí varios comentarios que “había quedado muy abierto”, “que íbamos a afectar intereses de personas físicas y empezábamos a coincidir en ello”, que “estuvo a punto de alcanzar el consenso en la Cámara de Diputados”, pero no se logró.

Creo que es atendible la observación del Ejecutivo, y esto no se trata de venir a ponernos estrellitas, ni quién es el papá de la propuesta, lo importante es darle una respuesta clara a las y los mexicanos que verdaderamente estamos comprometidos para terminar con la impunidad.

Para dejarlo claro, díganle a México por qué no ganaron la Ley 3 de 3, si el PRD y el PAN, ustedes aliados, logran la mayoría con el PT. El Verde y el PRI en este Senado de la República somos minoría, dejen de hablar con falsos discursos.

Que no lo quisieron hacer, asúmanlo como sea, pero hay que decirle algo a México también muy claro, la Ley 3 de 3 se logró, se cumplió el cometido de la Iniciativa Ciudadana, y las declaraciones serán públicas, es las primeras palabras que conforman el artículo 29 de esta Ley de Responsabilidades Administrativas.

En el Verde estamos a favor de terminar con la impunidad, pero no con falsos discursos, hay que respetar el Estado de derecho.

Porque aquí a muchos ya se les han olvidado episodios verdaderamente vergonzosos que han tenido. Aquí nadie habla ni dice, ni reconoce que reservaron la información de los segundos pisos en un gobierno perredista aquí en la Ciudad de México por más de 20 años.

Se les olvidó la corrupción de la Línea 12 del Metro, en la cual nos ha costado miles de millones de pesos, no a los que viven en la Ciudad de México, a todas y a todos los mexicanos.

Ya se nos olvidó el penoso episodio, y vergonzante para la clase política, de las famosas ligas, y vienen y se llenan la boca hoy como impolutos, actos de corrupción han existido en muchos lados, y no es para enorgullecernos ni buscar que ha nacido peor que el otro.

Tenemos que buscar que se sancione, efectivamente, a quien se encuentre culpable, que vaya a pagar y si tiene que ser con la cárcel que lo pague con la cárcel.

Vamos revisando, a todos nos pueden señalar muchas cosas. Tenemos que atender la Estela de Luz, la presa en Sonora, incluso muchos actores aquí presentes se han prestado a actos de ilegalidad, como meter a ciudadanos encajuelados a la Cámara de Diputados para darles impunidad.

Creo que ese es el doble discurso que hoy aquí se ha venido a pronunciar, que hoy quieren engañar a las y los mexicanos, que este no era el debate porque el debate lo tenemos que dar referente a lo que observó el Ejecutivo de un Sistema Nacional Anticorrupción, completo, robusto, que no es light ni se quedó corto, que tiene dientes y que sí hay que reconocerlo: tiene la mano de todas y todos los legisladores, de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, de la sociedad civil organizada.

Compañeras y compañeros, no dilapidemos esto que es un logro de todos y que nos vamos a dar como mexicanos un verdadero sistema que luche contra un mal endémico que hemos tenido al día de hoy en nuestro país, como es la corrupción.

Terminemos con él, viendo como la paja en el ojo ajeno cuando no vemos la viga en el propio.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Si me permite la palabra para alusiones personales.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Lo tengo registrado en rectificación de hechos, ¿aún así desea?

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Sí.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra para rectificación de hechos al Senador Zoé Robledo.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Alusiones personales.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Perdón, alusiones personales. Tiene usted razón.

Recuerdo que las alusiones personales tienen preferencia en el debate parlamentario.

Proceda, Senador Zoé Robledo.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Creo que este es un debate que debimos haber dado en otro momento.

Claro que todos estamos en contra de la impunidad.

Yo recuerdo muy bien un video de un integrante del Partido Verde, recibiendo en un ofrecimiento un soborno diciendo “cuánto nos va tocar”, diciendo “que iba a ayudar con los trámites y diciendo que lo chamaquearon”, lo recuerdo bien.

Y miren, nadie está poniendo en duda que se salieron con la suya, nadie está poniendo en duda que lograron su objetivo de obstaculizar el proceso más importante que ha vivido este país de participación ciudadana. Tan claro es que yo nunca he visto la declaración 3 de 3 de algunos de los que están viniendo a defender la Ley 3 de 3, tan claro que todos esos intereses que están caminando por este Senado de la República, se exhiben de manera desvergonzada, cuando son principalmente los que quieren combatir la 3 de 3.

Ese es el asunto de fondo.

Nosotros y se lo voy a recordar a quien me aludió, nosotros en la votación del artículo 29 que era la de 3 de 3, votamos junto con los compañeros de Acción Nacional a favor, y ustedes votaron en contra, y si eso no lo entienden, si eso no terminan de asumirlo, entonces, seguirán siendo quienes están dañando a la política porque son los partidos que violan la Ley Electoral y luego pagan multas, los que dañan la política, son los partidos que simulan actos anticipados de campaña con recursos públicos y recursos privados, quienes dañan a la política. Son ustedes y dense cuenta por favor. Es como el alcohólico, la primer formar de resolver su problema, es reconociendo que lo tiene.

Y hoy, hoy los mexicanos, no solamente los 634 mil, 75 por ciento según el periódico Reforma, avalaba la 3 de 3.

Había un mandato clarísimo, no había que hacer una interpretación de la ley, era votar a favor del artículo 29 y les dieron la espalda.

Van a salir a pedir sus votos y cuando ellos vinieron a pedir el de ustedes, se lo rechazaron señores, asúmanlo.

La idea del 32 que, ahora qué obedientes son, vamos a buscar todos al Senador Cárdenas Fonseca, porque a las decenas, quizás centenas de artículos que hemos reservado en todo el proceso legislativo. Siempre tienen una respuesta, no se admite a discusión.

¿Cuántas veces lo habremos escuchado? No se admite a discusión.

¡Ah! Pero llegó el iluminado de Cárdenas Fonseca y todos se alinearon. Ustedes no votan en producto de una revisión y análisis de la reserva. Votan a partir de una indicación que les dan. 12:31 sube a tribuna, 12:41 se había votado la reserva.

La votamos a favor, sí, sin duda, no negamos que el engaño fue completo. No negamos que quienes los mandaron a hacer esta reserva y que aun la están vetando, lograron el objetivo, nadie lo ha negado.

Creíamos que había una lógica de controles al poder privado, sin duda, y después nos dimos cuenta, ¿Cuál era la verdadera intención? Hacerle el caldo gordo y generar una negociación con quienes impulsaron de manera decidida los empresarios, la Ley 3 de 3.

No estamos negando nuestro voto, pero sí vamos a hacerlo muy claro con el veto.

¡Ah!, ahora vienen a decir, ¿Cómo no lograron la mayoría?

Bueno, empecemos a revisar qué tan penetrados están algunos grupos parlamentarios por parte del PRI.

Claro que hay que revisarlo, en aras a la transparencia, escuchar las argumentaciones muy válidas de quienes no pudieron estar. Claro que sí.

Pero reconociendo ¿quién votó, quién? ¿quién votó qué? ¿cómo lo votaron?

Los reto, a ver, por qué no revisamos la huella digital de ese documento, ¿lo redactó Cárdenas Fonseca en su oficina? ¿los convenció su discurso?

Reconozcan a quien representan, reconozcan a quiénes van ustedes a defender, y entonces, aclaramos el debate. Ese debería ser un motivo de celebración, señores. Este debe ser el gran momento de la política mexicana, y ustedes lo echaron a perder.

Vinieron los ciudadanos, trajeron las firmas en cajas, los recibieron, les dieron la mano, les dijeron “vamos a tomar su iniciativa en cuenta”; y después, les dieron una puñalada en la espalda.

Claro que lograron el objetivo de distraer la atención de la 3 de 3 con el tema de los empresarios, claro que lo lograron, si son buenos para salirse con la suya; si son buenos con la maña; si son buenos para la trampa, nadie ha puesto en duda eso, nadie lo pone en duda jamás.

Hoy venir con ese cinismo a decir que votaron a favor de la Ley 3 de 3, sólo revela la sistemática forma como se conducen, dejen de mentirle a los ciudadanos, dejen de decirles que los apoyaron, cuando lo único que hicieron fue darle la espalda, había claridad sobre lo que había qué hacer, y dejaron de hacerlo.

Hoy vamos a ir a un debate sobre el artículo 32 para enmendar el error que cometieron ustedes, si tan a favor están de la Ley 3 de 3, por qué no los veo a todos declarándola, haciendo un ejercicio voluntario de transparencia, si están tan a favor de la Ley 3 de 3, por qué ni siquiera firmaron la iniciativa.

Hay que aclarar que en este debate hubo dos posturas: a favor de la iniciativa ciudadana, y en contra.

Y ahí estamos, ustedes manchando todo un Sistema Nacional Anticorrupción que acompañamos en consenso, que creemos que va a funcionar, que estamos esperanzados, y siempre tenía que haber ese manchón verde que se aparece de repente, ese manchón verde que está restándole dignidad a la política.

¿Con ese cinismo vienen a decir que apoyaron la 3 de 3?

¿Con ese cinismo van a seguir haciéndolo?

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Concluya, por favor, Senador.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Yo les digo una cosa, aquel personaje del video dijo que lo chamaquearon, a los ciudadanos, ustedes no los van a chamaquear; los ciudadanos están alertas, saben lo que pasó, saben quién los representa, con razón querían posponer este debate para después de la elección.

Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, porque aquí los resultados electorales fueron claros, fueron contra políticos corruptos, y los ciudadanos no se van a dejar chamaquear, ahí van a estar, y los van a ver.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Concluya, Senador.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Los van a ver de frente, cuando vayan a pedir su voto, a ver cómo les va.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra el Senador Juan Carlos Romero Hicks, para rectificación de hechos.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Distinguidos legisladores, Amos Bronson comenta que “la enfermedad del ignorante es ignorar su propia ignorancia”, y hoy lo que estamos viviendo es un debate en el que lamentablemente falta a la verdad.

El primer paso de la ignorancia es presumir saber, y se viene a decir que se estuvo a favor de algo cuando los hechos demuestran lo contrario.

¿Cuáles son los hechos?

Primero, 4 de agosto de 2014, Acción Nacional propuso el diseño de un Sistema Nacional de Anticorrupción, por fortuna todos los demás lo acompañaban y se fue enriqueciendo, no es logro de una sola fuerza política.

Segundo hecho, pensábamos que el Presidente Peña iba aprovechar dos momentos para iniciativa preferente, septiembre del año pasado, y febrero de este año, no mereció ese nivel de importancia, lo cual lamentamos.

Por eso el 26 de agosto del año pasado, Acción Nacional presentó sus primeras iniciativas en el seno de la Comisión Permanente, el último miércoles de la Comisión Permanente, porque queríamos abonar a todo esto.

Siguiente hecho, pasaron los tiempos, y tanto el Partido de la Revolución Democrática, como Acción Nacional, como fuerzas presentaron sus iniciativas, y fue hasta el primero de marzo de este año, imaginémonos, 1o de marzo, la vigencia de la norma constitucional fue a partir del 28 de mayo, el PRI presentó una propuesta acotada, incompleta hasta el 1o de marzo, hablemos con la verdad.

Y luego, el siguiente hecho es que diferentes partidos, entre otros Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, comentamos de la importancia de ponerle dientes a la reforma, y sistemáticamente el Gobierno federal y sus partidos, el PRI y el Verde, no quisieron asumir el tema de la Fiscalía Anticorrupción y el tema del Código Penal, por fortuna reconsideraron, hay que reconocerlo, pero eso impidió, y es el hecho de que hayamos fallado el cumplimiento de las leyes secundarias el 28 de mayo, y todo el Congreso le falló a México, y en esto tenemos todos responsabilidad, unos más y otros menos, pero tuvimos que corregir en el camino.

El otro hecho es incontrovertible, es que a partir del 29 de abril de este año, el PRI se presenta con una tercera aproximación de dictamen, porque el Presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana no es un Presidente del PRI o del Verde, es un Presidente de una comisión del Senado de la República, y sale a decir envuelto en la bandera de la sociedad civil, de que ya tenían el acuerdo con ellos, y eran propuestas diluidas, y prueba de ello es que la propia sociedad corrige la plana y tiene que señalar que frente a la excusa de que no teníamos tiempo no había otra manera de hacer las cosas. Hasta aquí los hechos.

Ahora seamos maduros, la madurez implica humildad, prudencia, sensibilidad, inclusión y sentido común.

Esta reforma que hemos construido entre todos, pasa por la visión de la sociedad y la visión de todos los partidos políticos.

Mi exhorto acomedido es que huyamos de la soberbia, que huyamos de la ignorancia, y no que vengamos a presumir lo que no podemos ostentar, porque el ignorante afirma y el sabio tiene que reflexionar.

Estamos en búsqueda, escuchémonos, pero no vengamos con actitudes que no engrandecen a la república.

Es cuanto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tengo registrado al Senador Zoé Robledo, para rectificación de hechos.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Declino, Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Declina. Gracias.

Tiene el uso de la voz el Diputado Alejandro Domínguez.

El Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Con el permiso de la Presidencia.

Quiero expresar de manera clara, que la reforma planteada del Sistema Nacional Anticorrupción surge, sí, por la necesidad de poner un orden en el ejercicio presupuestal de todos los órdenes de gobierno, pero surge, hay que decirlo, con precisión, surge a partir de que se inauguraron, por parte de algunos Diputados, los famosos “moches”. Surge a partir de que algunos legisladores, que a veces se les pinta el cielo de azul, surgen para poder sancionar a aquellos que estaban extorsionando a alcaldes, aquellos que estaban extorsionando gobernadores para poderles llevar recursos, pidiéndoles dinero a cambio para títulos de carácter personal. Por eso surge el Sistema Nacional Anticorrupción.

Y surge el Sistema Nacional Anticorrupción estableciendo, no solamente el tema 3 de 3, es algo más que el 3 de 3.

Surge para establecer una penalidad de hasta 14 años de prisión a aquellos legisladores que están pidiendo “moches” a los alcaldes. Surge para crear un Sistema de Fiscalización. Surge para crear un Sistema de Auditoría que sea acorde a las necesidades que tiene este país. Surge para darles cabida y participación a los ciudadanos. Por eso el Consejo de Participación Ciudadana, que será electo también por ciudadanos. Surge para, reitero, darle cauce a la expresión ciudadana.

Con claridad y con la frente en alto les digo, y quien quiera ver el 3 de 3 en la página del Imco, ahí está mi 3 de 3, de acuerdo a lo que he venido haciendo, circunstancia que en el estado de Chihuahua, ningún legislador del PAN ni de otro partido político lo tiene, por eso hablo con la claridad moral que me da el estar en este sistema y el poder expresar con precisión esto.

Decir que no podemos tener memoria corta. Lo decía ahorita el Senador del Partido Verde: “no podemos pedir transparencia y rendición de cuentas, cuando somos nosotros quienes violentamos la ley, encajuelando Diputados, para que tomen protesta”, no podemos actuar de esa manera.

No podemos nosotros pedir transparencia y rendición de cuentas, cuando organizamos tomas de Palacio de Gobierno con bombas molotov para poder pedir que se anticipe el mandato constitucional de alguien que culmina su mandato el 4 de octubre.

Me parece un despropósito el venir a esta tribuna del Senado de la República de la Comisión Permanente, a hacer expresiones de esa naturaleza.

No podemos, en esta tribuna, auto flagelarnos y decir que todo está mal, porque es lastimar la deteriorada función que tenemos todos los legisladores, la deteriorada imagen que tenemos todos los legisladores por venirnos a auto flagelar aquí en esta tribuna.

Debemos venir a decir también lo que estamos haciendo bien, los avances que se tienen en este Sistema Nacional Anticorrupción, que hemos dado pasos hacia adelante en este tema, que no todo está mal, que hay cosas por mejorar, sí, toda norma jurídica es perfectible y a eso debemos atenernos quienes estamos haciendo esta labor representando a los mexicanos.

Aquí nadie quiere chamaquear a nadie, aquí venimos a representar a los mexicanos, y venimos a representarlos con dignidad, venir a representarlos en sus causas, en sus necesidades y en el pensamiento que tiene la mayoría de los mexicanos, no solamente ciertas minorías que pueden estar o no estar de acuerdo con cada uno de nosotros.

Decir que hace un momento se referían a mi estado, al estado de Chihuahua, mienten quienes han venido a aseverar que se han hecho reformas para crear fiscales a modo, ni se creó ni un fiscal ni se estableció una modalidad para ello, como se ha hecho en otras partes del país. Como el caso que puedo señalar también, el caso de Puebla, donde se estableció un fiscal por siete años para poder tratar los temas anticorrupción, no hay ninguna reforma en ese sentido, hay una adecuación al Sistema Nacional, porque la Constitución de Chihuahua no preveía, durante muchos años, el tema del Sistema Nacional Anticorrupción.

Y decir que se van a dejar deudas para el futuro también es una falsedad, la Constitución de Chihuahua, aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos donde están representados el PRI, el PAN, el PRD, el Partido Verde, Movimiento Ciudadano y otros, aprobó una Reforma Constitucional, cuando se aprobó la reforma constitucional de la disciplina financiera, pero omitieron todos los partidos ponerle fecha de término, lo único que se hizo fue ponerle una fecha de entrada en vigor a algo que no tenía, y no se establecen el decir que vamos o que se van a dejar pagos hacia el futuro o que se van a dejar de pagar proveedores, quien lo diga que lo demuestre con hechos, porque falsedades aquí es lo menos que podemos venir a decir, porque eso, reitero, mancha la imagen que como legisladores tenemos.

Si no conocemos lo que está pasando en las entidades federativas, mejor hablemos de lo que sí sabemos, y lo que sí sé y estoy consciente, porque los medios lo consignan, es que alguien metió a un Diputado vinculado con el narco a tomar protesta, lo que también sé es que hay quienes inauguraron los famosos moches, alcaldes, y sé también que quienes pusieron candidatos a Diputados inauguraron los moches con el narcotráfico.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Voy a dar lectura al registro de oradores, con esto cerraríamos esta discusión: Diputado Acosta Naranjo, Diputado Döring Casar, Senador Encinas Rodríguez, Senadora Gastélum Bajo,

Tiene el uso de la palabra el Diputado Acosta Naranjo.

El Diputado Guadalupe Acosta Naranjo: No voy a aludir a nadie.

Qué piel tan delicada, si es el primer debate que hay de verdad en la Permanente en todo este periodo, ahora sí que vengo estrictamente a rectificar hechos en el más clásico sentido de la palabra, a rectificar hechos.

Lo del encajuelado, ese carro no tiene cajuela, ¿cuál encajuelado? Si ahí están los videos, véanlos, antes de hablar, ese carro no tiene cajuela, el señor tenía un amparo, ingresó en un vehículo que yo no iba manejando, en el asiento de adelante, ¿cuál cajuela?

Cuando ingresa a la Cámara de Diputados lo acompañan, entre otros, el actual gobernador de Coahuila, Moreira, César Augusto Santiago, son la comisión de acompañamiento, yo no estaba en el Pleno, y quien le toma protesta es mi extraordinario, fino y nunca bien ponderado amigo de Ramírez Marín, que era Presidente de la Cámara.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Señores legisladores, les recuerdo que están prohibidos los diálogos.

Continúe Senador.

El Diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Por eso, exactamente porque aquí tengo el oficio expedido por ti que no tenía delito alguno, notifícaselos a los demás, se lo voy a dejar aquí de testigo al Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ruego no mantenga los diálogos.

El Diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Al Presidente del Senado. Eso fue lo que pasó. Pero qué más pasó en ese momento.

Posteriormente la Procuraduría General de la República aportó elementos que demostraban que ese señor que entró con un amparo, y que el Presidente, teniendo una obligación legal, le tomó protesta, mi amigo Ramírez Marín, tenía elementos de delito.

Y el PRD era en ese momento, Coordinador Parlamentario, aquí otro amigo presente, Alejandro Encinas, de nuestro partido, yo era Vicecoordinador, decidimos iniciar un proceso de desafuero nosotros, lo desaforamos y le avisamos a la Procuraduría, y le avisamos a la Secretaría de Seguridad, y no lo detuvieron. Ahí está la diferencia.

Nosotros iniciamos procesos de desafuero contra quien tiene elementos, y ustedes los protegen, ustedes protegen a Duarte y a Borge, ustedes los protegen, ahí está la pequeña diferencia.

Hablaron también del caso de René Bejarano, al que se encontró en un video, ésa fue la prueba, recibiendo unos fajos de billetes, claro que sí, están las grabaciones, calma, tranquilas. Y entonces a ese señor también se le inició proceso de desafuero, por el propio grupo parlamentario, y se le desaforó y fue a la cárcel, y ahí llevó él su proceso.

¡Cárcel, donde queremos ver a César Duarte! ¡Cárcel, donde queremos ver a Roberto Borge! ¡Cárcel, donde queremos ver al otro Duarte! ¡Pero ustedes los protegen!

Nosotros iniciamos el proceso de desafuero, los ponemos en la justicia y ustedes los protegen, ésa es la pequeña diferencia entre ustedes y nosotros.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Diputado Federico Döring Casar.

El Diputado Federico Döring Casar: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Diputados y Senadores:

Hay varias cosas que rectificar.

Primero. La perversidad del veto. Bien dijo la Diputada Sofía González Torres. Aquí habla con desconocimiento quien pretende, a la luz de la observación al 32, retomar el debate del 29. Eso es jurídicamente improcedente.

Pero lo que nadie dice aquí, que es la perversidad del veto de la Presidencia de la República, porque si se hubiese zanjado esto a través de una contrarreforma, entonces sí estaríamos en posibilidad de retomar el debate del 29, y Acción Nacional tenía lista la contrarreforma para traer a debate el 29, el 3 y el 32.

Y lo que hace la Consejería Jurídica es decir, para darle la espalda a las 600 mil firmas y al 3 de 3, se escabulle en el veto presidencial para sólo congraciarse con la pifia al 32C. Y por supuesto que hay que revisarla, porque en el espíritu de lo que se hizo muy mal, que Acción Nacional quiso corregir, está la sombra de la corrupción, como bien se decía.

En este sexenio, donde Arturo Hinojosa de Higa, se dedica a traspasarle propiedades inmobiliarias a los integrantes del gabinete, ¿no vamos a supervisar a los contratistas públicos donde OHL no tenía contratos en Pemex y de repente se llena de contratos en Pemex? Por supuesto que había que hacer algo así, pero se hizo mal, y en eso el Presidente hace bien en el 32. Pero le queda grande la estatura del veto en el 29, y nos vamos a tener que esperar a resolver el veto para presentar las contrarreformas.

Y otra cosa que habría que presentar de contrarreforma, a la luz de lo que está haciendo el gobernador Duarte en Veracruz, es reformar la recientemente aprobada Ley Orgánica a la Procuraduría, para que el Fiscal Anticorrupción no pueda tener antecedentes partidistas.

Lo que está haciendo y pretende consumar mañana Duarte en Xalapa, es un atentado a la democracia y va contra todo lo que el Congreso de la Unión está haciendo. Pretende imponer a Francisco Portilla, cuatro veces candidato por el PRI, como Fiscal Anticorrupción, ése es el mensaje que manda, y es tan malo, que Carolina Monroy, la Diputada que funge hoy día como Presidenta interina del PRI, acaba de deslindarse de Javier Duarte.

Ahora les toca a ustedes, ahora les toca decirlo fuerte y claro, porque si bien no lo pueden hacer como Gobierno federal, sí lo pueden hacer como partido, sí pueden mandarle un mensaje a sus Diputados locales, que no se presenten a Xalapa a consumar esta atrocidad.

El PRI tiene que demostrar que sabe mantener la gobernabilidad, y que los platos rotos de sus derrotas electorales no los van a pagar los ciudadanos.

Los ciudadanos en Veracruz, en Quintana Roo y en Chihuahua, mandaron un mensaje claro en contra de la corrupción, y quienes votaron a favor de una oferta política, de poner en la cárcel a los corruptos, están viendo hoy que la impunidad le está ganando al mensaje de la urna.

Si lo que dice Carolina Monroy es cierto, para que tome nota, consúmenlo, no lo hagan en una conferencia de prensa, es lo que decía Zoé Robledo: “No vengan aquí a decir que están del lado del combate a la corrupción”.

Si en verdad están, consúmenlo. Denle una instrucción política a sus Diputados locales, de que no consumen el atropello de Duarte.

Estamos hablando de un gobernador con 11 por ciento de aprobación, pero también hay que ver que tiene 50 mil millones de pesos que le auditó y que no pudo comprobar ante la Autoridad Superior de la Federación con documentos certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Compañeras y compañeros legisladores, sí vamos a ir al periodo extraordinario, pero también hay que ver qué representa el 29, y lo pinceló Clemente, pero no es sólo el 3 de 3. Lo que quedó corto en los votos de PRI y del Verde es más grande que el 3 de 3, porque el 3 de 3 sí es un clamor de transparencia, pero representa algo histórico, más allá del 3 de 3, es la primera vez que los ciudadanos se organizan y llevan una petición ante el Congreso de la Unión.

Y ante ese primer ejercicio histórico, el Congreso lo que dijo fue: “Sí, pero poquito”. Y le pone el concepto de vida privada, en el cual cabe perfectamente él o la cónyuge del político. Esas firmas no venían a pedir el 32, venían a pedir el 29, y bajo el concepto de vida privada cabe todo lo que esté a nombre del cónyuge del político.

Cualquier coincidencia es sólo un personaje ficticio, no piensen mal.

Estamos viendo que en ese contexto, en este sexenio, aquí se viene a presumir el Sistema Nacional de Anticorrupción, sí, pero lo que no se dijo es que esa reforma no viene del Pacto por México, esa reforma la propuso, ya lo dijo el Senador Romero Hicks, Acción Nacional antes que cualquier otra fuerza política y que si se tuvo que ceder por parte del PRI, es porque no se podía sostener ante la opinión pública tanto, tanto hedor por la corrupción.

Nosotros hemos hecho la parte que nos toca y en ningún gobierno de Acción Nacional que ha sido derrotado en las urnas hemos saboteado el mensaje de los ciudadanos. No supieron ganar las elecciones y no supieron gobernar a sus estados.

Ojalá sepan administrar su derrota y que no les quede grande la gobernabilidad, su derrota, porque si no saben asumir sus derrotas, no merecen reivindicar sus victorias, el demócrata se conoce en ambas, en las buenas y en las malas, no sean demócratas para ganar y revanchistas para perder.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Döring Casar.

Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Con su permiso. Gracias, señor Presidente.

Bueno, hasta que por fin tenemos un debate en la Comisión Permanente, yo creo que este es el primer saldo de los resultados de la elección y creo que justamente se está colocando en el tema de discusión fundamental que gira en torno a las campañas electorales y la preocupación de los ciudadanos, porque los resultados electorales no son resultados de una iniciativa respecto a la regulación de la marihuana para uso medicinal, por establecimiento del matrimonio igualitario en la legislación mexicana.

Lo que cuestionaron profundamente las mexicanas y los mexicanos, es la profunda corrupción de impunidad y los privilegios de que goza la clase política en este país y donde hubo alternancia fue fundamentalmente en aquellos casos donde se acreditó la profunda descomposición y degradación de las instituciones públicas y la corrupción tan profunda que existe en el ámbito local.

Eso es lo que hay que discutir. Efectivamente hay un veto presidencial a un artículo que está mal redactado, eso hay que asumirlo, y que votamos prácticamente por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados, tenemos que asumirlo.

¿Dónde está el diferendo? Está en dos temas centrales, el que prevalece respecto al artículo 29, efectivamente no se puede discutir en el periodo extraordinario, pues solamente tenemos la opción de ratificar la resolución del Congreso, aceptar en sus términos el veto que envió el Ejecutivo Federal o enmendarlo considerando los parámetros del veto establecido por el Ejecutivo.

No hay mayor margen de maniobra en la discusión legislativa, pero prevalece nuestro referéndum respecto a la declaración patrimonial, de interés y fiscal de todos los servidores públicos en su carácter público, pero también el combatir la otra cara de la corrupción, a los verdaderos beneficiarios de la corrupción, que son todos aquellos que a partir del tráfico de influencias, del cohecho o del soborno han sido los grandes beneficiarios de los contratos de infraestructura o de adquisiciones de los distintos órdenes de gobierno, y no podremos enfrentarlo en este momento en el extraordinario, pero anticipo y espero que construyamos una mayoría y hay que hacer una ley contra el soborno, contra el lavado de dinero, contra la construcción de empresas fantasma, offshore, fuera del país, porque no solamente se eluden impuestos o se lava dinero, sino se depositan muchos de los recursos que derivan de los actos de corrupción en las instituciones públicas y en los órdenes de gobierno.

Ése es el debate clave.

Retomo, ya para no profundizar más en ello, lo dicho aquí por el Senador Romero Hicks y el Senador Zoé Robledo, en cuanto al debate que tenemos pendiente en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, y lo señalado por el Diputado Acosta Naranjo en el caso de Godoy Toscano, para lo cual agrego simple y sencillamente una información en la que hemos insistido:

Cuando se notificó al entonces Secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, del inicio del proceso de desafuero, no solamente hubo una vigilancia especial de la Procuraduría y de la Secretaría en ese momento sobre Godoy Toscano, sino que incluso se establecieron mecanismos de seguimiento.

Les pongo un ejemplo, un geolocalizador en su vehículo para poder seguir todos los movimientos de él, y cuando fue desaforado y le preguntaba yo a los responsables de ese seguimiento que qué había pasado, por qué no se había detenido, nos dijeron que había cambiado de vehículo, cuando había una vigilancia las 24 horas del día sobre él.

Y hoy todos los detenidos por el “michoacanazo” están libres y el amparo de Godoy Toscano está vigente sin que se concluya ese proceso judicial.

Finalizo con otra rectificación de hechos porque también esta política muy de Goebbels, aquél personaje encargado de la comunicación del Partido Nacional Socialista en época de Hitler, de que una mentira repetida mil veces se vuelve verdad, es respecto a que se ocultó la información de los segundos pisos y de las obras viales en la ciudad.

A mí me correspondió la construcción de parte de esos segundos pisos y de otras obras, y esa información es pública desde el año 2003 y pueden acceder a ella en la página del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal, www.fimevic.df.gob.mx, donde encontrarán desde los anteproyectos de inversión hasta los contratos.

Yo me permito, Senador Puente, enviarle en este momento todos los contratos a su correo electrónico del Senado de la República, y todos aquéllos que quieran conocer desde los anteproyectos, los proyectos, los contratos y la evaluación de la obra, pueden acudir a esa página o, en su caso, nosotros mismos les haremos llegar toda la información.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, señor Presidente.

Parece novela esto, ¿no?, que si lo metieron, que si lo sacaron.

Pero, yo sí quiero dejar muy claro y con hechos, que el PRI no es y no será tapadera de corruptos, y les voy a poner dos ejemplos:

Están presos Andrés Granier y Jesús Reyna. De los otros, ¿quién está en la cárcel? Con hechos, señores.

No es viniendo aquí a buscar una certificación de santidad, porque es como escupir al cielo.

Me parece que el debate que ustedes han querido dar allá afuera y aquí, es decir que no pasó nada con la Ley 3 de 3, y realmente es una mentira como dijo mi muy querido amigo Encinas, repetida muchas veces, que han querido hacer creer.

Siete leyes no se hacen al vapor. El Sistema Nacional Anticorrupción es muy claro. Hoy se habla de influyentismo, de los moches, del enriquecimiento ilegítimo, una serie de cosas. Por cierto, quiero decir algo, para venir a hablar aquí hay que tener la lengua larga y la cola corta.

Yo no soy hija de un ex gobernador, he trabajado desde los doce años. Vengo de una familia en que mi padre trabajó, y lo podrán saber de Guasave, todos los días y mi madre también.

Hay que revisar las herencias y de dónde venimos, porque la estabilidad económica tiene sentido.

Dicen que hay dos cosas que no se pueden ocultar: el amor y el dinero. Y eso no se puede ocultar.

Dejemos de seguir echando mentiras afuera. El Sistema Nacional Anticorrupción es claro, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos también lo es. Hoy el Código Penal Federal habla por su nombre a lo que antes era solamente una amonestación.

Son encantadores maniqueístas. De veras, me apantalla su retórica y su demagogia. De veras, puedo dormirme un buen rato porque histriónicamente las manos van y vienen, pero su pasado los culpa.

Yo no quiero hacer una lista, me dijeron quien votó en la madrugada. Que si los azules hicieron acá, que si los amarillos, y los independientes que vinieron a decirle a la gente que era la opción del electorado, pues salieron peor que los pintos y los colorados, el debate es el artículo 32 y esa es la invitación.

Si el sistema no sirve hay que seguir debatiendo, pero no hay que echarles mentiras afuera. Empecemos por echar a los corruptos al bote, nosotros ya empezamos, y no tembló la mano, no le dimos el fuero para que no lo echaran al bote, porque esa es la verdad de Julio César.

La verdad de Julio César es: “Vas y protestas y luego nos arreglamos”. Y aquí vienen a decir que siguieron todo un procedimiento, pues es que la verdad era muy clara, las grabaciones estaban a la luz de todo el mundo, todo lo juzgaba.

Entonces no vengamos a certificarnos aquí en santidad, empecemos por resolver el tema de la impunidad, que es muy grande en este país y que a todos nos ha tocado.

Nadie vino aquí a defender a Granier, ni en Michoacán al ex gobernador, ¿verdad?, nadie ha venido a decir: “Echen al bote a los corruptos. Sí, échenlos, eso queremos, porque eso es lo que demanda la sociedad, eso es lo que quiere la sociedad”.

¿Saben por qué no nos cree la sociedad? Porque somos muy histriónicos, actores de teatro que venimos aquí a decir una serie de cuestiones que no le sirven a la sociedad, a la sociedad le sirven acciones contundentes, y ya hemos empezado.

El Sistema Nacional Anticorrupción, yo tengo que decir y felicitar a todos los que tuvieron que ver con eso, no es una ley hecha al vapor, es una ley bien hecha. Sí le falta, tenemos que construirla no sacándonos los ojos unos y otros. ¿Eso a quien le sirve?

¿Le sirve a la gente que se ha enriquecido ilícitamente? Claro que no. ¿Le sirve a la sociedad? No le sirve. Empecemos por hablar con claridad.

Y si vamos a las listas, ojalá vieran la lista que yo traigo y nadie me sopló al oído, hay tanta historia atrás de las y los políticos de este país, que empecemos a ser claros y transparentes en la situación que tenemos.

Por su atención, muchas gracias.

Y empecemos el debate en lo que sirve, que es el artículo 32; el artículo 32 es el que nos citó aquí. Venirnos a sacar otra vez los disque trapitos al sol, pues no le sirve a nadie.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Agotada la lista de oradores.

Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto por el que se convoca a sesiones extraordinarias a la Cámara de Senadores. Les informo que los legisladores que aparecen en el monitor frente a ustedes son quienes pueden emitir su voto sobre este asunto a través del dispositivo electrónico de sus escaños.

Si alguno no está en condiciones de utilizar el mecanismo electrónico, ruego me lo indique para levantar la votación nominal desde su escaño cuando la Secretaría se lo solicite. Una vez cerrado el registro, la Secretaría preguntará a quiénes restan por emitir su voto.
Estamos votando el Decreto de convocatoria a periodo de sesiones extraordinarias de la Cámara de Senadores, inmediatamente después entraremos al trámite de la convocatoria respectiva para la Cámara de Diputados.



La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 33 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Senadores a realizar sesiones extraordinarias.

Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente convoca al Senado de la República a celebrar sesiones extraordinarias durante el actual receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, a partir del 5 de julio del presente año. Comuníquese este Decreto a la Cámara de Senadores. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.





 

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados remitió una comunicación, con solicitud para convocar a dicha Cámara a sesiones extraordinarias.

Solicito a la Secretaria dé lectura a la comunicación.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En atención a la solicitud de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en relación con la celebración de un periodo de sesiones extraordinarias, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se incorpora dicho asunto para trámite en la sesión del día de hoy.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el proyecto de referencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.





 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al proyecto de Decreto, por favor.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura al proyecto de Decreto que convoca a sesiones extraordinarias.



La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron un total de 33 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Diputados a realizar sesiones extraordinarias.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Diputados a celebrar sesiones extraordinarias durante el actual receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, a partir del 6 de julio del presente año. Comuníquese a la Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.





 

Informo a la Asamblea que recibimos en la Mesa Directiva una comunicación suscrita por la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 29 de junio de 2016.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda del día de hoy.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy la licencia de referencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si se autoriza su incorporación, señor Presidente.

COMUNICACIÓN



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

"Único. Se concede licencia a la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 29 de junio de 2016."

La Diputada María Bárbara Botello Santibáñez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Diputada Botello Santibánez.

La Diputada María Bárbara Botello Santibáñez: (Desde su escaño) Gracias.

Solamente para desearle mucho éxito a la Senadora Ana Lilia Herrera.

Creo que el nombramiento o el nuevo cargo que va a tener es un reconocimiento a su brillante trayectoria, a su responsabilidad, y nos sentimos muy orgullosas del trabajo que ha hecho.

Mucho éxito, Senadora.

El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Señor Presidente, pido la palabra.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Jesús Casillas Romero, por favor.

El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Pues yo conocí a Ana Lilia Herrera en el 2012, en la feliz coincidencia cuando llegamos a la pasada legislatura como Senadores de la República.

Aunque ya tenía antecedentes de ella, sabía que como alcaldesa del municipio de Metepec había logrado, entre otras cosas un logro muy importante: haber obtenido el primer lugar en transparencia presupuestal, galardón que otorga el Imco.

Hoy que estamos hablando del 3 de 3, y que ya, desde el 2010 se trabajaba en temas de transparencia desde el municipio de Metepec, que en aquel entonces gobernaba mi compañera Ana Lilia Herrera.

Tuve la oportunidad también de saber cómo en Metepec se redujeron los índices de marginalidad de pobreza, y esto no fue obra de la casualidad, fue obra de una alcaldesa comprometida con su comunidad, que trabajaba todos los días, dando su máximo esfuerzo en beneficio de sus paisanos.

Quiero también decir que, ya aquí en el Senado de la República, tuve la oportunidad de trabajar en temas conjuntos, en la que vi a una legisladora comprometida con los temas de la ciudad.

Su paso, primero, como Presidenta de la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano, en la que dejó una huella importante, con un número importante de iniciativas, que hoy por hoy pueden, de alguna manera, considerarse como un parteaguas en los temas metropolitanos.

Trabajar al lado de ella en temas de movilidad, hemos trabajado juntos y, bueno, yo me congratulo, son sentimientos encontrados. Ella se aparta de esta responsabilidad de momento y hay que hacer un reconocimiento.

Trabajamos juntos una Ley General de Movilidad, que en fecha próxima, pues, habré de presentarla ya sin la firma, pero sí con el sello del trabajo comprometido en los temas de movilidad.

Y qué decir como Presidenta del Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat, en la que fuimos testigos de la organización de un gran evento en Toluca. Esta reunión regional en la que asistieron países de Latinoamérica y en el que Ana Lilia tuvo un papel destacado.

Creo que perdemos una compañera legisladora trabajadora, comprometida con los temas de la ciudad, con los temas del país, pero seguramente en el Estado de México, donde seguramente seguirá dando los mismos buenos resultados que ha dado como legisladora local, como Secretaria de Desarrollo Social, como Senadora de la República y seguramente como nueva funcionaria del gobierno del estado; los mexiquenses ganan un elemento de la estatura de mi amiga Ana Lilia Herrera.

¡La Felicito!

¡Le deseo el mayor de los éxitos!

Y decirle que aquí tiene un buen amigo, y muchos amigos que seguramente vamos a estar muy al pendiente a lo que haga y nos ponemos a sus órdenes.

Gracias.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

El diagnóstico de Ana Lilia es bien alto, es una mujer muy querida, muy respetada, muy brillante, muy inteligente y tiene un ingrediente que a veces a algunos nos falta: es muy prudente, y la prudencia en política y en el parlamento es muy necesaria.

Ana Lilia, te queremos mucho.

Sé que esta nueva responsabilidad te va a acarrear otras cosas importantes en tu vida, y estoy segura que lo vas a hacer muy bien y que vas a seguir creciendo como hasta ahora.

Para el grupo parlamentario del PRI, para las mujeres Senadoras de la República, no solamente te pedimos, te exigimos que no por el hecho de no ser Senadora de martes y jueves, dejes de ser nuestra amiga.

Te queremos amiga, para siempre.

Una mujer seria, responsable, prudente, que va a ser una excelente Secretaria de Educación Pública en el Estado de México.

La Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, por favor.

La Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu: (Desde su escaño) Tengo sentimientos encontrados.

Ana Lilia fue mi compañera, siempre estuvimos atrás y adelante platicando, conversando, intercambiando puntos de vista.

Soy testigo de ser una gente muy respetuosa, muy querida, muy apreciada y muy trabajadora como Presidenta de la Comisión y como impulsora de un tema tan importante en Latinoamérica, como es el Hábitat.

Pero además, soy testiga de que es una gran mujer con una gran congruencia, una política con congruencia entre lo que dice y lo que hace, con una figura de respetabilidad y una gran gestora.

Pude ser testiga, en muchas ocasiones, que vinieron sus paisanos del Estado de México, y con una puntualidad, un respeto, un cariño y una gran congruencia en la gestión de la solución de sus problemas.

Hoy que nos comunica su voluntad para separarse del cargo de ser Senadora de la República, me encuentro con sentimientos encontrados, sé que servirá puntualmente a su estado natal, Estado de México, pero sé que deja un vacío en nosotras las mujeres, Senadoras del Partido Revolucionario Institucional, y seguramente de los demás grupos parlamentarios.

Te deseamos, Ana Lilia, nuestra hermana, querida, Senadora, el mayor de los éxitos y la mayor de las suertes, que sepa que en todo tiempo y en todo momento, hoy y siempre, estaremos de tu lado con nuestro cariño y nuestro afecto, y, sin duda alguna, con nuestro apoyo cuando así lo requieras.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Carlos Puente Salas.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: (Desde su escaño) Muchas gracias, Presidente.

Simplemente para expresar a nombre de, en este caso, las Diputadas y Diputados Federales, las Senadoras y Senadores del Partido Verde, nuestro mayor reconocimiento a una compañera, a una amiga, a una mujer responsable, a una mujer seria y comprometida con su estado y con su país.

Ana Lilia, yo creo que en este momento vas a enfrentar un reto más en tu vida pública, que yo estoy seguro que habrás de sacar adelante, como todas y cada una de las encomiendas, eres una mujer que asume los compromisos y los encara con seriedad, lo pudimos constatar en estos ya casi cuatro años en este Senado de la República, en donde vimos a una mujer preparada, una mujer comprometida y una mujer que verdaderamente se clavó en los temas en su responsabilidad cumpliéndolos a cabalidad y cumpliéndole a las y a los mexiquenses.

Te deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva encomienda, en este nuevo reto que emprendes dentro de tu vida profesional, deseándote que tengas el mayor de los mismos.

Muchas gracias y muchas felicidades.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Para desearle a la Senadora Ana Lilia Herrera éxito en las nuevas funciones que va a desempeñar en el Estado de México.

Lamentar que se vaya cuando estábamos a punto de cerrar ciclos legislativos importantes en la Ley General de Asentamientos Humanos, en la Ley de Desarrollo Metropolitano, el Consejo de Desarrollo Metropolitano, el Constituyente de la Ciudad de México, los trabajos de Parlamentarios por el Hábitat, en donde habíamos logrado consensos y avances muy importantes, aunque también estoy seguro que pronto nos encontraremos en la vida pública y en las contiendas políticas de nuestro estado y de nuestro país.

Muy buena suerte.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.
Sonido en el escaño de la Senadora Yolanda de la Torre.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Ana Lilia, de verdad que tus compañeras tenemos sentimientos encontrados, como ya lo dijo Hilaria, porque no solamente te queremos como amiga, te respetamos mucho como legisladora por tus formas, por tus buenas formas, por tu educación, por tu trato amable, y un profundo reconocimiento que tenemos a tu carrera política y a tu trayectoria político-administrativa.

Para muchas mujeres en el PRI eres un referente de una mujer muy comprometida con los ciudadanos como alcaldesa, y hoy como legisladora dejas un gran trabajo.

Pero, por otra parte, también nos sentimos orgullosas porque sé que vas a seguir sirviendo a las y los mexiquenses como siempre lo has hecho, con una gran dignidad, muy trabajadora, muy dedicada, extremadamente ordenada y trabajadora, y por eso sé que te va a ir muy bien, y especialmente sé que a las y a los mexiquenses ellos salen ganando.

Que te vaya muy bien.

Un abrazo cariñoso, pero como siempre, sabiendo que tendrás éxito en tus próximas tareas.

Felicidades.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora De la Torre Valdez.

Sonido en el escaño del Senador Sofío Ramírez.

El Senador Sofío Ramírez Hernández: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Ana Lilia, en verdad que sea este momento para expresarle que ha sido siempre una gran compañera, sobre todo una gran amiga, una gran Senadora, con un gran compromiso por su país, una gran mujer, un gran ser humano, pero también estoy convencido que esta decisión que usted toma será también un espacio de nueva oportunidad para su estado, para servirle a su tierra.

Y en el tiempo que usted estuvo aquí con nosotros, siempre construyó consensos, acuerdos, siempre sumo esfuerzos. Y es por eso que hoy aprovecho para expresarle, no nada más mi gratitud por su amistad, sino mi reconocimiento por esta noble tarea que siempre desarrolló.

Mi reconocimiento por ese gran esfuerzo que de manera conjunta con los 127 Senadores hicimos por México.

Le deseo lo mejor y sé que en estas nuevas tareas que usted pueda asumir, no nada más le esperan satisfacciones en las responsabilidades públicas, sino que como una gran mujer y como su amigo, le deseo también que le esperen buenos tiempos de la vida política.

Buenas tardes.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ramírez Hernández.

Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Los Senadores del PRD, y seguramente como muchos más, tenemos esos sentimientos encontrados. Por un lado, desearle a Ana Lilia el mejor de los futuros políticos en la tarea que va a asumir. Pero también reconocemos que gente como ella nos hará falta aquí en el Senado, es una representante de la buena política, y lo demostró como Vicepresidenta de la Mesa Directiva, una política tolerante, inclusiva, fina, creo que es una forma de describirla.

Sin duda, va a un desafío grande, y tiene el enorme privilegio, pocos, quizás ninguna tiene el privilegio de haber visto una reforma nacer, y ahora llevarla a buen puerto desde otra trinchera, desde otro poder.

Por eso le deseamos éxito, que sea para beneficio de su estado y, sin duda, la vamos a extrañar mucho.

Felicidades.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

A nombre de los Senadores del PAN, por supuesto que te vamos a extrañar, Ana Lilia, eres una gran legisladora, además una gran compañera parlamentaria, y yo podría decir que aquí encontré una excelente amiga.

Estoy convencida que en el Estado de México, al frente de la Secretaría de Educación harás un excelente trabajo, porque es un tema que te preocupa, porque eres muy sensible, porque conoces que, y lo sabes perfectamente, que si no le entramos fuerte al tema educativo, pues va a ser muy difícil que un estado, como el Estado de México, y podemos poner así varios ejemplos en la República Mexicana, salgan adelante.

