Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 28 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 7

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 08 de Junio de 2016

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:41 horas) Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

Le doy la bienvenida al Diputado Ortega Álvarez, para que funja como Secretario en esta sesión.

El Secretario Diputado Omar Ortega Álvarez: Señoras legisladoras y señores legisladores, procederemos al pase de lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, tenemos una asistencia de 37 ciudadanos legisladores. En consecuencia, hay quórum.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 8 de junio de 2016, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor de sus escaños, con ello se da cuenta de los asuntos enlistados en la agenda del día de hoy. Si algún legislador requiere copia de la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor también pueden consultar la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.

Sonido en el escaño del Diputado Virgilio Caballero Pedraza.

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: (Desde su escaño) Vemos que aquí en la agenda política, en las efemérides, se contempló lo sucedido hace 45 años con el ataque perpetrado por los “Halcones” contra la manifestación estudiantil del 10 de junio de 1971.

Rememoramos el significado y la repercusión de las movilizaciones juveniles de 1968 a 1971 en la lucha por la transformación democrática de México.

Es importante recordar estos hechos ondeando la bandera de la justicia en contra de la impunidad.

¡No más “Batallón Olimpia”, no más “Halcones”!

¡Que vivan los estudiantes de ayer y de hoy!

¡De la guerra sucia a Ayotzinapa!

¡10 de junio no se olvida!

Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Esta Presidencia llama a un receso, a efecto de que se incorporen nuestros compañeros legisladores a sesión de la Comisión Permanente.

(Receso)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se reanuda la sesión.





 

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

ACTA DE LA SESIÓN celebrada el mARTES
TREINTA Y UNO de mayo DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y cuatro minutos del martes treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, con una asistencia de veintiún legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles veinticinco de mayo de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, correspondiente al período enero-marzo de 2016.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores; y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Banco de México, el informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre enero-marzo de 2016.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 6 de junio de 2016.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Diputada Adriana Terrazas Porras, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 6 de junio de 2016.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Cámara de Senadores, su Tercer Informe de Actividades.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Lucero Saldaña Pérez, informe de Actividades del Foro Global de Mujeres Parlamentarias Cumbre 2016 “Mujeres en la política: avance rápido”, llevada a cabo en Amman, Jordania, los días 4 y 5 de mayo de 2016.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de junio de 2016.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, informe de su presupuesto ejercido durante el mes de abril de 2016.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron de las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, dos acuerdos por el que se solicita a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se convoque a un período de sesiones extraordinarias durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- La Mesa Directiva dio cuenta con los Acuerdos. La Asamblea autorizó la incorporación al Orden del Día de un proyecto de Decreto para convocar a las Cámaras del Congreso de la Unión a realizar sesiones extraordinarias. Considerado de urgente resolución. Intervinieron los legisladores: Diputado Francisco Javier Pinto Torres del PANAL; Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich de MC; Diputado Emilio Enrique Salazar Farías del PVEM; Senador Zoé Robledo Aburto del PRD; Senador Juan Carlos Romero Hicks del PAN; Senador Enrique Burgos García del PRI; y Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, quien presentó propuesta de modificación, la cual fue rechazada. El Decreto fue aprobado por 33 votos a favor y 2 abstenciones. Se declaró aprobado el Decreto por el que la Comisión Permanente convoca a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión a celebrar un periodo de sesiones extraordinarias durante el actual receso, a partir del 13 de junio del año en curso. Se comunicó a las Cámaras del Congreso y se remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se modifica la integración de las Comisiones de Trabajo de la Comisión Permanente.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE LA DIPUTADA
PATRICIA SÁNCHEZ CARILLO

 

El Senador Héctor David Flores Ávalos, a nombre de la Diputada Elva Lidia Valles Olvera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 1915 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se considera sin materia la proposición que solicitaba al Ejecutivo Federal ejercer el mandato constitucional del apartado C del artículo 72 constitucional.- Intervinieron los legisladores: Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza de Morena, en contra; Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, en contra; y Senador Manuel Bartlett Díaz del PT, en contra. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a llevar a cabo programas de capacitación dirigidos a docentes, personal administrativo y jóvenes estudiantes de los niveles medio superior y superior, en materia de primeros auxilios.- Intervinieron los legisladores: Senador Jesús Casillas Romero del PRI; y Diputada Xitlalic Ceja García del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

2. Que exhorta a emprender acciones que permitan impedir y sancionar tanto la reproducción como la venta ilegal de informes distintivos de las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional.-Sin discusión, el punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

3. Que exhorta a los congresos estatales a realizar las reformas legales necesarias en materia civil y familiar para prohibir el matrimonio de personas menores de 18 años de edad.- Intervinieron las legisladoras: Senadora Yolanda de la Torre Valdez del PRI; y Senadora Carmen Dorantes Martínez del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

4. Por el que se solicita promover campañas informativas sobre las consecuencias para la salud derivadas del uso de tuberías y tinacos elaborados con asbesto y sobre los materiales de uso alternativo.- Intervinieron las legisladoras: Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu del PRI; y Diputada Xitlalic Ceja García del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, con motivo del Día de la Marina.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Consejo General del Instituto Electoral del estado de Quintana Roo a implementar y poner en operación el conteo rápido para las elecciones locales del próximo 5 de junio.- Considerado de urgente resolución. Intervino el Senador Zoé Robledo Aburto del PRD. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que solicita información a las Secretarías de Salud y de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, sobre los avances en el cumplimiento de los objetivos de la estrategia nacional de seguridad vial 2011-2020, con el propósito de contribuir a reducir las lesiones, discapacidades y muertes por accidentes de tránsito.- Considerado de urgente resolución. Intervino la Diputada Genoveva Huerta Villegas del PAN. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, al Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, al titular de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, al Contralor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a implementar acciones tendientes a evitar que los programas sociales de la Ciudad de México sean utilizados con fines político-electorales, así como a sancionar a los servidores públicos que violen esta prohibición.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los legisladores: Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza de Morena; Senador Zoé Robledo Aburto del PRD; Diputado Guadalupe Acosta Naranjo del PRD; y Diputado Federico Döring Casar del PAN. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a hacer el aporte financiero correspondiente al año 2016 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.- El Presidente de la Mesa Directiva, dio cuenta con la propuesta de modificación,  presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, la cual fue aceptada. Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

El Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a coordinar la elaboración de un diagnóstico nacional sobre el fenómeno de desplazamiento forzado interno en México, incluyendo la creación de un registro estadístico nacional y la adopción de medidas y políticas acordes con los principios rectores del desplazamiento interno, además de cumplir a cabalidad.- El Presidente de la Mesa Directiva, dio cuenta con la propuesta de modificación, presentada por el Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, la cual fue aceptada. Considerado de urgente resolución. Intervinieron los legisladores: Senador Zoé Robledo Aburto del PRD; y Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Diputada Evelyng Soraya Flores Carranza y diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción I del artículo 132 de la Ley del Seguro Social y la fracción I del artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de Decreto que adiciona una fracción XXIV Ter al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Lluvia Flores Sonduk, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Melissa Torres Sandoval, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas leyes administrativas para prevenir la usurpación de identidad.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo hacer públicos los procedimientos, objetivos, metas y avance de resultados en la contratación de deuda pública en los primeros seis meses de la actual administración.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y a las 32 Secretarías de medio ambiente de las entidades federativas a reforzar la adquisición, uso y mantenimiento de las unidades de monitoreo de la calidad del aire y así contar con un sistema nacional de información de la calidad del aire.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del estado de Chiapas que por conducto de las autoridades competentes en ejercicio de sus respectivas atribuciones legales, detengan el acoso y a la violencia contra las presidentas municipales y se garantice su seguridad e integridad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo en relación a la problemática de la reserva de la biósfera de La Sepultura, Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y al de la Ciudad de México a realizar un trabajo coordinado para brindar protección y seguridad a todos los candidatos y candidatas que participan en los procesos electorales locales en curso.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Araceli Damián González y Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, al Poder Judicial de la Federación y a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Unión para que reconozcan como Desaparición Forzada de Personas lo ocurrido a los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa atacados los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Jalisco a imprimir la mayor publicidad respecto de la investigación relacionada con los albergues “Despertar Espiritual, Alcohólicos y Drogadictos de Occidente, A.C.”; y a la Procuraduría General de la República a considerar la atracción de dichas investigaciones.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Francisco Javier Pinto Torres, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, con punto de Acuerdo que exhorta al órgano de gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a diseñar e implementar acciones y medidas coordinadas y homologadas en toda la zona de influencia ecológica que conforma la Megalópolis, con el fin de prevenir y controlar las  contingencias ambientales provocadas por la mala calidad del aire.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las investigaciones conducentes en contra Jorge Enrique Castillo Díaz, por la probable comisión de diversos delitos como tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a diseñar e implementar un plan integral de mejora en las agencias del ministerio público, con la finalidad de que brinden un servicio eficiente a la ciudadanía.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República, para dictaminar la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno.- Se turnó a las correspondientes comisiones de la Cámara de Senadores.

 

Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos estatales a legislar en materia de cambio climático y responsabilidad ambiental, como estrategia para reducir desastres naturales y evitar sufrimiento para la humanidad.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a promover en todos los planteles del sistema educativo nacional, campañas de concientización y prevención sobre el llamado "Reto de las 72 horas".- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Cynthia Gissel García Soberanes y José Alfredo Ferreiro Velazco, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales a hacer públicos y accesibles los instrumentos para que los ciudadanos puedan acceder, navegar y solicitar información en la Plataforma Nacional de Transparencia, durante el período de estabilización de dicha herramienta informática.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las gestiones necesarias a fin de asumir su compromiso con las y los trabajadores del hogar, celebrando el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo en el Estado de Puebla, así como a los integrantes, militantes y simpatizantes de los partidos políticos nacionales, Acción Nacional, Nueva Alianza y del Trabajo, así como los Estatales Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración a conducirse y a dar cumplimiento estricto al marco legal que regula la función electoral, administrativa y judicial, y se abstengan de provocar la polarización y los enfrentamientos dentro un plano de civilidad democrática.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a enviar un informe relativo a las medidas que ha implementado para elevar la calidad educativa y emita los resultados obtenidos hasta el momento en relación con las estrategias y líneas de acción planteadas en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores a concretar una visita oficial del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los Desplazados Internos a nuestro país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Irma Rebeca López López, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita la creación de la comisión especial para el seguimiento de los procesos y resultados de la compras del Gobierno Federal.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Guanajuato un informe que contenga las acciones emprendidas en contra de los servidores públicos que por acciones u omisiones incurrieron en irregularidades, que derivaron en observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta el Ejecutivo Federal a incorporar al Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para Campeche y Tabasco al estado de Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Ariel Juárez Rodríguez, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República a aprobar el Convenio 98 de la OIT, relativo a la aplicación de los principios de sindicación y de negociación colectiva.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Tabasco a revisar los aspectos legales y administrativos del personal contratado en la Secretaría de Educación Pública, así como en el Desarrollo Integral de la Familia estatal, para evitar pagos improcedentes, como los que observó la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2014.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del gobierno de Tabasco, así como a las autoridades ambientales del estado, a ejecutar diversas acciones en relación a la muerte de especies animales en el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza, Yumká.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Araceli Damián González y Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República para que separe del cargo al C. Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal, a fin de garantizar la imparcialidad de las investigaciones que realizan la Visitaduría General y el Órgano de Control Interno de esa dependencia, por la presunta alteración y manipulación de las investigaciones en el caso de los 43 jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa, desparecidos durante los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a informar sobre el cumplimiento de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a distintas delegaciones en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Lorena Corona Valdés, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a valorar y ponderar la     conveniencia de actualizar las normas oficiales mexicanas NOM-020-SSA1-2014 y NOM-025-SSA1-2014, a efecto de respetar el derecho humano a disfrutar de un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a abandonar la política de enfrentamiento y castigo que ha caracterizado su gestión administrativa y a establecer una mesa de diálogo y negociación con el magisterio organizado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a llevar a cabo las investigaciones conducentes respecto a la entrega de “tinacos” en la delegación Coyoacán con presuntos fines electorales en favor de los candidatos del Partido de la Revolución Democrática.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita el envío de las fuerzas federales al estado de Morelos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a revisar el proceso de licitación y adjudicación para la operación del servicio agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales en el municipio de Puebla para verificar que no se hayan presentado irregularidades.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Santiago Torreblanca Engell, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a presentar un informe del período que va de enero de 2015 – a abril 2016, sobre el ejercicio de sus atribuciones en materia de verificación del cumplimiento de la normatividad laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo y de capacitación, adiestramiento y productividad respecto de todas y cada una de las empresas que prestan servicios en todo el complejo propiedad de PEMEX y su área desincorporada a favor de la empresa MEXICHEM asentados en Coatzacoalcos, Veracruz y denominado “Pajaritos” en el que ocurrieron el pasado 20 de abril de 2016 diversas explosiones que tomaron la vida e hirieron a varios trabajadores.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Francisco Martínez Neri y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a establecer a la brevedad una mesa de diálogo y Acuerdo con sectores del magisterio que han manifestado su desacuerdo con la implementación de la “reforma educativa”.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Dip. José Luis Orozco Sánchez Aldana, a nombre del Dip. Ricardo Taja Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a las Secretarías de Turismo estatales y municipales a conjuntar esfuerzos para verificar el correcto funcionamiento de las arrendadoras de vehículos automotores en los destinos turísticos del país, para evitar cobros indebidos en perjuicio de los turistas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Omar Ortega Álvarez y María Concepción Valdés Ramírez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo a la crisis financiera por la que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Verónica Agundis Estrada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios a promover campañas de educación vial que contribuyan a construir y consolidar en la sociedad una cultura vial en favor de las personas con discapacidad, así como a garantizarles seguridad, libre tránsito y la accesibilidad que requieren en los centros urbanos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Omar Ortega Álvarez, Juan Fernando Rubio Quiroz y Candelario Pérez Alvarado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir un informe que contenga el destino específico de los ingresos obtenidos por los impuestos ambientales en los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que, en ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, implementen campañas permanentes de concientización sobre el daño que ocasiona a los ecosistemas el tráfico y el comercio ilícito de flora y fauna silvestre.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, así como a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado a integrar y mantener actualizado un registro nacional de enfermos renales.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar un diagnóstico relativo a la incidencia y gravedad de los linchamientos, así como a diversas autoridades a garantizar el estado de derecho.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a reforzar las estrategias de comunicación para prevenir y erradicar los fraudes a través de los esquemas de “pirámides”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Yucatán a informar sobre el seguimiento que se ha dado a los acontecimientos ocurridos en la comunidad de Chablekal, el 4 de mayo del año en curso; asimismo, informe sobre las sanciones a que se han hecho merecedores los elementos de la policía que agredieron a los defensores de derechos humanos y ciudadanos afectados.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo al seguimiento e investigación de denuncias sobre el uso electoral de programas de desarrollo social en el estado de Oaxaca.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a fortalecer la supervisión de publicidad en radio y televisión, a fin de erradicar los contenidos que denigran y discriminan a las mujeres.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Yucatán a garantizar la integridad física de los ciudadanos que intervinieron en el enfrentamiento por prestar el servicio de transporte en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Mérida; asimismo, informe sobre las investigaciones que se están llevando a cabo y las sanciones a que se han hecho merecedores los agresores de los choferes de Uber.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas a transparentar los recursos otorgados mediante el fondo regional y su proceso de ejecución o aplicación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal del Gobierno de la República, así como a la Comisión Forestal del gobierno del estado de Michoacán a llevar a cabo acciones coordinadas, eficientes y eficaces, dirigidas a robustecer la masa arbórea de la entidad.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a establecer una mesa de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a fin de buscar soluciones a la problemática magisterial en el país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a iniciar los trabajos protocolarios que permitan al gobierno de la República de los Estados Unidos Mexicanos adherirse y ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, con la finalidad de lograr un México más inclusivo y sin discriminación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a llevar a cabo las acciones necesarias a fin de poner a salvo a las especies animales que habitan el parque “Yumká”, ubicado en el estado de Tabasco, así como realizar las investigaciones necesarias con objeto de deslindar responsabilidades en el caso de la muerte de más de 250 animales en el último año.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los organismos de derechos humanos de las 32 entidades federativas a atender la recomendación del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad a poner en marcha el mecanismo nacional de promoción, protección y supervisión de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a implementar acciones de protección ambiental y conservación ecológica en el río San Rodrigo en el estado de Coahuila.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a impulsar la formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico regional estatal con las entidades federativas que aún no cuentan con dicho instrumento.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero y del Diputado José Luis Orozco Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar las acciones pertinentes que contribuyan a agilizar el pago de los apoyos por compensación de bases pendientes de entregar a los productores de Jalisco, por la fijación de su monto en términos que permitan mantener el precio por toneladas de maíz y la creación de un fondo de protección a la agricultura por contrato en el estado de Jalisco.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y del Instituto Nacional de Antropología e Historia a hacer una inspección pormenorizada y llevar a cabo los procedimientos administrativos correspondientes en el área arqueológica y en el área natural protegida del sistema lagunar Chacmuchuch, ubicada en San Augusto “El Meco” del municipio Isla Mujeres, Quintana Roo, con la finalidad de evitar cualquier construcción de infraestructura hotelera que dañe ese patrimonio cultural de la nación y el medio ambiente de la zona.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las comisiones ordinarias de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados a emitir y publicar la convocatoria de inicio de trabajos de la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos, con la finalidad de dar inicio a la sustanciación de los procedimientos derivados de los expedientes que no han sido turnados por la Secretaría General de la Cámara de Diputados, tal y como lo establece el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar toda la información con que cuente acerca de un supuesto Acuerdo o compromiso suscrito para el establecimiento de una empresa armadora de vehículos automotrices en el estado de Durango; asimismo, le exhorta a instruir al Secretario de Economía a abstenerse de intervenir a favor del candidato del PRI al gobierno de ese estado en el actual proceso electoral.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Puebla a llevar a cabo una investigación por la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias por parte de José Antonio Gali Fayad durante su desempeño dentro de la administración pública estatal y municipal de la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván y Fernando Mayans Canabal, con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Director General de la Comisión Nacional del Agua ante comisiones del Senado para que informe el estado que guarda el ejercicio del gasto federalizado de los programas y proyectos de inversión, de los avances del plan hídrico integral de Tabasco y del proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión reprueba fehacientemente los actos de violencia ejercidos en contra de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Maricela Contreras Julián y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ofrecer una disculpa pública a la Sra. Jacinta Francisco Marcial y dé cumplimiento a la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- Se turnó a la Segunda Comisión.

(Efemérides)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día de la Marina Nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial sin Tabaco.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Mundial sin Tabaco.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Medio Ambiente.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. - Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Mundial sin Tabaco.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día de la Marina.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride en relación al Día de la Marina.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día de la Marina.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención sobre el movimiento nacional “Viajemos todos por México”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención sobre la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención en torno a la situación política que vive el país, en el marco de los procesos electorales de 2016.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con treinta minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles ocho de junio, a las once horas.

 

Fin de la Sesión.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobada el acta.

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe de las Visitas de Estado que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, realizó a la República de Alemania y al Reino de Dinamarca, del 10 al 14 de abril de 2016.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Se recibió también de la Secretaría de Gobernación, un oficio con el que remite el informe de la Secretaría de Economía sobre las negociaciones comerciales en curso y sobre el resultado final completo de algunas negociaciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase a todas las Comisiones de Relaciones Exteriores y a la de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Asimismo, la Secretaría de Gobernación remitió un oficio con los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, correspondientes al segundo bimestre del ejercicio fiscal 2016.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase dicha documentación a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Así también, se recibió oficio de la Secretaría de Gobernación, con el informe sobre los resultados de la competencia “Fuerzas Comando 2016”, que se llevó a cabo en la Base Naval de Infantería de Marina de Ancón, Departamento de Lima, Perú, del 28 de abril al 13 de mayo de 2016.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de abril de 2016; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de abril de 2016.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

LEGISLATURA

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Se recibió del Congreso del estado de Coahuila, una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI BIS AL ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Se recibió del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, el informe del II Congreso de las Comisiones de Salud de los Parlamentos de las Américas “Hacia una agenda legislativa regional para la salud universal” realizado del 24 al 27 de mayo del año en curso, en Panamá.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Queda de enterado.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Se recibieron las siguientes comunicaciones de legisladores, por las que informan sus respectivas reincorporaciones a sus funciones legislativas este mes de junio:

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, a partir de hoy 8 de junio.







 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, a partir del 9 de junio.







 

De la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN, a partir del 13 de junio.







 

Del Diputado Abdies Pineda Morín, del grupo parlamentario del PES, a partir de hoy 8 de junio.







 

Y de la Diputada Arlet Mólgora Glover, del grupo parlamentario del PRI, a partir del día de hoy 8 de junio.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquense a las Cámaras del Congreso, según corresponda.





 

Pasamos al apartado de iniciativas. Se concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 3O., 37, 37 A, 74 Y 76 DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

El Sistema de Ahorro para el Retiro fue puesto en marcha en México en julio de 1997. Con el transcurso de los años, esta forma de ahorro ha cobrado una singular relevancia para los trabajadores:

Representa el segundo patrimonio más importante para los mexicanos, después de la vivienda.

- El monto depositado en las Afores asciende a 2.5 billones de pesos, equivalentes al 14 por ciento del Producto Interno Bruto.

- Las Afores cuentan con 36.7 millones de trabajadores registrados.

- En la inteligencia de que la gran mayoría de los trabajadores dependerán del patrimonio administrado por las Afores para llevar una existencia digna al finalizar su vida laboral, es importante establecer que contribuyan a salvaguardar sus recursos.

En la actualidad, uno de los parámetros principales que consultan los trabajadores para elegir o cambiar Afore es el Índice de Rendimiento Neto.

La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, define el Índice de Rendimiento Neto como los indicadores que reflejan los rendimientos menos las comisiones que hayan obtenido los trabajadores por la inversión de sus recursos en las sociedades de inversión.

A pesar de ser un instrumento útil de comparación, el IRN sufre de preocupantes limitantes que pueden afectar el patrimonio de los trabajadores:

-No considera los riesgos a que se expone el patrimonio de los trabajadores.

-No reconoce a las Afores que administran portafolios de inversión con una adecuada gestión de riesgo-rendimiento.

-No considera una evaluación cualitativa de la administración de los fondos.

-No contempla cambios estructurales en el mercado, con la regulación y la administración de fondos.

Conforme a la LSAR, las Afores tienen la obligación de efectuar las gestiones necesarias para la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de fondos que administren, atendiendo exclusivamente el interés de los trabajadores. Sin embargo, en términos de su redacción actual, la ley no está salvaguardando la seguridad del patrimonio de los trabajadores puesto que establece restricciones para el traspaso de cuentas en el curso de un año únicamente a Afores con mayor rendimiento neto en el periodo de cálculo inmediato anterior, ignorando los riesgos de administración de fondos que puedan incurrir las Afores.

En vista de lo anterior, se considera que las Afores podrán cumplir su obligación más eficazmente si establecieran dos indicadores que midan los riesgos de las inversiones de los recursos de los trabajadores: el Alfa de Jensen y un indicador cualitativo.

En la búsqueda de mejores parámetros para medir el desempeño de las Afores, se han llevado a cabo estudios financieros y estadísticos en los que se ha concluido que el Alfa de Jensen AJ es un indicador robusto para evaluar el desempeño de las instituciones, ya que incluye el análisis de gestión de riesgos y reconoce las mejores prácticas en el proceso de inversión.

El AJ está representado por la siguiente fórmula:

AJ: Rendimiento esperado del portafolio de inversión –[tasa libre de riesgos + Beta portafolio* (tasa esperada de mercado - tasa libre de riesgos).

El AJ, que sería calculada por la Consar, le mostraría al trabajador cuál Afore tiene menores riesgos considerando un nivel de rendimiento. Por ejemplo, si hay dos Afores que tienen un rendimiento igual, el trabajador podrá ver cuál Afore maneja menores riesgos en sus inversiones. La Afore con mayor Alfa de Jensen sería la de mejor desempeño, considerando riesgos, rendimientos y comparando el rendimiento de la Afore con el resto del mercado.

Adoptar el AJ como parámetro adicional de medición, representaría las siguientes ventajas:

- Brindaría un elemento adicional de comparación de Afores, lo que permitiría al trabajador evaluar mejor su decisión de permanencia o cambio de Afore.

- Mostraría el riesgo adoptado por las Afores en administración de los fondos de los trabajadores.

- Mediría el desempeño de una Afore en relación al mercado, mercado contra portafolio.

- Sería una medida de eficacia riesgo/rendimiento.

- Mediría los cambios estructurales en las condiciones de mercado.

- Es un índice ampliamente conocido en el medio y utilizado por empresas de reconocimiento internacional.

- Se daría un mejor cumplimiento a las regulaciones de la Consar, tales como las disposiciones de carácter general en materia de publicidad de los Sistemas del Ahorro para el Retiro en donde se prohíbe incluir información que pueda confundir al público y desvirtuar la naturaleza de los servicios que prestan. En este caso, se estarían eliminando las confusiones generadas por el uso del IRN, que solamente muestra rendimientos pasados, pero no garantiza rendimientos futuros.

En la adición del IRN y el AJ, se considera que la protección de los intereses de los trabajadores se vería fortalecida si además la Consar evaluara y publicitara los resultados de las Afores en relación con los conceptos cualitativos que son evaluados con regularidad por las empresas evaluadoras internacionales.

Así las cosas, el planteamiento concreto que contiene esta iniciativa, versa en lo siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma y adiciona los artículos 3o., 37, 37-A, 74, 76 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Artículo Único.- Se adiciona la fracción V Ter del artículo 3o., y se reforma el segundo párrafo del artículo 37, la fracción III del artículo 37 A, el decimosegundo párrafo del artículo 74, y el primer párrafo del artículo 76 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

V. Ter. Alfa de Jensen, al indicador que mide el diferencial de la rentabilidad que hayan obtenido los trabajadores por inversión de sus recursos en las sociedades de inversión y la rentabilidad esperada en función del nivel de riesgo de dicha cartera. Este indicador refleja la capacidad que tiene la sociedad de inversión para alcanzar un rendimiento superior al esperado en función del nivel de riesgo de su cartera, y está representado por la siguiente fórmula:

Rendimiento de portafolio de inversión de las sociedades de inversión –[tasa libre de riesgo + Beta del portafolio de inversión de las sociedades de inversión* (rendimiento del mercado-tasa libre de riesgo).

En la fórmula anterior, la Beta del portafolio de inversión del portafolio de las sociedades de inversión mide la volatilidad del portafolio respecto a la variabilidad del mercado de riesgo.

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la República e integrante de esta honorable Comisión Permanente, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 3o., 37, 37 A, 74 y 76 DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Sistema de Ahorro para el Retiro fue puesto en marcha en México en julio de 1997. Con el transcurso de los años, esta forma de ahorro ha cobrado una singular relevancia para los trabajadores:

• Representa el segundo patrimonio más importante para los mexicanos, después de la vivienda.1

• El monto depositado en las Afores asciende a 2.5 billones de pesos, equivalente al 14% del PIB.2

• Las Afores cuentan con 36.7 millones de trabajadores registrados.3

En la inteligencia de que la gran mayoría de los trabajadores dependerán del patrimonio administrado por las Afores para llevar una existencia digna al finalizar su vida laboral, es importante establecer medidas que contribuyan a salvaguardar estos recursos.

En la actualidad, uno de los parámetros  principales que consultan los trabajadores para elegir o cambiar de Afore es el  Índice de Rendimiento Neto (IRN).

La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR), define el Índice de Rendimiento como “los indicadores que reflejan los rendimientos menos las comisiones, que hayan obtenido los trabajadores por la inversión de sus recursos en las Sociedades de Inversión”.4

A pesar de ser un instrumento útil de comparación, el IRN sufre de preocupantes limitantes, que pueden afectar el patrimonio de los trabajadores:

• No garantiza rendimientos futuros.

• No considera los riesgos a que se expone el patrimonio de los trabajadores.

• No reconoce a las Afores que administran portafolios de inversión con una adecuada gestión de riesgo-rendimiento.

• No considera una evaluación cualitativa de la administración de los fondos.

• No contempla cambios estructurales en el mercado, en la regulación y en la administración de los fondos.

Conforme a la LSAR, las Afores tienen la obligación de  efectuar las gestiones necesarias para la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de los fondos que administren, atendiendo exclusivamente al interés de los trabajadores5. Sin embargo, en términos de su redacción actual, la Ley no está salvaguardando la seguridad del patrimonio de los trabajadores puesto que establece restricciones  para el traspaso de cuentas en el curso de un año únicamente a Afores con mayor rendimiento neto en el periodo de cálculo inmediato anterior6, ignorando los riesgos de administración de fondos en que pueden incurrir las Afores.

En vista de lo anterior, se considera las Afores podrán cumplir su obligación más eficazmente si se establecieran dos indicadores que midan los riesgos en las inversiones de los recursos de los trabajadores: el Alfa de Jensen y un indicador cualitativo.

En la búsqueda de mejores parámetros para medir el desempeño de las Afores, se han llevado a cabo estudios financieros y estadísticos en los que se ha concluido que el Alfa de Jensen (AJ) es un indicador robusto para evaluar el desempeño de estas instituciones, ya que incluye el análisis de gestión de riesgos y reconoce las mejores prácticas en el proceso de inversión. 

El AJ está representado por la siguiente fórmula:

AJ= Rendimiento esperado del portafolio de Inversión – [tasa libre de riesgos + Beta del portafolio * (tasa esperada del mercado – tasa libre de riesgos)]

El  AJ, que sería calculada por la CONSAR,  le mostraría al trabajador cuál Afore tiene menores riesgos considerando un nivel de rendimiento. Por ejemplo: si hay 2 Afores, que tienen un rendimiento igual, el trabajador podrá ver cuál Afore maneja menores riesgos en sus inversiones.  La Afore con un mayor valor del  Alfa de Jensen sería la que tiene mejor desempeño (considerando riesgos, rendimientos y  comparando el rendimiento de la Afore con el del resto del mercado).7

Adoptar el AJ como un parámetro adicional de medición, representaría las siguientes ventajas:

• Brindaría un elemento adicional de comparación de Afores, lo que permitiría al trabajador evaluar mejor su decisión de permanencia o cambio de Afore.

• Mostraría el riesgo adoptado por las Afores en la administración de los fondos de los trabajadores.

• Mediría el desempeño de una Afore en relación al mercado  (mercado vs Portafolio).

• Sería una medida de  eficiencia riesgo / rendimiento.

• Mediría cambios estructurales en las condiciones de mercado.

• Es un índice ampliamente conocido en el medio y utilizado por empresas con reconocimiento internacional.

• Se daría un mejor cumplimiento a regulaciones de la Consar, tales como las Disposiciones de Carácter General en Materia de Publicidad de los Sistemas de Ahorro para el Retiro8 en donde se prohíbe incluir información que pueda confundir al público o desvirtuar la naturaleza de los servicios que prestan. En este caso, se estarían eliminando las confusiones generadas por el uso del IRN, que solamente muestra rendimientos pasados, pero no garantiza los rendimientos futuros.

En adición al IRN y al AJ, se considera que la protección de los intereses de los trabajadores se vería más fortalecida si además la CONSAR evaluara y publicara resultados de las Afores en relación con conceptos cualitativos que son evaluados con regularidad por empresas evaluadoras internacionales. 9

En específico, la evaluación de los siguientes rubros resultaría muy útil e ilustrativa tanto para la autoridad como para los trabajadores:

a. Gobierno Corporativo: que incluiría aspectos tales como el papel y responsabilidades que desempeña el Consejo de Administración y los Auditores, y la transparencia en la información proporcionada por las  Afores.

b. Incentivos alineados  entre  los intereses de los trabajadores y los encargados de la administración de los fondos de los trabajadores.

c. Cumplimiento con el marco regulatorio.

d. Experiencia, calidad académica y capacidades técnicas de los directivos de las Afores y de las personas encargadas de manejar los fondos de inversión de los trabajadores.

Con la introducción de los dos nuevos parámetros propuestos, tanto la autoridad como los trabajadores gozarían de grandes beneficios:

• Tendría más elementos para evaluar el desempeño de las Afores, lo que se traduciría en una mejor protección del patrimonio de los trabajadores.

• Las Afores y los trabajadores tendrían una mejor alineación de intereses, al ser las Afores evaluadas tanto por  indicadores cuantitativos como cualitativos.

• Se eliminaría el incentivo de que Afores tomen riesgos  excesivos en la inversión de fondos únicamente para obtener indicadores de IRN más altos (eliminándose el sesgo originado por el IRN como factor único).

• En tiempos de alta volatilidad, como la actualidad, resulta trascendental que el trabajador pueda valorar de forma integral la calidad en la gestión de su patrimonio por parte de las Administradoras.

• Al dotar al trabajador de mayores elementos de juicio, se le estará “empoderando”, ya que podrá escoger la Afore con la administración riesgo-rendimiento de fondos que responda mejor a sus intereses.

El bienestar de los mexicanos debe ser nuestra más alta prioridad, y la protección de su patrimonio es un factor que innegablemente incide sobre dicho concepto.

Así las cosas, la propuesta en concreto consistiría en la sugerida en los términos de la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 3o., 37, 37 A, 74 Y 76 DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan la fracción V ter al artículo 3o., y se reforma el segundo párrafo del artículo 37, la fracción III del artículo 37 A, el decimosegundo párrafo del artículo 74, y el primer párrafo del artículo 76 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. a V bis…

V. ter. Alfa de Jensen, al indicador que mide el diferencial de la rentabilidad que hayan obtenido los trabajadores por la inversión de sus recursos en  las Sociedades de Inversión y la rentabilidad esperada en función del nivel de riesgo de dicha cartera. Este indicador refleja la capacidad que tiene la Sociedad de Inversión para alcanzar un rendimiento superior al esperado en función del nivel de riesgo de su cartera, y está representado por la siguiente fórmula:

Rendimiento del portafolio de inversión de las Sociedades de Inversión– [tasa libre de riesgo + Beta del portafolio de inversión de las Sociedades de Inversión* (rendimiento del mercado – tasa libre de riesgo)]

En la fórmula anterior, la Beta del portafolio de inversión del portafolio de las Sociedades de Inversión mide la volatilidad del portafolio respecto a la variabilidad del mercado (riesgo sistémico)

Artículo 37.-…

Para promover un mayor Rendimiento Neto a favor de los trabajadores, así como un mayor entendimiento acerca de los riesgos asociados al rendimiento de las inversiones mediante el indicador Alfa de Jensen, al igual que la revelación de información cualitativa de las administradoras respecto a su gobierno corporativo, su correcta alineación a los intereses de los trabajadores, el cumplimiento al marco regulatorio, así como la experiencia, y capacidades técnicas de los directivos encargados en administrar los recursos, las comisiones por administración de las cuentas individuales sólo podrán cobrarse como un porcentaje sobre el valor de los activos administrados. Las administradoras sólo podrán cobrar cuotas fijas por los servicios que se señalen en el reglamento de esta ley, y en ningún caso por la administración de las cuentas.

Artículo 37-A La Comisión, mediante disposiciones de carácter general, deberá establecer el formato al que deberán ajustarse los estados de cuenta emitidos por las administradoras.

 I y II….

III. La información que deberán contener para permitir la comparación del Rendimiento Neto y las comisiones aplicadas por otras administradoras en operaciones afines, así como los riesgos asociados al rendimiento de las inversiones mediante el indicador Alfa de Jensen, al igual que la revelación de información cualitativa de las administradoras respecto a su gobierno corporativo, su correcta alineación a los intereses de los trabajadores, el cumplimiento al marco regulatorio, así como la experiencia, y capacidades técnicas de los directivos encargados en administrar los recursos;

IV a VII…

Artículo 74.-….

….

….

I a la IV. ….

….

….

….

….

….

Los trabajadores que ejerzan su derecho de traspasar su cuenta individual de una administradora a otra que haya registrado un Rendimiento Neto mayor, así como un mejor indicador de los riesgos asociados al rendimiento de las inversiones mediante el indicador Alfa de Jensen, al igual que un mejor indicador relativo a la revelación de información cualitativa de las administradoras respecto a su gobierno corporativo, su correcta alineación a los intereses de los trabajadores, el cumplimiento al marco regulatorio, así como la experiencia, y capacidades técnicas de los directivos encargados en administrar los recursos, deberán permanecer al menos doce meses en la última administradora elegida.

….

….

….

….

….

Artículo 76.- Las cuentas individuales de los trabajadores que no hayan elegido administradora serán asignadas a las Administradoras que, en el período determinado al efecto por la Comisión, hayan reportado un mayor rendimiento neto, así como un mejor indicador de los riesgos asociados al rendimiento de las inversiones mediante el indicador Alfa de Jensen, al igual que un mejor indicador relativo a la revelación de información cualitativa de las administradoras respecto a su gobierno corporativo, su correcta alineación a los intereses de los trabajadores, el cumplimiento al marco regulatorio, así como la experiencia, y capacidades técnicas de los directivos encargados en administrar los recursos. El proceso de asignación se realizará una vez al año conforme al calendario que determine la Comisión mediante disposiciones de carácter general.

….

….

….

….

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 31 de mayo de 2016.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.

1 Cfr. Aportela, Fernando. http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/08/26/ahorro-retiro-pilar-sistema-financiero-shcp

2 Cfr. Aportela, Fernando. http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/08/26/ahorro-retiro-pilar-sistema-financiero-shcp

3 http://www.consar.gob.mx/SeriesTiempo/CuadroInicial.aspx?md=5

4 LSAR. Artículo 3, fracc. V

5 Cfr. LSAR. Artículo 18

6 Cfr. LSAR. Artículo 74

7 Cfr. http://www.investopedia.com/terms/j/jensensmeasure.asp

8 Artículo 4

9 Un ejemplo es Morningstar, que es una agencia de investigación independiente de inversiones con operaciones en 27 países y que brinda servicios a inversionistas, asesores financieros y administradoras de fondos. http://corporate.morningstar.com/US/asp/subject.aspx?xmlfile=177.xml

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Casillas Romero. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.





 

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Ricardo del Rivero Martínez, a nombre del Diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 111 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Ricardo del Rivero Martínez, a nombre del Diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del PAN)

El Diputado Ricardo del Rivero Martínez: Con su venia, señor Presiente. Señoras y señores legisladores:

El día de hoy vengo a presentar una iniciativa con el objeto de modificar el artículo 111 constitucional en materia de procedimiento de declaración de procedencia en contra de servidores públicos del ámbito local.

El Título Cuarto constitucional no solo norma las actuaciones que deben realizarse ante las responsabilidades de los servidores públicos de naturaleza administrativa, sino también aquellas de naturaleza política y aquellas de naturaleza penal. Estas dos últimas, aplican exclusivamente para los servidores públicos señalados en los artículos constitucionales 110, sobre las responsabilidades políticas, y el 111, que contempla las responsabilidades penales, e implica procedimientos para separarlos de sus cargos, es decir, separarlos de la protección del llamado fuero constitucional.

Hasta ahora, en la práctica, no se ha dado el caso en la Cámara de Diputados apruebe un dictamen en el que se determine retirarle la inmunidad procesal a un servidor público de carácter local, no obstante el elevado número de servidores públicos considerados en este supuesto normativo.

Siendo así, la reciente solicitud de la declaración de procedencia enviada por la Procuraduría General de la República en contra de la Diputada Lucero Guadalupe Sánchez López, integrante de la LXI Legislatura del Congreso del estado de Sinaloa, en caso de aprobarse, implicaría una resolución sin precedente en la historia de este órgano legislativo, y que también resultaría relevante debido a los alcances de tal resolución.

En efecto, como puede advertirse de la última parte del quinto párrafo del artículo III constitucional la declaración de procedencia que emita a este órgano legislativo en contra de servidores públicos locales será para el efecto que se comunique a las legislaturas locales, para que el ejercicio en sus atribuciones procedan como corresponda, de modo que existe la posibilidad que la Cámara de Diputados determine que ha lugar a proceder contra el inculpado, pero el correspondiente congreso estatal determine lo contrario. Implicaría entonces que la decisión de un órgano legislativo local estaría por encima de la decisión de este órgano legislativo federal.

Es por ello que en nuestra opinión, resulta injustificable que la resolución de un congreso local esté por encima de la decisión adoptada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Más que un problema de competencias, es un problema de diseño institucional del que adolece la disposición constitucional en cuestión.

El procedimiento de declaración de procedencia, si bien se trata de un acto emitido por el órgano legislativo, debe sujetarse a las formalidades de los actos jurisdiccionales.

Siendo así, al tratarse de una voluntad jurisdiccional emitida por un órgano legislativo de carácter federal, carece del sentido que la misma debe sujetarse a la calificación de otro órgano legislativo, pero de carácter estatal, para que ésta decidida en definitiva sobre la conveniencia o inconveniencia de la misma, aún más cuando el propio texto constitucional en el mismo artículo 111, se establece que las declaraciones y resoluciones de la Cámara de Diputados y de Senadores son inatacables.

Resulta insostenible que, en nuestro sistema jurídico, la resolución emitida por la Cámara de Diputados.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Señor Diputado, permítame, solicito por favor la atención al ponente.

El Diputado Ricardo del Rivero Martínez: Resulta insostenible que, en nuestro sistema jurídico, la resolución emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto a la declaración de procedencia, por la probable comisión de delitos federales por parte de servidores públicos del ámbito de las entidades federativas, deba pasar a la legislatura local a la que corresponda, para el efecto que se resuelva en forma definitiva.

Ante ello, proponemos que el procedimiento sea a la inversa, es decir, que sea en el congreso local que conozca y resuelva, y tal resolución, solamente si no fuera tomada por una mayoría calificada, pueda ser recurrirda ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Proponemos modificar el quinto párrafo del artículo 111 constitucional, el cual establecería, en su parte final, que respecto al procedimiento para retirarles la inmunidad procesal a los servidores públicos locales ahí señalados, se requiera de una solicitud de declaración de procedencia de la Fiscalía General, dirigida a la legislatura de la entidad federativa que corresponda, para el efecto que resuelva sobre la solicitud. Lo anterior, toda vez que, por tratarse de un delito federal, sería la Fiscalía General la que conocería de la comisión del delito y, en consecuencia, la que deba solicitar a la legislatura local que corresponda el inicio de la declaración de procedencia.

De igual forma, se propone modificar el párrafo sexto del mismo artículo constitucional a efecto de establecer en éste, que la decisión del Congreso Local será inatacable cuando sea tomada por la mayoría calificada de sus integrantes; pero cuando sean tomadas por mayoría absoluta, podrá ser recurrida por la Fiscalía General, mediante la solicitud de declaración de procedencia ante la Cámara de Diputados, cuya determinación, desde luego, seria inatacable.

Consideramos que con esta propuesta, además de darle mayor orden al ámbito competencial de los órganos legislativos que participan en el procedimiento de declaración de procedencia, fortalece y hace más eficaz el desahogo de tales procedimientos, pues se distribuiría de mejor manera la responsabilidad sobre la decisión de retirarle la inmunidad procesal a un servidor público del ámbito local, que correspondería tanto a los congresos locales, como a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito, Diputado FEDERICO DÖRING CASAR, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6º, fracción I, y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento al Pleno de este Órgano Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ÁMBITO LOCAL, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Responsabilidades de los servidores públicos

Luego de la reforma Constitucional de 27 de mayo de 2015, en materia de combate a la corrupción, el Título Cuarto de la norma suprema del Estado mexicano ha sido denominado De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado. El Título Cuarto constitucional no solo norma las actuaciones que deban realizarse ante las responsabilidades de los servidores públicos de naturaleza administrativa, sino también aquellas de naturaleza política y aquellas de naturaleza penal; estas dos últimas, aplican exclusivamente para los servidores públicos señalados en los artículos Constitucionales 110 (responsabilidades políticas) y 111 (responsabilidades penales), e implican procedimientos para separarlos de sus cargos, es decir, separarlos de la protección del llamado “fuero constitucional”.

Eduardo Andrade define el fuero constitucional como el “conjunto de normas por virtud del cual se establece la jurisdicción y los procedimientos aplicables para exigir responsabilidades a servidores públicos a cuyo cargo se encuentran funciones de alto nivel que deben ser rodeadas de protecciones especiales” [*], e identifica cuatro tipos de fuero que se desprenden de nuestro texto constitucional: 1.- fuero parlamentario o inviolabilidad como inmunidad absoluta (por expresiones emitidas por los legisladores en el desempeño de su cargo); 2.- fuero como inmunidad relativa (el que disfruta el Presidente de la República frente a ciertas acusaciones de naturaleza penal durante el tiempo de su encargo); 3.- fuero como inmunidad relativa respecto de cualquier acusación penal (solo puede ser formulada previo agotamiento del requisito de procedibilidad llamado declaración de procedencia o desafuero); y 4.- fuero como jurisdicción especial (atribuido a las cámaras de Diputados y de Senadores para desahogar algunos procedimientos) [*]. Para los efectos de la presente iniciativa, nos enfocaremos al análisis del fuero como inmunidad relativa respecto de acusaciones penales, estipulado en el artículo 111 Constitucional.

2. El artículo 111 constitucional y sus modificaciones

El texto vigente del artículo 111 Constitucional es completamente distinto del que fuera redactado por el Constituyente de 1917 (cuando el Título cuarto se denominaba “De las responsabilidades de los funcionarios públicos”), el cual disponía: que el Senado, erigido en gran jurado, conocería de los delitos oficiales, previa acusación de la Cámara de Diputados, para el efecto de privar al acusado de su puesto y este fuere sujeto de proceso; la inatacabilidad de estas resoluciones de las cámaras; la figura de la acción popular para denunciar ante la Cámara de Diputados delitos comunes u oficiales de altos funcionarios de la Federación; y el deber del Congreso de expedir la ley sobre responsabilidad de los funcionarios y empleados de la Federación, que serían juzgados por un Jurado Popular [*].

En 1928 fue adicionado un párrafo a este artículo para establecer que el Presidente de la República podría pedir a la Cámara de Diputados la destitución, por mala conducta, de cualquiera de los ministros de la Corte, así como de magistrados y jueces federales; si la Cámara de Diputados primero, y el Senado después, declarasen justificada la petición, el acusado quedaría privado de su cargo, independientemente de la responsabilidad legal [*]. Luego, esta excesiva disposición fue suavizada mediante la adición, en 1944, de un nuevo párrafo que disponía que el Presidente, antes de pedir la destitución, oiría al acusado en lo privado “a efecto de poder apreciar en conciencia la justificación de tal solicitud” [*] .

El texto de 1944 no fue modificado sino hasta 30 años después, cuando, en el marco de la creación de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo, y en consecuencia, la desaparición de los territorios, se hicieron adecuaciones terminológicas a diversas disposiciones constitucionales, incluyendo al artículo que nos ocupa [*] .

En 1982, el entonces recién electo Presidente, Miguel de la Madrid, promovió una profunda reforma al contenido del Título Cuarto de la Constitución, que ahora se denominaría “De las responsabilidades de los servidores públicos”. En el artículo 111 de aquella reforma se dispuso, primero, los cargos de servidores públicos que gozan de inmunidad procesal –exclusivamente- en materia penal, es decir, aquellos que, para ser procesados en tal materia, requieren de un procedimiento previo en la Cámara de Diputados conocido como declaración de procedencia, a efecto de que les sea retirada tal inmunidad procesal. Estos servidores públicos eran: diputados federales y senadores, ministros, secretarios de despacho, jefes de departamento administrativo, Jefe del Departamento del Distrito Federal, Procurador General de la República y Procurador General de Justicia del Distrito Federal (el Presidente de la República queda excluido, pues solo podría ser acusado, a través de Juicio Político, por traición a la patria y delitos graves del orden común). Aprobada la declaración por parte de la Cámara, el inculpado sería separado de su encargo en tanto estuviese sujeto a proceso penal; si su sentencia fuese absolutoria, podría reasumir su función, y si fuese condenatoria, no se le podría conceder el indulto [*] .

Y fue el contenido del quinto párrafo del artículo 111 Constitucional, de aquella reforma de 1982, el que dispuso cómo proceder penalmente contra los servidores públicos del ámbito local (gobernadores, diputados locales y magistrados de los tribunales superiores de justicia estatales): se seguiría el mismo procedimiento ya descrito, pero el efecto de la declaración de procedencia sería para comunicar a las legislaturas locales, y estas procedieran como corresponda [*] .

Este artículo fue nuevamente modificado en 1987, en el marco de una reforma en materia del Distrito Federal, que creó la Asamblea de Representantes; así, en el primer párrafo del artículo en comento, se adicionó a “los Representantes a la Asamblea del Distrito Federal” y al “titular del órgano de gobierno del Distrito Federal” (en sustitución del Jefe del Departamento del Distrito Federal), como sujetos de declaración de procedencia por parte de la Cámara de Diputados [*] ; luego, en 1994, en el marco de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, fueron adicionados, como sujetos del mismo procedimiento, los Consejeros de la Judicatura Federal (a través de una reforma al primer párrafo) y los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales (mediante reforma al quinto párrafo) [*] .

En 1996, con la reforma Constitucional de aquel año en materia electoral y del Distrito Federal, se adicionaron en el primer párrafo del artículo 111, como sujetos de declaración de procedencia, a los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, a los diputados a la Asamblea del Distrito Federal (en sustitución de los Representantes a la Asamblea), al Jefe de Gobierno del Distrito Federal (en sustitución del titular del órgano de Gobierno del Distrito Federal)y a los Consejeros del Instituto Federal Electoral [*] ; y en 2007, del mismo párrafo se eliminaron, como sujetos de tal procedimiento, a los Jefe de Departamento Administrativo, figura que, de facto, había ya desaparecido una década antes [*] .

En 2014 el artículo 111 Constitucional fue modificado en dos ocasiones; la primera de estas agregó, como sujetos de declaración de procedencia, a los miembros de los organismos a los que las constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal otorgue autonomía (reforma al quinto párrafo) y a los comisionados del organismo garante del cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, el INAI, (reforma al primer párrafo) [*] , pero a estos últimos el fuero les duró tres días, pues una nueva reforma al primer párrafo de este artículo sustituyó la denominación “Procurador General de la República” por “Fiscal General de la República” (como sujeto del procedimiento de declaración de procedencia) y por lo demás, restituyó la anterior redacción de ese párrafo, por lo que eliminó a los comisionados del INAI [*] .

Finalmente, la reciente reforma constitucional en materia de la Ciudad de México [*] volvió a modificar el artículo 111, a efecto de eliminar del primer párrafo a los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, en virtud de la extinción de la figura “Distrito Federal”. Puesto que la Ciudad de México cuenta ahora con poderes locales (antes órganos de gobierno) como el resto de las entidades federativas, se modificó el párrafo quinto del mismo artículo -que enlista a los servidores públicos de las entidades federativas sujetos de declaración de procedencia- para que en este quedaren comprendidos también los servidores públicos de la Ciudad de México sujetos de tal procedimiento, por lo que ahora este párrafo se refiere a “los ejecutivos de las Entidades Federativas” (que incluye, desde luego, a los gobernadores de los estados y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México), “diputados locales” [*] , “magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas” [*] , “los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales” (porción normativa que no fue modificada) y “los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía” [*] .

3. Efectos de la declaración de procedencia en contra
de servidores públicos del ámbito local

Nos referiremos ahora a los efectos de la declaración de procedencia en términos del párrafo quinto del multicitado artículo constitucional, es decir, en contra de los servidores públicos de las entidades federativas señalados en tal disposición. Si bien este párrafo apareció en el texto constitucional desde la reforma de 1982, en la práctica no se ha dado el caso de que la Cámara de Diputados apruebe un dictamen en el que se determine retirarle la inmunidad procesal a un servidor público de carácter local [*] , no obstante el elevado número de servidores públicos considerados en este supuesto normativo [*] .

Siendo así, la reciente solicitud de declaración de procedencia enviada por la Procuraduría General de la República en contra de la Diputada Lucero Guadalupe Sánchez López, integrante de la LXI Legislatura del Congreso del estado de Sinaloa, en caso de aprobarse, implicaría una resolución sin precedentes en la historia de este órgano legislativo, y que también resultaría relevante debido a los alcances de tal resolución.

En efecto, como puede advertirse de la última parte del quinto párrafo del artículo 111 Constitucional, la declaración de procedencia que emita este Órgano Legislativo en contra de servidores públicos locales será para el efecto de que “se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”, de modo que existe la posibilidad de que esta Cámara de Diputados determine que ha lugar a proceder contra el inculpado, pero el correspondiente  Congreso estatal determine lo contrario. Implicaría entonces que la decisión de un Órgano Legislativo local estaría por encima de la decisión de este Órgano Legislativo Federal.

Orozco Henríquez justifica que sean la Legislaturas locales, en última instancia, las que determinen la conveniencia o no de satisfacer el requisito de procedibilidad en contra de un servidor público estatal por un presunto delito federal, al señalar que “en el supuesto de que la Legislatura local resuelva negativamente, no significa la impunidad del inculpado pues […] la imputación podrá continuar su curso cuando el servidor público haya concluido su encargo [*] .

En sentido opuesto se manifiesta Eduardo Andrade, quien califica de “discutible” la decisión del Órgano reformador de la Constitución, de preservar esta atribución para las Entidades Federativas, y agrega:

No definió el Constituyente qué corresponde que hagan las legislaturas locales. Aunque existe la obligación constitucional de que los estados tengan leyes para exigir las responsabilidades a sus propios servidores en el ámbito estatal, no hay una definición del efecto que puede tener la declaración de procedencia por delitos federales cometidos por servidores públicos locales, de manera que ahí sí puede consagrarse una impunidad porque el efecto de la declaración de procedencia de la Cámara de Diputados en este caso ni siquiera es la separación del cargo, sino que deja a las Legislaturas locales y, en consecuencia, a las Leyes locales, la manera como deba procederse en tales circunstancias [*] .

4. Crítica a los efectos de la declaración de procedencia en contra de servidores públicos del ámbito local

En nuestra opinión, resulta injustificable que la resolución de un congreso local esté por encima de la decisión adoptada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, conformada esta última por representantes de la Nación (de acuerdo al artículo 51 de la Constitución), y en la que se deposita -conjuntamente con la Cámara de Senadores- el Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos (conforme a lo estipulado en el artículo 50 Constitucional).

Más que un problema de competencias, es un problema de diseño institucional del que adolece la disposición constitucional en cuestión. Esto es así porque la propia Constitución define la esfera competencial de los poderes federales, estableciendo, de forma residual, que las que no sean competencia de estos, se entenderán reservadas para los estados (artículo 124 Constitucional), pero este no es el supuesto que nos ocupa, pues no se trata de una facultad no señalada para ámbito federal, sino de una facultad señalada para un órgano federal (la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados) y que luego es sometida a la consideración de un órgano local (la Legislatura estatal) para que esta proceda como corresponda.

Tampoco se trata del supuesto de una facultad potestativa otorgada por el Órgano Federal al Órgano local, como puede desprenderse de una ley general que establece un marco de actuación para las entidades federativas, pero que no implica específicamente cómo deben conducirse estas, sino los límites a las actuaciones que realicen. No es este el caso porque el procedimiento de declaración de procedencia, si bien se trata de un acto emitido por órgano legislativo, debe sujetarse a las formalidades de los actos jurisdiccionales; Eduardo Andrade lo argumenta así:

La Sección Instructora, al conocer de los proceso de desafuero, desarrolla precisamente la “instrucción” acerca de ellos para formarse una convicción a la luz de las pruebas aportadas, y así determinar si procede o no desaforar al acusado. Tanto la decisión de que procede como la de que no procede suponen la emisión de una voluntad jurisdiccional, que “declara del derecho” en el caso concreto. [*]

Siendo así, al tratarse de una voluntad jurisdiccional emitida por un órgano legislativo de carácter federal, carece de sentido que la misma deba sujetarse a la calificación de otro órgano legislativo, pero de carácter estatal, para que este decida en definitiva sobra la conveniencia o inconveniencia de la misma, aún más cuando en el propio texto constitucional, en el mismo artículo 111, se establece que las declaraciones y resoluciones de las cámaras de Diputados y de Senadores son inatacables.

Por lo anterior, afirmamos que resulta insostenible que, en nuestro sistema jurídico, la resolución emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de la declaración de procedencia, por la probable comisión de delitos federales por parte de servidores públicos del ámbito de las Entidades Federativas, deba pasar a la legislatura local que corresponda, para el efecto de que esta resuelva en forma definitiva.

5. Propuesta de modificación al artículo 111 Constitucional

Proponemos que el procedimiento sea a la inversa, es decir, que sea el congreso local el que conozca y resuelva, y tal resolución, solamente si no fuese tomada por una mayoría calificada, pueda ser recurrida ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Lo anterior, a través de una modificación al quinto párrafo del artículo 111 Constitucional, el cual establecería, en su parte final, que respecto del procedimiento para retirarles la inmunidad procesal a los servidores públicos locales ahí señalados, “se requerirá de una solicitud de declaración de procedencia de la Fiscalía General, dirigida a la Legislatura de la entidad federativa que corresponda, para el efecto de que esta resuelva sobre la solicitud”. Lo anterior es así, toda vez que, por tratarse de delitos federales, sería la Fiscalía General la que conocería de la comisión del delito, y en consecuencia, la que deba solicitar a la legislatura local que corresponda el inicio de la declaración de procedencia.

Ahora bien, con el objeto de que la determinación de retirarle o no la inmunidad procesal al servidor público local, sea la consecuencia de un procedimiento que cumpla con las formalidades del acto jurisdiccional, y no solo el producto de una valoración política del grupo parlamentario mayoritario, se propone modificar el párrafo sexto del multicitado artículo a efecto de establecer en este que la decisión del Congreso local será inatacable cuando sea tomada por la mayoría calificada de sus integrantes (pues ser trataría de una decisión que involucraría, al menos, a dos grupos parlamentarios); pero cuando sean tomadas por mayoría absoluta, podrá ser recurrida por la Fiscalía General, mediante solicitud de declaración de procedencia, ante la Cámara de Diputados, cuya determinación, desde luego, sería inatacable.

Consideramos que con esta propuesta, además de darle mayor orden al ámbito competencial de los órganos legislativos que participan en el procedimiento de declaración de procedencia, fortalece y hace más eficaz el desahogo de tales procedimientos, pues se distribuiría de mejor manera la responsabilidad sobre la decisión de retirarle la inmunidad procesal a un servidor público del ámbito local, que correspondería tanto a los congresos locales como a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

6. Contenido del proyecto de Decreto

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano Legislativo la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ÁMBITO LOCAL.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se reforman los párrafos quinto y sexto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 111. …

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las Entidades Federativas, Diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades Federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, se requerirá de una solicitud de declaración de procedencia de la Fiscalía General, dirigida a la Legislatura de la Entidad Federativa que corresponda, para el efecto de que esta resuelva sobre la solicitud.

Las declaraciones y resoluciones delas Cámaras de Diputados y de Senadores son inatacables. Las de las Legislaturas locales a que se refiere el párrafo anterior serán inatacables cuando sean tomadas por la mayoría calificada de sus integrantes; cuando sean tomadas por mayoría absoluta, podrán ser recurridas por la Fiscalía General, mediante solicitud de declaración de procedencia, ante la Cámara de Diputados, cuya determinación será inatacable.

…”

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión deberá aprobar las modificaciones a la legislación secundaria que se desprendan del presente Decreto, en el plazo de noventa días contados a partir del siguiente al de su publicación.

Recinto Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, el 8 de junio de 2016.

Dip. Federico Döring Casar.


[*] Andrade, Eduardo, El desafuero en el sistema constitucional mexicano, México, UNAM, 2004, p. 36.

[*] Idem.

[*] Diario Oficial de la Federación, 5 de febrero de 1917.

[*] Diario Oficial de la Federación, 20 de agosto de 1928.

[*] Diario Oficial de la Federación, 21 de septiembre de 1944.

[*] Diario Oficial de la Federación, 8 de octubre de 1974.

[*] Diario Oficial de la Federación, 28 de diciembre de 1982.

[*] Idem.

[*] Diario Oficial de la Federación, 10 de agosto de 1987.

[*] Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 1994.

[*] Diario Oficial de la Federación, 22 de agosto de 1996.

[*] Diario Oficial de la Federación, 2 de agosto de 2007.

[*] Diario Oficial de la federación, 7 de febrero de 2014.

[*] Diario Oficial de la Federación, 10 de febrero de 2014.

[*] Diario Oficial de la federación, 29 de enero de 2016.

[*] Antes de la reforma constitucional en materia de la Ciudad de México, el quinto párrafo del artículo 111 ya hacía referencia a los “diputados locales”, pero dada la eliminación de la referencia a los “Diputados a la Asamblea del Distrito Federal” en el primer párrafo del mismo artículo, ahora debe entenderse que cuando el quinto párrafo aduce a los diputados locales, esta disposición incluye a los integrantes de la Legislatura de la Ciudad de México.

[*] Antes de la reforma constitucional en materia de la Ciudad de México, el quinto párrafo del artículo 111 se refería a los “magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados”, por lo que, con esta reforma, se incluye a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Cabe señalar que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal nunca estuvieron incluidos en el primer párrafo del artículo que nos ocupa, por lo que se trataba de servidores públicos que no eran sujetos del procedimiento de declaración de procedencia.

[*] Antes de la reforma constitucional en materia de la Ciudad de México, el quinto párrafo del artículo 111 aludía a “los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía”; y en virtud de esta reforma, toda vez que la Ciudad de México contará con su constitución local, en la nueva redacción se incluye tanto a las constituciones de los estados, como a la de la Ciudad de México.

[*] Durante la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados conoció de una solicitud de declaración de procedencia en contra del Diputado al Congreso del Estado de Campeche, Carlos Manuel Cambranis López, pero el dictamen aprobado estableció el desechamiento de tal solicitud. Luego, durante la LIX Legislatura, se llevaron a cabo dos procedimientos de declaración de procedencia, uno en contra del Diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, René Juvenal Bejarano Martínez, y otro en contra del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, pero en ambos casos –que fueron aprobados por el pleno de la Cámara– se trataba de servidores públicos comprendidos en el entonces vigente primer párrafo del artículo 111 constitucional, es decir, que la Constitución no los consideraba como servidores públicos locales, conforme al quinto párrafo del mismo artículo.

[*] Tan solo el número de diputados locales que existen en las 32 entidades federativas es de 1137 (fuente: elaboración propia con datos de Pitalúa, Victor, Congresos estatales, México, Cámara de Diputados, Dirección de Servicios de Investigación y Análisis, 2014), cantidad a la que habría que agregar a los 32 titulares de los poderes ejecutivos locales, más los magistrados que integran los Tribunales Superiores de Justicia, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales y los miembros de los organismos a los que las constituciones locales otorga autonomía.

