Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 23 de mayo de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 9

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 22 de Junio de 2016

SUMARIO                                              


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De la Mesa Directiva, en común acuerdo con los grupos parlamentarios, en relación con los hechos ocurridos en el municipio de Nochixtlán, Oaxaca. Intervienen al respecto los Legisladores Diputado Alejandro González Murillo, Diputado Francisco Javier Pinto Torres, Diputado Jorge Álvarez Maynez, Diputada Norma Rocío Nahle García, quien presenta propuesta de adición que no se admite; Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, quien presenta propuesta de adición que no se admite; Diputada Jorgina Gaxiola Lezama, Diputado Omar Ortega Álvarez, quien presenta propuesta de adición suscrita por diversos grupos parlamentarios que se aprueba; Senador Juan Carlos Romero Hicks, Senador Sofío Ramírez Hernández, Senador Fidel Demédicis Hidalgo, Diputado Adolfo Mota Hernández, Diputado Guadalupe Acosta Naranjo y Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. Se aprueba.







































































































































































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:33 horas) Ruego a la Secretaría pasar lista de asistencia de las y los señores legisladores.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Con gusto, señor Presidente. Se va a proceder a pasar lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, conforme al registro electrónico, se han acreditado 37 legisladores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 22 de junio de 2016, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos previstos en la agenda del día de hoy. Si algún legislador requiere copia de la edición impresa, ruego la solicite a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor también pueden consultar la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la Ciudad de México a las once horas con veintidós minutos del miércoles quince de junio de dos mil dieciséis, con una asistencia de veintiún legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles ocho de junio de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, su Informe Anual de Actividades 2015-2016.- Se remitió a las Comisiones de Justicia y de Gobernación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa del reemplazo de la Diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés, por la Diputada Norma Rocío Nahle García, como integrante sustituta del grupo parlamentario de Morena ante la Comisión Permanente que funciona durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.- Quedó de enterado. El Presidente instruyóhacer las adecuaciones en los registros y acreditaciones de legisladores.

 

Se recibió del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, su Informe semestral de labores, correspondiente al período del 16 de noviembre de 2015 al 15 de mayo de 2016.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Diputado Jorge Alejandro Carvallo Delfín, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 7 de junio de 2016.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Senadora Sonia Rocha Acosta, el Informe de su participación en su viaje de trabajo a Amman, Jordania, los días 4 a 6 de mayo de 2016.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, el Informe de la delegación que visitó la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en el contexto de la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, celebrada el 19 de abril de 2016.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Angélica Araujo Lara, el Informe de su participación en la Cumbre Mundial Humanitaria, efectuada en Estambul, Turquía, los días 23 y 24 de mayo del año en curso.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de las Senadoras Lilia Merodio Reza, María Elena Barrera Tapia, Rosa Adriana Díaz Lizama, Sonia Mendoza Díaz, Sonia Rocha Acosta, Iris Vianey Mendoza Mendoza y Ana Gabriela Guevara, el Informe de su participación en la Cumbre del Foro Global de Mujeres Parlamentarias 2016, celebrado del 4 al 6 de mayo de 2016, en Amman, Jordania.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, comunicación en torno a los hechos ocurridos en Orlando, Florida, el 12 de junio de 2016.- Quedó de enterado.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las once horas con treinta minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles veintidós de junio, a las once horas.

 

Fin de la Sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobada el acta.

Sonido en el escaño de la Diputada Rocío Nahle.

La Diputada Norma Rocío Nahle García: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, respecto al Orden del Día, el grupo parlamentario de Morena, de acuerdo al programa que se estableció en la Permanente, desde la semana pasada tenemos el turno para presentar proposición con punto de Acuerdo.

La semana pasada duró cinco minutos la sesión, prácticamente no hubo, y en esta sesión no están turnando ni la iniciativa ni el punto de Acuerdo que le corresponde a Morena.

Entonces solicito de la manera más atenta se considere, para que podamos presentar, el grupo parlamentario, nuestra proposición de punto de Acuerdo y la iniciativa.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Diputada, la programación de la presentación de iniciativas y puntos de Acuerdo está prevista y aprobada por la Comisión Permanente desde el 4 de mayo pasado.

Lo que está haciendo la Mesa Directiva es seguir la secuencia y el orden que esta Comisión Permanente mandató desde entonces.

Voy a hacer la consulta al Pleno para ver si en esta ocasión se le considera la posibilidad de incluir sus puntos de Acuerdo, en el entendido de que es un mandato de la Comisión Permanente la programación de las iniciativas y de las proposiciones con puntos de Acuerdo por parte de los grupos parlamentarios.

La Mesa Directiva, insisto, está siguiendo escrupulosamente el trámite que ya ha dado esta Comisión Permanente y sólo la Comisión Permanente puede relevar a la Mesa Directiva de la obligación de aplicarlo en sus términos.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que en esta ocasión se altere el orden de programación aprobado por esta Comisión Permanente para que el grupo parlamentario de Morena presente iniciativa y proposición con punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autorizan que se presenten la iniciativa y proposición con punto de Acuerdo del Partido de Morena. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, se mantiene en sus términos el calendario de iniciativas y proposiciones con puntos de Acuerdo que ha aprobado la Comisión Permanente desde el 4 de mayo pasado.

Continúe la Secretaría con el siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Se recibió de la Secretaría de Gobernación, un oficio por el que comunica que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 26 de junio al 1 de julio de 2016, a efecto de atender la invitación del Gobernador General de Canadá y del Primer Ministro de Canadá para realizar una Visita de Estado a Canadá y participar en la VIII Cumbre de Líderes de América del Norte, respectivamente. Una vez concluidas sus actividades en Canadá, el Presidente de la República se trasladará a la ciudad de Puerto Varas, Chile, donde participara en la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, América del Norte; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un oficio con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondientes al mes de mayo de 2016, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de mayo de 2015.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase copia de dicha información a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto, por favor.





 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, un oficio por el que informa que durante el mes de mayo de 2016 únicamente se destinaron mercancías perecederas de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase copia de la documentación de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Continuemos con el siguiente asunto.





 

LEGISLATURA

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Se recibió del Congreso del estado de Sonora, una INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 24 BIS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Se recibieron comunicaciones de ciudadanas legisladoras:

Una, de la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite los siguientes informes:

Uno, como Presidenta de ParlAméricas, en ocasión de la 39ª Reunión del Consejo de Administración de ParlAméricas, en Ottawa, Canadá, del 9 al 11 de marzo de 2016.







 

Y uno, en su calidad de integrante de la Delegación del Congreso de la Unión, en ocasión de la 134a Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas, en Lusaka, Zambia, del 19 al 23 de marzo de 2016.







 



 

En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra a la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General para el Control del Tabaco.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su venia, señor Presidente. Con su permiso, coordinador Senador Emilio Gamboa:

“El tabaco no llena el vacío, lo crea”.

El tabaquismo es una adicción legalmente aceptada en nuestra sociedad.

Por desgracia, según las estadísticas en México, muestran que el 27 por ciento de la población entre 13 y 15 años de edad fuman. Aproximadamente se registran 600 mil muertes al año por efectos del tabaco, es decir, 10 por ciento por ciento de los decesos anuales.

Estudios recientes demuestras que las sustancias químicas del humo del tabaco pasan directamente de los pulmones a la sangre, produciendo inflamación y daño a medida que recorren el torrente sanguíneo, teniendo como efecto el estrés, que posteriormente desencadena enfermedades, provocando accidentes cardiovasculares, ataques cardiacos y cáncer.

Las personas que conviven alrededor de los fumadores activos, también están expuestos a los efectos nocivos del humo del tabaco.

Existen, compañeras y compañeros, dos formas de exposición a los efectos del tabaco.

La primera, es el humo de segunda mano que es la combinación del humo proveniente del extremo encendido del cigarrillo y del humo exhalado por las y los fumadores.

No existe una cantidad sana de humo de segunda mano; incluso el respirar un poco de humo de segunda mano puede ser peligroso.

El respirar humo de segunda mano es una causa conocida del Síndrome de Muerte Súbita Infantil; es más probable que los niños padezcan problemas pulmonares, infecciones del oído y asma severa por estar cerca del humo.

El humo de segunda mano contiene más de 50 sustancias químicas causantes del cáncer, entre las que se encuentran unas muy altamente peligrosas como el benceno, el cromo, el formaldehído, el cianuro y el monóxido de carbono.

El humo que es emitido al aire desde el extremo encendido de un cigarrillo tiene concentraciones más elevadas de agentes cancerígenos que el humo del fumador que este exhala y convierte a las personas cercanas en fumadores pasivos.

La segunda forma de exposición al humo, es el humo de tercera mano que consiste en contaminantes presentes en el humo de tabaco residual, y que este permanece en las superficies y en el polvo de las habitaciones después de haber fumado en ellas, por ejemplo, la ropa, el pelo, la piel, las alfombras, los juguetes, los asientos de los carros; este vuelve a ser liberado en una fase gaseosa y también reacciona a los oxidantes y a los compuestos ambientales en forma de contaminante secundario.

Según la Encuesta Nacional de Adicciones de 2011, la población está expuesta a la exposición del humo del tabaco, principalmente en el hogar en un 18 por ciento, y en los lugares de trabajo en un 10.2 por ciento.

Es interés de esta iniciativa, Diputadas, Diputados, Senadoras, Senadores, pronunciarse a favor de que la Ley General para el Control del Tabaco, contenga acciones específicas de información y promoción de la salud para que padres y adultos fumadores, que pongan en riesgo a los menores de edad que conviven con ellos, a través del humo llamado, humo de tabaco ambiental.

En el marco del interés superior de la niñez, se propone reformar la Ley General para el Control del Tabaco, con la finalidad de proteger la salud de la población de los efectos nocivos del humo de tabaco, especialmente de las niñas y niños adolescentes; promover el conocimiento de los riesgos atribuibles a la exposición del humo de tabaco para niñas, niños y adolescentes.

Establecer lineamientos del Programa contra el Tabaquismo, contemplando las acciones sobre los efectos del tabaquismo al interior de los hogares y en presencia de los menores de edad.

La concientización de los padres fumadores sobre los riesgos por exposición al humo del tabaco de sus hijos dentro de sus hogares, porque cuidar y proteger a nuestros niños y niñas; es cuidar el presente y el futuro de México, porque un medio ambiente libre de humo de tabaco y sano, es un derecho de las niñas y los niños, porque el medio ambiente es un derecho, el medio ambiente sano es un derecho de nuestros niños, y nosotros y la sociedad en su conjunto estamos obligados a garantizarles ese derecho.

Por ello, espero su apoyo para esta reforma que permita generar para las niñas y los niños mecanismos de protección al humo del tabaco y sus consecuencias.

Por su atención, muchas gracias.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora De la Torre Valdez. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, a nombre de la Diputada Jisela Paez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia del derecho humano del debido proceso.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL DERECHO HUMANO DEL DEBIDO PROCESO

(Presentada por la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, a nombre de la Diputada Jisela Paes Martínez, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia señor Presidente. Señoras y señores Legisladores:

El debido proceso representa un elemento que determina la efectividad de cualquier marco normativo en el actuar siempre y en todo momento con apego irrestricto al principio pro persona.

Este derecho humano garantiza que el desarrollo de todo el aparato productivo del Estado se enfoque en lograr una estabilidad social que se traduzca en crecimiento y desarrollo para toda la población.

Las relaciones que surgen al interior de dicho aparato enfatiza la necesidad de salvaguardar los derechos laborales burocráticos de los trabajadores, con la finalidad de garantizar mejores condiciones laborales que se traduzcan en un beneficio directo para el crecimiento y beneficio económico de toda nación.

Bajo esta tesitura, cabe mencionar que las normas que regulan la duración de las relaciones laborales de los obreros en general, no son aplicables a los servidores públicos, ya que sus nombramientos se encuentran regidos por lo que establece la legislación burocrática, esto es así, porque el nombramiento carece de las características de un contrato de trabajo, como lo establece la ley laboral común.

Esta situación puede llegar a perjudicar a los empleados del poder público, si se tiene presente que, en atención a nuestra organización política y social, las funciones encomendadas al Estado no perciben ningún fin económico, sino que su objetivo principal es lograr la convivencia de los componentes de la sociedad.

Asimismo cabe mencionar que, en el seno de una buena administración pública hay trabajadores al servicio del Estado que comprometen su vocación con la alta responsabilidad de servir al país, con reglas y procedimientos que los lleven a actuar con honestidad y lealtad de frente a la ciudadanía, siempre en el marco de la legalidad.

Por tanto, resulta necesario adecuar las herramientas jurídicas del Estado mexicano con el objetivo de evitar cualquier desequilibrio procesar que pueda conllevar a una indefensión de hecho y que pueda resultar en la negación de justicia en perjuicio de los trabajadores del Estado.

De ahí que el día de hoy proponemos reformar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el sentido de que en todas las audiencias el trabajador deberá ser debidamente representado, y que de no ser así, se le deberá designar un representante con el objetivo de asegurar, siempre y en todo momento, un balance justo en cualquier controversia de índole laboral en apego al derecho humano al debido proceso.

Como legisladores debemos impulsar el estado de derecho y debemos innovar, modificar y hasta revolucionar las legislaciones, para que las instituciones de procuración e impartición de justicia avancen en favor de los gobernados, es por ello que en el mismo orden de ideas de la prerrogativa constitucional e internacional del debido proceso debemos impulsar a nuestros juzgadores para que tengan el deber de no sólo ser espectadores de lo que las partes manifiesten o aleguen para luego juzgar.

Merece la pena señalar que en la legislación laboral burocrática e incluso en otras distintas legislaciones procesales, existe la facultad discrecional de los juzgadores para ordenar y desahogar pruebas. Sin embargo, ésta es una facultad que no es utilizada por los juzgadores y que debe ser debidamente aplicada. Velaría por el debido proceso que tanta falta le hace a nuestro país en sus distintas instancias jurisdiccionales, ya que incluso, aun y cuando las partes sean representadas por profesionales, desafortunadamente no siempre se garantiza el apego al debido proceso, ni la adecuada defensa para los trabajadores, quienes pueden ver perjudicados sus derechos frente al Estado.

Por tanto y en virtud de lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional somete a consideración de esta Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional.

Lo anterior con la finalidad de que la interpretación del principio pro persona se lleve a cabo de manera irrestricta de acuerdo a los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales en la materia reconocidos y ratificados por nuestro país en favor de las trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado.

Es cuanto.

Iniciativa

La que suscribe, DIPUTADA JISELA PAES MARTÍNEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIII Legislatura, del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 6º, fracción I del numeral 1; 77 numeral 1, 78 y 102, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, EN MATERIA DEL DERECHO HUMANO DEL DEBIDO PROCESO, con arreglo a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Derecho Laboral Burocrático es una de las pocas ramas del derecho cuyo estudio ha sido abordado en escasas ocasiones, lo que ha causado grandes problemas en su aplicación por la Administración Pública y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como en los Tribunales de Conciliación y Arbitraje de las Entidades Federativas y otros órganos jurisdiccionales, en el momento de resolver las Litis que se les plantean.

Este derecho se centra en el estudio de las relaciones que surgen entre el Patrón-Estado y sus trabajadores, enfatizando los derechos laborales burocráticos de los trabajadores de base y de confianza, así como de aquellos prestadores de servicios “personales” o “profesionales” cuya relación con el Estado es laboral y no de naturaleza civil.

En las relaciones de derecho burocrático el “nombramiento” es el acto que le da vida a la relación burocrática, es el documento donde consta la designación de determinada persona, para desempeñar un cargo o empleo público y consecuentemente, formaliza la relación jurídica de trabajo con el titular de la entidad respectiva o dependencia, así como la duración de Ésta.

Es de explorado derecho que las normas que regulan la duración de las relaciones laborales de los obreros en general, no son aplicables a los servidores públicos, en razón de que sus “nombramientos” se encuentran regidos por lo que establecen la legislación burocrática, esto es así, porque el “nombramiento” carece de las características de un contrato de trabajo, como lo establece la ley laboral común, “supuesto que ésta tiende a regular las actividades laborales entre los factores de la producción, o sea, contempla funciones económicas”, lo que no ocurre en tratándose del poder público y sus empleados, si se tiene presente que, en atención a nuestra organización política y social, las funciones encomendadas al Estado no perciben ningún fin económico, sino que su objetivo principal es lograr la convivencia de los componentes de la sociedad.

Desde la perspectiva del derecho burocrático los servidores públicos deben ser entendidos más allá de una simple gama de recursos humanos o un sistema de empleo, y verse como el conjunto articulado de personas, con reglas y pautas de funcionamiento, que debe llevar a cabo su trabajo con el objetivo de dar continuidad, relevancia y coherencia a la administración pública, por medio de un ejercicio profesional de gobierno objetivo, no arbitrario y capaz de instrumentar políticas que lleven a acuerdos con otros actores sociales.

Para lograr una democracia eficaz, se requiere de servidores públicos que tengan las garantías legales que les den bienestar, así como estabilidad profesional y personal.

En el seno de una buena administración pública hay trabajadores al servicio del Estado que comprometen su vocación y esfuerzo con la alta responsabilidad de servir al Estado, con reglas y procedimientos que los lleven a actuar con honestidad y lealtad de frente a la ciudadanía, siempre en el marco de la legalidad.

Como Estado Mexicano debemos considerar que derivado de la reforma al artículo 1° constitucional, de 10 de junio de 2011, las autoridades laborales y el Tribunal Burocrático se encuentran obligados a velar por los Derechos Humanos contenidos en la propia Constitución, así como en los instrumentos internacionales de los cuales nuestro país es parte.

Por ello, debemos reconocer en nuestra legislación burocrática aspectos como el Derecho al Trabajo y a las Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo, establecido en el “Protocolo Adicional a La Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, y la prohibición de admitir restricción o menoscabo de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte, mandatada por el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, tratados internacionales firmados y ratificados por el estado mexicano.

De igual forma se debe incluir la aplicación del principio pro homine en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, principio,  que significa, en palabras llanas, que en la aplicación de las normas habrá de subsistir la interpretación que conceda a la persona la protección más amplia.

Lo anterior para que las autoridades encargadas de aplicar la ley, ya sea de orden administrativo, como el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, apliquen a favor de los trabajadores este principio, y dejemos atrás el oscurantismo en materia de derecho laboral burocrático y se dignifique la persona humana de los trabajadores.

En este mismo sentido es más que evidente que en la actualidad la Ley Burocrática federal no se ha preocupado por garantizar la debida representación de los trabajadores en las audiencia, hoy en día un trabajador que haya demandado al Estado puede comparecer a una audiencia sin estar adecuadamente representado, siendo que el Estado, en su estructura de defensa cuenta con profesionales del derecho que se encargan de dar seguimiento a los juicios, sin embargo los trabajadores quedan sin representación legal, si no la solicitan a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo Burocrático, porque en la práctica ésta actúa sólo a petición de los trabajadores.

Precisamente esto se traduce en un desequilibrio procesal, que conlleva a una indefensión de hecho, y que en su oportunidad resulta en denegación de justicia.

Este potencial desequilibrio procesal, implicaría una transgresión al Derecho Humano del debido proceso, y dentro de las prerrogativas que legislativamente deben de existir para vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones sustantivas y adjetivas laborales es vigilar que la parte obrera-burocrática este debida y profesionalmente asistida dentro del proceso que se instaure, de lo contrario estaría en una manifiesta desventaja ante el Estado, que cuenta con todos los recursos económicos y humanos para la defensa de sus intereses.

En abono a lo anterior es oportuno citar que en la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, específicamente en su artículo 8 punto 1se refiere a las “Garantías Judiciales”, estableciendo el privilegio que tiene toda persona a ser oída con las debidas garantías por un tribunal competente para la determinación de sus derechos, entre ellos, dice el citado precepto internacional, los laborales, lo que nos lleva a recapitular en la importancia de que una persona pueda ser “escuchada”, pero consideramos que ello debe ser, invariablemente, con la debida asistencia profesional, precisamente con el afán de cuidar  el debido proceso.

Bajo las anteriores consideraciones, es entonces que estimamos, que para garantizar a los trabajadores burocráticos su derecho humano al debido proceso en las controversias laborales, debe estar asistido por alguien legalmente versado  en la materia, que dé certeza a la defensa del trabajador, cuidando el ya citado derecho humano al debido proceso, y que sin lugar a dudas parte de ello consiste en una adecuada defensa, velando por sus intereses y/o procurando evitar un perjuicio para ese trabajador que pudo haber sido ilegalmente sancionado y que ante una indebida defensa no sería resarcido en sus derechos; al estar profesionalmente asistido se cuidaría, además, la igualdad y equidad procesal, ya que estando el Estado representado por un perito en la materia y el trabajador no, sin duda conlleva una desventaja jurídica, la que legislativamente debemos de evitar. 

De ahí que se proponga reformar la referida Ley, en el sentido de que en todas las audiencias el trabajador deberá estar debidamente representado, y que si no cuenta con representante, se le deberá designar un represente de la procuraduría, pretendiendo con ello, lograr un justo balance y brindar garantías al más desprotegido.

Como legisladores debemos impulsar el Estado de Derecho, y debemos innovar, modificar o hasta revolucionar las legislaciones,  para que las instituciones de justicia avancen en favor de los gobernados, es por ello que en el mismo orden de ideas de la prerrogativa constitucional e internacional del “debido proceso” debemos impulsar a nuestros juzgadores para que tengan el deber de no solo ser espectadores de lo que las partes manifiesten o aleguen, para luego juzgar, esto debe evolucionar, en la legislación laboral burocrática e incluso en otras distintas legislaciones procesales, existe la facultad discrecional de los juzgadores para ordenar y desahogar pruebas para mejor proveer, sin embargo esta es una figura y/o facultad que no es utilizada por los juzgadores, y la que de ser adecuadamente aplicada conllevaría impartir una correcta  justicia y verdaderamente proteger el debido proceso que tanta falta le hace a nuestro país en sus distintas instancias jurisdiccionales, ya que incluso aun y cuando las partes seas representadas por profesionales, ello desafortunadamente no siempre garantiza ni el debido proceso ni la adecuada defensa, especialmente para los trabajadores que son quienes se están viendo perjudicados en su derechos ante un ente infinitamente más poderoso como es el Estado, por lo que esta facultad debe ser reforzada con una obligación, para que las partes sepan  la razón y/o  el por qué, los magistrados del órgano de justicia burocrática,  a pesar de tener facultades que les permitan dilucidar  con mayor claridad las diferencias, no las utilizan, perjudicando con su cómoda pasividad la justicia laboral y  la garantía del debido proceso burocrático.

Es mi aspiración que con esta propuesta legislativa podamos ofrecer a las Trabajadoras y Trabajadores al Servicio del Estado un instrumento jurídico que les permita aspirar a la Paz y Justicia social.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 138, y se adicionan un párrafo segundo al artículo 1°, un segundo tercer y cuarto párrafo al artículo 135, y un segundo párrafo al artículo 138, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 1°.- . . . .

La presente Ley deberá de interpretarse conforme al principio pro persona y las bases y principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y en los tratados, convenciones o acuerdos Internacionales reconocidos y ratificados por el Estado Mexicano.

Artículo 135.- Las partes podrán comparecer acompañadas de los asesores que a su interés convenga.

Los trabajadores deberán estar adecuadamente representados por un profesional del derecho en todas las audiencias y el Tribunal vigilará la observancia de esta garantía. Cuando el trabajador no tenga representante, se deberá diferir la audiencia.

Cuando el representante renuncie a su cargo o el trabajador le revoque el nombramiento, el Tribunal le otorgará un plazo de tres días para que designe nuevo representante, con apercibimiento de designarle un representante de la Procuraduría en caso de omisión.

En los casos que el trabajador no haya nombrado representante o designe a una persona que carece de título profesional en la Licenciatura en Derecho, el Tribunal solicitará a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, le designe un representante desde la primera diligencia en que intervenga.

Artículo 138.- Antes de pronunciarse el laudo, cualquiera delos magistrados representantes podrán para mejor proveer, solicitar mayor información a las partes o a terceros, así como ordenar el desahogo de aquellas pruebas que por desconocimiento o error humano o profesional no hayan sido debidamente ofrecidas en la etapa correspondiente o hayan sido desechadas, cuando sean, en cualquiera de las dos hipótesis, determinantes para dilucidar la totalidad o una parte de la controversia, en cuyo caso el Tribunal acordará la práctica de las diligencias necesarias.

Los magistrados deberán manifestar en el laudo, de manera expresa y concreta, las razones por las cuales no hicieron uso de la facultad señalada en el párrafo anterior, en su caso.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, el 22 de junio de 2016.

Atentamente

Dip. Jisela Paes Martínez.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Cuevas Barrón. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.





 

Tiene la palabra el Diputado Omar Ortega Álvarez, para presentar a nombre de los Diputados Juan Fernando Rubio Quiroz y Alberto Martínez Urincho, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Presentada por el Diputado Omar Ortega Álvarez, a nombre de los Diputados Juan Fernando Rubio Quiroz y Alberto Martínez Urincho, del grupo parlamentario del PRD)

El Diputado Omar Ortega Álvarez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Vengo a esta tribuna a presentar esta iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a nombre de mis compañeros Diputados Juan Fernando Rubio Quiroz y Alberto Martínez Urincho.

Un aspecto de la vida cotidiana que mucho nos afecta tanto en nuestra salud como por su impacto en el ambiente, es el tema de los residuos o basura. Los datos comprueban esta afirmación. Por ejemplo, conforme al Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos de 2012 realizado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, se generan en México 102,895 toneladas al día de residuos sólidos urbanos.

De estos, sólo 62,288 toneladas al día, es decir, el 60.54 por ciento por ciento se dispone de manera final en un relleno sanitario y un sitio controlado. Otras 9,904 toneladas al día que representan el 9.63 por ciento, van a ser recicladas, es decir, 30,703 toneladas al día que representan el 29.83 por ciento por ciento, son depositadas en tiraderos a cielo abierto o ni siquiera son recolectadas.

Con el objeto de contribuir a atender la problemática antes señalada, la presenta iniciativa propone las siguientes reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Primero.- Se proponen reformas con el objeto de sentar bases generales para la cooperación y la construcción de políticas, planes o programas para prevenir la contaminación por residuos en caminos o puentes y su manejo integral por arte de la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Asimismo, se prohíbe y se propone, que habrá sanción a quien vierta, abandone o disponga finalmente los residuos en caminos o puentes sin autorización.

Segundo.- Se precisa que los residuos provenientes del Sector Hidrocarburos deberán ser de competencia federal y su regulación estará a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos.

Tercero.- Se propone que sean sujetos a un plan de manejo como residuos peligrosos, todos los residuos generados por el Sector de Hidrocarburos, recortes, lodos y otros residuos de perforaciones provenientes de las actividades para la exploración y extracción de hidrocarburos. Asimismo los lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales.

Cuarto.- Se especifica que la clasificación de un residuo peligroso, se establecerá en las normas oficiales mexicanas y las que sean catalogadas como tales en el artículo 31 de esta ley.

Quinto.- Igualmente, dado que se está generando una amplia diversidad de residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática y de fabricantes de productos electrónicos, estos habrán de tipificarse ahora como residuos peligrosos por lo que estarán también sujetos a un plan de manejo.

Sexto.- Para que un residuo peligroso sea considerado como subproducto deberá demostrarse ambientalmente que puede reutilizado o reusado, y para ello deberá obtener autorización a través de una evaluación de impacto y riesgo ambiental conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológica y la Protección al Ambiente.

Finalmente, consideramos que debemos buscar opciones, no sólo de construir más rellenos sanitarios, sino también de reciclaje: composteo, producción de energía con base a la gestión integral de residuos.

Desde el Partido de la Revolución Democrática, nuestro propósito es lograr beneficios ambientales optimizando, dando economías y aceptación social de la gestión y manejo integral de los residuos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este Pleno, la siguiente iniciativa.

Planteamiento del problema

Primero. “Una de las características emblemáticas del sistema económico mundial actual es que basa el desarrollo de las sociedades en el crecimiento constante del consumo de bienes y servicios. Este hecho ha permitido un mejor nivel de vida a una buena parte de la población mundial. En los países desarrollados es difícil recordar el nivel de esfuerzo físico que requería el trabajo en el campo para los hombres o el trabajo doméstico para las mujeres -en el esquema tradicional de la división del trabajo-, antes de que se extendiera el uso de las máquinas. Sin embargo, desde el inicio de la revolución industrial este crecimiento acelerado ha traído consigo dos grandes problemas para el planeta: el primero como resultado del calentamiento global producido por los gases de efecto invernadero de la actividad industrial, el transporte y los hogares; el segundo, por la creciente generación de desechos tóxicos y no tóxicos de un mayor consumo de bienes de más y más ciudadanos en busca de un mejor nivel de vida en los términos comentados”.1

Frente a ello, debe tenerse en cuenta el manejo y la disposición de los residuos sólidos deben estar regulados adecuadamente, atendiendo las mejores prácticas y los estándares internacionales.

En este sentido, por sus efectos y consecuencias en el medio ambiente, el tratamiento y la disposición de los residuos sólidos, merecen atención especial de las sociedades y gobiernos. Hay que recordar que un estudio del Banco Mundial, “bajo el título de ‘What a waste’,2 alertaba de que los residuos sólidos que cada día sacamos de nuestras casas al contenedor se duplicarán en el año 2025. El informe estima que la generación de residuos sólidos mundial pasará de los poco más de 3,5 millones de toneladas por día en 2010 a más de 6 millones de toneladas por día cuando se cumpla el primer cuarto de siglo”.3

Sin duda, el incremento de los residuos sólidos en el siglo XX y XXI se debió, entre otros factores, al incremento significativo de la población, la cual se tornó más urbana y próspera. Con ello, la producción de residuos aumentó aproximadamente en diez veces con relación a los primeros años del siglo XX. Por ejemplo, “una persona media en Estados Unidos desecha el equivalente a su peso corporal en la basura cada mes. Frente a esto, la gestión de los residuos sólidos es uno de los mayores gastos en los presupuestos municipales”.4

De acuerdo al citado informe del Banco Mundial, las naciones más desarrolladas son la que generan la mayor cantidad de basura generan por persona y día. Así, Europa occidental y Norteamérica son las zonas que generan la mayor cantidad de residuos.

Sin embargo, el problema de la gestión de los residuos sólidos puede advertirse en ciudades de países emergentes como: Laogang en Shanghai, China; Sudokwon, en Seúl, Corea del Sur; JardimGramacho, en Río de Janeiro, Brasil, y Bordo Poniente en Ciudad de México, en donde cada uno de ellos normalmente recibe más de 10 mil toneladas de residuos al día.

Segundo. “El problema de la basura y su eliminación se ha convertido en un tema crucial a nivel global ya que los residuos que generamos, además de ocasionar un gasto social y económico importante a los gobiernos, tienen un alto costo ambiental para toda la población y el planeta”.5

Es importante resaltar que investigaciones de la UNAM sostienen que de continuar con los patrones consumo actuales, se espera que en el 2025 la cantidad de residuos producidos en el mundo se quintuplique.6 Aproximadamente se producen 100 mil toneladas diarias de residuos en todo el país. Por ejemplo, el Distrito Federal y la zona conurbana arrojan casi 20 mil toneladas diarias de residuos, lo que representa casi una quinta parte de la producción nacional.

Tercero. Uno de los antecedentes legislativos contemporáneos sobre el tema es la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación, publicada en 1971, normatividad que unos años más tarde -en 1982- fue abrogada por la Ley Federal de Protección al Medio Ambiente, disposición con un enfoque centrado en la protección de la salud frente a os riesgos de la contaminación ambiental. Asimismo, en esas fechas se creó la primera Subsecretaría de Medio Ambiente en el seno de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.7

Como referencia inmediata del contexto legal que prevalece actualmente en la materia, deben señalarse las reformas al artículo 115 constitucional de 1983, mismas que facultaron a los municipios para prestar el servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

Con posterioridad a esa reforma, en enero de 1988 se promulgó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que estableció la concurrencia de los órdenes de gobierno en materia ambiental, dejando a cargo de las entidades federativas y los municipios la atención de aquellos asuntos que no estuvieran expresamente reservados para el orden federal. Dicho ordenamiento reservó para la Federación la regulación de las actividades relacionadas con residuos peligrosos y con ello estableció una distinción entre residuos peligrosos y no peligrosos, atribuyendo competencia sobre estos últimos a las autoridades locales.

Unos años más tarde (en 1999) se promulgaron las reformas a la LGEEPA, que facultaron a las entidades federativas para regular los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estuvieran considerados como peligrosos y a los municipios la atribución de aplicar tales disposiciones.

Como parte de la evolución normativa del rubro, en octubre de 2003 se publicó la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), que asume algunas de las disposiciones establecidas previamente en la LGEEPA y en donde señala de manera expresa la competencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios en la materia. A la regulación sobre prevención y gestión de residuos señaladas se añaden las disposiciones reglamentarias correspondientes y la expedición de otros instrumentos como las normas técnicas ambientales (hoy conocidas como Normas Oficiales Mexicanas).

Debe señalarse que tanto la LGEEPA como la LGPGIR son reglamentarias de las disposiciones constitucionales contenidas en el artículo 4 en materia de protección a la salud y al derecho a un ambiente sano.

Además de las normas constitucionales relacionadas con el tema -artículos 25, 27, 73 fracción XXIX inciso G, así como los numerales 115 y 124- se encuentran -junto con las leyes ya señaladas en párrafos anteriores- otras disposiciones de carácter federal alusivas a la prevención y gestión de los residuos como lo son: la Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Asimismo, entre 1993 y 2006 se han expedido cerca de una veintena de normas oficiales mexicanas relacionadas con la clasificación, manejo y disposición final de los residuos, lineamientos que abarcan temas como las pruebas para medir la toxicidad de los residuos peligrosos y los requisitos para su confinamiento, especificaciones para la protección ambiental en el manejo de residuos biológico-infecciosos, emisión de contaminantes por perforación de pozos petroleros o los criterios para la remediación de suelos contaminados, entre otros rubros.

Cuarto. En especial, la construcción de infraestructura (que incluye, además de caminos y carreteras, la ampliación del tendido eléctrico y la construcción de presas), también puede afectar la superficie remanente y la continuidad de la vegetación natural. Produce, entre sus efectos más significativos y dependiendo de la magnitud y tipo de obra, la pérdida y alteración de los ecosistemas, la fragmentación de las áreas remanentes de vegetación y, en el caso de caminos y carreteras, pueden constituir obstáculos para la migración de ciertas especies de animales y ocasionar su muerte por atropellamiento.8

En el país, la infraestructura carretera creció 69 183 kilómetros entre 1997 y 2010, pasando de 302 753 kilómetros a 371 936 kilómetros, es decir, aumentó cerca de 5 300 kilómetros por año. A pesar de que no existe un estudio formal acerca de los impactos ambientales del crecimiento de la infraestructura carretera en el país, si se examina la relación que existe entre la densidad de caminos y la cubierta de vegetación natural, puede observarse que, en general, los estados con mayor densidad de caminos son aquellos con la menor proporción de su superficie cubierta con vegetación natural remanente.

Estados como Tlaxcala, que tiene la mayor densidad de carreteras (cerca de 0.66 km/km2), posee la menor cobertura natural del país (18.2% de su superficie); en el otro extremo Chihuahua (con la menor densidad de carreteras, 0.053 km/km2) conserva el 88.1% de su vegetación natural. Es importante mencionar que, aunque la apertura de caminos no es el único factor que favorece la desaparición de los ecosistemas naturales terrestres, sí tiene un efecto negativo al propiciar la colonización y el desarrollo de nuevos centros de población o explotación de recursos naturales. Ejemplos de este fenómeno han sido observados con la apertura de caminos en las selvas húmedas de la Amazonía brasileña.

Uno de los efectos de deterioro ambiental por el crecimiento de la infraestructura carretera, es que la disposición desordenada y no autorizada de residuos sólidos en caminos y puentes. Esta problemática, cada día toma mayor importancia debido al aumento de la generación de residuos por parte de la población, así como la falta de lugares óptimos para el depósito de los mismos.

Quinto. Asimismo, el manejo de los residuos peligrosos continúa enfrentando graves problemas en el País. En principio la resistencia a revalorizarlos y con ello, promover su reúso o reciclado corre el riesgo de enmascarar su peligrosidad al pretender intencionadamente desclasificarlos y manejarlo como especiales, o en su caso designarlos materiales peligrosos y desvirtuar la naturaleza tóxica del desecho.

ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA PRESENTE INICIATIVA

Con el objeto de atender la problemática antes señalada, la presente iniciativa propone las siguientes reformas y adiciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), que a continuación se presentan:

1. Se proponen reformas y adiciones a la LGPGIR  con el objeto de sentar bases generales para la cooperación y la construcción de políticas, planes o programas para prevenir la contaminación por residuos en caminos o puentes y su manejo integral por parte de la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Para ello, se plantea, que la Federación pueda expedir la regulación necesaria para el manejo integral de residuos, así como la celebración de convenios con las entidades federativas para dicho propósito, prevenir la contaminación por residuos y en su caso la remediación en caminos o puentes a su cargo. Asimismo, se prohíbe y se propone, que habrá sanción a quien vierta, abandone o disponga finalmente los residuos en caminos o puentes sin autorización.

2. Asimismo, se precisa que los residuos provenientes del Sector Hidrocarburos deberán ser de competencia Federal y su regulación estaría a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Se especifica que la clasificación de un residuo peligroso, se establecerá en las normas oficiales mexicanas y las que sean catalogadas como tales en el artículo 31 de la LPGIR. La identificación de los residuos peligrosos deberá especificarse en las normas oficiales mexicanas incluyendo listados exhaustivos que puedan actualizarse periódicamente.

Se propone que todos los residuos generados por el Sector Hidrocarburos, recortes, lodos y otros residuos de perforación provenientes de las actividades para la exploración y extracción de hidrocarburos; asimismo los lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales sean sujetos a un plan de manejo como residuos peligrosos.

Igualmente, como resultado del avance tecnológico se está generando una amplia diversidad de residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática y de fabricantes de productos electrónicos, que habrán de tipificarse ahora como residuos peligrosos por lo que estarían también sujetos a un plan de manejo.

Asimismo, la diversidad y naturaleza de los residuos se tornado bastante compleja de modo que la definición inicial del concepto resulta insuficiente. Lo anterior se vuelve confuso cuando un residuo independiente de su peligrosidad puede ser reinsertado a las corrientes de proceso, por lo que se convierte en un insumo o subproducto.  El criterio sería que para que un residuo peligroso sea considerado como subproducto deberá demostrarse ambientalmente que puede ser reutilizado o reusado, y para ello deberá obtener autorización a través de una evaluación del impacto y riesgo ambiental en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Con el propósito de incentivar la revalorización de los residuos resulta pertinente establecer expresamente en la Ley que la disposición final de los residuos peligrosos se limitará exclusivamente para las corrientes de desechos que hayan agotado las opciones de reuso y reciclado.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, la aprobación de esta iniciativa con proyecto de Decreto.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos.

Artículo Único. Se adicionan una fracción II Bis, III Bis y X Bis al artículo 7, una fracción XV Bis al artículo 9, un artículo 17 Bis, una fracción XVI al artículo 31, una fracción V Bis al artículo 35, un último párrafo al artículo 42, una fracción II Bis del artículo 106; y se reforma el artículo 16, la fracción VIII del artículo 19, la fracción XI del artículo 31, el primer párrafo del artículo 56, la fracción I del artículo 100de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 7.- Son facultades de la Federación:

I. a II. …

II. Bis. Expedir reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas para regular el manejo integral de los residuos provenientes del Sector Hidrocarburos que corresponden a su competencia de conformidad con esta Ley, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Agencia Nacional Industrial y de Protección al medio Ambiente del Sector Hidrocarburos;

III….

III. Bis. Expedir reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones jurídicas para regular el manejo integral de los residuos en caminos o puentes federales, así como su clasificación y prevenir la contaminación o llevar a cabo su remediación cuando ello ocurra;

IV. a X. …

X. Bis. Celebrar convenios con los gobiernos de las entidades federativas para el manejo integral de los residuos en caminos o puentes federales, prevenir la contaminación por residuos o llevar a cabo su remediación cuando ello ocurra;

XI. a XXIX. …

Artículo 9.- Son facultades de las Entidades Federativas:

I a XV …

XV Bis. Suscribir convenios con la Federación para el manejo integral de los residuos en caminos o puentes federales, prevenir la contaminación por residuos o llevar a cabo su remediación cuando ello ocurra;

XVI a XXI …

Artículo 16.- La clasificación de un residuo como peligroso, se establecerá en las normas oficiales mexicanas y los que sean catalogados como tales en el artículo 31, que especifiquen la forma de determinar sus características, que incluyan los listados de los mismos y fijen los límites de concentración de las sustancias contenidas en ellos, con base en los conocimientos científicos y las evidencias acerca de su peligrosidad y riesgo.

Artículo 17 Bis. Los residuos del Sector Hidrocarburos considerados como residuos peligrosos y de manejo especial, que se definirán en forma genérica en el reglamento según lo estipulado en el artículo 7 fracción II Bis de esta Ley, son de regulación y competencia federal, su peligrosidad y manejo integral, se determinará conforme a las normas oficiales mexicanas aplicables, y estarán sujetos a los planes de manejo previstos en esta Ley o en las normas oficiales mexicanas específicas.

Artículo 19.- Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a continuación, salvo cuando se trate de residuos considerados como peligrosos en esta Ley y en las normas oficiales mexicanas correspondientes:

I. a VII. …

VIII. Residuos de vehículos automotores y otros que al transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de un manejo específico;

IX. a XI….

Artículo 31.- Estarán sujetos a un plan de manejo los siguientes residuos peligrosos y los productos usados, caducos, retirados del comercio o que se desechen y que estén clasificados como tales en la norma oficial mexicana correspondiente:

I. a X. …

XI. Residuos generados por el Sector Hidrocarburos, recortes, lodos y otros residuos de perforación provenientes de las actividades para la exploración y extracción de hidrocarburos; asimismo los lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales;

XII. a XV. ...

XVI. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática y de fabricantes de productos electrónicos.

…..

Artículo 35.- El Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, en la esfera de su competencia, promoverán la participación de todos los sectores de la sociedad en la prevención de la generación, la valorización y gestión integral de residuos, para lo cual:

I a V …

V. Bis. Impulsarán políticas, planes o programas para la prevención y manejo integral de los residuos en caminos o puentes;

VI a VII …

Artículo 42.- Los generadores y demás poseedores de residuos peligrosos, podrán contratar los servicios de manejo de estos residuos con empresas o gestores autorizados para tales efectos por la Secretaría, o bien transferirlos a industrias para su utilización como insumos dentro de sus procesos, cuando previamente haya sido hecho del conocimiento de esta dependencia, mediante un plan de manejo para dichos insumos, basado en la minimización de sus riesgos.

Un residuo peligroso será considerado como subproducto si se demuestra ambientalmente que puede ser reutilizado o reusado, y para ello deberá obtener autorización a través de una evaluación del impacto y riesgo ambiental en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo 56.- La Secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas para el almacenamiento de residuos peligrosos, las cuales tendrán como objetivo la prevención de la generación de lixiviados y su infiltración en los suelos, evitar su incompatibilidad, el arrastre por el agua de lluvia o por el viento de dichos residuos, incendios, explosiones y acumulación de vapores tóxicos, fugas o derrames.



Artículo 100.- La legislación que expidan las entidades federativas, en relación con la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos podrá contener las siguientes prohibiciones:

I. Verter residuos en la vía pública, caminos, puentes, predios baldíos, barrancas, cañadas, ductos de drenaje y alcantarillado, cableado eléctrico o telefónico, de gas; en cuerpos de agua; cavidades subterráneas; áreas naturales protegidas y zonas de conservación ecológica; zonas rurales y lugares no autorizados por la legislación aplicable;

II. a III. …

Artículo 106.- De conformidad con esta Ley y su Reglamento, serán sancionadas las personas que lleven a cabo cualquiera de las siguientes actividades:

I a II …

II. Bis. Verter, abandonar o disponer finalmente los residuos en caminos o puentes sin autorización para ello;

III a XXIV …

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal expedirá el Reglamento actualizado en un plazo no mayor a noventa días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero. Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberá hacer las adecuaciones legislativas dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, el 22 de junio de 2016.

Suscribe

Dip. Juan Fernando Rubio Quiroz.- Dip. Alberto Martínez Urincho.

1 Mascott Sánchez, María de los Ángeles, “Residuos Sólidos en México”, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados, LXI Legislatura, México, febrero de 2012, p. 1.

2 “What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management”, ver:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/0, contentMDK:23172887~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:337178,00.html, 8 de septiembre de 2015.

3 Geografía Infinita, “¿Quién genera más basura?: mapa mundial de los residuos urbanos”, ver: http://geografiainfinita.com/2013/11/15/quien-genera-mas-basura-mapa-mu ndial-de-los-residuos-urbanos-2/, 10 de septiembre de 2015

4 Ibídem.

5 Céspedes, Leonardo y Rojas, Clara, “Residuos sólidos urbanos: un grave problema ambiental”, Universidad Nacional Autónoma de México-Ciencia UNAM-DGDC, ver: http://ciencia.unam.mx/contenido/galeria/basura_residuos, 10 de septiembre de 2015.

6 Ibídem.

7 González Rodríguez, José de Jesús, “La prevención y gestión integral de los residuos en México. Apuntes sobre la regulación normativa y datos complementarios”, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados, LXI Legislatura, México, febrero de 2012, p. 3. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Reporte-51-Residuso-solidos-urbanos- Mexico.pdf

8 Semarnat. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. Compendio de Estadísticas Ambientales. Indicadores Clave y de Desempeño Ambiental. Edición 2012. México. 2013, p. 59. Ver:
http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_12/pdf/Informe_2012.pdf

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ortega Álvarez. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

En el turno que corresponde al grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hará la presentación de su iniciativa la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario del Partido de Morena.





 

En consecuencia, tiene la palabra la Diputada Norma Rocio Nahle García, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones constitucionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Norma Rocío Nahle García, a nombre del Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario de Morena)

La Diputada Norma Rocío Nahle García: Muchas gracias, al Partido del Trabajo por su generosidad, por cedernos el espacio que se nos ha negado en una forma antidemocrática.

Para el grupo parlamentario de Morena es prioridad la construcción de un andamiaje jurídico y administrativo que dé certeza operativa a un verdadero Sistema Nacional de Fiscalización. Por ello, en abril y mayo pasados, presentamos las iniciativas Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y de las reformas y adiciones de la Ley Orgánica para la Restitución de Funciones de la Secretaría de la Función Pública.

Asimismo, junto con el Partido del Trabajo, presentamos una iniciativa de ley para reformar el artículo 108 constitucional. El propósito es que en la Carta Magna se establezca una medida para combatir realmente la corrupción desde la cabeza del sistema y no sólo medidas que no resuelven el problema de fondo.

La corrupción en México es un tema constante en los últimos años, manifestándose y traduciéndose en onerosos endeudamientos de estados y municipios, licitaciones amarradas, concesiones pactadas, sindicatos opacos, aduanas ineficientes y un conjunto de leyes laxas, lo cual ha despertado un profundo agravio social.

Se han dictaminado leyes y normas para garantizar la transparencia y el correcto ejercicio de los recursos de los contribuyentes; sin embargo, en la práctica esto no se cumple debido a la falta de claridad en los mandatos y la dispersión de facultades de un sistema que se encuentra inhibido por carecer de independencia y autonomía.

Este es el caso de la Secretaría de la Función Pública, que a 34 años de su creación, desde 1982, el titular de dicha dependencia era designado por el gobernador en turno. La designación por parte del Ejecutivo constituía un área de opacidad en la actuación de las personas adscritas a este órgano de control.

En febrero de 2015, se aprobó que sea la Cámara de Senadores la que ratifique o no la propuesta del Ejecutivo Federal para la designación del titular de la Secretaría de la Función Pública, con ello, se da el primer paso hacia una mayor independencia y autonomía del órgano de control.

En Morena, estamos proponiendo que sea la Cámara de Diputados donde se vea el Presupuesto, donde se vean las finanzas, donde se vea la asignación de recursos, con el propósito de robustecer este sistema de fiscalización, por ello es necesario regresar a la legalidad.

El grupo parlamentario de Morena propone:

1.- Que el titular de la Secretaría de la Función Pública sea ratificado de inmediato por la Cámara de Diputados.

2.- Que el titular de la Secretaría de la Función Pública sea ya ratificado por el Congreso, de acuerdo a la facultad conferida en la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto se publique la primera Ley del Sistema Anticorrupción.

El actual Secretario, señor Virgilio Andrade, y amigo del Presidente, no tiene la autoridad moral para continuar en el cargo. Se ha estado solapando, se ha estado actuando para disminuir o tapar sus pésimas actuaciones, Casa Blanca y demás.

Entonces acabamos de firmar y de aprobar un Sistema Nacional Anticorrupción, pero con los mismos vicios.

Hoy, por ejemplo, no nos permiten al grupo parlamentario de Morena, presentar el punto de Acuerdo donde pedimos la destitución inmediata de Aurelio Nuño, porque es un Secretario que no es Secretario; es un Secretario que dice que a los maestros los atienda el político, que él como Secretario de Educación no va a atender a los maestros y es parte de lo mismo; es parte de lo mismo, se necesita ir a profundidad.

Los casos que hoy aquí competen, para Morena es lamentable lo que está sucediendo, es lamentable los hechos que se dieron en Oaxaca y es lamentable que desde el gobierno federal se esté cobijando y se esté arropando a funcionarios que no tienen el perfil y, sobre todo, que no han dado la talla.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA, a nombre del Diputado VIDAL LLERENAS MORALES, integrantes del grupo parlamentario de MORENA, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A partir del 2 de enero de 2013, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que entre otros cambios, se propuso la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, con las modificaciones a los artículos 26, 31, 37, 44 y 50, se transfirieron temporalmente las atribuciones de la Secretaría de Función Pública a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Puesto que en el artículo segundo transitorio de ese decreto se establece que:

“Las modificaciones previstas en el presente Decreto para los artículos 26, 31, 37, 44, y 50 de esta Ley exclusivamente por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica.

Al expedir los ordenamientos reglamentarios de la reforma constitucional correspondiente, el Congreso de la Unión revisará que el control interno y el sistema integral de control y evaluación gubernamental sean congruentes con las atribuciones que le sean conferidas a dicho órgano y compatibles con las bases y principios del Sistema Nacional de Fiscalización, para lo cual realizará las reformas legales a que haya lugar.”

En el marco de la Reforma del Estado, y la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, diversos legisladores presentaron iniciativas mediante las cuales se proponían modificar la forma en que el Ejecutivo Federal rendía cuentas. El 25 de noviembre de 2014, Diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron una iniciativa mediante la cual proponían entre otras reformas que la Cámara de Diputados ratifique al titular del órgano responsable del control interno del Ejecutivo Federal, a través de una terna que al efecto deberá presentar el Presidente de la República.

Esta iniciativa fue dictaminada conjuntamente con las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en las Cámaras de Diputados y Senadores el 4 de noviembre de 2014, asimismo  la diputada Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó dos iniciativas con fecha 19 de noviembre de 2014, finalmente el 12 de febrero de 2015, los diputados Agustín Miguel Alonso Raya y Fernando Belaunzarán Méndez del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Así, el 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destacando una adición a la fracción II del artículo 76, que dice:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. …

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

III. … XIV.

Asimismo en los transitorios se facultó al Congreso de la Unión para expedir diversas normas respecto al órgano fiscalizador, como también la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tal y o como se establece en el artículo segundo transitorio:

“El Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá aprobar las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIV y XXIX-V del artículo 73 de esta Constitución, así como las reformas a la legislación establecida en las fracciones XXIV y XXIX-H de dicho artículo. Asimismo, deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto de que la Secretaría responsable del control interno del Ejecutivo Federal asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto y en las leyes que derivan del mismo.”

De lo anterior se puede advertir que el texto vigente de la Carta Magna contiene el mecanismo para ratificar al Titular de la Secretaría de Control Interno del Ejecutivo Federal a cargo de la Cámara de Senadores.

Cabe destacar, que de acuerdo al Octavo Transitorio del Decreto publicado el 27 de mayo de 2015, se establece:

OCTAVO. Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que hayan sido nombrados a la fecha de entrada en vigor de la ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de esta Constitución, continuarán como Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por el tiempo que fueron nombrados.

Los titulares de los órganos a que se refieren las adiciones y reformas que establece el presente Decreto en las fracciones VIII del artículo74 y II del artículo 76, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del mismo, continuarán en su encargo en los términos en los que fueron nombrados.

…”

En el mismo sentido, el 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. En los Transitorios se define quienes son los “Órganos”:

SÉPTIMO. En tanto se integran los órganos constitucionales conforme a lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio, continuarán en sus funciones, conforme al marco jurídico vigente a la entrada en vigor del presente Decreto, los órganos desconcentrados Comisión Federal de Competencia y Comisión Federal de Telecomunicaciones. Los recursos humanos, financieros y materiales de los órganos desconcentrados referidos pasarán a los órganos constitucionales que se crean por virtud de este Decreto.

Los procedimientos iniciados con anterioridad a la integración de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, continuarán su trámite ante estos órganos en términos de la legislación aplicable al momento de su inicio. Las resoluciones que recaigan en estos procedimientos, sólo podrán ser impugnadas en términos de lo dispuesto por el presente Decreto mediante juicio de amparo indirecto.”

De lo anterior se desprende que, el espíritu del legislador al incluir este conjunto de transitorios fue garantizar que las labores encomendadas a los Órganos no se truncarán con la incertidumbre de la ratificación de sus altos funcionarios, en el momento que entrado en vigor la Ley General del Sistema Anticorrupción.

Sin embargo, no se menciona el procedimiento que debe seguir el titular de la Secretaría de Control Interno del Ejecutivo Federal. Del cual se hace referencia que es la Cámara de Senadores quien ratificará o no la propuesta del Ejecutivo Federal.

Si bien, el Congreso de la Unión, como portador de la representación política de la nación, y del pulso político, económico, social del país, debe asumir una participación de mucho mayor relevancia en la definición de la posición general que debe tener nuestro país. La misma Constitución Política establece que es atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, la fiscalización de la gestión pública del Ejecutivo Federal.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

(I…XXIII)

XXIV. Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; así como para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 de esta Constitución;

(XXV … XXX)

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I .…

II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, en los términos que disponga la ley;

III .…

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.

(V … IX)

Con el propósito de robustecer este Sistema de Fiscalización, el Grupo Parlamentario de MORENA propone que el titular de la Secretaría de Función Pública sea designado por la Cámara de Diputados, la independencia de este Órgano de Control Interno es relevante ya que es la autoridad encargada de sancionar a los servidores públicos que incurrieran en responsabilidad administrativa del Ejecutivo Federal. La designación por parte del Ejecutivo constituye en un área de opacidad en la actuación de las personas adscritas a éste Órgano de Control, en perjuicio de la legalidad.

Para contar con una Contraloría Interna del Ejecutivo Federal que sea objetiva y cuya función se apegue a los más altos estándares de cumplimiento normativo y siguiendo el antecedente jurisdiccional, por el cual la Cámara de Diputados es quien realice la función de nombrar, ratificar y remover a los titulares de las Contralorías Internas de los siete Órganos Autónomos Constitucionales y al titular de la Secretaría de Función Pública.

Esta es la razón por la cual propongo que se otorgue competencia a la Cámara de Diputados para que designe al titular de la Secretaría de Función Pública, siguiendo los parámetros y el diseño que en su momento, a nivel constitucional se establecen para la designación de los Contralores de los Órganos Autónomos Constitucionales.

Con este primer paso, de mayor independencia y autonomía de la Secretaría de la Función Pública se puede fortalecer un marco institucional anticorrupción naciente, que esta autonomía privilegie a través de una mayor transparencia las acciones de supervisión y las sanciones a imponer, que permita combatir eficazmente la corrupción, que con la aplicación de la Ley se desaparezca la impunidad, principal factor que lleva a los funcionarios a cometer actos reprobables como son el tráfico de influencias, contrabando, soborno, peculado, uso privado de bienes públicos, licitaciones públicas concertadas y concesiones pactadas.

La importancia que tiene la Secretaría de la Función Pública en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, queda de manifiesto en la Reforma Constitucional del artículo 113, fracción I, publicada el 27 de mayo de 2015:

Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:

I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana;

(…)”

Como pilar del Sistema Nacional Anticorrupción, es imperioso que la Secretaría de la Función Pública, entre en funciones en el momento que entre en vigor la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, por ello se propone adicionalmente que el Titular de la Secretaria de la Función Pública sea ratificado por el Congreso en cuanto se publique la primera Ley del Sistema Anticorrupción.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que sea la Cámara de Diputados la facultada para designar al Titular de la Secretaría de Función Pública.

PRIMERO.- Se reforman las fracciones VII del artículo 74 y II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I.- VII.- (…)

VIII. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación y al titular de la Secretaría de Función Pública, y

IX. (…)

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. (…)

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

III. (…)

SEGUNDO.- Se adiciona al segundo párrafo del artículo Octavo Transitorio de la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015:

OCTAVO....

Los titulares de los órganos a que se refieren las adiciones y reformas que establece el presente Decreto en las fracciones VIII del artículo74 y II del artículo 76, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del mismo, continuarán en su encargo en los términos en los que fueron nombrado; el titular de la Secretaría de la Función Pública deberá ser ratificado en el momento en que entre en vigor la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción que se refiere el artículo 113 de esta Constitución.

…”

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 22 de junio de 2016.

Suscriben

Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza.- Dip. Vidal Llerenas Morales.

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
PATRICIA SÁNCHEZ CARRILLO

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputada Nahle García. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.





 

Se concede el uso de la tribunal al Diputado Francisco Javier Pinto Torres, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 2o., 32 y 33 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2o., 32 Y 33 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

(Presentada por el Diputado Francisco Javier Pinto Torres, del grupo parlamentario de Nueva Alianza)

El Diputado Francisco Javier Pinto Torres: Muy buenos días a todas y todos, compañeros. Con la venia de la Presidencia.

Si queremos preservar lo que queda de nuestro medio ambiente, es prioritario transformar la manera en la que edificamos nuestras ciudades.

Muy buenas tardes, ya.

La iniciativa que someto a su consideración, reforma o pretende reformar los artículos 2o., 32 y 33 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Lo anterior, con la finalidad de que se establezca la definición de sustentabilidad y que se obligue a las entidades federativas y municipios a expedir normas vinculatorias en materia de edificación sustentable.

En Nueva Alianza, hemos sido reiterativos en la importancia que se debe dar a la protección del medio ambiente como una prioridad de la política pública.

Para nosotros el desarrollo sustentable debe combinar la innovación tecnológica y el avance social en el principio precautorio como piedra angular. Esto significa que la prevención es la mejor política en materia ambiental.

El derecho a un medio ambiente sano es un aspecto fundamental del desarrollo humano. Así lo señala el párrafo quinto del artículo 4o.de nuestra Constitución, en el cual se establece que el Estado está obligado a garantizarlo.

Del mismo modo, la fracción II del artículo 1o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, establece que uno de sus objetivos es el de “fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de Población”.

Es justamente en cumplimiento de dichos preceptos que mediante está reforma buscamos dar un impulso significativo a las edificaciones sustentables.

A todos nos preocupa la contaminación ambiental, pero la pregunta es: ¿Qué estamos haciendo para combatirla?

De acuerdo con estudios más recientes, el Centro Mario Molina, en materia de edificaciones a nivel mundial estas aportan aproximadamente la tercera parte de las emisiones totales de Gases del Efecto Invernadero y son responsables del 40 por ciento del consumo de la energía eléctrica.

El mismo estudio refiere que nuestro país durante 2007, las edificaciones fueron causantes del 20 por ciento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y del 25 por ciento del consumo de la energía eléctrica.

Está comprobado que los edificios también contaminan, es preciso hacer algo al respecto antes de que sea demasiado tarde.

La edificación sustentable significa una oportunidad para desarrollar inmuebles dotados de eficiencia energética y que cuenten con un mejor aprovechamiento de los recursos naturales al usar energías renovables.

La edificación sustentable nos beneficia a todos.

Reformar la Ley General de Asentamientos Humanos, en este sentido, significaría un gran paso para la transición hacia la incorporación de construcciones inteligentes y respetuosas del medio ambiente en todo nuestro país.

En Nueva Alianza asumimos la defensa de nuestros recursos naturales y la protección del medio ambiente como temas de las más altas prioridades.

Espero que compartan nuestra visión y, en consecuencia, acompañen está iniciativa.