Me tocó compartir contigo el Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat, nos quedaremos sin nuestra maestra en este tema. Me tocó también compartir contigo la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano, que le diste todo el impulso. Crees en el tema metropolitano y eso es lo que más falta le ha hecho a la zona metropolitana del Valle de México, darle esta visión y tú la tienes.

Ojalá también en el tema educativo podamos hacer cosas, pensando en la zona metropolitana del Valle de México y también de la mano con el Senador Jesús Casillas, los temas de movilidad.

Has sido siempre una mujer preocupada por los temas que más preocupan a la gente. Y yo sí te quiero decir que estoy segura harás un excelente trabajo porque eres una mujer honesta, trabajadora, sencilla, sensible, muy sensata, prudente, tienes todos los elementos para ser una excelente servidora pública, como lo has demostrado en otros momentos.

Enhorabuena por ti; enhorabuena por el gobernador del Estado de México; enhorabuena por el Estado de México, porque mujeres como tú son las que nos dan orgullo, ver en posiciones tan importantes, y ahí vamos a estar acompañándote, respaldándote y ayudándote en lo que sea necesario para que hagas una excelente labor al frente de este espacio.

Sentimientos encontrados porque sí te voy a extrañar y mucho.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Gómez del Campo.

Sonido en el escaño del Senador Romero Hicks.

Orden en la Asamblea, por favor Senadoras.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: (Desde su escaño) Quiero también sumarme al reconocimiento de doña Ana Lilia Herrera Anzaldo.

Aparte de los calificativos abundantes que ya se han expresado, quiero destacar una de las grandes contribuciones que ella le aportó a este país, y tiene que ver con una modificación a la Ley General de Ciencia y Tecnología, para el acceso abierto, que es una tendencia mundial.

Y gracias a ella y a la convocatoria que hizo con la comunidad científica y el apoyo de otros legisladores, las investigaciones que se financian con recursos públicos, hoy están en un repositorio nacional en el Conacyt, y ese testimonio te lo vamos a agradecer toda la vida, Ana Lilia.

Por lo demás, y ya lo hice en privado y lo comento público, en mi carácter de Presidente de Educación del Senado, te extendemos la mano y abrimos el corazón.

Vamos a trabajar para que la educación de este país reconozca a los profesores que cumplen, a los padres de familia comprometidos, a los educandos y, sobre todo, para que el orgullo de los sueños y las esperanzas de los jóvenes mexiquenses pueda hacerse efectivas, para que sus utopías se conviertan en realidad.

¡Mucho éxito!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Romero Hicks.

Senador Emilio Gamboa, por favor. Por supuesto, Senador, puede usar la tribuna.

El Senador Emilio Gamboa Patrón: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros legisladores, se ha hablado aquí de adjetivos calificativos de una mujer brillante, de una mujer que supo hacer en el Senado de la República 127 amigas y amigos Senadores.

Una mujer con una vasta carrera política, una mujer que fue diputada local, presidenta municipal de Metepec, sin duda alguna, fue una gran Vicepresidenta del Senado de la República, y por mayoría de mis compañeras y compañeros Senadores, fue elegida miembro del Constituyente del Distrito Federal.

Mis sentimientos encontrados no fueron sólo míos, sé que son tuyos también Ana Lilia, el martes que tuve el privilegio de platicar con ella largo y reflexionar el ofrecimiento que le hacía el señor gobernador del estado, para que ocupe una de las carteras más importantes hoy en el país.

Y lo decía el Senador Romero Hicks, te brinda el Senado de la República su respaldo, su apoyo para que tú puedas dirigir esa secretaría que tiene enorme importancia, no sólo para los mexiquenses sino para todo México.

Te vas a encontrar la Secretaría de Educación, después de la federal, la más importante en un estado de la República; vas a tener que llevar a cabo lo que tú tienes, esa sensibilidad para sentarse en la mesa y privilegiar la política, para sentarte en la mesa y llegar a acuerdos, a acuerdos, como se dijo ya aquí, el acuerdo fundamental de tu tarea es el educar a las niñas y a los niños del Estado de México.

Yo, como coordinador del grupo parlamentario, y que estoy seguro que ahorita empezarás a recibir muchas llamadas, como a mí también me llamarán y muchas compañeras me van a decir: ¡Cómo la dejaron ir! ¿Por qué la dejaron ir?

Yo sí quiero agradecerles a los grupos parlamentarios que te han hecho un reconocimiento muy merecido de todas las actividades que llevaste a cabo en el Senado, y yo quiero decirte algo muy personal, fuiste una compañera y amiga, pero fuiste una Senadora muy respetada, muy respetada por todo el Senado de la República, te diste tu lugar, te lo encontraste y te lo ganaste, y se dice fácil, y el día de mañana que estés protestando u hoy en la tarde que estés protestando como titular de la Secretaría de Educación en tu estado, no dejes de recordar cuando protestaste y juraste cumplir con tu deber, con tu obligación, con tu país y con tu estado.

Enhorabuena, sabes que te deseo mucho éxito en esta nueva etapa de tu vida y sabes que cuentas siempre con un amigo.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Gamboa Patrón.

Durante estos cuatro años, muchos compañeros y compañeras Senadoras, Senadores, han decidido tomar un curso propio en otra trinchera, y cada vez que un compañero o compañera se va del Senado, perdemos una parte de nosotros, una parte de nuestra experiencia, una parte de lo que ha sido este colectivo, este colegiado a lo largo de estos cuatro años, y esta es una de las ocasiones en la cual una parte de nosotros nos deja y se va a una nueva encomienda.

Lo que acabamos de escuchar hace un momento de todos los grupos parlamentarios, las expresiones de respeto, de reconocimiento, de cariño, es consecuencia y prueba de una legisladora con sentido de bien, inteligente, con don de gente, comprometida con su país, con su estado, y que ha cosechado a lo largo de su carrera política el reconocimiento, el aprecio y el cariño de sus compañeras y compañeros.

A nombre de la Mesa Directiva del Senado de la República y de la Comisión Permanente, le deseamos a nuestra querida compañera el mejor de los éxitos, el mayor de los éxitos y que estos cuatro años de experiencias nutridas, de desvelos, de aprecios, abrazos y cariños lo acompañen como una buena estrella para la encomienda que va a asumir en su carrera política.

El mejor de los éxitos para nuestra querida amiga Ana Lilia Herrera.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la licencia solicitada.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, se concede licencia a la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 29 de junio de 2016. Comuníquese a la Cámara de Senadores.





 

Compañeros legisladores, informo a ustedes que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo por el que se crea la Comisión de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio pasado.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión.

No hay oradores. Por tanto, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo que ha sido presentado.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Vamos a dar trámite a un conjunto de dictámenes sobre los cuales no hay reserva.

Ruego a la Secretaría dé lectura y haga referencia a los mismos.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy cuenta con los dictámenes.

Tenemos nueve dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de México remitir un informe sobre los lineamientos, criterios y/o parámetros que dieron origen a la resolución publicada el 27 de mayo de 2016 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y que determina el listado de las colonias sujetas a la condonación de los derechos por el suministro de agua.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

2. Por el que se exhorta al gobierno del estado de Hidalgo a enviar un informe sobre el trámite y estado que guarda la recomendación 45/2014 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a esa entidad.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

3. Por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe de los resultados de la implementación del operativo denominado “Blindaje Tepito”.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

4. Por el que se exhorta al Congreso del estado de Oaxaca a revisar y fiscalizar los proyectos de Apoyo y Movilidad Urbana y Renovación de Parque Vehicular en la Ciudad de Oaxaca y al Sistema de Transporte Integrado.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

5. Por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a realizar una investigación que aclare y determine las responsabilidades de los servidores públicos que permitieron la fuga de dos personas privadas de su libertad en el Reclusorio Varonil Oriente el pasado 30 de mayo.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

6. Por el que se exhorta al gobierno del estado de Morelos a considerar la viabilidad de crear un Grupo Estratégico en Materia de Seguridad.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

7. Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a valorar la viabilidad de emitir la declaratoria de desastre natural en diversas zonas afectadas del municipio de San Juan del Río, Querétaro.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

8. Por el que se solicita a la Fiscalía General del Estado de Jalisco informe sobre los avances en la investigación relacionada con los albergues "Despertar Espiritual Alcohólicos y Drogadictos de Occidente A.C."

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

9. Por el que se considera atendida la proposición que exhorta a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de las y los periodistas.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Asimismo, tenemos diez dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que se exhorta a informar sobre la producción diaria de petrolíferos obtenida por cada una de las refinerías con las que cuenta.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

. Por el que la Comisión Permanente expresa su preocupación ante la grave crisis financiera por la que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

3. Por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a informar sobre las inversiones, asociaciones y alianzas estratégicas, tanto de su corporativo como de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

4. Por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que promueva, gestione y destine recursos económicos con el propósito de realizar estudios técnicos que permitan el manejo integral y sustentable de los recursos hídricos en la Cuenca Alta del Río Mixteco.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

5. Por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a estudiar la viabilidad de reclasificar las tarifas por el servicio eléctrico doméstico en los municipios de Morelos, Allende y Villa Unión, en el estado de Coahuila de Zaragoza.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

6. Por el que se exhorta a la Coordinación General de Protección Civil, al gobierno del estado de Tabasco y a los municipios que comprenden la costera del estado, a actualizar sus Atlas de Riesgo.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

7. Por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a dar continuidad a cada una de las denuncias presentadas durante el proceso electoral del presente año, de manera específica en el estado de Veracruz.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

8. Por el que se desecha la proposición que exhorta a solucionar y reivindicar la propiedad en garantía en favor de los trabajadores del Grupo Industrial Casa, S.A. de C.V.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

9. Por el que se desecha la proposición que exhorta a emitir las Normas Oficiales Mexicanas sobre las aplicaciones electrónicas para contratación de choferes por traslado.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

10. Por el que se desecha la proposición que exhorta a analizar el proceso de licitación y adjudicación para la operación del servicio de drenaje en el municipio de Puebla de Zaragoza.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulto si algún legislador desea reservarse para la discusión alguno de los dictámenes.

Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, y así se hacen del conocimiento de la Asamblea, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes sobre los puntos de Acuerdo que se han referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobados los Acuerdos.





 

Compañeros legisladores, les informo a ustedes que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 86-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

(Presentada por los Diputados Ramón Bañales Arámbula y José Luis Orozco Sánchez Aldana, del grupo parlamentario del PRI)

RAMÓN BAÑALES ARÁMBULA y JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA, Diputados Federales a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 86-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, la denominación de origen es la protección de:

…productos que cuenta con calidad y características únicas que exclusivamente se dan en el medio geográfico, comprendiendo los factores naturales y humanos de nuestro país, con el fin de evitar la competencia desleal a través de imitaciones, falsificaciones o adulteraciones.1

Esta protección especial a determinados productos en nuestro país, data de 1958, fecha en que México suscribe el Arreglo de Lisboa, que en el numeral 2° de su artículo primero establece que los países-parte:

Se comprometen a proteger en sus territorios, según los términos del presente Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de los otros países de la Unión particular, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la “Oficina Internacional” o la “Oficina”) a la que se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la “Organización”).2

En este mismo instrumento internacional se define el concepto de denominación de origen en el siguiente sentido:

Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.3

Por su parte, el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas, adoptado el 20 de mayo del año pasado, establece en su artículo 9, la obligación de los Estados-parte de proteger en el siguiente sentido:

Cada Parte Contratante protegerá en su territorio, a tenor de su propio sistema y práctica jurídica, pero de conformidad con las cláusulas de la presente Acta, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas, a reserva de cualesquiera denegaciones, renuncias, invalidaciones o cancelaciones que pudieren ser efectivas con respecto a su territorio, y en el entendimiento de que no se exigirá que las Partes Contratantes en cuya legislación nacional o regional no se distingan las denominaciones de origen de las indicaciones geográficas introduzcan dicha distinción en su legislación nacional o regional.4

Ahora bien, en México contamos con 14 productos protegidos mediante una declaración de denominación de origen: Ámbar de Chiapas, Arroz del estado de Morelos, Bacanora, Café Chiapas, Café Veracruz, Charanda, Chile Habanero de la península de Yucatán, Mango Ataulfo del Soconusco de Chiapas, Mezcal, Olinalá, Sotol, Talavera, Tequila y Vainilla de Papantla.

De estos, llamamos la atención sobre los destilados y bebidas espirituosas: el Bacanora, la Charanda, el Mezcal, el Sotol y, por supuesto, el Tequila: la bebida tradicional mexicana por antonomasia.

En ese contexto, es preocupante advertir que, de acuerdo con cifras de 2011, más del 50% de las bebidas que se consumen en México son adulteradas.5 En octubre de 2015 la cifra no disminuyó mucho: cerca del 43% de las bebidas alcohólicas en México son ilegales, falsificadas o subvaludas.6

Sobre el particular, cabe reconocer la importante labor que ha llevado a cabo la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL) que, junto con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) han emprendido diversas acciones para combatir la informalidad en distintos ejes, entre los que destacan: la cruzada para promover la formalidad; la creación de indicadores sobre la subvaluación, y la promoción de destrucción de mercancías en el mercado ilegal.7

Apenas en octubre de 2015 estas instancias, además de la PGR participaron en el decomiso de más de un millón de litros de mercancía ilegal.8

Ahora bien, la preocupación común por el combate a la ilegalidad se debe soportar desde el seno del Poder Legislativo, con la construcción del andamiaje legal y reglamentario que permita el mejor ejercicio de las atribuciones con que cuentan cada Institución y, por supuesto, con la protección debida a las denominaciones de origen que, como veremos más adelante, cuentan con cierta pero insuficiente protección.

De acuerdo con nuestro arreglo constitucional y lo dispuesto por su artículo 133, el Arreglo de Lisboa y el Acta de Ginebra relacionada con el mismo, son Ley Suprema de la Unión, al constituirse en el derecho positivo mexicano y, por tanto, obligatorio para los gobernados y vinculante para las autoridades que lo apliquen, sean administrativas, judiciales e incluso legislativas.

En aplicación de los diversos instrumentos internacionales suscritos por México en materia de protección a la propiedad industrial, el 27 de junio de 1991 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.9

En materia de protección a las denominaciones de origen, esta Ley cuenta con un título Quinto, dividido en dos capítulos: I. De la Protección a la Denominación de Origen y II. De la Autorización para su Uso. Ambos capítulos, apenas compuestos por 23 artículos, sirven de soporte, apenas suficiente, para la protección ordenada en el concierto internacional.

La regulación y protección establecida para las denominaciones de origen se resume en los siguientes puntos:

• Definición de denominación de origen y protección extensiva contra el uso ilegal y de expresiones que generen confusión.

• Procedimiento para la declaración de protección de una denominación de origen (de oficio o a petición de parte) y documentos probatorios.

• La posibilidad de modificación de los términos de la declaración de protección de la denominación de origen.

• El procedimiento ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para la solicitud de autorización del uso de una denominación de origen.

Reviste fundamental importancia los artículos 167 y 173 de la Ley en comento que a la letra establecen:

• El Estado Mexicano será el titular de la denominación de origen. Esta sólo podrá usarse mediante autorización que expida el Instituto.

• El usuario de una denominación de origen está obligado a usarla tal y como aparezca protegida en la declaración. De no usarla en la forma establecida, procederá la cancelación de la autorización.

Adicionalmente, la propia Ley de la Propiedad Industrial establece una serie de sanciones para quien haga un uso indebido de una autorización de denominación de origen. En la siguiente tabla se resumen las conductas y las sanciones administrativas:


Tabla 1

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 1

CONDUCTA

SANCIÓN

Uso de la DO cuando se otorgue en contravención a las disposiciones de la Ley.

Nulidad de la autorización

Uso de la DO cuando  se otorgue atendiendo a datos y documentos falsos.

Nulidad de la autorización

Cuando el usuario autorizado use la DO origen en forma diferente a la establecida en la declaración de protección.

Cancelación de la autorización

La lista de conductas que derivan en responsabilidad administrativa se extiende en el catálogo general de sanciones del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial y, en lo que se refiere a las denominaciones de origen, únicamente incluyen la conducta de: usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen. Para esta conducta, el artículo 214 de la Ley ofrece el catálogo común de sanciones administrativas: I.- Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; II.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción; III.- Clausura temporal hasta por noventa días; IV.- Clausura definitiva y V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.

En cuanto a responsabilidad penal, la reincidencia en el uso sin autorización o licencia de una denominación de origen se encuentra dentro del catálogo de delitos con una sanción de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Adicionalmente, la venta a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley es igualmente sancionada con pena de prisión de dos a seis años.

En consecuencia, podemos advertir que en cualquier caso, las conductas referidas específicamente para el caso de las denominaciones de origen se considerarían delitos no graves, con las consecuencias procesales que ello conlleva.10

Por su parte, la Ley General de Salud establece en su artículo 464 que a quien adultere, altere, contamine o permita la adulteración, alteración o contaminación de bebidas alcohólicas, se le aplicarán las siguientes sanciones:

I. Cuando se trate de bebidas alcohólicas adulteradas o falsificadas, en términos de los artículos 206 y 208 Bis de la Ley General de Salud, de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa;
II. Cuando se trate de bebidas alcohólicas alteradas, acorde con la fracción II del artículo 208 de la Ley General de Salud, de tres a siete años de prisión y de doscientos cincuenta a quinientos días multa, y

III. Cuando se trate de bebidas alcohólicas contaminadas, conforme a lo dispuesto por el artículo 207 de la Ley General de Salud, de cinco a nueve años de prisión y de quinientos a mil días multa.

El artículo concluye estableciendo que: las mismas penas se aplicarán a quien, a sabiendas, por sí o a través de otro, expenda, venda o de cualquier forma distribuya bebidas alcohólicas adulteradas, contaminadas o alteradas.

Como vemos, las disposiciones de protección de las denominaciones de origen en la Ley de la materia, es decir, en la Ley de la Propiedad Industrial resultan insuficientes. El bien jurídico tutelado es la denominación misma, cuyo titular, el Estado, se ve afectado en derechos de corte marcario pero no se tutela en particular el caso de las violaciones al uso de la denominación de origen por poner en riesgo la salud de los usuarios o el derecho de los consumidores.11

Del mismo modo, las sanciones establecidas en la Ley General de Salud, cuyo bien jurídico tutelado es estrictamente la salud del consumidor, no hacen una vinculación suficiente entre la violación al uso de la denominación de origen con el riesgo que implica tanto en términos de salud, como en términos de derechos de los consumidores.

La pregunta que surge entonces es: ¿cómo asegurar la debida protección de la salud y de los derechos de los consumidores de bienes amparados por una denominación de origen, en particular de consumidores de destilados y bebidas espirituosas ante el riesgo de falsificación o adulteración? La respuesta que proponemos es, a través del agravamiento de penas en el marco del derecho tributario, cuyo control ha resultado sumamente efectivo como advertimos líneas arriba.

De acuerdo con la fracción V del artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, los contribuyentes:

…deberán adherir marbetes12 a los envases que contengan bebidas alcohólicas, inmediatamente después de su envasamiento. Tratándose de bebidas alcohólicas a granel, se deberán adherir precintos a los recipientes que las contengan, cuando las mismas se encuentren en tránsito o transporte. No será aplicable lo dispuesto en este párrafo tratándose de bebidas alcohólicas envasadas que se destinen a la exportación, siempre que se cumplan con las reglas de carácter general que al efecto se señalen en el Reglamento de esta Ley.

Quienes importen bebidas alcohólicas y estén obligados al pago del impuesto en términos de esta Ley, deberán colocar los marbetes o precintos a que se refiere esta fracción previamente a la internación en territorio nacional de los productos o, en su defecto, tratándose de marbetes, en la aduana, almacén general de depósito o recinto fiscal o fiscalizado, autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No podrán retirarse los productos de los lugares antes indicados sin que se haya cumplido con la obligación señalada.

El marbete para bebidas alcohólicas podrá colocarse en el cuello de la botella, abarcando la tapa y parte del propio envase. En los casos en que por la forma de la tapa no sea posible adherir el marbete en el cuello de la botella, éste podrá colocarse en la etiqueta frontal denle vase, abarcando parte de la etiqueta y parte del propio envase, previa autorización de la autoridad fiscal.

Estas obligaciones son de puntual aplicación por parte de la autoridad fiscal, porque cumplen el doble propósito de garantizar el método para la determinación de las obligaciones fiscales, por un lado, y la autenticidad del bien que se produce, importa, almacena, transporta y distribuye hasta su acceso al consumidor final.

Es por ello que se considera un mecanismo altamente eficaz sobre el control de producto que se habrá de distribuir, y por el cual se debieron pagar los impuestos correspondientes a su ingreso al país y a su venta al público minorista.

En ese contexto, el artículo 86-A del Código Fiscal de la Federación establece a la letra lo siguiente:

Artículo 86-A. Son infracciones relacionadas con marbetes, precintos o envases que contienen bebidas alcohólicas, en los términos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, las siguientes:

I. No adherir marbetes o precintos a los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas, o bien, que los marbetes o precintos sean falsos o se encuentren alterados.

II.- Hacer cualquier uso diferente de los marbetes o precintos al de adherirlos a los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas.

III. Poseer, por cualquier título, bebidas alcohólicas, cuyos envases o recipientes carezcan del marbete o precinto correspondiente, o bien, que éstos sean falsos o se encuentran alterados; así como no cerciorarse de que los citados envases o recipientes que contengan bebidas cuentan con el marbete o precinto correspondiente al momento de adquirirlas, salvo en los casos en que de conformidad con las disposiciones fiscales no se tenga obligación de adherirlos, ambas en términos de lo dispuesto en el artículo 19, fracción V de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

IV. No destruir los envases vacíos que contenían bebidas alcohólicas cuando se esté obligado a ello.

V. No acreditar que los marbetes o precintos fueron adquiridos legalmente.

Estas infracciones encuentran su sanción en el artículo siguiente, 86-B del mismo ordenamiento:

Artículo 86-B.- A quienes cometan las infracciones señaladas en el artículo 86-A de este Código, se impondrán las siguientes multas:

I. De $50.00 a $100.00, a la comprendida en la fracción I, por cada marbete o precinto no adherido, o bien, por cada marbete o precinto falso o alterado.

II. De $30.00 a $110.00, a la comprendida en la fracción II, por cada marbete o precinto usado indebidamente.

III. De $20.00 a $50.00, a la comprendida en la fracción III, por cada envase o recipiente que carezca de marbete o precinto, según se trate, o bien por cada marbete o precinto falso o alterado.

IV. De $30.00 a $100.00, a la comprendida en la fracción IV, por cada envase vacío no destruido.

V. De $400.00 a $600.00, por cada marbete o precinto que haya sido adquirido ilegalmente.

En caso de reincidencia, la sanción consistirá en la clausura del establecimiento del contribuyente o poseedor de los bienes a que se refiere el artículo 86-A, por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el artículo 75 de este Código.

En este punto, dado el absoluto control de la autoridad fiscal en el particular, es posible y necesario hacer más gravosas las sanciones de corte administrativo y fiscal, para vincular la verificación de la autenticidad de una bebida alcohólica, con la protección ordenada a través de la insuficiente Ley de la Propiedad Industrial, y de la declaratoria de denominación de origen de cada bebida espirituosa.

En consecuencia, se propone adicionar un último párrafo al artículo 86-B para establecer que: 

En caso de que se trate de bebidas alcohólicas protegidas mediante declaración de denominación de origen, en términos de lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial, la pena establecida en las fracciones I a V anteriores, se duplicará.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta H. Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

Único.- se adiciona un párrafo al artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 86-B.- A quienes cometan las infracciones señaladas en el artículo 86-A de este Código, se impondrán las siguientes multas:

I. a V. …

En caso de que se trate de bebidas alcohólicas protegidas mediante declaración de denominación de origen, en términos de lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial, la pena establecida en las fracciones I a V anteriores, se duplicará.

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión, el 29 de junio de 2016.

Dip. Ramón Bañales Arámbula.- Dip. José Luis Orozco Sánchez Aldana.

1 http://www.profeco.gob.mx/revista/publicaciones/adelantos_04/denom_orig_ene_04.pdf [fecha de consulta: 20 de mayo de 2016].

2 Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional; visible en:
http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=285840 [fecha de consulta 20 de mayo de 2016].

3 Ídem

4 Acuerdo de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas; Visible en: http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=371577 [fecha de consulta: 20 de mayo de 2016]

5 http://www.excelsior.com.mx/2011/12/22/dinero/796768 [fecha de consulta: 20 de mayo de 2016]

6 http://www.milenio.com/negocios/Ilegal-bebidas-alcoholicas-Mexico_0_608339181.html [fecha de consulta: 20 de mayo de 2016]

7 Cabe advertir que cuando se habla de informalidad no siempre se habla de adulteración de productos. Sin embargo, un producto que no hubiera sido ingresado al país legalmente o cuyo importador o productor no hubiera cumplido con la totalidad de sus obligaciones sanitarias y fiscales, tiene la presunción de resultar en un potencial riesgo a la salud. Por ello, es necesario destruir el producto ilegal (en sentido amplio)a pesar de no tratarse necesariamente de una falsificación o adulteración.  

8http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/10/8/industria-del-vino-reconoce-decomiso-de-bebidas-ilegales [fecha de consulta: 25 de mayo de 2016]

9 Esta Ley vino a sustituir la, hasta entonces vigente, Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, así como la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso de Explotación de Patentes y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1982.

10 No obstante los delitos de falsificación, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, de marcas protegidas por la Ley, y la producción, almacenamiento, transportación, introducción al país, así como la distribución o venta, en forma dolosa y con finde especulación comercial, de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la Ley, y el aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumosdestinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la Ley, es penado con prisión de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

11 Recordemos que la Ley Federal de Protección al Consumidor otorga la posibilidad de que la Profeco aplique medidas de apremio (apercibimiento, multa y uso de la fuerza pública) o bien, aplique ciertas medidas precautorias (inmovilización de envases, bienes, productos, etc.; aseguramiento de bienes, suspensión de comercialización, retiro de bienes o productos del mercado, colocación de sellos y suspensión de información o publicidad). Medidas por cierto, insuficiente para garantizar la protección de la salud y los derechos de los consumidores

12 De acuerdo con las definiciones establecidas en la Ley del IEPS, Marbete es el signo distintivo de control fiscal y sanitario, que se adhiere a los envases que contengan bebidas alcohólicas con capacidad que no exceda de 5,000 mililitros, y precinto, el signo distintivo de control fiscal y sanitario, que se adhiere a los recipientes que contengan bebidas alcohólicas con capacidad que exceda a 5,000 mililitros.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DE LA LEY PARA IMPULSAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA NACIONAL

(Presentada por el Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, JOSÉ HERNÁN CORTÉS BERUMEN, Diputado Federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II y 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; numeral Décimo Segundo del Acuerdo Parlamentario que establece los criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del Orden del Día y los debates que se realicen en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión durante el Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura, y 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DE LA LEY PARA IMPULSAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA NACIONAL, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 29 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación1, la reforma constitucional que transforma el otrora Distrito Federal en la Ciudad de México, lo cual implica que la Ciudad de México continuará siendo Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, pero con cambios fundamentales en su naturaleza.

La Ciudad de México es ahora una entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y su organización política administrativa, habiendo la posibilidad de darse su propia constitución política, con una forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico, que tendrá mayor autonomía con los Poderes federales, por ejemplo, en relación a la designación y remoción de sus funcionarios.

El Artículo Décimo Cuarto Transitorio señala que a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto, las referencias constitucionales y de cualquier otro ordenamiento jurídico al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.

Esta reforma implica cambios de fondo, que se aparejan de un cambio de forma. Es decir, tiene un trasfondo jurídico, político y social de relevancia, pero como elemento esencial, requiere el cambio de denominación, de Distrito Federal a Ciudad de México.

Ante las múltiples referencias que se tiene de este concepto en nuestro sistema jurídico, consideramos adecuado, generar un mecanismo legislativo de actualización de todas y cada una de las leyes que tiene referencias al Distrito Federal, para sustituirlo por Ciudad de México.

No se trata de una mera reforma estética, sino de adecuar el lenguaje jurídico, el cual es un elemento esencial en la seguridad jurídica que la ley debe proveer en cualquier estado de derecho. El principio de certeza jurídica en nuestro sistema, tiene una ratio fundamental para el estado de derecho, pues busca que el gobernado tenga plena certeza de los actos de autoridad y de las reglas con que debe conducirse en relación a los demás. Es pues, un principio que fragua, delimita, o perfecciona a otros de su misma especie o rango constitucional, pero que por su categoría, goza de supremacía, pues ninguno de ellos podría gozar de autonomía si finalmente su origen no se supedita al Estado de derecho.

El lenguaje es el vehículo natural para la manifestación del derecho; la realidad de la experiencia de la palabra, es un hecho sine qua non de la existencia jurídica. Diversos autores han puesto de manifiesto este carácter lingüístico y dialogante del derecho, haciéndolo incluso depender del lenguaje; de manera que las prescripciones -escribe von Wright- presuponen el uso del lenguaje en la formulación de las normas, y en coincidencia con Kalinowski, es evidente que todo término jurídico es o se manifiesta a través de una expresión lingüística.2

Si bien la propia reforma se ha encargado de garantizar que el cambio de denominación no genere perjuicio alguno a los gobernados, el realizar el cambio legislativo material, cierra el ciclo de dichas reformas, elimina todo resquicio de posibles malinterpretaciones derivadas de éstas, ya sea de buena o mala fe, y contribuye al cambio cultural que implican.

Es pues la intención de esta propuesta, agilizar la homologación de nuestro marco jurídico vigente a la terminología derivada de la reciente reforma, sustituyendo en cada cuerpo normativo federal los términos superados, por los de reciente acuño.

Es importante señalar que algunas referencias deberán permanecer, pues el cambio de su denominación depende de otras instancias, y en tanto estas no se generen, deben conservarse en sus términos. Por ejemplo, el Código Civil del Distrito Federal, deberá mantenerse con su denominación en tanto el Poder Legislativo local no resuelva su trámite legislativo. Igualmente, en el caso de las menciones de los salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, estos deberán permanecer en tanto se expide la legislación derivada de la reforma publicada el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se crea la Unidad de Medida y Actualización a efecto de desvincular al salario mínimo del pago de diversas obligaciones.

Para facilitar el proceso legislativo interno de la Cámara, se agruparon las leyes de acuerdo con su más probable turno a Comisiones, permitiendo un proceso de dictamen sencillo y célere. En términos generales los turnos de la Mesa Directiva a las propuestas de reforma de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa se han dado a la Comisión de Competitividad.

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DE LA LEY PARA IMPULSAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA NACIONAL.

ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artículos: 2 primer párrafo; 3 fracciones V, VII, XII y XVI; 4 inciso b) de la fracción I; 8; 10 fracción I, II, IX del primer párrafo y segundo párrafo; 12 fracciones III y IV; 13 primer párrafo y la fracción II; 18 fracción XIV del primer párrafo; 21; 23; 24 primer, tercer y cuarto párrafos; 25 segundo párrafo, y 26 fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 2.- La autoridad encargada de la aplicación de esta Ley es la Secretaría de Economía quien, en el ámbito de su competencia, celebrará convenios para establecer los procedimientos de coordinación en materia de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, entre las Autoridades Federales, Estatales, de la Ciudad de México y Municipales, para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada Entidad Federativa, de la Ciudad de México y de los Municipios, en congruencia con la planeación nacional.

Artículo 3.-

I. a IV. …

V. Sector Público: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como de la Ciudad de México;

VI. …

VII. Organizaciones Empresariales: Las Cámaras Empresariales y sus Confederaciones en su carácter de organismos de interés público; así como las asociaciones, instituciones y agrupamientos que representen a las MIPYMES como interlocutores ante la Federación, las Entidades Federativas, la Ciudad de México y los Municipios;

VIII. a XI. …

XII. Programas: Esquemas para la ejecución de acciones y participación de la Federación, las Entidades Federativas, de la Ciudad de México y de los Municipios;

XIII a XV. …

XVI. Consejo Estatal: El Consejo que en cada Entidad Federativa o en la Ciudad de México se establezca para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y

XVII. …

Artículo 4.-

I. …

a) …

b) Las bases para la participación de la Federación, de las Entidades Federativas, de la Ciudad de México, de los Municipios y de los Sectores para el desarrollo de las MIPYMES;

c) a d)

II.

Artículo 8.- Los esquemas a que se refiere el artículo anterior, podrán ser acordados con los Organismos Empresariales, los Gobiernos de las Entidades Federativas, de la Ciudad de México y de los Municipios, así como con entidades financieras.

Artículo 10.-

I. Propiciar la participación y toma de decisiones de las Entidades Federativas, de la Ciudad de México y de los Municipios, en un marco de federalismo económico;

II. Procurar esquemas de apoyo a las MIPYMES a través de la concurrencia de recursos de la Federación, de las Entidades Federativas, de la Ciudad de México y de los Municipios, así como de los Sectores;

III. a VIII. …

IX. Promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus delegaciones en las Entidades Federativas y en la Ciudad de México realicen la planeación de sus adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra pública para destinarlas a la MIPYMES de manera gradual, hasta alcanzar un mínimo del 35%, conforme a la normativa aplicable.

Con el objeto de lograr la coordinación efectiva de los programas de fomento a las MIPYMES y lograr una mayor efectividad en la aplicación de los recursos, en las Entidades Federativas donde exista el Consejo Estatal todos los convenios serán firmados por el gobierno estatal o de la Ciudad de México en donde no existan, la Secretaría podrá firmar los convenios de manera directa con los Municipios y los Sectores.

Artículo 12.-

I. a II. …

III. Promover con las Entidades Federativas, la Ciudad de México y con los Municipios, la celebración de convenios para coordinar las acciones e instrumentos de apoyo a las MIPYMES de conformidad con los objetivos de la presente Ley;

IV. Evaluar de manera conjunta con las Entidades Federativas, la Ciudad de México y con los Municipios, los resultados de los convenios a que se refiere el inciso anterior para formular nuevas acciones. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes en la materia;

V. a X. …

Artículo 13.- La Secretaría promoverá la participación de las Entidades Federativas, de la Ciudad de México y de los Municipios, a través de los convenios que celebre para la consecución de los objetivos de la presente Ley, de acuerdo a lo siguiente:

I. …

II. La celebración de acuerdos con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las Entidades Federativas, la Ciudad de México, los Municipios o grupos de Municipios, para una promoción coordinada de las acciones de fomento para la competitividad de las MIPYMES, que desarrollen las propuestas regionales y la concurrencia de Programas y proyectos;

III. a VI. …

Artículo 18.-

I. a XIII. …

XIV. El Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; XIV. Seis representantes de los Secretarios de Desarrollo Económico o su equivalente en la Ciudad de México y en las Entidades Federativas;

XV. a XXII. …

Artículo 21.- El domicilio del Consejo será en la Ciudad de México y sesionará en las instalaciones de la Secretaría, siempre que éste no acuerde una sede alterna.

Artículo 23.- En cada Entidad Federativa y en la Ciudad de México se podrá conformar un Consejo Estatal para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que estudiará y propondrá en el ámbito regional, estatal y municipal, medidas de apoyo para el desarrollo de la competitividad de las MIPYMES a través del análisis de las propuestas surgidas del sector público y de los Sectores.

Artículo 24.- El Consejo Estatal será presidido por el secretario de desarrollo económico o su equivalente en cada Entidad Federativa o Ciudad de México, quien informará periódicamente al Consejo los resultados obtenidos en el desarrollo de sus actividades.

El Consejo Estatal contará con un secretario técnico, que será el delegado de la Secretaría en la Ciudad de México o en la Entidad Federativa de que se trate, quien tendrá la función de dar seguimiento a los acuerdos que de él emanen, así como apoyar al secretario técnico del Consejo para coordinar acciones con el Consejo Estatal.

Por cada uno de los miembros propietarios se deberá nombrar un suplente, en el caso del Gobierno Estatal o de la Ciudad de México, deberá tener al menos un nivel jerárquico inferior inmediato al del propietario.

Artículo 25.-

El Consejo Estatal podrá invitar a participar en las sesiones, con voz pero sin voto, a las distintas dependencias, entidades, Municipios, y en el caso de la Ciudad de México a sus demarcaciones territoriales, así como también a especialistas en los temas a discusión.

Artículo 26.-

I. a II. …

III. Discutir y analizar las propuestas que realicen los Municipios, y en el caso de la Ciudad de México sus demarcaciones territoriales, y los Sectores para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos: 2; 3 fracción XIV; 11 fracción VII, y 14 fracción III de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, para quedar como sigue:

Artículo 2.- El Ejecutivo Federal implementará los elementos a que se refiere el artículo anterior a través de la formulación e instrumentación de una política nacional de fomento económico, en concertación con los sectores privado y social, así como en coordinación con las entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, con los órganos autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 3.- …

I. a XIII. …

XIV. Establecer los mecanismos institucionales y de coordinación, para acordar compromisos e indicadores de desempeño, por parte de las dependencias y entidades, órganos autónomos, entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México , y los representantes de los emprendedores, los trabajadores y las instituciones educativas y de investigación en las que se realice investigación aplicada a la planta productiva, con el fin de materializar y cumplir con los objetivos, estrategias, metas y acciones que se adopten en el marco del Comité Nacional de Productividad.

Artículo 11.-

I. a VI. …

VII. Proponer esquemas de coordinación y suscribir convenios con las dependencias y entidades; entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; órganos autónomos, y las Comisiones Estatales de Productividad, respecto al diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas, reglas de operación, proyectos y cambios regulatorios, necesarios para potenciar la productividad y competitividad de la economía nacional o de un sector o región específicos;

VIII. a XVII. …

Artículo 14.- …

I. a II. …

III. Los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México , así como las Comisiones Estatales de Productividad, según lo dispuesto en los convenios de coordinación que se suscriban para tal efecto, de conformidad con el artículo 11,fracción VII, de esta Ley, y

IV. …

ARTÍCULO TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión, a 29 de junio de 2016.

Dip. José Hernán Cortés Berumen.

1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016 Consultado el 27 de abril de 2016.

2 Platas Pacheco María del Carmen, “Elementos para una aproximación hermenéutica del lenguaje jurídico.” Revista Razonamiento Judicial, número 7, septiembre de 2007.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE ABORTO

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

Quien suscribe, Senadora ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE ABORTO al tener de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los órganos internacionales y regionales en materia de derechos humanos han expresado reiteradamente su preocupación por las consecuencias que tienen los abortos ilegales, o realizados en condiciones de riesgo, en el ejercicio de los derechos humanos de la mujeres, por lo que han recomendado a los Estados liberalizar las regulaciones de aborto, así como garantizar el acceso al aborto en los supuestos establecidos por la ley.

Estos órganos internacionales han entregado una orientación clara sobre cuándo se requiere despenalizar el aborto y han puesto énfasis en que el acceso al aborto es un asunto de derechos humanos. De igual manera han establecido que, el asegurar el acceso a estos servicios, de conformidad con los estándares de derechos humanos, es parte de las obligaciones del Estado para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y garantizar el derecho de éstas a la salud, así como a otros derechos humanos fundamentales.

La mayoría de los países en el mundo establecen ciertas instancias en las cuales el aborto es legal1. Unos pocos países han promulgado una prohibición total del aborto. En otros Estados, el aborto está altamente restringido, pero generalmente existe una excepción para el procedimiento, por ejemplo, con el fin de salvar la vida de una mujer, o en casos de violación, incesto o malformación fetal. La mayoría de los países poseen leyes más o menos tolerantes sobre el aborto, permitiendo el procedimiento sin restricción o con restricciones que toman en cuenta la salud física y mental de la mujer, así como también las razones económicas o sociales2.

Los órganos internacionales de derechos humanos han calificado las leyes que penalizan el aborto como discriminatorias y como un obstáculo para que las mujeres tengan acceso a la atención médica. Han recomendado que los Estados eliminen todas las disposiciones punitivas hacia las mujeres que se han sometido a abortos. Estos organismos también han solicitado que los Estados permitan el aborto en ciertos casos3. La jurisprudencia de los órganos creados en virtud de tratados ha indicado claramente que negar el acceso al aborto a las mujeres cuando existe una amenaza a la vida o salud de la mujer, o cuando el embarazo es el resultado de una violación o de incesto, viola los derechos a la salud4, a la privacidad5 y, en ciertos casos, a ser libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes6.

Los mecanismos de derechos humanos han solicitado a los Estados la legalización del aborto en ciertas circunstancias. En su jurisprudencia, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha solicitado a un Estado que “revise su legislación con miras a la despenalización del aborto cuando el embarazo sea el resultado de un violación o de abuso sexual”7.

El Comité de Derechos Humanos también ha solicitado a los Estados que entreguen información sobre el acceso a abortos sin riesgos para mujeres que han quedado embarazadas como resultado de una violación8. En sus observaciones finales, los órganos creados en virtud de tratados también han recomendado que los Estados revisen su legislación y despenalicen el aborto cuando:

• El embarazo ponga en peligro la vida o la salud de un mujer9, y

• En casos de embarazos como consecuencia de una violación o incesto10.

Los órganos creados en virtud de tratados también han recomendado asegurar el acceso a servicios de aborto en casos de malformación fetal11, a la vez que se ponen en práctica medidas para garantizar la eliminación de la discriminación contra de las personas con discapacidad12. En lo que respecta a las excepciones a la prohibición del aborto para proteger la vida o la salud de la mujer, la salud de la mujer ha sido entendida ampliamente para incluir la salud mental. En el caso de una niña menor de edad con una discapacidad intelectual, que había quedado embarazada producto de la violación por parte de su tío, el Comité de Derechos Humanos concluyó que el sufrimiento mental causado a la víctima al forzarla a continuar con un embarazo no deseado equivalía a un trato cruel e inhumano13. En otro caso, el Comité concluyó de manera similar que negar un aborto a una mujer, sabiendo que su bebé moriría poco después de nacer, le provocó sufrimiento mental, lo que constituye un trato cruel e inhumano14.

Por lo que hace a México, en abril de 2007, la Ciudad de México aprobó la despenalización y comenzó a ofrecer el servicio de Interrupción Legal del Embarazo en hospitales públicos e instituciones de salud. Esto fue posible gracias al impulso de los grupos feministas, la polarización electoral y el triunfo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México). Reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo es parte de un largo camino que ubica a México a la vanguardia de América Latina15.

Todos los códigos penales estatales consideran legal el aborto en casos de violación, y todos salvo los códigos de Guanajuato, Guerrero y Querétaro lo permiten cuando hay riesgo para la vida de la mujer; catorce de los treinta y uno extienden estos casos para incluir deformidades fetales graves; y el estado de Yucatán desde 1922 incluye factores económicos cuando la mujer ya ha dado a luz a tres o más niños16.

El próximo 29 de junio, la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizará la constitucionalidad de los artículos 332, 333 y 334 del Código Penal Federal (en adelante, CPF). Dichos artículos son los que regulan la decisión de la mujer de practicarse un aborto.

De acuerdo con el proyecto del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea17, los artículos 333 y 334 de CPF establecen respectivamente como excluyentes del delito cuando el aborto se cause por imprudencia de la mujer embarazada o cuando sea resultado de una violación; y como excusa absolutoria, cuando de provocarse el aborto corra peligro la vida de la mujer embarazada o del producto del embarazo. Estas normas tienen como destinatario directo a la mujer sujeta a un proceso penal en razón de haber interrumpido su embarazo18.

No obstante, estas normas también impactan de manera indirecta, pero jurídicamente relevante, a la generalidad de las mujeres pues les imponen la obligación de llevar a buen término el embarazo, en todas aquellas circunstancias no consideradas como excluyentes. De no cumplir con dicha obligación serán sujetas a las consecuencias penales que establece el artículo 332 del Código Penal Federal19.

De acuerdo con el proyecto en comento, las normas en estudio generan una intromisión continuada en la esfera más íntima de las mujeres, aun cuando estas no sean enjuiciadas bajo tales disposiciones. Estas normas dictan qué conductas pueden realizar las mujeres con sus cuerpos, y comprometen de manera definitiva su proyecto de vida al imponerles llevar a buen término un embarazo, ya que de otro modo deberán enfrentar consecuencias penales.

Por otro lado, las normas impugnadas sí tienen un potencial efecto estigmatizante pues autorizan la realización del aborto sólo cuando está en peligro la vida de la mujer, dejando entrever que la salud de las mujeres tiene menos valía que el producto de la concepción. Estas disposiciones parten de la idea de que las mujeres tienen que cumplir un rol de madres independientemente de las valoraciones internas que pueda tener una mujer para abortar. Esta afectación es estructural.

El derecho a la equidad de género es un principio fundamental consagrado en la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer señala que la discriminación contra la mujer comprende aquellas leyes cuyo propósito o efecto sea prevenir que éstas puedan ejercer sus derechos en un plano de igualdad con los hombres. En el mismo sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha advertido que la criminalización de procedimientos médicos requeridos únicamente por mujeres funge como barrera para impedir el acceso de éstas a los servicios de salud.

De tal forma, las disposiciones legislativas que impiden el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo, constituyen una forma de discriminación basada en género. Por los dos aspectos:

• Su efecto es impedir a la mujer el acceso a un procedimiento que podría ser necesario para el goce de sus derechos en un plano de igualdad.

• El propósito de éste tipo disposiciones es discriminatorio en razón de que subestima la capacidad de la mujer para tomar decisiones responsables sobre su vida y cuerpo.

Además, de acuerdo con el proyecto, las normas analizadas tienen un potencial efecto estigmatizante, pues asignan derechos de acuerdo con el género. Estas disposiciones parten de una preconcepción sobre la valía de la vida y destino de la mujer. Las normas que prohíben el aborto o limitan su ejercicio, generan consecuencias continuas y permanentes en la vida de las mujeres, quienes tendrán que organizar su vida reproductiva de acuerdo con las posibilidades que les otorgue Poder Legislativo.20

El proyecto cobra relevancia, por busca que la Primera Sala de la SCJN dé respuesta a la pregunta constitucional “si la mujer puede abortar y en qué supuestos”. Aclarando que, el caso del aborto plantea una de las problemáticas más complejas que puede enfrentar un tribunal constitucional. La cuestión se enmarca en uno de los debates morales y filosóficos más intensos, en el que existen numerosos puntos de vista que con frecuencia son defendidos vehementemente.

Sin embargo, el análisis se aparta del falso debate entre quienes están a favor y en contra de la vida. Nadie propone el aborto como un método más de planificación. Por tanto, el juicio que aquí se hace parte de considerar que la interrupción del embarazo es una situación trágica para cualquier mujer.

Para determinar esta cuestión es necesario ponderar diversos derechos y principios, en distintos momentos y circunstancias. De un lado se ubican los intereses y derechos de la mujer, y del otro, la protección jurídica que merece el producto en gestación. A pesar de que el concebido tiene un valor intrínseco muy relevante -el cual es incremental mientras avanza el embarazo-, este valor puede ceder en determinadas circunstancias frente a los derechos de la mujer.

A partir de la ponderación de los valores constitucionalmente relevantes, se determinarán las circunstancias en las que el embarazo resulta en una carga inexigible para la mujer. Para llegar a la conclusión anterior, se explican en el proyecto, en primer lugar el contenido prima facie de los valores que se enfrentan en este caso. La protección jurídica que merece el producto de la concepción y los derechos de la mujer que cobran relevancia en el tema (i. el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ii. el derecho a la salud, y iii. el derecho a la no discriminación). En segundo lugar, se realizará un balance entre los valores y derechos que entran en conflicto.

Para entender como en el proyecto se llega a este resultado, es importante explorar las principales argumentaciones analizadas, con las cuales, se coinciden y dan lugar a esta propuesta de iniciativa.