[*] Orozco Henríquez, J. Jesús, “Artículo 111”, en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, 3ª. edición, México, UNAM, DDF y PGJDF, 1992, p. 483.

[*] Andrade, Eduardo, op. cit., p.p. 17 – 18.

[*] Andrade, Eduardo, op. cit., p. 189.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Del Rivero Martínez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.





 

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 19 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD)

El Diputado Omar Ortega Álvarez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Legisladores:

La propuesta que venimos a presentar el día de hoy, como iniciativa de modificación y reforma y adiciones al artículo 19 constitucional, es con la finalidad, primeramente, de darle temporalidad al tema de la prisión preventiva.

Hoy tenemos claro que la garantía que otorga la Constitución para privar de la libertad a los ciudadanos, tiene que ver fundamentalmente con tres premisas…

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ruego a la Asamblea poner atención al orador y guardar el debido orden en nuestra Asamblea.

Hago ese exhorto respetuoso a los compañeros legisladores, por favor mantengamos el orden en la Asamblea, mientras se están presentando las iniciativas.

Continúe el Diputado orador.

El Diputado Omar Ortega Álvarez: Agradezco mucho la moción, señor Presidente.

Decía yo que son tres premisas fundamentales para privar de la libertad a cualquier persona. Tiene que ver, primero, con garantizar de manera clara que el posible responsable o el imputado, no evada la responsabilidad penal.

Otra tiene que ver que no altere, en su caso, la comisión del delito o los elementos del delito por el cual se le imputa.

Tercero, para que éste no cometa otra conducta delictiva que tenga como consecuencia que agrave obviamente el estado de ingobernabilidad o la armonía que debe tener el Estado mexicano.

Pero lo cierto es que cuando la prisión preventiva se alarga de manera excesiva, lo único que se logra es generar diferentes problemáticas al interior de la propia prevención preventiva, porque resulta que ya no es como una presunción de inocencia, sino podría ser una presunción de culpabilidad, dado que mientras más se alargue la prisión preventiva para las personas, pues más obligado está el juez en su momento a dictar una sentencia condenatoria y no absolutoria.

Pero además, mezclas a los procesados con los condenados, cuestión que ésta dista mucho de ser adecuada.

Hoy tenemos ya en el Código Nacional de Procedimientos Penales una temporalidad para este tipo de prisión preventiva hasta por un año, y ésta podrá alargarse sólo a solicitud del propio imputado.

Pero lo cierto es que ya en la propuesta de Miscelánea Penal que va a estar ahora a discusión en el Senado, se habla de dos años de prisión preventiva. Y en ese orden de ideas, la propuesta que vamos a presentar aquí a esta Asamblea es que sea tres años para todas las etapas del procedimiento, desde que el Ministerio Público pone a consideración para que se determine el auto constitucional y se inicie la instrucción, hasta que ésta se termine con el último mecanismo o recurso de impugnación que tenga el imputado. Que sean tres años para que generen las condiciones.

Miren, también otra cosa importante es que, de una u otra manera con eso tendremos que ir avanzando en datos fundamentales que, de una manera u otra, no se dan con una prisión preventiva tan larga con esta privación de la libertad.

Datos importantes es que la propia Comisión Nacional de Seguridad en el 2015 señala: que 4 de cada 10 reos permanecen en la prisión sin haber recibido una sentencia que determine su culpabilidad o inocencia.

El Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala, en el 2014, que de 242 mil personas detenidas, 100 mil no habían recibido condena.

México es el tercer lugar de la región en cantidad de personas privadas de su libertad por el uso excesivo de la prisión preventiva.

En el informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2013 señalan que: el hacinamiento promedio es del 26 por ciento en las cárceles mexicanas.

Y resulta que de 2009 a 2013, hubo más de mil fugas de internos, alrededor de 700 muertos y en cuanto al costo económico del uso arbitrario de la prisión preventiva, el informe documenta: que mantener en prisión durante un año a las personas en espera de juicio, en promedio le cuesta al Estado, 750 millones de dólares.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 2015 señala que: de 130 centros penitenciarios estatales visitados por la comisión, en 104 hay personas que aún no reciben condena y en 71 centros se detectó que una celda diseñada para cuatro personas, llega a ser ocupada hasta por 30 reos.

Por todas estas consideraciones, compañeros, la propuesta que se presenta ante ustedes es la siguiente:

Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único.- Se reforman los párrafos segundo y último del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como se adiciona una párrafo séptimo, para quedar como sigue:

Artículo 19…

El Ministerio Público únicamente podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, la protección de la víctima o de los testigos, así como cuando el imputado haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, siempre y cuando haya pruebas que así lo acrediten, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos.

Todo proceso, desde la investigación hasta su última etapa, no podrá durar más de tres años en su totalidad.

Todo mal tratamiento en la prevención o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes, reprimidos y reparados por las autoridades.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito, Diputado Federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 78 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro país, la prisión preventiva ha dejado de ser considerada como una medida extraordinaria y excepcional, y su uso excesivo la ha convertido en la regla del quehacer legal, lo que resulta contrario a la esencia del Estado de derecho y contradice nuestro marco nacional así como los marcos internacionales que México ha suscrito en la materia. Salvaguardar el orden público y proteger a todas las personas bajo la jurisdicción mexicana, siempre debe ser una acción congruente con el respeto y cumplimiento de los derechos humanos. En nuestro país, esto no ocurre así.

De acuerdo a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), a través del Órgano Desconcentrado de Prevención y Adaptación Social, se dio a conocer que cuatro de cada 10 reos permanecen en prisión sin haber recibido una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad o inocencia.Aunado a esto, en el año 2014, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para las Personas Privadas de la Libertad, señaló que el país ocupaba el tercer lugar de la región, luego de Estados Unidos y Brasil, en cantidad de personas privadas de su libertad por el uso excesivo de la prisión preventiva, lo que significaba que en los 400 centros penitenciarios hubieran 242 mil personas detenidas, de las cuales 100 mil no habían recibido condena.

Al respecto, la CIDH también ha aseverado que las personas en prisión preventiva se encuentran expuestas a las mismas condiciones que las personas condenadas, y que en ocasiones, reciben un trato peor que éstas. De igual forma, señaló los problemas personales y económicos que enfrenten estas personas como el “resultado de la pérdida de ingresos, y de la separación forzada de su familia y comunidad; además [de] padece[r] el impacto psicológico y emocional del hecho mismo de estar privados de libertad sin haber sido condenados”, a lo que se suma el entorno de violencia, corrupción, y condiciones inhumanas del sistema penitenciario.

Aunado a lo expuesto, ha sido denunciado también que el índice de suicidios en prisiones es más frecuente entre las personas sujetas a prisión preventiva. De igual forma, son las personas de los grupos más vulnerables quienes “encuentran obstáculos en el acceso a otras medidas cautelares, como [la fianza, y comúnmente no] pueden afrontar los gastos que implica la representación de un abogado privado, contando solo con la defensa pública y sus limitaciones.”

Desde esta perspectiva, no se pueden olvidar las recientes reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, llamada Miscelánea Penal, en la que el término dela prisión preventiva aumentó de uno a dos años, ampliando el margen de posibles violaciones a los derechos humanos de las personas.

En este sentido, esta propuesta de reforma surge de la necesidad de hacer valer las máximas garantías jurídicas al particular que por su situación se encuentre sujeto a prisión preventiva, y con ello sustentar que la medida legal, retome su esencia de última ratio y no de práctica generalizada.

La prisión preventiva ha sido definida por la CIDH como el periodo de privación de libertad de una persona sujeta a investigación, bajo la sospechosa de haber participado en la posible comisión de un ilícito, ordenado por la autoridad judicial, previamente a la existencia de una resolución condenatoria. “Su fin es la consecución de un buen juicio, esto mediante la probada y justificada como necesaria reclusión del inculpado, de manera que no pueda afectar las investigaciones en torno al delito que se le imputa, o no pueda evadir la aplicación de la justicia.”Es decir, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, admite tres causales para la aplicación de la prisión preventiva: evitar la fuga para garantizar comparecencia al proceso; evitar que la persona imputada interfiera con las investigaciones y para evitar la posibilidad de que el procesado cometa otros delitos.

La CIDH y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideran quela prisión preventiva es una disfuncionalidad del sistema de justicia penal, que a su vez causa otros problemas como el hacinamiento en las cárceles y la falta de separación entre personas procesadas y condenadas.

En esta perspectiva, la CIDH alertó en su “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas” un hacinamiento promedio de 26% en las cárceles mexicanas, “y que la pérdida de control por parte de las autoridades ha provocado que «en los últimos cinco años más de mil internos se han fugado y alrededor de seiscientos han perdido la vida»”.

La CIDH también señala que existen una serie de factores que “orillan al sistema penal a encarcelar a personas que en realidad no constituyen riesgo procesal para sus comunidades y que podrían ser juzgadas en libertad”, en parte debido a que no se privilegian medidas cautelares alternativas a la privación de la libertad.

Al respecto, en el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015” de la Comisión, se señala que del total de los 130 centros penitenciarios estatales visitados por la CNDH, se encontró que en 104 de ellos hay personas que aún no reciben condena y que conviven en las mismas habitaciones y espacios comunes que las personas condenadas. Aunado a esto, el hacinamiento en los centros es otro grave problema, puesto que en 71 centros se detectó que una celda diseñada para cuatro personas llega a ser ocupada por 30 reos.

Aunado a lo anterior no es de considerar que el mantener a una persona bajo detención tiene un costo significativo del gasto público, el cual podría asignarse a políticas públicas de prevención de la violencia. “En cuanto a los costos económicos del uso arbitrario de la «prisión preventiva», el Informe [de la CIDH] documenta que mantener en prisión durante un año a las personas en espera de juicio -en promedio- le cuesta al Estado 750 millones de dólares.”

Desde esta perspectiva, no puede olvidarse que las personas bajo prisión preventiva por un período prolongado, enfrentan “una situación de hecho en la que los jueces sean más propensos a dictar sentencias condenatorias para, en cierta forma, avalar su decisión de haber sujetado a preventiva al individuo durante el periodo de juicio. Así, una eventual sentencia absolutoria sería [la aceptación de haber privado indebidamente de libertad a un inocente]. Desde esa perspectiva, la prolongada detención sin juicio de una persona constituye, en cierta forma, una presunción de culpabilidad.”

Marco Internacional

Es de vital importancia, destacar lo establecido en los marcos jurídicos internacionales al caso, el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala:

“La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”.

El artículo 14.2, precisa: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.”

Por otra parte, el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece:

Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

A fin de adecuar nuestro sistema legal a lo establecido en el artículo 1 constitucional, así como con los ordenamientos internacionales antes citados y de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y de los cuales México forma parte. La presente iniciativa tiene a la par, la adecuación de nuestro marco jurídico nacional al marco internacional.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Único. Se reforman los párrafos segundo y último del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como se adiciona un párrafo séptimo, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

El Ministerio Público únicamente podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, la protección de la víctima o de los testigos, así como cuando el imputado haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, siempre y cuando haya pruebas que así lo acrediten, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos.

Todo proceso, desde la investigación hasta su última etapa, no podrá durar más de tres años en su totalidad.

Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes, reprimidos y reparados por las autoridades.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Tercero.- El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones al marco normativo que corresponda, a fin de hacer efectivas las disposiciones del presente Decreto, en un plazo de ciento ochenta días a partir del inicio de la vigencia del presente Decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República,
el 8 de junio de 2016.

Suscribe

Dip. Omar Ortega Álvarez.

Ureste, M. “4 de cada 10 presos en México aún no reciben condena”. Consultado en línea el 12 de abril de 2016 http://www.animalpolitico.com/2015/04/4-de-cada-10-presos-en-mexico-aun-no-reciben-condena/
Ballinas, V. “En México hay unos 100 mil presos sin condena, denuncia relator de la CIDH”. Consultado en línea el 12 de abril de 2016 http://www.jornada.unam.mx/2014/03/11/politica/009n1pol
CIDH, “INFORME SOBRE EL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LAS AMÉRICAS”. Consultado en línea al 15 de abril de 2016 en: https://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf
Ibídem
Ibídem
Ibídem
IJPP. “México incumplió compromisos internacionales sobre «prisión preventiva»; duplica presos sin condena: Informe de CIDH”. Consultado en línea el 4 de mayo de 2016 en: http://www.presunciondeinocencia.org.mx/noticias-2014-joomla/157-mexico-incumplio-compromisos-internacionales-sobre-prision-preventiva-duplica-presos-sin-condena-informe-de-cidh
Ibídem
CNDH, ““Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015” Consultado en línea el 9 de abril de 2016 en: www.cndh.org.mx
Ibídem
Ibídem
OHCHR . “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” Consultado en línea el 3 de mayo de 2016 en http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José). Consultada en línea el 30 de abril de 2016 en http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Ortega Álvarez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.





 

Se concede ahora el uso de la palabra a la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XI Y XII DEL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

(Presentada por la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM)

La Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

En un mercado abierto en donde existe la libre competencia entre empresas que compiten por ganar la atención de los consumidores, elementos como la calidad de productos y de atención al cliente son considerados como definitorios al momento de decidir la compra.

Pero esta sana competencia en la que el usuario se beneficia, se rompe cuando el vendedor decida aplicar medidas en contra de los consumidores, hecho que amerita la intervención del gobierno para proteger los intereses de la sociedad, nivelando las condiciones que llegan a afectar el gasto familiar en productos y servicios que han llegado a incluirse en el grupo de primera necesidad.

Como es el caso de las telecomunicaciones, pues se estima que el 12 por ciento del ingreso mensual se utiliza en pagar teléfonos móviles e internet.

Es en este caso que se centra la presente iniciativa, puesto que existe una práctica que obliga a los consumidores a mantenerse con una compañía de telefonía celular, aunque el servicio no le satisfaga o decida cambiarse únicamente porque desean ir con otro proveedor, me refiero específicamente al llamado sistema de bloqueo, el cual impide utilizar el teléfono con otra compañía, a pesar de que no haya sido adquirido como parte de un plan tarifario.

Cuando el teléfono fue adquirido para la modalidad de prepago, es propiedad del usuario. Por el contrario, si el teléfono forma parte de un plan tarifario, el costo del equipo será cubierto una vez concluido el plazo establecido, sea este de 12, 18 ó 24 mensualidades, por lo que a partir de ese momento también es propiedad del usuario y así se puede solicitar al operador el desbloqueo del equipo.

Cuando llegue el final del contrato del plan adquirido, sólo se perciben dos posibilidades: deshacerse o guardar el teléfono, teniendo que comprar uno nuevo con otra compañía para poder cambiar de proveedor o volver a renovar el contrato con la misma empresa.

En cualquiera de los dos casos existía la posibilidad de quedar inconforme con los resultados, sobre todo porque estábamos orillados a tener que elegir una de las opciones anteriores, situación que no debería suceder cuando estás pagando por un servicio y el principal beneficiario tendría que ser el consumidor.

Para evitar abusos como este, en 1976 se creó la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, con la misión de convertirse en la institución encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas, y así lo han entendido los ciudadanos, pues han hecho uso del canal de comunicación que les permita expresar quejas sobre deficiencias en productos y servicios, siendo el sector de telecomunicaciones con el mayor número de quejas que mandan a la Procuraduría con un 26 por ciento del total.

Como ejemplo, de enero del 2013 a 2014, se contabilizaron más de 46 mil quejas en el ámbito de las telecomunicaciones, de las cuales se observaron tres temas recurrentes:

1.- Negativa a la rescisión del contrato.

2.- Negativa a corregir errores de cobro.

3.- Negativa a la entrega del producto y servicio, que incluye la portabilidad numérica.

En este sentido, la Profeco ha buscado que se haga válido el derecho del consumidor a recibir un teléfono desbloqueado para que, de manera libre, éste pueda utilizar su equipo en la compañía que lo desee, protegiendo el derecho del consumidor a cambiar de proveedor del servicio cuando éste no satisfaga sus expectativas, cualesquiera que sean.

Dado que los contratos en la modalidad de plan de renta, el solicitante está obligado a liquidar el costo total del plan contratado, lo cual garantiza el pago del equipo de comunicación, debería permitirle al usuario elegir quién le proveerá el servicio, puesto que si bien el teléfono celular puede ser de última generación, la compañía que lo vende podría no contar con la tecnología apropiada para satisfacer las necesidades de comunicación del usuario.

En resumen, la iniciativa que proponemos pretende beneficiar al usuario en dos sentidos:

1.- Que los equipos en venta se oferten desbloqueados para que los solicitantes puedan contratar los equipos de telecomunicaciones en la compañía que considere la mejor opción.

2.- Que se permita a los usuarios liquidar el costo del equipo telefónico sin importar la fecha de vencimiento del plan contratado y que con ello se le proporcione la clave de desbloqueo.

Es cuanto.

Iniciativa

Quienes suscriben, Diputado ENRIQUE ZAMORA MORLET y Diputados Federales del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XI Y XII DEL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La telefonía móvil y el pago por el servicio de internet se encuentran entre los principales gastos mensuales del mexicano, junto con los productos y servicios de primera necesidad.

En México existen 96.63 millones de líneas móviles, con lo cual se ha alcanzado un 83.8% de penetración en el sector. Telcel, posee casi el 70% del mercado, seguido de Movistar con un 19.8% y Iusacell con un 4.7%.

El bloqueo a los teléfonos celulares ha sido el obstáculo que han puesto los operadores telefónicos para mantener y a veces retener a sus clientes. El bloqueo impide utilizar el teléfono con otra compañía, a pesar de que no haya sido adquirido como parte de un plan tarifario; cuando el teléfono fue adquirido para la modalidad de prepago, es propiedad del usuario. Por el contrario, si el teléfono forma parte de un plan tarifario, el costo del equipo será cubierto una vez concluido el plazo establecido sea éste de 12, 18 o 24 mensualidades, por lo que a partir de ese momento también es propiedad del usuario y así se puede solicitar al operador el desbloqueo del equipo.

Cuando llega el final del contrato del plan adquirido sólo se perciben dos posibilidades: tirar o guardar el teléfono, teniendo que comprar uno nuevo en la siguiente compañía para poder cambiar de proveedor, o volver a renovar el contrato con la misma empresa.

En cualquiera de los dos casos existía la posibilidad de quedar inconforme con los resultados, sobre todo porque estábamos orillados a tener que elegir una de las opciones anteriores, situación que no debería suceder cuando estás pagando por un servicio y el principal beneficiario tendría que ser el consumidor.

Pese a que en la Ley se establece que el consumidor tiene el derecho a contar con información sobre el producto o servicio a contratar y le deberán proporcionar el desbloqueo del teléfono sin costo alguno, los operadores siempre ponen obstáculos para que siga en el plan que ya tienen con dicha compañía.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) calcula que, en promedio, 12% del ingreso mensual se utiliza en pagar el teléfono móvil e internet.

Así, los 85 millones de mexicanos que usan teléfono celular gastan anualmente más de 78 mil 300 millones de pesos sólo en el servicio de telefonía móvil.

El 26% de las quejas que recibe cada año la PROFECO, tienen que ver con el sector de telecomunicaciones; se trata del sector con mayor número de quejas ante la Procuraduría.

De enero de 2013 a mayo de 2014 se contabilizaron más de 46 mil quejas, las principales son:

1) Negativa a la rescisión del contrato.

2) Negativa a corregir errores de cobro.

3) Negativa a la entrega del producto y servicio, que incluye la portabilidad numérica.

La PROFECO ha buscado que se haga valido el derecho del consumidor a recibir un teléfono desbloqueado para que, de manera libre este pueda utilizar su equipo en la compañía que lo desee.

En el periodo que comprende del 22 de octubre de 2015 al 31 de enero de 2016 se recibieron 2 mil 366 inconformidades, de las cuales el 39.22% corresponden al servicio de telefonía móvil, las cuales fueron reportadas ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Pese a que existe una Ley que avala que el desbloqueo de los celulares es una práctica permitida, ésta no contempla a los celulares incluidos en un plan tarifario.

Todo esto no afectaría a las compañías distribuidoras puesto que al momento de adquirir el equipo dentro del plan que más le convenga al usuario, al momento de la activación del dispositivo a éste se le requiere lo siguiente:

• Portar una identificación oficial

• Contar con tarjeta de crédito

Derivado de lo anterior, donde se hace mención de los requisitos que se piden para la contratación, el solicitante está obligado a liquidar el costo total del plan contratado y de ninguna manera se afecta a las compañías si éste es desbloqueado para poderlo utilizar con la compañía de su preferencia.

Para finalizar, cabe señalar que las compañías creen que si entregan el equipo desbloqueado al momento de contratar alguno de los planes que ofrecen, el usuario no terminará de pagar. Lo anterior es una percepción errónea porque, como ya se mencionó, el usuario se obliga a través del contrato a seguir pagando hasta que el aparato celular quede saldado, incluso en muchos casos el descuento se realiza de manera automática a la tarjeta de crédito proporcionada por el usuario.

Por lo aquí expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XI Y XII DEL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XI y XII del artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue.

Artículo191.-Los usuarios gozarán de los derechos previstos en esta Ley y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como en las demás disposiciones aplicables.

Son derechos de los usuarios:

I. a X. (…)

XI.- A solicitar y obtener desbloqueado el equipo terminal, independientemente de que no haya liquidado en su totalidad el costo del mismo.

XII.-Al desbloqueo del equipo terminal móvil, cuando lo pague de contado, liquide su costo, y aun cuando no haya vencido el plan contratado; en cualquier supuesto el concesionario o autorizado le deberá proporcionar la clave de desbloqueo.

XIII. a XXI. (…)

(…)

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 8 de junio de 2016.

Suscribe

Dip. Enrique Zamora Morlet.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputada Gaxiola Lezama. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.





 

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Jorge Álvarez Maynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por el Diputado Jorge Álvarez Maynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Diputado Jorge Álvarez Maynez: Gracias, señor Presidente. Con su permiso. Compañeras y compañeros:

El día de ayer hubo elecciones en varios estados de la Unión Americana, y el domingo en trece entidades de este país, en la ciudad de México también, para elegir Diputados a la Asamblea Constituyente.

Y la iniciativa que nosotros presentamos para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales tiene que ver con un tema muy particular.

El sistema electoral mexicano con contribución de una oposición que muchas veces se ha dejado ir por malas interpretaciones de las elecciones y también la contribución de la perversión de los partidos dominantes del partido en el gobierno, se ha ido configurando como un sistema electoral disfuncional, barroco, complejo que imposibilita la participación de los ciudadanos, que desestimula la certeza, y que además va evolucionando sin aprovechar los elementos que la tecnología nos brinda.

La iniciativa que nosotros planteamos es el uso de la urna electrónica, la implementación en México del determinado o del llamado voto electrónico con la finalidad de que los procesos electorales en nuestro país tengan o atiendan al principio constitucional de certeza.

Cómo es posible que en el caso de Tlaxcala, a varios días de la elección, todavía no haya una certeza del resultado electoral, porque nadie ha presentado las actas, porque el PREP falló, porque por decisión del OPLE, no hubo control rápido, porque no se contrataron por la vía de la presión presupuestaria al OPLE, no se contrataron los mecanismos necesarios para darle certeza al resultado electoral.

Cómo es posible que en México tengamos que esperar a la madrugada para saber el resultado de la elección, que en Veracruz, al igual que en el 2006, en la noche tengamos a un posible ganador, según las cifras del PREP y en la mañana amanezcamos con otro.

Todo eso se da por la necedad. No hay ningún argumento que se sostenga, que no sea la paranoia, que no sea la desconfianza infundada para impedir el uso de la urna electrónica en México y para impedir el voto electrónico de México. México está llegando tarde a este sistema, está llegando tarde al uso de la tecnología para darle certeza a sus resultados electorales y dentro de los próximos meses este Poder Legislativo, tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados, tendrán que discutir si hay o no una reforma electoral.

Desde Movimiento Ciudadano nos parece que el tema de la urna electrónica debería de ser uno de los temas de consenso, México ya tiene experiencia, el Instituto Nacional Electoral, varios organismos electorales locales en los estados han implementado con éxito la urna electrónica; también la tecnología se ha eficientado, a grado tal que, por ejemplo, todo el tema de desconfianza, hay escaneo óptico, que es una de las pruebas o de las medidas de seguridad más avanzadas en el mundo para darle certeza al voto.

Nosotros creemos que es un tema al que no se le puede decir que no, y que no podemos seguir postergando.

El sistema electoral de México se tiene que simplificar, se tiene que eficientar, también tiene que ir disminuyendo el costo para las y los ciudadanos de este país, y nosotros vamos a asistir a la discusión de la reforma electoral con una postura clara en el tema de la urna electrónica.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Álvarez Maynez. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.





 

Pasamos al apartado de proposiciones. Se concede el uso de la tribuna a la Diputada Mariana Benítez Tiburcio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a implementar de manera urgente las acciones necesarias para el rescate del sector cafetalero en el estado.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Diputada Mariana Benítez Tiburcio: Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea:

¡México es tierra con sabor a maíz y olor a café!

Para millones de familias mexicanas, el café es alimento, es vocación, es fuente de ingreso y tradición.

Sin embargo, hoy el país enfrenta la grave crisis del sector cafetalero, que debemos ser conscientes que no sólo afecta a los productores, sino al país entero en lo económico, en lo social, en el tema de sustentabilidad, principalmente los estados de mayor tradición cafetalera, como lo es Oaxaca y el sureste mexicano.

Ante esto, considero que nuestra legislatura no puede permanecer indolente al desastre que millones de familias productoras están viviendo.

Por esta razón hago uso de esta tribuna para presentar un punto de Acuerdo de urgente resolución que propone soluciones reales para enfrentar la gravísima crisis del sector cafetalero.

Primero que nada, es importante decir que la causa de esta crisis, no sólo es la Roya, sino el abandono en el que por décadas ha permanecido el campo mexicano.

Debido a ello, actualmente estamos perdiendo más del 60 por ciento de la producción del café a nivel nacional.

Si bien, hoy necesitamos de un programa de control, manejo y combate de la Roya, es más urgente la reconstrucción de todo el sector cafetalero enfocándolo como una estrategia integral que nos ayude en el combate de la pobreza, en promover la estabilidad social de zonas marginadas y en mitigar los efectos del cambio climático.

Según datos de la Sagarpa, la producción cafetalera está distribuida en 13 estados, destacando Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca, donde se concentra más del 80 por ciento de la población que genera más de 3 millones de ocupaciones, de las cuales el 70 por ciento la realizan productores y familias de comunidades cafetaleras indígenas, entre las que destacan zapotecos, mixtecos, mixes, mazatecos, totonacas, nahuas, otomíes, tzotziles, zoques, tojolabales, huicholes y chatinos.

En Oaxaca existen alrededor de 100 mil productores en 150 municipios, en 7 de las 8 regiones, con una superficie sembrada, en total, de 142 mil hectáreas, correspondientes al 20 por ciento de la superficie nacional.

Estamos hablando de 88 mil familias de productores de comunidades indígenas en una zona de alta y muy alta marginación que cultivan el café bajo sombra.

De acuerdo al Plan Estratégico Sectorial Agropecuario, Forestal y Pesquero, la proyección del sector que tenía el gobierno del estado de Oaxaca para el periodo 2012-2016, era de un crecimiento del 89 por ciento de la producción, lo cual se esperaba que generara alrededor de 20 mil empleos en zonas de alta y muy alta marginación.

Hoy es duro contrastar esas proyecciones con la realidad, sobre todo pensando en lo que faltó por hacer o lo que no se hizo de manera correcta, porque es evidente que la Roya no habría matado tantas miles de hectáreas de café si se hubiera impulsado una política de fondo, dando el seguimiento adecuado al uso de recursos públicos, y sobre todo, escuchando y siendo consecuentes con los reclamos y las propuestas de los propios productores.

Es menester atender con capacidad, voluntad, firmeza y coordinación institucional esta problemática, para lo cual considero preciso crear una política nacional del café que tome en cuenta las circunstancias de las regiones en las que se produce, así como crear institutos locales, estatales dedicados a la investigación de la cafeticultora, entre otras varias acciones que detallo en la propuesta.

En virtud de lo antes expuesto, apelo el día de hoy a esta Soberanía a efecto de que se unan al llamado de auxilio de los productores del café.

Someto a su consideración el siguiente punto de Acuerdo de urgente resolución, por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a presentar un informe respecto de las políticas que se están implementando para el rescate y promoción del café en el estado, así como de los resultados del Programa Especial Concurrente al Problema de Roya del Cafeto.

Solicito, además, respetuosamente a la Sagarpa, dar a conocer a esta Soberanía las medidas que está llevando a cabo a nivel nacional para el apoyo y fomento de la cafeticultura mexicana, así como evaluar la efectividad de los paquetes tecnológicos que están siendo utilizados para el combate de la enfermedad de la Roya, tomando como base la experiencia de instancias que han tenido éxito en la erradicación de este mal, como puede ser, por ejemplo, el Instituto de Investigación Innovación y Adaptación del Café, de Oaxaca, y que en caso de que los resultados no fueran satisfactorios se lleve a cabo a la brevedad la entrega de estos paquetes tecnológicos probadamente capaces para erradicar la Roya.

Señoras y señores Diputados y Senadores, debemos estar conscientes de que la crisis del café, por la que estamos atravesando, no sólo agudiza las condiciones de pobreza de nuestra población rural, la cafeticultura también es un asunto de seguridad nacional que de no atenderse puede generar inestabilidad social y un importante deterioro al medio ambiente, al provocar la pérdida de áreas con cubierta forestal.

Es momento de reconocer este punto de inflexión como nuestra gran oportunidad para hacer cambios profundos en el proceso de producción del café, valorándolo como una estrategia que promueva el desarrollo sustentable de las zonas productoras.

Confío en que esta Honorable Asamblea escuchará el clamor del sector cafetalero y respaldará estas acciones en beneficio de millones de las familias afectadas.

Ineludiblemente debemos poner máxima atención a ello y atrevernos a innovar, y apoyar verdaderamente a nuestros productores, para que el café mexicano, el oaxaqueño, vuelva a ser altamente valorado en el mercado internacional, y más aún para que los productores puedan heredar con orgullo a sus hijos una vocación que les sea justamente retribuida.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

La suscrita, MARIANA BENÍTEZ TIBURCIO, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea, proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Pareciera que en México hablar del tema del campo es hablar de rezagos, de pobreza, de desigualdad, de recursos que no alcanzan y de políticas que dada la magnitud del problema, hasta ahora han resultado insuficientes para otorgar soluciones satisfactorias a largo plazo. Y en mi estado natal, Oaxaca, el asunto no es sustancialmente distinto.

Paradójicamente, es justo ahí donde podrían comenzar a surgir soluciones innovadoras para problemas que van mucho más allá del complejo asunto del campo y uno de los principales cultivos que pueden proveer de dichas soluciones es el café. Pero para ello es necesario que previamente se atienda la precaria situación que azota actualmente ala cafeticultura en Oaxaca.

El café es uno de los principales cultivos en la entidad, sólo superado en superficie por el maíz y los pastos para la producción de carne y leche. Según datos del Gobierno del Estado de Oaxaca correspondientes a 2015, en la entidad existen alrededor de 100,849 productores, en 150 municipios, en 7 de las ocho regiones en las que se divide el estado, en altitudes de 600 a 2,000 metros sobre el nivel del mar, con una superficie sembrada total de 142,766 hectáreas, correspondientes al 20% de la superficie nacional.

Unas 88 mil familias de productores –correspondientes al 84% del total del padrón- son indígenas zapotecos, mixtecos, mixes, mazatecos, nahuas, zoques, chatinos y, en menor medida tzotziles, ubicados en zonas de alta y muy alta marginación que cultivan el café bajo sombra y realizan actividades complementarias para completar su escasa economía.

El sistema tradicional de producción de café bajo sombra ayuda a combatir el cambio climático promoviendo la reforestación, la captura de agua, la conservación del suelo, la captura de carbono, así como la conservación y protección de diversos grupos biológicos como son plantas, aves, insectos y anfibios, mamíferos y organismos vivos unicelulares, principalmente.

De acuerdo con cifras del Anuario Estadístico de la Producción Agrícola 2010, año que dio inicio la actual administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, el número de hectáreas en las que se cultivaba el café en el estado ascendía a 165,971, es decir, alrededor de un 14% más que las contabilizadas en la más reciente estimación del gobierno local. Entre el año 2005 y el año 2011, la producción cafetalera aumentó un 21% y su comercialización pasó del 20% al 28%.

Conforme a la prospectiva realizada en 2012 por el Gobierno del Estado y el Banco Mundial en el Plan Estratégico Sectorial Agropecuario, Forestal y Pesquero para el estado, se proyectaba un crecimiento en la producción de 89% pasando de 664 mil quintales en 2012 a 1.11 millones de quintales hacia 2016, lo cual se esperaba que generara alrededor de 20 mil empleos en zonas de alta y muy alta marginación.

Sin embargo, tales proyecciones fueron echadas por tierra debido en parte a la enfermedad de la Roya del Café que provoca la mortandad de las plantas, pero sobre todo, en el transcurso del presente sexenio del gobierno de Oaxaca, las acciones en torno a la cafeticultura oaxaqueña han sido una concatenación de malas decisiones, falta de seguimiento a los recursos públicos invertidos y ausencia total de una política consecuente con la magnitud de los retos que enfrenta este sector en el estado.

Prueba de ello es que no sólo no se ha hecho crecer al sector, sino que nos encontramos ante una de las regiones de menor productividad del mundo, la cual oscila entre los 2 y los 3.5 quintales por hectárea.

Con la crisis del café no sólo se ha registrado una abrupta caída en la producción del grano, sino la pérdida de millones de jornales y el aumento de la migración de indígenas y campesinos que se quedaron sin el ingreso sustancial para continuar con sus actividades. También ha generado cambios en el uso del suelo, sustituyendo cafetales por milpas y potreros, principalmente, perdiéndose con ello importantes áreas con cubierta forestal, pero también empobreciendo el suelo, ya que las técnicas de siembra de dichos productos genera la erosión de la tierra.

Esto, además de agudizar las condiciones de pobreza de un importante sector de la población rural oaxaqueña, se ha convertido en un importante factor de deterioro ambiental, al provocar la pérdida de áreas con cubierta forestal que sirven de hábitat para muchas especies.

Organizaciones de cafeticultores y miles de pequeños productores, demandan acciones urgentes para frenar la caída del grano, puesto que de la cafeticultura viven directamente 3.2 millones de personas. Además, han pedido la creación de un nuevo organismo público para dicho producto, que mejore la promoción del consumo del grano en el país. Consideran que la cafeticultura es un asunto de seguridad nacional que de no atenderse, puede generar inestabilidad social en las zonas productoras y cambios de uso del suelo provocando mayor deforestación.

En 2015 el gobernador Gabino Cué declaró que hasta ese entonces se habían invertido en su administración 170 millones, 40 de ellos en el ejercicio 2015. De igual manera se lanzó un Programa para combatir la Roya, dentro del cual se pusieron en marcha acciones como la asesoría de un grupo de investigadores guatemaltecos y salvadoreños; la dotación de 3,300 dosis para igual numero de hectáreas de productos orgánicos y convencionales para control de la roya; así como la adquisición de semilla para producción de 5 millones de plantas variedad “Oro Azteca”, tolerante a la roya, entre otras.

El referido programa contemplaba también el establecimiento de un plan de atención integral dentro del cual se proponía solicitar una declaratoria de emergencia por la plaga de la Roya; la renovación de cafetales con variedades resistentes; empleo temporal para recuperación productiva; pago de servicios ambientales; reconversión productiva y la creación de un Centro de investigación del café.

Resulta de la mayor importancia conocer si tales propuestas fueron efectivamente implementadas, así como el impacto que dichas acciones han tenido en la atención de la crisis del café en Oaxaca, porque a decir de organizaciones y pequeños productores de la entidad, la situación no ha mejorado desde entonces.

Peor aún, algunas de las acciones propuestas como la producción de plantas de la variedad “Oro Azteca” o la reconversión productiva de los terrenos, son sólo paliativos que no apuestan en lo absoluto a devolver al café de Oaxaca el lugar que por años se había ganado y que hoy apenas se conserva debido al enorme esfuerzo que han hecho pequeños productores en el estado.

Es preciso que cuanto antes se establezcan soluciones reales al problema que enfrenta el sector cafetalero en Oaxaca, en este sentido, algunas de las medidas que deben tomarse en lo inmediato son las siguientes:

1. Evaluar la eficiencia de los paquetes tecnológicos que se están entregando a los cafeticultores y que no han demostrado combatir eficazmente el problema de los cultivos como la enfermedad de la Roya.

2. Para ello resulta de vital importancia contar con la ayuda de instancias que efectivamente han logrado la erradicación de la enfermedad, tales como el Instituto de Investigación Innovación y Adaptación del Café de Oaxaca, el cual ha intervenido exitosamente en el rescate de cultivos enfermos de Roya y que además, con recursos propios, ha venido realizando una labor de capacitación para apoyar a pequeños productores de la entidad en el efectivo combate de dicha enfermedad.

3. Además es preciso que los paquetes tecnológicos se entreguen de manera urgente antes de que comiencen las lluvias, puesto que, al menos los entregados hasta ahora, son de contacto, lo que hace que el tratamiento de los cafetos sea inútil en tiempo de lluvia ya que ésta lo disuelve.

4. De igual forma es necesario que se apueste al rescate de la variedad Pluma Hidalgo, originaria de la entidad, única variedad nativa mexicana reconocida en el mercado internacional.

5. Es muy importante que se acompañe a los productores para la producción de café de alta calidad que les permita exportar a otros países a precios competitivos que no dependen del mercado de valores, sino del puntaje en la catación y con ello dotarles de herramientas para superar la pobreza en la que vive la mayoría de los productores en el estado.

6. Por último es de vital trascendencia que los esfuerzos que se realicen para el rescate, fomento y promoción del café en el estado se ejecuten de manera coordinada entre las distintas instancias involucradas de los tres órdenes de gobierno, así como con los productores.

Por otra parte, existen también medidas de largo plazo que es preciso comenzar a implementar a la brevedad, para rescatar la cafeticultura en todo el país, tales como las siguientes:

1. Creación de institutos estatales dedicados a la investigación de la cafeticultura en cada una de las regiones en las que se cultiva el aromático.

2. Asesoría técnica a los productores de café bajo sombra a efectos de que puedan adecuarse a los esquemas establecidos para recibir el pago por los servicios ambientales que producen.

3. Creación de una Política Nacional del Café que tome en cuenta las circunstancias de cada una de las regiones en las que se produce, ya que cada región cuenta con diversos micro-climas, dependiendo por ejemplo, de su altura sobre el nivel del mar, temperatura y humedad, precipitación pluvial, así como la calidad del suelo, lo que finalmente influye en la variedad del café a cultivar y se refleja directamente en la producción. Y con base en estos micro climas, diseñar un programa de implementación de variedades de café aptas en productividad y calidad, reconocidas en el mercado internacional.

Por lo anterior, apelo el día de hoy a esta Soberanía, a efectos de que se unan al llamado de auxilio de los productores de café de Oaxaca, quienes eventualmente pueden proveernos de soluciones si les ayudamos a salir de la crisis en la que se encuentran inmersos hoy en día.

Si bien hoy es urgente un programa de control, manejo y combate de la Roya, es más urgente la reconstrucción de todo el sector cafetalero, basado en el gran reto de la humanidad de mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático. Aunado a ello es preciso considerar la gran ventana de oportunidad que el sector cafetalero proporciona al campo en general, al ser uno de los cultivos de nuestro país de mayor reconocimiento internacional.

Bajo esta perspectiva, si pensamos en la cafeticultura no sólo como una de las actividades más rentables de nuestra agricultura actual, y la vemos en su aspecto de sustentabilidad con rentabilidad, ésta podría ser la principal actividad agrícola del sur sureste donde las condiciones climáticas son propicias para ello.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición de urgente y obvia resolución:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta al Gobierno del Estado de Oaxaca a presentar un informe respecto de las políticas que se están implementando para el rescate y promoción del café en el estado de Oaxaca, así como de los resultados del Programa Especial Concurente al Problema de Roya del Cafeto.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicita respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)la evaluación de la efectividad de los paquetes tecnológicos que están siendo utilizados para el combate de la enfermedad de la Roya, tomando como base la experiencia de instancias que han tenido éxito en la erradicación del mal, como el Instituto de Investigación Innovación y Adaptación del Café de Oaxaca.

TERCERO. La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta al Gobierno del Estado de Oaxaca y a la SAGARPA a llevar a cabo a la brevedad la entrega de paquetes tecnológicos probadamente capaces de erradicar la Roya a los productores de café del estado de Oaxaca que se han visto afectados por este mal.

CUARTO. La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicita respetuosamente a la SAGARPA, dar a conocer a esta soberanía las medidas que está llevando a cabo a nivel nacional para el apoyo y fomento de la cafeticultura mexicana.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 8 de junio de 2016.

Dip. Mariana Benítez Tiburcio.

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
PATRICIA SÁNCHEZ CARRILLO

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Como ha sido solicitado, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, y como lo establece el Resolutivo Décimo Sexto del Acuerdo para normar las sesiones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: La propuesta ha sido aprobada. Comuníquese.





 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a separar de su encargo al titular de la Comisión Nacional del Agua.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señora Presidenta.

Primero quiero compartir que estaría presentando este punto de Acuerdo, de no tener inconveniente la Comisión Permanente, con un ajuste en el resolutivo, siendo responsable de lo importante que es, primero, poder solicitar información de lo que daré cuenta.

El Resolutivo Único que estaría proponiendo ante esta Comisión Permanente es el siguiente:

“La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional del Agua para que remita un informe detallado en el que funde y motive la razón por la que se dio en adjudicación directa a la empresa “Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento A.C.”, y por el que dicho proceso no se llevó a través de licitación pública”.

Ese sería el resolutivo y quisiera darles los antecedentes.

Primero, un tema bien importante que estaremos discutiendo en el periodo extraordinario es el que tiene que ver con la corrupción en nuestro país.

Según datos de la Auditoria Superior de la Federación, en los últimos diez años, México perdió 86 mil millones de dólares por actos de corrupción.

Hay datos que señalan lo preocupante de la corrupción en nuestro país también, en donde México ocupa el segundo lugar en ser el país con más impunidad, en un ranking de 59 países, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2015.

De conformidad con el Imco, sólo el 2 por ciento de los delitos de corrupción son castigados, siempre cometidos por mandos inferiores.

También el mismo Instituto Mexicano para la Competitividad, nos dice que la corrupción le cuesta a México cerca de 890 mil millones de pesos por año.

En 2015 hubo en México 12,590 víctimas de corrupción en 30,097 actos de corrupción por cada cien mil habitantes, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental del Inegi, en donde la entidad federativa con mayor incidencia de actos de corrupción es el Estado de México.

El pasado 26 de mayo se dio a conocer que el ex director general de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld Federman, beneficio con recursos públicos a la organización sin fines de lucro denominada Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México A. C., y en la cual actualmente él aparece como su presidente consultivo.

Esto es durante su cargo como director general de Conagua, adjudicó directamente tres contratos a la asociación civil “ANEAS” por más de 32 millones de pesos, y con posterioridad al separarse del encargo la Conagua adjudicó nuevamente a dicha asociación otros cuatro contratos por un monto de 61.5 millones de pesos.

Lo anterior, aún y cuando Korenfeld al dejar la Conagua fue nombrado presidente consultivo de dicha asociación civil.

Lo que quiero, a través de este punto de Acuerdo, pues es, primero, poder contar con la información de estos contratos que fueron adjudicados para que después también desde la Comisión Permanente podamos tomar definiciones.

Entre todos tenemos que hacer lo necesario para que en este país combatamos la corrupción desde la raíz, y qué mejor que plantear ante ustedes casos como éste, pero, insisto, primero tendremos la información y después podremos hacer ya diversos señalamientos.

Es cuanto y muchas gracias, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo



Modificación



La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Se recibe la propuesta de modificación hecha por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta de modificación presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se acepta la modificación, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. En consecuencia, como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y como lo establece el resolutivo Décimo Sexto del Acuerdo para normar las sesiones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Está a discusión. Pregunto si hay algún orador.

En virtud de que no existen oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias. Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Se concede el uso de la tribuna al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que la delimitación de la zona económica especial de Puerto Chiapas se integre por un polígono que incluya las regiones del Soconusco, del Istmo-Costa y de la Sierra Mariscal.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señora Presidenta. Con su permiso y el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros:

Sin duda, el país está concentrado en el proceso electoral, en diferentes procesos que tienen que ver con la corrupción, la impunidad, el malestar de la sociedad, pero en Chiapas también están pasando cosas.

En Chiapas, los chiapanecos tenemos un sentimiento de estar perdiendo, de que vamos perdiendo, de que estamos perdiendo la tranquilidad, que estamos perdiendo inversiones, que estamos perdiendo flujos turísticos, que estamos perdiendo la confianza y, peor aún, que estamos perdiendo la esperanza en el futuro.

La economía en Chiapas ya lleva muchos años teniendo una situación totalmente diferente al del resto del país.

En mi estado la población está creciendo más que la economía y eso sólo tiene un significado: que hoy los chiapanecos nos repartimos menos entre más. El crecimiento económico de 2009 a 2014 sumó un 1 por ciento, pero en 2015 Chiapas tuvo un decrecimiento del 3.1 por ciento.

Lo que está creciendo en Chiapas es la pobreza, el malestar social, y esto es signo de lo que ocurre en todo el país, pero que sin duda termina agravándose en el estado más lejano y a la vez el que tiene más marginación.

En el país y también en Chiapas está fallando la política social. En el país pero también en Chiapas, la política económica no tiene un rostro humano, que se reflejen los indicadores macroeconómicos en las mesas y en los bolsillos de la gente. La política y la forma como nos está entendiendo la Federación, también está fracasando y creo que eso tiene que ver con cuestiones que atienden o que generalmente en un país democrático atienden toda la unión.

No es un asunto el dejar a los chiapanecos con los problemas de los chiapanecos, es volver a entender a Chiapas como el termómetro en el que medimos si la política social y la política económica está funcionando bien, y no donde ustedes tienen sus hogares.

Yo creo que no nos están leyendo bien a los chiapanecos, y menciono esto como ejemplo con cuatro temas que están apuntados el día de hoy en el orden del día:

No leen que ser un estado petrolero ha sido un espejismo y no nos ha traído beneficios; no leen que ser frontera en el sur con Guatemala no es sinónimo de prosperidad, sino de riesgo; no leen que el turismo es una vocación, una alternativa económica para Chiapas, y que si no lo alentamos, caeremos en una situación todavía más crítica; no leen que las zonas económicas estratégicas en que apenas la semana pasada se promulgó su ley, pueden convertirse en Chiapas en una enorme desilusión a partir de la enorme expectativa que se ha generado y las posibilidades de que en Chiapas tengan un despliegue muy limitado; no leen que para Chiapas es necesario tomar decisiones y emprender acciones.

El punto de Acuerdo que hoy estoy presentando, tiene que ver con la crisis petrolera.

Chiapas es el estado número cuatro en producción de petróleo. Sin embargo quedamos fuera del programa de reactivación económica y desarrollo productivo, en el que solamente el Gobierno Federal consideró a los estados de Campeche y Tabasco, y olvidaron que somos parte de esa exactamente misma cuenca petrolera.

Se dirá que la economía de Chiapas no está petrolizada, pero toda la economía del norte de Chiapas sí lo está, vaya que lo está, y tiene una equivalencia en términos de población y en términos de territorio, exactamente igual a los de otros dos estados que he mencionado.

La reforma energética prometió a los estados petroleros y les puso una zanahoria, un atractivo, un incentivo gigantesco, el fondo de extracción de petróleo. Ese fondo de extracción de petróleo sin duda por los precios del hidrocarburo, ha caído de manera dramática. En Chiapas cayó el 75 por ciento. Para que se den una idea, en el primer cuatrimestre del año pasado el fondo de extracción petrolera para Chiapas aportaba al estado cerca de 101 millones de pesos. Hoy es solamente de 24 millones de pesos.

Por eso lo que propongo es que se implemente un programa en el cual se atienda a todos los estados petroleros, y que esa incorporación tenga también, dentro de sus determinaciones y sus características, un objetivo social para los estados que tienen esta dualidad: ser petroleros y a la vez ser pobres, como lo es el estado de Chiapas.

También los temas de la frontera los debemos voltear a ver de manera distinta. Tenemos una crisis de menores no acompañados que están cruzando por Chiapas, recorriendo todo el país en su búsqueda por llegar a Estados Unidos, pero la frontera de Chiapas con Guatemala no se entiende la clave de la prosperidad, se entiende la clave del riesgo, la Grand Corporation hace algunos años hizo un estudio para las fuerzas armadas de los Estados Unidos en donde clasificaba a la frontera de Chiapas con Guatemala como un territorio en el cual estaban presentes 7 de 8 variables que predicen ingobernabilidad.

¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno federal?

Citar el beneficio de libre la frontera para el estado de Chiapas, algo de lo que nunca estuvimos de acuerdo, y que hemos insistido en que no tenía una óptica de recaudación, sino de reconocimiento del riesgo que existe en la frontera si no se reactiva toda la economía del Soconusco.

Nuestra relación con Guatemala es histórica, plumas de una misma ala, México y Guatemala, decimos recurrentemente, pero hoy, la frontera se ha convertido en un espacio de contrabando, violaciones a los derechos humanos y falta de presencia institucional por parte del gobierno federal.

Y por último, para no aburrirlos tanto con los temas de Chiapas, que parece que a este Pleno siempre les atarantan y les aburren.

El tema de las zonas económicas especiales.

Las zonas económicas, lo hemos dicho, son una buena medida no solamente para la inversión, para la atracción de inversiones, sino para combatir los problemas de la desigualdad, y estuvimos a favor de ello, sin embargo seguimos teniendo presente un riesgo gigantesco, en el caso de Chiapas, la zona económica especial se limite, como lo anunció el Presidente Peña Nieto, la semana pasada en Lázaro Cárdenas, se limite solamente al Puerto Chiapas, al Puerto Madero como lo conocemos todos.

Si dejamos la zona económica de Chiapas en una zona unitaria a diferencia de la de Lázaro Cárdenas que plantea toda una zona de impacto que incorpora a los municipios aledaños o la del Istmo de Tehuantepec que no solamente va a conectar a Salina Cruz con Coatzacoalcos, sino va a generar todo un corredor de prosperidad.

Para Chiapas le estamos proponiendo un lunar, un pequeño espacio de prosperidad, rodeada de miseria, rodeado de inseguridad; eso no me parece que pueda ser pertinente, y que podemos estar en el riesgo de una buena medida tomarla solamente como la solución para la inversión de los extranjeros y de los nacionales.

Qué bueno que ya haya inversiones, pero si estas inversiones no significan mayor desarrollo, mejores empleos, mayor inversión pública y prosperidad para los chiapanecos pues nuevamente, como cuando en 1957 esta idea se prometió con el desarrollo hidroeléctrico del país a partir de la inundación de 90 mil hectáreas en el estado, pues nos vamos a quedar con las ganas, nos vamos a quedar otra vez viendo cómo la riqueza y el desarrollo es para alguien más, pero no para los chiapanecos.

Por eso, de verdad, creo que hay que tomar acciones urgentes desde la Federación, zonas económicas, el programa de reactivación económica para estados petroleros y una nueva forma de entender la frontera con Guatemala; hay dos fronteras en este país, señores, no es solamente una, atendámoslo con la importancia que tienen.

Por eso, compañeras y compañeros los invito, un poco cuando baje la bruma electoral, a que volvamos los ojos a Chiapas, volvamos los ojos a los altos, a la cañada, a la selva, a la sierra, y que si queremos que Chiapas se mantenga como un estado en paz, seguro, tranquilo, que puede ser a partir de las zonas económicas nuevamente el puntal del desarrollo comercial, pues entonces que empecemos a tomar decisiones políticas, económicas, institucionales para hacerlo así.

Si seguimos sin hacer nada, a la vuelta de unos días o en unos meses, vamos a regresar a esta tribuna, y vamos a empezar a hablar de cómo apagar los fuegos que hoy vemos como múltiples chispas peligrosas que se encienden en el estado.

Por favor, les ruego su atención en este tema para que podamos entendernos como este contrapeso de poder que también observa los estados del sur con el mismo interés que observa los estados del norte o del centro del país.

Es cuanto, muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE LA DELIMITACIÓN DE LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL DE PUERTO CHIAPAS SE INTEGRE POR UN POLÍGONO QUE INCLUYA LAS REGIONES DEL SOCONUSCO, DEL ITSMO-COSTA Y DE SIERRA MARISCAL, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado miércoles 1° de junio se publicó el decreto que expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales por la Secretaría de Hacienda en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de regular la planeación, el establecimiento y la operación de Zonas Económicas Especiales, en el marco de la planeación nacional del desarrollo, para impulsar el crecimiento económico.

La publicación de esta nueva Ley es una señal, que conlleva una esperanza ante la pobreza y desigualdad que se vive en las regiones más pobres de México, especialmente en los estados del sur sureste, donde la estrategia de desarrollo en la zona se ha basado en un esquema predominantemente asistencial y paternalista que no ha logrado resultados trascendentales en mejorar la calidad de vida de la población o en reducir el índice de pobreza.

Esto resulta relevante, principalmente, porque una de estas zonas corresponde a Puerto Chiapas, en el Municipio de Tapachula.

Asimismo, uno de los objetivos indirectos de las Zonas Económicas Especiales (objetivos no especificados, pero que el logro de ellos será reflejo del buen funcionamiento de estas) es aumentar el Índice de Desarrollo Humano de las comunidades. Este es un punto toral porque la región sur cuenta con los Índices de Desarrollo Humano más bajos del país, destacando el caso de municipios chiapanecos que presentan esta condición y además, coinciden con las zonas donde hay un mayor número de poblaciones indígenas.

En el mundo existen más de 3,500 Zonas Económicas Especiales y mucho menos de la mitad han sido casos de éxito. Y de entre los casos de éxito se puede ver que lo han alcanzado aquellas que se han implementado bajo un enfoque integral en sitios con verdadero potencial productivo, en donde no se basan exclusivamente en incentivos fiscales o facilidades comerciales, sino que parten de un enfoque que también contempla el desarrollo de infraestructura económica y social, el fortalecimiento del capital humano, facilidades regulatorias para las empresas, seguridad en el entorno, certidumbre jurídica, apoyos a la innovación y transferencia tecnológica, acceso al crédito productivo y un desarrollo urbano sustentable.

Generar las condiciones propicias de inversión a través de un marco legal completo que proporcione certidumbre, es el verdadero reto del Estado Mexicano. Por ese motivo, se considera pertinente que la delimitación geográfica precisa de la Zona no se limite de manera unitaria en Puerto Chiapas, sino que en términos de los artículos 7 y 8 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales se establezca un polígono territorial, donde podrán establecerse secciones, atendiendo las necesidades de inversión y desarrollo de las regiones del Soconusco, del Itsmo-Costa y de Sierra Mariscal, para que se den pasos en razón de hacer prosperar estas regiones y para que alcancen el gran potencial que tienen.

Hay que reconocer que las regiones que integran el polígono a lo largo de la costa y la frontera de Chiapas, tienen una posición estratégica para incidir en mercados como el de China, Japón, Rusia, Centro y Sudamérica que tienen necesidades que la región podría satisfacer si se dan los pasos correctos en el sentido adecuado, incentivando así la producción, transformación, innovación y comercialización de bienes que al ser generados estarían contribuyendo a eliminar de manera directa la brecha económica que existe en la actualidad.

Estas regiones integradas en su conjunto, podrían proporcionar los satisfactores necesarios para garantizar la sustentabilidad de la Zona, toda vez que se podría contar con la energía eólica de Arriaga, la ganadería de Pijijiapan, la fruticultura y caficultura del Soconusco y las maquiladoras de la frontera.

Todo esto permitiría desarrollar áreas de oportunidad en el sector industrial y tecnológico. Industrias tales como: la agroalimentaria, manufacturera (maquila y ensamble), metalúrgica, química, así como la de transformación en los sectores primarios y secundarios. Tecnologías como: la automatización, biotecnologías, agro-tecnologías, farmacéutica, nanotecnología, energías renovables y, particularmente, energía eólica

Es por lo anteriormente expuesto, que propongo el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con la fracción II del artículo 7 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, la delimitación de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas en el estado de Chiapas integrada por las secciones de un polígono que incluya las regiones del Soconusco, del Itsmo-Costa y de Sierra Mariscal.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República,
el 8 de junio de 2016.

Sen. Zoé Robledo Aburto.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Senador Robledo Aburto, le pregunto si considera de urgente resolución.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y como lo establece el resolutivo Décimo Sexto del Acuerdo para normar las sesiones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución, y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes esté por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Permítame, señora Secretaria.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Vuelvo a repetir. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Esto es claro, es una sola persona que levantó la mano.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Sonido en el escaño del Senador Robledo Aburto, por favor.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Señora Presidenta, estamos en el apartado de proposiciones con punto de Acuerdo que están siendo considerados como de urgente resolución.

Acaba de ocurrir algo muy grave, y de veras muy grave, porque estamos todavía con el tema electoral, y acaba de ocurrir una elección fraudulenta en la sesión permanente del Senado de la República.

Usted llamó a una votación, acabamos de ver una votación. Les pediría respeto, señores Senadores y Diputados.

Acabamos de ver una votación en la cual claramente una señora Diputada manifestó su rechazo a que se considerara y usted, bueno fueron dos, y usted en ese momento tomó.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Ante la eminente duda, que se repita la votación.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Les pido que sea de forma nominal, para que entonces ya tengamos certeza de que esto se está votando de manera correcta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: ¿Quién apoya la propuesta que hace el Senador? ¿Alguien apoya la propuesta de la votación nominal? Por favor. Adelante. Ábrase la votación nominal.

Por favor, sonido en el escaño del Diputado Ramírez Marín, mi paisano.

El Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: (Desde su escaño) Procede la votación nominal después de que se repita la votación económica y quede duda, de lo contrario, ¿para qué hacemos votación nominal? No va a quedar ninguna duda.

No obsta decir que se trata de un punto de Acuerdo sobre una ley, y el Senador también tiene facultad de iniciativa, como todos los que estamos aquí. Pero nosotros simplemente no le estamos dando la urgente resolución.

Que se repita, señora Presidenta, la votación económica, y si queda duda, con mucho gusto vamos a la votación nominal.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Diputado, ya fue avalada por cinco legisladores, ya pedimos que se abra la votación nominal.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Solamente para rectificación de hechos.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Adelante, Senador Robledo Aburto.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Sólo para una rectificación de hechos. No es un punto de Acuerdo sobre una ley, es un punto de Acuerdo sobre una política pública y un Decreto de ley que todavía no existe.

Las zonas económicas especiales se promulgaron la semana pasada, no es un punto de Acuerdo para reformar la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, es un punto de Acuerdo para solicitar que los decretos que están anunciados para diciembre, estos se incorporen en Chiapas, no una zona unitaria, sino una zona por secciones.

Sólo quiero aclararlo, porque es una rectificación de hechos.

Segundo. Lo que se está solicitando es que se abra a discusión, es la primera votación.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Ábrase el sistema.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) ¿Me permite terminar, señora Presidenta, por favor?

Solamente dejar claro y si abren o no, si lo hacen a mano alzada o no, es obvio cómo van a votar.

Nuevamente a un Acuerdo de las Mesas Directivas y de la Junta de Coordinación Política se está faltando a la palabra, nuevamente a un espacio que se ha acordado y que si bien no está reglamentado, se ha acordado y hay antecedentes, en los cuales cada grupo parlamentario presenta un punto de Acuerdo que se discute su pertinencia de que sea por urgente resolución, como acaba de pasar en los dos anteriores, se ha acordado que cada partido político y cada bancada pueda priorizar uno de estos puntos de Acuerdo, y ustedes lo saben, y saben cuál es, no hay sorpresas aquí, pero es la segunda ocasión en la que un punto de Acuerdo presentado por la bancada del PRD, es rechazado en la solicitud de que sea sometido a consideración como urgente y obvia resolución.

Están faltando a la palabra, y no hay nada más peligroso para un político, que devaluar su palabra. Éste fue un acuerdo que se tomó, estuvieron presentes varios de los que están hoy aquí.

Entonces, sólo quiero dejar ese antecedente, porque es obvio lo que está a punto de pasar.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett Díaz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

Simplemente quiero dejar constancia de que están haciendo trampa, es una vergüenza que vengan a hacer trampa aquí, después de todo lo que pasó en las elecciones.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Eso no está a discusión.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señora Presidenta, estoy hablando, tengo la palabra. Señora Presidenta, tengo la palabra.

Y esos mugidos que echan estos, ahorita, son doblemente vergüenza. No votaron y ahora se dan cuenta y hacen trampa, van ahora a votar, hicieron trampa, están haciendo trampa y eso es una vergüenza en el Congreso de la Unión y en esta Comisión Permanente.

¡Qué vergüenza estamos pasando hoy, haciendo trampa!

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Ante cualquier duda que exista se prevé que se repita la votación, vamos a abrir el sistema y que se repita. Ábrase el sistema electrónico, por favor.

La votación afirmativa es para dispensa del trámite, la negativa es para que no se discuta. Ábrase el sistema.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

El Senador Gerardo Sánchez García: (Desde su escaño) Yo le pido la palabra, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Al final de la votación va a tener usted la palabra, Senador Sánchez García.

El Senador Gerardo Sánchez García: (Desde su escaño) Le estoy pidiendo la palabra para moción, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Estamos en votación, Senador. Ya está abierto el sistema, por favor, vamos a proceder a la votación, inmediatamente le doy la palabra, Senador.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Señora Presidenta, se han emitido 5 votos a favor, 23 en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: En consecuencia, se turna a la Tercera Comisión.

Sonido en el escaño del Senador Gerardo Sánchez García.

El Senador Gerardo Sánchez García: (Desde su escaño) Señora Presidenta. Sólo, primero, para hacer una aclaración, porque nosotros sí votamos y el decir que no votamos, digo se puede pasar la transmisión televisiva, pero sí votamos, en primer lugar, es nuestra responsabilidad.

En segundo lugar, el que no se apruebe de urgente y obvia resolución, no quiere decir que evadimos el tema; por el contrario, nos interesa mucho el tema de las zonas económicas especiales, que se presentó la iniciativa en Chiapas y se promulgó en Lázaro Cárdenas.

