Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 28 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 5

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 25 de Mayo de 2016

SUMARIO                                              


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PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

Se aprueba el dictamen suscrito por la Primera Comisión, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas y que aún están pendientes de homologar su legislación bajo los más altos estándares de protección de derechos humanos, para que armonicen sus Códigos Civiles o Familiares así como a sus respectivos códigos procesales, con la finalidad de que deroguen y reformen aquellas disposiciones sustantivas y procesales que regulan las causales de divorcio. Se acompaña de una fe de erratas. Interviene al respecto la Diputada María Bárbara Botello Santibánez.

























































































































 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
CÉSAR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ

APERTURA

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: (11:33 horas) Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Señoras legisladoras y señores legisladores, procedemos al pase de lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, le informo que tenemos una asistencia de 37 ciudadanos legisladores. En consecuencia, hay quórum.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 25 de mayo de 2016, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.





 

ACTA DE LA SESIÓN celebrada el miércoles
DIECIOCHO de mayo DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta minutos del miércoles dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, con una asistencia de treinta y cinco legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles once de mayo de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite iniciativa de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con el Informe Trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo enero-marzo de 2016.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de abril de 2016, desagregada por tipo de fondo, de Acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de abril de 2015.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron de la Secretaría de Educación Pública, dos oficios con los que remite información correspondiente al primer trimestre de 2016 de diversos organismos descentralizados, en apego a lo establecido en el artículo 42 del Decreto de   Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, informe de actividades 2015.- Se remitió a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, oficio por el que informa que durante el mes de abril de 20165 únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, oficio con el que remite el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México.- Se remitió a las Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos Migratorios de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo que exhorta al Senado de la República a aprobar los dictámenes pendientes en materia de edad mínima para contraer matrimonio y armonizar lo previsto en el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se remitió a las comisiones correspondientes de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió de la Senadora Sonia Rocha Acosta, informe de sus actividades durante su viaje de trabajo a Cuba, realizado del 3 al 5 de abril de 2016.-Quedó de enterado.

 

Se recibió del Diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, oficio por el que informa su reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 11 de mayo de 2016.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un acuerdo de la Mesa Directiva, para la recepción del Informe Anual de Labores 2015 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.- El acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Diputado Adolfo Mota Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Educación y de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.- Se turnó a la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Genoveva Huerta Villegas, a nombre del Diputado José Máximo García López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que modifica la fracción IX, reforma la fracción X y adiciona una fracción XII al artículo 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Omar Ortega Álvarez, a nombre del Diputado Victoriano Wences Real, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

El Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 17 Bis y se reforma el artículo 18 de La Ley General para el Control del Tabaco.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud, de Comercio y Fomento Industrialy de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

El Diputado Virgilio Caballero Pedraza, a nombre propio y de los Senadores Manuel Bartlett Díaz y Héctor Adrián Menchaca Medrano y de la Diputada Norma Rocío Nahle García, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que modifica y adiciona el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a lasComisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deroga el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y se reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de publicidad gubernamental.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, siete dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que se resuelve que las propuestas para convocar a un periodo extraordinario sean remitidas a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado de la Republica.- Intervinieron los legisladores: Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich de MC, en contra; y Diputado Omar Ortega Álvarez del PRD, en contra. Para rectificación de hechos hicieron uso de la palabra los legisladores: Senador Juan Carlos Romero Hicks del PAN; Senador Arturo Zamora Jiménez del PRI; Senador Ernesto Ruffo Appel del PAN; Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD; Senador Jesús Casillas Romero del PRI; Diputado Guadalupe Acosta Naranjo del PRD; y Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

2. Por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de México otorgue los recursos necesarios para mejorar el estado en el que se encuentran las instalaciones de los campos de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.- Intervinieron los legisladores: Senador Jesús Casillas Romero del PRI, a favor; y Diputado Alfredo Bejos Nicolás del PRI, a favor. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

3. Que exhorta a los integrantes del Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas a considerar los resultados arrojados por la Encuesta Intercensal 2015 e inicien los estudios y análisis técnicos para evaluar si la región de la Carbonífera, integrada por los    municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz, del estado de Coahuila de Zaragoza, puede ser reconocida como una zona metropolitana; asimismo, para evaluar si el municipio de San Buenaventura, puede ser incorporado a la Zona Metropolitana Centro, integrada por los municipios de Frontera, Monclova y Castaños, de dicho estado.- Intervino la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

4. Que exhorta al Gobierno Federal para que en coordinación con los gobiernos estatales implemente en la población los protocolos preventivos y de acción para los casos de emergencias o desastres, en el marco del inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2016.- Intervino el Diputado Alfredo Bejos Nicolás del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

5. Que exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a continuar con la implementación de estrategias y acciones en respuesta a la contingencia ambiental ocurrida en la Zona Metropolitana del Valle de México; asimismo, exhorta a las autoridades que conforman dicha Zona a llevar a cabo inspecciones y auditorías a los diferentes verificentros que operan en la misma.- Intervinieron los legisladores: Senadora Carmen Dorantes Martínez del PRI; y Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

6. Que exhorta al Grupo Interinstitucional conformado por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Población a evaluar la pertinencia de incorporar a la zona metropolitana de Laja-Bajío los municipios de Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Cortázar, Tarimoro, Santa Cruz de Juventino Rosas y Jaral del Progreso, del estado de Guanajuato y, en su caso, actualizar la denominación de la zona metropolitana Laja-Bajío para futuras referencias, trámites administrativos y citas oficiales.- Intervino la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

7. Que exhorta al Gobierno Federal a continuar llevando a cabo las acciones necesarias para reforzar las tareas de seguridad pública e impulsar el turismo internacional; asimismo, exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Turismo a realizar campañas para promover la industria turística del país, a nivel internacional.- Intervino el Diputado Alfredo Bejos Nicolás del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, doce dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las medidas de seguridad durante la cadena de abasto, resguardo y dispensación de medicamentos; y solicita a las instancias competentes en materia de procuración de justicia de la federación y de las entidades federativas que redoblen esfuerzos para investigar y sancionar el robo y la venta ilegal de medicamentos.- Intervino la Diputada Xitlalic Ceja García del PRI, a favor. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

2. Por el que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a informar sobre las acciones instrumentadas para atender la Recomendación No. 50/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de protección del derecho a la salud de los pobladores del Municipio de Huajuapan de León, Oaxaca; y especialmente en lo relativo al Hospital General Pilar Sánchez Villavicencio.

3. Por el que exhorta a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a realizar las adecuaciones necesarias en sus reglamentos de tránsito y demás disposiciones normativas aplicables; y emprendan y fortalezcan las acciones tendientes a promover el respeto y sancionar a quienes atenten contra los espacios y la infraestructura pública destinada de manera exclusiva para las personas con discapacidad.

4. Por el que solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social remita un informe sobre los resultados que ha tenido la implementación del Mecanismo de Acompañamiento para la Atención de Casos de Hostigamiento y/o Acoso Sexual desde su entrada en vigor hasta la fecha.

5. Por el que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de las Mujeres a remitir un informe sobre los avances y las acciones emprendidas para garantizar el cumplimiento del objetivo 2.1.3 del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, consistente en la obligación de desarrollar y aplicar un protocolo para la detección y denuncia de violencia hacia mujeres y niñas en centros educativos, de conformidad con el mandato publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013.

6. Por el que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las secretarías de Educación Pública de las entidades federativas; así como a las universidades e instituciones de educación superior para que consideren la revisión integral de los planes y programas de estudios que se imparten en escuelas, universidades e institutos de Ciencias Forenses, en aras de que cubran los requisitos mínimos de formación en el sistema de justicia penal acusatorio y fomenten y promuevan la generación de profesionistas calificados para participar como peritos  especialistas aptos para fortalecer las investigaciones de hechos delictivos.

7. Por el que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a profundizar las acciones y perfeccionar los mecanismos de gestión migratoria encaminados a promover y facilitar el ingreso a nuestro país de nacionales de países que requieren visa para ingresar a México, tomando en cuenta los criterios de facilitación, corresponsabilidad internacional, seguridad fronteriza y seguridad humana.

8. Por el que se congratula por la designación de la Embajadora Patricia Espinosa Cantellano como nueva Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio  Climático.

9. Por el que exhorta a la Secretaría de Salud a promover la inclusión al Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del producto Inhibidor de la Esterasa C1 humano (C1-INH), indicado para atender la enfermedad de Angiodema Hereditario.

10. Por el que solicita a la Secretaría de Salud que remita a esta Asamblea un informe actualizado sobre las políticas públicas implementadas a fin de disminuir la mortalidad materno infantil en nuestro país.

11. Por el que solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que continúe proporcionando atención y orientación a José Miguel Tello y su familia; e instrumente las acciones necesarias a efecto de garantizar la protección y salvaguarda de sus derechos de acceso a la justicia y a la salud, a consecuencia de los lamentables hechos ocurridos en la Patagonia, Argentina, el 23 de marzo de 2016.

12. Por el que solicita a las Secretarías de Salud y de Educación Pública remitan un informe sobre los resultados que ha tenido la implementación de los Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las Escuelas del Sistema Educativo Nacional.

Intervinieron los legisladores: Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, para referirse al conjunto de dictámenes reservados para su discusión; Senador Jesús Casillas Romero del PRI; y Diputado Francisco Javier Pinto Torres de NA. Los dictámenes con punto de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. En relación con el establecimiento de mesas de trabajo interinstitucionales con la finalidad de resolver los problemas que se presentan en la Reserva de la  Biosfera Montes Azules.

2. Que exhorta al Gobierno del estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a considerar el destino de recursos económicos suficientes para la construcción de dos distribuidores viales.

3. Que exhorta a las secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Salud a que implementen una campaña nacional para generar conciencia respecto a los prejuicios en la salud que genera permanecer de pie o sentado, por mucho tiempo sin cambiar de posición.

4. Que exhorta a la Secretaría de Economía, a evaluar la posibilidad de celebrar convenios con instituciones de educación superior y de innovación tecnológica a fin de diseñar e implementar programas que permitan mejorar la situación del sector industrial molinero de nixtamal y el ordenamiento del mercado de la tortilla de maíz.

5. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a los gobiernos de las entidades federativas a entregar en tiempo y forma los subsidios para los productores del sector agropecuario y pesquero.

6. Que exhorta a la Secretaría de Economía a rendir un informe respecto a la implementación del Programa Promasa.

Los seis dictámenes con punto de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

(Proposiciones)

La Senadora Carmen Dorantes Martínez, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los de las 32 entidades federativas a fortalecer sus planes, programas y estrategias para combatir el embarazo en adolescentes.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los legisladores: Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza de Morena; Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD,quien presentó propuesta de modificación al Acuerdo, la cual fue aceptada por la Asamblea; y Senador Héctor David Flores Ávalos del PAN. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

La Diputada Patricia Sánchez Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que solicita al Instituto Electoral de Quintana Roo llevar a cabo un debate entre los candidatos a la gubernatura en fecha anterior a la prevista y se cite a reunión de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República.- Considerado de urgente resolución. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

El Diputado Omar Ortega Álvarez, a nombre propio y del Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Diputados a sesiones extraordinarias para desahogar el dictamen de la Sección Instructora relativo al requerimiento para la declaración de procedencia, en contra de la ciudadana Lucero Sánchez López.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y de Salud, al Instituto del Deporte y a las Jefaturas Delegacionales, todos de la Ciudad de México, a suspender toda actividad recreativa y deportiva de carácter masivo al aire libre cuando se decrete la fase 1 de contingencia ambiental.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los legisladores: Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, quien presentó propuesta de adición al Acuerdo, la cual fue aceptada por la Asamblea; y Senador Jesús Casillas Romero del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

El Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, remitió proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y diversas dependencias y entidades del Ejecutivo Federal en materia de contraloría social.- Se turnó a la Tercera Comisión.

(Acuerdos de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, en relación con las declaraciones del Presidente de Venezuela contra el grupo de legisladores que visitaron la sede de la Organización de los Estados Americanos.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, en relación con la empresa LICONSA.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se establecen los para regular las reuniones de comisiones en las que se convoque a servidores públicos.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General de Educación, la Ley de Asistencia Social, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada María Elida Castelán Mondragón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la  Administración Pública Federal.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de Decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 10 y el inciso e) del artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Cirilo Vázquez Parissi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción II del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 28 de la Ley de la Policía Federal y el artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

 

De las Diputadas Nora Liliana Oropeza Olguín y Mariana Benítez Tiburcio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso g), recorriéndose el contenido del inciso g) al inciso h), del numeral 1 del artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Claudia S. Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por la que se reforma la fracción VII del artículo 65 de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Nora Liliana Oropeza Olguín y José Luis Orozco Sánchez Aldana, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 201, así como el primer párrafo del artículo 205 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Braulio Mario Guerra Urbiola y Raúl Domínguez Rex, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo y se recorren los subsecuentes del artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Carlos Barragán Amador, Yahleel Abdala Carmona y Luis Maldonado Venegas, con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Armando Luna Canales y Jericó Abramo Masso, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 2397 bis al Código Civil Federal; por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 1391 del Código de Comercio y por el que se adicionan un párrafo tercero al artículo 324 y un artículo 324 bis al Código Federal de Procedimientos Civiles.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Rafael Yerena Zambrano, José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Edgar Romo García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 3 bis, 47 y 51 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que reforma el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

De las Diputadas Claudia Sofía Corichi García y Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que reforma la fracción V del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de trabajo y previsión social.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De las Diputadas Claudia Sofía Corichi García y Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción XXVII Bis del artículo 132, modifica el nombre del Título Quinto, se derogan las fracciones II, II Bis, III, V, VI y VII del artículo 170, se reforma el artículo 172, se adiciona el Capítulo I al Título Quinto y se recorren los artículos subsecuentes de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a realizar una auditoría que permita verificar que no existen desviaciones o irregularidades en el uso de los recursos financieros y materiales de la Delegación Cuauhtémoc, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Raúl Domínguez Rex, Mariana Benítez Tiburcio, Adolfo Mota Hernández y Edgar Romo García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones pertinentes a fin de determinar si existen vínculos con grupos delincuenciales de tres candidatos a la presidencia municipal de los municipios de Hidalgo, Mainero y Villagrán, en el estado de Tamaulipas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a implementar medidas que garanticen la máxima trasparencia y libre competencia en los procesos de licitación y a realizar las gestiones que permitan renovar el parque vehicular destinado a la prestación de servicios en la Ciudad de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a las procuradurías de las 32 entidades federativas a instruir a los ministerios públicos a garantizar el interés superior de la niñez en la toma de decisiones sobre una cuestión que involucre a niñas, niños y adolescentes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Enrique Zamora Morlet, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fomentar políticas públicas y promover programas para incrementar la producción del cacao en el país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta y requiere a diversas autoridades a fin de que cesen los ataques en contra del diario Vanguardia de Coahuila.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México que instruya a sus colaboradores a realizar las acciones pertinentes para atender las demandas de los capitalinos peticionarios y para que se deslinde públicamente de las acciones que miembros de su partido han llevado a cabo en perjuicio de las y los habitantes de la Delegación Tlalpan.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Salvador Zamora Zamora, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de SAGARPA con la finalidad de destinar un fondo igual o superior para los productores de cada uno de los estados que se encuentran en la misma problemática que Sinaloa.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a incentivar la contratación de investigadores y ex becarios por la iniciativa privada.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que crea la Comisión Bicamaral de Seguimiento a las Acciones en Materia de Atención a la Violencia Hacia las Mujeres.- Se turnó a las Cámaras del Congreso de la Unión.

 

De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a redefinir la estrategia de seguridad pública seguida hasta ahora contra los grupos del crimen organizado, ante la ola de violencia que se vive el estado de Colima, con el objeto de que a la brevedad se restablezca la seguridad y cobre plena vigencia el estado de derecho.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que, en el marco de la discusión y, en su caso, aprobación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, para la Delegación Cuajimalpa de Morelos se incluyan dos artículos transitorios al Decreto correspondiente.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo relativo a las irregularidades que se han exhibido durante el proceso electoral en curso en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a implementar medidas mediáticas para prevenir los efectos adversos en la salud de las personas por el consumo de bebidas energéticas o energizantes y a dictar medidas adecuadas de información en el etiquetado de estos productos, respecto de su contenido y los riesgos a la salud causados por su consumo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo y Legislativo de cada uno de los Estados de la República a reconocer el acoso sexual contra las mujeres como violencia de género, legislar en la materia e implementar campañas de información que permitan prevenir dicha conducta.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a investigar e informar sobre las causas del accidente en que el pasado 3 de mayo perdieron la vida tres trabajadores de la empresa minera Buenavista del Cobre en Cananea, estado de Sonora, propiedad del Grupo México.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo en relación a la problemática dentro de la reserva de la biosfera “La Encrucijada”.- Se turnó a la Tercera  Comisión.

 

De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a atender de manera urgente la inseguridad prevaleciente en Veracruz.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Salud emitir una norma oficial mexicana, en donde se otorgue reconocimiento a la homeopatía, como una terapia complementaria en la práctica médica general.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores adoptar medidas a favor de la libre concurrencia y el fomento a la competencia económica en materia bancaria.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República para que investigue hechos denunciados por líderes de los Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, vinculados con los candidatos a presidentes municipales de Hidalgo, Villagrán y Mainero, en el estado de Tamaulipas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado German Ernesto Ralis Cumplido, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de PEMEX para que haga públicos los informes de procedencia y calidad de las gasolinas que se importan a México, así como los estudios en los que se compruebe que cumplen con los estándares internacionales sobre generación de emisiones contaminantes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Xitlalic Ceja García y Víctor Manuel Giorgana, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo relativo a los trabajadores al servicio del estado despedidos por el gobierno del estado de Puebla en el sexenio de Rafael Moreno Valle.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México a garantizar y respetar la labor de personas defensoras de derechos humanos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a informar a la población sobre los contaminantes arrojados al ambiente durante la explosión de la planta de la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo, S.A. de C.V., de los posibles efectos nocivos a la salud y las medidas que debe de tomar la población para protegerse de estos efectos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Jalisco para que instruya al Secretario de Educación Pública Estatal y al titular de la Dirección General del Colegio de Bachilleres de Jalisco, instale a la brevedad una mesa de trabajo con representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, a fin de analizar la situación laboral actual que presentan los docentes de dicho instituto.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía a impulsar programas de incubación de empresas verdes y un programa de transición de PYMES como empresas sustentables.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y al gobierno de Chiapas a implementar las medidas necesarias para garantizar la salud durante el embarazo y el parto de todas las mujeres de la entidad federativa.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Irma Rebeca López López, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe del Servicio de Administración Tributaria divulgue las condiciones en las que se llevó a cabo el proceso de Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios LA-006E00001-N93-2015, relativa al Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera, PITA, a cancelar de manera provisional cualquier acción relacionada con dicho proceso de la Licitación, y se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una investigación exhaustiva, sobre el referido proceso.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que la Cámara de Diputados se pronuncia en contra de la posible aprobación del proyecto de norma oficial mexicana “PROY NOM-199-SCFI-2015.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo en el estado de Puebla, así como a los servidores públicos de los niveles de gobierno estatal y municipal, a dar cumplimiento estricto al marco legal que regula la función electoral, administrativa y judicial, y se abstengan de orientar y dar un uso incorrecto de los recursos materiales y humanos de que disponen con el fin de transgredir y menoscabar la participación legal y legítima de los actores políticos en el proceso democrático que se desarrolla en la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a convocar a un período extraordinario de la Cámara de Diputados con el fin de discutir, analizar y, en su caso, aprobar la minuta con proyecto de Decreto que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Xóchitl Hernández Colín, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y del fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares a modificar las reglas de operación del programa de desarrollo social "Apoyo a la vivienda".- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a hacer uso efectivo de todos los recursos a su disposición para realizar una difusión constante y eficiente de la campaña “Digamos No a las Enfermedades Transmitidas por Vector: dengue, chikungunya y zika” en todos los centros educativos de su competencia.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a enviar un diagnóstico sobre la actual situación hídrica a nivel nacional, así como las perspectivas para las próximas décadas, a raíz del cambio climático.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Norberto Antonio Martínez Soto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a sus homólogas en la Ciudad de México y en el Estado de México a reforzar las acciones tendientes a erradicar actos de corrupción en los centros de verificación vehicular.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Xóchitl Hernández Colín, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Hidalgo a hacer pública la respuesta y las acciones tomadas a efecto de dar cumplimiento a la recomendación 45/2014, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el pasado 30 de septiembre de 2014.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a establecer las acciones correspondientes para acortar los tiempos de espera de los derechohabientes en el otorgamiento de los servicios médicos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Matías Nazario Morales y Mariana Benítez Tiburcio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incluir y reforzar los contenidos en materia de educación ambiental, en los nuevos planes y programas de estudio de educación básica e inicial.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a conocer las denuncias contra la injerencia del gobierno del estado de Durango en el proceso electoral y, en su caso, imponga las sanciones que corresponda.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Xóchitl Hernández Colín, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Michoacán, al Subsecretario de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán, al Comisionado Nacional de Seguridad y al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, para que decreten el traslado del C. José Manuel Mireles Valverde, del Centro Federal de Readaptación Social número 11 con sede en Hermosillo, Sonora, al Centro de Reinserción Social "David Franco Rodríguez", con sede en el municipio de Charo, Michoacán.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las instancias de administración y procuración de justicia de las entidades federativas a garantizar el acompañamiento y orientación de personal profesional a las niñas, niños y adolescentes que forman parte de un proceso judicial.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Norberto Antonio Martínez Soto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, con base en las investigaciones sobre el incendio en el Cerro de la Cruz localizado en Uruapan, Michoacán, no autorice ningún cambio de uso de suelo ni cualquier otra actividad que no sea de restauración y de manejo forestal sustentable.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Xóchitl Hernández Colín, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al      Ejecutivo Federal a efecto de que instituya el "Día del Pluralismo Cultural", dentro del calendario gubernamental de efemérides nacionales.- Se turnó a la Primera   Comisión.