Seamos audaces, actuemos por México, hagamos que las cosas sucedan.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

Quien suscribe, FRANCISCO JAVIER PINTO TORRES, Diputado Federal integrante del grupo parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2, 32 Y 33 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las ciudades son espacios geográficos con determinados recursos naturales que han sido transformados por el ser humano. Así, el entorno urbano es una mancha de población en devenir que se integra en un determinado territorio.

La decisión de intervención que dicha población tiene para acceder y usar los recursos naturales para interactuar entre sí, las tecnologías e infraestructuras utilizadas para explotar, consumir, producir, intercambiar y vivir, determinan el aspecto físico-geográfico y socio-cultural de la ciudad. [*]

La ciudad es pues la expresión física y social de un centro de población en constante transformación, cuya interacción tiene manifestaciones en el entorno espacial (suelo, recursos naturales y medio ambiente en general) y pautas socio-económicas entre la población local, pero también en su interacción con otras urbes. [*]

En la actualidad, la urbanización es un tema de la agenda mundial. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el mundo se ha urbanizado rápidamente desde 1950 y las proyecciones indican que esta tendencia continuará creciendo de forma exponencial. [*]

De acuerdo con la ONU, en 2014 un poco más de la mitad de la población mundial era urbana y se espera que esta metropolización crezca aún más en los próximos 35 años, por lo que se estima que para el año 2050, la población mundial será un tercio rural y dos tercios urbana, es decir, la ONU proyecta que para el 2050, 6.3 billones de personas vivirán en asentamientos humanos. [*]

Las estimaciones de la ONU indican que en 2014, alrededor de la mitad de todos los países o áreas eran urbanas en más de un 60% y que el nivel de urbanización excedía 80% en el 25% de los países o áreas. Asimismo, la ONU proyecta que para el 2050, cerca del 70% de los países o del área mundial tendrán entornos urbanos en más de un 60% y 38% de los países o áreas serán 80% urbanas como mínimo. En conclusión, podemos observar que el número de países predominantemente rurales está disminuyendo con el tiempo.

Según el informe “Nuestro mundo urbanizado” de la ONU, en 2014, América del Norte, Latinoamérica y el Caribe fueron las regiones más urbanizadas del planeta, con el 80% o más de su población viviendo en asentamientos urbanos. [*]

De hecho, con base en el informe de la ONU “Un mundo de ciudades”, México cuenta con una de las más grandes urbes del mundo: la Ciudad de México.  Según datos aportados por este informe, la zona metropolitana del Valle de México se clasifica a nivel mundial, como la cuarta urbe más grande, junto con Mumbai y São Paolo, al contar con alrededor de 21 millones de habitantes. [*]

De lo anterior se desprende que las mayores presiones ambientales, económicas, sociales y culturales que genera la urbanización se harán presentes en países como México. En efecto, nuestro país no se ha visto exento de la pauta mundial de urbanización. Por el contrario, tal y como lo señala el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 (PNDU), entre 2000 y 2010 el número de zonas metropolitanas en nuestro país aumentó de 55 a 59 y su población creció 23.8%, al pasar de 51.5 a 63.8 millones.

Los datos oficiales publicados por el PNDU 2014-2018 señalan que para los años 2020 y 2030 se proyecta que la población que habita en zonas metropolitanas llegue a 72.4 y 78 millones, respectivamente. Actualmente en nuestro país existen 59 zonas metropolitanas que abarcan 367 municipios. Según el PNDU, en promedio cada zona metropolitana está integrada por 6.4 municipios, la zona metropolitana que más municipios abarca es la del Valle de México con 76 municipios. [*]

En ese mismo sentido, el Centro Mario Molina, junto con las organizaciones civiles CTS Embarq y el IMCO, señalan que el México contemporáneo es un país eminentemente urbano, ya que el 78% de su población vive en un centro urbano de más de 2,500 habitantes y el 63% en centros urbanos de más de 15 mil habitantes. [*]

Según datos del INEGI, desde el 2010, 59 son las zonas metropolitanas con las que cuenta el país, cuando en 1990 eran 37, 367 municipios y delegaciones son metropolitanos, 63.8 millones de mexicanos viven en una zona metropolitana y el 40% de los municipios tiene algún tipo de acuerdo de cooperación con  el gobierno estatal o con otros municipios en materia urbana. [*]

En conclusión, no podemos obviar que México vive un acelerado crecimiento demográfico y una distribución desequilibrada de la población en el territorio, resultante de una urbanización desordenada.

La ciudad es, debido a la mayor concentración de capital humano (mano de obra y capital intelectual) que ofrece, el principal espacio de intercambio de productos y servicios, esto la ha convertido en el lugar clave para el flujo de ingresos y recursos que componen la economía de nuestro país.

Así, cuando en una ciudad se presenta un crecimiento y desarrollo urbano descontrolado, se manifiestan problemas de desigualdad social, falta de infraestructura básica, inseguridad, congestión  y contaminación que afectan la calidad de vida de sus habitantes y espacios de economía informales, lo cual termina minando el dinamismo productivo y económico del país. [*]

En este contexto, la planeación, coordinación y administración urbana son instrumentos clave para incidir positivamente en el patrón de organización espacial, en el ordenamiento del territorio y en la sustentabilidad del desarrollo, a fin de lograr mayor competitividad económica, preservar el medio ambiente, elevar la calidad de vida y generar una mejor distribución de costos y beneficios al interior de las zonas metropolitanas. [*]

Ahora bien, para lograr un desarrollo urbano óptimo y benéfico, es necesario que la estructura del Estado, en sus tres órdenes de gobierno, lleve a cabo una gestión estratégica y sustentable de las ciudades que resulte altamente productivo, minimice y, si es posible, elimine la desigualdad social, así como los niveles de contaminación y de pérdida de patrimonio natural.

La construcción tal y como se ha llevado a cabo de manera predominante hasta la actualidad, ha resultado en grandes efectos negativos para el medio ambiente. Según la NOM sobre Edificación Sustentable:

“La edificación, como elemento estructural de la urbanización ha jugado un rol central en esta dinámica. Las tendencias de diseño, uso de materiales y métodos constructivos, están incrementando el costo, la escasez de materiales y los recursos naturales, representando un factor de presión sobre la calidad ambiental local y global.

Por otro lado, los gastos en el consumo de agua y energía como consecuencia de un mal diseño, tienen repercusiones económicas y ambientales durante la vida útil de la edificación, y aún después de ésta, por lo que resulta muy importante tomar decisiones de inversión que incluyan medidas de ahorro y eficiencia que eviten gastos mayores o que se incrementen con el tiempo.

Asimismo, la localización de las edificaciones pueden intensificar el gasto en transporte y provocar un aumento en el consumo de combustibles fósiles, situación que conlleva mayores costos de abastecimiento de servicios básicos, además de contribuir a la expansión de la mancha urbana sobre suelo agrícola o forestal, por lo que su localización juega un papel central para contrarrestar dichas tendencias aprovechando la capacidad instalada y las inversiones realizadas en redes de infraestructura, equipamientos, espacios públicos y servicios en general”. [*]

De acuerdo al estudio más reciente del Centro Mario Molina en materia de edificaciones a nivel mundial, estas aportan aproximadamente la tercera parte de las emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero y son responsables del 40% de consumo de energía eléctrica.

Este estudio señala que en México, durante 2007, las edificaciones fueron causantes del 20% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y del 25 % del consumo de energía eléctrica.

Sin embargo, en México aún no existe ninguna disposición a nivel nacional que obligue a las entidades federativas y municipios a expedir normas vinculatorias en materia de edificación sustentable.

Existen algunas Normas Oficiales Mexicanas y certificaciones voluntarias, pero sólo se abocan a determinados aspectos o tecnologías relativas a las edificaciones ecológicas; mas no existe ninguna norma a nivel nacional de la cual se derive la obligación para todos los órdenes de gobierno de crear un marco legal que prescriba de manera integral y obligatoria, el desarrollo de la edificación sustentable (residencial, comercial y pública) en el país.

Reformar la Ley General de Asentamientos Humanos en ese sentido equivaldría a normar la transición de todo el país, a través de cada una de sus localidades, hacia una edificación sustentable e inteligente.

La edificación sustentable es una gran área de oportunidad que tiene México para desarrollar edificaciones con una utilización óptima de la energía (eficiencia energética) y con un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y las energías renovables. Si bien esto representaría un incremento de los costos de construcción, a la larga resultará en un ahorro importante en cuanto a costos de operación.

En los países altamente desarrollados, este tipo de normatividad ha resultado en edificaciones de cero consumo de energía fósil o de cero emisiones netas de gases de efectos invernadero.

Promover la construcción de edificaciones verdes a nivel nacional significaría una reducción en el consumo energético a nivel micro y macroeconómico, así como una reducción de la generación de emisiones de carbono. Esto contribuiría para que México cumpla con sus metas legales nacionales e internacionales en energías renovables, limpias y de reducción de emisión de gases de efecto invernadero.


ARGUMENTACIÓN

Una gestión sustentable del desarrollo urbano en México implica que el Estado, desde sus diferentes poderes y órdenes de gobierno, diseñe e implemente un conjunto de acciones integrales para hacer frente a los diversos impactos que generan el desarrollo de las urbes.

Uno de los varios impactos negativos de la expansión de la mancha urbana es la contaminación y la pérdida de recursos naturales como el agua.

Precisamente, con el objetivo de lograr un funcionamiento integral de los asentamientos humanos en el país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 27, 73, fracción XXIX-C [*] y 115, fracción V, inciso a), d) y f) [*] sienta las bases para que el Estado, en sus diferentes órdenes de gobierno y en sus diferentes poderes, regule la ordenación de los asentamientos humanos.

Con base en lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 27 Constitucional:

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad”. [*]

Entonces, nuestro marco legal sí contempla la inserción de la estructura de gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, en la gestión de asentamientos urbanos y rurales, dándole incluso la facultad de establecer modalidades a la propiedad privada, siempre y cuando sea en favor del interés público.

Ahora bien, dicha determinación tiene su parte correlativa en el catálogo de derechos establecido en el artículo 4o., párrafo quinto, de la propia Constitución, que prevé el "derecho a un medio ambiente sano" y la "obligación del Estado de garantizarlo", los cuales tienen que ser leídos no solamente en las varias expresiones de la facultad de protección al ambiente  y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, sino principalmente desde la facultad constitucional directa que establece el interés público directo y permite establecer modalidades a la propiedad, sin que esto se convierta en su expropiación o confiscación. Así, las referidas modalidades que pueden imponerse al derecho de propiedad siempre que estén debidamente fundadas y motivadas y se consideren razonables y proporcionales, constituyen restricciones que no implican su privación o una expropiación, al ser simplemente limitantes a su ejercicio que no significan su anulación. [*]

De estos artículos 4° y 27 Constitucional interpretados de manera sistemática y funcional a la luz del artículo 73, fracción XXIX-C y fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva la facultad del legislador para “establecer modalidades a la propiedad, a fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano, en atención de las necesidades del interés público”. [*]

Siendo la preservación del medio ambiente una finalidad constitucionalmente legítima, entonces es legalmente válido, necesario y obligatorio para el Estado mexicano llevar a cabo una administración estratégica y sustentable de las ciudades mexicanas, a través de la mejora de la planeación, gestión y construcción de las edificaciones (sean estas residenciales, comerciales, industriales o de obra pública). De tal manera que, por ejemplo, se aproveche óptimamente la energía (eléctrica, térmica, entre otras) que necesitan y el recurso hídrico que podrían captar y almacenar. [*]

Dadas las altas pérdidas de energía, la generación de Gases de Efecto Invernadero y el desaprovechamiento de agua pluvial, entre otras cosas, que resultan de los diseños de construcción que predominan en la edificación actual, es crucial que el Estado garantice la satisfacción de las necesidades de vivienda de la población mediante una gestión segura, sustentable, responsable y eficiente de los recursos urbanos. De tal modo que pueda ofrecer soluciones adecuadas de vivienda, cobertura de servicios, impulso a las actividades económicas, promoción de la vida comunitaria, alternativas sustentables de movilidad, entre otras, sin poner en riesgo la posibilidad de las generaciones futuras de poder seguir gestionando correctamente los recursos urbanos. [*]

Tal gestión urbana sustentable es lo que plantea y pretende lograr el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, pues:

“Las prácticas de edificación sustentable han demostrado beneficios en el desempeño ambiental y energético, logrando una operación eficiente con estándares de excelencia y menores gastos para los usuarios. Estos beneficios han sido valorados en la reciente Ley General de Cambio Climático que establece como uno de los objetivos de las políticas públicas para la mitigación el promover prácticas de eficiencia energética, el desarrollo y uso de fuentes renovables de energía y la transferencia y desarrollo de tecnologías bajas en carbono, particularmente en bienes muebles e inmuebles de dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, de las entidades federativas y de los municipios.

No obstante el amplio marco jurídico y normativo aplicable a la edificación, se adolece de un referente nacional que establezca los estándares básicos en materia de sustentabilidad que deben  satisfacer las edificaciones para contribuir a reducir de manera permanente su impacto ambiental directo e indirecto, de forma que sea compatible con estándares internacionales”. [*]

Por lo que en el grupo parlamentario Nueva Alianza proponemos la presente iniciativa para reformar la Ley General de Asentamientos Humanos de tal modo que se constriña a los Congresos locales a incluir, en sus respectivas leyes estatales en materia de Desarrollo Urbano, disposiciones obligatorias sobre Edificación Sustentable.

FUNDAMENTO LEGAL

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputado Federal integrante del grupo parlamentario Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la iniciativa con proyecto de:

DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2, 32 Y 33 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.

ARTÍCULO UNICO.- Se adiciona una fracción XVIII bis al artículo 2; y una fracción II bis al artículo 33 una fracción; y se reforma la fracción V del artículo 32, todos de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I.- a XVIII.- …

XVIII bis.- Sustentabilidad: Principio que sienta las bases para la integración simultánea del desarrollo económico, el bienestar social y la protección del ambiente, de tal modo que las generaciones presentes puedan satisfacer sus necesidades sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras.

XIX.- XXI.- …

Artículo 32.- La legislación estatal de desarrollo urbano señalará los requisitos y alcances de las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, y establecerá las disposiciones para:

I.- a IV.- …

V.- La construcción sustentable de vivienda, infraestructura y equipamiento de los centros de población;

VI.- a VII.- …

Artículo 33.- Para la ejecución de acciones de conservación y mejoramiento de los centros de población, además de las previsiones señaladas en el artículo anterior, la legislación estatal de desarrollo urbano establecerá las disposiciones para:

I.- II.- …

II bis.- La construcción sustentable de nuevas edificaciones, públicas o privadas, destinadas en su totalidad o en uso mixto a diferentes actividades de índole habitacional, comercial, de servicios o industrial; así como la renovación sustentable de las edificaciones existentes, bajo criterios de protección ambiental y eficiencia energética, promoviendo el uso de energías renovables mediante tecnologías limpias aplicables a edificaciones, de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país y garantizando la seguridad estructural de las edificaciones.

III.- a X.- …

ARTÍCULO TRANSITORIO

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro del plazo de 270 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las legislaturas de las Entidades Federativas realizarán las reformas necesarias para armonizar su legislación con este Decreto y la ley citada.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el 22 de junio de 2016.

Dip. Francisco Javier Pinto Torres.


[*] SEMARNAT. (2000). Impactos ambientales del crecimiento de la población en México. Disponible en: http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/estadisticas_2000/compendio_2000/01dim_social/01_01_Demografia/data_demografia/Recuadro1.1.1.htm
[*] RAZÓN Y PALABRA. (2007). “Espacio público y participación ciudadana en el contexto de la gestión de desarrollo urbano. El caso del cerro de la Estrella en Iztapalapa, Ciudad de México”. Disponible en:  http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n55/acarrera.html
[*] ONU. (2009). Urbanización para el desarrollo urbano. Disponible en: 
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=92&Itemid=67
[*] ONU. (2014). Oururbanizingworld. Disponible en:
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/popfacts/PopFacts_2014-3.pdf
[*] ÍBIDEM.
[*] ONU. (2014). A world of cities. Disponible en: 
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/popfacts/PopFacts_2014-2.pdf
[*] SEDATU. (2014). Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342867&fecha=30/04/2014
[*] CTSEMBARQ México; IMCO; CENTRO MARIO MOLINA. (2013). Reforma Urbana, 100 ideas para las ciudades de México. Disponible en: http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2013/10/ReformaUrbana100IdeasparalasCiudadesdeMexico.pdf
[*] SEDESOL; CONAPO; INEGI. (2010). Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2010. Disponible en:  http://www.inegi.org.mx/Sistemas/multiarchivos/doc/702825003884/DZM20101.pdf
[*] ÍBIDEM.
[*] ÍBIDEM.
[*] SECRETARÍA DE ECONOMÍA. (2013). “NMX-AA-164-SCFI-2013. Norma Mexicana de Edificación Sustentable-Criterios y Requerimientos Ambientales Mínimos”. Disponible en: http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3156.pdf
[*] Artículo 73, fracción XXIX-C. El Congreso de la Unión tiene facultades para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con el objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución.
[*] Artículo 115, fracción V, incisos a), d) y f). Los Municipios, en los términos de las leyes Federales y Estatales relativas, estarán facultados para: i) formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; ii) autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales y iii) Otorgar licencias y permisos para construcciones. La Fracción VI del mismo artículo dispone que cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros urbanos con apego a la Ley Federal de la Materia.
[*] Artículo 27, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[*] Tesis aislada 1ª. LXXVII/2014, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de marzo de 2014, 10ma época. Tomo I, Libro 4, marzo de 2014 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, p. 552. Disponible en: http://200.38.163.178/sjfsist/(F(5dNDcC0oMytMU-sSj29gyrcjWbWMcqc1Z_gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8_tC5MvotqOSc9ziDl6ur5ia3UFsMdIi3h8dq9j221F4_TC-cDnwLdYgJGcU6suX8lweL7BTFci6rg89tZmXfh_jUNa9haiOuio5ms98-ASi-RAU2E3TA81))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=propiedad%2520privada%2520medio%2520ambiente%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=6&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2005813&Hit=3&IDs=2010366,2005811,2005813,2005812,2005624,171485&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
[*] Tesis aislada 1ª. LXXXI/2014, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de marzo de 2014, 10ma época. Tomo I, Libro 4, marzo de 2014 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, p. 551. Disponible en: http://200.38.163.178/sjfsist/(F(5dNDcC0oMytMU-sSj29gyrcjWbWMcqc1Z_gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8_tC5MvotqOSc9ziDl6ur5ia3UFsMdIi3h8dq9j221F4_TC-cDnwLdYgJGcU6suX8lweL7BTFci6rg89tZmXfh_jUNa9haiOuio5ms98-ASi-RAU2E3TA81))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=propiedad%2520privada%2520medio%2520ambiente%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=6&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2005811&Hit=2&IDs=2010366,2005811,2005813,2005812,2005624,171485&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
[*] CTS EMBARQ México; IMCO; CENTRO MARIO MOLINA. (2013). Reforma Urbana, 100 ideas para las ciudades de México. Disponible en: http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2013/10/ReformaUrbana100IdeasparalasCiudadesdeMexico.pdf
[*] SEDATU. (2014). Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342867&fecha=30/04/2014
[*] SECRETARÍA DE ECONOMÍA. (2013). “NMX-AA-164-SCFI-2013. Norma Mexicana de Edificación Sustentable-Criterios y Requerimientos Ambientales Mínimos”. Disponible en:
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3156.pdf

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputado Pinto Torres. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Diputados.





 

Pasamos al apartado de dictámenes a discusión.

Iniciamos con los que tenemos pendientes de la sesión del pasado día 8 y que quedaron reservados.

El primero es el de la Primera Comisión, que contiene con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a realizar una auditoría que permita verificar que no existen desviaciones o irregularidades en el uso de los recursos financieros y materiales de la Delegación Cuauhtémoc.

El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, en consecuencia está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena, en favor del dictamen.

La Diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, señora Presidenta.

La Delegación Cuauhtémoc, encabezada por el doctor Ricardo Monreal Ávila y Morena, estamos a favor de la transparencia. La Delegación Cuauhtémoc cumplió con el 100 por ciento del Programa de Capacitación a Funcionarios y cuenta con el reconocimiento de la InfoDF. Es la única delegación que creó una Oficina Anticorrupción para presentar y agilizar las denuncias que se efectúen.

Hasta ahora son 10 los ex funcionarios de la Delegación Cuauhtémoc inhabilitados por la Contraloría General en diferentes niveles, por uso indebido en el cargo y extorsión. El gobierno de esta delegación es un gobierno abierto al escrutinio público. Nada escondemos, nada tememos.

La página electrónica de transparencia del gobierno delegacional funciona y en ella se publica el presupuesto asignado y los montos de los recursos aplicados; las obras y programas que se aplican conforme a las disposiciones que prevé la ley.

Somos permanentemente auditados por la Contaduría Mayor de Hacienda y por la Contraloría General de la Ciudad de México, así como por la opinión pública,

Lo que no se dice en este dictamen, es que los gobiernos emanados del partido oficial son los más opacos, menos transparentes y más corruptos.

El dictamen que se presenta, cobijado con la bandera de transparencia, es sin duda una simulación, es un distractor; todos hemos visto que en los procesos electorales se entregan despensas, cemento, láminas, tinacos, dinero para coaccionar a los electores, aprovecharse de la pobreza y denigrar la dignidad de las personas. Todo esto está documentado y evidenciado.

Podemos hablar de los procesos electorales de 2012, como Monex; en el 2015 padecimos el financiamiento ilegal de los Cineminutos y un sinfín de cosas.

Nos vienen a hablar de solicitudes de transparencia, cuando apenas el día de ayer, en Quintana Roo, la mayoría, por cierto priista, convocó a una sesión extraordinaria en el Congreso del estado, para aprobar un paquete de reformas y adiciones que el garanticen impunidad al gobernador saliente, Borge Angulo. Esos son los dictámenes.

Por lo tanto, Morena no tiene ningún impedimento para que se audite y este dictamen pase. Vamos a votar a favor de que se audite y de que haya una transparencia mayor en la Delegación Cuauhtémoc.

Es cuanto.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputada Nahle García.

Para hablar a favor del dictamen, se concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario    Institucional.

El Senador Jesús Casillas Romero: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

La transparencia y rendición de cuentas son dos elementos medulares para la consolidación de la democracia nacional, pues de ello depende el desarrollo de proyectos, planes y estrategias que permitan a la ciudadanía acceder a mejores escenarios de vida.

En consecuencia, votaremos a favor del presente dictamen que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a realizar una auditoría que permita verificar que no existen desviaciones o irregularidades en el uso de recursos financieros y materiales de la Delegación Cuauhtémoc.

El artículo 134 de la Constitución Federal dispone que, “los recursos económicos de que disponga la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

Esta disposición es de suma relevancia en virtud de que establece las bases que guían el uso, destino y el ejercicio de los recursos públicos. Luego entonces, no podemos ser omisos ni tampoco indiferentes ante posibles conductas que contravengan los principios invocados. De ahí la importancia del asunto a discusión.

Coincidimos con los proponentes y la dictaminadora en que la relación y la preocupación de garantizar que los recursos públicos con que cuenta la delegación Cuauhtémoc sean destinados a dar cumplimiento puntual a las necesidades básicas que demandan los ciudadanos de esta demarcación.

Cabe destacar que en múltiples ocasiones, distintos medios de comunicación han informado sobre la condición de conductas al margen de la ley por parte del titular de la demarcación. Bajo esa tesitura, coincido plenamente con la dictaminadora en el sentido de que las delegaciones constituyen la primera aproximación que la ciudadanía tiene con las autoridades que representan.

De esta manera resulta oportuno precisar que, entre otras cuestiones, las delegaciones tienen competencia en materias de gobierno, de administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, cultural y deportiva.

Compañeras y compañeros, los integrantes del grupo parlamentario del PRI, refrendamos nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, elementos en los que se fundamenta el asunto que hoy se pone a consideración de esta Honorable    Asamblea.

El dictamen a discusión es de la mayor relevancia porque con él se busca garantizar el uso de los recursos financieros y materiales de la delegación Cuauhtémoc, se lleven a cabo conforme a las disposiciones legales y normativas que el orden jurídico nacional establece para tales efectos.

A partir de las consideraciones vertidas, reiteramos nuestro voto a favor y hacemos un llamado a que se pronuncien en el mismo sentido todos y cada uno de los integrantes de este cuerpo colegiado.

Nosotros celebramos, el grupo parlamentario del PRI, la disposición de Morena para que se celebre esta auditoría que, desde luego, está fundada; habría que ver qué es lo que está pasando y qué fue lo que ocurrió a la llegada del delegado que encontró en el escritorio una gran cantidad de dinero, unos millones de pesos en su cajón y que después no supimos cuál fue el procedimiento, qué fue lo que sucedió, de dónde llegó, si hay responsables o por qué apareció ese dinero.

Hemos visto también cómo las calles de la delegación Cuauhtémoc se abren para entrar en un proceso de pavimentación y a las dos semanas se vuelven a abrir ahora para poner un tubo de agua potable, y a la siguiente semana se vuelve a abrir para poner un ducto de telefonía, y a la siguiente semana para poner un cable de televisión digital, en fin, y que son obras sobre obras que se realizan y que pareciera que lo que se busca es como gastar el dinero y no cómo resolverle los problemas a los ciudadanos.

Hay que saber qué fue lo que pasó y por qué los medios de comunicación consignaron que los recursos de la delegación Cuauhtémoc fueron a parar a campañas políticas a Zacatecas, y eso no lo decimos el grupo parlamentario del PRI, lo vemos consignado en los medios de comunicación que lo publicaron.

De ahí fue que se publicó este punto de Acuerdo y nosotros esperemos que la Ciudad de México pronto rinda un informe de qué es lo que está pasando en esta delegación, una de las más importantes de la Ciudad de México y que, sin duda, es una de las que maneja uno de los presupuestos más altos a nivel nacional, y creo que los ciudadanos, no solamente los que habitan en la delegación Cuauhtémoc, sino todos los mexicanos tenemos el derecho y tenemos también la obligación de conocer cómo se gastan esos recursos.

Por su atención, es cuanto, y obviamente los invitamos a votar del presente dictamen.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Senador Casillas Romero.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión del siguiente dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobernador del estado de Morelos y a la Fiscalía General del estado, información sobre el curso que guardan las investigaciones respecto a las fosas ubicadas en la localidad de Tetelcingo, municipio de Cuautla.

El dictamen está publicado en la Gaceta, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: En consecuencia, está a discusión.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venia compañeras Diputadas; compañeras Senadoras; compañeros Senadores; compañeros Diputados.

Este tema, que ha conmocionado a la sociedad morelense, y que ha conmocionado al país, y que ha generado esperanza en miles de personas en que sus familiares son víctimas de las desapariciones forzadas, sin duda, que esta gran expectativa se produce porque se han violado protocolos en el tema de cómo debe analizarse, cómo debe tipificarse, cómo debe registrarse una persona cuando fallece.

Esperar un tiempo si nadie lo reclama, y después si se va a enterrar en una fosa común, bueno, se tienen que cubrir protocolos, como hacer que se le practiquen las pruebas de ADN para, si alguien reclama posteriormente, ya que se tenga el registro, se enterró una persona con determinadas características, sus características del ADN son éstas, y, entonces, si alguien se hace la prueba y coincide, bueno, ya se procede a la exhumación, pero ya hay certeza de quién se trata.

Fue una sorpresa para el pueblo de Morelos, porque una madre que su hijo fue secuestrado, estuvo reclamando el cadáver de manera permanente, la Fiscalía del estado se negó a entregar ese cadáver, y un buen día que llegó la madre a ver a su hijo para seguirlo reclamando, le informaron que su hijo ya no se encontraba en el Semefo.

Preguntó que dónde estaba. No le supieron decir al principio y, después resulta, que le dijeron que estaba enterrado en una fosa en Tetelcingo.

Llegó el asombro cuando empezaron a buscar el cadáver o a desenterrar ese cadáver y se dieron cuenta que no sólo era esta persona, sino que había 150 cadáveres, según las cifras de la Fiscalía, y 105 cadáveres, según las cifras del Mando Único Morelense.

Evidentemente, cuando se empezó a revisar que quiénes eran esas personas no había carpetas de investigación, no había datos de quiénes estaban ahí enterrados, y, entonces, todo mundo empezó a generar sospechas de que ahí se enterraban a los adversarios del gobierno, de que ahí los criminales iban a enterrar a los que habían desaparecido, incluso, se llegó a pensar que ese depósito de cadáveres servía para enterrar a los que tenían problemas de diferentes tipos, ya sea con los criminales o con el gobierno.

Por eso la esperanza de muchas personas llegaron de todo el país a practicarse las pruebas de ADN y a compararlas con las pruebas de ADN que se les está practicando a éstos, o se les practicaron a estos cadáveres que ahí se encontraron.

La Universidad del Estado de Morelos fue la primera que ofreció sus servicios, porque lo tenemos que decir con enorme pesar, las instituciones del estado, de gobierno, tanto la Fiscalía local como el Mando Único no tienen ninguna credibilidad.

Se cree en nuestra universidad porque es un ente autónomo, porque es un ente que ha ganado autoridad moral y porque es un ente que ha demostrado su imparcialidad a la hora de realizar estudios de diferente índole.

Por eso, este punto de Acuerdo en el que se le pide al gobernador del estado que rinda un informe de cómo van las investigaciones, se hace necesario, urgente, y que ojalá lo podamos aprobar por unanimidad, ya que la certeza en lo que ahí hace falta y la certeza es lo que tienen que dar las autoridades que están haciendo las investigaciones.

Por eso, compañeros Diputados, compañeros Senadores, la impunidad cabalga sin control a lo largo del país, porque actos como éste no se atienden con la debida legalidad que demanda el país. Porque actos como éste se vuelven intrascendentes cuando se tienden cortinas de humo sobre los mismos y se permite que la impunidad siga haciendo de las suyas. Porque actos como éste no han tenido solución, a pesar del inmenso dolor que tienen las familias que tienen desaparecidos a sus familiares y a pesar del enorme reclamo que se genera en todo el país, porque los que desaparecieron aparezcan con vida, y si no aparecen con vida, que cuando menos sepan en dónde están para darles cristiana sepultura y para tener un lugar en donde ir a llorarles de parte de esos familiares.

Reitero, los convocamos a que votemos por unanimidad este punto de Acuerdo, se le dé seguimiento y se castigue de manera ejemplar a los responsables de este acto que ha sucedido en mi estado.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión del siguiente dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo una campaña cívica masiva por el respeto mutuo y trato digno a todos los usuarios del transporte público de pasajeros.

El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a favor del dictamen.

La Senadora Carmen Dorantes Martínez: Gracias. Buenas tardes. Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

El sistema de transporte público concesionado es la columna vertebral para la movilidad de los habitantes de la Ciudad de México. Basta mencionar que de acuerdo al Reporte Nacional de Movilidad Urbana, el 44 por ciento de los viajes se realizan en microbuses y colectivos, y el 11 por ciento en taxis.

A pesar de su importancia y trascendencia, el transporte público enfrenta retos formidables. Los usuarios consideramos que es lento, peligroso y se encuentra deteriorado. Además, el promedio de antigüedad del transporte público es de 27 años.

Por si esto no fuera suficiente, el sistema de transporte público no es adecuado a las necesidades de las personas con discapacidades, adultos mayores y niños. Además, representa un espacio inseguro para las mujeres.

Para dimensionar la magnitud del problema, basta mencionar que el transporte público de la Ciudad de México se encuentra entre los tres más peligrosos para las mujeres a nivel mundial. Las mujeres frecuentemente son objeto de distintos tipos de agresiones, tales como tocamientos, palabras obscenas, acoso, intimidación, miradas lascivas y, en casos extremos, objetos de violaciones.

Ante esta problemática que se presenta en el sistema de transporte público, las y los legisladores del PRI no somos omisos, ni indiferentes.

Por ello, consideramos que el presente dictamen es de gran trascendencia, en virtud de que representa garantizar el ejercicio del derecho a la movilidad de las capitalinas y los capitalinos en condiciones de seguridad, de accesibilidad y de un trato digno en un transporte digno.

Coincidimos con la dictaminadora, cuando se afirma que el respeto mutuo y el trato digno, sin discriminación, a todas y todos los usuarios del transporte público de pasajeros y del espacio público, representa una de las mayores demandas de los propios usuarios y en especial énfasis de las mujeres y las niñas.

En este sentido resulta apremiante que se instrumenten las acciones necesarias para ofrecer un servicio de transporte público que merecemos los capitalinos.

Asimismo, coincidimos con los proponentes en la necesidad de implementar una campaña cívica masiva por el respeto mutuo y trato digno, sin discriminación, a todos los usuarios de transporte público de pasajeros y del espacio público.

Compañeras y compañeros: En el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de que se deben reforzar las acciones que contribuyan a crear un sistema público de calidad en el que las y los capitalinos puedan desplazarse con seguridad y comodidad.

Estamos también convencidos que el transporte público debe ser un espacio libre de violencia para las mujeres, en el que estén garantizados plenamente sus derechos al libre desarrollo de su personalidad y a su derecho a la movilidad.

Las mujeres merecemos disfrutar de un espacio público sin ningún temor a padecer episodios de violencia.

Las y los legisladores del PRI consideramos que para erradicar la inseguridad y la violencia en el transporte público, además de los esfuerzos institucionales, también es crucial fomentar una cultura cívica que condene cualquier acto de discriminación y que fomente un trato digno entre los usuarios de este medio de transporte, motivo por el cual votaremos a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Senadora Dorantes Martínez.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Tenemos la discusión de los dictámenes de la Segunda Comisión.

Para presentar los proyectos tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señora Presidenta. Señoras y señores y legisladores:

La Segunda Comisión presenta a su consideración nueve puntos de Acuerdo que estaban inscritos de una sesión anterior, y además 22 puntos que están inscritos de la sesión de ayer.

Quiero destacar particularmente la importancia de los dictámenes de ayer que tienen que ver con distintas preocupaciones de Senadoras, Senadores, Diputadas, Diputados, en relación a diversos temas relacionados con la problemática de los derechos de la niñez, los derechos de personas con discapacidad, cómo lograr que haya un entorno social adecuado para las personas con discapacidad, que tienen que ver con la lactancia, y que particularmente nos preocupa que prevalezca todavía, a partir de la incorporación de las mujeres a los espacios políticos, que ahora tengamos que estar discutiendo la modalidad de violencia política, como es el caso de lo que aconteció en Chenalhó, con Rosa Pérez Pérez, quien fue obligada a renunciar.

Hay un punto de Acuerdo preponderante en ese sentido que nos parece importante destacar.

Entre los puntos, por ejemplo, la coadyuvancia para la implementación de acciones de GIEI, es realmente muy productivo el trabajo de quienes integran esta comisión para lograr buscar los consensos y resolver de manera atinada los puntos de Acuerdo que son turnados a esta Segunda Comisión.

Quiero destacar de manera preponderante, por su gran importancia, que si este punto de Acuerdo hubiera sido aprobado antes de los acontecimientos en Nochixtlán, quizás hubiéramos logrado influir a detener algunas situaciones que tienen que ver con el uso legítimo de la fuerza pública, que tiene que ver con la importancia de preponderar, de tomar como algo prioritario, para no ser redundante, las acciones políticas para lograr que los distintos entes que tienen que ver con la educación, el proceso educativo que está viviendo nuestro país, se puedan sentar a discutir.

En ese aspecto, el último Acuerdo que resolvimos ayer tiene que ver con exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación y también a sus homólogas en las entidades federativas, a que mantengan y fortalezcan los canales de diálogo e interlocución con las maestras y maestros que se consideran afectados por la implementación de la reforma educativa en el país, por supuesto, siempre tomando en cuenta el cumplimiento del artículo 3o. de nuestra Constitución.

Igualmente preocupó que en este proceso de transformación del sistema educativo nacional, llamar de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas, para que se garanticen los derechos laborales del personal docente, o bien, los que tienen que ver con los derechos de niñas y niños. En este caso se hace un exhorto a maestras y maestros, independientemente de cómo estén organizados desde el aspecto gremial, a que respeten los derechos a la educación de niñas, niños y adolescentes.

Igualmente, nos parece importante destacar que en el caso de las manifestaciones se garantice que éstas puedan ejercerse en función de lo que establecen el artículo 6o. y el artículo 9o. de nuestra Constitución y, por supuesto, llamar la atención a que condenemos cualquier manifestación violenta contra el personal docente.

Viene al caso, porque lo que aconteció el fin de semana pasado, francamente está violentando algunos de los puntos que nosotros hoy estamos poniendo a su consideración. En ese sentido, sigue siendo importante destacar que hay que ejercer la política antes de llevar la situación a los extremos en los que ahora nos encontramos.

Es decir, quienes se sienten afectados por la reforma en materia educativa, tienen derecho a manifestar sus inconformidades, pero nos parece importante destacar que también las autoridades coadyuven a que éstas sean por la vía pacífica, y de tal manera que es necesario seguir insistiendo en la instalación de las mesas de negociación desde el ámbito político. Desde el momento que fracasa la política entonces viene la violencia, vienen las guerras, vienen las agresiones violentas, y entonces es necesario seguir insistiendo en que se tienen que instalar siempre las mesas de trabajo para encontrar salidas importantes a los reclamos sociales.

En ese sentido, es muy importante este punto de Acuerdo de la Segunda Comisión, y por supuesto, nos esperaremos a hablar de manera particular a partir de ya la decisión de la Mesa Directiva, tengo entendido que así fue, si no fuera de esa manera no lo entenderíamos, sería como que la Comisión Permanente está discutiendo en un contexto totalmente fuera de lo que está pasando, de la realidad que está pasando en nuestro país.

Yo espero que no sea así y entonces le demos tiempo a la discusión de manera trascendental, como debe ser, en el marco de esta Comisión Permanente, a lo que de manera particular, de lo que nos impactó al país, y por supuesto, ésta es la imagen que está corriendo en el ámbito internacional, de lo que aconteció en Nochixtlán, y se hagan los cuestionamientos, y sobre todo, se planteen desde el punto de vista de los grupos parlamentarios, lo que pensamos, pero, sobre todo, nos podamos juntar en los acuerdos que hagan plausible, insisto, el uso de la política, pero también tener debidamente la información que nos tienen que dar las autoridades respecto de lo que aconteció.

Y también escuchar, en este caso, a la Coordinadora para que también pueda encontrar los cauces de interlocución de manera puntual en esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Llamamos a que puedan aprobar todos y cada uno de los puntos de Acuerdo que tuvieron una participación, insisto, muy trascendental en la discusión y en la decisión puntual de cómo quedan inscritos los puntos de Acuerdo de la Segunda Comisión.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.





 

Pasamos a la discusión del dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a priorizar la contratación de las personas ex becarias del CONACyT.

El dictamen está publicado en la Gaceta, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. En consecuencia, está a discusión.

Para hablar a favor del dictamen, se concede el uso de la palabra al Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Señora Presidenta, muchas gracias. Compañeras legisladoras, legisladores:

Estamos aquí para sumarnos a este dictamen, no nada más como grupo parlamentario, sino en lo individual, como Senador de la República, por lo que él representa.

El contenido y la oportunidad de verdaderamente dar un mayor aprovechamiento al desarrollo económico y bienestar de la población, a través de lo que representa la importancia de la investigación científica y del desarrollo tecnológico.

Y que además hay datos donde a nivel nacional, hay un consenso de las agencias internacionales y los especialistas sobre este importante rubro donde todas las economías del mundo y México no puede ser la excepción, debemos tener mayor oportunidad de inversión para fortalecer estas acciones tan importantes.

Hay datos de acuerdo con el CONACyT, las economías más importantes del mundo, como la de Estados Unidos de América, Japón, China, Francia, Alemania, entre otras, son las que invierten más en el desarrollo tecnológico, en la investigación científica, en un promedio del 1.7 al 3.3 del PIB, cifras que contrastan de manera muy enorme con 0.43 de México.

Tenemos información que el gobierno de la República ha impulsado, desde el inicio de esta administración, una estrategia para que el desarrollo científico, tecnológico y la innovación, sean pilares para el progreso económico y social sostenible.

Y para cumplir con este propósito, se han planteado estrategias tendientes a la inversión nacional en la investigación científica y desarrollo tecnológico para que se pueda incrementar cada año y que de 0.43 se pueda llegar a un mínimo, al 1 por ciento del PIB, y así contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel que haga frente a los retos científicos, tecnológicos, globales, pero desde luego, también de México.

Hay un dato, que en el 2012, la proporción de investigadores en México, de cada mil integrantes de la población económicamente activa, solamente fue de 0.9, cifra que se ubica muy por debajo de la registrada en las naciones avanzadas, e incluso de algunos países de América Latina.

Ante este panorama, para poder generar capital humano de alto nivel, se han llevado a cabo importantes esfuerzos mediante el Programa de Becas CONACyT, para poder realizar estudios de posgrado en México y en el extranjero.

Cerca del 20 por ciento del gasto nacional de ciencia y tecnología que significó el 0.15 por ciento del PIB en 2013, se ha dedicado rubro de la educación de posgrado.

Asimismo, se ha incentivado la contratación de ex becarios de dicho consejo para poder implementar el Plan de Retención, Repatriación de Investigadores Mexicanos y las Cátedras CONACyT, que junto con las plazas de centros de investigación público y de instituciones de educación superior, constituye una opción de empleo para los investigadores mexicanos.

Se ha acreditado en el trayecto a lo largo de la historia. En México hay capital humano, hay hombres y mujeres con una gran capacidad para poder desarrollarse en este rubro.

Y es por eso que coincidimos con la promovente de que hay que incentivar la generación de empleos, la mejora de salario de los científicos y que representan esa gran riqueza intelectual nacional.

En nuestro país la mayor parte de inversión, investigación y desarrollo, la pone el gobierno, aproximadamente en un 60 por ciento, por lo que es muy importante también que las empresas generen mayor conocimiento científico y tecnológico.

Por eso es que coincidimos con el exhorto al CONACyT para que los requisitos que se fija a las empresas para hacerlas elegibles, al recibir algún tipo de financiamiento de actividades científico-tecnológicas, demuestren que en su nómina existe un número de científicos proporcional a su tamaño y cuyo contrato tenga también una vigencia igual o mayor a la vigencia del proyecto del financiamiento.

Ello se traducirá, estoy convencido, en beneficios concretos para el desarrollo del progreso nacional, así como para el mejoramiento de bienestar de las familias.

Y lo más importante, que México pueda estar dentro de este enfoque de globalización en la aportación de ese capital humano, que lo que hace falta es una oportunidad.

Ha quedado demostrado que no nada más en las grandes ciudades se tienen a los mejores académicos, intelectuales o a los mejores aprovechamientos académicos, también en las zonas marginadas, también en los estados del sur, también en comunidades de pueblos originarios, también en hijos de padres campesinos, obreros, en hijos de padres indígenas.

Ha quedado demostrado que hay talento, que hay capacidad, que hay compromiso por México, que hay voluntad para poder innovar este rubro tan importante, lo único que se busca es una oportunidad, una oportunidad para aprovechar la capacidad, el talento y que México pueda tener una mayor aportación y participación en su desarrollo económico, en su ingreso a través de las tecnologías, a través del desarrollo científico.

Nuestro voto va a favor del presente dictamen.

Muchas gracias, gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Senador Ramírez Hernández.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión del siguiente dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo por el que se solicita emitir una Norma Oficial Mexicana que establezca los lineamientos para regular en el país la práctica de la homeopatía.

El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: En consecuencia, está a discusión.

Tiene el uso de la palabra la Diputada Xitlalic Ceja.

La Diputada Xitlalic Ceja García: Con su permiso, señora Presidenta.

El acceso a los cuidados y atención oportuna de la salud representa uno de los elementos más relevantes y más importantes para una vida larga y cualitativa y que es el anhelo de todas las mexicanas y de todos los mexicanos.

Existen en nuestro país medicinas complementarias que atienden enfermedades y dolencias, como es el caso de la homeopatía, modelo médico clínico, terapéutico que cuenta con más de 200 años de existencia y que utiliza sustancias obtenidas de vegetales, animales, pero sobre todo, minerales.

En la Ley General de Salud se reconoce desde el 7 de mayo de 1997 la existencia de medicamentos alopáticos, homeopáticos y herbolarios, en su artículo 224 está expresado.

Esto se plasma en el reglamento de insumos para la salud en el cual se regula la definición, registro, elaboración, envasado, publicidad y establecimiento de los medicamentos alopáticos, homeopáticos y herbolarios.

Por otro lado, como sabemos, las normas mexicanas son regulaciones técnicas que contienen la información, requisitos y procedimientos que permiten a las diferentes instancias gubernamentales establecer parámetros evaluables para evitar riesgos en la población.

Asimismo, las normas mexicanas de salud son aquellas a las que deberán sujetarse las instituciones públicas, así como en materia de infraestructura, equipamiento y remodelación de todo tipo de establecimientos de atención médica.

Es por ello que hoy el grupo parlamentario del PRI nos pronunciamos a favor de que se realicen las acciones necesarias para emitir una Norma Oficial Mexicana, que regule la práctica de la homeopatía como terapia complementaria de la salud, pues incorporar a los servicios de salud traerá varias ventajas, pues es fácil de instrumentarse, su implementación es sencilla, y además de muy bajo costo; no requiere de material y equipo sofisticado, y se facilitaría la validación de los resultados al contar con el quipo biomédico actualizado, entre otras.

No obstante, es de suma importancia que se establezcan los lineamientos que aseguren que, los mexicanos tendrán una atención médica oportuna y además que le garantice que va a estar bien atendido y bien diagnosticado, garantizando siempre el bienestar y salud de las personas.

Consideramos y concordamos con la Segunda Comisión, que es importante hacer un llamado respetuoso a la Secretaría de Salud, para que en esta dependencia, en el ámbito de sus atribuciones emita una Norma Oficial Mexicana, que le dé mayor certidumbre a la población mexicana sobre la correcta práctica de la homeopatía. Sin duda, establecer una Norma Oficial Mexicana, será una herramienta que dotará de mayor certidumbre, seguridad, confiabilidad en los pacientes, usuarios y a los médicos homeópatas, sobre la correcta elaboración y prescripción de estos medicamentos.

Es cuanto, muchas gracias.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputada Ceja García.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Sonido por favor.

El Diputado Jorge Álvarez Maynez: (Desde su escaño) Solamente para que quede constancia en el acta y en el Diario de los Debates.

Voté en contra de este punto de Acuerdo, porque estoy convencido, con elementos científicos, de que la homeopatía es una charlatanería, que es un engaño y una estafa que se ha profesionalizado en este país y en muchos, y nosotros no podemos avalar como autoridad pública esta estafa que sufren millones de mexicanos.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias.

Tome en cuenta la Secretaría el voto en contra del Diputado Jorge Álvarez Maynez.





 

Pasamos a la discusión del siguiente dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a instrumentar acciones para garantizar el acceso de las mujeres a los servicios de salud durante el embarazo, parto y puerperio.

El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria, por lo que solicito a la Secretaría, dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión.

Para hablar a favor del dictamen, se concede el uso de la palabra a la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Gracias. Con su venia, Diputada Presidenta.

Tutelar efectivamente el derecho a la salud y a la vida de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, sigue siendo un reto a nivel nacional, particularmente para aquellas mujeres en condiciones de vulnerabilidad, que por ser indígenas o en condiciones de pobreza extrema o maternidad adolescente, podemos encontrar.

Datos del Inegi en donde en 2014 revelan que Coahuila y Chihuahua fueron las entidades federativas con mayor porcentaje en nacimientos registrados en madres adolescentes, con un 22.6 y 22.5 por ciento, respectivamente.

Este dato es contrastante con el caso en la Ciudad de México, que registra un 15.8 por ciento.

La mejora a la salud materna es un compromiso dentro de los objetivos del desarrollo del Milenio adoptado por la comunidad internacional desde el año 2000.

Dentro de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México es el que presenta la mayor tasa de natalidad en mujeres adolescentes, 77 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años.

La morbimortalidad materna es reflejo no sólo de problemas estructurales por falta de protección a la salud en el acceso a los servicios, son un grave signo de discriminación que afecta a las mujeres.

El Instituto Nacional de Salud Pública lo ha ratificado al señalar que los hijos de madres adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, como pobreza, edad temprana y población indígena, enfrenta mayores riesgos de enfermedad, muerte, abandono, accidentes y maltrato.

Es urgente materializar de manera efectiva el derecho a la salud de las mujeres en el embarazo, en el parto y el puerperio, a través del acceso oportuno e integral a los servicios de salud.

Ante estos razonamientos, el grupo parlamentario del PRI ratifica el exhorto a la Secretaría de Salud y a sus homólogas estatales para redoblar esfuerzos en la coordinación y articulación de estrategias para garantizar a las mujeres en las circunstancias antes descritas el acceso digno, oportuno y con calidad a los servicios de salud.

Es cuanto, señora Presidenta.

Y, por el apoyo, muchas gracias.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias a usted, Senadora.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión del siguiente dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a impulsar las acciones necesarias para brindar servicios médicos eficaces, oportunos y de calidad.

El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión.

En virtud de que no existen oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente dictamen.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. Comuníquese.





 

Tenemos la discusión del dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a promover y garantizar el acompañamiento y la orientación de personal profesional a niñas, niños y adolescentes que intervengan en un proceso judicial.

El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias.

En virtud de que no hay oradores, se reserva para su votación conjunta con el siguiente dictamen.





 

Pasamos a la discusión del dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a preservar y conservar la denominada “Ruta Ciclista Boreal”.

El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, Presidenta. Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias.

Tiene la palabra el Senador Jesús Casillas, del grupo parlamentario del PRI.

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señora Presidenta.

Solicité hacer uso de la palabra en la discusión de este dictamen porque independientemente del planteamiento que estamos haciendo para que se conserve una ruta ciclista en la que prácticamente todos los días miles de ciudadanos la utilizan, el fondo al que deberíamos poner atención es cómo surge.

Les quiero comentar que en año 2011 se celebró en Guadalajara una justa deportiva, los Juegos Panamericanos, que tuvieron lugar en la Zona Metropolitana de Guadalajara, prácticamente Jalisco fue sede de varias competencias, y que para efecto, como se estila, se tiene que construir una villa, un lugar, en lo que se celebran las competencias, alberga a los competidores, a los atletas.

Esta construcción, que se le conoce como la Villa Panamericana, que actualmente se encuentra prácticamente en su abandono, estamos hablando de 690 departamentos que se construyeron en una zona en la que es un área natural protegida, es una zona de recarga de mantos acuíferos para la Zona Metropolitana de Guadalajara, y que no debió construirse en ese lugar.

Ése, que es hoy un elefante blanco, y que desde el 2011 está en completo abandono, porque las autoridades municipales no han otorgado la habitabilidad, porque obviamente no es procedente, y si bien es cierto, hay una inversión importante que se destinó para la construcción de estas villas, se han estado buscando alternativas de qué uso dárseles.

En tanto esto sucede, los ciudadanos, de manera organizada y natural, utilizaron este espacio que está pavimentado, para utilizarlo como un lugar de entrenamiento. Diez kilómetros aproximadamente que están, de calles pavimentadas, donde no circulan automóviles, prácticamente no circulan automóviles, porque el lugar, para llegar a esta villa, prácticamente está desértico, está deshabitado y que de manera natural los ciudadanos se organizaron y ocuparon este espacio.

Y hoy por hoy, más de dos mil ciclistas, más de dos mil personas que van a este lugar para practicar el ciclismo, pero no solamente ciclismo, para realizar actividades deportivas como el duatlón, y que ahí van familias completas a hacer deporte, se han apropiado de este espacio, este espacio que es de los ciudadanos.

Los ciudadanos de Zapopan, de manera natural, sin la intervención del gobierno, sin la intervención de ninguna autoridad se organizaron y le empezaron a dar un uso a esta ruta.

Hoy por hoy se ha estado planteando qué hacer con la Villa Panamericana, y el presidente municipal ha dicho que se va a poner ahí un Centro de Innovación. Que se va a poner alguna actividad de carácter económica y que a juicio nuestro no es el lugar, no es el lugar, porque insisto, esta construcción que está mal ubicada, prácticamente en la zona de amortiguamiento del bosque de “La Primavera” no debió haberse construido, no debió haberse edificado, y hoy por hoy estamos ante esta disyuntiva.

En ese sentido el exhorto va a las autoridades municipales para que este espacio, que ya lo ganaron los ciudadanos de Zapopan, que no necesitaron de la intervención del gobierno, que lo hicieron de manera natural, lo menos que podemos hacer es estarlos apoyando.

Si este lugar se dedica para una actividad, van a entrar los automóviles, y este espacio que hoy es para la práctica del deporte, se convertirá en un espacio de tránsito, de tráfico, de contaminación, y esta actividad que ya se hace todos los días, sobre todo los fines de semana en los que ha habido hasta cinco mil participantes, se puede perder un espacio bien ganado por los ciudadanos.

Por eso, compañeras y compañeros, a nombre de todos estos atletas, de todos estos deportistas, de todas estas personas que gustan de ir a hacer la práctica del ciclismo en esta “Ruta Boreal” que se ubica precisamente en el Valle del Bajío, en el municipio de Zapopan, puedan tener la oportunidad de seguirlo haciendo y por eso el llamado a las autoridades municipales para que independientemente del destino que le vayan a dar a esta construcción, se salvaguarde el beneficio fundamental de las personas que realizan la actividad deportiva en esta zona de las Villas Panamericanas.

Por eso les solicito su comprensión, desde luego, su apoyo, a favor, para este exhorto respetuoso a las autoridades municipales y que esta “Ruta Boreal”, esta ruta ciclista se siga conservando en beneficio de los ciudadanos del municipio de Zapopan y también en beneficio de todos los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Senador Casillas.

Tiene el uso de la voz el Senador Ismael Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, quien hablará sobre el dictamen que exhorta a promover y garantizar el acompañamiento y la orientación de personal profesional a niñas, niños y adolescentes que intervengan en proceso judicial.

El Senador Ismael Hernández Deras: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros:

Este dictamen que se pone a consideración y que así ha sido para esta Asamblea, es de suma relevancia, aborda un tema medular para hacer asequible la plena protección del interés superior de la niñez.

En el grupo parlamentario del PRI estamos a favor de que se exhorte a las instancias de administración y procuración de justicia de la Federación y de la entidades federativas, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones promuevan y garanticen el acompañamiento y la orientación de personal profesional a las niñas, niños y adolescentes que en cualquier calidad intervengan en un proceso judicial.

En el periodo ordinario de sesiones que concluyó en abril, en el Senado de la República se aprobaron temas trascendentes en diversos ámbitos. Un ejemplo es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que si bien aún no culmina su proceso legislativo, deja de manifiesto que el asunto es una preocupación del Congreso de la Unión.

Esta preocupación es compartida por académicos, operadores del sistema, autoridades y por supuesto, por los integrantes del grupo parlamentario del PRI, quienes consideramos que la protección de la infancia requiere especial atención en virtud de que es crucial para evitar la vulneración de sus derechos y una revictimización.

Como se refiere en el dictamen, el propio Presidente de la Suprema Corte de Justicia ha participado. La participación de los menores en un proceso judicial, implica el reconocimiento de que tienen características especiales derivadas de su edad, de su historia de vida, de su desarrollo cognitivo y emocional, que los diferencian, sin duda, de los adultos.

Cabe precisar que de acuerdo con el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, la mayoría de los adolescentes de nuestro país que entran en conflicto con la ley, suelen vivir en entornos violentos.

Además, un alto porcentaje de los menores de edad, inmersos en un proceso judicial, también son víctimas de escenarios de exclusión, pobreza y desigualdad.

Reconozco, sin duda, la sensibilidad de la comisión dictaminadora, la que de manera responsable ha fortalecido el punto de Acuerdo que en esencia busca proteger el interés superior de la niñez al evitar que los menores sufran una doble victimización cuando formen parte de un proceso judicial.

No es casualidad que el Comité de los Derechos del Niño sea puntual al señalar que la calidad de la administración de la justicia en niños, niñas y adolescentes, depende decisivamente de que todos los profesionales que participan en el proceso, entre otras cosas, en las labores de orden público y las actuaciones judiciales, verdaderamente reciban una capacitación más que profesional.

Compañeras y compañeros:

Los legisladores del PRI votaremos a favor de este dictamen porque además de ser una preocupación central para nuestro grupo parlamentario, la situación que se atiende está contenida en la legislación nacional y también en la legislación internacional.

Con el presente dictamen se aborda un tema de dimensiones mayúsculas. Me refiero a los casos en los que menores de 18 años formen parte de un proceso judicial donde, reitero, el Estado mexicano tiene la obligación de privilegiar las mejores condiciones para su desarrollo físico, psicológico y social.

Como representantes populares tenemos la obligación permanente de concentrar y coordinar esfuerzos para hacer posible el pleno acceso y ejercicio de los derechos de la niñez, a fin de que ésta se encuentre siempre atendida y protegida.

Por ello estoy seguro que el voto que se ha dado, será para bien de una parte de la sociedad que tanto debemos cuidar, que tanto amamos: a las niñas, niños y adolescentes.

¡Enhorabuena!

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Senador Ismael Hernández.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dos anteriores dictámenes.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dos anteriores puntos de Acuerdo. El primero, que exhorta a promover y garantizar el acompañamiento y la orientación de personal profesional a niñas, niños y adolescentes que intervengan en un proceso judicial. El segundo, punto de Acuerdo que exhorta a preservar y conservar la denominada “Ruta Ciclista Boreal”. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. Comuníquense.

Esta Presidencia saluda a los jóvenes que participan en el programa especial “Senado Joven”, que están realizando diversas actividades en el recinto del Senado y acuden a la sesión de la Comisión Permanente, a invitación de la Mesa Directiva de esta Cámara.

¡Sean ustedes, jóvenes, muy bienvenidos!





 

Tenemos la discusión del dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a fortalecer los contenidos de los nuevos planes y programas de estudio de educación básica e inicial, en materia de educación ambiental.

El dictamen está publicado en la Gaceta, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen, señora Presidenta.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Les pido mantengan el orden, por favor. Que los invitados ocupen las galerías, por favor.

En consecuencia, está a discusión. Tiene la palabra la Senadora Carmen Dorantes Martínez.

La Senadora Carmen Dorantes Martínez: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

Los problemas medioambientales como la deforestación, la contaminación del suelo, agua y aire, así como el cambio climático, constituyen hoy una de las principales amenazas a la seguridad, tanto a nivel nacional como internacional.

El cambio climático, particularmente, ha dado lugar a un nuevo patrón de comportamiento de los fenómenos climatológicos cuyos efectos se han vuelto más devastadores, los huracanes y las tormentas tropicales, por ejemplo, son cada vez más fuertes y más constantes.

Basta recordar que en octubre del año pasado el huracán “Patricia”, considerado por expertos como el más fuerte registrado en la historia de México, azotó las costas mexicanas. México ha sido actualmente un asiduo participante a nivel mundial en los foros sobre medio ambiente y cambio climático.

La activa participación de nuestro país en estas reuniones se ha traducido en importantes aportaciones para la legislación internacional en la materia. Los compromisos adquiridos por México para el combate al cambio climático también son trascendentales.

En el Acuerdo de París, México se comprometió en reducir para el año 2020 hasta el 30 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, y en un 50 por ciento para el 2050.

A nivel nacional, contamos con una vasta legislación en la materia: está la Ley General de Cambio Climático, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley de Transición Energética, entre otras.

Las acciones emprendidas por el gobierno federal para hacer frente al cambio climático y proteger el medio ambiente debe complementarse con políticas públicas y una estrategia integral que tenga por objetivo crear en la sociedad mexicana una cultura microambiental y también ecológica, para que las políticas enfocadas a la preservación del medio ambiente tengan éxito, resulta imprescindible involucrar a toda la sociedad haciéndole ver que con simples y pequeñas acciones pueden contribuir enormemente a la protección de nuestro planeta.

En este sentido, la educación ambiental es una herramienta fundamental para la construcción de una nueva cultura ambientalista, y su estimulación en los niños desde temprana edad es primordial para que se conviertan en adultos comprometidos con el medio ambiente y el desarrollo sustentable.

De acuerdo con la UNESCO, la educación ambiental es un proceso formativo que dura toda la vida y que tiene como objetivo impartir conciencia ambiental, conocimiento ecológico, aptitudes, valores y responsabilidades éticas para el uso racional de los recursos en favor del desarrollo sustentable.

Compañeras y compañeros legisladores, la educación ambiental debe contemplarse en los programas de estudio desde el nivel de educación básica hasta superior.

Si bien en nuestro país se contempla la educación ambiental dentro de los planes de estudio de educación básica, es necesario que los docentes fortalezcan la enseñanza en estos temas, en los cuales se han tenido descuidados desde el proceso de formación educativa.