I. LA PROTECCIÓN JURÍDICA QUE MERECE EL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN

En el proyecto, dejando de un lado la pretensión de determinar en qué momento inicia la vida humana, se afirma que el derecho no ha considerado al concebido como una persona en el sentido jurídico, susceptible de ser titular de derechos humanos. No obstante ello, el no nacido sí encuentra protección constitucional, como un valor intrínsecamente relevante.

Aclarando que, existe una diferencia esencial desde el punto de vista jurídico entre el producto de la concepción y la persona que ha nacido viva y viable. De los tratados internacionales de derechos humanos, sus trabajos preparatorios y sus observaciones interpretativas, se advierte claramente que los sujetos de protección de dichos instrumentos son las personas nacidas.

Sin embargo, “el no nacido” no es un objeto carente de relevancia constitucional. Tiene un valor intrínseco muy importante, por lo que ciertamente existe un interés fundamental en su preservación y desarrollo. Debemos aceptar que su desarrollo no puede terminar ni desperdiciarse prematuramente por cualquier razón. Esta protección, no deriva de que se vulneren los derechos o intereses del no nacido, sino incluso a pesar de que no los tenga. En realidad, su existencia debe ser respetada como algo valioso en sí mismo; por lo que representa y por lo que constituye per sé.

De los argumentos establecidos en el proyecto se observan los siguientes:

• La Norma Fundamental no tutela textualmente la vida del no nacido, pero se observa que las normas constitucionales le otorgan protección y en esa medida, reconocen que tiene algún valor constitucional.

• El valor del concebido es incremental en el tiempo, en la medida en la que su desarrollo no es estático, sino que aumenta progresivamente a lo largo del período de gestación, desde que es un cigoto hasta que se convierte en un bebé perfectamente desarrollado.

• A medida que aumenta progresivamente la capacidad del organismo para sentir dolor, experimentar placer, reaccionar a su entorno, y sobrevivir fuera del vientre materno, aumenta también su viabilidad para ser persona y con ello, el valor que el Estado puede asignarle como objeto de tutela.

II. LOS DERECHOS DE LA MUJER QUE COBRAN RELEVANCIA

Al respecto, se establece que si bien, el Estado tiene un interés legítimo en proteger la vida del concebido, al mismo tiempo se puede afirmar que la decisión de una mujer de interrumpir su embarazo encuentra protección en distintos derechos fundamentales. El problema constitucional radica en determinar en qué momento, o bajo qué circunstancias debe ceder un interés frente a otro.

Con todo, se identifican al menos tres derechos sobre los que debe articularse cualquier argumentación que pretenda justificar el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo:

El derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este derecho protege un ámbito de autonomía de las mujeres que incluye las decisiones relacionadas con su plan de vida, entre las que se encuentra comprendida la autonomía reproductiva, al igual que la garantía de su intangibilidad moral. El libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que deriva del derecho a la dignidad, que a su vez está previsto en el artículo 1º constitucional y se encuentra implícito en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro país.

Las normas y actos que prohíben o regulan el ejercicio de la decisión de la mujer a practicarse un aborto, afectan al menos prima facie el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues inciden en el plan de vida que las mujeres desean realizar. Este derecho exige que las personas sean libres para tomar decisiones personales sin la injerencia del Estado, especialmente en un ámbito tan importante eíntimo como el que comprende las cuestiones relativas a la sexualidad y reproducción. Esta libertad de decisión representa el mayor grado de autonomía personal, en tanto que implica considerar a la personas como seres con igual dignidad.

Esta faceta del derecho alcanza su grado máximo cuando hablamos de la decisión de ser madre. No hay nada más trascendental para una mujer que el dar vida a un nuevo ser. Tal decisión modificará profundamente la vida de la mujer en todos los sentidos y, en buena medida, determinará su destino y plan de vida. El hecho de que esta decisión sea impuesta por el Estado implica reducir a la mujer a un mero receptáculo de la vida en gestación, carente de derechos e intereses igualmente relevantes.

En definitiva, la dignidad de la mujer -que subyace al derecho al libre desarrollo de la personalidad-, se funda en la convicción de que ella puede disponer libremente de su cuerpo, así como de que puede construir su identidad y destino autónomamente, libre de imposiciones o transgresiones a este principio tan elemental.

En ese sentido,

el aborto es una de las decisiones más personales e íntimas que puede tomar una mujer. La decisión de interrumpir el embarazo tiene tanto dimensiones éticas como médicas. Cada una de estas dimensiones implica una afectación a la esfera más íntima de la mujer. Sólo la mujer embarazada puede discernir la trascendencia de ser madre y las razones por las que prefiere tomar la difícil decisión de abortar. En esa medida, este dilema corresponde al fuero más íntimo de la mujer. Solo ella conoce el peso de cada una de las razones, personales, médicas, económicas, familiares y sociales, que la orillan a interrumpir el embarazo”.

Por ello, las interferencias del Estado en la decisión de la mujer de practicarse un aborto, limitan su derecho a decidir sobre su destino y plan de vida y por tanto, constituyen una afectación prima facie al derecho al libre desarrollo de la personalidad.

El derecho a la igualdad y no discriminación. Los derechos humanos deben ejercerse de forma igualitaria, es claro que existe una brecha de género respecto al ejercicio del libre desarrollo de la personalidad y la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En este sentido, en el proyecto, se advierte una relación de causalidad entre los estereotipos de género y la discriminación que padecen las mujeres y niñas en relación con su disfrute del derecho a la sexualidad.

Se ha detallado el contenido del derecho a la igualdad de género, identificándolo como una manifestación específica del principio de igualdad y no discriminación, mismo que derivó de la necesidad de responder a la situación que enfrenta la mujer como grupo vulnerable.

Este derecho conlleva un doble mandato. Primero, implica la abstención por parte del Estado de interferir con el pleno ejercicio de los derechos de la mujer a través de consideraciones basadas en prejuicios y estigmatizaciones. A su vez, la igualdad de género involucra un deber positivo para el Estado de levantar los obstáculos y derribar las barreras que impidan a las mujeres el ejercicio de sus derechos.

De tal suerte que, derivado de la normativa internacional y de la evolución jurisprudencial del derecho a la igualdad de género en la Primera Sala de la SCJN, es posible afirmar que existe un deber del Estado de velar porque el ejercicio de los derechos de la mujer a decidir sobre su propio plan de vida y a ejercer su salud sexual y reproductiva, se realice sin prejuicios y estigmatizaciones.

La afectación al derecho a la igualdad de género no emana únicamente de la condición biológica de la mujer, es decir del hecho de que sólo las mujeres se pueden embarazar, la afectación deriva de la construcción social del rol que la mujer debe cumplir. En efecto, las barreras legales al aborto parten en alguna medida, del estigma de que la mujer tiene que ser madre, independientemente de las razones que ésta pudiera tener para interrumpir su embarazo. Este juicio impide que las mujeres puedan ejercer su sexualidad y decidir su plan de vida como sujetos autónomos.

El derecho a la salud. El derecho a la salud es otro de los derechos que interviene en la decisión de la mujer de interrumpir un embarazo (protegido en el artículo 4 constitucional). Este derecho adquiere una vertiente especial que se denomina derecho a la salud sexual y reproductiva y se encuentra reconocida expresamente en distintos instrumentos internacionales, entendida como “un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, y no simplemente como la ausencia de afecciones, disfunciones o enfermedades”.

Para garantizar este derecho, el Estado tiene la obligación de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud encaminados a la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona.

Además, es innegable que el Estado tiene deberes positivos para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva. Asimismo, debe proporcionar hasta el máximo de sus recursos servicios de salud sexual y genésica, incluyendo el acceso a servicios de planificación familiar, la atención anterior y posterior al parto, los servicios obstétricos de urgencia y el acceso a la información, así como a los recursos necesarios para actuar con arreglo a esa información.

En tanto el aborto es un procedimiento médico, las condiciones en que se lleva a cabo y los efectos derivados de su realización, impactan en el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Al mismo tiempo, las consecuencias derivadas de las prohibiciones al aborto, tales como muertes evitables, la imposibilidad de volverse a embarazar, o daños psicológicos permanentes, constituyen afectaciones prima facie al derecho a la salud en este aspecto.

De acuerdo con el proyecto, es imposible imaginar cada uno de los casos en los que los intereses de la mujer se contraponen a la protección que merece el producto en gestación, del derecho internacional y comparado, e incluso de la propia realidad, es posible agrupar en los siguientes rubros a los supuestos más relevantes y comunes en los que una mujer se ve orillada a decidir practicarse un aborto:

(i) cuando se encuentra en riesgo su salud,

(ii) cuando el embarazo sea haya concebido en contra de su voluntad,

(iii) cuando el feto no sea viable, y

(vi) cuando existan razones distintas a las enunciadas en los supuestos anteriores, pero que pertenezcan exclusivamente al fuero interno de la mujer embarazada.

Es en estos casos en los que debe determinarse si está justificado que se le imponga a la mujer el llevar a buen término el embarazo.

La razón de incluir en esta reforma, además del riesgo de muerte que podría implicar la continuación del embarazo, al aborto terapéutico, radica en que no es justificable que el legislador ordinario imponga la condición de que la mujer esté en peligro de perder la vida, subestimándose con esto un aspecto primordial del bienestar como es la conservación de la salud, pues aun cuando la mujer no muera, su salud puede sufrir serios y permanentes daños, que reduzcan sus expectativas de vida, o la coloquen en grave situación de desventaja. No establecer en la ley el riesgo que implica la continuación del embarazo para la salud de la mujer, violentaría sus derechos humanos a la protección de la salud, a la integridad y a la seguridad de las personas, entre otros.

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, ambos supuestos (el riesgo a la vida o a la salud de la mujer) se construyen sobre la base del estado de necesidad, y protegen tanto el derecho a la vida como el derecho a la salud, por lo que la inclusión de ambos supuestos en esta iniciativa se considera pertinente su inclusión para lograr un marco normativo del aborto acorde con la normativa internacional de derechos humanos, al mismo tiempo de homologar nuestra legislación nacional al estándar más alto en la materia.

Por lo anteriormente expuesto, atendiendo a la obligación constitucional del Estado Mexicano de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres del que México forma parte, me permito someter a esta Soberanía, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE ABORTO.

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 333 y 334 del Código Federal Penal, para quedar como sigue:

Artículo 333.-  No es punible  el aborto sólo causado por imprudencia de la mujer embarazada, cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial, que se refiere el artículo 199 Quárter de este Código.

Artículo 334.-  No se aplicará sanción cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte o de afectaciones a su salud, a juicio del médico que la asista oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión, el 29 de junio de 2016.

Sen. Angélica de la Peña Gómez.

1 Véase. División de Población de Naciones Unidas, Políticas del Aborto en el Mundo 2013 (entrega una tabla con las políticas de aborto en todos los países del mundo).

2 Ídem.

3 Véase. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones Finales sobre Perú, CEDAW/C/PER/CO/7-8 (2014), párr. 36; Declaración sobre salud y derechos sexuales y reproductivos: Revisión del CIPD Más allá del 2014 (2014).

4 Véase. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, L.C. v. Perú, CEDAW/C/50/D/22/2009, párr. 8.15.

5 Véase. Comité de Derechos Humanos, K.L. v. Perú, CCPR/C/85/D/1153/2003, párr. 6.4; V.D.A. v. Argentina, CCPR/C/101/D/1608/2007, párr. 9.3.

6 Véase.K.L. v. Perú, párr. 6.3; V.D.A. v. Argentina, párr. 9.2

7 Op. cit.L.C. v. Perú, CEDAW/C/50/D/22/2009, párr. 9(b)(i).

8 Observación General 28, párr. 11.

9 Véase.Comité de los Derechos del Niño, Observaciones Finales sobre Chad, CRC/C/15/Add.107 (1999), párr. 30.

10 Véase.Comité de Derechos Humanos, Observaciones Finales sobre Guatemala, CCPR/C/GTM/CO/3 (2012), párr. 20; Panamá, CCPR/C/PAN/CO/3 (2008), párr. 9; Comité contra la Tortura, Observaciones Finales sobre Perú, CAT/C/PER/CO/4 (2006), párr. 23; Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones Finales sobre Sri Lanka, A/57/38 (2002), párr. 283.También véase.Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones Finales sobre Angola, CEDAW/C/AGO/CO/6 (2013), párr. 32(g); Comité de Derechos Humanos, Observaciones Finales sobre República Dominicana, CCPR/C/DOM/CO/5 (2012), párr. 15; Filipinas, CCPR/C/PHL/CO/4 (2012), párr. 13; Comité de los Derechos del Niño, Observaciones Finales sobre Chile, CRC/C/CHL/CO/3 (2007), párr. 56; Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones Finales sobre Costa Rica, E/C.12/CRI/CO/4, (2008), párr. 46; Chile, E/C.12/1/Add.105 (2004), párr. 53; Nepal, E/C.12/1/ Add.66 (2001), párr. 55.

11 Véase.Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones Finales sobre República Dominicana, CEDAW/C/DOM/CO/6-7 (2013), párr. 37(c); Comité de los Derechos del Niño, Observaciones Finales sobre Costa Rica, CRC /C/CRI/CO/4 (2011), párr. 64(c); Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones Finales sobre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, E/C.12/GBR/CO/5 (2009), párr. 25.

12 Véase.Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observaciones Finales sobre Austria, CRPD/C/AUT/CO/1 (2013), párrs. 14-15.

13 Op. cit. V.D.A. v. Argentina, CCPR/C/101/D/1608/2007, párr. 9.2.

14 Op. cit.K.L. v. Perú, CCPR/C/85/D/1153/2003, párr. 6.3.

15 Cfr.LAMAS, Marta, “La despenalización del aborto en México, Nueva Sociedad No 220, marzo-abril de 2009. Disponible en Internet: http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/22841.pdf

16

17 AMPARO EN REVISIÓN 1388/2015, Proyecto Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Disponible en Internet:
https://www.scjn.gob.mx/Primera_Sala/Asuntos%20Lista%20Oficial/AR-1388-2015-160616.pdf

18 Ídem.

19 Ídem.

20 Ídem.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232-D DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

(Presentada por la Diputada Sofía González Torres y Diputados del grupo parlamentario del PVEM)

Quienes suscriben, Diputada SOFÍA GONZÁLEZ TORRES y Diputados Federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232-D DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La historia reciente de Puerto Morelos inicia en 1898, cuando se crea la empresa Compañía Colonizadora de la Costa Oriental de Yucatán, la cual adquirió los derechos de 1,036,000 hectáreas de selvas y costas localizadas entre Cabo Catoche y Tulum en lo que hoy conforma el territorio del Estado de Quintana Roo. La Compañía Colonizadora explotaba productos agrícolas y forestales, los cuales se extraían de las selvas circundantes a la ex hacienda de Santa María. La hacienda funcionaba como el centro administrativo de la zona, llegando a albergar hasta 1,500 trabajadores provenientes de diversos Estados de la República.

Puerto Morelos fue denominado también Punta Corcho, y ya en el año 1900, fue seleccionado como el sitio ideal para embarcar y desembarcar los productos extraídos de la selva y los artículos de consumo en los campamentos, debido a que es un puerto natural que ofrece seguridad en la navegación, buena profundidad y protección por su barrera de arrecifes que da origen a una laguna de aguas tranquilas.

Para fortalecer la pacificación de la zona de conflicto en donde se desarrolló la Guerra de Castas iniciada en 1847 y afianzar la soberanía mexicana, el Presidente Porfirio Díaz decretó el 24 de noviembre de 1902 la creación del Territorio de Quintana Roo. Puerto Morelos estuvo bajo la administración política del Municipio de Isla Mujeres durante un breve lapso de tiempo, posteriormente fue transferido a Cozumel, desde donde se decidió durante varias décadas, el destino político y económico del puerto y hasta el año pasado pertenecía políticamente al Municipio de Benito Juárez.

En 1931, el Presidente Pascual Ortiz Rubio decreta la desaparición del Territorio de Quintana Roo, anexando su superficie a los estados de Yucatán y Campeche. En 1935, durante la gestión del Presidente Lázaro Cárdenas, se decreta por segunda ocasión la creación del Territorio de Quintana Roo.

El 29 de febrero de 1936, por resolución presidencial se funda el Ejido de Puerto Morelos, el área asignada fue de 21,420 hectáreas de selvas y humedales que les fueron expropiadas al Banco de Londres y México. El deslinde y entrega física de los predios ejidales se realizó en 1944.

Adicionalmente a la dotación ejidal, el 19 de marzo de 1973, el Presidente Luis Echeverría Álvarez realizó un Decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre del mismo año, mediante el cual el Gobierno Federal cede gratuitamente al Gobierno del Territorio de Quintana Roo, para la formación del fundo legal de “PUERTO MORELOS”, delegación del gobierno de Cozumel, del mencionado territorio, una superficie de 3,337 hectáreas.

Con la apertura de Cancún, en los años 70 del siglo pasado, y la promoción del turismo, Puerto Morelos inició una fase de crecimiento poblacional y económico caracterizado por la inmigración de gente de diversas partes del país y del extranjero, estas últimas personas de edad avanzada y con una posición económica sólida.

Los primeros habitantes de los asentamientos humanos que empezaron a crearse en Puerto Morelos fueron antiguos ejidatarios chicleros de origen maya quienes cambiaron su actividad, ya en decadencia, para dedicarse a cubrir las demandas del turismo y de los nuevos habitantes que llegaban a la comunidad. También se empleaban en diversas actividades de construcción y mantenimiento. Igualmente se estableció una comunidad de pescadores, quienes fundaron una cooperativa dedicada a la explotación de langosta y caracol rosado, la cual ha sido la punta de lanza de una de las principales actividades económicas de la localidad.

Para el año 1974, se decretó la creación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, integrado originalmente con siete municipios, entre los cuales se encuentra el Municipio de Benito Juárez, con cabecera Municipal en Cancún. Puerto Morelos, quedó incluido como una Delegación Municipal dentro del ámbito político administrativo de Benito Juárez, al igual que las comunidades de Central Vallarta, Alfredo B. Bonfil y Leona Vicario.

El municipio de Puerto Morelos fue creado por el Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo el año pasado por virtud del Decreto 342, dictado el 5 de noviembre de 2015 por la XIV Legislatura y publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 6 de noviembre de 2015. Este acontecimiento representa una conquista política y administrativa de la población de Puerto Morelos, la cual demandaba desde hace años la creación de un nuevo municipio a través del cual fuera posible aportar soluciones más efectivas a los problemas de la localidad y aprovechar mejor las áreas de oportunidad para el desarrollo de la región.

La creación del Municipio de Puerto Morelos se hizo con la finalidad de fortalecer la gestión de los recursos de la comunidad, pues con ello los ingresos municipales originados en esta población se reinvertirán en obras y servicios públicos que sienten las bases para un crecimiento urbano sólido, ordenado y armónico.

De acuerdo al Consejo Estatal de Población de Quintana Roo, en 2014 la población de Puerto Morelos superó los 32 mil habitantes, incluyendo las localidades de Leona Vicario y Central Vallarta. En la actualidad, Puerto Morelos presenta un elevado crecimiento económico, impulsado en gran medida por las actividades turísticas, pesqueras y de prestación de servicios. La derrama económica derivada de estas actividades ahora podrá ser aprovechada para el desarrollo de aquellas zonas que hasta el año pasado se encontraban al margen de sus beneficios.

Un mecanismo clave para potenciar el desarrollo económico de la localidad es la posibilidad de que la nueva administración municipal cobre derechos por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, de las playas, de la zona federal marítimo terrestre, y de los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas. Lo anterior resulta fundamental para cualquier municipio costero, como es el caso de Puerto Morelos.

No se puede soslayar que la localidad de Puerto Morelos, especialmente en la Zona Federal Marítima Terrestre, proporciona un importante ingreso por recaudación fiscal, en gran medida debido a la actividad del turismo que ha venido a dinamizar la economía de la zona norte del Estado de Quintana Roo.

En este sentido, el objetivo de esta iniciativa es beneficiar financieramente a la federación con la incorporación de un nuevo municipio en la Ley Federal de Derechos capaz de auxiliarla en términos recaudatorios, lo que conlleva un impacto positivo para las finanzas públicas tanto de la Federación como municipales. El cobro de derechos se estima según cifras del presupuesto de ingresos del municipio de Benito Juárez por un valor aproximado de casi 22 millones de pesos, lo cual representa el 19.7% de los ingresos del nuevo municipio, estos datos se muestran en el cuadro 1.

Cuadro 1

INGRESOS PROYECTADOS PARA 2016 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

Concepto

Cantidad en pesos

Porcentaje del total de ingresos proyectados

Impuestos

$ 69,502,253

62.3%

Derechos

$ 21,977,577

19.7%

Participaciones y aportaciones

$ 18,000,000

16.1%

Aprovechamientos

$ 1,980,943

1.8%

Productos

$ 181,091

0.2%

Total

$ 111,641,864

100%

Fuente: elaboración propia con datos del presupuesto de ingresos del Municipio Benito Juárez 2016 (Cancún)

Con las consideraciones antes mencionadas se estima que la incorporación del municipio de Puerto Morelos a la Zona XI del artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos representa una posibilidad importante de mejorar los servicios públicos e incrementar la inversión gubernamental en obras que beneficien a los portomorelenses, mediante el cobro de derechos por el uso de los bienes de dominio público de la nación que se ubican en esa localidad. Por lo anterior, quienes integramos el grupo parlamentario del Partido Verde ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA ZONA XI DEL ARTÍCULO 232-D DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la Zona XI del artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 232-D.-Las zonas a que se refiere el artículo 232-C de esta Ley, son las siguientes:

ZONA I. a ZONA III.

ZONA XI. Subzona A. Estado de Quintana Roo: Cozumel. Subzona B. Estado de Quintana Roo: Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión, el 29 de junio de 2016.

Suscribe

Dip. Sofía González Torres.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO III BIS DENOMINADO DE LA SEGURIDAD EN LAS CARRETERAS QUE CONSTA DE LOS ARTÍCULOS 22 BIS Y 22 TER AL TÍTULO    SEGUNDO DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

(Presentada por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT)

El suscrito, MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO III BIS DENOMINADO DE LA SEGURIDAD EN LAS CARRETERAS QUE CONSTA DE LOS ARTÍCULOS 22 BIS Y 22 TER DEL TITULO SEGUNDO DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, en materia de seguridad en las carreteras, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las Carreteras, Prioridad de Seguridad.

El deber principal del Estado radica en brindar seguridad a sus habitantes en su persona y bienes. Es así como nace el concepto de la seguridad pública, función que cuando se proyecta al plano de la economía adquiere mayor relevancia al ocuparse del transporte terrestre de personas, mercancías y materias primas. La seguridad en las carreteras resulta entonces una cuestión de primer orden para el crecimiento y el desarrollo económico de la república. El abuso sexual que una pasajera potosina sufrió en una unidad de autotransporte federal confirma la necesidad de adoptar medidas legislativas para elevar el nivel de seguridad en las carreteras de México.

Una Laguna Legal.

La Red Carretera Nacional tiene una extensión de aproximadamente cincuenta mil kilómetros.1 A diario se cometen ilícitos en ella. Sin embargo, hasta hace poco los delitos que se presentaban eran casi todos en afectación del patrimonio. Desde los asaltos en camiones de pasajeros de las metrópolis en agravio de trabajadores que se trasladan de las llamadas ciudades dormitorio a sus centros de trabajo hasta el robo de tráileres en Estados con alto tráfico de mercancías en especial electrodomésticos, ropa y en general bienes de fácil realización en el mercado negro. La violencia es un elemento constante en el modo de operar. Los asaltantes usan siempre armas de fuego de todo calibre. En el transporte de pasajeros es frecuente que junto con los delitos patrimoniales surjan ilícitos de carácter sexual que afectan la integridad, la libertad y hasta la vida de las personas en particular mujeres. Un ejemplo de la impotencia e irritación que produce la impunidad con que se cometen esos ataques a la población, lo encontramos en la columna editorial de Elsa Alanís, en las páginas de El Universal. La periodista narra como una compañera de la casa editorial sufrió una violación al trasladarse de una población del Estado de México a la capital del país.2

De acuerdo con datos de la de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) de enero a septiembre de 2014 se registraron 47 mil 532 asaltos en carreteras del país; y en 2015 a noviembre iban 47 mil 307 delitos en contra del transporte en carreteras. Lo anterior se traduce en Se han registrado 156 asaltos violentos cada mes, en promedio, en las diferentes autopistas del país. La mayoría de los incidentes delictivos en 2015 se concentraron en Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas, y Veracruz. Cabe mencionar que la información de la Asociación se apoya en los datos de las Oficinas Coordinadoras de Riesgos  Asegurados.

En el contexto de violencia que se vive en el país, las carreteras han dejado de ser un espacio público seguro para las familias ya que la delincuencia se ha expandido de los delitos patrimoniales en contra de transportistas de bienes y servicios, a los ataques además contra los pasajeros. Esta mutación reciente revela una migración de delincuentes comunes que antes operaban en robos a casas habitación y establecimientos comerciales desde luego con violencia hacia los caminos y carreteras. Movimiento que obedece a la debilidad que los delincuentes perciben en la seguridad prácticamente inexistente en las vías de transporte terrestre. No hay vigilancia y la investigación tendiente a llevar a los responsables a la justicia es nula. La procuración de justicia no existe pues tratándose de ataques a pasajeros, las víctimas no presentan denuncias ante los gastos, pérdida de tiempo y escasos   resultados pues tendrían que hacerlo en un lugar diverso al de su residencia. Aunque hay casos excepcionales como el de la víctima potosina agraviada que es menester analizar a continuación para delinear el contenido de las medidas legislativas a tomar.

El asalto a la unidad donde viajaba la afectada que se dirigía a San Luis Potosí tuvo lugar durante la noche. Los responsables aprovecharon que la unidad tuvo que reducir su velocidad en un tramo en reparación donde ya los esperaban y al hacer alto total, antes de reiniciar la marcha, encañonaron al chofer que termino por accionar el mecanismo de apertura de la puerta. Al conjuntarse estos dos factores de riesgo que por separado resultan casi inocuos como es la temporalidad nocturna y la inmovilidad del vehículo, se presentó la ocasión para delinquir que los responsables sí tenían calculada a diferencia de la servidores públicos tanto de la Secretaria de Gobernación como de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para las cuales pasó desapercibida; de ahí que las víctimas quedaron inermes mientras se cometían los delitos.

Aunque se encuentra en vigor la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, sus disposiciones han resultado insuficientes para que los pasajeros puedan llevar a cabo traslados seguros, como resulta evidente del ataque sexual ampliamente difundido en redes sociales recientemente, y muchos otros casos más que comienzan a darse a conocer por igual3 o que simplemente engrosan la cifra negra. Por ello, en observancia de las nuevas obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos derivadas de la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, es imperativo presentar, discutir y aprobar preceptos adicionales con obligaciones específicas para salvaguardar al máximo la vida, integridad personal y libertad de las personas que transitan por las carretas del país, así como su patrimonio.

Contenido de la Propuesta Normativa.

En los miles de kilómetros de la Red Nacional, existen distintos tipos de carreteras. Unas se encuentran más expuestas a la delincuencia que otras en función de diversos factores que van desde el aforo, la mayor densidad de transporte de carga y pasajeros, la proximidad a grandes urbes así como la ausencia de vigilancia y la certeza que tiene la delincuencia de que la investigaciones se fragmentarán al concurrir la competencia de instituciones de procuración de justicia diversas. Con el propósito de estar en aptitud de determinar el grado de riesgo de las diferentes carreteras, se propone en el proyecto de decreto el análisis de vulnerabilidades, el cual permite diseña un Plan Operativo de seguridad acorde con las características de exposición al delito de cada vía terrestre de comunicación.

Las pistas para esclarecer delitos como el perpetrado en la autopista México-Querétaro se ubican en dos vertientes: en el lugar de los hechos y sus alrededores y en los archivos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de las entidades federativas de la zona de influencia. El estudio del modus operandi aplicando la criminalística al caso concreto en contraste con los registros en las bases de datos arrojará líneas de investigación que con alta probabilidad llevaran a dar con los responsables. En consecuencia, se propone el deber de que las Procuradurías y Fiscalías de Justicia queden obligadas a compartir su información en estos casos con el deber añadido que al día de hoy no está en vigor de manera específica de que en toda investigación obligadamente se tenga que hacer una búsqueda en las bases de datos de modos de operar similares.

Por otra parte, el atraco en la autopista México-Querétaro demostró la desarticulación ente las autoridades del transporte y las de seguridad pues a pesar de que se trata de un área extensa en reparación no se contaba con vigilancia ni siquiera de noche cuando la experiencia y el sentido común permiten anticipar la presencia de células o grupos criminales. Para evitar vacíos en la seguridad se dispone que la Policía Federal tenga a su cargo una estrategia de prevención situacional en las carreteras, lo cual implica planes operativos que contemplen este tipo de factores y los atiendan para recuperar la seguridad.

Finalmente, de nada servirá la Técnica Legislativa derivada del Bloque Constitucional de Derechos Humanos que traduce en garantías específicas lo que por encontrarse establecido de manera tan genérica en la ley termina por ser inoperante como ha quedado demostrado con el último ataque sexual a una pasajera. Es probable que las autoridades tampoco cumplan con estas nuevas obligaciones a pesar de que sean clarificadas. El Consejo de Control Ciudadano busca que a través de la rendición de cuentas de las autoridades de seguridad pública y de transporte, los puntos de riesgo queden cubiertos en un esfuerzo conjunto entre las autoridades y los usuarios de las vías de comunicación.

Con la convicción de dar respuesta desde el ámbito legislativo al problema de la inseguridad en las carreteras de país, me permito elevar a consideración de esa H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPITULO III BIS DENOMINADO DE LA SEGURIDAD EN LAS CARRETERAS QUE CONSTA DE LOS ARTICULOS 22 BIS Y 22 TERAL TITULO SEGUNDO DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

UNICO.- Se adiciona el Capítulo III Bis al Título Segundo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se compone de los artículos 22 Bis y 22 Ter para quedar como sigue:

Capítulo III Bis.

De la seguridad en las carreteras.

Artículo 22 Bis. La Policía Federal realizará las actividades que se requieran para garantizar la seguridad en las carreteras del ámbito federal, al menos conforme a lo siguiente:

I. Hará un análisis de vulnerabilidades tomando en cuenta el historial de denuncias presentadas, así como la proyección de dichos antecedentes en las características y circunstancias de las carreteras y del transporte que circula por las mismas.

II. Con base en los factores criminógenos que se presenten en las carreteras y sus zonas de influencia, diseñará una estrategia de prevención situacional.

III. Como parte de esta última deberá colocar vigilancia con elementos de la Policía Federal siempre que se realicen reparaciones o se registren otras circunstancias que impliquen la reducción de velocidad o pongan en riesgo de ser víctimas de delitos a las personas a bordo delos vehículos. Durante la noche se contará de manera permanente con personal de la Policía Federal en dichos lugares.

IV. Los cuerpos de policía estatales y municipales por los que atraviesan las carreteras federales están obligados a compartir con el Ministerio Público investigador las bases de datos relativas a los hechos delictivos registrados en las carreteras y su zona de influencia.

V. Los titulares y operadores de permisos, autorizaciones o licencias del servicio público de autotransporte federal, local o municipal estarán obligados a contar con protocolos de seguridad.

Artículo 22 Ter. La Procuraduría General de la República tratándose de delincuencia organizada y las procuradurías y fiscalías de justicia de las entidades federativas difundirán la ficha signalética de las personas contra las que se haya girado orden de aprehensión por delitos cometidos en las carreteras y ofrecerán recompensas por datos que lleven a su captura. Esta información y las capturas que se realicen deberán estar disponible en el portal del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la red informática mundial denominada Internet.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, el 29 de junio de 2016.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.

1 Véase la siguiente página, consultada el 20 de junio de 2016: http://www.ciltec.com.mx/es/infraestructura-logistica/red-carretera

2 Véanse las notas siguientes consultadas el 20 de junio de 2016:http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/elisa-alanis/nacion/2016/06/17/violadas-y-atacadas-en-edomex-te-prefiero-lejos y
http://www.elpopular.pe/actualidad-y-policiales/2016-03-27-mexico-periodista-denuncio-violacion-sexual-en-transporte-publico

3 Véase la nota siguiente consultada el 20 de junio de 2016: http://www.razon.com.mx/spip.php?article311891





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVII AL ARTÍCULO 3o. Y REFORMA EL ARTÍCULO 168 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Presentada por el Diputado Jesús Serrano Lora, del grupo parlamentario de Morena)

El que suscribe, Diputado JESÚS SERRANO LORA integrante del grupo parlamentario de Morena, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción xxvii al artículo 3º y reforma el artículo 168 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El agua por ser un líquido vital para la conservación de los seres vivos y al ser un recurso renovable limitado, debe regularse adecuadamente con la finalidad de evitar el manejo indebido y para aprovechar al máximo este recurso. Un país que gestione de mejor manera sus recursos hídricos, verá reflejado ese esfuerzo en el incremento del acceso a agua potable y seguridad alimentaria, así como mayores empleos generados gracias al crecimiento económico y con ecosistemas saludables.

El agua es una de las necesidades humanas más básicas, e indispensable en casi todas las actividades económicas. Entre ellas destacan la industria, la generación de energía y la agricultura. Debido a los impactos que pueden tener en la salud, en la producción agrícola, en el medio ambiente e incluso en la equidad de género, la gestión de este recurso es esencial para lograr un desarrollo económico sustentable. Sin embargo, el crecimiento poblacional y la competencia entre los diferentes sectores económicos, están generando cada vez mayor presión sobre los recursos hídricos, siendo ya insuficiente para las necesidades básicas del ser humano como son el consumo humano y la producción de alimentos.

Un informe del Banco Mundial1, sugiere que un incremento de 4 grados centígrados en la temperatura a nivel mundial, generaría que la presión por la escasez de agua se intensifique en todas las zonas del mundo y los más pobres serán los menos preparados para enfrentarlo.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Agua, de un total de 653 acuíferos existentes en el territorio nacional, 106 se encuentran sobreexplotados y otros 70 poseen algún grado de sobreexplotación que oscila entre el 80 por ciento y el 100 por ciento de su disponibilidad, lo que implica que en los próximos 10 años estos acuíferos aprovechables dejarán de existir como fuente de suministro afectando a grandes concentraciones de población, así como a distritos y unidades de riego que se encuentran ubicados principalmente en el Valle de Mexicali, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Zacatecas y la Comarca Lagunera.

Se tienen también identificados 16 acuíferos con problemas de intrusión salina en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Veracruz, por la entrada de agua de mar en acuíferos debido a la excesiva extracción de agua. Además de lo anterior, 32 acuíferos se encuentran afectados con intrusión salina por contaminación salobre de suelos limitando la disponibilidad de agua a los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Yucatán2.

Actualmente en México se riegan cerca de 6.5 millones de hectáreas, que representan el 13% de la superficie agrícola fértil y se considera un aproximado de medio millón de hectáreas que requieren rehabilitarse. Estas 6.5 millones de hectáreas están organizadas en 85 distritos de riego y 39,000 unidades de riego, y se les destina el 76.7% de los 80 mil 600 millones de metros cúbicos de agua anuales que se utilizan en el país, el resto de este recurso se destina a los sectores públicos e industrial.

La agricultura de riego contribuye a elevar los ingresos y la producción agrícola, a diferencia de la agricultura de temporal. Además, el riego ofrece mayor seguridad pues permite ampliar y diversificar cultivos con mayor valor. En México, la mitad del valor de la producción agrícola y dos terceras partes de las exportaciones agrícolas proceden del riego.

Sin embargo la persistencia de prácticas agrícolas poco eficientes, las grandes cantidades de concesiones de agua otorgadas en las últimas dos décadas, la falta de coordinación entre las dependencias y actores, así como la inadecuada y limitada inversión pública, fomentan un uso inadecuado del agua en la agricultura, aumentando los grados de vulnerabilidad de los recursos hídricos.

El sistema de concesiones de la actual Ley de Aguas Nacionales, fue diseñado con una perspectiva en el que se concebía al agua como un recurso abundante y capaz de ser explotado de manera indiscriminada, estas concesiones puede durar de 10 a 30 años con derecho a prorroga y que incluso han sido otorgadas en zonas de veda o de baja disponibilidad de agua a grandes empresas mineras, desarrolladores de vivienda, turísticos e industriales que utilizan el agua atentando contra la sustentabilidad y la disponibilidad de este recurso para usuarios de riego o el consumo doméstico de habitantes de comunidades rurales.

Otra situación alarmante en el sentido de la explotación de agua de manera irracional es que, de acuerdo al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático INECC, existe un alto número de usuarios de agua de riego que extraen de manera ilegal este recurso sin contar con un título de concesión por parte de las autoridades, conjuntamente, sólo un 39% de los productores bajo el sistema de riego, posee un medidor para controlar y monitorear el consumo del agua.

El crecimiento de las actividades agropecuarias es considerado en gran parte por la pérdida de biodiversidad así que, un ordenamiento y mejor gestión del agua puede lograr mitigar muchas consecuencias adversas.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su Meta Nacional “México Prospero”, objetivo 4.4 “impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo; estrategia 4.4.2 “Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso”, prevé entre sus líneas de acción las referentes a asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el consumo humano y la seguridad alimentaria; rehabilitar y ampliar la infraestructura hidroagrícola y ordenar el uso y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos afectados por déficit y sobreexplotación, propiciando la sustentabilidad sin limitar el desarrollo.

La Ley de Aguas Nacionales, señala en su artículo 9º del Capítulo III, se enumeran las atribuciones de la Comisión Nacional del Agua y en materia de riego la Comisión debe promover en el ámbito nacional el uso eficiente del agua y su conservación en todas las fases del ciclo hidrológico, e impulsar un desarrollo de la cultura del agua que considere este elemento como recurso vital, escaso y de alto valor económico, social y ambiental, y que contribuya a lograr la gestión integrada de los recursos hídricos (fracción XXVI).

Así mismo, en el artículo 84 BIS del Título Sexto, se menciona que la Conagua “con el concurso de los Organismos de Cuenca deberá promover entre la población,   autoridades y medios de comunicación, la cultura del agua acorde con la realidad del país y sus regiones hidrológicas, para lo cual deberá”, “fomentar el uso racional y conservación del agua como tema de seguridad nacional y alentar el empleo de procedimientos y tecnologías orientadas al uso eficiente y conservación del agua (fracción V).

Por su parte, en el segundo párrafo del  artículo 168 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, mismo que se refiere a la promoción de una cultura del cuidado del agua no queda claramente especificado a qué se refiere con “sobreexplotación de los recursos hidráulicos” pues el término “hidráulico” alude al estudio y movimiento del agua, así como a la ingeniería de su almacenamiento y conducción, mientras que el término “hídrico” hace referencia a lo relativo al agua3, es decir las reservas de agua con las que cuenta una región.

En este sentido, el término “hidráulico” puede llevar a confusión y mala interpretación al momento de implementar programas para la tecnificación de riego atendiendo sólo a la obra e infraestructura para la tecnificación de riego y no a resolver el problema de  reserva de agua subterránea y superficial que se tiene en las diferentes regiones del  país.

Por encima de las ideologías y los intereses, lo que predomina es la necesidad de mejorar la gestión y aprovechamiento del recurso agua para enfrentar la creciente competencia por su múltiple uso, particularmente por la creciente demanda de agua entre los diferentes sectores que al mismo tiempo se agrava por la contaminación del agua y los efectos de los fenómenos naturales cada vez más extremos a consecuencia del calentamiento global.

Dado que la disponibilidad de agua para el riego cada vez se vuelve más limitada, el reto es aprovechar de mejor manera este recurso vital considerando las características actuales tales como los altos costos por bombeo de agua, infraestructura de canales con problemas de azolve, amplias superficies destinadas para el riego, incluyendo mejoras técnicas como infraestructura, tecnología en el riego y optimización de los equipos de bombeo con el objeto de mejorar la eficiencia en el uso del agua, pero también se requiere y de manera urgente la gestión del agua.

La presente iniciativa busca entonces, más allá de las necesidades técnicas de infraestructura, un uso más eficiente del agua en el sector agrícola en el que las secretarias correspondientes (sagarpa y Conagua), elaboren un plan agrícola de sustentabilidad hídrica para que los usuarios pertenecientes a unidades y distritos de riego ajusten la superficie de siembra, al volumen de agua que le fue concesionada y no utilicen y desperdicien más agua de la necesaria para sus cultivos con ello, se verá reflejado en mayores reservas de agua, una mejor productividad agrícola, fomentando a la reconversión productiva a cultivos menos demandantes de este recurso y a una cultura de mejor uso del agua por parte del sector agrícola.

Por todo lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona una fracción XXVII del artículo 3º, recorriendo los subsecuentes y reforma el artículo 168 todo de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo único.- se adiciona una fracción XXVII del artículo 3º recorriendo los subsecuentes y reforma el artículo 168 todo de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 3.-

I a XXVI. …

XXVII Recursos Hídricos: lo perteneciente y relativo al agua.

XXVIII  a  XXXIV.

Artículo 168.- La Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano, promoverá un programa tendiente a la formación de una cultura del cuidado del agua.

Establecerá una planeación agrícola de sustentabilidad hídrica en el que definirá la superficie máxima de agricultura de riego congruente con el volumen establecido en la concesión de agua autorizada, en los casos donde exista sobreconcesión o bien, en regiones en las que se ubiquen acuíferos sobreexplotados.

Los programas para la tecnificación del riego que realicen los diferentes órdenes de gobierno darán atención prioritaria a las regiones en las que se registre sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos o degradación de la calidad de las aguas, en correspondencia con los compromisos de organizaciones y productores de ajustar la explotación de los recursos en términos que garanticen la sustentabilidad de la producción.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión, el 29 de junio de 2016.

Atentamente

Dip. Jesús Serrano Lora.

1 Banco Mundial (2012), “Bajemos la temperatura: Por qué se debe evitar un planeta 4°C más cálido”

2 Comisión Nacional del Agua, CONAGUA. Estadísticas del Agua en México 2011.

3 Noria Sánchez, David (2012), “Guía para Legisladores en recursos hídricos”, Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental A.C.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR  PÚBLICO

(Presentada por el Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del PES)

El suscrito, Diputado perteneciente a la LXIII Legislatura de esta H. Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración a la consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I Costos de la corrupción en México

La corrupción consiste en abusar del poder público para un beneficio privado y de acuerdo con el Banco Mundial y Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, le cuesta a México entre el 9% y el 20% del Producto Interno Bruto. (OCDE 2015).

La corrupción inhibe un buen entorno de negocios. De acuerdo con el Índice de Confianza del Constructor correspondiente al segundo trimestre del 2015, la corrupción en los procesos de adquisición de obras y la falta de financiamiento, siguen erigiéndose como las principales variables que dañan las expectativas de crecimiento e inversión en la industria de la construcción (Becerril, Isabel, 2015)

En dicho reporte, destacan las siguientes cifras:

• Dos de cada tres obstáculos que enfrentan los constructores se relaciona con trabas burocráticas, que incentivan las prácticas de corrupción.

• Uno de cada cinco de los constructores encuestados señaló que ha sido sujeto de exigencias económicas o pagos en especie no reglamentados por parte de las autoridades, esto para la obtención de permisos de construcción.

• El 22% de las empresas consultadas manifestó haber sido extorsionada, y la principal característica de este grupo que ha tenido que dar “una mordida”, es que son pequeñas y medianas empresas.

• Seis de cada diez constructores opinan que en las licitaciones para asignar una obra, los favoritismos, las componendas y los factores políticos pesan más que los aspectos estrictamente profesionales.

Para finales de 2015, se tiene que 21.8% de las empresas encuestadas refieren a la falta de transparencia en el proceso de licitación y asignación de obra como un factor que impide una mayor ejecución o desarrollo de obra y el 28% considera que la corrupción es el principal freno al crecimiento de la industria. (BIMSA Reports, 2015: 3-5)

La corrupción no solo se llega a presentar en la adjudicación de los contratos, sino también en la ejecución de las obras. De acuerdo al informe de la Auditoria Superior de la Federación en materia de gasto federalizado 2014, se llevaron a cabo inobservancias de la normativa que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por haberse detectado pagos de obra pública por conceptos de trabajo no ejecutados1, la no aplicación de penas convencionales por atrasos imputables a los contratistas2, mala calidad de la obra, vicios ocultos y sobre precios3., no se hacen efectivas las fianzas4, entre otros

II Testigos Sociales: participación ciudadana para la transparencia rendición de cuentas y legalidad.

La legislación nacional cuenta con la figura de testigos sociales como un mecanismo ciudadano que contribuye a mejorar la transparencia, rendición de cuentas y la legalidad en los procesos de contratación5 de: i) obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y ii) adquisiciones arrendamientos y servicios.

Los testigos sociales son persona físicas o morales6, considerados como partes sin conflicto de interés en los procedimientos de contratación, están certificadas por la Secretaría de la Función Pública7 y reciben una retribución por sus servicios8. Su tarea consiste en observar los procesos de licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios; y sus observaciones y recomendaciones se plasman por escrito en un informe final, el cual es puesto a disposición del público9 (OCDE 2015:55).

La participación de los testigos sociales aplica cuando:

a. Los contratos para la adquisición, arrendamiento o servicio supera el equivalente a 5 millones de veces el salario mínimo, es decir para montos superiores a los a los 365 millones, 200 mil pesos10.

b. Los contratos de obras públicos y servicios relacionados con las mismas, supera el equivalente a los 10 millones de veces el salario mínimo, es decir, 730 millones, 400 mil pesos.

La dependencia que va a licitar un contrato de obra o de adquisición, arrendamiento y servicio, solicita a la Secretaria de la Función Pública, que designe un testigo social. Otra forma en que participan, es a partir de su designación a partir del impacto que tenga contratación sobre los programas sustantivos de la dependencia o entidad.

En caso de que el testigo social detecte irregularidades en los procedimientos de contratación, debe remitir su testimonio al área de quejas del órgano interno de control de la dependencia o entidad convocante y/o a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (LOPSM, artículo 27 BIS y LAAS, artículo 26 TER)

El Testigo Social participa, con derecho a voz, en todos y cada uno de los actos de contrataciones públicas tales como: i ) la revisión del proyecto de convocatorias, ii) sesiones de los comités de adquisiciones u obras públicas, iii) juntas de aclaraciones, iv) visitas al sitio de los trabajos, v) acto de presentación y apertura de proposiciones, vi) reuniones para la evaluación de las proposiciones, vii) acto de fallo y viii) formalización del contrato; con esto último se concluye el trabajo de atestiguamiento. (Rivera, Sergio, 2011:88-89)

III Testigo Social: oportunidades de mejora

El testigo social no da seguimiento a: i) la ejecución de las obras conforme a los proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas y presupuestos, o términos de referencia en el caso de servicios, ii) cumplimiento de plazos y formas de los pagos pactados, iii) terminación de los trabajos, iv) plazos de ejecución y terminación de los trabajos, v) aplicación de las penas convencionales, en otras palabras, los testigos sociales no verifican el cumplimiento de los contratos.

Por otra parte, la contratación de obras y de adquisiciones cuya fuente de financiamiento proviene de los Fondos de Aportaciones Federales11, no son supervisadas por los Testigos Sociales. En la fracción VI del artículo 1 de ambas leyes los exenta de la aplicación de las mismas.