Nos interesa que queremos discutirla que se turne a la Tercera Comisión para discutir y analizar con toda minuciosidad, la pretensión del punto de Acuerdo del compañero Senador.

Entonces, esa es una trascendencia y creo que vale la pena que lo analicemos con todo detenimiento a la comisión que se turne.

Es un tema verdaderamente que recientemente se acaba de promulgar y que para el grupo parlamentario del PRI es muy importante.

Es cuanto.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Gracias, Senador Sánchez García.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Pinto Torres, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

El Diputado Omar Ortega Álvarez: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Sí, señor.

El Diputado Omar Ortega Álvarez: (Desde su escaño) He solicitado el uso de la palabra.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Ya se agotó el tema, Diputado Ortega Álvarez.

El Diputado Omar Ortega Álvarez: (Desde su escaño) Me permite.

La Presidenta Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Disculpe, yo le había dicho al Senador que al final de la votación tendría el uso de la palabra y a nadie más.

Que siga inmediatamente la sesión.





 

Tiene el uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Pinto Torres, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a explicar e informar sobre la separación o desindexación que se está realizando en el pago de sueldo de los docentes.

El Diputado Francisco Javier Pinto Torres: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Con la venia de la Presidencia.

Es indispensable eliminar las dudas y que se aclare a los docentes, de la manera en la que se va a integrar su sueldo base.

Buenas tardes, compañeras y compañeros, Diputados y Senadores.

El punto de Acuerdo que someto a consideración de esta Asamblea, tiene como finalidad exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que informe y explique la separación o desindexación que se está realizando en el sueldo de los docentes.

El Artículo Transitorio Décimo Primero de la Ley General de Servicio Profesional Docente establece que durante la transición de la reforma educativa, el programa de carrera magisterial dejaría de existir; sin embargo, los beneficios y derechos adquiridos por los docentes serían respetados por la autoridad educativa.

En cumplimiento con lo que establece la ley referida para la evaluación del desempeño del ciclo 2015 - 2016, se dio una amplia participación de maestras y maestros. Más de 134 mil de ellos se presentaron a dicha evaluación, lo que equivale al 90 por ciento de la meta planteada por la propia Secretaría.

Las cifras son incuestionables. La mayoría de los docentes del país están comprometidos con una educación de calidad.

Los resultados arrojaron que más del 40 por ciento de los participantes obtuvieron buena calificación, un 8 por ciento logró una nota destacada o excelente, la cual queda reflejada en estímulos que contribuirán a la consecución de los objetivos planteados en dicha reforma.

Sin embargo, para contribuir a la claridad en un tema que puede ser demasiado técnico, es preciso realizar una mayor difusión de los criterios y mecanismos de separación del salario magisterial.

Lo anterior contribuiría a eliminar todas esas dudas, todas esas inquietudes e, inclusive, la desconfianza de quienes son la parte medular de la transformación educativa de este país. Y efectivamente, estamos hablando de las maestras y los maestros que día a día hacen patria en sus aulas.

Por este motivo, se solicita a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades federativas, que informen sobre las medidas y mecanismos utilizados para desindexar el concepto de carrera magisterial del sueldo base del personal docente, incluyendo el impacto en las prestaciones que estaban integradas por el concepto de carrera magisterial.

Para Nueva Alianza, impulsar el derecho a la educación, así como al trabajo digno de las y los maestros, es un compromiso que hemos asumido desde la creación como alternativa política, convencidos y decididos a redignificar la labor docente. Estaremos vigilantes de que los derechos de las y los maestros del país sean respetados en todo momento. La mejor inversión de un país, no cabe duda que es la educación.

Y en eso, compañeras y compañeros, creo que coincidimos.

Por lo tanto, solicito de la manera más atenta y respetuosa, sea aprobado este punto de Acuerdo como de urgente resolución.

Es cuanto, señor Presidente.

Es cuanto, compañeros legisladores.

Proposición con punto de Acuerdo

Quien suscribe, Dip. FRANCISCO JAVIER PINTO TORRES, integrante del grupo parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Entre el mes de septiembre de 2015 y hasta días pasados, cumpliendo con lo mandatado en los artículos 52, 53, y octavo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente y sus procesos reglamentarios, la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las autoridades educativas de los gobiernos estatales, realizó la evaluación docente a más de 132 mil maestros participantes de Educación Básica y Media Superior, además de directores y supervisores convocados oportunamente,1 en un proceso correspondiente al Ciclo Escolar 2015-2016.

Es indispensable destacar que, derivado de la Reforma Educativa, se han establecido cambios en el sistema de estímulos respecto al Programa de “Carrera Magisterial” y sobre la desindexación del salario de los docentes, tal como se señala en el Décimo Primer transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente donde se señala lo siguiente:

“Décimo Primero. El programa de Carrera Magisterial continuará en funcionamiento hasta en tanto entre en vigor el programa a que se refiere el artículo 37 de esta Ley, cuya publicación deberá hacerse a más tardar el 31 de mayo del año 2015.

Lo anterior, sin perjuicio de que antes de esa fecha la Secretaría ajuste los factores, puntajes e instrumentos de evaluación de Carrera Magisterial y, en general, realice las acciones que determine necesarias para transitar al programa a que se refiere el artículo 37 de esta Ley.

Los beneficios adquiridos por el personal que participa en Carrera Magisterial no podrán ser afectados en el tránsito al programa a que se refiere el artículo 37 de esta Ley.”

Lo anterior significa que durante la transición a la Reforma Educativa el programa de “Carrera Magisterial” dejó de existir; sin embargo, los beneficios y/o derechos adquiridos por este y para los docentes serán respetados por la autoridad educativa.

Derivado de lo anterior, el día 29 de febrero del año en curso, el Titular de la Secretaría de Educación Pública, Mtro. Aurelio Nuño Mayer, dio a conocer los resultados globales de los cuatro niveles de desempeño en educación Básica y hasta cinco para el caso de educación Media Superior, mismos que fueron ampliamente difundidos en los principales medios de comunicación del país.2

En esa ocasión se mencionaron diversos estímulos para las y los docentes del país, según el nivel o puntajes alcanzados, mismos que serían pagaderos a partir de la segunda quincena de mayo y retroactivos al 16 de febrero del año en curso.

Así, se informó que de acuerdo al artículo 38 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, más de 41 mil docentes con nivel alcanzado de “Bueno” en educación Básica podrán enseñar más horas y quienes presten sus servicios en escuelas ubicadas en zonas de alta pobreza y alejadas de zonas urbanas, recibirán un incremento de 41% sobre su sueldo base.

Asimismo, los docentes con nivel de “Destacado”, que suman un poco más de 8 mil, recibirán un incremento del 35% a su sueldo base, así como acceso preferencial a los créditos de vivienda y personales del ISSSTE.

De igual manera, se anunciaron similares medidas en educación Media Superior, beneficiando a alrededor de 13 mil docentes, aunque con porcentajes de incremento diferenciados, que van de un 27% para los calificados como “Bueno”, a un aumento del 24% al sueldo base de los denominados como “Destacados.

Aunque celebramos que la instrumentación de estas medidas se haya visto ya reflejada en la nómina salarial de las y los docentes con los mejores resultados alcanzados, creemos que es menester realizar una muy amplia difusión de los criterios y mecanismos de separación del salario magisterial, a efecto de que no existan dudas que generen inquietud y desconfianza en quienes tienen en sus manos la formación educativa de más de 31 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el país.

La aplicación de la Reforma Educativa no ha estado exenta de controversias e información distorsionada, por lo cual, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos indispensable que exista claridad respecto a los temas salariales de los docentes y de sus estímulos.

Por ello, a nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza y recogiendo la voz del magisterio nacional, se solicita respetuosamente al titular del ramo educativo que informe a esta Soberanía y haga extensivo el ejercicio a las autoridades educativas de las entidades federativas, sobre las medidas y mecanismos seguidos para desindexar el concepto de Carrera Magisterial del Sueldo Base (Concepto 07), así como su impacto en prestaciones sociales como el aguinaldo, prima vacacional y otras prestaciones, incluyendo pensiones y jubilaciones, que eran pagadas con base en un salario integrado con Carrera Magisterial.

Nueva Alianza, como millones de mexicanos, aspira a la consolidación de la Reforma Educativa emprendida en el país, al ser improrrogable la mejora de las condiciones de enseñanza - aprendizaje en las que se desempeñan más de un millón 200 mil docentes; sin embargo, también es imprescindible que los procesos y medidas que esta reforma genera sean ampliamente difundidos e informados con absoluta transparencia, claridad y oportunidad, pues ello abonará a la generación de un sólido Sistema Nacional de formación, actualización y desarrollo profesional, aún pendiente por parte del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION

ÚNICO: Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública Federal para que informe a esta Soberanía los siguientes puntos:

A) Explique y ratifique la vigencia de los beneficios alcanzados en el estímulo de carrera magisterial adquiridos legal y legítimamente, garantizando así que este se convierta en un estímulo definitivo en todo el trayecto profesional docente. 

B) Informe y difunda ampliamente que el estímulo derivado del programa de carrera magisterial conserva las repercusiones en seguridad social como jubilación y en prestaciones genéricas como el aguinaldo y la prima vacacional. 

C) Informe detalladamente si se llevará a cabo la preservación de las repercusiones del estímulo derivado del programa de carrera magisterial, aún si fuese necesario que su pago se realice descompactado del sueldo tabular (07).

Dip. Francisco Javier Pinto Torres.
Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

1 Los criterios para la convocatoria, en palabras del Titular de la SEP al presentar estos resultados, consistieron en citar a aquellos docentes con nombramiento definitivo en la plaza que ocupe; tener una antigüedad en el servicio entre seis y 20 años y estar adscrito y prestar sus servicios en escuelas ubicadas en localidades con una población igual o mayor a 100 mil habitantes.

2 “Mensaje del Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, durante la Presentación de Resultados de la Evaluación de Desempeño, Ciclo 2015-2016”, Secretaría de Educación Pública (SEP). 29 de febrero de 2016. Versión estenográfica disponible en:http://www.gob.mx/sep/prensa/mensaje-del-secretario-de-educacion-publica-aurelio-nuno-mayer-durante-la-presentacion-de-resultados-de-la-evaluacion?idiom=es-MX.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Pinto Torres.

Se ha solicitado el trámite de urgente resolución. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza dicho trámite.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a la Segunda Comisión.





 

En función del Acuerdo parlamentario y decisión de la Mesa Directiva, pasaremos al apartado de la agenda política. Los grupos parlamentarios han acordado referirse al tema de los procesos electorales del año en curso.

Conforme al resolutivo Décimo Noveno del Acuerdo para normar las sesiones de la Comisión Permanente, las intervenciones se presentarán en orden progresivo hasta por cinco minutos cada una.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Diputado Virgilio Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena.

AGENDA POLÍTICA

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Lo que era circunstancial en los procesos electorales de nuestro país, se ha generalizado.

La intervención del gobierno federal y de los gobiernos estatales en curso de la contienda electoral, apoyando de múltiples maneras a sus candidatos y atizando la guerra sucia entre partidos, el saqueo del erario público para pagar campañas, publicidad, anuncios, para comprar el voto mediante el reparto de todo tipo de bienes y de dinero, la violación de los partidos políticos, la mayoría de ellos mostrándose mediante idénticas formas de corrupción del proceso electoral, la ausencia casi absoluta de la autoridad electoral ante esta realidad devastadora de la ilegalidad. La FEPADE no existe, ni para prevenir, ni para castigar.

Al sistema del control de votos, aprovechando el retraso que el sistema PREP, dio evidencias ahora, muestra debilidades tan obvias que recuerdan la caída del sistema que llevó a Salinas al poder.

Y el INE sólo canta triunfos, sólo tiene autoelogios: “Todo está bien, todo salió bien. Tuvimos elecciones democráticas, tranquilas, sin mayores incidentes”.

Cuando las balaceras, por ejemplo, en el estado de Veracruz, el secuestro, el atropello físico, las amenazas, el uso de la violencia, no solamente en Veracruz, sino en otros estados, fueron el pan de cada día durante este proceso electoral.

Y los OPLEs demostraron que el intento de evitar que los gobiernos estatales participaran ilegalmente en los procesos electorales, ha sido también un fracaso.

Los OPLEs siguieron siendo instrumento de control de los gobiernos de los estados.

¿En dónde quedó la reforma electoral de 2014, que se suponía que iba a resolver éstos y otros problemas?

¿Necesitamos otra reforma, acaso, y vivir siempre de reforma en reforma y de ley en ley, de creación de leyes? Cuando lo que requerimos es que se cumpla la ley en los procesos electorales, que se acabe el cochinero y la amenaza como forma de extorsión para llevar a la gente a votar.

Que en el fondo, y esto tiene que ver con la abstención electoral, es una forma de gobernar mediante el terrorismo para evitar que por el miedo la gente acuda a votar.

Hagamos cumplir la ley, no más reformas.

Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Caballero Pedraza.

Para referirse al mismo asunto, tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Esta es la segunda elección que demuestra una reacción que todavía no es lo que va a ser en los próximos años.

La caída en la elección pasada del PAN, del PRI y del PRD, demostró claramente cuál era la posición de un electorado que está despertando, y es el principio de lo que va a ser la recuperación total de la soberanía electoral en este país.

Es evidente, independientemente de lo que ya se ha planteado, de los manejos electorales y las autoridades, y esto y el otro, que el arreglo que ha existido entre el PAN, el PRI y la asociación del PRD, ya no da para más.

No es posible pensar que Veracruz lo ganó quien estaba acusado de la peor corrupción en la historia de este país, ¿verdad?

No es posible pensar que se le permita ganar, que se le impulse si no por un acuerdo entre el PRI y el PAN. Exactamente fue lo mismo en Puebla.

En Puebla hubo un acuerdo del PAN y el PRI, por no decir de Peña y Moreno Valle. El PRI no intervino en la elección en Puebla, el PRI dejó y garantizó el triunfo, entre comillas, a Moreno Valle.

Y así podemos ir analizando que lo que está sosteniendo este sistema que la población repudia; y además, es una cuestión general, ni siquiera es partidista, no hay un análisis de la opinión pública, el propio Presidente dice que está de mal humor la opinión pública.

Los columnistas, la prensa en general saben y se dice: “este resultado es el hartazgo de la población, es la fatiga contra la corrupción convertida en sistema, vinculado al gobierno de Peña Nieto al que están asociados los otros estados”.

De manera que es un resultado que todavía no da de sí.

Ya lo vimos, toda esa baja de votación del PAN, del PRI y del PRD en la elección pasada, y ahora esta gran confusión o sorpresas de triunfos que están arreglados.

Yo considero que eso es lo que debería de pensar la oligarquía que gobierna este país, quienes mangonean partidos, opinión pública, a los medios de comunicación que no van a resistir más, que esto ya llegó a su fin, que ya se acabó la explotación del país, el tener a México dominado por un grupo que lo único que le interesa son sus negocios, ahí sigue el aeropuerto, siguen adelante los enormes negocios, eso es lo que ya tiene al pueblo de México indignado.

No van a poderlos manejar con esos arreglos del PAN y del PRI, y de unos y otros para que gane aquí y gane el otro, no lo van a poder sostener, esto ya se acabó, y es lo que tienen que entender.

La corrupción de Peña, hasta abajo, es la misma de los gobernadores.

Cuando se dice y por ahí empiezan a decir: “No, es el gobernador de Puebla; no el Presidente”.

El gobernador de Puebla utiliza exactamente a las mismas empresas que Peña Nieto, siguiendo el mismo objetivo, de una corrupción mortal, brutal, para apoderarse de los recursos de este país y comprar votos, autoridades, televisoras, y corromper a todo el país para mantener un sistema que es insostenible.

Es lo importante de esta elección, no van a poderla sostener ya, sus argucias, sus robos, la compra de votos, la compra de autoridades, la manipulación de los medios de comunicación no van a detener al pueblo de México que los van a barrer a todos en el 2018.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Se concede el uso de la tribuna al Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al motivo de debate.

El Diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Gracias, señor Presidente.

Los cinco minutos son muy cortos para hacer un balance de un proceso electoral tan complejo, que ha dado tantas lecciones y que deberíamos, el conjunto de los ciudadanos y los partidos políticos, analizar y aprender de lo que están pensando los ciudadanos.

Yo quisiera hacer muy rápido un recorrido de lo que para mí son las lecciones de este 2016.

Primero, por desgracia, y lo digo por el conjunto de los partidos, los gobernadores siguen entrometiéndose de manera muy fuerte en los procesos electorales, no hay manera de evitarlo tanto que primero quieren incidir hasta quiénes son los candidatos de su propio partido y luego que tengan el mínimo recato democrático para no participar en los procesos, para hacerse a un lado, para dejar que la sociedad se exprese por sí misma como debe de ser en todo sistema democrático.

En esta campaña regresó la guerra sucia peor que nunca, nunca había visto yo, y miren que hemos estado en muchos procesos electorales, tal cantidad de guerra sucia, de mentir, dañar, calumniar sin ningún recato, es algo muy lamentable que tenemos que aprender y volver a parar, porque eso termina demeritando al conjunto de la clase política.

Cuando se lanzan acusaciones que no tienen un solo sustento más que el dicho del que lo lanza, ante los ciudadanos no queda mal el político al que se le dice, porque esto se replica a la inversa y entonces queda toda la clase política hecha pedazos, y sigue aumentando la desconfianza de los ciudadanos hacia todos nosotros.

Los spots hay que ver qué hacemos, no para cambiar el modelo de que los spots se vuelvan a comprar, eso no es lo que debemos de revisar, sino cómo usamos tanto tiempo en el aire para que se privilegien las propuestas por encima de los anuncios comerciales que quieren vender mercancías y no ponen atención en los contenidos que deben de estar por delante en cualquier proceso electoral para que los ciudadanos valoren su voto de una manera más adecuada.

Necesitamos una intervención más enérgica del INE en las elecciones locales. Ya en esta ocasión el INE participó con mayor presencia en los OPLEs, pero de lo que se trata es de que tengamos un estándar de participación electoral igualitario en todo el país, y no que en algunos lugares los OPLEs tengan más autonomía respecto a los gobiernos y en otros estén plenamente sujetos a los gobiernos, debemos de seguir avanzando en esa ruta.

Los votos nos reflejan la alternancia, este es un proceso donde la gente escogió alternancia. En 4 estados de la República donde no había existido desde hace 85 años un cambio de gobierno, llegó y se dio en Quintana Roo, Durango, Tamaulipas y Veracruz.

Desde que había elecciones en este país, y eso es casi un siglo, desde la Constitución de 1917, que una clase política llegó al poder en estos lugares, faltando un año, se logró por fin la alternancia. Algunos se quejaban de los Castro, pero, no manches, cien años gobernando prácticamente los mismos, llegó la alternancia por fin.

Y la alternancia no es suficiente para lograr los cambios democráticos, pero es condición indispensable de toda democracia que pueda haber alternancia, eso sin ninguna duda. Los candidatos ciudadanos se desinflaron en este proceso, no fue lo mismo del proceso anterior, no tuvieron la misma importancia.

Llegó el tiempo de las alianzas, las alianzas llegaron para quedarse. El PRI, en 13 de los 14 procesos en el Distrito Federal no se permitía, o sea, en todos los lugares donde se permitía jugó con 4 ó 5 partidos, en algunos estados se lograron alianzas opositoras y fueron exitosas, llegaron para quedarse.

Y hay que pasar de las alianzas electorales a las alianzas en el gobierno con una propuesta de cambio, porque lo que hoy se está requiriendo de los ciudadanos, es cambio en la manera de gobernar.

¿Cuáles son los principales reclamos de la gente?

Transparencia, lucha contra la corrupción, terminar con la impunidad, esos son reclamos de los ciudadanos, eso es lo que tienen que hacer los gobiernos que hoy están saliendo y que emergen del voto popular.

Amigas y amigos, yo creo que debemos de seguir profundizando de las lecciones del 2016, no se trata aquí de hacer un concurso de quién golpea al adversario una vez pasado el proceso electoral, se trata de aprender, de caminar, de avanzar en el ánimo de los ciudadanos.

Enhorabuena que los ciudadanos salieron adelante, salieron a votar y salieron a hacer valer su voto para lograr un proceso democrático en este país.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Acosta Naranjo.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Pinto, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

El Diputado Francisco Javier Pinto Torres: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

México tiene una vocación democrática que ha sido vista reflejada el pasado domingo en las urnas, esa es, sin duda, una buena noticia.
La democracia en nuestro país goza de buena salud. Así nos lo hicieron saber millones de ciudadanas y ciudadanos que decidieron ejercer su voto. Esa es una buena noticia.

La alternancia en el gobierno ya no es novedad. Los ciudadanos saben que cuentan con el poder de su voto y que su participación es fundamental, no para castigar o premiar a gobiernos, sino para llamar la atención a la clase política respecto a sus necesidades. Ocho alternancias se dieron este domingo.

Es obligación de un buen gobierno garantizar la seguridad, velar por el bienestar y el desarrollo humano de la sociedad, garantizar sus derechos fundamentales y conducirse con probidad y transparencia. Quienes no lo hicieren así, lo notarán en las urnas. Ese es el mensaje.

Las alternancias en el poder nos están dando un claro mensaje a todos. Es preciso que atendamos esos llamados y que transformemos la manera de ejercer el poder.

Estas elecciones han sido un aviso no sólo para los partidos, sino para todo el sistema político en su conjunto, para todos los poderes e inclusive para los medios de comunicación.

Tenemos una sociedad crítica y ésa es una buena noticia.

En Nueva Alianza hemos cumplido nuestra responsabilidad política al conducirnos con estricto apego a la legalidad y respetar los resultados de las urnas.

Hacemos pues un llamado a todos los candidatos y partidos para concluir este proceso en un total apego a la voluntad ciudadana y a la ley.

Las y los mexicanos han sido muy claros. No son las manifestaciones multitudinarias, sino el poder del voto la mejor forma de hacernos saber su hartazgo.

La sociedad nos ha hecho saber que es necesario cambiar la forma de hacer política y, sobre todo, que no va a tolerar la corrupción, no importa de qué color se pinte.

En Nueva Alianza estamos comprometidos a dignificar la política en el país. Queremos tomar su vocación de servicio. Eso es lo que nos exige México por medio de las urnas. Estemos atentos a esas demandas.

Es momento de impulsar una profunda transformación y recuperar la confianza de los ciudadanos, de ir más allá del plano individual y propiciar una mejora sustancial en el nivel de vida de todos los mexicanos.

¿O acaso no es a ellos a quienes nos debemos?

En Nueva Alianza no tenemos miedo a la participación ciudadana. Muy al contrario, la competencia es sana y nos hace ver las deficiencias que hemos tenido como clase política.

No le temamos al piso parejo para todos los partidos políticos. Bienvenidas las candidaturas independientes y las alianzas. Son un aliciente para esforzarnos y demostrar que podemos dar los resultados que esperan las y los ciudadanos.

Todos debemos tener un espacio y la oportunidad para servir a México. La participación es sinónimo de una democracia fuerte.

Las elecciones más competidas contaron con una gran participación. La única lamentable excepción de esta jornada fue la Ciudad de México. Sólo un 28 por ciento del padrón electoral de la capital del país se presentó para elegir a quienes van a redactar su Constitución. Ese también es un mensaje.

Los habitantes de la Ciudad de México se sienten ajenos a sus autoridades y más lejos aún de los partidos políticos. Tenemos que cambiar esa percepción con acciones y con hechos. Pueden estar ciertos de que tenemos el compromiso y así lo haremos.

La democracia es el camino. Así nos lo han demostrado millones de mexicanas y mexicanos que en las urnas el domingo pasado lo ejercieron. Hagamos caso a ese llamado y contribuyamos a fortalecer nuestra democracia.

Las y los ciudadanos nos han podido dar una lección. Tenemos que estar a esa altura de las expectativas.

Y como comentario final, se rompieron paradigmas. Candidatos que participaron por segunda vez y que en la primera perdieron, hoy perseveraron y seis años después lograron su objetivo.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Pinto Torres.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Enrique Salazar Farías, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El Diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Con su permiso, señor Presidente.

Durante muchísimas sesiones aquí se discutió cómo hacer mejores leyes para la democracia de este país. El domingo se demostró que hay un gobierno federal que respeta la democracia y ahí están los resultados, con libertad cada uno fue a votar por quien así lo decidió.

¿Qué nos enseña esta alternancia?

Si la vamos a evaluar cuantitativamente, algunos tienen más triunfos que los otros. Si la vamos a evaluar cualitativamente, hubo alternancia en muchísimos estados.

¿Qué nos queda?

Oír a la gente, porque la gente está cansada de las mismas conductas de todos los políticos. La verdad no tiene dueño, pero tampoco la corrupción. Ha habido de todos, la gente requiere un verdadero cambio, escuchar sus propuestas, no más impunidad, no más corrupción, es cierto; pero también empleos, pero también un cambio general de actitudes, no más prepotencia, no más exhibiciones, no más improvisaciones, requerimos un trabajo profesional de los políticos y un trabajo profesional también de los que administran recursos, eso es importante.

Nuestra lección tendría que ser oír a la gente, escuchar qué quiere, saber cuál es la evaluación que hacen.

Y a los estados, yo soy chiapaneco, no se les debe evaluar desde un escritorio, desde estadísticas sesgadas, desde informes ejecutivos; a los estados hay que evaluarlos desde allá, desde donde estamos viviendo una realidad diferente a la del centro.

En mi estado, quiero aprovechar esta oportunidad, es necesario revisar el conflicto de la Coordinadora, ¿por qué?, porque es un estado con un ADN diferente, donde la mezcla de etnias, la mezcla de razas, la mezcla de climas, la mezcla de historia requieren una atención especial.

La reforma educativa es muy buena, pero requiere que los maestros sepan que no es punitiva, como no lo es, que van a tener tiempo de prepararse para evaluarse, que vamos a respetar sus derechos laborales, eso es lo que requerimos, como se requieren en diferentes estados diferentes cosas.

Ahora, tampoco es momento ni de triunfalismos ni de sentirse derrotado, porque todos y cada uno de nosotros sabemos que ni victoria ni derrota son para siempre, ni la soberbia del victorioso, porque la victoria va a pasar y habrá que entregar resultados; ni tampoco derrotado y sentir que no hay futuro, porque cada día trae su propia respuesta y estamos obligados a aprender para ser mejores.

¡Que viva Chiapas, que viva México!

Muchas gracias, compañeros.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Salazar Farías.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Diputado Federico Döring Casar: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Si hay mucho que celebrar, ha sido una jornada buena en la que no ha ganado un partido político en particular, sino gana la democracia y ganan los ciudadanos.

Es una jornada en la cual si vemos las notas, no hablan del abstencionismo, venimos de varias elecciones donde la principal crítica post electoral había sido la escasa participación ciudadana. Esa no es la reflexión que tiene hoy la opinión pública ni lo que escucha el pueblo de México, escucha dónde hubo alternancia y en dónde hubo competencia reñida, pero esa es una muy buena noticia.

Y es un gran avance, comparado como eran las elecciones hace muchos años, paradigmáticamente como eran en 1988, hay avances, no se cayó un solo sistema, funcionarios todos los PREP, dejamos atrás lo que pasó en Colima hace apenas unos meses, pero sí hay muchas reflexiones:

Primera, aquí se ha dicho, y es cierto, todavía hay un tramo de injerencia de los gobernadores, y hay que revisar la coordinación entre el INE y las OPLEs.

Decía el Diputado Emilio Chapa, hay que revisarla y hay que ver qué pasó en Chiapas, qué pasó en Durango, qué pasó en Quintana Roo, donde esta Comisión Permanente hizo dos exhortos, uno para mover la fecha del debate que se había programado en las ciernes del sábado anterior inmediato en elecciones; sesionó el Instituto Estatal de Quintana Roo, y ante el exhorto de la Comisión Permanente decidieron ratificar con punto y coma, la decisión previa.

Y también se les hizo la sugerencia por parte de la Comisión Permanente y de una llamada que hiciera el Secretario de Gobernación a petición de la Comisión que para ese efecto generamos y que es una cosa buena que se hizo en la Comisión Permanente para el conteo rápido, y tampoco existió.

Hay incidentes de los que no se ha dicho nada aquí, que no pueden pasar desapercibidos, los incidentes que vivieron dos Senadores de la República y un Diputado Federal, que no se habían visto en las elecciones anteriores, y que ponen de manifiesto lo que decía el Diputado Acosta Naranjo, la intervención grosera y burda a veces de los gobernadores de la entidades federativas.

Pero, en términos generales ganaron los ciudadanos, hago mías las palabras del Diputado Acosta Naranjo en términos de que las alianzas llegaron para quedarse.

El PRI tiene derecho a aliarse con quien quiera y como quiera, también lo tiene Acción Nacional, y también lo tienen todas las fuerzas políticas; y las alianzas que hicimos con el PRD fueron exitosas, y tan exitosas que fueron merecedoras de haber depositado la confianza de los ciudadanos, incluso donde no hicimos alianzas con el PRD, hubo demócratas que tenían tal hálito de alternancia que apoyaron a candidatos de Acción Nacional a pesar de no haber alianza.

En estados como Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes fue tal el ánimo de alternancia que demócratas vieron por encima de sus partidos, que demócratas pusieron el interés de su estado y de México por encima de las incapacidades para construir alianzas electorales de los institutos partidistas, y ése es un triunfo de los ciudadanos y es un triunfo de los demócratas.

Porque hay quienes no sólo le apostaron a la guerra sucia, sino quienes también le apostaron a sabotear las alianzas ajenas. En ese argumento maniqueo donde si alguien se alía con los demás, es un demócrata, y si alguien se alía con los restantes, es un “Frankenstein”, no compañeros.

En lo único en lo que le podemos tomar la palabra al PRI, después de los resultados, es en que hay que pasar de las alianzas, a las alianzas con gobernabilidad garantizada, en eso sí le podemos tomar la palabra a Manlio Fabio Beltrones, en lo que ha dicho el Diputado Acosta Naranjo.

Las alianzas llegaron para quedarse, todas, las de ustedes y las de nosotros. Ahora hay que darles a esas alianzas, contenido de gobernabilidad y legislar sobre los gobiernos de coalición y cómo las alianzas tengan estabilidad política en lo electoral y en el ejercicio administrativo del poder político.

Hay mucho que revisar, nosotros simplemente queremos celebrar que los ciudadanos le ganaron a la guerra sucia, que la democracia le ganó a la guerra sucia y que hoy día podemos celebrar que hay democracia con participación alta, sin abstencionismo y ojalá el gobierno y el partido en el gobierno, no haga de una crisis electoral una crisis política, y dejemos las elecciones donde están, concluidas.

Exhorto a todos, a los que ganaron y a los que perdieron, a mi partido y de todos los partidos, a que no denigren la democracia impugnando lo que saben que los ciudadanos no les concedieron en las urnas. Si somos demócratas, sabremos reconocer dónde ganamos y en dónde perdimos. El demócrata se conoce no sólo cuando gana, sino también cuando no gana.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Döring Casar.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Enrique Burgos García, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Enrique Burgos García: Con su permiso, señor Presidente.

Si hiciésemos de esta participación una referencia de los sentimientos o de los resentimientos, el camino sería largo e inagotable, y creo que nadie podríamos sentirnos exentos de señalamientos, de referencias en cualquier entidad, no acabaríamos, el debate se prolongaría, habría elementos en ambos sentidos o en muchos sentidos para hablar de todo lo ocurrido, ocurrió, esto ha pasado en varios estados, en los que se ganaron y en los que se perdieron.

Con objetividad tenemos que pasar y dar el siguiente paso, tenemos que avanzar, y efectivamente ya no se trata de una reyerta o de una descalificación, se trata del análisis, se trata de profundizar en lo ocurrido para todos.

En las elecciones como un ejercicio de competencia se gana o se pierde, no hay novedad en eso, es propio de la democracia. Lo importante es asumir la actitud de participar, de transformar y de mejorar, ésa es la esencia de la democracia.

Finalmente la democracia es un fenómeno perfectible, no hay una democracia que por sí sola se sienta agotada. Hay debate, eso sí es cierto, y en el orden mundial, que cuestionan si la democracia ha sido la vía para perfeccionar o para modificar el bienestar de los pueblos.

Nosotros estamos convencidos de que sí, la democracia es la vía y es sin duda alguna el instrumento. Fueron elecciones altamente competidas, las diferencias permitieron resolver y lo calificarán en su momento los órganos electorales, resolver quien asumía o no responsabilidades futuras públicas, pero el conjunto de la votación ahí está, el conjunto de los haberes o no, de los partidos políticos está ahí presente.

Las elecciones, también son lecciones, en ellas se reflejan aciertos y desaciertos, nadie podrá sentirse excluido de ello.

La ciudadanía requiere de todos los partidos políticos, nadie podrá sentirse exento, la afirmación tangible de que pese a todo éste sigue siendo nuestro camino, pese a las circunstancias y a las coyunturas.

El evento democrático más relevante de todos es justamente el proceso electoral, es la expresión de la voluntad popular, y porque en sentido metafórico es cuando habla el pueblo y cuando habla el pueblo la posición es respetar lo que haya hablado el pueblo, en eso no hay inconformidad, hay análisis, hay respuestas a eso.

Creo que es indispensable abrir camino, no a un partido político en lo particular.

Es indispensable abrir camino a la democracia, a una democracia más elevada, a una democracia como lo dice el artículo 3o. constitucional, como una forma de un constante mejoramiento social, cultural, de todo el conjunto de la sociedad mexicana. Esa es la búsqueda final de la democracia.

Estaremos atentos a las conclusiones que haga el árbitro electoral, por supuesto que el futuro de la democracia nos corresponde a todos: a ciudadanos, gobierno y partidos políticos.

Pero tenemos en lo particular, ahora que hablamos de la participación de los partidos políticos. Tenemos una responsabilidad real, más elevada, no detenerse en el accidente, en la coyuntura, en la descalificación fácil, la que no encuentra camino.

Veamos con más profundidad, ¿Qué espera la ciudadanía de los partidos políticos?

¿Qué espera de nosotros?

¿Cómo acreditaremos la capacidad, no de cuestionarnos, descalificarnos, sino de construir las mejores respuestas?

Ciertos, por supuesto, no lo ignoramos, hay contrastes, hay insuficiencias, hay déficit, pero la tarea nos corresponde a todos.

Es tarea de la que no se puede eludir, habrá que elevar el debate.

Si algo vimos es que hubo empobrecimiento en el debate y habrá que mejorarlo; habrá que construir rutas, caminos y vías que no denigren, que no alteren la composición social, que no opongan a los nuestros, que no desintegren la fuerza de la unidad social.

Quienes asuman en el futuro una vez calificadas las elecciones.

Responsabilidades públicas, tendrán el respeto y tendrán la solidaridad de los partidos políticos que aquí concurrimos, hablo por mi partido, por el Partido Revolucionario Institucional.

Tendrán solidaridad y tendrán respeto, porque el camino es un camino institucional.

Partido significa y tiene la connotación de parte, partido es parte, pero siendo parte, agotado el proceso electoral. Estamos todos los partidos políticos obligados a la indispensable unidad del Estado mexicano. El partido es parte en la contienda, pero agotada, estamos obligados a la conformación y al fortalecimiento de la unidad de la integración en su conjunto del Estado mexicano.

Que así sea, que cada quien haga su tarea, con altitud de miras, con creatividad y con un compromiso social real.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Burgos García. Se ha agotado el registro de oradores.





 

Pasaremos a la discusión de dictámenes aprobados en comisiones el día de ayer y sobre los cuales no hay oradores registrados ni reservas presentadas.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con ellos.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Doy cuenta con los dictámenes.

Tenemos 19 de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1.- Por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a enviar información sobre el estado que guarda el proceso de licitación pública nacional, relativo al parque vehicular.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

2.- Por el que se exhorta al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a informar los alcances y resultados de las diversas acciones implementadas en el estado de Colima.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

3.- Por el que se solicita a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, informar sobre el estado que guarda la aprobación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuajimalpa.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

4.- Por el que se exhorta el Ejecutivo Federal a evaluar la pertinencia de instituir el “Día del Pluralismo Cultural”.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

5.- Por el que se solicita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un informe sobre el avance en el proceso de sistematización del Registro Nacional de Víctimas.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

6.- Por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca, a informar sobre los avances en las investigaciones en el caso de abuso sexual contra niños.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

7.- Por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a informar sobre las acciones que se llevan a cabo para eliminar o clausurar los túneles utilizados por la delincuencia organizada.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

8.- Por el que se exhorta a informar sobre los avances del cumplimiento de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “Sobre la Falta y/o Actualización de Programas de Manejo en Áreas Naturales Protegidas de Carácter Federal y su relación con el Goce y Disfrute de Diversos Derechos Humanos”.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

9.- Por el que se exhorta a esta Soberanía a informar los resultados de la auditoría a la ejecución de las obras relativas a la recuperación, rehabilitación y mejoramiento del espacio público del entorno de la Residencia Oficial de Los Pinos, denominada parque “El Mexicanito”.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

10.- Por el que se exhorta al gobernador del estado de Morelos, a evaluar e informar los alcances y resultados de las diversas acciones implementadas en el estado de Morelos, en materia de seguridad pública.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

11.- Por el que solicita al gobernador del estado de Michoacán, que informe las acciones implementadas recientemente para salvaguardar la seguridad, integridad y patrimonio de los ciudadanos de la entidad.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

12.- Por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe sobre el estado que guarda la solventación de la solicitud de aclaración realizada por la Auditoría Superior de la Federación, en relación con el pago indebido a un proveedor de servicios de fletes para la entrega de medicamentos.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

13.- Por el que se exhorta a realizar una auditoría sobre los recursos destinados para la adquisición, instalación y mantenimiento de luminarias en la Delegación Benito Juárez.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

14.- Por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar de las acciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos en la ejecución de la campaña “#YoMeFijoYoRespeto”.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

15.- Por el que se considera atendida la proposición que solicita el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México de instruir a sus colaboradores a realizar las acciones pertinentes para atender las demandas de los habitantes de la Delegación Tlalpan.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

16.- Por el que se considera atendida la proposición que exhorta a garantizar y respetar la labor de personas defensoras de derechos humanos.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

17.- Por el que se consideran atendidas las propuestas para convocar a un periodo de sesiones extraordinarias a las Cámaras del Congreso.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

18.- Por el que se consideran atendidas las propuestas para exhortar al Congreso del estado de Nayarit, a homologar su legislación en materia de paridad de género.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

19.- Por el que se considera atendida la propuesta para exhortar a fortalecer los planes, programas y acciones tendientes a prevenir los impactos ocasionados por un desastre natural.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Tenemos 21 dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

1.- Por el que se exhorta a las autoridades competentes del estado de Jalisco a que analicen la situación de los miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

2.- Por el que solicita a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades federativas y de los municipios que realicen campañas informativas en las que se enfatice la gratuidad de la educación y se reitere la prohibición de exigir el pago de cualquier cuota.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

3.- Por el que se expresa la preocupación ante las implicaciones y repercusiones del proceso político constitucional seguido contra la Presidenta de Brasil Dilma Rousseff.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

4.- Por el que se exhorta al Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional a mantener y fortalecer los canales de diálogo con la comunidad estudiantil y académica del propio instituto.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

5.- Por el que solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre los objetivos y las propuestas de nuestro país para fortalecer las relaciones con Estados Unidos y Canadá.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

6.- Por el que la Comisión Permanente se pronuncia a favor del fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática en los países de América Latina y El Caribe.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

7.- Por el que se exhorta al Congreso del estado de Guanajuato a realizar las investigaciones pertinentes respecto de las licitaciones y adquisiciones de medicamentos realizados por el gobierno de la entidad para que estén apegadas a la normatividad.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

8.- Por el que se solicita fortalecer las políticas encaminadas a prevenir el tabaquismo entre los jóvenes.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

9.- Por el que se exhorta a continuar promoviendo ante la Organización de los Estados Americanos los esfuerzos de los Estados Miembros que así lo soliciten, para tomar las medidas legislativas y otros medios apropiados para garantizar el acceso a la información pública, en particular para la implementación de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

10.- Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones diseñadas para brindar orientación a las mujeres embarazadas que han estado expuestas al virus de Zika.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

11.- Por el que se exhorta a fortalecer los protocolos y programas diseños para prevenir y atender la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en los planteles de educación básica y media superior del Sistema Educativo Nacional.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

12.- Por el que solicita información sobre las implicaciones financieras y operativas derivadas de la puesta en marcha de la primera fase del Sistema Universal de Salud.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

13.- Por el que se exhorta a promover ferias estatales que permitan a todos los jóvenes del estado de Guerrero, tener acceso a oportunidades educativas y laborales que contribuyan a consolidar su desarrollo personal.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

4.- Por el que solicita al Instituto Coahuilense de Cultura, al municipio de Monclova y al Instituto Nacional de Antropología e Historia un informe sobre la situación legal y física del museo Coahuila-Texas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

15.- Por el que se exhorta a intensificar el apoyo a los familiares de las víctimas de los incidentes mortales por el uso excesivo de la fuerza letal de los agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

16.- Por el que se exhorta a realizar las acciones necesarias para garantizar que en la prestación de los servicios de salud se ofrezca un trato respetuoso de los derechos humanos, digno, oportuno y una atención de calidad.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

17.- Por el que se exhorta a impulsar acciones que le permitan dar seguimiento y garantizar los derechos de las niñas y los niños que viven con sus madres en los centros de reclusión en términos de la legislación aplicable.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

 18.- Por el que se exhorta a impulsar las acciones necesarias para promover el uso responsable de las redes sociales.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

19.- Por el que se exhorta a que las y los comisionados integrantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales realicen diversas acciones en torno a la Plataforma Nacional de Transparencia.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

20.- Por el que solicita un informe sobre el estado que guarda la implementación de las estrategias y líneas de acción establecidas en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

21.- Por el que se invita a don Fernando del Paso Morante a una sesión solemne para hacerle entrega de un reconocimiento por su obra y trayectoria.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



(Intervención del Senador Gerardo Sánchez García)



Les informo que este último dictamen corresponde al grupo de dictámenes reservados para discusión.

El Senador Gerardo Sánchez García anunció el retiro de su intervención para que el dictamen pueda ser sometido a su consideración sin debate.





 

Tenemos 21 dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1.- Por el que se exhorta a realizar los estudios que permita evaluar las disposiciones contenidas en la Norma 012-SCT-2-2014, sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

2.- Por el que se exhorta a analizar el diseño de mecanismos que den solución al bajo precio por la tonelada de algodón.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

3.- Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Michoacán para que cumpla con sus obligaciones laborales ante los trabajadores al servicio del estado de Michoacán.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

4.- Por el que se exhorta que en el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se considere una partida destinada a mejorar, renovar y ampliar la infraestructura hídrica del municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

5.- Por el que se exhorta publicar la tabla de evaluación de incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

6.- Por el que se exhorta a promover el uso de zeolitas naturales como fertilizante.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

7.- Por el que se exhorta a atender los problemas que se presentan en la Reserva de la Biósfera “La Encrucijada”.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

8.- Por el que se exhorta a fomentar políticas públicas y promover programas para incrementar la producción del cacao en el país.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

9.- Por el que se exhorta a remitir un informe sobre posibles conductas anticompetitivas en el sector financiero y las acciones para mejorar los servicios bancarios.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

10.- Por el que se exhorta a informar sobre el avance en los pagos pendientes de liquidar a los productores de maíz el país.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

11.- Por el que se exhorta a actualizar la lista de especies en riesgo.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

12.- Por el que se exhorta a presentar un informe que contenga el número, montos, descripción y contenido detallado de los proyectos incorporados durante 2016 al Programa para la Prevención y Gestión Integral de Residuos que se refieran al reciclaje de residuos.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

13.- Por el que se exhorta a evaluar la realización de un reajuste en las tarifas eléctricas en los municipios del estado de Chiapas, que beneficie a sus pobladores.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

14.- Por el que se exhorta a fortalecer e intensificar las estrategias tendientes a mejorar el uso eficiente de captación de agua en beneficio de los sectores agrícola e industrial del país.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

15.- Por el que se exhorta a incentivar, promover y fortalecer políticas de industrialización, distribución y consumos de la piña, en el municipio de Loma Bonita, Oaxaca.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

16.- Por el que se exhorta a implementar un mecanismo para ofertar insumos energéticos de uso agrícola como la gasolina, diésel, energía eléctrica y fertilizantes a precios competitivos, velando siempre por la estabilidad de las finanzas públicas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

17.- Por el que se exhorta a evaluar la pertinencia de establecer mecanismos que mejoren los sistemas de acopio del trigo.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

18.- Por el que se exhorta a informar sobre el seguimiento que está dando al diálogo con los usuarios de energía eléctrica con las organizaciones “Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia” y de “Ciudadanos Unidos por Huauchinango” en relación a los cobros del servicio.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

19.- Por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a remitir un informe sobre las acciones implementadas a raíz de la alerta púrpura relativa al tráfico de "buche de totoaba".

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

20.- Por el que se exhorta a evaluar la celebración de un convenio de colaboración internacional para fomentar el empleo decente entre los jóvenes.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

21.- Por el que se exhorta a informar sobre la situación que guarda el proceso de designación de la vacante del Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Señor Presidente, informo que estos tres últimos dictámenes se tenían reservados para su discusión. Los oradores informaron del retiro de su intervención para que se pongan a consideración del Pleno sin debate.

Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulto a los legisladores, ¿si alguno desea reservar los dictámenes que han sido leídos por la Secretaría?

No existen reservas, y debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, y de esa manera se hacen del conocimiento de la Asamblea, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Diputada Xitlalic Ceja García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes sobre los puntos de Acuerdo que se han referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Compañeros legisladores: Informo a ustedes que las iniciativas y proposiciones que comprenden su segunda inscripción, se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO

(Presentada por la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, Diputada María Bárbara Botello Santibáñez integrante del grupo parlamentario del PRI a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 26 de enero de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación diversas modificaciones a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario (LRSF), misma que regula la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento del servicio público de transporte ferroviario.

En virtud de que dicha Ley que fue promulgada el 12 de mayo de 1995, hasta el año pasado no había sufrido modificación alguna, los diputados y senadores de la LXII Legislatura de este H. Congreso de la Unión consideraron pertinente realizar modificaciones y adiciones a diversos artículos, con el objetivo de actualizar la norma a las condiciones que actualmente necesita el transporte ferroviario.

Las modificaciones a dicha Ley tuvieron entre otros propósitos, la creación de una Agencia Reguladora del Servicio Ferroviario, la cual tiene entre sus facultades la vigilancia y regulación de la interacción que tengan concesionarios, permisionarios y usuarios del transporte de carga o pasajeros.

La LRSF regula en su artículo 6 bis las atribuciones de la Agencia Reguladora del Servicio Ferroviario, entre las que figura la fracción XI, que establece el registrar los Servicios Diversos, sus reglas de aplicación y sus tarifas, en términos del artículo 46 de la misma Ley. Dicho artículo establece lo siguiente:

Artículo 46. Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas, en términos que permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, eficiencia, competitividad, seguridad y permanencia.

Los concesionarios registrarán previamente ante la Agencia, para su puesta en vigor, las tarifas máximas aplicables a la prestación del servicio público de transporte ferroviario y a la prestación de los servicios diversos, atendiendo a las características específicas de cada servicio, debiendo publicarlas en medios electrónicos. Se exceptúan de lo anterior, aquellas tarifas que sean pactadas mutuamente entre concesionarios y usuarios, las cuales deberán estar disponibles en todo momento a petición de la Agencia.

Para el caso de los servicios diversos, además de las tarifas aplicables a los mismos y cualquier otro cargo, los concesionarios deberán registrar ante la Agencia el catálogo de dichos servicios y cargos, y sus reglas de aplicación, pudiendo la Agencia, en cualquier momento, solicitar información adicional respecto de la determinación de dichas tarifas.

Cualquier modificación a las tarifas máximas de servicios diversos y cargos deberá ser registrada ante la Agencia antes de su aplicación, debiendo el concesionario acompañar la justificación correspondiente. La Agencia podrá emitir recomendaciones respecto de los incrementos propuestos. Asimismo, la Agencia podrá, en cualquier momento, en caso de estimarlo conveniente, solicitar la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica para que proceda en términos de sus facultades.

En ese entendido, el artículo 46 establece lo siguiente:

Primer párrafo: El derecho para que concesionarios y permisionarios a fijar libremente las tarifas de los servicios que presten.

Segundo párrafo: La obligación para el concesionario de registrar las tarifas ante la Agencia.

Tercer párrafo: Sólo para los servicios diversos los concesionarios deber registrar también el catalogo y reglas de aplicación.

Cuarto párrafo: El procedimiento que deben llevar los concesionarios para modificar las tarifas ya registradas ante la Agencia.

Como se observa, a partir del segundo párrafo la obligación respecto a los servicios diversos solo recae a los concesionarios, siendo que también son los permisionarios los que pueden prestar dichos Servicios Diversos.

Los Servicios Diversos son aquellos que pueden ser prestados tanto por el concesionario como por el permisionario de manera complementaria al Servicio Público de Transporte Ferroviario, de entre los cuales se contemplan: almacenaje, demoras, derecho de piso, arrastre dentro de la terminal, renta de equipo tractivo y de grúas, detención en tránsito y limpieza del equipo de arrastre.

En ese orden de ideas, al estar facultados los permisionarios para prestar servicios a los usuarios y concesionarios del transporte ferroviario, se considera que no hay igualdad en el hecho de que sólo sean los concesionarios los sujetos obligados en registrar las  tarifas, catálogos y reglas de aplicación ante la Agencia Reguladora del Servicio Ferroviario.

La presente iniciativa tiene el objetivo de preservar el principio de legalidad en las acciones que habrá de realizar la Agencia una vez que se materialice su creación por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues la esencia principal para la creación de la Agencia fue el carácter de vigilar, prevenir y regular el transporte ferroviario y todos los servicios que necesarios para su óptimo funcionamiento.

Los servicios diversos al poder ser prestados por personas distintas a los concesionarios estimulan la apertura del mercado de los servicios accesorios que necesita el transporte de carga o pasajeros por vía férrea.

En ese tenor, para asegurar la igualdad de condiciones entre los distintos actores que presten servicios accesorios, es indispensable que se adicione que los permisionarios deben registrar las tarifas, catálogo y reglas de operación ante la  Agencia.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO.

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para quedar como sigue:

Artículo 46. Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas, en términos que permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, eficiencia, competitividad, seguridad y permanencia.

Los concesionarios y permisionarios registrarán previamente ante la Agencia, para su puesta en vigor, las tarifas máximas aplicables a la prestación del servicio público de transporte ferroviario, servicios auxiliares y a la prestación de los servicios diversos, atendiendo a las características específicas de cada servicio, debiendo publicarlas en medios electrónicos. Se exceptúan de lo anterior, aquellas tarifas que sean pactadas mutuamente entre concesionarios y usuarios, las cuales deberán estar disponibles en todo momento a petición de la Agencia.

Para el caso de los servicios diversos, además de las tarifas aplicables a los mismos y cualquier otro cargo, los concesionarios y permisionarios deberán registrar ante la Agencia el catálogo de dichos servicios y cargos, y sus reglas de aplicación, pudiendo la Agencia, en cualquier momento, solicitar información adicional respecto de la determinación de dichas tarifas.

Cualquier modificación a las tarifas máximas de servicios diversos y cargos deberá ser registrada ante la Agencia antes de su aplicación, debiendo el concesionario o permisionario acompañar la justificación correspondiente. La Agencia podrá emitir recomendaciones respecto de los incrementos propuestos. Asimismo, la Agencia podrá, en cualquier momento, en caso de estimarlo conveniente, solicitar la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica para que proceda en términos de sus facultades.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 8 de junio de 2016.

Atentamente

Dip. María Bárbara Botello Santibáñez.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El suscrito, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, Diputado integrante del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en materia de desplazamiento forzado interno, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Los Principios Rectores del Desplazamiento Interno de la Organización de las Naciones Unidades (ONU), definen el fenómeno de desplazamiento forzado interno en los siguientes términos:

“…las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.1

La necesidad de buscar un lugar donde se puedan refugiar de dichos actos de violencia vulnera severamente la dignidad de la ciudadanía y constituye un hecho victimizante que a su vez provoca fragmentación y desintegración de familias o comunidades, por lo que debe ser abordado por las autoridades con responsabilidad y políticas eficaces.

En el informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de movilidad humana en México” presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de fecha 18 de agosto de 2014, enuncia que la principal causa del desplazamiento forzado interno en México es la situación de violencia.2

En este mismo sentido, recientemente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó el primer Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México, en donde refleja que este es un problema que afecta más de 35,000 personas, y que ha ido en aumento principalmente por la escalada de violencia en diversas regiones del país, y vinculado directamente al combate al crimen organizado. En este sentido, se señala que la mayoría de las víctimas de esta problemática son personas que huyen de la presencia criminal en sus lugares de residencia, de extorsiones, conflictos internos permanentes, operaciones militares y proyectos de infraestructura en desarrollo.3

En el mismo sentido, en el año 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que el desplazamiento forzado interno ha sido relacionado primordialmente con la violencia que generan los grupos del crimen organizado, pero destacando también los megaproyectos de desarrollo como causantes de este fenómeno.4 En este sentido, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez publicó en el año 2010 un estudio donde se señala a los proyectos de las 70 hidroeléctricas que se están desarrollando en el país como los causantes de la migración de más de 170 mil personas.5

El mencionado informe de la CNDH señala al Estado de Tamaulipas como la entidad que tiene el mayor número de víctimas, contando con 20,000 desplazados, seguido del estado de Guerrero con 2,165 casos, Chihuahua con 2,008 desplazados, Veracruz con 1,131 casos, Sinaloa con 1,065, Michoacán con 728 casos, Durango con 430, Oaxaca con 250 y Chiapas con 128. Vale la pena destacar que Internal Displacement Monitoring Center estimó que para finales de 2014 había aproximadamente 281,400 desplazados internos en México.6

Vale la pena destacar que, de acuerdo a distintos estudios, aproximadamente el 80 por ciento de las víctimas de este fenómeno son del género femenino, las cuales se ven expuestas a sufrir otros delitos como abuso sexual, desaparición forzada, asesinatos o secuestros.7

II. La CIDH externó su preocupación acerca de que las autoridades no reconozcan plenamente la magnitud del problema que representa el desplazamiento forzado interno, lo que impacta en la falta de datos fiables y diagnósticos sobre el grave impacto que este fenómeno tiene en el país.

De esta manera, a pesar de la grave presencia y las consecuencias de este fenómeno, que constituye una violación a los derechos humanos, nuestro país no cuenta con los instrumentos jurídicos necesarios para diagnosticar la problemática, ni tampoco para hacerle frente desde una perspectiva integral, basada en el respeto a la integridad y los derechos de las personas, la reparación del daño y la no repetición de los hechos victimizantes.

Este vacío institucional se reproduce en los tres órdenes de gobierno, dado que los gobiernos locales no cuentan con la capacidad para enfrentar este fenómeno y proteger los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado interno.

Los esfuerzos realizados por la CNDH para atender este fenómeno, como el mencionado Informe Especial y un protocolo de actuación que emitirán próximamente, representan un avance significativo, sin embargo, se requiere de una política de Estado integral que sea capaz de atender las causas de este problema, enfrentar sus consecuencias y brindar atención integral a las víctimas.

La CIDH, a su vez recomendó elaborar un diagnóstico nacional sobre desplazamiento interno forzado en México y adoptar una política nacional para abordar dicho fenómeno conforme a los estándares internacionales en la materia.

Por ello, en Movimiento Ciudadano estamos convencidos que debe atenderse el llamado de la CNDH, específicamente, lo relativo a la expedición de una Ley General que abarque las medidas de asistencia legal y jurídica a la población, que garantice la investigación y seguimiento de cada caso, el restablecimiento de los derechos y la defensa de los bienes afectados, así como el establecimiento de las normas de seguridad frente a la delincuencia organizada y para el regreso voluntario de los ciudadanos desplazados a su zona de origen, o bien, para su reubicación.

Mediante la presente iniciativa, Movimiento Ciudadano propone que se atienda la recomendación de los organismos internacionales para que México legisle en materia de desplazamiento forzado interno, iniciando con la expedición de una legislación general que siente las bases de una política de Estado capaz de enfrentar este fenómeno. Por ello, planteamos una reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la cual se faculte al Congreso de la Unión para emitir la legislación general en materia de desplazamiento forzado interno.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a  XX. […]

XXI. Para expedir:

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, desplazamiento forzado interno, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

[…]

b) a c) […]

XXII. a XXX. […]

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Una vez publicado el Decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Congreso de la Unión contará con un plazo no mayor a 180 días para expedir la Ley General de Desplazamiento Forzado Interno, debiendo contemplar como mínimo los derechos de las víctimas de este fenómeno, las obligaciones del Estado en la materia, las medidas preventivas y de no repetición del daño, los mecanismos de investigación, las medidas de atención integral y reparación del daño, y las sanciones.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 8 de junio de 2016.

Dip. José Clemente Castañeda Hoeflich.

1 “Informe Especial sobre Desplazamiento Interno Forzado (DFI) en México”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (Mayo, 2016), página 8, recuperado de:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdf

2 “Desplazamiento Forzado Interno en México”, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, (diciembre, 2014), recuperado de: http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-desplazamiento-web.pdf

3 “Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (16 de mayo de 2016), recuperado de:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdfderechos

4 “Autodefensas, megaproyectos y violencia agudizan desplazamiento forzado interno: CNDH”, Crónica, (19 de mayo de 2016), recuperado de: http://www.cronica.com.mx/notas/2016/961929.html

5 Quetzalcoatl g. Fontanot. (2012). Mega proyectos, Violaciones a Derechos Humanos y Daños Ambientales. 2015, de Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Sitio web:
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/FAssociation/NaturalResource/Centro_de_DDHH_S.pdf

6 “Observaciones Preliminares de la Visita in Loco de la CIDH a México”, Organización de los Estado Unidos Americanos, (2 de octubre de 2015), recuperado de:
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/112A.asp

7 “El desplazamiento interno forzado en México visto desde la perspectiva de género”, Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, recuperado de:
http://www.redalyc.org/html/325/32529943004/





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

(Presentada por el Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del PES)

El que suscribe, ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO, Diputado Federal a la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, 56 y 57 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete, a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) se encuentra gravemente desarticulado; no existen fondos públicos que se destinen de manera particular al fortalecimiento de los sistemas municipales de protección civil.

Como consecuencia, en la operación del SINAPROC se observa una grave desvinculación entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad, lo que deriva en una nula conciencia, compromiso y responsabilidad, tanto por parte de la ciudadanía como de la misma autoridad.

Durante muchos años, nuestro país careció de un organismo medianamente efectivo que se encargara de la protección civil; prueba de lo anterior, fueron las emergencias vividas por el incendio de San Juanico en 1984 y el terremoto del 85 en la Ciudad de México.

Ambos eventos, pusieron en evidencia el frágil sistema de protección civil con el que contaba nuestro país; las autoridades se vieron fácilmente superadas por la tragedia, y no fueron capaces de responder medianamente a ambas emergencias.

La falta, tanto entonces como ahora, de una efectiva cultura de protección civil, ha provocado que las y los mexicanos continuemos siendo muy vulnerables ante el embate de los numerosos fenómenos naturales –cada vez mayores, en número e intensidad- que vienen azotando al país, acarreando graves pérdidas humanas y materiales.

Solamente, en el periodo comprendido del 2000 al 2012, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), documentó 163 eventos naturales que dejaron considerables afectaciones a lo largo y ancho del territorio nacional.

Por otra parte, la falta de una adecuada planeación y financiamiento de los programas de protección civil entre la federación, los estados y municipios, ha propiciado una muy deficiente aplicación de los recursos que se destinan a la materia en los tres órdenes de gobierno.

Prueba de lo anterior, es la falta de organismos municipales institucionalizados que se encarguen de la protección civil en sus localidades. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía contenidos en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2013, únicamente 1239 municipios cuentan con un área encargada de la protección civil de sus pobladores y solo 112 municipios cuentan con cuerpo de bomberos; situación que afecta la adecuada operación del SINAPROC.

Estas instituciones municipales deben encargarse de atender las emergencias cotidianas regionales; sin embargo, los propios municipios de nuestro país, en su mayoría, no cuentan con suficientes recursos humanos y materiales para enfrentar de manera oportuna los imponderables habituales de la comunidad.

De igual forma, un número importante de municipios en México no llevan a cabo acciones preventiva, ni campañas de concientización que contribuyan a la vinculación de la sociedad civil en la implementación de un sistema integral de protección civil, donde autoridad y población sean corresponsables de las medidas que se deberán tomar ante la eventualidad de cualquier tipo de emergencia.

Nuestro actual sistema de protección civil centraliza los recursos humanos y materiales que se destinan para atender el SINAPROC; en este sentido, se trata de un modelo poco cooperativo, vertical e ineficiente; incapaz de atender la más mínimas emergencias. Esta situación no abona en nada a la creación y desarrollo de un mayor número de organismos municipales que se encarguen de la protección civil.

Una de las consecuencias de la concentración centralizada y mala planeación del SINAPROC es el hecho de que las fuerzas armadas sigan jugado un papel muy importante en la atención de desastres; no hemos sido capaces de inmiscuir en mayor medida a nuestras autoridades locales y a la población misma, lo que refleja la falta de recursos que padecen los municipios para poder contar con verdaderos organismos de protección civil capaces de interactuar y organizar a la población ante cualquier tipo de emergencias para evitar desastres.

Resulta prioritario, entonces, dotar de recursos públicos a nuestros sistemas de protección civil municipal para garantizar la salvaguarda de la población civil; a la fecha no existe uniformidad entre los organismos encargados, a nivel municipal, de la protección civil.

Por lo anterior, se propone reformar el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal para posibilitar que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, puedan ser destinados para el fortalecimiento del sistema de protección civil municipal.

En Encuentro Social no somos ajenos a las graves carencias que tienen los organismos municipales de protección civil; en este sentido, estamos comprometidos con su desarrollo y consolidación, pues consideramos que deben ser la base del SINAPROC; por lo cual, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la presente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Único. Se reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 37. Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, a la creación, profesionalización, capacitación, coordinación y modernización de los organismos de protección civil, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.


Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 8 de junio de 2016.

Dip. Alejandro González Murillo.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 203 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Presentada por la Diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita, Diputada MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, número 1, los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 203 PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, de acuerdo con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El progreso científico y tecnológico ha aumentado la calidad de vida de los seres humanos, proporcionándoles un estado de bienestar y confort, pero como consecuencia de ello hemos ocasionado un deterioro y una degradación considerable al planeta tierra.