En el grupo parlamentario del PRI, nos posicionamos a favor del presente dictamen esperando contribuir con ello a la construcción de una cultura ambientalista en nuestros jóvenes en un mejor futuro para México.

Muchísimas gracias.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias, Senadora Dorantes.

Pregunte la Secretaría si es de aprobarse el presente dictamen.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Aprobado. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión del dictamen de la Segunda Comisión, por el que se exhorta a continuar realizando las acciones necesarias para implementar el Mecanismo Nacional y los Mecanismos Estatales de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.

El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias.

En virtud de que no hay oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Enseguida tenemos la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a fortalecer y a difundir las políticas, estrategias, acciones y campañas diseñadas para promover la educación sexual y la prevención del embarazo en niñas y adolescentes.

El dictamen está publicado en la Gaceta, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: En virtud de que no existen oradores, pregunte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente dictamen.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Tenemos la discusión del dictamen de la Segunda Comisión, que exhorta a fortalecer y ampliar las campañas de información y concientización en tiempos oficiales en los medios de comunicación, en relación a la importancia de promover y garantizar la igualdad de género en nuestro país.

El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria, por lo que solicito a la Secretaria dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señora Presidenta. Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. En consecuencia, está a discusión.

Para hablar a favor del dictamen, se concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, señora Presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos.

Este dictamen es muy importante porque habla de uno de los temas que yo regularmente digo, que la violencia, cuando se pare, la violencia en contra de las mujeres, la violencia socialmente hablan de que va a bajar.

Hay datos muy interesantes donde se cree que la violencia en contra de las mujeres es normal. Hay una encuesta que dice que el 58.5 por ciento de los varones consideran que la violencia entre la pareja es normal.

Nos parece que ha faltado información, nos ha faltado que los programas que corresponden a este aspecto, se den a conocer fuertemente, una educación también en la materia.

Se han hecho muchos esfuerzos, es innegable el avance que tenemos en esta tarea, pero también es innegable que diariamente podemos encontrar cómo los feminicidios han crecido, la violencia en contra de las mujeres se ha exacerbado, y hay una violencia que no hemos querido reconocer, que es la violencia política en contra de las mujeres, que si no, pregúntenle a las candidatas que fueron este 5 de junio, ¿qué tal les fue?, ¿cómo les fue en el acoso político en contra de las mujeres?

Por eso, este punto de Acuerdo habla cómo los tiempos oficiales deben también ser usados con este propósito.

Nosotros hemos emprendido campañas muy importantes, y la Secretaría de Gobernación ha hecho suya la campaña de ONU Mujeres que es “He for She”, ellos por nosotras también, está medio, la traducción, sin embargo, la idea que hay es, como los hombres también pueden participar activamente, no violentándonos, permitiendo nuestros derechos totalmente a salvo, teniendo nuestra participación también en política de manera integral, sin regateos como hasta hoy hemos tenido todavía grandes resistencias.

Por eso, yo invito a votar a favor de este punto de Acuerdo que es una invitación a que los tiempos oficiales den la información necesaria para parar, para concientizar la violencia en contra de las niñas y las mujeres de este país.

Gracias, por el voto a favor.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Tenemos un último dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a suscribir la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

El dictamen está publicado en la Gaceta, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. En consecuencia, está a discusión.

Para hablar a favor del dictamen, se concede el uso de la palabra a la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su venia, Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros:

El 15 de junio de 2015 fue adoptada en Washington D. C., Estados Unidos de América, la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de la Persona Adulta Mayor.

Donde la Misión Permanente de México ante la OEA, mantuvo una participación activa en el análisis y debate de contenidos específicos sobre el tema.

Este es el primer marco normativo en su tipo en el mundo, y se ha promovido en el marco de esta Comisión Interamericana aprobándose por cinco países, y que eso permite que hoy podamos tenerlo a disposición de Latinoamérica y el mundo. Y constituye un paso importante en el reconocimiento de más derechos para las personas que integran este grupo de población vulnerable.

Su objetivo es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce de ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y las libertades fundamentales de las personas adultas mayores.

Para México la adhesión a esta Convención significa un paso más en su compromiso en favor de los derechos de las personas adultas mayores, contribuyendo así a su plena inclusión, participación e integración en la sociedad.

El tema no es menor, sobre todo si consideramos que la Comisión Económica para América Latina y El Caribe ha dado a conocer que en la región uno de cada cuatro hogares incluye una persona adulta mayor.

Además, calcula que para el año 2030 habrá alrededor de 120 millones de personas adultas mayores en la región, es decir, una población similar al número de habitantes que actualmente vive en nuestro país.

En el caso de México, la población de adultos mayores ocupa un lugar importante de acuerdo a la Encuesta Intercensal de 2016, del Inegi, la proporción de habitantes de 65 años y más pasó de 6.2 por ciento en 2010 al 7.2 por ciento en el 2015. El mismo  informe calcula que para este año, para este año 2050, este grupo representará el 30 por ciento del total de la población. Y esto no es cosa menor, desde el año 2002, México cuenta con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, pero sin duda, la adhesión de México a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, contribuirá a reforzar los objetivos trazados en dicha ley, ofreciendo mayores y mejores herramientas para una vida digna, segura y decorosa.

Compañeras y compañeros legisladores, nuestro país se ha caracterizado por ser una de las naciones que más ha promovido la salvaguarda de los derechos humanos de las personas, en particular, de los grupos vulnerables.

Recordemos que nosotros, como México, fuimos impulsores de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con don Gilberto Rincón Gallardo.

En particular, para los grupos vulnerables, no cabe duda que la adhesión de nuestro país a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, contribuirá a continuar con esta honorable tradición diplomática.

Por lo anterior, en el grupo parlamentario del PRI estamos a favor del presente dictamen, esperando contribuir con ello al desarrollo integral de las personas adultas mayores.

Yo creo que adherirnos a esta Convención como país, y en su momento, ratificarla, para este Senado será un paso importante.

Tenemos una Ley para las Personas Adultas Mayores, pero es una ley que está obsoleta, que no cumple con las expectativas que las personas adultas mayores esperan de sus legisladores ni del Estado mexicano. Necesitamos modernizar también el marco jurídico para las personas adultas mayores.

Necesitamos después de esa adhesión y posterior ratificación que es la aspiración que tenemos, generar un nuevo marco jurídico desde el Congreso de la Unión para las personas adultas mayores. Todos en casa tenemos una o varias personas adultas mayores, han dado su vida, han dado lo mejor de su trabajo, de su esfuerzo por sacar no solamente la generación de sus hijos, sino la generación de nietos y hasta biznietos adelante.

Yo creo que las personas adultas mayores merecen del Estado mexicano, merecen de nosotros y merecen, especialmente, que la Secretaría de Relaciones Exteriores ponga el tema en el Ejecutivo Federal para que México considere su adhesión.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias, Senadora De la Torre Valdez.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de dictámenes de la Tercera Comisión.

El primero, relativo al siniestro ocurrido en el complejo petroquímico “Pajaritos”, ubicado en el municipio de Coatzacoalcos del estado de Veracruz.

El dictamen está publicado en la Gaceta, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Diputada Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena.

La Diputada Norma Rocío Nahle García: Muchas gracias.

Morena propone una adición, un sexto Acuerdo que iría de esta manera:

Adicionalmente al informe solicitado por la Comisión Permanente en el resolutivo primero del presente punto de acuerdo, la empresa productiva del Estado Pemex, deberá presentar simultáneamente un informe de conclusiones derivadas de los trabajos de investigación y análisis realizados, este informe deberá contender.

Inciso a) se debe reiterarse por las vías legales conducentes la concesión, alianza, estrategia para la operación del Complejo Pajaritos por parte de la empresa Mexichem.

Segundo. El estado que guarda las aplicaciones de seguros, fianzas e indemnizaciones tanto por instalaciones como las que correspondan afectaciones físicas, ambientales o sociales, derivadas de este siniestro, con base a los contratos suscritos.

c) los mecanismos y los responsables de estos para asegurar que el patrimonio de la nación no se verá afectado y el proceso de recuperación de este patrimonio al Estado mexicano.

Proponemos esto porque derivado de la explosión del Complejo, la planta de “Clorados III”, quedó destruida una planta que por 40 años estuvo en propiedad de Pemex, y que cuando se la pasan a un privado, de 2,200 trabajadores que se tenían, se reduce a 760. Entra un contratismo, hay un descuido en el mantenimiento, son plantas químicas, no estamos hablando de cualquier cosa, puso en peligro y riesgo a la población, oficialmente hay 32 muertos, fue una catástrofe, y no pasa nada.

Mexichem sigue adentro de “Pajaritos”, está todavía administrando lo que fuera el complejo, y no es posible que quien tiene esta irresponsabilidad, todavía se le concesione.

Hace años, cinco, seis años, hubo un derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, British Petroleum, por ese derrame ecológico, por eso que ocurrió, British Petroleum, el Senado de Estados Unidos de América condicionó para que esa trasnacional pudiera regresar a Estados Unidos de América.

Nosotros no sólo eso, sino que a Mexichem se le ha permitido, se le ha dado largas, se rompió la cadena de producción: cloro, sosa, etileno. Vamos a tener que importar mínimo por dos años, hay un desbalance en la balanza comercial, y es por eso que estamos proponiendo que se agregue un sexto punto al Acuerdo.

Esperamos de todos ustedes que voten a favor esto para continuar con los trabajos de recuperación del patrimonio nacional del Complejo Petroquímico “Pajaritos”.

Es cuanto, muchas gracias.

Propuesta de adición



La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias a usted, Diputada.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Se admite.

¿Existen oradores para referirse a la propuesta?

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen con la modificación presentada.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar su mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el dictamen con la propuesta presentada, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.





 

Ahora pasamos a la discusión de varios dictámenes.

No hay oradores registrados.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de ellos.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Doy cuenta con los dictámenes:

Tenemos 10 dictámenes de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo:

1.- Por el que se solicita un informe sobre la estrategia de seguridad pública seguida hasta ahora en el estado de Tamaulipas.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

2.- Por el que se solicita información sobre los avances en la investigación de los presuntos actos de corrupción cometidos en el estado de Oaxaca.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

3.- Por el que se solicita evaluar e informar sobre las cifras actualizadas en materia de seguridad pública en el estado de Chihuahua.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

4.- Por el que se solicita un informe sobre el seguimiento que se le ha dado a los hechos violentos ocurridos entre los vecinos de la comisaría de Chablekal en Mérida, Yucatán.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

5.- Otro, que exhorta implementar un plan integral para la mejora de las Agencias del Ministerio Público en la Ciudad de México.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

6.- Que exhorta llevar a cabo el proceso de designación de los Consejeros Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

7.- Por el que se solicita al gobierno del estado de Guanajuato un informe sobre las acciones emprendidas en contra de los servidores públicos que incurrieron en irregularidades que derivaron en observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

8.- Por el que se solicita incluir en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, un apartado en el que se revise el uso de los recursos federales otorgados, a través de diversos Ramos al estado de Quintana Roo.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

9.- Por el que se consideran atendidas diversas proposiciones en materia electoral, presentadas el 18 de mayo del año en curso.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

10.- Por el que se consideran atendidas diversas proposiciones en materia electoral, presentadas los pasados días 25 y 31 de mayo de 2016.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Tenemos 20 dictámenes de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo:

1.- Que exhorta a fortalecer las acciones de difusión sobre los beneficios que aporta la lactancia materna.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

2.- Que exhorta a Comisiones del Senado de la República y de la Cámara de Diputados a que acompañen los trabajos del Mecanismo de Seguimiento Especial para el Caso Iguala, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

3.- Por el que se condenan los actos de violencia ejercidos en contra de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, y particularmente en el caso de la ciudadana Rosa Pérez Pérez, Presidenta Municipal de Chenalhó, Chiapas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

4.- Que exhorta a emprender acciones para integrar y mantener actualizado el Registro Nacional de Enfermos Renales.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

5.- Que exhorta a revisar el Acuerdo por el que se da a conocer la información que deberá figurar en todos los paquetes de productos del tabaco.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

6.- Que exhorta a informar los estímulos derivados del Programa de Carrera Magisterial.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

7.- Por el que se solicita información sobre las causas de la presunta retención de la nómina de personal docente en el estado de Oaxaca.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

8.- En torno al caso de la señora Jacinta Francisco Marcial

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

9.- Otro, por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un informe especial sobre la problemática de los linchamientos en el territorio nacional.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

10.- Por el que se solicita diseñar una estrategia que contribuya a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en contextos de inseguridad, violencia y delincuencia.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

11.- Por el que se solicita la comparecencia de diversos funcionarios para que informen sobre las implicaciones de la puesta en marcha de la primera fase del Sistema Universal de Salud.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

12.- Que exhorta a fortalecer las acciones encaminadas a la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y control de la hipertensión arterial y sus complicaciones.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

13.- Que exhorta al Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a evaluar la publicación de una Constitución Infantil que sea de fácil comprensión.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

14.- Que exhorta a promover la inclusión de los libros “El niño que tocó las estrellas” y “El cosechador de estrellas”, de José Hernández Moreno.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

15.- Que exhorta a fortalecer las políticas farmacéuticas nacionales, promover un estudio sobre la regulación, disponibilidad, acceso y costo de los medicamentos en México.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

16.- Por el que la Comisión Permanente se congratula y felicita a la doctora Irasema Alcántara Ayala por haber sido galardonada con la medalla “Sergey Soloviev” 2016.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

17.- Que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a continuar promoviendo acuerdos entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y su Sindicato Único de Empleados.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

18.- Que exhorta a mantener actualizados los protocolos de salud y adoptar medidas de prevención frente a las intensas temperaturas que afectan al país.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

19.- Que exhorta a fortalecer los refugios y centros de atención externa que contribuyen a garantizar el derecho de mujeres, niñas y niños víctimas de violencia.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

20.- Que exhorta a mantener y fortalecer los canales de diálogo e interlocución con las maestras y maestros que se consideran afectados por la implementación de la reforma educativa en el país.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Tenemos 33 dictámenes de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo:

1.- Que exhorta a mantener actualizados sus sistemas estatales de protección civil.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

2.- Que exhorta a informar sobre las causas del accidente el pasado 3 de mayo, en el que perdieron la vida tres trabajadores de la empresa minera “Buenavista del Cobre” en Cananea, estado de Sonora.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

3.- Que exhorta a implementar acciones tendientes a que las empresas del sector de telefonía cumplan con el plazo de 24 horas para llevar a cabo el procedimiento de portabilidad numérica.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

4.- Que desecha diversas proposiciones relativas a la calidad de las gasolinas importadas y la calidad del aire en la Megalópolis.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

5.- Por el que se reconoce al gobierno del estado de Jalisco por la inauguración del Primer Centro Turístico de Playa con Accesibilidad Universal, en Bahía de Cuestecomates, Cihuatlán, Jalisco.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



(Intervención del Senador Jesús Casillas Romero)







 

6.- Que exhorta a fortalecer programas tendientes a prevenir y erradicar la quema de gavilla, principalmente en el estado de Sonora.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

7.- Que exhorta a evaluar el hacer extensivo el beneficio de las transferencias de la recaudación en los puentes internacionales de la franja fronteriza del norte del país.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

8.- Que exhorta a considerar recursos suficientes para el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

9.- Que exhorta a fortalecer las estrategias de comunicación para prevenir y erradicar los fraudes a través de los esquemas de “pirámides”.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

10.- Que exhorta a valorar la incorporación del estado de Chiapas al Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para Campeche y Tabasco.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

11.-Que exhorta a considerar la creación de una oficina especializada en el diseño y aplicación de políticas públicas relacionadas con las remesas que envían migrantes mexicanos a sus familias radicadas en territorio nacional.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

12.- Que exhorta a promover el acceso sin costo a los guías de turistas nacionales debidamente acreditados en las zonas turísticas y arqueológicas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

13.- Que exhorta a continuar con las acciones tendientes a combatir la contaminación del aire en el municipio de Salamanca.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

14.- Que exhorta a los gobiernos de diversos estados a transparentar los recursos otorgados mediante el Fondo Regional.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

15.- Que exhorta a actualizar los Atlas de Riesgos de las entidades federativas y de los municipios de nuestro país, de manera particular los del estado de Chiapas y sus municipios.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

16.- Que exhorta a remitir un informe respecto del estado físico y de salud de los perros policías adscritos a la Unidad Canina K-9, en el municipio de Silao.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

17.- Que exhorta a continuar garantizando el suministro de gas etano para los complejos petroquímicos “Morelos”, “Pajaritos” y “Cangrejera”, todos ubicados en Coatzacoalcos, Veracruz.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

18.- Que exhorta a diseñar y establecer mecanismos que atiendan la problemática de la generación de residuos, para el eficiente funcionamiento del sistema de bombas e infraestructura en la zona fronteriza y para la limpieza del Río Tijuana en el estado de Baja California.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

19.- Que exhorta al Estado mexicano a adherirse al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

20.- Que exhorta a implementar políticas públicas encaminadas a la modernización del transporte público de pasajeros.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

21.- Que exhorta a presentar un informe sobre la agresión que sufrieron choferes que prestan su servicio mediante la aplicación “Uber”, el pasado 25 de mayo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Mérida.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

22.- Que exhorta a implementar políticas públicas encaminadas al establecimiento de zonas de bajas emisiones.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

23.- Que exhorta a informar sobre las razones técnicas que motivaron las medidas temporales para prevenir, controlar y minimizar las contingencias ambientales o emergencias ecológicas, provenientes de fuentes móviles.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

24.- Que exhorta al Senado de la República a aprobar la adhesión del Estado mexicano al Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

25.- Que exhorta a difundir las tarifas autorizadas para los servicios de arrastre.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

26.- Que exhorta a que la delimitación geográfica precisa de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, sea un polígono dividido en secciones.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

27.- Que exhorta a evaluar el llevar a cabo las acciones necesarias a fin de preservar el Sistema Lagunar de Chacmuchuch, Quintana Roo.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

28.- Que exhorta a establecer mesas de trabajo interinstitucionales con la finalidad de resolver los problemas que padece la reserva de la biosfera “La Sepultura”, en el estado de Chiapas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

29.- Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que el programa piloto de descuento al precio de la leche evalúe la posibilidad de beneficiar a los municipios inscritos en el catálogo de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

30.- Por el que se solicita al gobierno del estado de Michoacán a hacer públicos los procedimientos en la contratación de deuda pública en los primeros seis meses de la actual administración.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

31.- Por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a presentar un informe sobre las causas y consecuencias de la explosión del 20 de abril de 2016 en la Planta “Clorados III” del complejo petroquímico “Pajaritos”, municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

32.- Que exhorta a investigar y, en su caso, dar puntual seguimiento a las denuncias recibidas por presuntos delitos electorales en el estado de Oaxaca.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

33.- Que exhorta al gobierno del estado de Morelos a enviar un informe de las acciones de protección ambiental en el relleno sanitario de "La Perseverancia", ubicado en Cuautla, Morelos.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias, Diputada Secretaria.

Consulto si alguien desea reservar alguno de los dictámenes enunciados por la Secretaría.

Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, y así se hacen del conocimiento de la Asamblea, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes sobre los puntos de Acuerdo que se han referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

En el apartado de proposiciones, tiene el uso de la tribuna la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, para presentar a nombre propio y de integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a entregar un informe sobre el procedimiento de adquisición y enajenación de 607 hectáreas en el municipio de Apaseo el Grande.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, señora Presidenta. Con el permiso de mis compañeras y compañeros:

Durante la semana pasada, ambas Cámaras del Congreso de la Unión estuvimos trabajando para aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción que dé paso a la transparencia, a la rendición de cuentas y un combate contra la corrupción.

Sin embargo, en el gobierno del estado de Guanajuato pareciera no importar que se requiere de una gran transparencia y claridad sobre las funciones del gobierno.

Recientemente ejidatarios de la comunidad de Caleras de Ameche, a los que he tenido la oportunidad de escuchar, han denunciado que el gobierno estatal compró a sobreprecio terrenos adquiridos previamente por la empresa JAOS & SGB de Grupo Gurza de Monterrey.

Y desde el pasado 9 de junio el diario “Reforma” y el periódico “Correo”, entre otros medios de comunicación, nacionales y también del estado de Guanajuato, han dado a conocer a la opinión pública los posibles vicios de adquisición y posterior enajenación de 607 hectáreas en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, en los cuales se va a instalar la empresa Toyota.

Dicha empresa es propiedad de José Antonio Ortega Serrano y Santiago Germán Bordes, ambos ex servidores públicos de la que fue la Secretaría de la Reforma Agraria.

En 2014, la empresa JAOS & SGB compró 260 hectáreas a los ejidatarios, pagando 300 mil pesos por cada hectárea, pero luego esta misma empresa las revendió a la administración estatal en 2015 arriba de un millón 700 mil pesos por hectárea, es decir, las revende obteniendo una ganancia de casi 7 veces más de lo que adquirió en la compra que hizo con los ejidatarios.

Estás 607 hectáreas serán donadas por el gobierno del estado de Guanajuato a la empresa Toyota.

Ante esto, nuevamente ocurre lo mismo que en la administración estatal pasada, ya que se utiliza a un intermediario del gobierno del estado que compra terrenos a bajo precio a los ejidatarios, pero que el gobierno del estado se los compra al intermediario a un alto precio.

Tal fue el caso de la empresa denominada Cereal y Pastas Finas, misma que funcionó para comprar terrenos a ejidatarios a fin de instalar una refinería en la entidad, lo cual al final no ocurrió, pero los entonces funcionarios estatales argumentaron que esa era la estrategia correcta para competir con otras entidades y atraer inversiones.

Hoy se vuelve a recurrir al mismo modus operandi. Ante esto surgen preguntas que esperamos pronto las pueda responder el gobierno del estado de Guanajuato y yo pregunto ¿no es de llamar la atención que dos accionistas de la empresa a que me he referido, trabajaron en la entonces Secretaría de la Reforma Agraria?

También nos preguntamos, ¿si no es mucha coincidencia que esta empresa haya arriesgado su capital para adquirir cientos de hectáreas a precios bajos y multiplicaran exponencialmente sus ganancias al vender estos terrenos al gobierno del estado de Guanajuato?, ¿es fortuito que los terrenos que compraron sean justo los que el gobierno del estado de Guanajuato, aceptó comprar para donarlos a la empresa Toyota?

Definitivamente esto no es una serie de hechos fortuitos.

Todo indica que nos encontramos ante posibles actos de tráfico de influencias y el uso de información confidencial y privilegiada en la que ex funcionarios federales, han lucrado con recursos públicos.

Uno de los problemas que enfrenta el estado de Guanajuato, es la falta de regulación que inhiba la especulación de precios para los predios, para los terrenos, para el suelo y las construcciones, y en general de todos los inmuebles que son susceptibles de contribución del impuesto predial. Generar las mejores condiciones de inversión implica ofrecer entornos óptimos de negocio para las inversiones nacionales y extranjeras, pues de ello depende seguir impulsando mayores oportunidades de empleo.

Las condiciones de inversión que se ofrecen en el estado de Guanajuato, requieren de estar apegadas estrictamente a la legislación aplicable en aras de ofrecer certidumbre jurídica a las inversiones. Sin embargo, hay quienes justifican el cuestionable proceso de adquisición y enajenación de estos terrenos, al señalar que lo que haya costado la tierra de la empresa Toyota, no tiene relevancia.

Lo más importante es que la empresa se va a establecer en el estado de Guanajuato y que va a generar muchos empleos.

Estoy convencida de que de ninguna manera el fin justifica a los medios.

Las inversiones son buenas, pero se les debe dar certeza con un estricto apego a la ley.

No es posible que una empresa de reciente creación adquiera a 300 mil pesos por hectárea para después venderla al gobierno estatal, arriba de 1 millón 400 mil pesos.

Lo anterior no se explica más que por la opacidad, el tráfico de influencia y el manejo de información privilegiada para que la empresa JAOS & SGB comprará en el 2014, los terrenos a los ejidatarios, pues dicha empresa fue constituida el 13 de junio del 2014 y en octubre del 2015, ya estaba vendiendo 200 hectáreas al gobierno del estado a un sobreprecio.

Quiero comentar que ya se ha entregado un informe al Congreso del estado de Guanajuato sobre dichos terrenos, pero éste es un informe incompleto, no detalla en lo absoluto la compra que hizo el gobierno del estado, ¿de dónde salieron los recursos, los precios y los avalúos que se hicieron?

Esta información es información necesaria, pues desgraciadamente han reservado esta información por 20 años y lo hacen a partir del 18 de septiembre del 2015 y hasta el año 2020.

Es por ello que el presente punto de Acuerdo, solicita de manera respetuosa que la Comisión Permanente conozca a través de un informe, si han existido irregularidades en la adquisición y enajenación de dichos predios de propiedad privada y de propiedad ejidal, a fin de esclarecer las especulaciones y cuestionamientos a los procedimientos que realiza el gobierno del estado de Guanajuato para traer y garantizar las inversiones en el estado.

Es importante comentar a esta Honorable Asamblea, que precisamente, en este asunto de la adquisición de los predios para que viniera la inversión de Toyota. La Diputada Yulma Rocha Aguilar, también presenta hoy un punto de Acuerdo para que intervenga la Auditoría Superior de la Federación, con el objeto de que se investigue y realicen las auditorías también pertinentes para tener información de la compra venta de estos terrenos.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de este Pleno el siguiente resolutivo.

“Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Guanajuato para que entregue en un lapso de 15 días, un informe pormenorizado sobre el procedimiento de adquisición y enajenación de 607 hectáreas en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato”.

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo.

Los suscritos, Diputada Federal MARÍA BÁRBARA BOTELLO SANTIBÁÑEZ, Diputado Federal JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN e integrantes del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA QUE ENTREGUE EN UN LAPSO DE 15 DÍAS, UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE 607 HECTÁREAS EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, al tenor de las siguiente:

CONSIDERANDOS

La posición geográfica que tiene el estado de Guanajuato en el territorio nacional, ha permitido que el desarrollo de la industria automotriz sea un fuerte motor de crecimiento en la economía del país.

Guanajuato es la única entidad que cuenta con cinco armadoras automotrices, las cuales en los últimos diez años, han generado 204 proyectos de inversión con empresas complementarias, un monto de inversión estimada de 11 mil 409 millones dólares y la generación de 73 mil 263 empleos aproximadamente.

En este sentido, recientemente se ha hecho del conocimiento público de posibles vicios en la adquisición y posterior enajenación de 607 hectáreas en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, en los cuales se instalará la empresa Toyota.

Ejidatarios de la Comunidad de Caleras de Ameche han denunciado que el Gobierno estatal compró a sobreprecio terrenos adquiridos previamente por la empresa JAOS & SGB de Grupo Gurza de Monterrey. Dicha empresa es propiedad José Antonio Ortega Serrano y Santiago Germán Bordes, ambos ex servidores públicos de la que fue la Secretaría de la Reforma Agraria.

En 2014 JAOS & SGB compró 260 hectáreas a los ejidatarios, pagando 300 mil pesos por cada hectárea, pero luego esta misma las revendió a la administración estatal en 2015 arriba de un millón 700 mil pesos por hectárea.

Por otra parte, de las 607 hectáreas que requiere la empresa Toyota para instalarse en el estado, la administración estatal ya cuenta con 460 hectáreas, sólo faltan por adquirirse 147 hectáreas las cuales están en proceso de negociación para su compra con los ejidatarios, pero el gobierno del estado les ofrece un millón 400 mil pesos cuando estos exigen que se les pague 2 millones 500 mil pesos por hectárea.

Estás 607 hectáreas serán donadas a la empresa Toyota. El problema de fondo es que desde el Congreso del Estado de Guanajuato se ha denunciado opacidad, tráfico de influencias y manejo de información confidencial para que la empresa JAOS & SGB comprara en 2014 los terrenos a los ejidatarios, la cual fue constituida el 13 de junio de 2014 y en octubre de 2015 ya estaba vendiendo 260 hectáreas al gobierno estatal.

Uno de los problemas que enfrenta el estado de Guanajuato, es la falta de regulación que inhiba la especulación de los precios de predios, terrenos, suelo y construcciones, y en general en los inmuebles que son susceptibles de contribución del impuesto predial.

Sin duda, generar las mejores condiciones de inversión implica ofrecer entornos óptimos de negocio para las inversiones naciones y extranjeras, pues de ello depende seguir impulsando mayores oportunidades de empleo.

Sin embargo, las condiciones de inversión que ofrecen los tres niveles de gobierno desde sus respectivos ámbitos de competencias, requieren estar apegadas estrictamente a la legislación aplicable en aras de ofrecer certidumbre jurídica a las inversiones.

Es por ello que el presente punto de Acuerdo pretende que esta Comisión Permanente conozca a través de un informe, si han existido irregularidades en la adquisición y enajenación de dichos predios de propiedad privada y propiedad ejidal, a fin de esclarecer las especulaciones y cuestionamientos a los procedimientos que realiza el gobierno estatal para atraer y garantizar las inversiones en el estado.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Guanajuato para que entregue en un lapso de 15 días, un informe pormenorizado sobre el procedimiento de adquisición y enajenación de 607 hectáreas en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 22 de junio de 2016.

Atentamente

Dip. María Bárbara Botello Santibáñez.- Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias, Diputada Botello. Túrnese a la Primera Comisión.





 

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Juan Corral Mier, para presentar a nombre de la Diputada María Luisa Sánchez Meza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, un punto de Acuerdo que exhorta a publicar los lineamientos del Fondo de Apoyo al Migrante, estipulado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2016.

El Diputado Juan Corral Mier: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores:

Desde hace varias décadas, en la frontera norte de México se registran fuertes flujos de población migrante, viajan desde el sur, recorren a lo largo y ancho del territorio nacional.

Tlaxcala, de donde soy originario, tiene una problemática importante en este sentido, el municipio de Apizaco en particular, por el paso de la famosa “Bestia” e intentan cruzar a los Estados Unidos de América en busca de mejores oportunidades de vida, así como de connacionales que fueron repatriados del vecino país del norte al no poder acreditar una legal estancia en él.

Con ello se genera una problemática de tipo social, presupuestal, de salud y de seguridad en las entidades federativas receptoras que deben ajustar sus recursos y programas para la atención integral y reinserción social de las personas que se quedan de manera temporal o de forma indefinida.

En el Anexo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, correspondiente al ramo general 23, provisiones salariales y económicas, se contempla una asignación de 300 millones de pesos para el Fondo de Apoyo al Migrante.

Y que, de acuerdo a los lineamientos para la operación del mismo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, tienen un objetivo claro para su utilización.

Estos recursos se destinan a proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento para que apoyen a los trabajadores migrantes en retorno y a las familias que reciben remesas para encontrar una ocupación en el mercado formal, contar con opciones de autoempleo, generar ingresos, mejorar su capital humano y su vivienda y apoyar la operación de albergues que los atiendan y retornen a su lugar de origen, en su caso.

En el Partido Acción Nacional nos preocupa que al cumplirse el primer semestre del año en curso aún no sea posible acceder al Fondo de Apoyo al Migrante, siendo que los programas de las entidades receptoras dependen en gran medida de este recurso para su operatividad, más ahora que está registrándose una situación de riesgo específicamente en los estados de Baja California y Chiapas, donde además del flujo de migrantes y repatriados que constantemente llegan a la región, se registra la llegada de personas provenientes de África, Asia y El Caribe, quienes comenzaron un éxodo que tiene como destino final Estados Unidos de América, para obtener asilo político.

Ante la limitada capacidad de atención que otorga diariamente la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos de América se ha generado una problemática inusual en las fronteras norte de México, dado que los solicitantes han tenido que improvisar campamentos afuera de la garita peatonal de San Isidro, una de las más concurridas de la franja fronteriza, en camellones aledaños al área o bien ser remitidos a albergues y refugios para migrantes que no cuentan con suficiente capacidad de atención y, mucho menos, en casos donde se trata de familias con hijos menores de edad.

Lo anterior evidencia la debilidad en materia diplomática y de gestión migratoria de las autoridades de nuestro país, ya que en varios casos México no tiene relaciones diplomáticas con los países de los cuales son originarios los migrantes; aunado al hecho de que la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, emite permisos temporales de internación, que al vencerse dejan en una situación de incertidumbre a los migrantes de otros países.

El fenómeno social que se registra en estas zonas del país sobrepasa la capacidad de atención de las entidades gubernamentales, así como de las asociaciones de la sociedad civil que se deben a los recursos federales que hoy en día están detenidos ante la falta de publicación de los lineamientos del Fondo de Atención a Migrantes para el ejercicio fiscal del 2016.

Por eso consideramos preciso y en calidad de urgente que el Ejecutivo Federal publique de inmediato los lineamientos del Fondo de Apoyo al Migrante, considerando una partida especial para programas emergentes que den asistencia social y jurídica a los migrantes, connacionales y extranjeros que continúan llegando a la frontera de Tijuana en el estado de Baja California para solicitar asilo político a los Estados Unidos de América.

Debo recordar que el pasado 8 de junio, el Diputado José Máximo García López presentó un punto de Acuerdo señalando esta problemática que se presenta en Tijuana, y hasta el momento la situación, lejos de mejorar, se ha ido recrudeciendo.

Por ello, compañeras y compañeros legisladores, solicitamos que este punto de Acuerdo cuente con el respaldo de todos y cada uno de ustedes en solidaridad con los hermanos migrantes que se encuentran en esta dura y crítica situación.

Es cuanto.

Proposición con punto de Acuerdo.

La suscrita, Diputada MARÍA LUISA SÁNCHEZ MEZA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En la frontera norte de México desde antaño se han registrado fuertes flujos de población migrante, conformado tanto por connacionales como extranjeros que viajan desde el sur e interior de la República para intentar cruzar a los Estados Unidos en busca de un mejor estilo de vida, así como de connacionales que fueron repatriados del vecino país del Norte al no poder acreditar una legal estancia en él, generando una problemática de tipo social, presupuestal y de seguridad en las entidades federativas receptoras, que deben ajustar sus recursos y programas para la atención integral y reinserción social de las personas migrantes y repatriadas que se quedan en dicho territorio ya sea de manera temporal o de forma indefinida.

En el Anexo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 (PEF 2016), correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional, se contempla una asignación de $300,000,000.00 (trescientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), para el Fondo de Apoyo al Migrante y que, de acuerdo a los lineamientos para la operación del mismo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, tienen un objetivo claro para su utilización: “Los cuales se destinarán a proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento, que apoyen a los trabajadores migrantes en retorno y a las familias que reciben remesas para:

a) Encontrar una ocupación en el mercado formal;

b) Contar con opciones de autoempleo;

c) Generar ingresos;

d) Mejorar su capital humano y su vivienda,  y

e) Apoyar la operación de albergues que los atiendan y retornar a su lugar de origen, en su caso. “1

En ese sentido, es preocupante que al cumplirse el primer semestre del año en curso, aún no sea posible acceder al Fondo de Apoyo al Migrante siendo que los programas de las entidades receptoras dependen en gran medida de este recurso para su operatividad; más ahora que está registrándose una situación de riesgo específicamente en el estado de Baja California, donde además del flujo de migrantes y repatriados que constantemente llega a la región, actualmente se registra la llegada de personas migrantes de África, Asia y el Caribe, quienes comenzaron un éxodo que tiene como destino final Estados Unidos, para internarse a mencionado país obteniendo asilo político, por las condiciones de violencia y pobreza extrema que atraviesan en su nación de origen.

De acuerdo al Reporte Especial de Personas Solicitantes de Refugio ante Estados Unidos, elaborado por la Dirección de Atención al Migrante del Gobierno del Estado de Baja California, se estima que por lo menos hasta el día 27 de mayo del año en curso, se contabilizaban alrededor de mil 200 personas extranjeras y mexicanos solicitantes de refugio político ante Estados Unidos y que por su ubicación geográfica, se mantienen en las inmediaciones de la Garita de San Ysidro en Tijuana, esperando ingresar a las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para que un oficial los entreviste y evalúe la factibilidad de su petición; sin embargo, personal de CBP está atendiendo un promedio de treinta personas al día, de acuerdo al reporte del Gobierno del Estado de Baja California.

Esta situación y ante la limitada capacidad de atención que otorga diariamente la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, ha generado una problemática inusual en la frontera mexicana, dado que los solicitantes (connacionales y extranjeros) han tenido que improvisar campamentos afuera de la Garita peatonal de San Ysidro (una de las más concurridas de la franja fronteriza norte), en camellones aledaños al área o bien, remitidos a albergues y refugios para migrantes que no cuentan con esta capacidad de atención, mucho menos en casos donde se trata de familias con hijos menores de edad.

Por su parte, el reporte especial de personas migrantes en tránsito en Baja California, actualizado por la misma Dirección de Atención al Migrante, con fecha de junio del 2016, presenta un censo de esta población, que se viene a sumar al flujo regular de repatriados y migrantes que permanece en la frontera de manera indefinida, en donde se establece que el 59% de la población tiene una edad promedio de 31 a 45 años de edad; un 66% del total, son del sexo femenino y de un universo muestra de 37 personas (en una encuesta levantada entre el 9 y 10 de junio), un total de 34 personas tenían como motivo de arribo a Tijuana, solicitar el asilo político a Estados Unidos. De este total, ninguno expresó su interés de permanecer en la ciudad de Tijuana de forma permanente, no obstante tampoco está en sus planes regresar a su lugar de origen.

En cuanto a la razón por la que buscan el refugio en el vecino país del norte, el 90% de los migrantes encuestados por la dirección estatal reveló que este grupo de personas que continúa haciendo su arribo a la frontera de Tijuana, Baja California, está motivado por las condiciones de violencia que se viven en su estado; en tanto que para los grupos de extranjeros que se han apersonado a esta garita, indican una situación similar en sus lugares de origen:  violencia, persecución de grupos criminales, falta de oportunidades.

Cabe señalar que aunque en el muestreo levantado por la Dirección Estatal de Atención a Migrantes la mayoría de los entrevistados procedían del estado de Guerrero (16 personas), Michoacán (19 personas) y sólo un extranjero (esto debido a que para el día del levantamiento del censo, la población de extranjeros “ya había sido llevada a continuar su intención de trámite o bien, trasladado a un albergue), de acuerdo a registros periodísticos y otros censos efectuados por albergues y refugios de migrantes, hablan de una población proveniente de diferentes países de África como Guinea, Angola o Congo, y del Caribe, en esto último, en su mayoría de Haití, que supera los cientos de personas2.

La situación que se registra en esta zona del país es inusual y sobrepasa la capacidad de atención y canalización de las entidades gubernamentales, así como de las asociaciones de la sociedad civil que se deben a los recursos federales que hoy en día están detenidos, ante la no publicación de los lineamientos del Fondo de Atención a Migrantes para el ejercicio fiscal del 2016.

Así lo muestran estadísticas oficiales, en comparativo con lo que reportan medios periodísticos que le han dado seguimiento a este fenómeno: un reportaje publicado por el periódico La Jornada en Baja California  señala que “fuentes oficiales revelaron que el gobierno mexicano, por medio de la Secretaría de Gobernación, habría otorgado cuatro mil permisos temporales de internación a extranjeros que huyen de la pobreza y la violencia de sus países de orígenes (sic)”3.

Esta cifra contrasta con números arrojados por el Boletín Estadístico 2016 de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, con corte a abril del año en curso: para el primer cuatrimestre, se habían expedido tan sólo 834 Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias y sólo en Baja California se habían expedido 15 de ellas (9 para ciudadanos originarios de Centroamérica, 5 provenientes de Sudamérica y tan sólo una persona, del continente africano)4.

De acuerdo con el Reporte Especial de Personas Migrantes en Tránsito en Baja California, el gobierno de dicha entidad federativa, ha participado activamente acercando atención médica a la población de los albergues, así como alimentos y manteniendo estrecha comunicación con el Ayuntamiento de Tijuana y con los propios directivos de los albergues.

Para muestra de la situación de emergencia que registra la frontera, la Dirección de Atención al Migrante recopiló cifras de las casas de atención que se han sumado a los esfuerzos por dar asistencia a esta población en tránsito, con fecha del 26 de mayo (fecha en que inició el Operativo de Atención) al día 8 de junio, arrojando la siguiente información:


MIGRANTES EN TRÁNSITO ATENDIDOS EN ALBERGUES DE TIJUANA

Albergue

Total migrantes

Total mexicanos

Total extranjeros

Observaciones

Casa Madre Asunta

321

194
112 adultos
82 menores

127
90 adultos
37 menores

La población más grande proviene de Haití (66 migrantes).

Ejército de Salvación

201

 

201 varones

La población mayoritaria es de Haití (48)

Casa de la Esperanza del Ejército de Salvación

111

68

43

La población mayoritaria es mexicana (66), seguido de Guatemala (10) y El Salvador (10).

Desayunador Salesiano “Padre Chava”

400

 

 

El 90% de los atendidos son provenientes de Haití y otros países, mientras que los connacionales son de Guerrero, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Veracruz y CDMX

Oratorio del Desayunador Salesiano (albergue improvisado)

324

 

 

*Recepción de migrantes en aumento, de acuerdo a testimonios

Casa del Migrante

149
15 menores

57

92

La población mayoritaria es de Haití (61), seguido de México (57) y Cuba (12)

Como se especifica líneas atrás, el fenómeno no es ajeno a migrantes connacionales y tampoco es una situación que se haya frenado. De acuerdo a la activista Margarita Andonaegui,  coordinadora del Desayunador Salesiano “Padre Chava” (un espacio que diariamente brinda desayuno a 1,200 migrantes y repatriados en la ciudad de Tijuana), tan sólo el lunes 13 de junio del presente se registró la llegada de 400 personas provenientes de Guerrero y Michoacán, quienes arribaron a la frontera tijuanense con la creencia de que aquí encontrarían apoyo y en efecto, se estaba facilitando la aprobación de asilo político en Estados Unidos; situación que dista mucho de ser cierta y que únicamente ha provocado la sobrepoblación en los albergues y refugios para migrantes de la ciudad5.

La situación que atraviesa la frontera de Tijuana, Baja California, debe ser considerada una prioridad en la agenda migratoria, presupuestaria y de desarrollo social a nivel nacional y el hecho de que no se hayan publicado los lineamientos del Fondo de Apoyo al Migrante, partida de la cual dependen muchos de los organismos que actualmente están dando un esfuerzo doble para poder atender a la población mexicana y extranjera que ha llegado a este punto de la franja fronteriza con la intención de obtener asilo político en Estados Unidos, genera una problemática que desencadenaría una crisis humanitaria, al carecer estado, municipio y organismos de la sociedad civil de presupuesto para programas sociales emergentes orientados a este grupo en tránsito.

Es preciso que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, publique de inmediato los lineamientos del Fondo de Apoyo al Migrante, considerando una partida especial para programas emergentes que den asistencia social y jurídica a los migrantes connacionales y extranjeros que continúan llegando a la frontera de Tijuana, Baja California, para solicitar asilo político en Estados Unidos, esto debido a situaciones de violencia a las que se enfrentan en su entidad o país de origen.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se exhorta al Ejecutivo Federal a través de las instancias a las que corresponda, para que publique de manera inmediata los lineamientos del Fondo de Apoyo al Migrante, estipulado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2016, de tal manera que se destinen los recursos necesarios para la atención del grupo de migrantes mexicanos y extranjeros que llegan a la frontera de Tijuana, Baja California, con la intención de solicitar asilo político en Estados Unidos y evitar así una posible crisis humanitaria en la entidad receptora.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que, una vez publicados los lineamientos, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se liberen los recursos establecidos en el Fondo de Apoyo al Migrante, con la finalidad de hacer frente a la crisis social producto de la problemática mencionada previamente.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
Honorable Congreso de la Unión, el 22 de junio de 2016.

Dip. María Luisa Sánchez Meza.

1 Lineamientos para la operación del Fondo de Apoyo al Migrante 2015, Diario Oficial de la Federación, 30 de abril del 2015, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5390711&fecha=30/04/2015 (Consultado el 09 de junio de 2016)

2 “Llegan Cientos de Migrantes a Tijuana en busca de asilo en EU”, La Jornada, 27 de abril de 2016, http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/27/llegan-cientos-de-migrantes-a-tijuana-en-busca-de-asilo-en-eu (Consultado el 10 de junio de 2016)

3 “Continúa llegada de haitianos y africanos en la frontera”, La Jornada BC, 30 de mayo de 2016, http://jornadabc.mx/tijuana/30-05-2016/continua-llegada-de-haitianos-y-africanos-en-la-frontera (Consultado el 09 de junio de 2016)

4 Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias del 2016, Unidad de Política Migratoria de la Segob, http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Boletines_Estadisticos/2016/Boletin_2016.pdf (Consultado el 08 de junio de 2016)

5 “Improvisan albergue para 400; mexicanos llegan engañados”, Uniradio Informa, 14 de junio de 2016,  http://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/418723/improvisan-albergue-para-400-mexicanos-llegan-enganados.html (Consultado el 14 de junio de 2016)

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muchas gracias, Diputado Corral.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, y como lo establece el Resolutivo Décimo Sexto del Acuerdo para normar las sesiones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Túrnese a la Tercera Comisión.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para presentar a nombre de las legisladoras y los legisladores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un punto de Acuerdo por el que se llama a comparecer a los Secretarios de Gobernación y de Educación Pública, y se constituye una comisión de seguimiento a las investigaciones relativas a la represión policial en Nochixtlán, Oaxaca.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, compañera Presidenta. Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

Es momento de que el Senado de la República tome con seriedad, con responsabilidad y con fervor patrio lo que está pasando en el país y que se agudiza en Oaxaca.

He estado pendiente de los cabildeos y, créanme, que entre más tardemos en entrar a este asunto, más muertos, más reprimidos, más encarcelados, más despedidos puede haber en este país. Porque los que gobiernan han caído en el problema del autoritarismo y han caído en el problema de la cerrazón al diálogo.

Será responsabilidad del Senado de la República si el día de hoy no atiende con urgencia el asunto que vamos a plantear. Sobre sus conciencias, los muertos; sobre sus conciencias, los encarcelados; sobre sus conciencias los reprimidos y sobre su conciencia los despedidos y las miles de familias que se van a quedar sin sustento, producto de la cerrazón al diálogo de las autoridades de este país.

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras: Punto de Acuerdo.

Consideraciones.

Primero.- La situación de las semanas recientes y la violencia ocurrida en varias regiones de Oaxaca, el pasado fin de semana, deben terminar.

De ninguna manera y bajo ninguna circunstancia debemos aceptar hechos de violencia como los ocurridos, el luto y el pesar que ahora embarga a ocho familias de esa entidad es compartido por todo el país y sólo debe de tener como respuesta la justicia y la aplicación de la ley.

La vida en Oaxaca debe volver a la normalidad y sus habitantes, gozar plenamente de todos los derechos y libertades que establece nuestra Constitución y las leyes.

Un pueblo con la tradición libertaria como el oaxaqueño, merece que se respete su cotidianidad y gozar de una paz con dignidad y respeto a sus derechos humanos.

La respuesta de la autoridad no puede ser la cerrazón y la soberbia, mucho menos la represión. De ninguna manera a una propuesta de diálogo, puede responderse con represión y la criminación de la protesta social.

Segundo.- Los lamentables hechos de Nochixtlán, Oaxaca, ponen de manifiesto la incapacidad del gobierno federal para aplicar racionalmente la fuerza, para hacer respetar la ley y, al mismo tiempo, salvaguardar los derechos humanos.

Todos conocemos el contexto social, político y económico de Oaxaca; cada decisión que se asuma y acción que se implemente deberá realizarse con responsabilidad y sensibilidad. El responsable de la política interior y el que ejerce el mando sobre la Policía Federal, debe explicar a la sociedad sus decisiones y acciones en Oaxaca y en las entidades en donde existen movimientos de protesta en contra de la Reforma Educativa. Sería conveniente que el gobierno estatal compartiera su visión y preocupaciones con el Congreso de la Unión sobre la situación que se vive en la entidad y las decisiones que ha asumido su gobierno.

Tercero.- El conflicto que se vive en Oaxaca y en otras entidades del país tiene como motivo la implementación de la Reforma Educativa. Para la solución del conflicto en Oaxaca, sería fundamental que la Secretaría de Educación Pública explicara al país cómo esa dependencia puede contribuir al diálogo y a la solución del actual conflicto.

Cuarto.- También es importante que otras dependencias involucradas actúen en el marco de su responsabilidad, por tanto, es indispensable que el titular de la Comisión Nacional de Seguridad informe a esta Asamblea sobre el número de elementos desplegados y las circunstancias que llevaron a las fuerzas de seguridad pública a la utilización de medios letales.

Quinto.- En el marco de sus atribuciones y como un órgano del Estado mexicano, el Congreso de la Unión, a través de su Comisión Permanente, tiene la responsabilidad de contribuir a que los hechos de Nochixtlán se aclaren y que no se repitan en Oaxaca o en otras entidades del país. Por lo cual debe dar un seguimiento puntual a las investigaciones correspondientes, escuchar a los sectores involucrados y contribuir a construir el diálogo.

Sexto. El grupo parlamentario del PRD lamenta la cerrazón, la ausencia de voluntad y la falta de oficio político de los gobiernos estatal y federal para atender las inquietudes de ese sector del magisterio que se siente afectado con la implementación de la Reforma Educativa.

De igual forma, condenamos enfáticamente el uso de la fuerza y la violencia como herramientas para solucionar los conflictos que deberían ser resueltos por la vía pacífica y a través de la vía política.

Hacemos un llamado a las autoridades federales y estatales a evitar los actos de provocación y a garantizar la aplicación de protocolos para el control de manifestaciones estrictamente apegados a los más altos estándares en materia de derechos humanos.

Exigimos a la Secretaría de Gobernación que mantenga y consolide los canales de diálogo con el magisterio a fin de encontrar lo más pronto posible y conjuntamente, una salida a este conflicto que lacera la gobernabilidad, tanto en el estado de Oaxaca como en el resto del país, comprometiendo la seguridad de la población civil, más allá de sus filiaciones políticas y sindicales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de Acuerdo.

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena los hechos de represión policial ocurridos el pasado domingo, 19 de junio, en la comunidad de Nochixtlán y en otras regiones del estado de Oaxaca, se solidariza con el pueblo de Oaxaca y con los deudos de las personas fallecidas a causa de estos hechos.

Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace un llamado al gobierno federal para que, en todo momento, privilegie el diálogo con el movimiento magisterial y proscriba el uso de la fuerza pública, especialmente el uso de las armas de fuego, así como la criminalización, como medios para enfrentar la movilización social.

Ciudadana Presidenta, solicito orden a la Asamblea.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Por favor, orden para escuchar al orador en turno.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Tercero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública del gobierno federal, para efecto de que expongan ante este cuerpo legislativo los avances en las investigaciones derivadas de los hechos de Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio.

Asimismo, invita al ciudadano gobernador del estado de Oaxaca a desarrollar una reunión de trabajo con este órgano legislativo federal para efecto de conocer las acciones realizadas de su gobierno estatal en ese conflicto social.

Cuarto.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al titular de la Comisión Nacional de Seguridad, a efecto de que presente un informe detallado sobre la actuación de la Policía Federal, y explique los protocolos de despliegue, del uso de la fuerza y utilización de los medios letales en los hechos materia del presente punto de Acuerdo.

Quinto.- Y último. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión acuerda la creación de una comisión de seguimiento de las investigaciones relacionadas con los hechos de Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio, especialmente sobre las muertes de ocho personas, entre ellos un periodista de la localidad.

Por la urgencia del problema, ciudadana Presidenta, solicito sea sometido a consideración de esta Asamblea que sea de urgente resolución.

Por su atención, muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo.



PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Diputado Ramírez Marín.

El Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Teníamos, y estábamos en el entendido de un acuerdo que se procesaría desde la Mesa con cuatro resolutivos alrededor de este tema.

Nada más quisiéramos saber si se mantiene para efecto de orientar nuestro criterio, o al contrario, solicitárselo.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En efecto, la Mesa Directiva fue enterada de un…

Sonido en el escaño del Diputado Federico Döring.

El Diputado Federico Döring Casar: (Desde su escaño) Señor Presidente, los puntos de acuerdo que se presentasen el día de hoy, ninguno tendría tratamiento de urgente resolución.

Ya hubo una confusión entre el que presentó la Diputada Bárbara Botello y el que presentó el Diputado Juan Corral.

Pero el Acuerdo que se tenía era que ninguno se conocería como materia de urgente resolución y que paralelo a eso, como bien dice el Diputado Ramírez Marín, se iba a construir a través de la Mesa Directiva una reacción que aglutinara el espíritu de todos los puntos de Acuerdo que sobre este tema en particular se encontraran registrados en el Orden del Día.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

Adelante Diputado Ortega Álvarez.

El Diputado Omar Ortega Álvarez: (Desde su escaño) Con su venia, señor    Presidente.

Efectivamente, se estuvo viendo la posibilidad de un acuerdo que proviniera de la Mesa Directiva, lo cierto es que como se está dando la sesión, no fue posible en este momento acordar con la Mesa Directiva donde estén todas las fracciones de acuerdo.

Lo que yo propondría a la Presidencia, es que en este punto de Acuerdo de urgente resolución se le diera tratamiento en ese sentido, se llegara a la discusión y se fuera construyendo un acuerdo que firmaran todas las fracciones parlamentarias, en este punto de Acuerdo que puso a consideración el Partido de la Revolución Democrática a través del Senado.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Diputada Nahle.

La Diputada Norma Rocío Nahle García: (Desde su escaño) Señor Presidente.

Creo que el tema del magisterio en este país, la situación y las condiciones que se han dado nos invitan como legisladores, como Comisión Permanente, a abrir la agenda política.

Yo hace rato mandé pedir si había un acuerdo, no hay el acuerdo, y sería una irresponsabilidad no tocar este tema, un tema crucial.

Morena trae un punto de Acuerdo en el Orden del Día, otras fracciones también. Entonces yo invito de la manera más respetuosa a que sí se haga un paréntesis para la agenda política, con el tema sobre los sucesos en el magisterio.

Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Diputado Ramírez Marín.

El Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: (Desde su escaño) La importancia del tema y el consenso absoluto entre los grupos parlamentarios de que el tema debería tratarse y tener una conclusión que fuera de la Comisión Permanente.

Se propuso un punto de Acuerdo, se le incorporaron solicitudes a ese punto de Acuerdo que provinieron precisamente de la fracción del PRD, del propio coordinador de los Senadores del PRD y nosotros estábamos en el entendido de que lo procesaríamos así.

Precisamente lo contrario, es que cada quien exponga solamente su opinión y que se valore su punto de Acuerdo individualmente, y entonces tendrá que tener un tratamiento individual, perdiendo la oportunidad de hacer un consenso y de sacar un punto de la Comisión Permanente, lo cual a mi juicio tendría mucha mayor trascendencia y peso político.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Hay que dejar claras varias cuestiones. Los hechos que nos están ocupando el día de hoy no son cualesquiera hechos, todos estamos preocupados, dice el punto de Acuerdo que se exhorta a las autoridades a investigar, creo que los partidos políticos lo han planteado de manera pública desde el momento que conocimos los hechos.

La solidaridad con las familias es algo también que ya se ha expresado públicamente por los partidos políticos, diversas organizaciones estan pidiendo a los titulares de esta Secretaría de Gobernación y de Educación Pública y al propio gobernador del estado que remitan un informe, me parece que eso es importante, nadie dice que no.

Pero lo que nosotros estamos planteando además, es que puedan venir a reuniones de trabajo.

No entendemos por qué no vengan al Congreso de la Unión. Los puntos de Acuerdo que están agendados por parte del PRD, diversos Senadores, diversos Diputados, y por parte de Acción Nacional, planteamos que vengan los funcionarios de estas Secretarías, que venga el gobernador también, que sepamos qué fue lo que pasó con los elementos de la fuerza pública, que hay una situación complicada respecto de si usaron o no usaron armas, etcétera. Ya no sigo abundando porque todos conocemos los hechos.

Lo que nosotros estamos plantando es que asumamos con toda la responsabilidad, como Congreso de la Unión en receso, en esta Comisión Permanente, el que estos hechos tienen que tratarse debidamente con funcionarios que están involucrados de una u otra manera en los temas que están en confrontación y que llevaron a la confrontación.

No nos cerramos a que tenga que ser comparecencia. Puede ser una reunión de trabajo, pero que tengamos relación con ellos, que podamos saber de viva voz qué fue lo que pasó, qué fue lo que se salió de control, qué es lo que están planteando, qué es lo que necesitamos para volver a la paz y a la tranquilidad en el país.

No vemos por qué no podamos negociar todos los grupos parlamentarios y sacar por consenso el que puedan venir tanto el Secretario de Educación Pública como el Secretario de Gobernación, como el propio gobernador del estado de Oaxaca.

Saber del responsable de la Policía Federal qué es lo que pasó y qué es lo que están planteando hacer, para volver a restituir la paz en el estado de Oaxaca y evitar que esto sea la mecha que encienda otros estados de la República.

De eso se trata. No veo por qué no nos pongamos de acuerdo en, como el señor Diputado lo ha señalado, unir las propuestas de todos los puntos de Acuerdo que están agendados.

Resulta que solamente están agregando un solo punto en el que todos estamos de acuerdo, que es la integración de una comisión, pero los otros puntos se soslayan.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene la palabra el Diputado Álvarez Maynez.

Y después hacer una propuesta a la Asamblea.

El Diputado Jorge Álvarez Maynez: (Desde su escaño) Bueno, en primera, a nombre de Movimiento Ciudadano, señalar que nosotros no participamos en ninguna redacción común, en ningún acuerdo de los que se ha hablado, no fuimos invitados, y además nosotros tenemos una posición muy clara que se diferencia de lo que aquí se ha comentado como una posición de consenso.

El consenso debe ser un destino al que arribemos los actores políticos después del debate. No puede ser el consenso en sustitución del debate.

Nosotros creemos que aquí se tienen que fijar posturas, que se tienen que dar los elementos de cada grupo parlamentario sobre los hechos acontecidos el fin de semana.

Y que así no todos los puntos sean de consenso y nada más lleguemos a que tres o cuatro lo sean, debemos también identificar los puntos en los que tenemos diferencias políticas, aunque sea para enunciarlos, y que la sociedad conozca qué postura tenemos.

Nosotros estamos con los maestros.





 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Quiero recuperar el espíritu de las aproximaciones que se hicieron al inicio de la sesión.

En efecto, hay distintas proposiciones con punto de Acuerdo registradas en el Orden del Día de la sesión del día de hoy.
La intención era encontrar los elementos comunes de esas proposiciones con punto de Acuerdo, para provocar una posición clara, un pronunciamiento de la Comisión Permanente que pudiera ser avalado por todos los grupos parlamentarios, sin perjuicio que a propósito de la discusión de este planteamiento, se fijara posición por todos los grupos parlamentarios.

Ese fue el sentido de las distintas aproximaciones a primera hora de esta sesión.

¿Cuáles son los cuatro puntos que advertimos como común denominador en las distintas proposiciones con punto de Acuerdo que han sido presentadas, que tienen consenso?

En primer lugar, la condena enérgica a los hechos ocurridos en Nochixtlán.

En segundo lugar, la expresión de solidaridad para las víctimas fatales y los heridos.

En tercer lugar, la solicitud de informes tanto a la Secretaría de Gobernación como a la Secretaría de Educación Pública, así como al gobierno del estado de Oaxaca, para que informen a esta Soberanía sobre los acontecimientos.

Y en cuatro lugar, la integración de una comisión que dé seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca.

Este era el planteamiento de consenso que se advertía en función del contenido de las distintas proposiciones que fueron presentadas y registradas debidamente en la sesión del día de hoy, que bajo ninguna circunstancia iba a implicar la cancelación del debate, y mucho menos que pudieran los grupos parlamentarios fijar posición de respaldo o bien de diferenciación sobre su contenido.

La intención era, precisamente, ordenar el debate, pero sobre todo lograr que la Comisión Permanente lograra un pronunciamiento de consenso sobre los elementos esenciales de lo que ha acontecido.

Me parece que debiéramos rescatar el sentido del acuerdo original.

Hay una redacción que les propone la Mesa Directiva del Senado de la República que borda en estos cuatro elementos, e insisto, se sometería de inmediato a discusión y, en su caso, los grupos parlamentarios pudieran plantear los matices que estimen pertinentes.

Le pregunto a la fracción parlamentaria del PRD si, en aras de este Acuerdo, estarían en disposición de retirar su proposición con punto de Acuerdo y que podamos entrar a la discusión de la propuesta de cuatro resolutivos, a los que ya he hecho referencia.

Entraríamos, en consecuencia, si me permiten, a la discusión del proyecto que ha preparado la Mesa Directiva y que recoge, en esencia, los distintos planteamientos que han sido presentados por los grupos parlamentarios, en el entendido de que habrá posicionamientos y debate conforme a nuestras normas internas.