 

De la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo en el estado de Puebla, así como a los servidores públicos del gobierno estatal, a evitar la realización de conductas que ejercen coacción del voto a favor de algún candidato, incurriendo en actos que trasgreden al principio de imparcialidad y equidad en la contienda.- Se turnó a la Primera    Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se invita a los titulares de las Secretarías de Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud, así como a los titulares de PEMEX y de la Comisión Reguladora de Energía a una reunión de trabajo a efecto de presentar los resultados de cumplimiento de los parámetros internacionales y las normas oficiales mexicanas relativas a la calidad de los combustibles, así como los efectos que éstos han tenido en el medio ambiente y la salud durante los últimos años.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República a hacer públicos los criterios en materia de protección asistencia y protección consular.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Xóchitl Hernández Colín, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que garantice el acceso sin costo alguno a los guías de turistas nacionales debidamente acreditados en las zonas turísticas y arqueológicas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Procuraduría General de la República a implementar las acciones necesarias para inhibir y erradicar la venta de productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación, a fin de salvaguardar la salud de las y los mexicanos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de la República a girar las instrucciones necesarias a fin de que se actualicen cuanto antes las normas oficiales mexicanas relacionadas con la calidad de las gasolinas y el diésel automotriz, así como con los límites de emisiones provenientes de automóviles, motocicletas y transporte pesado y se presente a la Comisión Permanente un informe detallado sobre el serio atraso normativo de nuestro país sobre este tema, en comparación con los nuevos estándares internacionales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Xóchitl Hernández Colín, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a tomar las medidas administrativas a que haya lugar, con el objeto de proveer de seguridad social de manera inmediata a todas las personas que presten servicios a esta Cámara y que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, sin importar la periodicidad del contrato relativo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar una investigación en contra del ciudadano Gustavo Enrique Madero Muñoz, en virtud de su relación y presunta intervención para el nombramiento como candidata por el distrito electoral XVI del estado de Sinaloa, a la actual legisladora local de nombre Lucero Guadalupe   Sánchez López.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Virgilio Caballero Pedraza y Laura Esquivel Valdez, del grupo parlamentario Morena, con punto de  Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Economía; así como a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad y a los gobernadores de los estados de Chiapas y Puebla, a establecer mesas de diálogo con los usuarios de energía eléctrica de las organizaciones "Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia" y de "Ciudadanos Unidos por Huauchinango" con el fin de llegar a un convenio que permita resolver la problemática que afecta a miles de ciudadanos por el alto cobro del servicio eléctrico desde 2009.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las comisiones correspondientes del Senado de la República a dictaminar la legislación secundaria del sistema nacional anticorrupción, así como a la Comisión Permanente a convocar a un periodo extraordinario, para su discusión y votación antes del vencimiento del plazo constitucional.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza y Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Fiscalía General del estado de Guerrero y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión a realizar todas las diligencias necesarias para capturar a los responsables del asesinato del periodista Francisco Pacheco Beltrán.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Juan Romero Tenorio y Araceli Damián González, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que emprenda un Plan Nacional de Búsqueda de Todas las Personas Desaparecidas, con el objetivo de    encontrar con vida a las personas desaparecidas, y de no ser ello posible, encontrar el cadáver para hacer la entrega digna a los familiares de las víctimas, y permitirles realizar el proceso de duelo según sus costumbres y creencias.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Mariana Benítez Tiburcio, Jorge Carlos Ramírez Marín y         Diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República que investigue de inmediato los hechos conocidos en un medio de circulación nacional, en el que se refieren actos de corrupción cometidos por el operador financiero del gobernador Gabino Cué Monteagudo y otros servidores públicos del estado de Oaxaca.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Gretel Culin Jaime, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Electoral a que, con base en la sentencia del expediente SUP-RAP-118/2016 y acumulados, del 11 de mayo de 2016, el proceso de designación de los Consejeros Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas se realice de manera estricta y en apego a los principios de la función electoral.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las comisiones correspondientes del Senado de la República a dictaminar la legislación secundaria para definir la política de drogas, así como a la Comisión Permanente a convocar a un periodo extraordinario para su discusión y votación.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a distintas instancias a informar respecto de los avances y resultados en torno a la Recomendación 51/2014, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativa al caso Tlatlaya.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Gretel Culin Jaime, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir el despliegue de las fuerzas armadas en el estado de Colima, a fin de contribuir en la seguridad y combate a la delincuencia organizada.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Omar Ortega Álvarez y Juan Fernando Rubio Quiroz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre los avances del cumplimiento de la Recomendación General número 26 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “sobre la falta y/o actualización de programas de manejo en áreas naturales protegidas de carácter federal y su relación con el goce y disfrute de diversos derechos humanos”.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en relación a la situación que se vive en la hermana República de Brasil.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Gerardo Sánchez García, Carmen Dorantes Martínez y Senadores y Diputados de diversos grupos parlamentarios, con punto de Acuerdo para llevar a cabo un homenaje al destacado escritor, dibujante, pintor, diplomático y académico mexicano Fernando del Paso Morante, en ocasión de haber sido galardonado con el Premio Cervantes, edición 2015.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Rafael Hernández Soriano y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México a fortalecer las investigaciones sobre el caso de pederastia del kínder guardería Matatena y, de Acuerdo a los resultados, se otorgue justicia a las víctimas y se aplique todo el peso de la ley a los responsables y a quienes aun con el conocimiento de los casos, omitieron denunciar o actuar en contra de estos delitos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al ayuntamiento constitucional de Zapopan, Jalisco, a prever la conservación y preservación de la denominada “Ruta Ciclista Boreal” que cuenta con 10 kilómetros de recorrido en los alrededores de la Villa Panamericana y el estadio OMNILIFE, independientemente del destino y uso que en su momento se decida para el complejo de las Villas Panamericanas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Gretel Culin Jaime, del   grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno a vigilar el cumplimiento de la Ley General de Educación, con relación al tema de cuotas escolares.- Se turnó a la Segunda   Comisión.

 

De los Diputados Felipe Reyes Álvarez y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a acentuar las medidas de prevención en el proceso electoral del próximo 5 de junio de 2016, con lo cual se genere un ambiente de certidumbre.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales de las entidades federativas del país a mantener actualizados y en condiciones de reacción inmediata sus sistemas estatales de protección civil, sus protocolos de actuación en caso de siniestro o desastre natural, sus planes de acción, atlas de riesgos y una población informada a través de programas permanentes de orientación, respecto a las medidas a tomar en caso de cualquier emergencia o contingencia.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Sergio López Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Desarrollo Social a fin de que explique acerca de las acciones de blindaje electoral y remita un informe pormenorizado respecto de las denuncias presentadas en contra de diversos funcionarios de la dependencia por la utilización de programas sociales en el estado de Oaxaca.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Yolanda de la Torre Valdez, Erika Ayala Ríos y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo para promover la asistencia a los museos, en el marco del Día Internacional del Museo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informar sobre los procedimientos para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita de la delincuencia organizada, así como las acciones relativas a las denuncias, congelamiento de cuentas, decomisos y extinciones de dominio realizadas con motivo de los procedimientos y la información derivada de la captura del presunto narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Julio Saldaña Morán, Guadalupe Acosta Naranjo y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe del Servicio de Administración Tributaria a hacer del conocimiento público la información respectiva a las condonaciones y devoluciones aplicadas en el período de 2013 a 2015 y sus consecuencias.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Iris Mendoza Mendoza y Luis María Calderón Hinojosa, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo federal del estado de Michoacán a realizar el pago por el concepto de aguinaldo, prima vacacional y vacaciones no disfrutadas, a los más de 150 extrabajadores al servicio del estado, que se adeudan desde diciembre de 2015.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado José Máximo García López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a realizar las labores exhaustivas de coordinación con las entidades federativas y municipios con colindancia fronteriza con los Estados Unidos de Norteamérica, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, y de todos aquellos programas complementarios que contribuyan a la detección oportuna, destrucción y clausura de túneles utilizados para el trasiego de armas, narcóticos, estupefacientes y el tráfico ilegal de personas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Elida Castelán Mondragón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a garantizar la justicia distributiva e integralidad, extendiendo la aplicación del descuento de la venta de leche a un peso a los 66 municipios del estado de México inscritos en el catálogo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, avalado por Liconsa el pasado 30 de marzo y que la leche que sea distribuida, sea leche de vaca con alta calidad nutricional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Luis De León Martínez Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca a difundir las razones del conflicto magisterial vinculadas a la presunta retención de la nómina de profesores en el estado; y establecer una mesa de conciliación para solucionar el problema.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Omar Ortega Álvarez, Karen Orney Ramírez Peralta, Julio Saldaña Morán y Candelario Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se cita a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a fin de explicar los resultados de las finanzas públicas al primer      trimestre de 2016.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo para promover que los gobernadores y presidentes municipales realicen un programa de blindaje y suspendan la entrega de apoyos sociales en actos masivos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo con relación a la posposición indefinida de la visita de Estado del Presidente Enrique Peña Nieto al Reino de los Países Bajos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Luis De León Martínez Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a hacer un llamado a su delegado federal en Oaxaca para que se abstenga de usar el “Programa de Inclusión Social Prospera” con fines político-electorales, en la contienda electoral del próximo 5 de junio.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes a revisar las normas oficiales mexicanas en relación al tema de las dimensiones y pesos del autotransporte de carga, a fin de evitar más de accidentes automovilísticos fatales en las carreteras del país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Omar Ortega Álvarez y Julio Saldaña Morán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a emitir la tabla de valuación de las incapacidades permanentes y a publicarla en el Diario Oficial de la Federación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Daniel Ordóñez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas Secretarías a promover el uso de fertilizantes orgánicos que se compongan, entre otros nutrientes, de Zeolita.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Rafael Hernández Soriano y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría del estado de Oaxaca y al titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de ese estado a fortalecer las investigaciones sobre los casos de pederastia y, de Acuerdo a los resultados, se otorgue justicia para las víctimas y todo el peso de la ley para los probables responsables y para quienes aun con el conocimiento de los casos, omitieron denunciar estos delitos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Francisco Martínez Neri y Natalia Karina Barón Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a retirar el proyecto de norma oficial mexicana PROY-NOM-199-SCFI-2015, Bebidas Alcohólicas-Denominación-Especificaciones Fisicoquímicas, Información Comercial y Métodos de Prueba.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a elaborar un diagnóstico respecto al uso actual de la medicina tradicional en nuestro país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo del estado de Morelos a presentar un informe acerca de las medidas de seguridad, protección ambiental, operación y monitoreo que implementó en el relleno sanitario “La Perseverancia”, ubicado en el municipio de Cuautla.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares del ejecutivo del estado de Morelos y de la Procuraduría General de la República a remitir informes en relación a la inhumación ilegal de cadáveres localizados en fosas clandestinas en Tetelcingo, municipio de Cuautla, Morelos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado José Santiago López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere una partida destinada a mejorar, renovar y ampliar la infraestructura hídrica del municipio de Nezahualcóyotl.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Macedonio Salomón Tamez Guajardo y Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades del Poder Ejecutivo Federal a coordinarse con el Gobierno del Estado de Jalisco y los Municipios de Guadalajara y Zapopan para la consolidación de un régimen de protección ambiental óptimo para el Bosque Colomos, Secciones I, II y III y garantizar un medio ambiente sano para pobladores de este municipio y del área metropolitana de Guadalajara.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, a que acceda a    dialogar en una mesa de trabajo, con la comunidad estudiantil y académica del Instituto Politécnico Nacional, con el fin de escuchar y atender sus demandas y buscar dotar de certidumbre a los    miembros de dicha comunidad, ratificando los Acuerdos asignados por el Gobierno Federal y la Asamblea General Politécnica de 2014.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos, al Secretario de Energía y al Secretario de Hacienda y Crédito Público a difundir información sobre los países a los que México importa gasolinas o diésel, así como las partes de azufre por millón que contienen; y al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que difunda información acerca de los costos ambientales que el uso de gasolinas con más de 10 partes de azufre por millón, acusan en nuestro medio ambiente.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a que haga públicas las acciones y estrategias que implementará para dar cumplimiento a la sistematización de datos del Registro Nacional de Víctimas; así como al Secretario de Gobernación, para que en el ámbito de su competencia coadyuve con la Comisión de Atención a Víctimas para el cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Víctimas, relativo a la sistematización de datos del Registro Nacional de Víctimas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Xitlalic Ceja García, Mariana Benítez Tiburcio, María Bárbara Botello Santibáñez y Edgar Romo García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita que el proceso electoral en Puebla se conduzca en términos de legalidad, ante las severas irregularidades registradas a favor del candidato de la coalición “Sigamos Adelante” José Antonio Gali Fayad.- Se turnó a la Primera  Comisión.

(Efemérides)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Reciclaje.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Reciclaje.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Martha Tagle, remitió efeméride con motivo del 17 de mayo, Día Internacional Contra la Homofobia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día del Maestro.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Biodiversidad.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información y el Día del Internet.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención sobre la importancia de las telecomunicaciones en el desarrollo económico y la inclusión social.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,  remitieron intervención sobre la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre la situación política que vive el país, en el marco de los procesos electorales de 2016.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con veinticuatro minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles veinticinco de mayo, a las once horas.

 

Fin de la Sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, por favor levanten la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día.





 

Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, señor Presidente.

Yo pediría a esta Comisión Permanente, si pudiésemos guardar un minuto de silencio, recordando a don Luis H. Álvarez, un político, un mexicano, un buen amigo, un demócrata; fue también Senador de la República y se le otorgó, incluso, la Medalla Belisario Domínguez, lo vamos a extrañar.

Y, bueno, todo el cariño por parte del grupo parlamentario de Acción Nacional.

Le solicitaría a esta Comisión Permanente si pudiésemos recordarlo.

Es cuanto.

MINUTO DE SILENCIO

El Presidente Diputada César Alejandro Domínguez Domínguez: Solicito a la Asamblea nos pongamos de pie, a fin de guardar un minuto de silencio en memoria de Luis Héctor Álvarez, quien fue integrante de la legislatura en un tiempo de la historia de México.

(Todos de pie guardan un minuto silencio)

Muchas gracias, compañeras y compañeros legisladores. Continuamos con el desarrollo del Orden del Día.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite el informe de los empréstitos y obligaciones inscritos en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades, Municipios y sus organismos, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2016.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Remítase dicha documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Educación Pública, con el que remite información correspondiente al primer trimestre de 2016 de diversos organismos descentralizados, en apego a lo establecido en el artículo 42 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Remítase la información descrita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Se recibió un oficio del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con su primer informe trimestral, correspondiente al año 2016.



El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Remítase el informe referido a las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Radio y Televisión y de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Se recibió una comunicación suscrita por el Diputado Jorge Alejandro Carvallo Delfín, del grupo parlamentario del PRI, por la que solicita licencia para separase de sus funciones legislativas, del 17 de mayo al 6 de junio de 2016.



El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

"Único.- Se concede licencia al Diputado Jorge Alejandro Carvallo Delfín, para separarse de sus funciones legislativas del 17 de mayo al 6 de junio de 2016."

Por no haber quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. En consecuencia, se concede licencia al Diputado Jorge Alejandro Carvallo Delfín, para separarse de sus funciones legislativas, del periodo que comprende del 17 de mayo al 6 de junio de 2016. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto del Orden del Día.





 

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Se recibió una comunicación de la Diputada Janette Ovando Reazola, del grupo parlamentario del PAN, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 23 de mayo de 2016.



El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Se recibió una comunicación suscrita por el Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, a nombre de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, por la que informa de la designación del Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, como Representante ante el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.



El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: La Asamblea ha quedado enterada. Publíquese en Gaceta.





 

En el apartado de iniciativas, que es lo que corresponde al siguiente bloque de la sesión del día de hoy, se concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción II del artículo 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA     LA FRACCIÓN II, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES EN SU ORDEN DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO

(Presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muy buenos días, compañeras y compañeros. Gracias, señor Presidente.

La iniciativa que el día de hoy presento es al artículo 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Los datos son muy interesantes, ¿cuántos libros leemos los y las mexicanas per cápita?, ¿qué libros leemos, qué lugar tiene la lectura en los hábitos y en las preferencias, en los hobby que tenemos los y las mexicanas?.

Pero más allá de la libertad que se pueda tener de leer un buen libro, de invitar a éste a fomentar el amor al libro, a la lectura, tiene que ver hoy, exactamente, los días 25, se ha denominado que es la lucha por la no violencia, el "Día Naranja".

Precisamente, a propósito de esto, estamos presentando esta iniciativa que tiene que ver con esta reforma para no solamente fomentar la lectura, el amor al libro, sino hablar acerca de los derechos humanos y la no discriminación.

Uno de los problemas más serios que tenemos en educación preescolar básica, es que cuando vemos los contenidos que nuestros niños leen en su preparación son contenidos muy importantes, pero alejados de uno de los temas más valiosos, como es la convivencia social, el respeto y la no discriminación.

Por eso estamos proponiendo esta reforma a esta Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, especialmente buscando transversalizar el tema de los derechos humanos. Una niña, un niño es un terreno fértil para que pueda iniciar su vida creciendo en un ambiente de respeto y de no discriminación.

Si esto lo logramos nosotros, vamos a tener hombres y mujeres más sanos en donde la convivencia social sea de respeto y, sobre todo, ponderando el interés superior por lo que tiene que ver con los derechos humanos.

Postales van y vienen donde niños de color abrazan a niños de otro color, pero eso va más allá de las redes, sino de la formación que tienen que tener nuestras niñas y niños. Por eso esta iniciativa obedece exactamente a que desde muy temprana hora, desde el preescolar, desde la educación básica, los contenidos que tengan un alto sentido en materia de derechos humanos, especialmente de no discriminación.

Aquí en esta tribuna hemos hablado mucho acerca del bullying, y el bullying tiene uno de sus orígenes exactamente en la falta de una formación en el respeto a los derechos humanos y no discriminación.