En nuestro país, muchos han sido los desastres ecológicos y ambientales que por accidente o por la acción del hombre han mermado no solo en el patrimonio de las personas físicas o colectivas, sino también han provocado daños irreparables a los ecosistemas y al medio ambiente.

Es por ello, que en la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo” de 1992 de la cual nuestro país es firmante, establece en su principio 13 lo siguiente: “Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar asimismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción...”

En este contexto, en el año de 2013, se publicó la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que tras muchos años de esfuerzos de la sociedad civil mexicana e internacional, académicos, organizaciones civiles y no gubernamentales de protección al ambiente, materializó en nuestro país un ordenamiento jurídico, que regula la reparación y compensación del daño producido al medio ambiente. Sin embargo, aún  son muchos los retos en cuanto responsabilidad ambiental se trata, es por ello que la presente iniciativa de reforma, pretende evitar que la acción para demandar daños ambientales nazca prescrita, y con ello se consolide jurídicamente una denegación de justicia.

El daño al ambiente es aquel que se dirige al conjunto del medio natural, que es considerado como patrimonio colectivo, o alguno de sus componentes de tal manera que se afectan las funciones que estos cumplen en un sistema determinado, independientemente de las repercusiones sobre las personas o las cosas.1

Las afectaciones al ambiente pueden originarse de dos maneras: a) de forma abrupta, repentina, fruto de una causa localizada y única, por ejemplo en el caso de los accidentes, los desastres naturales o el daño provocado, y b) como resultado de causas, difusas, acumulativas o sinérgicas, fruto de la continuidad en el tiempo o de la reacción con otras sustancias por ejemplo en el caso de la contaminación crónica. Se puede ocasionar por un acto u omisión, ser lícito o ilícito, doloso o culposo, lo puede realizar una persona física o moral por sí, o por intervención o encargo de otra.

Así mismo, los efectos que se producen como consecuencia del daño ambiental, suelen exteriorizarse de manera muy lenta, y muchas veces no son producto de una sola acción, sino de un proceso extendido de tiempo y espacio, situación que es provechosa y favorecedora para quien produce el daño ambiental, ya que con el transcurso del tiempo estos pueden desaparecer física o jurídicamente.

Es importante hacer mención que el daño ambiental tiene características diferentes al daño civil, por lo que es necesario que la figura clásica de la prescripción sea reinterpretada tomando en cuenta los principios propios del Derecho Ambiental, y atendiendo a las características propias de este último.

El artículo 203 párrafo segundo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, establece que: “El término para demandar la responsabilidad ambiental, será de cinco años contados a partir del momento en que se produzca el acto, hecho u omisión correspondiente.”, que si bien es cierto aunque dicho precepto no alude a la palabra “prescripción” de manera literal, de la interpretación del Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa, se deprende “que si bien es cierto no alude expresamente a la figura de la prescripción, también lo es que sí indica que el término que tiene la autoridad para demandar la responsabilidad ambiental es de cinco años, además de que prevé cuándo inicia dicho término, al señalar que es a partir del momento en que se produzca el acto, hecho u omisión correspondiente.”2

Por lo anterior, los daños ambientales cuentan con características especiales, como lo es el ser un daño difuso y continuado, que muchas veces y de acuerdo al caso concreto presenta sus efectos después de un periodo de tiempo extendido, razón por la cual el objetivo de la presente iniciativa de reforma es que la prescripción para demandar la responsabilidad ambiental, se compute a partir  de que se tenga conocimiento de los efectos ocasionados por dicho daño ambiental y no solo a partir del momento en que se realizó el acto o hecho correspondiente, como lo contempla la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Lo anterior, tomando en encuentra que existen daños ambientales sobrevinientes, cuyos efectos negativos se perciben con posterioridad, y que es hasta entonces que el interesado está en posibilidad jurídica de ejercer su acción, esta diputación propone que el computo de la prescripción comience no solo en el momento en que aconteció la acción, sino desde que el daño es cierto y susceptible de apreciación, es decir; de que se manifiesten sus efectos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

Que reforma el párrafo segundo del artículo 203 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 203 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 203. […]

El término para demandar la responsabilidad ambiental, será de cinco años contados a partir del día en el que haya terminado por completo de producirse la acción o el hecho generador del daño o se haya producido por última vez la emisión, el suceso o el incidente causante del daño.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente, el 8 junio de 2016.

Dip. María Elena Orantes López.
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
LXIII Legislatura.

1 La reparación de los daños al medio ambiente en México. González Márquez, José Juan, Tesis Doctoral de la Universidad de Alicante. 2001, pagina 123.

2RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. EL ARTÍCULO 203 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE CONTEMPLA LA PRESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE IMPONEN COMO CONSECUENCIA DE AQUÉLLA. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 510/2002. Industrial Minera México, S.A. de C.V. 7 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Alberto González Álvarez. Secretario: Carlos Paulo Gallardo Balderas.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4O. Y 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La que suscribe, MIRZA FLORES GÓMEZ, Diputada integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77, numerales I y II del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de esta Asamblea, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El objetivo que persigue la presente iniciativa por la que se reforman  los artículos 4 y 27 de nuestra Carta Magna es, garantizar que los asentamientos humanos en México sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Es, de vital importancia asegurar y mejorar las condiciones de vida de miles de mexicanas y mexicanos que día a día exponen su vida y su patrimonio al establecerse en determinadas áreas geográficas que no son aptas para el desarrollo de sus actividades cotidianas y su hábitat.

Para argumentar en favor de esta iniciativa, quiero citar a los juristas Antonio Azuela de la Cueva y Miguel Ángel Cancino, quienes en el ensayo “Los asentamientos humanos y la mirada parcial del constitucionalismo mexicano”; exponen muy acertadamente la evolución histórica y la inclusión de la figura de los asentamientos humanos  en nuestro orden jurídico, al respecto dicen:

“El constituyente de 1917 no estaba en condiciones de prever el intenso proceso de urbanización que caracterizaría al siglo XX. La imagen de la relación entre la población y el territorio que privaba entonces era la de una tajante dicotomía entre lo urbano y lo rural; era en este último ámbito donde se ubicaban los grandes problemas nacionales.

Las ciudades eran el lugar desde el cual se analizaban esos grandes problemas, pero éstos estaban en el campo; aquéllas nunca fueron vistas como escenario de problemas sociales que ameritaran la atención del constituyente.

Actualmente no hace falta decir que, independientemente del programa constitucional del Estado posrevolucionario, una de las grandes transformaciones de la sociedad mexicana a lo largo del siglo fue precisamente el proceso de urbanización.

Si a principios de siglo en el campo habitaban tres cuartas partes de la población, hoy esa misma proporción vive en las ciudades. Gran parte de los problemas que hoy experimenta la población (desempleo, desigualdad, inseguridad, riesgos ambientales) están concentrados en las ciudades, o al menos están fuertemente relacionados con la población que se asienta en los territorios urbanos.

Más aún, si hay un ámbito en el que se ha puesto a prueba la capacidad del orden jurídico y administrativo de los estados para poder procesar satisfactoriamente los conflictos sociales, ése es precisamente el de la urbanización.

El constitucionalismo mexicano reconoció, en la reforma de 1975, el fenómeno de los asentamientos humanos a través de una formulación ambiciosa, no sólo en lo que se refiere a la definición misma de una cuestión “emergente”, sino también mediante la pretensión de regularlo inspirado en una idea de justicia social.

Si bien el uso de la palabra “modalidades a la propiedad” ha seguido un curso que suscita cuestionamientos interesantes, ello no es un obstáculo para afirmar que las adiciones al art. 27 constitucional han servido como fundamento para la institucionalización de la planeación de los asentamientos humanos en nuestro país.

En nuestra opinión, a través del régimen de facultades concurrentes el constitucionalismo mexicano ha podido responder a problemas o fenómenos diversos, cuya atención requiere la participación de los tres órdenes de gobierno, bien como una forma de determinar ámbitos de actuación especial sin el rigor de la fórmula prevista en el art. 124 constitucional, o bien para propiciar la coordinación obligatoria entre aquéllos. El texto vigente de la Constitución se refiere a la concurrencia de facultades en el sentido a que nos hemos venido refiriendo en materias tales como salud, protección ambiental, educación, deporte, turismo, pesca y acuacultura y, por supuesto, en asentamientos humanos.”1

“El proceso de urbanización en México, durante el siglo XX, se atribuye al crecimiento económico ligado a la industrialización y su inherente crecimiento poblacional; la población urbana aumento 58 veces: de 1.4 millones de personas en el año 1900 a 81 millones en el 2010, de esta manera la proporción de las ciudades respecto a la población total paso del 10% al 72%, en 110 años.

Así, el número de centros urbanos creció 11 veces y la población urbana aumentó casi 46 veces, lo cual dio lugar a un fenómeno nacional de metropolización. En 1900 existían 33 ciudades de más de 15 mil habitantes, y durante 110 años este número aumento en gran dimensión, a 384 ciudades.”2

Sin embargo, los Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial3, nos proyectan datos más actualizados: se ha demostrado un aumento constante de las tasas de población urbana en México, mientras que en 1990 poco más de 61 millones de ciudadanos mexicanos vivían en las ciudades y centros urbanos, ese número aumentó a más de 99 millones en 2014, lo que corresponde a un crecimiento del 63% en menos de  

A nivel mundial, la urbanización es un fenómeno social con consecuencias de largo alcance. En la actualidad, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas4, la población urbana representa un 54%, y se espera que para el 2050 dicho porcentaje llegue al 66%.

Por su parte, en los estudios realizados por el Banco Mundial5, reflejan datos similares,  hace cien años, 2 de cada 10 personas vivían en zonas urbanas, pero en 1990, menos del 40 por ciento de la población mundial vivía en una ciudad. A principios de 2010, aproximadamente la mitad de la población mundial vivía en zonas urbanas, se estima que para el año 2030, 6 de cada 10 personas vivirán en una ciudad, y en 2050, esta proporción aumentará a 7 de cada 10 personas.

En la década de 1970, los expertos en desarrollo, urbanistas, sociólogos y economistas vieron la urbanización como los signos positivos de la modernización que eventualmente traerían aparejada una mayor democratización y desarrollo de los países.

Como ejemplo de esta teoría, Seymour Martin Lipset, uno de los arquitectos de la teoría de la modernización argumentaba que "todos los diversos aspectos del desarrollo económico -la industrialización, la urbanización, la riqueza y la educación- están tan estrechamente relacionados entre sí de manera que constituyen un factor importante entre democracia y bienestar"6.

Sin embargo, en las últimas dos décadas, se ha comenzado a comprender el fenómeno del desarrollo urbano no como un proceso que inherentemente genere mayor democracia y bienestar, sino como un fenómeno que aumenta la exposición a desastres naturales y antropogénicos, genera mayores problemas económicos y sociales como la marginalidad, movilidad, problemas ambientales y claramente genera riesgos y menor seguridad para la infraestructura y las inversiones del sector público y privado.

A pesar de estas ideas previas como los asentamientos humanos garantes de la justicia social y la democracia, queda claro que éstas no previeron la generación de nuevos retos de las condiciones de vida humana, por ejemplo, el cambio climático, el cual se ha convertido en uno de los principales problemas de la sobrevivencia humana.

Contrario a los que los teóricos de la de modernización aseguraban donde una mayor calidad de vida podría alcanzarse mediante la urbanización, vemos que la combinación de unamala planeación del desarrollo urbano y una falta de políticas de reducción de riesgos de desastres garantizan orbes donde se acumulan problemas sociales y económicos así como la exposición potencial a riesgos de desastres naturales y humanos.

Desafortunadamente, al igual que muchos otros países en desarrollo, México ha sido afectado más fuertemente por los efectos del cambio climático a comparación de los países desarrollados, en especial, en las crecientes Zonas Metropolitanas del país así como en las comunidades rurales.

Las organizaciones internacionales de desarrollo (El Banco Mundial, las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Cruz Roja), alertan de los potenciales riesgos de la rápida urbanización, y en especial, cuando no se gestiona adecuadamente el desarrollo urbano y no se integra una política de reducción de riesgos de desastres (RRD).

Un crecimiento metropolitano mal manejado donde se excluye la planeación multisectorial -el sector privado, el análisis del impacto ambiental, los grupos de las organizaciones de la sociedad civil, los académicos, los grupos vulnerables y sus necesidades-genera gobiernos locales con capacidades reducidas, vulnerables y muy poco resilientes para resistir y recuperarse de los posibles daños de los desastres naturales relacionados con el cambio climático.

Lo anteriormente mencionado, aunado al aumento de los índices de desigualdad del ingreso en México, el aumento de los efectos naturales tanto catastróficos (huracanes, terremotos y tormentas), y cada vez más, los efectos sub-catastróficos de menor escala (inundaciones y desertificación) están afectando de manera desproporcionada a los pobres, las mujeres, los enfermos y generando mayor exclusión social.

En este contexto recordemos que “un país resiliente es aquel en el que las autoridades y la población comprenden sus amenazas y crean bases de información compartida sobre las pérdidas asociadas a la ocurrencia de desastres, las amenazas y riesgos, sobre quién está expuesto y quién es vulnerable. La ciudadanía está empoderada para participar, decidir y planificar su ciudad conjuntamente con las autoridades; y valoran el conocimiento, las capacidades, los recursos autóctonos y toman medidas para anticiparse a los desastres y mitigar su impacto, mediante el uso de tecnologías de monitoreo y alerta temprana para proteger la infraestructura, los activos y los integrantes de una comunidad. Así las sociedad se anticipa y mediante la prevención de desastres protege sus bienes materiales, patrimonio cultural y riqueza medioambiental y económica de la sociedad”7.

De forma específica, la resiliencia urbana, es parte de un proceso más amplio de trabajo de desarrollo en RRD, éste se refiere a la “la capacidad de los asentamientos humanos para resistir y recuperarse rápidamente de cualquier peligro plausible. La resiliencia frente a las crisis no sólo contempla la reducción de riesgos y daños de catástrofes (como pérdidas humanas y bienes materiales), sino la capacidad de volver rápidamente a la situación estable anterior. Mientras que las típicas medidas de reducción de riesgos tienden a concentrarse en una amenaza específica y dejan de lado la vulnerabilidad frente a otro tipo de peligros, la resiliencia adopta un enfoque frente a amenazas múltiples, considerando la capacidad de recuperación frente a todo tipo de peligros plausibles.8

Una comunidad resiliente, es capaz de minimizar las pérdidas físicas y materiales derivadas de fenómenos meteorológicos extremos, terremotos y otras amenazas naturales o inducidas por el hombre, es capaz de responder, implementar estrategias inmediatas de recuperación y restaurar rápidamente los servicios básicos necesarios para reanudar la actividad social, institucional y económica tras un desastre.

En los últimos 20 años, los desastres naturales han afectado a 4.4 billones de personas y han generado pérdidas globales de 2 billones de dólares americanos, donde han perdido la vida 1.3 millones de personas, tanto en países desarrollados como en los de vías de desarrollo9.

Ante este escenario, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, han optado por incluir dentro de sus prioridades políticas, la Reducción de Riesgo de Desastres (RRD). Entendemos por esto, al conjunto de políticas públicas que tienen como objetivo primordial prevenir el impacto y los daños causados por desastres naturales. La reducción de riesgo incluye distintos aspectos como la gestión, mitigación y la preparación para catástrofes.

En términos prácticos, RRD “es el concepto y la práctica de reducir el riesgo de desastres mediante: esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los factores causales de los desastres, lo que incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, una gestión sensata de los suelos y del medio ambiente, y el mejoramiento de la preparación ante los eventos adversos.”10

La adopción de RRD como una política pública y la integración de los conceptos y prácticas de la resiliencia en la planificación urbana tiene por objeto aumentar la preparación ante la vulnerabilidad de posibles desastres naturales y antropogénicos de una ciudad. Una ciudad preparada en materia de resiliencia se puede definir como: “el conjunto conocimientos y las capacidades que desarrollan las autoridades, los profesionales, las organizaciones de respuesta y recuperación, las comunidades y las personas para prever, responder, y recuperarse de forma efectiva a los impactos de los eventos o las condiciones probables o inminentes o actuales que se relacionan con una amenaza”11.

De los argumentos vertidos con anterioridad y de acuerdo con la jerarquía normativa que se desprende del artículo 133 Constitucional, resulta necesario establecer en nuestra Carta Magna los ejes rectores para que las leyes  federales y estatales, así como los programas y políticas públicas que realice el ejecutivo federal y los gobiernos locales cumplan con las características de seguridad, inclusión y resiliencia en materia de asentamientos humanos.

Para México la falta de una mayor y mejor coordinación nacional y la integración de la RRD en el diseño urbano siguen impidiendo reducir su vulnerabilidad. El Índice de Evaluación de los Riesgos Urbanos de 2014, realizado por la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) y el Instituto de Medio Ambiente y    Seguridad Humana, clasificó a México en el lugar 91 de 171 de los países más vulnerables.

En términos económicos directos, México muestra pérdidas en promedio anual, solo por inundaciones, por más de 870 millones de dólares. De 1990 a 2014, México informó un conjunto de pérdidas económicas causadas por desastres naturales como terremotos, incendios forestales y heladas; sin embargo, los mayores daños económicos (85%) se dieron por los fenómenos de eventos hidrometeorológicos (sequías, riadas, inundaciones, deslizamientos de tierra y lluvias). Claramente, estos datos sugieren que México necesita urgentemente planeación y manejo de defensa y gestión del agua.

Por otra parte, y con la información pública disponible, es claro que los asentamientos humanos en las grandes urbes de nuestro país carecen de servicios públicos básicos: en las regiones metropolitanas de México más del 10% de la población urbana no tiene agua corriente; 25% carecen de instalaciones de alcantarillado o saneamiento adecuado y más del 60% no tiene drenajes de aguas pluviales12. La urbanización en México continúa exponiendo la incapacidad gubernamental para hacer frente a diversos temas de gestión del agua y servicios públicos.

“En la escala mundial, durante la última década, los desastres naturales han perjudicado a más de 220 millones de personas y causado daños económicos por 100 millones de dólares anuales. La cantidad de personas afectadas por catástrofes desde 1992 llega a 4.400 millones (equivalente a 64% de la población mundial), y el daño económico es de unos 2 billones de dólares (equivalente 25 años del total de la Ayuda Oficial al Desarrollo).

Las ciudades golpeadas por los mega desastres, como Kobe o Nueva Orleans, pueden tardar más de una década en recuperarse y volver a su estado previo al desastre. Las crisis crónicas y recurrentes, como es el caso de las sequías, requieren de un abordaje de las causas más que responder a las consecuencias.

Los desastres provocados por el ser humano, como los conflictos y las catástrofes tecnológicas, también pueden socavar los beneficios del desarrollo de los países y ciudades. La cantidad de personas en riesgo aumenta significativamente, pues la rápida urbanización genera asentamientos informales descontrolados y densamente poblados en áreas propensas a amenazas.

La falta de capacidad de las ciudades y gobiernos locales para regular normas de construcción y el uso del suelo exacerba los riesgos de los que viven en condiciones vulnerables. Los gobiernos locales son el nivel más cercano a los ciudadanos y juegan un papel fundamental en  proveer infraestructura y servicios cruciales para proteger vidas y bienes durante la respuesta a la crisis. En resumen, las ciudades y gobiernos locales deben incrementar su capacidad para reducir daños y el periodo de recuperación de cualquier desastre potencial.13

Es importante puntualizar que el gobierno federal encabezado por el Lic. Enrique Peña Nieto, desde el inicio de su gestión ha impulsado la atención de daños que provocan los desastres naturales; siendo algunas de sus acciones: la emisión de declaratorias de desastres para acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), sin embargo, estas acciones son a posteriori, siendo de imperiosa necesidad adecuar el marco normativo vigente y los programas y políticas públicas en materia de prevención.

Otro aspecto que se debe considerar es el uso y destino de los recursos federales para la prevención, atención y reconstrucción de las zonas afectadas por los desastres naturales y/o antropogénicos; de conformidad con la información pública disponible, en los tres primeros años del actual gobierno se ejercieron 38,506.4 millones de pesos en recursos del Fondo de Desastres Naturales, en contraste, sólo se invirtieron en acciones de prevención vía el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 411.0 millones de pesos, es decir, el 1.1% con respeto a lo erogado en acción vía FONDEN.

De lo anterior, queda de manifiesto que la mayor parte de la inversión realizada por parte del Gobierno Federal se destina a acciones de atención a emergencias provocada por los desastres naturales y no a la prevención; gasto que debe ser considerado como inversión y ahorro y no como perdidas. De acuerdo a datos estimados por de la UNISDR y el Banco Mundial14, por cada dólar invertido en la planeación de ciudades bajo el esquema Reducción de Riesgos de Desastres, el retorno de inversión es aproximado de 4 a 5 USD dólares en gastos de reconstrucción y pérdidas económicas del sector productivo y de la sociedad en general.

Esta iniciativa no busca más que apoyar y abonar a lo expuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su objetivo 1.6 “Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano”, y a la línea de acción “Impulsar la Gestión Integral de Riesgos como una política integral en los tres órdenes de gobierno, con la participación de los sectores privado y social”, y cumplimentar las obligaciones adquiridas por México en el ámbito internacional.

En este orden de ideas, es importante mencionar que nuestro país, miembro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia (Art. 11).

Por otra parte, en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada del 14 al 18 de marzo de 2015 en Sendai, Miyagi (Japón), los países miembros de la ONU, establecieron una serie de acciones pautados para cumplimentar los retos del desarrollo sostenible, entre los que destacan:

A. Aprobar un Marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015 conciso, específico, preparado con visión de futuro y orientado a la acción.

B.  Concluir la evaluación y el examen de la aplicación del Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la Resiliencia de las Naciones y las Comunidades ante los Desastres;

C. Examinar la experiencia adquirida mediante las estrategias, instituciones y planes regionales y nacionales para la reducción de riesgo de desastres y sus recomendaciones, así como los acuerdos regionales pertinentes para la aplicación del Marco de Acción de Hyogo;

D. Determinar las modalidades de cooperación basada en los compromisos para la aplicación de un Marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015;

E. Determinar las modalidades para el examen periódico de la aplicación de un Marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015.

Durante la Conferencia Mundial, los Estados participantes también reiteraron su compromiso de abordar la reducción del riesgo de desastres y el aumento de la resiliencia ante los mismos; con un renovado sentido de urgencia en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y de integrar como corresponda, los planes, los programas y los presupuestos a todos los niveles y examinar ambas cuestiones en los marcos pertinentes.15

De los argumentos vertidos con anterioridad y de acuerdo con la jerarquía normativa que se desprende del artículo 133 Constitucional, resulta necesario establecer en nuestra Carta Magna los ejes rectores para que las leyes  federales y estatales, así como los programas y políticas públicas que realice el ejecutivo cumplan con las características de seguridad, inclusión y resiliencia en materia de asentamientos humanos

En este orden de ideas, y atendiendo los compromisos internacionales que México ha asumido, y sobre todo, a la necesidad y el reclamo de 130 millones de mexicanos de garantizarles que vivan en un país seguro, con capacidad de respuesta ante la presencia de desastres naturales o de aquellos que son consecuencia directa de la actividad agroindustrial del hombre, con la finalidad de reducir pérdidas monetarias tanto de las economías de la nación como del patrimonio de las familias y sobre todo salvaguardar el bien más preciado que tienen los seres humanos, y que se usa como base para  ejercer uno de los primordiales derechos humanos: la vida; presento ante esta Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4O. Y 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Los asentamientos humanos en México serán inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. La Ley establecerá los lineamientos para su ordenación y regulación.

Artículo 27:

(…)

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular bajo aspectos resilientes, la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, para prevenir y reducir los riesgos ante posibles desastres naturales provocados por los efectos del cambio climático, preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades.

TRANSITORIOS

Primero.-. El presente Decreto entrará en vigor el 1º de enero de 2017.

Segundo.-. Las acciones que se emprendan serán financiables con los recursos de los programas y fondos asignados en los ramos existentes, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 8 de junio de 2016.

Dip. Mirza Flores Gómez.

1 Azuela de la Cueva Antonio, Cancino Miguel Ángel, “Los Asentamientos humanos y la mirada parcial del constitucionalismo mexicano” Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2007.
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3052/9.pdf

2 Emily McClung de Tapia, Guillermo Acosta Ochoa, Alejandro Terrazas Mata, Abril Cid Salinas, Nuestra huella en el Planeta.- la historia humana del origen a nuestros días.-Editores Siglo Veintiuno

3 The World Bank. “World Development Indicators: Urbanization.” http://wdi.worldbank.org/table/3.12. Urban population refers to people living in urban areas as defined by national statistical offices. The indicator is calculated using World Bank population estimates and urban ratios from the United Nations World Urbanization Prospects.

4 Más de la mitad de la población vive en áreas urbanas y seguirá creciendo, Centros de Noticias ONU; 10 de julio de 2014, Nueva York.
http://www.un.org/es/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html

5 The World Bank. “About the Data: 3.12 Urbanization - World Development Indicators: Urbanization.” http://wdi.worldbank.org/table/3.12.

6 Seymour Martin Lipset, Political Man: The Social Bases of Politics. (Doubleday Publishings: New York, 1963), pg. 41.

7 UNISDR, "Como desarrollar ciudades más resilientes: Un Manual para líderes de los gobiernos locales." March, 2012. Pg. 10.

8 Resilencia –ONU HABITAT disponible en: es.unhabitat.org/temas-urbanos/resiliencia/

9 United Nations International Strategy for Disaster Risk Reduction, papers.

10 UNISDR, "2009: Terminología sobre la Reducción de los Riesgos de Desastres," United Nations, 2009.http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf Pg. 27.

11 UNISDR, "2009: Terminología sobre la Reducción de los Riesgos de Desastres," United Nations, 2009. http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf Pg. 24.

12 UNHABITAT. “Urban Poverty Reduction – México.”
http://mirror.unhabitat.org/content.asp?cid=7417&catid=156&typeid=13

13 Ibíd. 8

14 http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/05/10/in-mexico-forests-deliver-for-jobs-and-climate-commitments

15 Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 18 de marzo de 2015. http://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La que suscribe, MIRZA FLORES GÓMEZ, Diputada integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77 numerales I y II del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de esta Asamblea, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Reducción del Riesgo de Desastres y el aumento de la capacidad de respuesta a los peligros naturales en diferentes sectores del desarrollo pueden tener efectos multiplicadores y acelerar la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”.

Ban Ki-moon
Secretario General de las Naciones Unidas

El surgimiento de las ciudades se lleva a cabo como un proceso de transición de comunidades sedentarias a pueblos y finalmente, centros urbanos, cuyo catalizador fue la revolución industrial. Las ciudades se caracterizan por la concentración de población, demanda de energía y materia prima, que han provocado la sobreexplotación de recursos fuera de las ciudades y las incidencias de fenómenos de contaminación.

A nivel mundial, la urbanización es un fenómeno social con consecuencias de largo alcance. En la actualidad, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)1, la población urbana representa un 54%, y se espera que para el 2050 dicho porcentaje llegue al 66%

De acuerdo con datos similares del Banco Mundial2, hace cien años, 2 de cada 10 personas vivían en zonas urbanas, pero en 1990, menos del 40 por ciento de la población mundial vivía en una ciudad. A principios de la década de 2010, aproximadamente la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas. De acuerdo con las proyecciones del Banco Mundial y de las Naciones Unidas, en 2030, 6 de cada 10 personas vivirán en una ciudad, y en 2050, esta proporción aumentará a 7 de cada 10 personas.

“El proceso de urbanización en México, durante el siglo XX, se atribuye al crecimiento económico ligado a la industrialización y su inherente crecimiento poblacional; la población urbana aumento 58 veces: de 1.4 millones de personas en el año 1900 a 81 millones en el 2010, de esta manera la proporción de las ciudades respecto a la población total paso del 10% al 72%, en 110 años.

Así, el número de centros urbanos creció 11 veces y la población urbana aumentó casi 46 veces, lo cual dio lugar a un fenómeno nacional de metropolización. En 1900 existían 33 ciudades de más de 15 mil habitantes, y durante 110 años este número aumento en gran dimensión, a 384 ciudades.”3

De acuerdo con los Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial4., los cuales nos arrojan datos más actualizados, se ha demostrado un aumento constante de las tasas de población urbana en México. Mientras que en 1990 poco más de 61.000.000 millones de ciudadanos mexicanos vivían en las ciudades y centros urbanos, ese número aumentó a más de 99 millones en 2014, lo que corresponde a un crecimiento del 8% en menos de 25 años.

Con estos datos es claro afirmar, que el fenómeno de la urbanización de la población mundial va en aumento; en la actualidad más de la mitad de la humanidad por primera vez vive en las ciudades, cifra que sigue creciendo.

La aparición de las grandes urbes inevitablemente trae consigo problemas en las áreas de la planificación, el transporte público, las economías locales y nacionales, la infraestructura, los mercados de trabajo formal e informal, el acceso a la educación, y seguridad alimentaria, agua potable y calidad del aire y medio ambiente en general. El rápido crecimiento urbano amplia la brecha de la desigualdad económica y exacerba la pobreza urbana y los problemas sociales que esto conlleva.

Visiblemente, las ciudades son sistemas dependientes de energía y materiales de otros territorios. Las ciudades se apropian de las reservas ecológicas para obtener recursos y exportar sus residuos. Esa apropiación se logra a través del comercio regional e internacional, así como el aprovechamiento de los ciclos biogeoquímicos (por ejemplo, el del carbono, las ciudades emiten localmente el Gas de Efecto Invernadero, que contribuye al cambio climático a escala global). Así mientras más grandes y acaudaladas sean las ciudades, la solicitud de superficie territorial para cubrir sus demandas y asimilar sus desechos tiende a ser mayor, es decir su huella ecológica aumenta. Consecuentemente, medir y disminuir la huella ecológica de las zonas urbanas es uno de los grandes retos actuales en aras de lograr la sostenibilidad de nuestro entorno.

Para México, la urbanización es y seguirá siendo uno de los principales retos del desarrollo, en especial el orientar la urbanización de manera sostenible y garantizando la mayor seguridad humana.

Por ello y bajo los actuales retos de urbanización, es que se vuelven indispensables para México el diseño de políticas públicas urbanas resilientes.

En este sentido, el objetivo de la presente iniciativa es garantizar a todas y todos los mexicanos el derecho de vivir en un país resiliente. El espíritu de esta iniciativa surge como una preocupación y forma de acción ante los efectos del cambio climático; la vulnerabilidad de las ciudades frente a los desastres naturales y las pérdidas humanas, económicas y de infraestructura que ocasionan tienen un impacto más que significativo para el desarrollo del país. La resiliencia y la reducción de riesgos de desastres deben ser un tema prioritario en las agendas de los gobiernos y los parlamentos.

La resiliencia alude a la capacidad de los asentamientos humanos para resistir y recuperarse rápidamente de cualquier peligro plausible. La resiliencia frente a las crisis no sólo contempla la reducción de riesgos y daños de catástrofes (como pérdidas humanas y bienes materiales), sino la capacidad de volver rápidamente a la situación estable anterior. Mientras que las típicas medidas de reducción de riesgos tienden a concentrarse en una amenaza específica y dejan de lado la vulnerabilidad frente a otro tipo de peligros, la resiliencia adopta un enfoque frente a amenazas múltiples, considerando la capacidad de recuperación frente a todo tipo de peligros plausibles.5

Un país sin un programa de prevención de desastres ocasionados por los efectos naturales y el cambio climático, es un país en el que los mismos son subestimados, convirtiéndolos en riesgos latentes.

Por otro lado, una población que reside en viviendas y zonas que cuentan con servicios e infraestructura adecuados, que cumplen con códigos de construcción razonables y en la que no existen asentamientos informales ubicados en zonas de riesgo; además se encuentran protegidos por un sistema nacional de coordinación, prevención y manejo de riesgos, claramente cuentan con un gobierno incluyente, competente y responsable.

Bajo los condiciones climáticas actuales, las responsabilidades primordiales de los gobiernos son velar por una urbanización sostenible y resiliente, por ello es necesario reorientar las políticas públicas y los recursos precisos para desarrollar capacidades a fin de asegurar la gestión y la organización de las comunidades antes, durante y después de una amenaza natural.

“Un país resiliente es aquel en el que las autoridades y la población comprenden sus amenazas y crean bases de información compartida sobre las pérdidas asociadas a la ocurrencia de desastres, las amenazas y riesgos, sobre quién está expuesto y quién es vulnerable. La ciudadanía está empoderada para participar, decidir y planificar su ciudad conjuntamente con las autoridades; y valoran el conocimiento, las capacidades, los recursos autóctonos y toman medidas para anticiparse a los desastres y mitigar su impacto, mediante el uso de tecnologías de monitoreo y alerta temprana     para proteger la infraestructura, los activos y los integrantes de una comunidad. Así las sociedad seanticipa y mediante la prevención de desastres protege sus bienes materiales, patrimonio cultural y riqueza medioambiental y económica de la sociedad”6.

Una comunidad resiliente, es capaz de minimizar las pérdidas físicas y materiales derivadas de fenómenos meteorológicos extremos, terremotos u otras amenazas naturales o inducidas por el hombre, es capaz de responder, implementar estrategias inmediatas de recuperación y restaurar rápidamente los servicios básicos necesarios para reanudar la actividad social, institucional y económica tras un desastre.

Cabe mencionar que RRD no solo tiene como objeto generar sociedades más resilientes frente a catástrofes mayúsculos sino también a fenómenos sub-catastróficos como lo son las inundaciones en las ciudades debido a los temporales de lluvia o a la desertificación, fenómenos que equivalen a las mayores pérdidas económicas para el sector privado, los gobiernos y los individuos.

En los últimos 20 años, los desastres naturales han afectado a 4.4 billones de personas y han generado pérdidas globales de 2 billones de dólares americanos, donde han perdido la vida 1.3 millones de personas, tanto en países desarrollados como en los de vías de desarrollo7.

Ante este escenario, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, han optado por incluir dentro de sus prioridades políticas, la Reducción de Riesgo de Desastres (RRD). Entendemos por esto, al conjunto de políticas públicas que tienen como objetivo primordial prevenir el impacto y los daños causados por desastres naturales. La reducción de riesgo incluye distintos aspectos como la gestión, mitigación y la preparación para catástrofes.

En términos prácticos, RRD es el concepto y la práctica de reducir el riesgo de desastres mediante: esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis ya la gestión de los factores causales de los desastres, lo que incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, una gestión sensata de los suelos y del medio ambiente, y el mejoramiento de la preparación ante los eventos adversos.

La adopción de RRD como una política pública y la integración de los conceptos y prácticas de la resiliencia en la planificación urbana tiene por objeto aumentar la preparación de una ciudad. Una ciudad preparada se puede definir como: el conjunto conocimientos y las capacidades que desarrollan las autoridades, los profesionales, las organizaciones de respuesta y recuperación, las comunidades y las personas para prever, responder, y recuperarse de forma efectiva a los impactos de los eventos o las condiciones probables o inminentes o actuales que se relacionan con una amenaza8.

Una sociedad con un nivel alto de preparación frente a los desastres, permite aumentar la capacidad de los centros urbanos para mitigar los efectos adversos de los choques y los factores de estrés producidos por los desastres naturales y artificiales. Mitigación implica la disminución o la limitación de los impactos adversos de las amenazas y los desastres a fines.

Las altas tasas de urbanización y la infinidad de problemas socioeconómicos que este fenómeno conlleva le imponen a las autoridades mayores retos y más demandas para la solución de las distintas problemáticas. Sin embargo, RRD ha demostrado no ser sólo una metodología diseñada para proteger los centros urbanos de desastres naturales, de hecho es parte efectiva de una estrategia de desarrollo nacional más amplia e integral que va más allá de los principios básicos de la planificación y urbanización. RRD es parte de una red más amplia de estrategias de desarrollo.

Las políticas de RRD deben ser entendidas como uno de los tres pilares de las prácticas actuales de desarrollo que han sido adoptadas por las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y muchos gobiernos nacionales.

1. Reducción de los Riesgos de Desastres (RRD);

2. Desarrollo Sostenible (DS),

3. Adaptación al Cambio Climático (ACC).

Estas tres variables (políticas públicas), cuando se conceptualiza e implementan adecuadamente, crea una correlación de auto-refuerzo para sus efectos, con lo que cada uno refuerza el trabajo y el éxito de los demás.

Dicho de otra manera, las inversiones en proyectos de desarrollo usualmente no son sostenibles generando un impacto en el medio ambiente y se pierden con facilidad durante y después de los desastres naturales sobre todo cuando carecen de planificación resiliente. Por otro lado, RRD se vuelve más eficiente y benéfica en términos multisectoriales, cuando incluye aspectos de la ACC y protege, y se nutre a la vez del, DS. De esta manera las sociedades obtienen beneficios enormes de desarrollo a través de esta relación simbiótica y con impactos transversales.

La RRD comenzó a integrarse en los marcos de desarrollo y estrategias de las Naciones Unidas con el Marco de Acción de Hyogo (MAH), un acuerdo internacional de 10 años que fue adoptado en 2005 en Japón por los estados miembros de la ONU. El cual primordialmente pretendía "hacer la reducción del riesgo de desastres una prioridad" de manera "transversal en el contexto del desarrollo sostenible y, por tanto, un elemento importante para la logro de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente”. Inspirado por el tsunami de la Costa del Pacífico de 2004, MAH fue el primer plan global de éxito para coordinar los esfuerzos internacionales y nacionales en RRD mediante el reconocimiento de la vinculación entre la preparación y la prevención hacia el logro de los objetivos de desarrollo del milenio u ODM (2000- 2015).

Las Naciones Unidas subrayó su nuevo enfoque en la RRD iniciando oficialmente la agenda post-2015 para el desarrollo desde marzo de 2015, con la Tercera      Conferencia Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres en Sendai, Japón. Más de 130 jefes de estado, ministros, delegaciones diplomáticas, la ayuda humanitaria internacional y las organizaciones de la sociedad civil asistieron a la Conferencia    Mundial en Reducción de Riesgos de Desastres WCDRR (por sus siglas en inglés), declarando su determinación de "mejorar los esfuerzos para fortalecer la reducción del riesgo de desastres para reducir las pérdidas de vidas y bienes económicos de las naciones9".

Las negociaciones de la WCDRR resultaron en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. Este documento guía sustituye a su predecesor, el Marco de Acción de Hyogo, que sirvió de marco para las acciones de RRD desde 2005 hasta 2015. Dos objetivos de desarrollo del milenio hablan de RRD:

• Objetivo 9: Industria, Innovación, Infraestructura - La construcción de infraestructura resiliente, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación;

• Objetivo 11: Las ciudades y comunidades sostenibles - Convertir las ciudades incluyentes, seguras, resilientes y sostenibles.”10

Otros ODS se apoyan indirectamente a través de la inclusión de las políticas de RRD más duraderos. Tal es el caso de la reducción de la pobreza, reducción de la violencia de género, evitar los desplazamientos humanos, combate y adaptación al cambio climático, etc. Es por ello que se dice que el impacto de una buena política de RRD tiene efectos transversales y multisectoriales.

Por otra parte, en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, celebrada del 14 al 18 de marzo de 2015 en Sendai, Miyagi (Japón), los países miembros de la ONU, establecieron una serie de acciones pautadas para cumplimentar los retos del desarrollo sostenible, entre los que destacan:

a) Aprobar un Marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015 conciso, específico, preparado con visión de futuro y orientado a la acción;

b) Concluir la evaluación y el examen de la aplicación del Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la Resiliencia de las Naciones y las Comunidades ante los Desastres;

c) Examinar la experiencia adquirida mediante las estrategias, instituciones y planes regionales y nacionales para la reducción de riesgo de desastres y sus recomendaciones, así como los acuerdos regionales pertinentes para la aplicación del Marco de Acción de Hyogo;

d) Determinar las modalidades de cooperación basada en los compromisos para la aplicación de un Marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015;

e) Determinar las modalidades para el examen periódico de la aplicación de un Marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015.

Durante la Conferencia Mundial, los Estados participantes también reiteraron su compromiso de abordar la reducción del riesgo de desastres y el aumento de la resiliencia ante los mismos; con un renovado sentido de urgencia en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y de integrar como corresponda, los planes, los programas y los presupuestos a todos los niveles y examinar ambas cuestiones en los marcos pertinentes.11

En esta inteligencia, un aspecto fundamental de esta iniciativa es el de la protección de los recursos económicos tanto públicos como privados. Si bien México ha reducido en gran medida las pérdidas humanas a través del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el país sigue sufriendo daños económicos con una regularidad asombrosa y sin una política de estado clara y capaz de frenar las perdidas sociales, gubernamentales y del sector económico privado.

De 2005 a 2013, las pérdidas económicas combinadas en México fueron más de 3,8 mil millones de dólares12. La mayor parte de esas pérdidas se dieron en los centros urbanos, donde se han afectado infraestructura clave, como escuelas, carreteras, puentes y hospitales13. Todo lo anterior sin medir el impacto del sector laboral, del sector de servicios secundarios. Dado que se proyectan mayores niveles de urbanización, este tipo de pérdidas seguirá en aumento si México no comienza a transformar sus comunidades y ciudades a unas más resilientes y sostenibles.

Los desastres ponen en peligro la seguridad alimentaria de la población más desprotegida a nivel mundial. La reducción del riesgo de desastres es vital para asegurar uno de los derechos y libertades más fundamentales del hombre, por ejemplo, el derecho a la alimentación. A menos que empecemos a utilizar políticas de reducción de desastres en la adaptación al cambio climático, a gestionar el crecimiento de manera responsable y a detener la degradación ambiental, los desastres seguirán amenazando más vidas y medios de sustento que nunca.

Para la economía de una nación es catastrófico el continuamente registrar pérdidas económicas en infraestructura, en bienes de la población y en el sector económico formal. Otro elemento que genera pérdidas sustanciales en el presupuesto y una opacidad en el gasto de los recursos es el uso de los fondos para recuperación o fondos para desastres, esto significa el tener en casa un barril sin fondo con demandas de recursos económicos enormes y continuos condenando a las finanzas gubernamentales a un espiral de inversión en la reconstrucción sin fin y a un empobrecimiento del país.

“México, geográficamente y debido a su acelerado proceso de urbanización es altamente vulnerable y susceptible a terremotos, huracanes, inundaciones, tornados y sequías. Sólo cuatro eventos hidro-meteorológicos representan aproximadamente el 67% de las pérdidas económicas: riadas, deslizamientos, inundaciones y la lluvia.”14

Por otro lado, existen ya ejemplos en el mundo donde ha quedado demostrado que una RRD-integrada con DS y ACC, el uso de tecnología avanzada para el manejo del agua, creación estratégica de espacios verdes y la gestión de las defensas naturales, utilizadas de manera combinada han podido mitigar las pérdidas hidrológicas y apoyar la adaptación al cambio climático.

En este contexto, México cuenta desde el 2012 con la Ley General de Protección Civil que tiene por objeto el de introducir en la política pública el concepto de gestión integral de riesgos, en dicho ordenamiento se estableció la obligación de crear un Atlas Nacional de Riesgos como el instrumento para consolidar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de las instancias participantes del Sistema Nacional de Protección Civil para prever y prevenir los desastres, sin ningún resultado notorio y con los alcances necesarios, como lo demuestra la información disponible hasta hoy15.

La falta de coordinación nacional para la resiliencia y la RRD integrada en todos los niveles del gobierno mexicano genera un conjunto paralelo de riesgos además de los que la naturaleza misma nos genera16. Esta falta de agenda gubernamental resulta incomprensible teniendo en cuenta el compromiso global de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, la cual representó a México en la WCDRR en Sendai, expresando el apoyo del gobierno al nuevo marco17.

Resulta paradójico que a pesar de las crecientes pérdidas económicas por desastres naturales tanto catastróficos como sub catastróficos y las notables limitaciones presupuestales de nuestro país, las instituciones del Estado mexicano, en todos los niveles, aún no han reconocido plenamente la necesidad de adoptar, integrar e implementar RRD.

La OCDE en su informe de 2013 destacó críticamente la necesidad imperiosa de México de detener las pérdidas económicas y de actualizar su sistema nacional de protección civil (SINAPROC)con el fin de cambiar el enfoque hacia el fortalecimiento de capacidades para la prevención de desastres y la reducción de la vulnerabilidad. Esto, con el fin de contribuir al crecimiento económico sostenido, ya que las últimas pérdidas económicas han sido en gran parte debido a los huracanes y eventos relacionados con las inundaciones18

Más allá de la sugerencia de la OCDE de cambiar el rumbo de las políticas mexicanas en el tema de la resiliencia, como ya lo mencionamos, México es estado firmante del Marco de Sendai y los Objetivos de Desarrollo Sostenible por lo tanto desde nivel municipal hasta el de la federación debemos de tener en marcha ya políticas públicas orientadas a coordinar e implementar RRD en conjunto con ODS y ACC. Es imperante que el estado mexicano presente avances en sus compromisos frente a sus invitados de la plataforma mundial de la ONU en RRD, ya que nuestro país será anfitrión de dicha cumbre en mayo de 2017 en Cancún. Esta es sin duda una oportunidad invaluable para demostrar que México está tomando medidas activas hacia la implementación a nivel local y federal de largo alcance para fortalecer las capacidades, proteger a sus ciudadanos, la economía nacional y su lucha contra el cambio climático.

Es importante puntualizar que el gobierno federal mediante la atención de daños que provocan los desastres naturales sigue atendiendo a una política reactiva y asistencial (a posteriori), siendo de imperiosa necesidad adecuar el marco normativo vigente y los programas y políticas públicas en materia de prevención.

Otro aspecto que se debe considerar es el uso y destino de los recursos federales para la prevención, atención y reconstrucción de las zonas afectadas por los desastres naturales y/o antropogénicos; de conformidad con la información pública disponible, en los tres primeros años del actual gobierno se ejercieron 38,506.4 millones de pesos en recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), en contraste, sólo se invirtieron en acciones de prevención vía el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 411.0 millones de pesos, es decir, el 1.1% con respeto a lo erogado en acción vía FONDEN.

De lo anterior, queda de manifiesto que la mayor parte de la inversión realizada por parte del Gobierno Federal se destina a acciones de atención a emergencias provocada por los desastres naturales y no a la prevención; gasto que debe ser considerado como inversión y ahorro y no como perdidas. De acuerdo a datos estimados por de la UNISDR y el Banco mundial, por cada 1 dólar americano invertidos en la planeación de ciudades bajo el esquema Reducción de Riesgos de Desastres, el retorno de inversión es aproximado de 4 a 5 US dólares en gastos de reconstrucción y pérdidas económicas del sector productivo y de la sociedad en general.19

Por lo expuesto, esta iniciativa no busca más que apoyar y abonar a lo expuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su objetivo 1.6 “Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano”, y a la línea de acción “Impulsar la Gestión Integral de Riesgos como una política integral en los tres órdenes de gobierno, con la participación de los sectores privado y social”.

Considero que nuestra Carta Magna debe incluir el concepto resiliencia, con el fin de reflejar nuestro compromiso tanto con los ciudadanos de nuestro país, el desarrollo sostenible y responsable de nuestra nación, la protección a los bienes económicos y a el compromiso con la adaptación y combate al cambio climático.

México no sólo debe de prever las amenazas que ponen en riesgo a la población cuando suceden los desastres, sino que debemos construir el camino hacia una plataforma de prevención y disminución delas pérdidas económicas y materiales como consecuencia de los cada vez más constantes fenómenos de la naturaleza, derivados del acelerado ritmo del cambio climático de nuestro planeta.

Soy una convencida que es tiempo que la reducción de riesgos de desastres sea parte fundamental del desarrollo sostenible de nuestra nación, donde no se escatime las acciones inmediatas de prevención, recuperación y restauración inmediata de los servicios básicos necesarios para reanudar la actividad social, institucional y económica de nuestra sociedad tras un desastre.

Ante estos restos y atendiendo los compromisos internacionales que México ha asumido, pero sobre todo, ante la necesidad y el reclamo de 130 millones de mexicanos que necesitan del estado las garantías necesarias para vivir en un país seguro, con capacidad de respuesta ante la presencia de desastres naturales o de aquellos que son consecuencia directa de la actividad agroindustrial del hombre, con la finalidad de reducir pérdidas monetarias tanto de las economías de la nación como del patrimonio de las familias y sobre todo salvaguardar el bien más preciado que tienen los seres humanos, y que se usa como base para ejercer uno de los primordiales derechos humanos: la vida; presento ante esta Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, sustentable y resiliente, fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1º de enero de 2017.

Segundo.-. Las acciones que se emprendan serán financiables con los recursos de los programas y fondos asignados en los ramos existentes, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 8 de junio de 2016.

Dip. Mirza Flores Gómez.

1 Más de la mitad de la población vive en áreas urbanas y seguirá creciendo, Centros de Noticias ONU; 10 de julio de 2014, Nueva York, http://www.un.org/es/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html

2 The World Bank. “About the Data: 3.12 Urbanization - World Development Indicators: Urbanization.”
http://wdi.worldbank.org/table/3.12.

3 Emily McClung de Tapia, Guillermo Acosta Ochoa, Alejandro Terrazas Mata, Abril Cid Salinas, Nuestra huella en el Planeta.- la historia humana del origen a nuestros días.-Editores Siglo Veintiuno

4 The World Bank. “World Development Indicators: Urbanization.” http://wdi.worldbank.org/table/3.12. Urban population refers to people living in urban areas as defined by national statistical offices. The indicator is calculated using World Bank population estimates and urban ratios from the United Nations World Urbanization Prospects.

5 Resilencia –ONU HABITAT disponible en: es.unhabitat.org/temas-urbanos/resiliencia/

6 UNISDR, "Como desarrollar ciudades más resilientes: Un Manual para líderes de los gobiernos locales." March, 2012. Pg. 10.

7 United Nations International Strategy for Disaster Risk Reduction, papers.

8 UNISDR, "2009: Terminología sobre la Reducción de los Riesgos de Desastres," United Nations, 2009. http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf Pg, 24.

9 United Nations International Strategy for Disaster Risk Reduction, “The Sendai Declaration.” March, 2015. http://www.unisdr.org/files/43300_sendaideclaration.pdf

10 Ídem

11 Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 18 de marzo de 2015. http://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf

12 “Mexico: Disaster and Risk Profile: Basic Country Statistics and Indicators (2014).” http://www.preventionweb.net/countries/mex/data/

13 Maíta Fernández-Armesto and Gemma Noguera, “La Resiliencia Urbana, Clave del Futuro de las Ciudades: Urbes de todo el mundo están iniciando su camino para proteger a sus habitantes, sus bienes y el mantenimiento de la funcionalidad ante posibles crisis,” El País. 22 May 2015.http://elpais.com/elpais/2015/05/21/planeta_futuro/1432231832_145438.html

14 Damian Carrington, “March temperatures smashes 100-year global record,” The Guardian. 15 April 2016. http://www.theguardian.com/environment/2016/apr/15/march-temperature-smashes-100-year-global-record?CMP=Share_iOSApp_Other.

15 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). “Mexico: Review of the Mexican National Civil Protection System,” OECD, 2013

16 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). “Mexico: Review of the Mexican National Civil Protection System,” OECD, 2013

17 "En este sentido, consideramos que la prevención y reducción del Riesgo de Desastres es clave del desarrollo para la economía de nuestras comunidades y que por lo tanto debemos seguir invirtiendo en ello." Luis Felipe Puente coordinador nacional de protección civil, discurso como representante del gobierno mexicano en la WCDRR en Sendai.

18 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). “Mexico: Review of the Mexican National Civil Protection System,” OECD, 2013.

19 The World Bank; In Mexico, forests deliver for jobs and climate commitments, May 10, 2016http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/05/10/in-mexico-forests-deliver-for-jobs-and-climate-commitments





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE VIVIENDA

(Presentada por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Hilaria Domínguez Arvizu, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia)

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA Y ANABEL ACOSTA ISLAS, ERIKA AYALA RIOS Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE VIVIENDA de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hay en el mundo más de 650 millones de personas con discapacidad, de las cuales aproximadamente un 80% viven en los países en desarrollo. En México este universo es de 7.7 millones de personas. Generalmente se oponen varios obstáculos al disfrute de su derecho a una vivienda adecuada, en particular: falta de accesibilidad física; discriminación y prejuicios continuos; obstáculos institucionales; falta de acceso al mercado de trabajo; bajos ingresos; y carencia de vivienda social o de apoyo comunitario.

La accesibilidad sigue siendo una cuestión fundamental. La vivienda, los servicios conexos y los barrios son tradicionalmente diseñados para las personas sin discapacidad. La exclusión y marginación frecuentes de las personas con discapacidad tienen como resultado que rara vez se las consulte cuando se desarrollan nuevas estructuras de vivienda o barrios, o se mejoran las condiciones de los asentamientos existentes. Por ejemplo, la falta de instalaciones de saneamiento adecuadas en los asentamientos improvisados les puede ocasionar serias dificultades.

Al respecto, el Alto Comisionado para los derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidades enuncia los elementos con los que debe contar una vivienda digna:

• Seguridad jurídica de la tenencia: Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de un cierto grado de seguridad de tenencia que garantice una protección legal contra el desalojo forzoso, el hostigamiento u otras amenazas;

• Gastos soportables: Los gastos personales o del hogar relacionados con la vivienda no deben comprometer el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas (por ejemplo, comida, educación, o  acceso a servicios de salud);

• Habitabilidad: La vivienda no es adecuada si no garantiza elementos como seguridad física, un espacio suficiente, protección del frio, la humedad, el calor, la lluvia, el viento y otras amenazas para la salud, de vectores de enfermedad y de riesgos estructurales;

• Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura: La vivienda no es adecuada si sus ocupantes no tienen acceso a agua potable, instalaciones sanitarias y de aseo, energía para la cocina, calefacción y alumbrado, almacenamiento de alimentos, eliminación de desechos, etcétera;

• Asequibilidad: La vivienda no es adecuada si las necesidades específicas de los grupos marginalizados y en situación de desventaja no son tomadas en consideración (como las de las personas con escasos recursos, que enfrentan discriminación, con discapacidad, víctimas de desastres naturales);

• Lugar: Una vivienda adecuada debe habilitar el acceso a opciones de empleo, servicios de atención sanitaria, escuelas, centros de atención para niños y otros servicios sociales y no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación; 

• Adecuación cultural: Una vivienda adecuada debe respetar y considerar la expresión de la identidad cultural y del modo de vida.

Por su parte la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo primero el reconocimiento a los Derechos Humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, así como el principio de no discriminación; y el derecho a la vivienda en su artículo cuarto.

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 4o.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

El Poder Judicial Federal, en específico la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido criterios para tener por satisfecho el derecho a la vivienda adecuada.

En primer lugar se citan la tesis 1a. CXLVI/2014 (10a.) que establece que la satisfacción al derecho a la vivienda no se da por la designación de un espacio físico para uso particular. Sino que debe cumplir los requisitos mínimos establecidos por el Comité de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES.

El artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, establece el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, así como la obligación de los Estados Parte de tomar las medidas apropiadas para asegurar su efectividad. Ahora bien, de la interpretación realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en la Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), a dicho numeral, así como de los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y los Principios de Higiene de la Vivienda, emitidos por la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra en 1990, se concluye que el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, tiene las siguientes características: (a) debe garantizarse a todas las personas; (b) no debe interpretarse en un sentido restrictivo; (c) para que una vivienda se considere "adecuada" requiere contar con los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente, una infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, y drenaje; y, (d) los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el objetivo establecido en el pacto internacional de referencia, así como tomar e implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización plena de dicho derecho, dentro de las cuales está asegurar a la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar su incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no sean adecuadas o sean insalubres. Así, dichos aspectos constituyen los elementos básicos del derecho a una vivienda digna y decorosa reconocido por el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que todas las personas cuenten con una vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para ser considerada como tal.

Amparo directo en revisión 3516/2013. Ricardo Javier Moreno Padilla y otro. 22 de enero de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

De lo anterior podemos aprovechar la oportunidad bien detectada por el el poder judicial para a través de esta reforma establecer la medida legislativa para la implementación de una vertiente en la política nacional de vivienda que es la facilitación de herramientas para la obtención y adecuación de vivienda para las personas con discapacidad. Pues al ser un grupo en situación de vulnerabilidad el estado debe establecer políticas afirmativas que permitan el disfrute equitativo del Derecho Humano a la vivienda, así lo deja ver la siguiente tesis:

DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. ALCANCE DEL ARTÍCULO 4O., PÁRRAFO SÉPTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Si bien es cierto que el citado derecho fundamental, reconocido en el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tuvo como origen el deseo de satisfacer una necesidad colectiva, también lo es que no puede limitarse a ser un derecho exclusivo de quienes son titulares de una vivienda popular o incluso carecen de ella; esto es, el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa protege a todas las personas y, por tanto, no debe ser excluyente. Ahora bien, lo que delimita su alcance es su contenido, pues lo que persigue es que los ciudadanos obtengan lo que debe entenderse por una vivienda adecuada, lo cual no se satisface con el mero hecho de que las personas tengan un lugar para habitar, cualquiera que éste sea; sino que para que ese lugar pueda considerarse una vivienda adecuada, debe cumplir necesariamente con un estándar mínimo, el cual ha sido definido por el Comité de Derechos   Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en la Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), al interpretar el artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, ya que en caso contrario no se daría efectividad al objetivo perseguido por el constituyente permanente. De forma que lo que dispone el artículo 4o. de la Constitución Federal constituye un derecho mínimo, sin que obste reconocer que los grupos más vulnerables requieren una protección constitucional reforzada y, en ese tenor, es constitucionalmente válido que el Estado dedique mayores recursos y programas a atender el problema de vivienda que aqueja a las clases más necesitadas, sin que ello implique hacer excluyente el derecho a la vivienda adecuada.

Amparo directo en revisión 3516/2013. Ricardo Javier Moreno Padilla y otro. 22 de enero de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

La labor de respetar y satisfacer el derecho de a la vivienda digna, no es un esfuerzo aislado por parte de las autoridades, sino debe ser un esfuerzo conjunto de los sectores social y privado, tal cual lo establece la tesis siguiente:

DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. EL ESTADO MEXICANO ESTÁ OBLIGADO A IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS PARA CUMPLIR CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE VIVIENDA, PERO SU CUMPLIMIENTO NO ES EXCLUSIVO DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO, SINO QUE SE HACE EXTENSIVO A LOS SECTORES PRIVADO Y SOCIAL QUE PARTICIPAN EN LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO INMOBILIARIO.

Si bien es cierto que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, impone a los Estados Parte la obligación de implementar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho fundamental a una vivienda adecuada, reconocido en el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también lo es que deja libertad de configuración para que cada Estado sea quien determine cuáles son las medidas que más se adaptan a las condiciones sociales, económicas, culturales y climatológicas de cada país. En ese sentido, corresponde a cada Estado emitir la legislación y normativa que regulen la política nacional en torno al derecho a una vivienda adecuada, en el entendido de que aquélla deberá respetar los elementos que constituyen el estándar mínimo, y que una vez emitida, su cumplimiento no debe quedar al arbitrio de los órganos del Estado ni de los particulares, sino que corresponde a aquél implementar las medidas adecuadas para que sus órganos y los sectores social y privado den debido cumplimiento a los compromisos adquiridos. En ese tenor, cualquier excepción al cumplimiento de la normativa aplicable debe estar plenamente justificada y, en su caso, autorizada, además de que ha de hacerse del conocimiento del comprador de la vivienda previamente a su adquisición. De forma que si el desarrollador inmobiliario no acredita contar con la autorización para exceptuar el cumplimiento de algún requisito impuesto por la normativa aplicable, y no justifica plenamente las razones por las cuales decidió no incorporar dicho requisito a la vivienda, pero sobre todo, no demuestra haber comunicado en forma expresa y clara al comprador, antes de su adquisición, que ésta carece o carecerá de algunos de los requisitos impuestos por la normatividad aplicable, especialmente cuando la vivienda se adquiere antes de ser construida, entonces, el comprador debe tener expedito su derecho para demandar, ya sea, el cumplimiento forzoso de la normativa y, por tanto, del estándar mínimo requerido para que la vivienda sea adecuada o, en su defecto, la rescisión o nulidad del contrato y la indemnización correspondiente. Consecuentemente, la obligación de implementar las medidas adecuadas para cumplir con la estrategia nacional de vivienda no es exclusiva de los órganos del Estado, sino que se hace extensiva a los integrantes de los sectores privado y social que participan en la promoción y desarrollo inmobiliario; máxime que, por regla general, éstos lo hacen con objeto de lucro. De ahí que sea inadmisible que el derecho fundamental a una vivienda adecuada, esto es, a que cumpla con el estándar mínimo para poder ser considerada como tal -como es el hecho de contar con ventanas-, se condicione a que no se haya pactado en un contrato, puesto que el estándar mínimo con el que debe contar una vivienda para considerarse adecuada no deriva del pacto entre las partes, sino de la Constitución General de la República y de los tratados internacionales, y su cumplimiento no se puede dejar a la voluntad de las partes.

Amparo directo en revisión 3516/2013. Ricardo Javier Moreno Padilla y otro. 22 de enero de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

Por su parte, la Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad es reglamentaria del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y establece en su artículo 16 el derecho a la vivienda y la accesibilidad universal y mandata al legislativo a emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras.

Asimismo establece la accesibilidad como un requisito para ser considerada vivienda digna en el caso de las personas con discapacidad y establece que las instituciones públicas de vivienda otorgarán facilidades para recibir créditos o subsidios para la adquisición, redención de pasivos y construcción o remodelación de vivienda.

Las personas con discapacidad por la dificultad para obtener un empleo les es más complicado tener un ingreso fijo, que en muchos casos se ve disminuido para atender la discapacidad con la que viven. Por lo que la obtención de vivienda es un tema que debe impulsarse en el esquema solidario de nuestro país. Asimismo la discapacidad generada por un accidente provoca que personas deban adaptar su vivienda a fin de poder continuar con la vida que desarrollaban previamente.

Vemos con agrado el esfuerzo por parte de las autoridades en la materia como son INFONAVIT, FOVISSSTE, CONAVI y SEDATU en diseñar subsidios para viviendas accesibles; una trabajo que se verá fortalecido si incorporamos a la legislación vigente las disposiciones que sustenten y promuevan dichas políticas fiscales.

Por lo anterior, y en pos de armonizar legislativamente todos los ordenamientos en la materia, se propone reformar la Ley de Vivienda a fin de establecer en su texto los subsidios de vivienda para Personas con Discapacidad, pues es la propia ley que establece que deberá “aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda.”