Voy a solicitar a la Secretaría dé lectura a la propuesta que formula la Mesa Directiva para sustituir las distintas propuestas con punto de Acuerdo y logremos un pronunciamiento de la Comisión Permanente.

Ruego a la Secretaría dé lectura a la propuesta de la Mesa Directiva.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Diputada Nahle.

La Diputada Norma Rocío Nahle García: (Desde su escaño) Señor Presidente, puesto que al grupo parlamentario de Morena no se nos convocó para el acuerdo, yo sugiero que se agregue a este acuerdo, tienen que comparecer, tienen que venir, hay que hablar con el Secretario de Educación, sus declaraciones de ayer muy desatinadas.

Esto es nada más para que nos manden un memorándum y nos digan qué pasó. Entonces la sugerencia respetuosa es que se agregue comparecencias, que se agregue que venga el Secretario de Educación, que venga el de Gobernación.

Nada más es un Acuerdo muy light esto.

Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Menchaca.

El Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

También a nombre de los Senadores del Partido del Trabajo, Morena, solicitar que se incluya la presentación del Secretario de Educación Pública, que se presente el Secretario de Gobernación, Osorio Chong, y el comisionado de la Policía Federal en el país para deliberar o para que nos diga quién dio la instrucción de disparar hacia los maestros y hacia la sociedad civil.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Durante la discusión, señora Diputada, señor Senador, los grupos parlamentarios pueden presentar propuestas de adición o de modificación a los puntos resolutivos que han sido presentados y, en consecuencia, procesarse en las propias intervenciones.

Yo les rogaría que lo hagan en ese momento procesal, que me permitan continuar con la apertura a la discusión de esta propuesta.

Sonido en el escaño del Diputado Álvarez Maynez.

El Diputado Jorge Álvarez Maynez: (Desde su escaño) Una pregunta a la Mesa.

Usted inició, señor Presidente, señalando que en esta Comisión Permanente se habían determinado los turnos que tenían que ver con las proposiciones con punto de Acuerdo, luego, sin haber tomado una votación, interrumpió, digamos, la presentación de los puntos de Acuerdo, nosotros estábamos anotados, íbamos a pasar para entrar con el tema de Oaxaca, ¿eso se va a retomar o decidió cancelarlos, cuál es la posición de la Mesa Directiva respecto a la discusión en la que estamos?

Yo tenía entendido que al terminar las proposiciones con punto de Acuerdo entraríamos al tema de Oaxaca.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Recordará usted, que el trámite que dicté fue en el sentido de consultarle al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que estaba en turno de presentación, si retiraba su proposición para efecto de dar paso a la propuesta que formula la Mesa Directiva, y es justamente el trámite que estoy dando a continuación.

En este momento voy a consultar a la Asamblea, si admite a discusión esta propuesta y entramos de inmediato a su discusión.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta que ha sido leída por la Secretaría.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por la Mesa Directiva. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión.

Voy a dar lectura al registro de oradores que se encuentra actualmente en posesión de la Mesa Directiva:

Diputado Alejandro González Murillo, Diputado Francisco Javier Pinto Torres, Diputado Jorge Álvarez Maynez, Diputada Norma Rocío Nahle García, Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, Diputada Jorgina Gaxiola Lezama, Diputado Omar Ortega Álvarez, Senador Juan Carlos Romero Hicks y Senador Sofío Ramírez Hernández.

Es para intervenciones de los grupos parlamentarios y sin perjuicio de las intervenciones por rectificación de hechos, tal y como lo establecen las normas internas de la Comisión Permanente.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra al Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social.

El Diputado Alejandro González Murillo: Buenas tardes, compañeras y compañeros. Con su permiso, señor Presidente. Honorable Comisión Permanente:

En Encuentro Social, entendemos al magisterio como una profesión y una vocación que ennoblece tanto a quienes lo ejercen como a quienes reciben su instrucción.

Reconocemos con gratitud y honor a las maestras y maestros que comprometidos con su labor comprometida y edificante, nos han compartido y transmitido conocimientos, habilidades y actitudes.

Señor Presidente, si pueden guardar silencio.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame el orador.

Ruego a la Asamblea poner atención a las intervenciones de los oradores, a fin de mantener la serenidad y la conducción en esta sesión.

Adelante, Diputado, continúe.

El Diputado Alejandro González Murillo: Gracias, señor Presidente.

Nos han compartido y transmitido conocimientos, habilidades y actitudes complementarias a las que recibimos en el seno familiar.

Por desgracia, del otro lado de la moneda, existen también profesores cuyos ejemplos de vida son impresentables y representan todos los despropósitos posibles.

Los que en aras de su derecho a agremiarse, se constituyen en grupos de presión y chantaje que, a través de la movilización, acostumbran a exigir prebendas    injustificables.

En tiempos recientes, en claro y trasnochado desafío al Estado mexicano, una expresión magisterial que nació a disidente y no tardó en superar con creces, aquellos usos y costumbres que de inicio tanto criticó.

Se ha movilizado violentamente en diversas poblaciones con dos demandas tan descabelladas como inatendibles.

La abolición de la reforma y la inaplicación de la ley.

Para Encuentro Social es una incongruencia buscar desde el Congreso de la Unión y la armonización legislativa e institucional del Sistema Mexicano de Procuración y Administración de Justicia.

Así como en la instauración de un Sistema Integral de Combate a la Corrupción y la Opacidad para simultáneamente defender el proceder vandálico y porril de una camarilla de profesores e infiltrados que se aferran por todos los medios a las peores prácticas del pasado, reforzados por sus alianzas electorales y políticas, cuyo peligro para México está ampliamente probado.

Del mismo modo, resulta inexplicable respaldar la visión, la visión convenciera y veleidosa que pretende hacer creer que si se bloquean carreteras, impidiendo la atención médica de enfermos; si se rapa y se veja a profesores que decidieron evaluarse; si se producen ataques contra las instituciones, contra la propiedad; se saquean comercios; se roban y queman automóviles o si se mata a reporteros que dan cuenta de la barbarie se trata de causas, modos y gustos.

Pero si el Estado interviene para recuperar el orden, se trata de represión.

Para la bancada que tengo el honor de representar, es insostenible esta situación.

En que una minoría de personas que pretenden poner de rodillas al Estado mexicano, con tal de preservar sus privilegios, pese a las más siniestras alianzas con una expresión política que más parece una secta de vocación terca, mesiánica, narcisista, en detrimento de la educación de miles de menores.

Esto lo sabemos, el interés superior de la niñez es incompatible con su utilización como carne de cañón o como el ser obligados a marchar en lugar de recibir la instrucción a la que tienen derecho y que los prepare para la vida e infunda el sentido de respeto por el otro y por la ley.

Igualmente es incompatible con la actividad parlamentaria y política, el defender lo indefendible y solapar el chantaje y la violencia como métodos de acción.

Vamos a recuperar la legalidad y si hay que pagar costos, siempre que sean legítimos.

En nombre de las y los legisladores de Encuentro Social, vengo a esta tribuna a manifestar nuestro más amplio e irrestricto respaldo al Estado mexicano, del que somos parte, y hacer un llamado para defender al estado de derecho al que protestamos cumplir y hacer cumplir cuando asumimos el mandato de las personas.

De la misma manera, hacemos votos para que el diálogo convocado para hoy por la Secretaría de Gobernación, sea honesto, abierto y fructífero para bien de México, la educación y, sobre todo, la niñez.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra al Diputado Francisco Javier Pinto Torres, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

El Diputado Francisco Javier Pinto Torres: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados, Senadoras y Senadores:

La muerte no nos debe ser indiferente, no podemos permitir que la confrontación y la violencia se instituyan como un actor fundamental para resolver los conflictos del país.

En Nueva Alianza manifestamos nuestro profundo rechazo e indignación por los lamentables hechos ocurridos el pasado fin de semana en Nochixtlán, Oaxaca.

De igual modo, exigimos que se haga una investigación exhaustiva, transparente de los hechos en los que varias personas perdieron la vida y decenas más resultaron heridas.

Es necesario que se llegue hasta las últimas consecuencias y se conozca, sin lugar a dudas, la presunta infiltración del magisterio, además de la actuación de las fuerzas del orden público.

La sociedad merece respuestas claras y expeditas. Es necesario recuperar la tranquilidad de las comunidades afectadas y de todo el estado, pues sabemos que la violencia no conduce al entendimiento que se requiere para lograr los acuerdos que posibiliten terminar con el clima de hostilidad, por el contrario, dan lugar a una mayor escalada de violencia.

Para Nueva Alianza salvaguardar el estado de derecho y garantizar así mismo los derechos humanos de los ciudadanos es imperativo.

Como representantes de la sociedad, y teniendo siempre en cuenta los sectores que son parte fundamental en nuestra propia existencia, vemos con preocupación el clima de encono y enfrentamiento que no abona a la construcción del diálogo.

De manera inversa, genera descrédito y hostilidad hacia todo un gremio comprometido con la educación de calidad de nuestro país.

Entendemos que la educación es un bien público, y una obligación indelegable del Estado mexicano.

Para Nueva Alianza no hay duda de su importancia como factor de movilidad social, pues estamos seguros que es a través de la educación que se generarán las oportunidades de igualdad y justicia social que anhelamos como nación.

Basta hacer una simple reflexión, todos los que estamos aquí en este recinto nos debemos a un maestro; pasamos por las aulas, y hubo al menos algún maestro que nos motivara en ese trayecto.

Por ello hemos caminado de la mano, sabemos que se tendrán que hacer y echar a andar todos los engranajes para lograr una integral educación.

En Nueva Alianza nos pronunciamos por el derecho a la educación y a la justicia, y rechazamos enérgicamente la violencia y la vulneración de los derechos humanos.

Desde esta tribuna nuestro apoyo y solidaridad para los oaxaqueños, porque somos más los que queremos el bien de México.

Devolvámosle la tranquilidad y la certeza a esos más de 1 millón 500 mil trabajadores de la educación que día a día se dedican a trabajar, y se dedican a formar a nuestros niños y jóvenes.

Les habla un maestro, quien está orgulloso de su origen, quien está orgulloso de pertenecer a ese gremio, y que estamos aquí para defender los derechos de los trabajadores de la educación, pero también, jamás seremos omisos en el cumplimiento de la ley.

No queremos que más hechos lamentables, como los de Oaxaca, sigan sucediendo en ninguna entidad federativa.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra al Diputado Jorge Álvarez Maynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El Diputado Jorge Álvarez Maynez: Con su permiso, señor Presidente.

Nosotros queremos señalar que los hechos que lamentablemente sucedieron el fin de semana, en principio no podemos compartir y tenemos que condenar desde esta tribuna la minimización que ha habido desde el discurso oficial; cuando se dice, que de los ocho, ninguno era maestro, como si eso fuera una atenuante de los hechos.

Es seguir en la línea que llevamos, 10 años escuchando del Estado mexicano, cuando hay muertes, primero se dice, y empieza a proliferar la escalada de violencia en México, se dice, no hay problema, se están matando entre ellos, y eso sustituyó la tarea, la obligación que tenía el Estado mexicano de encontrar quiénes habían sido asesinados, por qué razones, y esclarecer los hechos a los que está obligado un gobierno que es responsable.

Ahora se dice que ninguno de ellos era maestro, había estudiantes de secundaria y lo que demuestra que no haya habido maestros entre los asesinados es que esto ya es un conflicto que ya escaló.

Quisiera citar sobre el tema al periodista Daniel Moreno, pregunta, o sea, ¿hay un grupo extraño, bien armado, que atacó a policías, manifestantes, mató a siete e hirió a 50 y huyó sin ser visto, ni detenido?

Un grupo extraño, guerrillero, del que no sabemos nombre, intenciones, origen y causa, que por alguna razón provocó muerte de un solo lado.

Esa es la versión oficial.

¿Otra vez tenemos una versión oficial? Una verdad oficial que poco a poco ha ido siendo desmentida por periodistas responsables, por actores de la sociedad civil que han evidenciado que lo que en principio había dicho el gobierno federal, que no había habido policías armados en los hechos del fin de semana, no era cierto, está desmintiendo que no haya habido una participación directa y una responsabilidad por parte del gobierno.

Pero nosotros queremos insistir, desde esta tribuna, en que es necesario que venga el Secretario de Educación a comparecer, y creo que es algo que el PRI y sus aliados deberían de reconsiderar.

Ayer publicó el académico Alberto Serdán un artículo que se denomina “Aurelio envenenó la Reforma Educativa”, y él clarifica cuatro puntos, por los cuales la reforma educativa que prometió el gobierno federal hoy no está funcionando, está fracasando en su implementación.

El primer punto que plantea Alberto Serdán es, Aurelio Nuño modificó la reforma educativa y la convirtió en una reforma punitiva, anunció el número de maestros despedidos como trofeo de guerra. Eso polariza al magisterio, eso polariza a una de las partes que tendría que ser vital en la discusión de la reforma educativa.

El segundo punto que plantea Alberto Serdán es justicia selectiva.

Dice: “La justicia en pedacitos, en pequeñas dosis no es justicia, sino simulación”.

Por qué se encarcelan a los líderes de una organización específica que es antisistema, que es antiinstitucional y no se persiguen a otros líderes corruptos, de hecho a otros, yo lo he señalado con nombre y apellido, por ejemplo al delegado de la Secretaría de Educación en Zacatecas, es un maestro faltista, es un maestro comisionado, es un maestro que va contra el espíritu de lo que dice: defender la reforma educativa. Se persigue sólo a los disidentes.

El tercer tema es, el Secretario se creyó candidato y eso no le hizo bien a la reforma educativa.

Cada lunes tomándose la foto en las escuelas arregladas, en las escuelas que no necesitan prácticamente de su intervención y cada lunes tratando de dirigir un mensaje contra uno de los aspirantes más importantes de la oposición a la Presidencia, el uso electoral del cargo.

El cuarto tema es que se alejó del espíritu de verdaderamente modificar el servicio profesional docente.

Movimiento Ciudadano ha establecido que nosotros sí creemos en que debería de haber una reforma educativa. Este es un país en el que el 50 por ciento de las escuelas comunitarias tienen techos de lámina. Nos lo acaba de decir el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Este es un país en el que el 50 por ciento de las escuelas, el director de la escuela es el mismo maestro, este es un país en el que el 50 por ciento de las escuelas tienen a un director sin nombramiento.

Este es un país en el que la mitad de las escuelas no tienen completos los servicios básicos.

Le hemos dicho al Secretario de Educación, este es un país en el que se gastan 3 mil 700 millones en Tablets, que ya ha dicho la UNESCO que no funcionan para garantizar la calidad educativa, pero que el 40 por ciento de los niños no tienen acceso a un maestro de inglés y de computación.

Este es un país en el que la mitad de los niños indígenas tienen a un maestro enfrente de ellos que no sabe hablar su idioma natal, con el que no se pueden comunicar.

Este es un país en el que el 85 por ciento de los hijos y de las hijas de jornaleros agrícolas no están en la escuela, en el que el gasto es inercial en un 80 por ciento.

Este es un país que necesita una reforma educativa, no una campaña de odio y de linchamiento contra los maestros.

Hoy es Oaxaca y el día de mañana puede ser Chiapas, Guerrero, Zacatecas o, incluso, la Ciudad de México en donde también llamamos a Miguel Ángel Mancera a que se comporte a la altura que los tiempos demandan.

Nosotros no vamos con un Acuerdo de consenso que excluya dentro de sus principales puntos la comparecencia de Aurelio Nuño, y que este Poder Legislativo realmente revise si una persona como él merece ser Secretario de Educación de los Estados Unidos Mexicanos.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Maynez.

Se concede el uso de la palabra a la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario de Morena.

La Diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, señor Presidente.

¿Cómo fue que llegamos a esto?

¿Cómo fue que llegamos a ocho muertos y a la barbarie que se vivió el domingo en Oaxaca?

Cuando han estado tocando la puerta del Congreso.

Cuando los maestros han estado tocando la puerta de Gobernación y de la propia Secretaría de Educación Pública para pedir una mesa de diálogo.

Oídos sordos de un gobierno que no escucha y que decidió aplicar la “Ley del Garrote”.

Y digo que no escucha, porque están aferrados a una reforma educativa que dicen que es lo que funciona.

Los datos que maneja el Colegio de México son muy fuertes, el Colegio de México dice que hay 114 millones de mexicanos, de los cuales 32 millones existe un rezago educativo. De esos 32 millones, cinco millones de mexicanos son analfabetos; 10 millones que ni siquiera concluyen primaria; y 16 millones que no terminan secundaria.

Ese es un rezago educativo, en eso debería estar trabajando el Ejecutivo, una reforma para eliminar estos números, es decir, de 26 millones que no tienen la educación básica que consagra la Constitución mexicana, de los que sí han terminado una educación media, el 60 por ciento de estudiantes que terminaron la educación se ha comprobado que su capacidad de lectura y comprensión es nula.

La deficiencia del sistema educativo ese es el problema, no es el problema el sindicato, no es el problema los maestros, cada año un millón de alumnos deja la escuela de entre 6 y 16 años de edad.

Esos son los problemas que tenemos en la educación, no el problema de pleito en la CNTE o con el SNTE, porque ya hay un problema de un secretario inepto que es incapaz de sentarse a dialogar con el magisterio, que dice: “que lo atiendan los políticos, porque los maestros no son políticos, están en el ramo de la educación”. Ahora resulta que es por eso.

Este país se fue de las manos, un Secretario de Gobernación que no atiende nada porque no ha recibido hasta este momento.

El grupo parlamentario de Morena pide que haya una adición al Acuerdo.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Presidente de la República la remoción del titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, por su incapacidad para propiciar el diálogo con los maestros y promover el enfrentamiento y la represión como únicas formas de resolver las diferencias de opinión con el magisterio.

¿Cómo fue que llegaron los policías a Oaxaca? Los llevaron de aquí de la Ciudad de México.

Ya iban a reprimir, iban con el mando de tirar la primera bala de goma, o bala de verdad, fue más de 12 horas de una batalla campal.

Las imágenes dieron vuelta al mundo.

En ningún país del mundo, que se llame civilizado, a un maestro se le ataca, los maestros son formadores de educación, son los que forman a nuestros hijos, a ningún maestro.

Los maestros estuvieron tocando puertas desde hace semanas al gobierno y al Congreso, no se les escuchó, pedían una mesa de diálogo.

Por ello, es que Morena presenta en su punto de Acuerdo que sea el Congreso la sede para una mesa de diálogo, sea la sede, porque ellos vinieron aquí, estuvieron en el Senado, estuvieron en la Cámara de Diputados.

Lo que ocurrió, para muchos de nosotros, nos recordó lamentablemente 1968 cuando el Estado fue por estudiantes. Hoy el Estado fue por los maestros, porque tuvo una incapacidad de diálogo, porque tuvo una incapacidad para resolver o escuchar.

Es mentira que los maestros se niegan a ser evaluados, los están evaluando constantemente, fue una reforma laboral administrativa la que aplicaron y es donde ellos están protestando.

Solicitamos que esta adición al Acuerdo pueda ser suscrita por todos ustedes.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Diputada Norma Rocío Nahle García, ha presentado una propuesta de adición de un resolutivo nuevo.

Ruego a la Secretaría le dé lectura para, inmediatamente después, someter a consideración si se admite a discusión.
Proceda con la lectura de la propuesta presentada por la Diputada Nahle García.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, doy lectura.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulto a la Secretaría si se admite a discusión.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por la Diputada Norma Rocío Nahle. Quienes estén por la afirmativa, por favor levanten la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No se admite a discusión.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano: Con su venia, señor Presidente.

Un gobierno que desaparece estudiantes y reprime maestros, ¿qué nos podemos esperar?

La tragedia de Nochixtlán quedará marcado como un día negro en la historia de nuestro país. Nosotros como legisladores pudimos evitar esta desgracia.

Ayer en reunión de trabajo de la Segunda Comisión, atendimos la petición de la CNTE, que tengo aquí en la mano, donde pedían una mesa de trabajo, firmada el 31 de mayo y recibida aquí el 8 de junio, cosa que no se le dio seguimiento, después casi de un mes.

Los maestros pedían diálogo a la Comisión Permanente desde mayo pasado, ahogado el niño tapemos el pozo.

Desde que se aprobó la mal llamada reforma educativa los maestros del país han solicitado al Gobierno Federal diálogo y han recibido una negativa sistemática.

No debe extrañarnos que la administración federal actúe así, porque desde el primero de diciembre de 2012 marcó la línea que seguiría, al tomar protesta en San Lázaro en medio de un fuerte operativo militar policiaco, antepuso los cascos, toletes y balas, antes que el diálogo y la razón, cuestiones que en un auténtico régimen democrático serían inexistentes.

El nuevo hombre del viejo PRI está siguiendo la misma línea que el antiguo régimen político, autoritarismo y represión e impunidad. ¿Qué podemos esperar cuando un gobierno por acción u omisión desaparece estudiantes y después somete a los maestros?

Se ha acusado a militantes del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo y del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, de que presumiblemente estaban armados y fueron ellos quienes recibieron a tiros a los uniformados.

No obstante, diversos medios de comunicación han documentado que los policías federales fueron quienes arremetieron en contra de los civiles con armas largas y cortas, lo que demuestra el abuso de autoridad que existió por parte de las fuerzas federales y cuyo saldo ya conocemos.

Miles de ciudadanos demandan el cese a la represión del movimiento magisterial, condenan los actos de violencia por parte de los cuerpos policiacos y la línea de confrontación del Gobierno Federal, quien a través del Secretario de Educación Pública ha mantenido un discurso muy lejano en la realidad para buscar legitimar e imponer esta mal llamada Reforma Educativa, que a todas luces no ha dado los resultados esperados a más de tres años de su implementación, y desde hace tres años esta fracción del Partido del Trabajo-Morena en el Senado, estuvo en contra.

Se ha anunciado una primera reunión por parte de la Secretaría de Gobernación con integrantes de la disidencia magisterial para hoy miércoles, pero no es suficiente, tiene que ser un diálogo continuo, constante y permanente, no aislado y coyuntural, como lo dijo el Secretario de Educación Pública, que él no asistiría porque era de trato político y no pedagógico.

La Comisión Permanente no puede ser ajena ante este dolor de sus representados. Es inaceptable que profesores de la educación y policías se estén desangrando, la policía también es pueblo, los maestros también son pueblo, todos somos pueblo.

Dos líneas deben imperar en este conflicto, la primera una mesa de diálogo permanente entre maestros y autoridades, a fin de dar respuesta a sus demandas, garantizando sus derechos laborales y respetar su libertad de expresión, asociación y de libre tránsito, así como garantizar su integridad física.

La segunda, es la comparecencia aquí del Secretario de Educación Pública, el Secretario de Gobernación y el Comisionado.

Una verdadera reforma educativa hubiera comenzado por hacer un diagnóstico serio del sistema educativo en su conjunto, a fin de determinar fallas y virtudes, diseñar una estrategia integral que rescatara lo valioso y estableciera metas, objetivos, prioridades, integrando al nuevo modelo a los principales actores, que son los maestros.

Sin embargo se hizo todo lo contrario, primero reformaron la ley, después hicieron un censo de escuelas, luego diseñaron la evaluación para los maestros, y por último, con un discurso de acciones violentas pretenden desmantelar al magisterio disidente.

Por último externo dos consideraciones muy sentidas de la sociedad mexicana al Gobierno Federal.

Primero. No lograrán imponer sus condiciones para hacer de la educación un jugoso negocio privado.

Segundo. Alto al hostigamiento y persecución de los maestros disidentes del país.

Y he agredo uno más: libertad a los presos políticos.

Así es que considero y propongo a esta Asamblea se adicione un resolutivo más que les voy a leer:

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, así como a Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, a fin de explicar ante esta soberanía los hechos ocurridos el pasado domingo 19 de junio del presente año, en el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, así como las acciones que han llevado a cabo para dar solución al conflicto magisterial.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta de adición



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Menchaca Medrano.

En virtud de que fue leída y explicada la propuesta de adición presentada por el Senador Menchaca Medrano, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de adición presentada por el Senador Menchaca. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No se admite a discusión.

Tiene la palabra la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Lamentamos el fallecimiento de ocho personas y las decenas de heridas en Nochixtlán, Oaxaca. Nuestra solidaridad con sus familias y amigos.

Condenamos los actos de disrupción social que buscan incidir violentamente sobre la política nacional de transformación educativa, porque oscurecen los principios del estado democrático, dañando a la población civil.

Las diferencias y los consensos son parte de la vida democrática, pero las divergencias no pueden ser marcadas ni impuestas mediante actos de agresión, ni a través de la provocación radical. La violencia no es el camino y nunca lo será.

México se encuentra en un proceso de transformación que deviene de las reformas estructurales. Estas acciones demuestran el compromiso del Presidente Peña Nieto con el mejoramiento de las condiciones de vida para las mujeres y hombres de nuestro país, sin exclusión de ninguna índole.

La reforma educativa es uno de esos ejes de evolución y sin duda una de mayor trascendencia para el país. Sus objetivos no se llevan a cabo únicamente desde la trinchera política y legislativa, requieren de cooperación activa, requieren de la responsabilidad de todos los actores involucrados en el proceso educativo, pero fundamentalmente requieren de los maestros y de su compromiso con la formación integral de los alumnos.

Son los docentes quienes llevarán los propósitos últimos de la reforma a los salones de clase.

Esta reforma no atenta contra los intereses del magisterio, sino que los contempla como pilar formativo impulsando el mérito profesional en favor de las niñas, niños y adolescentes de México.

El artículo 6o. de la Constitución nos dice que la libertad de expresión tiene los siguientes límites, siempre y cuando no ataque a los derechos de terceros, porque provoque algún delito o perturbe el orden público.

Exactamente los verdaderos maestros que solicitan el diálogo, no buscan la confrontación, no exigen incondicionalmente el cumplimiento de sus demandas y no atentan contra el derecho de tránsito, sobre todo no utilizan a los menores para caminar en sus marchas, tampoco ponen a los niños frente a sus barricadas, no secuestran gente, no ponen en peligro la vida de los demás. Pero estas personas de la CNTE sí lo hacen.

Presionar con fines políticos y abusar de la libertad de manifestación, no solamente son actos indignantes para todos, son antidemocráticos, son también anticonstitucionales porque ponen en peligro a los demás.

La construcción de la reforma educativa ha sido incluyente. Desde el 2014 la Secretaría de Educación Pública convocó a foros regionales para hacer partícipes del cambio a los actores involucrados en el proceso educativo, maestros incluidos.

Y la reforma fue aprobada y discutida ampliamente en las Cámaras legislativas siguiendo el proceso de democracia.

En la solución de conflictos no hay cabida para la manipulación y mucho menos para la radicalización combativa.

Polarizar las ideologías con fines sectoriales son acciones de irresponsabilidad social y política que buscan manipular la opinión pública haciendo creer que la reforma contraviene los intereses de los maestros, de la educación y de la nación.

La reforma no quita a los maestros sus derechos laborales, y la evaluación docente no es una imposición, sino un mecanismo de diagnóstico que da pie a la capacitación calificada.

La implementación de la reforma educativa no es un capricho gubernamental, es la ley y es una necesidad social que tanto requieren las entidades con mayor rezago como Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

En Oaxaca el 31 por ciento de los maestros de educación básica fue evaluado como insuficiente, uno de los porcentajes más altos a nivel nacional.

Con mucha preocupación les digo que Oaxaca tiene los más altos porcentajes deficientes, según la Prueba Planea 2015, tiene un rezago educativo del 50.6 por ciento. Y no es casualidad cuando desde hace años estos maestros pasan más tiempo en la banqueta bloqueando las carreteras, saqueando tiendas, rapando gente, que dando clases a las niñas y niños de Oaxaca, y lamentable también en otros estados.

Pero aquí hay muchos a quienes les interesa proteger al grupo de la CNTE, pero no a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. No podemos apoyar que la educación sea secuestrada por unos pocos y debemos poner fin a la impunidad que dominó por años el Sistema Educativo Nacional.

La educación de calidad es para todos y no está sometida al contentillo de grupos de personas que sistemáticamente violan la ley. El cambio requiere de apertura, compromiso y tolerancia, los resultados de la reforma serán visibles dentro de lustros, pero estamos seguros de que la nación en su totalidad vivirá sus beneficios con más oportunidades, mayor libertad para decidir y una vida próspera que se construye desde ahora.

El diálogo siempre ha estado abierto, pero para quienes respetan la ley. Respaldamos la reforma educativa y al Secretario de Educación Pública.

Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Diputado Omar Ortega Álvarez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

El tema que se discute hoy no es un tema menor, y no es de apoyar o no la función de un Secretario de Estado, el tema que nos ocupa hoy es la muerte, el asesinato de muchas personas inocentes por un conflicto que está generando el gobierno federal, por temas equivocados, por decirlo al diálogo, a la participación y a la discusión abierta con la CNTE y la Secretaría de Educación, ese es el primer error que comete el gobierno federal.

Se requiere siempre el diálogo, es fundamental. Hoy nos encontramos con ocho muertes oficiales, pero más de 200 desaparecidos. Hoy se viene a decir a esta tribuna que dónde está la libertad de tránsito, que se está espantando a la inversión privada, que se está, de una manera u otra, haciendo más grande un problema donde no se respeta la ley.

El día de hoy lo fundamental es la integridad de las personas, es la vida. El bien tutelado por la ley siempre será, primeramente, la vida de las personas, y esto no nos deja mentir.

Se dice que fueron subversivos. Aquí están los responsables del atentado. Se dice que son ocho muertos, y aquí hay muchos calcinados. Se dice que la autoridad actuó conforme a derecho, y aquí vemos de manera evidente un camión con gente hacinada, como animales y resguardados por la Policía Federal.

¡Ah! es un delito robar un camión. ¡Ah! es un delito alterar, obstruir las vías de comunicación.

¿Y no es un delito matar a inocentes? ¿Y no es un delito oprimir al que no tiene nada que ver?

Vamos a un diálogo donde se demuestre con toda precisión que el gobierno federal ve más allá de unos intereses mezquinos. Tenemos que entender que los derechos humanos son la base fundamental de toda sociedad, y hoy no podemos minimizar ese hecho.

Alto a la represión, alto a la violencia y alto a los asesinatos.

¿Cómo es posible que tengamos toletes con clavos para reprimir una movilización?, ¿cómo es posible que desde helicópteros estemos aventando gas pimienta a todos los manifestantes?

¿Eso es un Estado democrático?, ¿ese es un Estado donde impera la razón y la legalidad? Parece etapa de Mussolini, bueno, de Hitler en un Estado mexicano.

Creo que es fundamental que el día de hoy se apruebe la proposición con punto de Acuerdo que presentan los grupos parlamentarios. Por supuesto que es necesario ser solidarios con el problema que ataca a todos los oaxaqueños y hacemos nuestro, condenamos enérgicamente los hechos en el municipio de Nochixtlán de Oaxaca.

Por supuesto que estamos de acuerdo en expresar nuestra solidaridad con todos los oaxaqueños y los deudos.

Por supuesto que estamos de acuerdo en el informe que tengan que remitir las autoridades correspondientes.

Por supuesto que estamos de acuerdo en formar la Comisión Plural para tener estos temas.

Pero quisiéramos agregar algo.

El punto número cuatro que dice:

Cuarto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, acuerda la creación de una Comisión Plural que dé seguimiento a los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016, en el municipio de Nochixtlán, Oaxaca.

Y queremos agregar que dicha comisión podrá realizar todas las reuniones de trabajo necesarias con las autoridades para el desahogo de las funciones encomendadas.

Para que cualquier autoridad pueda comparecer ante esta Comisión Plural y tengamos todos los mexicanos la verdad y la justicia de todos los hechos.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta de adición



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El Diputado Ortega Álvarez, ha presentado como reserva, la misma que la Mesa Directiva, ya tiene registro suscrita por distintos grupos parlamentarios.

Por economía procesal, voy a someterla a discusión, porque tendría que hacerlo de manera…

¿Acepta que lo hagamos al final, en virtud de que hay Acuerdo?

Muy bien, Diputado Ortega Álvarez, la pasamos a votación al término de la discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador Juan Carlos Romero Hicks.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con el permiso de la Presidencia.

Distinguidos legisladores: El momento que vive México es de inflexión; necesita reflexión, propuesta y compromiso.

El Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, comenta los siguientes términos: “Evidentemente la indiferencia puede resultar tentadora, en ocasiones, inclusive, seductora, resulta mucho más fácil apartar la mirada de las víctimas. Es mucho más fácil evitar estas abruptas interrupciones a nuestro trabajo, nuestros sueños y esperanzas, a fin de cuentas es extraño y pesado implicarse en el dolor y la desesperación de los demás. Para una persona indiferente sus vecinos carecen de importancia; por tanto sus vidas carecen de sentido para él. Su dolor oculto o incluso visible no le interesa”.

Cerramos la cita.

El pasado 19 de junio, en Nochixtlán y Juchitán de Zaragoza en Oaxaca, la vida de ocho personas se frustró y más de cien personas resultaron heridas.

A nombre de los legisladores de Acción Nacional, extiendo una invitación para que olvidemos los puntos de vista divergentes y hagamos una expresión de solidaridad con el dolor de las víctimas y una condena a los hechos de violencia.

¿Cómo expresar la solidaridad?

Hay que compadecernos con los afectados e indignarnos ante los hechos como un punto de partida.

Pero la responsabilidad y la palabra responsabilidad viene de dar respuesta a las cosas, recae en nosotros porque está experiencia no puede repetirse.

La obligación del Congreso, respecto a este caso debe estar centrada en el corto plazo.

Y por eso en el punto de Acuerdo, Acción Nacional, pedimos varias cosas.

Primero.- La condena.

Segundo.- La solidaridad.

Tercero.- La investigación para esclarecer los hechos de las personas afectadas, y por supuesto que también se revisen los protocolos de actuación de las policías respectivas.

La violencia siempre es una fractura en el mundo, en los individuos, en el espíritu, en cada expresión injustificada de violencia perdemos un poco de humanidad, la razón, el trabajo, el saber de toda suerte de prohibición y todo el orden de lo político y legal, son maneras de oponernos con firmeza, de decir un no rotundo a la violencia.

En situaciones como las del domingo pasado, no es raro que la violencia divida opiniones entre el uso legítimo de la fuerza y el uso arbitrario ilegal para reprimir y disuadir.

Acción Nacional, lleva en su esencia algunos valores como la solidaridad y la subsidiaridad.

Reconocemos que cuando es una acción de protesta, se producen incidentes incómodos que en ocasiones llevan al último recurso, pero tenemos la duda de si en este caso se aplicó el protocolo de manera ortodoxa.

En Acción Nacional, no aceptamos la pretensión de cualquiera de las partes de excusarse a sí mismo y justificar la violencia a los otros.

Aquí no hay víctimas buenas y víctimas malas.

Aquí hubo una gran tragedia.

Y así como condenamos los hechos de violencia, lo hacemos también y con igual determinación a todas aquellas condiciones que lo propician, no nos vamos a quedar en la condena.

Acción Nacional, exige mecanismos de verificación de la verdad que se aporta, es en realidad la verdad comprobable y no el falso testimonio de quien lo ofrece.

Esa noche triste de Oaxaca es un presagio del periodo preocupante que estamos atravesando, hoy ya no sólo está en juego la reforma educativa, también está la gobernabilidad del país, porque pende de un hilo delgado.

En el grupo de Acción Nacional mantenemos esa convicción, de que en el caso educativo, el cumplimiento de la ley y el éxito de las políticas públicas derivadas de ella sólo pueden asegurarse a través de un acuerdo de voluntades entre los maestros, padres de familia y autoridades educativas.

Hoy la persistencia del conflicto no hace sino alejarnos del objetivo supremo de que se trató en la Reforma Educativa: mejorar la calidad de la educación, y mediante ella hacer posible que todas y todos los mexicanos accedan a condiciones de vida más justas, equitativas y solidarias.

Para Acción Nacional queda claro que la letra de la reforma educativa y la cristalización de sus propósitos no debe entrar con sangre, por el contrario, para asentarla se requiere del valor político, la entereza ética y la responsabilidad con sensibilidad, para hacer converger lo que en principio parece antagónico, probablemente esta condición nos da desafíos no solamente de corto, sino de mediano plazo.

¿Para eso qué se requiere?

Dialogar.

Cuando uno escucha a los demás, corre el riesgo de aprender; cuando uno se pone en el lugar de la otra persona, opera la empatía, pensar y sentir para poder vibrar el espíritu humano, y con creatividad encontrar soluciones conforme a valores.

Pero, dialogar no es sinónimo de claudicación y de indulgencia. El ejercicio dialógico está supeditado a una regla de oro, inconculcable, no se debe pedir ni se puede ofrecer lo que no se puede entregar, porque en esa entrega se juega la propia existencia, y en razón de ser de los interlocutores, lo decimos claro y fuerte: la aplicación de la ley no se negocia.

El grupo parlamentario de Acción Nacional sostiene que bajo ninguna circunstancia se justifica la violación de los derechos de las personas, y por eso mantenemos la convicción de que en el caso educativo, el cumplimiento de la ley y el éxito de las políticas públicas derivadas de lo yo aprobado pueden asegurar que solamente a través de un acuerdo de voluntades entre maestros, padres de familia, autoridades educativas; porque al confeccionar la reforma, mejorar su calidad de la educación, y mediante ella quisimos hacer posible mayor equidad y mejores condiciones de vida más justas para toda la población.

Nos queda claro a nosotros que la letra de la reforma y la cristalización de sus propósitos no puede entrar con el uso de la violencia. Es el diálogo, este ejercicio de poder entender que nosotros en el diálogo podemos encontrar la única forma de ministrar la ley, y que no puede imponerse de una manera salvaje como en ocasiones la hemos vivido en la historia del país.

En el punto de Acuerdo que sometimos ayer, por primera vez, en la Segunda Comisión, estando en coincidencia con el interés superior de la niñez, con el uso de la vía pacífica para manifestarse, quiero volver a recordar lo que presentamos, dos resolutivos que seguirán siendo vigentes y estando en coincidencia con los cuatro, ya anunciados públicamente por la Mesa Directiva, y el complemento de que pueda atenderse de una manera mejor que esa comisión pueda citar a los funcionarios.

Interpreto que para nosotros una comisión no es para perder el tiempo, no es para darle la vuelta a un tema, es para que a nombre del Congreso de la Unión se hagan las cosas en debida manera, por eso en la interpretación que tenemos nosotros, va la letra de esto, no para votarlo el día de hoy, pero sí para que se haga efectivo; que se invite al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; y al gobernador constitucional del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, a reunirse con los integrantes de las comisiones correspondientes.

Y, también, que se convoque al Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, a reunirse con los integrantes de las propias comisiones.

¿Queremos diálogo?

Lo elemental es que en la relación republicana el ejecutivo acuda al Congreso de la Unión. Cualquier cosa que no incluya a los funcionarios del más alto nivel es romper el espíritu de lo que hoy está conociendo y proponiendo este Pleno de la Comisión Permanente.

Porque al igual que Gómez Morín, coincidimos en que el deber mínimo es el de encontrar, por graves que sean las diferencias que nos separen, un campo común de acción y de pensamiento, y el de llegar a él con honestidad, que es siempre virtud esencial, y ahora la más necesaria en México.

Se espera mucho de nosotros, no tenemos derecho a fallar.

Es cuanto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Romero Hicks, ¿ha presentado propuesta de adición? ¿No?

Tiene el uso de la palabra el Senador Sofío Ramírez Hernández.

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Gracias, Senador Presidente.

Los lamentables acontecimientos de Oaxaca, una vez más, vienen a enlutar no nada más al territorio nacional, vienen a enlutar al sur de este país, precisamente Guerrero, Oaxaca, Chiapas, donde se encuentran los menores índices de desarrollo humano, donde coincidimos que debemos poner el mayor de los esfuerzos para poder hacer realidad el anhelo, la esperanza de generación tras generación, de que se tenga una mejor oportunidad de vida y en donde la educación siga siendo el pilar fundamental para el desarrollo humano, para la formación, el nivel de conocimiento, el despertar de las conciencias de muchos ciudadanos que por razones políticas han estado en una etapa de manipulación.

Desde aquí, desde el centro del país se escuchan voces, debates, sigue al seno de este Congreso, pero también con la razón, con el interés de la política, pero los que vivimos allá tenemos otra realidad.

Yo exhorto a que ojalá la Comisión de Educación y las comisiones que correspondan, pero también los que han estado en esta tribuna visiten Guerrero, visiten Oaxaca, visiten Chiapas, para que podamos constatar que la realidad que hoy se vive en Oaxaca no es producto de una circunstancia ni de un primer momento de lo que hoy tiene como responsabilidad la conducción o la rectoría de los programas de la educación, el Estado, la Federación, es un asunto que va más allá de tiempos, de presente.

Yo nada más les comparto, desde antes de la Reforma Educativa, los movimientos sociales han estado presentes en Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

Que hoy es una coyuntura y que alimenta a luchar por el bienestar de los maestros sí, nada más que no comparto que aquí hoy se venga a decir que todo esto lo generó la Reforma Educativa.

Les recuerdo que desde antes la Reforma Educativa allá en Guerrero, en el 2011, tuvimos jóvenes que perdieron la vida. Allá en Oaxaca han estado en unas circunstancias de grandes movimientos que no nada más han puesto en riesgo el principio de gobernabilidad, sino que han puesto en riesgo la integridad física y la vida, como sucedió en estos lamentables acontecimientos y en Chiapas igual.

Les comparto entonces, que creo que aquí tenemos que asumir una responsabilidad todos, no nada más señalar al gobierno federal, también tenemos responsabilidad como representantes populares, no nada más de lo que represente la ejecución, el desarrollo, la Reforma Educativa.

También tenemos responsabilidad como partidos políticos y como hombres de opinión de la vida política de este país.

Por eso hoy vengo a refrendar una condena a nombre del grupo parlamentario del PRI, condenamos el uso de la fuerza pública, sí.

Condenamos la ausencia de protocolos para poder enfrentar estos acontecimientos, sí.

Y podemos ir condenando muchas acciones, pero lo que más condenamos es cuando se pierde una vida.

Pero yo, hubiese también querido escuchar aquí, con responsabilidad, con objetividad, sin línea política, yo hubiese querido escuchar aquí que también condenáramos los excesos, los abusos y los movimientos sociales.

Que también condenáramos el terrorismo, la actitud radical que se ve en cada marcha o en cada manifestación.

Yo hubiese querido escuchar aquí, hubiese querido escuchar aquí, porque lo he vivido en Guerrero y quizás solamente los que no viven en Guerrero, los que opinan a distancia, puedan tener diferente percepción, pero los que estamos en Guerrero, se pone en riesgo, en Oaxaca, en Chiapas, en cada manifestación se pone en riesgo no nada más la vida de terceros, sino de quienes tenemos responsabilidad política, porque no podemos pedir que se haga justicia para todos, no podemos pedir que se investigue, que se investigue a todos, incluyendo a los movimientos sociales, porque luego nos dicen que estamos recriminando la lucha.

No nos separemos de una realidad.

Ahí están los medios de comunicación, ahí están los testimonios de los organismos internacionales de derechos humanos.

Los movimientos sociales han ido más allá de la causa noble de luchar por los maestros.

Cómo podemos explicar y justificar que hay movimientos desde origen, no de reacción, desde origen, hay movimientos donde existen las bombas molotov, los encapuchados, los cohetones, los infiltrados, ¿y eso podrá llamarse una manifestación pacífica?

Reitero, con pleno respeto al ejercicio de la libertad de expresión, pero también con pleno respeto a la vida de terceros.

Coincidimos que en un estado de derecho debemos estar en un principio de orden y respeto, de respeto a los movimientos sociales, pero también de respeto a las instituciones, porque donde gobiernan otros partidos políticos, también se pide lo mismo, donde gobierna el PAN se pide respeto a la institución; si gobierna el PRD, se pide respeto al PRD, a la institución; y donde gobierna el PRI, se debe tener respeto a las instituciones, debemos fortalecer el desarrollo de las instituciones, pero también consideramos que se debe fortalecer la transparencia de los movimientos sociales.

En cada movimiento social hay infiltrados.

¿Dónde está la responsabilidad?

¿Quiénes van a asumir esta responsabilidad de poder llevar la tarea de una verdadera transparencia de que ya no existan más infiltrados, más encapuchados, más bombas molotov?

Estamos con los maestros, sí.

Pero yo aquí no escuché a los maestros que están frente a grupo.

Yo aquí no escuché a los maestros que están todos los días en la Reforma Educativa, en la capacitación.

Yo aquí no escuché a los maestros de gis, de pizarrón.

Aquí escuchamos a los maestros en movimiento.

Y, reitero, va mi mayor reconocimiento a las maestras y maestros de este país, y que, finalmente, están cumpliendo con una noble tarea.

Se habla de diálogo, el diálogo es fundamental en todo proceso de trabajo, de grupo, de equipo o de manifestación, o de lo que se llame circunstancias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Concluya, Senador.

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Consideramos que debemos fortalecer el diálogo, y me quedo con la confianza que el gobierno federal ha puesto su esfuerzo, pero también hacemos un exhorto al gobierno del estado de Oaxaca, que cada gobernador asuma también su propia tarea y su propia responsabilidad.

El gobernador de Oaxaca, más allá de partidos políticos, ahí no se votó por la Reforma Educativa, finalmente se aprobó, por lo que representó la opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero tenemos que asumir responsabilidades también desde el centro, y el gobernador de Oaxaca debe poner su mayor esfuerzo para que se siga trabajando y sea el reencuentro con la paz y la armonía.

Yo considero muy importante, también a nombre de mi grupo parlamentario, que refrendamos nuestra solidaridad a los familiares de las víctimas, nuestro más profundo sentir al pueblo de Nochixtlán y, sobre todo, a quienes perdieron la vida.

Y exhortamos, de manera respetuosa, a la Procuraduría General de la República, al gobierno de Gabino Cué, y a todas las autoridades, principales, para castigar a los responsables.

Se pueda exigir que se ponga un alto a la violencia de los grupos radicales, y hacemos también un llamado al movimiento magisterial de Oaxaca para que retome el camino de, diálogo y la negociación.

Quiero, concluyo, señor Presidente, por último, expresándole que no podemos repetir los patrones violentos en otros estados, y que hoy lo de Oaxaca debe ser la gran oportunidad para el diálogo y para que se pueda fincar responsabilidades a todos.

Concluyo.

Tampoco debe ser la lógica y la ruta que desde el centro se promuevan los discursos desde una línea política o desde una condición de oposición, y que los estados se opongan a los muertos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Diputado Álvarez Maynez.

El Diputado Jorge Álvarez Maynez: (Desde su escaño) Quisiera solicitar rectificación de hechos.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El artículo 19 autoriza que se incorporen dos oradores hasta por tres minutos en rectificación de hechos.

Tengo registrados al Senador Demédicis, al Diputado Adolfo Mata. Tomo nota de la solicitud del Diputado Álvarez Maynez y del Diputado Acosta Naranjo y con eso cerraríamos la discusión.

Con gusto Diputado Ramírez Marín, es para generar condiciones de debate.

Tiene el uso de la palabra el Senador Demédicis, hasta por tres minutos. Recuerdo que ése es el tiempo establecido para rectificación de hechos.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia.

Ojalá y nos regatee el tiempo así a todos, el que acaba de pasar se tardó casi diez minutos, cuando tenía cinco, doce minutos.

Sin duda que es complicado lo que está pasando en el país. Pero todo tiene un origen. Cuando discutimos la Reforma Educativa, advertimos que esta Reforma Educativa iba a generar tensión en el país.

Recuerdo que ni siquiera sesionamos aquí en el Senado de la República, porque no había condiciones para muchos, sesionamos por allá en el local de un banco, Banamex, será porque los capitalistas nos protegen más que el propio pueblo.

En cinco minutos la Comisión de Educación aprobó tres leyes, evidentemente no hubo discusión, solamente se dijo: “Los que estén a favor y los que estén en contra”. Discusión cero, no se puede aprobar una ley en esas condiciones. No se llamó jamás a la junta de sabios, les dijimos, escuchen lo que señalaba el General Morelos. La junta de sabios debe participar en la elaboración de leyes, nos han salido bien cuando hemos llamado a la junta de sabios, sobre todo las que tienen que ver con el tema de los derechos humanos.

Fueron ignorados los maestros, desde ahí empieza la tensión, dijimos: “Esta ley no puede ser ley porque no va a cumplir con la generalidad de la misma”. Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, va a ser imposible su aplicación porque lesiona los intereses del magisterio y lesiona el interés superior de la niñez.

He escuchado con atención a la compañera de Acción Nacional, a la compañera del Verde, al compañero del PRI, al compañero de Acción Nacional, y todos señalan, sin excepción, que la ley tiene que aplicarse.

El pueblo de México tiene derecho a saber, y tiene que saber que esta ley que votaron el PRI, el PAN y el Partido Verde Ecologista de México no atiende el tema de la calidad educativa ¡Mienten! ¡Mienten!

Para tener calidad educativa se requieren cuando menos cinco elementos.

1.- La profesionalización real del magisterio.

2.- La alimentación suficiente, sana y nutritiva para los educandos. Tenemos casi 10 millones de nuestros infantes que hacen cuando mucho una comida al día.

3.- Se requiere el equipamiento adecuado de las escuelas, y tenemos escuelas que tienen equipamiento desde hace 30, 40 ó 50 años, desfasadas de lo que es la realidad del siglo XXI.

4.- El mejoramiento de la infraestructura educativa.

La OCDE señala con mucha claridad en su último informe que este país tiene más del 50 por ciento de la infraestructura educativa en condiciones no aptas para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

5.- La gratuidad de la educación que mandata el artículo 3 constitucional.

¿Cómo se vienen a llenar aquí la boca, de que la Reforma Educativa soluciona el problema de la calidad de la educación?

Dense una vuelta donde están las escuelas, se nos están cayendo las escuelas, los niños no aprenden porque no comen. Los muchachos no pueden transitar hacia la vida laboral, sobre todo los de educación media superior, porque sus equipos son arcaicos y los maestros no pueden enseñar desde la visión qué quieren. Porque no hay doctrina pedagógica que alimente el contenido de los planes y programas.

Lo que pasa en Oaxaca sólo es un reflejo de una crónica de muertes y represión anunciada.

Aquí lo importante es saber quién le estuvo atizando al conflicto, ésa es la clave. Quien dijo: “Aquí no negociamos con la ley”

En el estado de derecho y cuando se presenta el conflicto social de los que dicen que son terroristas, dicen que habla un maestro frente al grupo.

Está hablando uno. Orgullosamente yo soy profesor. Estuve frente a grupo y participé en las movilizaciones de la CNTE porque no estuvimos nunca de acuerdo con Elba Esther Gordillo Morales. Nunca estuvimos de acuerdo con Carlos Jonguitud Barrios, y nunca estuvimos de acuerdo con la antidemocracia sindical que vive nuestro sindicato, y hoy que representa un traidor a los maestros, Juan Díaz.

¿Dónde ha estado el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación defendiendo a los maestros de México?

Ha estado en el maridaje con el gobierno de la República.

Es necesario que sepamos quién ordenó la ejecución. Necesitamos saber quién intervino, quién no intervino y dejó hacer y deja pasar. Por supuesto que todos tienen nombre y apellido.

Y si la comisión realmente va a hacer lo que aquí se ha dicho, vamos a encontrar verdades. No va a haber complicidades en esa investigación, se lo garantizo a nuestro pueblo.

Vamos a llegar hasta conocer la verdad histórica, y si alguien quiere tapar, con toda la energía lo señalaremos porque nuestro pueblo grita justicia, porque nuestro pueblo grita alto a la impunidad y porque nuestro pueblo grita justicia para los muertos de Oaxaca, y nuestro pueblo grita justicia para los presos políticos.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Adolfo Mota Hernández, del grupo parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.

El Diputado Adolfo Mota Hernández: Gracias, señor Presidente.

Nuestra primera postura es para los maestros de México y reconocimiento a aquéllos que con su tarea diaria que hacen en las aulas, diseñan a los niños y a los jóvenes promesa de este país. A ellos nuestra primera consideración.

Como grupo parlamentario nosotros coincidimos en la presentación que la Mesa Directiva hace de la propuesta en conjunto que pareciera ya tener consenso, de dirigir una comisión que investigue concretamente los hechos que se llevaron a cabo en el estado de Oaxaca.

Para eso es este espacio, para saber y diagnosticar integralmente qué pasó en ese lugar, cuáles fueron las características, los protocolos que se siguieron e, incluso, quiénes pudieran estar detrás de los hechos tan lamentables que se dieron en el estado de Oaxaca.

Esta comisión de seguimiento que bien pudiera tener un símil con la de Seguimiento de Procesos Electorales que resultó todo un éxito junto con su Presidencia, y que pudiera abocarse a recibir la información necesaria para que los legisladores tengamos la consideración concreta y la forma integral de ver las cosas.

Nosotros en el PRI vemos a la educación en ese triángulo fabuloso en donde participan los maestros, los padres de familia y los alumnos.

Cargarles el acento a los maestros en el tema educativo no es justo, al contrario, hay que observarlo en una forma integral; y así observamos que la Presidencia de la República y el gobierno federal lo han venido haciendo desde su inicio.

Una Reforma Educativa que propone siempre y en todo momento la mejora de la calidad; y la calidad comienza por la impartición y la mejora de las instalaciones a que los alumnos y los niños de México tienen derecho.

Queremos, desde luego, también dejar muy claro que la Reforma Educativa propone en su momento, y ha venido señalándose con el tiempo, quitar comisionados, retirar a aquéllos que cobran sin trabajar, o procurar en todo momento que ninguna organización se apodere de los cargos directivos de los entes educativos para desmejorar o generar condiciones no favorables en el sistema educativo.

Queremos mejores escuelas, queremos que se mantenga una sola negociación salarial para que pueda haber condiciones financieras en las entidades federativas y éstas tengan la oportunidad de hacer mejoras no solamente en el gasto corriente de la nómina estatal o de la nómina federal, sino de las instalaciones educativas que merecemos.

Estamos por el diálogo, estamos por la conversación, estamos porque cada actor educativo tome su papel y estamos también porque la educación no sea bandera política de ningún partido, porque la educación no sea promovida desde alguna trinchera política y se tome como batuta para poder enarbolar estados de excepción en algunos estados de la República.

Por eso hoy el grupo parlamentario del PRI coincide con la propuesta de la Mesa Directiva. Creemos que hay consenso en la redacción, que la comisión debe dar seguimiento puntual, que a mi juicio como miembro de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, a los funcionarios nunca les ha faltado vocación de diálogo.

Cada vez que hemos llamado a las áreas educativas han estado en la comisión, han platicado con nosotros de diversos temas, y me parece que este no tendría por qué ser la excepción, ni por qué tendría que ser motivo de debate. Al contrario, hay una postura clara de conversar, de platicar y de dialogar.

Queremos, entonces, para concretar, señalar que esta comisión de seguimiento, en la que participaremos considerablemente y detalladamente, y de manera integral, quiénes están detrás, cuáles son los sucesos o, incluso, quiénes están interesados en financiar un movimiento para que este tipo de sucesos se escandalicen y se lleven hasta los extremos, como se dio en Oaxaca.

Nos pronunciamos por una educación pública para todos, por maestros que estén en las escuelas, que puedan libremente expresar sus opiniones, claro, con todo el respeto, pero cuidando también el calendario escolar, el periodo de clases, los horarios en que se consignan y, también, mirar a la educación de este país no solamente desde el nivel básico, desde el nivel medio, desde el nivel superior, desde el nivel de maestría, de doctorado, en una forma integral que nos conlleve a observar como debe de ser la persecución de la calidad en la educación, la participación de los actores, padres de familia, maestros y alumnos, y la consideración concreta de que estos hechos de ninguna manera vuelvan a repetirse en aras de una postura política o en aras considerablemente de una mejora educativa.

Si no por el contrario, la mejor lucha y el mejor enfrentamiento es el de las ideas en las aulas, con los pensamientos de los grandes normalistas que dieron posibilidad.

Vengo de un estado en donde se fundó la primera escuela normal de este país, y allá está Enrique Conrado Rébsamen, que nos hace pensar que el niño es como la planta, que crece con los rayos que se vislumbran en la esperanza de un presente y de un futuro, y que está muy lejos de la violencia que se genera por no cumplir con el cometido principal, que es la vocación de servicio y del magisterio de México.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Diputado Jorge Álvarez Maynez, del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano.

El Diputado Jorge Álvarez Maynez: Con su permiso, señor Presidente. Con el permiso de las compañeras y compañeros.

Hay quien viene a decir aquí que no se señala la responsabilidad de actores del conflicto, pero lo hace desde la generalización diciendo que los movimientos sociales radicales, que los movimientos sociales violentos y criminalizando a los movimientos sociales.

Yo le pediría a quienes tienen esa postura que especifiquen qué movimiento social, qué líder y qué dirigente político es al que están nombrando y responsabilizando de crímenes violentos, porque ese es el discurso oficial al que nos hemos referido, el linchamiento selectivo contra las maestras y los maestros de México, a los que incluso aquí se ha acusado de estar efectuando actos de barbarie, de estar saqueando comercios, de estar saqueando casas en estados como Oaxaca o Guerrero.

Nosotros tenemos muy claro que sí debe de haber una Reforma Educativa en el país. La Reforma Educativa no le pertenece al PRI y al régimen. Lo que nosotros decimos es que precisamente lo que hoy está viviendo el país se da porque esa reforma educativa se sustituyó por un proceso de polarización político, por un proceso de polarización social, encabezado desde el gobierno federal.

La reforma educativa que se aprobó dice que a la rectoría de la política educativa le corresponde fijar las directrices al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación tiene años, informe tras informe, y lean los de 2016 y 2015, diciendo que el tema de fondo en la educación de México es la equidad, que el tema más destacado para realizar un progreso en términos de la calidad de la educación debe ser la equidad. Y todas las apuestas que ha anunciado el gobierno federal van en contrasentido, el programa Escuelas al Cien, la escuelas al centro van, sobre todo, dirigidos a escuelas urbanas, a escuelas que no son las más rezagadas en este país.

Una de cada cuatro escuelas en este país reportó que los libros de texto llegaron tarde al iniciar el ciclo escolar; uno de cada tres maestros en este país dijo que cuando inició el ciclo escolar, en estos estudios del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, no tenía programa educativo; uno de cada dos planteles de educación indígena, que la mayoría se encuentran en los estados que está protagonizando el conflicto, dijeron que no tenían material didáctico en la lengua de sus alumnos, uno de cada dos.

La misma evaluación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para los que les encanta culpar a los maestros de todo el conflicto educativo, dice: que la percepción de los niños sobre sus maestras y sobre sus maestros es muy favorable.

El 25 por ciento de las escuelas comunitarias y multigrado no tienen paredes los salones y, además, tenemos una muy preocupante concentración del gasto público educativo en los sectores más ricos de la población que, por supuesto, no están en Oaxaca, no están en Guerrero, no están en Chiapas, no están en los lugares donde hay conflicto.

El 20 por ciento más rico de la población registrado en el sistema educativo, recibe el 25 por ciento del gasto público, el 20 por ciento más pobre, el 15 por ciento del gasto público.

Lo que nosotros le hemos exigido al Secretario de Educación no es que le haga caso a un dirigente político, no es que le haga caso a un disidente político, es que le haga caso al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que le haga caso a lo que en su espíritu, cuando se planteó la supuesta Reforma Educativa, tenía como propósito que era elevar la calidad de la educación.

Que voltee a ver las escuelas multigrado, que voltee a ver las escuelas comunitarias, que voltee a ver las escuelas indígenas que son las que están concentradas mayoritariamente en los estados en donde hay conflicto.

Lo que está haciendo es una persecución selectiva.

Y ¿para quien criminaliza a los movimientos sociales? Nada más decirles algo, los movimientos sociales ponen los muertos y el Estado represor pone las balas. No los podemos poner en el mismo costal.

En este país los movimientos sociales han logrado que haya democracia y van a lograr que haya educación de calidad.

Quienes infiltran a los movimientos sociales son quienes tienen ganas de que haya una justificación para la represión.

Por eso no nos podemos andar con titubeos.

En un momento de definiciones se exige que los actores políticos las tomemos y tomemos una postura clara.

En Movimiento Ciudadano estamos sin titubeos con los maestros.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Diputado Guadalupe Acosta Naranjo.

El Diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Gracias, señor Presidente.

Me imagino que el día de hoy se nombrará en la comisión que estamos a punto de votar, porque el asunto es de mucha urgencia y creo es pregunta, hoy seguramente se votará la comisión, o por lo menos sugiero que así sea.

Vengo a hacer un alegato a favor del diálogo y la negociación.

Me parece que estamos donde estamos, precisamente porque alguien se convenció de que no había que dialogar. De que la estrategia era: no diálogo contigo hasta que no asumas las ideas que yo tengo.