Ojalá esta iniciativa pueda tener un proceso rápido y que podamos incidir en las lecturas que tiene la población en edad escolar, especialmente prescolar y educación básica.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de ésta H. Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN II, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES EN SU ORDEN DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México la educación comprendida como un derecho humano, tiene por objetivo desarrollar competencias en las niñas, niños y adolescentes para enfrentar los retos propios de una sociedad globalizada.

La educación tiene como finalidad que las personas desarrollen herramientas que puedan potencializar sus conocimientos y habilidades, al respecto el artículo 2º de la Ley General de Educación señala:

" Que la educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social".

Por otra parte, el Sistema Educativo Nacional atiende actualmente a 35.2 millones de niñas, niños y adolescentes, en la modalidad escolarizada.

La educación básica constituye la base de la pirámide educativa, misma que representa el 73.4% de la matrícula del Sistema Educativo, que registra a 25.9 millones de alumnos que se encuentran en los siguientes niveles: 4.8 millones atendidos en educación preescolar, 14.8 millones en primaria y 6.3 en educación secundaria. En estos niveles del servicio educativo colaboran alrededor de 1.2 millones de docentes en casi 228 mil escuelas.1

De lo anterior, podemos apreciar los avances de expansión y diversidad del Sistema Educativo Nacional, aunque seguimos enfrentando el reto de que la educación sea de calidad y con un enfoque de derechos humanos.

Anteriormente, los libros de texto gratuito contenían valores cívicos para que la niñez tuviese como base en su formación el respeto por sus semejantes, a mayor abundamiento podemos decir que en la actualidad la cultura cívica no esta comprendida como tema relevante en los planes de estudio.

Hoy se habla de los derechos humanos y tendríamos que plantearnos como influyen y se plasman en la educación de nuestro país, ya que en el rubro internacional los compromisos adquiridos durante el Decenio de las Naciones Unidas para la Educación, señalan como una estrategia en la esfera de los derechos humanos que una de las actividades más importantes para la promoción de estos es la educación en la materia.

La Asamblea General de Naciones Unidas durante 1994 determino:

"La educación en la esfera de los derechos humanos no debe circunscribirse al suministro de información sino que debe constituir un proceso integral que se prolongue toda la vida mediante el cual las personas de todos los niveles de desarrollo y de todos los estratos de la sociedad aprendan a respetar la dignidad del prójimo y cuáles son los medios y mecanismos para velar por ese respeto en todas las sociedades".2

También la Agenda Nacional de Derechos Humanos, en el marco de la consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,3 consideró en la propuesta del punto 9 que la falta de respeto a los derechos humanos pone en riesgo la gobernabilidad contribuyendo a la generación de graves problemas como la exclusión social y política, la solución de controversias al margen de la ley y la justicia por propia mano, impunidad, corrupción, la falta de oportunidades para acceder a una vida digna y a una ineficaz administración pública. De ahí que la prevención de violaciones a los derechos humanos, sea la apuesta de las políticas públicas y planes de gobierno.

Por lo que en el 2011 con la reforma Constitucional se consagró en el artículo tercero el derecho humano a la educación, obligando al Estado mexicano a fomentar la educación en derechos humanos, traduciéndose en valores que se vería reflejados en beneficios para nuestra sociedad.

En este contexto encontramos que la discriminación es un tema que se observa en las escuelas por lo que es indispensable contar con políticas públicas que visibilicen y sensibilicen al alumnado, al personal docente y a las familias para contrarrestar esta práctica común en nuestra sociedad.

Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 57 contempla lo siguiente:

"Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de  derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables".

Bajo esta tesitura tenemos que la educación permite el desarrollo de las personas, con sustento en los derechos humanos para fortalecer la tolerancia, la igualdad y valores cívicos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, de ahí la importancia de que los libros de texto tengan contenidos con enfoque de derechos humanos, igualdad y no discriminación.

Derivado de lo anterior y por los argumentos debidamente fundados y motivados, someto ante esta H. Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona la fracción II, recorriéndose las subsecuentes en su orden del artículo 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar como sigue:

Artículo 10.- Corresponde a la Secretaria de Educación Pública:

I. (...)

II. Garantizar la implementación de enseñanza con enfoque transversal de derechos humanos, igualdad y no discriminación;

III. Garantizar la distribución oportuna, completa y eficiente de los libros de texto gratuitos, así como de los acervos para bibliotecas escolares y de aula y otros materiales educativos indispensables en la formación de lectores en las escuelas de educación básica y normal, en coordinación con las autoridades educativas locales;

IV. Diseñar políticas para incorporar en la formación inicial y permanente de maestros, directivos, bibliotecarios y equipos técnicos, contenidos relativos al fomento a la lectura y la adquisición de competencias comunicativas que coadyuven a la formación de lectores, en colaboración con las autoridades educativas locales;

V. Considerar la opinión de las autoridades educativas locales, de los maestros y de los diversos sectores sociales para el diseño de políticas de fomento a la lectura y el libro en el Sistema Educativo Nacional, con base en los mecanismos de participación establecidos en la Ley General de Educación;

VI. Promover la producción de títulos que enriquezcan la oferta disponible de libros, de géneros y temas variados, para su lectura y consulta en el Sistema Educativo Nacional, en colaboración con autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, la iniciativa privada, instituciones de educación superior e investigación y otros actores interesados;

VII. Promover la realización periódica de estudios sobre las prácticas lectoras en el Sistema Educativo Nacional y sobre el impacto de la inversión pública en programas de fomento a la lectura en este sistema, así como la difusión de sus resultados en los medios de comunicación, en colaboración con las autoridades educativas locales, otras autoridades, la iniciativa privada, las instituciones de educación superior e investigación, organismos internacionales y otros actores interesados;

VIII. Promover el acceso y distribución de libros, fortaleciendo el vínculo entre escuelas y bibliotecas públicas, en colaboración con las autoridades educativas locales, las instituciones de educación superior e investigación, la iniciativa privada y otros actores interesados, y

IX. Impulsar carreras técnicas y profesionales en el ámbito de la edición, la producción, promoción y difusión del libro y la lectura, en colaboración con autoridades educativas de los diferentes órdenes de gobierno, instituciones de educación media superior y superior y la iniciativa privada.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 25 de mayo de 2016.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.

1 http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/files/2013/05/PND_2013_2018.pdf Consultado 16-05-2016

2http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/pronaledh/images/stories/01_Asambleagral_RES49_184.pdf Consultado 16-05-2016

3 http://cdhezac.org.mx/variospdf/Agenda_Nal_Der_Hum_2013.pdf Consultado 16-05-2016

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Senadora Gastélum Bajo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.





 

Tiene el uso de la tribuna la Diputada Genoveva Huerta Villegas, para presentar a nombre del Diputado Jorge López Martín, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona los artículos 26 y 31 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 26 Y ADICIONA UNA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

(Presentada por la Diputada Genoveva Huerta Villegas, a nombre del Diputado Jorge López Martín, del grupo parlamentario del PAN)

La Diputada Genoveva Huerta Villegas: Señoras y señores Legisladores:

A nombre de mi compañero, el Diputado Jorge López Martín, presento el día de hoy esta iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La creciente ola de secuestros, robos en casa, extorsiones y asaltos en las calles y avenidas de las ciudades van a la alza poniendo en una crisis real la integridad de las y los mexicanos.

Con ello, el uso de armas de fuego y las muertes violentas en México tienen una evidente y estrecha relación; realidad con la que esta Soberanía debe legislar y con ello garantizar un Estado que proteja la seguridad y, por supuesto, la vida de la población.

La producción y comercialización de armas ha evolucionado con la rapidez propia de las sociedades globalizadas, siendo ésta una práctica que ha acompañado a las actividades humanas al paso del tiempo. El control social y el poder que otorga la posesión de armas, constituye la manera más eficaz de obtener su propia seguridad debido al gran nivel de inseguridad en México.

Sin embargo, el aumento en la venta legal de armas y el aumento del consumo de drogas y sustancias tóxicas en nuestro país son dos estadísticas alarmantes que juntas pueden crear catástrofes. Por ello el Estado debe procurar en sus leyes, los mecanismos concretos y suficientes para evitar olas de violencia y posibles atentados contra la población.

La Secretaría de Defensa Nacional, que es la autoridad competente para emitir los permisos de uso de armas de fuego a particulares, reveló que en los últimos quince años se compraron 95,115 artefactos en mostrador al público en general, de los cuales 28,582 piezas fueron adquiridas por ciudadanos en los últimos tres años. En 2015 la compraventa se elevó a 10,115 piezas, ya que durante 2001 se vendieron 956 armas.

La creciente adquisición de armas de fuego en México puede deberse a la ola de inseguridad provocada por la violencia de los grupos de delincuencia organizada. Las consecuencias en violencia y en costos humanos del uso de armas en nuestro país, pueden apreciarse de manera cotidiana. Aunque existan discrepancias en las cifras de personas asesinadas o lesionadas por armas de fuego en México, prevalece la percepción de que el ingreso de este armamento ha sido determinante para explicar tales decesos y para comprender la espiral de violencia en que se ha visto inmerso nuestro país en los últimos años.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito asegura que además de las armas, el consumo de alcohol o de drogas ilícitas aumenta el riesgo de ser víctima de la violencia o convertirse en victimario. Las drogas ilícitas pueden incidir en los niveles de homicidio de diferentes formas, pero los efectos psicofarmacológicos de algunas de ellas, como la cocaína y los estimulantes de tipo anfetamínico, están más vinculados a la violencia que otros y pueden tener un impacto en los homicidios similar al causado por el alcohol.

Por esta razón, se considera pertinente realizar una adecuación a nuestra legislación actual, de tal manera que entre los requisitos que la Sedena solicita a los particulares para contar con un arma de fuego, pueda incluirse el examen toxicológico que llevan a cabo centros especializados de estudios e investigaciones bioquímicas. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos señala que las licencias particulares se expiden, tanto para personas físicas como para personas morales, sólo cuando se cumple con ciertos requisitos, como el de no consumir drogas, enervantes o psicotrópicos.

Sin embargo, la autoridad no posee los lineamientos legales ni las características para satisfacer esta normatividad.

En la misma ley tampoco está contemplada la posibilidad de perder la licencia por el consumo de enervantes, lo que traería consigo una permisibilidad de la autoridad por mantener licencias en manos de personas que abusan de estas sustancias y que ponen en riesgo la integridad de las y los ciudadanos.

Por ello, esta iniciativa tiene el objetivo de que el ciudadano que quiera poseer un arma de fuego, para los fines permisibles en ley, tenga que comprobar mediante un examen toxicológico el no uso de sustancias estupefacientes o psicoactivas como drogas y enervantes.

De esta manera, el Estado podrá garantizar que las armas en posesión lícita, estén en propiedad de ciudadanos con nulas posibilidades de realizar algún delito u homicidio bajo la influencia de sustancias tóxicas.

Lo que buscamos es aportar un granito de arena para reducir la violencia y que las y los mexicanos podamos vivir un poco más tranquilos.

Es cuanto.

Iniciativa

El que suscribe, JORGE LÓPEZ MARTÍN, integrante del grupo parlamentario Partido Acción Nacional en la  Cámara de Diputados de la  LXIII Legislatura del  Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1, 78 y 102, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la Comisión Permanente del  H. Congreso de la Unión, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 26 NUMERAL 1 INCISO E); Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN III RECORRIÉNDOSE LOS DEMÁS EN SU ORDEN, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, conforme a lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las dificultades en materia de seguridad son latentes en el territorio mexicano. La creciente ola de secuestros, robos en casa habitación, extorsiones y asaltos en las calles y avenidas de las ciudades van a la alza poniendo en una crisis real la integridad de los mexicanos. Con ello, el uso de armas de fuego y las muertes violentas en México tienen una evidente y estrecha relación; realidad con la que esta Soberanía debe legislar y con ello garantizar un Estado que protege la vida de la población. 

La producción y comercialización de armamento ha evolucionado con la rapidez propia de las sociedades globalizadas, siendo esta una práctica que ha acompañado a las actividades humanas al paso del tiempo. El control social y el poder que otorga la posesión de armas constituyen la manera más eficaz de obtener su propia seguridad debido al gran nivel de inseguridad en México.

Sin embargo, el aumento de la venta legal de armas y el aumento del consumo de  drogas y sustancias tóxicas en nuestro país son dos estadísticas alarmantes que juntas pueden crear catástrofes. El Estado debe procurar en sus leyes los mecanismos concretos y suficientes para evitar olas de violencia y posibles atentados contra la población.

Por ello, esta iniciativa tiene el objetivo de que el ciudadano que quiera poseer una arma de fuego para los fines permisibles en ley tenga que comprobar mediante un examen toxicológico el no uso de sustancias estupefacientes o psicoactivas, como drogas y enervantes por medio de un examen toxicológico. De esta manera, el Estado puede garantizar que las armas en posesión lícita, están con ciudadanos con nulas posibilidades de realizar, influido por sustancias tóxicas, algún delito u homicidio.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Secretaría de Defensa Nacional, quien es la autoridad competente para emitir los permisos de uso de armas de fuego a particulares, reveló que en los últimos 15 años se compraron 95 mil 115 artefactos en mostrador al público en general, de los cuales 28 mil 582 piezas fueron adquiridas por ciudadanos en los últimos tres años. En 2015 la  compra venta se elevó a 10 mil 115 piezas, ya que durante 2001 se vendieron 956 armas1.

La producción y el comercio legal de armas, siempre corriendo en vías paralelas con los hechos ilícitos que se derivan de tales actividades y que dan lugar a la compra-venta y al trasiego subrepticio de armamento y sus accesorios. La existencia de mercados demandantes cada vez más amplios y el creciente surgimiento de crisis políticas, movimientos separatistas, guerrillas, organizaciones delincuenciales de corte trasnacional y regímenes autoritarios o policiacos, ocasionan que el mercado de armas sea una actividad cada vez más boyante y carente de escrúpulos2.

En particular en nuestro país, la creciente adquisición de armas de fuego puede deberse a la ola de inseguridad provocada por la violencia de los grupos de delincuencia organizada. Las consecuencias en violencia y en costos humanos, del uso de armas en nuestro país pueden apreciarse de manera cotidiana. Aunque existan discrepancias en las cifras de personas asesinadas o lesionadas por armas de fuego en México, prevalece la percepción de que el ingreso de ese armamento ha sido determinante para explicar tales decesos y para comprender la espiral de violencia en que se ha visto inmerso nuestro país en los últimos años.

Una manera de dimensionar la actividad delictiva de una sociedad es a través de las cifras oficiales, las cuales obtienen registros de denuncias de actos ilícitos ante la autoridad. Este método, tiene como ventaja que después de cada cifra de las estadísticas existe un expediente sobre el delito; sin embargo, la falta de credibilidad en las instituciones de procuración de justicia, aunado a factores de distinta índole, con el tiempo ha provocado la pérdida de la confianza para denunciar actos ilícitos3. Es por ello que este método, aunque directo, no refleja las dimensiones reales de la delincuencia. A este sesgo de la información se le conoce típicamente como "cifra negra", aunque prácticamente inexistente en homicidios.

El homicidio constituye uno de los indicadores más completos, comparables y precisos para medir la violencia4. La estadística preliminar revela que en 2014 se registraron 19 mil 669 homicidios en México, es decir, una proporción de 16 por cada 100 mil habitantes a nivel nacional. En contraste en febrero de este año se tuvo un promedio de 55 averiguaciones por el delito de homicidio en todo el país, cifra más alta desde 2013. De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública a febrero de este año han sido asesinadas tres mil 158 personas, cifra que aumentó 11 por ciento respecto al año anterior.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito asegura que además de las armas, el consumo de alcohol o de drogas ilícitas aumenta el riesgo de ser víctima de la violencia o convertirse en victimario. Las drogas ilícitas pueden incidir en los niveles de homicidio de diferentes formas, pero los efectos psicofarmacológicos de algunas de ellas, como la cocaína y los estimulantes de tipo anfetamínico, están más vinculados a la violencia que otros y pueden tener un impacto en los homicidios similar al causado por el alcohol.5

La última encuesta nacional sobre las adicciones en los mexicanos realizada en 2011 reveló que el 71.3% de la población consume alcohol, de los cuales 32.4% aseguró consumirlo en grandes cantidades. Así mismo, 4.9 millones de personas tienen dependencia al alcohol. Por otro lado, el consumo de drogas como mariguana, cocaína, crack y estimulantes anfetamínicos lo poseen 550 mil personas, los cuales alrededor del 40% son menores de 18 años.

Por su parte, el Informe Mundial sobre las Drogas de la ONU detalló que en 2014, 4.7 millones de mexicanos consumió mariguana en nuestro país. Según el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Dirección de Centro de Integración Juvenil, el consumo de mariguana en 23 estados de la republica supera al del tabaco, y en 10 estados al del alcohol como droga de inicio, mismos que en 2014 aumentó 17.1%6.

El aumento del consumo de drogas y de la adquisición de armas de fuego en México revela que a la larga, los homicidios pudieran crecer aún más producto de la violencia provocada por el consumo de algún enervante o psicotrópico.

Los Servicios Médicos Forenses (SEMEFO), son las instituciones que realizan necropsias en casos de muertes ocurridas por causas externas para determinar la posible asociación con diversos ilícitos, y establecer la presencia de sustancias psicoactivas en las víctimas. En diversas necropsias realizadas por el SEMEFO se encontró presencia de mariguana, la causa principal del deceso fue herida por arma de fuego y, por lo que se refiere al lugar del evento, el porcentaje más alto fue la vía pública.

Con ello podemos asegurar que el consumo de alcohol y de drogas ilícitas tiene un significativo factor de riesgo en delitos del tránsito y homicidios, debido fundamentalmente a los efectos biológicos provocados por el tóxico desde las primeras etapas de la intoxicación, que en el caso de la conducta agresiva determina la desinhibición de impulsos y tendencias de la personalidad, así como la salida de todo un potencial de tensiones históricamente acumuladas en relación con un conflicto o situación determinada, facilitando la descarga de emociones y permitiendo el quebrantamiento de valores éticos y morales que puedan frenar la realización de un hecho delictivo.

La Psiquiatría Forense menciona la "dosis de valor", refiriéndose a la ingestión de determinada cantidad de alcohol o de drogas realizada por los perpetradores de actos de homicidio o suicidio con vistas a perder el miedo o "llenarse" de valor para ejecutar determinada acción, lo cual sitúa al sujeto en función de la desinhibición ya referida que lleva a la vulneración de las barreras psicológicas, éticas y morales que se oponen a la realización de un acto o facilitan su ejecución7.

Los mexicanos llevamos años siendo sacudidos por la delincuencia. Haber sido víctimas de algún delito, o por el temor de serlo nos obliga a cambiar nuestros hábitos más arraigados. La inseguridad ha atentado con nuestras formas más esenciales de convivencia, trastocado el flujo normal de nuestras vidas, actividades y limitado nuestro progreso. México no podrá prosperar, si sus cimientos están debilitados, si las certezas más básicas de integridad propia, patrimonio y medios de sustento están ausentes.

El Estado Mexicano está obligado a garantizar la seguridad para todos los ciudadanos; en el artículo 10° constitucional se establece que los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa. No obstante, hay que considerar prevenir el resurgimiento de la violencia debida a la delincuencia organizada y la violencia interpersonal, que pueden dispararse en entornos donde es débil el Estado de derecho8.

La real Academia Española define arma como máquina destinados a atacar o a defenderse. Esta acepción de la palabra permite considerar como tal cualquier objeto que en determinadas circunstancias potencie la fuerza humana o según del empleo que dé él se haga, puede adquirir carácter9.Desde el punto de vista de la investigación criminal, la experiencia nos indica que las armas de fuego son más frecuentemente utilizadas para cometer hechos de violencia tanto a las personas como a los inmuebles.

Sin embargo, en un Estado democrático, la seguridad es un factor coadyuvante del bienestar social y de calidad de vida. El concepto de seguridad proviene del latín securitas, que a su vez se deriva del adjetivo securus, el cual está compuesto por "se" que quiere decir sin y "cura", que se refiere a cuidado o procuración, lo anterior significa entonces "sin temor", "despreocupado" o "sin temor de preocuparse".