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE VIVIENDA EN MATERIA DE DISCAPACIDAD.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la Ley de Vivienda para quedar como sigue:

ARTÍCULO 61.- Los subsidios que en materia de vivienda y de suelo otorgue el Gobierno Federal se destinarán exclusivamente a los hogares en situación de pobreza o en los que habite por lo menos una persona con discapacidad, lo cual se definirá, identificará y medirá de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento.

ARTÍCULO 62.-

I. Atender a la población en situación de pobreza o con discapacidad;

II. a VI. …

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República,
el 8 de junio de 2016.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Erika Ayala Ríos.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Tesis: 1a. CXLVIII/2014 (10a.)Pág.ina: 801 Tesis Aislada
Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Tesis: 1a. CXLVI/2014 (10a.) Pág.ina: 798 Décima Época, Registro: 2006169, Instancia: Primera Sala. Tesis Aislada
Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Tesis: 1a. CXLVII/2014 (10a.) Pág.ina: 799 Tesis Aislada





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 314 FRACCIÓN VI, 316 BIS SEGUNDO PÁRRAFO, 320, 321, 322, 324, 325, 326 PÁRRAFO I, 334 FRACCIONES II Y II BIS Y 345; Y SE DEROGA LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 314 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del grupo parlamentario del PAN)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cada año, más personas dan cuenta del beneficio que producen los trasplantes, estos procedimientos, generalmente quirúrgicos que implican la transferencia de un órgano, tejido o células de una parte del cuerpo a otra, o de un individuo a otro y que tienen fines terapéuticos.

Los principales beneficiarios de estos procedimientos son los enfermos con padecimientos crónico degenerativos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes [*] .

La alta prevalencia de estos padecimientos, paradójicamente se debe en gran medida, al éxito de las políticas sanitarias que combaten las muertes tempranas y también al desarrollo científico y tecnológico. La misma OMS calcula que tan solo en el año 2008, 36 millones de personas murieron de una enfermedad crónica.

La morbilidad de las también denominada enfermedades no transmisibles es un evento cuyos datos resultan muy sensible e impactan directamente en los adultos, especialmente en el rango de edad económicamente productiva y está aumentando rápidamente en los países en desarrollo debido al fenómeno de la transición epidemiológica y al envejecimiento. De acuerdo con estimaciones de la OMS, la probabilidad de morir entre los 30 y 70 años, en México, por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas en el año 2012 fue del 16% [*].

El trasplante es hoy una de las mejores alternativas con que cuentan los profesionales de la salud para combatir algunos de esos padecimientos crónicos. La calidad de los trasplantes se ha incrementado sustancialmente a lo largo de su historia y es por ello que la expectativa de vida de aquellos que acceden a él es también mayor y mejor.

El problema ante los trasplantes que se realizan para combatir a las enfermedades crónicas sigue siendo el que representa la obtención del insumo principal para el trasplante, es decir, el órgano. Bien sabido es que en todos los países del mundo, la demanda de órganos es muy superior a la obtención de los mismos. Pocos países han logrado disminuir la brecha pero nunca han logrado satisfacer la demanda.

Para obtener un órgano humano para trasplante, es indispensable el cumplimiento de diversos requisitos, muchos de los cuales obedecen a una bien demostrada lógica científica, por ejemplo la compatibilidad y la calidad del órgano (estructura, vascularización, datos de no infección, etc.), solo por mencionar algunos. Pero adicionalmente existe un requisito que solamente puede ser explicado en una lógica de respeto por el otro. Es decir en una dimensión ética que cada vez es más exigible ante el desarrollo científico y tecnológico. Este requisito de intención humana está relacionado con el reconocimiento de que cada ser humano puede y debe decidir lo que corresponde a la disposición de su cuerpo ya sea en vida o para después de su muerte. Donación es la forma en que se define al acto de obtener un órgano para trasplante, ésta no es la figura jurídica del derecho civil ni sigue sus reglas. La Donación en este caso se utilizó en México para distinguir a este acto sui generis que representa la voluntad manifiesta, que persigue fines altruistas y de solidaridad, para entregar a otra persona que lo necesita un órgano para trasplantes [*]. Esta voluntad a la donación se formaliza mediante el Consentimiento y éste ha estado permanentemente asociado a la capacidad legal de las personas para otorgarlo.

La figura del Consentimiento Informado es muy conocida en la atención de la salud. La relación médico-paciente depende en la actualidad de éste cómo la máxima expresión del reconocimiento de la autonomía de las personas. Diversas declaraciones de organismos internacionales estudian, analizan y rescatan la importancia y relevancia de esta figura [*] .El Consentimiento Informado en realidad es un proceso que contiene tanto obligaciones como derechos, primero la obligación de informar amplia, suficiente, de manera clara y veraz sobre el diagnóstico, pronóstico y alternativas terapéuticas de un problema de salud, esta obligación corresponde al profesional de la salud, en específico al denominado médico tratante. En segundo lugar esta figura es el derecho que tenemos las personas para decidir, aceptar o negar alternativas terapéuticas, y para poder elegir adecuadamente es que se requiere la información. Solo así se puede entender que el consentimiento es la manifestación de la autonomía de las personas. La autonomía es uno de los principios éticos que debe guiar la práctica médica. A través del tiempo la autonomía ha sido entendida de diversas formas y ha evolucionado a un ritmo bastante lento, años atrás la autonomía en salud estaba representada como la voluntad de obedecer la instrucción médica, es decir la autonomía como obediencia. Diversos movimientos socio-culturales, políticos y económicos permitieron que a través de los años la autonomía se vea hoy como la capacidad de autogobierno [*] , en materia de salud como la capacidad de poder tomar decisiones racionales y razonables aunque estas no sean exactamente las que el médico prefiera. La obligación de informar entonces cobra sentido pues es solo con información que el paciente puede tomar una decisión responsable, racional y razonada para evitar conductas paternalistas de los profesionales de la salud.

El consentimiento por tanto, no es solamente un evento que se formaliza en un documento es un proceso dialógico indispensable, de respeto mutuo, que permite el cumplimiento de diversos principios éticos y de los derechos humanos. Y en tanto está vinculado al principio de la autonomía, que implica la posibilidad de tomar decisiones, pues se requiere de conciencia y capacidad legal.

La capacidad legal o jurídica es la figura establecida en los códigos civiles que se vincula con la posibilidad de ejercer derechos (como la disposición de su propio cuerpo o de sus bienes) por sí mismo. Aunque la capacidad de las personas se rige por el derecho del lugar del domicilio de la persona [*], existe más o menos coincidencia en las legislaciones civiles del País para determinar que la minoría de edad, el estado de interdicción y otras incapacidades establecidas por la ley(generalmente aquellas que devienen de un diagnóstico médico relacionados con discapacidad mental), son restricciones a la personalidad jurídica [*]. Dadas esas restricciones determinados grupos de personas que pueden entrar en dichas categorías no pueden otorgar consentimiento por sí mismo. De hecho en México está prohibida la donación de órganos de menores con vida y la donación de órganos de personas incapaces o por personas que por cualquier circunstancia se encuentren impedidas para expresar libremente su voluntad, estos ya sea vivos o muertos [*].

Por tanto la discusión en la que se centra esta propuesta se relaciona con el consentimiento de órganos y tejidos de personas adultas que en vida tuvieron capacidad jurídica.

Ahora el Consentimiento Informado respecto de las personas que recibirán un órgano, puede quedar claro con la explicación anterior. También puede entenderse el consentimiento informado respecto de las personas con capacidad jurídica que donen un órgano en vida, pero habría que distinguir, en el ánimo de ampliar la explicación, que la figura del consentimiento informado tratándose de personas que han fallecido tiene que ser replanteado, si a lo que se aspira es la de respetar al ser humano, incluso la memoria de aquel que ha fallecido.

Esta propuesta también se sustenta en otro argumento importante que se abordó anteriormente de manera muy general: la alta demanda de órganos para trasplante y la insuficiente oferta de los mismos. Según datos del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) de junio de este año, alrededor de 12,193 personas habían sido    registradas como personas esperando por un órgano para su trasplante [*], este registro corresponde a aquellos trasplantes que se realizan con órganos de donantes que han perdido la vida. Este registro no implica que estén registrados todas las personas con padecimientos crónico degenerativos que pueden ser atendidos mediante un trasplante, sino que se encuentran aquellos que han podido acceder a un programa hospitalario de trasplante, dados los datos de incidencia y prevalencia de estas enfermedades se calcula que el número podría ser con mucho superior a este dato proporcionado por el CENATRA.

La Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante (RCIDT) es un organismo de carácter internacional al cual se integra México, cuya misión es desarrollar la cooperación entre sus miembros en materia de donación y trasplante de órganos. Este organismo ha venido rescatando algunos datos estadísticos que dan muestra de la debilidad de los programas de obtención de órganos de donadores fallecidos frente a los programas de Trasplantes. Ver Tabla 1.

Tabla 1.

Tasas anuales, año 2012: donantes fallecidos y trasplante renal por tipo de obtención de órganos en 4 países

Indicador/País

México

Brasil

Argentina

Uruguay

Cuba

Chile

Colombia

Tasa anual de donantes fallecidos por millón de personas

3.6

12.4

15.3

15.9

9.9

8.6

7.8

Tasa anual de Trasplante Renal

22.8

27.2

28.8

29.1

11.8

15.7

16.4

Tasa anual de Trasplante renal de donante fallecido

6.0

20.4

21.9

28.2

10.7

11.7

14.6

Tasa anual de trasplante renal de donante vivo

16.8

6.7

6.9

0.9

1.1

4.0

1.9

Fuente: elaboración propia con datos de la RCIDT del 2013 [*]

México tiene una tasa muy disminuida de donantes fallecidos aunque como se demuestra tiene una alta tasa de trasplantes (renales y también de otros órganos), lo que quiere decir que se están obteniendo órganos de personas vivas y eso representa un riesgo para las personas sanas que se convierten en donantes de órganos. Algunas de las diferencias que se presentan entre los países puede tener múltiples explicaciones, por ejemplo, las diferencias de los sistemas de salud y su financiamiento, pero eso solamente explicaría casos como los de Cuba, Uruguay e incluso Brasil. Las legislaciones de estos países no son muy divergentes a las nacionales y no existen muchos estudios que den cuenta de las razones por las cuales las tasas de donantes fallecidos en México no logra despunta. Es frecuente, sin embargo, escuchar en los medios de comunicación, que el problema se encuentra en un fenómeno que denominan “mala cultura de la donación”.

La “cultura de la donación” hace alusión a una supuesta falta de valores altruistas y solidarios en la sociedad pero en realidad ningún estudio serio ha logrado respaldar tal hipótesis. En cambio existen algunos estudios que demuestran que la obtención de órganos de donantes fallecidos depende de diversas condiciones, circunstancias y acciones específicas que corresponden a los programas nacionales de donación y trasplantes [*].

La baja tasa de donantes fallecidos en México no permite disminuir la brecha entre el número de pacientes en espera de un órgano y el número de trasplantes. Y cada vez más se recurre a la donación de órganos de personas vivas, incrementando con ello la posibilidad de afectación a una persona sana, el donante.

Así lo expresado anteriormente es conveniente precisar, que la donación de órganos para trasplantes puede provenir de una persona viva y para ello la ley prevé un tipo de consentimiento que denomina expreso. Este consentimiento debe contener los requisitos previstos en la Ley General de Salud (LGS), su reglamento en materia de trasplantes, pero también lo correspondiente a lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas que hablan sobre el expediente clínico y el expediente clínico electrónico, así como lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Atención Médica Hospitalaria.

Por otro lado la obtención de órganos de donantes fallecidos debe seguir otra lógica distinta que dé respuesta, sí a las necesidades de la realidad epidemiológica del país, principalmente bajo una óptica de solidaridad social, pero sobre todo a una lógica de respeto a la memoria del que fue. Este consentimiento debe considerar la forma para respetar el deseo o la voluntad de la persona con capacidad jurídica que vivió y que comunicó de una u otra forma su voluntad. Así es que la LGS ya establece el Consentimiento expreso como la manifestación de la voluntad que se otorga de manera anticipada a la muerte para que se disponga de sus órganos y/o tejidos con fines de trasplante. Este consentimiento debe constar por escrito, generalmente en las formas establecidas por el CENATRA (aunque en algunas Entidades se ha legislado para validar otros instrumentos públicos como por ejemplo la licencia de manejo). Es un documento que puede ser certificado ante notario público o que puede permanecer como documento privado. Este consentimiento sigue algunas reglas del consentimiento informado, como por ejemplo la posibilidad de revocarlo en cualquier momento sin perjuicio alguno.

Por otra parte está lo que la LGS ha denominado, hasta la fecha, como Consentimiento Tácito, aquel al que se recurre cuando la persona en vida no dejó un consentimiento expreso para la donación. Este consentimiento no existe realmente, lo que la LGS hace, es presentarlo como la ausencia de una posible negativa a donar, y establece como requisito sine qua non para que se configure el consentimiento tácito, obtener también el consentimiento de cualquiera de las siguientes personas que se encuentren presentes: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante.

Como ya señalamos anteriormente, si a lo que se aspira es a manifestar respeto por la voluntad y deseo del que fue, entonces tendríamos que pensar esta figura desde otra óptica. Diversos países consideran la figura del Consentimiento Presunto, pero debemos entender al Consentimiento Presunto como aquel que se indaga, cómo la búsqueda de la posible voluntad de la persona, aquella información que se busca y se obtiene de voz de las personas más cercanas al potencial donante. No significa inventar un nuevo tipo de consentimiento expreso que parece confundirse en el texto de la ley vigente: Los disponentes secundarios, podrán otorgar el consentimiento a que se refieren los párrafos anteriores [se refiere al consentimiento expreso], cuando el donante no pueda manifestar su voluntad al respecto [*]. Es decir se le concede a lafamilia un derecho difícil de explicar, el consentir la donación de partes de un cuerpo que no es el propio, cuando en realidad lo que se busca es el respeto de la voluntad, en la medida de lo posible, del que falleció. Es decir queremos partir de la presunción de que la familia puede dar cuenta de lo que el potencial donante hubiese querido al momento de su muerte.

De acuerdo con esta idea también es posible, respetar también el dolor de los que se quedan. Las donaciones de órganos son procesos complejos que de manera transversal se suceden una serie de eventos jurídicos, médicos pero también humanos. Y en el entendido de ese acto humano el proceso debe realizarse en circunstancias y bajo principios similares a los que rigen la figura del consentimiento informado. Así a fin de encontrar la posible voluntad de fallecido, el Coordinador de Donación y los médicos tratantes de quién falleció deben proporcionar a la familia información amplia, suficiente, veraz, oportuna para que en un proceso de diálogo y de respeto la familia pueda ratificar el consentimiento presunto. La figura del Consentimiento Presunto solamente se entiende si emulamos a otros programas exitosos, como el de España que ha demostrado que el más alto nivel de donación de órganos se puede obtener respetando la autonomía de la persona y la opinión de la familia.

Cómo los órganos de donantes fallecidos se obtienen principalmente de personas que han perdido la vida por criterios encefálicos, es decir por muerte encefálica, es indispensable que quede claro que la muerte encefálica es muerte para todos sus efectos y no solamente para la obtención de órganos con fines de trasplantes. Los diagnósticos de muerte encefálica deben hacerse, aunque se sospeche que no es un donante óptimo o que no podrá obtenerse el consentimiento. Por esta razón es que se intenta precisar el procedimiento a seguir en caso de que los familiares soliciten desconectar a una persona con muerte encefálica de los equipos que lo mantienen con algunos signos cardiopulmonares.

Por último vale la pena aclarar que parece pertinente eliminar algunos conceptos que fueron vigentes antes de la reforma del año 2000 y que ahora no tienen ni aplicación ni utilidad en el contenido de la LGS vigente, por ejemplo disponente o disponente secundario, este último por las razones ya expuestas en el entendido de que solamente la persona tiene reconocido derecho para disponer de cuerpo.

Dicho lo anterior, se proponen las modificaciones siguientes:

VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 314.- Para efectos de este título se entiende por:

VI. Donador o disponente, al que tácita o expresamente consiente la disposición en vida o para después de su muerte, de su cuerpo, o de sus órganos, tejidos y células, conforme a lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

VI. Donador o disponente, al que tácita o expresamente consiente la disposición en vida o para después de su muerte, de su cuerpo, o de sus órganos, tejidos y células, conforme a lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

XVI. Disponente secundario, alguna de las siguientes personas; él o la cónyuge, el concubinario o la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante; conforme a la prelación señalada;

XVI. Consentimiento en sustitución: Disponente secundario, alguna de las siguientes personas; él o la cónyuge, el concubinario o la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante; conforme a la prelación señalada;

Artículo 316 Bis.- (…)

(…)

Corresponderá a los coordinadores a los que se refiere este artículo:

I. (…)

II. Solicitar el consentimiento del familiar a que se refiere esta Ley;

Artículo 316 Bis.- (…)

(…)

Corresponderá a los coordinadores a los que se refiere este artículo:

I. (…)

II. Ofrecer información amplia y suficiente a los familiares sobre el proceso de donación y consultarles sobre la voluntad de donar o no de la persona que perdió la vida;

Artículo 320.- Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o parcialmente, para los fines y con los requisitos previstos en el presente Título.

Artículo 320.- Toda persona podrá disponer o donar su cuerpo, total o parcialmente, para los fines y con los requisitos previstos en el presente Título.

Artículo 321.- La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes.

Artículo 321.- La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste en el consentimiento presunto o expreso de la persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes.

Artículo 322.- La donación expresa podrá constar por escrito y ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes.

En la donación expresa podrá señalarse que ésta se hace a favor de determinadas personas o instituciones. También podrá expresar el donante las circunstancias de modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione la donación.

Los disponentes secundarios, podrán otorgar el consentimiento a que se refieren los párrafos anteriores, cuando el donante no pueda manifestar su voluntad al respecto.

 

La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá ser revocada por terceros, pero el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad de su parte.

En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo. En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células troncales se estará a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud.

Artículo 322.- La donación expresa deberáconstar por escrito y ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes.

 

En la donación expresa podrá señalarse que ésta se hace a favor de determinadas personas o instituciones. También podrá expresar el donante las circunstancias de modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione la donación.

 

Los disponentes secundarios, podrán otorgar el consentimiento a que se refieren los párrafos anteriores, cuando el donante no pueda manifestar su voluntad al respecto.

 

La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá ser revocada por terceros, pero el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad de su parte.

 

En todos los casos se deberá cuidar que La donación se rije por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro, confidencialidad y factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo. En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células troncales se estará a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud.

Artículo 324.- Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de cualquiera de las siguientes personas que se encuentren presentes: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante. Si se encontrara presente más de una de las personas mencionadas, se aplicará la prelación señalada en este artículo.

 

 

 

 

 

El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser privado o público, y deberá estar firmado por éste, o bien, la negativa expresa podrá constar en alguno de los documentos públicos que para este propósito determine la Secretaría de Salud en coordinación con otras autoridades competentes.

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma para obtener dicho consentimiento.

Artículo 324.- Habrá consentimiento presunto del donante cuando, en vida, no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes.

Esta presunción, para que sea válida, requiere que la familia tenga acceso a información amplia y suficiente sobre la muerte de la persona y el proceso de donación.

La familia será consultada sobre la posible voluntad de la persona fallecida para ratificar el consentimiento presunto. La ratificación anterior podrá ser otorgada por el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante. Si se encontrara presente más de una de las personas mencionadas, se aplicará la prelación señalada en este artículo.

El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser privado o público, y deberá estar firmado por éste, o bien, la negativa expresa podrá constar en alguno de los documentos públicos que para este propósito determine la Secretaría de Salud en coordinación con otras autoridades competentes.

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma para obtener dicha negativa.

Artículo 325.- El consentimiento tácito sólo aplicará para la donación de órganos y tejidos una vez que se confirme la pérdida de la vida del disponente.

En el caso de la donación tácita, los órganos y tejidos sólo podrán extraerse cuando se requieran para fines de trasplantes.

Artículo 325.- El consentimiento presunto sólo aplicará para la donación de órganos y tejidos una vez que se confirme la pérdida de la vida del disponente.

 

En el caso de la donación presunta, los órganos y tejidos sólo podrán extraerse cuando se requieran para fines de trasplantes.

Artículo 326.- El consentimiento tendrá las siguientes restricciones respecto de las personas que a continuación se indican:

I. El tácito o expreso otorgado por menores de edad, incapaces o por personas que por cualquier circunstancia se encuentren impedidas para expresarlo libremente, no será válido, y
II. El expreso otorgado por una mujer embarazada sólo será admisible si el receptor estuviere en peligro de muerte, y siempre que no implique riesgo para la salud de la mujer o del producto de la concepción.

Artículo 326.- El consentimiento tendrá las siguientes restricciones respecto de las personas que a continuación se indican:

 

I. El presunto o expreso otorgado por menores de edad, incapaces o por personas que por cualquier circunstancia se encuentren impedidas para expresarlo libremente, no será válido, y
II. (…)

Artículo 334.- Para realizar trasplantes de donantes que hayan perdido la vida, deberá cumplirse lo siguiente:

I. Comprobar, previamente a la extracción de los órganos y tejidos y por un médico distinto a los que intervendrán en el trasplante o en la extracción de los órganos o tejidos, la pérdida de la vida del donante, en los términos que se precisan en este título;

II. Existir consentimiento expreso del disponente, que conste por escrito o no constar la revocación del tácito para la donación de sus órganos y tejidos;

 

II Bis. Proporcionar información completa, amplia, veraz y oportuna al o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el  adoptado o el adoptante de la persona fallecida, conforme a la prelación señalada, de los procedimientos que se llevarán a cabo, y

III. Asegurarse que no exista riesgo sanitario.

Artículo 334.- Para realizar trasplantes de donantes que hayan perdido la vida, deberá cumplirse lo siguiente:

I. (…)

 

 

 

II. Existir consentimiento expreso del disponente, o que se configure el consentimiento presunto.., que conste por escrito o no constar la revocación del    tácito para la donación de sus órganos y tejidos;

II Bis. Proporcionar información completa, amplia, veraz y oportuna a la familia en los términos del artículo 324de los procedimientos que se llevarán a cabo, y

 

 

 

III. (…)

Artículo 345. No existirá impedimento alguno para que a solicitud y con la autorización de las siguientes personas: el o la cónyuge, el concubinario o la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante; conforme al orden expresado; se prescinda de los medios artificiales cuando se presente la muerte encefálica comprobada y se manifiesten los demás signos de muerte a que se refiere el artículo 343.

Artículo 345. No existirá impedimento alguno para que a solicitud y con la autorización de las siguientes personas: el o la cónyuge, el concubinario o la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante; conforme al orden expresado; se prescinda de los medios artificiales cuando se presente la muerte encefálica comprobada y se manifiesten los demás signos de muerte a que se refiere el artículo 343.

En este caso también se verificará previamente, la voluntad de la persona fallecida y se seguirán las reglas y los principios básicos establecidos en el Título Octavo Bis de esta Ley.

Sería muy recomendable medir el impacto de esta reforma, en caso de ser aprobada. Establecer indicadores para medir las tasas de donantes fallecidos para comparar la eficacia del consentimiento expreso vs consentimiento presunto, y con ello realizar en el futuro cualquier adecuación a esta norma, en caso necesario.

Para garantizar el derecho a ser informado y considerando la importancia de esta figura del Consentimiento Presunto, la Secretaría de Salud debería tener como prioridad allegar a los mexicanos información amplia y suficiente relacionada con las posibilidades de la donación al momento de la muerte.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único.- Se modifican los artículos 314 fracción VI, 316 bis 2do párrafo, 320, 321, 322, 324, 325, 326 párrafo I, 334 fracciones II y II bis y 345; y se deroga la fracción XVI del artículo 314 de la Ley General de Salud, quedando redactado de la siguiente manera:

Artículo 314.- Para efectos de este título se entiende por:

I al V. (…)

VI. Donador, al que tácita o expresamente consiente la disposición en vida o para después de su muerte, de su cuerpo, o de sus órganos, tejidos y células, conforme a lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

VII al XV. (…)

XVI. DEROGADO

XVII al XXVIII. (…)

Artículo 316 Bis.- (…)

(…)

Corresponderá a los coordinadores a los que se refiere este artículo:

I. (…)

II. Ofrecer información amplia y suficiente a los familiares sobre el proceso de donación y consultarles sobre la voluntad de donar o no de la persona que perdió la vida;

III a X. (…)

Artículo 320.- Toda persona podrá disponer o donar su cuerpo, total o parcialmente, para los fines y con los requisitos previstos en el presente Título.

Artículo 321.- La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste en el consentimiento presunto o expreso de la persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes.

Artículo 322.- La donación expresa deberá constar por escrito y ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes.

En la donación expresa podrá señalarse que ésta se hace a favor de determinadas personas o instituciones. También podrá expresar el donante las circunstancias de modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione la donación.

La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá ser revocada por terceros, pero el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad de su parte.

La donación se rije por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro, confidencialidad y factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo. En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células troncales se estará a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud.

Artículo 324.- Habrá consentimiento presunto del donante cuando, en vida, no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes.

Esta presunción, para que sea válida, requiere que la familia tenga acceso a información amplia y suficiente sobre la muerte de la persona y el proceso de donación.

La familia será consultada sobre la posible voluntad de la persona fallecida para ratificar el consentimiento presunto. La ratificación anterior podrá ser otorgada por el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante. Si se encontrara presente más de una de las personas mencionadas, se aplicará la prelación señalada en este artículo.

El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser privado o público, y deberá estar firmado por éste, o bien, la negativa expresa podrá constar en alguno de los documentos públicos que para este propósito determine la Secretaría de Salud en coordinación con otras autoridades competentes.

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma para obtener dicha negativa.

Artículo 325.- El consentimiento presunto sólo aplicará para la donación de órganos y tejidos una vez que se confirme la pérdida de la vida del disponente.

En el caso de la donación presunta, los órganos y tejidos sólo podrán extraerse cuando se requieran para fines de trasplantes.

Artículo 326.- El consentimiento tendrá las siguientes restricciones respecto de las personas que a continuación se indican:

I. El presunto o expreso otorgado por menores de edad, incapaces o por personas que por cualquier circunstancia se encuentren impedidas para expresarlo libremente, no será válido, y

II. (…)

Artículo 334.- Para realizar trasplantes de donantes que hayan perdido la vida, deberá cumplirse lo siguiente:
I. (…)

II. Existir consentimiento expreso del disponente, o que se configure el consentimiento presunto;

II Bis. Proporcionar información completa, amplia, veraz y oportuna a la familia en los términos del artículo 324 de los procedimientos que se llevarán a cabo, y

III. (…)

Artículo 345. No existirá impedimento alguno para que a solicitud y conla autorización de las siguientes personas: el o la cónyuge, el concubinario o la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante; conforme al orden expresado; se prescinda de los medios artificiales cuando se presente la muerte encefálica comprobada y se manifiesten los demás signos de muerte a que se refiere el artículo 343.

En este caso también se verificará previamente, la voluntad de la persona fallecida y se seguirán las reglas y los principios básicos establecidos en el Título Octavo Bis de esta Ley.

TRANSITORIO

PRIMERO.- La Secretaría de Salud deberá armonizar el contenido de la presente reforma con el reglamento de la Ley general de Salud en Materia de Trasplantes e implementará una campaña amplia de información sobre la obtención de donante fallecido y las figuras de consentimiento expreso y presunto

SEGUNDO.-El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, a 8 de junio de 2016.

Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa.

[*] En http://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/ , consultado 10-11-2015
[*] En http://apps.who.int/gho/data/view.main.2485 consultado el 11-11-2015
[*] Exposición de motivos de la reforma al título décimo cuarto de la Ley General de Salud del año 2000.
[*] Por ejemplo remítase a: art. 5 de la declaración de Oviedo de 1997, Arts. 5 y 6 de la declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de 2005, Principios 1 y 3 de los Principios Rectores de la OMS sobre Trasplante de Células, Tejidos y Órganos Humanos del año 2010.
[*] Schneewind, J. (2009) La invención de la autonomía. México, D.F: FCEPág.s. 23-35
[*] Fracción II del Art. 13 del Código Civil Federal
[*] Art. 23 del Código Civil Federal
[*] Fracción I del Art. 326 de la Ley General de Salud
[*] En http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/trasplante_estadisticas.html consultado en Junio de 2015. Nota:no se incluye el dato de personas en espera de tejido músculo esquelético o córneas, solo de órganos sólidos
[*] RCIDT. (2013) Datos sobre la actividad de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células del año 2012. Newsletter Trasplante Iberoamérica. 7,(1). 23-42
[*] Ver por ejemplo: Scandroglio, B., Domínguez‐Gil, B., López, J. S., Valentín, M. O., Martín, M. J., Coll, E.,& Matesanz, R. (2011). Analysis of the attitudes and motivations of the Spanish population towards organdonation after death.Transplant International, 24(2), 158-166.Coll, E., Miranda, B., Domínguez-Gil, B., Martín, E., Valentín, M., Garrido, G., & Matesanz, R. (2008). Donantes de órganos en España: evolución de las tasas de donación por comunidades autónomas y factores determinantes. Medicina clínica, 131(2), 52-59.
[*] Véase por ejemplo el tercer párrafo del artículo 322





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se condenan las agresiones en contra de los maestros chiapanecos que acudieron a cumplir con su labor educativa y que fueron vejados por un grupo de personas; asimismo, se exhorta al gobierno estatal y a la Secretaría de Educación Pública a instrumentar mecanismos para proteger los derechos de los docentes y trabajadores de la educación, frente a los grupos que tratan de ejercer violencia para tratar de obstruir la reforma educativa. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La reforma educativa promovida por el Presidente Enrique Peña Nieto, ha sido un pilar fundamental para garantizar a las próximas generaciones de mexicanos un futuro más prometedor. Los cambios a la legislación, especialmente la expedición de la Ley General del Servicio Profesional Docente ha tenido como principal objetivo que los alumnos cuenten con maestros mejor preparados y capacitados. Los senadores del PRI no tenemos la menor duda de que la transformación educativa tiene como objetivo acabar con uno de los principales vicios de nuestro sistema: el ausentismo y la venta de plazas docentes.

La nueva normatividad y cambios en la estructura educativa busca eliminar las barreras que han hecho que la educación en México vaya en detrimento de los principios constitucionales y, sobre todas las cosas, que por décadas no se haya garantizado una enseñanza de calidad.

Hoy, gracias a la reforma en los próximos años tendremos una educación de calidad, que otorgara igualdad de oportunidades a los mexicanos y que asegurará garantice el interés superior de la niñez. Busca asegurar el futuro de la nación a través de la implementación de nuevas tecnologías dentro de las aulas, con una selección de maestros para el servicio público educativo en función del mérito y sus capacidades, asimismo, de crear procesos de evaluación de los docentes para permitir saber cuáles son sus necesidades de regularización y formación continua con el fin de mejorar sus habilidades.

La reforma educativa busca encontrar el equilibrio entre la calidad de la enseñanza y las habilidades de los docentes en las aulas, no por ello los maestros que sean deficientes en la impartición de sus clases serán dados de baja, todo lo contrario, se les capacitará para potencializar sus cualidades, y a los docentes que ya tengan definitividad se les ubicará en otras áreas administrativas.

La búsqueda de eliminar las malas prácticas educativas ha sido el factor sobre el cual el magisterio, ha solventado un gran número de actos delictivos, incluyendo la obstrucción de los buenos docentes y otros trabajadores de la educación.

Es condenable el ausentismo de docentes en las aulas durante el periodo escolar por seguir a grupos que solo lo que buscan el retroceso de la educación en México. Son hechos que simplemente tienen que ser atendidos a la mayor brevedad posible, implementando un irrestricto apego al marco legal correspondiente. Nadie puede estar por encima de la ley, más aún cuando en la actualidad todos los maestros tienen piso parejo para crecer profesionalmente y mejorar su calidad de vida

Comprendamos que el derecho a la manifestación de cualquier idea o posición en razón de sus inconformidades. Éste principio está garantizado en nuestra Constitución, siempre y cuando se encuentre apegado a los cauces institucionales y no se violente el derecho de terceros o la soberanía del Estado.

Respecto al magisterio y evitar sus prácticas lucrativas con la educación se ha establecido en el artículo 3ro de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el estado, se llevaran a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan.

El magisterio tiene que obedecer lo que mandata nuestra legislación, tiene que cumplir con sus obligaciones o someterse a las sanciones que correspondan. Su principal tarea no es estar en las calles, sino en las aulas, enseñando y fortaleciendo que requieren para enfrentar con éxito la vida y el trabajo. No podemos tolerar que ningún grupo, independientemente de sus demandas entorpezcan el avance del sistema educativo que la sociedad necesita.

A la par de la evaluación docente, se requiere acabar con las canonjías y privilegios político económicos del magisterio, que es importante señalar han contribuido a mermar la situación financiera que los estados en conjunto sufren; de nueva cuenta son las entidades que poseen la peor calidad educativa del país: Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero. La implementación de los nuevos reglamentos y leyes para beneficio de los profesionales de la educación están encaminadas a lograr redimir cualquier práctica desleal que ponga en riesgo el salario obtenido por su eficiente aplicación de conocimientos en las aulas.

Por ello. son inexcusables todos aquellos sucesos ocurridos durante el mes de mayo incentivados y apoyados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, en los cuales por desgracia se ha violentado los derechos humanos de los docentes que han acudido de manera responsable a cumplir con sus obligaciones hacía con la sociedad y con nuestra niñez ávida de conocimiento.

Los recientes hechos ocurridos en el estado de Chiapas en donde un grupo de personas humillo, vejo y dañó la integridad física de docentes que trataban de cumplir con sus funciones y obligaciones sus labores, representa una grave desvirtuación de cualquier causa por legítima que parezca. La circunstancia de cortar el cabello, desnudar torsos y hacer que caminen descalzos por la calle, cae en la irracionalidad, así como en el vandalismo y en lo delincuencial.

Por ello, en el Grupo Parlamentario del PRI nos solidarizamos con los maestros chiapanecos que han sido vejados y nos manifestamos porque este lamentable hecho no quede en impunidad. Demandamos de las autoridades correspondientes acciones contundentes, prontas, transparentes y apegadas a derecho para castigar a los responsables.

En función de los actos ocurridos el pasado 31 de junio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, venimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente punto de Acuerdo, el cual contiene cuatro resolutivos y esperamos que todas las fuerzas políticas aquí representadas den su aval, a efecto que no vuelva a ocurrir un suceso deleznable como a lo ocurrido en contra de los maestros.


PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena las agresiones en contra de los maestros chiapanecos que acudieron a cumplir con su labor educativa y que fueron vejados por un grupo de personas.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno estatal y a la Secretaría de Educación Pública, a instrumentar mecanismos para proteger los derechos de los docentes y trabajadores de la educación, frente a los grupos que tratan de ejercer violencia para tratar de obstruir la reforma educativa.

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, a acelerar las investigaciones para castigar a todas aquellas personas que participaron en los hechos delictivos donde se vieron afectados los derechos y la integridad física de los maestros chiapanecos.

CUARTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta    respetuosamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, a realizar una investigación de oficio por la violación de derechos humanos de los probables actos constituidos en los disturbios ocurridos el pasado 31 de junio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que afectó la integridad física y moral de docentes en función de sus labores.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, el 8 de junio de 2016.

Atentamente.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a realizar una investigación que aclare y determine a la brevedad las responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos que, por acción u omisión, permitieron la fuga de dos personas privadas de su libertad en el Reclusorio Varonil Oriente el pasado 30 de mayo. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Sistema Penitenciario de la Ciudad de México tiene capacidad para albergar a 23,947 internos; sin embargo, en enero de 2016 estaban recluidas 36,075 personas, lo que representa una sobrepoblación de 12,128 internos.

De acuerdo con la página web de la Secretaría de Gobierno, la entidad cuenta con 8 reclusorios varoniles, 2 femeniles y un centro de sanciones administrativas, los cuales son organizados y administrados por la Subsecretaría de Sistema Penitenciario.

En los últimos años, diversos medios de comunicación han hecho de conocimiento público una serie de irregularidades que prevalecen al interior de los reclusorios de la Ciudad de México, basta mencionar que en el mes de abril del presente año se dio a conocer una selfie donde un grupo de internos del Reclusorio Varonil Oriente aparecen con cocaína y ropa prohibida dentro del penal.1

En 2014, durante sus comparecencia en la Asamblea Legislativa, el entonces Secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, expresó que “La corrupción es innegable, es algo que por supuesto hemos descubierto en diferentes áreas de accesibilidad que tienen los centros penitenciarios”.2

La organización civil Documenta informó que, en los centros penitenciarios de la capital del país, la principal fuente de dinero entre custodios y reos es el pase de lista, que llega a dejar ganancias diarias de al menos 120 mil pesos en reclusorios con mayor población interna.3

En agosto del año pasado, el subdirector del penal, Raúl Cano, fue señalado por permitir el ingreso de drogas y celulares en el Reclusorio Norte, al que pertenecía. Los hechos están sustentados en la averiguación previa SSP-T1-1679-1506.4

En los reclusorios todo tiene un costo, no se puede vivir sin dinero, advierten los reclusos; se paga desde la estancia, cambiar de patio, hasta lo más elemental, como jabón, rastrillos, papel higiénico y la comida.5

La Comisión de Derechos Humanos de la capital del país tiene en curso investigaciones por el ingreso de diversas armas, incluso de fuego, que ponen en riesgo la integridad psicofísica de las personas privadas de libertad y la seguridad de las instituciones, fallas que ya han provocado hechos lamentables como la muerte de personas.

Aunado a lo anterior, el pasado 30 de mayo Agustín Mirando Orozco y Roberto Sánchez Ramírez se fugaron del Módulo de Alta Seguridad “Diamante”, ambos lo hicieron por una reja de la zona de juzgados del Reclusorio Oriente después de desahogar diligencias.

Agustín Miranda Orozco, de 46 años, tiene una sentencia de 64 años por los delitos de portación de arma de fuego, robo calificado, robo de auto, evasión de presos, plagio o secuestro. Ingresó el 28 de octubre de 2011.

Roberto Sánchez Ramírez, de 50 años de edad, purga una condena de 114 años 9 meses y 1 día por los delitos de asociación delictuosa, robo calificado, plagio o secuestro y portación de arma de fuego.6

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos que los hechos que motivan el presente punto de acuerdo, deben ser investigados a fondo, agotando todos los escenarios y todas las líneas de investigación. 

El artículo 9 de la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal establece que el orden y la disciplina se mantendrán con firmeza en los Centros de Reclusión, sin más restricciones que las necesarias, con el fin de lograr la convivencia, el adecuado tratamiento de internos y la preservación de la seguridad en las instituciones y su eficaz funcionamiento.

Asimismo, el artículo 103 de dicha ley señala que la vigilancia interna en los Centros de Reclusión deberá ser desempeñada por Dirección Ejecutiva de Seguridad Penitenciaria de la Subsecretaría, en tanto que la vigilancia externa estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública.

Adicionalmente, el estado de la fuerza (custodios, policías y guardias) asignada representa poco más de 3 mil elementos en tres turnos, lo que equivale a un individuo por cada 42 personas internas en promedio; la infraestructura en los centros penitenciarios presenta un grave deterioro y carece de suficientes herramientas tecnológicas que apoyen los procesos de ingreso y revisión tanto de objetos como de personas (cámaras de vigilancia en el interior y en aduanas), situación que favorece la introducción de objetos y substancias prohibidas, la corrupción, el autogobierno y el debilitamiento de la figura de las autoridades. Debido a la falta de personal, son las y los mismos internos los que realizan tareas administrativas, controlando de esta forma ciertos aspectos de sus relaciones. Estas circunstancias limitan las posibilidades de que las autoridades trabajen en los procesos de reinserción social y favorecen la violación de derechos humanos de la población reclusa, así como constantes riñas y robos.7

Por su parte el artículo 125 de la misma legislación, señala que las faltas cometidas por los servidores públicos del Sistema Penitenciario, serán sancionadas conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; asimismo, los hechos que puedan ser constitutivos de delito se sancionarán de acuerdo a las disposiciones penales, haciéndolos del conocimiento del agente del Ministerio Público, sin perjuicio de las medidas que en materia laboral sean conducentes.

En este contexto, demandamos que se realice una revisión exhaustiva de las cárceles de la entidad y una investigación puntual que permita determinar las responsabilidades por acción u omisión de las autoridades por la fuga de dos personas privadas de su libertad en el Reclusorio Varonil Oriente.

Es urgente que se fortalezcan los protocolos de seguridad en todo el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México e instrumentar mecanismos de transparencia, a fin de prevenir actos de corrupción y más fugas que ponen en riesgo la seguridad de la población. La situación actual genera ingobernabilidad y situaciones que dificultan la reinserción social efectiva.

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país, las autoridades penitenciarias solamente han cumplido 32 recomendaciones, que representan el 49.23% del total; además, el organismo señala que actualmente se encuentran sujetas a seguimiento un total de 33, de las cuales una data de 1995.8 El organismo ha hecho evidente la necesidad de que se fortalezcan los sistemas de seguridad en los centros de reclusión a través de la implementación de mecanismos confiables y precisos para la vigilancia y monitoreo permanente que garanticen tanto la seguridad institucional como la población penitenciaria, visitantes y servidores públicos y, con ello prevenir este tipo de eventos.9

De ahí la importancia de instrumentar la homologación de los mecanismos, sistemas, protocolos y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de la entidad, tal y como lo establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, a través de las instancias competentes, se realice una investigación objetiva y transparente que aclare y determine a la brevedad las responsabilidades de los servidores públicos que, por acción u omisión, permitieron la fuga de dos personas privadas de su libertad en el Reclusorio Varonil Oriente el pasado 30 de mayo. Asimismo, para que se coordinen con las instancias de seguridad y procuración de justicia nacional a efecto de lograr su pronta recaptura.

Segundo. La Comisión permanente del Congreso de la Unión solicita al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que inicie los procedimientos administrativos pertinentes para separar de su cargo al Subsecretario del Sistema Penitenciario y al Director Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, por acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones, que derivaron en la fuga de dos personas privadas de su libertad en el Reclusorio Varonil Oriente el pasado 30 de mayo.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, a través de las instancias competentes, investigue y fortalezca las acciones que permitan desmantelar la presunta red de corrupción que prevalece en el Sistema Penitenciario de la capital del país, a fin de que prevalezca un sistema de seguridad efectivo.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, en el marco de sus atribuciones, atienda las recomendaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos de la entidad y envíe un informe a esta Soberanía sobre las acciones emprendidas para su atención.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
sede de la Comisión Permanente, el 8 de junio de 2016.

Atentamente.

1 http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=818001

2 http://www.aldf.gob.mx/archivo-85cb6518b9507699a3364e9cfdfc3e97.pdf

3 http://www.sinembargo.mx/17-11-2015/1553757

4 http://www.cronica.com.mx/notas/2016/964176.html

5 http://www.jornada.unam.mx/2014/04/14/capital/037n1cap

6 http://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-mexico/2016/05/30/reportan-fuga-de-2-internos-del-reclusorio-oriente

7 http://www.reclusorios.cdmx.gob.mx/subsecretaria/pgd2013-2018.pdf

8 http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/2016/04/cdhdf-inicio-investigacion-de-oficio-por-fallas-en-seguridad-y-privilegios-en-reclusorios/

9http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/2016/05/inicia-cdhdf-investigacion-de-oficio-relacionada-con-la-fuga-de-dos-personas-privadas-de-libertad-del-reclusorio-preventivo-varonil-oriente/





 

De la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno del estado de Puebla a fortalecer sus programas, estrategias y acciones enfocadas a promover y estimular la generación de empleos, a fin atender, prevenir y superar la pobreza laboral en la entidad. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, XITLALIC CEJA GARCÍA, Diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 Y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El déficit de empleos requeridos para absorber a la población económicamente activa, la nula promoción del trabajo de calidad y el deterioro de las condiciones económicas en el Estado de Puebla, generan una desigualdad en los ingresos percibidos por los trabajadores y como consecuencia, aumentan los niveles de pobreza laboral.

Esta problemática en la entidad, imposibilita que el empleo sea un mecanismo efectivo de inclusión social, panorama que se agrava debido a que no permite que las familias adquieran los satisfactorios básicos y los productos elementales de la canasta básica.

Lo anterior significa que muchos ciudadanos, no son capaces de vivir con el salario de su trabajo de manera independiente, por lo que el número de pobres se ha incrementado significativamente. Sólo para darnos una idea de esta situación, es importante decir que según la organización "México ¿Cómo vamos?", en Puebla no se han realizado las acciones correctas para generar las condiciones idóneas de inversión, fomento al empleo y la capacitación para la fuerza laboral.

Como Legisladora Federal, me parece preocupante que según la información proporcionada por este organismo, durante la presente administración estatal, sólo se crearon 19 mil empleos, cuando la meta eran al menos 60 mil 500, es decir, hubo más del 52% de incumplimiento.

Además Puebla es uno de los estados con los salarios más bajos, lo cuales son en promedio de 4 mil 500 pesos mensuales. Lo anterior quiere decir que, durante la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, la pobreza laboral ha aumentado alarmantemente al pasar de 48.3 a 52% de la fuerza laboral, esto es producto de las pocas o nulas acciones encaminadas a fomentar la producción, la generación de empleos formales y la inversión directa.

Estas omisiones, también se ha traducido en el aumento de la pobreza dimensional que en el 2010 representaba 61.5% y en el 2015 este dato ascendió a 64.5%, es decir, durante este tiempo más de 3 millones de personas se sumaron a los habitantes que no pueden satisfacer sus necesidades básicas de alimentación.

Otra estadística que merece nuestra atención, es la relativa a la población que se encuentra laborando en el sector informal, ya que en el estado ésta constituye al menos el 68.5% según el Semáforo Económico del colectivo México ¿cómo vamos?

En particular, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se refiere al "sector informal" como aquellas actividades económicas no agropecuarias, que no se constituyen como empresas y que no cumplen con los registros básicos e impuestos contemplados en el marco jurídico vigente.

Estas directrices, evidencian la posibilidad de emprender diversas acciones a fin de mejorar la calidad de vida de centenares de familias poblanas como consecuencia la baja productividad, lo cual ha llevado a que 7 de cada 10 habitantes, se encuentren laborando en el sector informal.

Aunado a lo anterior, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI arrojó que en Puebla hay un millón 954 mil 291 trabajadores informales, lo cual lo ha conducido a ocupar uno de los primeros lugares con más informalidad laboral en el país, siendo la industria manufacturera la más afectada, sólo después de la agricultura y ganadería.

Por estos motivos, la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Estado de Puebla, debe acrecentar, ampliar y fortalecer sus programas, estrategias y acciones enfocadas a promover y estimular la generación de empleos, a fin atender, prevenir y superar la pobreza laboral en la entidad.

Contar con un empleo bien remunerado y de calidad, contribuye a la protección social para las familias, asegura mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, con crecimiento económico sostenible; elemental para erradicar la pobreza y la marginación generalizada.

Con estas medidas, se estará garantizando el ejercicio pleno de diversos derechos constitucionales, tales como el del trabajo, alimentación adecuada y salario justo, además, se estará contribuyendo a cumplir con los compromisos internacionales de México ante la Organización Mundial del Trabajo en materia de trabajo digno o decente.

La presente proposición de punto de Acuerdo es pertinente, debido a que impulsa y trata de fomentar la igualdad de oportunidades para los trabajadores, la remuneración mínima vital y la estabilidad laboral, asimismo, busca generalizar el aseguramiento de los beneficios mínimos establecidos en normas laborales y Leyes internacionales en la materia.

Resulta insoslayable otorgar una respuesta pronta, eficaz, integral y justa, para que los poblanos afectados, superen la condición en la que se encuentran, marcadas por la marginación, la exclusión y la pobreza laboral.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Gobierno del Estado de Puebla, para que a través de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, fortalezca sus programas, estrategias y acciones enfocadas a promover y estimular la generación de empleos, a fin atender, prevenir y superar la pobreza laboral en la entidad.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Gobierno del estado de Puebla, para que a través de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, presente un informe con las políticas públicas e incentivos para la formalización de pequeños comerciantes y pequeñas o medianas empresas; así como los programas sectoriales para la generación de empleos y la promoción de inversiones en Estado de Puebla.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República,
el 8 de junio de 2016.

Atentamente

Dip. Xitlalic Ceja García.





 

De la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de salud a establecer las condiciones necesarias para implementar de forma expedita el empaquetado neutro en las cajetillas de cigarros que se venden en nuestro país. Se turna a la Segunda Comisión.

Quien suscribe, Dip. JORGINA GAXIOLA LEZAMA, a nombre de los Diputados Federales del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El consumo del tabaco representa una de las principales causas de muerte en la población, pues de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 30% de las personas adultas en el mundo son fumadores, y de ellos, 4 millones mueren anualmente. No hay otra adicción que cobre más vidas que el tabaco. Ni siquiera la del alcohol, que cada año cobra 3.3 millones de vidas.

Considerando las más de 187 mil muertes anuales en todo el mundo por drogas, conforme al más reciente informe de este año, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el tabaco cobra 32 vidas cuando la adicción a las drogas en su conjunto, matan a una sola.

La OMS identifica al consumo del tabaco como causa importante de muchas de las enfermedades más mortales en el mundo, en particular, las enfermedades cardiovasculares, las pulmonares obstructivas crónicas y el cáncer pulmonar.

A nivel mundial el consumo del tabaco causa la muerte de uno de cada diez adultos, aunque es común que el consumo del tabaco sea la causa de origen oculta detrás de otras enfermedades y fallecimientos. De ese tamaño es la magnitud del problema que enfrentamos.

En México esta enfermedad cobra alrededor de 65 mil muertes por año, lo que significa al menos 150 defunciones diarias, es decir, un promedio de una muerte por cada 10 minutos. Así, aunque su práctica está tolerada, es necesaria una regulación para proteger a los individuos de sus consecuencias y evitar que miles de familias mexicanas se vean afectadas por los efectos y consecuencias que provocan en su entorno.

Éste es un problema de salud pública que ha crecido en los últimos veinte años de manera exponencial. Actualmente, el consumo de tabaco es un factor de riesgo para muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles tales como leucemia, cardiopatía isquémica, infarto, y enfermedad cerebrovascular y diversos tipos de cáncer como de pulmón, laringe, riñón, vejiga, estómago, entre otros.

Pero no sólo el consumo del tabaco afecta la salud de las personas, sino también la exposición al humo de segunda mano. Así, los no fumadores expuestos al humo de tabaco tienen entre 20% y 30% más de probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón y 25% más de probabilidad de padecer enfermedades del corazón que los no fumadores que no están expuestos.

Un dato relevante sobre las consecuencias negativas que tiene el tabaquismo, es el costo monetario que representa para el Estado Mexicano. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, en el año 2013, nuestro país gastó más de 75 mil millones de pesos en atención a enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Otro daño colateral del consumo de tabaco es el relacionado con la productividad laboral, reflejado en los costos por ausentismo laboral, los cuales fueron de 143.9 millones de pesos en 2009. La productividad perdida por causa de este motivo, fue de aproximadamente 438 millones de pesos según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por lo tanto y con la finalidad de generar una mayor conciencia sobre los peligros del tabaquismo, el 31 de mayo de cada año la OMS y sus asociados celebran el Día Mundial Sin Tabaco para hacer hincapié en los riesgos sanitarios asociados al consumo de tabaco y abogar por políticas eficaces que contribuyan a reducirlo.

Con ocasión del Día Mundial Sin Tabaco 2016, la OMS hace un llamamiento a todos los países para que se preparen para el empaquetado neutro de los productos de tabaco.

El empaquetado neutro es una importante medida de reducción de la demanda que disminuye el atractivo de los productos de tabaco, restringe el uso de los paquetes de tabaco como soportes para publicitar y promover el tabaco, limita el empaquetado y etiquetado engañosos y aumenta la eficacia de las advertencias sanitarias.

Lo que se pretende con el empaquetado neutro de los productos de tabaco es restringir o prohibir el uso de logotipos, colores, imágenes de marca o información promocional sobre el envase, excepto los nombres de la marca y del producto, que se han de presentar en un color y tipo de fuente estándar.

En las directrices relativas a los artículos 11 y 13 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS) se recomienda que las partes consideren la adopción del empaquetado neutro.

No cabe duda que en la actualidad existe un interés genuino por el empaquetado neutro, y es que dicho mecanismo va en aumento en todo el mundo, por ejemplo en diciembre de 2012, Australia se convirtió en el primer país que aplicó plenamente el empaquetado neutro, asimismo, en 2015, Irlanda, Gran Bretaña, Irlanda del Norte y Francia aprobaron leyes para dar efecto al empaquetado neutro a partir de mayo de 2016.

En el grupo parlamentario del Partido Verde alentamos a nuestro país a reforzar las medidas y restricciones relativas al empaquetado y el etiquetado, en particular con respecto a la publicidad, la promoción y el patrocinio, a medida que avanzan hacia la adopción del empaquetado neutro de manera gradual.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades de Salud a establecer las condiciones necesarias para implementar de forma expedita el empaquetado neutro en las cajetillas de cigarros que se venden en nuestro país.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 8 de junio de 2016.

Suscribe

Dip. Jorgina Gaxiola Lezama.





 

De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz a informar sobre la red de corrupción de empresas fantasmas, creada para desviar recursos federales de programas sociales de combate a la pobreza en el estado de Veracruz, durante la administración de Javier Duarte de Ochoa. Se turna a la Primera Comisión.







 

De la Diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública y al gobierno del estado de Chiapas a incrementar la atención al conflicto magisterial, a redoblar los esfuerzos para establecer mesas de diálogo para el magisterio y a favorecer el uso de mecanismos pacíficos para el restablecimiento del orden en el estado de Chiapas. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe, MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, número 1, los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Soberanía proposición con punto de Acuerdo por el que La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de la República y al Gobierno del estado de Chiapas, a incrementar la atención al conflicto magisterial, a redoblar los esfuerzos para establecer mesas de diálogo para el magisterio y a favorecer el uso de mecanismos pacíficos para el restablecimiento del orden en el estado de Chiapas, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Chiapas es un estado lleno de una diversidad de colores, bellezas naturales y culturas; y llena de orgullo a los que tenemos la fortuna de ser chiapanecos. Esta multifacética circunstancia se ve reflejada en las distintas expresiones sociales, lo cual implica también que debido a la complejidad de sus problemas, estos deben ser atendidos por todos los niveles de gobierno con la enorme responsabilidad de encontrar soluciones que permitan a los ciudadanos gozar de paz social y desarrollo.

En los últimos días, se han registrado algunos movimientos de diversos sectores que exigen solución a sus demandas, principalmente de orden federal; y principalmente en la capital del estado, se han desarrollado algunos eventos que parecieran perturbar la tranquilidad y calidad de vida a que estamos acostumbrados los chiapanecos.

El país ha presenciado enfrentamientos entre profesores y policías, ha escuchado de impunidad ante malas actuaciones realizadas por funcionarios electorales de Chiapas y ha sido testigo de la efervescencia social a nivel municipal que ha evidenciado fallas en la interlocución, entre representantes locales y el pueblo.

Con respecto a los enfrentamientos derivados de las exigencias de maestros a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, la información que hasta el momento tenemos indica más de diez heridos, tanto de maestros como de cuerpos policiales, estatales y federales; disturbios, bloqueo de comunicaciones y enfrentamientos en diversas partes del estado y el riesgo de que los distintos conflictos que actualmente suceden en Chiapas, sigan abonando a un ambiente de inestabilidad que favorezca una escalada mayor de violencia. Asimismo, en las expresiones de las autoridades educativas federales se percibe la negativa a generar vías de negociaciones pacíficas, distintas a promover el aumento de elementos policiales federales que necesariamente incrementa las posibilidades de la escalada en los enfrentamientos.

En este contexto, podemos apreciar que la ausencia de diálogo y la inflexibilidad política por parte de la Secretaría de Educación Pública, han propiciado la aparición de expresiones de violencia social, el incremento en amenazas y el disenso que hoy, lejos de generar soluciones, están poniendo en riesgo la paz en Chiapas; la tranquilidad de las familias chiapanecas, y el prestigio de nuestras instituciones. Por ello, aun es oportuno un llamado al diálogo y a que todos los actores políticos y sociales involucrados, muestren la voluntad de construir un Chiapas para todos, reconociendo que nuestras diferencias deben ser zanjadas por la tolerancia, sin imposiciones irreflexivas que lleven al enfrentamiento social. La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal debe asumir su rol en la dirección de la política educativa propiciando consensos, escuchando a quienes piensan diferente para buscar acuerdos y abandonar su persistente posición inflexible con la que abona al enfrentamiento.

En mi carácter de Diputada Federal, propongo hacer un respetuoso llamado al gobierno del estado, para que se atiendan de manera pronta y expedita aquellas demandas que exigen los ciudadanos y planteo hacer un atento llamado a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal para que busque alternativas sin violencia. De igual manera, considero necesario que los habitantes del estado, mantengamos la unidad y trabajemos juntos para encontrar la mejor salida a nuestros problemas.

No podemos permitirnos caer en las provocaciones de emisarios del pasado, que con rumores infundados intentan generar un caos social que sólo beneficia a sus intereses; la unidad debe ser el camino inmediato para encontrar prontas soluciones a los problemas de los chiapanecos.

Quienes tenemos la responsabilidad de trabajar en favor del pueblo de Chiapas, debemos hacerlo con la entrega absoluta que implica servirle a nuestra tierra y a nuestros coterráneos, con independencia de colores partidistas y mirando siempre por el bien y la prosperidad de nuestro estado.

En consecuencia, presento este Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia resolución, en el cual la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión haga un llamado a las autoridades educativas federales para la atención del profesorado, el establecimiento de mesas de diálogo y a la búsqueda de mecanismos pacíficos para resolver las diferencias.

Expreso mi solidaridad con el magisterio chiapaneco y con los diversos grupos que hoy reclaman solución a sus causas; reitero mi convicción de que el camino de la unidad y la disposición al diálogo y la concertación, son las herramientas que permitirán a los chiapanecos mantener la paz y tranquilidad que todos anhelamos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de la República y al Gobierno del estado de Chiapas, a incrementar la atención al conflicto magisterial, a redoblar los esfuerzos para establecer mesas de diálogo para el magisterio y a favorecer el uso de mecanismos pacíficos para el restablecimiento del orden en el estado de Chiapas.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 8 de junio de 2016.

Dip. María Elena Orantes López.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Sonora un informe sobre las acciones legales y administrativas emprendidas en contra de servidores públicos y el ex gobernador Guillermo Padrés Elías, derivado de las irregularidades observadas por la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2014, en diversos fondos educativos, así como agilizar las indagatorias y se actúe conforme a derecho. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior que dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el 17 de febrero del presente año, el monto de las observaciones con impacto económico pendientes de solventar 2011-2013, monto observado 2014, importe de procedimientos resarcitorios y monto de denuncias penales relacionados con simulación de reintegros para el Estado de Sonora, ascienden a los 6 mil 288 millones de pesos.1

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior revela que diversos fondos y subsidios relacionados con el sector educativo existe un probable daño o perjuicio, o bien la aclaración y solicitud de documentación justificativa y comprobatoria por una cantidad superior a mil 123 millones de pesos.

Con relación a los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, se anotan:

• Probable daño o perjuicio por un monto de 41 millones 611 mil 871.69 pesos más intereses generados, porque el CONALEP-Sonora erogó recursos del fondo en una categoría no autorizada por la SHCP y SEP.

• Que CONALEP-Sonora aclare y proporcione la documentación comprobatoria de 11 millones 809 mil 296.87 pesos debido a que dejaron de enterar cuotas y aportaciones del Seguro de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez, y al Fondo de la Vivienda del segundo al sexto bimestre de 2014.

Sobre el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior, se solicita:

• Que el Gobierno del Estado aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 21 mil 997.10 pesos por concepto de rendimientos financieros generados los cuales no fueron transferidos a la Universidad de Sonora.

En cuanto a los Recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo, se observa:

• Probable daño o perjuicio por un monto de 209 millones 085 mil 769.64 pesos, por no reintegrar los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2014.

• Probable daño o perjuicio por un monto de 1 millón 072 mil 512.00 pesos, por haber destinado recursos del Programa para el pago de nóminas de docentes externos para impartir clases de inglés, concepto que no es financiable con el programa.

• Probable daño o perjuicio por un monto de 497 mil 609.96 pesos, por haber destinado recursos del Programa al pago de nóminas de personal con más de una plaza de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora.

Por lo que se refiere a los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal:

• Probable daño o perjuicio por un monto de 8 millones 555 mil 457.03 pesos, por haber realizado pagos en centros de trabajo no financiables con el fondo, con estatus clausurados y no localizados en el catálogo autorizado.

• Probable daño o perjuicio por un monto de 23 millones 733 mil 239.64 pesos, por haber destinado recursos del FAEB 2014 para el pago de compensaciones y bonos a personal administrativo, de los que no se encontraron en las minutas de acuerdos.

• Probable daño o perjuicio por un monto de 55 millones 569 mil 205.26 pesos, por haber pagado a trabajadores comisionados a las secciones sindicales 28 y 54 indebidamente con goce de sueldo.

• Probable daño o perjuicio por un monto de 3 millones 721 mil 712.04 pesos, por haber pagado a personal comisionado a otras dependencias que no corresponden al fondo y a trabajadores adscritos a centros AGD.

• Probable daño o perjuicio por un monto de 11 millones 258 mil 204.00 pesos, por haber pagado gastos que corresponden a otro ejercicio fiscal.

• Probable daño o perjuicio por un monto de 37 millones 013 mil 217.40 pesos, por haber pagado retenciones de ISR y SAR-FOVISSSTE correspondientes a ejercicios anteriores.

• Probable daño o perjuicio por un monto de 7 millones 372 mil 137.36 pesos, por haber realizado pagos del ISSSTE y SAR-FOVISSSTE del ejercicio 2013.

• Que el Gobierno del Estado por conducto del IFODES aclare y proporcione la documentación comprobatoria por un monto de 9 millones 525 mil 445.89 pesos, conforme a los objetivos del fondo, en virtud de que no enteró las cuotas y aportaciones de ISSSTE y SAR-FOVISSSTE.

• Probable daño o perjuicio por un monto de 505 mil 585.75 pesos más los intereses, por haber pagado a personal que no se encuentran realizando funciones frente a grupo.

En relación a los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior:

• Que el Gobierno del estado aclare y proporcione la documentación comprobatoria por 26 mil 046.55 pesos por concepto de rendimientos financieros generados por el atraso en la entrega de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda a la Universidad de Sonora.