Y aquí estamos.

Tuvieron que pasar los lamentables acontecimientos de Oaxaca para que se instalará una mesa el día de hoy; y por desgracia, minutos después del anuncio de la mesa, vuelve a salir el Secretario de Educación para decir: “no es una mesa de diálogo que tenga que ver con el tema educativo, sino exclusivamente político”.

¿Cuándo se va a negociar con maestros que están hoy movilizados? Porque ellos tienen una idea distinta del tema educativo.

Podrán tener razón o no, pero quien no tiene razón es quien se niega a dialogar.

Hay diálogo entre Palestina e Israel, en medio de una guerra.

Hay diálogo con las FARC, en Colombia.

Nosotros tenemos una Comisión de Concordia y Pacificación, con una ley para el caso de Chiapas, y alguien decidió que no se debía de dialogar con maestros que tienen una visión distinta a la visión del Secretario de Educación.

Ese es un gravísimo error; es un gravísimo error que se siga insistiendo y por eso quise pedir la palabra en que no se va a dialogar sobre el tema educativo. Es no entender lo que nos está pasando.

Cuando alguien convoca a un diálogo con la idea de que el 100 por ciento de sus ideas son las correctas, entonces no es diálogo es monologo.

Todo diálogo tiene como principal virtud que se escuchan las partes y todos de entrada tienen la posibilidad de flexibilizar sus opiniones.

Ir a un diálogo donde ya está determinado el resultado, que es que tenemos que aceptar el 100 por ciento de la visión de Aurelio Nuño, es un gravísimo error que el gobierno federal debería de rectificar, sino entonces el conflicto seguirá y seguirá y no resolveremos el problema.

Además, y con esto termino, me parece que el Secretario de Educación no tiene el derecho de secuestrar la interpretación de la Reforma Educativa.

¿Quién le dijo que él tiene la verdad revelada sobre lo que acordó el Congreso? ¿Quién le dijo que el examen que se realiza en una computadora es la concepción de la evaluación que discutimos?

Bueno, ni a los niños se les evalúa hoy solo con un examen; se ve si asistieron a la escuela, si llevaron sus tareas, si presentaron ensayos, si participaron en la clase, si se comportaron bien. ¿Quién le dijo que la evaluación se circunscribe sólo al examen? Y no es una evaluación contextual distinta, hay que platicar con el Secretario de Educación, él tiene una idea muy errada de lo que es la Reforma Educativa.

Termino, hago un exhorto, sobre todo al grupo mayoritario, a que cambien esta concepción de que dialogar es claudicar; y el diálogo que no lleva a negociación de por medio no es diálogo, eso es monólogo. El señor está hablando ante un espejo, y ese es un gravísimo error para el país.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
CÉSAR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Diputado Acosta Naranjo.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con su permiso, señor Presidente. Señores legisladores:

Una circunstancia personal me causaba cierta gracia hace unos momentos, porque mi mamá fue maestra, pero el primer empleo que tuvo mi papá, cuando recién se casaba, fue policía.

Sí, los policías tienen hijos, tiene familias, quieren que sus hijos vayan a la escuela, como cualquiera, le gustaría que en la escuela hubiera un maestro, porque uno a lo que aspira siempre es a que las oportunidades sean iguales.

Pero, ¿saben ustedes cuál es la diferencia de oportunidades entre un muchacho del Distrito Federal y uno de Oaxaca o uno de Chiapas? Esto es más de un 30 por ciento; es decir, tiene tres veces más posibilidades de llegar a ser algo un muchacho aquí, que un muchacho allá.

Un factor es la pobreza, pero el más importante de todos, dudo que podamos achacárselo a Aurelio Nuño, es la falta de educación, porque Aurelio Nuño tiene un año de Secretario y el 15.7 por ciento de analfabetismo, tres veces la media nacional, dudoso honor que ostenta Oaxaca, no se construyó en un año, se construyó en años y años de intervencionismo y de impedir que las políticas de cualquier gobierno se cumplieran.

Sí, tienen razón, no es una crónica de una muerte anunciada; es una crónica de una amenaza cumplida.

La amenaza se hizo desde que se planteaba crear un coto diferente en Oaxaca, otro diferente en Chiapas, otro diferente en Michoacán, otro diferente en Guerrero, ¿no son mexicanos?, ¿esos niños no tienen los mismos derechos que tienen los demás de instruirse? Porque hay aún grupo con todos los derechos que le correspondan en el magisterio, que simple y sencillamente no acepta una premisa fundamental.

Hay que ir a dar clases y hay que poner en orden cómo se va a dar clases, cuándo se va a dar clases; no aceptar un calendario escolar, no aceptar condiciones escolares, no aceptar cuándo se tiene que dar clases, eso es lo que nos tiene aquí, ¿No?

Marquemos diferencia como diría un sabio filósofo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.

Y la otra cosa que estamos discutiendo hoy son los hechos ocurridos en Oaxaca que dieron lugar a ocho muertes, por más que queramos, esos no tiene que ver con la Reforma Educativa, esos tienen que ver con la actividad criminal, ¿no?

Eso tendremos que averiguarlo con la actividad financiada o espontánea; eso tendremos que averiguarlo con la actividad conveniente para quién, favorecida por quiénes, empujada por quiénes, eso tenemos que averiguarlo.

Y por el otro lado, la actitud y el comportamiento de las policías, tenemos que saber si obraron dentro de sus protocolos, tenemos que saber si se excedieron en el uso de la fuerza, tendremos que saber si se excedieron en el incumplimiento de derechos humanos, si los cumplieron o no.

Eso es otra cosa y ese es el tema de la comisión que estamos formando, investigar y dar seguimiento de esos hechos, reunirse con todas las autoridades necesarias para saber si se cumplió con el estado de derecho o no; porque, de lo contrario, nos estaríamos rebajando a lo que estamos combatiendo y a lo que estamos condenando.

No, detrás del tema de Oaxaca, no está la Reforma Educativa, está la creencia de que puede haber un estado dentro del estado, de que puede haber organizaciones que no se sujeten a las leyes del estado, de que puede haber maestros y metamaestros que se pongan sus propias normas, no me refiero a eso. No aplaudo a eso.

Mi mamá fue a clases 40 años seguidos, cumplía mañana y tarde durante una época, nunca la oí quejarse; y cuando vi a esos de los que hablan hoy que han sido discrecionalmente separados por el gobierno, cuando los vi rasurar a unas maestras, inevitablemente me llevó a las épocas en que mi mamá tenía que salir a dar clases todos los días.

¿Por qué? Amigos y amigas, porque no es verdad que sólo el gobierno haya actuado contra la gente, ellos también actuaron contra otros como ellos.

No es verdad que el gobierno haya agredido a los maestros, ellos también agredieron a sus propios compañeros.

No es verdad que el gobierno quiere imponer sus ideas. El que rapa a los que no aceptan sus ideas, ése está tratando de imponer sus ideas, ése cree que en un autoritarismo, en un totalitarismo donde él puede estar por encima de cualquier ley.

Eso no justifica que ninguna policía pueda hacer uso de la fuerza indiscriminadamente y pasar por encima de ellos, se trata justamente, lo decimos de hacer valer el estado de derecho, no de imponerlo a garrotazos y menos a balazos, pero nuestra comisión, estoy seguro, nos va a dar respuestas.

Muchas gracias.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Diputado Ramírez Marín.

De acuerdo a lo que había dictado el Presidente, el Senador Gil Zuarth. Su segundo total...

La Diputada Norma Rocío Nahle García: (Desde su escaño) Una pregunta, por favor, al Diputado.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Adelante, le acepta la pregunta el Diputado Ramírez Marín, desde su escaño, si son tan amables.

La Diputada Norma Rocío Nahle García: (Desde su escaño) Diputado, referente a su intervención, donde usted menciona que los maestros también atacaron a los propios maestros y que la violencia fue generada de allí.

Yo hago la pregunta, ¿por qué se va a formar una comisión?

Los policías que llegaron a Oaxaca, los cientos de policías fueron trasladados desde aquí, de la Ciudad de México hacia allá, a una manifestación que iba a tener la CNTE.

Entonces aquí ya iban preparados para la violencia, eran de aquí, iban a reprimir, de allá fue. Es un absurdo que los maestros golpearan a los maestros. Es un absurdo.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Le suplico que formule la pregunta, Diputada, por favor.

La Diputada Norma Rocío Nahle García: (Desde su escaño) Le estoy preguntando sobre la comisión que se va a armar.

Valdría la pena que también esta comisión cite al jefe de la policía o al encargado que llevó a la fuerza para ver quién le dio la instrucción, porque el primer balazo de goma o de verdad, pues salió de ellos.

Gracias.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Adelante, Diputado Ramírez Marín.

El Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: (Desde su escaño) Gracias.

Le agradezco a la Diputada Nahle, por supuesto, hubiera sido imposible que dejara de diferenciarla. Ella siempre ha tenido muchas diferencias para nosotros.

Justamente por eso pensé en mi papá.

Vi la foto de ayer en el periódico Reforma, tirado con una herida en el hombro. Decía la crónica del periódico que era una herida de bala, y eso me lleva a la certeza de que tenemos que averiguar quién está de tras de todo esto.

¿A quién le interesa que se agreda a maestros y a quién le interesa agredir a policías?

¿A quién le interesa dar esta demostración de que en el país no hay orden o peor, que alguien pueda estar fuera de orden?

El caso de los policías es muy interesante, porque el trabajo de ellos justamente es ir a hacerse presentes donde hay conflictos, si no, no tendríamos policías. Pero ellos están obligados a guardar una serie de normas, una serie de protocolos que es lo que tenemos que investigar si los cumplieron exactamente y ojalá que nuestra comisión pueda también tener pistas e indicios de quiénes están de tras de todos estos hechos.

Gracias, Diputada.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Diputado Ramírez Marín.

Con esto damos por concluido el debate acordado sobre este tema, por lo cual solicito a la Secretaria consulte a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta de modificación presentada por los grupos parlamentarios a través del Diputado Omar Ortega.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta presentada. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta de la Mesa Directiva con la modificación de los grupos parlamentarios que ya fue aceptada.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo con la modificación aceptada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.





 

Continuando con el despacho de la ronda de proposiciones, el punto de Acuerdo de nuestra compañera Diputada Jorgina Gaxiola Lezama, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al gobierno de Guanajuato a cumplir con las 13 recomendaciones que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe, Dip. Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre de los Diputados Federales del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo de urgente resolución, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el Partido Verde siempre hemos enarbolado la bandera de la lucha en contra de aquellos delitos que más lastiman a la sociedad mexicana, de aquellos que más pena y dolor causan a las víctimas, a sus familias y a su entorno cercano. Nuestra agenda legislativa ha incluido y seguirá incluyendo acciones que impulsen el endurecimiento de las sanciones para castigar ese tipo de delitos, y el feminicidio es, precisamente, uno de ellos.

Por este motivo, en legislaturas anteriores nos sumamos a la iniciativa para que el feminicidio fuera tipificado como un delito autónomo, en virtud de las características y especificidades que lo diferencian de otro tipo de homicidios. Nuestro compromiso con las mujeres de México es seguir trabajando en el ámbito legislativo para que quienes incurran en esta deleznable conducta reciban castigos más severos. Esto con el objeto de inhibir la comisión de este delito que tanto enojo y frustración nos causa a los mexicanos y cuya tasa de incidencia ha alcanzado, lamentablemente, grandes proporciones en los últimos años.

A pesar de que el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia ha sido consagrado en diversos ordenamientos tanto del orden nacional como internacional, la violencia contra las mujeres en todas sus formas y modalidades persiste en algunas regiones de nuestro país.

Los asesinatos de mujeres por razones de género o feminicidios representan la expresión más aguda de la violencia en contra de las mismas. Ello significa que los feminicidios resultan ser la punta del iceberg de toda una cadena de actos de violencia en contra de las mujeres.

Frente a esta circunstancia, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar a todas las mujeres el respeto y libre ejercicio de sus derechos humanos, mediante la implementación de acciones que permitan prevenir toda situación que las vulnere y, en su caso, atienda, investigue y sancione, con la debida diligencia, las agresiones que se cometan en su contra, para lo cual se deben establecer medidas para erradicar estas prácticas que impiden su pleno desarrollo y bienestar.

“En México, 7 de cada 10 mujeres reportan haber sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida” dijo en marzo de 2012 la representante en nuestro país de la agencia de la Organización de las Naciones Unidas que atiende el tema de las mujeres.

Lo anterior constituye una situación por demás vergonzosa e indignante que no puede ser entendida de otra forma que como una triste realidad nacional que debe ser erradicada cuanto antes. Los altos índices que en nuestro país registra el feminicidio, la más aberrante de todas las modalidades de violencia en contra de las mujeres, exige que se implementen, con urgencia, acciones para proteger más eficazmente la vida de las mujeres. El hecho de que la violencia contra las mujeres siga cobrando vidas humanas, es algo simplemente inaceptable para un país que se precia de proteger los derechos de las mismas.

Por ello, creemos conveniente llamar la atención sobre la situación que las mujeres están viviendo en el estado de Guanajuato, entidad que suma 35 feminicidios en lo que va de este año, aunados a los 87 registrados el año pasado, mientras en el 2014 la cifra llegó a 67 y en el 2013 sumaron 73.

Cabe destacar que en más de una ocasión se ha pedido a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) que active la Alerta de Violencia de Género contemplada en Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual es un instrumento jurídico que tiene como finalidad realizar acciones gubernamentales de emergencia encaminadas a erradicar la violencia feminicida.

En este sentido, el año pasado la CONAVIM emitió 13 recomendaciones al gobierno del estado de Guanajuato a fin de no activar la Alerta de Violencia de Género en la entidad, no obstante, diversas organizaciones civiles consideran que las acciones del Gobierno de Miguel Márquez no han logrado frenar los asesinatos de mujeres, por lo cual exigen el cumplimiento de todas las recomendaciones de la CONAVIM, a fin de salvaguardar la vida e integridad de las mujeres guanajuatenses.

Por todo lo manifestado, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a cumplir cabalmente con las 13 recomendaciones que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de salvaguardar la vida e integridad de las mujeres guanajuatenses.

Dado en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 22 de junio de 2016.

Suscribe

Dip. Jorgina Gaxiola Lezama.





 

Se concede el uso de la palabra al Diputado Jorge Álvarez Maynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a exigir al gobierno de Nicaragua se esclarezca el caso de Jobany Torres Becerra.

El Diputado Jorge Álvarez Maynez: Gracias, señor Presidente.

Más allá de exponer los pormenores del punto de Acuerdo que vamos a presentar, apelando a que la inmensa mayoría de los integrantes de la Comisión Permanente no tienen por qué conocer el detalle de los hechos que lo anteceden, quisiera aprovechar este momento para contarles un poco la historia del caso que venimos a exponer.

Jobany Torres Becerra es un estudiante zacatecano de 23 años de la carrera de ingeniería en metalurgia, que se encontraba realizando prácticas profesionales en Nicaragua.

Este estudiante zacatecano desapareció o salió de su domicilio en Nicaragua el 30 de mayo, se reportó desaparecido por parte de sus conocidos, por parte de quienes lo acompañaban allá, y apareció el 1° de junio intentando abordar un vuelo de regreso a México en el aeropuerto de Managua.

En este momento, la policía de Nicaragua lo detiene, lo acusa de simular su desaparición y lo retiene la policía de Nicaragua.

Desde el 1° hasta el 13 de junio se le negó el acceso consular, se le negó la asistencia consular, se le negó la presencia de un abogado, y aunque las leyes de Nicaragua dicen que incluso cuando el estudiante hubiera sido culpable de un delito, se le daba un plazo a las autoridades de 40 horas para presentarlo ante el juez, estuvo 12 días retenido.

Jobany es presentado ante el Ministerio Público de Nicaragua el 13 de junio, es la primera vez que la Embajada de México puede tener contacto, a pesar de que lo pidió en reiteradas ocasiones al Estado de Nicaragua y en esa audiencia pública del 13 de junio se le condena por el delito de simulación de su desaparición.

En esa audiencia, 12 días después de no haber tenido asistencia consular ni presencia de abogados, se presenta con lesiones evidentes en la cara, en el cuerpo, en los ojos, se presenta lesionado, lo obligan, o aparentemente, a firmar una declaración en la que él dice que él mismo se provocó esas lesiones en esos 12 días que no tuvo acceso a abogados ni a asistencia consular.

Nosotros sostenemos que ésta es una detención ilegal, que a Jobany se le privó de la libertad, que se violó el debido proceso y que, además, se contravinieron los pactos firmados por México en materia de derechos humanos, particularmente el denominado Pacto de San José, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que le da garantías judiciales al acusado en su artículo 8, y que también se violó la Convención de Viena.

El punto de Acuerdo que estamos presentando y que le solicitamos a la Mesa ponga a la consideración sea de urgente resolución, tiene tres planteamientos.

Primero. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores le exija al gobierno de Nicaragua esclarecer los hechos que sucedieron con Jobany

Segundo. Que la Procuraduría General de la República realice una investigación exhaustiva para determinar si hubo o no tortura en contra del estudiante zacatecano.

Y tercero. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores inicie las diligencias necesarias para la reparación del daño.

En todos los casos, también en el asunto de Oaxaca, quedó excluido, en todos los casos es un punto que reiteradamente se olvida.

Después de que se hace una injusticia pocas veces damos el mismo tratamiento para exigir la reparación del daño a las víctimas. Y nosotros creemos que es un tema que se debe de asegurar con el estudiante zacatecano.

Yo sé que el estado de Zacatecas está aquí sobre representado, tenemos representantes en el PRI, está aquí Carlos Puente, del Verde, está Rocío Nahle, de Morena.

Apelaría a contar con su apoyo para solicitar estos tres puntos y esclarecer los hechos que se vivieron entre el 30 de mayo y el 15 de junio que se aprobó la deportación de Jobany.

Jobany ya está en Zacatecas, por eso lo que estamos exigiendo es un esclarecimiento de los hechos y la reparación del daño.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo.

El suscrito, Diputado JORGE ÁLVAREZ MAYNEZ, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, presenta ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestro connacional, Jobany Torres Becerra, un joven de 23 años y estudiante de Ingeniería en Metalurgia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, estuvo varios días preso, pues fue detenido desde el 1° de junio en el Aeropuerto de Managua, sin explicación alguna, cuando se disponía a regresar a nuestro país. Desde aquel día, permanece en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).

El joven se encontraba desde el mes de marzo en Nicaragua, realizando prácticas profesionales en una mina de la empresa Hemco, localizada en Bonanza. El 30 de mayo, Jobany Torres salió de la población de Bonanza sin informar a nadie, por lo que la compañía minera interpuso una denuncia por su desaparición, ante la Policía de Bonanza. Asimismo, la Embajada de México en Nicaragua supo de la desaparición del joven y solicitó a la policía su búsqueda, provocando una movilización policiaca y militar.

Sin embargo, se le localizó el 1° de junio en el Aeropuerto de Managua, cuando intentaba abordar un avión hacia México y fue detenido por la Policía Nacional de ese país.

El Ministerio Público de Nicaragua anunció que ejercería acción penal contra Jobany, por “haber simulado su desaparición”. De acuerdo con su razonamiento, incurrió en una conducta delictiva, tipificada por el artículo 473 del Código Penal vigente en aquel país, que establece que “quien ante la autoridad competente simule ser responsable o víctima de un delito, o denuncie una inexistente y provoque actuaciones de investigación o procesales, se le impondrá de cien a doscientos días de multa”.

La Fiscalía de Nicaragua, declaró en conferencia de prensa que “el 30 de mayo a las seis de la tarde, el ciudadano mexicano, con el fin de desprestigiar la labor que realiza el gobierno de reconciliación de mantener la seguridad nacional, aparentó su desaparición y dijo que había sido víctima de la delincuencia”1 en aquel país.

El pasado 13 de junio, el  juez Quinto Local Penal de Audiencia,  había establecido para el 27 de junio, la celebración de la audiencia inicial en contra de Torres Becerra.

Es vital señalar que desde el día de su detención, hasta el 13 de junio Jobany fue privado de sus Derechos Humanos por las autoridades de ese país, debido a que se le negó acceso consular y comunicación con familiares, la Embajada de México en Nicaragua solicitó insistentemente a las autoridades nicaragüenses información sobre la situación jurídica del joven, sin obtener respuesta, la cónsul Ana Paula Martínez logró entrevistarse con el estudiante hasta el día de la audiencia preliminar (13 de junio). 2

No obstante, esta violación no es la única, la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que a pesar de que las autoridades nicaragüenses prometieron que Torres Becerra sería repatriado ayer por la tarde, incumplieron en tal acuerdo.3

En la audiencia preliminar, Jobany fue presentado con señales claras de violencia en el rostro, no obstante, la fiscal auxiliar  de Managua, Giselle Borges Zeledón declaró que Jobany se “autoinfligió” esos golpes.4 Por otro lado, Jobany Torres Becerra, admitió su responsabilidad y pidió una disculpa por sus actos, sin embargo, no se ha realizado ninguna investigación por lo que en algún momento él mismo manifestó respecto a sentirse amenazado en Nicaragua.

La ilegalidad es la protagonista en este caso, así se puede deducir de las diversas declaraciones que tanto Vilma Núñez como Gonzalo Carrión, presidenta y director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), realizaron el mismo lunes en la tarde, condenando el arresto del joven mexicano y catalogándolo como un acto repudiable del gobierno de Daniel Ortega. Ambos coincidieron en que, incluso si el joven hubiese cometido un delito, las autoridades debieron presentarlo ante un juez en un lapso de 48 horas.5

Finalmente, luego de ser sujeto de un proceso plagado de irregularidades, Jobany Torres fue condenado el 15 de junio al pago de 4,579 córdobas con 33 centavos, la pena mínima de aquel país, por “simulación de delito”.6

Es así que, luego de pagar la referida multa, Jobany Torres Becerra, y tras 15 días de detención, llegó la tarde de este jueves 16 de junio a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Posteriormente, cerca de la una de la mañana del viernes 17 de junio, arribó al aeropuerto internacional de Zacatecas, acompañado de autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde fue recibido por familiares, y autoridades del gobierno de Zacatecas, y de la Universidad Autónoma de Zacatecas, sin que emitiera declaración alguna.

Sin embargo, no puede pasar por alto la violación a sus derechos humanos por parte de las autoridades nicaragüenses. Los derechos humanos deben ser respetados en todo momento por las autoridades, pues representan la garantía de que cualquier ciudadano sea juzgado conforme al debido proceso legal, sin tortura ni simulaciones.

La medida de mantenerlo varios días detenido, resultó exagerada y contraria a las garantías judiciales del joven. Las marcas de golpes que presentó durante la audiencia preliminar y que, de acuerdo con la fiscal, obedecen a que “se autolesionó”, deben ser investigadas y clarificadas por las autoridades mexicanas.

Tenemos un conjunto de elementos que implican una violación plena a los Derechos Humanos de Jobany Torres Becerra:

• Detención ilegal.

• Privación de la libertad.

• Violación al debido proceso.

• Impedimento de asistencia consular.

Por lo tanto, Nicaragua también incumplió con un instrumento internacional como lo es la Convención de Viena, en lo que respecta a las Relaciones Consulares, Convención a la que tanto México como Nicaragua están suscritos, específicamente la obligación de informar sin dilación a todo detenido de su derecho a la protección consular (artículo 36). Asimismo, se inclumpió con lo consagrado en el artículo 8 de la Convención americana sobre Derechos Humanos, sobre garantías judiciales respecto de los derechos de todo detenido.

Es así que, exigimos se esclarezca el caso de Jobany Torres Becerra, se investigue y determine si hubo tortura en su contra o alguna otra violación a sus derechos humanos y al debido proceso legal, y en su caso, se exija al Gobierno de Nicaragua repare de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva el daño o menoscabo que haya sufrido en sus derechos durante su detención, lo anterior con base en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone que los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos de quienes se encuentren bajo su jurisdicción, de tal forma que toda violación a esta disposición comporta el deber de reparar; y con base en el criterio adoptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Velásquez Rodríguez, y de manera reiterada, señalando que “toda violación a un obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente”.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que exija al Gobierno de Nicaragua se esclarezca el caso de Jobany Torres Becerra.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar a la Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y su Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, con fundamento en el artículo Primero del ACUERDO A/117/15 por el que se crea la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación y se establecen sus facultades y organización, para que investigue y determine si hubo tortura en su contra o alguna otra violación a sus derechos humanos y al debido proceso legal.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que tome las medidas necesarias y se exija al Gobierno de Nicaragua que Jobany Torres Becerra reciba la reparación integral del daño, de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva, como consecuencia del daño o menoscabo que haya sufrido en sus derechos por violaciones a sus derechos humanos durante su detención, incluyendo la indemnización a que tiene derecho.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 22 de junio de 2016.

Atentamente

Dip. Jorge Álvarez Maynez.

1 http://confidencial.com.ni/fiscalia-acusa-a-estudiante-mexicano-por-aparentar-desaparicion/

2 http://confidencial.com.ni/pn-presenta-a-mexicano-con-lesiones-en-el-rostro/

3 http://confidencial.com.ni/fiscalia-acusa-a-estudiante-mexicano-por-aparentar-desaparicion/

4 http://confidencial.com.ni/pn-presenta-a-mexicano-con-lesiones-en-el-rostro/

5 http://confidencial.com.ni/fiscalia-acusa-a-estudiante-mexicano-por-aparentar-desaparicion/

6 http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/395398-imponen-pena-minima-estudiante-mexicano-que-fingio/

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Diputado Álvarez Maynez.

En razón de la solicitud planteada por el Diputado Álvarez Maynez, solicito a la Secretaría consulte la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Podemos tomar la votación de nuevo, señora Secretaria, por favor

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: En virtud de que no hay oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo en los términos planteados por el Diputado Álvarez Maynez.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Aprobado. Comuníquese.





 

Compañeros legisladores: Informo a ustedes que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnará a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1679 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por los Diputados Armando Luna Canales y Jericó Abramo Masso, del grupo parlamentario del PRI)

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los Diputados Federales ARMANDO LUNA CANALES y JERICÓ ABRAMO MASSO, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXIII Legislatura, pone a consideración de esta H. Soberanía la siguiente iniciativa, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por medio de la presente iniciativa de Ley, se pretende contribuir a la tarea de armonización del ordenamiento jurídico nacional mediante la expulsión de normas que no ser armonizan con el contenido de máxima protección a los derechos humanos contenido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en especial, en el tema de igualdad de género, por ello, pretendemos derogar el segundo párrafo del artículo 1679, en relación a la figura del albacea, en donde aún subsisten referencias que colocan a la mujer en un plano de discriminación.

Los derechos de la mujer y la importancia de un lenguaje incluyente en la legislación.

Los derechos de la mujer son, ante todo, una conquista lograda a lo largo de un sinnúmero de esfuerzos y mediante una historia permanente en la que el grito de las oprimidas fue acallado durante cientos de años, pero que hoy en día por fin ha podido escucharse y hacer eco mediante una relativa igualdad de género. En este sentido, y siguiendo a Patricia Williams, para los oprimidos los derechos humanos encierran en sí mismos una “dolorosa prisión en su lenguaje” pues constituyen el punto culminante de libertad para los históricamente marginados.

En efecto, reconocemos que aún existe mucho por hacer y que lo logrado hasta aquí constituye una conquista irrenunciable sobre la que es necesario continuar trabajando.

En consecuencia, los derechos que las mujeres tienen hoy en día no pueden ser interpretados como meras condescendencias, simples “gracias” o medidas “asistencialistas” que el Estado ha tenido “a bien” adoptar sino como plenos y exigibles derechos alcanzados a través de una permanente lucha por su reconocimiento.

En nuestro país, la mayor igualdad en los géneros requiere de un trabajo pleno y comprometido de todos los sectores sociales, tanto de parte de la sociedad en general como de las propias dependencias públicas a fin de estimular una cultura de la igualdad.

Una cultura de la igualdad requiere un cambio en la manera de entender nuestra cotidianeidad, despejando de la misma aquellas rémoras expresadas en fanatismos, prejuicios, estereotipos y demás manifestaciones culturales que de una manera explícita, o inconsciente, laceran la dignidad del ser humano.

A nosotros, como legisladores, nos compete una labor de optimización normativa a fin de dotar a nuestro sistema jurídico de los más altos estándares en materia de derechos humanos y, para lograrlo, también se requiere de un trabajo de depuración normativa a fin de expulsar de nuestro ordenamiento aquellas disposiciones que sencillamente no encuentran cabida en un Estado democrático y de derechos humanos.

Dichas disposiciones “no compatibles” con el lenguaje de los derechos humanos aún se mantienen en nuestro sistema jurídico y ello, es razonable, dado que los conjuntos normativos en prácticamente todos los Estados del orbe fueron construidos bajo la premisa de la protección del hombre, ello puede cotejarse en diversas disposiciones que años atrás eran muy frecuentes en las diversas leyes estatales.

Cómo ejemplo, presentamos el siguiente cuadro, en donde puede cotejarse la evolución en el uso del lenguaje:

Código Civil 1928 (publicación original)

Código Civil Federal actual

Artículo 164. El marido debe dar alimentos a la mujer y hacer todos los gastos necesarios para el sostenimiento del hogar; pero si la mujer tuviere bienes propios o desempeñare algún trabajo, o ejerciere alguna profesión, oficio o comercio, deberá también contribuir para los gastos de la familia, siempre que la parte que le corresponda no exceda de la mitad de dichos gastos, a no ser que el marido estuviere imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, pues entonces todos los gastos serán de cuenta de la mujer y se cubrirán con viene de ella.

Artículo 164.- Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de éstos en los términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para este efecto, según sus posibilidades. A lo anterior no está obligado el que se encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá íntegramente a esos gastos.


Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges e independientes de su aportación económica al sostenimiento del hogar.

Artículo 165. La mujer tendrá siempre derecho preferente sobre los productos de los bienes del marido y sobre sus sueldos, salarios o emolumentos, por las cantidades que correspondan para la alimentación de ella y de sus hijos menores. También tendrá derecho preferente sobre los bienes propios del marido para la satisfacción del mismo objeto. La mujer puede pedir el aseguramiento de bienes para hacer efectivos estos derechos.

Artículo 165.- Los cónyuges y los hijos, en materia de alimentos, tendrán derecho preferente sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia y podrán demandar el aseguramiento de los bienes para hacer efectivos estos derechos.

Artículo 168. Estará a cargo de la mujer la dirección y cuidado de los trabajos del hogar.

Artículo 168.- El marido y la mujer tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales; por lo tanto, resolverán de común acuerdo todo lo conducente al manejo del hogar, a la formación y educación de los hijos y a la administración de los bienes que a éstos pertenezcan. En caso de desacuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente.

Artículo 169. La mujer podrá desempeñar un empleo, ejercer una profesión, industria, oficio o comercio, cuando ello no perjudique a la misión que le impone el artículo anterior.

Artículo 169.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad excepto las que dañen la moral de la familia o la estructura de ésta. Cualquiera de ellos podrá oponerse a que el otro desempeñe la actividad de que se trate y el Juez de lo Familiar resolverá sobre la oposición.

Artículo 171. El marido podrá oponerse a que la mujer se dedique a las actividades a que se refiere el artículo anterior, siempre que subvenga a todas las necesidades del hogar y funde la oposición en causas graves y justificadas.

Artículo 171.- (Se deroga).

Artículo 288. En los casos de divorcio, la mujer inocente tendrá derecho a alimentos mientras no contraiga nueva nupcias y viva honestamente. El marido inocente sólo tendrá derecho a alimentos cuando esté imposibilitado para trabajar y no tenga bienes propios para subsistir. Además, cuando por el divorcio se originen daños o perjuicios a los intereses del cónyuge inocente, el culpable responderá de ellos como autor de un hecho ilícito.

En el divorcio por muto consentimiento, salvo pacto en contrario, los cónyuges no tienen derecho a pensión alimenticia, ni a la indemnización que concede este artículo.

Artículo 288.- En los casos de divorcio necesario, el juez, tomando en cuenta las circunstancias del caso y entre ellas la capacidad para trabajar de los cónyuges, y su situación económica, sentenciará al culpable al pago de alimentos en favor del inocente.





En el caso de divorcio por mutuo consentimiento, la mujer tendrá derecho a recibir alimentos por el mismo lapso de duración del matrimonio, derecho que disfrutará si no tiene ingresos suficientes y mientras no contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato.

El mismo derecho señalado en el párrafo anterior, tendrá el varón que se encuentre imposibilitado para trabajar y carezca de ingresos suficientes, mientras no contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato.

Cuando por el divorcio se originen daños o perjuicios a los intereses del cónyuge inocente, el culpable responderá de ellos como autor de un hecho ilícito.

Como puede advertirse en las disposiciones anteriores, nos encontramos actualmente en un momento en el que la plena igualdad de género se busca alcanzar mediante una reforma también en los usos lingüísticos que, como sabemos, responden a la forma o manera en cómo una sociedad entiende su realidad.

En este sentido, la labor de búsqueda y depuración de disposiciones no concordantes con el parámetro asumido de los derechos humanos y, en particular de la plena igualdad de género, se erige como un imperativo al que una sociedad democrática no puede renunciar.

La importancia del adecuado lenguaje en las disposiciones normativas es de tal envergadura que, el mismo, funciona como una suerte de corrector y orientador de la conducta social, haciendo posible que ciertas conductas o procederes no maximizadores de los derechos humanos sean desplazados por otros que sí reúnen esas cualidades.

Uno de los grandes teóricos de la democracia, Andrea Greppi, ha señalado que: “la crítica de los lenguajes que configuran el universo político, es condición necesaria -y a veces suficiente- para la transformación de estructuras sociales que en un determinado momento serían inamovibles. La fuerza retórica del discurso de Martín Luther King en la defensa de los derechos de las minorías o de Ghandi en defensa de las mayorías; el cambio de ciertos hábitos lingüísticos discriminatorios, como preludio para el efectivo reconocimiento de la igualdad o la diferencia de género, son ejemplos que no dejan lugar a dudas. Hay desplazamientos discursivos que hacen realmente la diferencia y cambian el contenido de las políticas públicas. Todos sabemos que el procedimiento legislativo de las democracias representativas no siempre es el más eficaz para la defensa de los interese de las mayorías, y que la voluntad popular puede ceder ante la presión de los poderes hegemónicos.”

En el ámbito jurisdiccional también encontramos dignos ejemplos de la necesidad de modificar aquellas expresiones lingüísticas que hieren la dignidad humana. En el amparo directo en revisión 2806/2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las expresiones “puñal” y “maricón” indicó que:

“La relación entre lenguaje y la identidad de las personas conlleva una mezcla compleja de factores individuales, sociales y políticos que permite que las mismas se consideren miembros de una colectividad o se sientan excluidas de ésta. Así, donde existen conflictos sociales, y en particular reivindicaciones colectivas, el uso del lenguaje puede permitir la eliminación de prácticas de exclusión y estigmatización. Es innegable que el lenguaje influye en la percepción que las personas tienen de la realidad, provocando que los prejuicios sociales, mismos que sirven de base para las prácticas de exclusión, se arraiguen en la sociedad mediante expresiones que predisponen la marginación de ciertos individuos.”

De igual modo, y como ejemplo comparado, tenemos el caso de la Corte Constitucional de Colombia (la cual es reconocida como una de las Cortes más avanzadas en materia de derechos humanos) que en su Sentencia C-078/07 expresó:

“…en principio el control constitucional se ejerce sobre el contenido normativo de una determinada disposición y no sobre el lenguaje escogido por el legislador, la estructura gramatical adoptada o los problemas de técnica legislativa que puedan afectarla. Sin embargo, en algunos casos el uso del lenguaje, la estructura ambigua de las normas u otros problemas de técnica legislativa, pueden comprometer bienes constitucionalmente protegidos y afectar entonces la constitucionalidad de la correspondiente disposición. Uno de estos casos se presenta cuando el legislador utiliza expresiones abiertamente discriminatorias o que comprometen la dignidad o derechos de personas o de grupos poblacionales determinados.”

Con tal razonamiento, la Corte Constitucional claramente expresó que, en ciertas ocasiones, el lenguaje empleado en las normas puede ser de tal impacto que afecte bienes jurídicamente tutelados por el orden constitucional, uno de ellos (el más preciado) es la dignidad que resulta lesionada cuando son empleadas expresiones denigrantes o lascivas en contra de los destinatarios de la norma.

Lo Corte agregó:

“…el lenguaje legislativo tiene no sólo un efecto jurídico-normativo sino un poder simbólico que no puede pasar desapercibido al tribunal constitucional. El poder simbólico del lenguaje apareja un doble efecto: tiende a legitimar prácticas culturales y configura nuevas realidades y sujetos… En esa medida, la lucha por el lenguaje no se reduce a un asunto de estética en la escritura o de alcance y eficacia jurídica de la norma. Se trata de revisar el uso de expresiones que reproducen y/o constituyen realidades simbólicas o culturales inconstitucionales. En ese sentido, el uso de un lenguaje denigrante, discriminatorio o insultante, tiende a legitimar e incluso constituir prácticas sociales o representaciones simbólicas inconstitucionales…”

En cuanto a la necesidad de expulsar una norma del sistema jurídico (sustento de nuestra propuesta), la Corte Colombiana expuso que tal acción resulta procedente cuando “…las expresiones utilizadas resulten claramente denigrantes u ofensivas, que “despojen a los seres humanos de su dignidad”, que traduzcan al lenguaje jurídico un prejuicio o una discriminación constitucionalmente inaceptable o que produzcan o reproduzcan un efecto social o cultural indeseado o reprochable desde una perspectiva constitucional.”

Ahora bien, cuando un ordenamiento jurídico depura aquellas expresiones hirientes de la dignidad humana, se erige como una autentica defensa y guía para el empoderamiento de los grupos históricamente marginados al ser una herramienta que favorece su inclusión en plena igualdad respecto de cualquier otro sector social.

Así, un lenguaje no discriminatorio “…favorece el fomento de actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas [que han sido] víctimas históricas de la discriminación. Cuando este lenguaje inclusivo y no discriminatorio se incorpora a la comunicación institucional del Estado y se expresa en sus documentos (leyes, decretos, resoluciones, planes y políticas, circulares, memos, etc.) la efectividad de la herramienta se potencia por la legitimidad que otorga el aval de su uso oficial.”

La misma Corte Colombiana, en la Sentencia que hemos indicado señaló: “Un lenguaje respetuoso de los valores y principios constitucionales, sin embargo, tiende a poner en evidencia esas prácticas reprochables y a constituir -al menos simbólicamente- un sujeto dignificado.”

En nuestro caso, la propuesta concreta que planteamos a través de esta iniciativa, busca continuar con esta tendencia depuradora de las disposiciones que no contribuyen a lograr la plena igualdad de género y que atentan contra uno de los más preciados derechos y que es la dignidad humana. Esta afectación puede advertirse con claridad al constatar la siguiente disposición del Código Civil Federal:

“Artículo 1679.- No podrá ser albacea el que no tenga la libre disposición de sus bienes.

La mujer casada, mayor de edad, podrá serlo sin la autorización de su esposo.”

La disposición en comento ciertamente constituye un fósil legislativo que no corresponde a nuestra manera de entender e interpretar el derecho contemporáneo. Se trata de una más de las disposiciones que, por desgracia, aún se encuentran dispersas en nuestro ordenamiento legislativo y, aunque el contenido sustancial de la disposición en comento se refiere a un tema que puede no ser de trascendental importancia (no se profundiza en esta iniciativa sobre el  sentido y alcance de la figura del albacea ni sobre la cualidad del sujeto que la desempeña -el que sea hombre o mujer-) más sin embargo, la mera existencia de esta disposición constituye una barrera de orden legislativo, lingüístico y de cultura jurídica que atenta contra la plena igualdad de género.

De este modo, para quien propone esta iniciativa, la disposición en comento (el segundo párrafo del artículo 1679) no encuentra justificación alguna. Si bien es cierto que la disposición indica que la mujer casada, mayor de edad, podrá desempeñar la función de albacea sin el consentimiento de su esposo, la misma resulta innecesaria y revela que, en un tiempo, tal autorización se requería. Aunque en su momento, tal disposición pudo ser un avance en materia de derechos de la mujer (en el sentido de que para la mujer casada, mayor de edad, no se requería el consentimiento para ser albacea), hoy en día su mera permanencia en el Código Civil Federal se concibe como denigrante para la dignidad de la mujer.

Ahora bien, suprimir el segundo párrafo del artículo 1679 podrá no ser cuantitativamente una medida que contribuya a la mayor igualdad, pero el proceso mismo de su supresión, es decir, el mero acontecimiento fáctico de que los órganos legislativos sean impulsados a trabajar en este tema, de que las y los diputados discutan el mismo y que entre a formar parte de la agenda legislativa y de difusión comunicativa constituye el más grande beneficio pues se deja en claro, como directiva a seguir, que el lenguaje de los derechos humanos plenos, inclusivos e iguales para todos, es la regla de oro a la que todo proceder público deberá reconducirse.

Por otro lado, no se desconoce que la legislación afectada, es decir, el Código Civil Federal, y, en concreto, en cuanto a la figura del albacea, no tiene la aplicabilidad tan demandante como lo tendría un Código Civil local y ello obedece a la existencia de 32 Códigos, además del federal, en nuestro país (31 de los Estados y uno del Distrito Federal). No obstante, dado el ámbito competencial y la figura de Estado federado que ha asumido nuestro país, resulta imposible a este Congreso de la Unión modificar las disposiciones de orden local por lo que sólo puede hacerlo en la de ámbito federal. De este modo, con la propuesta de reforma que planteamos buscamos también incidir en el proceder de las legislaturas locales a fin de que emprendan acciones paralelas para que la legislación de todo nuestro sistema jurídico nacional finalmente pueda catalogarse como plenamente igualitario.

Finalmente, debe indicarse que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, ha venido a transformar completamente la estructura misma del Estado, así como la manera de ver y entender al derecho. El artículo 1º Constitucional ha venido con su fuerza creadora a irradiar todo nuestro ordenamiento jurídico bajo la máxima de la mayor protección al ser humano. La disposición que pretendemos derogar resulta claro que no se corresponde con el “contenido axiológico del nuevo ordenamiento constitucional”y, en consecuencia, debe de ser deputada.

Por tanto y con base en todas las consideraciones antes expuestas, nos permitimos someter ante esta Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO

Único. Se deroga el segundo párrafo del artículo 1679 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 1679.- No podrá ser albacea el que no tenga la libre disposición de sus bienes.

Se deroga

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República,
el 22 de junio de 2016.

Dip. Armando Luna Canales.- Dip. Jericó Abramo Masso.

"Para los históricamente marginados la concesión de derechos es un símbolo de todos los aspectos de su humanidad que le han sido negados: los derechos implican un respeto que lo ubica a uno en el rango referencial de "yo" y "otros", que lo eleva del status de cuerpo humano al de ser social" WILLIAMS, Patricia. "La Dolorosa prisión del Lenguaje de los Derechos". En La Crítica a los Derechos. Universidad de los Andes-Instituto Pensar-Siglo del Hombre Editores. Bogotá, 2003. Pág. 55.
GREPPI, Andrea. Concepciones de la democracia en el pensamiento político contemporáneo. Trotta. Madrid, 2006. Pág. 138-139.
Guía para prácticas inclusivas y no discriminación en la función pública.” Secretaría de la Función Pública. Presidencia de la República del Paraguay. Asunción, 2009.Página 48. Disponible en: http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/21655/1/18_guiapracticasinclusivasynodiscriminatoriasfuncionpublica.pdf
Expresión tomada de la Sentencia C-078/07 de la Corte Constitucional Colombiana.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 3O., 27, 28 BIS Y 79 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, Senador FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA ARTÍCULOS 3, 27, 28 BIS Y 79 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La podología es la ciencia que se ocupa del tratado o estudio del pie, así como de las afecciones estructurales y funcionales del mismo. Su actividad comprende acciones de identificación, prevención, tratamiento, pronóstico y atención que conduzca a lograr el bienestar del pie de los pacientes y las manifestaciones sistémicas relacionadas con el pie. Actividad que no rebasa los límites de la cirugía menor, lo cual no requiere ingreso hospitalario.

Las actividades de los profesionales en Podología son las siguientes:

1. Promoción de la salud, diagnostico, prevención y tratamiento de las afecciones y deformidades del pie.

2. Proceso de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo y capacitación del podólogo y de su personal auxiliar.

3. Participar como miembro del equipo multidisciplinario de atención de la salud.

4. Revisar procesos de investigación al objeto de perfeccionar el ejercicio profesional de la podología en el ámbito de la salud.

La Podología es una carrera técnica profesional y/o licenciatura, que se encuentra dentro del área de las Ciencias de la Salud; que cuenta con plan de estudios y asignaturas propias, en la cual su campo de acción se limita exclusivamente al pie; a diferencia de la medicina, que abarca de manera general el cuerpo humano. La podología no sólo se limita a la quiropodología; sino también abarca la orto- podología, la biomecánica de la marcha, la cirugía podológica correctiva de cambios estructurales y anatómicos derivado de la alteraciones biomecánicas del pie, siempre y cuando se trate de un manejo ambulatorio (cirugía menor), además de la podología preventiva, podología física, podología del deporte, podología geriátrica, podología infantil y atención al paciente diabético.

Actualmente, en el país la carrera de podología se encuentra impartida por universidades y escuelas, públicas y privadas, encontrándose algunas dentro de las unidades de las carreras de medicina y de enfermería; además de otras escuelas privadas incorporadas al DEGTI que manejan la carrera sola, donde se entregan títulos directos sin tener que pertenecer a alguna facultad. Esta discrepancia genera una gran incertidumbre; ya que el podólogo cuenta con un Perfil Propio; que lo hace independiente de las áreas de la medicina y de la enfermería. Y que lo incorpora, como parte del equipo multidisciplinario de los servicios de salud.

A lo anterior, y debido a la gran demanda que la población requiere actualmente, los servicios de podología actúan de manera importante, en la atención al paciente diabético; de manera preventiva, adecuada e inmediata. Lo que requiere que el podólogo se encuentre debidamente capacitado, para que cubra la demanda que el país actualmente necesita, sirva de ejemplo la carrera de odontología.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PODOLOGIA EN EL MUNDO

En el año de 2005, las universidades públicas y privadas de los países miembros de la Unión Europea, elaboraron un proyecto denominado "LIBRO BLANCO TITULO DE GRADO EN PODOLOGÍA", en donde presentaban sus diversos criterios en cuanto a la duración de la formación, como a los contenidos curriculares de la carrera de podología, en donde plasmaron un modelo de estudio único que aportara a los objetivos del titulo de podólogo que rige actualmente en los países miembros de la Unión Europea; mismos que están compuestos por los países de: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido y Suecia, concluyeron que el título de podología debía mantenerse, pues es identificativo de la profesión y un referente consolidado que tiene una larga tradición tanto a nivel nacional de cada país e internacional.

La Unión Europea través de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) elaboraron el Libro Blanco Titulo de Grado en Podología, concluyó que la Podología es autónoma a la carrera de medicina y su marco se encuentra regulado por las normas sanitarias de cada país, que regulan al profesional de podología y que servirá para que dicho profesional pueda laborar en cualquier país integrante de la misma.

PODOLOGÍA EN EL CONTINENTE AMERICANO

En Estados Unidos de América, la podiatría no es una especialidad médica, si bien su programa de estudios comparte características con el programa de medicina, no se considera una especialidad médica y se estudia de manera independiente y se obtiene el grado de DPM, (Doctor in Podíatric Medicine) manteniendo también su autonomía y circunscribiendo su campo de acción a las afecciones del tobillo y el pie, incluyendo la cirugía mayor y menor.

En Chile con fecha de 2004 se reconoce la carrera de Técnico Nivel Superior en Podología, siendo reconocido por el Ministerio de salud.

"El ejercicio de la podología está regulado por el Ministerio de Salud del Gobierno de Chile (MINSAL) el decreto supremo No. 951 y sus modificaciones del año 1968, indica que la formación de podólogos contempla un mínimo de 950 horas, de las cuales 380 horas son de teoría y 570 horas de prácticas efectivas y realizadas por escuelas reconocidas por la autoridad sanitaria. También existen técnicos en podología, formados por institutos profesionales o centros de formación técnica reconocidos por el Ministerio de Educación (MINEDUC), desempeñándose principalmente en el sector privado".

En Argentina, la carrera de Podología la imparten universidades públicas y privadas y la coloca en el rubro de tecnicatura profesional en podología, asimismo, universidades regionales se encuentran tramitando la profesionalización de la podología a nivel licenciatura; existen leyes nacionales que señalan que para ser podólogo o pedicurísta, así como en diversas provincias de Argentina cuentan con leyes que regulan la podología, misma que colocan como rama auxiliar de la medicina.

En Uruguay se cuenta con la licenciatura del profesional en podología médica de la Facultad de Medicina y técnicos en podología, contando con leyes que regulan dicha figura.

En Perú el Podólogo al diagnosticar las enfermedades de los pies ordena los tratamientos de las dichas patologías de acuerdo con el estado de la ciencia actual, para eso instaura:

1. Tratamientos farmacológicos: el artículo 77.1 de ¡a Ley 29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, modificada por la Ley 28/2009, señalan al médico, odontólogo y al podólogo cómo únicos pro­fesionales con facultad para recetar medicamentos.

2. Tratamientos orto podológicos: el Anexo del Real Decreto 542/1995 ordena al ortopeda atender la receta del médico y del podólogo.

3. Tratamientos de cirugía podológica: de acuerdo con las especificaciones de los planes de estudio vigentes.

El podólogo es reconocido por la ley como servicio de apoyo médico y lo reconoce como servicios de podología, artículo 85, inciso g) del Reglamento de Estableci­mientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PODOLOGIA EN MÉXICO.

La Podología en México ha tenido un largo trayecto hacia la profesionalizaron, casi ha pasado un siglo (1918-20) desde que surgieron los primeros técnicos empíricos de los cuales tenemos conocimiento.

Se inicia el proceso de profesionalización pasando de una etapa totalmente empírica, a otra en la que se utilizaba instrumental y técnicas más adecuadas para la atención de las afecciones y padecimientos de los pies.

Aun actualmente predomina la preparación y capacitación de los Podólogos a través de familiares, amistades, o facilitadores en consultorios privados, que les aportan conocimientos y técnicas básicas de atención, a veces de manera muy deficiente y con un sentido "practico", otras más en las que el mismo interesado refuerza sus conocimientos de manera autodidacta.

Posteriormente serán avalados por las Asociaciones o Agrupaciones mediante diplomas o reconocimientos por asistir a pequeños cursos o congresos organizados por estas.

Cabe hacer mención que no obstante la escasez de escuelas para aprender podología. A través de cursos, congresos y diplomados organizados por las asociaciones, así como la práctica autodidacta. Esto ha permitido que el podólogo Mexicano tenga conocimiento de los alcances que la podología ha tenido en otros países, lo que le ha representado avances relativos y un medio muy heterogéneo.

Desde 1981 cuando se formó la primer Asociación de Podólogos en México, han surgido varias Asociaciones en diferentes estados de la República.

Son ellas quienes avalan y legitiman todo lo que se hace en materia de capacitación o certificación y han impulsado la creación de carreras en algunas Escuelas y Universidades.

Cabe mencionar que hay un sector de la población que se ostentan como podólogos mediante la certificación por competencia laboral, la que se obtiene a través de convenios con organismos certificadores como; el CONOCER (SEP. /ST.). Lo que les permite tener reconocimiento para laborar dentro del área de podología, pero no cumplen con los programas académicos establecidos; y no cuentan con titulo y con cédula profesional.

Desde el año 2012, la Secretaria de Salud del Gobierno del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México) a través de la Agencia de Protección Sanitaria junto con la Asociación de Podología del ANAHUAC A.C. y la Escuela Podológica de México empezaron a trabajar conjuntamente para elaborar los Lineamientos SANITARIOS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PODOLOGÍA DE PACIENTES AMBULATORIOS, que regularan las actividades del podólogo en la Ciudad de México, firmándose el convenio entre las partes el 24 de julio del 2015, misma que actualmente se encuentra en revisión para su publicación.

Para demostrar de manera clara la importancia de la podología se muestra el siguiente cuadro de semejanzas y diferencias entre el Médico, Odontólogo y Podólogo donde se aprecia que hay una gran semejanza, los tres pertenecen al área de la salud, destacando la gran diferencia con que cuentan cada una en su campo de competencia y de acción.

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE EL MÉDICO, ODONTÓLOGO Y PODÓLOGO

Médico

Odontólogo

Podólogo

Estudia una carrera universitaria (Lie. Médico cirujano o Medicina General) y cuenta con un título y cédula profesional.

Estudia una carrera universitaria (Lie. Cirujano dentista) y cuenta con un título y cédula profesional.

Estudia una carrera técnica universitaria y/o carrera universitaria (Téc. Y Lie. En Podología) y cuenta con un título y cédula profesional.

Campos de acción de la profesión: Instituciones de salud  pública y privadas, empresas, industria, consultorio e Instituciones educativas públicas y privadas.

Campos de acción de la profesión: instituciones de salud pública y privadas, empresas, industria, consultorio e Instituciones educativas públicas y privadas.

Campos de acción de la profesión: Instituciones de salud pública y privadas, empresas, industria, consultorio e instituciones educativas públicas y privadas.

Perfil Profesional: profesional capaz de responder a las necesidades de salud de la comunidad y de los individuos que la componen, utilizando procedimientos teóricos-metodológicos y técnicos para estudiar el proceso salud-enfermedad, realizar diagnósticos oportunos, proponer tratamientos, así como indicar y dirigir medidas preventivas y de rehabilitación.

Perfil Profesional: el cirujano dentista, es el profesional capacitado para promover la salud buco-dental de la población, a través de labores preventivas y curativas, mediante un óptimo uso de recursos clínicos y de  laboratorio para establecer un adecuado diagnóstico, pronostico, plan del tratamiento y su ejecución.

Perfil Profesional: el Podólogo, es el profesional capacitado en la promoción de la salud podológica a través del diagnóstico, prevención y tratamiento de las afecciones y deformidades de los pies, mediante recursos clínicos y de radiodiagnóstico, para un tratamiento; oportuno, correcto y adecuado en cada caso.

Observación: La inclusión de la profesión de la Odontología en este cuadro comparativo, sirve para demostrar que hay profesiones de la salud que se encuentran coadyuvando con el área de la medicina, pero no pertenecen a esta, toda vez que se cae en el error de que no todo lo que tiene que ver con la salud de las personas en cualquiera de sus miembros u órganos pertenecen a la medicina, tal es el caso de la odontología.

El profesional de podología realiza acciones de promoción de la salud, prevención, control y tratamiento de las enfermedades y deformidades de los pies; figurando entre sus competencias aquellas actuaciones terapéuticas sobre el mismo, que pertenecen a la cirugía menor y que comprenden de técnicas quirúrgicas reguladas, orientadas al tratamiento de ciertas afecciones, bajo anestesia local, en régimen ambulatorio, sin problemas médicos coexistentes de riesgo y que habitualmente no requiere de reanimación postoperatoria.

Actualmente, el podólogo cuenta con un título expedido por instituciones educativas tanto a nivel técnico como a nivel licenciatura, y con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones dependientes de la Secretaria de Educación Pública (SEP), mismas que los facultan para ejercer la podología, Resaltando que en los últimos años, el personal de podología ha sido reconocido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (1SSSTE), y del Sector de Salud Pública y Privada, como parte del grupo multidisciplinario de salud; pero al carecer de personalidad y sustento jurídico que lo regulen, se encuentra limitado su campo de acción y de operación, aunque en la realidad, esta es ejercida por los podólogos, ya que si bien, no hay una ley que les faculte, tampoco hay una ley que les prohíba o limite, por lo que se ejerce sin alguna protección y regulación jurídica; por ¡o consiguiente, el presente proyecto de modificación de los artículos que se señalan de la Ley General de Salud, tiene como finalidad dotar de personalidad jurídica a la podología, misma que será el punto de partida para que el técnico y profesional de Podología cuenten con un cuerpo de leyes, normas y reglamentos que los regule.

La propuesta de modificación de los artículos 3, 27, 28 BIS y 79 pretende otorgar capacidad legal y jurídica al profesional en materia de podología, toda vez que dicha profesión actualmente es impartida por distintas Instituciones Universitarias públicas y privadas, a nivel Técnico Profesional y de Licenciatura, quienes expiden Título Profesional; siendo la Dirección General de Profesiones dependiente de la SEP quien otorga la Cédula respectiva.

La carrera del profesional en podología está basada en los conocimientos técnicos y especializados dirigidos a las afecciones estructurales y funcionales del pie. Su actividad comprende acciones de promoción de la salud, identificación, prevención, procedimientos técnicos y/o quirúrgicos especializados, diagnóstico, tratamiento y atención que conduzca a lograr el bienestar de los pies de los pacientes.

El podólogo ejerce su actividad sin que esta se encuentre regulada por una ley o norma, lo que provoca que en el ámbito de !a podología aparezcan o trabajen personas sin los conocimientos técnicos científicos y especializados que "no" cuentan con un título profesional expedido por alguna Institución Educativa que imparta la carrera de podología, por lo consiguiente no cuenta con cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones; lo que provoca un estado de incertidumbre legal y jurídica tanto para la persona que ejerce y presta un servicio podológico que se encuentra ilegalmente facultado para ejercer su profesión, así como la falta de protección jurídica y sanitaria a la que se ve sometido el paciente o la persona a la que se le realiza un procedimiento podológico. Además de que los establecimientos cuenten con los requisitos sanitarios y de salubridad necesarios e indispensables para prestar e! servicio podológico.

La podología actualmente está integrada en instituciones de salud pública como SSA, IMSS e ISSSTE; que han reconocido a dicha profesión como parte del equipo multidisciplinario de salud; y que coadyuvan con el ejercicio clínico de varias áreas de la medicina como son la dermatología, ortopedia, angiología, infectología, endocrinología, medicina interna, medicina familiar, medicina general, y medicina del deporte (rehabilitación).

OBJETIVOS GENERALES DE LA PROPUESTA

Por lo manifestado anteriormente se considera necesario establecer a la podología en los artículos 3, 27, 28 Bis y 79, 27, 28 BIS y 79, en los cuales se pretende modificar y establecer, para que el Podólogo se encuentre debidamente facultado para ejercer su profesión y trabajo; y el paciente o la persona que reciba el servicio de podología cuente con una certeza jurídica de quien lo está atendiendo; lo que provocará recibir una atención podológica de calidad que mejorará su salud y su calidad de vida.

La propuesta es el primer punto de partida, ya que el segundo paso a seguir es la creación de la norma oficial mexicana que establezca los métodos, técnicas y criterios de operación del Sistema Nacional de Salud, con base en los principios de la prevención podológica, a través de la operación de acciones para la promoción de la salud, identificación, prevención, procedimientos técnicos y/o quirúrgicos especializados, diagnóstico, tratamiento y atención de los miembros inferiores (píes); en especial a los pacientes diabéticos (píe diabético).

De tal modo que resulta imperante que la podología cuente con un marco jurídico, que regule su campo de acción; que el podólogo este facultado para aplicar anestesia tipo local así para prescribir medicamentos controlados (Antibióticos) dentro de su área de competencia.

Tomando en cuenta que, según datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud existen 347 millones de personas con diabetes, que México ocupa el octavo lugar a nivel mundial en la prevalencia de dicha enfermedad y que a nivel continente ocupamos el tercer lugar, que a partir del año 2000 esta enfermedad es la principal causa de muerte en nuestro país y que en muchas ocasiones complicaciones con esta enfermedad terminan con una amputación en pies o miembros inferiores, se hace aún más relevante el quehacer podológico, ya que gran parte de las personas que acuden a estos establecimientos padecen este tipo de afección o alguna otra enfermedad como son la insuficiencia circulatoria y problemas dermatológicos, en los cuales se deben extremar las medidas al realizar procedimientos podológicos que comprometen no solo el pie sino todo el miembro inferior en su conjunto, ya que si bien es cierto, que este tipo de población es atendida por la rama médica, existen factores que pueden ocasionar algún problema a la salud de los pies como son:

1. Un mal corte de uñas,

2. Una callosidad mal tratada,

3. El uso de zapatos inadecuados,

4. Una lesión que inicia sin que el paciente lo detecte,

5. El no querer invertir dinero al acudir a un establecimiento adecuado para tratar de quitar una uña enterrada o cualquier otra afección del pie.