La seguridad pública implica que los ciudadanos pueden convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro; es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden social. La seguridad pública se entiende entonces, como la garantía que debe brindar el Estado el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

Por esta razón, se considera pertinente realizar una adecuación a nuestra legislación actual de tal manera que entre los requisitos que la SEDENA solicita a los particulares para contar con un arma de fuego, pueda incluirse el examen toxicológico que lo llevan a cabo centros especializados de estudios e investigaciones bioquímicas. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos vigente en su artículo 26, numeral 1 indica que las licencias particulares se expiden (tanto para personas físicas como morales) sólo cuando se tienen los siguientes requisitos:

A. Tener un modo honesto de vivir;

B. Haber cumplido, los obligados, con el Servicio Militar Nacional;

C. No tener impedimento físico o mental para el manejo de las armas;

D. No haber sido condenado por delito cometido con el empleo de armas;

E. No consumir drogas, enervantes o psicotrópicos, y

F. Acreditar, a criterio de la Secretaría de la Defensa Nacional, la necesidad de portar armas.

El inciso E especifica la prohibición del consumo de enervantes para obtener un arma de fuego; sin embargo, la autoridad no posee los lineamientos legales ni las características para satisfacer esta normatividad. De tal forma que incluir en esta ley aseguraría que la autoridad correspondiente solicite la expedición de exámenes toxicológicos para acceder a este permiso.

Así mismo, en el artículo 31 de esta misma ley no está contemplado la posibilidad de perder la licencia por el consumo de enervantes, lo que traería consigo una permisibilidad de la autoridad por mantener licencias en manos de personas que abusan de estas sustancias y que ponen en riesgo la integridad de los ciudadanos.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 26 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 31, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

Único.- Se reforma el artículo 26 numeral 1 inciso e); y se adiciona el artículo 31 fracción III recorriéndose los demás en su orden, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos:

Artículo 26.- …:

I.- …

a) – d) …

e) No consumir drogas, enervantes o psicotrópicos, comprobándolo mediante un examen toxicológico.

f)…

Artículo 31.- …

I. – II. …

III. Cuando sus poseedores estén bajo influencia de sustancias tóxicas, drogas, enervantes o psicotrópicos.

IV. – X. …

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 25 de mayo de 2016.

Dip. Jorge López Martin.

1 El Universal, 27 de marzo de 2016.

2 Tráfico de armas. Entorno, propuestas legislativas y opinión pública, documento elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.

3 Sistema de Índices e indicadores en Seguridad Pública. México Evalúa.

4 Estudio Mundial sobre el homicidio.Resumen Ejecutivo, Oficina de la Naciones Unidas contra la droga y el delito, 2013. Consulta en internet del 20 de mayo de 2016 en:
https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/GLOBAL_HOMICIDE_Report_ExSum_spanish.pdf

5 Ibid

6 Epidemiología del consumo de drogas en México, Boletín CONACyT, 3 de noviembre de 2015.

7 PerezMilan, José F, et. Al., Consumo de alcohol y victimarios de delitos de violencia, Revista del Hospital Psiquiátrico de la Habana, 2010, 7(2)

8 Estudio Mundial sobre el homicidio, op. Cit.

9 http://www.criminologiaycriminalistica.com/

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Diputada Huerta Villegas. Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.





 

Tiene el uso de la palabra el compañero Diputado Omar Ortega Álvarez, para presentar a nombre del Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 116 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SÉPTIMO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO OCTAVO RECORRIÉNDOSE LOS PÁRRAFOS SUBSECUENTES DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Omar Ortega Álvarez, a nombre del Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del PRD)

El Diputado Omar Ortega Álvarez: Con la venia de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores:

A nombre del Diputado Francisco Martínez Neri, vengo a presentar esta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo séptimo y se adiciona un párrafo octavo de la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el siguiente tenor:

El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción II, párrafo quinto, establece que el Auditor Superior de cada entidad federativa será elegido por dos terceras partes del congreso local correspondiente. En gran parte de los estados de la República, el gobernador suele tener una gran influencia dentro del Congreso local, lo cual influye en la designación de dicho auditor.

El problema, es que la mayoría de los casos de las entidades federativas son propuestos y electos de forma como una figura más del gabinete del gobierno en curso, lo cual reduce significativamente su autonomía.

Los criterios de elegibilidad para el Auditor Superior de cada entidad federativa son inferiores a los establecidos por el Auditor Superior de la Federación. Es notorio, tiene menores exigencias respecto a su independencia del ámbito partidario, con lo cual no se asegura que se elija a la persona más apta y sin intereses de por medio, para auditar a las entidades federativas y a sus municipios.

Al comparar los requisitos de elegibilidad del Auditor Superior de la Federación con los auditores de cada entidad federativa se identifica que de acuerdo con el artículo 79 y 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, existen criterios que no se cumplen.

Así para ser Auditor Superior de la Federación se exigen requisitos de nacionalidad, edad, experiencia profesional, además de no haber sido condenado por robo, fraude, abuso de confianza y contraparte se establece que el titular de la auditoría no podrá ser removido libremente, sino por el procedimiento previsto en el Título Cuarto de la Carta Magna.

No obstante, para ser auditor en el ámbito local, sólo se pide experiencia de cinco años y está homologado el nombramiento al requisito de una votación de dos terceras partes de los legisladores locales.

De esta forma los requisitos profesionales y las condiciones de remoción hacen vulnerables a los auditores locales, razón por la cual en esta iniciativa se propone la homologación como la mejor alternativa para su profesionalización.

Por esa razón adicionamos en el artículo 116 de la Constitución los requisitos que la propia Constitución marca para el auditor federal en el artículo 79 para por los auditores de las entidades federativas.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito, Diputado Federal FRANCISCO MARTÍNEZ NERI, integrante de la LXIII Legislatura y del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como del artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción II, párrafo quinto, establece que el Auditor Superior de cada entidad federativa será elegido por dos terceras partes del congreso local correspondiente. En gran parte de los estados de la República, el gobernador suele tener una gran influencia dentro del congreso local, lo cual influye en la designación del dicho auditor.

El problema, es que en la mayoría de los caso los auditores de las entidades federativas son propuestos y electos de forma que funcionan como una figura más del gabinete del gobierno en curso, lo cual reduce significativamente su autonomía.

Los criterios de elegibilidad para la Auditor Superior de cada entidad federativa son inferiores a los establecidos para la Auditor Superior de la Federación; es notorio tienen menores exigencias respecto de su independencia del ámbito partidario, con lo cual no se asegura que se elija a la persona más apta y sin intereses de por medio, para auditar a la entidad federativa y a sus municipios.

Al comparar los requisitos de elegibilidad del Auditor Superior de la Federación con los Auditores de cada entidad federativa se identifica que de acuerdo con el artículo 79 y 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, existen criterios que éstos no cumplen.

Así para ser Auditor Superior de la federación se exigen requisitos de nacionalidad; edad, experiencia profesional, además de no haber sido condenado por robo, fraude, abuso de confianza y en contra parte se establece que el titular de la Auditoria no podrá ser removido libremente, sino, por el procedimiento previsto en el Titulo Cuarto de la Carta Magna.

No obstante, para ser Auditor en el ámbito local, sólo se pide experiencia de cinco años y está homologado el nombramiento al requisito de una votación de dos terceras partes de los legisladores locales.

De esta forma los requisitos profesionales y las condiciones de remoción hacen vulnerables a los auditores locales, razón por la cual en esta iniciativa se propone la homologación como la mejor alternativa para su profesionalización.

La pertinencia de la reforma propuesta puede corroborarse con la lectura de los siguientes artículos Constitucionales.

Artículo 79. …

IV. …

La Cámara de Diputados designará al titular de la Auditoría Superior de la Federación por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución.

Para ser titular de la Auditoría Superior de la Federación se requiere cumplir, además de los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, los que señale la ley. Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.

Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y

VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

Lo anterior contrasta con lo establecido para los auditores del ámbito local:

Artículo 116….

I. …

II.

El titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no menores a siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.

Por las consideraciones antes expuestas, se proponen las siguientes modificaciones al texto Constitucional:

Texto vigente

Propuesta de modificación

Artículo 116. …

I. …

II.

El titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no menores a siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.

 

Artículo 116. …

I. …

II.

El titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no menores a ocho años, y deberán cumplir los mismos requisitos del nombramiento del Auditor Superior de la Federación, pudiendo ser nombrados nuevamente por una sola ocasión. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Titulo Cuarto de esta Constitución.

Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SÉPTIMO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO OCTAVO, RECORRIÉNDOSE LOS PÁRRAFOS SUBSECUENTES DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Único. Se reforma el párrafo séptimo y se adiciona un párrafo octavo, recorriéndose los párrafos subsecuentes de la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 116.

I. …

II.

El titular de la entidad de fiscalización de las Entidades Federativas será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no menores a siete años y deberá cumplir los mismos requisitos del nombramiento del Auditor Superior de la Federación, pudiendo ser nombrados nuevamente por una sola ocasión. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Titulo Cuarto de esta Constitución.

Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.

...

III. a IX.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Legislaturas de las Entidades Federativas deberán armonizar sus leyes de fiscalización y requisitos de elegibilidad en un plazo no mayor a seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente reforma constitucional.

Tercero. Si en el plazo señalado en el transitorio segundo, fuera necesario realizar el nombramiento del titular de una entidad de fiscalización estatal, la convocatoria que emita la legislatura de la Entidad Federativa deberá considerar los requisitos señalados en el presente Decreto.

Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente, el 25 de mayo de 2016.

Dip. Francisco Martínez Neri.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Diputado Ortega Álvarez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.





 

Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Jorge Álvarez Maynez, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL NUMERAL 10 DEL INCISO H) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 2O. Y SE AÑADE UNA FRACCIÓN II, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 2O. DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

(Presentada por el Diputado Jorge Álvarez Maynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Diputado Jorge Álvarez Maynez: Muy buenos días, compañeras y compañeros.

Quiero referirme especialmente a la iniciativa que ha sido descrita, pero también a una que está enlistada en el Orden del Día, a las que ustedes tendrán acceso por vía de la Gaceta Parlamentaria, de mi coordinador Clemente Castañeda, porque son dos propuestas en un solo tema.

Ayer tuvimos el honor de recibir en esta Soberanía al Doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química y también estuvo el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano, discutiendo la coyuntura y toda la crisis del problema de la contaminación medioambiental que ha vivido, sobre todo, la Megalópolis de la Ciudad de México, pero en general que hemos visto que ya es una tendencia nacional en varias ciudades del país.

Nosotros creemos que este tipo de situaciones se están dando por la falta de claridad que ha habido en la agenda por falta de fuerzas políticas y por la falta de decisiones que han tenido gobiernos, que han tenido la responsabilidad de asumir este tipo de compromisos.

Hoy planteamos incentivos para modificar esta tendencia en la sociedad mexicana, por una parte, modificar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, para agregar un impuesto a las emisiones de gases de efecto invernadero, del bióxido de carbono, que están siendo un problema de contaminación.

Nosotros tenemos que homologar la tendencia impositiva de México a la del resto del mundo. No puede ser que mientras la inmensa mayoría de los países desarrollados estén bajando sus emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos años, México haya triplicado la emisión de gases de efecto invernadero y que además los gravámenes que tenemos al respecto sean arcaicos, sean absurdos y no tengan una planeación que tenga que ver con los incentivos.

Los impuestos tienen un fin recaudatorio, eso es claro, pero también tienen un fin de crear incentivos a la sociedad.

Los impuestos, por ejemplo, el IEPS que ha tenido que ver con el consumo de tabaco, han modificado la actitud de los mexicanos en materia de salud pública.

Nosotros creemos que ha sido un grave error, demagógico, populista haber eliminado la tenencia; la tenencia es también un impuesto a la contaminación, esa agenda que se ha replicado por parte de todos los partidos políticos sin mayor análisis, creemos que debe ser revertida con responsabilidad, y que además es también un asunto progresista, que pague quien contamina más, también es que pague quien tiene más, porque está comprobado a nivel mundial y en México que quien contamina más son quienes más recursos tienen; quienes tienen los vehículos más contaminantes, los aviones, los vehículos de carga son quien más recursos tienen.

La huella de carbono, de los más ricos, es también la que más contamina y nosotros estamos convencidos de que también ésta es una agenda progresista, pero también como hablamos de incentivos desde el punto de vista impositivo, también lo hacemos con lo que tiene que ver con las exenciones.

La iniciativa del Diputado Clemente Castañeda tiene que ver con regular la publicidad de los autos contaminantes, así como ahora los mexicanos saben, cuando compran una cajetilla de cigarros que están comprando un producto nocivo para la salud, cuando compran un auto deberían de saber cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias que tiene en la contaminación, en la salud pública, en el medio ambiente la contaminación que produce ese automóvil.

Estamos pensando también en regular, a través de la Ley del Impuesto sobre la Renta, exenciones fiscales para quienes compren autos no contaminantes por un valor de hasta 500 mil pesos; es decir, es una política integral en materia de medio ambiente que tiene que ver con poner incentivos adecuados para que la sociedad mexicana regule su conducta de acuerdo a estímulos que precisamente privilegien las conductas que tienen armonía con el medio ambiente.

Esa es la agenda de Movimiento Ciudadano, fue una de las cinco propuestas para México que lanzamos en 2015, y nosotros vamos a acompañar las propuestas de fondo, de largo plazo, que tengan por fin modificar la actual situación de contaminación medioambiental que vive la Megalópolis de la Ciudad de México y las principales ciudades.

Es cuanto.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativas

El suscrito, Diputado JORGE ÁLVAREZ MAYNEZ miembro de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 73 numeral XXII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6 numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL NUMERAL 10 DEL INCISO H) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 2O; Y, SE AÑADE UNA FRACCIÓN II, RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 2O, AMBOS DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero, desde la era preindustrial a la fecha, han generado cambios climáticos a escala global, tales como el aumento de la temperatura, modificación en los patrones de lluvia, reducción de las capas de hielo, aumento en el número de eventos climáticos extremos1 -sequías y huracanes- y degradación de la calidad del aire en las grandes urbes.

Dichos cambios han impactado de manera negativa, provocado una serie de consecuencias económicas, sociales y ambientales: baja productividad y pérdida de cosechas en el sector agropecuario; pérdida de la biodiversidad y alteración en los ecosistemas; problemas de salud en la población, tanto rural como urbana. José Luis Samaniego y Luis Miguel Galindo aseguran, en un artículo para la revista Economía Informa, que la magnitud de estos impactos modificarán las características del desarrollo y las condiciones de vida de la mayoría de la población mundial2.

México no se encuentra exento ni aislado de los efectos que ocasionan las emisiones de gases de efecto invernadero. De acuerdo a un estudio realizado por el Centro Mario Molina, “se espera que, del centro hacia el norte, se presenten más sequías y, hacia el sur, más inundaciones a consecuencia de mayor cantidad de lluvias torrenciales.”3 Además, otro problema que se ha presentado es la contaminación y deterioro de la calidad del aire en las principales ciudades y zonas metropolitanas del país, particularmente en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que aglomera a la Ciudad de México y 60 municipios más (uno perteneciente al Estado de Hidalgo y los restantes al Estado de México).4 Los niveles de contaminación en esta zona han superado, recientemente, los límites permitidos, por lo que las autoridades decretaron Contingencia Ambiental Fase 1 y establecieron medidas extraordinarias para disminuirlos.5

Cabe señalar que en México alrededor del 79% de la población vive en zonas urbanas, caracterizadas por una mala calidad del aire y un alto nivel de emisiones de CO2. Este porcentaje se encuentra muy arriba del porcentaje estimado a nivel mundial, el cual era, para el año 2014, del 53.4%6. Por lo tanto, gran parte de la población mexicana se encuentra expuesta a problemas de salud y daños asociados a la contaminación del aire.

Un estudio llevado a cabo por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), señala que entre tales daños podemos encontrar desde afectaciones en la salud (que desembocan en consultas, hospitalizaciones y muertes prematuras) a pérdidas en productividad (días de trabajo perdidos y menor rendimiento). Ellos estiman que del 1 enero de 2010 al 24 septiembre de 2013 se produjeron, aproximadamente, un total de 19,242 muertes prematuras y 53,191 hospitalizaciones debido a la inhalación de partículas suspendidas y otros contaminantes. También señalan que la contaminación del aire, en el periodo mencionado, tuvo un costo para a la sociedad de 13,979 millones de pesos (a precios de 2010).7

En resumen, los distintos estudios y los datos mostrados evidencian que las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente de dióxido de carbono (CO2) –el gas que más ha contribuido al cambio climático, con un 70% de aumento en sus niveles respecto a la época preindustrial–8, repercuten negativamente en la economía nacional y regional; además, afectan en mayor grado a las poblaciones y sectores sociales más vulnerables, debido a la pobreza y marginación en la que se encuentran.

El estudio Urban Policy Review of Mexico 2015 de la OCDE señala que el desempeño de México está estrechamente ligado al funcionamiento de sus principales ciudades. Por ello, dado el alto nivel de urbanización del país, es necesario implementar una serie de medidas con las que se le garantice a los mexicanos su derecho a un medio ambiente sano.

Entre las distintas medidas que se han estudiado para regular y disminuir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) se encuentra la introducción de un impuesto al CO2 o derechos por descargas contaminantes a la atmósfera. El Centro Mario Molina (asociación civil) considera que “este impuesto deberá ser proporcional a las emisiones de CO2 de los combustibles y tomando en cuenta las externalidades que genera sobre la salud de la población, los ecosistemas y la productividad de otras actividades económicas. En una etapa inicial, el impuesto podría ser pequeño, pero suficiente para dar una señal hacia la eficiencia y el ahorro. Por ejemplo, si el impuesto al CO2 fuera de 50 pesos por tonelada de CO2, el impuesto a la gasolina magna sería de 16 centavos por litro.”9

No obstante, la Reforma Hacendaria que presentó el Presidente en 2013, y que posteriormente modificó el Congreso, contempló un impuesto similar al propuesto, pero que en palabras de Liliana Estrada “no cumplieron los elementos necesarios para lograr su correcto desarrollo”10.

Es así que Liliana Estrada argumenta que “hubo una confusión en la redacción, ya que no debería de llamarse impuesto al carbono pues se entendería que lo que se quiere gravar es el contenido de carbono de los energéticos, y no las emisiones por la utilización de combustibles fósiles, por lo tanto, era mejor denominarlo impuesto al CO2 o a las emisiones de CO2.”11

Por tanto, se propone eliminar el impuesto al carbono, dado que la finalidad no es gravar el contenido de carbono de los energéticos, sino introducir un impuesto derivado de las emisiones por la utilización de combustibles fósiles, a fin de que se tenga el impacto deseado, es decir, no sólo con fines de recaudación, sino también estimular la creación de una conciencia ecológica y una responsabilidad social que contribuyan a la conservación y mantenimiento de nuestro ambiente.12

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se deroga el numeral 10 del inciso h) de la fracción I del artículo 2o; y, se añade una fracción II, recorriendo los subsecuentes, al artículo 2o, ambos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Artículo Único.- Se deroga el numeral 10 del inciso h) de la fracción I del artículo 2o; y, se añade una fracción II, recorriendo los subsecuentes, al artículo 2o, ambos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. En la enajenación, en la importación de los siguientes bienes:

A) [...]

B) [...]

C) [...]

D) [...]

E) [...]

F) [...]

G) [...]

H) Combustibles Fósiles                            Cuota                Unidad de medida

1. Propano ....................................... 6.29                    centavos por litro.
2. Butano ......................................... 8.15                    centavos por litro.
3. Gasolinas y gasavión .................. 11.05                    centavos por litro.
4. Turbosina y otros kerosenos ....... 13.20                     centavos por litro.
5. Diesel ........................................ 13.40                     centavos por litro.
6. Combustóleo ............................. 14.31                     centavos por litro.
7. Coque de petróleo ..................... 16.60                     pesos por tonelada.
8. Coque de carbón ....................... 38.93                     pesos por tonelada.
9. Carbón mineral .......................... 29.31                     pesos por tonelada.
10. (Se deroga).