Artículo 1.- …

I…V

VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

Lo anterior resulta relevante porque, con excepción del Estado de Puebla12, las leyes estatales en materia de obra pública no consideran la figura de testigo social13, y por otro lado, por la importancia que tienen estos recursos sobre las finanzas locales y federales. De acuerdo al Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD), para el periodo 2010-2014, las Aportaciones Federales representaron, en promedio, el 46.7% del total de ingresos de los Estados y la Ciudad de México14 y el 43% de los ingresos de los municipios15; asimismo, de acuerdo con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, éstas representan en el 38% del Gasto Federalizado16

El importe de los contratos adjudicados mediante licitación, a partir del cual aplica la operación de testigos sociales implica una baja cobertura de participación, en términos de contratos, monto, dependencias y entidades.

De 2013 a 2015, según el CompraNET17, solo 55 contratos de obra pública, adjudicados por licitación pública tuvieron un monto mayor o igual a diez millones de veces el salario mínimo, el monto de estas operaciones sumó un total de $168,104,917,319.8218, esto representó el 38% de los recursos licitados y el 0.21% del total de contratos19.

Al clasificar las licitaciones cuyo monto fue de al menos diez millones de veces el salario mínimo, según la instancia convocante, se tiene 6 de 122 dependencias y entidades de la administración pública federal20 tuvieron este tipo de contratos (4.91%); 9 de 32 Gobiernos Estatales y de la Ciudad de México21 (2.8%) y 2 de 32 municipios22 (6.25%)

Respecto a las licitaciones en el rubro de adquisiciones, arrendamientos y servicios, para el periodo de referencia solo 190 contratos tuvieron un monto mayor o igual a cinco millones de veces el salario mínimo, el monto de estas operaciones sumó un total de $233,397,086,022.8823, esto representó el 46.2% de los recursos licitados y el 0.3% del total de contratos24.

Al clasificar las licitaciones cuyo monto fue de al menos cinco millones de veces el salario mínimo, según la instancia convocante, se tiene 33 de 245 dependencias y entidades de la administración pública federal25 tuvieron este tipo de contratos (13.46%); 8 de 32 Gobiernos Estatales y de la Ciudad de México26 (25%) y 0 de 32 municipios

IV Testigos Sociales: ampliación de facultades y de cobertura.

De este modo, el objetivo de la iniciativa consiste en: i) ampliar las facultades de los testigos sociales para que verifiquen el cumplimiento de los contratos, ii) que los contratos de obras públicas y sus servicios, así como las adquisiciones, arrendamientos y servicios, que celebren los gobierno estatales y municipales o sus dependencias y entidades, y cuya fuente de financiamiento provenga de los Fondos de Aportaciones Federales, sean supervisados por testigos sociales, iii) ampliar la cantidad de contratos supervisados por testigos sociales.

V Impacto presupuestal

Se estima un impacto presupuestal total de $81,116,097.32 (ochenta y un millones ciento dieciséis mil noventa y siete pesos 32/100 M.N) como resultado de dos efectos: i) efecto ampliación de funciones y ii) ampliación de cobertura.

Respecto a la ampliación de funciones, suponemos que se requiere la misma cantidad de horas para supervisar el cumplimiento del contrato, que para participar en el atestiguamiento del proceso de licitación. En este sentido, de acuerdo a Compranet, en el ejercicio fiscal 2015, la Administración Pública Federal destinó un total de $28,002,353.43 para el pago de testigos sociales, por lo que el efecto ampliación de funciones equivaldría al doble del importe pagado en 2015, es decir$58,356,904.55 (cincuenta y ocho millones, trescientos cincuenta y seis mil novecientos cuatro pesos 55/100 M.N)27- Ver cuadro 1

Cuadro 1: Retribución a Testigos Sociales

Retribución por participar en el proceso de licitación (2015)

$28,002,353.43

Efecto ampliación de funciones

$58,356,904.55

Efecto ampliación de cobertura

$22,759,192.77

Total (Efecto ampliación de funciones + efecto de ampliación de cobertura)

$81,116,097.32

Fuente: Elaboración propia con base a CompraNet2015

Respecto al efecto ampliación de cobertura, suponemos que el importe total de los contratos cuyo monto es mayor o igual a 5 millones de veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal para el caso de adquisiciones, arrendamientos y servicios; y de 10 millones de veces el salario mínimo, para el caso de obras y servicios relacionados con las mismas, permanece constante. En este sentido, el monto de dichos contratos, en 2015 fue de $86,704,937,484.50 (ochenta y seis mil setecientos cuatro millones, novecientos treinta y siete mil, cuatrocientos ochenta y cuatro 50/100)

Por lo que la iniciativa de aplicar un umbral de 2 millones de veces las unidades de medida y actualización para las adquisiciones, arrendamientos y servicios, por un lado, y 5 millones de veces para obra pública y servicios relacionados por las mismas, implicaría que el importe de este tipo de contratos alcanzara los $120,525,165,939.26 (ciento veinte mil quinientos veinticinco millones, ciento sesenta y cinco mil novecientos treinta y nueve pesos 26/100), es decir un 39% más en comparación con lo registrado en 2015. De este modo, al efecto ampliación de funciones se ve afectado en la misma proporción. Ver cuadro 1

VI Cuadro comparativo

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Texto Vigente

Propuesta

Artículo 1. ….

I … III

VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.

No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 1. ….

I… III

VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.

Quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 27 Bis. En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a diez millones de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad, participarán testigos sociales conforme a lo siguiente:

I La Secretaría de la Función Pública tendrá a su cargo el padrón público de testigos sociales, quienes participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública, a los que se refiere esta Ley, con voz y emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y en su caso recomendaciones, mismo que tendrá difusión en la página electrónica de cada dependencia o entidad, en CompraNet y se integrará al expediente respectivo.

II …IV

Artículo 27 Bis. En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de Unidades de Medida y Actualización y en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad, participarán testigos sociales conforme a lo siguiente:

I La Secretaría de la Función Pública tendrá a su cargo el padrón público de testigos sociales, quienes participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública, a los que se refiere esta Ley, con voz, verificará el cumplimiento del contrato y emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y en su caso recomendaciones, mismo que tendrá difusión en la página electrónica de cada dependencia o entidad, en CompraNet y se integrará al expediente respectivo.

II …IV

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

Texto Vigente

Propuesta

Artículo 1. ….

I … III

VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.

No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 1. ….

I… III

VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.

Quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 26 Ter. En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad, participarán testigos sociales conforme a lo siguiente:

I La Secretaría de la Función Pública tendrá a su cargo el padrón público de testigos sociales, quienes participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública, a los que se refiere esta Ley, con voz y emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y en su caso recomendaciones, mismo que tendrá difusión en la página electrónica de cada dependencia o entidad, en CompraNet y se integrará al expediente respectivo.


II …IV

Artículo 26 Ter. En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a dos millones de Unidades de Medida y Actualización y en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad, participarán testigos sociales conforme a lo siguiente:

I La Secretaría de la Función Pública tendrá a su cargo el padrón público de testigos sociales, quienes participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública, a los que se refiere esta Ley, con voz, verificará el cumplimiento del contrato y emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y en su caso recomendaciones, mismo que tendrá difusión en la página electrónica de cada dependencia o entidad, en CompraNet y se integrará al expediente respectivo.

II …IV

Referencias Bibliográficas

Becerril, Isabel (2015) “Corrupción factor que daña al sector: constructores”, en El Financiero, 16 de julio de 2015.

BimsaReports S.A. de C.V (2015) “Índice de Confianza del Constructor, Cuarto Trimestre 2015. Octubre-Noviembre. Año 5. Volumen 20

CompraNET. Contratos 2013, 2014 y 2015. Secretaria de la Función Pública

OCDE (2015) Combate a la Colusión en los Procesos de Contratación Pública en México. Informe Analítico del Secretariado sobre el Cumplimiento de la Legislación, Regulaciones y Prácticas de la CFE con las Mejores Prácticas de la OCDE

Rivera, Sergio (2011). El Testigo Social. Experiencia de Incidencia de la Sociedad Civil en la Gestión Pública. ONG, Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas A.C. Ciudad de México, México

Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD), Finanzas Públicas Estatales, Municipales, del Sector Central del Gobierno del Distrito Federal. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Iniciativa con proyecto de Decreto reforma la fracción VI del Artículo 1 y 27 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las misma, así como la fracción VI del Artículo 1 y 26 Ter de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Primero. Se reforma la fracción VI del Artículo 1 de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 1. ….

I… III

VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.

Quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

Segundo. Se reforma el artículo 27 Bis de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 27 Bis. En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de Unidades de Medida y Actualización y en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad, participarán testigos sociales conforme a lo siguiente:

I La Secretaría de la Función Pública tendrá a su cargo el padrón público de testigos sociales, quienes participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública, a los que se refiere esta Ley, con voz, verificará el cumplimiento del contrato y emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y en su caso recomendaciones, mismo que tendrá difusión en la página electrónica de cada dependencia o entidad, en CompraNet y se integrará al expediente respectivo.

II …IV

Tercero. Se reforma la fracción VI del Artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 1. ….

I… III

VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.

Quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuarto. Se reforma el artículo 26 Ter de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 26 Ter. En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a dos millones de Unidades de Medida y Actualización y en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad, participarán testigos sociales conforme a lo siguiente:

I La Secretaría de la Función Pública tendrá a su cargo el padrón público de testigos sociales, quienes participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública, a los que se refiere esta Ley, con voz, verificará el cumplimiento del contrato y emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y en su caso recomendaciones, mismo que tendrá difusión en la página electrónica de cada dependencia o entidad, en CompraNet y se integrará al expediente respectivo.

II …IV

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2017.

Segundo. El Ejecutivo Federal adecuará el Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas un plazo no mayor a 120 días naturales, contados a partir del día siguiente en que entre en vigor el presente ordenamiento.

Tercero. El Ejecutivo Federal adecuará el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público un plazo no mayor a 120 días naturales, contados a partir del día siguiente en que entre en vigor el presente ordenamiento.

Cuarto. La Secretaria de la Función Pública instrumentará medidas con el objeto de ampliar la cobertura de los testigos sociales en la contratación pública, en un plazo no mayor a dos años a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Quinto. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República,
el 29 de junio de 2016.

Dip. Alejandro González Murillo.

1 La auditoría 14-A-03000-14-1027 practicada al Gobierno del Estado de Baja California Sur en el ejercicio del Fondo de Aportaciones múltiples, identifica un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 55.2 miles de pesos. De igual manera, la auditoria 14-A-14000-02-0683 correspondiente al Fondo de Infraestructura social para la Entidades, del estado de Jalisco, se detectó el pago de recursos por 184.9 miles de pesos para conceptos de obra no ejecutados.

2 La auditoría 14-A-10000-02-0679 realizada al Gobierno del Estado de Durango respecto al ejercicio del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, se realizaron observaciones por 31.4 miles de pesos, corresponden a 12.3 miles de pesos por pagar conceptos de obra no ejecutados, 10.5 miles de pesos por no aplicar penas convencionales por atrasos en obras imputables a contratistas.

3 La auditoría 14-D-02004-14-1439 aplicada al Municipio de Tijuana, Baja California, referente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, al respecto observaron 3,698.3 miles de pesos, por recuperaciones probables, más los intereses generados desde sus disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por 63.2 miles de pesos por conceptos de obra no ejecutados, 20.5 materiales en exceso en la tarjeta de precios unitarios, 3,567.3 por conceptos de obra con mala calidad o con vicios ocultos en 9 obras, asimismo, se reintegraron a la cuenta del fondo 37.3 por el pago de combustible y, 18,154.0 miles de pesos corresponde a una inversión por aclarar por parte de la entidad fiscalizada, en virtud de que, al momento de la auditoría no había ejercido la totalidad de los recursos transferidos.

4 La auditoría 14-D-07100-14-1452correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territorialesdel Distrito Federal, del Municipio de Tumbalá, Chiapas, en la que la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 20,374.9 miles de pesos corresponde a 11,903.6 miles de pesos por no hacer efectivas las fianzas de cumplimiento de obras que no se realizaron, entre otras anomalías.

5 Los testigos sociales se regulan por el artículo 27 Bis y 26 ter de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSM) y por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (LAAS), respectivamente.

6 De acuerdo al Sistema COMPRANET, actualmente se cuenta con un padrón de 34 personas físicas y 5 personas morales.

7 Los requisitos que establece la Secretaria de la Función Pública son:  a) Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; b) Cuando se trate de una organización no gubernamental, acreditar que se encuentra constituida conforme a las disposiciones legales aplicables y que no persigue fines de lucro; c) No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad; d) No ser servidor público en activo en México y/o en el extranjero. Asimismo, no haber sido servidor público Federal o de una Entidad Federativa durante al menos un año previo a la fecha en que se presente su solicitud para ser acreditado; e) No haber sido sancionado como servidor público ya sea Federal, estatal, municipal o por autoridad competente en el extranjero; f) Presentar currículo en el que se acrediten los grados académicos, la especialidad correspondiente, la experiencia laboral y, en su caso, docente, así como los reconocimientos que haya recibido a nivel académico y profesional; g) Asistir a los cursos de capacitación que imparte la Secretaría de la Función Pública sobre esta Ley y Tratados, y h) Presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que se abstendrá de participar en contrataciones en las que pudiese existir conflicto de intereses, ya sea porque los licitantes o los servidores públicos que intervienen en las mismas tienen vinculación académica, de negocios o familiar.

8 Sus retribuciones son pagadas por las propias dependencias que licitan; éstas contratan a los testigos sociales, el pago va de 38 a 53 salarios mínimos por hora.

9 El Testigo Social no sustituye las funciones de inspección, vigilancia y fiscalización que realizan la Secretaria de la Función Pública, los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades y la Auditoría Superior de la Federación.

10 Para el ejercicio fiscal 2016 es salario mínimo está fijado en $73.04

11 Los fondos correspondientes al Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal son: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; Fondo de Aportaciones Múltiples. VI.- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y VII.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. VIII.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

12 En el artículo 27 BIS de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados del Estado de Puebla, estable “que en los procedimientos de adjudicación de obras o servicios relacionados, podrán intervenir la Contralora Social o testigos sociales, a juicio de la Contraloría y/o de las dependencias o entidades contratantes, conforme a los lineamientos que para ese efecto dicte la Contraloría”.

13 Los estados de Hidalgo, Jalisco, México, Nuevo León y Sinaloa si consideran la figura de testigo social en sus leyes de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

14 El promedio nacional fue de 46.7%; los estados que se ubicaron por arriba de la media fueron:
Guerrero (70.5%), Oaxaca (64.4%), Durango (64.2%), Hidalgo (60.9%), San Luis Potosí (59.3%), Zacatecas (59.0%), Colima (58.9%), Puebla (58.3%), Aguascalientes (57.4%), Chiapas (57.2%), Sinaloa (56.7%), Michoacán de Ocampo (56.4%), Nayarit (55.6%), Yucatán (54.6%), Guanajuato (53.8%), Morelos (53.5%), Baja California Sur (52.6%), Tlaxcala (51.5%), Querétaro (51.4%), Tamaulipas (51.2%), Campeche (50.2%), Jalisco (48.1%), Tabasco (47.4%) y Veracruz (47.0%), mientras que los que ubicaron por debajo del promedio nacional, fueron: Sonora (44.9%), Chihuahua (44.6%), Baja California (44.1%), Coahuila (40.9%), Quintana Roo (39.9%), México (38.0%), Nuevo León (37.0%) y Ciudad de México (15.6%).

15 La media nacional fue 43.1%, los municipios de los estados siguientes, se encontraron por arriba de la media:  Guerrero (70.6%), Chiapas (66.9%), Oaxaca (58.2%), Veracruz (55.1%), Hidalgo (54.2%), Michoacán (53.7%), San Luis Potosí (51.9%), Guanajuato (51.3%), Yucatán (50.6%), Tamaulipas (49.9%), Zacatecas (48.0%), Tlaxcala (47.7%) y México (45.8%). Y los que se ubicaron por debajo son: Nayarit (41.0%), Durango (40.9%), Campeche (38.3%), Morelos (37.5%), Chihuahua (37.0%), Sinaloa (36.2%), Puebla (35.8%), Nuevo León (34.5%), Tabasco (34.4%), Querétaro (34.3%), Sonora (33.1%), Colima (31.8%), Aguascalientes (31.7%), Coahuila (27.7%), Jalisco (25.2%), Quintana Roo (23.2%), Baja California (21.6%) y Baja California Sur (17.0%).Nota, el dato incluye Aportaciones Estatales.

16 De acuerdo a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de 013 a 2015, se destinaron 1.042,260.3 millones de pesos, lo que presentó el 38.8% respecto a los $4, 640,233.6 millones de pesos correspondientes al gasto federalizado (Participaciones, Aportaciones y Subsidios a Estados y municipios)

17 Es el sistema electrónico de información pública gubernamental donde se registra información respecto a las obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios, entre otra información, contiene los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas.

18 De éstos, la APF tuvo contratos por $98,273,080,150.; los gobiernos estatales y de la Ciudad de México, $61,571,982,279.17; y los gobiernos municipales por $ 8,259,854,899.1

19 En este periodo se tuvieron 26,301 contratos por licitación por un monto de $443,019,255,879.73. El dato incluye solo contratos en monera nacional.

20 Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. (1 contrato), Comisión Federal de Electricidad (15 contratos), Comisión Nacional del Agua (9 contratos), I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. (1 contrato), Instituto Mexicano del Seguro Social (3 contratos) y Secretaría de Comunicaciones y Transportes (10 contratos)

21 Gobierno del Estado de Aguascalientes (3 contratos), Baja California Sur (1 Contrato), Coahuila (1 Contratos), Ciudad de México (3 contratos), Gobierno del Estado de México (1 Contrato), Gobierno del Estado de Nuevo León (2 contrato), Gobierno del Estado de Quintana Roo (1 contrato), Gobierno del Estado de Tabasco (1 contrato) y Gobierno del Estado de Veracruz (1 contrato)

22 Gobierno Municipal del Estado de México (1 contrato) y Gobierno Municipal de Veracruz (1 contrato)

23 De éstos, la APF tuvo contratos por $208,978,763,044.46.y los gobiernos estatales y de la Ciudad de México, $24,418,322,978.42.

24 En este periodo se tuvieron 66,488 contratos por licitación por un monto de $505,188,244,198.15. El dato incluye solo contratos en monera nacional.

25 Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. (1 contrato),Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (1 contrato), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (2 contratos), Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (3 contratos), Colegio de Bachilleres (1 contrato), Comisión Federal de Electricidad (22 contratos), Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (1 Contrato),Comisión Nacional del Agua (1 contratos), Compañía Mexicana de Exploraciones (2 contratos), Consejo de Promoción Turística de México S.A de C.V (1 contrato), Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social (2 contratos), Diconsa S.A. de C.V. (1 contrato), Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (2 contratos), Hospital General de México (1 contrato), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (21 contratos), Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (1 contrato), Instituto Mexicano del Seguro Social (54 contratos), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (1 contrato), Liconsa S.A. de C.V. ( 1 contrato), Pemex Gas y Petroquímica Básica (1 contrato), Petróleos Mexicanos Corporativo (4 contrato), ProMéxico (1 contrato), Pronóstico para la Asistencia Pública (1 contrato), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (19 contratos), Secretaria de Desarrollo Social (4 contratos), Secretaria de Economía (1 contrato), Secretaria de Educación Pública (4 contratos), Secretaria de Hacienda y Crédito Público (3 contratos), Secretaria de la Defensa Nacional (1 contrato), Secretaria de Salud (3 contrato), Servicio de Administración Tributaria (11 contratos), Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (2 contratos), y Servicio Postal Mexicano (1 contrato)

26 Gobierno del Estado de Aguascalientes (1 contrato), Ciudad de México (1 contrato), Gobierno del Estado de Coahuila (2 contratos), Gobierno del Estado de México (4contratos), Gobierno del Estado de Nuevo León (2 contratos), Gobierno del Estado de Quintana Roo (2 contratos), Gobierno del Estado de Sinaloa (1 contrato) y Gobierno del Estado de Sonora (2 contratos).

27 Su cálculo proviene de efecto ampliación de funciones= {[($28,002,353.43)*(2)]*(1.042)]}. El 1.042 corresponde a la variación entre el salario mínimo de 2015 fijado en $70.10 y $73.04 correspondiente al valor de la unidad de medida y actualización.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 3 DE OCTUBRE COMO DÍA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR

(Presentada por los Diputados Alejandro Juraidini Villaseñor y Raúl Domínguez Rex, del grupo parlamentario del PRI)

Los que suscriben, ALEJANDRO JURAIDINI VILLASEÑOR y CÉSAR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, Diputados Federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 3 DE OCTUBRE COMO DÍA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los emprendedores pueden definirse como las mujeres y los hombres con inquietudes empresariales, en proceso de crear, desarrollar o consolidar una micro, pequeña o mediana empresa a partir de una idea emprendedora o innovadora.i Aquellas personas que saben descubrir, identificar una oportunidad de negocios en concreto para disponerse a organizar o conseguir los recursos necesarios para comenzarla y luego llevarla a buen puerto.

La innovación puede definirse como “la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), proceso, método de comercialización o método organizativo, en las prácticas internas de una empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores” [OCDE, 2005]. Definición desarrollada por el Manual de Oslo1, principal referencia para definir, catalogar y homologar los criterios de las actividades innovadoras en una economía, y ha sido adoptado por gobiernos e instituciones internacionales.

Se han desarrollado muchas definiciones e investigaciones alrededor de la figura del emprendedor. Si bien, éste lo relacionamos con el concepto de innovación, podríamos decir que un emprendedor es un individuo que ayuda a identificar y desarrollar ideas, orientando y liderando el proceso mediante el cual éstas se transforman en innovaciones, ya sea en empresas establecidas o nuevas.ii

La innovación también se entiende como un proceso cuya finalidad es la resolución de un problema [Mytelka, 2004]. Entre las características de este proceso se destacan las siguientes [OCDE, 2005]:

• Relacionarse con la incertidumbre: el innovar se relaciona con realizar actividades que no tienen antecedentes [Rodrick, 2004].

• Requiere la inversión de recursos: un innovador necesita invertir bienes tangibles e intangibles (investigación, salarios, servicios, tiempo, etc.) para realizar las actividades de creación y comercialización de conocimiento.

• Provee una ventaja comparativa: el innovar hace posible que las empresas e individuos obtengan una ventaja comparativa al poder utilizar un conocimiento que incremente la calidad de sus productos, abra nuevos mercados o reduzca costos.

Christopher Freeman, define a la innovación como “una invención, una idea, un dibujo o modelo para un producto, proceso o sistema nuevo o mejorado. Es el sentido económico que acompaña la primera transacción comercial que involucra al nuevo producto, proceso o sistema, aun cuando la palabra se utilice para describir todo el proceso”.iii

El innovar es relevante porque puede crear beneficios y ventajas importantes para una sociedad, sus consumidores e innovadores. Se ha encontrado evidencia de los efectos de la innovación al facilitar la generación de retornos a la inversión atractivos, promover la creación de empleos, marcar tendencias en el comportamiento de los mercados, entre otros más.

Sobre los retornos a la inversión, Lederman y Maloney (2003) afirman que los recursos invertidos en I+D (Investigación y Desarrollo) para actividades de innovación, obtienen un retorno promedio del 40% en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Al comparar esta tasa de rendimiento con las disponibles en el mercado, la brecha puede ser considerable.

La innovación puede proveer otros beneficios tangibles para la sociedad como lo son (Canales, Madrigal, Saracho, & Valdés, 2008):

• Su generación y comercialización facilita el proceso de difusión de conocimientos, lo que puede permitir su uso en el resto de la sociedad.

• Hace necesario el formar al capital humano, como consecuencia pueden incrementarse las habilidades y la productividad de la población.

• Incentiva la competitividad entre empresas, lo cual puede incrementar los niveles de producción y las exportaciones de bienes con un alto valor agregado.

Emprendedores radicales se han caracterizado por crear nuevos paradigmas o mercados. La invención del avión, la electricidad y el automóvil constituyen ejemplos de ideas que cambiaron la economía mundial y que, al mismo tiempo, instituyeron nuevas formas de pensar.

El término “emprendedor” (del francés entrepreneur) fue introducido a comienzos del siglo XVIII por el economista francés Richard Cantillon. En sus escritos, él formalmente define como emprendedor al “agente que compra medios de producción a precios determinados con el fin de combinarlos” dentro de un nuevo producto. Este término emprendedor es usado para referirse a un individuo que organiza y opera una o varias empresas, asumiendo cierto riesgo financiero en el emprendimiento.

Schumpeter considera al “emprendedor” como el principal actor dentro del proceso de innovación. Es el emprendedor quien produce cambios en la economía al introducir “nuevas combinaciones”: nuevos o mejorados productos, métodos de producción, creación de mercados, utilización de nuevos insumos, nuevas formas de organización dentro de una industria o nuevas formas de administración de procesos dentro de una empresa. Son ellos quienes irrumpen los mercados generando un crecimiento de largo plazo en la economía [OCDE 2010].

La necesidad del emprendimiento para la producción fue primero formalmente reconocida por Alfred Marshall en 1890. En su famoso tratado Principios de Economía, Marshall afirma que hay cuatro factores de producción: tierra, trabajo, capital y organización. La organización es el factor de coordinación, el cual une a los otros factores, y Marshall cree que el emprendimiento es el elemento motriz de la organización. Mediante la organización creativa, los emprendedores crean nuevas commodities o mejoran “el plan de producción de una vieja commodity” (Marshall 1994). Para hacer esto, Marshall creyó que los emprendedores debían tener una comprensión transversal de sus industrias, y ellos deberían ser líderes naturales.

La innovación ocurre cuando el emprendedor identifica una oportunidad de negocio que para otros pasa desapercibida. En un principio, el innovador goza de un monopolio temporal, hasta que los competidores se dan cuenta del potencial del negocio y buscan entrar al nuevo mercado. Un emprendedor identifica oportunidades de negocio en el mercado y decide tomar el riesgo de introducir nuevas soluciones a pesar de las posibilidades de fracaso que éstas representen. Es decir, el emprendedor es innovador simplemente por atreverse a experimentar en el mercado y aceptar el alto riesgo de fracaso [Kirzner].

El sujeto que inicia un negocio o que crea una pequeña empresa por su propia iniciativa se conoce como emprendedor. Actualmente y en épocas de crisis, los emprendimientos suelen representar una salida (o, al menos, una posibilidad de crecimiento) para las personas que se encuentran en situación de desempleo. En un entorno de incertidumbre, el emprendedor puede equivocarse en sus presunciones; si acierta, la implicación es que ha encontrado un mejor uso para el recurso hasta entonces infravalorado y el mercado le premia con beneficios, si falla, ha malgastado ese recurso y no le queda más que soportar las pérdidas de su fallida actuación.

Los expertos sostienen que los emprendedores deben contar con ciertas capacidades para tener éxito: flexibilidad, dinamismo, creatividad, empuje, etc. Se trata de valores necesarios ya que los emprendedores se enfrentan a todo tipo de dificultades y quien los impulsa debe estar en condiciones de adaptarse a una realidad cambiante. Cabe mencionar que el trabajo en equipo suele ser el mejor camino a la hora de impulsar un proyecto, ya que potencia las virtudes de cada integrante.

Los nuevos paradigmas tecno-económicos, que están generando una “tercera revolución industrial”, aumentan la dependencia de los procesos de crecimiento y desarrollo económico de las capacidades para crear valor mediante la incorporación del conocimiento, la innovación y difusión del uso productivo de la tecnología (CEPAL, 2012). Estos factores son fundamentales para acelerar el crecimiento y dar saltos de productividad, generar empleos de calidad, reducir la heterogeneidad estructural y avanzar en procesos de largo plazo de mejoría de la distribución del ingreso y aumento de la igualdad.

Las empresas son actores clave de un sistema nacional de innovación, porque utilizan los avances científicos y tecnológicos en la producción para desarrollar nuevos productos y procesos o mejorar los existentes, lo que permite aumentar la productividad y competitividad.

En algunos casos son las grandes empresas, a través de sistemas de encuentros de negocios, los que fomentan la innovación y el emprendimiento, con la idea de impulsar ideas y start-ups2 asesorándolas, tutorándolas y presentándolas a foros de inversores internacionales con el aval de estas grandes corporaciones.

Un estudio realizado por la empresa Amway México llamado Reporte Global de Emprendedores 2014, arrojó que entre las características de los emprendedoresmexicanos están la tendencia al autoempleo y que no le temen al fracaso, además señala que el 56% de los mexicanos se imaginan iniciando su propio negocio comparado con 63% en Colombia y 39% a nivel global.

De acuerdo con este estudio uno de cada tres mexicanos considera de vital importancia el acceso al capital para fundar su empresa, ya sea a través de fondos de gobierno o préstamos para fomentar el espíritu emprendedor y la fundación de empresas.

En lo que corresponde a México la encuesta se realizó entre mil personas de las tres principales plazas del país, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, ésta reveló que el 77% de los mexicanos emprenderían un negocio propio si consideran que las condiciones económicas son favorables.

Otro dato importante de mencionar en este tema, es la declaración de José Ramón Torres Solís, académico e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que ha señalado que emprender un negocio está estrechamente vinculado con la idiosincrasia del mexicano, de no querer depender de otras personas y convertirse en jefe de su propia empresa. Explicó que tener independencia es una de las razones quefomentan el espíritu emprendedor y entre las ventajas que observan es que el 33% de los mexicanos considera que uno de los aspectos más importantes de abrir su propio negocio es que hay una mejor compatibilidad entre su familia, el tiempo libre y el trabajo. iv

En este contexto, hablando de emprendedores exitosos, la revista de tecnología “MIT Techonology Review” en español, editada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) reconoce anualmente a emprendedores talentosos de países por sus destacados proyectos en tecnología, ciencia y emprendimiento en general. En el caso de México en 2015 reconoció a 10 emprendedores.

Con menos de 35 años, estos emprendedores mexicanos fueron sobresalientes trascendiendo de manera especial por enfrentar problemas de manera innovadora y con potencial de transformación. Los ganadores mexicanos fueron:

Ramón Bacre: ideó fertilizantes biotecnológicos que luchan contra el cambio climático.

Carlos Bernal: creó un sensor en el retrete que monitoriza el nivel de glucosa de los diabéticos con cada micción.

Peter Bloom: diseño de organización que permite el acceso a la telefonía móvil a comunidades indígenas aisladas.

Eva Hernández: creación de tiras reactivas de bajo costo detectan infecciones vaginales de forma no invasiva.

David Leal: creó una máquina que desimprime el tóner de las hojas de papel.

Edgar Rodríguez: diseñó un condensador que extrae agua de la humedad del aire sin consumir electricidad.

Víctor Serdio: diseñó chips con sensores manométricos que detectan proteínas individuales asociadas al cáncer.

Elena Soaje: creó un dron educativo que se construye con piezas de “Lego” y se controla desde un smartphone.

Marco Trujillo: diseñó una pulsera inteligente que sirve de guía para ciegos.

Sharon Velásquez: creó un biosensor que detecta contaminación fecal en aguas para consumo humano.

Así también en México en el medio financiero han surgido inversionistas que alguna vez fueron emprendedores y que ahora están confiando sus recursos a nuevas start-ups mexicanas. Por ejemplo, en 2013, cuatro emprendedores mexicanos se convirtieron en inversionistas: Jorge González, Federico Antoni, Heberto Taracena y Eric Pérez-Grovas, quienes consolidaron proyectos exitosos en su carrera como emprendedores, son ahora fuente de recursos para las nuevas generaciones de startups en el país. v

Podemos mencionar otros emprendedores que supieron aprovechar las oportunidades del mercado nacional, y que han generado elevados ingresos al país:

Xavier López Ancona, con un proyecto donde los niños juegan a ser grandes llamado “La Ciudad de los Niños -KidZania-”. Creó su primera sucursal en Santa Fe, Ciudad de México y durante su primer año recibió más de 800 mil visitantes. Más de 10 millones de niños han visitado sus centros de entretenimiento. En 2015 abrió su sucursal número 19 en Londres.

Miguel Ángel Dávila, estudiante de Harvard, al discutir con compañeros sobre las salas de cine de México, éstos se dieron cuenta de la necesidad de cines de calidad. Así Dávila y sus compañeros formaron la cadena “Cinemex” construyendo inicialmente dos cines financiados a través de JP Morgan. Actualmente, ésta empresa factura más de 150 millones de dólares al año y ha logrado tener más de 360 pantallas.

Jorge Vergara quién no tuvo formación profesional trabajó como traductor de textos y vendedor de autos antes de incorporarse como subdirector general de “Casolar”. Trabajando en “Herbalife” y a los 31 años obtuvo el primer lugar en ventas en Estados Unidos en la empresa multinivel. Jorge Vergara ofrece al dueño de Herbalife crear un sistema similar de vitamínicos pero solubles en agua, pero al ser rechazada su propuesta funda “Omnilife”. Hoy esta firma cuenta con más de dos millones de distribuidores en países como Argentina, Canadá, Estados Unidos, Venezuela y Rusia.

Así podríamos seguir mencionando muchos más emprendedores potenciales que han aportado mucho a México, generando empleo e ingreso. Cabe destacar que a junio de 2014 del total de emprendedores el 71% fueron seriales, es decir tenían un segundo emprendimiento y generaron el 76% de los ingresos totales de las empresas; y solo el 14% de las conexiones entre emprendedores fue de inversión y de fondeo. vi

En este sentido, apoyar a los emprendedores ha sido uno de los más importantes mecanismos para generar creación de empleo.

La corriente del “emprendimiento” en los últimos años comienza a ser más escuchada, teniendo a más personas dentro de esta, los gobiernos se han dado cuenta que en este tema está una posible solución, por lo tanto existen muchos tipos de apoyos para los emprendedores, como programas, fondos de inversión y asesorías, entre otros más.

En nuestro país, el 14 de enero de 2013 se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (SE), en el cual se reforman los artículos del Reglamento Interior de la SE y se crea el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) como un órgano administrativo desconcentrado de esta Secretaría, que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial.

En este sentido, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) brinda apoyo al Capital Emprendedor. Algunas de las funciones de fomento a la cultura emprendedora de esteinstituto son:

• Proponer, desarrollar y ejecutar los programas, estrategias y acciones que se aprueben para el apoyo, atención, creación, consolidación y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, los emprendedores y las franquicias;

• Diseñar y operar, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, fondos, fideicomisos y demás instrumentos que tiendan a la ejecución de la política nacional de apoyo a los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas;

• Promover y ejecutar las acciones necesarias que aseguren la cohesión, coherencia e integralidad de todos los esfuerzos que en materia de apoyo a emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas se desarrollan en el país para alcanzar la más alta calidad, eficiencia y eficacia de las políticas públicas en la materia;

• Autorizar y canalizar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, recursos públicos que se le asignen para el apoyo a proyectos relacionados con las micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendedores del país, ya sea por la vía de convocatorias públicas o de manera directa, a través de la suscripción de convenios específicos;

• Ejecutar los programas, estrategias y mecanismos necesarios para la creación, desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura productiva de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores, de carácter industrial, tecnológico, comercial y de servicios;

• Conformar la “Red Nacional del Emprendedor” para lograr una adecuada y eficiente coordinación con todos los participantes en la ejecución de políticas de apoyo a los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas y con las redes internacionales de emprendedores para generar y aprovechar las oportunidades que surjan tanto en el ámbito nacional como en el internacional;

• Brindar asesoría, capacitación y consultoría, en materia de formación emprendedora, incubación, aceleración, internacionalización, innovación, financiamiento e implementación y mejora de procesos de administración, gestión, producción y comercialización a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores para la generación de planes de negocio, planes de mejora, programas de calidad, planes de mercadotecnia y de acceso a mercados nacionales e internacionales, así como su implementación y desarrollo;

• Fomentar y apoyar la constitución y fortalecimiento de fondos de garantía, así como de otros programas, instrumentos y esquemas financieros que faciliten a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los emprendedores, el acceso al financiamiento.

Cabe destacar que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 en el tema de igualdad de oportunidades para un México Próspero, señala que la igualdad de oportunidades es fundamental […]. Resultando indiscutible que la política orientada a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) productivas y formales y, por supuesto, a los emprendedores, debe ser pieza angular de la agenda de gobierno.

Las pequeñas y medianas empresas (PyMES), constituyen la columna vertebral de la economía nacional por los acuerdos comerciales que ha tenido México en los últimos años y asimismo por su alto impacto en la generación de empleos y en la producción nacional. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% son PyMES que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país.vii

Cabe mencionar que, en el marco del 43º Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza en enero de 2013, Joseph Stiglitz (Premio Nobel de Economía 2001) mencionó que México era más competitivo que China, “ser más competitivo significa crecimiento” añadió.viii

El desarrollo es prioridad para México ya que este tiene un efecto multiplicador en la economía, mayor a cualquier otro sector. Existe evidencia de una mayor productividad en la empresas que han sido apoyadas por capital emprendedor, la cuales logran crecer hasta 1.5 veces más rápido que la empresas tradicionales.

Con todos estos antecedentes, los que suscriben consideran de importancia hacer un amplio reconocimiento a los emprendedores que con su trabajo y esfuerzo comprometido desempeñan un papel coadyuvante en el desarrollo económico y social del país. Y que, este reconocimiento quede instituido como un día reconocido a nivel nacional, como el “Día Nacional del Emprendedor”.

En este sentido, la importancia de crear o institucionalizar el día 3 de octubre de cada año como Día Nacional del Emprendedor, aportará un porcentaje mayor para incentivar y desarrollar una cultura emprendedora y posicionar en mayor medida el concepto emprendedor para que los mexicanos no solo se sientan identificados, sino se conviertan en emprendedores.

Por lo que se propone que en México sea conmemorado este día, sometiendo a consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se declara que el 3 de octubre, sea reconocido institucionalmente como el Día Nacional del Emprendedor.

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el 3 de octubre de cada año como el “Día Nacional del Emprendedor”.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, el 29 de junio de 2016.

Dip. Alejandro Juraidini Villaseñor.- Dip. César Alejandro Domínguez Domínguez.

Bibliografía y Fuentes
Cecilia Dosal, Gutiérrez Carlos, Saracho Alberto, United State Agency International Development, Fundación Idea ¿Quiénes son los emprendedores innovadores mexicanos?
Instituto Nacional del Emprendedor. En línea: https://www.inadem.gob.mx/
Schumpeter, The theory of economic development, 2004 and Entovation International, Amidon, 1995.
MTI Technology Review, Massachusetts Institute of Technology.
En línea: http://www.technologyreview.es/
i Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2016, 30 de diciembre de 2015.
ii Valvanera Castro Fernández, Escuela de Organización Industrial, Innovación y el espíritu emprendedor. En línea: http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:75425/componente75424.pdf
iii The Economics of industrial Innovation, 1982. En línea: https://mitpress.mit.edu/books/economics-industrial-innovation
ivEl Financiero, México, segundo país con mayor potencial de emprendedores en AL: Amway, 27 de marzo de 2014. En línea: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexico-segundo-pais-con-mayor-potencial-de-emprendedores-en-al-amway.html
vJair López, El Financiero, 4 emprendedores mexicanos que se convirtieron en inversionistas, 30.de septiembre de 2015. En línea : http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/emprendedores-mexicanos-que-se-convirtieron-en-inversionistas.html
viJair López, El Financiero, 4 emprendedores mexicanos que se convirtieron en inversionistas, 30 de septiembre de 2015. En línea: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/emprendedores-mexicanos-que-se-convirtieron-en-inversionistas.html
vii PRO México, Pymes, eslabón fundamental para el crecimiento en México. En línea: http://www.promexico.gob.mx/negocios-internacionales/pymes-eslabon-fundamental-para-el-crecimiento-en-mexico.html
viii20 minutos, El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, cree "México es más competitivo que China". En línea:
http://www.20minutos.com.mx/noticia/1588/0/joseph-stiglitz-davos/mexico-mejor-economia/china/#xtor=AD-1&xts=513356

1 El Manual de Oslo es un documento desarrollado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que propone una guía para la recolección e interpretación de información sobre el uso de la tecnológica y de innovación en las empresas.

2 Compañía de arranque, compañía incipiente o, simplemente, compañía emergente. Término utilizado actualmente en el mundo empresarial el cual busca arrancar, emprender o montar un nuevo negocio y hace referencia a ideas de negocios que están empezando o están en construcción, es decir son empresas emergentes apoyadas en la tecnología [Wikipedia]





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

(Presentada por el Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, JOSÉ HERNÁN CORTÉS BERUMEN, Diputado Federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II y 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; numeral Décimo Segundo del Acuerdo Parlamentario que establece los criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del Orden del Día y los debates que se realicen en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión durante el Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura, y 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 29 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación1, la reforma constitucional que transforma el otrora Distrito Federal en la Ciudad de México, lo cual implica que la Ciudad de México continuará siendo Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, pero con cambios fundamentales en su naturaleza.

La Ciudad de México es ahora una entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y su organización política administrativa, habiendo la posibilidad de darse su propia constitución política, con una forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico, que tendrá mayor autonomía con los Poderes federales, por ejemplo, en relación a la designación y remoción de sus funcionarios.

El Artículo Décimo Cuarto Transitorio señala que a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto, las referencias constitucionales y de cualquier otro ordenamiento jurídico al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.

Esta reforma implica cambios de fondo, que se aparejan de un cambio de forma. Es decir, tiene un trasfondo jurídico, político y social de relevancia, pero como elemento esencial, requiere el cambio de denominación, de Distrito Federal a Ciudad de México.

Ante las múltiples referencias que se tiene de este concepto en nuestro sistema jurídico, consideramos adecuado, generar un mecanismo legislativo de actualización de todas y cada una de las leyes que tiene referencias al Distrito Federal, para sustituirlo por Ciudad de México.

No se trata de una mera reforma estética, sino de adecuar el lenguaje jurídico, el cual es un elemento esencial en la seguridad jurídica que la ley debe proveer en cualquier estado de derecho. El principio de certeza jurídica en nuestro sistema, tiene una ratio fundamental para el estado de derecho, pues busca que el gobernado tenga plena certeza de los actos de autoridad y de las reglas con que debe conducirse en relación a los demás. Es pues, un principio que fragua, delimita, o perfecciona a otros de su misma especie o rango constitucional, pero que por su categoría, goza de supremacía, pues ninguno de ellos podría gozar de autonomía si finalmente su origen no se supedita al Estado de derecho.

El lenguaje es el vehículo natural para la manifestación del derecho; la realidad de la experiencia de la palabra, es un hecho sine qua non de la existencia jurídica. Diversos autores han puesto de manifiesto este carácter lingüístico y dialogante del derecho, haciéndolo incluso depender del lenguaje; de manera que las prescripciones -escribe von Wright- presuponen el uso del lenguaje en la formulación de las normas, y en coincidencia con Kalinowski, es evidente que todo término jurídico es o se manifiesta a través de una expresión lingüística.2

Si bien la propia reforma se ha encargado de garantizar que el cambio de denominación no genere perjuicio alguno a los gobernados, el realizar el cambio legislativo material, cierra el ciclo de dichas reformas, elimina todo resquicio de posibles malinterpretaciones derivadas de éstas, ya sea de buena o mala fe, y contribuye al cambio cultural que implican.

Es pues la intención de esta propuesta, agilizar la homologación de nuestro marco jurídico vigente a la terminología derivada de la reciente reforma, sustituyendo en cada cuerpo normativo federal los términos superados, por los de reciente acuño.

Es importante señalar que algunas referencias deberán permanecer, pues el cambio de su denominación depende de otras instancias, y en tanto estas no se generen, deben conservarse en sus términos. Por ejemplo, el Código Civil del Distrito Federal, deberá mantenerse con su denominación en tanto el Poder Legislativo local no resuelva su trámite legislativo. Igualmente, en el caso de las menciones de los salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, estos deberán permanecer en tanto se expide la legislación derivada de la reforma publicada el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se crea la Unidad de Medida y Actualización a efecto de desvincular al salario mínimo del pago de diversas obligaciones.

Para facilitar el proceso legislativo interno de la Cámara, se agruparon las leyes de acuerdo con su más probable turno a Comisiones, permitiendo un proceso de dictamen sencillo y célere.

En términos generales los turnos de la Mesa Directiva a las reformas de las siguientes leyes: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, se han dado a la Comisión de Derechos de la Niñez, por tanto se agrupan en esta iniciativa, para los procesos legislativos a que haya lugar.

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL.

ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artículos 1 fracción IV; 2 cuarto y quinto párrafos; 3 primer párrafo; 8; 10 tercer párrafo; 13 tercer párrafo; 14 segundo párrafo; 19 segundo párrafo; 22 cuarto párrafo; 24 primer párrafo; 25 cuarto párrafo; 30 fracción V; 37 primer párrafo; 40; primer párrafo; 42; 44; 47 primer párrafo; 48 primer párrafo; 50 primer párrafo; 51; 52; 54 primer y tercer párrafos; 55 primer párrafo; 57 tercer párrafo; 59 segundo párrafo; 61; 62 primer párrafo; 63 segundo párrafo; 64 primer párrafo; 65 primer párrafo; 66; 72; 79; 83 primer párrafo; 84 primer párrafo; 86 primer párrafo; 102; 106 segundo párrafo; 107; 114 primer párrafo; 120 fracción II; 124 segundo párrafo; 125 párrafo segundo fracciones IX y X; 126; 127 penúltimo párrafo; 137 segundo párrafo; 139 segundo y tercer párrafos, y 141 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 1.…

I. a III. …

IV. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, y

V. …

Artículo 2.…

I. a III. …

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Legislatura de la Ciudad de México, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.

Artículo 3. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales.



Artículo 8. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán la cultura de respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, basada en los principios rectores de esta Ley.

Artículo 10.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apatridia, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.

Artículo 13.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición.

Artículo 14.…

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como para investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida.

Artículo 19.

I. a IV. …

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la información necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 22.


Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia.

Artículo 24. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las normas y los mecanismos necesarios para facilitar la localización y reunificación de la familia de niñas, niños y adolescentes, cuando hayan sido privados de ella, siempre y cuando no sea contrario a su interés superior.

Artículo 25.

Cuando una niña, niño o adolescente sea trasladado o retenido ilícitamente en territorio nacional, o haya sido trasladado legalmente pero retenido ilícitamente, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán obligadas a coadyuvar en su localización, a través de los programas para la búsqueda, localización y recuperación, así como en la adopción de todas las medidas necesarias para prevenir que sufran mayores daños y en la sustanciación de los procedimientos de urgencia necesarios para garantizar su restitución inmediata, cuando la misma resulte procedente conforme a los tratados internacionales en materia de sustracción de menores.

Artículo 30.

I. a IV. …

V. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán porque en los procesos de adopción se respeten las normas que los rijan.

Artículo 37. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para garantizar la igualdad sustantiva deberán:

I. a VI. …

Artículo 40. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a adoptar medidas y a realizar las acciones afirmativas necesarias para garantizar a niñas, niños y adolescentes la igualdad sustantiva, de oportunidades y el derecho a la no discriminación.



Artículo 42. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas para la eliminación de usos, costumbres, prácticas culturales o prejuicios que atenten contra la igualdad de niñas, niños y adolescentes por razón de género o que promuevan cualquier tipo de discriminación, atendiendo al interés superior de la niñez.

Artículo 44. Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, la obligación primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Las autoridades federales, delas entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la adopción de las medidas apropiadas.

Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:

I. a VII. …

Artículo 48. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana.

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México , en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:

I. a XVIII. …

Artículo 51. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las disposiciones aplicables, deberán garantizar el derecho a la seguridad social.

Artículo 52. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, deben desarrollar políticas para fortalecer la salud materno infantil y aumentar la esperanza de vida.

Artículo 54. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a implementar medidas de nivelación, de inclusión y Acciones afirmativas en términos de las disposiciones aplicables considerando los principios de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas, respeto a la evolución de las facultades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a realizar lo necesario para fomentar la inclusión social y deberán establecer el diseño universal de accesibilidad de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en términos de la legislación aplicable. Además del diseño universal, se deberá dotar a las instalaciones que ofrezcan trámites y servicios aniñas, niños y adolescentes con discapacidad, de señalización en Braille y formatos accesibles de fácil lectura y comprensión. Asimismo, procurarán ofrecer otras medidas de asistencia e intermediarios.

Artículo 55. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y fomentar el respeto a sus derechos y dignidad, así como combatir los estereotipos y prejuicios respecto de su discapacidad.

I. a V. …

Artículo 57. …

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán:

I. a XXI. …

Artículo 59. …

Para efectos del párrafo anterior, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, y las instituciones académicas se coordinarán para:

I. a III. …

Artículo 61. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes al descanso y el esparcimiento y a fomentar oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, para su participación en actividades culturales, artísticas y deportivas dentro de su comunidad.

Artículo 62. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán este derecho en el marco del Estado laico.

Artículo 63. …

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán obligados a establecer políticas tendentes a garantizar la promoción, difusión y protección de la diversidad de las expresiones culturales, regionales y universales, entre niñas, niños y adolescentes.

Artículo 64. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias deberán garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión libremente, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo y por cualquier medio, sin más limitaciones que las establecidas en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 65. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al libre acceso a la información. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias promoverán la difusión de información y material que tengan por finalidad asegurar su bienestar social y ético, así como su desarrollo cultural y salud física y mental.

Artículo 66. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán mecanismos para la protección de los intereses de niñas, niños y adolescentes respecto delos riesgos derivados del acceso a medios de comunicación y uso de sistemas de información que afecten o impidan objetivamente su desarrollo integral.

Artículo 72. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen.

Artículo 79. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes que sean víctimas, ofendidos, testigos o que estén relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito, a fin de evitar su identificación pública. La misma protección se otorgará a adolescentes a quienes se les atribuya la realización o participación en un delito, conforme a la legislación aplicable en la materia.

Artículo 83. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en los que estén relacionados niñas, niños o adolescentes, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez estarán obligadas a observar, cuando menos a:

I. a XIII. …

Artículo 84. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán que niñas y niños a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito se les reconozca que están exentos de responsabilidad penal y garantizarán que no serán privados de la libertad ni sujetos a procedimiento alguno, sino que serán únicamente sujetos a la asistencia social con el fin de restituirles, en su caso, en el ejercicio de sus derechos.

Artículo 86. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán que en los procedimientos jurisdiccionales en que estén relacionadas niñas, niños o adolescentes como probables víctimas del delito o testigos, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, tengan al menos los siguientes derechos:

I. a VI. …

Artículo 102. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a proporcionar asistencia médica, psicológica y atención preventiva integrada a la salud, así como un traductor o intérprete en caso de ser necesario, asesoría jurídica y orientación social a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes o personas que los tengan bajo su responsabilidad, en cuanto a las obligaciones que establecen esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 106.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, las municipales y de las demarcaciones de la Ciudad de México garantizarán que en cualquier procedimiento jurisdiccional o administrativo se dé intervención a la Procuraduría de Protección competente para que ejerza la representación coadyuvante, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en las demás disposiciones aplicables.

Artículo 107. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en términos de lo dispuesto por esta Ley, la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los requisitos para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes privados de cuidado parental o familiar, atendidos en dichos centros.

Artículo 114. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y de los organismos constitucionales autónomos, en el ámbito de su competencia, deberán establecer y garantizar el cumplimiento de la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 120.

I. …

II. Impulsar la cooperación y coordinación de las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para establecer los mecanismos necesarios para ello;

III. a V. …

Artículo 124.

I. a V. …

Las leyes de las entidades federativas establecerán las medidas necesarias que permitan la desconcentración regional de las Procuradurías de Protección, a efecto de que logren la mayor presencia y cobertura posible en los municipios y, en el caso de la Ciudad de México en sus demarcaciones territoriales.

Artículo 125.

I. a VIII. …

IX. Asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para la formulación, ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes con la participación delos sectores público, social y privado así como de niñas, niños y adolescentes;

X. Hacer efectiva la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas y acciones delos gobiernos federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con los objetivos, estrategias y prioridades de la política pública nacional de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

XI. a XVIII. …

Artículo 126. La coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación, las entidades federativas, los municipios las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, será el eje del Sistema Nacional de Protección Integral.

Artículo 127. …

A. …

B. …

C. …

D. …

El Presidente del Sistema podrá invitar a las sesiones respectivas a representantes de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los órganos con autonomía constitucional, de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, según la naturaleza de los asuntos a tratar quienes intervendrán con voz pero sin voto.

Artículo 137.

I. a XXI. …

Las leyes de las entidades federativas determinarán la forma y términos en que los Sistemas municipales participarán en el Sistema Local de Protección y, en el caso de la Ciudad de México, la forma de participación de las demarcaciones territoriales.

Artículo 139.

Las mismas disposiciones de este artículo serán aplicables a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en la Constitución Política de la Ciudad de México.

La instancia a que se refiere el presente artículo coordinará a los servidores públicos municipales o delas demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, cuando en la operación, verificación y supervisión de las funciones y servicios que les corresponden, detecten casos de violación a los derechos contenidos en la presente Ley, a efecto de que se dé vista a la Procuraduría de Protección competente de forma inmediata.

Artículo 141. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, a través del Sistema Nacional de Protección Integral, así como los sectores privado y social, participarán en la elaboración y ejecución del Programa Nacional, el cual deberá ser acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y con la presente Ley.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 1; 2; 3; 11 primer párrafo, 15; 21 fracción VI; 22 primer párrafo; 23 primer párrafo y fracción X; 31 fracción II; 36; 39 fracción III; 42; 50 primer párrafo; 56; 60; 63 primer párrafo y fracción II, y 74 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto establecer la concurrencia entre la Federación, los Estados, los Municipios, la Ciudad de México y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales, así como la participación de los sectores privado y social, en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.

Artículo 2. La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de sus dependencias y entidades, a los Poderes Ejecutivos de los Estados, de la Ciudad de México y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales y de los Municipios, así como a los Poderes Federales Legislativo y Judicial y órganos constitucionales autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 4. Las disposiciones relativas a la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil que se emitan por parte de la Federación, los Estados, los Municipios, la Ciudad de México y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán ajustarse a la presente Ley.

Artículo 11. El Ejecutivo Federal por conducto de sus dependencias y entidades, los Poderes Ejecutivos de los Estados, de la Ciudad de México y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales y los Municipios garantizarán, en el ámbito de sus competencias, que la prestación de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil se oriente a lograr la observancia y ejercicio de los siguientes derechos de niñas y niños:

I. a IX. …

Artículo 15. La prestación de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil cuando esté a cargo de las dependencias y entidades federales, estatales, de la Ciudad de México o de los municipios, podrán otorgarla por sí mismos o a través de las personas del sector social o privado que cuenten con los requisitos y la autorización correspondientes. Se deberá garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos laborales y de las prestaciones de seguridad social que deriven de éstos, en materia de atención, cuidado y desarrollo integral infantil.

Artículo 21.-…

I. a V. …

VI. Asesorar a los gobiernos locales, municipales o, en su caso, a la Ciudad de México y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales que lo soliciten, en la elaboración y ejecución de sus respectivos programas;

VII. a XI. …

Artículo 22. Corresponde a los Titulares de los Poderes Ejecutivos de los Estados y de la Ciudad de México de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y la legislación local en la materia, las siguientes atribuciones:

I. a XV. …

Artículo 23. Corresponde a los Municipios y a las alcaldías de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes estatales en la materia, las siguientes atribuciones:

I. a IX. …

X. Decretar las medidas precautorias necesarias a los Centros de Atención autorizados por el municipio y la demarcación territorial de la Ciudad de México correspondiente en cualquier modalidad o tipo;

XI. a XIII. …

Artículo 31.

I. …

II. Impulsar la coordinación interinstitucional a nivel federal, local, municipal y en su caso, de la Ciudad de México y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, así como la concertación de acciones entre los sectores público, social y privado;

III. a XII. …

Artículo 36. Las autoridades federales, estatales, municipales y, en su caso, la que se determine respecto de la Ciudad de México y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, competente para emitir la autorización a que se refiere el Capítulo IX de esta Ley, procederá a inscribirlos en el registro nacional o estatal, según corresponda. Dichos registros deberán actualizarse cada seis meses.

Artículo 39. …

I. a II. …

III. Mixta: Aquélla en que la Federación o los Estados o los Municipios o la Ciudad de México y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales o en su conjunto, participan en el financiamiento, instalación o administración con instituciones sociales o privadas.

Artículo 42.- Los Centros de Atención deberán contar con instalaciones hidráulicas, eléctricas, de gas, equipos portátiles y fijos contra incendios, de intercomunicación y especiales, de acuerdo con los reglamentos establecidos por la Federación, las entidades federativas y la Ciudad de México, observando en todo momento la clasificación de riesgos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas para tal efecto. Ningún establecimiento que por su naturaleza ponga en riesgo la integridad física y emocional de niñas y niños y demás personas que concurran a los Centros de Atención, podrá estar ubicado a una distancia menor a cincuenta metros.

Artículo 50. La Federación, los Estados, Municipios, la Ciudad de México y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales, en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme lo determine el Reglamento, otorgarán las autorizaciones respectivas a los Centros de Atención cuando los interesados cumplan las disposiciones que señala esta Ley y los requisitos siguientes:

I. a XII. …

Artículo 56. La Federación, los Estados, Municipios, la Ciudad de México y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales determinarán conforme a la Modalidad y Tipo de atención, las competencias, capacitación y aptitudes con las que deberá contar el personal que pretenda laborar en los Centros de Atención. De igual forma, determinará los tipos de exámenes a los que deberá someterse dicho personal, a fin de garantizar la salud, la educación, la seguridad y la integridad física y psicológica de niñas y niños.

Artículo 60. La Federación, los Estados, los Municipios, la Ciudad de México y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales promoverán las acciones desarrolladas por los particulares en la consecución del objeto de la presente Ley.

Artículo 63. El Consejo, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, de la Ciudad de México y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales y, en su caso, los municipios, implementarán el Programa Integral de Supervisión, Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación del funcionamiento, el cual tendrá los siguientes objetivos:

I. …

II. Establecer, en el marco de la coordinación entre dependencias y entidades federales, con las autoridades competentes de los gobiernos de las entidades federativas, de la Ciudad de México y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales y, en su caso, de los municipios, los mecanismos de colaboración técnico operativa para lograr una vigilancia efectiva del cumplimiento de la presente Ley y de la normatividad que regula los servicios;

III. a IV. …

Artículo 74. En caso de que las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, se realicen por servidores públicos de las entidades federativas, de las alcaldías de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México o de los municipios, serán sancionados en los términos de las leyes estatales vigentes, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión, el 29 de junio de 2016.

Dip. José Hernán Cortés Berumen.

1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016 Consultado el 27 de abril de 2016.

2 Platas Pacheco María del Carmen, “Elementos para una aproximación hermenéutica del lenguaje jurídico.” Revista Razonamiento Judicial, número 7, septiembre de 2007.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

(Presentada por el Diputado Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena)

El suscrito, Diputado JUAN ROMERO TENORIO integrante del grupo parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, número 1, los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL INCISO C) AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS de acuerdo con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por disposición constitucional, en el orden jurídico electoral mexicano se establece un sistema de medios de impugnación en la materia, que tiene por objeto garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de las autoridades electorales, en los términos señalados en la propia norma fundamental y en la ley. Este sistema de medios de impugnación determina la definitividad a las diversas etapas de los procesos electorales y garantiza la protección de los derechos de naturaleza política o electoral

La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, determina que el Juicio de Inconformidad procederá para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales federales que violen normas constitucionales o legales relativas a las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados. En particular los resultados consignados en las actas de cómputo distrital respectivas, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por error aritmético, por nulidad de toda la elección y la declaración de validez las declaraciones de validez de las elecciones y el otorgamiento de las Constancias de Mayoría y Validez respectivas, por cuanto hace a las elecciones de Diputados y Senadores.

Actualmente el artículo 17 de la misma Ley, determina que una vez que se interponga el Juicio de Inconformidad, el órgano electoral competente, lo publicará en estrados de la misma autoridad, para efectos de conocimiento público y notificación a terceros interesados.

Si bien, el Juicio de Inconformidad se interpone dentro de los cuatro días siguientes a aquel en el que se conoce el acto o resolución a impugnar, es necesario que todo partido o candidato en su calidad de tercer interesado y que pueda ser afectado por el medio de impugnación interpuesto, sea notificado personalmente con el objeto de garantizar su derecho de defensa. Esto es necesario puesto que al concluir los cómputos de las elecciones o la calificación de las mismas, cada uno de los partidos o candidatos interesados, deben concurrir en forma reiterada a revisar estrados de los órganos electorales para efecto de actuar dentro del término de 72 horas que establece el artículo 17, numeral 1, inciso b) de la Ley en comento. 

La adición de un inciso c) al numeral 1, del citado artículo 17, tiene como objeto otorgar certeza a todo partido o candidato que en calidad de tercer interesado en el Juicio de Inconformidad, de tal manera que en las 72 horas que determina la ley sean de tiempo efectivo para manifestar lo que a su derecho convenga. Con esta propuesta de adición se impide la restricción artificial de dicho término,  por la omisión en que pudiera incurrir la autoridad electoral de publicar el medio de impugnación en estrados, o en caso extremo, que  dicha notificación sea desprendida en forma ilegal para evitar sea del conocimiento público y afectar los derechos de quienes asumen el carácter de tercero interesado.

Proponer la notificación personal a los partidos o candidatos que puedan ser afectados por el Juicio Inconformidad, recupera el principio constitucional de debido proceso, puesto que se otorga certeza en la notificación del Juicio de Inconformidad para quienes puedan ser afectados por la resolución correspondiente.

Para lo cual se propone adicionar un segundo párrafo en el artículo 24 de la Ley General de Partidos Políticos con el objeto de que al registrar a sus representantes ante los órganos electorales nacionales, estatales, distritales o municipales, obtengan el registro de firma electrónica y correo electrónico para efecto de recibir notificaciones en los procedimientos electorales en los que sea parte durante el tiempo en el que se reconozca dicha representación.

En virtud de la reforma aludida, los preceptos invocados permiten que las comunicaciones de las resoluciones emitidas en los medios de impugnación previstos en la propia ley, también se puedan practicar por correo electrónico, siempre y cuando las partes así lo soliciten y manifiesten expresamente su voluntad para ser notificadas por esta vía.

Cuadros comparativos de las propuestas de adición:

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral

Propuesta de adición.

Artículo 17

1. La autoridad u órgano partidista, según sea el caso, que reciba un medio de impugnación, en contra de sus propios actos o resoluciones, bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato, deberá:

a) Por la vía más expedita, dar aviso de su presentación al órgano competente del Instituto o a la Sala del Tribunal Electoral, precisando: actor, acto o resolución impugnado, fecha y hora exactas de su recepción; y

b) Hacerlo del conocimiento público mediante cédula que durante un plazo de setenta y dos horas se fije en los estrados respectivos o por cualquier otro procedimiento que garantice fehacientemente la publicidad del escrito.

 

 

 

 

 

2. Cuando algún órgano del Instituto reciba un medio de impugnación por el cual se pretenda combatir un acto o resolución que no le es propio, lo remitirá de inmediato, sin trámite adicional alguno, al órgano del Instituto o a la Sala del Tribunal Electoral competente para tramitarlo.

3. El incumplimiento de las obligaciones a que se refieren los párrafos anteriores, será sancionado en los términos previstos en el presente ordenamiento y en las leyes aplicables.

4. Dentro del plazo a que se refiere el inciso b) del párrafo 1 de este artículo, los          terceros interesados podrán comparecer mediante los escritos que consideren pertinentes, mismos que deberán cumplir los requisitos siguientes:

a) Presentarse ante la autoridad u órgano responsable del acto o resolución impugnado;

b) Hacer constar el nombre del tercero interesado;

c) Señalar domicilio para recibir notificaciones;

d) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la personería del compareciente, de conformidad con lo previsto en el párrafo 1 del artículo 13 de este ordenamiento;

e) Precisar la razón del interés jurídico en que se funden y las pretensiones concretas del compareciente;

f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro del plazo a que se refiere el inciso b) del párrafo 1 de este artículo; mencionar en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dicho plazo; y solicitar las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y no le hubieren sido entregadas; y

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del compareciente.

Artículo 17

1. La autoridad u órgano partidista, según sea el caso, que reciba un medio de impugnación, en contra de sus propios actos o resoluciones, bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato, deberá:

a) Por la vía más expedita, dar aviso de su presentación al órgano competente del Instituto o a la Sala del Tribunal Electoral, precisando: actor, acto o resolución impugnado, fecha y hora exactas de su recepción; y

b) Hacerlo del conocimiento público mediante cédula que durante un plazo de setenta y dos horas se fije en los estrados respectivos o por cualquier otro procedimiento que garantice fehacientemente la publicidad del escrito.

c) Cuando se presente recurso de inconformidad, se notificará a través del correo electrónico registrado ante la autoridad responsable, al representante del partido y candidato que pueda ser afectado en sus derechos, para que dentro del plazo señalado manifieste lo que a su derecho convenga.

2. Cuando algún órgano del Instituto reciba un medio de impugnación por el cual se pretenda combatir un acto o resolución que no le es propio, lo remitirá de inmediato, sin trámite adicional alguno, al órgano del Instituto o a la Sala del Tribunal Electoral competente para tramitarlo.

3. El incumplimiento de las obligaciones a que se refieren los párrafos anteriores, será sancionado en los términos previstos en el presente ordenamiento y en las leyes aplicables.

4. Dentro del plazo a que se refiere el inciso b) del párrafo 1 de este artículo, los    terceros interesados podrán comparecer mediante los escritos que consideren pertinentes, mismos que deberán cumplir los requisitos siguientes:

a) Presentarse ante la autoridad u órgano responsable del acto o resolución impugnado;

b) Hacer constar el nombre del tercero interesado;

c) Señalar domicilio para recibir notificaciones;

d) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la personería del compareciente, de conformidad con lo previsto en el párrafo 1 del artículo 13 de este ordenamiento;

e) Precisar la razón del interés jurídico en que se funden y las pretensiones concretas del compareciente;

f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro del plazo a que se refiere el inciso b) del párrafo 1 de este artículo; mencionar en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dicho plazo; y solicitar las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y no le hubieren sido entregadas; y

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del compareciente.

 

Ley General de Partidos Políticos

Propuesta de adición

Artículo 24.

1. No podrán actuar como representantes de los partidos políticos nacionales ante los órganos del Instituto, quienes se encuentren en los siguientes supuestos:

a) Ser juez, magistrado o ministro del Poder Judicial Federal;

b) Ser juez o magistrado del Poder Judicial de una entidad federativa;

c) Ser magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral;

d) Ser miembro en servicio activo de cualquier fuerza armada o policiaca, y

e) Ser agente del Ministerio Público federal o local.

Artículo 24.

1. No podrán actuar como representantes de los partidos políticos nacionales ante los órganos del Instituto, quienes se encuentren en los siguientes supuestos:

a) Ser juez, magistrado o ministro del Poder Judicial Federal;

b) Ser juez o magistrado del Poder Judicial de una entidad federativa;

c) Ser magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral;

d) Ser miembro en servicio activo de cualquier fuerza armada o policiaca, y

e) Ser agente del Ministerio Público federal o local.

2. Los partidos políticos nacionales o estatales al acreditar a sus representantes ante los órganos electorales deberán tramitar la firma electrónica y registrar correo dirección de correo electrónico que cuente con mecanismos de confirmación de los envíos de las notificaciones. La actualización de dichos registros es responsabilidad del Partido Político.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y LA LEY GENERAL DE PARTIDOS PARA NOTIFICACIÓN A TERCEROS INTERESADOS EN MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORAL.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona el inciso c) al numeral 1 del artículo 17 de la ley General del Sistema de Medios de Impugnación, para quedar como sigue:

Artículo 17

1. …

a) …

b) …

c) Cuando se presente recurso de inconformidad, se notificará a través del correo electrónico registrado ante la autoridad responsable, al representante del partido y candidato que pueda ser afectado en sus derechos, para que dentro del plazo señalado manifieste lo que a su derecho convenga.

1. …

2. …

3. …

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 24 de la Ley General de Partidos Políticos para quedar como sigue:

Artículo 24.

1. …

2. Los partidos políticos nacionales o estatales al acreditar a sus representantes ante los órganos electorales deberán tramitar la firma electrónica y registrar correo electrónico para efectos de ser notificado de actos y resoluciones en los procesos electorales. La actualización de dichos registros es responsabilidad del Partido Político.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, el 29 de junio de 2016.

Dip. Juan Romero Tenorio.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita, CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA, Diputada Federal integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 176, 179 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (Pro igualdad 2013-2018), señala que “la Razón de Mortalidad Materna se estima en 43 defunciones por 100 mil nacidos vivos, con contrastes por entidad federativa, explicando que las causas de la mortalidad materna son prevenibles: el riesgo de complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio es mayor en las adolescentes; el aborto representa la quinta causa de mortalidad materna; y 8.6% de los embarazos ocurridos entre 2004-2009 terminaron en un aborto. También expresa que un problema casi desapercibido es que 46.2% de los nacimientos de mujeres de (20-49) años son cesáreas (20.5% programadas y 25.7% por urgencias) refiriendo que en los 12 últimos años el número de cesáreas se incrementó en 50.3%, en el sector público en un 33.7% y en el privado en60.4%. Su práctica se relaciona con un mayor riesgo de morbi-mortalidad materna y neonatal, mayor número de partos pretérmino y de acretismo placentario en el siguiente embarazo”.1

II. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 refiere que “México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial (después de China, Brasil y Estados Unidos) en el uso de la práctica de cesáreas sin indicación médica. Las cesáreas representan el 38.5% de los nacimientos en el sector público, con variaciones significativas que van desde 23% en las unidades del IMSS Oportunidades hasta 67% en los servicios del ISSSTE, porcentajes por encima de la recomendación de la OMS que sugiere que el porcentaje de nacimientos por cesárea no debe rebasar el 15%”.2

III. Es de suma importancia conocer y entender lo que significa la verdadera naturaleza del parto; el parto es un acto involuntario, tanto como el sueño, aunque obviamente más complejo. Las fases que hemos expuesto lo demuestran, también lo ilustran las diversas posturas posibles que existen para dar a luz. Hay mujeres que prefieren andar y moverse durante la primera fase del parto (la dilatación) y luego probar una de las varias posturas que pueden ser más adecuadas para la expulsión que la típica tumbada de espaldas. Algunas están más cómodas sentadas en la cama con la espalda apoyada en varias almohadas, mientras que otras prefieren arrodillarse, ponerse en cuclillas o usar una silla de partos.

Cuando uno trata de controlar estas fases y sus procesos lo único que logra es inhibirlos, y si esto pasa y se interviene de alguna otra forma, se pierde el proceso natural.

Al sustituir un proceso natural sofisticado y sabio, por un conjunto de intervenciones encaminadas a resolver problemas muchas veces creados por un equipo médico, estamos deshumanizando el parto. No se puede someter el ritmo de cada mujer al ritmo acelerado de un hospital.

IV. “Existen numerosas evidencias, obtenidas a partir de testimonios (formales e informales) de mujeres que han sido atendidas durante el parto/cesárea en instituciones de salud, que muestran que con frecuencia se violan sus derechos reproductivos y humanos durante su interacción con el personal de salud que las atiende. Hay testimonios de mujeres que reportan que en el momento de mayor dolor durante el trabajo de parto, que enfrentan con expresiones de dolor y gritos, reciben de parte de los médicos, órdenes de controlarse señalándoles que si antes disfrutaron del sexo, ahora "les toca aguantarse". En algunos casos las formas del regaño alcanzan modalidades de un autoritarismo extremo, represivo, sólo interpretable en el marco de la desigualdad de género que caracteriza a estos encuentros”.3

V. Un parto humanizado es aquel en el que la mamá y el bebé son los protagonistas. Decidiendo como quiere llevar a cabo su parto, confiando en sus decisiones, informándose y sabiendo de entrada que la madre no es una persona enferma, es una mujer sana en un proceso saludable y natural que en la mayoría de los casos no requiere tratamiento, sólo observación confiando en sus decisiones. Es lo opuesto a un parto medicalizado en el cual la tecnología y los medicamentos sustituyen la fisiología de la mujer, desvirtuando la experiencia del nacimiento y generando riesgos innecesarios para la madre y el bebé.

Desde que el bebé se encuentra en el vientre de la madre y hasta que es una persona independiente, su salud depende de su desarrollo gestacional.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Que el embarazo constituye una de las etapas de mayor vulnerabilidad en la vida de la mujer y esto se debe a que durante el transcurso del mismo, existe una importante actividad anabólica que determina un aumento en las necesidades nutricionales maternas de casi todos los nutrientes, con relación al periodo preconcepcional, puesto que el feto se alimenta sólo a expensas de la madre.

SEGUNDA. Que “La salud de las mujeres y los niños ha sido reconocida como un derecho humano fundamental en tratados como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. Por otro lado, el Consejo de Derechos Humanos también adoptó una resolución sobre la mortalidad materna en la cual se emiten orientaciones técnicas concisas sobre la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos a la ejecución de las políticas y los programas destinados a reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad”.4

TERCERA. Que “la existencia de la Estrategia Mundial de la Salud de las Mujeres y los Niños es un paso importante hacia la consecución de una mejor salud para las mujeres y los niños del mundo. A tal efecto, debe traducirse rápidamente en medidas concretas y resultados cuantificables, en donde todas las partes interesadas tendrán que asumir compromisos concretos para mejorar la financiación, fortalecer las políticas y mejorar la prestación de servicios”.5

CUARTA. De acuerdo, con la Organización Mundial de la Salud, todos los días mueren 800 mujeres en el mundo por causas relacionadas con el embarazo y el parto. La mayor parte de estas muertes son prevenibles y un porcentaje muy grande corresponde a mujeres en situación de vulnerabilidad: rurales, indígenas, afro descendientes y pobres. La mayoría de éstas, se encuentran relacionadas con la falta de acceso a servicios de calidad, que se asocian con costos elevados de la atención médica, deficiencias en los insumos y equipos, y la falta de personal capacitado. (OMS, 2011)

La mortalidad materna constituye un indicador de la situación de la mujer, su acceso a los servicios de salud, y el grado de adecuación del sistema de atención sanitaria en respuesta a sus necesidades.

QUINTA. “Las recomendaciones de la OMS y algunos meta-análisis de estudios controlados, han señalado y concluido que el cuidado materno con apoyo tecnológico inapropiado, continúa siendo practicado en todo el mundo, a pesar de la aceptación de las propuestas de la medicina basada en las evidencias con respecto a este cuidado. La preocupación de la OMS por este tema, llevó a emitir diez principios para el cuidado del embarazo y parto, y a desarrollar materiales educativos para facilitar su implementación, señalando que el cuidado del embarazo y parto normales debe:”6

1. Ser no medicalizado, proveyendo el mínimo de intervenciones que sean necesarias.

2. Reducir el uso excesivo de tecnología o la aplicación de tecnología sofisticada o compleja cuando procedimientos más simples pueden ser suficientes o aún superiores.

3. Basarse en las evidencias científicas.

4. Regionalizarse y desarrollar un sistema eficiente de referencias de centros de atención primaria a niveles de cuidado secundario y terciario.

5. Incluir la participación multidisciplinaria de profesionales de la salud tales como parteras, especialistas en obstetricia, neonatología, enfermería, educación del parto y de la maternidad, y en ciencias sociales.

6. Ser integral, teniendo en cuenta las necesidades intelectuales, emocionales, sociales y culturales de las mujeres, sus niños/as y familias y no solamente un cuidado biológico.

7. Centrarse en las familias y dirigirse hacia las necesidades tanto de la mujer y su hijo/acomo de su pareja.

8. Ser apropiado, teniendo en cuenta las diferentes pautas culturales para permitir y lograr sus objetivos.

9. Tener en cuenta la toma de decisión de las mujeres.

10. Respetar la privacidad, la dignidad y la confidencialidad de las mujeres

SEXTA. La participación multidisciplinaria de profesionales de la salud tales como parteras, especialistas en obstetricia, neonatología, enfermería, educación del parto y de la maternidad, y en ciencias sociales, es una parte fundamental para enfrentar estos problemas y atender las recomendaciones de la OMS y de nuestras propias políticas públicas.

SÉPTIMA. Ya está establecido en el “Programa Sectorial de Salud 2014-2018, en su Objetivo No. 5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud; dentro de la Estrategia 5.1. Fortalecer la formación y gestión de recursos humanos en salud, y claramente señalado en las líneas de acción: 5.1.2. Impulsar la formación de los recursos humanos alineada con las necesidades demográficas, epidemiológicas, de desarrollo económico y culturales”.

5.1.3. Impulsar la actualización y capacitación continua de los recursos humanos con base en las necesidades nacionales de salud.”

OCTAVA. Para transitar plenamente a partos más humanizados es necesaria la formación y regulación de recursos humanos, es decir, impulsar la formación de médicos con un mayor apego a la atención de partos vaginales y parteras con pleno reconocimiento de la normatividad actual y atendiendo las necesidades de salud hoy en nuestro país.

Por todo lo anteriormente expuesto es que someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforma la fracción III, del artículo 90 de la Ley General de Salud y se recorren los subsecuentes, para quedar como sigue:

Artículo 90.- Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las Entidades Federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades educativas en la materia y en coordinación con éstas: 

I. Promover actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se requieran para la satisfacción de las necesidades del país en materia de salud;

II. Apoyar la creación de centros de capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud;

III. Impulsar la apertura de escuelas para la formación de parteras profesionales con reconocimiento oficial;

IV a V…

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 29 de junio de 2016.

Dip. Claudia Sofía Corichi García.

1 Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra lasMujeres 2013-2018. Diario Oficial de la Federación, México, 30 de agosto de 2013.

2 Encuesta Nacional de Salud 2012. Evidencia para la política pública en salud. Instituto Nacional de Salud Pública.

3 Castro, Roberto y Joaquina Erviti, “La violación de derechos reproductivos durante la atención institucional del parto: un estudio introductorio”, en López, Paz, Blanca Rico, Ana Langer y Guadalupe Espinosa, Género y Política en Salud, México, Secretaría de Salud, 2003, p.257

4  Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General.

5 7 Observatorio de mortalidad materna en México, Mortalidad materna en México. Numeralia 2011, México 2012.

6 Principios de la OMS en el Cuidado perinatal. Publicado en Boletín Electrónico del CLAP/OPS/OMS, No 14 Feb. 2002.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 3o. BIS A LA LEY AGRARIA

(Presentada por el Diputado Hernán de Jesús Orantes López, del grupo parlamentario del PRI)

El que suscribe, HERNÁN DE JESÚS ORANTES LÓPEZ, Diputado Federal a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 3º. BIS A LA LEY AGRARIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los temas del campo son temas de todos los mexicanos, porque es ahí en donde residen los mayores problemas del país. Los más altos índices de pobreza, atraso y marginación se presentan precisamente en el campo. Sin embargo, es también una gran ventana de oportunidad, porque es ahí precisamente donde podemos detonar el desarrollo y darles solución a muchos males endémicos de nuestro México.

Una de las grandes amenazas para el planeta es la insuficiencia de alimentos. A medida que se incrementa la población mundial crece un problema que al igual que el calentamiento global, pueden desencadenar el fin de la historia.

Parece retórica pero es una amenaza tan real como los efectos negativos que paulatinamente la tierra va a acusando con cambios drásticos en el sistema ecológico. Mucho se habla y poco se hace sobre esta gran verdad latente que amenaza la vida humana.

De ahí que es imperioso atender y resolver todos los problemas de carácter agrario, porque la tierra es la suministradora natural de alimentos y la madre de todo ser vivo.

La solución a la problemática empieza por la seguridad jurídica que garantiza todo Estado de Derecho. Con certeza es posible terminar de una vez por todas con la regularización de la tenencia de la tierra, permitiendo el acceso a todos los programas de apoyo del gobierno.

Toca a nosotros los legisladores allanarle el camino al campo mediante el mejor instrumento posible que es la Ley, con el fin de otorgarle la seguridad jurídica que propicie su sano desarrollo.

La puntualización de los derechos en términos legislativos, coadyuvan con la certeza jurídica, como ejecución de resoluciones presidenciales, expropiaciones, terrenos nacionales, regularización de colonias y atención a conflictos sociales en el medio rural.

Terminar con las lagunas jurídicas en materia agraria, consolidarán ese Estado de Derecho que da la seguridad jurídica para garantizar la propiedad y posesión de los bienes y favorecer la transparencia de las relaciones de los particulares entre sí y de éstos con el Gobierno.

Con leyes justas y claras se fortalece al campo, porque le otorga las condiciones para para invertir en él y promover su desarrollo.

Para que exista un régimen normativo que garantice la plena seguridad jurídica, es necesario, entre otros, de dos factores indispensables: Primero, la existencia de un entramado jurídico que sea muy claro, preciso y congruente con las necesidades actuales; que defina con claridad los derechos de propiedad, así como las prerrogativas y obligaciones de todos los que intervienen en las actividades económicas y sociales, y, segundo, un sistema de justicia que garantice, eficaz y oportunamente, el cumplimiento de dicho marco normativo.

Para alcanzar los niveles de seguridad jurídica que exige el sano desarrollo de las actividades económicas, también es indispensable que existan los instrumentos procesales e institucionales que garanticen su correcta aplicación.

La tarea primaria del legislador es la búsqueda constante de la perfección de la norma. No debemos dejar ningún resquicio legal por donde se pueda colar la injusticia.

En el momento  en que cualquier gente del campo requiera de acudir a cualquier institución pública a demandar justicia o para ejercer algún derecho, debe quedarle perfectamente claro a que instancia ha de acudir y que procedimiento tiene que agotar.

Para ello es indispensable establecer puntalmente en la ley de la materia, cuales son las autoridades agrarias.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de la H. Cámara de Diputados, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Que adiciona el artículo 3º. Bis a la Ley Agraria

Artículo Único.- Se adiciona el artículo 3º. Bis a la Ley Agraria para quedar como sigue:

Artículo 3º. Bis.-Son autoridades agrarias:

a) La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

b) La Procuraduría Agraria

c) El Registro Agrario Nacional;

d) La Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra;

e) Los Tribunales Agrarios; y

f) Toda aquella autoridad cuyos actos se relacionan con la materia agraria.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, el 29 de junio de 2016.

Dip. Hernán de Jesús Orantes López.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por el Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, JOSÉ HERNÁN CORTÉS BERUMEN, Diputado Federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II y 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; numeral Décimo Segundo del Acuerdo Parlamentario que establece los criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del Orden del Día y los debates que se realicen en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión durante el Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura, y 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 29 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación1, la reforma constitucional que transforma el otrora Distrito Federal en la Ciudad de México, lo cual implica que la Ciudad de México continuará siendo Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, pero con cambios fundamentales en su naturaleza.

La Ciudad de México es ahora una entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y su organización política administrativa, habiendo la posibilidad de darse su propia constitución política, con una forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico, que tendrá mayor autonomía con los Poderes federales, por ejemplo, en relación a la designación y remoción de sus funcionarios.

El Artículo Décimo Cuarto Transitorio señala que a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto, las referencias constitucionales y de cualquier otro ordenamiento jurídico al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.

Esta reforma implica cambios de fondo, que se aparejan de un cambio de forma. Es decir, tiene un trasfondo jurídico, político y social de relevancia, pero como elemento esencial, requiere el cambio de denominación, de Distrito Federal a Ciudad de México.

Ante las múltiples referencias que se tiene de este concepto en nuestro sistema jurídico, consideramos adecuado, generar un mecanismo legislativo de actualización de todas y cada una de las leyes que tiene referencias al Distrito Federal, para sustituirlo por Ciudad de México.

No se trata de una mera reforma estética, sino de adecuar el lenguaje jurídico, el cual es un elemento esencial en la seguridad jurídica que la ley debe proveer en cualquier estado de derecho. El principio de certeza jurídica en nuestro sistema, tiene una ratio fundamental para el estado de derecho, pues busca que el gobernado tenga plena certeza de los actos de autoridad y de las reglas con que debe conducirse en relación a los demás. Es pues, un principio que fragua, delimita, o perfecciona a otros de su misma especie o rango constitucional, pero que por su categoría, goza de supremacía, pues ninguno de ellos podría gozar de autonomía si finalmente su origen no se supedita al Estado de derecho.

El lenguaje es el vehículo natural para la manifestación del derecho; la realidad de la experiencia de la palabra, es un hecho sine qua non de la existencia jurídica. Diversos autores han puesto de manifiesto este carácter lingüístico y dialogante del derecho, haciéndolo incluso depender del lenguaje; de manera que las prescripciones -escribe von Wright- presuponen el uso del lenguaje en la formulación de las normas, y en coincidencia con Kalinowski, es evidente que todo término jurídico es o se manifiesta a través de una expresión lingüística.2

Si bien la propia reforma se ha encargado de garantizar que el cambio de denominación no genere perjuicio alguno a los gobernados, el realizar el cambio legislativo material, cierra el ciclo de dichas reformas, elimina todo resquicio de posibles malinterpretaciones derivadas de éstas, ya sea de buena o mala fe, y contribuye al cambio cultural que implican.

Es pues la intención de esta propuesta, agilizar la homologación de nuestro marco jurídico vigente a la terminología derivada de la reciente reforma, sustituyendo en cada cuerpo normativo federal los términos superados, por los de reciente acuño.

Es importante señalar que algunas referencias deberán permanecer, pues el cambio de su denominación depende de otras instancias, y en tanto estas no se generen, deben conservarse en sus términos. Por ejemplo, el Código Civil del Distrito Federal, deberá mantenerse con su denominación en tanto el Poder Legislativo local no resuelva su trámite legislativo. Igualmente, en el caso de las menciones de los salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, estos deberán permanecer en tanto se expide la legislación derivada de la reforma publicada el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se crea la Unidad de Medida y Actualización a efecto de desvincular al salario mínimo del pago de diversas obligaciones.

Para facilitar el proceso legislativo interno de la Cámara, se agruparon las leyes de acuerdo con su más probable turno a Comisiones, permitiendo un proceso de dictamen sencillo y célere.

En términos generales los turnos de la Mesa Directiva a las reformas la Ley General de Desarrollo Social, se han dado a la Comisión de Desarrollo Social, por tanto se agrupan en esta iniciativa, para los procesos legislativos a que haya lugar.

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente,

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

ARTICULO ÚNICO. Se reforman los artículos 17 y 40 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 17. Los municipios serán los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social, de acuerdo a las reglas de operación que para el efecto emita el Ejecutivo Federal, excepto en los casos expresamente asignados, legal o administrativamente, a una dependencia, entidad u organismo federal, estatal o de la Ciudad de México.

Artículo 40. En el ámbito de sus atribuciones y en congruencia con las disposiciones de esta Ley las legislaturas de los estados, la Legislatura de la Ciudad de México y los municipios emitirán normas en materia de desarrollo social, tomando en cuenta sus particularidades.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, el 29 de junio de 2016.

Dip. José Hernán Cortés Berumen.

1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016 Consultado el 27 de abril de 2016.

2 Platas Pacheco María del Carmen, “Elementos para una aproximación hermenéutica del lenguaje jurídico.” Revista Razonamiento Judicial, número 7, septiembre de 2007.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena)

El suscrito, Diputado JUAN ROMERO TENORIO integrante del grupo parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, número 1, los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS INCISOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, que garantiza la atribución de grupos parlamentarios para interponer Acción de Inconstitucionalidad contra normas o disposiciones de carácter general que contravengan principios, derechos o garantías constitucionales, de acuerdo con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los medios de control de la constitucionalidad son los instrumentos a través de los cuales se busca mantener o defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se encuentra la acción de inconstitucionalidad.

Este medio de control abstracto de la constitucionalidad se tramita en forma exclusiva ante la SCJN, a través de ésta se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía: ley, tratado internacional, reglamento o decreto, con el objeto de preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna y dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucionales.

De conformidad con el actual artículo 105, fracción II de la Constitución General, las acciones de inconstitucionalidad las pueden promoverlas los legisladores, Senadores y Diputados Federales o Locales o, que conformen una minoría parlamentaria que represente al menos el 33% del total de quienes integran el órgano que haya expedido la norma que impugna. Esta acción también la pueden promover el Procurador General de la República, los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral o los partidos con registro local, cuando se trate de leyes electorales, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos de protección de tales derechos de los Estados y del Distrito Federal. El único órgano jurisdiccional que conoce este medio de control es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si la SCJN declara que una norma es contraria a la Ley Suprema, por el voto de ocho o más ministros, tendrá efectos generales y no podrá volver a tener vigencia ni aplicársele a persona alguna.

Si bien, la acción de inconstitucionalidad se podrá interponer por el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales; por equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; así como el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano, el nivel de representación de la oposición o de las minorías legislativas anulan la posibilidad de accionar cuando no se cumple con el porcentaje del 33% de los integrantes del cuerpo legislativo que corresponda.

Por citar un ejemplo, la Cámara de Diputados se integra por 500 diputados, los que conforman los siguientes Grupos Parlamentarios PRI (208); PAN (109); PRD (60); PVEM (42); MORENA (36); MC (24); PANAL (11); PES (9) Independientes (1). De los anteriores solo el PRI puede cumplir con el porcentaje requerido para ejercer la acción de inconstitucionalidad, excluyendo al resto de los grupos los que por sí mismos están imposibilitados para hacerlo puesto que se requieren 167 legisladores para cumplir con el 33% que se exige para ejercer la acción de inconstitucionalidad.

Igual suerte se corre en la Cámara de Senadores, la que se integra con los siguientes grupos parlamentarios PRI (58); PAN (38); PRD (19); PVEM (7); PT (7); Sin grupo (2). Para cumplir el 33% de los miembros de la Cámara de Senadores es necesaria la adhesión de 43 Senadores, los que solo puede hacer el PRI, el resto por sí solo no es posible, salvo que actúen en coalición. Esquema de exclusión que se reproduce en los órganos legislativos de las Entidades de la Federación que es necesario subsanar.

Partimos de la base de que la sociedad mexicana está conformada por una pluralidad de grupos que expresan intereses, ideas, valores y proyectos diversos. Mismas que pueden ser contradictorias o irreconciliables. Por lo que en un estado democrático, los órganos de representación popular deben de conformarse de acuerdo con la pluralidad de la sociedad a la que pertenecen. Pluralidad que reconoce el sistema electoral al establecer un sistema mixto de representación mediante el sistema de mayoría relativa (300 Distritos uninominales) y de representación proporcional (200 diputados electos en cinco circunscripciones electorales). De igual forma, la Cámara de Senadores sigue el sistema mixto para su integración a través de la elección de 64 Senadores por Mayoría Relativa; 32 de primera minoría y 32 de representación proporcional a través de la elección en una sola circunscripción electoral nacional.

Garantizar medios de control constitucional para los grupos minoritarios en órganos legislativos constituye un medio que fortalece la observación de los principios, derechos y garantías constitucionales. La regla de la mayoría, ya sea simple o calificada,  no debe ser la que sancione o prive a los grupos minoritarios el derecho a expresar los intereses o visiones de quienes representan. La actuación de los grupos mayoritarios debe observar y garantizar los derechos, principios y valores reconocidos en la Constitución a toda persona. Como afirma Sartori “…el principio activo de la democracia es el principio de la mayoría limitada…”, limitada no en cuanto a su capacidad de representación sino a la de avasallar, limitar o eliminar derechos reconocidos por la simple aplicación del voto mayoritario.

El respeto irrestricto de los derechos y garantías previstos en la Constitución para todas las personas pasa por el tamiz de la viabilidad y exigibilidad de los mismos. Por lo que resulta necesario que más allá del control mayoritario en la toma de decisiones legislativas, es exigible el acceso a medios de control de la constitucionalidad de los actos de las mayorías a través del acceso a los medios jurisdiccionales previstos en la misma Constitución.

En el caso concreto se propone reconocer a las minorías parlamentarias como sujetos con capacidad para interponer la Acción de Inconstitucionalidad. El actual parámetro del 33% de los integrantes del órgano legislativo que emite la norma que se califica como conculcadora de la Constitución hace imposible el acceso de los grupos parlamentarios minoritarios a este medio de control constitucional.

La imposibilidad de diversos sectores para acceder a medios de control constitucional y legal de actos de autoridad o en el proceso de creación de leyes da cuenta de los riesgos del pensamiento único y de la construcción de disidentes en la operación de las nuevas leyes como un otro del que fácilmente puede prescindirse. Situación que genera políticas de eliminación del contrario minando las posibilidades de gobernabilidad y seguridad jurídica.

La historia reciente de los medios de control constitucional registra múltiples casos en los que el poder hegemónico define la normalidad y la legaliza, a través del aparato judicial. Como es el caso de la reforma política del Distrito Federal, de las denominadas reformas estructurales, entre otras. Por lo cual el reconocimiento de la acción de las minorías a través de la facultad para activar medios de control constitucional sobre las decisiones mayoritarias, no es una cuestión menor, en un sistema que se tilda de democrático.

Tener las mayorías en órganos legislativos no autoriza la restricción de derechos. Es importante que el ejercicio del poder de las mayorías se realice en un marco democrático con normas y procedimientos, estables y previsibles, garantizando la certeza y seguridad como principios constitucionales.

En la consolidación de la democracia, reconociendo a los otros, a los diferentes, el desafío consiste en establecer un mayor acceso a los sistema de controles constitucionales y legales que fortalezcan la cultura de respeto a los derechos de las minorías y a las leyes que determinan su lugar en los órganos de representación y en medios de defensa asequibles y garantes de los derechos reconocidos constitucionalmente.

La figura del grupo parlamentario como instancia en la toma de decisiones se reconoce en la misma Constitución general:

a) En el artículo 6º, al establecer que serán los grupos parlamentarios del Senado los que propondrán y designarán a los siete comisionados del órgano autónomo responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

b) En el artículo 41, Fracción V, apartado A, mediante la figura del Consejero del Poder Legislativo, que propone cada grupo parlamentario con afiliación de partido en alguna de las Cámaras, como integrantes del Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones.

c) Artículo 70, segundo párrafo, al establecer que la ley determinará, las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados.

En esta iniciativa se propone que sean los Grupos Parlamentarios de los órganos legislativos federales o estatales los que cuenten con atribuciones para interponer la acción de inconstitucionalidad cuando la reforma que apruebe el órgano al que pertenecen violente principios, derechos y garantías constitucionales.

Para ello se propone reformar la fracción II del artículo 105, así como los incisos a), b) y d), y la derogar el inciso f) de la misma fracción.