BENEFICIARIOS

Al establecerse la presente propuesta de modificación de los artículos 3, 27, 28 BIS y 79 de la Ley General de Salud como beneficiarios directos tenemos en primer término:

1. Al técnico y profesional en podología que cuenta con el título profesional correspondiente al técnico profesional y profesional expedido por la Institución Educativa en donde estudiaron y la cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de !a Dirección General de Profesiones, para que pueda ofrecer y prestar sus servicios de manera legal y jurídica, toda vez que al estar sometido .a la presente Ley tendrá derechos y obligaciones, así como la protección de las mismas, siendo reconocido tanto por las autoridades de salud como un profesionista que cuenta con los conocimientos técnicos especializados para ejercer dicha profesión.

1. El Paciente, ya que el mismo al hacer uso de los servicios otorgados por el técnico profesional y por el profesional en podología tendrá la certeza lega! y jurídica de quien lo atiende, cuenta con los conocimientos técnicos especializados que le ayudaran a tener una mejor calidad de vida, así como en caso de una mala atención podrá hacer uso de las aplicaciones de sanciones que se estipularan en el marco jurídico por un mal servicio o mala práctica profesional.

2. Por cuanto al paciente diabético, el podólogo cuenta con los conocimientos técnicos especializados para realizar una adecuada atención preventiva podológica respecto al píe diabético y en casos graves realizando las técnicas adecuadas para el salvamento del miembro inferior, logrando con esto, que el paciente diabético se beneficie tanto en el aspecto físico, ya que al contar con sus miembros inferiores es independiente y se vale por si mismo, y en el aspecto psicológico se encontrara el paciente sin un estado depresivo, en casos graves los lleva a dejarse morir o al suicidio.

Por lo que con lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a consideración de esta Soberanía la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 3, 27, 28 BIS Y 79, DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3, 27, 28 BIS y 79 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. … a la XXII. …

XXIII. El control sanitario del proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación y disposición final de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos y de uso Podológico;

XXIV. … a la XXVIII. …

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. … a la XI. …

XII. La prevención, control y rehabilitación de enfermedades del pie, especialmente a personas con enfermedades crónico degenerativas

Artículo 28 Bis.- Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son:

1. … al 3. …

3. BIS. Podólogos, en el área de su competencia;

4.al 5.

Artículo 79. Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y Podología, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, y Podología, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República,
el 22 de junio de 2016.

Atentamente

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo.

REFERENCIAS
LIBRO BLANCO Título de Grado en Podología. Agencia Nacional de Evaluación y de la Calidad y Acreditación. Pags.12-17.
LIBRO BLANCO DE LA PODOLOGÍA EN ARAGÓN. Pags.7-12.
PERFIL DEL MEDICO CIRUJANO. UNAM.
PERFIL DEL UC.CIRUJANO DENTISTA. UNAM.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 245 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Diputado Enrique Zamora Morlet, del grupo parlamentario del PVEM)

Quienes suscriben, ENRIQUE ZAMORA MORLET, Diputado Federal del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 245, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Salvia Divinorum es una de las diversas especies de Salvia que existen, una variante de esta se utiliza para darle sabor a la comida; esta planta pertenece a la familia de la menta.

También es conocida como “Ska Pastora”, “Ska María”, “Hierba María”, "Hierba de los Dioses", es originaria del sur de México, y más concretamente de la sierra de Oaxaca. Es usada en rituales espirituales por los indígenas de la Sierra Mazateca (Valdés et al. 1987). Por lo tanto, Salvia Divinorum es considerada como una hierba de gran alcance con valor medicinal y espiritual dentro del contexto indígena; ellos utilizan la Salvia para el tratamiento de la irregularidad intestinal, dolores de cabeza y el reumatismo, entre otros males, aunque el uso médico es menos común que su utilización para la adivinación (Valdés, Díaz & Paul, 1983). Sin embrago, como ha ocurrido con otras sustancias (peyote, por ejemplo), los rituales tradicionales con alucinógenos han sido transformados en rituales con fines recreativos.

La Salvia Divinorum es un arbusto alto, con tallos huecos y cuadrados, y con hojas ovaladas, que también pueden ser dentadas, y tienen entre diez y treinta centímetros de longitud.

El principio activo de la Salvia Divinorum es la Salvinorina A y presenta una acción farmacología única, es un agonista receptor opioide Kappa no nitrógeno que es el principal responsable del efecto alucinógeno de la droga. A diferencia de los alucinógenos, no es un alcaloide, es decir, su molécula no contiene nitrógeno y de hecho se dice que es el primer agonista opioide no nitrogenado de origen natural aunque sus efectos psicomiméticos son similares a los agonistas serotoninérgicos (LSD) y antagonistas de NMDA de glutamato (PCP).

Efectos ocasionados por la Salvia Divinorum

Los efectos de la Salvia Divinorumque se producen en el individuo alteran las percepciones de manera significativa, poniéndolo en riesgo con un sólo evento de consumo. En los seres humanos la Salvinorina A induce alucinaciones profundas a corto plazo. La inhalación equivalente a entre 200 y 500 microgramos dosis de Salvinorina A conduce a la pérdida de control del movimiento físico (discapacidad), risa, alucinaciones, colorido a menudo extraño, parecido a un sueño o una película. Los límites temporales entre el pasado, el presente y el futuro desaparecen, el consumidor se transporta a una dimensión alternativa temporal y espacial (dislocación espacio-temporal) con la impresión de estar en varios lugares al mismo tiempo.

Cuando es consumida en altas dosis, las consecuencias pueden ser aterradoras y llegar a causar trastornos psicóticos graves. Se ha informado que pueden pasar varias horas antes de que las alucinaciones desaparezcan. Los efectos secundarios más comunes incluyen fatiga, mareos y amnesia.

Otros síntomas que se pueden presentan por el consumo inmoderado de esta planta suelen ser la despersonalización, risa histérica, la sensación de ser otra persona o algún animal, la sensación de estar en diversos lugares al mismo tiempo, percibir que levitan y poseer el sentido de auto-conciencia. También indican que estos efectos comienzan aproximadamente a 5 minutos de haber consumido la salvia y desaparecen 30 minutos después, dependiendo de la vía de administración (Siebert, 1994).

Al ser de fácil acceso a través de Internet, la Salvia Divinorum ha adquirido una popularidad enorme entre los adolescentes de todo el mundo. La Salvia Divinorum constituye una sustancia sobre la cual los usuarios deben ser informados y sus efectos a largo plazo deben ser evaluados. La Salvia Divinorum y su principio activo Salvinorina A no aparecen en las listas de los convenios de la Organización de las Naciones Unidas sobre las drogas.

Sin embargo, en los últimos años la Salvia Divinorum y su principio activo comenzaron a ser monitoreados en el contexto de la legislación sobre drogas en países como Bélgica, Dinamarca, Italia, Letonia, Lituania, Rumania, Suecia, Australia y Japón. Asimismo, los estados de Arkansas, Georgia y Florida han aprobado su propia legislación dentro de los Estados Unidos (en algunos casos, si se descubre que se tiene en posesión se pueden alcanzar sancionados de hasta cinco años de prisión).

Estudio de Derecho Comparado

Países como Croacia, Alemania, Polonia y España han colocado a la planta bajo control. Mientras que en Estonia, Finlandia y Noruega, la Salvia Divinorum cae bajo la legislación de fármaco. Por último, la venta de Salvia Divinorum sin autorización es ilegal en Canadá, de acuerdo a la regulación de los productos naturales para la salud.

En Chile se encuentra prohibida su siembra, plantación, cultivo o cosecha desde febrero de 2008; calificándose como especie vegetal productora de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, de acuerdo al artículo 5° del decreto N° 867 de 2007. Sin embargo, su consumo estrictamente personal no se encuentra penalizado, como sucede con el resto de las drogas.

La Lista Federal de Sustancias de la DEA hizo que se colocara en el año 2003 a la Salvia Divinorum en su “Lista de narcóticos y drogas peligrosas”. Las complicaciones que se relacionan con la forma en la que se aplica la ley en Estados Unidos hablando de la Salvia Divinorum en su nivel federal, hacen referencia a cuestiones derivadas de investigaciones científicas. Como se ha señalado anteriormente, el aspecto único de la Salvinorina A vinculado a los receptores opioides kappa ha avivado el interés por sus posibles efectos positivos sobrela salud dentro de la comunidad médica, pues se argumenta que la colocación en el programa federal puede inhibir la investigación y el desarrollo de los usos médicos potencialmente valiosos para la sustancia (Griffin, Miller &Khey2008). En la actualidad la sustancia permanece sin restricciones en gran parte de los Estados Unidos.

Panorama Epidemiológico y Contexto Internacional

El Informe de la Comisión Nacional Contra las Adicciones de la Secretaría de Salud señala el panorama epidemiológico y el contexto internacional de las sustancias potencialmente adictivas, sin embrago, la información que se proporciona sobre el alcance y el uso de la Salvia Divinorum es limitada.

En el Informe Mundial sobre Drogas 2013 se reporta a la Salvia Divinorum dentro de las nuevas sustancias psicoactivas que pueden tener consecuencias mortales para sus consumidores pero que son difíciles de fiscalizar, con productores y “líneas de productos” dinámicos en continua evolución que han hecho su aparición en los últimos diez años.

En mayo de 2013, el diario británico The Daily Telegraph informó que Hester Stewart, una adolescente inglesa, murió después de consumir salvia, la cual compró a través de una popular página de internet (Amazon UK). La madre de Hester mandó una carta a la compañía para pedirles que dejen de vender el producto.

Contexto Nacional

En México, al ser una sustancia legal, la Salvia Divinorum se puede encontrar con facilidad porque los sistemas de información no reportan datos significativos sobre la incidencia y prevalencia del consumo de la misma. Sin embargo, la Comisión Nacional contra las Adicciones ha levantado una alerta epidemiológica a través del Observatorio Mexicano de Alcohol, Tabaco y otras Drogas, con lo cual se ha empezado a monitorear del consumo de esta sustancia a nivel nacional.

La Secretaría de Salud a través de la Comisión Nacional Contra las Adicciones realiza una referencia para que se tomen las acciones pertinentes con la finalidad de reducir la demanda de la Salvia Divinorum en nuestro país.

Lo que se pretende es que sea incluida en el listado de sustancias con efectos psicotrópicos que se encuentran previstas en el artículo 245 de la Ley General de Salud, en la fracción I.

Finalmente es preciso señalar que en la actualidad el consumo de la Salvia Divinorum no se encuentra regulado en nuestro país, ni existen estudios científicos encaminados a conocer los efectos secundarios que la misma puede causar al cuerpo humano, partiendo del supuesto de que esta sustancia sea consumida con regularidad, sin embargo, algunos países como Estados Unidos de América, Chile, Croacia, Alemania, Polonia y España ya tienen normas jurídicas encaminadas regular su uso.

En consecuencia, es de suma importancia tener en consideración el momento político y social, que impera actualmente en el país y avanzar hacia la regulación de esta sustancia, impulsando al mismo tiempo una investigación profunda respecto de los beneficios médicos y recreativos que puede tener el consumo de la Salvia Divinorum, con objeto de que, en el corto, mediano y largo plazos, la sociedad mexicana y el Sector Salud no se enfrenten ante un problema de salud pública.

En virtud de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 245 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ARTÍCULO ÚNICO.-Se reforma la fracción I del artículo 245 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las sustancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:

I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son:

Denominación
Común Internacional

Otras Denominaciones
Comunes o Vulgares

Denominación
Química

CATINONA
MEFEDRONA

NO TIENE
4- METILMETCATITONA

(-)-a-aminopropiofenona.
2-methylamino-1ptolylpropan-1-one

NO TIENE

DET

n,n-dietiltriptamina

NO TIENE

DMA

dl-2,5-dimetoxi-a-metilfeniletilamina.

NO TIENE

DMHP

3-(1,2-dimetilhetil)-1-hidroxi-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H dibenzo (b,d) pirano.

NO TIENE

DMT

n,n-dimetiltriptamina.

BROLAMFETAMINA

DOB

2,5-dimetoxi-4-bromoanfetamina.

NO TIENE

DOET

d1-2,5-dimetoxi-4-etil-a-metilfeniletilamina.

(+)-LISERGIDA

LSD, LSD-25

(+)-n,n-dietilisergamida-(dietilamida del ácido d-lisérgico).

NO TIENE

MDA

3,4-metilenodioxianfetamina.

TENANFETAMINA

MDMA

dl-3,4-metilendioxi-n,-dimetilfeniletilamina.

NO TIENE

MESCALINA (PEYOTE; LO-PHOPHORA WILLIAMS II ANHALONIUM WILLIAMS II; ANHALONIUM LEWIN II.

3,4,5-trimetoxifenetilamina.

NO TIENE

MMDA.

dl-5-metoxi-3,4-metilendioxi-a-metilfeniletilamina.

NO TIENE

PARAHEXILO

3-hexil-1-hidroxi-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6h-dibenzo [b,d] pirano.

ETICICLIDINA

PCE

n-etil-1-fenilciclohexilamina.

ROLICICLIDINA

PHP, PCPY

1-(1-fenilciclohexil) pirrolidina.

NO TIENE

PMA

4-metoxi-a-metilfenile-tilamina.

NO TIENE

PSILOCINA, PSILOTSINA

3-(2-dimetilaminoetil)
-4-hidroxi-indol.

PSILOCIBINA

HONGOS ALUCINANTES DE CUALQUIER VARIEDAD BOTANICA, EN ESPECIAL LAS ESPECIES PSILOCYBE MEXICANA, STOPHARIA CUBENSIS Y CONOCYBE, Y SUS PRINCIPIOS ACTIVOS.

fosfatodihidrogenado de 3-(2-dimetil-aminoetil)-indol-4-ilo.

NO TIENE

STP, DOM

2-amino-1-(2,5 dimetoxi-4-metil) fenilpropano.

TENOCICLIDINA

TCP

1-[1-(2-tienil) ciclohexil]-piperi-dina.

NO TIENE

THC

Tetrahidrocannabinol, los si-guientes isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas.

CANABINOIDES
SINTÉTICOS

K2

NO TIENE

TMA

dl-3,4,5-trimetoxi--metilfeniletilamina.

PIPERAZINA TFMPP

NO TIENE

1,3- trifluoromethylphenylpiperazina

PIPERONAL O HELIOTROPINA

ISOSAFROL

SAFROL

CIANURO DE BENCILO

SALVIA DIVINORUM

SKA PASTORA
SKA MARÍA
HIERBA MARÍA
HIERBA DE LOS DIOSES

Salvinorina-A

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 22 de junio de 2016.

Suscribe

Dip. Enrique Zamora Morlet.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT)

LAYDA SANSORES SANROMAN, Senadora de la Republica de la LXIII Legislatura del H Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo con fundamento en los artículos 71, fracción II ,73. fracciones XXIX-H, XXIX-V y 79 fracción I de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, articulo 164, fracción 1, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía: Así como en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 21 22, 25, 87 y 91 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, fracción I Reglamentada del Apartado B) del artículo123 Constitucional;

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La corrupción en México sigue incrementándose y presentando cifras alarmantes:

De acuerdo con cifras del Banco Mundial, México pierde cerca de 520 mil millones de pesos al año mientras que el INEGI las calcula en un monto de $347 mil millones, ambas cifras aunque distintas representa subjetivamente una parte de la negra cifra real de las pérdidas económicas que sufre nuestro país por causa de la corrupción.

El banco de México y el Banco Mundial coinciden en que la corrupción equivale al 9% del producto nacional bruto.

*José Luis Antón Alvarado. Forbes sección economía y finanzas 26 de mayo 2016

Benjamín Hill Mayoral. Los ciudadanos contra la corrupción imaginemos un México integro 1http/www.pweglobal.com7fr/pwc_pdf/PWC_100068_opacity_index.pdf 2www.transparencia mexicana.org.mx

El 30% del valor de todas las compras de gobierno, aproximadamente, no se aplica correctamente en beneficio de los mexicanos a causa de la corrupción.

Más de 8,500 millones de dólares en inversión extranjera directa nunca llegan a México por motivos de falta de transparencia.

Cada año los mexicanos pagamos más de 23 mil millones de pesos en mordidas para poder realizar un trámite ante el gobierno.

Las familias con menores ingresos dedican cerca del 14% de sus ingresos al pago de mordidas, por lo que podemos decir que la corrupción afecta más a los que menos tienen.

La corrupción daña la calidad y la cobertura de los servicios públicos que ofrece la administración pública y los avances en educación, salud, vivienda, transporte, seguridad pública, etc.

La Corrupción, fomenta menos ingreso, menos inversión, menos empleo y menos oportunidades de desarrollo.

Percepción de la Población Sobre la Corrupción en México INEGI

En 2014, 26.4% de la población percibió el fenómeno de la corrupción como uno de los tres problemas de mayor preocupación; mientras que en el caso de las unidades económicas esta proporción fue 17.0%

La percepción de la corrupción fue diferente según el tamaño de localidad; 29% de la población en zonas urbanas la ubicó como uno de los tres problemas que más le preocupan, mientras que en zonas rurales esta proporción fue de 16.5%.

En 2013, 89.7% de la población refirió percibir que los actos de corrupción ocurren frecuentemente en las policías, seguido de los partidos políticos, donde 84.4% percibe que la corrupción es una práctica frecuente.

En 2013, la tasa de prevalencia de corrupción fue de 12.1% de la población de 18 años y más. Del total de experiencias de corrupción generadas por el contacto presencial con algún servidor público, el 50.6% se dio en la interacción con autoridades de seguridad pública.

*percepción de la población en México 2014 tabulados 51 en la página del INEGI http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabulados basicos/tabdirecto.aspxc=33685 *OCDE (2011) estudios económicos de la OCDE: México 2011. OECD publishing. http//dx.doi.org/10.1787/9789264115934.es

Que la corrupción se presenta principalmente
mediante dos actores el público y el privado:

Que la desviación de recursos públicos es injusta y contribuye al aumento de la desigualdad social en virtud de que la inmoralidad también conocida como corrupción que produce sectores marginados o condenados a la pobreza.

Queen los actos de corrupción participan dos partes para realizar la operación: el corruptor y el corrompido. Uno realiza una tarea o función y otro necesita o requiere del servicio.

Que como cualquier intercambio, la corrupción requiere de dos actores: un comprador y un vendedor.

Que es de conocimiento general que el comprador del sector privado paga un soborno al vendedor del sector público para obtener algo valioso.

Que lugares comunes de corrupción son las áreas de compras, adquisiciones, aduanas, permisos, procesos judiciales entre otros.

Por lo tanto debemos prevenir, identificar y sancionar las redes de la corrupción, impidiendo que quienes las conforman puedan seguir medrando las atribuciones y los recursos públicos.

La corrupción en México un lastre que avanza y daña a todos.

Que la acumulación de bienes y riquezas obtenidas de manera ilícita tarde que temprano cobran facturas que muchos poderos hoy han sufrido de manera personal o familiar ante un México convulsionado por la desigualdad que ha buscado mediante la delincuencia el equilibrio de su desesperación; que esto no justifica a unos y a otros solo representa un mal generalizado que no ayuda a nadie mucho menos a una sociedad que ha escrito su propia historia con su Independencia, su Revolución, su Solidaridad en el 85, y los múltiples cambios en sus elecciones democráticas a lo largo de la República demostrando su sed de cambio y evolución por un México mejor, donde la justicia el progreso la igualdad social sean su reconocimiento mundial, la oportunidad se presenta y nada justificaría su falta de aprobación de equilibrio y transparencia en la ley.

PLANTEAMIENTO

La Reforma Constitucional estableció que en el combate a la corrupción además de comprender las conductas de los servidores públicos contemplara como sujetos de responsabilidad a los particulares, personas físicas o morales, tomando en cuenta que las posibles conductas irregulares sean realizadas por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y pretendan obtener mediante tales conductas beneficios para la persona moral.

Los particulares no se encuentran comprendidos en la noción de servidores públicos pero sus conductas tienen una antijuridicidad que daña los bienes propios de la de la administración pública en detrimento del patrimonio público.

Considerando que las definiciones deben de ser preventivas antes que correctivas y sancionadoras, se tomó en cuenta la Reforma Constitucional de Combate a la Corrupción establecida y publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de mayo del 2015 que establece con claridad lo siguiente:

Título Cuarto

De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado.

*Los diez libros de la ética o morales de Aristóteles escritos a su hijo Nicómaco. Traducción por Pedro Simón Abril. Libros en la red edición electrónica 2001*.El político y el científico de Max Weber documento basado en las dos conferencias que dio sobre el tema.*libro VII “La Republica” la caverna de Platón. Diccionario de filosofía doc. Ferrater Mora 1979.

Si tomamos en cuenta que la corrupción con recursos públicos a evolucionado en complejas redes delincuenciales, que se organizan para obtener un provecho derivado del ejercicio de las atribuciones de los servidores públicos del manejo y uso de los recursos otorgados al servicio público y que la desviación de los mismos, causa siempre un daño al interés general y al patrimonio público.

Por lo tanto estas redes están integradas por dos sectores el público y el privado ,entonces es necesario conocer y trasparentar al escrutinio público y fiscal la evolución patrimonial de todos los involucrados servidores públicos y empresas privadas representadas por personas físicas o morales, cuando estas últimas obtengan contratos o por cualquier otro procedimiento administrativo de asignación que sea solventado con recursos públicos con la finalidad de transparentar la honestidad de las transacciones.

Que la evidencia de ese provecho ilícito no debe buscarse solamente en el enriquecimiento inexplicable, en favor del patrimonio personal o de los intereses o en la fiscalización de la declaración de impuestos, de los servidores públicos que las medidas deben de ser integrales para un ataque frontal a todos los participantes sin exclusiones por lo que ambos actores públicos y privados deben de sujetarse a las mismas reglas jurídicas establecidas en la ley por lo que es necesario que los particulares personas físicas o morales presenten al inicio y final de cualquier celebración de contrato o procedimiento administrativo que involucre recursos públicos su declaración patrimonial de intereses y fiscal.

Que la fragmentación normativa ha propiciado la ineficacia del combate a la corrupción por lo que el equilibrio de la justicia no estará completo si se deja fuera esta obligación que tiene el sector privado al obtener recursos públicos para el crecimiento de su progreso privado a costa del detrimento de la sociedad mexicana su economía su evolución y paz social.

Por lo que la obligación de los sujetos particulares, personas físicas o morales de presentar los tres documentos; declaración patrimonial, de interés y fiscal debe de ser integrada dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

OBJETIVOS Y BENEFICIOS

Pretender someter a los hombres sólo por la fuerza del poder, por medio de la ley o por distintos controles externos, no es el mejor camino para evitar la corrupción y las actitudes. Los cambios en las actitudes de sujetos particulares y servidores públicos hacía una mejora en la calidad de los servicios e instituciones no se pueden forzar desde fuera, deben surgir de ellos mismos, proceden del “despertar” como dijera Aristóteles, o del “salir de la caverna” Platón.

La presentación de los tres documentos en los cuales se registran los bienes adquiridos, el quien está involucrado con esos bienes, y la declaración de impuestos de lo que se obtiene, pretende dar la oportunidad a los sujetos particulares de regular su propio autocontrol de conducta en un acto de Ética pública que trata sencillamente de una ética aplicada y puesta en práctica en el ámbito público, la cual implica un cambio esencial en las actitudes de cada individuo que se traduce en actos concretos orientados hacía el interés público. En palabras de Weber implica lograr una “ética de la responsabilidad”.

Que la ética pública debe sanearse a partir de criterios equilibrados que permitan que los mexicanos con poder regresen al camino de la normalidad social.

Que la honestidad sea el baluarte de los mexicanos ante el bien común.

Que los actos limpios entre los mexicanos permitan nuevamente a mirarse entre iguales con orgullo.

Todo gobierno, para mantener una eficiente administración, debe contar con individuos íntegros.

El cumplimiento de estas medidas conforme a la ley, deberán de derrotar a la corrupción, para que las familias mexicanas con menos ingresos obtengan un aumento en sus ingresos.

En la medida en que la Ley sea eficaz y efectiva, su función disuasiva incentivará comportamientos responsables y comprometidos, los recursos públicos tendrán una mejor probabilidad de emplearse en la ampliación y mejora de los servicios públicos, educación, salud, vivienda, y oportunidades, contribuyendo a la evolución de un México de progresista.

POR LO ANTERIOR SE PRESENTA ELSIGUIENTE;

PROYECTO DE DECRETO

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos(Texto Vigente)

Propuesta de Adición

Título Cuarto

De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado.

Artículo 108. ...

...

...

...

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.

Título Cuarto

De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado.

Artículo 108. ...

...

...

...

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.

…Los particulares personas físicas y morales que mediante algún procedimiento administrativo o contrato obtengan recursos públicos al inicio y termino de las fechas pactadas estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial de intereses y fiscal ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.

Decreto por el por el que se reforma y adiciona el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Primero y único.- Se adiciona párrafo al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial De La Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República,
el 22 de junio de 2016.

Sen. Layda Sansores San Román.

 

 





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

(Presentada por el Diputado Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena)

El que suscribe, Diputado JUAN ROMERO TENORIO, integrante del grupo parlamentario de MORENA a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de ésta Soberanía, la presente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La propuesta que se presenta para modificar el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, atiende a las razones que expone la Procuradora de la Defensa del Contribuyente, siendo las siguientes:

I.- El Juicio Contencioso Administrativo Federal en la vía sumaria que se tramita ente el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, fue implementado en nuestro sistema de impartición de justicia administrativa federal el ocho de agosto de dos mil once, fecha en que entró en vigor. Esta modalidad del juicio de nulidad, tiene como característica principal que los litigios se sustancien de manera más rápida, abreviando los plazos que tradicionalmente estaban previstos para cada una de las etapas procesales que corresponden a la instrucción y resolución de los mismos, e inclusive, permitiendo que la sentencia definitiva sea emitida de forma unitaria por el propio Magistrado Instructor, produciendo que la misma tenga el carácter de un fallo terminal para las partes en conflicto.

Conforme a las consideraciones que la Comisión de Hacienda expuso en la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se instauró el Juicio Contencioso en la vía sumaria, su implementación encuentra sustento en los principios constitucionales de impartición de justicia pronta y expedita que resguarda nuestro artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La vía sumaria se implementó bajo la idea de establecer plazos menores, y así instaurar mecanismos que aseguran la impartición de justicia de forma objetiva, imparcial y sin dilación, fortaleciendo el Estado de Derecho que debe imperar en el sistema jurisdiccional del Contencioso Administrativo a nivel federal.

Esta vía sumaria fue diseñada para tramitar y resolver asuntos sencillos que no requieren de mayor dilación pues no representan mayor complejidad tanto para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como para las partes, adoptando como criterio para determinar esa complejidad, la cuantía del asunto. Lo anterior, incluso dando cumplimiento a la tutela judicial efectiva instituida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la que el Estado Mexicano es parte, que en su artículo 25/1 establece la obligación para los Estados miembros de establecer el derecho a una garantía judicial específica destinada a proteger de manera efectiva a las personas frente a la violación de sus derechos humanos, estableciendo el derecho a contar con recursos sencillos, rápidos y efectivos contra la vulneración de derechos fundamentales.

II.- El artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece contra qué actos procederá el Juicio en la vía sumaria:

ARTICULO 58-2. Cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, procederá el Juicio en la vía Sumaria siempre que se trate de alguna de las resoluciones definitivas siguientes:

1. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, por las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal;

2. Las que únicamente impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria, por infracción a las normas administrativas federales;

3. Las que exijan el pago de crédito fiscales, cuando el monto de los exigibles no exceda el importe citado;

4. Las que requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía que hubiera sido otorgada a favor de la Federación, de organismos fiscales autónomos o de otras entidades paraestatales de aquélla, ó

5. Las recaídas a un recurso administrativo, cuando la recurrida sea alguna de las consideradas en los incisos anteriores y el importe de esta última, no exceda el antes señalado.

También procederá el juicio en la vía sumaria cuando se impugnen resoluciones definitivas que se dicten en violación a una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de inconstitucionalidad de Leyes o a una jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Para determinar la cuantía en los casos de los incisos I), III) y V), solo se considerará el crédito principal sin accesorios ni actualizaciones. Cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución de las mencionadas anteriormente no se acumulará el monto de cada una de ellas para efectos de determinar la procedencia de esta vía.

La demanda deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, de conformidad con las disposiciones de esta Ley ante la Sala Regional competente.

Como se observa, el precepto legal en cita contempla aquellas resoluciones definitivas que podrán ser impugnadas en las vías sumaria, estableciéndose como parámetro para determinar la procedencia de la vía la cuantía del asunto.

Efectivamente, la cuantía de los asuntos se constituyó como el parámetro para determinar su un asunto es sencillo o complejo y, por tanto, si debe tramitarse en la vía sumaria. Bajo tal consideración, si el criterio establecido por el legislador para determinar la procedencia de la vía sumaria atiende a la cuantía del asunto, cabe considerar que, en consecuencia, conforme lo establece el citado artículo 58-2, no encontramos justificación para que en dicho precepto no se incluya a aquellas resoluciones definitivas que emite la autoridad fiscal en respuesta a las solicitudes de devolución de saldos a favor o de pagos indebidos.

III.- En opinión de la Procuraduría de la Defensa del contribuyente, no debe existir impedimento para que aquellas resoluciones que emita la autoridad en respuesta a las solicitudes de devolución de saldos a favor o pagos indebidos, pudieran ser impugnadas y tramitadas en la vía sumaria, pues como se refirió en el párrafo que antecede, si la cuantía es la que determina la procedencia de la vía, no existe alguna cuestión que impida que dichas resoluciones que por el monto que representan, no puedan ser tramitadas en la misma vía.

Incluso, debe referirse que el propio legislador al implementar la vía sumaria, estableció en qué casos y cuando será improcedente la tramitación del juicio en la vía sumaria, sin que fueran consideradas en dicho supuesto las resoluciones definitivas por las que la autoridad da respuesta de manera negativa a las solicitudes de devolución.

Lo señalado en el parrado que antecede, fue regulado en el artículo 58-3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo:

ARTÍCULO 58-3.- La tramitación del Juicio en la vía Sumaria será improcedente cuando:

1. Si no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 58-2.

2. Simultáneamente a la impugnación de una resolución de las señaladas en el artículo anterior, se controvierta una regla administrativa de carácter general;

3. Se trate de sanciones económicas en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos o de sanciones por responsabilidad resarcitoria a que se refiere el Capítulo II del Título V de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;

4. Se trate de multas por infracciones a las normas en materia de propiedad intelectual;

5. Se trate de resoluciones que además de imponer una multa o sanción pecuniaria incluya alguna otra carga u obligación, o

6. El oferente de una prueba testimonial, no pueda presentar a las personas señaladas como testigos.

En estos casos el Magistrado Instructor, antes de resolver sobre la admisión de la demanda determinará la improcedencia de la vía sumaria y ordenara que el juicio se siga conforme a las demás disposiciones de esta Ley y emplazará a las otras partes, en el plazo previsto por los artículos 18 y 19 de la misma, según se trate.

Contra la determinación de improcedencia de la vía sumaria, podrá interponerse el recurso de reclamación ante la Sala Regional en que se encuentre radicado el juicio en el plazo previsto por el artículo 58-8 de esta Ley.

Como se podrá observar, si el propio legislador al instaurar el juicio Contencioso Administrativo en la vía sumaria no consideró la improcedencia para tramitar en esa vía las resoluciones definitivas que emita la autoridad en respuesta desfavorable a la solicitud de devolución de los contribuyentes, no encontramos impedimento para que las mismas puedan ser impugnadas y tramitadas bajo esa modalidad “abreviada” de enjuiciamiento; por lo que este Ombudsman estima conveniente que, recogiéndolo señalado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público que dictaminó legislar la implantación de la vía sumaria para evitar el cúmulo de asuntos ante las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, también se incluya como supuesto para la procedencia de dicha vía, aquellas resoluciones que derivan del trámite de la solicitud de devolución a que se refiere el Código Fiscal de la Federación, siempre y cuando no se exceda del importe a que se refiere el artículo 58-2 en cuestión.

IV. Es un hecho público y notorio que las autoridades fiscales federales a través de diversos medios de comunicación, han señalado cómo se ha incrementado el número de solicitudes de devolución de saldos a favor por parte de los contribuyentes, sobre todo en el caso de las personas físicas. Es decir, no puede desconocerse que la devolución o reintegro a los pagadores de impuestos de las contribuciones pagadas en exceso, es un tema especialmente sensible para la población.

Es importante destacar, que en el tema de devoluciones, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ha brindado a nivel nacional, más de 34,000 atenciones, de las cuales se han generado más de 3,000 atenciones de representación legal, así como un número similar de servicios de queja, de ahí que este Ombudsman considere relevante la reforma que se propone.

En ese sentido, bajo el principio constitucional de impartición de justicia pronta, completa y expedita, en que se sustentó la implementación del Juicio Contencioso Administrativo en la vía sumaria, encuentra justificación la presente propuesta de reforma, pues precisamente en la igualdad procesal que debe prevalecer en nuestro sistema de impartición de justicia, si la cuantía del asunto es la que determina la procedencia de la vía, aquellos asuntos que se encuentren dentro del límite establecido por el legislador, deben ser tramitados en la vía sumaria, como lo son las resoluciones definitivas que dan respuesta  a las solicitudes de devolución formuladas en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación.

La propuesta que se sustenta en la iniciativa de la Procuraduría de Defensa al Contribuyente, abonará en una atención pronta a los contribuyentes que se encuentren en el supuesto señalado, así mismo ayudará a desahogar asuntos ordinarios en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, logrando una mayor eficiencia en la atención de los asuntos de su competencia.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, que someto a la consideración de ésta Soberanía el presente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

UNICO.-Se adiciona la fracción VI al artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, para quedar como sigue:

Artículo 58-2. Cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, procederá el juicio en la vía sumaria siempre que se trate de alguna de las resoluciones definitivas siguientes:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI. Las que emitan las autoridades fiscales federales en respuesta a las solicitudes de devolución de impuestos derivadas de saldos a favor o de pagos de lo indebido.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el 22 de junio de 2016.

Atentamente

Dip. Juan Romero Tenorio.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA NACIONAL DE BECAS PARA ESTUDIANTES INDÍGENAS

(Presentada por el Diputado Victoriano Wences Real, del grupo parlamentario del PRD)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Presentada por el Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El suscrito, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6 fracción I y los Artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Asamblea la SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. La preservación del patrimonio natural de nuestra nación es uno de los principales objetivos que debemos tener como país, pues ello representa bienes de valor inestimado que nos proveen diversos beneficios ecológicos, científicos y estéticos.La protección deáreas de valor excepcionalpara la nación por parte del Estado a través del establecimiento de áreas naturales protegidas es una de las políticas implementadas en el país para garantizar su trascendencia a futuras generaciones. Sin embargo los factores que intervienen para que se lleve a cabo el establecimiento de un área protegida demeritan la preservación de la integridad de esta.

En este sentido, la falta de claridad en el tiempo para la expedición de declaratorias de nuevas áreas naturales protegidas no es justificada, pues de acuerdo al artículo 47 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas,una vez que son concluidos los estudios previos justificativos éstos son puestos a disposición del público para su consulta por un plazo de 30 días, además de que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturalessolicita la opinión de gobiernos, instituciones y demás interesados mencionados en el artículo 58 de la Ley General de Equilibrio Ecológico.

Además del plazo de 30 días establecido en el Reglamento y la revisión por parte del Ejecutivo para la publicación en el Diario Oficial de la Federación, no existe una justificante para el retraso de la emisión de las declaratoria de áreas naturales protegidas, una vez que se cuenta con el estudio previo, por lo que la protección de la zona que pretende ser declarada como área natural queda en el limbo de trámites burocráticos inexcusables.

II. La Auditoria Superior de la Federación (ASF) muestra en el informe“Evaluación De La Política Pública Al Patrimonio Natural”que el rango de tiempo entre la aceptación del estudio justificativo y la expedición de la declaratoria puede alcanzar hasta los 10 años, lo que genera retrasos en la política de protección del patrimonio natural. Este retraso también afecta las áreas naturales de la nación, pues en el lapso entre la entrega del estudio previo justificativo y la declaratoria, ésta tiende a sufrir deterioro ya que no cuenta con ningún tipo de protección durante este proceso.

Por ejemplo, el “Cerro Mohinora” el cual es un área de protección de flora y fauna ubicada en el estado de Chihuahua, tiene el mayor retraso en la emisión de declaratoria como área natural protegida, pues esta se emitió 10 años después de la publicación del estudio previo. La superficie total del área es de 9,126.35 hectáreas y a pesar de que las características de la zona en cuanto a dimensiones y al tipo de territorio podrían ser factores que influyan en el retraso del dictamen de declaratoria, se han decretado áreas en tan solo un año cuya superficie es muy superior a la del Cerro de Mohinora, como es el caso de la Reserva de la Biosfera de Zicuirán, ubicada en el estado de Michoacán, cuya superficie terrestre es de 265,117.78 hectáreas, siendo esta aproximadamente 29 veces más grande en comparación con la de Chihuahua.

En el caso de áreas marinas tiende a suceder la misma situación, ejemplo de ello es el Sistema Arrecifal Lobos–Tuxpan, del estado de Veracruz,  cuya superficie marina equivale a 30,571.15 hectáreas, la cual fue declarada como área natural protegida seis años después de la publicación del estudio justificativo, mientras que para la Isla de Guadalupe ubicada en Baja California y que tiene una superficie marina de 450,694.23 hectáreas  , la emisión  de la declaratoria fue realizada tan solo dos años después de la publicación del estudio previo.

III. El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, aprobado en 2010 por la 10ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica del cual México forma parte, establece las llamadas“Metas de Aichi para la Diversidad Biológica”, entre las cuales se encuentra la preservación del 17 por ciento de la superficie terrestre y el 10 por ciento del espacio marino de cada país.  El plazo para alcanzar dicho fin es el año 2020, por lo que la expedición de declaratorias de nuevas áreas naturalesen México es crucial para lograr estos objetivos.

De acuerdo a laASF, hasta el año 2015 de 26,650.7 hectáreas se encontraban resguardadas bajo declaración de área natural protegida:20,772.3 de ellas en la superficie terrestre,equivalentes al 10.6 por ciento del total, mientras que para superficie marina se tenían4,856.0 miles de hectáreas, lo que equivale al 1.5 por ciento de la zona marina del país,  por lo que la preservación del patrimonio natural a través de la declaratoria de áreas naturales protegidas es la fuente primordial para el cumplimiento de la meta en 2020.

La implementación de Áreas Naturales Protegidas resulta fundamental para llevar a la nación a un desarrollo más sustentable, que permita el goce de los servicios que nos brindan los ecosistemas sin afectar la diversidad biológica y manteniendo la intangibilidad de zonas de valor excepcional que son representativas del patrimonio natural de nuestro país.

IV. Actualmente, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no establece un plazo específico para la emisión de las declaratorias de áreas naturales protegidas. Por ello, consideramos fundamental establecer un periodo específico a partir de la publicación del estudio previo justificativo correspondiente para la emisión de la declaratoria.

Derivado de lo anterior, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

Que reforma el artículo 61 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma el  artículo 61de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 61.- Las declaratorias deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación en un término máximo de un año a partir de la fecha de publicación del estudio previo justificativo correspondientey se notificarán previamente a los propietarios o poseedores de los predios afectados, en forma personal cuando se conocieren sus domicilios; en caso contrario se hará una segunda publicación, la que surtirá efectos de notificación. Las declaratorias se inscribirán en él o los registros públicos de la propiedad que correspondan.
TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo Federal contará con un plazo de 180 días a partir de la publicación del presente decreto para realizar las adecuaciones administrativas, normativas y presupuestales que permitan el cumplimiento de las disposiciones del presente decreto.
Junio de 2016

Dip. José Clemente Castañeda Hoeflich.
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
LXIII Legislatura

EVALUACIÓN NÚMERO 1644 “EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA AL PATRIMONIO NATURAL”, Auditoria Superior de la Federación, 2014, recuperado de:
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2014_1644_a.pdf
Ficha técnica del Cerro Mohinora, Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación (SIMEC), recuperado de:
https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=183®=11
Ficha técnica del Sistema Arrecifal Lobos –Tuxpan, Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación (SIMEC), recuperado de: https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=73®=11
Ficha técnica del Zicuirán - Infiernillo,Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación (SIMEC), recuperado de: https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=132®=11#image7
Ficha técnica de la Isla de Guadalupe,Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación (SIMEC), recuperado de: https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=124®=11
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, UnitedNationsDecadeOnBiodiversity, recuperado de:
https://www.cbd.int/undb/media/factsheets/undb-factsheet-sp-es.pdf
EVALUACIÓN NÚMERO 1644 “EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA AL PATRIMONIO NATURAL”, Auditoria Superior de la Federación, 2014, recuperado de:
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2014_1644_a.pdf





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 Y 4 DE LA LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS

(Presentada por el Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena)

El que suscribe, integrante del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de esta Soberanía, la PRESENTE INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 Y 4 DE LA LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene como objetivo proteger la diversidad biológica de los maíces nativos, así como de todos los maíces libres de transgénicos, de las amenazas que estos representan para aquella y para la salud.

La revista científica europea Environment Sciences Europe re-publicó el 24 de junio el estudio del francés Gilles Eric Séralini y su equipo, que demostró los efectos de toxicidad a largo plazo del herbicida Roundup y del maíz transgénico NK603 de Monsanto tolerante a este agroquímico.

“El estudio encontró daño severo al hígado y riñón y desórdenes hormonales en ratas alimentadas con el maíz GM y bajos niveles de Roundup, los cuales están por debajo de los permitidos en el agua potable de la Unión Europea. Se encontraron efectos tóxicos del maíz GM analizado por sí solo tanto como del Roundup analizado por sí solo y junto al maíz. Descubrimientos adicionales inesperados fueron las altas tasas de tumores de gran tamaño y mortalidad en la mayoría de grupos de tratamiento”.

El equipo del profesor Séralini eligió una publicación de acceso general, en una revista científica revisada por sus pares, lo que constituye la tercera evaluación del estudio realizada por pares. Los investigadores han publicado en línea los datos sin procesar, con acceso libre para toda la comunidad científica, algo que la industria de los transgénicos siempre ha rehusado hacer, aduciendo confidencialidad comercial o restricciones de propiedad intelectual.

Por otro lado el cultivo del maíz Mon 810 de Monsanto, un maíz modificado genéticamente para producir resistencia ante el insecticida Bt, ha sido prohibido en Polonia tras las protestas de los apicultores, al señalar que este maíz estaba matando a las abejas. Similares protestas se han generado en Estados Unidos.

El director general de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, declaró este 15 de marzo en la rueda de prensa final de la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe, que los transgénicos son como cosa del pasado: son obsoletos.

Los permisos que dio Felipe Calderón en 2009 y 2011 han contaminado a México, país de origen de dicho cereal, y un centro importante por su volumen de producción, así como por poseer la mayoría de las especies de maíz en el mundo. Otro factor del flujo de transgenes hacia los maíces nativos es la importación de granos de maíz transgénico para alimentar ganado, así como para el proceso de la industria de alimentos, sin asegurarse de su inviabilidad como semillas.

Antonio Turrent ha señalado que más del 50 por ciento de la dieta de los mexicanos proviene del consumo directo del maíz, por lo que es preocupante que la ingestión que se hace de esa cantidad de maíz, si está contaminado con transgénicos, pueda implicar riesgos a la salud, porque es un daño subclínico y crónico.

El Ministerio de Agricultura francés prohibió por decreto en marzo de 2014 la comercialización, utilización y cultivo de maíz genéticamente modificado MON 810, producido por el grupo estadounidense Monsanto.

En mayo de 2014 se aprobó en Francia la prohibición definitiva mediante Ley del maíz transgénico

Adicionalmente otros países han prohibido también los organismos genéticamente modificados:

• Japón: La población japonesa está en fuerte oposición a las comidas transgénicas y ninguna de estas semillas debería ser plantada en el país.

• Nueva Zelanda: No hay comida geneticamente modificada creciendo en el país.

• Alemania: Está prohibido el cultivo o venta de maíz transgénico.

• Irlanda: El cultivo de transgénicos fue prohibido en el país en 2009 y hay un sistema voluntario para que los productos que contengan transgénicos en su composición puedan ser identificados por el rótulo.

• Austria, Hungría, Grecia, Bulgaria y Luxemburgo: Fue prohibido el cultivo y venta de comida transgénica.

• Suíza: El país prohibió cultivos, animales y plantas transgénicas en sus campos o haciendas en un referendo público en el año de 2005.

Si bien el debate en torno a los transgénicos continúa en el mundo, en nuestro país se debe ser particularmente cauteloso en relación con el maíz, pues somos el principal reservorio genético de este cereal fundamental para la humanidad. En todas aquellas plantas donde México es centro de origen, como es el maíz, en tanto producto icónico, no necesitamos que nos traigan transgénicos, pues el maíz  es  nuestro patrimonio con toda la diversidad de semillas de las que hoy gozamos.

México es  un país de gran diversidad biológica -silvestre- es, junto con el resto de Mesoamérica, uno de los centros de origen mundiales. Es decir, el maíz es fruto de  una interacción entre la diversidad cultural del país y la diversidad biológica que resultó en la producción de decenas de plantas cultivadas en México, que hoy se utilizan en todo el mundo. Somos por tanto un país mega diverso en lo silvestre, en lo cultivado y en lo cultural.

Adicionalmente debemos reconocer que el maíz es el alimento básico de México con más de 60 razas nativas, necesarias como ingredientes especializados en los más de 600 preparados alimenticios y bebidas que conforman la cocina mexicana.1

Si se pone en riesgo esa biodiversidad a través del maíz transgénico, correríamos el riesgo de destruir una herencia cultural como la cocina tradicional mexicana, que ha sido considerada por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad:

“La cocina tradicional mejicana es un modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias y costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales; y de forma destacada el libre intercambio de semillas a lo largo y ancho del país, tanto por manos campesinas, como por investigadores agrónomos. Esto ha llegado a ser posible gracias a la participación de la colectividad en toda la cadena alimentaria tradicional: desde la siembra y recogida de las cosechas hasta la preparación culinaria y degustación de los manjares. Los elementos básicos del sistema son: el maíz, los fríjoles y el chile; métodos de cultivo únicos en su género, como la milpa (cultivo por rotación del maíz y otras plantas, con roza y quema del terreno) y la chinampa (islote artificial de cultivo en zonas lacustres); procedimientos de preparación culinaria como la nixtamalización (descascarillado del maíz con agua de cal para aumentar su valor nutritivo); y utensilios especiales como metates y morteros de piedra. A los productos alimentarios básicos se añaden ingredientes autóctonos como tomates de variedades diversas, calabazas, aguacates, cacao y vainilla. El arte culinario mexicano es muy elaborado y está cargado de símbolos: las tortillas y los tamales consumidos diariamente forman también parte de las ofrendas realizadas el Día de Muertos. En el Estado de Michoacán y en todo México se pueden encontrar agrupaciones de cocineras y de otras personas practicantes de las tradiciones culinarias que se dedican a la mejora de los cultivos y de la cocina tradicional. Sus conocimientos y técnicas son una expresión de la identidad comunitaria y permiten fortalecer los vínculos sociales y consolidar el sentimiento de identidad a nivel nacional, regional y local. Los esfuerzos realizados en Michoacán y en otros estados, para preservar la cocina tradicional destacan también la importancia que ésta tiene como medio de desarrollo sostenible.”2

Es fácil observar que la propia UNESCO reconoce y pretende proteger no solamente la comida, sino todo el procedimiento de preparación incluyendo las actividades agrarias y la siembra de cada uno de sus elementos básicos, tales como el maíz.

Adicionalmente se debe señalar que es posible lograr la autosuficiencia alimentaria sin recurrir a los transgénicos. “México tiene el potencial para recuperar su autosuficiencia en maíz en un plazo relativamente corto, basándose en tecnologías existentes y sin recurrir al uso del controvertido maíz transgénico”, tal como lo han señalado Antonio Turrent, Timothy Wise y Elise Garvey en el informe “Factibilidad de alcanzar el potencial productivo de maíz de México”. Estos expertos sostienen que en un período de 10 a 15 años México podría alcanzar su potencial productivo de 33 millones de toneladas, lo que eliminaría el déficit actual de 10 millones de toneladas.

Una realidad comprobada una y otra vez en todos los países del mundo, es que los transgénicos no benefician a los pequeños productores, ni a los consumidores:

“El maíz transgénico  producido y comercializado por la  industria multinacional poco o nada ofrece  como ventaja al consumidor, en términos de nutrición o de precio. Las ventajas son principalmente para las grandes unidades de producción, porque les facilita el cultivo. Ejemplos de esto son la tolerancia al herbicida universal glifosato que facilita el control de las malezas y la resistencia a una plaga del maíz específica. Son ventajas operativas solamente  para  el gran productor, que a la vez favorece la concentración de la tierra de labor.”3

Además los métodos tradicionales de cultivo del maíz se ponen en riesgo con la producción de maíz transgénico, pues las empresas transnacionales y sus científicos, consideran al resto de plantas que componen la tradicional milpa mexicana (protegida por la UNESCO) simplemente como hierbas o malezas a eliminar.

Hace unos días, el investigador emérito, Antonio Turrent, publicó que la “orden judicial a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de suspender el otorgamiento de permisos de siembra de maíz transgénico a cielo abierto, en septiembre de 2013 (Miguel Concha, La Jornada, 22/3/14) fue un gran acierto para la Nación. Salvó y hasta ahora ha salvado al maíz nativo mexicano y a sus parientes silvestres de ser masiva e irreversiblemente contaminados con ADN transgénico”.

Sabemos que el gobierno mexicano prepara una legislación adicional en la materia. Sabemos que busca entregar el conocimiento milenario e invaluable de los materiales genéticos que forman parte de nuestra nación a como dé lugar. Pero igualmente sabemos que ni el gobierno ni las trasnacionales, que persiguen apropiarse de este conocimiento, deben sobrepasar el derecho de las comunidades indígenas y locales de intercambiar libremente su material genético, sin la intromisión de corporaciones multinacionales, siempre que ese intercambio sea el sustento de la conservación de la biodiversidad y de su permanente diversificación cultural.

Ante un peligro de magnitud histórica, México debería ser el último país en admitir la siembra de maíz transgénico en el mundo, pues de otra forma corremos el riesgo de perder para siempre la diversidad del cereal que ha marcado la cultura milenaria de nuestros pueblos.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa por la que se reforman los artículos 2 y 4 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, para quedar como sigue:

ÚNICO. Se reforman los artículos 2 y 4 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, para quedar como sigue:

Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados

Artículo 2. Para cumplir su objeto, este ordenamiento tiene como finalidades:

I. […] al X. […]

XI. Determinar las bases para el establecimiento, caso por caso, de áreas geográficas libres de OGMs en las que se prohíba y aquellas en las que se restrinja la realización de actividades con determinados organismos genéticamente modificados, así como de cultivos de los cuales México sea centro de origen en los que se mantendrá un régimen de protección especial. Cada régimen deberá garantizar la protección del libre intercambio de semillas como elemento de conservación y participación de la biodiversidad cultivada. En el caso particular del maíz, por ser México el reservorio genético principal para este cereal, toda el área geográfica del país es declarada por esta Ley, libre de OGMs;

XII. […] al XV. […]

Artículo 4. Es materia de esta Ley la prohibición de la liberación, consumo, venta, utilización confinada, liberación experimental, siembra, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación, exportación y cualquier otra forma de empleo de maíz genéticamente modificado. Para preservar la biodiversidad genética de México en relación con el maíz, los productores, consumidores y las autoridades mexicanas se encuentran autorizadas a destruir las plantaciones de cultivos de maíz en los que se encuentre algún tipo de OGMs.

[…]

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 22 de junio de 2016.

Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza.

1 Ver “El maíz transgénico en México”. UNIÓN DE CIENTÍFICOS COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD, A.C.

2 Inscrito en 2010 (5.COM) en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

3 “El maíz transgénico en México”. UNIÓN DE CIENTÍFICOS COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD, A.C., pág. 7





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN MATERIA DE PATRIMONIO NATURAL

(Presentada por el Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El suscrito, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, Diputado del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6 fracción I y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el patrimonio mundial es un “conjunto de monumentos y sitios de una gran riqueza natural y cultural que son pertenecientes a la humanidad, los cuales son bienes de valor incalculable e irremplazable”, por lo que la pérdida de cualquiera de ellos representaría un detrimento invaluable para el mundo.1 México cuenta con 33 sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial, de los cuales 27 son culturales, 5 naturales y 1 mixto.2

El patrimonio natural de nuestra nación es un legado que requiere prevalecer no solo para las generaciones presentes, sino también para las futuras y debe de ser un distintivo del Estado y de la ciudadanía que demuestre el interés por el aprovechamiento sustentable de la riqueza natural de nuestro país.

La Conferencia General de la UNESCO, en su décimo séptima reunión celebrada en la ciudad de París en octubre de 1972, constató que el patrimonio natural y cultural se encuentra bajo una creciente amenaza, pues la evolución de la vida social y económica agrava los fenómenos que lo alteran y destruyen. Es después de la adopción de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, cuando la comunidad internacional comenzó a hablar de desarrollo sustentable, pues su conservación comenzó a entenderse como un elemento necesario para el desarrollo de las naciones.3

II. En México, la identificación del patrimonio natural se realiza a través de las declaratorias de áreas naturales protegidas, cuyo concepto ciertamente está vinculado al de patrimonio natural, pero es limitativo, ya que de acuerdo al artículo 46 de  la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente solo se establecen nueve tipos de áreas naturales protegidas.

Para la UNESCO el patrimonio natural lo constituyen:

“Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico,

Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico,

Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural,”4

Al respecto, la Auditoria Superior de la Federación ha señalado en su Evaluación de la Política Pública al Patrimonio Natural que a pesar de que existe una relación entre el concepto de patrimonio natural de la UNESCO  y el concepto de área natural de la legislación mexicana, aún se carece de una armonización entre ambos términos.5

III. México es parte del Convenio de Diversidad Biológica 2011-2020, el cual consiste en un marco de acción global mediante el cual los países se comprometen a proteger la biodiversidad. Este Convenio establece 20 metas globales, denominadas Metas de Aichi, entre las cuales destaca la conservación del 17 por ciento de las áreas terrestres y 10 por ciento de las marinas de cada país, con un valor es excepcional para el mundo.

Actualmente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) tiene a su cargo  25,628.2 miles de hectáreas que corresponden a 177 áreas naturales distribuidas en todo el territorio nacional.6 Para cumplir el objetivo de preservación de las Metas de Aichi, el Estado mexicano deberá decretar, proteger y conservar 4,986.2 hectáreas anuales, lo cual resulta complejo y difícil de alcanzar si se carece de una estrategia clara de identificación de lo que constituye el patrimonio natural.

La política de identificación de las áreas naturales que son prioritarias para el país aún carece de una metodología adecuada para su desarrollo, y ante la ausencia del concepto de patrimonio natural en nuestra legislación, nos enfrentamos a obstáculos mayores.

De acuerdo a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) las primeras áreas naturales reconocidas en México fueron decretadas con base en criterios estéticos y recreativos, sin considerar otros elementos estratégicos, y es por ello que a pesar del incremento de hectáreas que están resguardadas por el Estado, la pérdida de la biodiversidad sigue latente. Entre los principales factores que inciden en el detrimento de la biodiversidad del país se encuentran la pérdida de hábitats, la presencia de especies invasoras, la sobreexplotación de recursos naturales, la contaminación y los efectos del cambio climático.7

IV. Por lo anterior, resulta claro que la falta de parámetros para la identificación de áreas naturales de valor excepcional dentro de la ley, entorpece las líneas de acción que debe seguir el Estado, pues al no tener una base sobre la cual se realice la caracterización de las zonas idóneas para ser protegidas, los nuevos decretos son susceptibles de originarse de malos criterios de selección, dejando de lado a las áreas que son trascendentales para la biodiversidad de la nación.

Tal y como lo señala la citada evaluación de la Auditoría Superior de la Federación, la CONANP debe fortalecer sus herramientas y metodologías para la identificación de nuevas áreas naturales protegidas, atendiendo a los vacíos y omisiones en las políticas de conservación de la biodiversidad, y poniendo énfasis en las regiones prioritarias y susceptibles de ser conceptualizadas como patrimonio natural.

En este sentido, vale la pena destacar que la ASF determinó que de las 25,628.2 hectáreas de áreas naturales protegidas, el 72.3 por ciento se localiza en alguna de las regiones prioritarias, ecorregiones y sitios prioritarios, mientras que el 27.7 por ciento restante no se ubica en ninguno de estos sitios. El 72.3 por ciento de áreas naturales protegidas que se ubican en las regiones prioritarias, ecorregiones y sitios prioritarios equivale a 18,538.9 hectáreas, lo que representa tan solo el 6 por ciento de las 308,490.1 hectáreas que México necesitan preservar. De lo anterior, se deriva que la falta de parámetros para la identificación del patrimonio natural está dejando fuera miles de hectáreas que podrían ser protegidas.

La identificación del patrimonio natural del país requiere ir más allá del aspecto estético del lugar, se debe buscar la conectividad del área con todo un ecosistema y con una perspectiva de desarrollo de la flora y la fauna, lo que requiere grandes extensiones de terreno. En este sentido, la incorporación del concepto de patrimonio natural ayudará a ampliar la visión y los objetivos de la política de medio ambiente y de conservación de la biodiversidad.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

Que reforma los artículos 1°, 2°, 3°, 44 y 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

ARTÍCULO UNICO.- Se adiciona una fracción segunda recorriéndose y modificándose las subsiguientes al artículo 2, se adiciona una fracción XXV recorriéndose y modificándose las subsiguientes al artículo 3; se adiciona una fracción XII al artículo 46, modificándose sus fracciones X y XI; se reforma la fracción IV del artículo 1° y el primer párrafo del artículo 44, todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

I.- a III.- […]

IV.- La preservación y protección de la biodiversidad y del patrimonio natural, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas;

V.- a X.- […]

[…]

ARTÍCULO 2o.-Se consideran de utilidad pública:

I.- […]

II.- La conservación del patrimonio natural de la nación, mediante el establecimiento, protección y preservación de las áreas naturales protegidas y de las zonas de restauración ecológica;

IV.- a V.- […]

ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I.- a XXIV.- […]

XXV.- Patrimonio Natural: Las formaciones físicas y biológicas o grupos de ellas, las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas que constituyan el hábitat de especies animales o vegetales amenazadas, así como los lugares naturales que tengan un valor excepcional desde el punto de vista estético, científico o de preservación.

XXVI.- a XL.- […]

ARTÍCULO 44.- Las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce soberanía y jurisdicción que se consideren patrimonio natural o en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que sus ecosistemas y funciones integrales requieren ser preservadas y restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.

[…]

ARTÍCULO 46.- Se consideran áreas naturales protegidas:

I.- a IX.- […]

X.- Zonas de conservación ecológica municipales, así como las demás categorías que establezcan las legislaciones locales,

XI.- Áreas destinadas voluntariamente a la conservación; y

XII.- Cualquier patrimonio natural existente.

Para efectos de lo establecido en el presente Capítulo, son de competencia de la Federación las áreas naturales protegidas comprendidas en las fracciones I a VIII y XI y XII anteriormente señaladas.

[…]

[…]

[…]

[…]

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas emitirá la reglamentación correspondiente que establezca las medidas para la identificación de nuevas áreas naturales protegidas conforme a las disposiciones del presente Decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del mismo.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 22 de junio de 2016.

Dip. José Clemente Castañeda Hoeflich.

1 Patrimonio Mundial, UNESCO, cfr.: http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/world-heritage/

2 Propiedades Inscritas en la Lista de Patrimonio Mundial, UNESCO, cfr.:
http://whc.unesco.org/en/statesparties/mx

3 Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, UNESCO,1972, recuperado de: http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf

4 Ídem. pg.2

5 EVALUACIÓN NÚMERO 1644 “EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA AL PATRIMONIO NATURAL”, Auditoria Superior de la Federación,

6 Ídem.

7 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Cfr.: http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/porque.html





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por los Diputados Juan Manuel Cavazos Balderas y Edgar Romo García, del grupo parlamentario del PRI)

Los suscritos, JUAN MANUEL CAVAZOS BALDERAS y EDGAR ROMO GARCÍA, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea, una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Corresponde al Estado Mexicano impartir educación gratuita, laica, obligatoria y de calidad. El artículo 3° de nuestra Carta Magnadetermina que la educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. El Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación.

La gratuidad plasmada en el artículo 3° de nuestra Carta Magna al responsabilizar al Estado de la educación pública, laica y gratuita, fue cuestionada a finales de la última década del Siglo XX, lo que trajo consigo el impulso al establecimiento de pagos por inscripción y/o colegiaturas para los estudiantes de las instituciones públicas, o bien su incremento paulatino en aquellas que ya contaban con estos mecanismos con el fin de financiar el desarrollo de las Instituciones de Educación Superior (IES).