[...].

[...].

[...].

I) [...]

J) [...]

II. Derivado de las emisiones de CO2 por la utilización de combustibles fósiles, se aplicará una cuota de $50.00 pesos por tonelada.

III. [...]

IV. [...]

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 25 de mayo de 2016.

Rúbrica

Dip. Jorge Álvarez Máynez.

1 Escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero asociados a combustibles fósiles y cemento en América Latina, disponible en: http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/pdfs/360/04luismiguel.pdf, consultado el 07 de abril de 2016.

2 Ibid.

3 Instrumentos económicos para enfrentar el cambio climático, disponible en: http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2014/01/6.-InstrumentosEconmEnfrentarCambioClimático2.pdf

4 Consejo Nacional de Población, Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2010, disponible en: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Zonas_metropolitanas_2010

5 ¿Cómo mejorar la calidad del aire?, disponible en: http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/6221-pugnan-por-acciones-contundentes-para-mejorar-la-calidad-del-aire-nota

6 Banco Mundial, Población urbana (%del total) 2014, disponible en: http://tinyurl.com/a7dyfyc

7 IMCO, La contaminación del aire: un problema que daña la salud y la economía, disponible en: http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/09/IMCO-Presentaci%C3%B3n-Corta-24Sep13.pdf

8 http://www.oikos.unam.mx/Bioenergia/images/PDF/CC/CC-General/DossierUCCS-CC10A.pdf

9Centro Mario Molina, Instrumentos económicos para enfrentar el cambio climático, disponible en: http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2014/01/6.-InstrumentosEconmEnfrentarCambioClimático2.pdf

10 El intento del impuesto al carbono en México, http://www.animalpolitico.com/blogueros-inteligencia-publica/2013/10/31/el-intento-del-impuesto-al-carbono-en-mexico/

11 Ibid.

12 Movimiento Ciudadano, Programa de Acción, disponible en:
http://movimientociudadano.mx/sites/default/archivos/02_programa_de_accion_final_-publicacion.pdf





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 310 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD, REFORMA EL ARTÍCULO 1O. DE LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS Y REFORMA LOS ARTÍCULOS 34 Y 36 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Diputado Jorge Álvarez Maynez, a nombre del Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El suscrito, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, Diputado integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6 fracción I y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 310 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD, REFORMA EL ARTÍCULO 1º DE LA DE LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS Y REFORMA LOS ARTÍCULOS 34 Y 36 DE LA DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. La contaminación ambiental es una de las problemáticas a las que estamos haciendo frente de manera poco eficiente, pues a pesar los esfuerzos efectuados por el Gobierno Federal las políticas implementadas han sido aisladas y poco estratégicas. La disminución de los altos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero requiere dentro de un planteamiento estratégico medidas que eviten el consumismo irracional de productos que causan la liberación de este tipo de gases nocivos al ecosistema, como es el caso de los automóviles con motores de combustión interna que operan con combustibles fósiles, cuyo incremento deviene en el aumento de la mala calidad del aire en diversos estados del país.

Los altos índices de contaminación en las metrópolis de nuestro país y del mundo entero obedecen no solamente al carácter sumamente contaminante de los motores de combustión por combustibles fósiles de la absoluta mayoría de los automóviles, sino que son generados también y sobre todo por la instalación en el imaginario colectivo de que la posesión del automóvil, más allá de su utilidad real, significa para el poseedor la evidencia de un ascenso en el rango o status social.

Ahora bien, la idea generalizada de que los automóviles representan, más que un instrumento de movilidad, un símbolo de rango o status, ha sido posicionada por una agresiva publicidad que lo mismo intenta asociar la posesión de un bólido con el rendimiento sexual del conductor, que asociarla con el calor de hogar o con la inteligencia, entre otros absurdos que pretender convertir al automóvil en algo más que un instrumento de movilidad.

Como lo ha señalado recientemente la revista TheAtlantic, los automóviles en la vida moderna representan un oneroso desperdicio de energía y dinero que no  necesariamente inciden para bien en las economías nacionales, y que además generan graves daños a la salud, en lo que definió como “la absurda primacía del automóvil”:

«¿Qué está fallando con los automóviles? En primer lugar y sobre todo, son desperdiciadores de dinero y gasolina: más del 80% de cada dólar que se gasta en gasolina es desaprovechado debido a las ineficiencias inherentes al motor moderno de combustión interna. No hay en la vida diaria algo que desperdicie más energía y, por extensión, más dinero, que el automóvil moderno. Mientras combustionamos toda esa gasolina, autos y camiones arrojan a la atmósfera toxinas y residuos de partículas que producen cáncer, enfermedades pulmonares y asma. Dichas emisiones disminuyen considerablemente la esperanza de vida –no en días, sino en años1

Lo anterior significa que la gran cantidad de automóviles que recorren las metrópolis del mundo, no obedece precisamente a las cualidades del automóvil en tanto que instrumento óptimo de movilidad, pues como se señala, su primacía resulta absurda. Ello significa que debemos preguntarnos cuáles son los incentivos, externos a las propias características del automóvil, y que a pesar de todas las deficiencias del mismo, llevan a la población a considerar que la posesión de uno resulta imprescindible para la vida moderna. Más aún, debemos preguntarnos cómo se crean las condiciones necesarias para que la sociedad actual no sólo asuma que el automóvil resulta imprescindible, sino que es inherente a la ciudad y que no es posible desarrollar esquemas de movilidad que trasciendan el modelo del automóvil.

Evidentemente, podemos concluir que sólo puede encontrarse en la publicidad ese factor externo a la propia utilidad de automóvil, que lleva a la ciudadanía a asociar al mismo a cuestiones como el status social, la atracción sexual, la felicidad conyugal o la sabiduría de sus conductores.

Es por ello que la presente iniciativa contempla la prohibición de campañas publicitarias para promocionar automóviles con motores de combustión interna por combustibles fósiles, así como la excención de impuestos para la compra y utilización de automóviles no contaminantes.

II. La conducción de un automóvil es la actividad más contaminante que un ciudadano realiza en su vida diaria. Las emisiones que provienen de un vehículo que utiliza algún tipo de combustible fósil como fuente de energía es muy baja comparada con las emisiones que genera una chimenea industrial, sin embargo debido a la gran cantidad de automóviles que se encuentran en circulación estos tienden a convertirse en la fuente principal de contaminación.

Los automóviles impulsados por motores de combustión interna generan emisiones por el tubo de escape, evaporativas y por el desgaste de los frenos y las llantas. La imperfección del proceso de combustión del combustible fósil utilizado en un motor deriva en la emisión de partículas y gases que son expulsados por el tubo de escape como son: hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, bióxido de carbono, bióxido de azufre, amoniaco y metano. En el caso de las emisiones evaporativas son generadas aun cuando el vehículo se encuentra en total reposo; los cambios en la temperatura en el sistema de combustible, el calor residual al momento de apagar el motor, la permeabilidad de los componentes del sistema de combustible, así como las recargas de combustible emiten hidrocarburos2.

III. El incremento en el parque vehicular ha sido uno de los factores principales que han contribuido a la polución pues hasta 2014 la densidad vehicular correspondía a 1 automóvil por cada 4.6 habitantes3. De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística el promedio anual de automóviles vendidos entre 2005 y 2010 fue de 579,256. Para el periodo de 2010 a 2014 los estados que más crecieron en cuanto a parque vehicular fueron el Estado de México con un incremento de 1,538, 943 automóviles en circulación, la Ciudad de México con 393,497, Michoacán con 252,352, Guerrero con 226,763 y Jalisco con 199,6334. Dichos estados son los que reportaron mayores concentraciones de partículas de 10 micras en 2010, lo que genera no solo afectaciones a la salud de la ciudadanía, sino también a la economía. Las estimaciones de gastos derivados por contaminación en servicios de salud a nivel nacional son de 728 millones de pesos por año, sumando a ello el monto por perdidas de productividad de 3,396 millones de pesos y de las muertes de casi 5,065 personas5.

IV. La publicidad como estrategia de venta es uno de los puntos claves que integran la mercadotecnia, siendo ésta la que genera un incremento sustancial en la comercialización procedente de la empatía del consumidor por la adquisición del producto. Dentro de los objetivos de la publicidad, la persuasión deriva en la creación de compradores motivándoles e impulsándoles a la adqui­sición de marcas y productos, por lo que resulta una herramienta que convence fácilmente al público e influye en su comportamiento6.

La persuasión generada por la publicidad ayuda a interpretar hechos de la vida, les da significado y convence al consumidor de que esto es una carencia. La influencia que tienen  los anuncios publicitarios para desarrollar la necesidad de compra de determinado producto o servicio es latente pues ésta arraiga en el espectador la creencia de que a través de la compra de un determinado bien logrará incrementar su nivel socioeconómico o que éste es reflejo de un estatus social más elevado, la publicidad formula los distintos niveles de aspiraciones del consumidor y las metas que éste tiene que alcanzar para obtener el nivel de vida deseado, todo esto a través de la adquisición de ciertos productos7.

La prohibición de determinados anuncios es una de las políticas que han sido implementadas por diversos países, con la finalidad de disminuir el consumo de cierto tipos de productos que dañan la salud. Para el caso de México en 2002 se implementó la prohibición de anuncios publicitarios relacionados con el tabaco, mientras que en 2014 se hizo para la comida chatarra, lo que ha generado una disminución en el consumo de éstos. En el caso de la publicidad del sector automotriz a nivel mundial, el gasto en 2015 de acuerdo a Statista, fue de 574 mil millones de dólares y se tiene proyectado que crezca a 667 mil millones de dólares para 20188, lo que demuestra la vinculación de la proliferación de vehículos nuevos, mismo que contribuyen al deterioro ambiental. Como comparativo, cabe señalar que el presupuesto total de defensa de los EE.UU. durante el año 2015, y que equivale al 40 por ciento de gasto mundial militar, fue de 580,000 millones de dólares.

Por ello la publicidad a favor de la compra automóviles impulsados con fuentes de energía no contaminantes, así como los estímulos fiscales que ayuden a la adquisición de estos, lograrán en conjunto diezmar la compra de vehículos contaminantes y enfocar a la industria automotriz hacia la inversión en este rubro, lo que ayudará a la mitigación del cambio climático.

V. Para 2015 las ventas de automóviles de motores de combustión interna lideraron el mercado, pues dentro de las 10 marcas más vendidas en este año resaltan automóviles como Aveo de General Motors con 66 mil 551 unidades vendidas, Versa de Nissan con 56 mil 305 y Vento de Volkswagen con 48 mil 7849.

En tal sentido cabe señalar que un vehículo Aveo emite un estimado de 2,955 kilogramos de dióxido de carbono por año, mismo que al relacionarse con la cantidad de unidades vendidas emitirán anualmente 196 millones 658 mil205 kilogramos de dióxido de carbono por año, mientras que las unidades Versa y Vento emitirán 141 millones 44 mil 25 y 105 millones 373 mil 440 kilogramos de dióxido de carbono por año, respectivamente10.

Los datos anteriores indican la insostenibilidad de los actuales modelos de mercado para una eficiente política medioambiental de largo plazo, y son evidencia por el contrario de la creciente explosión en el parque vehicular de las metrópolis de nuestro país, lo que señala la necesidad de contar desde ahora con políticas que desincentiven la compra generalizada de automóviles como el modelo óptico de transporte público metropolitano.

Mediante la presente iniciativa, Movimiento Ciudadano busca generar no sólo las condiciones necesarias para favorecer que sean vehículos no contaminantes los que circulen por las calles de nuestras ciudades, sino que además se busca de generar una conciencia entre la población sobre los efectos perniciosos para la salud del uso sistemático de automóviles contaminantes en las grandes ciudades.

VI.  Para Movimiento Ciudadano queda claro que la industria automotriz es uno de los principales motores de la economía nacional, y es por ello que la presente iniciativa no buscar generar afectaciones económicas, sino, por el contrario, incentivar esquemas de movilidad más eficientes y económicos, así como incentivar a la industria automotriz en el desarrollo de nuevas tecnologías para la movilidad que sean sustentables y no produzcan las graves afectaciones a la salud que producen la mayoría de los automóviles. 

Además, la presente iniciativa busca impulsar la industria de automóviles eléctricos, como una nueva fuente de ingresos mediante el otorgamiento de agresivos incentivos fiscales tanto para sus compradores como para los empresarios, mismos que harán más atractiva la compra de este tipo de automóviles que funcionen con energías no contaminantes. En primer término se propone exentar del pago del Impuesto a Automóviles Nuevos a los vehículos eléctricos, y en segundo lugar, ampliar al 100 por ciento el monto de deducción del Impuesto Sobre la Renta por la adquisición de vehículos de este tipo. La finalidad de la reforma es sustituir las ventas que se tiene actualmente de vehículos con motores de combustión interna impulsados por combustibles fósiles por autos no contaminantes y que las empresas automotrices se enfoquen hacia la publicitación de autos alternativos que sean amigables con el medio ambiente.

Cabe señalar en este sentido, que a partir del presente mes Alemania ha anunciado que subvencionará la compra de vehículos eléctricos, con el objetivo de que al menos un millón de este tipo de vehículos circule en dicho país a partir de 202011. Igualmente, el Parlamento de Holanda ha aprobado el mes pasado una moción para prohibir la venta de automóviles por combustible fósil a partir de 202512.

La prohibición de publicidad de productos que contaminan el medio ambiente resulta factible, pues la influencia que tiene los anuncios publicitarios en los consumidores está revirando en compras insensatas de productos que generan desequilibrio en nuestro ecosistema y por ende un grave daño a la salud de los mexicanos; ello coadyuvará a que las estrategias actuales sean más integrales, incidiendo directamente en la concientización de la ciudadanía para que propicie la utilización de vehículos que no contravengan su derecho a un ambientes sano y libre de contaminación.

Derivado de lo anterior, someto a consideración la siguiente iniciativa:

Decreto que adiciona el artículo 310 Bis a la Ley General de Salud, reforma el artículo 1º de la de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y reforma los artículos 34 y 36 de la de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en materia de medio ambiente.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona el artículo 310 Bis a la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 310 Bis.- Queda prohibido realizar toda forma de patrocinio, como medio para posicionar los modelos de automóviles de combustión interna que utilicen combustibles fósiles, o que fomente la compra y el consumo de los mismos por parte de la población.

Se prohíbe emplear incentivos que fomenten la compra de automóviles de combustión interna que utilicen combustibles fósiles,  y no podrá distribuirse, venderse u obsequiarse, directa o indirectamente, ningún artículo promocional que muestre el nombre o logotipo de modelos de combustión interna que utilicen combustibles fósiles.

La publicidad y promoción de automóviles de combustión interna que utilicen combustibles fósiles,  únicamente será dirigida a mayores de edad a través de comunicación personal por correo o dentro de establecimientos de acceso exclusivo para la venta de aquéllos.

Las publicaciones de comunicaciones internas para la distribución entre los empleados de las industrias automotrices no serán consideradas publicidad o promoción para efectos de esta Ley.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman las fracciones I y II y el último párrafo del artículo 1º de la de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos para quedar como sigue:

Artículo 1.- Están obligados al pago del impuesto sobre automóviles nuevos establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que realicen los actos siguientes:

I. Enajenen automóviles nuevos que operen con combustible fósil. Se entiende por automóvil nuevo el que se enajena por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos.

II. Importen en definitiva al país automóviles que operen con combustible fósil, siempre que se trate de personas distintas al fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos.

Para los efectos de lo dispuesto en las fracciones anteriores, los automóviles  importados que operen con combustible fósil por los que se cause el impuesto establecido en esta Ley, son los que corresponden al año modelo posterior al de aplicación de la Ley, al año modelo en que se efectúe la importación, o a los 10 años modelo inmediato anteriores.

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la fracción VI y se adiciona la fracción XIV al artículo 34, y se reforma la fracción II del artículo 36de la de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 34. Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien son los siguientes:

I. a V. […]

VI. 25% para automóviles que operen con combustible fósil, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques.

VII. […] a XIII. […]

XIV. 100% para automóviles que operen con fuentes de energía no contaminantes.

Artículo 36. La deducción de las inversiones se sujetará a las reglas siguientes:

I. […]

II. Las inversiones en automóviles que operen con combustibles fósiles sólo serán deducibles hasta por un monto de $175,000.00,y en el caso de los automóviles que operen con fuentes de energía no contaminantes sólo serán deducibles hasta por un monto de $500,000.00.

[…]

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 25 de mayo de 2016.

Dip. Clemente Castañeda Hoeflich.

1 “Theabsurdprimacy of theautomobile in theamericanlife”, TheAtlantic, 12 de abril de 2016, http://www.theatlantic.com/business/archive/2016/04/absurd-primacy-of-the-car-in-american-life/476346/

2 “Guía metodológica para la estimación de emisiones vehiculares”, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), 2015, http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/618/vehiculos.pdf

3 Cálculo obtenido a través de la suma de la población total de hombres y mujeres entre la cantidad de automóviles registrados en circulación en 2014 reportados por INEGI:http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biinegi/

4Banco de información INEGI, Instituto Nacional de Geografía y Estadística,
2016,http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biinegi/

5 “¿Cuánto nos cuesta la contaminación del aire en México?”, Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), 2010, http://imco.org.mx/calculadora-aire/

6 “Psicología de la publicidad: más allá de las marcas”, Universidad del Rosario, Programa de Divulgación Científica, 2016, http://www.urosario.edu.co/urosario_files/f3/f3717b1c-ddb4-4608-86b5-8045696cddb1.pdf

7 “Psicología de la Publicidad”, Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ciencias de la Comunicación, 1997,http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020120782/1020120782.PDF

8 “2 comerciales que se disputan el mercado de los autos familiares”, Merca2.0, 17 de abril de 2016, http://www.merca20.com/2-comerciales-que-se-disputan-el-mercado-de-los-autos-familiares/

9 “Estos son los 10 autos más vendidos en México durante 2015”, Merca2.0, 17 de diciembre de 2015, http://www.merca20.com/estos-son-los-10-autos-mas-vendidos-en-mexico-durante-2015/3/

10 Eco etiquetado de automóviles, Portal de Indicadores de Eficiencia Energética y Emisiones Vehiculares, 2016, http://www.ecovehiculos.gob.mx/buscamarcamodelo.php

11 “Alemania financiará compra de vehículos eléctricos a partir de mayo: ministro”, Noticias MVS, 27 de abril de 2016,http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/alemania-financiara-compra-de-vehiculos-electricos-a-partir-de-mayo-ministro-288

12 “Holanda será el primer país del mundo en proscribir los autos no eléctricos”, Infobae, 25 de abril de 2016, http://www.infobae.com/2016/04/25/1805515-holanda-sera-el-primer-pais-del-mundo-proscribir-los-autos-no-electricos

El Presidente Diputado Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Diputado Álvarez Maynez. Túrnense a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.





 

Continuando con el desarrollo del Orden del Día, se concede el uso de la palabra al Diputado Alejandro González Murillo, para presentar a nombre de la Diputada Cynthia García Soberanes, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 25 de la Ley de Aeropuertos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN XII Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE AEROPUERTOS

(Presentada por el Diputado Alejandro González Murillo, a nombre de la Diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del grupo parlamentario del PES)

El Diputado Alejandro González Murillo: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Comisión Permanente:

Con la mirada puesta en el desarrollo nacional armónico, el grupo parlamentario Encuentro Social, enmienda las confusiones normativas que afectan al municipio, germen del adolecer en México.

La iniciativa que vengo a presentar comparte el reconocimiento permanente de Encuentro Social del municipio como la célula básica del Estado mexicano, así como la firme creencia en el sentido de que el término municipio libre merece fortalecerse en aras del progreso nacional

Efectivamente en Encuentro Social entendemos que fortalecer a los municipios representa uno de los deberes principales que como legisladores federales estamos obligados a cumplir para bien de nuestro país.