Así mismo, se modifica el contenido de la fracción II del artículo 105, con el objeto de ampliar el alcance de la Acción de Inconstitucionalidad cuando el contenido de la norma o disposición general que se apruebe violente algún principio, derecho o garantía contenido en la propia Constitución.

Esta modificación permitirá que al órgano jurisdiccional de control conocer de reformas constitucionales que realice el Constituyente Permanente, estableciendo una distinción una distinción entre poder constituyente y poder de reforma. El poder de reforma tiene fronteras que de ningún modo puede sobrepasar el poder de reforma, el cual, es limitado y se corresponde con el principio jurídico de supremacía constitucional. El poder constituyente es ilimitado y se corresponde con el principio político de soberanía popular. Con ello, se garantiza que toda reforma constitucional sea acorde con los principios, derechos y garantías que ha determinado el Poder Constituyente, limitando arbitrariedades que pueden cometer mayorías que atienden a intereses ajenos a nuestro máximo ordenamiento legal.

Por otra parte, se propone derogar el inciso f) de la fracción II del precepto citado, por contener el derecho de los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, para que por conducto de sus dirigencias nacionales, interpongan la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro. Este ejercicio de Acción Constitucional se subsume en la atribución que se otorga a los grupos parlamentarios, mismos que representan a la expresión de los partidos políticos nacionales o locales, según sea el caso.

La reforma que se propone quedaría en los términos siguientes:

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

(…)

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y los principios, derechos o garantías de esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

a) Por uno de los grupos parlamentarios integrante de la de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales;

b) Por uno de los grupos parlamentarios integrante del Senado, en contra de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas;

d) Por uno de los grupos parlamentarios integrante de alguna de las Legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano;

e) Se deroga.

f) Se deroga.

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas;

h) leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas locales; e

i) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones;

La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo.

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos.

III. …

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración iniciativa con:


PROYECTO DE DECRETO

QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA ESTABLECER LA ATRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA INTERPONER ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

ÚNICO.- Se modifica la fracción II y sus incisos a), b) y d); se deroga el inciso f) de la misma II, todos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. …

II. …

a) Por uno de los grupos parlamentarios integrante de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales;

b) Por uno de los grupos parlamentarios integrante del Senado, en contra de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

c) …

d) Por uno de los grupos parlamentarios integrante de alguna de las Legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano;

e) …

f) Se deroga.

g) …

h) …

i) …

...

III. …

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 29 de junio de 2016.

Dip. Juan Romero Tenorio.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 212 DE LA LEY GENERAL DE   SALUD

(Presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República, con fundamento en lo establecido en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el párrafo segundo del artículo 212 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro país la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto, estipula como un derecho fundamental, la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, misma que deberá ser garantizada por el Estado Mexicano.1

Por tanto los derechos humanos aplicados a la alimentación y nutrición de calidad, tienen como objetivo garantizar que la población pueda consumir de manera habitual alimentos de calidad supervisados por las dependencias de salud en términos de sus competencias.

Asimismo, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, especialmente la alimentación.

Artículo 25.

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

México prevé que el sistema nacional de alimentación y la adecuada nutrición de la población deben estar supervisados y planeados en varios rubros tales como los de producción, distribución y consumo, de tal forma que se garantice la seguridad alimentaria entendida esta, según el relator especial de Naciones Unidad Absjorn Eide como :

“El acceso de todas las personas en todo momento a los alimentos necesarios para una vida sana y activa”2

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, destaca que los niveles actuales de sobrepeso y obesidad en la población mexicana representan una amenaza a nuestro sistema de salud, por su asociación con las enfermedades no transmisibles y por el uso de recursos especializados y de mayor tecnología que imponen a los servicios de salud altos costos para su atención.

Según esta encuesta, entre los hombres mayores de 20 años de edad, 42.6% presentan sobrepeso y 26.8%, obesidad; mientras que en las mujeres estas cifras corresponden a 35.5 y 37.5%, respectivamente. Por otra parte, en la población escolar (5-11 años) la prevalencia de sobrepeso es de 19.8 y la de obesidad de 14.6%.

Actualmente las sociedades en desarrollo han optado por consumir alimentos con alto contenido calórico y comidas rápidas, sin tomar conciencia de la importancia de tener una dieta balanceada que les permita vivir sin riesgos de salud por obesidad  y enfermedades asociadas al sobrepeso.

El Gobierno Federal preocupado por el cambio de hábitos de la población mexicana, a través de la Secretaría de Salud implementó la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, ya que son problemas que involucran a los sectores público, privado y social, así como al individuo, afectando la calidad de vida de las futuras generaciones.

El sobrepeso, la obesidad y la diabetes son un fenómeno de transición nutricional que existe en nuestro país, conforme a los puntos que se mencionan a continuación:

1) Aumenta la disponibilidad a bajo costo de alimentos procesados, adicionados con altas cantidades de grasas, azúcares y sal;

2) Aumenta el consumo de comida rápida y comida preparada fuera de casa para un sector creciente de la población;

3) Disminuye el tiempo disponible para la preparación de alimentos;

4) Aumenta de forma importante la exposición a publicidad sobre alimentos industrializados y de productos que facilitan las tareas cotidianas y el trabajo de las personas, disminuyendo de este modo su gasto energético;

5) Aumenta la oferta de alimentos industrializados en general; y

6) Disminuye de forma importante la actividad física de la población.3

De lo anterior, podemos señalar que el Estado Mexicano deberá tener como finalidad la construcción de una política pública que propicie hábitos de consumo saludables, a través de la información adecuada de los alimentos y bebidas azucaradas con alto contenido calórico, para que la población pueda tomar una decisión de consumo sin afectar su salud.

Uno de los pilares de la Estrategia Nacional es la Regulación sanitaria y política fiscal,4 que establece respuestas efectivas ante el panorama de las enfermedades no transmisibles, a través de la regulación del etiquetado y la publicidad de alimentos y bebidas, de manera particular la dirigida al público infantil, además de impulsar políticas fiscales que disminuyan el consumo de alimentos con escaso valor nutricional.

Conforme a las mejores prácticas internacionales el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas debe comunicar información nutrimental clara a los consumidores para fomentar decisiones saludables, expresando claramente el contenido energético total de producto (sobre una porción).

A mayor abundamiento, señalaremos la importancia de un adecuado etiquetado frontal en los productos antes mencionados, obligatoriamente deberán contener la información nutrimental con el porcentaje del contenido calórico de acuerdo a la Ingesta Diaria Recomendada (IDR), distinguiendo la fuente de la cual provenga, como se señala a continuación:

Fuente de aporte calórico

Base para el cálculo de la IDR

Azúcares agregados

200 kcl

Otros carbohidratos

980kcl

Grasas no saturadas

400kcl

Grasas saturadas

140kcl

Proteínas

280 kcl

Sodio

2000 kcl

Por lo que los estándares fijados por la Secretaría de Salud serán concordantes a las mejores prácticas internacionales aceptados por la Unión Europea5 adaptados a nuestro país, dividiendo los productos en ocho categorías, facilitando las decisiones en el consumo modificando benéficamente los hábitos alimenticios de las y los mexicanos.

1.- Aceites vegetales y grasas

2.- Fruta, hortalizas y semillas

3.- Productos a base de carne

4.- Productos de la pesca

5.- Productos lácteos

6.- Productos a base de cereales

7.- Sopas, platos compuestos, plato principal y sandwiches rellenos

8.- Helados

En resumen, la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, de la Secretaria de Salud, se creó para que la población mediante la alimentación pueda prevenir y erradicar estas enfermedades que van en aumento, dando atención de manera integral en todos los niveles de gobierno.

En este orden de ideas, y toda vez que la elección de alimentos y los hábitos de consumo de las y los mexicanos es inadecuada aunado a la dificultad para entender la información contenida en bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico es importante que la Secretaría de Salud, ponga especial atención en la información detallada que aparece en las  etiquetas de estos productos que pueden afectar considerablemente la salud pública en nuestro país.

Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto a consideración de ésta H. Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforma el párrafo segundo al artículo 212 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 212.- La naturaleza del producto, la formula, la composición, calidad, denominación distintiva o marca, denominación genérica y específica, etiquetas y contra etiquetas, deberán corresponder a las especificaciones establecidas por la Secretaria de Salud, de conformidad con las disposiciones aplicables, y responderán exactamente a la naturaleza del producto que se consume, sin modificarse; para tal efecto se observará lo señalado en la fracción VI del artículo 115.

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de valor nutricional, que consideren el contenido energético total que aporta el producto, así́ como el contenido de grasas saturadas, otras grasas, azúcares totales y sodio. Dicha información será́ presentada en los términos que determine la Secretaria de Salud conforme a lo previsto en las disposiciones reglamentarias y demás disposiciones jurídicas aplicables, la cual deberá́ contener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la población, asimismo,deberá revisar y monitorear conforme a las mejores prácticas internacionales la información contenida en las etiquetas de las bebidas azucaradas y alimentos que presenten componentes potencialmente dañinos a la salud y/o con concentraciones elevadas de contenidos calóricos, evitando daños a la salud pública.

En la marca o denominación de los productos, no podrán incluirse clara o veladamente indicaciones con relación a enfermedades, síndromes, signos o síntomas, ni aquellos que refieran datos anatómicos o fisiológicos.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, el 29 de junio de 2016.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.

1 Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

2 EydeAbsjorn, E/C.12/1999/5, 12 may 1999, The Right to adequate food (art 11), general comments, Committe on Economic, Social and Cultural Rights.

3 Rivera, Juan Ángel, Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado, UNAM, México.

4 Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso,  la Obesidad y la Diabetes p. 59

5 EuropeanUnionPledge, Nutrition White Paper. http://www.eu-pledge.eu/sites/eu-
pledge.eu/files/releases/EU_Pledge_Nutrition_White_Paper_Nov_2012.pdf p. 16.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 377 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Diputado Jorge López Martín, del grupo parlamentario del PAN)

El que suscribe, JORGE LÓPEZ MARTÍN, integrante del grupo parlamentario Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la  LXIII Legislatura del  Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1, 78 y 102, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la Comisión Permanente del  H. Congreso de la Unión, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 377 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, conforme a lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En México, los transportes constituyen actividades estratégicas para fomentar el desarrollo económico y social. Representan la infraestructura básica para integrar el desarrollo del territorio nacional, por lo que su adecuado funcionamiento permite abrir nuevos mercados, articular regiones y desarrollar el comercio Internacional. 

Asimismo, la industria del transporte de carga es de las primeras en resentir las desaceleraciones económicas a medida que las demandas de bienes y sus servicios disminuyen. Uno de los factores que impacta es el robo a los transportes de carga, y a que esta acción se ha convertido en una grave amenaza en la cadena de suministro de la industria mexicana, y las pérdidas anuales estimadas son de billones de dólares.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) se ha manifestado constantemente sobre esta problemática latente. Argumenta que el robo de transportes se efectúa más comúnmente por la falta de vigilancia en carreteras como una causa importante del delito y por la inexistencia de un órgano del Estado que dé seguimiento a este tipo de situaciones. Además se carece de una efectiva coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para el intercambio de información sobre los actos ilícitos.

Por esta razón, es importante considerar modificaciones a nuestros ordenamientos para evitar estas infracciones incluyendo en el Código Penal Federal la utilización, el tráfico o comercialización de los bienes del autotransporte de carga que son robados en las carreteras del país con el objetivo de proteger a transportistas, empresarios y comerciantes que trasladan sus bienes por vía terrestre.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El autotransporte federal de carga en México es transcendental; ha constituido un factor estratégico para el avance económico de nuestro país, además de ser un modo de integración nacional, sobresaliendo entre las diferentes clases de transporte existentes en México. Actualmente se movilizan cerca del 84% de la carga domestica que se traslada por tierra y 83% del total de carga de comercio exterior, proporcionando así, servicios a todos los sectores productivos del país.

Este avance en las comunicaciones del país provoca entre otras cosas, y considerando que en ciertas zonas y tramos de carreteras federales y estatales existe poca vigilancia, que delitos de robo se realicen a transportistas y vehículos de carga. Tan sólo en la red de carreteras federales se contabilizan 180 robos a vehículos de carga por día, entre las cuales las zonas de más alto riesgo en el robo al autotransporte en el país se ubican en la ruta México-México-Puebla-Veracruz, conocida por los transportistas y conductores como el “Triángulo de las Bermudas”, debido al gran número de camiones desaparecidos, además de robos y secuestros.

En los estados de Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Ciudad de México, es donde más robos existen en nuestro país. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) afirma que del año 2006 al 2010 el robo al autotransporte, se incrementó en 108 por ciento y entre 2009 y 2010 un 52.1 por ciento.

Por otro lado, el problema del robo de contenedores se acentúa más en México, ya que de acuerdo con el estudio Robo de Carga en México 2012, de FreightWatch International, es el país que más asaltos registra. El director de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) citó que durante el año 2012 la situación se volvió más violenta, "algunos conductores fueron asesinados" durante enfrentamientos armados.

Por su parte, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C., en 2013 se reportó un aumento de 38 por ciento de los robos a transporte de carga. De ellos, un 18 por ciento fue con violencia en todo el país, con un total de 4 mil 200 robos (3 mil 664 en zonas urbanas, 547 en carreteras), de los cuales el 78 por ciento se cometieron en el Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos y el Distrito Federal.

En 2014, siguió la tendencia con alza de un 25 por ciento. Los ilícitos en transporte de carga se dan prácticamente en todos los tramos carreteros de Sinaloa-Jalisco; México-Puebla; Puebla-Veracruz; Michoacán-Jalisco; México-Querétaro; Querétaro-Guanajuato; y Guanajuato-San Luis Potosí-Monterrey. Además, en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Chiapas.

Durante el primer bimestre de 2015, el robo al transporte de carga en la red carretera del país registró un incremento de 90 por ciento con violencia y de 533 por ciento sin violencia, comparado con el mismo periodo del año anterior.

Esta información puede ser contrastada con los datos del Tercer Informe de Gobierno donde se observa que el robo total en la red carretera federal se contrajo 14.1% entre septiembre y julio del año 2015, al registrarse 632 siniestros, en tanto un año previo se habían alcanzado 736 casos. A pesar de esto, durante el presente sexenio la industria de la seguridad privada se incrementó entre 50 y 60% debido a los problemas de inseguridad que existen en el país; el rubro del rastreo y localización satelital se estima que incrementó su participación de mercado entre 20 y 30%.

Por otro lado, es importante hacer mención que el tipo de producto más robado por los ladrones de la carga varía según la región de México. El robo de productos electrónicos tiende a ocurrir con mayor frecuencia en la zona centro del país cerca de la zona metropolitana. En la región norte del país se aprecia el robo de productos industriales tales como acero, aluminio, cobre e insumos para la construcción. Los productos predilectos de los ladrones son aquellos de alto valor (medicamentos, piezas automotrices, autos nuevos, electrónicos) y fácil re-venta (abarrotes, alimentos y bebidas).La zona metropolitana es un lugar que permite a los ladrones almacenar, vender y distribuir fácilmente todo tipo de productos robados. Las Zonas Centro, Golfo y Noreste de México presentaron los niveles más altos de riesgo debido a sus altos niveles de violencia y de delincuencia organizada.

Organizaciones de transportistas y empresarios advirtieron que se trata de una situación preocupante, pues generalmente estos delitos están asociados a otras actividades relacionadas con el crimen organizado, como violaciones, secuestros y homicidios. Esto genera que las empresas de todo el mundo, en especial las mexicanas o aquellas que están establecidas en México, vean mermada su competitividad tanto a nivel nacional como a nivel internacional, provocando con esto un fuerte detrimento en su economía.

Por esta razón, se ha exigido a las autoridades mayor seguridad en la red carretera del país pues advierten que la inseguridad los lleva a gastar mayores recursos en materia de seguridad privada, dinero que se carga al producto que vende. El robo de mercancías de fácil venta en el mercado ilegal, durante su proceso de transportación por carretera se ha convertido en un gran daño patrimonial a la economía formal, por lo que se requiere reforzar las medidas legales y las penas a las que está considerado este delito.

Por ello, la propuesta de esta iniciativa lleva consigo catalogar al robo y comercialización ilegal de los productos que se transportan en vehículos de carga, como delincuencia organizada, a partir por la relación en lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley Federal de Delincuencia Organizada. Las redes delincuenciales también han aplicado como parte sus tácticas, la extorsión y el cobro de derecho de transportación, y ha crecido en forma alarmante el cobro por el derecho de piso, lo que ya se puede considerar como un impuesto adicional que los empresarios han tenido que contemplar en su presupuesto.

La delincuencia organizada es la que actúa como una “sociedad del crimen”; sus actos, aparte de ser ilegales, tienen como fin el obtener ganancias de dichas actividades ilícitas. La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de "alianzas y vínculos" que logra en todos los niveles, incluyendo el político y el militar; con la ayuda de actos de corrupción logran su impunidad.

Tal y como lo marca el artículo segundo, de la Ley contra la Delincuencia Organizada, un grupo de crimen organizado es un grupo estructurado de tres o más personas que se mantiene durante un período y cuyos miembros actúan de común acuerdo con el objetivo de cometer uno o más crímenes o delitos graves para obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier otra índole.

La fracción quinta de este artículo enmarca entre los delitos considerados el Robo de vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal. De ahí que la iniciativa busque que en el artículo 377 del Código Penal Federal se incluya la utilización, el tráfico o la comercialización con los productos o bienes robados de los vehículos de autotransporte de carga.

Así, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil o comercial; acciones de soborno, extorsión; ofrecimiento de servicios de protección, ocultación de servicios fraudulentos y ganancias ilegales; adquisiciones ilegítimas; que afectan al transporte de carga en nuestro país.

Por ejemplo, una modalidad planeada por los grupos delictivos consiste en adoptar las mismas estrategias que usa la autoridad en todos sus sistemas, incluyendo sus uniformes. Los ladrones simulan un retén, obligan al operador a detener el vehículo para despojarlo del mismo. Este hecho ha generado confusión entre los choferes, en virtud de que toda clase de policías les solicitan detener sus vehículos con el fin de acreditar su persona y la mercancía transportada. Se dan los casos en que, al circular por la carretera, se encuentra un comando fuertemente armado que aparenta ser la autoridad. Portan armas de fuego y equipo de comunicación, visten uniformes. Todos dispuestos a cumplir su objetivo: detener el camión para apoderarse de la mercancía a como dé lugar. Instalan conos en la carretera, después de una curva, para tener el elemento sorpresa. Disponen de vigías en los dos extremos a uno o dos kilómetros, por si se aproximan las verdaderas autoridades. Una vez plantados esperan el objetivo; estas bandas organizadas siempre están armadas y son extremadamente peligrosas.

Pero al realizarse un incremento del robo a transportes de carga, es evidente que no se está garantizando la seguridad y de esa acción se generan más delitos, además de no realizar una estrategia para disminuir esta problemática que afecta a los trasportistas de nuestro país.
La inseguridad pública es uno de los temas que más han preocupado a la sociedad mexicana en los últimos años. Es por ello que cada vez son más frecuentes las demandas de ciudadanos y de empresas que piden una acción más efectiva por parte de las autoridades para erradicar una actividad que genera temor e incertidumbre entre la población y cuantiosas pérdidas económicas.

El robo de vehículos de carga es el inicio de una línea de delitos posteriores que afectan principalmente a la industria y el comercio, además de romper el crecimiento económico del país. Sin lugar a dudas crece al amparo de la corrupción. Dicho ilícito facilita el contrabando, la piratería, la evasión fiscal y el comercio ambulante. La venta de mercancía robada se realiza a precios por debajo de los establecidos por el mercado, lo que provoca la pérdida de empleos en las empresas legales.

Aunado a ello, la creciente agresión y actos delictivos en agravio de personas y bienes que se trasladan por transporte de carga se encuentran en constante aumento, provocando inseguridad para los operarios, para los clientes que contratan el servicio de transporte. Asimismo, se percibe una clara reincidencia por parte de quienes realizan dichas conductas, y existen evidencias de quien se trata de una actividad organizada, pues se percibe la existencia de canales para la comercialización de los bienes sustraídos de transportes de carga.

Es obligación de la Federación garantizar la seguridad pública como lo marca el artículo 21 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que dice lo siguiente:

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

La seguridad pública es un factor de atención que ha establecido procesos de política pública que van desde la implementación de acciones policiales de “cero tolerancia” hasta la utilización de cuerpos de seguridad como los militares, con las consecuencias que ello ha acarreado. Sin duda es necesario establecer puntos de análisis de este complejo fenómeno que no precisa soluciones fáciles ni inmediatas, sino procesos de largo alcance que observen las diferentes aristas del problema1.

El objeto material del delito se identifica con el objeto corporal o material hacia donde se realiza la acción, siendo un elemento distinto al bien jurídico que es el objeto de protección. El bien jurídico como objeto de protección del derecho penal es todo valor individual o de conjunto que merece la garantía de no ser vulnerado por la acción de  otro.

Es indudable que, a fin de estar en posibilidades de sancionar a una persona por realización de un comportamiento nocivo a los intereses de la sociedad, es necesaria la existencia de un precepto legal que contemple dicha circunstancia, así como cumpla con el presupuesto de que el sujeto tenga conocimiento de lo antisocial de su comportamiento.

Ya que todo grupo social aspira a una mínima homogeneización que haga posible la connivencia y se logre una paz social2, se requiere que ante problemas graves de seguridad aplicar mecanismos eficientes que pueda ejercer la autoridad para garantizar este derecho. La prevención del delito y la seguridad de los ciudadanos son temas de la mayor importancia, ya que el resguardo y protección de sus bienes jurídicos constituyen la base primordial del país.

A fin de cumplir con el principio de estricta legalidad y para no dejar lugar a dudas al intérprete de la norma es necesario perfeccionar el delito de robo en contra del transporte de carga y los bienes que son transportados a través de éste, por lo que se refiere al objeto material sobre el que recae la conducta, así como el bien jurídico que se pretende tutelar y la finalidad de autor.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 377, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Único. Se adiciona la fracción VI al artículo 377del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 377.-

I. – III.- […]

IV. Traslade el o los vehículos robados a otra entidad federativa o al extranjero;

V. Utilice el o los vehículos robados en la comisión de otro u otros delitos, y

VI. Utilice, trafique o comercialice con los productos o bienes robados de los vehículos de autotransporte de carga.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, el 29 de junio de 2016.

Dip. Jorge López Martín.

Notas
1 http://t21.com.mx/robo-transporte
2.http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/transportes/4925-desarrollan-sistema-contra-robo-de-transportes-de-carga
3 http://www.asis.org.mx/_pdf/reportes/freightwatch-international-robo-de-carga-en-mexico-2012.pdf
4.http://archivo.eluniversal.com.mx/finanzas/88005.html
5.http://vinculando.org/transportes/importancia_del_autotransporte_de_carga_en_mexico.html
6.http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3219759.htmhttp://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/sala-de-prensa/1060-la-inseguridad-en-las-carreteras-de-mexico
7.file:///C:/Users/MAGUAD~1/AppData/Local/Temp/Cómo_opera_el_robo_a_vehículos_de_carga.pdf
8.http://www.galileo.edu/ies/files/2011/04/EL_CRIMEN_ORGANIZADO-IES.pdf
9.http://www.ai.org.mx/ai/images/sitio/edodelarte/2012/21.Transporte-y-seguridad-vial.pdf
10.http://wwwnew.pgr.gob.mx/Combate%20a%20la%20Delincuencia/Delitos%20Federales/Delincuencia%20Organizada/Delincuencia%20Organizada.asp
11. http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/18011.pdf
12. http://www.rae.es/
13. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/44/7.pdf

1 Tapia Pérez, José, La inseguridad pública: causas y consecuencias, en El Cotidiano, núm 180, julio-agosto 2013, pp. 103 – 112.

2 Cárdenas Ruiz, Marco, Las teorías de la pena y su aplicación en el Código Penal, Derecho y Cambio Social. Consulta en internet el 23 de mayo de 2016: http://www.derechoycambiosocial.com/revista002/pena.htm





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 7O. Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; SE ADICIONA EL INCISO D) A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 82 DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS; Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por el Diputado Francisco Escobedo Villegas, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Diputado FRANCISCO ESCOBEDO VILLEGAS, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3, numeral 1, fracción IX; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 7, REFORMA EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, SE ADICIONA EL INCISO D) A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 82 DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Datos de la encuesta nacional de la discriminación 2015, señala que el 30% de las violaciones sexuales son perpetradas por un familiar, como padre, hermano, suegro, abuelo, tío, cuñado o primo. Los responsables de la violación de mujeres suelen ser personas conocidas 23%, amigos 24%, y vecinos 7%, persona desconocida 23%. Mujeres violadas en múltiples ocasiones 4.4%.

Actualmente, para nadie es desconocido, que la sociedad mexicana pasa por una descomposición debido a múltiples factores, aunque no es privativo de nuestro país, a nivel mundial se están dando infinidad de casos de violencia sexual a menores. La OMS calcula que 150 millones de niñas y 73 millones de niños han experimentado relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual que implican contacto físico, aunque es con seguridad un cálculo por debajo del real, esa alteración afecta gravemente a nuestros niños.

Sin duda, la violencia sexual es la más lacerante de cualquier sociedad, pero es aún más si se comete contra menores de edad, en nuestro país lamentablemente no existe una base de datos estadística oficial que nos indique realmente el número de menores abusados sexualmente. Una encuesta del periódico “El Universal” del año 2014 indica que en el año 2013, se registraron 5 mil 736 denuncias por violación infantil, sólo en el primer trimestre de 2014 se presentaron 2 mil 216, casi la mitad de las acusaciones del año anterior.

Desafortunadamente en el territorio nacional han ocurrido un sin fin de abusos sexuales de menores en centros escolares, por mencionar solo algunos:

Lo sucedido en mayo de 1995, donde fueron abusados sexualmente 27 niñas y 23 niños, con edades comprendidas entre los 3 y los 5 años por el conserje de la guardería de un Instituto Politécnico en el Distrito Federal. También 8 niños entre edades de 3 y 5 años de edad, ultrajados en un kínder de Ixtapaluca, Estado de México, otro caso el del Colegio Montessori Matatena, en el que al menos 11 niños entre 3 y 4 años de edad fueron abusados presuntamente por el empleado administrativo y esposo de la directora del colegio, y el caso más reciente ocurrido en mayo de 2016, en Chalco, Estado de México, donde al menos 11 niños fueron violados por el profesor de danza.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina en su artículo 3º el derecho de toda persona a recibir educación.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

Igualmente el artículo 4º de nuestra Constitución Política determina la obligación que tiene el Estado de proteger la organización y el desarrollo de la familia. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Actualmente, se encuentra perfectamente establecido en la las leyes penales las sanciones que deben imponérseles a las personas que infrinjan las normas y cometan un delito, e incluso contamos a nivel nacional con la Ley General de Víctimas que atiende a personas que sufrieron algún ilícito; sin embargo, faltan programas enfocados a prevenir y detectar la violencia sexual y sobre todo, programas psicológicos tendientes a prevenir y erradicar este tipo de actos mediante los conocimientos profesionales adecuados que se les proporcionen a los niños para que puedan tener un “escudo” que los proteja en su integridad física y sexual.

Programas y acciones preventivas que se apliquen a niños que cursan la educación básica, concretamente preescolar que son los niños, como lo referí en párrafos anteriores que han sufrido un mayor número de abuso sexual, pues las edades oscilan entre 3 y 5 años de edad; en donde se les otorguen herramientas necesarias de autocuidado ante cualquier tipo de abuso infantil. Pues el cuidado y protección de los menores corresponde a la sociedad en su conjunto, no solo a los padres, ya que debe ser también a través de la enseñanza que se imparta en las escuelas, para evitar que los menores no asuman el abuso como algo "normal" y sepan detectar a tiempo lo que atenta contra su dignidad.

Es necesario hacer cumplir la ley, y la creación de políticas públicas que terminen con este flagelo que tanto daña y lastima a la sociedad, estoy consciente que es un tema complejo, en la mayoría de las ocasiones no se denuncia por temor, en otras por la desconfianza en las instituciones encargadas de impartición de justicia, pero estoy cierto, que se puede prevenir ese tipo de conductas mediante programas educativos, en los cuales se den las herramientas a nuestros menores para su defensa.

En virtud y en apoyo a lo anterior, recordemos que “El Plan de estudios 2011. Educación Básica”, es de observancia nacional y el documento rector que define las competencias para la vida, el perfil de egreso, los Estándares Curriculares y los aprendizajes esperados que constituyen el trayecto formativo de los estudiantes. En el punto 1.9. Incorporar temas de relevancia social de este plan, entre otras cosas establece: que estos temas favorecen aprendizajes relacionados con valores y actitudes sin dejar de lado conocimientos y habilidades para la salud, la educación sexual, la educación ambiental para la sustentabilidad, la educación financiera, la educación para el consumidor, la prevención de la violencia escolar, la educación para la paz y los derechos humanos, la educación vial, y la educación en valores y ciudadanía.

Es bien sabido, que existen diversos programas para tratar este tipo de fenómeno en los niños, o bien, si los padres lo consideran necesario pueden llevar a sus hijos con psicólogos o con cualquier otro especialista en el tema, quienes son los profesionales indicados en atender estas situaciones, sin embargo, estono está al alcance de todos, pues las sesiones psicológicas particulares son costosas, por esta razón, es necesario señalar que se pretende hacer una propuesta incluyente, es decir, donde todos los niños de nivel escolar básico del país tengan acceso a estos programas preventivos en sus escuelas públicas y privadas sin importar su condición económica.

Es de señalar el caso sucedido en marzo del presente año, ocurrido en Acapulco, Guerrero, donde el extranjero de origen canadiense que fue sorprendido besando a niñas menores de 3 años, que difícilmente tendrán acceso a sesiones psicológicas especializadas, mucho menos cuentan con las herramientas necesarias para su protección.

Por todo ello, la presente iniciativa tiene como principal objetivo, que en la educación básica se implementen programas psicológicos, que sean impartidos por personal altamente calificado para que a través de la enseñanza reciban en las escuelas las herramientas y los conocimientos necesarios de autocuidado ante cualquier tipo de abuso infantil y poder evitar que los menores asuman el abuso como algo "normal" y sepan detectar a tiempo lo que atenta contra su dignidad, en sesiones psicológicas que deberán ser por lo menos una hora por semana ante grupo.

Por ello, se propone modificar la fracción VI del artículo 7, artículo 39 de la Ley General de Educación, incorporar el inciso d) a la fracción I del artículo 82 de la Ley General de Víctimas, se adiciona un tercer párrafo al artículo 48 de la Ley General De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes.

Ley General de Educación

Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 7º…

I...

II…

III…

IV…

V…

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

 

 


VII…

Artículo 7º…

I...

II…

III…

IV…

V…

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones implementando acciones tendientes a dar sesiones psicológicas alos alumnos, otorgándoles las herramientas y conocimientos necesariosde autocuidado ante cualquier tipo de abuso infantil, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

VII…

Artículo 39.- En el sistema educativo nacional queda comprendida la educación inicial, la educación especial y la educación para adultos.

De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, también podrá impartirse educación con programas o contenidos particulares para atender dichas necesidades.

 

Artículo 39.- En el sistema educativo nacional queda comprendida la educación inicial, la educación especial y la educación para adultos.

De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, también deberá impartirse educación con programas o contenidos particulares para atender dichas necesidades.

Dentro de los programas o contenidos educativos se implementarán sesiones psicológicas que se impartirán cuando menos una hora por semana ante grupo, las que tendrán como finalidad otorgar a los alumnos las herramientas y conocimientos necesarios de autocuidado ante cualquier tipo de abuso infantil.

Igualmente se adiciona un tercer párrafo al artículo 48 de la Ley General De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes, para establecer como obligación de las autoridades federales, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal a implementar programas y acciones tendientes a otorgar las herramientas psicológicas necesarias para la prevención y detección de posibles agresiones sexuales o de cualquier tipo de violencia.

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 48. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana.

La recuperación y restitución de derechos a que se refiere el párrafo anterior se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud física y psicológica, el respeto y la dignidad de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 48. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana.

La recuperación y restitución de derechos a que se refiere el párrafo anterior se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud física y psicológica, el respeto y la dignidad de niñas, niños y adolescentes.

Las autoridades referidas en este artículo, implementarán programas y acciones tendientes a otorgar a los alumnos las herramientas y conocimientos necesarios de autocuidado ante cualquier tipo de abuso infantil.

Se propone adicionar un inciso d) a la fracción I del artículo 82 de la Ley General de Víctimas, para que el Secretario de Educación Pública forme parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, puesto que, es en los centros escolares donde se puede prevenir y detectar de manera oportuna las conductas de los alumnos para que no lleguen a cometer algún ilícito dándoles las herramientas psicológicas necesarias para evitar cualquier tipo de violencia.

Además el Sistema Nacional de Atención a Víctimas es la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas que tiene por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal, entonces si se quiere prevenir el delito, en este caso en alumnos que cursen la educación básica y es el sistema de atención a víctimas donde se implementan las políticas públicas, por esta razón es conveniente que el titular de la Secretaría de Educación Pública forme parte de ese sistema.

Ley General de Víctimas

Texto actual

Texto propuesto

Articulo 82…

I. Poder Ejecutivo:

a) El Presidente de la República, quien lo presidirá;

b) El Presidente de la Comisión de Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y

c) El Secretario de Gobernación.

 

II…

Artículo 82…

I. Poder Ejecutivo:

a) El Presidente de la República, quien lo presidirá;

b) El Presidente de la Comisión de Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores,

c) El Secretario de Gobernación Y

d) El Secretario de Educación

II…

Entendiendo que la propia Ley General de Víctimas tiene entre sus objetivos reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en la Constitución.

Además de que la propia Ley en comento en su artículo 7º fracción VIII establece el derecho de la víctima al bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole.

Igualmente el artículo 36 del ordenamiento en cita determina obliga a los gobiernos federal, estatal y del Distrito Federal, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, a definir los procedimientos para garantizar de manera gratuita los servicios de asistencia.

De la misma forma, la fracción I del artículo 62 del citado ordenamiento, indica que las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras, la atención médica, psicológica y psiquiátrica especializada.

Como puede apreciarse, en la Ley General de Víctimas ya existe la obligación del Estado de dar atención psicológica a la persona afectada, lo que se pretende con la presente iniciativa es efectivamente prevenir los abusos sexuales en contra de menores como quedó establecido en el cuerpo de la presente iniciativa.

Es imprescindible mencionar que el pasado 11 de mayo del año en curso, la Senadora Martha Tagle Martínez, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente Punto de Acuerdo, mismo que fue aprobado el día 25 del mismo mes y año, en el que se exhortó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a informar sobre los avances en la investigación y garantizar el derecho a la debida procuración de justicia en el caso de abuso sexual contra niñas y niños del Kínder Montessori Matatena, a fin de castigar a los presuntos responsables y a garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez adoptando las medidas necesarias para evitar la revictimización de las y los menores víctimas de abuso sexual.

Por su parte, la Diputada María Elena Orantes López presentó Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y Educación Pública a implementar campañas de educación sexual en planteles de educación secundaria y de nivel medio superior del país.

Con ello, nos queda claro que los legisladores están inmersos y preocupados en el tema, pero más allá de la procuración de justicia, lo pretendido en la presente iniciativa es la prevención a través de la enseñanza para el autocuidado y defensa para que los menores no sean violentados en su persona.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 3, numeral 1, fracción IX; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se modifica la fracción VI del artículo 7, reforma el artículo 39 de la Ley General de Educación, se adiciona el inciso d) a la fracción I del artículo 82 de la Ley General de Víctimas, se adiciona un tercer párrafo al artículo 48 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo Primero.- Se modifica la fracción VI del artículo 7 y reforma el artículo 39 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 7º…

I...

II…

III…

IV…

V…

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones implementando acciones tendientes a dar sesiones psicológicas al alumnado, otorgándole las herramientas y conocimientos necesarios de autocuidado ante cualquier tipo de abuso infantil, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

VII…

Artículo 39.- En el sistema educativo nacional queda comprendida la educación inicial, la educación especial y la educación para adultos.

De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, también deberá impartirse educación con programas o contenidos particulares para atender dichas necesidades.

Dentro de los programas o contenidos educativos se implementarán sesiones psicológicas que se impartirán cuando menos una hora por semana ante grupo, las que tendrán como finalidad otorgar a los alumnos las herramientas y conocimientos necesarios de autocuidado ante cualquier tipo de abuso infantil.

Artículo Segundo.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 48 de la Ley General De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 48. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana.

La recuperación y restitución de derechos a que se refiere el párrafo anterior se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud física y psicológica, el respeto y la dignidad de niñas, niños y adolescentes.

Las autoridades referidas en este artículo, implementarán programas y acciones tendientes a otorgar a los alumnos las herramientas y conocimientos necesarios de autocuidado ante cualquier tipo de abuso infantil.

Artículo Tercero.- Se adiciona el inciso d) a la fracción I del artículo 82 de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:

Artículo 82…

I. Poder Ejecutivo:

a) El Presidente de la República, quien lo presidirá;

b) El Presidente de la Comisión de Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores,

c) El Secretario de Gobernación y

d) El Secretario de Educación

II…

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, el 29 de junio de 2016.

Dip. Francisco Escobedo Villegas.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN

(Presentada por el Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, JOSÉ HERNÁN CORTÉS BERUMEN, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II y 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; numeral Décimo Segundo del Acuerdo Parlamentario que establece los criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del Orden del Día y los debates que se realicen en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión durante el Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura, y 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, conforme a la siguiente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 29 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación [*]  , la reforma constitucional que transforma el otrora Distrito Federal en la Ciudad de México, lo cual implica que la Ciudad de México continuará siendo Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, pero con cambios fundamentales en su naturaleza.

La Ciudad de México es ahora una entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y su organización política administrativa, habiendo la posibilidad de darse su propia constitución política, con una forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico, que tendrá mayor autonomía con los Poderes federales, por ejemplo, en relación a la designación y remoción de sus funcionarios.

El Artículo Décimo Cuarto Transitorio señala que a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto, las referencias constitucionales y de cualquier otro ordenamiento jurídico al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.

Esta reforma implica cambios de fondo, que se aparejan de un cambio de forma. Es decir, tiene un trasfondo jurídico, político y social de relevancia, pero como elemento esencial, requiere el cambio de denominación, de Distrito Federal a Ciudad de México.

Ante las múltiples referencias que se tiene de este concepto en nuestro sistema jurídico, consideramos adecuado, generar un mecanismo legislativo de actualización de todas y cada una de las leyes que tiene referencias al Distrito Federal, para sustituirlo por Ciudad de México.

No se trata de una mera reforma estética, sino de adecuar el lenguaje jurídico, el cual es un elemento esencial en la seguridad jurídica que la ley debe proveer en cualquier estado de derecho. El principio de certeza jurídica en nuestro sistema, tiene una ratiofundamental para el estado de derecho, pues busca que el gobernado tenga plena certeza de los actos de autoridad y de las reglas con que debe conducirse en relación a los demás. Es pues, un principio que fragua, delimita, o perfecciona a otros de su misma especie o rango constitucional, pero que por su categoría, goza de supremacía, pues ninguno de ellos podría gozar de autonomía si finalmente su origen no se supedita al Estado de derecho.

El lenguaje es el vehículo natural para la manifestación del derecho; la realidad de la experiencia de la palabra, es un hecho sine qua non de la existencia jurídica. Diversos autores han puesto de manifiesto este carácter lingüístico y dialogante del derecho, haciéndolo incluso depender del lenguaje; de manera que las prescripciones -escribe von Wright- presuponen el uso del lenguaje en la formulación de las normas, y en coincidencia con Kalinowski, es evidente que todo término jurídico es o se manifiesta a través de una expresión lingüística. [*]

Si bien la propia reforma se ha encargado de garantizar que el cambio de denominación no genere perjuicio alguno a los gobernados, el realizar el cambio legislativo material, cierra el ciclo de dichas reformas, elimina todo resquicio de posibles malinterpretaciones derivadas de éstas, ya sea de buena o mala fe, y contribuye al cambio cultural que implican.

Es pues la intención de esta propuesta, agilizar la homologación de nuestro marco jurídico vigente a la terminología derivada de la reciente reforma, sustituyendo en cada cuerpo normativo federal los términos superados, por los de reciente acuño.

Es importante señalar que algunas referencias deberán permanecer, pues el cambio de su denominación depende de otras instancias, y en tanto estas no se generen, deben conservarse en sus términos. Por ejemplo, el Código Civil del Distrito Federal, deberá mantenerse con su denominación en tanto el Poder Legislativo local no resuelva su trámite legislativo. Igualmente, en el caso de las menciones de los salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, estos deberán permanecer en tanto se expide la legislación derivada de la reforma publicada el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se crea la Unidad de Medida y Actualización a efecto de desvincular al salario mínimo del pago de diversas obligaciones.

Para facilitar el proceso legislativo interno de la Cámara, se agruparon las leyes de acuerdo con su más probable turno a Comisiones, permitiendo un proceso de dictamen sencillo y célere.En términos generales los turnos de la Mesa Directiva a las propuestas de reforma de laLey de Vías Generales de Comunicación se han dado a la Comisión de Comunicaciones.

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente,

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.

ARTICULO ÚNICO. Se reforman los artículos 7; 118 fracción II, y 127 tercer párrafo de laLey de Vías Generales de Comunicación, para quedar como sigue:

Artículo 7o.- Las vías generales de comunicación, los servicios públicos que en ellas se establezcan, los capitales y empréstitos empleados en ellos, las acciones, bonos y obligaciones emitidos por las empresas, no podrán ser objeto de contribuciones de los Estados, la Ciudad de México o Municipios.

Artículo 118.-…

I.- …

II.- Las empresas que exploten tranvías o autotransportes de concesión federal, están obligadas a admitir, libres de pasaje, a los mensajeros, carteros y a los miembros de la policía federal y de la Ciudad de México que viajen en el desempeño de sus servicios, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias.

Artículo 127.-…

Las empresas y personas físicas autorizadas por los gobiernos de los Estados y de la Ciudad de México, para operar el transporte público de pasajeros sólo podrán prestar el servicio y transitar en las vías de jurisdicción federal en los términos de esta Ley, si previamente han garantizado su responsabilidad por los riesgos que puedan sufrir los viajeros que transporten.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México,
el 29 de junio de 2016.

[*]  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016 Consultado el 27 de abril de 2016.
[*]  Platas Pacheco María del Carmen, “Elementos para una aproximación hermenéutica del lenguaje jurídico.” Revista Razonamiento Judicial, número 7, septiembre de 2007.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DN-III-E

(Presentada por el Diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán y Diputados integrantes de la Comisión de Defensa Nacional)

Quienes suscriben, Diputado Federal VIRGILIO DANIEL MÉNDEZ BAZÁN, y Diputados Federales de la LXIII Legislatura, integrantes de la Comisión de Defensa Nacional; con fundamento en los artículos 71, fracción II; y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 117, 122 y demás aplicables de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 6 numeral 1, fracción I; 77, numeral 1; 78 y 102, numeral 2, 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el artículo 2, inciso c), de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DN-III-E, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 9 de marzo de 1965, el General de División Secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, ordenó la revisión y actualización del Plan de Defensa Nacional, es decir, al Plan Estratégico Militar a nivel de alto mando destinado a preparar a las Fuerzas Armadas para responder efectiva y coordinadamente contra agresiones del exterior, desastres y cualquier otra eventualidad similar previsible, que perturbe la paz, la seguridad y el orden del país.

El 18 de septiembre de 1965, se incluyó el Plan de Auxilio a la población civil como anexo “E” del Plan de Defensa Nacional número “III”, de ahí derivó el nombre del “Plan DN-III-E”. Dicho Plan fue aprobado por el alto mando el día 22 de septiembre de 1965.

En marzo del año siguiente, el General García Barragán entregó al presidente Gustavo Díaz Ordaz, la primera versión oficial del Plan DN-III-E, quien al considerar su magnitud, ordenó que fuera distribuido entre todos los organismos involucrados, incluso a los 34 comandantes de las zonas militares que existían en aquel entonces, para que estos últimos proyectaran y trazaran los planes de detalle en sus demarcaciones, en los que debían contemplar la participación de autoridades civiles y de la iniciativa privada.

El martes 14 de junio de 1966, el Secretario de la Defensa Nacional puso en manos del Presidente de la República, el plan para el auxilio a la población civil en el área de la cuenca baja del río Pánuco, así como los planes a detalle para el auxilio de las poblaciones de Tampico, Tuxpan y otras comunidades que se encontraban en el curso bajo del río Bravo. Las tareas consideradas a desempeñar por parte del Instituto Armado incluían:

• Búsqueda, recolección, análisis y difusión de información específica en todos los niveles.

• Alarma por todos los niveles disponibles, regionales o superiores.

• Apoyo logístico (abastecimientos, alimentos, medicinas, materiales, etc.) y evacuación hacia tareas previamente determinadas.

• Refuerzo en tropas y servicios de seguridad pública, para garantizar el orden y protección de las instalaciones y bienes afectados.

• Salvamento, búsqueda y rescate en general, para entrenar tanto a los organismos responsables, como a la población civil.

Tres días después, el General Marcelino García Barragán recibió en su despacho a periodistas, con el objeto de informarles sobre los alcances nacionales del Plan DN-III-E, así como de los planes específicos del río Pánuco. En esa conferencia se explicó públicamente el propósito y la finalidad de dicho documento, las normas generales relativas a seguridad y vigilancia; abastecimientos y evacuaciones; comunicaciones y transportes, así como el restablecimiento de los servicios públicos.

El 25 de junio de 1966, el General Secretario de la Defensa Nacional remitió a los comandantes de las 34 zonas militares el Plan DN-III-E-Pánuco, con la intención de que se utilizará como ejemplo para la elaboración de los planes correspondientes a cada jurisdicción y de esta forma estandarizar las actividades de planeación, aunque sin limitar la iniciativa de cada comandante.

El 10 de octubre de 1966 la Secretaria de la Defensa Nacional se vio obligada a aplicar por primera vez el Plan DN-III-E. Los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos acudieron al auxilio de la población civil durante tres meses, realizaron actividades de asistencia y evacuación de personas; proporcionaron seguridad y atención médica a los damnificados; establecieron puentes aéreos para el traslado de comida y víveres; ayudaron a la remoción de escombros, entre otras acciones. Incluso, el personal militar formuló un instructivo para damnificados a fin de agilizar las acciones de ayuda.

Para la población civil, el Plan DN-III-E es un símbolo de esperanza, de alivio y de protección, la rapidez de acción y eficacia mostrada por los miembros del Instituto Armado en ayuda a sus conciudadanos, ha dado como resultado que la sociedad mexicana se sienta respaldada por su Ejército y Fuerza Aérea, ya que cuando las autoridades civiles se han visto rebasadas, sólo el personal militar ha sido capaz de controlar la situación, lo cual ha reforzado los lazos de confianza, identidad y solidaridad entre el pueblo de México y sus soldados, haciéndose manifiesta en múltiples muestras de gratitud y reciprocidad.

Al transcurrir cincuenta años desde la primera vez que se aplicó el Plan DN-III-E, dichas siglas han adquirido simbolismo especial para los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, se han convertido en un emblema que conjunta las virtudes militares de lealtad, patriotismo, abnegación y valor; aquellos que son designados para portar el brazalete amarillo que distingue a esta misión, perciben su nombramiento como una oportunidad que se les confiere para convertirse en héroes de su nación.