La tendencia mundial hacia una mayor participación en los costos de la educación superior por parte de los estudiantes y sus familias es una realidad a la cual no ha escapado nuestro país. De tal manera que muchas IES públicas han diversificado sus ingresos financieros al cobrar cuotas de inscripción, colegiaturas y servicios varios.

La otra postura sostiene que dado el nivel de ingresos relativamente alto de los jóvenes que asisten a la universidad, mantener la gratuidad de los servicios educativos constituía un subsidio injustificado, que en los hechos transfiere ingresos hacia los sectores más pudientes…más aun, la propia crisis de financiamiento hacia la educación superior, que metió en un serio rezago a las instituciones públicas para permitir fortalecer su desarrollo en la generación de proyectos de muy diversa índole, permitió que los defensores de esta posición sostuvieran la necesidad de que los estudiantes contribuyeran económicamente con el pago de inscripción, colegiatura y servicios varios.

Estas medidas adoptadas por algunas Universidades Públicas han traído como consecuencia que estudiantes universitarios de bajos recursos económicos abandonen sus estudios al carecer de medios; y los más afortunados, si bien les va, concluyen sus estudios para encontrarse con que tienen que pagar el costo por la expedición del Título profesionalpara ejercer su profesión, tergiversando con ello el espíritu de nuestra Carta Magna, en su artículo tercero, en donde se estipula claramente que la educación debe ser gratuita.

Por tanto, las autoridades educativas no pueden exigir a sus educandos, ningún tipo de cobro o contraprestación por los servicios educativos que se impartan en las  instituciones oficiales ya que el Estado no sólo debe permitir el fácil y libre acceso de todos los individuos al sistema público de enseñanza, sino que debe garantizar su gratuidad, destinando los fondos suficientes para impartir una educación de calidad.

Al respecto, Bazdresch menciona “…que la fracción VII, (ahora IV) del artículo3º Constitucional previene que la educación que imparta el Estado será gratuita, sin distinguir por razón de la calidad, es decir, comprende la de todos los tipos y grados, inclusive los profesionales… así facilita el cumplimiento de la obligación de recibir la educación primaria, a que se refiere el párrafo inmediato anterior y al mismo tiempo contribuye grandemente a impartir los demás grados de la enseñanza, que por su elevado costo no podrían pretender los individuos de nuestras clases asalariadas y campesinas...”

Esta iniciativa que hoy someto a consideración de esta Soberanía, tiene como propósito fundamental ampliar las oportunidades educativas para los alumnos de los sectores socioeconómicos más desprotegidos. Además, constituye la continuidad de la que presenté el pasado período de la LXIII Legislatura, en la cual se propuso adicionar un segundo párrafo a la fracción III  del artículo 57 de la Ley General de Educación.

Por tanto, en esta Iniciativa me referiré a que la expedición y registro de los Títulos profesionales, sean exentos de pago alguno por parte de los egresados de las Escuelas Públicas de Educación Superior. Debido a que si el alumno ya pagó cuotas de diversa índole por cursar una carrera profesional, tenga que pagar ahora una cantidad elevada por la expedición del Título. Ya que resulta injusto que las Universidades Públicas, cobren cantidades elevadas para la obtención de este documento.

En la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, Instituciones de Educación Superior públicas catalogadas como unas de las mejores en la impartición de educación superior según el Ranking 2015, el costo que se paga es tan sólo por el puro trámite, es decir, por el registro de Título y la expedición de la Cédula Profesional ante la Secretaría de Educación Pública, lo que refleja discrepancia respecto a los costos con otras instituciones públicas.

Por lo antes expuesto, el propósito de esta Iniciativa con proyecto de Decreto es proponer que las escuelas públicas que imparten educación superior es que aquellos alumnos que hayan concluido satisfactoriamente sus estudios se les sufraguen los costos totales para la obtención de título, haciendo válido con ello el espíritu de las garantías constitucionales educativas contenidas en el artículo tercero de nuestra Carta Magna.

Si bien, el alumno ya concluyó sus estudios favorablemente, no es justo que pague una cuota costosa por el trámite para la obtención del Título profesional.

Esto frena la posibilidad de obtener un trabajo, debido a que las empresas convocantes de un puesto a ocupar, exigen Título profesional y aunque la persona esté capacitada y cubra el perfil de la vacante ofertada, por el  hecho de carecer de este documento no se le otorga la oportunidad de empleo. Existe entonces, un círculo vicioso en donde el egresado no tiene trabajo por carecer de Título profesional; y no tiene Título Profesional porque no tiene trabajo que le ayude a generar ingresos para solventar los gastos para su obtención.

Por ello necesitamos hacer un cambio, propósito de esta iniciativa, que se beneficie a los jóvenes egresados de las escuelas públicas, debido a que muchas veces esta situación frena oportunidades de empleo o el espíritu de emprendimiento del egresado por carecer de estos documentos que representan la culminación y certificación de sus estudios y esfuerzo con que finalmente, ya ganó su obtención.

Por lo anterior, se considera reformar y adicionar el primer párrafo del artículo 25 y el segundo párrafo del artículo 60 de la Ley General de Educación, a efecto de que el Estado continúe extendiendo y ampliando su apoyo hacia los sectores estudiantiles menos favorecidos social y económicamente egresados de las Universidades públicas, para pagar en su totalidad los trámites por expedición y registro del Título profesional.

Se adjunta la tabla comparativa de la propuesta:

Ley General de Educación

Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 25.- El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada Entidad Federativa, con   sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado - Federación, Entidades Federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.

(… párrafos 2, 3, 4 y 5)

Artículo 60.-

(… párrafo 1)

Las instituciones del sistema educativo nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados tendrán validez en toda la República.

(… párrafo 3)

Artículo 25.- El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos, incluyendo la expedición de título y cédula profesional. El monto anual que el Estado - Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.

(… párrafos 2, 3, 4 y 5)

Artículo 60.-

(… párrafo 1)

Las instituciones del sistema educativo nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos, cuyo registro y expedición serán gratuitos a aquellas personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados tendrán validez en toda la República.

(… párrafo 3)

En consecuencia de lo expresado, sometemos a consideración de esta Soberanía el siguiente:

DECRETO

Que reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 25 y segundo párrafo del artículo 60 de la Ley General de Educación.

Artículo Único. Se reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 25 y segundo párrafo del artículo 60 de la Ley General de Educación; para quedar como sigue:

Artículo 25.- El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos, incluyendo la expedición de título y cédula profesional. El monto anual que el Estado - Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.

(… párrafos 2, 3, 4 y 5)

Artículo 60.-

(… párrafo 1)

Las instituciones del sistema educativo nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos, cuyo registro y expedición serán gratuitos a aquellas personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados tendrán validez en toda la República.

(… párrafo 3)

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un lapso de hasta 90 días, la Secretaría de Educación Pública, expedirá la modificación en la reglamentación correspondiente para la aplicación de esta norma.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el 22 de junio de 2016.

Dip. Juan Manuel Cavazos Balderas.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, véase http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm.
Garay De, Adrián, “La Gratuidad de los Servicios Educativos para los Estudiantes”, Revista de la Educación Superior en Línea. Num. 117, UAM-Azcapotzalco.
Ídem, Garay De, Adrián.
Según el artículo 1° de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, Título profesional es el documento expedido por instituciones del Estado o descentralizadas, y por instituciones particulares que tenga reconocimiento de validez oficial de estudios, a favor de la persona que haya concluido los estudios correspondientes o demostrado tener los conocimientos necesarios de conformidad con esta Ley y otras disposiciones aplicables.
…En torno al cobro de cuotas que las universidades públicas hacen a sus alumnos, problema que subsiste, desde nuestra particular opinión, hasta nuestros días, pues existen dos corrientes del pensamiento que difieren sobre el alcance de la garantías constitucionales educativas contenidas en el artículo tercero de nuestra carta magna, en donde algunos estudiosos nos señalan que este alcance únicamente llega a la educación primaria y secundaria, y otros, argumentan que este cobro es violatorio de nuestra Ley fundamental, en razón de que la protección constitucional sí alcanza también al servicio público de educación superior que imparten estas instituciones. Sánchez Aceves, J. Arturo, Dr., en Las Cuotas que las Universidades Públicas Cobran a sus Alumnos, Revista electrónica de Derecho, Letras Jurídicas,  ISSN 1870-2155, Número 3, Universidad de Guadalajara, p. 14, consúltese
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Iniciativas%20LXIII/INICIATIVA%20CON%20PROYECTO%20DE%20DECRETO%20POR%20EL%20QUE%20SE%20ADICIONA%20UN%20SEGUNDO%20P%C3%81RRAFO%20A%20LA%20FRACCI%C3%93N%20III%20%20DEL%20ART%C3%8DCULO%2057%20DE%20LA%20LEY%20GENERAL%20DE%20EDUCACI%C3%93N/ASA2006.pdf
Bazdresch, Luis. “Garantías Constitucionales”, 3ª edición, Ed. Trillas, México, 1986, pág. 109, citado por Sánchez Aceves, J. Arturo; Op. Cit, pág. 1.
El Economista, “Las mejores Universidades de México | Ranking 2015”, véase http://eleconomista.com.mx/especiales/americaeconomia/2015/07/20/las-mejores-universidades-mexico-ranking-2015
Secretaría de Educación Pública, Requisitos Nivel Licenciatura para Mexicanos con Estudios en México, remítase a Costo del servicio por Registro de título y la Expedición de la Cédula Profesional, consúltese http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Nivel_Licenciatura





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA EL NUMERAL 1 DEL INCISO B) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 2o.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

(Presentada por la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita, CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA, Diputada Federal integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 176, 179 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL NUMERAL 1, DEL INCISO B) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 2-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Como sabemos, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en México es un impuesto indirecto, es decir que lo paga el consumidor final, donde la persona física o colectiva que compra un bien, recibe un servicio, adquiere el uso o goce temporal de bienes así como aquellas que importen bienes o servicios de acuerdo a lo que marca el artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

II. No obstante, existen diversas tasas de este gravamen. Primeramente la tasa general es del 16%, la tasa del 11% que se aplicaba en la región fronteriza (la cual no existe más actualmente, y entiéndase por región fronteriza aquella definición que nos marcaba el artículo 2 del ordenamiento en cuestión), así como también hay ciertas actividades que están exentas del gravamen.

III. El artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, establece ciertos bienes a cuya venta se les aplica la tasa del 0%, así como ciertos servicios a los que se les aplica el mismo tratamiento.

Así, dicho artículo en su fracción I, establece los bienes cuya enajenación se les aplicará la tasa del 0% de IVA, sin embargo en su inciso b) establece “el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I.- La enajenación de:

b) Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación a excepción de:

1. Bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza de alimentos. Quedan comprendidos en este numeral los jugos, los néctares y los concentrados de frutas o de verduras, cualquiera que sea su presentación, densidad o el peso del contenido de estas materias”.1

IV. Esta excepción resulta absurda, ya que alimentos no básicos y con alto contenido calórico como podrían ser las paletas de caramelo o los pastelillos, estén gravados a la tasa 0% de IVA y que alimentos básicos como podrían ser el yogurt líquido, jugos de frutas y verduras y otros estarían gravados a la tasa del 16% de IVA.


CONSIDERACIONES

PRIMERA. Esta disposición atenta contra el principio de Equidad Tributaria que se desprende de la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA. En este caso concreto, derivado de diversos juicios de amparo interpuestos por contribuyentes que vendían alimentos en estado líquido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar las exposiciones de motivos y los dictámenes que la Comisión de Hacienda hubiere formulado al respecto, desde la entrada en vigor del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no advirtieron elementos que justifiquen el trato diferenciado al gravar con la tasa del 0% la enajenación de alimentos en estado sólido o semisólido y con el 10% o 15% la de alimentos en estado líquido que se establece en el texto del artículo 2o.-A, fracción I, inciso b), numeral 1, del citado ordenamiento, es decir, no existen elementos suficientes para diferenciar a la leche y a los alimentos sólidos de los demás alimentos líquidos, en virtud de que el estado físico de los alimentos no es un elemento relevante, siendo que para aplicar la tasa del 0% a la enajenación de los productos destinados a la alimentación, no debe importar si éstos son sólidos, semisólidos o líquidos, siempre y cuando se trate de alimentos.

TERCERA. La Corte concluyó que esa distinción resulta artificiosa e injustificada, y concluyó que el artículo 2o.-A, fracción I, inciso b), numeral 1 de la Ley del Impuesto Valor Agregado da un trato distinto a contribuyentes que se encuentran en igualdad de circunstancias ante la ley, a saber, la de enajenantes de productos destinados a la alimentación por el solo hecho de que éstos se encuentran en estado sólido o líquido, por lo que el citado precepto transgrede el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31 fracción IV de la 31 fracción IV de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

“Sin que pueda justificarse dicho tratamiento diferenciado con el argumento de que el legislador pretendió proteger a los consumidores de alimentos de primera necesidad, toda vez que existen alimentos en estado sólido y semisólido que no son de primera necesidad y cuya enajenación está gravada con la tasa del 0%, mientras que existen líquidos que sí son de primera necesidad y que no son leche, como son los jugos, néctares o el yogurt para beber”.2

CUARTA. Derivado de lo anterior; al día de hoy, muchos contribuyentes como Nestlé México S.A. de C.V., Tiendas Comercial Mexicana S.A. de C.V. y en general todos los grandes almacenes y los productores de alimentos industrializados, se encuentran amparado ante el artículo 2-A fracción I, inciso b) numeral 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, lo cual provoca una distorsión del mercado, que afecta sobre todo a los pequeños comerciantes que carecen de los recursos económicos y la información para poder acudir al amparo contra el mencionado artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. El efecto es que los pequeños comerciantes que no acudieron al amparo, deben encarecer en un 16% sus productos, lo cual provoca que pierdan aún más competitividad respecto de los grandes corporativos.

QUINTA. Resulta extraño que en la tan anunciada reforma fiscal que entró en vigor el 1° de Enero de 2014, el Ejecutivo Federal en su propuesta, no hubiera contemplado la modificación al artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a pesar de que el mismo había sido declarado Inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 2006.

SEXTA. La iniciativa que se propone provocaría que a los pequeños comerciantes y productores que no tienen los recursos para poder acudir al juicio de amparo y que venden alimentos en estado líquido, también se les aplicara la tasa del 0% de IVA, de manera que puedan tener precios más competitivos y no tan diferenciados respecto los que ofrecen las grandes cadenas comerciales, todas ellas amparadas. Y, también beneficiaría al consumidor final de los alimentos líquidos ofertados por estos pequeños comerciantes o productores.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente iniciativa con

PROYECTO DE DECRETO

Que deroga el numeral 1 del inciso b) de la fracción I del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

PRIMERO.- Se deroga; el numeral 1 del inciso b) de la fracción I del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2-A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I.- La enajenación de:

a) (…)

b) Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación a excepción de:

1. Derogado

2. Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos eléctricos o mecánicos, así como los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan obtener refrescos.

3. Caviar, salmón ahumado y angulas.

4. Saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios.

5. Chicles o gomas de mascar.

6. Alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas como mascotas en el hogar.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República,
el 22 de junio de 2016.

Dip. Claudia Sofía Corichi García.

1 Ley del Impuesto al Valor Agregado

2 [J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Marzo de 2006; Pág. 420
VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 2O.-A, FRACCIÓN I, INCISO B), NUMERAL 1, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE UN TRATAMIENTO DIFERENCIADO AL GRAVAR CON LA TASA DEL 0% LA ENAJENACIÓN DE ALIMENTOS EN ESTADO SÓLIDO O SEMISÓLIDO Y CON LA DEL 10% O 15% A LOS ALIMENTOS EN ESTADO LÍQUIDO, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1O. DE ENERO DE 1996).





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 175 BIS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Presentada por el Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El suscrito, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, Diputado del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 175 BIS DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las áreas naturales protegidas juegan un papel esencial a través de los servicios ecosistémicos que estas prestan, así como la conservación de las especies, los ecosistemas y los medios de sustento que estos soportan. Al mismo tiempo desempeñan un rol clave en la adaptación y la disminución de los impactos derivados del cambio climático, como la disminución del carbono a través de los bosques, de los cuales más de 7.8 millones de km2 se encuentran en zonas protegidas.1

En 2010, durante la Cumbre de la Biodiversidad de las Naciones Unidas celebrada en Nagoya (Japón), los gobiernos de todo el mundo se comprometieron, entre otras disposiciones, a conservar el 17% de la tierra y el 10% del mar para el año 2020, en especial las zonas de gran valor biológico y los servicios de los ecosistemas, a las que se nombraron metas de Aichi.2

En México la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) administra actualmente 176 áreas naturales de carácter federal que representan más de 24,394, 779 hectáreas. Y están divididas en nueve regiones en el país. El funcionamiento eficiente de la CONANP asegura la protección de áreas que son indispensables para mantener la calidad de vida de millones de personas.

El valor de los bienes y servicios que las áreas proveen a la sociedad debe pasar a primer plano como un elemento esencial de la sustentabilidad de la nación. El valor económico generado por las áreas naturales mediante su uso comercial en actividades como: recreación, turismo, cacería, pesca, recolección, uso de recursos genéticos, educación e investigación; al no ser cuantificado y expuesto, tiende a ser minimizado, puesto que no se considerada como elemento de importancia para la preservación y asignación de recursos financieros para las áreas naturales.

Para ejemplificar lo anterior, un estudio de valuación contingente realizado en la Reserva de la Biosfera Bahía de los Ángeles, Canales de Ballena y Salsipuedes, propone como fuente de ingresos la observación del tiburón ballena, la cual traería a los 700 habitantes de Bahía de los Ángeles una retribución calculada de en un rango de 78,030 y 111,843 dólares por año3. Otro estudio muestra el potencial económico que traería consigo las pesquerías relacionada con los arrecifes que se realizan en el Arrecifal del Caribe Mesoamericano, por el cual se contempla un beneficio de entre 150 y 1500 dólares por hectárea4. Estas franjas de manglar se presentan en el frente lagunar de las islas ubicadas en los litorales de Sonora, Sinaloa y Nayarit que forman parte del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California.

El cuidado de las áreas naturales protegidas como cualquier otro patrimonio que genera rendimientos requiere inversión, tanto para la conservación de las zonas actuales como el incremento a futuro de estas, es necesario invertir suficientes recursos financieros que no permitan la perdida de nuestro patrimonio ecológico. Los recursos asignados a la CONANP han aumentado desde su creación, siendo actualmente de 1,150 millones de pesos, sin embargo esto resulta insuficiente, debido a que la comisión destina cerca de 240 millones de pesos al Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES), aunado a esto el requerimiento de personal, equipamiento, vehículos para hacer movimientos en campo; tanto terrestres como acuáticos y recursos operacionales requiere inversión, ya que la falta de cualquiera de estos elementos diezma la capacidad operativa para el cuidado de las áreas naturales5.

La CONANP desde 2001 hasta 2015 continúa incorporando áreas naturales protegidas a sus responsabilidades, mismas que se ven afectadas por falta de apoyo financiero. La disminución del presupuesto mengua la eficiencia de la comisión, pues de acuerdo a expertos se requieren por lo menos 5 dólares por hectárea para lograr la preservación, una persona de campo por cada 10 mil y al menos un administrativo por cada 50 mil hectáreas6.

Con el objetivo de proporcionar ingresos alternativos para la protección de las áreas naturales de México, se propone mediante esta iniciativa la reorientación de un porcentaje significativo de las multas generadas por daños al medio ambiente hacia la protección y conservación de las áreas naturales del país. Con esta modificación buscamos los siguientes objetivos: mitigar los efectos ocasionados por los recortes presupuestales en materia de medio ambiente y disminuir la dependencia del sector a la dinámica presupuestaria de contención del gasto.

Derivado de lo anterior someto a consideración la siguiente iniciativa:

DECRETO

Que reforma el artículo 175 BIS de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 175 BIS de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 175 BIS.- Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones a lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones que de ella se deriven, así como los que se obtengan del remate en subasta pública o la venta directa de los bienes decomisados, se destinarán en un 40 por ciento a la integración de fondos para desarrollar programas vinculados con la inspección y la vigilancia en las materias a que se refiere esta Ley, y en un 60 por ciento a la ejecución de acciones de preservación y restauración de las áreas naturales protegidas.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República,
el 22 de junio de 2016.

Dip. José Clemente Castañeda Hoeflich.

1 “Nuevo informe del PNUMA revela que el mundo está en el buen camino para cumplir con la Meta para las Áreas Protegidas Terrestres y Marinas para 2020”, (13 de noviembre de 2014), recuperado de:
http://www.iucn.org/?18607/3/Nuevo-informe-del-PNUMA-revela-que-el-mundo-esta-en-el-buen-camino-para-cumplir-con-la-Meta-para-las-reas-Protegidas-Terrestres-y-Marinas-para-2020

2 Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi, recuperado de:
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-ES.pdf

3 Low-Pfeng A., H. de la Cueva, R. Enríquez. 2005. ¿Cuánto vale el tiburón ballena? Su papel en la industria del ecoturismo en la Bahía de los Ángeles, Baja California. Ponencia presentada en el II Congreso Latinoamericano y del Caribe de Economistas Ambientales y Recursos Naturales, Oaxaca, México, marzo 10 - 20 de 2005. Citado en: Conservation International. 2008. EconomicValues of Coral Reefs, Mangroves and Seagrasses: A Global Compilation. Center forAppliedBiodiversityScience, Conservation International, Arlington, VA, USA. 36 pp.

4 Talbot, F. and C. Wilkinson. 2001. Coral Reefs, Mangroves and Seagrasses: A sourcebookfor managers. AustralianInstitute of Marine Sciences, Townsville, Australia. Citado en: UNEP-WCMC. 2006. In theFrontline: Shorelineprotection and OtherEcosystemServicesfromMangroves and Coral Reefs. UnitedNationsEnvironmentalProgramme (UNEP), WorldConservationMonitoring Centre (WCMC), Cambridge, UK, 33 pp.

5 El desarme de la CONANP (Entrevista a Luis Fueyo Mac Donald), (7 de octubre de 2015), recuperado de: http://www.ecoosfera.com/2015/10/conanp-cronica-de-una-caida-no-anunciada-entrevista-a-luis-fueyo-mac-donald/

6 Severas carencias en el país para conservar las reservas naturales, (22 de mayo de 2015), La Jornada, recuperado de:http://www.jornada.unam.mx/2015/05/22/sociedad/039n1soc





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA EL ARTÍCULO 189 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita, Diputada MARÍA VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, integrante del grupo parlamentario  Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que se somete a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto, al tenor de los siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Derecho penal ostenta el principio de “ultima ratio”, es decir, que debe ser la última instancia del derecho que debe de recurrirse, esto tiene como propósito, que el bien jurídico tutelado o valor más preciado que tiene el ser humano después de la vida, es la libertad. Por ello se tienen que utilizar vías diversas al derecho penal, incluso crear políticas públicas para la solución de conflictos que la sociedad actual vive, esto conocido como el principio de subsidiaridad. Y finalmente el principio de fragmentariedad o accesoria, es decir que, solo pueden tipificarse las conductas que ponen en peligro o dañan a bienes jurídicos tutelados que se consideran de gran relevancia, todo lo anteriormente mencionado debe de respetarse, hasta el punto que sea necesario la intervención del Estado para castigar.

El derecho penal se divide en objetivo y subjetivo, el primero trata sobre el conjunto de normas jurídicas que establecen los tipos penales y sus sanciones que impone el Estado y el segundo se entiende como el “ius puniendi” o el derecho de castigar, es decir, la facultad que tiene el Estado para castigar a través de penas o medidas de seguridad.

Después que debemos entender como servidor público, el artículo 108 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos establece que:

(…) se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

En general podemos deducir que servidor público es toda aquella persona física que ocupa un empleo, cargo o comisión en los entes de alguno de los tres poderes de gobierno, siendo estos el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Y agente de la autoridad, todo aquel que pueda utilizar la fuerza pública conforme al derecho.

Entendido lo anterior, con la finalidad de derogar el mencionado artículo en el preámbulo, materia de esta iniciativa, las razones son las siguientes:

¿Qué es Delito?, muchos autores dan su propia definición sobre este término legal, el jurista Miguel Ángel Aguilar López nos dice que es:

“La acción u omisión (simple o impropia) dolosa (directo o eventual) o culposa (previsible o imprevisible) que se encuentra perfectamente adecuada a la descripción legal como constitutiva de un delito; contraria a derecho a no justificarse con el consentimiento del titular del bien jurídicamente dañado o con el actuar en defensa legitima, estado de necesidad, ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber. Lo anterior en el injusto penal, constituye el juicio de desvalor el hecho típico y antijurídico”.  

Ahora bien debemos desentrañar cada oración del tipo penal materia de esta iniciativa:

“Artículo 189. Al que cometa un delito en contra de un servidor público o agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicará de uno a seis años de prisión, además de la que le corresponda por el delito cometido”.

A) “Al que cometa un delito en contra de un servidor público o agente de la autoridad”.- Ya mencione con anterioridad que se entiende por delito, servidor público y agente de la autoridad.

B) “en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas”.- Es decir, que en cumplimiento o ejercicio de un deber, cumpla cabalmente sus funciones.

C) “se le aplicará de uno a seis años de prisión”.-La pena impuesta si se llegase a cometer el tipo penal, establecido en la ley.

D) “además de la que le corresponda por el delito cometido”.- Que además de la pena impuesta en el inciso “C”, se le aumentará la pena del delito (tipo penal) que se tuvo que cometer, para  entrar en la hipótesis del artículo 189 del Código Penal Federal

Los errores que se encuentra en el presente tipo penal materia de esta iniciativa:

1) Se violenta el principio de taxatividad, es decir, que los tipos penales deben ser claros y precisos para que no dejen lugar a duda de la conducta que se está prohibiendo. En este caso no es claro en qué momento puede empezar a correr la prescripción, es decir, durante el proceso penal no se le considera “Delito” la conducta establecida en el tipo, sino hecho que se presume como ilícito (anteriormente conocido como cuerpo del delito, cosa que cambio por el Nuevo Sistema Acusatorio Penal), y se considerará de esta forma hasta que hay una sentencia condenatoria que afirme que se cometió un hecho que se considera como delito. Problema que consideró gravemente, al dejar una laguna enorme acerca de la prescripción.

2) Entonces se le tendrá que imputar por el “Delito cometido contra funcionarios públicos” hasta que primero se le sentencie por el delito que cometió hacia un servidor público o agente de la autoridad, objeto que viola el principio de doble cosa juzgada establecido en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos:

(…)Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. (…)  

Es decir, si ya se le va a condenar por el delito que cometió, no se debería de volver a juzgar por la misma conducta que cometió, ya que per se fue juzgado anteriormente por el delito que cometió, y violentaría el principio de doble cosa juzgada, al tratar el juzgador de imputar fundamentándose por el artículo 189 del Código Penal Federal.

3) Lo anterior da hincapié a que se pueda dar un concurso aparente de normas, en este caso, un concurso ideal (cuando con una sola acción o una sola omisión se cometen varios delitos.)

Es evidentemente que se debe de subsumir y ni siquiera entrar a discusión si se cometió el tipo penal contemplado en el artículo 189 del Código Penal Federal. Porque la conducta desplegada por el posible inculpado, fue por cometer el delito y no se le tiene que dar prioridad si es o no servidor público o agente de la autoridad (sujeto pasivo específico) ya que la constitución otorga el derecho humano  de igualdad.

4) Doble regulación. Por ejemplo en el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, en su artículo 7 fracción I establece como falta administrativa:

“Insultar, denigrar o golpear al personal que desempeña labores de agilización del tránsito y aplicación de las sanciones establecidas en este Reglamento”.

Por lo cual existe doble regulación, una administrativa y una penal.

5) Por último que delito serían considerados para la aplicación de este tipo, los que se encuentran únicamente en el Código Penal Federal, o cualquiera en el ámbito local  que converge con cada una de las Entidades Federativas del todo el País, sin mencionar los establecidos en los Tratados Internacionales que versen en la materia, de los que los Estado Unidos Mexicanos es parte.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta H. Asamblea la presente iniciativa  el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se deroga el artículo 189 del Código Penal Federal.

Único.- Se deroga el artículo 189 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 189.- Se deroga

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República,
el 22 de junio de 2016.

Atentamente

Dip. María Victoria Mercado Sánchez.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 3O. DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita, MARÍA VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, Diputada Federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A raíz del de las exigencias que giran en torno al ambiente profesional, es inevitable que se suscite el estrés laboral, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), México ocupa el primer lugar con el mayor número de habitantes que sufren estrés laboral, es decir, que el 75% de los trabajadores de este país padecen o han padecido de este mal, en segundo lugar se encuentra China con 73%, seguido de los Estados Unidos de América con 59%, informó que México ocupa el primer lugar con el mayor número de habitantes que sufren estrés laboral1, esta enfermedad psicosocial es difícil de detectar, ya que sus síntomas inician generalmente a consecuencia de infecciones, alergias, migrañas o trastornos del sueño, rara vez estos síntomas se asocian directamente a la misma enfermedad, explicó Érika Villavicencio Ayub, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)2, es decir, el estrés laboral, se origina por aquella reacción que tiene el individuo ante las grandes exacciones en el trabajo, generalmente se deben a que el trabajador no logra ajustarse a sus tareas, ya sean por falta de conocimiento o capacidad.

De acuerdo con un estudio elaborado por la compañía Regus, el 75% de las personas que padecen estrés en nuestro país, señalan como principal causante, el entorno laboral, es decir, que poco más del 40% de los habitantes en edad laboral activa padecen o han padecido las consecuencias y estragos que deja dicha enfermedad, estamos hablando que 18,4 millones de personas conviven con este tipo de estrés, siendo los varones quienes tiene mayor probabilidad de sufrirlo, y mujeres entre los 18 y 30 años de edad.3

Por ello, es urgente analizar las principales causas que dan origen a esta enfermedad, evaluando métodos y aplicando soluciones, para lograr mitigar el daño generado a un gran número de habitantes de nuestra población laboral activa.

El Estrés laboral, también es llamado síndrome de burnout, cuya palabra es de origen inglés, suele traducirse como: consumido, tronado o reventado, es un padecimiento que consiste en la presencia de una respuesta prolongada de estrés en el organismo ante los factores estresantes emocionales e interpersonales que se presentan en el trabajo, que incluye fatiga crónica, ineficacia y negación de lo ocurrido.

Este síndrome fue descrito por primera vez en 1969 por H.B. Bradley como metáfora de un fenómeno psicosocial presente en oficiales de policía de libertad condicional, utilizando el término staff burnout. Posteriormente en el año de 1974 Freudenberger propuso un concepto centrado en un estudio organizacional, en donde proponía que los sentimientos de agotamiento y frustración además de cansancio se generan por una sobre carga de trabajo, él incluye en su explicación el término de adicción al trabajo, siendo también el primero en proponer este tipo de relación asociada a un desequilibrio productivo, posteriormente en el año de 1980, Freudenberger extiende su teoría y conceptualización añadiendo que estos sentimientos se deben a cargas irracionales de trabajo que ellos mismos o quienes los asedian les atribuyen.4

El síndrome descrito como burnout refiere a la condición en el desempeño laboral, es decir, lo  que desencadena este síndrome, y es el excesivo agotamiento emocional, mismo que gradualmente lleva a quien lo experimenta a un estado de distanciamiento emocional y cognitivo en sus actividades diarias, dando como consecuencia que la persona sea incapaz de responder adecuadamente a sus tareas laborales, el agotamiento emocional y la indiferencia en el trabajo se traducen en la ineficacia laboral, por lo que la ineficiencia es el resultado del agotamiento emocional y la despersonalización de las tareas es un claro ejemplo de dicho síndrome, de tal forma que el síndrome de burnout se caracteriza por las siguientes:

• Agotamiento emocional, fatiga y depresión.

• Relación de los síntomas con la actividad laboral.

• Predominancia de estos síntomas en los ámbitos mentales y conductuales sobre el cansancio físico.

• Aparición de los síntomas en personas normales sin antecedentes “psicopatológicos”.

• Ineficiencia y pobre desempeño en el trabajo.5

Este tipo de sintomatología se presenta frecuentemente en trabajadores con las siguientes profesiones: médicos, enfermeras, trabajadores sociales, etc., desde un punto de vista institucional, el contar con personal en malas condiciones emocionales menoscaba el ambiente laboral y es causante de conflictos entre los compañeros de trabajo, así como también con los integrantes de su familia.

Sin embargo, existe un mecanismo para poder facilitar su detección, creado en 1981, por Maslach y Jackson, confeccionaron una herramienta para medir dicho padecimiento, el MBI (Maslach Burnout Inventory) que consiste en 22 enunciados que se muestran a consideración del interrogado. El MBI es, sin duda, el cuestionario más frecuentemente usado y alusivo en la literatura académica sobre el tema, mismos que se enlistan a continuación:

1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo
2. Me siento cansado al final de la jornada de trabajo
3. Me siento fatigado cuando me levanto de la cama y tengo que ir a trabajar
4. Comprendo fácilmente cómo se sienten los pacientes
5. Creo que trato a algunos pacientes como si fueran objetos impersonales
6. Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo
7. Trato muy eficazmente los problemas de los pacientes
8. Me siento “quemado” por mi trabajo
9. Creo que influyó positivamente con mi trabajo en la vida de los pacientes
10. Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo esta profesión
11. Me preocupa el hecho de que este trabajo me endurezca emocionalmente
12. Me siento muy activo
13. Me siento frustrado en mi trabajo
14. Ceo que estoy trabajando demasiado
15. Realmente no me preocupa lo que les ocurre a mis pacientes
16. Trabajar directamente con personas me produce estrés
17. Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con mis pacientes
18. Me siento estimulado después de trabajar con mis pacientes
19. He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión
20. Me siento acabado
21. En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma
22. Siento que los pacientes me culpan por algunos de sus problemas6

El primero se denomina Estrés laboral Episódico:

“Es aquel que se produce de modo puntual y momentáneo en el tiempo. Éste tipo de estrés se caracteriza por su corta duración y su naturaleza esporádica. Un ejemplo podría ser un pico de trabajo puntual en el puesto laboral, que ocasiona un aumento del nivel de estrés en el empleado. Otro ejemplo sería una situación de despido. En la mayoría de casos se trata de una situación limitada en el tiempo (el nivel de   trabajo vuelve a la normalidad y el trabajador encuentra un nuevo empleo), por lo que  sus efectos negativos son apenas perceptibles. Sin embargo, en ocasiones, estos factores estresantes se prolongan demasiado en el tiempo, dando lugar al estrés laboral crónico”.7

El segundo se denomina Estrés laboral Crónico:

Es aquel que se produce como consecuencia de una exposición repetitiva y prolongada a diversos factores estresantes. En algunos casos es una evolución del estrés laboral episódico, que gradualmente ha ido reduciendo la resistencia ante el estrés del empleado (por ejemplo el Síndrome de Burnout). Se trata de un tipo de estrés mucho más dañino y que puede ocasionar consecuencias graves a medio y largo plazo.”8

Sin embargo, existe otra división para distinguir el Estrés Laboral Positivo del Negativo:

Eustress (positivo o beneficioso):

“Se produce como una respuesta eficaz al estrés por parte de nuestro organismo, que se prepara para hacer frente a situaciones nuevas o que requieren un mayor nivel de atención. Se trata de la situación ideal, ya que mantiene alerta nuestro organismo, pero sin forzarlo en exceso.

Éste tipo de estrés laboral resulta beneficioso, ya que aumenta nuestras capacidades, nos motiva, y nos hace más productivos.9

Distress (negativo o perjudicial):

Éste tipo de estrés se da cuando el organismo reacciona de modo inadecuado o excesivo al estrés. Puede darse ante situaciones estresantes que superan nuestras capacidades o ante sucesos estresantes que se repiten de modo prolongado y repetitivo en el tiempo.

Se trata de un tipo de estrés laboral perjudicial para el organismo y que reduce notablemente nuestro rendimiento, por lo que es conveniente aprender a manejarlo correctamente”.10

Por otro lado, el estrés laboral se clasifica en tres fases: la “fase de alarma”, la “fase de resistencia” y la “fase de agotamiento”. Estas etapas fueron identificadas por primera vez en 1975 por el investigador Hans Selye y son las mismas sin importar el tipo de estrés laboral al que se refiere.

Fase de Alarma:

Esta es la primera de las fases del estrés laboral. Se trata de una reacción natural del organismo frente a un factor o causa estresante. Nuestro organismo comienza a prepararse para hacer frente a lo que considera una agresión externa que exige un esfuerzo extra. Es entonces cuando comienza a liberarse adrenalina y otras hormonas que pueden provocar síntomas como aceleración del ritmo cardíaco y la respiración, mayor presión arterial y ansiedad. Es generalmente una fase de corta duración”.11

Fase de Resistencia:

“Si la situación o agresión externa se prolonga en el tiempo, el organismo pasa a un estado de resistencia activa frente a dicho estrés para evitar el agotamiento. El cuerpo se estabiliza o se “normaliza” y los síntomas tienden a reducirse cuando la situación empieza a estar bajo control. Sin embargo, durante esta fase, el trabajador consume una mayor cantidad de recursos (recursos que no son ilimitados). La duración de ésta fase puede ser muy variable, dependiendo de la resistencia al estrés del empleado, en la que influyen tanto factores biológicos como psicosociales. Si los factores estresantes se prolongan demasiado en el tiempo, nuestro cuerpo pasa a la siguiente fase”.12

Fase de Agotamiento:

Se trata de la última fase del estrés laboral y se caracteriza por un agotamiento de los recursos fisiológicos del trabajador. Es una fase de agotamiento físico y mental, en la que el organismo ya no puede seguir resistiendo las agresiones del entorno y que puede ocasionar consecuencias serias para la salud si se da de modo repetitivo y prolongado. El trabajador rinde por debajo de sus capacidades tanto física como mentalmente y puede volverse fácilmente irritable o perder toda motivación. Además, una exposición excesiva a ésta fase de agotamiento puede terminar por reducir la resistencia natural al estrés del empleado, como ocurre en el Síndrome de Burnout”.13

Las principales causas que detonan el estrés laboral, surgen a raíz de la intensidad de las demandas laborales, por problemas organizacionales, por conflictos entre compañeros de trabajo, el trabajador comienza a experimentar vivencias negativas asociadas al contexto laboral. En ocasiones el estrés laboral se origina por el temor a lo desconocido, es decir, el trabajador se enfrenta a situaciones inciertas que le generan desconfianza y la sensación de no estar preparado para enfrentar un problema en la organización o empresa, asimismo sucede cuando la persona tiene cargas de trabajo extensas o por largos periodos de tiempo, lo cual, repercute gravemente en la salud de los individuos.

El estrés laboral, trae consigo graves consecuencias que afectan tanto al trabajador como a la empresa. Dentro de las consecuencias para el trabajador, se distinguen las que son manifestadas a causa del nivel físico y las que lo hacen a nivel psicológico, muchas de estas consecuencias  se pueden manifestar a corto, medio o largo plazo, todo dependerá de la resistencia al estrés de cada individuo, de la intensidad de los estímulos o situaciones estresantes en el lugar de trabajo, así como de la prolongación en el tiempo de dicha situación sin tomar las medidas adecuadas. 14

Entre las muchas enfermedades o alteraciones que el estrés prologado produce son las siguientes:

Trastornos Cardiovasculares: Hipertensión Arterial, Enfermedad Coronaria, Taquicardia, Arritmias cardíacas episódicas, Cefaleas.

Trastornos Respiratorios: Asma Bronquial, Síndrome de Hiperventilación, Alteraciones Respiratorias, Alergias.

Trastornos Gastrointestinales: Ulcera péptica, Dispepsia funcional, Síndrome de colon irritable, Colitis Ulcerosa.

Trastornos Musculares: Tics, Temblores y contracturas, Alteración de reflejos musculares, Lumbalgias, Cefaleas tensionales.

Trastornos Dermatológicos: Prurito, Eccema, Acné, Psoriasis.

Trastornos Sexuales: Impotencia, Eyaculación Precoz, Coito Doloroso, Vaginismo, Disminución del deseo.

Trastornos Endocrinos: Hipertiroidismo, Hipotiroidismo, Síndrome de Cushing.

Trastornos Inmunológico: Inhibición del sistema inmunológico.

En cuanto a las consecuencias psicológicas el INSHT aporta las siguientes:

Secuelas Negativas: Incapacidad para concentrarse y/o tomar decisiones, sensación de confusión, dificultad para mantener la atención, sentimientos de falta de control, frecuentes olvidos, hipersensibilidad a las críticas, consumo de fármacos /alcohol/tabaco..., mal humor, mayor susceptibilidad de sufrir accidentes, bloqueos mentales, sensación de desorientación y preocupación excesiva.

Trastornos psicológicos: Trastornos del sueño, ansiedad/miedos/ fobias, adicción a drogas y alcohol, depresión y otros trastornos afectivos, alteración de las conductas de alimentación, trastornos de la personalidad, trastornos esquizofrénicos.

Manifestaciones externas y conducta: Hablar rápido, temblores, tartamudeo, imprecisión al hablar, precipitación al actuar, explosiones emocionales, voz entrecortada, comer excesivamente, falta de apetito, conductas impulsivas, risa nerviosa, bostezos frecuentes.15

En todos los espacios en los que se desarrolla el ser humano se presentan circunstancias que generan estrés, por ello, la importancia de proveer y saber tratar esta enfermedad que afecta al 75% de nuestros trabajadores,  evitando problemas que afecten la salud  física y psicológica de los trabajadores, especialmente a todos aquellos individuos que no están preparados para cumplir con las demandas de su empleo, por lo que es urgente que las organizaciones o empresas, implementen mecanismos que eviten la presencia de estrés laboral, cuyo objetivo este enfocado en la eficiencia y eficacia en las situaciones generadoras de estrés laboral.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 3º DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PROPUESTA POR LA DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción VIII, recorriendo las subsecuentes al artículo 3º de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I a VII…

VIII. La prevención, orientación, control y vigilancia de los efectos nocivos en materia de salud laboral, síndrome de burnout, estrés laboral, y otros trastornos de la conducta en la salud del hombre.

IX a XXVIII […]

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, el 22 de junio de 2016.

Atentamente

Dip. María Victoria Mercado Sánchez.

1 México, primer lugar en estrés laboral: OMS, EL UNIVERSAL, 17 mayo 2015
http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/mexico-primer-lugar-estres-laboral-oms-1100646.html

2 México, el país con mayor estrés laboral, según la OMS, La Jornada, 18 mayo 2016,
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/08/sociedad/029n2soc

3 Estrés Laboral.INFO, “Toda la información sobre el estrés laboral en Méxcio”.
http://www.estreslaboral.info/estres-laboral-en-mexico.html

4 Burnout Síndrome. https://es.wikipedia.org/wiki/Burnout_(s%C3%ADndrome)

5 El Síndrome de “Burnout”: La despersonalización, el agotamiento emocional y la insatisfacción en el trabajo como problemas en el ejercicio de la medicina y el desarrollo profesional.
http://www.facmed.unam.mx/sms/seam2k1/2007/jun_01_ponencia.html

6 Medicina y Seguridad del Trabajo, Maslach C and Jackson SE. Burnout in theprofessions. Citado en Moreno-Jiménez, et al. Op. Cit., 1982. http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=28/11/2012-f654ea5ae7

7 Estrés Laboral.INFO, “Toda la información sobre el estrés laboral”. http://www.estreslaboral.info/

8 Estrés Laboral.INFO, “Toda la información sobre el estrés laboral”. http://www.estreslaboral.info/

9 Estrés Laboral.INFO, “Toda la información sobre el estrés laboral”. http://www.estreslaboral.info/

10 Estrés Laboral.INFO, “Toda la información sobre el estrés laboral”. http://www.estreslaboral.info/

11 Estrés Laboral.INFO, “Toda la información sobre el estrés laboral”. http://www.estreslaboral.info/

12 Estrés Laboral.INFO, “Toda la información sobre el estrés laboral”. http://www.estreslaboral.info/

13 Estrés Laboral.INFO, “Toda la información sobre el estrés laboral”. http://www.estreslaboral.info/

14 Estrés Laboral.INFO, “Toda la información sobre el estrés laboral”. http://www.estreslaboral.info/

15 Las consecuencias del estrés laboral. http://www.conectapyme.com/gabinete/p3/guia/nivel2apartado3.html





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA CREAR EL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

(Presentada por la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita, Diputada MARÍA VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención 55, fracción II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este Pleno iniciativa que nos permitimos presentar la siguiente INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA CREAR EL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El municipio es la célula básica de tejido político, administrativo y territorial de las entidades federativas y de la nación, es con quien, los habitantes de este país cuentan en primera instancia para solucionar sus conflictos, solventar sus necesidades y desarrollar sus capacidades, es una organización política y administrativa; el Municipio es libre para administrar su hacienda pública, para gobernarse, elegir sus autoridades, así como para dictar su normatividad observando respeto y congruencia con las esferas jurídicas tanto federal como estatal.

México se divide en 2, mil 457 municipios y 16 delegaciones del Distrito Federal, éstas delegaciones hoy buscan ser Municipios.

A los municipios los definiremos como persona jurídica autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural.

Los municipios tienen dos funciones una de obligación constitucional y otra obligación compartida, en la primera su competencia constitucional le precisa encargarse de los servicios públicos primaros: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales,  alumbrado público,  limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos,  mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines y su equipamiento y seguridad pública preventiva y tránsito y además las que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas.

En la segunda, son aquellas que las municipalidades en el ámbito de su territorio pueden desarrollar directamente y que en la mayoría de los municipios ocurre, las cuales enunciaremos: la educación, la cultura, la salud pública y la protección del medio ambiente, la asistencia social y jurídica, a capacitación, la promoción del empleo y su creación y el fomento productivo, el desarrollo rural, el turismo, el deporte y la recreación, la urbanización y la vialidad urbana y rural, la construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias, el transporte y tránsito públicos, la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes, el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana, la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y el desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local, por esto el municipio es lo organización gubernamental más importante de nuestro país.

Este nivel de gobierno atiende a la totalidad de los habitantes de nuestra nación de manera directa y vinculada. Debemos señalar que no recibe en proporción a la recaudación de su población de impuestos, federales y estatales a lo que recibe en las distintas vías de presupuesto, estamos ante una problemática coyuntural de inequidad y desproporcionalidad. Por ello, los órganos de Gobierno en la esfera Federal y Estatal, son inequitativos con los municipios. No debemos olvidar, este nivel de Gobierno es quien verdaderamente atiende las necesidades de la población.

En este sentido los trabajos de la LXIII Legislatura, en materia de desarrollo municipal, resaltan la necesidad de crear un Centro de Estudio y Fortalecimiento Municipal. Esta asistencia de orden técnico especializado, será de gran utilidad a las Comisiones Ordinarias en los asuntos relacionados con el municipio y los servicios a que presta en sus dos ámbitos de competencia, y de igual manera en la estructuración del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, y con ello minimizar la crítica a esta Cámara en lo concerniente a la asignación de recursos a municipios para su pleno desarrollo, así como a los grupos parlamentarios y legisladores en lo particular quienes requieran de asesorías técnicas para el mejor desempeño de sus funciones. En este sentido, hacemos extensa la propuesta de crear dentro de esta soberanía el Centro de Estudios en comento.

El objetivo para su creación es el de optimizar su sistema administrativo y establecer con claridad las reformas y los procedimientos de vinculación entre los órganos de la Cámara. Nos auxiliara durante los trabajos parlamentarios de esta legislatura y las subsecuentes, en las tareas de estudio y análisis de la propuesta del Ejecutivo en materia de Ingresos y Presupuesto de Egresos así como su impacto en el Municipio.

Cabe señalar que ésta Cámara de Diputados ya cuenta con información y asesoría oportuna procedida de los Centros de Estudios de las Finanzas Públicas, del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género y del Centro de Estudios Para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. 

Dichos Centros de Estudio tienen como tarea principal dar sus opiniones para fortalecer la toma de decisiones de los legisladores y del trabajo en comisiones, todo ello bajo un criterio profesional y especializado en sus respectivas áreas. 

Bajo esta lógica quienes integramos el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano hemos alzado la voz y de manera sistemática la crítica pero también la propuesta, ante la indiferencia del Ejecutivo hacia los problemas y la inequidad presupuestaria del Municipio. Nos ocupa hoy la actualización de todo el andamiaje jurídico y técnico vinculado al desarrollo municipal, y con ello formular una política de Estado, de equidad presupuestaria, desarrollo sostenido y mayor autonomía municipal, que no se ha visto en esta administración. Para nosotros, el poder legislativo debe proponer y contribuir a la formación de una sociedad integral y un desarrollo personal, más libre, más justo y más próspero. El legislativo persigue convertirse en un poder pleno que mejore sus propuestas y acciones, con libertad política y equidad en todos los órdenes. El municipio es la célula más importante del estado Mexicano. Con su desatención se ha provocado la duplicidad de funciones y el desperdicio de recursos públicos y privados en programas mal planteados, mal ejecutados dando escasos y nulos resultados.

Se pronostica, por ello, que el municipio por los altos costos de operación en atención a sus obligaciones, su endeudamiento y los escaso recurso con el que cuenta en poco tiempo empezara a sufrir su viabilidad operativa.

La realidad municipal no encuentra orientación en la conducción de una política acorde a las necesidades de un proyecto nacional. Creemos que toda la reorganización municipal debe partir de varias premisas: la paridad de gasto con lo que se recauda en su territorio, endeudamiento, prestación de servicios y desarrollo personal, eficacia del gasto federal y estatal en el ámbito municipal, independencia de gestión, obtención de recursos, elección de autoridades y regulación. Todos estos sucesos constituyen un entorno peligroso. Cabe reiterar que el municipio es el núcleo del estado mexicano. En muchas ocasiones hemos señalado el error que implicó, y que ahora se profundiza, de denostar al municipio como el ente menos importante de la organización estructural del gobierno.

Esta propuesta tiene su contraparte social, este órgano de Gobierno atiende de manera directa la pobreza en todas sus maneras, desempleo, migración masiva, inseguridad, zonas críticas y de conflicto. El trabajo en la Cámara ha dado muestras de que el municipio está desprotegido se ha promovido de manera constante propuestas valiosas, que constituyen la base fundamental de muchas propuestas.

Con lo anterior, tenemos que hacer un compromiso para reconstruir leyes, reglas, instituciones y políticas públicas que refuercen al municipio. En el Congreso existen escenarios de pluralidad para preparar una definición clara y puntual de políticas de Estado para el municipio. En donde se marquen plazos, instrumentos, instituciones y formas de presupuestos públicos y privados. Equivalentemente, elementos estructurales y de coyuntura, compromisos de recuperación y distribución de los costos y esfuerzos. Tiene además, la aptitud para formular políticas de cogobierno en materia municipal.

El Congreso debe contribuir a la instrumentación presupuestal específica para el desarrollo municipal. Es deseable, por otra parte, proponer presupuestos multianuales que vayan más allá de una simple sumatoria que directa o indirectamente reciba los municipios y se atienda me manera puntual al desarrollo de los más marginados. En la actualidad, como todos sabemos, los recursos son insuficientes, a pesar del incremento que se da año con año. El marco jurídico que se sustenta en los artículos 115 de la Carta Magna, puede hacer posible el desarrollo municipal real, como una premisa esencial para sentar las bases de lo que debe ser el gran proyecto para esta nación. En términos de lo expuesto, pueden distinguirse diversas atribuciones de la Cámara y que son algunas veces es compartida, para su ejercicio, con el Senado de la República. Estas son las precisadas en las fracciones VI, VII y XXV del artículo 73 de la Constitución General de la República.

En ese orden de ideas, se propone la modificación de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 49 numeral 3, para crear el Centro de Estudio y Fortalecimiento Municipal. Y tendrá como objeto, brindar los servicios de asesoría, análisis e información, relacionados con el ejercicio legislativo. Se propone que el centro recopile, ordene, analice y ponga a disposición de las Comisiones y Legisladores, la información sobre el municipio y su evolución. Uno de los problemas más graves del país es la no atención a esta esfera de Gobierno.

La creciente complicación del funcionamiento gubernamental, hace necesario que toda actividad legislativa, tenga que buscar mayor especialización en sus trabajos y con ello dar exhaustividad, en el análisis y estudio, evitando la dependencia del Ejecutivo. La actividad legislativa por tanto, deberá pugnar por una adecuación del marco jurídico y la elaboración de nuevas leyes sobre la materia.

Es necesario puntualizar que el Congreso ve al Municipio como un ente independiente y poco intervenimos en su vida y desarrollo, ello nos ha generado un problema de desarrollo y protección de los pueblos y sus habitantes. Creemos que fue propiciada por la ausencia de un organismo propio de la Cámara de Diputados encargado de recopilar, ordenar e investigar toda la información generada por los diversos actores involucrados. Se requiere una mayor participación de la Cámara de Diputados en la elaboración de este tipo de acuerdos, que garanticen un mejor producto legal. Esto hace que sea necesario desarrollar instrumentos especializados que faciliten la actividad legislativa.

Esta LXIII Legislatura, tiene la facultad de proponer al pleno la revisión de los procedimientos y ordenamientos que rigen la organización y el funcionamiento de la Cámara de Diputados en materia municipal, acercar a las autoridades municipales y a su vez proteger a sus habitantes.

El poco material en estudios y documentos sobre el municipio, así como de las fuentes que las elaboran y difunden públicas o privadas, hacen necesaria una actividad permanente de recopilación, ordenamiento y selección, que no puede ser abordada de manera individual, por carencia de recursos. Nos encontramos en clara desventaja frente al Ejecutivo ya que tiene todo el aparato administrativo, mientras que el Legislativo apenas cuenta con muy pocos apoyos. Un diputado o un senador con estas limitaciones, siempre es rebasado por el otro poder, en perjuicio inclusive de los ciudadanos a quienes representamos y sus municipios.

Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo Único.- Se reforma el artículo 49, en su numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CAPÍTULO SÉPTIMO

Sección Segunda
De la Secretaría de Servicios Parlamentarios

ARTICULO 49.

1. …

2. …

3. La Cámara contará también, en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con los centros de estudios de las finanzas públicas; de estudios de derecho e investigaciones parlamentarias; de estudios sociales y de opinión pública; de estudios para el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria, de estudios para el adelanto de las mujeres y la equidad de género, y el centro de estudios para el fortalecimiento municipal.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República,
el 22 de junio de 2016.

Atentamente

Dip. María Victoria Mercado Sánchez.





 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por la Diputada Marbella Toledo Ibarra, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La que suscribe, MARBELLA TOLEDO IBARRA, Diputada Federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 194, 198, 235, 236, 237, 238, DE LA LEY GENERAL DE SALUD; 198 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; Y 235, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“¡Triste época la nuestra! es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio” Albert Einstein (Ulm, Imperio alemán, 14 de marzo de 1879-Princeton, Estados Unidos, 18 de abril de 1955)1.

La veracidad de esta frase no reside en la autoridad de Einstein, sino en lo fácil que es constatar su autenticidad en el día a día; en Guerrero, por ejemplo, los diputados Ricardo Mejía Berdeja, Magdalena Camacho Díaz y Silvano Blanco Deaquino, integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto para elevar a la consideración del Congreso de la Unión, en términos del artículo 71, fracción III de la Constitución Política de la República que faculta a las legislaturas de los estados poder presentar iniciativas legislativas ante el Congreso de la Unión, una serie de reformas a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales, con el fin de legalizar el cultivo, producción y comercialización de papaversomniferum o adormidera con fines científicos y medicinales, sin embargo, se toparon de frente contra un muro de prejuicios construido por los partidos de siempre.

El Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso del estado de Guerrero, Ricardo Mejía Berdeja, ha señalado ante diferentes medios de comunicación que:

“…no entendemos cuáles pueden ser las razones para estar dilatando, congelando o para estar frenando las reformas que urgen a Guerrero; no sabemos qué tipo de intereses pueden estar atrás para que frenen la actualización del marco normativo…"

Queda claro entonces que, pese a las declaraciones del gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, donde se ha manifestado a favor de la legalización de la amapola con fines médicos y científicos, así como los trabajos de Movimiento Ciudadano para legislar sobre este tema, existe al interior del Congreso de la entidad una resistencia por dar ese paso en la lucha contra el narcotráfico y presentar la iniciativa aludida, para enfrentar ese mal que ha cobrado una alta cuota de sangre para todo el país, pero en especial para los guerrerenses.

La iniciativa presentada por la Bancada de los Ciudadanos en el Congreso del estado de Guerrero, para legalizar el cultivo, producción y comercialización de papaversomniferum o adormidera con fines científicos y medicinales, en esencia busca dar solución a dos principales problemáticas, a saber:

• Atender la creciente demanda de medicamentos derivados de los opiáceos en nuestro país, que ha sido reconocida por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE); e

• Impactar en los ingresos de los grupos criminales vía la alteración del precio de la materia prima (la goma de opio o la resina de la amapola), al abrirse la posibilidad de un mercado licito para la su comercialización.

Son justo estos dos temas los que han desatado el debate y dividido la opinión de especialistas, por ejemplo, para el representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, Antonio Mazzitelli, el planteamiento no tiene "ninguna viabilidad”, mientras que para Lisa Sánchez, Coordinadora de Política de Drogas de la organización México Unido contra la Delincuencia, considera esta una ruta viable, al manifestar a TheAssociatedPress que "… hay que orientar el debate hacia las rutas legales del cultivo de amapola porque cualquier mercado ordenado contribuye a desempoderar al crimen organizado y reducir la violencia aunque no sea una solución mágica ni la única posible…".2

Por nuestra parte, creemos que el halo de prejuicios que envuelve a la problemática del consumo de drogas difiere de la situación actual. La historia nos ha mostrado que la “guerra contra el narcotráfico” ha dejado más muertes que las causadas por su consumo3, e incluso, más aún que las registradas en un conflicto bélico como el de Vietnam4.

Es evidente que el estado mexicano necesita regularizar las drogas si desea reducir el número de muertes que ha dejado la guerra contra el narcotráfico, pues como bien señalan los Diputados Ciudadanos del estado de Guerrero en su iniciativa:

La intolerancia y prohibicionismo incorporado en nuestra política gubernamental sobre el uso de drogas, luego de más de medio siglo, no han logrado erosionar ni su oferta ilegal ni su demanda.

Es momento de implementar un marco normativo que permita la regularización del mercado de la papaversomniferum o adormidera, que incluye la producción, distribución y venta con fines médicos y científicos. Tomemos como muestra la implementación de la Ley Volstead, mediante la cual, el 16 de enero de 1920, se reformó la Enmienda 18 de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, mejor conocida como la “Ley Seca”, a partir de ese momento la importación, exportación, fraccionamiento, trasporte, venta o elaboración de toda bebida alcohólica, era considerada como un delito mayor.

La prohibición obedeció en buena medida a que el consumo de alcohol se había convertido en un problema social, que afectaba a las familias.

Según las estadísticas de la época  en 1830, los estadounidenses mayores de 15 años consumían el equivalente a siete galones de alcohol puro al año, unos tres tragos diarios, en los años de 1850 a 1890 el consume de cerveza creció desmesuradamente (36 millones de galones anuales). El número de tabernas aumentó de 100,000 a 300,000 entre  1870 y 1900. Sin embargo, la Ley Seca no logró detener el consumo de alcohol.

Para 1925 había miles de clubes llamados “speakeasy” en Nueva York, escondidos en los sótanos de otros establecimientos. La ilegalidad desencadenó una serie de actividades y grupos criminales como la mafia italiana de Nueva York y Chicago, y figuras como la de Al Capone, junto con una ola de violencia desatada por los delincuentes que ante la ilegalidad de la droga resolvían sus diferencias a través de enfrentamientos entre grupos armados y otros crímenes.

Además, la política prohibicionista resulto ser el detonante de la corrupción del gobierno y en la policía, quien se dejaba sobornar a cambio de no hacer arrestos relacionados. En 1931, un 8 por ciento de los policías de Nueva York habían sido despedidos por esta causa.

La producción doméstica de vino se disparó, entre familias de origen mediterráneo que acostumbraban a consumir vinos de mesa.

La oposición a la Ley Seca comenzó en 1920, y sus opositores esgrimían el argumento de que daba demasiado poder al gobierno sobre el individuo. Las mujeres también se retractaron de su histórico apoyo a la ley, a través de la Women’s OrganizationforNationalProhibitionReform ante las consecuencias que esta traía para los jóvenes. 

Al tomar la presidencia en 1929, el presidente Herbert Hoover nombró un comité para revisar la ley, la  NationalCommissiononLawObservance and Enforcement. Aunque la comisión, en un reporte de 1931 apoyó la ley, las declaraciones de sus miembros revelaban escepticismo y las dificultades para  hacer cumplir la ley. En 1933 el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica adoptó la Enmienda 21, aprobada por  el 73 por ciento de los votos, abrogando la Ley Volstead.