Ésto lo sabemos, detonar el avance y desarrollo nacional empieza por actualizar y depurar el marco jurídico mexicano.

La economía de los municipios, tan dispar como sus dimensiones y población, encuentra en el impuesto predial, en muchos casos, la columna vertebral de sus finanzas las que dependen en muy grande medida de su capacidad recaudatoria, de la que, a su vez, se encuentra también acotada por las normas que se producen en el legislativo de la unión.

Para Encuentro Social, la red de aeropuertos concesionados representa una asignatura pendiente respecto de la obligación de todos los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, así en la Federación como en los estados, en la Ciudad de México y del municipio en que residan, de acuerdo con el artículo 31 constitucional.

Por desgracia diversos municipios han tenido que librar litigios para estar en condiciones de cobrar impuesto predial y las licencias de operatividad mercantil y de venta de alcohol a los comercios que se instalan en las terminales aéreas que se encuentran en sus ciudades.

Así los ayuntamientos de Tijuana, Baja California; Cancún, Quintana Roo; Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; Torreón, Coahuila; Tampico, Tamaulipas, por mencionar algunos ejemplos, se han enfrentado a concesionarios de los aeropuertos que se resisten a contribuir con hacienda pública municipal.

Por así permitirlo, el aspecto vigente de la Ley de Aeropuertos, y escudados tras el dudoso argumento que por prestar un servicio público y por encontrarse dentro de un bien del dominio público de la nación no se encuentran obligados a cubrir ningún impuesto, derecho, gravamen, tributación o contribución municipal podrían en hecho que prestan una serie de servicios y cuestiones accesorias que son completamente diversos a los de sujeto público.

Para Encuentro Social, la naturaleza de las áreas que corresponden a bares, restaurantes, locales comerciales, casas de cambio, renta de autos o estacionamientos; por mencionar algunos, ajenos a la vocación puramente de servicio aeroportuario, representan evidentes indicios de la existencia de la obligación de contribuir con el municipio.

La carga tributaria del predial persigue a la casa y no al servicio público.

Por lo anteriormente expuesto, vengo a esta tribuna para presentar a nombre de la Diputada Cynthia Gissel García Soberanes y del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos, para precisamente darle certeza a los ayuntamientos sobre el pago de derechos, permisos, gravámenes e impuestos municipales a los que los concesionarios deben estar obligados.

Es cuanto.

Iniciativa

La que suscribe, CYNTHIA GISSEL GARCÍA SOBERANES, Diputada Federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN XII Y ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE AEROPUERTOS, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Municipio como tal, comprende territorio, población y poder público. Por lo tanto, goza de autonomía gubernamental y administrativa, con bienes y patrimonio propio, cuya función es gestionar los intereses de una comunidad y dar solución a sus problemas. La palabra proviene del latín “municipĭum.”

Entre los romanos, responsables de la idealización del concepto “MUNICIPIO” como entidad jurídica, el municipio era una ciudad principal, libre y autónoma, que se gobernaba por sus propias leyes, y cuyos habitantes podían aspirar a los mismos privilegios, derechos y obligaciones de los ciudadanos de Roma.

Ahora bien, en un Estado Moderno como el nuestro, el municipio es la entidad administrativa más pequeña de la Nación, pero la más próxima a los ciudadanos.

En razón de lo anterior, desde el año de 1983 y posteriormente en 1999, se han venido realizando una serie de reformas al diverso Constitucional 115, con la finalidad de otorgar mayores recursos y autonomía a los Municipios. Fortalecer sus finanzas y dejarlos administrar libremente, ha sido la intención del legislador.

El artículo 115, fracción IV, de nuestra Carta Magna ordena lo siguiente:

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

I a III……………

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Las Leyes Federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la federación, de los estados o los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.(el resaltado es nuestro).

Aparentemente, para que opere la exención de impuestos y derechos como excepción a la obligación de pago, se requieren tres elementos indispensables:

a) Que el Gobierno, en cualquiera de sus tres niveles, Federal, Estatal o Municipal, sea el propietario del bien inmueble afecto;

b) Que el bien inmueble de que se trate, sea destinado o usado para un fin público; y

c) Que dichos inmuebles sean utilizados por el propio gobierno y NO por sus entidades paraestatales, como empresas o fideicomisos públicos, NI por particulares, como concesionarios o comodatarios, etc.

En corolario, si por alguna razón no se cubre alguno de los requisitos anteriormente descritos, atendiendo a principios claros de equidad y de justicia, los bienes inmuebles deberán de cubrir todo tipo de derecho, impuesto o gravamen que corresponda.

Es el caso, que algunos Municipios de nuestro país, como Tijuana, Baja California; Cancún (Benito Juárez), Quintana Roo; Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; Torreón, Coahuila; Tampico, Tamaulipas; etc; actualmente se encuentran tramitando diversos juicios ante autoridades locales y federales, por haber intentado sobre todo, cobrar el Impuesto Predial y las licencias de operatividad mercantil y de venta de alcoholes de los diversos comercios que se instalan en las terminales aéreas o aeropuertos que se encuentran en sus ciudades.

Incluso, cuando han intentado internarse en las instalaciones para verificar el cumplimiento de la normatividad municipal, han sido detenidos y obstaculizados tanto por los concesionarios como por la propia policía federal y hasta el ejército nacional.

Igualmente, por desconocimiento, ignorancia de la debida interpretación del espíritu de nuestra Máxima Ley y por no encontrarse plasmado en específico en una ley secundaria, es que los propios tribunales jurisdiccionales han desechado en algunos casos, los asuntos referentes al que nos ocupa.

A mayor abundamiento, es del conocimiento general, que los propios concesionarios aducen que por prestar un Servicio Público y por encontrarse dentro de un Bien del Dominio Público de la Nación, NO se encuentran obligados a cubrir ningún impuesto, derecho, gravamen, tributación o contribución municipal, tales como (de manera enunciativa mas no limitativa), Impuesto Predial, Derecho por Arrendamiento de Cajones de Estacionamiento, Licencia y/o Permiso de Operatividad de Giros Mercantiles y/o Comerciales, Licencias y/o Permisos de Venta de Alcoholes, Servicio de Agua, Alcantarillado y/o Drenaje, Permiso y/o Licencia para Giros Especiales y/o Restringidos, Licencias y/o Permisos para colocación de Anuncios y/o Carteleras, Recolección de Residuos Sólidos, etc.

Es verdad que tales concesionarios prestan un servicio público y que el bien inmueble donde se ubican las terminales aéreas en principio se reputan como bienes del dominio público (artículos 1 y 2 de la Ley de Aeropuertos y 2 fracción V de la Ley General de Bienes Nacionales), sin embargo, prestan una serie de servicios y cuestiones accesorias que son completamente diversos a los de su objeto público; por lo que estos SI SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A CUBRIR TODA CONTRIBUCION MUNICIPAL. Tal y como lo refiere la propia Constitución Federal y que ya fue objeto de análisis en párrafos anteriores.

Refuerza lo exteriorizado, el que el numeral 31, fracción IV, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos dicta, que todos estamos obligados a contribuir a los gastos públicos, de los tres órdenes de gobierno donde se resida o se realice la actividad; luego, si la terminal aérea se encuentra dentro de los límites de demarcación de determinado municipio, debe contribuir con su hacienda. Más aun, cuando el objeto del Impuesto Predial es el gravar la propiedad, usufructo o posesión del inmueble y sus construcciones (artículo 115, fracción IV, inciso a, de la Constitución Federal); por lo tanto, no se impone una carga impositiva al espacio aéreo nacional por el que transitan las aeronaves ni al servicio público de transporte aéreo que están reservados para la federación. Con lo que no se vulnera el diverso 73, fracción XXIX, punto 4 de la Carta Magna.

En otras palabras, la carga tributaria del pago del predial está dirigida a la posesión del inmueble, y no al servicio público que realizan los concesionarios de la operación de los aeropuertos, por lo que no hay razón por la que estos últimos queden exentos del pago del impuesto referido, máxime cuando gran parte del espacio de un aeropuerto está destinado a servicios distintos al servicio público concesionado, como lo son las áreas respectivas que corresponden a restaurantes, locales comerciales, renta de autos, oficinas diversas, comedor de empleados, estacionamientos, etc.

Por lo tanto, deben aportar, presentar y tramitar todo tipo de licencias y permisos municipales, por aquellas áreas no relacionadas de manera directa con la prestación del servicio de transporte aéreo, los espacios destinados a servicios distintos al servicio público concesionado.

Actualmente, existen tres grandes empresas que administran los principales 20 puertos aéreos de México, como son OMA, ASUR y GAP, los que hasta la fecha no han aportado las contribuciones municipales a las que se encuentran inexcusablemente ligados y que impactan negativamente en las finanzas de nuestras ciudades; urbes a las cuales si les exigen que haya accesos adecuados y que les brinden todo tipo de servicio público de forma pronta, adecuada y expedita. 

En ese tenor y para evitar que con artimañas legales se pretenda evadir la responsabilidad del pago a que tienen derecho los municipios, es que se presenta esta Iniciativa de reforma a la Ley de Aeropuertos e incluso pueda revocarse la Concesión ante la omisión del pago de los derechos, permisos, gravámenes e impuestos municipales; tal y como ya lo ordena la fracción XVI del artículo 27 de la propia normatividad en cita.

En mérito de lo antes expuesto, se presenta a la consideración de ésta H. Soberanía:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN XII Y ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE AEROPUERTOS.


LEY DE AEROPUERTOS

CAPITULO III
De las concesiones y de los permisos

Sección Tercera
Disposiciones Comunes

Artículo 25. El título de concesión o permiso, según sea el caso, deberá contener, entre otros:

I. El…

II. El…

III. La…

IV. Las…

V. El…

VI. Las…

VII. Los…

VIII. Los…

IX. La…

X. Los…

XI. El…

XII. Las características y el monto de la garantía que, en su caso, deberá otorgar el concesionario,

XIII. En…

XIV. La obligación de cubrir a los gobiernos Estatales o Municipales, todo tipo de carga impositiva que grave la propiedad, posesión o usufructo del predio donde se ubique o construya la terminal aérea o la concesión o permiso y construcciones existentes; y

XV. La obligación de solicitar a los gobiernos Estatales o Municipales, todo tipo de permisos o licencias para los espacios destinados a servicios distintos o relacionados de manera indirecta con la prestación del servicio público concesionado; prestados directamente por el concesionario o permisionario o por terceros que hayan sido autorizados por este.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 25 de mayo de 2016.

Dip. Cynthia Gissel García Soberanes.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Diputado González Murillo. Túrnese la presente iniciativa a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.





 

Pasamos al siguiente bloque de la sesión del día de hoy, que tiene que ver con los dictámenes que están en el orden planteados desde la sesión anterior, son dictámenes de la Segunda Comisión.

En consecuencia, pasamos a la discusión de un dictamen, por el que se exhorta a los candidatos de las elecciones del 5 de junio de 2016, para que en caso de que resulten electos, garanticen los principios de igualdad y paridad de género en la estructuración e integración de sus respectivos gabinetes. Este dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión el presente dictamen.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum, a fin de que haga comentarios relativos al presente dictamen.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Bueno, nuestro voto es a favor.

Ustedes saben que tenemos elecciones en 12 estados de la República y las intermedias de Baja California y el tema de la paridad ha estado muy debatido, que si es vertical, que si es horizontal, que si hasta dónde permea, que si qué poderes. Y la paridad eso es.

La democracia paritaria tiene que ver con todos los niveles de gobierno, en todos los poderes y la solicitud que estamos haciendo del dictamen, la propuesta es que se respete este tema paritario en los estados que tienen elección este próximo 5 de junio.

El afán no es un tema aritmético, no es tema solamente de 50 a 50. Hoy el gran debate es el tema de capacidades y habilidades de las mujeres.

Me parece que hay ejemplos muy buenos, dentro y fuera del país, sobre la participación política de las mujeres como un derecho humano.

El derecho humano va a tener igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, también en los gabinetes de los gobiernos estatales, y esto forma parte de una ley que aprobamos hace tiempo que es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en su artículo número 36.

Este punto de Acuerdo que es a favor, es en referencia a la participación igualitaria en los gabinetes de los gobiernos estatales que están en juego para este próximo 5 de junio.

Por supuesto que estamos a favor.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Senadora Gastélum Bajo.

También está enlistado para hacer uso de la palabra el Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre este tema.

El Diputado Omar Ortega Álvarez: Con su venia, señor Presidente. Compañeros legisladores:

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se manifiesta a favor del presente dictamen, ya que consideramos que la participación política social y económica de las mujeres es fundamental para impulsar la perfectiva incluyente no solamente a nivel nacional sino también a nivel estatal y por supuesto en el ámbito municipal.

En esta coyuntura electoral aspiramos a que los nuevos titulares de los ejecutivos locales que resulten electos conforme a sus equipos de gobierno y a la estructuración de sus respectivos gabinetes, bajo este principio de equidad y de igualdad de género, el cual estaría en concordancia con lo establecido en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en la cual los Estados parte se comprometen a realizar acciones legislativas y de gobierno como la que estamos aquí discutiendo, para que las mujeres puedan participar abierta y libremente en la formulación de las políticas gubernamentales en la ejecución de éstas, además de ocupar cargos públicos en lo local, municipal, estatal y federal. Sin embargo, consideramos que como este principio también deben observarse otros que son de enorme relevancia.

Un buen gobierno, como es la actitud ética indeclinable para combatir la corrupción y la impunidad, que están carcomiendo la salud de la República, las prácticas electorales clientelares y el corporativismo, la compra del voto, el uso electorero de los programas sociales, la manipulación mediática del electorado, la cooptación de la voluntad ciudadana y la perversión del Sufragio Efectivo, que degeneren desde su origen a la función de gobierno.

Nosotros, en el Partido de la Revolución Democrática, nos pronunciamos porque de esta jornada comicial del 5 de junio, surjan verdaderos gobiernos representativos y democráticos, que signifiquen un cambio real a la conducción de los principios que rigen la vida pública de los gobiernos locales que serían electos.

Es nuestro deber, como legisladores de la República, generar las condiciones propias para que esto se pueda dar en lo inmediato, atendiendo la emergencia y el deterioro de la vida pública que se manifiesta no solamente en los estados en los que habrá elecciones, sino también a lo largo y ancho del país.

Es nuestra obligación coadyuvar desde el ejercicio de nuestras funciones y atribuciones a que se logre este cambio.

Nosotros no seremos cómplices pasivos de esta grave situación, nosotros, en congruencia con nuestros principios, seguiremos impulsando la elección de gobiernos democráticos que emanen de la voluntad popular, que después de las elecciones sean quienes sean, se trate de quien se trate, les exigiremos que actúen con gran sentido de responsabilidad y honestidad, con transparencia y acatamiento a las leyes que nos hemos dado, y que en su momento acaten el juramento que habrán de guardar y hacer guardar el orden constitucional de la República.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Diputado Ortega Álvarez.

Al no haber más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.





 

Enseguida tenemos la discusión del dictamen por el que se exhorta a fortalecer las campañas informativas y preventivas para hacer frente a los riesgos que representan las altas temperaturas para la salud. El dictamen está publicado en la Gaceta.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión el presente dictamen.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el dictamen que tiene que ver en su parte conducente a los protocolos y políticas públicas diseñadas para atender los riesgos que representan las altas temperaturas para la salud.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

La salud es un derecho universal e imprescindible para el desarrollo pleno de las personas a lo largo de su vida.

El Estado es el responsable de tomar las previsiones e implementar las políticas públicas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho fundamental, de ahí, la transferencia y la trascendencia que reviste el presente dictamen.

Desde el inicio de la actual administración, el gobierno de la República se comprometió con el acceso a los servicios de salud de calidad para todos los mexicanos.

En este sentido, las y los Senadores proponentes manifiestan su preocupación por las altas temperaturas que afectan al país en las semanas anteriores, cabe señalar que el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó temperaturas que van de los 35 a los 40 grados Celsius, e inclusive superiores a los 40 grados Celsius en diferentes entidades federativas.

Es sabido que las altas temperaturas afectan directamente la salud de las personas, toda vez que aumentan los niveles de ozono en el aire y de otros contaminantes, a la vez que contribuyen a la aparición y al aumento de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y de epidemias, sobre todo en personas de la tercera edad, en niñas, niños y en personas con vulnerabilidad, como las personas con discapacidad.

Para atender esta situación que afecta a millones de mexicanos, refiere que la Comisión Nacional de Agua emitió una serie de recomendaciones, como mantenerse pendientes de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil y las autoridades estatales y municipales; hidratarse y no exponerse al sol durante tiempos prolongados.

El cambio climático es un fenómeno global que provoca cambios bruscos de temperatura, pasando de sequías a lluvias y de frío a altas temperaturas afectando a la salud de las personas.

De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, entre 2030 y 2050, el cambio climático causará unas 250 mil defunciones adicionales cada año, debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico, por su parte, el reporte científico de reconocido servicio meteorológico británico, Met Office, menciona que este año será el más caluroso de la historia.

El panorama no es nada halagüeño. Se prevé un aumento de las temperaturas globales a nivel récord, superando inclusive históricas registradas en los años anteriores.

Por lo anterior, es necesario y urgente llevar a cabo medidas oportunas, efectivas, integrales y preventivas para atender la situación que afecta a millones de personas en todo el país.

Coincidimos con los proponentes en el sentido de que a la brevedad posible la Secretaría de Salud y sus homólogas en las entidades federativas, fortalezcan las campañas informátivas sobre las medidas para prevenir afectaciones y daños a la salud ocasionadas por el calor, con el propósito de contar con más y mejores mecanismos de prevención e información de las enfermedades asociadas a estos fenómenos climatológicos.

En el grupo parlamentario del PRI, compartimos este interés y preocupación por los promoventes para que se ejecuten las medidas necesarias para que se informe a la población sobre los riesgos que representan las altas temperaturas para la salud.

Estamos convencidos de que la protección a la salud constituye un derecho fundamental a la población, por lo que es necesario y urgente instrumentar políticas públicas responsables, integrales y eficaces que minimicen su aspecto a la salud de los mexicanos, y por ello los invitamos a votar a favor de este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Senadora De la Torre Valdez.

Se inserta intervención del Diputado Adolfo Mota Hernández.

El Diputado Adolfo Mota Hernández: Intervención. Con el permiso mde la Presidencia.



Al no haber más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión del dictamen de la Segunda Comisión, que exhorta a informar sobre los protocolos y políticas públicas diseñadas para atender las pérdidas gestacionales en el Sistema Nacional de Salud. El dictamen está publicado en la Gaceta.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión el presente dictamen.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Carmen Dorantes Martínez: Gracias, buenos días. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

El dictamen que hoy sometemos a su consideración es de gran relevancia en virtud de que visibiliza la problemática de miles de mujeres que tienen que enfrentar las consecuencias físicas, sociales y emocionales derivadas de una pérdida gestacional.

La pérdida gestacional representa un factor de riesgo relacionado con diversas afectaciones tales como depresión, ansiedad, trastornos de estrés, sobre todo estrés postraumático, trastornos de sueño, complicaciones en posteriores embarazos, duelo patológico, situaciones que pueden causar ausentismo laboral y escolar, lo cual puede significar una afectación en la economía familiar.

En este sentido, tal como lo señalan los promoventes, una reacción sensible y solidaria ante esta problemática puede facilitar el proceso para superar esta pérdida, en ello radica la pertinencia del punto de Acuerdo contenido en el presente dictamen porque busca que las instituciones de salud y el Estado mexicano, coadyuven desde sus atribuciones y desde una perspectiva de derechos humanos, a que las mujeres que sufren pérdidas gestacionales puedan tener una recuperación física y emocional.

Asimismo, es importante resaltar que nuestro marco normativo de salud cuenta con los mecanismos para prevenir la muerte gestacional.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana, NOM-007-SSA2-1993, referente a la atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y del recién nacido, criterios y procedimientos para la prestación del servicio, los daños obstétricos y los riesgos para la salud tanto de la madre y el niño, y que pueden ser prevenidos, detectados y tratados con éxito.