Por lo que se refiere al Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación:

• Que el Gobierno del estado aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 711 millones 139 mil 007.40 pesos, integrados por 710 millones 875 mil 782.00 pesos por concepto de falta de documentación soporte del gasto y por 263 mil 225.40 pesos por recursos que no habían sido devengados al 31 de mayo de 2015.

• Que el Gobierno del estado aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 384 mil 762.00 pesos por concepto de pagos a 37 trabajadores en exceso al monto autorizado en los lineamientos del otorgamiento del estímulo a la Calidad Docente.

Son ampliamente conocidas las denuncias por presunto desvío de recursos y/o uso indebido de recursos públicos en contra de diversos funcionarios de primer nivel que formaron parte de la administración de Guillermo Padrés Elías como Gobernador de Sonora. De hecho, sobre el mismo ex titular del Poder Ejecutivo hay acusaciones de lavado de dinero.

A casi ocho meses del cambio de administración surgen nuevas acusaciones dignas de tomarse en cuenta que deben investigarse a fondo.

De los casos más recientes destaca el de Agustín Antonio Padrés, primo hermano del exgobernador de Sonora, quien fue subdirector adscrito a la Dirección General de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Educación y Cultura del estado (SEC), y desde esa posición presuntamente defraudó a 45 personas al venderles plazas magisteriales fantasma hasta en 120 mil pesos.2

De acuerdo a la información que ha trascendido, Agustín Antonio Padrés organizó una red de cuatro maestros y una secretaria, con quienes "vendía" plazas laborales de maestro, prefecto y conserje. La afectación patrimonial asciende aproximadamente a la cantidad de un millón 213 mil pesos.

La situación es tan grave que el actual Secretario de Educación y Cultura de Sonora, Ernesto de Luca Hopkins, ha declarado que la administración de Guillermo Padrés "desfalcó" a la dependencia con 2 mil millones de pesos, y que en esos seis años se desviaron recursos a obras de "relumbrón, no urgentes o prioritarias".3

De acuerdo a diversas versiones periodísticas, "la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) y la Procuraduría General de la República (PGR) investigan a quien fuera gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y a su hermano Miguel por el presunto manejo ilícito de por lo menos 3.3 millones de dólares, de acuerdo con información de The Wall Street Journal". 4

De acuerdo a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en su artículo 13, las observaciones que emita la Auditoría Superior de la Federación derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública, podrán derivar entre otras, en:

I. Acciones promovidas, incluyendo solicitudes de aclaración.

II. Pliegos de observaciones.

III. Promociones de intervención de la instancia de control competente.

IV. Promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.

V. Promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

VI. Denuncias de hechos.

VIII. Denuncias de juicio político.

A su vez, el artículo 15 del mismo ordenamiento legal señala que, además de la fiscalización de los recursos públicos federales, la Auditoría Superior de la Federación tiene la atribución de determinar los daños o perjuicios, o ambos, que afecten la Hacienda Pública Federal y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes; así como el fincamiento de las responsabilidades resarcitorias previstas.

El artículo 186 del Código Penal para el Estado de Sonora señala que comete el delito de Peculado todo servidor público que, para sus propios o ajenos, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a la administración pública estatal o municipal.

El Código Penal Federal, en su artículo 223 considera igualmente que comete el delito de peculado todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular.

El artículo 400 Bis del Código Penal Federal dispone que se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

En el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que el tema de la educación, la transparencia y la rendición de cuentas, son prioritarias para el Estado Mexicano.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Gobierno del estado Sonora envíe un informe a esta Soberanía sobre las acciones legales y administrativas emprendidas en contra de servidores públicos y el ex gobernador Guillermo Padrés Elías, derivado de las irregularidades observadas por la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2014 en diversos fondos educativos. Asimismo, para que se agilicen las indagatorias y se actué conforme a derecho.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora un informe pormenorizado del resultado de las investigaciones realizadas sobre los desvíos de recursos durante la administración de Guillermo Padrés Elías.

Tercero. La Comisión Permanente solicita un informe sobre las investigaciones que se llevaron a cabo en relación a la presunta venta de plazas en la Secretaría de Educación del estado Sonora.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, el 8 de junio de 2016.

Atentamente.





 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Guerrero información sobre los casos que la Comisión ha detectado en las escuelas del estado en las que presuntamente niñas y niños se han visto involucrados en exigir el cobro de derecho de piso a sus compañeros, compañeras y autoridades docentes. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, Senadora MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, SOLICITA AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUERRERO, INFORME A ESTA H. SOBERANÍA SOBRE LOS CASOS QUE LA COMISIÓN HA DETECTADO EN LAS ESCUELAS DEL ESTADO EN LAS QUE PRESUNTAMENTE NIÑAS Y NIÑOS SE HAN VISTO INVOLUCRADOS EN EXIGIR EL COBRO DE DERECHO DE PISO A SUS COMPAÑEROS, COMPAÑERAS Y AUTORIDADES DOCENTES al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El contexto de violencia por el que atraviesa nuestro país, afecta gravemente a todos y cada uno de los diversos sectores de la población. Todos los días nos enteramos de hechos constitutivos de delitos y más aún relacionados con la delincuencia organizada, en las que se ven involucradas violaciones de derechos humanos.

Para las niñas, niños y adolescentes que se enfrentan a contextos de violencia, la afectación no solo es grave sino que puede ser irreversible. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF), ha señalado que la violencia en México es un factor determinante para la deserción escolar e incluso, una causa importante de muertes infantiles. Miles de niñas, niños y adolescentes en México, crecen en un contexto de violencia cotidiana que deja secuelas profundas e incluso termina cada año con centenares de ellos. Gran parte de esta violencia, señala el UNICEF, que incluye la violencia física, sexual, psicológica, la discriminación y el abandono, permanece oculta y en ocasiones, es aprobada socialmente.

De acuerdo con el Informe Violencia, Niñez y Crimen Organizado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 10 ciudades de nuestro país se encuentran ubicadas dentro del ranking de las ciudades más violentas del mundo.1 En este informe, la Comisión ha expresado su preocupación por una serie de tendencias graves con relación a algunas políticas de seguridad y lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, las cuales suponen restricciones a los derechos humanos o han llevado a la práctica a abusos por parte de agentes del Estado y se resaltan las siguientes:

1. Padecer abuso o violencia en el seno de su familia, en la escuela o en el ámbito de su comunidad por parte de adultos o por sus pares;

2. La falta de cuidados adecuados en su familia y de apoyo a las instituciones del Estado;

3. No poder gozar de su derecho a una educación de calidad en un ambiente protector que le brinde la posibilidad de desarrollar su máximo potencial;

4. Haber sufrido estigmatización o alguna forma de discriminación basada en su condición socio-económica y/o origen;

5. La ausencia de oportunidades reales para desarrollar su proyecto de vida derivado de situaciones estructurales de exclusión social, lo cual muchas veces los introduce a los grupos con actividades criminales como la opción más al alcance y viable;

6. Sufrir presiones, abuso, violencia o explotación de parte de grupos que se dedican a actividades criminales y utilizan y explotan a niños, niñas y adolescentes para llevar a cabo sus acciones;

7. Y la violencia, abuso y vulneraciones a sus derechos que los niños, niñas y adolescentes pueden enfrentar por parte de la policía, o cuando entran en contacto con el sistema de justicia juvenil y durante el tiempo de privación de libertad, entre otras situaciones.

De acuerdo con la CIDH, (2015:39), usualmente las diversas formas de violencia y otras vulneraciones a los derechos de la niñez se interrelacionan y se superponen, provocando una victimización sucesiva de los derechos de la niñez, que además frecuentemente se extiende en el tiempo, que de no tomarse las medidas oportunas pueden tener consecuencias posteriores en la adolescencia. Al respecto, la Comisión ha destacado "la necesidad de fortalecer la institucionalidad en lo relativo a la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de los Sistemas Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez, en particular a nivel local" (2015:45).

De acuerdo con el informe presentado por la CIDH, en México algunos análisis estiman que hay por lo menos 30.000 niños y adolescentes menores de 18 años que cooperan activamente con la delincuencia organizada en actividades que van desde la extorsión y el tráfico de personas hasta la piratería y el narcotráfico. De la información aportada por el Estado de México se desprende que los niños son integrados a organizaciones criminales a partir de los 10 y 11 años de edad, o incluso a edades más tempranas, "para trabajar para traficantes, ya sea de productos ilícitos (drogas o armas) o de personas (burreros)", como para realizar asaltos, agresiones y secuestros.

Organizaciones de la Sociedad Civil en nuestro país vinculadas a la defensa de los derechos de la niñez, han reportado que a partir de los 9-10 años de edad, niñas y niños son involucrados en delitos, sobre todo en la trata de personas. Los niños más pequeños son utilizados como vigías o informadores, o se les utiliza para abordar los trenes, monitoreando la cantidad de migrantes que llegan cada día. A partir de los 12 años, se les utiliza para cuidar las casas de seguridad y controlar que nadie se escape. Los más grandes, a partir de los 16 años, trabajan en ejercicios más violentos, como los secuestros, los asesinatos, y todos portan armas. En lo que se refiere al narcotráfico, los niños están involucrados en toda la línea de la industria. Los más pequeños trabajan como vigilantes, los más grandes se ocupan del traslado de la droga y a partir de los 16 empiezan a ser contratados como sicarios. Las niñas están involucradas sobre todo enel empaquetamiento de la droga.

Aunado a lo anterior y de acuerdo con datos de la Consulta Infantil y Juvenil realizada en México en el 20122, llevada a cabo con la participación de más de 500.000 niños, niñas y adolescentes entre 10 y 15 años, el 10% de los adolescentes de 13 a 15 años manifestaron que grupos de delincuentes les han pedido formar parte de sus actividades. La consulta concluye que la invitación a formar parte de grupos delictivos se incrementa con la edad y es mayor entre los hombres (13,5%) que entre las mujeres (7,8%), y también entre quienes no asisten a la escuela (22,2%) que entre quienes cuentan con escolaridad (10%). Asimismo la encuesta encontró que los Estados donde los adolescentes reportan con mayor frecuencia que los delincuentes les invitan a formar parte de su grupo son Chihuahua (17,8%), Baja California (13,6%), Quintana Roo (12,5%) y Durango (12,3%) 132. Sin embargo, el Estado carece de información exacta sobre la utilización de niños por parte de grupos delincuenciales.

Las condiciones de inseguridad y violencia por las que atraviesa nuestro país son factores importantes que deben ser considerados por las autoridades en los tres niveles de gobierno y como de especial preocupación en cada una de las regiones, pero sobre todo en aquellas zonas donde se han detectado graves vulneraciones a los derechos humanos de las personas. No es posible responsabilizar, discriminar o excluir a niñas y niños por las condiciones de vida a las que se enfrentan diariamente, ya que además de excluirlos, estigmatizarlos por la sociedad en general, suelen enfrentarlos a peligros que pueden lastimar su integridad personal o terminar con su vida. Sin embargo, como hemos podido constatar con los datos y cifras antes expuestas, las niñas y los niños que comúnmente están expuestos a vivir en contextos de delincuencia organizada tienden a reproducir conductas de las personas adultas.

El caso publicado el pasado 4 de mayo del presente por el Diario Milenio3, en el que se hace referencia a una declaración realizada por el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Coddehum), del Estado de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, quien señaló que hay casos detectados en varias escuelas en donde niños menores de edad, la mayoría hijos de supuestos delincuentes, exigen cobro de derecho de piso a sus compañeros y compañeras a cambio de no agredirlos. Señaló que generalmente la conducta se reproduce entre los alumnos, pero en ocasiones también se ven amenazados las autoridades docentes. De igual manera, se hace referencia a que el municipio de Acapulco es uno de los municipios en donde más se reproducen estás conductas debido al mayor número de escuelas existentes en la región.

Cabe recordar, que de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes4 (LGDNNA), niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se preserve su vida, su supervivencia y desarrollo y a disfrutar de una vida e condiciones acordes a su dignidad y que garanticen su desarrollo integral y no podrán ser utilizados en conflictos armados o violentos. (Artículos 14,15 y 16 de la LGDNNA). De igual manera, señala esta ley que tendrán derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y libre desarrollo de su personalidad (Artículos, 46 de la LGDNNA).

Aunado a lo anterior, la LGDNNA señala que tanto las autoridades federales como de las entidades federativas, las municipales y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en ámbito de sus respectivas competencias estarán obligadas a tomar medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por: el descuido, negligencia o abandono o abuso físico, psicológico o sexual; la corrupción de personas menores de dieciocho años de edad; la trata de personas, la incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o asociaciones delictuosas, conflictos armados o cualquier otra actividad que les impida su desarrollo integral, entre otras. (Artículo 47 de la LGDNNA).

Aunado a ello, es importante destacar que derivado de los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano como lo son la Convención sobre los Derechos del Niño5, así como6 el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados, es que el Comité los Derechos del Niño, ha recomendado a México: Revisar la estrategia de combate al crimen organizado, bajo un enfoque que asegure la protección de niñas y niños contra la violencia e implemente de manera efectiva el protocolo conjunto para la protección de los derechos de la infancia durante operaciones federales contra el crimen organizado por parte de órganos militares, de seguridad, de justicia o de desarrollo social.

Es de hacer notar, que para garantizar lo dispuesto tanto por la legislación nacional como la internacional, el Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, con base en el derecho de prioridad (Artículo 17 y 18 de la LGDNNA) debe realizar las acciones que sean necesarias para garantizar los derechos de la niñez, cuidando que se cumplan bajo los principios del interés superior de la niñez y aquellos contemplados por la ley en la materia y las disposiciones aplicables.

Los Estados en contextos de inseguridad primordialmente basan sus políticas en aspectos centrados de control coercitivo por las fuerzas de seguridad. No obstante, es necesario que se tomen en cuenta las causas estructurales y consecuencias específicas de estos contextos para las niñas, niños y adolescentes.

Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración y aprobación de este Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita al Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, informe a esta H. Soberanía sobre los casos que esta Comisión ha detectado en las escuelas del Estado en las que presuntamente niñas y niños se han visto involucrados en exigir el cobro de derecho de piso a sus compañeros, compañeras y autoridades docentes.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a los Sistemas Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes así como a los Sistemas Locales y municipales de protección de las 32 entidades federativas a diseñar una estrategia que contribuya a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en los contextos de inseguridad, violencia y delincuencia organizada que expongan a la niñez y a la adolescencia a situaciones de vulnerabilidad o a ser captados, utilizados o vinculados en actividades violentas o ilícitas.

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública a emprender una campaña de difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en las escuelas del país, en especial del derecho a una vida libre de violencia.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, el 8 de junio de 2016.

Sen. Martha Elena García Gómez.

1 Referencias Bibliográficas. CIDH, (2015). Informe "Violencia, niñez y crimen organizado", disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaNinez2016.pdf

3 Diario Milenio, Sección Política. "Niños cobran derecho de piso a compañeros en Guerrero" disponible en:
http://www.milenio.com/politica/Ninos_derecho_de_piso-cobro_derecho_de_piso-Coddehum-acoso_escolar_0_731326902.html

4 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de diciembre de 2104.

5 Convención de los Derechos del Niño, disponible en: http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

6 Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados, disponibles en:http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx





 

De la Diputada Hortensia Aragón Castillo, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud garantice el ejercicio del derecho a vivir sin violencia de niñas, niños y mujeres víctimas de violencia familiar y de género, a través de diversas acciones. Se turna a la Segunda Comisión.

Quien suscribe, Diputada Federal de la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, es la institución del Estado encargado de fungir como coordinador e integrador de las políticas que garantizan la plena equidad de género y el derecho a la salud reproductiva de todos los organismos nacionales, estatales y municipales, públicos y privados, relacionados con los servicios de salud.

Según el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, los recursos destinados a este centro se incrementaron en poco más de doscientos millones de pesos, en términos reales, al pasar de $2,027,550,769.00 a $2,229,437,616.00. Las tareas que tiene encomendadas, según la propia página del Centro, son los de

• Igualdad de Género en Salud;

• Prevención y Atención a la Violencia;

• Prevención y control del cáncer de la Mujer;

• Planificación Familiar y Anticoncepción;

• Salud Materna y Perinatal; y

• Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes.1

Según el propio Centro,

Las estimaciones realizadas reportan que en 2013 el gasto total en SR y EG en México fue de 54 312.6 millones de pesos corrientes, equivalentes a 5.4% del gasto total en salud* y a 0.34% del Producto Interno Bruto. Este incremento representa 1.9% más de gasto en SR y EG respecto al año anterior. Del total gastado en SR y EG, el sector público concentró 80.7%, porcentaje alcanzado por el importante crecimiento experimentado en el periodo de análisis (2003-2013), pues al inicio la participación del sector público era de 55.8%. Este incremento es un reflejo de las estrategias de extensión de cobertura dirigidas a la población no asegurada (SSA/SESA/SPSS e IMSS-Oportunidades). Así, el gasto público en SR y EG destinado a la población no asegurada pasó de concentrar 23.7% del gasto total en SR y EG en 2003 a 48.2% en 2013 (figura 38b). Es de destacar que tanto el crecimiento del gasto público como el del gasto dirigido a la población sin seguridad social es mayor para el gasto SR y EG que los cambios observados para el gasto total en salud…

A pesar de estos cambios persisten algunas limitaciones que es pertinente señalar. El gasto de los hogares que proviene de las ENIGH, al igual que en las estimaciones previas, no permite identificar el gasto que realizan los hogares en la atención de enfermedades como cánceres cervicouterino, mamario y prostático, así como en la atención de las patologías benignas del aparato reproductivo. Como consecuencia existe subestimación del gasto de los hogares en estos rubros. Adicionalmente, el retraso y el poco detalle en el reporte del ejercicio presupuestal por parte de algunos Servicios Estatales de Salud impiden estimar de manera puntual el gasto en todas las funciones de salud. Es importante asegurar, para un mejor seguimiento del gasto, la introducción de capacitaciones y mecanismos de supervisión que permitan mejorar la calidad de la información sobre presupuestos ejercidos que reportan los estados al nivel federal.2

La propia página web del Centro reporta que el único programa que maneja esta instancia es el P020 "Salud Materna, Sexual y Reproductiva3 y que éste cuenta con matrices de Indicadores para resultados para el ejercicio fiscal 2016, cuantificables y estadísticamente confiables es, en consonancia con lo anterior que, en su Segundo Informe de Labores, consistente en apenas 5 cuartillas, el Centro dedique a la prevención de la violencia únicamente los siguientes tres párrafos:

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO DE EQUIDAD DE VIOLENCIA FAMILAR.

De septiembre de 2013 a agosto de 2014 se han brindado en los servicios especializados atención a 219,094 mujeres de 15 años y más, a las que se les proporciono 463,801 servicios de consejería; así mismo, se brindaron 465,938 atenciones de apoyo psico-emocional y por último se otorgaron 98,546 atenciones médicas especializadas a mujeres de 15 años y más que vivieron algún tipo de violencia familiar o de género.

Los Servicios Especializados brindan apoyo psico-emocional, atención médica y de trabajo social a mujeres de 15 años y más que viven en violencia severa. Para el año 2014 operan 345 servicios especializados ubicados en unidades de salud de las 32 Entidades Federativas.

En materia de refugios para la atención de mujeres en situación de violencia extrema de septiembre de 2013 a agosto de 2014 la SS coadyuvó en la atención de 1,931 mujeres, 1,662 niños y 1,727 niñas, lo anterior fue posible a través de subsidios a 44 refugios, de los cuales 31 operados por Organizaciones de la Sociedad Civil y 13 por Instituciones públicas. Dichos refugios se encuentran instalados en 26 Entidades Federativas y proporcionan servicios de: alimentación, hospedaje, atención médica, psicológica, jurídica y de trabajo social, así como capacitación para el empleo4.

Es por lo anterior que resulta preocupante que, en los recursos públicos que ejerce el Centro sean destinados, para subsidios, $1,612,240,886 (un mil seiscientos doce millones doscientos cuarenta mil ochocientos ochenta y seis pesos), sin que éstos sean adecuadamente aplicados, sin la debida transparencia y con un margen de ambigüedad y discrecionalidad, al momento de la asignación de estos recursos.

No pasa desapercibido, que el Centro deje de aplicar la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 "Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención", dado que ni siquiera se encuentra dentro de su Marco Normativo, según consta en la propia página web de la institución.5

Es por ello que Organizaciones de la Sociedad Civil han alzado sus voces para señalar la incorrecta implementación de las acciones de prevención de la violencia y, específicamente, de la incapacidad del Gobierno Federal para garantizar el acceso a servicios especializados de protección y atención integral a mujeres víctimas de violencia y el derecho a una vida libre de violencia para niñas, niños y mujeres como lo mandata la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En particular, las OSC's han evidenciado con respecto a los recursos que deben asignarse a los Refugios especializados que:

• En la Convocatoria para el otorgamiento de subsidios destinados a Refugios y sus Centros de Atención Externa para mujeres, niñas y niños Víctimas de violencia familiar existe una falta de transparencia en la asignación de los recursos que es preocupante,

• La propia convocatoria ignora la normatividad vigente, específicamente lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Víctimas y la NOM-046-SSA2-2005,

• Existen solicitudes y requisiciones por parte del CNEGySR a las organizaciones públicas y privadas que resultan financiadas por la Convocatoria que son fuera de orden de acuerdo a la naturaleza de los servicios y atenciones brindadas, volviéndose procesos administrativos burocráticos que obstaculizan y retardan la liberación del recurso, por lo tanto la atención a las víctimas,

• La falta de una política institucional que considere las necesidades reales de las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, por lo cual se vulnera su derecho a recibir atención integral especializada y un lugar de protección,

• Es necesario agilizar la entrega de los recursos para estos centros, garantizar su entrega en tiempo y forma y la aplicación del recurso durante los doce meses del año y no durante ocho como ha venido sucediendo en ejercicios anteriores,

• Se garanticen los derechos laborales de las y los profesionales de los Centros Externos, en igualdad de circunstancias que aquellos que laboran en el Sector Salud.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometida con el derecho de todas las mujeres a vivir su vida sin violencia, someto a consideración de esta H. Comisión Permanente el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través del Secretario de Salud, realice una transparente y adecuada asignación de los recursos públicos que serán distribuidos a partir de la Convocatoria Pública 2016 para el otorgamiento de "subsidios destinados a Refugios y Centros de Atención Externa para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia familiar", tomando en consideración las observaciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil e informe a esta H. Comisión Permanente respecto de los avances y resultados que se han alcanzado.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación realice auditorías financieras y de desempeño al Programa P020 Salud materna, sexual y reproductiva, ejercido por la URG L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, durante la próxima revisión de la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2016.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 8 de junio de 2016.

Suscribe

Dip. Hortensia Aragón Castillo.

1 http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/Carrusel/programas-accion2013-2018.html.

2 http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/EquidadGenero/Libros/CuentasSR2013.pdf, pp 65-70.

3 http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/Transparencia/indicadores_presupuestales.html

4 http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/Rendicion/2doInformeLabores.pdf

5 http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/Programas_de_Accion/prevencionViolencia/marco_viol.html





 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo para detener el deterioro del Parque Nacional "Palenque". Se turna a la Tercera Comisión.

El Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA DETENER EL DETERIORO DEL PARQUE NACIONAL PALENQUE, con base en los siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el estado de Chiapas, se encuentra el Parque Nacional Palenque, el cual alberga un gran número de especies representativas tanto de flora como fauna, de las cuales el 48 por ciento de ellas, se encuentran en alguna categoría de Riesgo, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Especies de Flora

Estatus de Riesgo

Vatairealundellii (Amargoso)

En Peligro

Guatteriaanomala (Sabino)

Amenazada

Terminalia amazonia (Canshán)

Calophyllum brasiliense(Bari)

Amenazada

Ficus spp. ()

Protección Especial

Cedrelaodorata (Cedro)

Quararibeafunebris (Molinillo)

Manilkarazapota (Chicozapote)

Bursera simaruba (Chaca o palo mulato,palo chaca)

Enterolobiumcyclocarpum (Guanacastle)

Brosimumalicastrum (Ramón)

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010

Especies de Fauna

Estatus de Riesgo

Agouti paca (Véase Cuniculus paca)

Dasyproctapunctata (Serequeguaqueque)

Alouatta pigra (Saraguato de manto)

En Peligro

Eirabarbara (Viejo de monte)

En Peligro

Ateles geoffroyi (Mono araña)

En Peligro

Leoparduspardalis (Ocelotetigrillo)

En Peligro

Leoparduswiedii(Tigirlloocelote margay)

En Peligro

Galictisvittata (Grisón)

Amenazada

Tamandua mexicana (Oso hormiguero)

En Peligro

Mazama americana (Venado cabrito)

Ramphastossulfuratus (Tucán)

Amenazada

Odocoileusvirginianus (Venado cola blanca)

Amazona sp. (Loro)

Pecaritajacu(Pecari de collar)

Sciurussp. (Ardilla)

Ara macao (Guacamaya roja)

En Peligro

Momotusmomota (Pájaro reloj)

Crax rubra(Hocofaisán)

Amenazada

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010

Dentro del Parque Nacional se encuentra la zona arqueológica de Palenque, la cual que destaca el templo de las inscripciones que en su interior se encuentra la tumba de Pakal.

La Zona arqueológica de Palenque es considerado uno de los sitios más importantes del mundo Maya que ha llamado la atención de gran cantidad de historiadores del arte y arqueólogos, durante los últimos tres siglos. Este sitio prehispánico es un referente dentro de la arqueología y las investigaciones realizadas en el área Maya y en México1.

En este sentido es de destacar que el Área Natural Protegida es considerada Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), conocida como "Ciudad Prehispánica y Parque Nacional de Palenque"

Para la Protección tanto del Parque Nacional como de la Zona Arqueológica, sólo se cuenta con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 20 de julio de 1981, en el cual se declara como Parque Nacional con el nombre de Palenque.

A pesar de la gran importancia ambiental y de la necesidad de protección de las especies que ahí habitan, no se cuenta todavía con un Programa de Manejo del Área Natural Protegida, siendo que la legislación ambiental establece que este documento deberá ser formulado dentro del siguiente año contado a partir de la publicación del decreto correspondiente.

Debe entenderse que la simple declaratoria de Área Natural Protegida, no genera acciones que permitan su protección, por ello la importancia del Programa de Manejo que es el instrumento de planeación y regulación que establece las actividades y acciones de conservación, protección, aprovechamiento entre otras, para el desarrollo sustentable en las Áreas Protegidas.

De acuerdo con Comisión Nacional de Derechos Humanos, el no contar con el Programa de Manejo, propicia cambios de uso de suelo, la expansión de la ganadería extensiva, la erosión de suelos, el desarrollo urbano, la extracción ilegal de especies y la contaminación de las aguas y suelos de las ANP2.

Asimismo, la CNDH indica que esta ausencia de programas tenga como consecuencia que muchas áreas hayan perdido los objetivos de conservación que dieron origen a su declaratoria.

El Parque Nacional Palenque ha mostrado una serie de problemáticas ambientales determinadas de su declaratoria oficial, y que hasta la fecha no han podido ser atendidas y erradicadas, como:

• Incendios Forestales,

• Cacería Furtiva,

• Expansión de la frontera agrícola,

• Introducción de especies exóticas,

• Contaminación de suelo y agua,

• Extracción ilegal de vida silvestre,

• Ganadería extensiva, y

•Asentamientos humanos irregulares.

Por ello, es urgente la necesidad de elaborar el Programa de Manejo del Parque Nacional Palenque, con la finalidad de terminar con su deterioro.

Este programa debe realizarse de acuerdo con el artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la participación de los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, a las dependencias competentes, los gobiernos estatales, municipales y a las organizaciones sociales, públicas o privadas y demás personas interesadas.

Por ello, el presente punto de acuerdo, tiene por objeto que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales conjuntamente con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, realicen los trabajos necesarios para la publicación del Programa de Manejo del Área Natural Protegida denominada Parque Nacional Palenque, con la participación de habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, de las dependencias competentes, del gobierno del estado y municipio y de las organizaciones sociales, públicas o privadas.

En atención a lo anteriormente expuesto, el Senador que suscribe pone a consideración del Pleno del Senado de la República el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; la Secretaría de Cultura; la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, realicen mesas de trabajo con los habitantes del Parque Nacional Palenque, así como con las organizaciones sociales en la zona, y con el gobierno del estado de Chiapas y del municipio de Palenque, para elaborar el Programa de Manejo respectivo del Parque Nacional Palenque y con ello detener el deterioro del Área Natural Protegida.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
del H. Congreso de la Unión, el 8 de junio de 2016.

Sen. Luis Armando Melgar Bravo.

1 INAH, 2016, Palenque: Fortificación o Tierra de Casa Fuertes, http://www.palenque.inah.gob.mx/index.php

2 CNDH, Recomendación General 26/2016, Relativa a la falta y actualización de los Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas de carácter federal.





 

Del Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo relativo a las irregularidades que se han exhibido durante el proceso electoral en curso en la Ciudad de México. Se turna a la Primera Comisión.







 

De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Salud a realizar una campaña de difusión masiva sobre los beneficios que aporta la lactancia materna, así como a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, realizar diversas acciones conjuntas para promover la lactancia materna. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe, MIRZA FLORES GÓMEZ, Diputada Federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se solicita respetuosamente a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Lic. Laura Vargas Carrillo, realizar diversas acciones para promover la lactancia materna, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En días pasados, circuló por las redes sociales y en diversos medios de comunicación impresos y digitales una nota periodística que alude a la situación de discriminación y privación de derechos humanos fundamentales como lo es el derecho a la alimentación que sufrió la señora Catalina Torres y su hijo de apenas 6 meses de nacido dentro de las instalaciones del Centro Comercial conocido como Plaza Galerías en el municipio de Zapopan, Jalisco.

"El 9 de mayo Catalina Torres salió con su bebé de seis meses, (…) ambas se sentaron en las bancas cercanas a un negocio de comida rápida. Refirió que estaba cubierta con una manta de tela especial para que el bebé pudiera respirar sin problemas. Sin embargo, minutos después un guardia se le acercó para decirle que ahí no podía dar de comer al niño. Ella respondió: "¿Quién te dijo que le estoy dando de comer?" El guardia exigió: "A ver, enséñemelo". Ella se negó y el sujeto le dijo: "No le puede dar de comer aquí. Le voy a pedir que se salga", Catalina repuso que no hacía nada prohibido; no obstante, el vigilante la tomó del brazo y la sacó a la calle. Ella pidió auxilio, pero nadie la ayudó.1,

Como respuesta ante tal acto de discriminación, la sociedad civil se organizó a través de las redes sociales convocando a madres en lactancia bajo el nombre de "El mundo es mi sala de Lactancia" a una tetada masiva, a la cual asistieron alrededor de 150 madres en lactancia que se sentaron en el suelo, algunas descubiertas y otras cubiertas con mantas y amamantaron a sus hijos dentro de la Plaza Comercial referida en señal de protesta.

El suceso anterior pone de manifiesto la constante discriminación que viven día a día las madres en lactancia en México, no podemos permitir que se sigan violentando derechos humanos fundamentales es espacios públicos y privados; recordemos que el artículo 4 de nuestra Carta Magna señala que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y que el Estado tendrá la obligación de garantizar este derecho; asimismo, el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, salud y bienestar, y en especial alimentación (…) y que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.

En este orden de ideas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda lactar a los niños durante los primeros 6 meses de vida puesto que:

La leche materna es el primer alimento natural de los niños, proporciona toda la energía y los nutrientes que necesitan durante sus primeros meses de vida y sigue aportándoles al menos la mitad de sus necesidades nutricionales durante la segunda mitad del primer año y hasta un tercio durante el segundo año de vida.

La leche materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, además de proteger al bebé de enfermedades infecciosas y crónicas. La lactancia natural exclusiva reduce la mortalidad infantil por enfermedades de la infancia, como la diarrea o la neumonía, y favorece un pronto restablecimiento en caso de enfermedad. La lactancia natural contribuye a la salud y el bienestar de la madre, ayuda a espaciar los embarazos, disminuye el riesgo de cáncer ovárico y mamario, incrementa los recursos de la familia, es una forma segura de alimentación y resulta inocua para el medio ambiente.2

Desafortunadamente en nuestro país, las madres lactantes se enfrentan a tabúes sociales a la hora de amamantar a sus hijos en lugares públicos, el pudor y la vergüenza se imponen ante ellas porque gran parte de la población no considera a este acto como algo natural, por el contrario, las estigmatizan como personas exhibicionistas y con una moral perturbada, puesto que el dar de comer a un hijo solamente se debe realizar en la intimidad del hogar.

Sin embargo, la lactancia debe realizarse durante los primeros meses de vida de los infantes cada dos o tres horas en promedio, y por culpa de los estigmas y prejuicios sociales las madres se ven imposibilitadas a realizar actividades tanto laborales como recreativas fuera del hogar, y en otros casos, optan por otros medios de alimentación a los infantes, como las fórmulas lácteas y el deseo de una lactación prolongada, entre 6 meses y un año, suele desvanecerse.

"Cualquier madre en periodo de lactancia, con una vida social normal, debe saber que inevitablemente deberá dar de mamar a su bebé en público, de vez en cuando. Resistirse o posponerlo para más tarde, no sólo perjudica a su bebé, que al estar hambriento, se mostrará irritable, sino que además pondrá en peligro su salud y la continuidad de su lactancia. La alimentación frecuente ayuda a prevenir el dolor que producen las mamas cuando están llenas y evita algunas complicaciones graves como la obstrucción de los conductos galactófonos, la mastitis (infección) y la insuficiente producción de leche.

Debido a que los pechos son percibidos como objetos sexuales, muchas mujeres no se animan a amamantar a sus bebés en la vía pública o frente a personas extrañas. El temor a la transformación del instinto maternal de amamantar en algo sexual incomoda a muchas mujeres, que no entienden por qué la sociedad no considera este acto como un acontecimiento natural propio de la crianza. Por este motivo, desde algunas asociaciones prolactancia materna, se insiste en que sean las propias mujeres las que vayan cambiando esta percepción social, y animen y apoyen a otras madres a considerar el amamantamiento en público como un acto natural".3

Cambiar los estigmas sociales no solo es responsabilidad de los particulares, es necesario que se realicen acciones afirmativas por parte del Gobierno Federal y de los Gobiernos Estatales y Municipales para concientizar a la sociedad sobre los beneficios de la leche materna en el desarrollo integral de los menores y cambiar los estigmas hacia las mujeres que deciden alimentar a sus hijos en lugares públicos, ya que la crianza es un proceso natural de la maternidad y en ningún momento debe ser considerado como algún hecho ilícito o inmoral, por el contrario, es una forma de garantizar a los infantes el derecho a la alimentación, siendo éste uno de los derechos humanos fundamentales protegidos por tratados internacionales y por nuestra carta magna.

De conformidad con el Acuerdo mediante el cual se expide el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, faculta a éste organismo público descentralizado para promover e impulsar el sano crecimiento de la niñez; por ello, presento ante esta asamblea, el siguiente:


PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Secretario de Salud José Ramón Narro Robles, a realizar una campaña de difusión masiva sobre los beneficios que aporta la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida de los bebés, atendiendo a las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Lic. Laura Vargas Carrillo, Directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Lic. Lorena Cruz Sánchez Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, realicen en el ámbito de sus respectivas competencias, una campaña conjunta dirigida a los gobiernos locales así como a organismos y cámaras empresariales, con el fin de fortalecer la percepción social de que amamantar a los hijos en lugares públicos y comerciales de esparcimiento familiar, garantiza el desarrollo integral de los niños.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 8 de junio de 2016.

Dip. Mirza Flores Gómez.

1 Juan Carlos G. Partida, Reivindican en Zapopan derecho a la lactancia en lugares públicos, Periódico La Jornada, Lunes 16 de mayo de 2016, p. 32.

2 Organización Mundial de la Salud, Salud de la madre, el recién nacido, del niño y del adolescente- Lactancia materna, fecha de consulta: 18 de mayo de 2016. http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/newborn/nutrition/breastfeeding/es/

3 Nuevo Marisol, El arte de amamantar en público, ¿Cómo amamantar a tu bebé en público?, fecha de consulta: 18 de mayo de 2016http://www.guiainfantil.com/1590/el-arte-de-amamantar-en-publico.html





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a analizar presuntas irregularidades en la asignación del contrato DMH-LPFO-131-13 sobre recuperación, rehabilitación y mejoramiento del espacio público del entorno de la residencia de "Los Pinos", denominado parque "El Mexicanito" asignados durante la administración de Víctor Hugo Romo Guerra en la Delegación Miguel Hidalgo. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El uso eficiente y transparente de los recursos públicos son condiciones imprescindibles en el ejercicio de la administración pública. Sobre el particular, nuestra Constitución, en su artículo 134, establece que los recursos públicos que disponga la Federación, los Estados, los municipios, el Distrito Federal, así como sus delegaciones, se administrarán con orden, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.

En sentido contrario a estos principios, la administración de Víctor Hugo Romo en la delegación Miguel Hidalgo durante el período 2009 -2012, se distinguió por diversas irregularidades, en las que destacan: licitaciones fraudulentas, desvío de recursos públicos y obras inconclusas.

Al respecto, la Secretaría de la Función Pública detectó diversas anomalías en cinco obras por un costo de superior a los 46.2 millones de pesos. Destacando la adjudicación de 24.3 millones de pesos mediante dos contratos a la empresa Phomsa Construcciones, para edificar el nuevo edificio delegacional, obra en la se realizaron cobros indebidos, pues se incrementó en un mil por ciento el costo de la superficie de excavación.

Datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, señalan que, durante el año 2014, la Delegación Miguel Hidalgo fue la administración delegacional con más denuncias ciudadanas por irregularidades en el uso de suelo urbano.

Las diversas obras Avenida Presidente Masaryk, con un costo oficial de 480 millones de pesos, fueron ampliamente cuestionadas por la ausencia de transparencia en la asignación de la obra y la mala calidad de las mismas, al extremo que una vez terminadas tuvieron que realizarse nuevamente porque presentaban numerosas fallas. Además, de las pérdidas económicas que provocaron en una de las principales zonas comerciales del país.

Aunado a los sobreprecios en el pago de obras, también fue una constante las violaciones a diversas normas en la adjudicación de las mismas. Entre las principales empresas beneficiarias se encuentran: Ingeniería de Soluciones Estratégicas Pa & NOR S.A. de C.V., Queliti Construccion S.A. de C.V., además de TORECOMA S.A de C.V.

Es precisamente a la empresa TORECOMA S.A de C.V., a la que mediante el contrato DMH-LPFO-131-13, se le adjudicaron las obras del parque Sir Winston Churchill, mejor conocido como "El Mexicanito".

De acuerdo a los estipulado en dicho contrato, el costo de las obras ascendería a 9 millones 757 mil 577 pesos, además, contó con un convenio adicional de 6 millones 112 mil pesos, es decir, para la renovación de este parque se invertiría en una primera etapa, un total de 15 millones 869 mil 578.

A pesar de que la fecha establecida para realizar las obras, era del 21 de noviembre al 31 de diciembre de 2013, los trabajos iniciaron hasta el año 2015. El retraso fue a consecuencia de la realización de estudios de impacto ambiental, aun así, se le pago de forma anticipada a la empresa.

De acuerdo a una denuncia presentada ante la Contraloría General de la Ciudad de México en las obras realizadas en Parque "El Mexicanito" se detectaron las siguientes irregularidades:

- Se compraron 500 módulos de concreto, cuando en realidad sólo existe evidencia física de 270.

- En lugar de la adquisición de 470 piezas tipo "U" de la trotapista como estaba señalado en el contrato, sólo se contabilizaron 276, de acuerdo a una inspección física realizada por personal de la Delegación Miguel Hidalgo.

- Se efectuaron erogaciones por la compra de 610 m3 de tezontle, cuando en realidad sólo se realizaron 500 m3

- Se modificó el Catálogo de Obra en un 96.55%, lo cual provocó el incremento del costo de la obra.

- Se detectó que el costo del proyecto en realidad era de 6 millones 511 mil 423 pesos, es decir, el entonces delegado Víctor Hugo Romo pagó un sobreprecio de cerca de 9 millones de pesos.

Los datos son contundentes y ponen de manifiesto que el manejo irregular de los recursos públicos durante la administración de Víctor Hugo Romo, formaba parte de una constante que se llevaba a cabo de manera sistemática.

Para los legisladores del PRI, resulta apremiante que se conozca cuál es la relación del delegado con la empresa TORECOMA S.A de C.V, en virtud de que presuntamente se presentaron múltiples irregularidades en la adjudicación de los trabajos de remodelación del Parque "El Mexicanito". Asimismo, ante los retrasos en las obras, no se presentaron las acciones administrativas y penales pertinentes.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoria Superior de la Federación para que en el ámbito de sus atribuciones analice presuntas irregularidades en la asignación del contrato DMH-LPFO-131-13 sobre Recuperación, Rehabilitación y Mejoramiento del Espacio Público del Entorno de la Residencia de los Pinos, denominado Parque "El Mexicanito" asignados durante la administración de Víctor Hugo Romo Guerra en la delegación Miguel Hidalgo.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, el 8 de junio de 2016.

Atentamente.





 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a proponer, como parte de la conformación del mecanismo especial para darle seguimiento a los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la integración de una comisión plural de Senadores de la República, con el fin de acompañar las investigaciones y vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del GIEI. Se turna a la Segunda Comisión.







 

De la Diputada Araceli Damián González, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública a investigar el presunto desvío de recursos otorgados a la Comisión Nacional del Agua, y que mediante contratos con la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, A.C., sean usados para el financiamiento y renombramiento del "Centro David Korenfeld in Water Gobernance Studies" de la Universidad de Nuevo México. Se turna a la Primera Comisión.







 

De Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a hacer públicas las licitaciones relacionadas con los proyectos de obras en el Laboratorio Estatal de Salud Pública en León; asimismo, al congreso del estado para que lleve a cabo las auditorías pertinentes a efecto de verificar que no haya irregularidades en las licitaciones realizadas en dichas obras. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Nuestro país cuenta con un importante marco normativo que establece reglas claras relacionadas con el manejo responsable, eficaz y eficiente de los recursos públicos, así como sobre las sanciones a las que se hacen acreedores los servidores públicos que incurran en responsabilidades administrativas que afecten la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus empleos o cargos.

Basta destacar lo expuesto por los artículos que van de 108 al 114 de nuestra Constitución, los cuales versan sobre las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado.

Por otra parte, el artículo 134 establece los principios fundamentales para el uso de recursos públicos, los cuales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez por parte de la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales.

Lo anterior sirve de marco general para contextualizar los hechos denunciados por diversos medios periodísticos del Estado de Guanajuato, los cuales han dado a conocer a la opinión pública presuntas irregularidades relacionadas con el uso indebido de los recursos públicos.

De manera particular, se señala que Rosario Sánchez Navarro, directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública, localizado en la ciudad de León, Gto., ha simulado licitaciones para proyectos en obra en el inmueble donde se presume ha favorecido a la empresa SEDSA (Servicios Especializados de Diagnóstico S.A.).1

El Laboratorio Estatal de Salud Pública es una dependencia de la Secretaría de Salud del Estado, inaugurada en julio de 1981, y que se ha destacado por su importante labor en la detección oportuna de casos o brotes epidemiológicos en los 46 municipios y en las entidades vecinas.

De allí la gravedad de los hechos ocurridos, los cuales, de acuerdo con los medios, presumiblemente dan cuenta de irregularidades en el manejo de los recursos públicos destinados a dicho Laboratorio.

El Jefe del departamento de Control Clínico Epidemiológico, Francisco Javier Hernández Juárez, señaló que escuchó a la directora comentar que se haría una licitación para las obras de remodelación, pero que debía ganar la empresa SEDSA porque todo está arreglado.

En la primera etapa de remodelación del Laboratorio de Biología Molecular, realizada en 2013, se hizo una ampliación, considerando que en 2009 se anunció una inversión de 5 millones de pesos. Se cambiaron la estructura de madera por una de cristal especial, el piso, el mobiliario, tres computadoras, escritorios, aire acondicionado y lámparas de iluminación.

En una segunda etapa, fue cambiado el piso de todo el Laboratorio Estatal bajo el mismo procedimiento de una licitación "amañada", con motivo de la inauguración en donde estuvo presente el Secretario de Salud de la entidad.

La tercera etapa se efectúo en 2015, en la cual se remodeló la oficina de la Dirección, se sustituyó la terraza por el acondicionamiento de una sala de juntas y se cambió el mobiliario y equipo.

Una evidencia a destacar es que en noviembre de 2015, un ciudadano solicitó al Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato información sobre inversión de la obra, financiamiento, además de fundamentos que corroboraran que el proyecto se hizo conforme a la ley; no obstante, la información fue declarada como inexistente.

Por todo lo anterior, es necesario que el Gobierno del Estado informe sobre las presuntas irregularidades en el proceso de licitación de los proyectos de obras en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, toda vez que se están utilizando cargos públicos para obtener beneficios particulares.

Es imperativo investigar y sancionar los hechos, ya que atentan contra el manejo responsable, eficaz y transparente de los recursos y el derecho de los ciudadanos a servicios de salud de calidad.

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos de acuerdo en que la transparencia es un aspecto primordial en la construcción de gobiernos más abiertos al escrutinio público, que contribuye a una mayor rendición de cuentas, en beneficio de todos los mexicanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración de esta Honorable Asamblea los presentes:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato a hacer públicas las licitaciones relacionadas con los proyectos de obras en el Laboratorio Estatal de Salud Pública en León.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado para que, a través del órgano de fiscalización, lleve a cabo las auditorías pertinentes a efecto de verificar que no haya irregularidades en las licitaciones realizadas en dichas obras.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, el 8 de junio de 2016.

Atentamente.

1 http://hora24.mx/?p=7885




 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a diseñar e implementar de manera urgente un plan integral de mejora en las Agencias del Ministerio Público con la finalidad de que brinden un servicio eficiente a la ciudadanía. Se turna a la Primera Comisión.







 

De los Diputados Araceli Saucedo Reyes, Omar Ortega Álvarez, José Guadalupe Hernández Alcalá y María Elida Castelán Mondragón, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Salud y de los directores del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que presenten información precisa y amplia sobre las implicaciones financieras y de operación para el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, respecto a la puesta en marcha de la primera fase del sistema universal de salud, asi como su programa de consolidación. Se turna a la Segunda Comisión.

Los que suscriben, Diputados Federales ARACELI SAUCEDO REYES, OMAR ORTEGA ÁLVAREZ y J. GUADALUPE HERNÁNDEZ ALCALÁ, MARÍA ELIDA CASTELÁN MONDRAGÓN, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 7 de abril, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud, José Narro Robles, Secretario de Salud, encabezó la firma del "Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud", con el cual se pretende garantizar la accesibilidad total a la población de éstos servicios en el país.

La firma del convenio, se efectuó en el evento del Día Mundial de la Salud, llevado a cabo en el Centro Médico Siglo XXI del IMSS, en presencia del presidente Enrique Peña. El acuerdo fue suscrito por el titular de la Secretaría de Salud Federal; y los titulares del IMSS y el ISSSTE, Mikel Arriola y José Reyes Baeza, respectivamente.

También firmaron, Gabino Cué Monteagudo, Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO); Eruviel Ávila Villegas, coordinador de la Comisión de Salud del mismo organismo; y Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur. Se considera que al Convenio, se incorporen los secretarios de Salud estatales, así como los delegados del IMSS e ISSSTE de las entidades.

Conforme a los contenidos del "Convenio", su objetivo es "generar la suma de voluntades y capacidades que permitan a la población tener un acceso…con calidad a los servicios de salud, independientemente de su edad, lugar de residencia o condición social o laboral y sin restricciones financieras, geográficas o de oportunidad, a fin de lograr gradualmente la universalización en la prestación de los servicios de salud".

Para su cumplimiento, se establecen 10 compromisos, entre los que destacan:

• El fortalecimiento de la coordinación de acciones entre el Programa IMSS-Prospera y el Sistema de Protección en Salud, los demás sistemas de salud suscribientes del Acuerdo.

• La construcción de un modelo de atención homogéneo.

• La operación uso y actualización de un padrón General de Salud.

• El diseño y aplicación de homogeneizados de guías de práctica clínica, protocolos de atención, grupos relacionados de diagnósticos (costos), expediente clínico electrónico.

• La redefinición de las directrices de coordinación del sistema de salud, para garantizar el uso ordenado de los recursos financieros, la mejor utilización de la infraestructura hospitalaria y el óptimo desempeño de los recursos humanos, mediante la celebración de instrumentos jurídicos entre los suscribientes en las que se establezcan los compromisos, términos condiciones, formas de pago, con las que se garantizará la atención médica.

En concordancia con la firma de este convenio, el titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), Gabriel O´Shea Cuevas declaró a medios de comunicación que en junio iniciará la primera fase del Sistema Universal de Salud en México, con el cual los pacientes podrán ser atendidos en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), o de la Secretaría de Salud Federal y delegaciones, esta fase considera la atención en 100 intervenciones médicas equivalentes a la atención de 700 padecimientos comunes entre la población.

Asimismo este servidor público, señaló que la medida permitirá aprovechar y compartir la infraestructura existente y, el equipo médico; disminuyendo de esta forma los costos de salud, además, "nos va a ayudar a saber cómo facturar, enseñar a cobrar y a enviar pacientes a instituciones como IMSS, ISSSTE, u hospitales de la Secretaría de Salud".

Sin duda, este rediseño institucional en el ámbito de la salud, constituye una de las transformaciones más importantes del presente siglo. En este contexto, es fundamental que el titular de la Secretaria de Salud del Gobierno Federal y los titulares del IMSS y el ISSSTE se presenten a esta Soberanía con la finalidad de informar con mayor precisión de los alcances y contenidos de la implementación de esta primera fase, ¿cuáles serían las subsiguientes? ¿Los impactos de operación y financieros en las tres instituciones?

Recordemos, que el Seguro Social e ISSSTE, pasan por una severa crisis financiera que afecta su operación para otorgar un servicio con eficiencia y calidad a sus derechohabientes. A esta circunstancia se agrega, la incorporación de cerca de 7 millones de estudiantes de educación media superior, que se espera se incorporen al IMSS, en los próximos meses.

La información, difundida a través de los medios de comunicación respecto a la primera fase de la operación del Sistema Universal de Salud, es insuficiente para valorar sus alcances, una transformación de tal magnitud, requiere de una amplia y profunda publicidad con cada uno de los detalles técnicos de su implementación, propósito que no se cumple con un escueto comunicado a medios de comunicación.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de ésta H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión acuerda, la comparecencia del Secretario de Salud del Gobierno Federal, y de los directores del IMSS y del ISSSTE a fin de presentar información precisa y amplia sobre las implicaciones financieras y de operación para el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, respecto a la puesta en marcha de la Primera Fase del Sistema Universal de Salud, así como su programa de consolidación.

Sede de la Comisión Permanente, el 8 de junio de 2016.

Suscriben

Dip. Araceli Saucedo Reyes.- Dip. J. Guadalupe Hernández Alcalá.- Dip. Omar Ortega Álvarez.- Dip. María Elida Castelán Mondragón.





 

Del Diputado Enrique Zamora Morlet, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a considerar los beneficios ambientales, económicos, de movilidad y de espacio que se obtienen al usar la motocicleta como un medio de transporte habitual, y no restringir su uso al incluirlas dentro del programa "Hoy No Circula". Se turna a la Primera Comisión.







 

De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y al gobernador del estado de Veracruz a que, en el diálogo con las diferentes agrupaciones de ex trabajadores de la Compañía Industrial Veracruzana, S.A., se llegue a un acuerdo con el fin de que se puedan promover y vender los créditos laborales, con la escrituración de los bienes inmuebles que fueron adjudicados a su favor desde 2008 y 2015. Se turna a la Tercera Comisión.

Diputada NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA y Diputado VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, al Gobernador del estado de Veracruz y al Presidente Municipal de Camerino Z. Mendoza, Ver., para que en dialogo con las diferentes agrupaciones de ex trabajadores de la Compañía Industrial Veracruzana, S. A. se llegue a un acuerdo con el fin de que se puedan promover y vender los créditos laborales, con la escrituración de los bienes muebles e inmuebles, que fueron adjudicados a su favor, desde 2008 y 2015, para su posterior venta.

CONSIDERACIONES

En 1896 empresarios franceses agrupados en la Compañía Industrial Veracruzana (CIVSA) inauguraron la fábrica textil Santa Rosa, que junto con la de Río Blanco se convirtieron en las más grandes y tecnificadas del país.

El acelerado desarrollo de la fábrica llevó a concentrar masivamente a trabajadores provenientes de los estados aledaños, como Oaxaca, Puebla, México, entre otros, por lo que se convirtió en la generadora de empleos en Ciudad Mendoza, formándose así la principal área textil de la época. Llegó a tener hasta mil 500 obreros y cuya historia fue muy importante dentro de la economía de la industrialización de México.

El arribo de obreros inmersos en las modernas formas de lucha por los derechos laborales fue muy importante para la formación de la conciencia de clase de los trabajadores. Es así que en el primer año de su fundación los obreros estallaron su primera huelga para exigir mejores prestaciones.

La crisis laboral de 1906 que llevó a un paro nacional, se desarrolló en el corredor industrial de Puebla-Orizaba-Tlaxcala entre trabajadores y empresarios textiles culminando en la sangrienta masacre del régimen contra los obreros rebeldes y parte de la población civil de Orizaba.

Desde esa época los obreros textiles eran el mejor sector organizado, combativo y movilizado de la clase trabajadora. Los sindicatos de la región de Orizaba se convirtieron en uno de los principales bastiones del sindicalismo ya que concentraron a miles de trabajadores de diversas industrias y de servicios y le dieron a la zona su característica de lucha sindical.

Santa Rosa fue considerada una de las fábricas textiles más tecnificadas de América Latina y el soporte económico principal de Ciudad Mendoza. Esta empresa fue la que impulsó el desarrollo en la ciudad, debido a la construcción de áreas deportivas como la de los estadios (beisbol y fubol) y la escuela "Esfuerzo Obrero", salón social "Venus Rey", edificio de "Jubilados y Pensionados", Alberca semi-olímpica entre otros, todo esto realizado por los trabajadores.

Sin embargo, la industria textil mexicana entró en crisis a finales de la década de los ochentas, por la entrada de productos chinos, hindúes y pakistaníes, entre otros, por los precios más bajos aunque de menor cantidad. Poco después a principio de la década de los noventas, con la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se abrieron las puertas a las importaciones de Estados Unidos y Canadá sin proteger a la industria nacional, ya de por sí muy golpeada, y eso llevó a la quiebra de muchas fábricas del sector textil.

A pesar de que la fábrica Santa Rosa fue la última del corredor veracruzano en resistir los embates del sistema económico, el 19 de agosto de 1991, la empresa decide rescindir el contrato a 56 trabajadores. Ese mismo día 800 obreros de CIVSA estallaron la huelga en apoyo a sus compañeros.

El 26 de septiembre de 1991, la policía estatal y esquiroles iniciaron un enfrentamiento, desalojaron con lujo de violencia a los obreros en huelga, los golpearon, encarcelaron e intimidaron, tomando el frente de la fábrica y rompiendo las banderas rojinegras.

Los obreros desalojados convocaron a una marcha de protesta: los trabajadores acompañados de sus familiares llegaron hasta el Parque Hidalgo; más de 500 policías les cerraron el paso. Un grupo de mujeres se adelantó al frente de la columna seguida de los trabajadores, sin poder parar la embestida. A la orden de un comandante de policía iniciaron los estallidos de gases lacrimógenos y los golpes.

Ciudad Mendoza estaba sitiada. La policía golpeaba parejo, ya no miraban si eran hombres, mujeres o niños, ya no era contra trabajadores, sino contra toda la población, las escuelas se cerraron, el comercio no abrió, el palacio municipal ubicado a 200 metros, no trabajó.

Cuarenta y cinco de los obreros fueron detenidos acusados de lesiones, amenazas y daños a propiedad ajena, tres de ellos fueron acusados de homicidio injustamente, por la muerte de uno de los trabajadores, como se demostró después; pero fue hasta 1994, cuando se liberó a estos últimos obreros después de una marcha realizada por los ex trabajadores de la fábrica, que partió de Orizaba, Ver. y finalizó en el Zócalo de la Ciudad de México con un plantón, demandando solución al conflicto laboral y la liberación inmediata de sus tres compañeros.

Tras el desalojo, privó por lo menos una semana de incertidumbre e incluso el resguardo de la policía estatal en la entrada de la fábrica fue por espacio de varios meses.

Mientras tanto la empresa presionaba y amenazaba a los trabajadores para que volvieran a sus labores, y en complicidad con un dirigente sindical nacional, se formó un nuevo sindicato "blanco" al que en menos de tres días, les fue otorgada la "toma de nota" por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, caso inusual pues los trámites de registro de un sindicato independiente lo retrasan años.

De 1991 a 1998 los trabajadores despedidos tuvieron 26 diligencias de reinstalación en diversos expedientes en el índice 596/1991 y que en todas las ocasiones fueron ganadas; sin embargo, se presentaban a trabajar y no los dejaban entrar a la fábrica. Era obvio que no los iban a dejar regresar a laborar, por lo que los obreros demandaron sus indemnizaciones en el expediente número 274/2004 que se tramita en la Junta Especial número Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje.

Mientras tanto la fábrica siguió trabajando con los obreros afiliados al nuevo "Sindicato de Trabajadores en General de la Compañía Industrial Veracruzana S.A.", perteneciente a la CROM, con los que regresaron a trabajar y otros de nueva contratación, aunque la situación de la industria textil iba cada vez peor. En 2005 estallan otra huelga y la empresa se declara en quiebra en 2006.

Después de mantener activa su lucha por la indemnización durante todos esos años, el 20 de junio de 2008, la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje número seis determinó la adjudicación de la Fábrica de Santa Rosa (Compañía Industrial Veracruzana , CIVSA) para los obreros disidentes de 1991.

En la adjudicación de los bienes, se acreditó con los laudos, los créditos y cantidades completas de todos y cada uno de los trabajadores que son dueños de los bienes, establecido en el expediente 596/91 y sus acumulados.

Sin embargo, de nuevo se presentó otro obstáculo para que las propiedades pasaran a mano de los obreros: la huelga que estalló el sindicato en 2005, quienes demandaron bajo expediente III-1835/2005 ante la Secretaría Auxiliar de Huelgas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número seis resolviendo dicha autoridad la terminación de las relaciones colectivas de trabajo imputable al patrón indemnizando a los trabajadores, juicio que llevó a cabo el "Sindicato de Trabajadores en General de la Compañía Industrial Veracruzana S.A." y se ampararon contra la adjudicación de los bienes a los ex trabajadores de 1991.

A la fecha existen 5 grupos de ex trabajadores representados por diferentes personas (abogados y sindicato):

1. Grupo de trabajadores despedidos desde 1991, a los que se les unieron varios más de la huelga del 2005;

2. Ex trabajadores del Sindicato en General de la Compañía Industrial Veracruzana;

3. Trabajadores de confianza

4. Trabajadores que interpusieron su demanda en la Junta Cincuenta y cuatro de Orizaba, Veracruz;

5. Trece trabajadores más representados por otros dos abogados, juicios que se ventilan en la Junta Cincuenta y cuatro.

Cabe resaltar que del primer grupo ya fallecieron 43 de los compañeros a los que se les adjudico la fábrica.

También se detalla que otro de los beneficiarios es el Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza, Ver., por adeudo de impuesto predial.

Es por esto, que a más de dos décadas de estallada la huelga, los ex trabajadores no han podido cobrar su indemnización, y su movimiento obrero se encuentra en el olvido ante la indiferencia de autoridades. Han sido víctimas del burocratismo y de otros intereses que pretenden su extinción antes de dar una solución a este conflicto.

Los ex trabajadores de CIVSA despedidos hace 25 años han buscado la intervención de presidentes de la República, desde Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, así como de los gobernadores de Veracruz, como Patricio Chirinos, Miguel Alemán, Fidel Herrera y al actual Javier Duarte, sin respuesta alguna.

A los trabajadores se les han adjudicado legalmente la fábrica, (del expediente 596/1991, el terreno de la tasa de agua, cuatrocientos ochenta máquinas y una hidroeléctrica (Expediente III-1835/2005); sin embargo se ha impedido la elaboración de la escritura, por conflictos internos que existen entre los grupos de ex trabajadores. La fábrica se mantiene en funciones por parte de los ex trabajadores afiliados al "Sindicato de Trabajadores en General de la Compañía Industrial Veracruzana S.A.", que si bien se benefician de ello, no han tomado en cuenta los intereses de los demás trabajadores que en todos estos años no han obtenido ninguna utilidad o ganancia de ello.

A 25 años de la huelga, los obreros exigen solución y estamos seguros que por este medio podremos corregir a la mayor brevedad posible esta injusticia que se ha prolongado por tantos años, pues muchos de ellos temen que las trabas continúen y no se les entreguen sus créditos laborales ya ganados.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Lic. Alfonso Navarrete Prida, al gobernador del estado de Veracruz, Lic. Javier Duarte de Ochoa, al Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Mtro. Jorge Alberto Juan Zorrilla Rodríguez y al Presidente Municipal de Camerino Z. Mendoza, Ver., René Huerta Rodríguez, para que en diálogo con las diferentes agrupaciones de ex trabajadores de la Compañía Industrial Veracruzana, S.A. se llegue a un acuerdo con el fin de que se puedan promover y vender los créditos laborales, con la escrituración de los bienes muebles e inmuebles, que fueron adjudicados a su favor, desde 2008 y 2015, para su posterior venta.

Dado en el Recinto de la Comisión Permanente,
Ciudad de México, el 8 de junio de 2016.

Dip. Norma Rocío Nahle García.- Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza.





 

De Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Baja California a realizar una revisión integral a los recursos ejercidos en materia de salud a fin de verificar que no haya irregularidades; asimismo, se solicita a la Auditoría Superior de la Federación envíe un informe sobre las acciones legales y administrativas derivadas de las observaciones Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-02000-02-1520 de la Cuenta Pública 2014. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado mes de febrero, la Auditoría Superior de la Federación envió a la Cámara de Diputados el Informe General Cuenta Pública 2014, el cual contiene un total de 1 mil 659 informes individuales.

En el rubro de Gasto Federalizado, se incluyen auditoría financiera y de cumplimiento: 14-A-02000-02-1520 a los Recursos Federales Transferidos mediante el Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el estado de Baja California.

Se determinó auditar 664.9 millones de pesos que representan el 60 por ciento de los 1,109.9 millones de pesos del total de recursos radicados a la entidad por dicho rubro.