Como se ha visto, la tendencia prohibicionista no es la mejor estrategia para el combate contra las drogas, la historia ha evidenciado que la Ley Seca es, posiblemente, el mayor fracaso legislativo en la historia de Norteamérica.

Durante su vigencia, los homicidios aumentaron un 78 por ciento; el 95 por ciento del contrabando de licores llegó finalmente a su destino; el consumo percápita de alcohol se aceleró notablemente, y los fallecimientos por la toxicidad de las bebidas caseras fueron notables; la corrupción de las autoridades y su vinculación con los grupos de la mafia proliferó en cada uno de los estados.

Nuestro país parece no entender las consecuencias de la tendencia prohibicionista extrema, muy por el contrario, ha seguido una política prohibicionista de las drogas en el mismo sentido. Desde los años setenta con la Operación Cóndor, orientada a la erradicación de cultivos mediante el uso de antidefoliantes como el paraquat, hasta la última campaña de la guerra contra el crimen emprendida por el gobierno del presidente Calderón, la persecución de las drogas en México no ha sido sino una historia interminable de violencia y corrupción.

Los frutos de más de medio siglo de persecución de las drogas en México no podrían ser más amargos: una epidemia de inseguridad, violencia y corrupción institucional, incapaz de contener o reducir el flujo de enervantes hacia el estable mercado estadounidense.

Los resultados mexicanos en detenciones, decomisos o capturas de capos son notables. La irrelevancia de esos logros ante lo buscado, también. Todas las operaciones policiacas, todas las detenciones, campañas y muertes, no han reducido el flujo internacional de narcóticos prohibidos.

Según la propia ONU, en 2008, diez años después del acuerdo universal de prohibición, consumían drogas entre 155 y 250 millones de personas, es decir, entre 3.5% y 5.7% de la población mundial, un rango similar al de la década anterior.

De 2006 a 2009 se duplicó el número de arrestos por crímenes vinculados al narcotráfico: 115 mil 487 detenidos, contra 58 mil en todo el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) y 64 mil en el de Ernesto Zedillo (1994-2000). Hablamos de 237 mil detenidos en 16 años, la mitad de todos los presos de Estados Unidos y la cuarta parte de los del mundo por “delitos contra la salud”.

Los homicidios merecen nota aparte. Desde 1990 hasta 2007 la tasa de homicidios de México no había hecho sino descender. Había 20 homicidios por cada 100 mil habitantes en 1990 y ocho homicidios por cada 100 mil en el año 2007.

La espiral de violencia desatada desde entonces por la guerra de las drogas en México hizo subir la tasa. Según la ONU, en el año 2009 la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes era de 12, el doble que Estados Unidos, pero la mitad que Brasil, la tercera parte que Colombia, la quinta parte que Guatemala.

El impacto público de estos crímenes, es infinitamente superior al de los homicidios del pasado. Aquellos sucedían en su mayor parte en zonas rurales, por pleitos agrarios o rivalidades comunitarias. Los de ahora se dan en centros urbanos estratégicos, con rasgos de brutalidad que imponen la atención de los medios. La crispación pública y el daño internacional a la imagen de México son costos que tampoco pueden desdeñarse.

La intolerancia y prohibicionismo incorporado en nuestra política gubernamental sobre el uso de drogas, luego de más de medio siglo, no han logrado erosionar ni su oferta ilegal ni su demanda.

Los defensores de la prohibición, sostienen que el consenso punitivo ha frenado la expansión del mercado en los países consumidores, logro no nimio. Pero es un hecho que no lo ha reducido, como era su propósito.

Con el paso del tiempo lo que se ha visto es un proceso de estancamiento de ciertos mercados, que no crecen más porque han llegado a un límite: una franja de equilibrio práctico entre consumo, tolerancia y persecución.

La tendencia prohibicionista, se ha abocado únicamente a reducir la oferta, más no la demanda, con ello, se ha favorecido un mercado muy rentable para los traficantes de dentro y los proveedores de fuera, añadiendo daños colaterales, principalmente en los países productores, convirtiéndolos en verdaderos escenarios de la “guerra contra las drogas”, sin ser, como se ha visto, los beneficiarios mayores del valor añadido por el tráfico ilegal.

Por ello, ante la fallida estrategia de fiscalización de las drogas, en especial la asumida por el estado mexicano para con el opio, luego de sumarse al consenso punitivo nacido de la Convención Internacional del Opio de 1912, desarrollado paso a paso entre 1949 y 1961, y asumido por todos los países signatarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1998, se propone, al igual que lo hicieron los Diputados Ciudadanos del estado de Guerrero, implementar una ruta alterna para la regulación del cultivo, producción y comercialización de papaversomniferum o adormidera con fines científicos y medicinales.

Esto en base a los beneficios terapéuticos que la Organización Mundial de la Salud ha reconocido para los medicamentos derivados de los opiáceos como la morfina, la oxicodona, el fentanilo y la buprenorfina en el tratamiento del dolor moderado a intenso5.

El tabú que se mantiene en relación a los narcóticos, además de las altas cuotas de sangre que le ha cobrado a los mexicanos, ha colocado un velo sobre una realidad que no debemos dejar de lado, los pacientes con enfermedades graves que requieren cuidados paliativos, miles de mexicanos sufren de dolor severo y moderado por enfermedades como cáncer y VIH.

En 2014, Human RightsWatch presentó el informe “CareWhenThereIs No Cure: EnsuringtheRight to PalliativeCare in Mexico,” en el que señaló que decenas de miles de pacientes con enfermedades terminales en México sufren innecesariamente dolores severos y otros síntomas, debido a que no tienen acceso a una atención médica apropiada al final de sus vidas.

En México, según cálculos de la Organización Mundial de la Salud y la Alianza Mundial para el Cuidado Paliativo y Hospicios, cada año mueren casi 600.000 personas, de las cuales  más de la mitad de estas personas requieren cuidados paliativos.6

De ahí que sea contrario a toda lógica que el gobierno mexicano desperdicie recursos para perseguir la producción y el comercio ilícito del opio, fuente de origen de los medicamentos más eficaces para los cuidados paliativos, en lugar de invertir en el desarrollo de tecnologías que permitan hacer frete al desabasto de medicamentos derivados de los opiáceos que se vive en nuestro país, que, paradójicamente es uno de los principales productores mundiales de amapola.

Ahora bien, si aun con las razones aportadas por la historia que demuestran la fallida política de fiscalización de las drogas, se continúa con la percepción tradicionalista de que los opiáceos causan adicción, resulta obligado traer a colación los hallazgos de la investigación de Alexandra DiFeliceantonio de la Universidad de Michigan y su equipo, publicado en 2012 por la revista estadounidense CurrentBiology, en donde los especialistas señalan que el chocolate, ese alimento que es común verle consumir por todos, puede llegar a ser tan adictivo como el opio.

Según esta investigación, el consumo de chocolate  libera encefalina, sustancia que genera en el cerebro una sensación de placer que te pide incrementar las dosis con regularidad. A estas conclusiones ha llegado el equipo de investigadores estadounidense tras llevar a cabo un experimento cualitativo con ratones, los cuales respondían de la misma forma al consumo de chocolate que al de drogas como el opio.7

Es importante subrayar que en dicho estudio, los científicos observaron que los niveles de encefalina, y por tanto de adicción, de los animales se incrementaban notablemente al ingerir el chocolate pero, una vez consumido el opio, los sujetos se mostraban mucho más interesados en el dulce y comieron más del doble que la primera vez.

Más importante aún, esta no es la primera vez que se demuestra lo errado de la creencia de que el opio es adictivo, en ChasingTheScream: TheFirst and LastDays of theWaronDrugs, escrito por Johann Hari8, se muestra una teoría completamente distinta a la anunciada por la Partnershipfor a Drug-Free America en la década de 1980.

Por consiguiente, es importante rememorar que la hipótesis de “drogas tan adictivas que pueden causar la muerte” presentada por la Asociación por un Estados Unidos Libre de Drogas, nació de un experimento relativamente sencillo, en el que se colocó a una rata en una jaula, sola, con dos botellas de agua, en donde una solo contiene agua y la otra agua con un poco de heroína o cocaína; en la mayoría de los casos, los sujetos de prueba se obsesionan con el agua con droga hasta causar su muerte.

Sin embargo, Bruce K. Alexander un profesor de Psicología de Vancouver, Canadá, se dio cuenta de algo extraño acerca del experimento9.

Cuando a los sujetos de prueba se les coloca  en una jaula en absoluta soledad, no tiene nada más que hacer que tomar la droga; por ello, se dio a la tarea de repetir el experimento añadiendo como variables una especie de “centro de diversiones” donde los sujetos de prueba se estudiarían en una jaula lujosa donde contaran con pelotas de colores, la mejor comida, túneles para lanzarse y las ratas fueron coladas en conjunto y no en aislamiento. Obviamente, durante el experimento, todos los sujetos de prueba probaron las dos botellas de agua, porque no sabían qué había en ellas.

Lo que sucedió después, destruyó la percepción de adicción de las drogas. A las ratas con buenas vidas no les gustó el agua con droga, en su mayor parte la rechazaron, consumiendo menos de un cuarto de las drogas que habían consumido las ratas aisladas; no murió ninguna de ellas, mientras que todas las ratas que estaban solas e infelices se volvieron consumidoras fuertes, no sucedió lo mismo con ninguna de las ratas que tenían un entorno feliz.

Existe una comparación similar a los experimentos de Bruce K. Alexander, pero donde los sujetos de prueba fueron seres humanos, solo que a este se le conoce como Guerra de Vietnam.

Luego del fin del conflicto bélico, la revista Time informó que entre los soldados estadounidenses la heroína era “tan común como el chicle”, y existe una evidencia sólida para respaldarlo: entorno al 20 por ciento de los soldados estadounidenses retorno a su país siendo adicto a la heroína, según un estudio publicado en Archives of General Psychiatry. Comprensiblemente, muchas personas se aterrorizaron; creían que un enorme número de adictos iba a volver a casa. Pero de hecho, según el mismo estudio, entorno al 95 por ciento de los soldados adictos simplemente lo dejaron. Muy pocos fueron a rehabilitación. Cambiaron de una jaula terrorífica a otra agradable, así que dejaron de querer las drogas.

Por consiguiente, considerando los beneficios farmacéuticos de los opiáceos a que refiere la Organización Mundial de la Salud; la creciente demanda de medicamentos derivados del opio para tratamientos paliativos en México documentada por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes; los resultados de los experimentos de Bruce K. Alexander, dados a conocer en TheMyth of Drug-InducedAddiction; los postulados de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes que le permiten a los estados parte que decidan si la prohibición de ciertos cultivos es la medida más adecuada para proteger la salud pública y evitar el tráfico ilícito; así como la exigencia del pueblo guerrerense materializada en la iniciativa propuesta por los diputados Ricardo Mejía Berdeja, Magdalena Camacho Díaz y Silvano Blanco Deaquino en el Congreso Local de Guerrero, de implementar una estrategia que les permita liberarse del yugo de los grupos delincuenciales, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa para legalizar el cultivo, producción y comercialización de papaversomniferum o adormidera con fines científicos y medicinales, en esencia busca dar solución a dos principales problemáticas.

Lo anterior, a efecto de abonar a la atención de la creciente demanda de medicamentos derivados de los opiáceos en nuestro país, además de impactar de manera directa en los ingresos de los grupos criminales vía la alteración del precio de la materia prima, como sucediera con la abrogación de la Ley Volstead en 1933.

De igual manera, considero indispensable que esta iniciativa con proyecto de decreto sea analizada, dictaminada, discutida y aprobada conjuntamente con las relativas a la legalización y despenalización de ciertos aspectos relacionados con la mariguana (cannabis) que se ha venido revisando en los últimos años y que será motivo de un periodo extraordinario en el Congreso de la Unión. Considero fundamental que la nueva política de drogas con un enfoque sanitario y de derechos humanos aborde de manera integral esta problemática y no se limite exclusivamente al tema de la mariguana, sino que incluya le legalización del cultivo de la amapola con fines medicinales por las razones expuestas en esta iniciativa.

Acorde con lo antes expuesto, se propone para su discusión y, en su caso aprobación, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 194, 198, 235, 236, 237, 238, DE LA LEY GENERAL DE SALUD; 198 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; Y 235, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Artículo primero. Se reforman los artículos 194, 198, 235, 236, 237, 238, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Ley General de Salud

Artículo 194.- Para efectos de este Título, se entiende por control sanitario, el conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones, que ejerce la Secretaría de Salud con la participación de los productores, comercializadores y consumidores, en base a lo que establecen las Normas Oficiales Mexicanas y otras disposiciones aplicables.

El ejercicio del control sanitario será aplicable al:

I….

II…

III…

El control sanitario del proceso, cultivo, producción, importación y exportación de medicamentos, estupefacientes y substancias psicotrópicas y las materias primas que intervengan en su elaboración, compete en forma exclusiva a la Secretaría de Salud, en función del potencial de riesgo para la salud que estos productos representan.

Artículo 198.- Requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a:

I. El proceso de los medicamentos que contengan estupefacientes y psicotrópicos, incluyendo el cultivo y producción de la materia prima necesaria; vacunas; toxoides; sueros y antitoxinas de origen animal, y hemoderivados;

II…

III…

IV…

V…

VI…

Artículo 235.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a:

I…

II…

III…

IV…

V…

VI. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias; y

VII. Las determinaciones de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

Artículo 236.- Para el cultivo de papaversomniferum o adormidera, comercio o tráfico de estupefacientes en el interior del territorio nacional, la Secretaría de Salud fijará los requisitos que deberán satisfacerse y expedirá permisos especiales de adquisición o de traspaso.

Artículo 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana, papaverbactreatum y erythroxilonnovogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.

Artículo 238.- Solamente para fines de investigación científica, la Secretaría de Salud autorizará a los organismos o instituciones que hayan presentado protocolo de investigación autorizado por aquella dependencia, la adquisición de estupefacientes a que se refiere el artículo 237 de esta Ley. La autorización será aplicable también   para la investigación científica relacionada con el papaversomniferum o adormidera.

Dichos organismos e instituciones comunicarán a la Secretaría de Salud el resultado de las investigaciones efectuadas y como se utilizaron.

Artículo segundo. Se reforma el artículo 198 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Código Penal Federal

Artículo 198.- Al que dedicándose como actividad principal a las labores propias del campo, siembre, cultivo o coseche plantas de marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares, por cuenta propia, o con financiamiento de terceros, cuando en él concurran escasa instrucción y extrema necesidad económica, se le impondrá prisión de uno a seis años.

Igual pena se impondrá al que sin autorización de la autoridad sanitaria lleve a cabo el cultivo de papaversomniferum o adormidera. Del mismo modo será penalizado al que en un predio de su propiedad, tenencia o posesión, consienta la siembra, el cultivo o la cosecha de dichas plantas en circunstancias similares a la hipótesis anterior.

Artículo tercero. Se reforma el artículo 235, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Código Nacional de Procedimientos Penales

Artículo 235. Aseguramiento de narcóticos y productos relacionados con delitos de propiedad intelectual, derechos de autor e hidrocarburos.

Cuando se aseguren narcóticos previstos en cualquier disposición, excepto los de papaversomniferum o adormidera, productos relacionados con delitos de propiedad intelectual y derechos de autor o bienes que impliquen un alto costo o peligrosidad por su conservación, si esta medida es procedente, el Ministerio Público ordenará su destrucción, previa autorización o intervención de las autoridades correspondientes, debiendo previamente fotografiarlos o videograbarlos, así como levantar un acta en la que se haga constar la naturaleza, peso, cantidad o volumen y demás características de éstos, debiéndose recabar muestras del mismo para que obren en los registros de la investigación que al efecto se inicie.

Cuando se trate de plantíos de papaversomniferum o adormidera, el Ministerio Público vigilará su aseguramiento y entrega sin dilación alguna a la Secretaria de Salud, para que proceda a su disposición final, levantando un acta en la que se haga constar: el área del cultivo, cantidad o volumen del estupefaciente, debiéndose recabar muestras del mismo para que obren en la averiguación previa que al efecto se inicie.

Cuando se aseguren hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos, se pondrán a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien sin dilación alguna procederá a su entrega a los asignatarios, contratistas o permisionarios, o a quien resulte procedente, quienes estarán obligados a recibirlos en los mismos términos, para su destino final, previa inspección en la que se determinará la naturaleza, volumen y demás características de éstos; conservando muestras representativas para la elaboración de los dictámenes periciales que hayan de producirse en la carpeta de investigación y en proceso, según sea el caso.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República,
el 22 de junio de 2016.

Dip. Marbella Toledo Ibarra.

1 Científico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo y estadounidense. Es considerado como una de las mentes científicas más brillantes del siglo XX.

2 Consultado en
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/L/LT_MEXICO_LEGAL_POPPIES?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIME=2016-03-17-12-52-18

3 Según Human RightsWatch, en México se registraron más de 60,000 muertos y 26,121 desaparecidos como saldo de la guerra contra los cárteles del narcotráfico de 2006 a 2012.

4 Según la BBC en su artículo “10 cosas que quizás no sabías de la guerra de Vietnam” publicado en abril de 2015, durante los diez años que duro el conflicto bélico se registraron más de 58.000 casos de muertes de estadounidenses.

5 Escalera Analgésica de la Organización Mundial de la Salud.

6 Consultado en https://www.hrw.org/es/news/2014/10/28/mexico-sufrimiento-innecesario-al-final-de-la-vida

7 La investigación fue realizada por expertos de la Universidad de Michigan y el Centro de investigación sobre la Obesidad de la Universidad de Nueva York. Los participantes seleccionaron sus preferencias de una lista de 35 alimentos de diferente composición nutricional, relacionados con conductas alimentarias adictivas. Esta lista conocida como YFAS (Yale FoodAddictionScale) fue desarrollada para determinar el riesgo de adicciones relacionadas con la comida.

8 Johann Hari. Glasgow , Escocia, 21 de Enero de 1979. Es un periodista británico que ha escrito para The New York Times, Los Angeles Times, TheGuardian, Le Monde, The New Republic y TheNation, entre otros. Fue columnista en TheIndependent durante nueve años y fue nombrado en dos ocasiones Periodista del año por Amnistía Internacional del Reino Unido (entre otros premios).

9 Bruce K. Alexander. The Myth of Drug-Induced Addiction. Department of Psychology, Simon Fraser University. Burnaby, B.C., V5A 1S6





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

(Presentada por la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita, Claudia SOFÍA Corichi García, Diputada Federal integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 176, 179 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Hoy día, el tema inseguridad en México ya no es una novedad, hay tantos aspectos de nuestra vida en que la sufrimos que no es raro toparnos con ella, y debido a sólo unos cuantos casos que se han hecho públicos de violencia en carreteras y autopistas es que ponemos atención al espiral de criminalidad creciente en los caminos y autopistas de nuestro país. Podemos afirmar que existen tramos carreteros que están dominados ya por la delincuencia organizada.

II. En cientos de kilómetros de nuestras carreteras hay desde robos, secuestros, violaciones hasta desapariciones y asesinatos. Ejemplos tenemos varios; el pasado 8 de junio, la Sra. Rosa Margarita Ortiz Macías fue víctima de un asalto y violación a bordo de un autobús de pasajeros de la empresa ETN, en la carretera México-Querétaro, en el tramo de Coyotepec a Huehuetoca, pasando la caseta de Tepotzotlán, estado de México, dándolo a conocer a través de un video en redes sociales, donde no sólo narra los hechos acontecidos sino que denuncia complicidad del chofer con los asaltantes.

III. El robo en carreteras repunto el año pasado, de acuerdo a estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) los robos en carreteras en México registraron un aumento del 13%, la mayoría se concentraron en Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

IV. Uno de los aspectos más golpeados es el económico, principalmente por la circulación de bienes, ya que el 43% de las importaciones y exportaciones se realizan a través del autotransporte de carga, y después tenemos el transporte de pasajeros, el turismo es la tercera fuente de ingresos para el país, después del petróleo y las remesas.

De acuerdo a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), el gasto que empresas transportistas de carga realizan en materia de seguridad pasó de 6.0 a 12%. Los seguros del sector se encarecieron 20% para el rubro de robo. Según la Canacar, las pérdidas por robo a una unidad superan el millón y medio de pesos.

V. De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los últimos 19 meses en Hidalgo se registraron 171 robos ocurridos en carreteras de esta entidad, todos ellos con violencia.

Durante 2015 se tuvo un registro de 2,530 registros de robo en carreteras, de los cuales 2,007 fueron con violencia, 902 a camiones de carga, 158 a autobuses, 238 a vehículos particulares y 707 a “otros”.1

VI. De acuerdo a información de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) basada en las Oficinas Coordinadoras de Riesgos Asegurados, es decir lo que reportan las aseguradoras, en 2014 la mayor incidencia de robos de vehículo en general (particulares y de carga) se concentró en el estado de México, el Distrito Federal y Jalisco.

“En vehículos de carga, las carreteras más peligrosas a parte de la Querétaro - San Luis Potosí - Matehuala que es una carretera muy riesgosa, también lo es la que va a Veracruz, y entre el tramo de Puebla y Xalapa o Córdoba, son los tramos con más casos en el país. De enero a julio de 2015, el estado de México lideraba los robos de vehículos de carga, que están monitoreados por ANERPV, se han robado 233 unidades, le siguen el Distrito Federal con 74, Puebla con 55 y Veracruz con 36 robos.

En su gran mayoría los asaltos en las autopistas los comenten bandas de entre cuatro a seis personas armadas, a bordo de dos o hasta tres vehículos. El modus operandi identificado es que, un auto empareja y para el vehículo de la víctima, atrás hay otro vehículo que lo escolta para abordarlo, después bajan al chofer y se llevan la unidad con todo y la carga. Casi en la totalidad de casos dejan abandonados los vehículos de carga y los autos suelen ser desvalijados”.2

VII. Prácticamente todas las organizaciones de transportistas, con base en los reportes de sus agremiados que lamentablemente llegan a ser víctimas de algún delito, tienen identificadas las carreteras, o más bien los tramos, donde se consuma el mayor número de ilícitos. También han podido percatarse de los días de la semana y los horarios en que el cúmulo delictivo se registra, incluso como los delincuentes tienen la habilidad de identificar los transportes que llevan la carga que les interesa, lo cual implica que la participación de las empresas del transporte es imprescindible en cualquier esfuerzo por recuperar y mantener la seguridad en los caminos.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo 9º determina que “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

SEGUNDA. Que en 2006 y en cumplimiento de este deber y desarrollo de dicha función, los tres órdenes de gobierno ante el recrudecimiento de la violencia y la intensificación de la presencia de grupos criminales en diversos estados expandiendo su actividad criminal pasando del trasiego de drogas al secuestro, asalto y extorsión así como a la trata de personas, dieron inicio a Operativos Conjuntos con el propósito de detener a los responsables, desarticular las organizaciones criminales y recuperar espacios públicos.

TERCERA. Que en 2007, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal formuló la Estrategia Integral para la Prevención del Delito y el Combate a la Delincuencia que ha permitido alinear las fuerzas y recursos del Estado mexicano en las tareas de Seguridad Pública. En este contexto, se observan nuevas formas de manifestación de la delincuencia entre las que destacan la comisión de ilícitos de índole patrimonial y contra la libertad de las personas en las carreteras. En algunas entidades federativas los grupos criminales toman el control absoluto de puntos concretos y por un período más o menos prolongado, es decir, de unas horas se dedican a detener a todo vehículo y deciden si se apoderan por estos medios violentos ya sea de la carga, del mismo vehículo o hasta de las personas mismas a bordo de las unidades. Lo más frecuente es que se hagan pasar por policías de alguna corporación estatal o federal, para lo cual se hacen y portan uniformes similares y usan las llamadas patrullas clonadas. En otros casos, simplemente al salir de una curva o de una pendiente los ciudadanos se encuentran súbitamente con conos en color naranja formando un carril de desaceleración hasta quedar encajonados casi sin oportunidad para detener la marcha y regresar por sus pasos para no caer en la trampa.

CUARTA. Que, más allá de la reacción cotidiana desplegada según las particulares prácticas llevadas a cabo por cada institución de seguridad pública para este tipo de delitos, se requiere que los particulares y transportistas cuenten con una preceptiva que los proteja a fin de que transiten en condiciones óptimas de seguridad sin amenazas ni ataques delictivos.

QUINTA. Que el artículo 11 de la Constitución Política señala que “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país”. Debido a estos delitos parece que no estamos dotando del libre derecho a viajar por nuestro territorio.

SEXTA. Que debemos adecuar la Ley para permitir que los ciudadanos hagan efectivos sus derechos, en este caso, asegurando a las familias y al sector transportista, tanto de carga, de pasajeros o de turistas a que obtengan la seguridad que requieren para transitar por las carreteras de todo nuestro territorio nacional.

SÉPTIMA. Que el estado tiene todos los elementos para implementar un Programa de Seguridad en la Red Nacional Carretera, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde los ciudadanos y empresas puedan participar en la prevención de estos delitos, así como en dotar de las facilidades para resolver los delitos que se lleven a cabo.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforma la fracción IV, del artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 7.- Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:

I. a III…

IV. Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública, el Programa Nacional de Seguridad en Carreteras y Vías Generales de Comunicación y demás instrumentos programáticos en la materia previstos en la Ley de Planeación;

V. a XVI …

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, el 22 de junio de 2016.

Dip. Claudia Sofía Corichi García.

1 Informe “Incidencia delictiva del Fuero Común 2015”, Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (Elaborado con la información remitida por los agentes del Ministerio Público. Datos preliminares al 20 de enero de 2016)

2 Entrevista a Mario Espinosa Boulogne, Presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), 24 Horas, Noviembre 2015.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 585 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

(Presentada por la Diputada Marbella Toledo Ibarra, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La que suscribe, MARBELLA TOLEDO IBARRA, Diputada Federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 585, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio del 2013, regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 Constitucional, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Asimismo, prevé la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental.

En consecuencia, en su artículo 28, fracción I, se reconoce el derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, el pago de la sanción económica, así como las prestaciones a las que se refiere el Título Primero, denominado de la responsabilidad ambiental, a las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente.

El precepto normativo en cuestión prevé que cualquier persona física de una comunidad adyacente al lugar donde se produzca el daño, podrá recurrir a los tribunales federales civiles en caso de que un tercero cause daño ambiental, para obtener la reparación o compensación correspondiente y para que el causante pague una sanción económica que sirva para disuadir a otros de cometer esas conductas, lo cual debe entenderse a él o a los individuos que habiten la comunidad adyacente.

De esta manera, al reconocer que las "personas físicas", entre otras, tienen derecho e interés legítimo para ejercer la acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental como derechos de una colectividad, en la que no necesariamente se conforma por un mínimo de treinta miembros, como lo establece el artículo 585, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, relativo al Libro Quinto denominado de las acciones colectivas, se hace necesario establecer la excepción a la regla para los casos de acción de responsabilidad ambiental, lo cual es jurídicamente razonable, a fin de privilegiar el derecho fundamental de debido proceso y, por ende, el principio de seguridad jurídica que es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano.

Ante lo ya expuesto, si la propia Ley Federal de Responsabilidad Ambiental reconoce el derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental a las personas físicas, no se debe condicionar el ejercicio de esta acción a un número de integrantes de una colectividad, pues no hay que olvidar que el Diccionario de la Lengua Española1, define a la colectividad como el conjunto de personas reunidas o concertadas para un fin, por consiguiente, la presente iniciativa busca hacer patente el derecho de las colectividades para ejercer las acciones de responsabilidad ambiental, al amparo del principio general del derecho qui potest plus, potest minus.

Sobre el particular cabe decir que acorde con la doctrina, los principios jurídicos preceden inclusive a la existencia misma de los artículos y enunciados legalmente plasmados en los códigos. De hecho, los principios jurídicos pueden ser descritos como el andamiaje que sostiene al derecho.

El aludido principio, consiste, entonces, en tener por ordenado o permitido de manera implícita, que se haga algo menor (de rango inferior) de lo que está ordenado o permitido expresamente por la Ley.

Quien puede lo más, puede lo menos, este principio parte de la idea de la norma atributiva de competencia como un límite externo al ejercicio de la misma, que se fundamenta, finalmente, en el argumento de la lógica jurídica a maiore ad minus, que como algunos autores han apuntado, no se limita únicamente a ser un argumento de la lógica formal, luego entonces es evidente que si una sola persona física puede ejercer la acción de responsabilidad ambiental, cuanto y más una colectividad de personas físicas, sin que sea dable condicionar su procedencia por el número de integrantes.

Acorde con lo antes expuesto, se propone para su discusión y, en su caso aprobación, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 585, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

Artículo único. Se reforma el artículo 585, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 585.- Tienen legitimación activa para ejercitar las acciones colectivas:

I

II. El representante común de la colectividad conformada por al menos treinta miembros. Cuando se trate de acciones de responsabilidad ambiental, no se requerirá un mínimo de miembros de la colectividad;

III

IV

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 22 de junio de 2016.

Dip. Marbella Toledo Ibarra.

1 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, 2016.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 391 BIS AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por la Diputada Marbella Toledo Ibarra, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La que suscribe, MARBELLA TOLEDO IBARRA, Diputada Federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 391 BIS AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La aprobación, en 1989, de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño es la culminación de un proceso progresivo de reconocimiento y protección de los derechos de los niños que se ha desarrollado durante el siglo XX.

En este instrumento se elevó el interés superior del menor al carácter de norma fundamental, con un rol jurídico definido que, además, se proyecta más allá del ordenamiento jurídico hacia las políticas públicas e, incluso, orienta el desarrollo de una cultura más igualitaria y respetuosa de los derechos de todas las personas.

Esta determinación revela la existencia de una estrecha vinculación entre el perfeccionamiento de los instrumentos de protección de los derechos de los niños y, el progreso en la garantía y protección de los derechos humanos en general.

Por consiguiente, cualquier Institución del Estado mexicano que pretenda fundamentar una decisión o medida que se vincule a un niño, niña o adolecente, debe tomar en cuenta el "interés superior del niño".

Al respecto cabe señalar que acorde con la propia Convención el principio del interés superior del niño o niña, se concibe como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar  un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.

Por su parte, en la doctrina encontramos que el doctor Miguel Cillero Bruñol ha planteado que la noción de interés superior es una garantía de que los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen.1

Bajo estas dos interpretaciones podemos concluir que el interés superior del menor supera dos posiciones extremas: por un lado, el autoritarismo o abuso del poder que ocurre cuando se toman decisiones referidas a los niños, niñas y adolescentes; y el paternalismo de las autoridades por otro.

Al respecto el Poder Judicial de la Federación, a través del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión identificado con la clave 280/2015, señaló que el interés superior del menor, es una institución jurídica compleja, que pretende que todos los poderes, así como los órdenes de gobierno, emprendan cualquier acción que esté a su alcance para asegurar el bienestar de los menores.

Esta misma instancia reconoce que dentro de los intereses superiores del menor, surgen distintos derechos que pueden clasificarse en primarios y secundarios.

Sobre el particular cabe acotar que los derechos primarios o básicos deben observarse en todo niño, pues son necesarios para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad; por ejemplo: crecer en el seno de una familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; el derecho a la educación, a jugar, a descansar, a alimentarse y a la salud, por mencionar algunos.

En tanto los derechos secundarios, son aquellos que el legislador reconoce en las normas, para que los niños que aún no cuentan con los primarios o sólo parcialmente, puedan acceder a éstos.

Uno de estos derechos secundarios, en lato sensu, es la adopción y, en stricto sensu, es el derecho al debido proceso en la adopción.

Ahora bien, en la práctica existe la posibilidad que surja una colisión entre dos derechos que pretenden tutelar el interés superior del menor, esto durante un proceso de adopción, verbigracia, el derecho primario de permanecer con una familia adoptiva que, presumiblemente, satisface sus necesidades básicas de afecto y atención, y uno secundario, por ejemplo, el derecho a que quien otorgó el consentimiento para que se le adoptara fuera debidamente asesorado por el Consejo de Familia.

En este tipo de conflictos, la doctrina plantea que, a fin de decidir qué derecho debe prevalecer sobre otro, es factible aplicar la "ley de la ponderación"2.

La mencionada regla, en esencia, postula que cuanto mayor sea el grado de no satisfacción o restricción de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción de otro.

Con base en lo anterior, por regla general, deben prevalecer los derechos primarios, frente a los secundarios que, en su mayoría, son de carácter procesal, porque, el interés superior del menor, como institución que rige el actuar de los poderes públicos, obliga a que los juzgadores, en todo momento, adopten las decisiones que produzcan mayor beneficio para el desarrollo presente y futuro del infante; y, entre los derechos primarios e insoslayables que para su bienestar tiene todo niño, no sólo los adoptados, están el derecho al desarrollo cognitivo, psicológico y emocional, lo que se encuentra por encima de aquellos meramente adjetivos que, precisamente, fueron establecidos por el legislador para que el menor alcanzara el bienestar que ya obtiene con la familia adoptiva.

Máxime cuando un derecho procesal secundario pone en riesgo uno primario, pues sería un contrasentido que se le diera preponderancia frente al bien jurídico tutelado que justifica su existencia, por lo que se propone para su discusión y, en su caso aprobación, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 391 BIS
AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

Artículo único. Se adiciona el artículo 391 Bis al Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 391 Bis. Si durante el proceso de adopción existiere una aparente colisión entre derechos primarios y secundarios derivados del interés superior del menor, para su adecuada protección deberán prevalecer los primeros.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, el 22 de junio de 2016.

Dip. Marbella Toledo Ibarra.

1 Miguel Cillero Bruñol. El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”. 1998.

2 Robert Alexy. La Construcción de los Derechos Fundamentales. Primera edición. Argentina. 2012.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

(Presentada por la Diputada Marbella Toledo Ibarra, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La que suscribe, MARBELLA TOLEDO IBARRA, Diputada Federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 29, DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“Hemos llegado a un momento en la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor cuidado a las consecuencias que puedan tener para el medio. Por ignorancia o indiferencia podemos causar daños inmensos e irreparables al medio terráqueo del que dependen nuestra vida y nuestro bienestar. Por el contrario, con un conocimiento más profundo y una acción más prudente, podemos conseguir para nosotros y para nuestra posteridad unas condiciones de vida mejores en un medio más en consonancia con las necesidades y aspiraciones del hombre...

La defensa y el mejoramiento del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras se ha convertido en meta imperiosa de la humanidad…”1

El estado mexicano, preocupado por la importancia que reviste el medio ambiente en relación con el ser humano, pues es éste el que le brinda el sustento material y, en consecuencia, la oportunidad para el crecimiento intelectual, moral, social y espiritual, el 28 de junio de 1999, incorporó como derecho fundamental en el artículo 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la garantía para que todo individuo tenga derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Años más tarde, el 8 de febrero de 2012, nuestro país, preocupado por la protección y mejora del medio ambiente, por tratarse de una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y el desarrollo económico en todo el mundo, amplió el citado derecho fundamental, previendo además que el Estado garantizará el respeto al mismo, asimismo, se dispuso que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

En consecuencia, el 7 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la cual tiene por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental.

En cuanto a la responsabilidad ambiental, dicha Ley la regula a partir de los daños ocasionados al ambiente, en consecuencia, resulta necesario entender que es un daño ambiental, por ello, cabe hacer mención en primer término de que daño, en sentido jurídico, constituye todo menoscabo, pérdida o detrimento de la esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial de la persona, el cual provoca la privación de un bien jurídico, respecto del cual era objetivamente esperable su conservación de no haber acaecido el hecho dañoso.

En segundo término, por ambiente debe entenderse todos los elementos que rodean al ser humano, elementos geológicos; sistema atmosférico; hídrico; edafológico; bióticos; recursos naturales, paisaje y recursos culturales, así como los elementos socioeconómicos que afectan los seres humanos mismos y sus interrelaciones.

Ambos criterios son retomados por la fracción III, del artículo 2º, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en donde se señala que se entiende por daño al ambiente, la pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y mensurables de los hábitat, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre éstos, así como de los servicios ambientales que proporcionan.

Se podría afirmar entonces, que daño ambiental es toda acción, omisión, comportamiento, acto, que altere, menoscabe, trastorne, disminuya o ponga en peligro inminente algún elemento constitutivo del concepto ambiente, o bien, cualquier menoscabo o vulneración de los bienes ambientales, del paisaje como expresión figurada del ambiente y de la vida, salud y bienes de los seres humanos que se producen como consecuencia de toda contaminación que supere los límites de asimilación y de nocividad que pueda soportar cada uno de estos.

Bajo esta tesitura es imperioso recalcar que si bien el daño ambiental puede ser producido de manera casual, fortuita o accidental, por parte de la misma naturaleza, el daño que interesa caracterizar por la Ley, es aquel que es generado por una acción u omisión humana que llega a degradar o contaminar de manera significativa el medio ambiente2, pues de esta manera, se reconoce por una parte que no toda alteración de un recurso natural para el hombre constituye ya un daño ecológico, sino que el daño ambiental supone un deterioro sustancial o durable del funcionamiento ecológico del recurso natural en cuestión.

Ahora que hemos sentado las bases para conocer la definición de daño ambiental, sobre la que parte la responsabilidad a que refiere la Ley, nos encontramos ante una nueva problemática dada a conocer por Greenpeace en México y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C., a través del juicio de amparo en revisión 501/2014, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 11 de marzo de 2015, que refiere a la prescripción de la acción de responsabilidad ambiental.

Este hecho dio origen a la tesis aislada bajo el rubro RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, SE DESPRENDE QUE LA PRESCRIPCIÓN QUE PREVÉ INICIA A PARTIR DE QUE SE CONOZCAN LOS DAÑOS PRODUCIDOS Y SUS EFECTOS, que se a su vez, sirve de base para la presente iniciativa, pues se comparten los criterios que refleja.

Por otra parte, además de retomar los razonamientos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en los que refiere que el plazo para la prescripción de la acción de responsabilidad ambiental puede iniciar en dos momentos: el primero a partir de que se produzcan los daños y efectos; o en segundo caso, a partir de que se conozcan esos daños y efectos), debemos retomar los comentarios a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental vertidos por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P.A.C., Colectivas A.C., Fronteras Comunes A.C. y Greenpeace México, relacionados con la prescripción de la acción de responsabilidad ambiental.

Ello con la finalidad de hacer eficaz la acción respecto de los daños ambientales, ya sea cuando estos se causen; cuando se producen sus efectos, o cuando atiende a la naturaleza de los actos que se reclaman en este tipo de acciones, sean de carácter continuo.
Acorde con lo antes expuesto, se propone para su discusión y, en su caso aprobación, la siguiente iniciativa.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 29, DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.

Artículo único. Se reforma el párrafo primero del artículo 29, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para quedar como sigue:

Artículo 29.- La acción a la que hace referencia el presente Título prescribe en doce años, contados a partir del día en que se produzca el daño al ambiente y sus efectos; o a partir de que se conozcan esos daños y efectos. Tratándose de conductas activas u omisivas que produzcan un daño continuado, el término para computar la prescripción de la acción se computará a partir del día que en que cese dicha conducta.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, el 22 de junio de 2016.

Dip. Marbella Toledo Ibarra.

1 Extraído de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Estocolmo. 1972.

2 Manavella, C. Responsabilidad Civil Ambiental. Recopilación contenida en el texto base del curso Responsabilidad Civil Ambiental de la Universidad para la Cooperación Internacional. Costa Rica. 2000.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

(Presentada por la Diputada Marbella Toledo Ibarra, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La que suscribe, MARBELLA TOLEDO IBARRA, Diputada Federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicó en 2006, el documento denominado “Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo”, en este texto, se señala que los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y a los grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales asi como con la dignidad humana.

En relación a este tema, existen dos instrumentos indispensables para conceptualizar los derechos humanos: el primero, es la Declaración Universal de Derechos Humanos emitida por la Organización de las Naciones Unidas, en la que se señala que:

“… la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana…”.
Por su parte, el segundo instrumento pertenece a la Organización de los Estados Americanos denominado Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la que se señala que:

“Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional… sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos …”.

Gracias a estas bases podemos decir que los derechos humanos, sean civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, son reconocidos como un cuerpo interdependiente, inalienable, universal e indivisible, esta conclusión fue reafirmada por la Resolución 32/130 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1977, donde se establece que:

“… todos los derechos humanos y libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; deberá prestarse la misma atención y urgente consideración a la aplicación, la promoción y la protección, tanto de los derechos civiles y políticos, como de los derechos económicos, sociales y culturales”.

La adopción de la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 reforzó estos principios al señalar que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí.

Bajo esta premisa el Estado Mexicano ha tomado algunas acciones para armonizar su marco normativo con los estándares internacionales a efecto de lograr una tutela efectiva de los derechos humanos, muestra de ello, es la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, en donde se incorporó al sistema nacional una obligación fundamental a cargo del Estado en materia de derechos humanos: La obligación de “reparar el daño”.

De esta manera, se plasmó en el párrafo tercero del artículo1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Cabe decir que la expresión “en los términos que establezca la ley” a que refiere el artículo 1º constitucional, debe concebirse como la facultad del Poder Legislativo de regular la materia, disponiendo estándares o criterios de reparación establecidos por el Derecho Internacional, de ahí que el 9 de enero de 2013, se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas.

Esta Ley, establece en su artículo 1, que en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Los Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas, en las normas por las que se protejan, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona; además de obligar a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno a que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.

La misma disposición señala que la reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.

En concordancia con estos postulados, encontramos el artículo 13 de la Ley General de Víctimas, en el que se dispone que la autoridad jurisdiccional competente, debe ordenar sin demora e incluso de oficio, la entrega de la suma que garantice la reparación del daño a la víctima, dejando constancia en el expediente del pago definitivo de la cantidad depositada, cuando el imputado:

I. Se sustraiga de la acción de la justicia;

II. Deje de presentarse ante la autoridad jurisdiccional competente que conozca de su caso los días que se hubieran señalado para tal efecto; y,

III. Omita comunicar a la autoridad jurisdiccional competente los cambios de domicilio que tuviere o se ausentase del lugar del juicio.

Como puede advertirse, uno de los objetivos que persigue esta disposición es obtener una tutela eficaz de los derechos de la víctima, por ello, es menester incorporar una nueva hipótesis, consistente en que si al inculpado se le revoca el beneficio de la libertad provisional bajo caución porque dejó de cumplir con las obligaciones que contrajo ante el Juez del proceso, también se actualiza el supuesto de la entrega de la suma que garantiza la reparación del daño a la víctima.

Con la incorporación de este supuesto se abona a obtener una tutela eficaz de los derechos de la víctima, de manera que estos no se vean mermados por la suspensión del procedimiento provocada por el autor del delito; y dado que al respecto se establece que esa entrega no implica que se hubiera efectuado la reparación integral del daño correspondiente, quedan expeditos los derechos de ambas partes para hacer valer las medidas legales que estimen pertinentes en torno a esa decisión, por lo que se propone para su discusión y, en su caso aprobación, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS.

Artículo único. Se reforma el párrafo primero del artículo 13 de la Ley General de Victimas, para quedar como sigue:

Artículo 13. Cuando al inculpado se le revoque el beneficio de la libertad provisional bajo caución porque dejó de cumplir con las obligaciones que contrajo ante el Juez del proceso; o cuando el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, deje de presentarse ante la autoridad jurisdiccional competente que conozca de su caso los días que se hubieran señalado para talefecto u omita comunicar a la autoridad jurisdiccional competente los cambios de domicilio que tuviere ose ausentase del lugar del juicio de autorización de la autoridad jurisdiccional competente, esta última ordenará, sin demora alguna, que entregue la suma que garantiza la reparación del daño a la víctima, dejando constancia en el expediente del pago definitivo de la cantidad depositada, lo que no implica que se haya efectuado la reparación integral del daño correspondiente.

…”

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 22 de junio de 2016.

Dip. Marbella Toledo Ibarra.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La que suscribe, MARÍA VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, Diputada Federal integrante a la LXIII Legislatura, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, para crear las escuelas para personas con discapacidad, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Datos que arroja el INEGI, señalan que en el año 2010 en nuestro país se contaban cerca de los 5 millones 800 mil personas con alguna discapacidad.

Cabe señalar que de estas discapacidades podemos describir aquellas que se refieren a una condición física, a una mental, intelectual o sensorial, “y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”.

El tipo de oportunidades que deben ser promovidas para dar respuesta a todas las necesidades de los educandos, deben ser tomadas con especial atención, sin importar su edad, ideología, condición social, capacidades diferentes y religión, oportunidades esbozadas en un derecho consagrado por nuestra Constitución.

Actualmente la modernización del sistema educativo nacional se encuentra inmersa en alcanzar los máximos estándares de calidad y equidad, no obstante aún se persigue hacer que los educandos se adapten a los contextos y circunstancias en las que se encuentran las escuelas públicas inscritas en el modelo educativo vigente.

Por difícil que parezca, este modelo educativo aún no consolida las bases para transitar a un sistema de educación inclusiva, donde verdaderamente pueda superarse toda barrera de exclusión y sea atendido el enorme bagaje de necesidades de todos los estudiantes, en especial de aquellos que necesitan de mayor atención por sus condiciones de discapacidad.

En este sentido queremos señalar que la vigente Ley General de Educación en su artículo 33, fracción IV Bis, sólo marca a la educación especial dirigida a las personas con discapacidad, bajo un criterio potestativo y no de obligatoriedad para el Estado. Es necesario revertir dicho criterio y generar alternativas para la accesibilidad hacia una educación para todos, basado al derecho que nuestra Carta Magna nos brinda.

El propósito no es fácil, sin embargo es pertinente iniciar desde ahora para que estas personas con discapacidad puedan tener seguro un espacio por el cual reciban una educación de calidad.

Es necesario alcanzar el diseño y el uso de herramientas dirigidas para la enseñanza para personas con discapacidad, así como de la construcción y adecuación de espacios por los que dichas herramientas logren ser eficaces.

La discriminación no sólo se refiere a un acto propinado hacia una persona con capacidades diferentes, pues esta conducta también se refleja en la falta de acceso e instalaciones adecuadas para estas personas.

Frente a tan lamentable situación, se han intensificado los esfuerzos para proteger los derechos de las personas con discapacidad y fomentar un sistema educativo nacional más abierto para poder incluir a estas personas.

Es de reconocer que nuestro país tiene un sistema educativo en vías de reestructuración, no obstante es pertinente redoblar esfuerzos y atender los propósitos educativos dirigidos a la población discapacitada, pues en la realidad se observa que el diseño del sistema educativo actual no está pensado en atender las necesidades básicas para este sector de la gente, sin embargo se hace hincapié a la creación de espacios especializados para su atención en lugar de fortalecer esquemas de adecuación física, tecnológica y de capacitación de personal en las escuelas públicas existentes, ordinarias y comunes para todos. Con lo anterior, lejos de alcanzar un sistema educativo incluyente y adecuado para las personas con discapacidad, se sigue segregando y limitando erróneamente a estas personas en su derecho a desarrollarse plenamente1.   

Bajo esta tesitura es que el Gobierno Federal ha fijado como una de sus metas para el 2018, la educación para todos los menores con discapacidad, sin embargo queda mucho por hacer. Como bien se ha manifestado en líneas anteriores, en nuestra tarea como legisladores cabe la obligación de coadyuvar para que estos fines se concreten.

Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) a través de los resultados de medición de pobreza para el año 20142, arrojaban la existencia de 4 punto 1 millones de personas con alguna discapacidad, de este universo de personas de igual forma para el mismo año, se conoce que un número importante de los discapacitados en un rango de los 3 a los 30 años3 únicamente asisten a la escuela destacando dicho promedio de edades por ser en menor grado quienes asisten debido a la dependencia de escenarios físicos y contextuales inclusivos. 

Por si fuera poco, en 2014 por medio del informe Panorama Educativo de México publicado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)4 dio a conocer como resultados que de entre las personas con discapacidad, una de cada cuatro de ellas es analfabeta, resultado en buena parte de la falta de condiciones para el acceso a las personas con discapacidad.

Aunado a lo anterior, se calcula que del total de planteles de educación básica, incluyendo públicas y privadas, sólo el 24 por ciento cuenta con equipo e infraestructura para personas con discapacidad. De las entidades que más falta tienen en instalaciones y equipo para la atención de personas con discapacidad, son Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

El propósito de esta iniciativa no sólo es complementario a los fines de sensibilización, sino que busca garantizar el inicio de un cambio estructural en el modelo educativo nacional para brindar certidumbre en una completa formación para las personas con discapacidad, y en apego a lo señalado de forma similar en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en materia de educación inclusiva y de accesibilidad, se persigue la presente reforma legal.

Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo Único.- Se adiciona una fracción IV Ter al artículo 33; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 41, recorriéndose el actual segundo párrafo para ser el tercero, y así los subsecuentes en su orden, de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

CAPÍTULO III
DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN

Artículo 33.- …

de I a IV Bis.- …

IV Ter.- Realizarán las adecuaciones necesarias y crearán los espacios adecuados, para brindar los servicios educativos a las personas con discapacidad, buscando en todo momento alcanzar los niveles de educación de acuerdo a sus capacidades.

de 34 a 36.- …

CAPITULO IV
DEL PROCESO EDUCATIVO

Sección 1.- De los tipos y modalidades de educación.

de 37 a 40.- …

Artículo 41.- …

La educación especial desarrollará programas de capacitación, actualización y especialización en términos de atención de personas con capacidades diferentes, para el personal docente y administrativo, en todos los niveles, para garantizar la adecuada impartición de los servicios educativos hacia los alumnos con necesidades especiales de educación.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, el 22 de junio de 2016.

Atentamente

Dip. María Victoria Mercado Sánchez.

1 http://www.unicef.org/spanish/sowc2013/files/SPANISH_SOWC2013_Lo_res.pdf

2 http://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Documents/Comunicado005_Medicion_pobreza_2014.pdf

3 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/discapacidad0.pdf

4 http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/B/113/P1B113.pdf





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a redoblar esfuerzos en la implementación y difusión de aquellos programas y acciones enfocados en beneficio de las personas adultas mayores, como la capacitación y las bolsas de trabajo, a fin de darle una mayor atención a este sector que tanto nos ha heredado y aportado a nuestro país. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe, XITLALIC CEJA GARCÍA, Diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 3, numeral 1, fracción XIX; artículo 6, numeral 1, fracción I, y 58 y 59 del Reglamento parar el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás aplicables; someto a consideración de esta Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR  EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, PARA QUE CONFORME A SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES, REDOBLE ESFUERZOS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE AQUELLOS PROGRAMAS Y ACCIONES ENFOCADOS EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, COMO LA CAPACITACIÓN Y LAS BOLSAS DE TRABAJO, A FIN DE DARLE UNA MAYOR ATENCIÓN A ESTE SECTOR QUE TANTO NOS HA HEREDADO Y APORTADO A NUESTRO PAÍS, Al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Hace 12 años en nuestro país habitaban unos 6.9 millones de personas mayores de 60 años,  en 2010 la cifra llegó a 9.8 millones, esta tendencia continuará, por lo menos, hasta el año 2050, cuando dicho sector poblacional llegue a 36.2 millones.

Según datos del CONEVAL, actualmente, una de cada cinco personas mayores de 60 años se encuentra en una situación crítica de ocupación,  misma que se agrava para las edades más avanzadas.

Más de la mitad de los adultos mayores en el país no tiene ingresos o los que tiene son insuficientes para cubrir sus necesidades. Además, 91.2% considera difícil conseguir empleo.

Difícilmente una persona que no tiene garantizado el derecho al trabajo puede acceder a una canasta sana, completa y variada de alimentos y a servicios de salud de calidad.

La dificultad para entrar al mercado laboral, obtener un empleo de calidad o un retiro digno son problemas que enfrentan los adultos mayores; es una situación que se agudizará en los próximos años y elevará el número de adultos mayores en condición de pobreza.

En el caso de adultos mayores subyace la hipótesis de que una parte considerable de esa fracción que desea trabajar puede verse afectada por diversos escenarios de exclusión laboral o discriminación.

Una de las mayores preocupaciones, que ha manifestado nuestro Presidente de la República el Lic. Enrique Peña Nieto, es la atención a estos grupos vulnerables, como lo son nuestros adultos mayores, de ahí el imperativo de generar políticas públicas para corregir desigualdades, dar poder a quienes no lo tienen y crear una auténtica sociedad de derechos y de igualdad de oportunidades.

Pese a los programas gubernamentales implementados en los últimos años, los adultos mayores han tenido que recurrir al comercio informal como forma de vida, debido a los altos índices de pobreza de este sector, esto según indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

A pesar del marco normativo nacional e internacional que rige esta materia, todavía podemos encontrar dentro del mercado laboral diversas formas de discriminación, mismas que significan serios obstáculos para el acceso, permanencia y desarrollo de las personas en situación de vulnerabilidad, esta discriminación niega el ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades de la persona, la excluye y la pone en desventaja para desarrollar de forma plena su vida, colocándola en una situación de vulnerabilidad.

Existen sin lugar a dudas Leyes que respaldan los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual tienen por objeto  garantizar sus derechos, a gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral.

Como lo marca el artículo 19 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, garantizar en beneficio de los adultos mayores:

I. La implementación de los programas necesarios a efecto de promover empleos y trabajos remuneradores, así como actividades lucrativas o voluntarias, conforme a su oficio, habilidad o profesión, sin más restricción que su limitación física o mental declarada por la autoridad médica o legal competente.

II. Impulso al desarrollo de programas de capacitación para que las personas adultas mayores adquieran conocimientos y destrezas en el campo de formulación y ejecución de proyectos productivos;

III. La organización de una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen actividades laborales que puedan ser desempeñadas por las personas adultas mayores y orientarlas para que presenten ofertas de trabajo.

Por poner un ejemplo, en mi Estado, el Estado de Puebla el 35 por ciento de la población adulta mayor, es decir, alrededor de 262 mil 500 adultos mayores están desempleados, debido a que quienes hacen las contrataciones en las empresas consideran que las personas de la tercera edad "ya no sirven ".

Como bien lo reconoce el delegado en Puebla del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM),  que las empresas tienen una percepción equivocada de los adultos mayores, pues estas personas son las más responsables, leales y respetuosas en el ámbito laboral, son la gente más cumplida, la gente más respetuosa, la gente más leal y es la gente que de alguna manera con su experiencia puede transmitir mucho en todas las empresas”.

Estas personas necesitan y, sobre todo, merecen ser vistas desde una perspectiva de derechos propios, desde la perspectiva de que su inclusión no es una prerrogativa discrecional sino una obligación.

Reconocemos indudablemente los trabajos y políticas públicas que el Gobierno Federal, a través de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, ha venido realizando para la atención a este grupo vulnerable, que tanto nos preocupa, es por ello que exhortamos respetuosamente a esta dependencia, para que conforme a sus funciones y atribuciones, redoble esfuerzos en la implementación y difusión de aquellos programas y acciones enfocados en beneficio de las personas adultas mayores, como la capacitación y las bolsas de trabajo, a fin de darle una mayor atención a este sector que tanto nos ha heredado y aportado a nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que conforme a sus funciones y atribuciones, redoble esfuerzos en la implementación y difusión de aquellos programas y acciones enfocados en beneficio de las personas adultas mayores, como la capacitación y las bolsas de trabajo, a fin de darle una mayor atención a este sector que tanto nos ha heredado y aportado a nuestro país

Dado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 22 de junio de 2016.

Atentamente

Dip. Xitlalic Ceja García.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a fortalecer la implementación de los protocolos de actuación y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de la entidad para prevenir nuevos motines que vulneren los derechos humanos y la   integridad física de los internos, y a la sociedad en general. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Hace unos días, diversos medios de comunicación dieron a conocer que en el Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, ubicado en Monterrey, Nuevo León volvió a ocurrir un enfrentamiento de dimensiones mayúsculas entre los internos de dicho reclusorio. En la riña registrada durante la madrugada del 2 de junio del año en curso, resultaron heridas 19 personas y 3 más fueron privadas de la vida.

Derivado de los hechos, que según las primeras indagatorias, fueron producto del homicidio de Javier Orlando Galindo, “El Maruchan”, reconocido como el nuevo líder del Cártel del Noreste dentro del penal, la Secretaría de Seguridad Pública estatal trasladó a 49 internos a otros centros federales en el país.

Dichos traslados forman parte de la estrategia nacional de despresurización de los penales y fue ordenada por la Secretaría de Gobernación, a través del Órgano Desconcentrado del Sistema Penitenciario, informó el gobierno de Nuevo León. Los hechos, son muestra clara de una ausencia o ineficaz implementación de los protocolos de actuación y procedimientos de seguridad en los centro de reclusión del estado de Nuevo León.

Es en esta última consideración que radica la idoneidad del presente punto de acuerdo, que precisamente tiene como objetivo verificar prevenir nuevos motines que vulneren los derechos humanos y la integridad física de los internos, y pongan en peligro a la sociedad en general. Además de la gravedad intrínseca de los hechos, cabe señalar que no es la primera ocasión en la que el gobierno de la entidad deja de manifiesto la nula o mínima atención ante contingencias de esta naturaleza.

Recordemos la tragedia ocurrida el 10 de febrero de 2016, fecha en la que alrededor de las 23:00 horas, se presentó un enfrentamiento en el Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, ubicado en Monterrey, Nuevo León, en el cual 49 internos fallecieron y 12 más resultaron heridos.

Igual que en aquella ocasión, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, condenamos los hechos y exigimos al gobierno del estado de Nuevo León que instruya a las instancias conducentes para que lleven a cabo una investigación objetiva, expedita, exhaustiva, transparente e integral por los hechos ocurridos en el Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, que reiteramos, no pueden ser vistos como aislados.

En este orden de ideas, es fundamental que el gobierno de estado garantice el cumplimiento de los  mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de reinserción social, a fin de mantener el orden y garantizar una estancia segura para los internos.

Sobre el particular, resulta propicio tener en cuenta que el artículo 172 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, señala que el Sistema Penitenciario y de Reinserción Social del delincuente se integra con los centros de reclusión municipales, centros preventivos y centros de reinserción social, centros de internamiento y adaptación social de adolescentes infractores y que le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado regular su funcionamiento.

Por otro lado, el Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social y de los Centros Preventivos de Reclusión del Estado de Nuevo León, en su artículo 7 establece que el Ejecutivo del Estado, debe procurar que los CERESOS tengan los elementos suficientes para que los internos reciban alimentación, atención médica, educación, trabajo, capacitación, áreas culturales, familiares, deportivas, así como un esparcimiento adecuado para su buen desarrollo. Igualmente, para que vele porque las instalaciones tengan los elementos arquitectónicos necesarios para la estancia humana de los reclusos.

Por si esto no fuera suficiente, por imperio de Ley, existe la obligación de que todo acto de autoridad debe velar por la protección de los derechos humanos reconocidos a las personas reclusas, asimismo, debe estar encaminado a garantizar la conservación de la seguridad y el orden al interior de los centro de reclusión.

Una de las grandes innovaciones de la reforma constitucional en materia de seguridad pública de junio de 2008, fue la reforma al artículo 18 constitucional, donde se instauró un nuevo paradigma para el sistema penitenciario mexicano, al sustituir el concepto de readaptación por el de reinserción social. En este tenor, todos los internos deben de estar protegidos contra cualquier trato o conducta que pueda dañar su integridad física y moral.

Al efecto, entre los derechos humanos de las personas en reclusión se encuentran los que corresponden para hacer asequible la satisfacción de las necesidades básicas de seguridad personal durante su estancia dentro del centro penitenciario de tal forma que no se ponga en peligro su vida, su integridad física, psíquica o moral. Por lo que estos deben de garantizarse desde el momento del ingreso.

A partir de las consideraciones vertidas, es pertinente que, por un lado el gobierno de la entidad fortalezca la implementación de los protocolos de actuación y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios; y por el otro lado, que el ombudsman nacional y local, verifiquen que en los reclusorios del estado de Nuevo León, se protegen los derechos humanos de los internos.

Cabe precisar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es un organismo autónomo que tiene como objetivo esencial llevar a cabo la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. Por otro lado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, es el organismo encargado de conocer sobre las quejar relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando se trata de conductas imputables a autoridades y servidores públicos de carácter municipal, con excepción de los del poder judicial.

Dentro de las atribuciones del ombudsman local, se encuentran las actividades concernientes a la salvaguarda de los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad, en virtud de que se trata de un grupo vulnerable y susceptible a las violaciones en sus derechos fundamentales, debido a que en función de su condición, frecuentemente sufre del olvido y repudio social. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo:


PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del Estado de Nuevo León, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública, fortalezca la implementación de los protocolos de actuación y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de la entidad, para prevenir nuevos motines que vulneren los derechos h