De igual forma las instituciones laborales deben ser sensibles a esta situación que enfrentan las mujeres, que sufrieron una pérdida gestacional a fin de no afectar la economía familiar, para lo cual establecer desde el ámbito de sus atribuciones los mecanismos y procedimientos para dicho fin. Es necesario que se otorgue una mayor protección a las mujeres que han sufrido pérdida gestacional.

En el caso de España, es referente y es un ejemplo claro de ello porque establece el derecho al permiso de maternidad, seis semanas sin reducción de la prestación económica, en los casos de pérdidas a partir de los 180 días de vida intrauterina o muerte en menores.

Compañeras y compañeros, los legisladores del PRI consideramos que es necesario que la sociedad tome conciencia sobre estas problemáticas que representan para las mujeres una pérdida gestacional, consideramos que las instituciones de salud deben establecer protocolos para la atención de las mujeres y sus familias que sufrieron este tipo de pérdida, que sean aplicados por personal capacitado a fin de tener la atención psicológica, emocional, adecuada y necesaria.

Las legisladoras y legisladores del PRI no hemos sido ajenos a esta situación, prueba de ello son las distintas iniciativas que hemos presentado para prevenir, erradicar toda forma de violencia, incluida la obstétrica, lo cual demuestra el compromiso del Congreso de la Unión para garantizar el derecho a la salud de las mujeres.

En virtud de estos argumentos, en el grupo parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Senadora Dorantes Martínez.

Al no haber más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión del siguiente dictamen que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer los programas para prevenir la violencia obstétrica y garantizar una atención oportuna, de calidad e integral a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. El dictamen está publicado en la Gaceta.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión el dictamen.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que exprese el posicionamiento del grupo parlamentario sobre el presente dictamen.

La Senadora Carmen Dorantes Martínez: Con su permiso, señor Presidente.

La violencia obstétrica vulnera el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y deja de manifiesto diversas áreas de oportunidad para los gobiernos locales, de garantizar el acceso a un sistema de salud eficiente, universal y de calidad.

Este tipo de violencia se ha identificado durante el embarazo, parto y puerperio. Los casos analizados evidencian que no se trata de forma adecuada y oportuna, y dejan secuelas físicas y psicológicas importantes e irreversibles para la madre, sus hijos y la familia.

En particular, la violencia obstétrica se traduce en cualquier acción u omisión por parte del personal del Sector Salud que limite el acceso a los servicios reproductivos de calidad y que se materializan en trato inhumano o degradante para sus pacientes.

Lamentablemente los casos denunciados han aumentado en los últimos meses debido a la falta de acceso a los servicios básicos de salud, basta mencionar que al menos el 75 por ciento de las mujeres en México han requerido asistencia médica y, por lo tanto, han estado expuestas a sufrir este tipo de omisiones.

Por tal motivo, es necesario impulsar programas de capacitación sobre derechos humanos con perspectiva de género para prevenir que las mujeres sean víctimas de violencia obstétrica.

Compañeras y compañeros, con el voto a favor de todos ustedes será posible reforzar las medidas a mejorar la prestación de los servicios en los hospitales del país con médicos especialistas y enfermeras capacitadas en el tratamiento adecuado de las mujeres que estén en labor de parto.

Como legisladoras y legisladores federales, no podemos ni tampoco debemos permitir que los casos de violencia obstétrica formen parte de nuestra vida cotidiana, y en el que se discrimine o se nieguen los servicios de salud materna, ni tampoco que la atención sea deficiente en detrimento de la salud de las mexicanas.

Hagamos lo necesario para que las mujeres de México tengan una atención oportuna, de calidad e integral durante el embarazo, el parto y el puerperio, y de no ser así tengan los mecanismos para denunciar estas prácticas que están catalogadas como delitos para que los responsables sean sancionados conforme a derecho.

Bajo estas consideraciones votaremos a favor del presente dictamen, por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que fortalezcan los programas, estrategias y políticas públicas encaminadas a prevenir la violencia obstétrica.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Senadora Dorantes Martínez.

Al no haber más oradores registrados sobre el presente dictamen, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.





 

A continuación, tenemos la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, por el que se exhorta a fortalecer los programas y las políticas públicas encaminadas a prevenir y atender la Diabetes Mellitus. El presente dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión el dictamen.

Se encuentra enlistada, para hacer uso de la palabra sobre este dictamen, nuestra compañera Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Diputada Xitlalic Ceja García: Con su permiso, señor Presidente.

Una de las principales preocupaciones para las y los legisladores del PRI es el cuidado, conservación y protección de la salud. Por ello coincido plenamente en el espíritu del dictamen que hoy se somete a nuestra consideración.

El derecho y el acceso a la salud está consagrado en el marco nacional e internacional y, en consecuencia, debe ser protegido desde todas sus vertientes.

En el caso que hoy nos convoca, lo primero que quiero destacar, es que el acuerdo de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 de la población de 20 años y más con diabetes, menos de la mitad realizó alguna medida de prevención.

De no tomar las medidas necesarias, se corre el grave riesgo de que en el año 2030 la diabetes se convierta en la séptima causa de mortalidad, situación que de ninguna manera podemos permitir.

La Diabetes Mellitus, conocida comúnmente como diabetes, es una enfermedad crónica degenerativa que se presenta cuando el páncreas no produce insulina, y bien la que se produce no es utilizada de manera eficiente por el organismo.

Aunque el tipo 1 se presenta a cualquier edad, afecta con mayor frecuencia a niños, adolescentes o adultos jóvenes y cuando hay antecedentes familiares directos.

En cuanto al tipo 2, ésta es la forma más común, generalmente se presenta en edad adulta y los factores que aumentan su riesgo son el sobrepeso, una mala dieta, inactividad física, sedentarismo, hipertensión e intolerancia a la glucosa.

El “Informe Mundial Sobre la Diabetes” publicado por la Organización Mundial de la Salud, señala que en las últimas décadas ha aumentado de manera alarmante el total de casos y la prevalencia de diabetes a nivel global. De 108 millones de casos en adultos registrados en 1980, pasaron a 422 millones en 2014.

Lo anterior se torna aún más complejo si tenemos en cuenta que el sobrepeso y la obesidad son los principales factores de riesgo para que se desarrolle la diabetes, rubros en los que tenemos los más altos índices a nivel infantil.

Es indispensable que la Secretaría de Salud y sus homólogas, concentren esfuerzos y así combatir las complicaciones inherentes a esta enfermedad, tales como ataques cardiacos, accidentes cerebro vasculares, insuficiencia, la amputación de piernas, pérdida de visión y daños neurológicos.

Hoy me refiero a todas estas personas que viven con esta enfermedad y a las que representamos, y que hoy exigen que estos puntos de Acuerdo sean aprobados por este Pleno.

Todos conocemos algún familiar que está pasando por alguna situación y por esta enfermedad, y a ellos, a nuestros representados, les debemos el respeto y que se pueda aprobar este dictamen.

Y también debo comentar que de las afectaciones a la salud, la diabetes tiene un impacto negativo en las finanzas públicas, la economía y tranquilidad de las familias mexicanas. Cabe destacar que en las políticas públicas prevenir siempre será muchísimo más rentable para el Estado que actuar en consecuencia.

Por ello la invitación es que todos los legisladores podamos votar a favor de este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Diputada Ceja García.

Al no haber más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión del dictamen que exhorta a fortalecer las campañas de concientización, diagnóstico oportuno y prevención del cáncer de próstata. El dictamen está publicado en la Gaceta.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura al dictamen:



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. Está a discusión el presente dictamen.

Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente dictamen.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Aprobado el dictamen. Comuníquese.

Esta Presidencia saluda la presencia de la señora Tereza Campello, Ministra de Desarrollo Social y Combate al Hambre del Gobierno de la Presidenta Dilma Rousseff; y al señor Helmut Schwarzer, Especialista Principal en Protección Social de la Organización Internacional del Trabajo, invitados a esta sesión por los Senadores Angélica de la Peña Gómez y Fernando Enrique Mayans Canabal.

¡Sean ustedes bienvenidos!





 

Continuamos con nuestro Orden del Día y pasamos a la discusión del dictamen por el que se solicita a la Secretaría de Salud lleve a cabo acciones para la detección del Lupus Eritematoso Sistémico. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Gracias. En consecuencia, está a discusión el presente dictamen. Consulto si hay algún orador para referirse a este asunto.

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Xitlalic Ceja, en relación al presente dictamen.

La Diputada Xitlalic Ceja García: Con su permiso, señor Presidente.

El Lupus Eritematoso Sistémico es una enfermedad en la que el cuerpo produce auto anticuerpos dirigidos hacia las propias células y tejidos sanos, y la cual es más frecuente entre mujeres de 15 a 45 años de edad.

Según datos de la Fundación Mexicana para Enfermes Reumáticos A.C, por cada 9 mujeres con esta enfermedad sólo hay un hombre que la padece, y de acuerdo con la Fundación de Lupus de América, alrededor de 5 millones de personas en el mundo viven con Lupus.

En México se estima que el .5 por ciento de la población es afectada por esta enfermedad, sin embargo nuestro país aún no cuenta con datos epidemiológicos, precisos sobre los casos de Lupus, incluso, cuando México ha hecho grandes aportaciones para este estudio.

Además de ser una enfermedad aún incurable, el diagnóstico tiene altos costos y su tratamiento es prolongado por sus medicamentos y porque requiere de otras especialidades médicas. De no ser diagnosticada a tiempo, la Lupus puede llegar a ser mortal.

El artículo 4o. de la Constitución, así como el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, garantizan el derecho a la protección de la salud de las personas. Por otro lado, es la Secretaría de Salud la encargada de establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general.

Compañeras y compañeros legisladores, hoy me dirijo a todas aquellas personas que padecen esta enfermedad y que al parecer, por no ser tan ostensible, es difícil que muchísimas personas que tienen un trabajo sean también comprendidas en este aspecto.

Para garantizar el acceso a la salud y la seguridad de la población, es necesario que las autoridades en materia de salud emprendan las acciones necesarias para informar, investigar, diagnosticar y tratar la enfermedad de Lupus y para ello es necesario personal capacitado adecuadamente, mayor inversión en investigación, certificación de laboratorios y una base de datos actualizada sobre el número de personas que padecen esta enfermedad.

Sin duda, los esfuerzos del gobierno federal han sido grandes, pero necesitamos aún mayores esfuerzos para poder combatir esta enfermedad.

Por lo anterior, en el grupo parlamentario del PRI nos posicionamos a favor del presente dictamen, con la convicción de que será un coadyuvante para prevenir la salud de las personas con Lupus.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Diputada Ceja García.

Al no haber más oradores inscritos, solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la lectura de los dictámenes de la Tercera Comisión que están reservados, de la sesión del pasado 18 de mayo.

Para iniciar les informo que a solicitud de los grupos parlamentarios se retiró de su discusión el dictamen en torno al tráfico de Buche de Totoaba.

En consecuencia, pasamos a la discusión del dictamen sobre incendios forestales. Este dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. Consulto a la Asamblea si hay algún orador para referirse a este asunto.

Al no haber orador registrado, y al estar registrado el dictamen y no haberse inscrito nadie, solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Diputado Alejandro Domínguez Domínguez: Gracias. Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.





 

Tenemos la discusión del dictamen que exhorta a la Secretaría de Turismo a implementar una campaña de difusión sobre el programa “Viajemos Todos por México”. El dictamen está publicado en la Gaceta.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Alfredo Bejos Nicolás, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación al presente dictamen.

El Diputado Alfredo Bejos Nicolás: Muchas gracias, señor Presidente.

El pasado 25 de abril el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al inaugurar el “Tianguis Turístico México” en la Ciudad de Guadalajara, anunció la puesta en marcha del programa “Viajemos Todos por México”. El objetivo del programa es dar dinamismo a las economías locales y regionales del país apoyando el desarrollo de los destinos turísticos con una visión de crecimiento sostenible que privilegie la perspectiva del mercado y convocando esfuerzos del sector privado y de la sociedad civil para sumar en forma coordinada a todos los prestadores de servicios turísticos y a las diversas organizaciones aprovechando sus capacidades locales, de estructura subutilizada y mejorando la ocupación en temporadas bajas.

México es un país con una gran variedad de destinos turísticos, tenemos playas espectaculares para descansar, desiertos con paisajes impresionantes para disfrutar; pueblos mágicos que recorrer, ciudades metropolitanas para divertirse, zonas arqueológicas que descubrir, así como selvas, cascadas, valles y muchas otras maravillas.

Por esto es que nuestro país se ha convertido en uno de los principales destino turísticos a nivel mundial.

En 2015 México pasó del décimo al noveno lugar en número de turistas internacionales de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo; el año pasado México registró un crecimiento anual de 9.5 por ciento en el arribo de turistas internacionales superando el 6.2 por ciento reportado por Rusia, quien ocupaba el noveno lugar; esto en número quiere decir que en un año recibimos 32.1 millones de visitantes generando una derrama económica muy importante. Este es un número impresionante y más si tomamos en cuenta el avance y el crecimiento de este sector, es por ello que resulta de suma importancia promover los programas que en el sector turístico se han implementado en beneficio del turismo nacional.

El programa “Viajemos Todos por México” viene a reafirmar la Estrategia Nacional de Turismo Social del gobierno Federal, para que más mexicanos tengan la oportunidad de viajar y conocer este gran país.

Por tal motivo, votaremos a favor del presente dictamen.

Es cuanto, Diputado Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Diputado Bejos Nicolás.

Al no haber más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a los dictámenes aprobados en comisiones el día de ayer, sobre los que no hay oradores registrados.

Primero, les anuncio que se han retirado de su discusión y se devolverán a comisiones dos dictámenes relativos al diario “Vanguardia” del estado de Coahuila.

Solicito a la Secretaria dé cuenta de los dictámenes de la Primera Comisión que no tienen oradores para su discusión.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy cuenta con los dictámenes.

Tenemos siete dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

Por el que se solicita informar sobre los avances en la investigación en el caso de abuso sexual contra niñas y niños del kínder “Montessori Matatena”.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se exhorta al presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, así como al Poder Ejecutivo del estado de Morelos, a reformar las acciones que emanan de los convenios de participación ciudadana del programa “Adopta una Patrulla”.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se solicita información de los alcances y resultados de las diversas acciones que se están implementando en el estado de Guerrero, en materia de seguridad pública.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se exhorta a garantizar la libertad de expresión y seguridad a defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, brinde información sobre el estado que guarda la acción de inconstitucionalidad, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la que impugnó la Ley de Movilidad del Distrito Federal.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se solicita información respecto de los avances en la investigación de los hechos denunciados en la averiguación previa iniciada por los delitos de agresiones y robo cometidos en contra de ciudadanos en la colonia Romero Rubio, de la delegación Venustiano Carranza.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se solicita a las autoridades que, en aquellos casos en que la información deba mantenerse reservada, informe su determinación.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes de la Primera Comisión, en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Gracias. Consulto si alguien desea reservar alguno de los dictámenes anunciados por la Secretaria.

Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día y así se hacen del conocimiento de la Asamblea, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes sobre los puntos de Acuerdo que se han referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Solicito a la Secretaría dé cuenta ahora con los dictámenes de la Segunda Comisión que no tienen oradores para discusión.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy cuenta de los dictámenes.

Tenemos 13 dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

Por el que se exhorta a intensificar las acciones tendientes a erradicar la violencia feminicida en el país.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se exhorta a diversas autoridades a realizar acciones relacionadas con los centros educativos temporales para trabajadores jornaleros agrícolas acompañados de sus familias.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Relativo a la enfermedad de Lyme.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

En torno al interés superior de la niñez.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se exhorta a promover campañas informativas y reforzar las acciones para prevenir y atender los efectos adversos en la salud de las personas por el consumo de bebidas energizantes mezcladas con alcohol.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se exhorta a las legislaturas locales de las entidades federativas a reconocer y legislar el acoso sexual en el ámbito público.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se solicita fortalecer las campañas diseñadas para prevenir y atender a los pacientes afectados por Dengue, Chikungunya y Zika.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

En torno a la venta de productos médicos falsificados.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se exhorta implementar campañas para incentivar las visitas a los museos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se exhorta a remitir un informe sobre el estado que guardan las acciones emprendidas para concretar el proceso de regularización, re-categorización y homologación del nivel salarial de la plantilla docente del Colegio de Bachilleres del estado de Yucatán.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se exhorta a realizar un diagnóstico sobre el uso de la medicina tradicional y complementaria en nuestro país.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se solicita fortalecer y profundizar las investigaciones sobre los casos de presunta pederastia en el kínder "Montessori Matatena”.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Y por el que se considera sin materia la proposición que cita a comparecer a diversas autoridades en torno al traslado de Joaquín Guzmán Loera.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. Consulto si alguien desea reservar alguno de los dictámenes anunciados por la Secretaría.

Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día y así se hacen del conocimiento de la Asamblea, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes sobre los puntos de Acuerdo que se han referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Enseguida solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes de la Tercera Comisión que no tienen oradores para su discusión.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy cuenta de los dictámenes.

Tenemos seis dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

Por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a las autoridades del gobierno del estado de Jalisco, así como a los municipios de Guadalajara y Zapopan, a evaluar la posibilidad de consolidar un régimen de protección ambiental óptimo para el Bosque Los Colomos, secciones I, II y III, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano, considerando decretar la veda por 20 años en la zona de Bosque Colomos III.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a remitir un informe respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana, “PROY-NOM-199-SCFI-2015”.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a implementar las medidas necesarias, a fin de agilizar las investigaciones en torno a delitos en materia de hidrocarburos cometidos en las entidades federativas en las que se presente este delito.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a evaluar las condiciones operativas del Aeropuerto Internacional de Guanajuato y el cumplimiento del contrato de concesión realizado a favor del Aeropuerto del Bajío.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, con base en las investigaciones sobre el incendio en el Cerro de la Cruz, localizado en Uruapan, Michoacán, no autorice ningún cambio de uso de suelo ni cualquier otra actividad que no sea de restauración y de manejo forestal sustentable. Queda sin materia y definitivamente concluido.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a revisar si existen cobros indebidos realizados a usuarios por parte de las empresas telefónicas móviles en las ciudades y poblados de la frontera sur del país y, en su caso, aplicar sanciones.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. Consulto si alguien desea reservar alguno de los dictámenes anunciados por la Secretaría.

Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de este día, y así se hacen del conocimiento de esta Asamblea, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes con puntos de Acuerdo que se han referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Vamos a pasar a la discusión de los dictámenes de la Primera Comisión, que fueron reservados para su discusión.

El primero, por el que se exhorta a las legislaturas de los estados de Aguascalientes, Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas a que tipifiquen como delito el acoso sexual en su legislación penal respectiva. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. Consulto a la Asamblea si existen oradores que se quieran referir al dictamen de la Primera Comisión al que ha dado cuenta la Secretaría.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, señor Presidente.

Bueno, el día de ayer estuvimos analizando esta solicitud, que es muy importante, el tema del acoso sexual y pareciera que va de la mano con el tema del hostigamiento laboral, son dos de los problemas más serios que las mujeres padecen, fuera y dentro del trabajo.

Hay datos muy interesantes en Naciones Unidas que refiere que al menos el 70 por ciento de las mujeres han referido algún tipo de acoso sexual. Este es uno de los problemas más preocupantes que tenemos en el tema que tanto hemos tratado y luchado, de la violencia en contra de las mujeres.

Dentro de este punto de Acuerdo hay un dato muy interesante acerca del transporte colectivo de la Ciudad de México, sobre lo que refiere en el primer trimestre del año, acerca del acoso que se sufre adentro del transporte de esta ciudad, pero no solamente aquí, en las fuentes de empleo y en casa.