El Ejército mexicano ha coadyuvado a crear esta cultura de protección civil de manera preponderante, al brindar, en un primer término y de manera inmediata, la atención a un sin número de eventos que han impactado en el territorio nacional de manera significativa, originando en la población nacional, un sentimiento de seguridad y tranquilidad, al tener en mente que el Plan DN-III-E estará siempre en alerta y preparado para atender al país ante cualquier eventualidad.

El pueblo de México y los integrantes del Ejército mexicano, debemos conocer y sentirnos orgullosos del plan que por excelencia, es y será una actividad de agradecimiento y beneplácito al ver la actuación y presencia del soldado mexicano vistiendo el brazalete amarillo, tomando en cuenta por igual, a la comunidad internacional que, en el momento que sea requerido el Ejército mexicano brindará el apoyo dentro de las actividades de ayuda humanitaria con el mismo empeño y profesionalismo que en el territorio nacional.

En la actualidad, el Plan DN-III-E es el instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales a los organismos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, para realizar actividades de apoyo a las poblaciones afectadas por cualquier fenómeno de origen natural o antropogénico que propicie un desastre, incluso, para algunos analistas, el Plan DN-III-E se ha convertido en icono del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, como lo menciona el doctor en estudios latinoamericanos, Raúl Benítez Manaut.

En este sentido, se propone la emisión de una moneda conmemorativa de curso legal, que represente un justo reconocimiento al Plan DN-III-E del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA EMISIÓN DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DN-III-E.

ARTÍCULO ÚNICO.

Se aprueba la emisión de una moneda conmemorativa del “L” Aniversario de la Aplicación del Plan DN-III-E, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las siguientes características:

I. Valor nominal: Veinte pesos.

II. Forma: Circular.

III. Diámetro: 32.0 mm (treinta y dos milímetros).

IV. Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda.

Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

a) Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco milésimos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos) en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda.

Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:

a) Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre, 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa milésimos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos) en más o en menos.

3. Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, que corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco milésimos), y la tolerancia en peso por pieza 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos.

V. Los cuños serán:

Anverso: El Escudo Nacional, con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, formando el semicírculo superior.

Reverso: El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el Artículo segundo transitorio del presente decreto, apruebe el Banco de México, a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dicho motivo deberá relacionarse con los “L” Aniversario de la Aplicación del Plan DN-III-E (1966-2016) y el valor de su participación institucional en la vida normal.

VI. Canto: Estriado discontinuo.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de la Defensa Nacional enviará al Banco de México la propuesta del diseño del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda a que se refiere el presente decreto, la cual deberá incluir la leyenda “1966-2016”, en caso de que la Secretaría no presente una propuesta del motivo indicado en este Artículo dentro del plazo establecido, corresponderá al Banco de México realizar el diseño de que se trate, el cual se contendrá en el reverso de la moneda.

Tercero. La moneda a que se refiere el presente decreto podrá empezar a acuñarse a los 90 días naturales posteriores a la fecha límite de entrega del diseño señalado en el párrafo del Artículo segundo transitorio.

Cuarto. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran para que el motivo que proponga la Secretaría de la Defensa Nacional, en los términos de este decreto, pueda ser utilizado en el reverso de la moneda conmemorativa. En todo caso, los ajustes técnicos que se realicen en los términos de este Artículo deberán ser acordes con las características esenciales del motivo propuesto.

Quinto. Corresponderá al Banco de México cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual derivado de la acuñación de las monedas.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, el 29 de junio de 2016.

Dip. Virgilio Daniel Méndez Bazán.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DISTINTAS DISPOSICIONES DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO

(Presentada por la Diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del grupo parlamentario del PAN)

La suscrita, Diputada a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General; y 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1; así como 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta elevada Representación Popular, una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR DISTINTAS DISPOSICIONES DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO, conforme se detalla en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. De ninguna manera la presente Iniciativa constituye un tema novedoso para esta Cámara. De tiempo atrás, esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se ha ocupado de la prestación del servicio ferroviario. En primer lugar, el 26 de enero del año 2015, se publicó el Decreto de reformas a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; la reforma se ocupó, entre otros temas, de crear la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; establecer un Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, a fin de apoyar el financiamiento de la construcción, mantenimiento y operación de la señalización, los sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal, cuando el tránsito se realice al interior de zonas urbanas o centros de población; la conformación en cada Entidad federativa que así lo requiera, de un Comité de Seguridad en Cruces Viales Ferroviarios; etc.

II. En esa virtud, desde el año próximo pasado, esta Cámara ha estado pidiendo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que instrumente las acciones necesarias a fin de agilizar la creación de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la posterior emisión de las reglas de operación del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios. Lo anterior, entre otras cosas, con el objeto de que cada Entidad Federativa que así lo requiriera contara con un Comité de Seguridad en cruces viales ferroviarios.

Esta no es, en lo absoluto, una pretensión ociosa. Entre otras previsiones de carácter transitorio en el respectivo Decreto, se previó que la Agencia debería ser creada en un plazo no mayor a 180 días naturales; que las erogaciones que se generaran con motivo de la entrada en vigor del Decreto, se realizarían con cargo al presupuesto aprobado para tal fin a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; que los recursos humanos, financieros y materiales con los que actualmente contara la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal pasarían a formar parte de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario; que el Ejecutivo Federal contaba con un plazo de 180 días naturales para emitir las modificaciones correspondientes al Reglamento del Servicio Ferroviario; etc.

Lo que propició que esta Cámara, de nueva cuenta, urgiera al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a acelerar la operación de esta serie de reformas;1 después de todo, en términos generales, el proceso debió haber concluido, por mandato de la propia ley, desde el mes de julio de 2015.

III. La Ley que nos ocupa establece, con toda claridad, un marco normativo que sirve de referente para la Iniciativa que hoy se presenta:

1. El objetivo de la Ley, por ejemplo, a grandes trazos se perfila en su artículo 1º; al señalar que la Ley tiene como finalidad regular la construcción, operación, explotación, conservación, mantenimiento y garantía de interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación, así como procurar las condiciones de competencia en el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y los servicios auxiliares;

2. La seguridad es otro tema que constituye un eje rector de este cuerpo normativo; así por ejemplo, el artículo 30 prevé que toda obra que se requiera para la prestación del servicio ferroviario dentro de los límites de un centro de población, deberá cumplir con lo dispuesto en la legislación, programas y zonificación en materia de desarrollo urbano y protección ambiental; por otro lado, el 31 Bis determina que el Gobierno Federal constituirá un Fondo (el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios), que tendrá como objetivo apoyar el financiamiento de la construcción, mantenimiento y operación de la señalización, los sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal, cuando el tránsito se realice al interior de zonas urbanas o centros de población; y a su vez, el artículo 33 contempla que la Secretaría en coordinación con la autoridad municipal correspondiente, podrá requerir que los predios colindantes a las vías férreas, se cerquen o delimiten, según se requiera, respecto del derecho de vía, por razones de seguridad;

3. Otro eje que sirve de referente de la Ley es la consulta a los interesados en ciertos casos; en este sentido, el artículo 6 Bis, fracción XV, contempla la posibilidad de que la Agencia pueda organizar foros y paneles internacionales en materia del servicio ferroviario; el artículo 24 señala que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, previa consulta a los concesionarios, permisionarios y usuarios, deberá determinar y publicar, para efectos estadísticos, los indicadores referentes a los servicios, eficiencia operativa, administrativa y de atención que deberán prestar a los usuarios, considerando los criterios o principios que sean reconocidos internacionalmente para tal efecto; e igualmente, el artículo 31 Quáter contempla que una vez identificados los cruzamientos donde se aplicarán los recursos del Fondo, se conformará en cada entidad federativa un Comité de Seguridad en Cruces Viales Ferroviarios; el cual deberá integrarse, en los casos en donde las obras necesarias se realicen en comunidades indígenas o agrarias, con un representante de dichas comunidades;

4. Igualmente, otro eje rector es la desconcentración de recursos y facultades que se evidencian no solo con la desaparición de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, sino con la creación del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios; así como de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario; que el Ejecutivo Federal. En este sentido, el artículo 31 Bis no deja lugar a dudas pues contempla que el Gobierno federal constituirá el Fondo con el objeto de apoyar el financiamiento de la construcción, mantenimiento y operación de la señalización, los sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal, cuando el tránsito se realice al interior de zonas urbanas o centros de población; e incluso, el artículo 31 Ter prevé que los recursos del Fondo serán administrados y ejercidos, a través de un fideicomiso público;

5. Otra de las características de la reforma a la Ley es la participación de los distintos sectores y órdenes de autoridad en temas que, en principio, son competencia de la Federación; de este modo, el artículo 30, segundo párrafo, determina que la Secretaría, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso, promoverá con los estados, municipios, concesionarios o particulares la conservación, reconstrucción y ampliación de tramos federales, y la construcción de libramientos que eviten el paso por las poblaciones; y el artículo 31 Ter señala que el patrimonio del Fondo se integrará con aportaciones de la federación, de las entidades federativas y sus municipios, entre otras previsiones; en tanto que el artículo 31 Quáter prevé, como ya vimos, que los comités de Seguridad en Cruces Viales Ferroviarios, deberán integrarse, entre otros, con un representante “del o de los municipios o demarcaciones en donde se localicen los cruzamientos”.

A su vez, la participación ciudadana se alienta, en el artículo 31 Quáter, el cual determina que a los comités de Seguridad en Cruces Viales Ferroviarios, también concurrirán en los casos en las obras se realicen en comunidades indígenas o agrarias, con “un representante de dichas comunidades”; y

6. Asimismo, otro que podríamos llamar un “principio rector” de la Ley, es condicionar la realización de obras o la prestación de los servicios, a un interés colectivo; por ejemplo, el tercer párrafo de su artículo 24 señala que los servicios ferroviarios se prestarán a todos los usuarios solicitantes de manera permanente, uniforme y en condiciones equitativas en cuanto a oportunidad, calidad y precio; que la Agencia, previa consulta a los concesionarios, permisionarios y usuarios, deberá determinar y publicar, para efectos estadísticos, los indicadores referentes a los servicios, eficiencia operativa, administrativa y de atención que deberán prestar a los usuarios, considerando los criterios o principios que sean reconocidos internacionalmente para tal efecto; que la propia Agencia tendrá la facultad de monitorear y evaluar los indicadores establecidos y, en su caso, “emitirá recomendaciones particulares para la implementación de acciones a efecto de mantener los estándares del servicio ferroviario”. Incluso en su último párrafo contempla que: “Los servicios ferroviarios podrán interrumpirse total o parcialmente, previa autorización por parte de la Secretaría”.

IV. Antes de continuar, resulta preciso hacer una consideración previa: Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, se declaró la reforma y adición de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. El régimen de los artículos transitorios determinó, entre otras cosas que dicho Decreto entraría en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y en el segundo transitorio, que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del mismo sería “equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio”; tomando en cuenta lo anterior, es que buena parte de la reforma sustituye la expresión “salarios mínimos” por la de “unidades de medida”; a fin de ser consecuentes con esta reforma; esa y no otra es la razón de la reforma que se propone al segundo párrafo del artículo 52 en vigor; y la contenidas en las fracciones de la I a la IX, del 59.

V. Así las cosas, a partir de esos ejes contenidos en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la insuficiencia de algunas de las previsiones contenidas en ella vinculadas directamente con algunas de dichas premisas y la falta de celeridad e inclusive, del franco incumplimiento, por parte de la autoridad encargada de su ejecución, es que se presenta la actual Iniciativa a efecto de reformar o adicionar sus artículos 6 Bis, 30, 31, 31 Ter, 31 Quáter y 59, básicamente sobre dos ejes: La participación ciudadana y la seguridad; ello, conforme a lo siguiente:

1. En materia de participación ciudadana se contempla la reforma del artículo 6 Bis, fracción XV, a efecto de que la Agencia pueda organizar foros y paneles nacionales e internacionales en materia del servicio ferroviario; y no sólo internacionales; pues es evidente que restringir esa posibilidad a ese ámbito exclusivamente en nada beneficia al desarrollo del sector; además de que injustificadamente limita la presencia y participación de los sectores público, privado y social mexicanos.

Por otro lado, se propone modificar el segundo párrafo del artículo 31 para contemplar los cruzamientos de las vías férreas por otras vías o por otras obras podrán llevarse a cabo cuando las condiciones de seguridad, económicas y sociales así lo permitan, “previa consulta, en su caso, a los residentes del centro de población de que se trate”.

Y esa es, precisamente, de proponer la adición de una fracción V al artículo 31 Ter a efecto de que sea el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios el encargado de “llevar a cabo las consultas a que se refiere el artículo 31 de esta ley”.

Por último, la modificación del artículo 31 Quáter es con el propósito de que a la conformación del Comité de Seguridad en Cruces Viales Ferroviarios concurra un representante de la sociedad civil; recuérdese en este sentido, como ya vimos,  que ya se prevé que cuando las obras se realicen en comunidades indígenas o agrarias, se considera ya la presencia de un representante de dichas comunidades; por lo que la propuesta no repugna al sentido general de la Ley; muy por el contrario, la enriquece.

2. Respecto de la seguridad, se propone la modificación de las fracciones X y XI del artículo 59, así como la adición de un párrafo a la primera de las citadas; lo anterior, a efecto de endurecer la política relacionada con la violación a las disposiciones aplicables sobre el particular. De este modo, en primer lugar, es que tratándose del incumplimiento de los lineamientos en materia de emisiones de ruido y otros contaminantes atribuibles al tránsito ferroviario que se realice al interior de zonas urbanas o centros de población, se contempla una multa que vaya de los tres mil a los cinco mil unidades de Medida y Actualización; por estimar que los límites actuales (de mil quinientos a dos mil salarios mínimos) son demasiado bajos; y se agrega lo siguiente: “Con las mismas  sanciones a que se refiere el párrafo anterior, las violaciones a cualquier disposición relativa a la construcción, conservación, reconstrucción o ampliación de un tramo federal que pase por un centro de población”; lo anterior, a efecto de que cualquier omisión sobre el particular también sea castigada. La misma razón inspira la reforma de la fracción XI, endurecer la sanción e incrementar la multa; de ahí que se prevea que cualquier otra infracción a lo previsto en la Ley será sancionada con multa de cien a diez mil unidades de Medida y Actualización.

VI. Por lo anteriormente expuesto y con los fundamentos jurídicos expresados en el proemio de este documento, me permito someter a la consideración de esta elevada Representación Social, la siguiente iniciativa, al tenor del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman la fracción XV, del artículo 6 Bis; el segundo párrafo, del 30; el segundo párrafo, del 31; las fracciones III y IV, del 31 Ter; el primer párrafo, del 31 Quáter; el segundo párrafo, del 52; y las once fracciones del 59, así como su último párrafo; y se adicionan, con un tercer párrafo, el 30; con una fracción V, el 31 Ter; y con un segundo párrafo, la fracción X del 59; todos de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 6 Bis. Corresponde a la Agencia el ejercicio de las atribuciones siguientes:

[…]

XV. Participar y organizar foros y paneles nacionales e internacionales en materia del servicio ferroviario;

[…]

Artículo 31. […]

Los cruzamientos de las vías férreas por otras vías o por otras obras podrán llevarse a cabo por medio de pasos elevados, pasos a desnivel, o a nivel, previa autorización por parte de la Secretaría, en el entendido que, los cruzamientos a nivel en zonas urbanas solamente serán autorizados cuando las condiciones de seguridad, económicas y sociales así lo permitan, previa consulta, en su caso, a los residentes del centro de población de que se trate.

[…]

Artículo 31 Ter. […]

III. Contratar, con cargo a los recursos del Fondo y conforme a las disposiciones federales aplicables, las obras y servicios necesarios para la instalación, mejora, mantenimiento, operación y/o sustitución de infraestructura de señalización en los cruzamientos;

IV. Proponer a la Secretaría la adopción de normativa y estándares de señalización y seguridad en la operación de los cruzamientos ferroviarios, tomando en cuenta los estándares utilizados a nivel internacional, y

V. Llevar a cabo las consultas a que se refiere el artículo 31 de esta ley.

[…]

Artículo 31 Quáter. Una vez identificados los cruzamientos donde se aplicarán los recursos del Fondo, se conformará en cada entidad federativa un Comité de Seguridad en Cruces Viales Ferroviarios, a fin de dar seguimiento a la operación de dichos cruzamientos. Dicho Comité estará integrado por un representante de la Agencia, quien lo presidirá; un representante de la entidad federativa correspondiente; un representante del o de los municipios o demarcaciones en donde se localicen los cruzamientos; un representante de la sociedad civil y, en los casos en donde las obras se realicen en comunidades indígenas o agrarias, un representante de dichas comunidades, así como un representante de la empresa concesionaria de la vía férrea susceptible a aplicar los recursos.

Artículo 52. […]

Cuando el usuario del servicio no declare el valor de la mercancía, la responsabilidad quedará limitada a la cantidad equivalente a 15 unidades de Medida y Actualización, o la parte proporcional que corresponda tratándose de embarque de menor peso.

Artículo 59. Las infracciones a lo dispuesto en la presente ley, serán sancionadas por la Agencia de acuerdo con lo siguiente:

I. Prestar servicio público de transporte ferroviario sin la concesión respectiva, con multa de diez mil a veinticinco mil unidades de Medida y Actualización;

II. Prestar servicio público de transporte ferroviario con equipo cuyas condiciones no cumplan con los reglamentos correspondientes y demás disposiciones aplicables, con multa de mil a veinte mil unidades de Medida y Actualización;

III. No mantener las vías férreas en buen estado operativo, con multa de mil a veinte mil unidades de Medida y Actualización;

IV. Aplicar tarifas de flete y de servicios diversos superiores a los registrados ante la Agenciao si éstas no se aplican en igualdad de condiciones a los usuarios para servicios comparables, con multa de mil a veinte mil unidades de Medida y Actualización;

V. Tripular en estado de ebriedad o bajo los efectos de enervantes, con multa de doscientos a mil unidades de Medida y Actualización y suspensión de la licencia por un año; por la segunda infracción, cancelación de la licencia.

En el supuesto anterior, al concesionario del servicio de transporte se le impondrá una multa de quinientos a dos mil unidades de Medida y Actualización;

VI. Rebasar los máximos de velocidad establecidos o no respetar las señales, con multa al o los responsables de unidades de Medida y Actualización; suspensión de la licencia por seis meses por la segunda infracción, y cancelación de la misma por la tercera infracción.

En el supuesto anterior, al concesionario del servicio de transporte se le impondrá una multa de quinientos a dos mil unidades de Medida y Actualización;

VII. Conducir vehículos de transporte ferroviario sin la licencia que exige la ley, con multa de doscientos a mil unidades de Medida y Actualización.

En el supuesto anterior, al concesionario del servicio de transporte se le impondrá una multa de quinientos a dos mil unidades de Medida y Actualización;

VIII. Destruir, inutilizar, desactivar, remover o cambiar una señal establecida para la seguridad de las vías férreas o del equipo ferroviario, con multa de cien a tres mil unidades de Medida y Actualización;

IX. Ejecutar obras que invadan o perjudiquen una vía general de comunicación ferroviaria, con multa de cien a tres mil unidades de Medida y Actualización, además de que será aplicable lo señalado en el artículo siguiente;

X. Incumplir con los lineamientos en materia de emisiones de ruido y otros contaminantes atribuibles al tránsito ferroviario que se realice al interior de zonas urbanas o centros de población, con multa de tres mil a cinco mil unidades de Medida y Actualización.

Con las mismas sanciones a que se refiere el párrafo anterior, las violaciones a cualquier disposición relativa a la construcción, conservación, reconstrucción o ampliación de un tramo federal que pase por un centro de población, y

XI. Cualquier otra infracción a lo previsto en esta Ley, con multa de cien a diez mil unidades de Medida y Actualización.

[…]

Para los efectos del presente capítulo, se entiende por Unidad de Medida y Actualización la que se fije de acuerdo a la Ley.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, el 29 de junio de 2016.

Dip. Martha Cristina Jiménez Márquez.

1 Nota de la redacción con el título: “Urgen a cumplir con reforma ferroviaria”, publicada el 12 de febrero de 2016, por el periódico El Universal.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 118, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 189 Y SE MODIFICA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 190 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN; SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 390 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 303 BIS AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE EXTORSIÓN TELEFÓNICA

(Presentada por el Diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del grupo parlamentario del PRI)

El que suscribe, Diputado TOMÁS ROBERTO MONTOYA DÍAZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo que establecen los artículos 71 fracción II, 72, 73 fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 122, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de Los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y; los artículos 6, numeral 1, fracción I y 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 118, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 189 Y SE MODIFICA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 190, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN; SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 390 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 303 BIS AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES en materia de prevención del delito de extorsión telefónica, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La extorsión telefónica es un delito que ha ido en aumento en nuestro país, de 2010 a 2013 se duplicaron el número de denuncias de 2 mil 764 a 4 mil 100.

La angustia, el dolor y la afectación a la armonía en las familias son consecuencias de este fenómeno que ha venido en aumento en los últimos años y que día con día provoca severos daños a quienes son afectados de esta manera.

Los tipos de extorsión telefónica más comunes son aquellos que confunden  a su víctima haciéndole creer que se trata de una venta de boletos para rifa, la supuesta detención o secuestro de familiares, hacerse pasar por integrantes de grupos delictivos o por familiares que viven en el extranjero.

Pese a los esfuerzos en materia de prevención y persecución del delito las estadísticas nos demuestran que este fenómeno está lejos de ser controlado. Durante 2103, la Policía Federal atendió 239 llamadas cada 24 horas en las que se denunciaron extorsiones en todo el país, de las cuales el 59% de las llamadas se efectuaron en el Estado de México y Distrito Federal, seguidos de Jalisco, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Michoacán e Hidalgo con el 25%.

La facilidad con la que puede adquirirse una línea de celular en modalidad de prepago, propicia que estos delitos se lleven a cabo desde un implacable anonimato que no permite identificar a los responsables de estos delitos, que muchas veces se encuentran localizados a grandes distancias de la víctima, incluso en entidades distintas de la república.

Hoy en día es común observar como en tiendas de conveniencia, locales comerciales, kioskos e incluso en comercios informales o ambulantes, se ofrecen tarjetas sim y teléfonos celulares de prepago, con los cuales se pueden realizar llamadas destinadas a la comisión del delito sin que para su adquisición se pida algún dato del comprador.

Cabe señalar, que para la elaboración de esta iniciativa, nos dimos a la tarea de corroborar la facilidad con la que cualquier persona puede hacerse de una línea de celular prepagada, adquiriendo tarjetas SIM de diversas compañías de telefonía celular las cuales se puede usar al momento de su compra sin que para su compra o activación se pida algún dato personal del cliente.

Es necesario establecer una política de control sobre la oferta de líneas telefónicas que permita identificar a quienes cometen esta clase de delitos, aprovechando la obligación que la fracción II del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión impone a los concesionarios de redes públicas para conservar un registro de las comunicaciones así como los datos de geolocalización de quien realiza una llamada.

El objetivo de la presente iniciativa, es condicionar la venta y/o activación de tarjetas sim, teléfonos celulares de prepago o cualquier otro dispositivo vinculado a un usuario de línea telefónica a la presentación de una identificación oficial que permita recabar los datos necesarios para constituir el registro mencionado.

Por lo anterior expuesto es que me permito proponer la presente iniciativa, que busca inhibir el delito de la extorsión telefónica a través de la obtención de datos personales de cada usuario que adquiera una línea celular en la modalidad de prepago, complementando la legislación en la materia que obliga a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones a conservar un registro de datos de sus usuarios que permita la identificación y localización del origen de una comunicación que pueda constituir un delito.

Así mismo, se detalla que serán la Fiscalía General de la República y las Procuradurías Locales correspondientes quienes puedan solicitar dichos registros a los concesionarios para la investigación de delitos de extorsión, secuestro, amenazas y otros delitos graves relacionados con la delincuencia organizada.

De igual forma, se reconoce en la legislación penal federal a la modalidad de extorsión telefónica como una agravante de este delito, endureciendo la pena asignada a éste tipo penal.

Por lo anterior someto a su consideración el siguiente:

Decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 118, recorriéndose las subsecuentes, se reforma el primer párrafo del artículo 189 y se modifica la fracción II del artículo 190, todos de la Ley federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así mismo se adiciona un párrafo tercero al artículo 390 del Código Penal Federal en materia de prevención del delito de extorsión telefónica:

Primero. Se adiciona una fracción VII al artículo 118, recorriéndose las subsecuentes de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Artículo 118. Los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones deberán:

I a VI.

VII. Solicitar por sí mismo o a través de sus distribuidores, al momento de la venta y activación de una línea telefónica asociada a una tarjeta sim o cualquier otro dispositivo, identificación oficial con fotografía y comprobante de domicilio que sirva para recabar los datos necesarios para la conformación del registro establecido en el artículo 190 de esta ley, así como datos del establecimiento mercantil o distribuidor, fecha, hora y lugar de la venta y forma de pago.

VIII. a X. 

Segundo. Se modifica el primer párrafo del artículo 189 de la Ley federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Artículo 189. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la Fiscalía General de la República o Procuradores Generales de Justicia de las Entidades Federativas, cuando realicen funciones de investigación de los delitos de extorsión, amenazas, secuestro, en cualquiera de sus modalidades o de algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada, en sus respectivas competencias en los términos que establezcan las leyes.

Los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia designarán a los servidores públicos encargados de gestionar los requerimientos que se realicen a los concesionarios y recibir la información correspondiente, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 390 del Código Penal Federal.

Artículo 390.- Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa.

Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o por servidor público o ex-servidor público, o por miembro o ex-miembro de alguna corporación policial, o de las Fuerzas Armadas Mexicanas o por personal del sistema penitenciario. En este caso, se impondrá además al servidor o ex-servidor público y al miembro o ex-miembro de alguna corporación policía lo personal del sistema penitenciario, la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión público, y si se tratare de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o comisión públicos.

Asimismo, las penas se incrementarán en una mitad cuando se utilice como medio comisivo la vía telefónica, o cualquier otro medio de comunicación electrónica.

Cuarto. Se adiciona un artículo 303 bis al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 303 Bis. Bloqueo de Líneas de Comunicación Móvil.

Cuando exista denuncia o querella, y bajo su más estricta responsabilidad, el Procurador, o el servidor público en quien se delegue la facultad, solicitará a los concesionarios o permisionarios o comercializadoras del servicio de telecomunicaciones o comunicación vía satélite, la suspensión inmediata del servicio de telefonía de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentren relacionados con los hechos que se investigan en términos de lo establecido por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y las disposiciones aplicables.

Asimismo se les podrá requerir la conservación inmediata de datos contenidos en redes, sistemas o equipos de informática, hasta por un tiempo máximo de noventa días en los casos de delitos relacionados o cometidos con medios informáticos.

Transitorio. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, el 29 de junio de 2016.

Dip. Tomás Roberto Montoya Díaz.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

(Presentada por el Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, JOSÉ HERNÁN CORTÉS BERUMEN, Diputado Federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II y 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; numeral Décimo Segundo del Acuerdo Parlamentario que establece los criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del Orden del Día y los debates que se realicen en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión durante el Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura, y 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 29 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación1, la reforma constitucional que transforma el otrora Distrito Federal en la Ciudad de México, lo cual implica que la Ciudad de México continuará siendo Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, pero con cambios fundamentales en su naturaleza.

La Ciudad de México es ahora una entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y su organización política administrativa, habiendo la posibilidad de darse su propia constitución política, con una forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico, que tendrá mayor autonomía con los Poderes federales, por ejemplo, en relación a la designación y remoción de sus funcionarios.

El Artículo Décimo Cuarto Transitorio señala que a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto, las referencias constitucionales y de cualquier otro ordenamiento jurídico al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.

Esta reforma implica cambios de fondo, que se aparejan de un cambio de forma. Es decir, tiene un trasfondo jurídico, político y social de relevancia, pero como elemento esencial, requiere el cambio de denominación, de Distrito Federal a Ciudad de México.

Ante las múltiples referencias que se tiene de este concepto en nuestro sistema jurídico, consideramos adecuado, generar un mecanismo legislativo de actualización de todas y cada una de las leyes que tiene referencias al Distrito Federal, para sustituirlo por Ciudad de México.

No se trata de una mera reforma estética, sino de adecuar el lenguaje jurídico, el cual es un elemento esencial en la seguridad jurídica que la ley debe proveer en cualquier estado de derecho. El principio de certeza jurídica en nuestro sistema, tiene una ratio fundamental para el estado de derecho, pues busca que el gobernado tenga plena certeza de los actos de autoridad y de las reglas con que debe conducirse en relación a los demás. Es pues, un principio que fragua, delimita, o perfecciona a otros de su misma especie o rango constitucional, pero que por su categoría, goza de supremacía, pues ninguno de ellos podría gozar de autonomía si finalmente su origen no se supedita al Estado de derecho.

El lenguaje es el vehículo natural para la manifestación del derecho; la realidad de la experiencia de la palabra, es un hecho sine qua non de la existencia jurídica. Diversos autores han puesto de manifiesto este carácter lingüístico y dialogante del derecho, haciéndolo incluso depender del lenguaje; de manera que las prescripciones -escribe von Wright- presuponen el uso del lenguaje en la formulación de las normas, y en coincidencia con Kalinowski, es evidente que todo término jurídico es o se manifiesta a través de una expresión lingüística.2

Si bien la propia reforma se ha encargado de garantizar que el cambio de denominación no genere perjuicio alguno a los gobernados, el realizar el cambio legislativo material, cierra el ciclo de dichas reformas, elimina todo resquicio de posibles malinterpretaciones derivadas de éstas, ya sea de buena o mala fe, y contribuye al cambio cultural que implican.

Es pues la intención de esta propuesta, agilizar la homologación de nuestro marco jurídico vigente a la terminología derivada de la reciente reforma, sustituyendo en cada cuerpo normativo federal los términos superados, por los de reciente acuño.

Es importante señalar que algunas referencias deberán permanecer, pues el cambio de su denominación depende de otras instancias, y en tanto estas no se generen, deben conservarse en sus términos. Por ejemplo, el Código Civil del Distrito Federal, deberá mantenerse con su denominación en tanto el Poder Legislativo local no resuelva su trámite legislativo. Igualmente, en el caso de las menciones de los salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, estos deberán permanecer en tanto se expide la legislación derivada de la reforma publicada el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se crea la Unidad de Medida y Actualización a efecto de desvincular al salario mínimo del pago de diversas obligaciones.

En términos generales los turnos de la Mesa Directiva a las propuestas de reforma de la Ley General de Cultura Física y Deporte se han dado a la Comisión de Deporte.

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.

ARTICULO ÚNICO. Se reforman los artículos 1; 2 fracción II; 6; 7; 11 fracción II; 15; 16 fracción II; 30 fracciones III y VIII; 32 primer párrafo; 33; 34 primer párrafo y fracción V; 35 primer párrafo y fracciones II y IV; 36 párrafos primero y segundo; 37; 38; 39; 40; 41 primer párrafo y fracciones I y XI; 42; 48 segundo párrafo; 51 fracciones III a V; 88 párrafos segundo y tercero; 89 primer párrafo; 93; 95; 98 Bis segundo párrafo; 101; 105 primer párrafo; 111 fracción V; 119 segundo párrafo; 123; 137 primer párrafo; 139 sexto párrafo, 140 fracción IV, y 142 segundo párrafo de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en toda la República, reglamenta el derecho a la cultura física y el deporte reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiendo su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, las Autoridades Estatales, de la Ciudad de México y las Municipales, así como los sectores social y privado, en los términos que se prevén.

Artículo 2. Esta Ley y su Reglamento tienen por objeto establecer las bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la participación de los sectores social y privado en esta materia, con las siguientes finalidades generales:

I. …

II. Elevar, por medio de la activación física, la cultura física y el deporte, el nivel de vida social y cultural de los habitantes en los Estados, la Ciudad de México y los Municipios;

III. a XII. …

Artículo 6. La Federación, los Estados, la Ciudad de México, y los Municipios, fomentarán la activación física, la cultura física y el deporte en el ámbito de su competencia, de conformidad con las bases de coordinación previstas en esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 7. La Federación, los Estados, la Ciudad de México, y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el adecuado ejercicio del derecho de todos los mexicanos y las mexicanas a la cultura física y a la práctica del deporte.

Artículo 11.

I. …

II. Los Órganos Estatales, de la Ciudad de México, y Municipales de Cultura Física y Deporte;

III. a VII. …

Artículo 15. La actuación de la Administración Pública Federal en el ámbito de la cultura física y del deporte, corresponde y será ejercida directamente, por un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, que será el conductor de la política nacional en estas materias y que se denominará, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, quien contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y domicilio en la Ciudad de México.

Artículo 16.

I. …

II. Las aportaciones que en su caso, le realicen los Gobiernos Estatales, de la Ciudad de México y de los Municipios, así como las Entidades Paraestatales;

III. a VI. …

Artículo 30. …

I. a II. …

III. Celebrar acuerdos, convenios, contratos y bases con las autoridades de los Estados, la Ciudad de México, y los Municipios a fin de promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas tendientes a la promoción, fomento, estímulo, incentivo y desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones;

IV. a VII. …

VIII. Coordinar acciones con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, los Estados, la Ciudad de México, los Municipios y el sector social y privado en lo relativo a investigación en ciencias y técnicas en materia de cultura física y deporte;

IX. a XXX. …

Artículo 32. Cada Entidad Federativa, la Ciudad de México y los Municipios podrán contar, de conformidad con sus ordenamientos, con un órgano que en coordinación y colaboración con la CONADE promueva, estimule y fomente el desarrollo de la cultura física y el deporte, estableciendo para ello, sistemas de cultura física y deporte en sus respectivos ámbitos de competencia.

Artículo 33. Los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, promoverán, y fomentarán el desarrollo de la activación física, la cultura física y del deporte con los habitantes de su territorio, conforme al ámbito de su competencia y jurisdicción.

Artículo 34. Corresponde a los Estados y a la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y lo que establezcan las Leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:

I. a IV. …

V. Integrar el Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte, o en su caso, el Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México, para promover y fomentar el desarrollo de la cultura física y deporte;

VI. a VIII. …

Artículo 35. Los Municipios y las delegaciones, en el caso de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las Leyes locales en la materia, tendrán las siguientes atribuciones:

I. …

II. Diseñar y aplicar los instrumentos y programas Estatales, de la Ciudad de México y Municipales en cultura física y deporte, acorde con los programas nacional, estatales y regionales;

III. …

IV. Coordinarse con la CONADE, los Estados, la Ciudad de México y con otros Municipios para la promoción, fomento y desarrollo de la cultura física y deporte;

V. a VII. …

Artículo 36. En el ejercicio de sus atribuciones, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, observarán las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y los demás ordenamientos aplicables en la materia, nacional e internacionales.

Los Congresos de los Estados, con apego a sus respectivas Constituciones y la Legislatura de la Ciudad de México, expedirán los ordenamientos legales que sean necesarios para regular las materias de su competencia previstas en esta Ley, contemplando lo relacionado a estímulos fiscales y deducciones de impuestos.

Artículo 37. Los Sistemas Estatales, de la Ciudad de México y Municipales otorgarán los registros a las Asociaciones y Sociedades que los integren, verificando que cumplan con los requisitos establecidos por el SINADE y en coordinación con el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte El registro a que se refiere el párrafo anterior, será requisito indispensable para su integración al respectivo Sistema.

Artículo 38. Los Órganos Estatales, de la Ciudad de México y Municipales de Cultura Física y Deporte se regirán por sus propios ordenamientos, sin contravenir lo dispuesto por la presente Ley, su Reglamento y las demás disposiciones que de ella deriven, cumpliendo en todo momento con cada una de las obligaciones que como integrantes del SINADE les corresponde.

Artículo 39. Los Sistemas Estatales, de la Ciudad de México y Municipales coordinarán sus actividades para aplicar las políticas, planes y programas que en materia de activación física, cultura física y deporte se adopten por el SINADE.

Los Órganos Estatales, de la Ciudad de México y Municipales de Cultura Física y Deporte publicarán su presupuesto, programas determinados y sistemas de evaluación, en el periódico oficial que corresponda.

Artículo 40. La Administración Pública Federal a través de la CONADE, ejercerá las competencias que le son atribuidas por esta Ley, para ello, se coordinará con los Estados, la Ciudad de México y los Municipios y, en su caso, concertará acciones con el sector social y privado que puedan afectar directa y manifiestamente los intereses generales de la cultura física y el deporte en el ámbito nacional.

Artículo 41. Las autoridades competentes de la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, se coordinarán entre sí o con instituciones del sector social y privado para:

I. Establecer en sus respectivos ámbitos de competencia los Sistemas Estatales, de la Ciudad de México y Municipales de cultura física y deporte;

II. a X. …

XI. Las leyes de Seguridad Pública de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México deberán establecer lo conducente para la más eficaz prestación del servicio de seguridad pública entre una entidad y sus municipios o la Ciudad de México en los órganos políticos administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales, para garantizar el desarrollo pacífico de los eventos deportivos, que se realicen en la jurisdicción estatal, municipal o en el caso de la Ciudad de México, Delegacional, atendiendo a lo previsto en este artículo.

Artículo 42. La coordinación a que se refiere el artículo anterior, se realizará conforme a las facultades concurrentes en los tres ámbitos de gobierno, a través de convenios de coordinación, colaboración y concertación que celebren las autoridades competentes de la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios entre sí o con instituciones del sector social y privado, de conformidad con los procedimientos y requisitos que estén determinados en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 48. …

Las personas físicas o morales que se encuentren en el supuesto previsto en el párrafo anterior, deberán cumplir con las disposiciones de esta Ley que le sean aplicables y de todos aquellos ordenamientos que en materia de cultura física y deporte dicten las autoridades Federal, Estatales, de la Ciudad de México y Municipales.

Artículo 51.…

I. a II. …

III. Colaborar con la Administración Pública de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México y de los Municipios en la formación de técnicos deportivos y en la prevención, control y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte;

IV. Colaborar con la Administración Pública de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México y de los Municipios en el control, disminución y prevención de la obesidad y las enfermedades que provoca;

V. Colaborar con la Administración Pública de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México y de los Municipios en la prevención de la violencia en el deporte y eventos o espectáculos públicos o privados en materia de activación física, cultura física o deporte;

VI. a VIII. …

Artículo 88. …

La Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, se coordinarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, involucrando la participación de los sectores social y privado, para realizar las acciones generales siguientes:

I. a VII. …

Los Juegos Tradicionales y Autóctonos y la Charrería serán considerados como parte del patrimonio cultural deportivo del país y la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias deberán preservarlos, apoyarlos, promoverlos, fomentarlos y estimularlos, celebrando convenios de coordinación y colaboración entre ellos y con las Asociaciones Deportivas Nacionales y Asociaciones Deportivas Estatales, de la Ciudad de México Municipales correspondientes.

Artículo 89. La CONADE en coordinación con la SEP, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios planificará y promocionará el uso óptimo de las instalaciones deportivas de carácter público, para promover y fomentar entre la población en general la práctica de actividades físicas y deportivas.

Artículo 93. La CONADE coordinará con la SEP, los Estados, la Ciudad de México, los Municipios y los sectores social y privado el adecuado mantenimiento, conservación y uso óptimo de las instalaciones de cultura física y deporte y emitirá para ello los lineamientos correspondientes.

Artículo 95. En los términos de los convenios de coordinación y colaboración respectivos, los Gobiernos Estatal, de la Ciudad de México y Municipales inscribirán sus instalaciones destinadas a la activación física, la cultura física y deporte al RENADE, previa solicitud de los responsables o administradores de cualquier instalación de cultura física o deporte, con la finalidad de contar con la información actualizada que permita la planeación nacional.

Artículo 98 Bis.

Las autoridades municipales, o las correspondientes de la Ciudad de México, serán competentes para verificar el cumplimiento de la presente disposición.

Artículo 101. La CONADE participará en la elaboración de programas de capacitación en actividades de activación física, cultura física y deporte con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Gobiernos de las Entidades Federativas, de la Ciudad de México, y Municipales, organismos públicos, sociales y privados, nacionales e internacionales para el establecimiento de escuelas y centros de educación y capacitación para la formación de profesionales y técnicos en ramas de la cultura física y el deporte. En los citados programas, se deberá contemplar la capacitación respecto a la atención de las personas con algún tipo de discapacidad.

Artículo 105. Los deportistas integrantes del SINADE tendrán derecho a recibir atención médica. Para tal efecto, las Autoridades Federales, Estatales, de la Ciudad de México y Municipales promoverán los mecanismos de concertación con las instituciones públicas o privadas que integren el sector salud.

Artículo 111. …

I. a IV. …

V. Cooperar con los Órganos Estatales de Cultura Física y Deporte y, en su caso, con los Municipales, de la Ciudad de México y con el sector social y privado, en el desarrollo de los planes de la actividad deportiva escolar y universitaria, así como en los de construcción, mejora y sostenimiento de instalaciones deportivas para el desarrollo del deporte de alto rendimiento;

VI. a X. …

Artículo 119.

La Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, con la participación de los sectores social y privado velarán por la aplicación de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte y los demás ordenamientos que resulten aplicables.

Artículo 123. La CONADE, conjuntamente con las Autoridades Federales, Estatales, de la Ciudad de México y Municipales, del sector salud y los integrantes del SINADE, promoverá e impulsará las medidas de prevención y control del uso de sustancias y de la práctica de los métodos referidos en el artículo 118de la presente Ley. Asimismo, realizará informes y estudios sobre las causas y efectos del uso de dichas sustancias.

Artículo 137. Las disposiciones previstas en este Capítulo, serán aplicables a todos los eventos deportivos, sin perjuicio de dar cumplimiento a otros ordenamientos, que en la materia dicten la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios.

Artículo 139.…

Para la ejecución de los acuerdos, políticas y acciones que determine la Comisión Especial, en cada Estado de la República Mexicana y en la Ciudad de México funcionará una Comisión Local, encabezada por el titular del órgano estatal o de la Ciudad de México en materia de cultura física y deporte. Su funcionamiento, integración y organización se establecerán en el Reglamento de la presente Ley Será obligación de las Comisiones Nacional y Estatales, la elaboración de un Programa Anual de Trabajo para la Prevención de la Violencia en Eventos Deportivos.

Artículo 140.

I. a III. …

IV. Coadyuvar con las dependencias administrativas involucradas en la realización de eventos deportivos, procuradurías, áreas de seguridad pública y protección civil de la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios;

V. a XI. …

Artículo 142.…

I. …

II. …

Con estricto respeto a las disposiciones y procedimientos previstos en las leyes u ordenamientos en materia de responsabilidades administrativas, civiles y penales aplicables de carácter federal, estatal, de la Ciudad de México y municipal, los asistentes o espectadores que cometan actos que generen violencia u otras acciones sancionables al interior o en las inmediaciones de los espacios destinados a la realización de la cultura física, el deporte y en las que se celebren eventos deportivos en cualquiera de sus modalidades, serán sujetos a la aplicación de la sanción correspondiente conforme a los ordenamientos referidos por la autoridad competente.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, el 29 de junio de 2016.

Dip. José Hernán Cortés Berumen.

1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016 Consultado el 27 de abril de 2016.

2 Platas Pacheco María del Carmen, “Elementos para una aproximación hermenéutica del lenguaje jurídico.” Revista Razonamiento Judicial, número 7, septiembre de 2007.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

(Presentada por el Diputado Matías Nazario Morales, del grupo parlamentario del PRI)

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, el que suscribe, Diputado Matías Nazario Morales, integrante del grupo parlamentario del PRI de la LXIII Legislatura, someto a consideración de esta H. Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto de reforma con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los derechos de la no discriminación e igualdad, son principios de cualquier sistema democrático y base fundamental del sistema de la Organización de Estados Americanos, muestra de ello es que en el incisoa) del artículo 45 de la Carta de la OEA establece ...

Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o condición social, tienen derecho al bienestar material y a su desarrollo espiritual, en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica;"1.

De igual forma en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en su primer artículo hace referencia al derecho a la no discriminación al establecer “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella [...], sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, .....”; así como Igualdad ante la Ley reconocida por el artículo 24 de llama misma, el cual expresa “...tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”2

Así como estos instrumentos internacionales la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo II3, los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos4, contemplan los derechos a la no discriminación y la igualdad.
La Ley Fundamental mexicana, también los contempla al establecer  que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, [...] o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”5 Con referencia al derecho de igualdad no lo establece en general como la legislación internacional, en este caso el artículo 4 en su primer párrafo establece la igualdad de género; por otra parte el artículo 2 en su apartado B hace referencia la igualdad de oportunidades a los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria.

La Dra. Solanda Goyes Quelal, en su obra La igualdad real como principio normativo y la paridad como derecho: el caso de Ecuador, habla de la historia de la conceptualización de la igualdad, cuenta  que inicialmente la igualdad no no estaba contemplada en ningún ordenamiento jurídico, e imperaba la “ley” del más fuerte, por lo que no importaban las diferencias y tampoco de discriminación; posteriormente se presentó una etapa de desigualdad jurídica, a causa de la discriminación por razones de género, raza, color, etcétera; más tarde el principio de igualdad formal fue acogido en casi todas las Constituciones del mundo; mas al asegurar el derecho de igualdad es ignoraron las diferencias, generando así desventajas y discriminación para quienes no se encajan en el modelo de “ser humano sujeto de derechos”.

El principio de igualdad real consiste en el reconocimiento de ambas,  la igualdad y las diferencias, les  otorga valor jurídico y las reconoce, tutelando los derechos de aquellos diferentes y exigiendo que estos sean respetados y tratados como iguales.

La igualdad real se mide cuando se cumple el objetivo, es decir, cuando la población ha logrado hacer efectivos sus derechos; a diferencia de la igualdad formal, en la que sí bien todos tenemos derecho a la igualdad, cada quien los ejerce derechos por sí mismo, con una mínima intervención del Estado. La igualdad real, por otra parte si  implica la intervención del Estado para garantizar el ejercicio de los derechos de todos, proporcionándoles los impulsos necesarios para que los que están en situación de desventaja, producto de la diferencia, los logren hacer efectivos y por lo tanto accedan en igualdad a la meta.

La legislación mexicana contempla la igualdad real, muestra de ello es que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, incluye dentro de las definiciones del artículo primero a la Igualdad real de oportunidades, presentando el siguiente concepto “Es el acceso que tienen las personas o grupos de personas al igual disfrute de derechos, por la vía de las normas y los hechos, para el disfrute de sus derechos6”;el cual de acuerdo lo que hemos analizado previamente resulta bastante ambiguo.

Es por todo lo anteriormente expuesto, que me permito someter a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma el artículo 1° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, quedando de la siguiente manera:

Artículo 1.- […]

Para los efectos de esta ley se entenderá por:

[…]

VI. Igualdad real: Es el acceso que tienen las personas al disfrute equitativo de derechos. Estado a lograr mediante el impulso de aquellos que están en desventaja para un adecuado ejercicio, goce y disfrute de sus derechos.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ReferenciasBibliográficas:
CPEUM. Ver - Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2016. México:Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
LFPED. Ver - Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación. 2014. México:Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
OEA. Ver_ Organización de Estados Americanos, Carta de la OEA, CIDH,
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/cartaOEA.asp (consulta en junio de 2016).
- Organización de Estados Americanos, Convencion Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto De San José), Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm (consulta en junio de 2016).
- Organización de Estados Americanos,  Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, CIDH,  http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp(consulta en junio de 2016).
ONU. Ver -Organización de las Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, Departamento de Información pública de la ONU,  http://www.un.org/es/documents/udhr/( consulta en junio de 2016).