El dictamen de la ASF señala que, en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales.

De acuerdo con información derivada del convenio, la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado utilizó dos cuentas bancarias para la recepción de los recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASF) 2014 (Seguro Popular), en una las cuales existían remanentes anteriores, lo que dificultó la transparencia en el uso de los recursos.

Se determinó que las ministraciones de recursos se realizaron en tiempo y forma, y que éstas fueron generando remanentes por intereses, aunque no se aclara el uso de los mismos, motivo por la cual la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del estado de Baja California inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos.

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2,026,396.77 pesos (dos millones veintiséis mil trescientos noventa y seis pesos 77/100 M.N.), por los intereses generados y transferidos en la cuenta bancaria del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Baja California que no fueron transferidos al Instituto de Servicios de Salud Pública del estado de Baja California.

Del total de recursos destinados al cierre de marzo de 2015, se habían ejercido el 95.4% del total, por lo que existe un remanente no ejercido de 50.8 millones de pesos, sin aclarar su destino, no el de los intereses generados durante el tiempo que ese dinero se mantuvo en la cuenta concentradora.

En el rubro de servicios personales, se tomó una muestra de 1 mil 248 expedientes, verificándose que 65 casos no acreditaron cumplir con el perfil requerido para el puesto desempeñado, ya que no se presentó la Cédula Profesional que acredite la especialidad requerida; además, en la consulta de la página de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, no se localizó evidencia de su registro, lo que generó pagos improcedentes por 15.2 millones de pesos. Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2013.

En materia de adquisición de bienes y servicios, se solicitó por parte de la ASF que el Gobierno del estado de Baja California aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 4,448,559.74 pesos (cuatro millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil quinientos cincuenta y nueve pesos 74/100 M.N.), por destinar recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2014 para la adquisición de medicamentos que excedieron el precio de referencia autorizado por 1,070,895.00 pesos (un millón setenta mil ochocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), y medicamentos no contemplados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud por 3,377,664.74 pesos (tres millones trescientos setenta y siete mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 74/100 M.N).

El dictamen final emitido por la ASF señala lo siguiente:

"La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 664,968.2 miles de pesos, que representó el 59.9%, de los 1,109,905.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Baja California mediante el programa Seguro Popular […]. Al 31 de diciembre de 2014, la entidad federativa no había devengado el 7.2% de los recursos transferidos, y al 30 de junio de 2015 el 4.6% por un importe de 50,871.8 miles de pesos, el cual está pendiente de aclarar.

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, destino, servicios personales y adquisiciones de bienes y servicios, así como a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa; apegada a la normativa que regula su ejercicio."

Con base a estas consideraciones, sometemos a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Baja California para que, a través del Órgano de Fiscalización Superior, realice una revisión integral a los recursos ejercidos en materia de salud a fin de verificar que no haya irregularidades; asimismo, se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, envíe un informe a esta Soberanía sobre las acciones legales y administrativas derivadas de las observaciones Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-02000-02-1520 de la Cuenta Pública 2014.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, el 8 de junio de 2016.

Atentamente.





 

De la Diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a brindar orientación y asesoría al sector agrícola sobre las consecuencias del uso de productos químicos en la tierra. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, Dip. EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA, a nombre de los Diputados Federales del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sector agropecuario en México ha sufrido cambios a lo largo de los años debido a las necesidades de la población, así como a los fenómenos climáticos que de manera directa o indirecta afectan la tierra debido a la propia actividad humana; cambios que han generado efectos adversos en la producción de los cultivos, es decir, los alimentos cosechados hoy en día difícilmente cumplen con los mínimos nutrientes requeridos para el consumo humano.

Los agricultores no pueden permanecer ajenos al uso de los avances de la ciencia y la tecnología que de manera significativa han permitido el aumento de la producción agroindustrial, mediante la utilización de un sin número de herramientas y productos que permiten que estos procesos se consoliden y mejoren. Actualmente procesos agrícolas como la preparación de la tierra y hasta la recolección de cultivos se llevan a cabo de manera más rápida y eficiente gracias a la implementación de tecnología.

Entre las ventajas tecnológicas de las cuales dispone hoy en día el agricultor (fertilizantes químicos, insecticidas y herbicidas) se puede escoger la más apropiada de acuerdo al tipo de cultivo y a las características de la tierra, entre otros factores. El uso de estos productos en nuestro país por parte de los agricultores se ha generalizado a causa de los beneficios inmediatos que éstos reportan, desplazando así a los productos de origen orgánico.

Sin embargo, se ha comprobado que el uso excesivo y sin moderación de éste tipo de productos químicos degrada y daña la calidad de la tierra, ocasionando con el tiempo que la producción disminuya y los cultivos no cumplan con las expectativas del agricultor. El impacto generado en el medio ambiente por el uso de productos químicos es una cuestión que no puede pasar desapercibida, y de no limitar el empleo de los mismos, el deterioro ecológico podría ser, en muchos de los casos, irreversible.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (SAGARPA), conforme a lo previene el numeral 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y conforme a su misión debe: "Promover el desarrollo integral del campo y de los mares del país que permita el aprovechamiento sustentable de sus recursos, el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones, la generación de empleos atractivos que propicien el arraigo en el medio rural y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los productos para consolidar el posicionamiento y la conquista de nuevos mercados, atendiendo a los requerimientos y exigencias de los consumidores".

Además, entre sus objetivos destaca: "Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares; Mejorar los ingresos de los productores incrementando su presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos; Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad".

III. En este sentido, estimamos necesario que la SAGARPA brinde orientación y asesoría al sector agrícola sobre las consecuencias del uso de productos químicos en la tierra, advirtiendo a los agricultores de los riesgos que implica el uso inadecuado de elementos artificiales en el suelo y en el medio ambiente en general. Se debe además crear conciencia de que a mediano y largo plazos los inconvenientes por la aplicación desmedida de productos químicos será mayor que el rendimiento inmediato que se puedan percibir, además de los posibles daños que se ocasionen en la salud humana por el consumo de alimentos procedentes de estas tierras.

Se propone a la SAGARPA que se den a conocer a los agricultores alternativas de solución para nutrir e incrementar la calidad de la tierra, tales como el uso de productos naturales e inocuos que cumplan con las normas de salud vigentes, esta práctica tendrá como resultado una mejora en la calidad de los alimentos que consumen los mexicanos, la cual actualmente no ofrecen los productos que son tratados químicamente.

La propuesta realizada resulta viable debido a que existe un mercado de empresas agroindustriales que fabrican fertilizantes o desinfectantes inocuos para el campo, mismos que están compuestos de dióxido de silicio y tierras de diatomeas, entre otros, y que han obtenido resultados positivos para los productores.

IV. En los años cincuenta del siglo pasado Japón y Corea del Sur fueron los primeros países en reconocer la importancia del silicio en la producción agrícola, especialmente para la producción de arroz, por ello clasificaron a este elemento como esencial. En el año 2004, Brasil fue el tercer país en reconocer formalmente al silicio como fertilizante. El Ministerio de Agricultura de Brasil, que regula la producción comercial de fertilizantes, estableció que el silicio es un micro nutriente benéfico. En muchos países el silicio todavía no es reconocido como un elemento esencial y sólo se vende como una enmienda o acondicionador de suelos, en vez de como un fertilizante.

Las tierras de diatomeas, además de su efecto insecticida natural, aportan una gran riqueza en minerales y oligoelementos, protegen las plantas de la radiación solar y funcionan como agente de purificación.

Se recomienda la aplicación de productos biotecnológicos naturales que no generen efecto secundario al ambiente que repercuta en la calidad de vida las personas, en este tenor, se debe estar completamente seguro que el uso preventivo o correctivo de productos naturales que cumplan con las normas de salud vigente en nuestra legislación con la finalidad de que ello fructifique en la mejora de los procesos de la agroindustria siempre y cuando sea amigable con el medio ambiente.

V. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es un órgano desconcentrado competente en el tema de protección contra riesgos sanitarios y conforme a lo previsto en el artículo 17 bis 2 de la Ley General de Salud, se encuentra representado por un Comisionado Federal y supervisado por la Secretaría de Salud. Dentro de sus competencias destacan las citadas en las fracciones II y IV del artículo 17 bis de la ley en cita, y dicen:

"II. Proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios así como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y otros insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas, productos cosméticos; productos de aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos, suplementos alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los productos anteriores; así como de prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre, salud ocupacional y saneamiento básico;"

"IV. Evaluar, expedir o revocar las autorizaciones que en las materias de su competencia se requieran, así como aquellos actos de autoridad que para la regulación, el control y el fomento sanitario se establecen o deriven de esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y los demás ordenamientos aplicables;"

De lo anterior se infiere la importancia de que la COFEPRIS considere como prioridad realizar estudios cuyo resultado ayude en el proceso decisorio para expedir o registrar una autorización para aplicar productos naturales en la actividad agroindustrial. Actualmente dentro de las claves SCIAN en el rubro de Salud Ambiental no existe una categoría en la que se clasifique a los productos orgánicos, inocuos y naturales, como el dióxido de silicio y tierras diatomáceas. Tampoco existen estudios sobre los efectos de su uso en la agroindustria, por lo tanto consideramos relevante contar con un estudio pormenorizado sobre la aplicación en el campo de estos productos, cuyos resultados seguramente redundarán en beneficios para la agricultura y el medio ambiente.

El cuidado de la salud y el medio ambiente es un tema prioritario para el Partido Verde Ecologista de México, toda vez que en sus postulados se encuentra la promoción del respeto, protección y el cuidado del medio ambiente a través de la realización de acciones legislativas y de concienciación social para fomentar el uso correcto y responsable de las tierras dedicadas a la agricultura.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a brindar orientación y asesoría al sector agrícola sobre las consecuencias del uso de productos químicos en la tierra, advirtiendo a los agricultores de los riesgos que implica el uso inadecuado de elementos artificiales en el suelo y en el medio ambiente en general.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a promover el uso de fertilizantes e insecticidas orgánicos, inocuos y naturales, como el dióxido de silicio y tierras diatomáceas que mejoren la calidad de los alimentos que consumen los mexicanos.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión, el 8 de junio de 2016.

Suscribe

Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.





 

De los Diputados Araceli Damián González y Juan Romero Tenorio y de la Senadora Layda Sansores San Román, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación a dar cumplimiento a la resolución de la queja penal 29/2014 emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en el caso de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Se turna a la Primera Comisión.

ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ y JUAN ROMERO TENORIO, Diputados Federales de la LXIII Legislatura y LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, Senadora de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario MORENA y Partido del Trabajo, por el artículo 3, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como 8, fracción II, 276 del Reglamento del Senado, la presente proposición con punto de Acuerdo de URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO.-El 25 de mayo del año 2007, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, inició la desaparición forzada de los señores GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ y EDMUNDO REYES AMAYA quienes posteriormente fueron reivindicados por el grupo insurgente denominado Ejército Popular Revolucionario (EPR) como integrantes de esa organización. En diversos medios de comunicación nacional y local se expresó que los agraviados habían sido detenidos en un operativo conjunto entre las fuerzas del orden municipal y estatal: la entonces Agencia Federal de Investigaciones –hoy Policía Federal Ministerial-, la entonces Policía Federal Preventiva –hoy Policía Federal-, el Ejército y la Armada de México.

SEGUNDO.- Derivado de esos hechos, el 13 de febrero de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 7/2009, dirigida al entonces Secretario de Gobernación en Representación del Gobierno Federal, al entonces gobernador del estado de Oaxaca y al entonces presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

TERCERO.- Por abundante información publicada en medios de comunicación nacionales, así como derivada de la Recomendación 7/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ha dicho que los señores EDMUNDO REYES AMAYA y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ en el transcurso de la semana en que los desaparecieron forzadamente fueron trasladados a las instalaciones de la prisión militar ubicada en el Campo Militar Número Uno, perteneciente a la Primera Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.

CUARTO.- Por los hechos, actualmente se encuentra abierta la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/047/2008, por los delitos de Violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y Desaparición Forzada de Personas, este último tipo penal previsto en el artículo 215 B del Código Penal Federal.

Actualmente la indagatoria cuenta con más de 30 tomos, sin embargo, a lo largo del desarrollo de la investigación no se han explorado fehacientemente las hipótesis sobre la participación de autoridades federales en la desaparición forzada de EDMUNDO REYES AMAYA y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ. Ante esto, el 24 de septiembre de 2013, NADIN REYES MALDONADO Y EDUWIGIS MARGARITA CRUZ SÁNCHEZ en su calidad de hija y hermana de los desaparecidos EDMUNDO REYES AMAYA y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ respectivamente, promovieron demanda de amparo indirecto impugnando los actos de desaparición forzada cometida en contra de sus familiares.

QUINTO.- La demanda de amparo de referencia quedó radicada en el índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, con el número 942/2013-2. Una vez radicada dicha demanda, el Juez solicitó informes a todas las autoridades que las promoventes del juicio de amparo señalaron como responsables y una vez que dichas autoridades rindieron sus informes -sin que de ellos se desprendiera algún indicio respecto a la suerte o paradero de los desaparecidos- el órgano de control constitucional, mediante proveído de 14 de febrero de 2014, dio vista a las promoventes y a sus abogados autorizados para que manifestaran lo que a su interés conviniera.

SEXTO.- En atención a lo anterior, en fecha 25 de febrero de 2014 los abogados solicitaron que el juez de amparo ordenara el desahogo de diversas diligencias tendentes a determinar la suerte o paradero de los desaparecidos, así como solicitar al Procurador General de República el avance de procedimiento penal PGR/SIEDO/UEITA/047/2008.

Una vez que el Procurador General de la República indicó el estado de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/047/2008, adjuntando oficios e informe, el Juez de Amparo dictó resolución de fecha 03 de abril de 2014, esencialmente en dos sentidos:

a) Que no eran procedentes el desahogo de las diligencias solicitadas por los abogados autorizados en el juicio de amparo, ya que esa facultad corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación encargado de la investigación y;

b) Suspender el juicio de amparo durante un año y pasado ese tiempo sin noticias del mismo, la demanda se tendrá por no interpuesta.

SEPTIMO.- Asimismo, en fecha 10 de abril de 2014, los abogados autorizados en el juicio de amparo, solicitaron copias certificadas de las constancias que remitió la PGR en vía de informe sobre el avance de la investigación. Sin embargo, a dicha solicitud de expedición de copias, el 14 de abril de ese año el Juez de amparo negó la expedición de copias con el argumento de que se podía poner en riesgo la indagatoria, por lo que se debía guardar el sigilo de la misma.

Por lo anterior, ante las resoluciones del Juez de Amparo de suspender el procedimiento y no dar trámite a la diligencias propuestas, y de negar la expedición de copias del informe, los abogados autorizados interpusieron dos recursos de queja, quedando radicados ambos en el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con números 29/2014 y 33/2014, los que resolvieron el 19 de junio de 2014.

OCTAVO.- Respecto de la queja 29/2014, el Tribunal Colegiado resolvió que todas las autoridades señaladas como responsables:

- "Se trasladen a los lugares de posible detención u ocultamiento, en especial, REALICEN la búsqueda de EDMUNDO REYES AMAYA Y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ en las principales instalaciones militares;

- TOMEN comparecencia a los funcionarios de la Procuraduría General de la República, a funcionarios estatales o mandos militares, que hubiesen estado en funciones en mayo de 2007, A FIN DE QUE DECLAREN EN RELACIÓN A LOS HECHOS;

- INFORMEN SOBRE LA INHUMACIÓN de cadáveres en los centros de detención o zonas militares que pudieran coincidir con la de las víctimas para en su caso realizar diligencias de identificación forense.

Para lo cual, dichas autoridades deberán ordenar a los funcionarios competentes que se realicen las diligencias necesarias para cumplir con lo anterior; asimismo, podrán crearse comisiones especiales o realizar todas las diligencias que se estimen pertinentes a efecto de localizar a EDMUNDO REYES AMAYA Y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ."

Cabe precisar que en la multicitada Resolución de la Queja Penal, el Tribunal Colegiado también estimó "que el A quo de Amparo puede tomar en consideración los documentos elaborados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como criterio orientador para ordenar la práctica de diligencias a las autoridades responsables".

NOVENO.- Esta importante resolución judicial obtenida luego de más de 7 años de lucha de los familiares, abogados y organizaciones, constituye una herramienta sumamente importante en la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos, ya que por primera vez una instancia judicial en nuestro país ordena realizar la búsqueda de dos personas en cuarteles militares. No obstante, a pesar de ser un logro y que sienta un precedente para otros casos de desaparición forzada, esta resolución a casi dos años de haber sido emitida, aún no ha sido acatada por el ministerio público federal, por lo que lograr su cumplimiento significaría un precedente histórico para terminar con la impunidad que prevalece en casos de desaparición forzada de personas y fincaría los cimientos para lograr el acceso efectivo a la justica, el derecho a conocer la verdad y la reparación integral del daño, generando precedentes importantes para casos similares.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición, como de urgente u obvia resolución, con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Judicial de la Federación el cumplimiento cabal de la resolución de la Queja Penal 29/2014 emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. A fin de que se realice la búsqueda de Gabriel Cruz y Edmundo Reyes en las principales instalaciones militares; TOMEN comparecencia a los funcionarios de la Procuraduría General de la República, a funcionarios estatales o mandos militares, que hubiesen estado en funciones en mayo de 2007, A FIN DE QUE DECLAREN EN RELACIÓN A LOS HECHOS; e INFORMEN SOBRE LA INHUMACIÓN de cadáveres en los centros de detención o zonas militares que pudieran coincidir con la de las víctimas para en su caso realizar diligencias.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 8 de junio de 2016.

Dip. Araceli Damián González.- Dip. Juan Romero Tenorio.-
Sen. Layda Sansores San Román.





 

De Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Oaxaca a revisar y fiscalizar los proyectos de apoyo a la movilidad urbana y renovación del parque vehicular en la ciudad de Oaxaca y al Sistema de Transporte Integrado, debido a la comisión de posibles desvíos de recursos e irregularidades en la licitación, adjudicación y uso del presupuesto público. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El estado de Oaxaca ostenta los últimos lugares en materia educativa, además su población acusa altos índices de pobreza y marginación, por si esto no fuera suficiente, está lejos de garantizar el acceso a un sistema de salud universal y de calidad.

En la capital del estado, además de estas problemáticas se están agravando otras que se relacionan con la movilidad y el transporte público, a situación vulnera la economía y salud de los oaxaqueños.

Las altas tarifas, saturación de los vehículos, inadecuado servicio y unidades en mal estado, son sólo algunas deficiencias que presenta el de servicio público en Oaxaca de Juárez, a pesar de ello, el Gobierno Estatal desde el mes de noviembre del año pasado, autorizó el incremento en las tarifas del servicio.

De acuerdo con las autoridades estatales, este incremento se traduciría en la instrumentación de un conjunto de mejoras para ofrecer un servicio de calidad, en apoyos a los concesionarios para la renovación y modernización de las unidades y en la implementación de programas de capacitación en primeros auxilios en el transporte, revisión físico-mecánica de las unidades y reparación de los automotores para que cumplan las normas establecidas en materia ambiental.

En este contexto, se estableció un plazo de tres meses para incrementar los operativos a fin de realizar una revisión y retirar de circulación las unidades que así se requieran, situación que hasta el momento no se ha llevado acabo. Aunado a ello, se dijo que se iniciaría con el Proyecto de Apoyo a la Movilidad y Renovación de Parque Vehicular en la Ciudad de Oaxaca y con la migración del actual sistema al Sistema Integrado que ofrecerá una mejoría sustantiva en el servicio.

A pesar de lo que se manifestó, se ha incurrido en una serie de anomalías que podrían constituir la comisión de actos antijurídicos como desvío de presupuestos, fraude y malversación de fondos en la licitación, adjudicación y uso del presupuesto público, entre irregularidades destacan las siguientes:

• Inicialmente se proyectó una inversión de 500 millones de pesos para su implementación, cifra que ahora asciende a más de 244.6 millones de pesos. Llama la atención que después de años de su presentación, hasta el momento no existan avances físicos, aunque el compromiso es que en el 2016 se pondrá en operación.

• Desde el año 2012, se propuso la construcción de paradores que formarían parte de un sistema de corredores viales, los cuales tendrían como objeto reducir significativamente los tiempos de traslado y la cobertura de servicio. Lamentablemente esto no se ha dado, ya que a la fecha no se ha iniciado ningún trabajo.

• Según el titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, la primera etapa consistiría en la edificación de carriles preferenciales, terminales de integración, estaciones intermedias patios de servicio, oficinas y un centro de control y recaudo. Aunque el anuncio, se dio en el congreso local y se informó que los trabajos estaban previstos para 18 meses, esto no ha sido así en virtud de que aún no se cuenta con la infraestructura básica necesaria para iniciar la operación .

Bajo estas consideraciones, el Grupo Parlamentario del PRI, considera de vital importancia que la Auditoría Superior del estado de Oaxaca, audite los recursos de los Proyectos de Apoyo a la Movilidad Urbana y Renovación de Parque Vehicular en la Ciudad de Oaxaca y al Sistema de Transporte Integrado, con el objeto de identificar, sancionar y prevenir su mal uso en detrimento de las arcas públicas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Congreso del Estado de Oaxaca para que, a través de la Auditoría Superior de la entidad, revise y fiscalice los Proyectos de Apoyo a la Movilidad Urbana y Renovación de Parque Vehicular en la Ciudad de Oaxaca y al Sistema de Transporte Integrado, debido a la comisión de posibles desvíos de recursos e irregularidades en la licitación, adjudicación y uso del presupuesto público.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Gobierno del estado de Oaxaca a que presente ante esta Soberanía Nacional un informe pormenorizado de la ejecución de los recursos, licitaciones realizadas, cronograma y avance de la obra, licencias de construcción y evaluación de impacto ambiental de los Proyectos de Apoyo a la Movilidad Urbana y Renovación de Parque Vehicular en la Ciudad de Oaxaca y al Sistema de Transporte Integrado.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, el 8 de junio de 2016.

Atentamente.

http://old.nvinoticias.com/oaxaca/desifras/290389-metrobus-2016-tarifa-7-8-pesos




 

De la Diputada Araceli Madrigal Sánchez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, así como al gobierno del estado de Tabasco a establecer los mecanismos de coordinación de las acciones tanto en situación de emergencia y desastre ocasionadas por la presencia de agentes perturbadores, que actualmente tienen en condición de riesgo a la población, bienes y entorno de la zona costera del estado de Tabasco, específicamente en las localidades de Chiltepec, Pénjamo y Tanque del municipio de Paraíso. Se turna a la Tercera Comisión.

Quien suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México, las zonas costeras del Pacífico, el Golfo y el Caribe constituyen regiones vitales donde tienen lugar diversas actividades humanas, turísticas, sociales, económicas e industriales. De esas actividades se derivan ingresos, servicios y productos que benefician a amplios sectores del país. En su conjunto, además, representan un porcentaje muy apreciable del producto interno bruto nacional (PIB).

A las nuevas y más intensas presiones a que se verán sometidos los litorales mexicanos, se agregan las anunciadas exploraciones y perforaciones de pozos petroleros en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. El aumento de la producción de petróleo y del tráfico de buques para su movilización obliga a que los estados costeros cuenten con eficientes sistemas de información y alerta, así como planes de contingencia para la prevención de desastres.

Por lo anterior es necesario establecer y poner en funcionamiento infraestructuras humanas y tecnológicas apropiadas que permitan oportunamente diagnosticar los impactos y efectos de los desastres, lo mismo que los fenómenos hidrometeorológicos extremos, de tal forma que sea posible tomar medidas para mitigarlos.

A la incesante actividad industrial, el intenso incremento de las áreas portuario-industriales, a los actuales y futuros centros turísticos levantados sin planeación efectiva, así como el incremento de los asentamientos humanos en las zonas costeras del país, se suman ahora los efectos del cambio climático. Todos estos conjuntos de elementos constituyen factor de presión para los ecosistemas que allí existen. Destacadamente para los humedales y manglares, corales, pastos marinos, islas de barrera, dunas y playas, estuarios, deltas y lagunas costeras.

Del correcto funcionamiento de todos ellos depende que se tenga una alta productividad y la sobrevivencia de miles de especies de flora y fauna marinas. Su alteración y/o destrucción, solamente conducirá a cancelar múltiples usos y beneficios que se obtienen de la zona costera mexicana. Y originará problemas ecológicos, sociales y económicos, especialmente para los habitantes de estas importantes áreas.

A pesar de esta importancia, la zona costera es una de las más perturbadas del planeta. La contaminación, la eutrofización (exceso de fitoplancton), la industrialización, los asentamientos humanos, el cambio de uso del suelo en el sector agrario para dar paso a poblados y ciudades, la producción agrícola, la sobrepesca, entre otros factores, impactan de manera continua la sustentabilidad de los ambientes costeros.

El consenso científico más importante de la historia de la humanidad, el Panel Internacional sobre el Cambio Climático (IPPC, por sus siglas en inglés), afirma claramente que las señales de un cambio climático reciente son inequívocas: sube la temperatura promedio mundial, desciende el volumen global de hielo y aumenta el nivel del mar. Y eso afecta todo el planeta, pero en especial algunos de sus ecosistemas más sensibles, como es el caso de las zonas costeras; incluso el nivel del mar podría subir, según las citadas proyecciones del IPCC, hasta 59 cm a finales del siglo XXI; aunque hay científicos que sostienen que el cambio esperado es superior. Finalmente, las pautas espaciales y temporales de las precipitaciones también sufrirían importantes cambios.

Otros impactos del cambio climático son el incremento de las temperaturas del agua de mar, los cambios en los regímenes de precipitación, las variaciones en la trayectoria, la frecuencia y la intensidad de las tormentas, y la acidificación de los océanos.

Estos cambios se sumarán a los que registre el nivel del mar. Por ejemplo, las variaciones en los regímenes de precipitación y las tormentas aumentarán los riesgos de inundación de las zonas costeras.

Todo indica que el aumento del nivel del mar será un fenómeno que obliga a establecer políticas de adaptación en la zona costera de corto, mediano y largo alcance. Esas políticas deben hacer parte de estrategias de Estado permanentes, de seguridad nacional.

El aumento del nivel del mar tendrá un severo impacto en las actividades e infraestructura pesqueras y acuícolas instaladas en las costas. Con el aumento de la temperatura, los fenómenos de El Niño y La Niña intensificarán sus efectos sobre los ecosistemas y los recursos; los impactos sobre aquellas pesquerías cuya distribución exceda los límites nacionales son difíciles de prever, pero sin duda afectará a la actividad pesquera de nuestro país en un grado todavía desconocido.

Los impactos de erosión debido al ascenso del nivel medio del mar han dividido en sectores frágiles a la costa de Tabasco, por modificaciones de la línea de costa, con la consecuente pérdida de terreno. Las zonas sujetas a inundación con la sobreelevación del nivel del mar por mareas de tormenta, indican que la penetración de la cuña marina se lleva a cabo con una distribución no uniforme y de manera muy irregular a lo largo de amplios tramos de la costa.

En las zonas de mayor vulnerabilidad tales como la localidad de Chiltepec, Pénjamo y Tanque del municipio de Paraíso, la influencia marina se llega a sentir a 40.0 y hasta 50.0 km tierra adentro, por lo cual, es necesario para dar solución a esta catástrofe natural, analizar el comportamiento tierra-río-mar que permita diseñar el mejor módulo de Arrecife Artificial de tipo contención que frene la fuerza del oleaje.

Desde el punto de vista técnico, se considera que una posible alternativa de reducir la vulnerabilidad, es el uso de Unidades Modulares de cemento marino con Tecnología de Arrecife Artificial, que como medida de adaptación, resultarán ideales para dar solución a la pérdida de terreno habitable en estas localidades.

Los fenómenos con efectos adversos descritos anteriormente, se han reflejado fielmente en la realidad que viven los pobladores de las zonas costeras del estado de Tabasco. Por lo tanto y con el fin de contener la erosión costera, que amenaza con desaparecer comunidades costeras completas de los municipios de Centla, Paraíso y Cárdenas; es importante que actuemos a la brevedad posible para remediar los daños y a la vez prever la continuidad y resiliencia de la zona.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que en el ámbito de sus atribuciones a través de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Marina, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y su organismo desconcentrado la Comisión Nacional del Agua, así como al gobierno del Estado Libre y Soberano de Tabasco, establezcan los mecanismos de coordinación de las acciones tanto en situación de emergencia y desastre ocasionadas por la presencia de agentes perturbadores, que actualmente tienen en condición de riesgo a la población, bienes y entorno de la zona costera del estado de Tabasco, específicamente en las localidades de Chiltepec, Pénjamo y Tanque del municipio de Paraíso.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada a través de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Marina, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y su organismo desconcentrado la Comisión Nacional del Agua, así como al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tabasco, desarrollen e implemente un programa de acciones de adaptación ante los impacto adversos del cambio climático en la zona costera del estado de Tabasco.

Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 8 de junio de 2016.

Suscribe

Dip. Araceli Madrigal Sánchez.





 

Del Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno del estado de Guanajuato a investigar las causas que dieron origen al deplorable estado físico y de salud de dos perros policías adscritos a la unidad canina K-9, en el municipio de Silao. Se turna a la Tercera Comisión.

El que suscribe, Dip. EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS, a nombre de los Diputados Federales del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo de urgente resolución, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En días pasados, diversos medios de comunicación a nivel nacional, evidenciaron una lamentable situación ocurrida en el municipio de Silao en el estado de Guanajuato; dos perros policías adscritos a la unidad canina K-9 se encontraron en condiciones de salud graves debido a que dejaron de ser alimentados por un recorte de presupuesto que afectó la compra de su alimento.

La regidora del Partido Verde, María Guadalupe Espinoza Corral, denunció el estado de los animales, los cuales están al borde de la muerte, situación que fue admitida mediante el oficio número 045/CAAN/2016, signado el 24 de mayo por el médico veterinario Marcos Uriel Rocha Ramírez, Jefe del Centro de Atención Animal, en donde se informó al alcalde Juan Antonio Morales Maciel sobre las condiciones de higiene y salud de los perros de dicha Unidad Canina; argumentando que uno de ellos se encontraba en postración total y otro con desorientación y dificultad para caminar; seriamente desnutridos y deshidratados.

Ante las evidencias mostradas incluso con muestras fotográficas, donde se muestran las lamentables condiciones físicas en las que se encuentra uno de los perros, fueron trasladados a la ciudad de León para que un veterinario particular revise su estado de salud.

Las causas son injustificables y reprochables, pues con independencia del aparente recorte de presupuesto y consecuente cambio en la calidad del alimento que les era suministrado, las condiciones en las que fueron encontrados hablan de un completo abandono.

No es posible que no existiera alguien que pudiera percatarse del deterioro que estaban enfrentando los perros, tuvieron que pasar semanas para que los animales alcanzaran el grado de desnutrición en el que fueron encontrados.

La ciudadanía de este municipio convocó a una marcha el pasado 1 de junio para manifestarse en contra del maltrato animal que padecieron estos perros policías, y en general para expresar su apoyo a la defensa de los derechos de los animales.

Por lo que hace a nuestro Partido, reiteramos nuestro compromiso para lograr que la Ley General de Bienestar Animal que ya presentamos y que se encuentra pendiente su aprobación sea una realidad; estamos convencidos de que requerimos una normatividad mucho más comprometida con la defensa del bienestar de los animales.

Así también, hacemos un enérgico llamado a los titulares del gobierno de Guanajuato, pues se han evidenciado constantes actos que atentan en contra de la preservación de nuestro medio ambiente.

Reconocemos que sean un Estado que cuenta con una Ley para la Protección Animal, así como un Código Penal que contempla un capítulo para sancionar los delitos contra la Vida y la Integridad de los Animales; pero tenerlos los obliga también a aplicarlos.

Por ello, y atendiendo a lo dictado por la Ley para la Protección Animal del estado de Guanajuato, que señala como autoridades para la aplicación y vigilancia del cumplimiento de dicha Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias: el gobernador del estado; los ayuntamientos; el Instituto de Ecología del Estado; y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial; solicitamos que den cumplimiento estricto al objeto de esta Ley, que establece que regulará la protección de los animales domésticos de cualquier acto de maltrato que les cause daño o sufrimiento; así como a lo señalado en su artículo 21, respecto a las obligaciones de los propietarios y poseedores de animales, consistentes en procurarles la alimentación, atención sanitaria y las condiciones de trato adecuado que dicha Ley establece.

Y que ante las evidencias referidas de maltrato animal, se aplique el Código Penal Estatal, conforme al artículo 23, el cual señala que se consideran actos de crueldad y maltrato hacia los animales:

I. Cualquier alteración de la integridad física o modificación negativa de sus instintos naturales, que no se efectúe bajo causa justificada y cuidado de un especialista o persona debidamente autorizada y que cuente con conocimientos técnicos en la materia;

II. Todo acto u omisión que ocasione sufrimiento o ponga en peligro la vida;

III. Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la intemperie, cuidados médicos y alojamiento adecuado, acorde a su especie, y que cause o pueda causarle daño; y

IV. Abandonar a los animales en la vía pública o desatenderlos por periodos prolongados en bienes de propiedad de particulares, comprometiendo su bienestar.

Por todo lo manifestado, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del gobierno del estado de Guanajuato, a efecto de que investigue las causas que dieron origen al deplorable estado físico y de salud de dos perros policías adscritos a la unidad canina K-9, en el municipio de Silao; y que en el uso de sus facultades inicie los procedimientos correspondientes a fin de que se sancione administrativa y penalmente a quienes resulten responsables por actos de crueldad y maltrato animal.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión, el 8 de junio de 2016.

Suscribe

Dip. Emilio Enrique Salazar Farías.





 

De la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a implementar las acciones y mecanismos necesarios para una mayor difusión de las tarifas y prestadores de los servicios de arrastre y salvamento y depósitos de vehículos en las carreteras de jurisdicción federal. Se turna a la Tercera Comisión.







 

De Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Puebla a analizar el proceso de licitación y adjudicación para la operación del servicio de drenaje en el municipio de Puebla de Zaragoza, con objetivo de prevenir la comisión de diversas irregularidades como cobros excesivos y pagos indebidos, a fin de garantizar la prestación del servicio bajo las directrices de accesibilidad, calidad y eficiencia. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las administraciones de Rafael Moreno Valle y de José Antonio Gali Fayad en el estado de Puebla, han sido señaladas por diversos medios de comunicación como poco eficientes, al construir obras de escaso impacto social y a sobrecosto, entre ellas figuran la Rueda de la Observación, la Ciclopista del Bulevar Atlixcáyotl, el Teleférico y el Parque Lineal.

Por estos motivos, han sido objeto de diversas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, situación que deja de manifiesto las irregularidades con las que han sido ejercidos los recursos públicos.

En particular en la gestión de José Antonio Gali Fayad, como presidente municipal de Puebla, el órgano fiscalizador en su cuenta pública 2014, argumentó que no contaba de un sistema de control interno que asegurara el cumplimiento de los objetivos del fondo, además de que carecía de los mecanismos de transparencia básicos necesarios para un manejo ordenado y eficiente de los presupuestos asignados.

Por si esto no fuera suficiente, la administración estatal y municipal de Puebla, faltaron a sus responsabilidades constitucionales, pero, sobre todo, con los ciudadanos, al concesionar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento y no garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos.

Estas modificaciones no se han reflejado en la mejora del servicio; en el cambio de tuberías o en la ampliación de la red de distribución, por el contrario, se ha agudizado el desabasto del vital líquido, las tafias han aumentado hasta 400% y se han denunciado sucesos de cobros inexistentes, pagos excesivos y adeudos inexplicables.

Este panorama se replica en el uso del drenaje. Para tener una idea de lo que sucede, basta mencionar el caso de la vivienda de Abraham Gutiérrez que fue desconectada de la red al tener un adeudo de 80 mil pesos con la empresa Concesiones Integrales, quien bajo un proceso poco transparente se le concesionó este servicio.

Una de las primeras acciones al darse este proceso de privatización, fue la reclasificación de colonias y unidades habitacionales a zonas residenciales, a ello se debe el aumento en las tarifas del servicio. A decir de usuarios y vecinos, este incremento fue excesivo ya que el pago bimestral no era superior a 300 pesos, montos que se han elevado significativamente.

Debido a los altos costos y a las tarifas inaccesibles, muchas familias han optado por cancelar los servicios de drenaje y agua potable, ahora compran pipas de agua, acuden a baños públicos y lavan su ropa con agua residual, este contexto evidencia que esta privatización ha sido contrario al interés público de la ciudadanía en el que la empresa Concesiones Integrales ha sido la única beneficiaria.

Para el PRI, representa una preocupación que la ciudadanía elija no contar con el servicio de drenaje, ya que gradualmente se convertirá en un problema de salud pública, debido a que al estar en contacto con estos residuos, niños y adultos mayores acusarán enfermedades gastrointestinales, infecciones en ojos y piel.

Las primeras lluvias de la temporada, han dejado al descubierto los nulos trabajos de mantenimiento, limpieza y desazolve en la red del drenaje, ya que en principales vialidades como la 11 norte-sur, la 31 poniente y la 25 poniente se han observado desde encharcamientos hasta inundaciones que limitan o impiden el tráfico de los automovilistas.

Ante estas anomalías, los Legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, no somos indiferentes, por el contrario, consideramos importante que se exhorte al Congreso del Estado para que, a través de su Auditoría Superior, analice el proceso de licitación y adjudicación para la operación del servicio de drenaje en el municipio de Puebla de Zaragoza a fin de prevenir cobros excesivos y pagos indebidos en detrimento de la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Congreso del Estado de Puebla para que, a través de su Auditoría Superior, analice el proceso de licitación y adjudicación para la operación del servicio de drenaje en el municipio de Puebla de Zaragoza, con el objetivo de prevenir la comisión de diversas irregularidades como cobros excesivos y pagos indebidos, a fin de garantizar la prestación del servicio bajo las directrices de accesibilidad, calidad y eficiencia.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, el 8 de junio de 2016.

Atentamente.





 

Del Diputado Victoriano Wences Real, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales a incluir en el orden del día de su próxima sesión ordinaria o extraordinaria la discusión y aprobación, en su caso, del inicio del procedimiento para atender los daños que fueron ocasionados por la tormenta tropical denominada "Trudy", registrada en el estado de Guerrero los días 17 y 18 de octubre del año 2014. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, VICTORIANO WENCES REAL del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Honorable Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que los días 17 y 18 de octubre del año 2014, se registró en el Estado de Guerrero una tormenta tropical denominada "Trudy", misma que generó diversos daños materiales y la pérdida de una vida humana, e incluso en algunos municipios de la entidad se aplicó el Plan DN-III-E.

Que los municipios del Estado de Guerrero que resultaron con daños materiales fueron: Acapulco de Juárez, Acatepec, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Ayutla de los Libres, Azoyú, Cochoapa el Grande, Copala, Copanatoyac, Cuajinicuilapa, Cualác, Cuautepec, Florenckio Villareal, HGuamuxtitlán, Igualapa, Iliatenco, Juchitlán, Malinaltepec, Marquelia, Metlátonoc, Olinalá, Ometepec, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Técpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca, Tlacoapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Xochistlahuaca y Zapotitlán Tablas.

Que no obstante que la tormenta tropical "Trudy" generó numerosos daños materiales, a la fecha no se ha resarcido los daños en los 36 municipios del estado de Guerrero que resultaron afectados, incluso existió la petición de la Comisión Nacional del Agua a la Coordinación Nacional de Protección Civil para efecto de atender los daños en la infraestructura hidráulica federal, remitiendo el total de los gastos que deberían de solventarse para poder resolver los daños.

Que gran parte de los daños que se generaron como consecuencia de la tormenta tropical "Trudy" fue el azolve de canales pluviales, destrucción de muros de contención en ríos, por lo que de no atenderse y resolverse estos problemas se generarían problemas muchos mayores, sobre todo si tomamos en cuenta que la época de huracanes y tormentas se encuentra próxima.

En ejercicio de mis facultades de gestión solicité a la Comisión Nacional del Agua se tendieran los daños que generó la tormenta tropical "Trudy", contestándome que la solicitud ya se había realizado, sin embargo dicho no había incluido en la agenda de sesiones Comité Técnico del Fideicomiso FONDEN, aun cuando ya se había requerido.

Es preciso señalar que la petición que realicé a la CONAGUA fue en razón a las múltiples solicitudes que he recibido de la ciudadanía que vive en los municipios de la montaña guerrerense que resultaron afectados y que a la fecha continúan con dichos problemas ocasionados por la referida tormenta.

Por lo anteriormente expuesto, y en atención a nuestras obligaciones constitucionales y convencionales para favorecer la protección de los derechos; presento la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión permanente, con pleno respeto a la División de Poderes, exhorta respetuosamente a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso FONDEN para que consideren incluir en el orden del día de su próxima sesión ordinaria o extraordinaria la discusión y aprobación en su caso del inicio del procedimiento para atender los daños que fueron ocasionados por la tormenta tropical denominada "Trudy", misma que se registró en el estado de Guerrero los días 17 y 18 de octubre del año 2014.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 8 de junio de 2016.

Suscribe

Dip. Victoriano Wences Real.





 

De la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incorporar en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, la atención de las personas adultas mayores con algún cuadro de insuficiencia renal. Se turna a la Segunda Comisión.







 

Del Diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de desastre natural en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, por las lluvias atípicas registradas el 28 de mayo de 2016, a fin de apoyar en las zonas afectadas. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, Diputado Federal BRAULIO MARIO GUERRA URBIOLA, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el presente punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que declare como zonas de desastre natural y de emergencia a diversas zonas del municipios de San Juan del Río, Querétaro y les sea aplicado el recurso público del FONDEN, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El día sábado 28 de mayo de la presente anualidad, en el municipio de San Juan del Río, Querétaro; se presentaron lluvias atípicas, que según datos de CONAGUA fueron el equivalente al 17% de lo que llueve en un año en esa demarcación, con un registro máximo en los pluviómetros de 44.7 milímetros.

En este municipio hasta el momento se han reportado afectaciones en la zona correspondiente a las colonias en la zona oriente denominadas México, Sagrado Corazón, La Floresta, el fraccionamiento Las Estrellas, La Peña, Villas del Puente e Indeco, además de inundaciones en la zona centro, lo anterior contempla daños a vivienda, drenes, vialidades e instituciones educativas.

En lo que respecta a vialidades, las de mayor daño fueron Los Patos, Luis Donaldo Colosio, Las Águilas, Universidad, Río Moctezuma, así como Paseo Central, Tecnológico y la avenida Juárez, así como cuatro escuelas del municipio.

Es preciso señalar que los daños aún no se han terminado de calcular, en principio porque los cálculos figuran como preliminares puesto que las lluvias han cesado y el servicio meteorológico prevé precipitaciones constantes en los siguientes días.

Conforme a la información dada a conocer, las autoridades ya han iniciado labores de rehabilitación, sin embargo, el municipio deberá reparar vialidades dañadas, drenes y reestablecer la normalidad en la zona afectada, por ello, a fin de auxiliar a la población y reparar daños, se torna necesaria la participación de las autoridades federales en materia de prevención y atención a los desastres, de auxilio y de protección civil para que cuenten con las suficientes herramientas y recursos para reparar la difícil situación que prevalece y ayudar a la etapa de reconstrucción derivada de este desastre natural.

Por las consideraciones aquí señaladas, propongo el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a declarar como zona de desastre natural; y les sea aplicado los recursos públicos del FONDEN, debido a las afectaciones ocasionadas por lluvias atípicas en diversas zonas del municipio de San Juan del Río, Querétaro.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 8 de junio de 2016.

Dip. Braulio Mario Guerra Urbiola.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud Federal, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a las dependencias de salud de las entidades federativas fortalecer y, en su caso, instrumentar las acciones necesarias para la prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento de la hipertensión arterial. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Uno de los factores de riesgo más importante de las enfermedades cardiovasculares es la hipertensión (tensión arterial elevada), la cual afecta a millones de personas en todo el mundo, y puede provocar infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), establece que es una enfermedad crónica que consiste en el aumento de presión sanguínea en las arterias, por lo que cuanta más alta es la tensión, más esfuerzo hace el corazón para bombear la sangre al organismo.

Los principales factores que tienden a desarrollar este padecimiento, son: la edad, la obesidad, el sobrepeso, el tabaquismo, una dieta de alimentos con demasiada sal y grasa, así como la ingesta de cantidades insuficientes de frutas y hortalizas, el sedentarismo, la genética, la diabetes y el estrés mal manejado.

La mayoría de las personas que padecen hipertensión arterial no lo saben. Se trata de una enfermedad letal, silenciosa e invisible, ya que rara vez provoca síntomas, pero en algunos casos se puede manifestar con dolor de cabeza intenso, mareo, zumbido de oídos, visión borrosa, dolor en el pecho y tobillos hinchados, entre otros.

Para dimensionar la magnitud de esta enfermedad, basta señalar que de acuerdo con estimaciones hasta 2015, existían más de mil millones de personas con hipertensión en el mundo1. La consecuencia son más de nueve millones de muertes anuales, entre las que cerca de la mitad están asociadas a los ataques cardiacos y cerebrales.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en América Latina, uno de cada tres adultos padece hipertensión arterial. Esto es, unas 250 millones de personas sufren esta enfermedad que es causa principal de la mitad de las muertes por problemas cardiovasculares. Cada año se producen 1.6 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares, de las cuales alrededor de medio millón ocurren en personas menores de 70 años2.

Dado este panorama, a nivel global se han realizado importantes esfuerzos para enfrentar en reto que plantean las enfermedades no transmisibles, por lo que constituye un tema que se ha incorporado de manera permanente en la agenda de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, entre otras, para prevenir y controlar padecimientos como la hipertensión.

México no escapa al impacto y consecuencias de esta grave enfermedad. Se estima que aproximadamente 30 millones de personas la padecen, es decir, afecta a tres de cada 10 adultos en todo el país, por lo que contamos con las tasas más altas a nivel mundial3.

Por todo lo anterior, resulta de suma importancia subrayar la importancia de trabajar en la prevención y mejora del control de las personas que padecen hipertensión arterial y prevenir las muertes por enfermedades cardiovasculares.

Es indispensable considerar las recomendaciones realizadas por agencias internacionales con el objetivo de impulsar programas y políticas que permitan incidir desde la salud pública en la prevención de la hipertensión arterial a través de medidas para disminuir el consumo de sal, y para promover la alimentación saludable, la actividad física, y prevenir y combatir la obesidad.

En el Grupo Parlamentario del PRI, reafirmamos nuestro compromiso con la salud de todos los mexicanos, por lo que estamos convencidos de la necesidad y urgencia de fortalecer las políticas públicas, a fin de avanzar a la prevención, contar con diagnóstico oportuno y, en esa medida, tratar la hipertensión arterial y garantizar una mejor calidad de vida a la población.

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a las dependencias de salud de las entidades federativas para que, en el marco de sus respetivas atribuciones, fortalezcan y, en su caso, instrumenten las acciones necesarias para la prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento de la hipertensión arterial.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
sede de la Comisión Permanente, el 8 de junio de 2016.

Atentamente.

1 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/87679/1/WHO_DCO_WHD_2013.2_spa.pdf

2 http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2015/05/ops-la-hipertension-causa-800-000-muertes-cada-ano-en-america-latina-y-el-ceribe/#.V1bSBfl96M8

3 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/hipertension-arterial





 

De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a hacer públicos los resultados de la Conferencia Intermedia de la Asociación Internacional de Puertos, así como las acciones y políticas públicas a implementar por parte de nuestro país, para afrontar los grandes retos en la marina mercante. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita, Diputada Federal MARIA CRISTINA TERESA GARCÍA BRAVO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta H. Comisión Permanente de H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México es y será siempre un país por naturaleza marítimo, por su colocación entre los dos océanos más grandes del mundo: el Atlántico y el Pacífico. Ubicación geográfica estratégica y vital, que ha sido muy deseada por las grandes potencias marítimas como es el caso de China, Dinamarca, Francia, Italia, Japón, Noruega, entre otras; sin embargo, ésta posición geográfica no ha sido suficiente para que nuestro país alcance un desarrollo marítimo pleno.

A lo largo de sus 11,500 km de costas, nuestro país cuenta con 117 puertos y terminales habilitadas. El 67% del movimiento de carga está concentrado en 16 puertos comerciales, de los cuales destacan como los más importantes, los siguientes: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz, los cuales operan el 96% de la carga contenerizada.

Actualmente, el transporte marítimo contribuye de manera sustantiva al crecimiento de la economía nacional. En este contexto, los exportadores e importadores nacionales cuentan con una oferta de transporte por barco por demás oportuna, suficiente, confiable y a precios competitivos. Las líneas navieras más importantes del mundo arriban a nuestros puertos y ofrecen servicios diarios al continente Americano, a Europa y Asia.

De ahí que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente, conforme a su artículo 36 fracciones XIV y XVII, le otorgan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la facultad para el despacho de los asuntos correspondientes a la regulación, promoción, organización e inspección de la Marina Mercante Mexicana, la cual se encuentra depositada en su Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, con el objetivo de instrumentar las políticas públicas que promuevan la suficiencia y seguridad del transporte marítimo, y el desarrollo de la marina mercante nacional en un marco de eficiencia y competitividad para beneficio de las actividades económicas del país, de acuerdo con las tendencias internacionales y la situación nacional; así como la atención a la demanda de infraestructura portuaria mediante la creación de nuevos puertos y la modernización de los existentes, fomentando la competitividad del sistema portuario y del transporte marítimo que favorezcan servicios con calidad y precio, acordes a los estándares internacionales.

Cabe señalar que la República de Panamá, por su estratégica posición geográfica y la existencia de su Canal de Panamá, actualmente cuenta con la marina mercante más grande del mundo, lo que la convierte en un pilar del comercio marítimo entre las naciones a nivel mundial;1 lo que significa que es el país con más naves registradas bajo su bandera, situación que ha obligado al país de América Central a mejorar su tecnología aplicando "el Gobierno Sin Papel", que significa un esfuerzo para eliminar el uso de los archivos de papel y así contar con un acceso más fácil y rápido a los archivos de una flota de esas dimensiones.

Estos y otros factores influyeron para que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP)2 fuera anfitriona de la Conferencia Intermedia de la Asociación Internacional de Puertos (IAPH, por sus siglas en inglés); el IAPH 2016 del diez al trece de mayo del presente año, uno de los eventos más importantes de la industria portuaria en general, con ponentes de primer nivel, cuyas conferencias fueron atendidas por delegados internacionales, expertos y representantes de la industria marítima y logística de Panamá y del extranjero, que incluyó visitas técnicas a las terminales de Manzanillo International Terminal y al centro de observación de la expansión del Canal; se abordaron, entre otros temas el descubrimiento de nuevas áreas de negocios e inversiones, brindándose oportunidades de networking,3 las cuales beneficiarán la creación y expansión de las empresas del sector.

El evento se desarrolló por medio de Comités Técnicos que abordaron entre otros tópicos: la seguridad en los puertos, planeación y desarrollo portuario, comunicación y relaciones comunitarias, economía y finanzas, medioambiente, operaciones portuarias y logística. Así mismo, presentaciones magistrales a cargo de representantes de autoridades portuarias, y ejecutivos de alto nivel de la industria marítima nacional e internacional, que abordaron la ampliación del Canal de Panamá, la construcción de los puertos del mañana, el sistema portuario panameño y sus oportunidades de negocios, las implicaciones de atender buques Neopanamax,4 los efectos del cambio climático y las estrategias de adaptación en el sector marítimo y portuario.

En este evento, nuestro país fue partícipe de la conferencia en cita, en donde (según datos), los representantes del sector portuario de 90 países analizaron los retos del sector marítimo, incluyendo la ampliación del puerto de Veracruz.

En ese sentido, se requiere de grandes esfuerzos conjuntos, coordinados y transversales, para que nuestro país, supere en primera instancia sus propios resultados y seamos receptores y competidores a nivel mundial; asimismo que las necesidades del sector marítimo y portuario sean construidas con la participación de todos los sectores públicos, privados, de investigación y otros, con el propósito de fomentar y contribuir a un desarrollo integral de nuestra economía.

Por ello, es necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haga público los alcances de nuestra participación, resultados, logros y acuerdos obtenidos en aquella conferencia, así como las acciones por aplicar por parte del gobierno mexicano, áreas de oportunidad y la construcción de nuevas políticas públicas para que permitan dar seguimiento a los objetivo de tan importante sector.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la aprobación de la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La H. Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que haga público los resultados de la Conferencia Intermedia de la Asociación Internacional de Puertos (IAPH, por sus siglas en inglés), así como las acciones y políticas públicas a implementar por parte de nuestro país, para afrontar los grandes retos en la marina mercante.

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión, el 8 de junio de 2016.

Suscribe

Dip. María Teresa Cristina García Bravo.

1 La Marina Mercante Panameña es el más antiguo y ahora el más grande registro mundial abierto de buques, fue creada mediante la Ley 8 de 1925, que eliminó las restricciones concernientes a la nacionalidad y residencia de los propietarios de los buques, para adoptar un sistema de registro abierto.
Desde entonces, el registro panameño de buques acepta naves pertenecientes a nacionales y extranjeros, bajo la condición del cumplimiento de las normas nacionales e internacionales relacionadas con la navegabilidad, seguridad marítima, prevención y control de contaminación, dotación, titulación y guardia de la gente de mar, normas técnicas, sociales y de materia fiscal.

2 A través del Decreto Ley No.7 de 10 de febrero de 1998, se crea la Autoridad Marítima de Panamá y la Dirección Consular y de Naves pasa a formar parte de la estructura orgánica de la misma, bajo el nombre actual, Dirección General de Marina Mercante con las asignaciones respectivas.

3 La traducción literal de Networking sería "trabajar tu red de contactos". Es una forma de en cierto modo de venta personal, se basa en generar notoriedad, darte a conocer, que seas una buena referencia para que tus contactos te recomienden a otras personas. Felix López Capel, Madrid España.

4 Los barcos de la clase Panamax son aquellos diseñados para ajustarse a las dimensiones máximas permitidas para el tránsito por el canal de panamá. El tamaño de la clase Panamax está determinado por las dimensiones de las cámaras de las esclusas del canal de Panamá, esto es: 33,53 metros de anchura por 320 metros de longitud.





 

De los Diputados Cirilo Vázquez Parissi y Adolfo Mota Hernández, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Editorial de la Cámara de Diputados y al Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a publicar una Constitución Infantil, en el marco de la celebración del Centenario de la Promulgación de la Constitución de 1917. Se turna a la Segunda Comisión.

CIRILO VÁZQUEZ PARISSI Y ADOLFO MOTA HERNÁNDEZ, Diputados Federales, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del reglamento para el gobierno interior del congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Editorial de la Cámara de Diputados y el Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que publiquen una Constitución Infantil en el marco de la Celebración del Centenario de la Promulgación de la Constitución de 1917, lo anterior al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó en el mes de octubre del 2015, la Consulta Infantil y Juvenil "Por un México con justicia y paz, tu opinión cuenta", con el objetivo de fomentar e incentivar la participación y la expresión de opiniones de niños y adolescentes sobre asuntos y problemas que les afectan, ejercicio que buscó generar conciencia en los infantes y adolescentes sobre algunas aspectos de la democracia mexicana.

Los resultados de esta Consulta si bien, deben ser analizados escrupulosamente para recoger las inquietudes de las niñas, niños y adolescente, para dar cause a reformas normativas y políticas públicas que nos ayuden a mejorar la calidad de vida de los cerca de 39.2 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en el país, es un buen ejercicio para sensibilizarnos y escuchar con atención lo que nos están diciendo cerca de tres millones de niños y adolescente que participaron en la misma.

De acuerdo a dicha Consulta, las niñas, niños y adolescentes mexicanos han expresado que "desconfían de las instituciones, actores políticos, y gobernantes, porque no cumplen con lo que prometen", desconfianza que va incrementándose en la medida en que los niños alcanzan la madurez y comprensión de las cosas que observan y les afectan en su entorno. Aspecto que es de llamar nuestra atención al ser partícipes de su desarrollo y corresponsables del quehacer público en mayor o menor medida.

Sobre el particular, en ésta Cámara se ha apuntado bien, que los resultados presentados por el INE, nos deben llevar a las y los diputados a preguntarnos qué acciones debemos impulsar para revertir tal desafección, con el compromiso de nutrir la agenda de reformas en materia de rendición de cuentas y, desde luego, con el compromiso franco de dar cause a la reforma aún pendiente para materializar un Sistema Nacional Anticorrupción orientando por valores éticos, como exigencia de la sociedad civil.

La grave animadversión de los menores y jóvenes mexicanos hacia las instituciones es un preocupación que mina la participación cívica en el marco de la transformación de nuestro país, por lo que se requiere de acciones, estrategias y políticas acordes a la edad de los menores y jóvenes para hacerlos participes de la responsabilidad de construir juntos esta gran nación. Una acción clara es la difusión de sus derechos, pero sobre todo el conocimiento claro de sus obligaciones y derechos como guía perene de la construcción de una cultura de la legalidad y, subrayaría yo, de la paz, para con ello sembrar un nuevo México, un México alejado de la violencia y la desigualdad.

Educar en una cultura cívica no es para que los niños y jóvenes nos vean de mejor manera a los políticos por generosidad, sino que por el contrario, se trata de sentar las bases de una nueva generación de mexicanos comprometidos y responsables del fortalecimiento de nuestras instituciones, a partir de formar en ellos una autentica y renovada cultura de civilidad democrática, que parta por el documento rector de nuestra organización social, nuestra Constitución. Entendiéndola como uno de los grandes pilares del Estado moderno, ya que en ella reside toda aspiración e ideales que dan forma a la nación mexicana.

Ejercicios varios de elaboración de materiales pedagógicos sobre los contenidos constituciones y su amigable conocimiento y difusión no son nuevos en nuestro país. Ya desde 1985, el Presidente Miguel de la Madrid y el Congreso de la Unión publicaron el texto constitucional ilustrado para los niños en México.

La Cámara de Diputados, a través del ejercicio denominado "Parlamento de las Niñas y los Niños de México", también ha dedicado diversas ediciones especiales para la adecuada comprensión de los contenidos constitucionales por parte de los niños mexicanos. En su edición tercera participaron en su coedición el Senado Mexicano, la Secretaria de Educación Pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral y UNICEF México.

Actualmente, La Suprema Corte de Justicia de la Nación, pone a disposición a través de su portal de Internet una Constitución comentada para niñas, niños y jóvenes, a través de los fascículos titulados: ¿Qué es una Constitución? Breve historia de las Constituciones de México y Aproximación a los derechos humanos.

La pedagogía constitucional, bajo el escenario que la voz de los niños y adolescentes nos han advertido, debe ser la pauta para la combinación de esfuerzos que diluciden un tiempo de incertidumbre. Colombia es un buen ejemplo de ello, incluyendo desde la década de los noventas está importante tarea como una responsabilidad de Estado, lo que constituye a juicio de expertos un instrumento de gran valía para asegurar a la sociedad, que desde el inicio de su formación pueda tener acceso, o cuando menos, un acercamiento claro al conocimiento de sus derechos.

En otras latitudes, sobre este tema podemos destacar también la Constitución Infantil de Costa Rica, proyecto liderado por la Comisión Costarricense de Cooperación quien junto con UNESCO, redactó y publicó una constitución para niños, adecuando pedagógicamente sus contenidos para la fácil comprensión y para convertirse en un documento de divulgación y apoyo para docentes, con el propósito de que los menores conozcan desde los primeros años escolares, sus derechos y obligaciones, enfatizando en la cultura para la paz y el respeto en todos los órdenes.

En este sentido, la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de 1917, orden jurídico vigente, es un buen momento para remembrarla y darle vida en el imaginario infantil.

Que mejor manera de honrar y celebrar el Centenario de nuestra Carta Magna que con la publicación de una "Constitución Infantil", en la que se invite a ilustradores y pedagogos para que maticen sus contenidos y faciliten la comprensión y correcta absorción de los textos que le dan forma y vigencia, pasando del lenguaje técnico y formal a uno visual y narrativo más afable para los niños, y que además sea ésta traducida a las diversas lenguas que enriquecen nuestra gran nación, conectando los sueños transmitidos por su basta tradición oral de los niños que integran los más de cincuenta grupos indígenas en el país. Ello con el propósito de que todas y todos los niños mexicanos, asimilen y conozcan sus contenidos, aprendan a definir y conceptualizar sus cometidos, interactúen con ella y la honren con juicio crítico, favoreciendo la democracia como forma de vida y espíritu del proyecto de nación que queremos construir juntos.

Es por tanto, nuestra Constitución, la hoja de ruta para proyectar un México más justo, seguro, incluyente y equitativo, en el que la voz de nuestros niños se valore y se respete, y a su vez sea el instrumento formativo de personas que tengan y fomenten una conciencia ciudadana participativa, social y cultural.

Por las anteriores consideraciones, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:


PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta al Consejo Editorial de la Cámara de Diputados y el Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que publiquen una Constitución Infantil en el marco de la Celebración del Centenario de la Promulgación de la Constitución de 1917.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 8 de junio de 2016.

Atentamente

Dip. Cirilo Vázquez Parissi.- Dip. Adolfo Mota Hernández.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su felicitación y más amplio reconocimiento a la Doctora Irasema Alcántara Ayala, por haber sido la primera mujer latinoamericana en recibir la medalla Sergey Soloviev 2016, otorgada por la Unión Europea de Geociencias. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las mujeres constituyen la mitad de la población mundial, por lo que su participación en el desarrollo económico y científico es considerada como una estrategia central en la construcción de la igualdad de género y en la profundización de la democracia.

Las mujeres indudablemente han hecho grandes aportaciones al ámbito de la ciencia y la tecnología, la cual es considerada conjuntamente con la educación, factores claves que inciden en el crecimiento económico, político y social de los países en desarrollo.

La ciencia y tecnología influyen cada vez más en todos los aspectos de la vida, así como en las oportunidades económicas y la aplicación de soluciones en otros sectores productivos.

La Organización de las Naciones Unidas Mujeres, señala que las mujeres a nivel mundial constituyen menos de 10% del personal en los centros de innovación y de quienes reciben fondos de inversores, y apenas 5% de las integrantes de las academias nacionales en disciplinas científicas y tecnológicas.

El número de mujeres que realiza estudios científico-tecnológicos ha aumentado considerablemente su presencia profesional, pero aún sigue estando muy por debajo de los porcentajes previsibles. La plena incorporación a los sistemas de ciencia y tecnología no es simplemente una reivindicación igualitaria, sino una necesidad económica y social.

La presencia de las mujeres en el sector dela tecnología es muy amplia, pues no sólo abarca el ámbito científico o técnico, sino también el social, lo que ha generado nuevas pautas de comportamiento en muchos aspectos de la vida laboral, organizacional y política de la sociedad actual.

La participación política, social, económica, cultural y, sobre todo, científica, de las mujeres en el mundo y, particularmente, en la región latinoamericana, les ha permitido conseguir logros importantes.

En este sentido, cabe destacar que la Dra. Irasema Alcántara Ayala, investigadora mexicana del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, recibió la medalla Sergey Soloviev 2016, otorgada por la Unión Europea de Geociencias, siendo la primera mujer latinoamericana en recibir dicho reconocimiento, por su destacada contribución al conocimiento de las amenazas del entorno vulnerabilidad, riesgos y prevención de desastres en países en desarrollo.

La medalla entregada a la Doctora Alcántara Ayala fue creada en honor al soviético SergeySoloviev, experto en sismos y tsunamis, y galardona las aportaciones que coadyuven a una mejor compresión y a la mitigación de las amenazas naturales.

La Dra. Irasema Alcántara ha sido merecedora de diferentes distinciones, entre las que destaca la 3rd Evelin PruittLecturer por la Universidad Estatal de Luisiana, Estados Unidos, creada para reconocer la labor sobresaliente de las mujeres en el campo de la geografía.

En 2009, fue designada integrante del Comité de Planeación y Evaluación Científica del Consejo Internacional para la Ciencia, así como Young AffiliateFelow de la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo.

Fue merecedora de los premios Jóvenes Científicos de la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo y de Investigación para Científicos Jóvenes 2012 de la Academia de Ciencia (AMC), cuyo objetivo es contribuir a la divulgación y la comunicación de la ciencia.

Fungió como presidenta de la Sociedad Mexicana de Geomorfologíay, entre 2008 y 2012, fue vicepresidenta de la Unión Geográfica Internacional, a fin de coordinar la investigación geográfica y la enseñanza en todos los países del mundo. 

Realizó sus estudios de Doctorado en Geografía con especialidad en Geomorfología en la Universidad de Londres, Inglaterra, y una estancia posdoctoral en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Boston.

Actualmente, es investigadora del Instituto de Geografía y profesora de la Licenciatura en Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, y del Posgrado en Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En el Senado de la República, celebramos y nos congratulamos por el reconocimiento de la Doctora Irasema Alcántara Ayala, ya que con su esfuerzo, dedicación y valor puso en alto el nombre de México y de Latinoamérica en el mundo.

No obstante, los retos son mayúsculos, por un lado, es indispensable seguirinvirtiendo más y mejor en materia de investigación, ciencia e innovación científica,a fin de que más mujeres puedan representar y dar a nuestro país mayores distinciones.

Y por el otro, que las mujeres tengan mayor acceso a los recursos productivos, igualdad de derechos y oportunidades en científico y tecnológico de nuestro país.

El Gobierno Federal ha implementado una serie de programa y acciones que fomenta el apoyo ala investigación científica, en desarrollo tecnológico y la innovación con el propósito de dar un mayor beneficio a la población. Así como incentivar la participación equilibrada y sin discriminación entre mujeres y hombres y el desarrollo de las nuevas generaciones de investigadores y tecnólogos.

En el Grupo Parlamentario del PRI, seguiremos trabajando para promover la inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de nuestro país.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su felicitación y su más amplio reconocimiento a la Doctora Irasema Alcántara Ayala, por haber sido la primera mujer latinoamericana en recibir la medalla Sergey Soloviev 2016, otorgada por la Unión Europea de Geociencias.

Dado en el Senado de la República, sede la Comisión Permanente, el 8 de junio de 2016.

Atentamente.





 

De los Diputados María Cristina Teresa García Bravo y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal a adoptar las medidas necesarias para garantizar la capacitación de los operadores del Sistema de Justicia Penal Adversarial en todo el país. Se turna a la Primera Comisión.







 

De los Diputados Cirilo Vázquez Parissi y Adolfo Mota Hernández, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Cultura a incluir en la guía de libros recomendados para niños y jóvenes, "El niño que tocó las estrellas" y "Cosechador de Estrellas", del astronauta José Hernández Moreno. Se turna a la Segunda Comisión.

CIRILO VÁZQUEZ PARISSI Y ADOLFO MOTA HERNÁNDEZ, Diputados Federales, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo por el que se Exhorta a la Secretaria de Educación Pública y la Secretaria de Cultura para incluir en la Guía de Libros recomendados para niños y jóvenes, El niño que tocó las estrellas y Cosechador de Estrellas, del astronauta, José Hernández Moreno, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

"Érase una vez un niño que soñó ser astronauta…" este es el inicio de la prosa del viajero sideral, que cual Don Quijote, persiste en ver gigantes dónde sólo hay molinos de viento, hasta descubrir, como voraz lector, que él mismo es su único valladar para alcanzar las estrellas. Las cuales alcanzó luego de tener un libro en las manos, y además leerlo.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 2015, realizada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), los mexicanos leen en promedio 5.3 libros al año. De esos libros leídos al año 3.5 son leídos por gusto y 1.8% por necesidad escolar o laboral.

Entre los factores de interés que la Encuesta aborda sobre los hábitos de la lectura, un alto porcentaje de lectores (60.5%) dijo haber tenido el estímulo de sus maestros para leer, seguido de los padres. Factores que son determinantes para el desarrollo psicosocial de las nuevas generaciones.

Por otra parte, vale la pena señalar que un gran acierto de la política educativa contemporánea ha sido la expedición de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, en el marco de las garantías de libertad de propiciar el acceso a la lectura y el libro a todos los mexicanos. Toda vez que un libro, como afirma el escritor Carlos Fuentes, aunque esté en el comercio, trasciende el comercio.

Y es que el libro, la lectura por ende, aunque compite diariamente con la abundancia informática que las Tecnologías de Comunicación e Información nos permiten, nos transmite conocimientos y simultáneamente nos enseña a entender el mundo objetivo fuera de nuestra propia persona, transformando el deseo en experiencia y la experiencia vivida a través de las letras en destino.

Por ello la historia de José Hernández Moreno, es una historia de lucha y éxito que debe ser contada y leída, con el propósito de encender nuevamente en las generaciones de niños y jóvenes mexicanos el deseo aspiracional de fijarse metas, de soñar en grande y alcanzar un propósito en la vida.

Ésta es la vida del mexicano nacido en la Unión América, cuya infancia transcurrió al lado de su familia en los campos agrícolas hasta graduarse como Ingeniero eléctrico y alcanzar su sueño, ser aceptado para laborar en la Agencia Estadounidense del Espacio y la Aeronáutica (NASA), luego de once rechazos, para finalmente viajar al espacio en 2009 a bordo del transbordador Discovery, en la misión STS-128 para orbitar por catorce días fuera de la tierra, formando parte de la generación diecinueve de astronautas, y participar en tareas abordo de la Estación Espacial Internacional (IIS) y en forma conjunta realizaron trabajos de laboratorio e intercambio de astronautas.

Tras la misión espacial el Ingeniero Hernández estuvo asignado en la Oficina Central de la NASA, en Washington D.C., en la Oficina de Asuntos Legislativos, experiencia que le sirvió para involucrarse de cerca con el sistema legislativo norteamericano, ganando la admiración del Presidente Barak Obama.

La obra biográfica de José Hernández, en "Cosechador de Estrellas" coescrita con Mónica Rojas Rubín y, "El niño que tocó las estrellas", obra para niños, ofrecen una involuntaria pero certera concatenación de lugares y personas comunes al contarla historia humilde de unos padres trabajadores y voluntariosos que emigraron a los campos de California en Estados Unidos y la infancia de un niño lleno de sueños y anhelos.

La articulación del texto es simple pero audazmente conectada para mostrar una realidad cotidiana de perseverancia e ilusión. Misma que es reflejo del acontecer de cientos de mexicanos que diariamente cruzan la frontera norte en busca de un mejor futuro.

José Hernández, en su obra, nos enseña que el esfuerzo diario por aprender en un idioma diferente al suyo y el adaptarse a una cultura diferente a la de tus padres, son la suma de voces cuyos significados y matices reinventan el deseo del niño por alcanzar objetivos más grandes, sobrepasando cualquier obstáculo e indiferencia.

Dos aspectos importantes de su obra me parece importante subrayar, en primer lugar, el impulso de los padres a los hijos para esforzarse y estudiar, y en segundo lugar, el papel de los maestros como animadores social en momentos cruciales de la vida y formación de los niños para incitarlos a soñar despiertos. Así, "El niño que tocó las Estrellas" y "Cosechador de Estrellas" son estupendas narrativas, alentadoras para niños y adolescentes que buscan guías para encontrar su vocación, en medio de una sociedad envuelta en tribulaciones.

Parafraseando a León Krauze, no es fácil rescatar el optimismo de entre la violencia, la corrupción y la incertidumbre. Por ello, historias como la del Astronauta José Hernández, el niño, el hombre que cosecho las estrellas, son historias que deben contarse para contagiar y nutrir la formación de los niños y jóvenes mexicanos; son la muestra patente de que es posible confiar en si mismos, para afrontar las tempestades sin encono, con humildad y responsabilidad; para ver en el hábito del estudio la posibilidad no sólo de un mejor futuro sino de la realización de una vida plena.

El Ingeniero José Hernández nos dice que no hay mayor frontera más allá de las impuestas por nosotros mismos, nada es imposible de logar teniendo claridad de una meta y ubicando que tan lejos esta de nosotros, planificando y siendo constantes con compromiso y ahínco, haciendo frente a cualquier vicisitud. Y entender lo frágil y pequeños que somos los seres humanos dentro del basto universo.

José invita a que cada niña y niño mexicano, a cada joven, a escribir su propia historia de éxito, a que lo emulen para cosechar sus destinos; historias que en conjunto serán las líneas de una nueva narrativa de grandeza para México.

El ejemplo del astronauta José Hernández, como el de otros prohombres, nos estimula a soñar en un México que apuesta sin reparos en la educación, en la generación de capital humano como variable de desarrollo y prosperidad.

De este manera y de acuerdo a la Asociación "A Leer/IBBY México", el panorama editorial para niños y jóvenes se extiende en un variado abanico de propuestas, ofertadas por escritores y editoriales, no sólo por la cantidad de obras que pueden leerse, sino por todas las posibilidades de relacionar los textos entre sí con otros campos de la vida humana, que van desde el arte, la ciencia, hasta nuestras propias experiencias, género este último en el cual se inserta la obra del astronauta José Hernández Moreno.

En este sentido, en concordancia con los artículos10 y 11 de la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, las Secretarias de Educación Pública y la de Cultura, respectivamente, dentro del ámbito de sus competencias, tienen entre otras facultades, fomentar el acceso al libro y la lectura, así como promover la producción de títulos que enriquezcan la oferta disponible de libros, de géneros y temas variados, por lo que estimo factible que las obras aquí referidas sean conocidas y utilizadas dentro del Sistema Educativo Nacional como recursos didácticos por los docentes, padres de familia y educandos, con un propósito particular, estimular en estos últimos sus metas aspiracionales y el deseo de cosechar desde temprana edad sus propias estrellas.

Considerando también que el CONACULTA, ahora Secretaria de Cultura, en colaboración con la Asociación IBBY México/A leer y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), publican desde finales de la década de los ochentas la "Guía de libros recomendados para niños y jóvenes", como una orientación para padres, bibliotecarios, maestros y promotores de lectura que se interesan en acercar a los menores y adolescentes a los libros de una manera libre. Guía que se clasifica y ordena en cuatro etapas que van desde los pequeños lectores, los que empiezan a leer, los que leen bien y los grandes lectores. Que bien valdría la pena, insertará en su catálogo de recomendaciones de acuerdo a su clasificación de lectores, las obras en comento dada la trascendencia y fin de los mismos.

Por las anteriores consideraciones, nos permitimos someter a la aprobación de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorte a la Secretaria de Cultura, incluir en la Guía de Libros recomendados para niños y jóvenes, El niño que tocó las estrellas y Cosechador de Estrellas, de José Hernández Moreno, editados por Grupo Editorial Patria.

SEGUNDO.- Se exhorte a la Secretaria de Educación Pública, para que en el ámbito de sus competencias, sugiera utilizar como recursos didáctico de aprendizaje en el nivel básico los libros, El niño que tocó las estrellas y Cosechador de Estrellas, de José Hernández Moreno.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 8 de junio de 2016.

Atentamente

Dip. Cirilo Vázquez Parissi.- Dip. Adolfo Mota Hernández.





 

Del Diputado Alfredo Bejos Nicolás, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a solicitar a la Organización Mundial de la Salud que realice un estudio de opinión sobre el costo y aumento constante de los precios de los medicamentos en México. Se turna a la Segunda Comisión.







 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a diseñar una campaña de comunicación para prevenir a los usuarios de servicios financieros del robo de identidad. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El sistema financiero representa un sector de vital importancia para el buen funcionamiento de la economía. Las actividades productivas requieren el respaldo de un sistema financiero sólido, que genere los suficientes flujos de capital para poder llevarlas a cabo.

El Sistema Financiero Mexicano está constituido por un conjunto de instituciones que captan, administran y canalizan a la inversión, el ahorro tanto de nacionales como de extranjeros y se integra por: grupos financieros, banca comercial, banca de desarrollo, casas de bolsa, sociedades de inversión, aseguradoras, arrendadoras financieras, afianzadoras, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, casas de cambio y empresas de factoraje.

Una de las actividades que presentan mayor impacto social es el generado por la banca comercial, a la cual acude un gran número de personas con el objetivo de abrir una cuenta bancaria en búsqueda de una "mayor seguridad" para el manejo de sus recursos.

Según datos de la Asociación de Banqueros de México, hoy existen más de 50 millones de cuentas bancarias, sin poder precisar el número de personas que las poseen, ya que hay personas que tienen más de una cuenta.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del INEGI, 2012, existen más de 25 millones de adultos con al menos una cuenta, cifra que revela la importancia de contar con un marco jurídico e institucional sólido, que brinde la confianza y seguridad a los ahorradores.

La evolución tecnológica y los avances informáticos han dado un giro trascendental al funcionamiento del sistema financiero internacional, con el avance de la era digital y la evolución de las telecomunicaciones, los servicios bancarios se encuentran prácticamente al alcance de cualquier ciudadano.

Ello, si bien ha representado múltiples beneficios para los usuarios de los servicios financieros, ha contribuido a la vez a la aparición de nuevos tipos de delitos, identificados como cibernéticos o informáticos, a través de los cuales se ha defraudado a miles de personas, e inclusive a empresas, con prácticas violatorias de la Ley.

Otro de los factores que han contribuido a la proliferación de éstos fraudes, es la falta de información como mecanismo de seguridad para el número, cada vez más creciente de usuarios del comercio electrónico, actividad que según la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI, A.C.), para el año 2014, ya significaba más de 162 mil millones de pesos1, manteniendo una tendencia al alza que requiere de mayor supervisión por parte de las autoridades financieras.

En los últimos años, el robo de identidad se ha convertido en un delito con las mayores tasas de crecimiento a nivel mundial. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) la define como la acción en la cual una persona obtenga, transfiera o utilice de manera indebida los datos personales de otra persona, sin la autorización de esta, con el objetivo de cometer algún tipo de fraude o delito2.

La identidad la constituyen los datos personales, principalmente, los siguientes: nombre, teléfono, domicilio, fotografías, huellas dactilares, números de licencia y de seguridad social, incluyendo información financiera o médica, así como cualquier otro dato que permita identificar a una persona.

En muchos casos, el ladrón de identidad utiliza la información ilegalmente adquirida para contratar productos y servicios financieros a nombre de la víctima.

Actualmente, el phishing3 es uno de los medios más usados por los ciberdelincuentes en la búsqueda de obtener datos bancarios, mediante el envío de páginas que parecen ser del banco y que piden al usuario actualizar su información, robando de esa forma la información personal. Esta situación se repite con los teléfonos celulares al bajar aplicaciones falsas de supuestas instituciones financieras.

Según información de la empresa de seguridad informática ESET Latinoamérica, nuestro país se ubicó en el tercer lugar en Latinoamérica en cuanto al número de empresas que han sido afectadas por la práctica del phishing, solo por debajo de Guatemala y Nicaragua.

La Ciudad de México, Jalisco y Guanajuato son las tres entidades del país que más casos de posible robo de identidad han registrado del 19 de febrero al 30 de marzo del presente año, según cifras del protocolo puesto en marcha por la CONDUSEF.

Según el programa, en ese periodo 430 usuarios interpusieron quejas que derivaron en mil 346 acciones de defensa.

Dichas estadísticas muestran que la principal causa reportada por posible robo de identidad es por créditos otorgados sin ser solicitados ni autorizados por el usuario, sumando 309 casos; hubo también 250 más porque el usuario no reconoce haber celebrado el contrato con la institución y 214 de emisión de tarjeta de crédito sin solicitud, por ello 230 personas solicitaron el bloqueo de consulta de su historial de crédito.4

Con el objetivo de proporcionar información a la población, la CONDUSEF diseñó un tríptico con consejos para prevenir el Robo de Identidad, señalando lo siguientes:5 Verificar el estado de cuenta o consulta de movimientos para identificar aquellos que no se recuerde haber efectuado; utilizar contraseñas que no se relacionen con datos personales como fechas de nacimiento, números telefónicos o nombres de familiares; eliminar documentos que contengan información personal o financiera, o tarjetas de crédito o débito vencidas; resguardar los documentos personales o archivos electrónicos, así como NIP, password y claves dinámicas deben conservarse en un lugar seguro; eliminar cualquier mensaje de origen sospechoso o que solicite información personal o financiera de los correos electrónicos; no enviar tus claves y NIP por correo electrónico y jamás las compartas con nadie; utilizar computadoras seguras para realizar movimientos bancarios o de compras por internet, entre otros.

En el Grupo Parlamentario del PRI, coincidimos en la necesidad de impulsar una campaña de información nacional, a efecto de que los usuarios de los servicios financieros tomen las medidas preventivas para evitar el Robo de Identidad, prácticas violatorias de la ley.

Por otra parte, también consideramos indispensable solicitar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, envíe un informe pormenorizado sobre las acciones llevadas a cabo para combatir este grave delito que afecta a la población.

Es en base a estas consideraciones, que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) para que, en coordinación con las autoridades de las entidades federativas, diseñen una campaña comunicación para prevenir a los usuarios de servicios financieros del Robo de Identidad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
sede de la Comisión Permanente, el 8 de junio de 2016.

Atentamente.

1 AMIPCI, A.C. Estudio Comercio Electrónico en México 2015

2 http://www.condusef.gob.mx/index.php/component/content/article?id=1244

3 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/hay-mas-paginas-y-aplicaciones-falsas-de-la-banca-eset.html

4 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cdmx-jalisco-y-guanajuato-concentran-el-robo-de-identidad.html

5 http://www.condusef.gob.mx/index.php/component/content/article/2-uncategorised/1246-prevenir-robo-de-identidad





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a verificar la operación de las empresas denominadas "fantasmas" que, mediante engaños, ofrecen atractivas ofertas laborales a través de medios masivos de información como la prensa escrita, folletería y algunas páginas de Internet. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El mercado laboral en nuestro país constituye un tema central de las políticas públicas en materia económica, uno de cuyos objetivos principales es generar empleos formales y dignos, así como disminuir la tasa de desempleo, para mejorar el bienestar de las familias mexicanas.

En el pasado mes de mayo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), presentó un informe sobre la tasa de desocupación laboral y las características del empleo, del cual me permito destacar algunos datos que me parecen relevantes.

La población desocupada se ubicó en 2.1 millones de personas, lo que representa el 4% de la Población Económicamente Activa. Esta cifra se redujo en 0.2% con respecto al mismo periodo del año anterior e indica que existen más de 2 millones de habitantes que a pesar de estar buscando trabajo, no se han podido colocar, siendo probable que en muchos de los casos sean sostén de una familia.

Dicha situación laboral ha dado lugar a la aparición, desde hace muchos años, de la proliferación de "empresas" que ofrecen atractivos sueldos, y en algunos casos, señalan que como contraparte tendrán jornadas laborales cómodas y desde el propio hogar.

Este tipo de fraude se repite en diversas entidades federativas, con mayor frecuencia en el Estado de México, Puebla, Guanajuato, Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco.

El gancho es que son "empresas" que supuestamente trabajan con grandes multinacionales, como Coca-Cola, Pepsi, Zuum, Colgate, Bacardi, entre otras.

Estas "ofertas laborales" es común encontrarlas en las páginas de "aviso oportuno" de los periódicos de mayor circulación en el país, así como pegadas en diversas calles de las ciudades, en donde por medio de folletería, te invitan a "ganar 9 mil pesos quincenales, invirtiendo 4 horas de trabajo al día desde tu propio hogar".

La desesperación de las personas que buscan trabajo, provoca que sean víctimas de este tipo de "empresas fantasma", en donde al acudir a la entrevista de trabajo, se les ofrece un "curso introductorio" del trabajo, anunciándoles desde un principio en que "ya están aceptados a la empresa" y que de entrada deben cubrir un costo de al menos 150 pesos para diversos gastos que se generarán para el material del curso introductorio, además de incentivarlos a invitar a otras personas para que puedan aprovechar esta supuesta oportunidad laboral.

Durante este curso introductorio, el cual generalmente dura una semana, en sesiones diarias de 2 horas, se induce a los participantes a crear en los participantes la necesidad de contar con dicho empleo laboral, y mediante técnicas de psicología social, se les logra doblegar su voluntad y autoestima, engañándolos fácilmente.

En el siguiente paso del curso, se obliga a las personas a que antes de poder empezar a trabajar, en algunos casos desde sus propios hogares, a la aprobación de una prueba de confianza en la cual "supuestamente deben vender" productos como perfumes, los cuales tienen que pagar por adelantado, y una vez que han pagado, la empresa y el inmobiliario de las supuestas oficinas desaparece, toda vez que no cuenta con un domicilio fijo, y vuelven a aparecer en otros edificios de la ciudad o en otras entidades.

Esta situación ha causado un importante número de abusos a personas que se encuentran en vulnerabilidad debido a su falta de trabajo e ingresos.

El Código Penal Federal establece en el artículo 387 fracción VIII que:

Artículo 387.- Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán:

VIII.- Al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona, obtenga de ésta ventajas usuarias por medio de contratos o convenios en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado.

Por este motivo, es necesaria y urgente la intervención de las autoridades competentes para evitar mayores engaños a la población. Por una parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe auditar la operación de estas "supuestas empresas", las cuales es factible que ni siquiera se encuentren dadas de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT); y por la otra, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe intervenir toda vez que se trata de engaños que se presentan en contra de la población que busca un empleo.

Si bien se tiene conocimiento que dicha Secretaría ya realiza operativos para ubicar y sancionar este tipo de prácticas fraudulentas, se trata de una problemática que se sigue presentando, en perjuicio de los mexicanos.

Con base a estas consideraciones, los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a verificar la operación de las empresas denominadas "fantasmas", las cuales mediante engaños ofrecen atractivas ofertas laborales a través de medios masivos de información como la prensa escrita, folletería y algunas páginas de internet.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
sede de la Comisión Permanente, el 8 de junio de 2016.

Atentamente.





 

De los Diputados Francisco Saracho Navarro y Yerico Abramo Masso, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a emitir las reglas generales de comercio exterior para el ejercicio fiscal 2017, tomando en consideración el plano de igualdad en el que se deben encontrar todos los mexicanos en el cobro de las franquicias de ingreso a territorio nacional, de conformidad con la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Tercera Comisión.

Los Diputados Federales, FRANCISCO SARACHO NAVARRO y JERICÓ ABRAMO MASSO integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea una proposición con punto de Acuerdo, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A finales de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma hacendaria propuesta por el Ejecutivo Federal, misma que al ser aprobada, modificó diversos ordenamientos legales en la materia, trayendo consigo varias innovaciones, entre ellas, la homologación al 16% del Impuesto al Valor Agregado, en todo territorio nacional.

Fueron varios los argumentos que respaldaron la homologación del Impuesto al Valor Agregado al 16 % en todo territorio nacional, sin embargo, es importante señalar que el argumento que apelo a la igualdad y equidad que deben tener los mexicanos en el pago de las contribuciones, como una obligación constitucional, es uno de los que revistieron mayor trascendencia en ese proceso legislativo, junto a otros factores que también incidieron en su posterior aprobación.

Desafortunadamente, no se ha seguido ese mismo criterio en la determinación y cobro de las contribuciones en nuestro país, lo cual se advierte en aquellas contribuciones de carácter aduanal, cuyo monto se determina tomando en cuenta la residencia del obligado, es decir, sí este reside dentro de la franja fronteriza de 20 kilómetros o lo hace en el resto del territorio nacional, tal como sucede en el cobro de las franquicias por ingresos en las aduanas de nuestro país en vía terrestre.

Las franquicias por ingresos, son aquellas mercancías que se pueden importar o cruzar a México, sin obligación de pagar impuestos adicionales al equipaje, lo cual es efectuado por un residente de nuestro país, ya sea de la franja fronteriza o del resto del territorio nacional.

Es requisito indispensable que su valor no exceda del equivalente en moneda nacional o extranjera de 150 dólares, cuando quien lo vaya a cruzar sea residente de la franja fronteriza de 20 kilómetros, o de 400 dólares, cuando quien lo vaya a cruzar sea residente del resto del territorio nacional, además de establecer restricciones sobre el tipo de mercancías que pueden ingresarse al país bajo este esquema.

Las autoridades hacendarias han determinado elevar dichos topes durante los periodos vacacionales, en los que mexicanos que residen en los Estados Unidos de América vienen a territorio nacional a visitar a sus familias, incrementando los cruces con mercancías, motivo que ha justificado la modificación de tales montos, como una medida que permitirá darle fluidez a las importaciones y demás operaciones de comercio exterior.

Al respecto, podemos observar las Reglas Generales de Comercio Exterior que al efecto emitió el Servicio de Administración Tributaria, las cuales fueron publicadas el pasado 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, mismas que en su "Capitulo 3.4 Franja o Región Fronteriza" establecen lo siguiente:

"3.4.1 Para los efectos del artículo 61 fracción VIII de la Ley (Aduanera), las personas mayores de edad que sean residentes en la franja o región fronteriza, por las mercancías que importen para su consumo personal, deberán cumplir con lo siguiente:

I. El valor de las mercancías no deberá exceder diariamente del equivalente en moneda nacional o extranjera a 150 dólares;

II. Los residentes que ingresen a territorio nacional en vehículo de servicio particular y en el se transporten más de dos personas, el valor de las mercancías que importen en su conjunto no deberá exceder del equivalente en moneda nacional o extranjera a 400 dólares…"

Entre otros aspectos que deben destacarse de la reglamentación de la franquicia, es que cada integrante de una familia tiene derecho a ella, por lo que pueden acumularse si viajan juntos en el mismo medio de transporte, cuya única restricción es que sean residentes de la franja o región fronteriza. Al mismo tiempo, toda persona que ingrese o salga del país, y lleve consigo cantidades superiores al equivalente a 10,000 dólares, tiene obligación de declararlos.

Independientemente de los bienes que formen parte de la franquicia a que cada persona tiene derecho, hay algunos artículos que pueden ser ingresados al país sin necesidad de hacer pago de impuestos por ellos, ya que son mercancía que forma parte de tu equipaje personal, tales como dos cámaras fotográficas o de videograbación, libros, revistas y documentos impresos.

Aunado a lo anterior, también vemos la situación de los adultos mayores y de las personas con discapacidad, quienes tienen la posibilidad de ingresar artículos sin obligación de pagar impuestos por ellos, mismos que por sus características, suplen o disminuyen sus limitaciones físicas, tales como lo son las andaderas, las sillas de ruedas, las muletas, los bastones, u otros aparatos de esa naturaleza.

No obstante que son principios constitucionales en materia tributaria, recientemente se le ha dado mayor énfasis a la igualdad y equidad para establecer el pago generalizado de las contribuciones en nuestro país, tal como sucedió con la homologación al 16 % del Impuesto al Valor Agregado en todo territorio nacional, por lo que a pesar de ello, se siguen advirtiendo de las reglas antes transcritas, la institución de contribuciones en las que las personas que residen en la franja fronteriza de 20 kilómetros, se encuentran en desventaja respecto de los residentes en el centro del territorio nacional, al imponerles un tope de tan sólo 150 dólares en el pago de las franquicias por ingresos, a diferencia de los mexicanos del resto del país, cuyo tope es de 400 dólares.

La anterior restricción, además de colocar en una situación de desventaja a los residentes de la franja fronteriza, perjudica sus ingresos económicos y su capacidad de adquisición, lo cual no ocurre con los residentes de los habitantes del resto del país, a quienes se les permitiría ingresar mayor número de productos o de un valor mayor, es contrario al espíritu constitucional.

En ese sentido, es importante señalar que dicha distinción no se encuentra justificada por algún argumento de trascendencia, máxime que la reforma hacendaria de 2013, que ya está operando desde 2014, incluyo la homologación al 16% del Impuesto al Valor Agregado en todo territorio nacional, quitándole la tasa preferencial del 11% a la zona fronteriza basándose en la inequidad que implicaba la realización de operaciones a diferentes tasas, lo cual es una circunstancia que se sigue presentando en el pago de contribuciones aduaneras, en un claro perjuicio de los residentes de la franja fronteriza de 20 kilómetros, por lo que es necesario que todas las disposiciones legales y reglamentos, guarden armonía y el principio de igualdad este contenido en sus respectivos articulados.

Es importante considerar que estamos en el mes de mayo de 2016 y es buen momento para que el Servicio de Administración Tributaria, en preparación al ejercicio fiscal 2017, efectúe los estudios y análisis técnicos necesarios para realizar los cambios que reflejen la igualdad en el pago de las contribuciones aduaneras previstas en las Reglas Generales de Comercio Exterior para ese año, como lo son las franquicias por ingresos, colocando en un marco de equidad a todos los residentes de nuestro país, y que de esa manera, el pago de las contribuciones sea equilibrado.

Por todo lo antes expuesto, los suscritos planteamos ante esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria, para que en el ejercicio de sus facultades legales previstas en la fracción III del artículo 14 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, efectúen los estudios y análisis necesarios para desarrollar los cambios en el establecimiento de las contribuciones aduaneras contenidas en las Reglas Generales de Comercio Exterior para el ejercicio fiscal 2017, tomando en consideración el plano de igualdad en el que se deben encontrar todos los mexicanos en el cobro de las franquicias de ingreso a territorio nacional, de conformidad con la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 8 de junio de 2016.

Atentamente

Dip. Francisco Saracho Navarro.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Centro Nacional de Prevención de Desastres y al Servicio Meteorológico Nacional a implementar y comunicar a la población las estrategias de prevención de desastres en razón del inicio de la temporada de huracanes 2016. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 15 de mayo comenzó la temporada de huracanes, la cual se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2016.De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se prevén 30 tormentas tropicales de las cuales seis se convertirán en huracanes de categoría 3 o superior.

Aún no se cuentan con datos exactos sobre cuándo y en dónde se presentarán; sin embargo, es importante detectar los posibles riesgos y prevenir a la población sobre estos, así como las medidas que deben tomarse en caso de emergencia.

Durante los últimos días, se han presentado fuertes lluvias, granizadas y tormentas eléctricas a lo largo del territorio nacional durante el periodo de huracanes.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, en esta temporada se podrá observar una mayor actividad de huracanes respecto a lo que hemos visto en los últimos tres años, que estaban debajo de lo normal.

El domingo pasado la depresión tropical que se encontraba en la Península de Yucatán se convirtió en la tormenta tropical “Colin”. Según la CONAGUA se dirige al noreste del Golfo de México, cerca de las costas de Florida, Estados Unidos, y generará potencial de lluvias muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y posibles granizadas en Yucatán y Quintana Roo, y lluvias fuertes en Campeche. La tormenta tropical “Colin” tiene vientos sostenidos y rachas de 85 km/h y 100 km/h.

El potencial de desarrollo ciclónico también se ubica al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca, lo que generará fuertes lluvias con tormentas eléctricas y posibles granizadas en los Estados de Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Guerrero, Veracruz y Puebla.

Las tormentas tropicales, ciclones y huracanes son importantes para la distribución de lluvia y la recarga de mantos acuíferos y presas; sin embargo, también pueden causar grandes daños a la población y a la infraestructura en general. Por lo anterior, es de gran importancia alertar constantemente sobre el estado meteorológico, la formación de huracanes, así como las medidas de prevención y acción que la población debe tomar.

Entre las medidas más comunes se encuentran la identificación de refugios temporales y de las rutas de comunicación, sin embargo, el mantenimiento de los desagües y coladeras libres de basura y objetos que puedan impedir el paso del agua es también de gran importancia, ya que, según CONAGUA, gran parte de las inundaciones se generan por el exceso de basura.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) es un órgano desconcentrado que se encarga de salvaguardar la vida, bienes e infraestructura de los mexicanos mediante la gestión de políticas públicas para la prevención y reducción de desastres por medio de la investigación y monitoreo de fenómenos naturales. Entre sus objetivos se encuentra impulsar la educación, capacitación y difusión de una cultura preventiva para la población ante situaciones de desastre. El CENAPRED se encuentra subordinado a la Secretaría de Gobernación.

El Servicio Meteorológico Nacional, organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, se encarga de proveer los pronósticos, alertas e información del estado del tiempo y del clima a escala nacional y de forma estratégica y útil, para una mayor eficacia en la toma de decisiones. Entre sus principales funciones se encuentra difundir al público boletines y avisos de las condiciones del tiempo, especialmente durante la época de ciclones que abarca de mayo a noviembre.

La Secretaría de Gobernación también tiene a su servicio el Sistema de Alerte Temprana, herramienta de coordinación para alertar a la población y para la acción institucional ante una amenaza de huracanes.

México, por su condición bioceánica, cada año se ve amenazado por las tormentas tropicales y los huracanes, es necesario que las autoridades implementen con antelación las acciones necesarias para hacer frente a situaciones de desastre, así como la información y prevención a la población sobre las medidas que debe de tomar en caso de tormentas tropicales y huracanes.

Por lo anterior expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, al Centro Nacional de Prevención de Desastres y al Servicio Meteorológico Nacional para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, implementen y comuniquen a la población las estrategias de prevención de desastres en razón del inicio de la temporada de huracanes 2016.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
sede de la Comisión Permanente, el 8 de junio de 2016.

Atentamente.





 

De los Diputados Francisco Saracho Navarro y Yerico Abramo Masso, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reclasificar en los municipios de Morelos, Allende y Villa Unión, en el estado de Coahuila de Zaragoza, las tarifas por el servicio eléctrico doméstico que brinda la Comisión Federal de Electricidad, como una forma de apoyar la economía familiar que se ve afectada por los altos consumos de energía eléctrica que se realiza en la región, debido a las condiciones climáticas extremas que se dejan sentir durante todo el año. Se turna a la Tercera Comisión.

Los Diputados Federales, FRANCISCO SARACHO NAVARRO y JERICÓ ABRAMO MASSO, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea una proposición con punto de Acuerdo, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es importante reconocer que en la actualidad la energía eléctrica juega un papel indispensable en nuestra cotidianidad, ya que interviene en cualquier tipo de situaciones, desde la realización de las actividades domésticas más elementales, hasta en cualquier otra actividad que pudiera revestir trascendencia en cualquier ámbito de la vida de nuestro país. Sin la electricidad, la mayor parte de las actividades que desempeñamos o que disfrutamos no serían posibles, por lo que se ha convertido en una permanente exigencia en todo sentido.

Sobre ese particular, es importante señalar que la energía eléctrica es un presupuesto que refleja progreso para los habitantes de un determinado lugar o región, al ser un elemento que les brindaría la posibilidad de tener una vida en condiciones dignas, además de ser impulsor de infinidad de procesos en los cuales existe interés de tipo económico, académico, político, social, científico, cultural, por mencionar solo algunos rubros, lo cual obedece a las implicaciones y a los alcances positivos que traerían consigo.

En términos del artículo 2 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, este organismo es una empresa productiva del Estado, propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que gozara de autonomía técnica, operativa y de gestión, cuyo objeto, de conformidad con el primer párrafo del artículo 5 del mismo ordenamiento legal, es prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica en todo el país, por cuenta y orden del Estado mexicano.

En ese sentido, de acuerdo a lo previsto en la fracción IV del artículo 12, de los artículos 138 y 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, así como de la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecer, ajustar y reestructurar tarifas por el suministro de energía que brinda la Comisión Federal de Electricidad, mismas que deberán ser cubiertas por los usuarios, siempre que exista una causa que así lo obligue en beneficio de los usuarios de una determinada región, tal como lo puede ser una situación de carácter climático a la cual se encuentren sujetas durante todo el año, y cuyos efectos tienen que ser mitigados mediante la implementación de aparatos ventiladores o aparatos de aire acondicionado en los meses de más calor y de calefactores o calentadores en las épocas de más frío, lo que sin duda incrementa el consumo eléctrico y las tarifas a cubrir.

Ahora bien, es importante señalar que las tarifas eléctricas que han sido fijadas por la Comisión Reguladora de Energía y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se clasifican en tarifas específicas, entre las que se encuentran la de servicio doméstico, doméstico de alto consumo, servicio público, agrícola, acuícola y temporal; simultáneamente a ello, encontramos a las tarifas generales, las cuales incluyen a las de baja, media y alta tensión, así como de servicio de respaldo e interrumpible. Las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica son clasificadas tomando en consideración su uso y el nivel de tensión, lo se puede comprender de la siguiente manera:

Domésticas: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y Doméstica de Alto Consumo (DAC)
Servicios públicos: 5, 5-A y 6 cuotas mensuales autorizadas
Agrícola: 9, 9M, 9-CU y 9-N cuotas mensuales autorizadas
Temporal: 7 cuotas mensuales autorizadas
Acuícola: EA
Generales en baja tensión: 2 y 3 cuotas mensuales autorizadas
Generales en media tensión: O-M, H-M Y H-MC cuotas mensuales autorizadas
Media tensión con cargos fijos: OMF, H-MF Y H-MCF cuotas mensuales autorizadas
Generales en alta tensión: HS, HS-L, HT y HT-L cuotas mensuales autorizadas
Alta tensión con cargos fijos: HSF, HS•LF, HTF y HT•LF
Respaldo: HM-R, HM-RF, HM-RM, HS-R, HS-RF, HS-HM, HT-R, HT-RM cuotas mensuales autorizadas
Servicio interrumpible: 1-15 e 1-30 cuotas mensuales autorizadas.

Para efectos de la presente proposición con punto de acuerdo, existen ocho tipos de tarifas eléctricas para uso exclusivamente doméstico, las cuales han sido denominadas como la tarifa 1; las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, así como la Doméstica de Alto Consumo (DAC), mismas que fueron diseñadas para cobrar precios menores en zonas donde existen condiciones climáticas extremas, debido a que el consumo eléctrico es mayor por el uso de ventiladores o aparatos de aire acondicionado en los meses de más calor y de calefactores o calentadores en las épocas de más frío, esto es, principalmente en el norte del país, en donde la necesidad de energía eléctrica se incrementa durante todo el año.

Tomando en consideración el Informe de Resultados de la Comisión Federal de Electricidad durante 20151, podemos observar que gobiernos de Entidades Federativas como Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Baja California, celebraron con la Comisión Federal de Electricidad, convenios en los cuales se acordó apoyar a la población con un subsidio en el pago del consumo doméstico de energía eléctrica, y que de esa forma les sea aplicada la tarifa 1D durante el periodo de verano de ese año.

Del mismo modo, los estados de Nuevo León y de Veracruz también celebraron convenios con la Comisión Federal de Electricidad, con la finalidad de reclasificar las tarifas eléctricas en 4 de sus municipios, respectivamente, lo cual obedeció a circunstancias de carácter climático.2

En el caso concreto del estado de Coahuila de Zaragoza, las temperaturas que durante el año se presenta en los municipios de Morelos, Allende y Villa Unión, varían de forma extrema, puesto que la temperatura que se siente durante primavera y verano en promedio llega a los 45°C,e incluso ha habido ocasiones en las que se ha llegado a los 50° C, y durante otoño e invierno se llegan a registrar una baja de 0° C hasta -5°C , por lo que ante esas circunstancias, los habitantes de dicha región tienen que recurrir a la implementación de aparatos ventiladores o aparatos de aire acondicionado en los meses de más calor y de calefactores o calentadores en las épocas de más frío en sus hogares, con la finalidad de mitigar el clima extremo, sin embargo, tal medida ocasiona que se incremente el consumo de energía eléctrica, y por ende, las erogaciones son mayores, afectando el presupuesto familiar, motivo por el que resulta justificado que sean revisadas y reclasificadas las tarifas eléctricas en esas municipalidades coahuilenses, lo cual tiene el carácter de urgente ante la inminente entrada del verano, y con ello, el aumento en las temperaturas.

Es necesario establecer que en dichas municipalidades se aplica la tarifa 1C3, la cual no corresponde a las condiciones climáticas que se hacen sentir en la región, ya que tal circunstancia ocasiona que el consumo de energía eléctrica, por parte de los usuarios, sea muy alto, y en consecuencia, los pagos que realizan se desfasen de sus ingresos económicos, por lo que es necesario que intervengan la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que reclasifiquen las tarifas y que les sea aplicada una que guarde asequibilidad y corresponda con los ingresos y las condiciones socioeconómicas de dicha población, pero que al mismo tiempo, permita mitigar los efectos del clima extremo.

Es importante destacar que los municipios de Morelos, Allende y Villa Unión, junto a los municipios de Nava y Zaragoza, también de Coahuila, conforman la llamada región de "5 Manantiales", en la que también cuentan con las mismas condiciones climáticas extremas, sólo que en Nava y Zaragoza cuentan con la tarifa eléctrica 1E4, lo que les permite a sus habitantes, afrontar las erogaciones por su consumo eléctrico sin causar perjuicio al presupuesto familiar, razón por la que tiene mayor relevancia la presente proposición con punto de acuerdo, puesto que lo correcto es que los municipios que conforman la región en comento, al tener las mismas condiciones climáticas, ean homologados al establecerles la tarifa 1E ante la Comisión Federal de Electricidad.

Es sabido que una de las razones por las que no se han reajustado tales tarifas, es la revisión imprecisa y errónea que hace la Comisión Nacional del Agua para determinar las temperaturas en dicha región, ya que sigue utilizando equipos viejos y obsoletos para tal efecto, aunado a que sus estaciones medidoras se encuentran localizadas en lugares que no reflejan la temperatura real que se dejan sentir en dichos municipios, evitando que con los datos recabados en sus mediciones, pueda considerarse la revisión para una probable reclasificación en las tarifas.

Por lo antes expuesto es que, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta a los Titulares de la Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que reclasifiquen en los municipios de Morelos, Allende y Villa Unión, en el estado de Coahuila de Zaragoza, las tarifas por el servicio eléctrico domestico que brinda la Comisión Federal de Electricidad, como una forma de apoyar la economía familiar que se ve afectada por los altos consumos de energía eléctrica que se realiza en la región, debido a las condiciones climáticas extremas que se dejan sentir durante todo el año.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 8 de junio de 2016.

Atentamente

Dip. Francisco Saracho Navarro.

1 INFORME ANUAL 2015 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, página 54.

2 Ob.cit, nota número 1, página 55.

3 Ver en http://www.cfe.gob.mx/casa/Conocetutarifa/Paginas/Acuerdos-que-autorizan-o-modifican-tarifas.aspx... "La tarifa 1C se aplicara a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, conectados individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 30 grados centígrados, como mínimo. Estos Servicios sólo se suministraran en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general. Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 30 grados centígrados, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la información correspondiente. Se considerara que durante un año alcanzo el limite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales"... consultado el 27 de mayo de 2016.

4 Ver en http://www.cfe.gob.mx/casa/Conocetutarifa/Paginas/Acuerdos-que-autorizan-o-modifican-tarifas.aspx... "La tarifa 1E se aplicara a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, conectados individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 32 grados centígrados, como mínimo. Estos Servicios sólo se suministraran en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general. Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 32 grados centígrados, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la información correspondiente. Se considerara que durante un año alcanzo el limite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales"... consultado el 27 de mayo de 2016.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a llevar a cabo campañas informativas para fomentar el uso responsable de las redes sociales a través del uso de los tiempos oficiales de los que dispone el Estado en radio y televisión. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC's) están transformando prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. Ya sea desde la manera en que nos comunicamos, tal como sucede con las redes sociales, hasta la forma en la que accedemos a diversos servicios como: educación, salud, comercio, entre otros.

De acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), actualmente 65 millones de mexicanos tienen acceso a Internet, de los cuales el mayor porcentaje de usuarios se ubica entre el sector de la población menor a 18 años que representa el 34% del total; seguido del sector de entre 25 y 34 años con el 20%; el 15% lo representan los usuarios de entre 35 y 44 años, mientras que el grupo que va de los 45 a los 55 es de 9%; y finalmente los usuarios mayores de 55 años son alrededor del 5%.1

Los llamados teléfonos inteligentes se han convertido en el principal dispositivo de acceso a internet y las redes sociales son la principal actividad online que realizan los usuarios de internet, siendo Facebook, WhatsApp y YouTube las más utilizadas, lo que facilita y potencializa el intercambio de texto, fotos y videos, cabe resaltar que el tiempo de conectividad es en promedio de poco más de 7 horas.2

Estos datos son significativos porque dan cuenta de cómo el uso de las TIC's y de las redes sociales, actualmente forman parte de la cotidianidad de casi 6 de cada 10 mexicanos, lo cual es importante para reducir la brecha digital, no obstante, también implica nuevos retos para el Estado mexicano, en virtud de que sin la información y educación adecuada esta actividad puede derivar en múltiples riesgos para la población, principalmente para los niños, niñas y adolescentes, que representan el mayor sector de la población usuaria.

En muchas ocasiones los padres de familia e incluso los profesores no cuentan con la información necesaria para fomentar un uso responsable de las redes sociales, principalmente, porque las niñas, niños y jóvenes son quienes tienen un mejor manejo de las TIC's.

Existen estudios que señalan que 70% de los jóvenes entre 13 y 17 años ocultan sus actividades en internet; 12% de éstos admitieron tener amigos en línea que jamás han visto físicamente; y el 40% de los jóvenes han aceptado una solicitud de amistad en redes sociales a un desconocido, incluso más del 60% de los jóvenes han presenciado casos bullying en la escuela que tuvieron origen en Facebook.3

Para ponderar la gravedad del asunto, recientemente el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, órgano autónomo garante de la protección de datos personales, dio a conocer del aumento de la práctica conocida como sexting, principalmente entre los jóvenes, lo cual no sólo constituye un riesgo para su intimidad, sino que también los puede hacer objeto de distintos hechos delictivos.

El sexting es "el intercambio de imágenes o textos de carácter sexual por teléfono móvil […] Estas imágenes y textos suelen circular entre los miembros de una pareja o entre posibles compañeros sexuales, pero a veces terminan reenviándose a un público mucho más amplio."4

De acuerdo a datos de una encuesta realizada por la Alianza por la Seguridad en Internet, sobre privacidad y seguridad en la web, el 85% de los encuestados de entre 12 y 16 años, reveló que el 36.7% conoce a alguien que ha enviado o reenviado por internet o celular imágenes suyas desnudo o semidesnudo, ya sea a conocidos o desconocidos.5

El estudio, señala que los destinatarios de mensajes sexting son 21% a alguien que les gusta; 20% novia/novio; 19% exnovia/novio; 18% amigos; 14% mejor amiga/amigo; 11% desconocidos; y 4% compañeros de clase.6

Otros peligros a los que se enfrentan las niñas, niños y jóvenes lo constituye el grooming que "…es el proceso por el cual un individuo, por medio de Internet, trata de ganarse la amistad de un menor de edad con fines sexuales, a veces mediante cámaras web que permiten 'compartir' la explotación sexual entre las redes de delincuentes sexuales, y a veces llega incluso a reunirse físicamente con el menor para perpetrar el abuso sexual." 7

De acuerdo a la organización Save the Children, un ciberacosador es capaz de ganarse la confianza de un menor de manera sumamente rápida, en virtud de que le bastan sólo 12 minutos para lograr que su víctima se quite la ropa, para posteriormente chantajearla de compartir dichas imágenes de no accede a tener encuentros sexuales con él.

El ciberbullying, se refiere al "…acoso entre iguales en el entorno TIC, e incluye actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos de niños a otros niños. En una definición más amplia, supone el uso y difusión de información lesiva o difamatoria en formato electrónico a través de medios de comunicación como el correo electrónico, la mensajería instantánea, las redes sociales, la mensajería de texto a través de teléfonos o dispositivos móviles o la publicación de vídeos y fotografías en plataformas electrónicas de difusión de contenidos."8

La necesidad de fomentar un uso responsable de las redes sociales es apremiante, en días recientes se ha difundido en redes sociales el reto conocido como #Gameof72 que consiste en que los menores desaparezcan durante 72 horas sin avisar a nadie con el objetivo de ver quien consigue más "likes" o menciones de búsqueda en las redes sociales, la gravedad de este asunto es tal que puede generar que se emitan una Alerta Amber.

Como hemos señalado, el mayor porcentaje de usuarios de las TIC's y de las redes sociales lo representan las niñas, niños jóvenes y adolescentes y muchas veces realizan actividades online que los padres desconocen e incluso ellos mismos llevan a cabo prácticas que ponen en riesgo a los menores, tales como compartir imágenes de los de éstos en sus redes sociales en donde personas extrañas pueden tener acceso a esos contenidos.

Ante este contexto, los legisladores del PRI consideramos que los tiempos oficiales de los que disponen el Estado en radio y televisión, representan un espacio idóneo para impulsar campañas informativas para fomentar el uso responsable de las redes sociales.

En este sentido, el artículo 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establece que los concesionarios de uso comercial, público y social que presten el servicio de radiodifusión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias en cada estación y por cada canal de programación, con una duración de hasta treinta minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de interés social.

Los tiempos de transmisión serán administrados por la Secretaría de Gobernación, la que oirá previamente al concesionario y de acuerdo con ellos fijará los horarios a lo largo de sus horas de transmisión.

Los legisladores del grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos de que el uso de las redes sociales y la publicación de información que en ellas se comparte, no constituyen un riesgo en sí mismas; no obstante, consideramos oportuno que el Estado mexicano utilice los tiempos oficiales para la promoción de campañas informativas que fomenten un uso responsable de las redes sociales, a fin de que los padres, maestros, los propios menores y la sociedad en general, tengan conocimiento de aquellas conductas que constituyen un riesgo para la seguridad e integridad de las niñas, niños y jóvenes mexicanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se exhorta a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, lleven a cabo campañas informativas para fomentar el uso responsable de las redes sociales a través del uso de los tiempos oficiales de los que dispone el Estado en radio y televisión.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, el 8 de junio de 2016.

Atentamente.

1 12º Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2016, Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), < https://www.amipci.org.mx/images/Estudio_Habitosdel_Usuario_2016.pdf > Consultado el 1 de junio de 2016.

2 Ibíd.

3 The Digital Divide: How the Online Behavior of Teens is Getting Past Parents, McAfee, 2012, Consultado el 1 de junio de 2016.

4 La seguridad de los niños en línea: retos y estrategias mundiales, UNICEF, marzo de 2012, p 2.
Consultado el 2 de junio de 2016.

5 El sexting, riesgo para la intimidad de las personas:INAI, INAI,
Consultado el 2 de junio de 2016.

6 Ibbíd.

7 La seguridad de los niños en línea: retos y estrategias mundiales, UNICEF, marzo de 2012, p 2.
Consultado el 2 de junio de 2016.

8 Guía Legal sobre Ciberbullying y Grooming, Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, febrero de 2011, p. 3 Consultado el 2 de junio de 2016.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Michoacán a participar propositivamente en la búsqueda de acuerdos entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y su Sindicato Único de Empleados, a fin de evitar que la huelga anunciada pueda resultar en posteriores efectos negativos hacia la comunidad universitaria. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo al estudio "Panorama de la Educación 2015" elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en México las tasas de matriculación en educación media superior y el porcentaje de población que ha alcanzado dicho nivel educativo ha aumentado, sin embargo, los niveles aún son bajos comparados con otros países del organismo.

"De 2005 a 2012 la población de 25 a 34 años en México que habían alcanzado la educación media superior aumentó en 8 puntos porcentuales, de 38% a 46%. No obstante, este porcentaje es mucho menor que el promedio de la OCDE de 83%".1

El estudio destaca además que en México:

• Sólo uno de cada tres adultos de 25 a 64 años de edad terminó el nivel medio superior de educación.

• Está aumentando el nivel de adolescentes de 15 a 19 años que están en educación: del 48% al 54% entre 2005 y 2013.

• En 2013, fuimos uno de sólo dos países de la OCDE y asociados (el segundo fue Colombia) donde menos de 60% de los jóvenes de 15 a 19 años estaban inscritos en el sistema educativo.

Con relación a la Educación Superior de México, la OCDE señala que en el contexto internacional nuestro país tiene una inversión similar o superior a naciones más desarrolladas como Alemania, Japón, Inglaterra, pero en contraste presenta serios rezagos, al tener las tasas de graduación, de logro educativo -entre la población adulta- y los porcentajes de escolaridad más bajos.

De acuerdo a los indicadores de la OCDE publicados en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), el porcentaje de la población entre 20 y 29 años que se encuentra realizando sus estudios hasta 2010, en México era del 12 por ciento, mientras que en Alemania era del 31 por ciento, en Suiza del 24 por ciento, en Noruega del 29 por ciento y en Italia del 21 por ciento.

La Educación Media Superior comprende el nivel de bachillerato o sus equivalentes, así como la educación profesional o sus equivalentes sin antecedente de bachillerato. La Educación Superior se refiere al proceso y a los centros o instituciones educativas en donde, después de haber cursado la educación media superior, se estudia una ingeniería o carrera profesional.

En el tema de Educación Media Superior, en México en febrero de 2012, se firmó el decreto por el que se declara la obligatoriedad de este tipo educativo. En él se señala que el aumento sería gradual, el cual comenzó en el ciclo escolar 2012 / 2013, y busca lograr la cobertura total en el ciclo 2021 / 2022.

La EMS está constituida por tres grandes modelos educativos: bachillerato general, bachillerato tecnológico y profesional técnico. El bachillerato general instruye al estudiante en diferentes disciplinas y ciencias, para que posteriormente pueda cursar estudios de tipo superior. El bachillerato tecnológico, por su parte, es bivalente; tiene dos propósitos: preparar a los estudiantes para el ingreso a la educación superior, así como capacitarlos para que tengan opciones de participación laboral en actividades agropecuarias, pesqueras, forestales, industriales y de servicios, y del mar. La educación profesional técnica, igualmente bivalente, forma a técnicos en actividades industriales y de servicios". 2

En materia de educación media superior y superior, además de las opciones educativas del gobierno federal, hay una importante participación de los gobiernos estatales, del sector privado y de las universidades en la creación y sostenimiento de otras alternativas escolares.

A diferencia de la educación básica, donde la federación define el currículo nacional para sus tres niveles educativos con un componente regional, cuyo contenido se formula conjuntamente entre la federación y los sistemas educativos estatales, en educación media superior y superior las opciones escolares siguen una gran variedad de programas y se regulan con normatividades, instituciones e instancias administrativas que les permiten un funcionamiento relativamente autónomo.

Las escuelas de educación media superior y superior pueden agruparse principalmente en cuatro grandes categorías: federales, estatales, autónomas y privadas.

En Michoacán, según lo dio a conocer recientemente el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, la cobertura de educación superior es del 24 por ciento, cifra que está por debajo de la media nacional que es de 37 por ciento, para la Zona Occidente.

Por ello, anunció el proceso de fortalecimiento de todas las instituciones de educación superior a fin de que los jóvenes cuenten con más y mejores alternativas.

Esto, durante el evento donde se signó un convenio de colaboración para la instalación de Nodos de Educación a Distancia entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y los ayuntamientos de Ario de Rosales, La Piedad y Zacapu. 3

El titular del Ejecutivo de Michoacán remarcó que al cruzar el mapa de la entidad, se dieron cuenta que los municipios en donde existen mayores índices de violencia y de inseguridad, coinciden con las regiones en donde precisamente no hay instituciones de educación superior.

Aureoles Conejo habló de fortalecer a la UMSNH, de la posibilidad de construir otra universidad pública en otra región de la entidad y de elevar de 24 a 40 por ciento la cobertura en educación superior, en los próximos cinco años.

El pasado 20 de mayo, el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (SUEUM), iniciaron una huelga laboral debido al presunto incumplimiento y violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo. 4

Esta huelga ha sido de puertas abiertas, lo que significa que profesores y estudiantes pueden ingresar a los planteles y realizar sus actividades de manera ordinaria. Sin embargo, el SUEUM analiza llevar a cabo una serie acciones que van desde el paro de brazos caídos, hasta paros parciales o totales por pocas horas., manifestación y bloqueo frente a Rectoría y paro de actividades de 12 horas (8:00 a 20:00 horas) Cerrando la totalidad de las instalaciones. 5

Hasta el momento el Gobernador de Michoacán no se ha pronunciado ni ha intervenido en esta que es la segunda huelga del año en la UMSNH. La primera fue en enero y febrero pasados.

Uno de los compromisos del Estado y la sociedad mexicana es garantizar el derecho a la educación de calidad de niños y jóvenes sin importar su condición socioeconómica, sexo o etnicidad, tal como está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Educación.

En el Grupo Parlamentario del PRI siempre hemos impulsado las políticas publicas y acciones enfocadas al desarrollo social y humano. En este caso, el tema educativo para el estado de Michoacán es de suma trascendencia por la situación de violencia, ingobernabilidad y falta de oportunidades que se han vivido durante los últimos años.

Es por todos sabido, que los jóvenes y adultos que tienen acceso a niveles educativos más altos, tienen más probabilidades de estar empleados y con mejores ingresos. En México, de acuerdo a la misma OCDE, este fenómeno se intesifica más que en el resto de los países de la organización.

Michoacán, al ser una de las entidades que presenta mayor atraso en materia educativa, requiere pasar de los discursos a los hechos. No basta con solo mostrar buena disposición, sino de entregar resultados reales y tangibles.

El artículo 31 de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de ocampo, señala que la educación media superior garantizará el desarrollo del educando, fortaleciendo su formación ética y humanista, el conocimiento científico, las competencias técnicas y tecnológicas para el trabajo, con la finalidad de contribuir al desarrollo de la Entidad y el acceso al nivel inmediato superior.

El artículo 32 del mismo ordenamiento legal remarca la obligación del Estado en garantizar que en cada municipio se proporcione educación media superior.

A su vez el artículo 35 remarca que la educación superior se encargará de la formación de los profesionistas, atendiendo las necesidades y características de las diversas regiones de la Entidad, con el objeto de elevar el nivel de calidad educativa, lograr la diversificación de estudios superiores, incrementar la capacidad en la investigación científica y tecnológica, la gestión, superación, difusión y extensión profesional, incrementar la producción editorial y vincular al sector educativo con el de producción de bienes y servicios, con la finalidad de contribuir en la atención de prioridades y necesidades sociales.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Michoacán para que en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, participe propositivamente en la búsqueda de acuerdos entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y su Sindicato Único de Empleados, a fin de evitar que la huelga anunciada pueda resultar en posteriores efectos negativos hacia la Comunidad Universitaria.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo de Michoacán a que fortalezca y dé prioridad a las funciones sustantivas de docencia, investigación, vinculación y difusión de la cultura de las instituciones de Educación Media Superior y Superior de la entidad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
sede de la Comisión Permanente, el 8 de junio de 2016.

Atentamente.





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos locales de las entidades federativas del país a mantener actualizados los protocolos de salud y adoptar medidas de prevención frente a las intensas temperaturas que afectan a gran parte del país. Se turna a la Segunda Comisión.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS LOCALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAÍS A MANTENER ACTUALIZADOS LOS PROTOCOLOS DE SALUD Y ADOPTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LAS INTENSAS TEMPERATURAS QUE AFECTAN A GRAN PARTE DEL PAÍS; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Expertos en cambio climáticos señalan que las olas de calor matan y van a ser cada vez más intensas y más frecuentes, y ya lo estamos viviendo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió de altas temperaturas que desde hace algunas semanas se han dejado sentir en gran parte del territorio nacional, y que continuarán ascendiendo a medida que se acerquen los meses de verano. La ola de calor afectaría a 27 estados de la República Mexicana con registro de temperaturas superiores a los 36 grados Celsius.

Este ambiente de caluroso a extremadamente se mantendrá debido a un sistema de alta presión que ocasionará las altas temperaturas. Entre los estados más afectados se mencionan principalmente a Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, con alcances superiores a 40 grados Celsius.

Sin embargo, hemos podido atestiguar como esta ola de calor no sólo será prioritaria en estas entidades, pues parte mucho mayor en el país se encuentra padeciéndolas. Lo cierto es que de acuerdo al SMN, reflejarán las más altas.

Este no es un asunto menor. Las altas temperaturas y la radiación solar constituyen un problema de salud pública con graves afectaciones a nuestra población, con riesgos incluso de muerte.

Generalmente, el cuerpo se enfría solo mediante la sudoración. No obstante, bajo un clima muy caluroso, especialmente con altos niveles de humedad, la sudoración no es suficiente y la temperatura corporal puede elevarse hasta niveles peligrosos y es posible desarrollar enfermedades causadas por el calor; la mayoría causadas por permanecer expuesto al calor demasiado tiempo.

Las más comunes complicaciones, de acuerdo al grado de riesgo, suelen ser las siguientes:

Golpe de Calor o insolación, deshidratación corporal, decaimiento o debilitamiento, dolor de cabeza, escasez de apetito, insomnio, pulso acelerado, calambres, dolores musculares, baja presión, enfermedades gastrointestinales, quemaduras solares y erupciones cutáneas por la irritación de la piel ante el exceso de sudoración, entre otros.

Las olas de calor pueden gravar o potenciar otras enfermedades, como el infarto al miocardio y especialmente enfermedades diarreicas. Esta última, como la segunda causa de mortalidad en niños en el mundo, debido a la deshidratación principalmente.

Adicionalmente, al calor excesivo puede causar parálisis facial, como un fenómeno que se presenta ante los cambios bruscos de temperatura. Entrar abruptamente a un lugar con aire acondicionado después de haber estado tanto tiempo expuesto al sol, o por ejemplo, lavarse la cara con agua fría son factores simples que pueden desencadenarla.

Evidentemente que muchos de estos factores pueden desencadenar la muerte, como así ha costado ya en el país, con vidas humanas, pues cuando menos en