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, el 29 de junio de 2016.

Dip. Matías Nazario Morales.

1 Organización de Estados Americanos, Carta de la OEA, CIDH,
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/cartaOEA.asp (consulta en junio de 2016).

2 Organización de Estados Americanos, Convencion Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto De San José), Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos. htm (consulta en junio de 2016).

3 Artículo II.  Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.

4 Artículo 1 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2 Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (México:Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2014), artículo 1, párrafo quinto.

6 Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación (México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2014), artículo 1, fracción VI.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 Y 14 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

(Presentada por el Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del PRI)

El que suscribe, JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 6, numeral 1, fracción I; 77; 78; 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2° Y 14° DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ANTECEDENTES

Una de las prioridades del Gobierno Federal consiste en fomentar el desarrollo y crecimiento económico en el país, a través de un marco jurídico incluyente, promovido en cada una de las reformas estructurales.

En este sentido, el pasado 2 de diciembre de 2012 se firmó el Pacto por México. En dicho documento se previó una serie de acuerdos básicos para concretar reformas de tipo estructural que buscan por un lado fortalecer nuestra democracia y, por otro, impulsar la competitividad y el crecimiento de distintos sectores productivos, situación que en suma contribuirá a detonar el crecimiento económico nacional.

Derivado de lo anterior, el 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones y competencia económica.

La reforma tuvo entre sus principales objetivos, el permitir el acceso de la población a las tecnologías de la información y la comunicación, incluida la banda ancha, así como establecer condiciones de competencia y libre concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Para que de esta forma, un mayor número de usuarios pudiera acceder a dichos servicios en mejores términos de calidad y precio.

Así mismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-1018, establece como prioridad  dentro de las cinco metas nacionales el desarrollo económico y social a fin de fomentar una mayor inclusión y prosperidad dentro del país.

En este tenor, el 29 de septiembre de 2015, el Presidente de la República, presentó a la Cámara de Diputados la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, cuyo objetivo es impulsar el crecimiento económico sostenible, sustentable y equilibrado de las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población.

Por otra parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 134, dispone que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, entre otros, la Federación, los Estados y Municipios, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. De igual forma dicho artículo hace mención que cuando las licitaciones no sean idóneas para asegurar condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. Y cuya reglamentación del mismo, se encuentra en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El crecimiento económico es fundamental para impulsar y lograr un mejor y mayor desarrollo dentro de un país. Este desarrollo, se manifestará en un incremento en el bienestar de las familias. De igual forma, el crecimiento económico es una condición necesaria para reducir y combatir la pobreza en un país, pero este debe ir acompañado de cambios institucionales y legales que permitan establecer un marco legal que beneficie en este sentido.

La competencia en el sector de telecomunicaciones es indispensable para incrementar el número de mexicanos que puedan contar con servicios básicos de comunicación, como lo es la telefonía fija, y otros más avanzados de tecnologías de la información como el internet y la banda ancha.

Considerando que el sector de Telecomunicaciones es fundamental para el desarrollo económico, ya que representa un instrumento promotor de la sociedad de la información y el conocimiento a través de las tecnologías de la información (TIC), es necesario hacer reformas legislativas en este ámbito.

En México, las empresas e individuos deben tener pleno acceso a insumos estratégicos, tales como financiamiento, energía y las telecomunicaciones. Cuando existen problemas de acceso a estos insumos, se limita el desarrollo ya que se incrementan los costos de operación y se reduce la inversión en proyectos productivos.

Algunas cifras que  nos muestran el panorama en materia de telecomunicaciones en México, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2015, que aplica el  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se tiene lo siguiente:

El 44.9 % de los hogares mexicanos a nivel nacional declararon contar con al menos   una computadora en condiciones de uso, y solo el 39.2 % tiene disponibilidad de  Internet.

Los resultados muestran que los televisores son los bienes más recurrentes en los hogares ya que el 93.5 % cuenta con uno de ellos. De los cuales el 46.8 % de los hogares se encuentran habilitados con el servicio de televisión de paga y sólo el  33 % con televisión análoga (es decir, que no cuentan con un televisor digital ni con servicio de televisión de paga).

Por lo que se refiere a la telefonía celular, la ENDUTIH 2015 encontró que a nivel nacional, el 71.5 % es usuaria del mismo.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El propósito de la presente iniciativa, es la construcción de un marco jurídico que impulse el desarrollo nacional en materia de servicios de telecomunicaciones, a fin de garantizar el derecho a las comunicaciones y la información, y coadyuvar en el combate a la pobreza, generando mayor infraestructura y nuevos empleos que tengan un impacto positivo en el bienestar de los mexicanos.

Es así que, la reforma al artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, busca contribuir al desarrollo tecnológico en las zonas con mayores índices de marginación del país, otorgando incentivos a las empresas que participen en licitaciones que se lleven a cabo conforme a la evaluación de puntos y porcentajes, en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs).

En este sentido, la propuesta de reforma cumple con lo estipulado en el artículo 18, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece que las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se pretendan realizar deberán ajustarse a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, pues al premiar con puntos a las empresas que faciliten la implementación de servicios en materia de telecomunicaciones en las zonas marginadas del país, se estará actuando en favor de un México más próspero e incluyente, como lo estipula el vigente Plan Nacional de Desarrollo.

Finalmente, las empresas susceptibles al otorgamiento de puntos, serán las que se encuentren dentro de las zonas económicas especiales y áreas de influencia previstas en la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.

Por lo anteriormente expuesto, se ponen a consideración del pleno de ésta H. Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII  AL ARTÍCULO 2° DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 14° DE LA MISMA LEY:

Único. Se reforma los artículos 2° y 14° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I a XII...

XIII. Zonas económicas especiales: área geográfica del territorio nacional, determinada en forma unitaria o por secciones, sujeta al régimen especial previsto en Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.

Artículo 14. …

En el caso de licitación pública para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que utilicen la evaluación de puntos y porcentajes, se otorgarán puntos en los términos de esta Ley, a personas con discapacidad o a la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, se otorgarán puntos a las micros, pequeñas o medianas empresas que produzcan bienes con innovación tecnológica, conforme a la constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual no podrá tener una vigencia mayor a cinco años. De igual manera, se otorgarán puntos a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto, así como a las empresas que faciliten la penetración de los servicios de telecomunicaciones en las zonas económicas especiales y áreas de influencia del país.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Queda derogada cualquier disposición contrario a lo establecido por el presente decreto.

Comisión Permanente, el 29 de junio de 2016.

Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 28 Y 29 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

(Presentada por los Diputados Rafael Yerena Zambrano, Andrés Aguirre Romero, Francisco Javier Santillán Oceguera y José Luis Orozco Sánchez Aldana, del grupo parlamentario del PRI)

Los suscritos, RAFAEL YERENA ZAMBRANO, ANDRÉS AGUIRRE ROMERO, FRANCISCO JAVIER SANTILLÁN OCEGUERA y JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ Aldana, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., fracción I, del numeral 1, 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, con fundamento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 7 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental cuyo contenido sustantivo es el de regular la responsabilidad ambiental por daños ocasionados al ambiente, para respetar el derecho constitucional a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de los individuos, tutelado en el artículo 4º de nuestra Carta Magna.

Esta ley, señala que se consideran de utilidad pública la reparación del daño ocasionado al ambiente y la compensación ambiental, señalando un procedimiento de responsabilidad ambiental que es de orden público e interés social. Esta norma, ha sentado las bases para aplicar las sanciones que correspondan a quienes dañen y causen perjuicios al entorno ambiental.

Asimismo este cuerpo normativo ha establecido el derecho que tienen las organizaciones de la sociedad civil protectores del medio ambiente, a participar e interponer acciones judiciales para investigar daños causados al ambiente en general, ya que se les reconoce su interés legítimo.

En este sentido la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, prescribe un proceso tendente a la protección del medio ambiente, con la finalidad de garantizar el acceso a los Tribunales Federales para conseguir un verdadero resarcimiento de los daños en beneficio del bien jurídico tutelado que es el medio ambiente.

No obstante, consideramos que los requisitos establecidos en el artículo 28 de esta ley para las personas morales son restrictivos, en la medida de que condicionan el derecho de acceso a la justicia y a un medio ambiente sano. Esto ha sido calificado como violatorio de garantías  por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  en el amparo en revisión 501/2014.

De este modo, el órgano del máximo tribunal recurriendo a la exégesis de la norma, resaltó que en la exposición de motivos de la ley se aduce a la necesidad de crear un sistema de responsabilidades ambiental, no sólo por el reclamo de reparación de daños ocasionados al entorno, sino fundamentalmente por la demanda social de participación directa en la tutela del ambiente, por lo que la norma busca el acceso efectivo y sin intermediación a los tribunales del Poder Judicial, así como la participación activa de éste en la resolución de los conflictos ambientales.

Así pues, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que resultaron inconstitucionales las normas que desalienten e inhiban la promoción y condicionen injustificadamente el acceso a un derecho fundamental, en virtud de que el artículo 28, fracción II y el segundo párrafo de dicho numeral imponen restricciones para las organizaciones pro-ambientales para demandar el resarcimiento y compensación de daños causados al medio ambiente.

Esta restricción consistente en que las organizaciones deben haber sido constituidas tres años anteriores a la presentación de la demanda, lo cual limita el acceso a la justicia a las organizaciones, toda vez que por analogía de razón ya estaban facultadas para actuar por el Código Federal de Procedimientos Civiles, en el sentido de que se establecen los mecanismos de reparación por daños ambientales en las denominadas acciones colectivas, en virtud de este cuerpo normativo solo señala el requisito contar con un año de haberse constituido.

Con base al estudio de los agravios planteados, la Primera Sala concluyó que sí existe la inconstitucionalidad que se realiza a partir de analizar lo dispuesto en el artículo 28, primer párrafo, fracción II, y segundo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental con lo previsto en los artículos 4 y 17 de la Constitución; así como el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en virtud de que restringe la posibilidad de los ciudadanos de ejercer de forma plena un derecho de acción en protección del medio ambiente, pues con la imposición de los referidos requisitos no se promueve el derecho y no aseguran los mecanismos que garanticen su cumplimiento y goce.

De lo anterior se observa que en el proceso de creación de esta Ley, se estableció un requisito para la procedencia de las acciones incoadas por las organizaciones civiles sin que justificara el trato diferenciado, respecto de la legitimación de las asociaciones civiles, en acciones que tendrán un objeto similar, como lo es la protección al medio ambiente en las acciones colectivas.

Resulta oportuno transcribir la consideración hecha por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que expuso “que dicho derecho también debe destacarse que su interpretación debe concebirse actuando y funcionando de modo complementario, en una relación de sinergia, con equilibrio y armonía, pues el orden jurídico es uno solo con la pretensión de ser armónico; de ahí la existencia de los principios de interpretación y aplicación sistemática, que se orientan a conseguir la unidad, coherencia, plenitud, eficacia y coexistencia inter-sistémica de los varios bienes jurídicos tutelados, reconociendo la interpretación de los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, previstos en el artículo 1o. de la Constitución Federal.”

De acuerdo con el artículo 1o. Constitucional, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia para la protección de los derechos humanos.

De igual forma este precepto constitucional, impone a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, las obligaciones de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos; de ahí que las normas constitucionales busquen que las autoridades, por regla general, permitan el goce y disfrute de los derechos y de manera excepcional puedan imponer alguna restricción.

Atendiendo a todo lo anterior y coincidiendo con lo planteado por la Primera Sala del Máximo Tribunal acerca de que el legislador al implementar mecanismos de defensa de derechos humanos, como lo es el medio ambiente, tiene la obligación de ser congruente y no imponer obstáculos para su ejercicio, con la finalidad de no generar incertidumbre jurídica, venimos a presentar la iniciativa de modificar el artículo 28, fracción primera y segundo párrafo a fin de dotar de coherencia y armonía por medio de la sistematización entre los requisitos que prescribe el Código Federal de Procedimientos Civiles para las acciones colectivas en materia de protección al ambiente, en virtud de que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental impone obstáculos mayores.

La resolución que sirve de apoyo para la presentación de esta iniciativa se resume en la siguiente tesis aislada:

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. EL LEGISLADOR, AL NO JUSTIFICAR EL TRATO DIFERENCIADO ENTRE LA ACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 28, PÁRRAFOS PRIMERO, FRACCIÓN II, Y SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, Y LA COLECTIVA EN LA MATERIA A QUE SE REFIERE EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, MODULÓ INJUSTIFICADAMENTE EL NÚCLEO ESENCIAL DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite al legislador regular los plazos y términos en los que debe garantizarse el derecho fundamental de acceso a la justicia; sin embargo, ello no implica que pueda establecer libremente requisitos que inhiban el ejercicio del derecho o alterar su núcleo esencial. Ahora bien, respecto al ejercicio de la acción en materia ambiental, el legislador estableció, por una parte, las acciones colectivas en el Código Federal de Procedimientos Civiles como mecanismo para asegurar el acceso a la tutela judicial para defender derechos colectivos o difusos, como lo es el medio ambiente y, por otra, la acción prevista en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, conforme a la cual es factible demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y la compensación de los daños ocasionados al ambiente y el pago de la sanción económica. Sin embargo, por lo que toca a esta última, el artículo 28, párrafos primero, fracción II, y segundo, de la ley citada, establece que las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, deben actuar en representación de algún habitante de las comunidades adyacentes al daño ocasionado al ambiente y acreditar que fueron legalmente constituidas por lo menos tres años antes de la presentación de la demanda; en cambio, en las acciones colectivas previstas en el código aludido, no se imponen dichos requisitos. De ahí que, atento a la razonabilidad que debe tener la actividad legislativa al modular los plazos y términos para un adecuado acceso a la justicia, se concluye que el legislador, al no justificar el trato diferenciado previsto en dos acciones que protegen bienes jurídicos similares, moduló injustificadamente el núcleo esencial del derecho fundamental de acceso a la justicia.

Amparo en revisión 501/2014. Greenpeace México, A.C. y otra. 11 de marzo de 2015. Mayoría de tres votos de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y José Ramón Cossío Díaz, quienes reservaron su derecho para formular voto particular. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Ricardo Antonio Silva Díaz.

Ahora bien, con lo que respecta al artículo 29 de la Ley multicitada, se establece un término para interponer la demanda de responsabilidad ambiental, el cual es de 12 años contados a partir del día en que se produzca el daño al ambiente y sus efectos. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió que a partir del estudio hipotético que se realizó de los conceptos de violación planteados en el mismo amparo en revisión, la presunción de que la norma podría resultar inconstitucional, si se llegara a interpretar de alguna forma distinta a la interpretación conforme, ya que la redacción actual del artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, plantea un imperativo anfibológico, toda vez que por un lado indica que el inicio del cómputo debe darse a partir del momento en que se causen los daños al ambiente y por otro lado señala también sus efectos.

Ante esta situación y con el fin de evitar interpretaciones restrictivas, se pretende hacer viable la acción en casos de daños de carácter continuado, al considerar que dicha prescripción debe contabilizarse, no solo a partir del momento que se conozcan los hechos dañosos, sino también cuando se conozcan sus efectos.

Los daños ocasionados al ambiente, en muchas ocasiones, no son consecuencia de una sola acción, sino que son producto de todo un proceso extendido en el tiempo y en el espacio, sin respetar límites o fronteras políticas ni geográficas. Estas peculiaridades distintivas tienen especial importancia en el tema prescriptivo, ya que los efectos de la contaminación suelen exteriorizarse muy lentamente, terminando por favorecer a quien o quienes cometen un daño ambiental, ello debido a que paso del tiempo les permitiría insolventarse, ausentarse, o bien desaparecer física o jurídicamente. 

Ante esta posibilidad, consideramos que la Ley debe establecer claramente el supuesto correcto sobre el momento en que debe iniciar el cómputo de la prescripción, en el sentido de que al existir daños de carácter continuado, situación que lleva a concluir que el plazo para iniciar el cómputo de la prescripción debe iniciar no sólo a partir de que se causen, sino a partir de que se conozcan los efectos.

Consideramos que es importante precisar el supuesto normativo con toda claridad ya que como lo indica el ambientalista costarricense Mario Peña Chacón la prescripción debe ser reinterpretada a la luz de los principios propios del derecho ambiental con el fin de evitar a toda costa que la incertidumbre inherente a la cuestión ambiental y el transcurso del tiempo, se conviertan en aliados del contaminador, haciéndolo inmune de recomponer el ambiente degrado e indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.

Por todo lo anterior, se somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se reforma la fracción II y el segundo párrafo del artículo 28; se adiciona un párrafo al artículo 29 ambos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental para quedar como sigue:

Artículo 28.- Se reconoce derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, el pago de la Sanción Económica, así como las prestaciones a las que se refiere el presente Título a:

I …

II. Las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la protección al ambiente en general, o de alguno de sus elementos;

III …

IV …

Las personas morales referidas en la fracción II de este artículo, deberán acreditar que fueron legalmente constituidas por lo menos un año antes de la presentación de la demanda por daño ocasionado al ambiente. Asimismo deberán cumplir por los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Los legitimados…

Artículo 29.- La acción a la que hace referencia el presente título prescribe en doce años, contados a partir del día en que se produzcan los daños al ambiente.

El mismo término se aplicará a partir de que se tenga conocimiento de los efectos del daño al ambiente.

Salvo en los casos previstos en los artículos 23 y 28 de la presente Ley, ninguna de las partes será condenada al pago de gastos y costas judiciales.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 29 de junio de 2016.

Dip. Rafael Yerena Zambrano.- Dip. Andrés Aguirre Romero.- Dip. Francisco Javier Santillán Oceguera.- Dip. José Luis Orozco Sánchez Aldana.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 27 DE ABRIL COMO DÍA NACIONAL DE LA PREVENCIÓN DE QUEMADURAS EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por los Diputados Sylvana Beltrones Sánchez, Luis Agustín Rodríguez Torres, Jesús Salvador Valencia Guzmán, Lía Limón García, Ariadna Montiel Reyes, Refugio Trinidad Garzón Canchola, Angélica Reyes Ávila y Norma Edith Martínez Guzmán, integrantes del Grupo de Trabajo para dar seguimiento a las investigaciones y recomendaciones relacionadas con el caso de la Guardería “ABC” de Hermosillo, Sonora)

Los que suscriben, Diputados Sylvana Beltrones Sánchez, LUIS AGUSTÍN   RODRÍGUEZ TORRES, JESÚS SALVADOR VALENCIA GUZMÁN, LÍA LIMÓN GARCÍA, ARIADNA MONTIEL REYES, REFUGIO TRINIDAD GARZÓN CANCHOLA, ANGÉLICA REYES ÁVILA y NORMA EDITH MARTÍNEZ GUZMÁN, integrantes de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I; 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL 27 DE ABRIL DE CADA AÑO COMO DÍA NACIONAL DE LA PREVENCIÓN DE QUEMADURAS EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Derivado de las gestiones encomendadas a los diputados integrantes del Grupo de Trabajo para dar seguimiento a las investigaciones y recomendaciones relacionadas con el caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, creado mediante Acuerdo de la Junta de Coordinación Política y aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2015, en particular las relativas a “Dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones en materia de protección civil y debido cuidado, a fin de evitar que, tanto en las guarderías subrogadas del IMSS, como en las dependientes de SEDESOL y en las particulares, se repitan hechos tan lamentables como los ocurridos en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora”, se ha podido constatar la urgencia de fortalecer el trabajo institucional a fin de que se reduzca la tasa de mortalidad por lesiones por quemaduras; se mejore la calidad de vida de los pacientes al contar con servicios altamente especializados en diagnóstico, tratamiento, rehabilitación física, psicológica y social; se tengan unidades especializadas, que atiendan a menores con lesiones por quemaduras, y que a su vez cumplan con los lineamientos internacionales; y que toda emergencia que padezcan los menores tenga una respuesta oportuna y de calidad, por parte de las autoridades, evitando todo tipo de negligencia, que ponga en peligro su vida.

De igual manera se ha verificado la urgencia de generar una cultura de prevención y protección civil que alerte a la población en general y en especial en los hogares e instituciones que albergan menores, de los riesgos existentes que pueden implicar siniestros como el acaecido en la Guardería ABC y en general de otro tipo de quemaduras en niños, niñas y adolescentes, que como se ha visto tiene un impacto profundo en la vida de estos menores y sus familias.

En efecto, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, cada año, más de 35,000 niñas y niños mexicanos sufren de lesiones por quemaduras afectando primordialmente a menores de 5 años1. De tal forma que dichos accidentes, son la segunda causa general de muerte en niñas, y niños menores de 14 años, representando el 12% de todos los fallecimientos en menores de edad.2

La incidencia tan grande representa un problema de salud pública importante que para los niños que los sobreviven implica secuelas graves en términos de calidad de vida, costos sociales y económicos, así como sus familias.

De igual forma es patente la necesidad de mejorar la atención de estos infantes, proporcionando unidades médicas especializadas para atender a menores de edad con lesiones por quemaduras cercanas a las localidades que aseguren una atención pronta y en la medida de lo posible evite el desplazamiento a los grandes centros urbanos, con la consecuente pérdida de tiempo que en estos casos es vital, ya que sólo 11 Estados de la República y la ciudad de México cuentan con unidades especializados que brindan atención a pacientes con lesiones por quemadura.3

La falta de cobertura tiene efectos claros. De acuerdo al reporte denominado “Tendencia de mortalidad por quemaduras en México, 1979-2009”, las tasas de mortalidad por quemaduras (estandarizadas) en el 2005-2009,4 fueron más altas en los estados de   Baja California, Chihuahua, Baja California Sur, Sonora y Durango todos ubicados en la región noroeste del país, debido precisamente a la falta de la cobertura en los servicios.

Otro aspecto importante son los altos costos que tienen los tratamientos. Se estima que en hospitales especializados en el extranjero (como el Shriners en Galveston, Estados Unidos), el monto aproximado que se requiere para la atención de paciente con quemaduras con más del 50% de su cuerpo, oscila entre 500 mil y 1 millón de dólares, es decir, 15 mil dólares diarios, tratamiento que incluye investigación, y con un tiempo de estancia en estos hospitales que varía de 10 días hasta meses, generándose una recuperación paulatina.

Por lo anterior es necesario fortalecer los programas de prevención y de apoyo a los menores que presenten quemaduras de primer, segundo y tercer grado, y de aquellos con secuelas, que los lleve a tener alguna discapacidad física o psicológica.

En efecto, el problema de niños quemados en nuestro país implica un esfuerzo de todos tanto en términos de prevención como en tratamiento. La cultura de protección civil en ese sentido es una obligación que sociedad y gobierno deben procurar con la más alta de las responsabilidades.

Al respecto la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el Informe Mundial sobre la Prevención de las lesiones en los niños, proponen que la prevención de las lesiones en los niños, sea una prioridad para los responsables de la salud pública y del desarrollo en el mundo.5 En el caso de los accidentes o lesiones por fuego o llamas, los países de ingresos bajos concentran una tasa de mortalidad 11 veces mayor que en los países de ingresos altos.

En este tenor, las quemaduras son la causa más frecuentes de atención medica en las salas de urgencias en el país, en donde el 18% de los lesionados hospitalizados no sobrevive, a diferencia del 5.4% reportado en otros países6; de esta manera los tratamientos de urgencias, son factores determinantes en términos de mortalidad, al no recibir atención médica primaria, necesaria para conservar la vida.

De igual forma el informe que en el 2009 emitió la Secretaria de Salud en materia de accidentes por quemaduras, demuestra que existió un incremento en la incidencia de quemaduras pasando de 109 mil 479 registradas en 2007 a 114 mil 385 en 2008.7

En los últimos seis años, se han registrado un promedio anual de 115 mil personas con quemaduras, de ellos 13 mil requieren de hospitalización, y seis mil presentan lesiones severas. Del total mencionado el 60 por ciento (69 mil) se presenta en menores de 15 años; concentrando una tasa nacional promedio de 107.26 quemaduras por cada 100 mil habitantes.8

Las quemaduras son lesiones que tradicionalmente han sido definidas como daños físicos o traumatismos causados por la transferencia aguda de energía (mecánica, térmica, eléctrica, química, radiación) que genera, de forma local, zonas de hiperemia, estasis, necroptosis (necrosis, apoptosis, autofagia asociada con muerte celular), así como una respuesta inflamatoria sistémica que busca detener y reparar dicho daño.

En años recientes dicha definición ha sido ampliada integrando el daño psicológico y el daño económico que acompañan tanto de forma aguda como crónica a los pacientes, a sus familiares y a la sociedad.

Las quemaduras ya no deben ser consideradas como “accidentes” ya que no son sucesos debidos al azar sino más bien siniestros producidos por la exposición repetitiva a actividades de riesgo. 9

A escala mundial las actividades de riesgo que generan entre 80 y 95% de los traumatismos, intoxicaciones y quemaduras son:10

• La falta de cultura preventiva (teórica-práctica) en toda la población.

• La pobreza.

• La falta de la normatividad que regule, prohíba, supervise y sancione la realización de actividades de riesgo.

• El mal control de la violencia social.

Como podemos apreciar resulta fundamental entender este fenómeno en la dimensión de riesgo para establecer una política pública eficaz en la materia. En ese sentido es clave iniciar con esta cultura de prevención desde el hogar, donde de acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA), los accidentes en el hogar son la principal causa de muerte infantil, representando el 40% del total de muertes en niñas y niños de 1 a 14 años de edad.11 Por lo que, la primera etapa de vida implica generar mayores cuidados y protección de los padres, tutores o responsables del menor, debido a que es un rango de edad en el que se observa mayor tendencia de mortalidad.

En ese espíritu y atendiendo al derecho a la protección de la salud establecido en el artículo 4º Constitucional, los diputados que suscribimos esta iniciativa, consideramos oportuno  fijar el 27 de abril de cada año como día nacional para la prevención de quemaduras en niños, niñas y adolescentes, que permita establecer acciones y campañas de difusión por parte de las instituciones, en específico de las que integran el Sistema Nacional de Salud y el Sistema Educativo Nacional. La fecha se elige siendo que el mes de abril se destina en nuestro país a diversas actividades a favor de la niñez y que dada su cercanía con el 30 de abril, se pueden fortalecer los contenidos de prevención en las actividades que se realicen para esta conmemoración.

A la luz de lo expuesto, sometemos al pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

QUE DECLARA AL 27 DE ABRIL DE CADA AÑO COMO “DÍA NACIONAL DE LA PREVENCIÓN DE QUEMADURAS EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”.

ARTÍCULO PRIMERO.- El Honorable Congreso de la Unión declara al 27 de abril de cada año como Día Nacional de la Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los entes del Sistema Nacional de Salud y las instituciones del Sistema Educativo Nacional en el ámbito de sus respectivas competencias y programas institucionales, en conjunto con el sector privado y social, realizaran en este día actividades y labores de difusión con enfoque de prevención del riesgo de quemaduras en niñas, niños y adolescentes.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 29 de junio de 2016.

Dip. Sylvana Beltrones Sánchez.- Dip. Luis Agustín Rodríguez Torres.- Dip. Jesús Salvador Valencia Guzmán.- Dip. Lía Limón García.- Dip. Ariadna Montiel Reyes.- Dip. Refugio Trinidad Garzón Canchola.- Dip. Angélica Reyes Ávila.- Dip. Norma Edith Martínez Guzmán.

1 Diagnóstico general sobre la causalidad de los accidentes en México. México Previene, pág. 10. https://mexprev.s3.amazonaws.com/uploads/publication/file/2/mexico_previene.pdf visto al 18 de mayo de 2016.

2 Quemaduras infantiles, costos y retos en salud pública; Forbes México, junio 2013, http://www.forbes.com.mx/los-ninos-quemados-en-mexico-un-problema-desat endido/ visto al 18 de mayo de 2016.

3 Según el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados Unidades para quemados a nivel nacional contamos con un total de 18 unidades equipadas para la atención de pacientes por quemadura: cinco en el Distrito Federal, una en: Toluca, estado de México; Morelia, Michoacán; Guadalajara, Jalisco; Villahermosa, Tabasco; Tlaxcala, Tlaxcala; Chihuahua, Chihuahua; Ciudad Victoria, Tamaulipas; Monterrey, Nuevo León; Hermosillo, Sonora; Xalapa, Veracruz, y tres en el puerto de Veracruz, Veracruz, cfr. http://www.inr.gob.mx/ceniaq03.html visto al 18 de mayo de 2016.

4 Gaceta Médica de México, 2012. Tendencia de mortalidad por quemaduras en México, 1979-2009 pág. 35 http://www.anmm.org.mx/GMM/2012/n4/GMM_148_2012_4_349-357.pdf visto al 18 de mayo de 2016.

5 Informe Mundial sobre la Prevención de las lesiones en los niños, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, UNICEF, 2012. Pág. V

6 Gaceta Médica de México, 2012. Tendencia de mortalidad por quemaduras en México, 1979-2009 pág. 350 http://www.anmm.org.mx/GMM/2012/n4/GMM_148_2012_4_349-357.pdf visto al 18 de mayo de 2016.

7 Ibidem

8 Subsecretaría de Prevención y promoción de Salud, http://www.spps.gob.mx/avisos/939-primera-medida-contra-quemaduras-prev enirla.html visto al 18 de mayo de 2016.

9 Cfr. Moctezuma-Paz, Paez-Franco, Jimenez González, et. al., “Epidemiología de las quemaduras en México”, en Revista de Especialides Médicas Quirúgicas, 2015, 20, pag.79, visto en http://www.medigraphic.com/pdfs/quirurgicas/rmq-2015/rmq151m.pdf al 18 de mayo de 2016.

10 Ibidem.

11 Prevención de accidentes en el Hogar, http://www.spps.gob.mx/avisos/1873-accidentes-hogar.html visto al 18 de mayo de 2016.





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De legisladores integrantes del grupo parlamentario del PAN y del Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a intervenir de manera urgente en el proceso de transición que se está llevando a cabo en el gobierno del estado de Veracruz para impedir las últimas acciones que está llevando a cabo el gobernador en funciones, Javier Duarte de Ochoa. Se turna a la Primera Comisión.







 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las instancias competentes del gobierno federal y del gobierno del estado de Sonora a agilizar las investigaciones en contra del ex gobernador de ese estado, Guillermo Padrés Elías y ex funcionarios de su administración, por presuntos desvíos de recursos y enriquecimiento ilícito. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio público, son esenciales para garantizar certeza jurídica entre la población y credibilidad en las instituciones del Estado. Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de que la ausencia de dichos elementos, deben ser investigadas de manera responsable, objetiva, profesional e integral.

En el caso de la pasada administración del gobierno del estado de Sonora (13 de septiembre de 2009-12 de septiembre de 2015), que tuvo como titular del ejecutivo estatal a Guillermo Padrés Elías, una constante fueron las múltiples imputaciones formuladas en contra del exgobernador de extracción panista.

Si bien es cierto, que los hechos con los que está vinculado el ex-gobernador del estado de Sonora Guillermo Padrés Elías son de diversa índole, también lo es que todos tienen en común la comisión, por acción y omisión, de conductas contrarias al marco normativo estatal y federal, así como la presunta violación de derechos humanos de la población sonorense.

Basta mencionar que, desde el comienzo hasta el final de la pasada administración, varios servidores públicos de Sonora fueron señalados como responsables de conductas antijurídicas, las que van desde el probable cobro de dádivas e inadecuado ejercicio de recursos públicos, hasta concesiones fiscales a personas cercanas al exgobernador Guillermo Padrés, el cambio de flujo de ríos y múltiples violaciones a la Ley de Aguas Nacionales.

En este tenor, resulta de suma relevancia que, en los términos formulados en el presente punto de acuerdo, se lleven a cabo las acciones conducentes para deslindar las responsabilidades correspondientes, todo en el marco de la legalidad. Lo anterior, con el objetivo de garantizar la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Aunque reiteramos que los casos son diversos, resulta oportuno mencionar algunos casos en los que Guillermo Padrés Elías ha sido relacionado con la comisión de conductas que vulneran el orden jurídico nacional. En octubre del año 2015, el titular de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora dio a conocer que en la pasada administración, la dependencia a su cargo sufrió un quebranto económico superior a los 2 millones de pesos, situación que vulnera uno de los derechos más importantes del Estado Mexicano, el acceso a la educación de las niñas, niños y jóvenes de la entidad.

Por otro lado, y en contravención a una cultura contributiva sólida, basada en valores cívicos y éticos, a finales de noviembre del año 2015, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que durante la pasada admiración del gobierno del estado de Sonora, se efectuaron altos préstamos sin que se realizaran las verificaciones correspondientes.

En el caso en comento, el propio órgano desconcentrado, instruyó que entre el 20 de noviembre y el 31 de diciembre, el Gobierno de la entidad no podría ejercer facultades de fiscalización, asimismo, exigió un reembolso superior a los 100 millones de pesos debido.

Lo anterior, obedeció a un proceso que inició a principios de 2015, derivado de 3 denuncias anónimas en las que se señaló que se beneficiaron a 574 contribuyentes a través de 829 auditorías realizadas por la entonces Dirección General de Auditoría Fiscal del Estado de Sonora.

A partir de dichas indagatorias, se observó que se dejó de cobrar un monto de mil 705 millones de pesos, en perjuicio del fisco federal, situación ante la cual el SAT realizó la verificación de 198 auditorías, detectándose incumplimientos a las disposiciones legales federales y diversas anomalías en los procedimientos realizados por el Estado al realizar las mismas.

En consecuencia, el estado de Sonora se hizo acreedor a una sanción consistente en el reintegro a la Federación de 70.2 millones de pesos de incentivos cobrados indebidamente y 34.2 millones de pesos que fueron reportados indebidamente al Fondo de Fiscalización ahora denominado Fondo de Fiscalización y Recaudación.

Otro caso de esta naturaleza, aconteció a finales de abril del año 2015,fecha en la que se dio a conocer que le fueron condonados impuestos por casi 708 millones de pesos a 41 empresas cercanas al exgobernador, Guillermo Padrés Elías.

Sobre el particular, informes oficiales indican que se simularon acciones de auditoría y cobro sobre 123 adeudos fiscales federales -la mayoría de ellos respecto al Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado-, que en conjunto ascendía a 776 millones 444 mil 315 pesos y correspondían a las 41 empresas.

A mediados de diciembre de 2015, se dio a conocer la orden de aprehensión en contra de Luis Arístides López Moreno (empleado de Guillermo Padrés Elías), la cual fue girada por el Juez Segundo del Ramo Penal de Hermosillo, por existir elementos necesarios para acreditar el cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en sus modalidades de posesión, administración y transporte.

En febrero del año 2016, se dio a conocer que Jorge Morales Borbón (Secretario de Comunicación Social en la administración de Guillermo Padrés Elías), fue aprehendido por la probable comisión de los delitos de extorsión en contra de empresarios de medios de comunicación a quienes presuntamente intimidaba para solicitarles dinero a cambio de liberar los pagos que tuvieran pendientes después de prestar sus servicios.

Por si esto no fuera suficiente, en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, dado a conocer por la Auditoría Superior de la Federación el 17 de febrero de 2016, se detectaron múltiples irregularidades en el ejercicio de recursos federales en distintos programas en el estado de Sonora.

Lo anterior deja de manifiesto, que en la pasada administración del estado de Sonora imperó una conducción al margen de la ley, de ahí la importancia e idoneidad del presente punto de acuerdo, cuya finalidad es deslindar las responsabilidades que conforme a derecho procedan.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:


PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las instancias competentes del Gobierno Federal y del gobierno del estado de Sonora, para que, en coordinación y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, agilicen las investigaciones a fin de que se reúnan todos los elementos y pruebas que permitan actuar conforme a derecho en contra del exgobernador Sonora, Guillermo Padrés Elías y ex funcionarios de su administración por presuntos desvíos de recursos y enriquecimiento ilícito.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el ámbito de sus atribuciones, haga una revisión integral de los recursos federales transferidos al estado de Sonora entre 2010 y 2015, a fin evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se observó lo dispuesto disposiciones en las disposiciones legales y si se cumplió con los objetivos y metas programadas, y en caso de detectar irregularidades se actué conforme a derecho.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación que, en el marco de sus facultades, envíe a esta Soberanía un informe pormenorizado de las observaciones pendientes de solventar por el gobierno del estado de Sonora de las Cuentas Públicas de 2010 al 2014, así como las acciones emprendidas en el caso de las irregularidades observadas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la
Comisión Permanente, el 29 de junio de 2016.

Atentamente





 

De los Diputados Alejandro González Murillo y Cynthia Gissel García Soberanes, del grupo parlamentario del PES, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Baja California a hacer públicas las acciones que implementará a fin de llevar un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres en dicho estado. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe, CYNTHIA GISSEL GARCÍA SOBERANES Diputada Federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, el siguiente punto de Acuerdo, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hoy en día, a nivel mundial se ha llegado a un consenso de que el conjunto de amenazas, agravios, maltrato, lesiones y daños asociados a la exclusión, la subordinación, la discriminación y la explotación de las mujeres, constituye la violencia de género.

En el mundo e inclusive en nuestro México, la situación se agrava cuando la violencia de género y todas las otras formas de violencia social, económica, jurídica, judicial, cultura y política contra las mujeres son toleradas y fomentadas, e incluso no son consideradas como violencia ni como un problema social, se naturalizan y se normalizan, o se les convierte en hechos extraordinarios e inabordables; no se crean mecanismos ni se impulsan procesos para erradicarlas.
Muchas causas pueden provocar la violencia contra las mujeres pero yo distingo una, que es a mí parecer la central: la desigualdad entre las mujeres y los hombres.

La sociedad machista justifica el uso de la violencia por los hombres para dominar a las mujeres y sostener su jerarquía, su poder autoritario y sus privilegios y ventajas sociales, económicas y políticas de género.

Lo anterior se agrava en comunidades con mayor inequidad en el desarrollo, contraste social, conflictividad, mayor inseguridad y condiciones de riesgo para la violencia de género; en esos sitios donde el feminicidio tiene mayor recurrencia.

En ese entorno y a pesar de que desde el 2007 se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que “…tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”1, puedo afirmar que en México hay feminicidio, o dicho en otras palabras en nuestro país no se respeta el derecho de las niñas y las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

La Violencia Feminicida se reproduce al no dar tratamiento de delito a la violencia contra las mujeres incluso por quienes deben perseguir y juzgar.

Yo nací y vivo actualmente en Baja California y diariamente, en los medios locales se puede leer una nota que habla de los homicidios de mujeres que se suceden en nuestro estado. Si bien, reconozco la labor de los legisladores locales de mi estado para establecer en el Código Penal para el Estado de Baja California un apartado que hable del Feminicidio, las autoridades estatales no han atendido con llevar estadísticas sólidas que permitan definir las políticas estatales en temas de prevención del delito, procuración y administración de justicia.

Lo anterior, lo expreso refiriendo a hechos concretos que enuncio a continuación:

• El Protocolo Especializado en la Investigación del Delito de Feminicidio elaborado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California publicado en el Diario oficial del Estado el 20 de noviembre en su página 89 que “…Si bien todos los feminicidios pueden ser clasificados como homicidios en los términos de la legislación penal vigente,  no todos los homicidios de mujeres son susceptibles de ser calificados homicidio...”2. Lo anterior, evidencia la necesidad de distinguir de los homicidios, los que correspondan a feminicidios.

• La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, en su página de internet3, en específico en su apartado de transparencia, anexa un link para que se consulte la estadística delictiva oficial, el cual remite a las cifras estadísticas delictivas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California (SSPEBC).

• Las cifras delictivas de la SSPEBC 2015-20164 no desglosan el delito de feminicidio.

• La incidencia delictiva del fuero común 2015 del estado de Baja California recopilada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de fecha Mayo 20165, no reporta el delito feminicidio de manera desglosada en el apartado de homicidios.

Como se puede apreciar en lo descrito en el párrafo anterior, al no desglosar las cifras del delito del feminicidio en el estado y en cada uno de sus municipios, el gobierno de Baja California atiende de manera parcial lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que señala en su artículo 49, fracción XXIII que señala “…Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de las mujeres…”, y “…Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia…”1.

Por lo anterior, y a modo de conclusión, deseo expresar que el tipificar el feminicidio en el Código Penal del Estado de Baja California implica su reconocimiento, y en consecuencia, su incidencia registrada como tal, y así facilite su medición para poder garantizar a las Mujeres de mi estado a tener acceso a una vida libre de violencia.

De mantenerse los registros de los homicidios en el estado de Baja California como hasta hoy, sin la plena identificación de los feminicidios, se continuará discriminando a aquellas mujeres que perdieron la vida y la prevención de las 1,734,633 mujeres baja californianas, según el INEGI hasta el 2015, quedará como tema no atendido, no prioritario, pendiente y de riesgo latente.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Baja California a que haga públicas las acciones que implementará, a fin de llevar un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres en el estado, que incluya de manera desagregada los feminicidios, que permita integrar la estadística criminal y victima la nivel estatal y nacional, facilite la definición de políticas públicas sobre prevención del delito, procuración y administración de justicia a nivel local, y coadyuve con sus datos a la integración de la política nacional en la materia.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 29 de junio de 2016.

Dip. Cynthia Gissel García Soberanes.

1 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultado el 6 de junio de 2016.

2 Protocolo Especializado en la Investigación del Delito de Feminicidio elaborado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, http://periodicooficial.ebajacalifornia.gob.mx/oficial/temp/Periodico-53-CXXII-20151120-SECCI%C3%93N%20II.pdf, consultado el 6 de junio de 2016

3 Procuraduría General de Justicia del Estado de BC, disponible https://www.pgjebc.gob.mx/transparencia/, consultado el 6 de junio de 2016.

4 Estadísticas delictivas en BC de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, http://www.seguridadbc.gob.mx/contenidos/estadisticas2.php, consultado el 6 de junio de 2016.

5 Incidencia delictiva del fuero común 2015 del estado de Baja California recopilada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de fecha Mayo 2016,
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2015_042016.pdf consultado el 6 de junio de 2016.





 

De la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a implementar acciones adicionales de coordinación con las autoridades de los 46 municipios de la entidad en materia de seguridad pública, con objeto de reducir la elevada incidencia delictiva en el estado. Se turna a la Primera Comisión.







 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a hacer públicos los avances del proyecto de Constitución que elabora el Grupo de Notables. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 171 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE HAGA PÚBLICOS PARA CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA LOS AVANCES DEL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN QUE ELABORA EL GRUPO DE NOTABLES, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- El pasado 29 de enero el titular del Ejecutivo Federal, promulgó la Reforma Política del Distrito Federal, la cual fue aprobada por el Congreso de la Unión y ratificada por la mayoría de los Congresos Locales de las Entidades Federativas; en dicha reforma se establece dentro del régimen transitorial como una facultad exclusiva del Jefe de Gobierno de la Ciudad de remitir el proyecto de Constitución Política que deberá ser analizado, discutido y en su caso aprobado por el Constituyente de la Ciudad de México.

2.- Derivado de lo anterior, el 5 de febrero del presente año, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal informó sobre la conformación de un “Grupo de Notables”, para que sean los responsables de redactar el proyecto de Constitución de la Ciudad de México, dando a conocer el nombre de cada uno de ellos:

1. Miguel Barbosa. Senador por el PRD.

2. Cuauhtémoc Cárdenas. Ex Jefe de Gobierno. Ex candidato a la presidencia. Actual coordinador de asuntos internacionales del gobierno de la CDMX.

3. LolKin Castañeda. Activista por la igualdad de género

4. María Leoba Castañeda. Directora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Catedrática y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

5. Miguel Concha Malo. Activista por la defensa de los derechos humanos, de los sectores más vulnerables

6. Carlos Cruz Santiago. Fundador de Cauce Ciudadano, surgió de las bandas de jóvenes de la Ciudad de México. Activista por los derechos de los jóvenes.

7. Alejandro Encinas. Senador de la República. Ex jefe de Gobierno sustituto (2005-2006)

8. Enrique Fernandez Fassnacht. Director del Instituto Politécnico Nacional.

9. Aidé García Gernández. Coordinadora de relaciones institucionales de Católicas por el Derecho a Decidir. Activista por los derechos de las mujeres.

10. Juan Luis Alcántara Carrancá. Investigador honorario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Especialista en derecho civil.

11. Mónica González Contró. Investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones urídicas de la UNAM. Especializada en derechos de la infancia

12. Clara Jusidman Rapoport. Economista, especializada en derechos humanos y laborales. Secretaria de Desarrollo Social en el Gobierno de la CDMX de 1997 a 2000.

13. Marta Lamas Encabado. Antropóloga y especialista en la defensa de los derechos de las mujeres y de equidad de género.

14. Guadalupe Loaeza Tovar. Escritora y articulista.

15. Ana Laura MagaloniKerpel. Doctora en derecho. Especialista en proceso judicial, teoría del derecho, seguridad pública e instituciones de procuración e impartición e justicia.

16. Ifigenia Martínez y Hernández. Economista, académica y ex diputada por el PRD. Cofundadora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

17. Mauricio Merino Huerta. Doctor en ciencia política, especializado en materia de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información.

18. Porfirio Muñoz Ledo. Licenciado en derecho, cuenta con una carrera como servidor público, legislador, diplomático y político. Actualmente es el coordinador de la Reforma Política de la Ciudad de México.

19. Loretta Ortiz Ahlf. Abogada por la Escuela Libre de Derecho. Especializada en Derechos Humanos. Esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, colaborador cercano de Andrés Manuel López Obrador.

20. Enrique Ortiz Flores. Arquitecto especializado en desarrollo urbano y vivienda popular. Presidió la coalición Habitat de la ONU. En 2015 recibió el Premio Nacional de Arquitectura.

21. Ariel Rodríguez Kuri. Historiador, profesor-investigador en materia de estudios urbanos para el Colegio de México y la UAM Azcapotzalco.

22. María Rojo Inchaustegui. Actriz, ex senadora y diputada federal por el PRD.

23. Pedro Salazar Ugarte. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Especializado en constitucionalismo y derechos sociales.

24. Gustavo Ramón Sánchez Martínez. Nadador paralímpico. Multicampeón panamericano y olímpico.

25. Martha Sánchez Néstor. Activista por los derechos de las comunidades indígenas, especialmente en defensa de las mujeres indígenas.

26. Francisco Valdes Ugalde. Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Especializado en sistemas constitucionales y democracia.

27. Luis Villoro Ortiz. Escritor y articulista. Premio Herralde en 2004.

28. Alicia Ziccardi Contigliani. Doctora en economía por la UNAM. Especializada en pobreza urbana, exclusión social y políticas sociales.

Asimismo, el Jefe de Gobierno designó como Secretario Ejecutivo de dicho Grupo a Rogelio Muñiz Toledo y como Secretario Técnico al Consejero Jurídico del gobierno de la Ciudad, Manuel Granados Covarrubias.

3.- El pasado 16 de febrero el “Grupo de Notables”, llevó a cabo su primera reunión de trabajo (cabe señalar que las mismas se realizarán en sesión privada), en donde se abordaron aspectos como la organización operativa; la conformación de grupos de trabajo y sobre el calendario de sesiones de trabajo. Según tenemos conocimiento a partir de información publicada por algunos medios de comunicación.

4.- Dada la relevancia de los trabajaos que realiza el “Grupo de Notables”, para la construcción de nuestra Constitución, resulta importante que dichas reuniones se hagan públicas, con la finalidad de asegurar una verdadera transparencia y  participación ciudadana. Por lo que se propone que se diseñe un sitio Web, en dónde