El tema del acoso sexual ha caminado de manera impresionante, y muchos estados, exactamente la mitad, 16 estados de la República, han hecho un esfuerzo muy importante para establecer en la legislación penal este apartado de acoso sexual, tipificarlo, como debe de llamarse, este es un delito, un delito frecuente que padecemos, que padecen las mujeres y las niñas de este país.

Luego entonces, hoy escuchábamos a la Secretaria de la Mesa Directiva referirse exactamente a los 16 estados que no tienen todavía tipificado el delito de acoso sexual.

Nosotros vamos a votar a favor porque consideramos que el tema de la seguridad de las mujeres es un tema de seguridad nacional, no es cualquier tema, estamos hablando de la vida, de la seguridad de las mujeres, y que además subrayadamente se ha manejado, que es un tema de salud pública. Tanto las dos cosas, la seguridad nacional y la salud pública, no pueden estar ajenas de la vida de las niñas y las mujeres de este país.

Y la invitación es que votemos a favor, y desde aquí invitamos, muy respetuosamente a los estados que no han legislado en la materia, lo puedan hacer, que son exactamente 16 estados de la República.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Al no haber más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión del dictamen por el que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a implementar operativos para agilizar la circulación vehicular en la entidad, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. El dictamen está publicado en la Gaceta.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias. El dictamen está a discusión.

Se han registrado como oradores la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Partido Acción Nacional y el Senador Jesús Casillas Romero, del Partido Revolucionario Institucional.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señor Presidente.

Compartirles que el día de ayer en la Tercera Comisión tuvimos al Secretario de Medio Ambiente Federal, al Director de la CAMe y, también, al doctor Mario Molina.

Quiero decirles que fue muy afortunado el que hayamos podido intercambiar puntos de vista sobre lo que está ocurriendo en la Ciudad de México, sobre lo que está ocurriendo en cuanto a calidad del aire se refiere. Y quiero destacar que desafortunadamente, desde el año 2004, justo en ese año, obtuvimos un récord Guinness como Ciudad de México, ojalá que se obtuviera el récord Guinness por muchos otros temas, pero lo obtuvimos por ser la ciudad más contaminada del mundo.

Han pasado los años, estamos hablando de por lo menos en los últimos 20 años, y desafortunadamente se le ha invertido muy poco al Metro de la Ciudad de México, y quiero ponerles un ejemplo, si nos comparamos con el Metro de Madrid, o si nos comparamos con el Metro de Londres, quiero decirles cómo están las cosas acá.

Primero, en los seis años de Andrés Manuel López Obrador, decidió no construir un solo metro del Sistema de Transporte Colectivo Metro; privilegió a los usuarios de automóvil, incentivó el uso del automóvil. Ustedes recordarán los segundos pisos que se construyeron, y lo mismo está ocurriendo con la actual administración, no se ha construido un solo centímetro del Metro.

El que construyó que fue la Línea 12, acompañado por el gobierno federal también, porque se le inyectó a la ciudad recurso para que hubiese más Metro y siguiéramos con el plan maestro del Metro que tenemos en la ciudad, que hoy está sin concluir y, por eso, en muchos rincones de nuestra ciudad la gente no tiene Metro, porque hay un plan maestro, inconcluso.

Quiero compartirles que el Metro de Madrid, porque sí hay que compararnos con otras ciudades, tiene 297 kilómetros de líneas para atender a 7 millones de habitantes; el Metro de Londres tiene 408 kilómetros de líneas para atender a 9 millones de habitantes; en la Ciudad de México tenemos 226 kilómetros de Metro para atender a 22 millones de habitantes.

Por eso en este momento discutimos un punto de Acuerdo de este tipo, como muchos otros que hemos discutido dentro de la Comisión Permanente, porque tenemos que ver la forma en cómo mejoramos las cosas en la ciudad, cómo incentivamos el uso del transporte público, pues con mejor transporte público; si no hay mejor transporte público la gente va a seguir optando por utilizar el automóvil o se las va agenciar cuando se dé un doble “Hoy No Circula” y, desafortunadamente, pues eso es lo que ha estado ocurriendo, piden un taxi, piden un Cabify, piden un Uber, pero no necesariamente se viaja en transporte público.

Quiero, y para entrarle al tema de la velocidad promedio: Primero, la velocidad promedio en horas pico es de cerca de 10 kilómetros por hora, y según el Reporte Nacional de Movilidad Urbana 2014-2015, en la Ciudad de México los congestionamientos viales provocan la pérdida de 3.3 millones de horas-hombre al día.

En el nuevo Reglamento de Tránsito hay vehículos que tienen que circular a 20 kilómetros por hora o hasta 50 kilómetros por hora en zonas en donde no necesariamente debieran circular a esta velocidad, y lo que nosotros creemos es que se tienen que hacer las adecuaciones, de acuerdo a estándares internacionales de velocidad, para que realmente la gente ande en el automóvil con los kilómetros que debe andar, con la velocidad que debe tener.

Quiero decirles que los parámetros en los que un motor opera de manera eficiente, ocurren entre los 60 y los 85 kilómetros por hora, siempre y cuando la velocidad sea continua, que no existan topes, que no existan obstáculos que obliguen a los conductores a frenar para después volver a acelerar de golpe.

Los límites de velocidad nuevos, con los que contamos en la Ciudad de México, aumentan la emisión de contaminantes, empeoran la muy mala calidad del aire, y por eso yo me atrevo, en este punto de Acuerdo, a solicitarles a ustedes un resolutivo extra que me parece muy importante.

Me parece que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México debiera adecuar los límites de velocidades de acuerdo a estándares internacionales y las recomendaciones del Centro “Mario Molina”.

Entonces, mi propuesta sería un exhorto al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, para que, dentro de sus facultades, se haga un replanteamiento sobre los límites de velocidades de acuerdo a los estándares internacionales, y que asuma también las recomendaciones del Centro “Mario Molina”, como hemos sido insistentes.

Yo espero que este resolutivo, pues podamos todos sumarnos a este punto porque lo que queremos es que en la Ciudad de México haya una mayor movilidad y que mejore la calidad del aire.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

Se concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sí, Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza.

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: (Desde su escaño) Para hechos, por favor.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Esperaríamos a que haga uso de la palabra el Senador y lo registraríamos como siguiente orador, para hechos.

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: (Desde su escaño) Para hechos, por favor.

Recordarle a la Senadora…

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Yo le pediría que terminase el Senador Casillas Romero y se abre una ronda para hechos.

Hay Senadores registrados, siguiendo el Reglamento, tenemos que agotar la lista de legisladores registrados y luego procederíamos a hechos, Diputado, si le parece.

Gracias.

Adelante, Senador Casillas Romero.

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Otra vez el tema de la calidad del aire en el Valle de México, la Zona Metropolitana del Valle de México nos trae aquí a establecer posicionamientos de los grupos parlamentarios para buscar alternativas de solución a un problema que ya está cobrando dimensiones de salud pública.

Ya se había decretado el día de ayer la contingencia ambiental, la Fase 1 y, bueno, gracias a que el clima fue bondadoso, hubo una lluvia ayer, y logramos que hoy se mejorara un poquito la calidad del aire y se suspendiera esta contingencia ambiental en su Fase número 1 que traería como consecuencia el doble “Hoy No Circula”.

Efectivamente, yo quisiera recordar que, y de alguna manera ratificar lo que dice aquí, lo que argumentó mi compañera la Senadora Mariana Gómez del Campo, el día de ayer celebramos una reunión con autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente, nada más y nada menos que el propio Secretario estuvo presente aquí, Rafael Pacchiano, en la que de manera conjunta con especialistas como lo es el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química, y también los representantes de la propia Secretaría ante la Comisión Ambiental de la Megalópolis, establecieron ya no solamente un estudio de lo que está pasando, sino cuáles serían las estrategias a emprender a futuro para venir a mitigar un problema que, insisto, si no tomamos previsiones, esto puede llegar a situaciones realmente lamentables.

Pero en tanto esto se resuelve, nos parece importante para el grupo parlamentario del PRI, este punto de Acuerdo en el que se hace un exhorto a las autoridades de la Ciudad de México, porque a la par de lo que ya está haciendo el gobierno federal, a la par de lo que ya está haciendo esta Comisión Ambiental, pues se pueden establecer también medidas que mejoren la movilidad.

Ya se dijo aquí que la contaminación que se genera en esta ciudad, pues es provocada en su mayoría por las emisiones que están arrojando al medio ambiente los vehículos automotores.

El tema de la movilidad es un tema que no solamente está afectando la salud por la enorme contaminación, sino por lo que esto conlleva.

Ya se dijo aquí que los traslados, los desplazamientos pueden cada día hacerse más largos, más lentos, y había un estudio de hace cinco años que señalaba que la velocidad promedio en el Valle de México era del orden de los 20 kilómetros por hora. Hoy estamos en 12 y en algunos casos a 8 kilómetros por hora, que es en lo que se traslada una persona de un lugar a otro, independientemente del vehículo.

Ya se dijo aquí, lo dijo la Senadora Mariana Gómez del Campo, que son más de 3 millones 300 mil horas-hombre que se desperdician todos los días. Y nada más adicionar un dato que establece el Instituto Mexicano de la Competitividad, que dice que son pérdidas de más de 82 mil millones de pesos.

Simplemente con ese ahorro se podrían construir por lo menos dos rutas de este servicio del Metrobús articulado, solamente con el ahorro que esto generaría.

Desde luego que el Gobierno de la Ciudad de México puede hacer muchas cosas.

Creo que la decisión de establecer un límite de velocidad de 50 kilómetros por hora, no es la más adecuada. Ya sabemos que circular a menor velocidad incrementa los contaminantes y esto se debe, según tenemos entendido, a imitar modelos que se han generado en otros países, concretamente en el estado de California, en la ciudad de Los Ángeles, donde se estableció un límite de velocidad de 50 millas por hora.

Y tratando de imitarlo acá en la Ciudad de México, se confundieron y el límite lo establecieron a 50 kilómetros por hora, que obviamente no es lo conducente y nos está metiendo en este problema.

¿Qué puede hacer el Gobierno de la Ciudad de México?

Ya sabemos que hay que cambiar el parque vehicular, ya sabemos que hay que modernizar el transporte público, ya sabemos que hay que invertir más en la infraestructura para la movilidad no motorizada.

Pero mientras tanto, el Gobierno de la Ciudad de México obviamente puede hacer una campaña permanente de quitar todos los topes que no tienen razón de ser, topes que se localizan en calles donde no hay una escuela, donde no hay un hospital y que lo único que están ocasionando es hacer más lento el tráfico y propiciar más contaminación.

Obviamente un programa eficiente de bacheo. La ciudad parece queso gruyer, prácticamente las calles están llenas, y hoy que ya se están presentando las primeras lluvias, pues vemos que calles de la Delegación Cuauhtémoc, la Miguel Hidalgo, del Centro de la Ciudad, están prácticamente destrozadas porque no ha habido una campaña de mejorar los rodamientos de las calles de la Ciudad de México.

Obviamente un programa en el que por la noche se haga este tipo de trabajos para evitar seguir contaminando a la ciudad.

Sin duda yo creo que el Gobierno de la Ciudad de México se debe fajar los pantalones y de una vez por todas limpiar las calles de mobiliario que no tiene razón de ser.

Vemos muchas calles que están invadidas por puestos ambulantes que lo único que hacen es reducir el tránsito de los vehículos, el tránsito de las personas. Es realmente lamentable ver que las calles han sido prácticamente ocupadas por estos puestos.

Es buscar alternativas a los comerciantes, pero sí dejar que fluyan más los vehículos.

Obviamente ya habíamos hablado de establecer medidas para los colegios y que cuenten con el transporte escolar que evitaría que tantos vehículos vayan todos los días a llevar un solo niño, y que a lo mejor un transporte masivo pueda llevar a un grupo de niños y evitar tantos vehículos.

Los carriles especiales para que puedan circular de manera preferente vehículos que transporten a dos o más pasajeros. Ya sabemos que la inmensa mayoría de los vehículos que transitan en esta ciudad, pues apenas transportan a una sola persona. Entonces sería una buena alternativa.

Y obviamente algo que nos parece importante a todas luces a quienes somos del interior del país:

¿Cómo es posible que en esta ciudad vemos que se realizan actividades de laminado y pintura en las calles? Los talleres están prácticamente en las banquetas, en las calles y no hay una autoridad que meta en cintura a esta actividad.

Creo que estas acciones pueden, desde el Gobierno de la Ciudad de México, en tanto se resuelven los temas de fondo que se platicaron ayer, tener medidas de corto, mediano y largo plazo, ya el gobierno de la Ciudad de México puede tomar cartas en el asunto para hacer su parte y mejorar la movilidad y, desde luego, con esto, mejorar la calidad del aire.

Obviamente con esto, y por otras razones, nos parece prudente este Acuerdo. Desde luego las legisladoras y los legisladores del grupo parlamentario del PRI, estaremos votando a favor.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Senador Casillas Romero.

En razón de que no hay oradores inscritos para este tema, vamos a proceder a conceder el uso de la palabra al Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, en razón de que lo solicitó para rectificación de hechos, desde su escaño.

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: (Desde su escaño) Gracias señor Presidente, para referirme a las consideraciones que hace la Senadora Gómez del Campo.

Recordarle que López Obrador puso en marcha el Sistema de Transporte Colectivo Metrobús y el segundo piso del Periférico; y además, hacerle ver algo muy importante, que el gobernador Eruviel Ávila y otros que están frente a gobiernos que colindan con la Zona Metropolitana, nunca han puesto ni un centímetro de Metro para resolver el problema de la transportación de sus propios ciudadanos a la Ciudad de México.

Muchas gracias.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Diputado Caballero Pedraza.

Para alusiones, Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchísimas gracias.

Yo simplemente, dejar claro que el señor Andrés Manuel López Obrador no construyó un solo metro del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México, y no nada más eso, le quitó el recurso para el mantenimiento del Metro y lo utilizó para otras cosas.

Esa es la realidad de la Ciudad de México y hoy estamos padeciendo las consecuencias de lo que no hizo en seis años López Obrador por el transporte público en la ciudad.

Es cuanto.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

Al no haber más oradores…

¿Con qué objeto, Diputado Álvarez Maynez?

El Diputado Jorge Álvarez Maynez: (Desde su escaño) Para rectificación de hechos, en el mismo sentido.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Adelante, Diputado.

El Diputado Jorge Álvarez Maynez: (Desde su escaño) Yo escuché con atención, desde el día de ayer, a la Senadora.

Ella dice, habla de 22 millones de habitantes, efectivamente, no se refiere sólo a los habitantes de la Ciudad de México, sino a los del Estado de México, en el concepto de Megalópolis.

Y a mí me llama mucho la atención que haya dolo, saña, contra un individuo, contra Andrés Manuel López Obrador y no se señale a quien entonces y después de él, gobernó el Estado de México, que fue Enrique Peña Nieto y tampoco construyó un solo metro del Sistema de Transporte Colectivo Metro para todos los habitantes del Estado de México que viven en esta Megalópolis.

Entonces, lo que yo noto es una inconsistencia. Creo que debería de haber señalado también a los gobernantes del Estado de México que han sido copartícipes de esta ausencia del transporte público, de hecho peor, porque el Estado de México no le ha puesto metro al Sistema de Transporte Colectivo Metro.

El Presidente Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, Diputado Álvarez Maynez.

Al no haber más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente César Alejandro Domínguez Domínguez: Aprobado. Comuníquese.





 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Pasamos a la discusión del dictamen que exhorta a diversos congresos estatales a reformar aquellas disposiciones sustantivas y procesales que regulan las causales de divorcio.

Les informo que la Primera Comisión entregó una nueva versión de su punto resolutivo que se pondrá a consideración.

Solicito a la Secretaría dé lectura de su nuevo texto.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama. Doy lectura.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth. El nuevo texto del resolutivo está disponible en el monitor de sus escaños.

Para referirse al Acuerdo, tiene el uso de la palabra la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez.

La Diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia.

Honorable Asamblea:

El presente dictamen, que esperamos sea aprobado, tiene por objeto que las entidades federativas homologuen sus códigos civiles o familiares de acuerdo a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación al divorcio incausado.

Y es que los datos del Inegi reportan que en México, durante el 2014, 6 de cada 10 mexicanos estaban casados o vivían en unión libre. Destaca que en las mujeres prevalece una mayor proporción de separadas, divorciadas o viudas, es decir el 16.4 por ciento; frente al 7.2 por ciento de los hombres, es decir, ellas regresan al estado civil solteras en una relación de 2 a 1 frente a los hombres, y la incidencia aumenta en las mujeres en el rango de edad entre los 30 a los 59 años.

Decidir libremente un proyecto de vida compartido con otra persona o de manera individual es un derecho humano que debe prevalecer sin discriminación alguna.

La reforma constitucional del 2011 en materia de justicia y derechos humanos sentó la base para incluir de manera transversal en todas las resoluciones de los operadores de la justicia en principio pro persona y el de no discriminación, también vigentes en materia civil y familiar.

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos ratificada por el Estado mexicano reconoce y protege el derecho de toda persona al respeto de su honra y su dignidad, independientemente de las circunstancias legales que exhiba.

Cabe destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el viernes 20 de febrero del 2015 en el “Semanario Judicial de la Federación” la tesis aislada número 59/2015 de la décima época en donde se pronuncia sobre el divorcio sin expresión de causa.

En materia de divorcio encausado el máximo tribunal de justicia de nuestro país, sostuvo que es suficiente la solicitud unilateral de la disolución del matrimonio para que el juez lo decrete, aún sin la causa o con la posible oposición del consorte, en virtud de que la voluntad del individuo de no seguir vinculado con su cónyuge, es preponderante en el ejercicio de su derecho a la libre personalidad.

Y algunas entidades federativas como la Ciudad de México, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas, contemplan normas para agilizar el divorcio en virtud de la manifestación expresa de ambos cónyuges, y en algunos casos basta la solicitud de una sola de las partes para iniciar los trámites sin necesidad de señalar causales como ocurrió el pasado mes de febrero en los artículos también 268, 269 y 260 del nuevo Código Civil del estado de Colima.

Desafortunadamente persisten reglas contrarias que atentan contra el principio de libre desarrollo de la personalidad en entidades como Baja California, Baja California Sur, Campeche o Chiapas por citar algunas.

En tal virtud el grupo parlamentario del PRI se pronuncia a favor de realizar un respetuoso exhorto a los congresos estatales pendientes de actualizar su legislación para armonizar sus normas en materia civil y/o familiar conforme a lo dispuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aras de evitar que haya mexicanos de primera y de segunda en materia de impartición de justicia, máxime si se trata de un concepto tan fundamental como es la libertad de permanecer o no unida a otra persona en matrimonio.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Botello Santibañez. Esta Presidencia no tiene más oradores registrados, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo con la modificación que fue leída al momento de su presentación.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo, con modificación. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Tenemos la discusión del dictamen por el que se exhorta a reforzar las acciones en materia de seguridad que ayuden a disminuir los índices delictivos de la Ciudad de México, y en especial en la delegación Cuauhtémoc. El dictamen está publicado en la Gaceta.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión. No tengo oradores inscritos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión del dictamen que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a implementar una estrategia para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres en el sistema de transporte público. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sonido en el escaño de la Senadora Gastélum Bajo, por favor.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Bueno, para nadie es desconocida la violencia que padecen las mujeres en el transporte público de la Ciudad de México, hay películas, series, chistes, memes, pero la realidad es muy dolorosa.

Va desde los tocamientos, las palabras obscenas, el acoso, la intimidación, miradas lascivas y casos extremos de violencia.

El transporte de la Ciudad de México no es bueno, pero es pésimo para las mujeres que usan este transporte porque lo que debiera ser un trabajo preventivo y erradicar la violencia en contra de las mujeres, pareciera que es muy normal que las mujeres sean acosadas y violentadas en el transporte público de la Ciudad de México.

No es cosa menor, ¡eh!, no es cosa menor.

Las mujeres, para tomar el transporte en la Ciudad de México tienen que cambiar su manera de vestir, tienen que buscar un lugar donde no sean maltratadas o no sean violentadas o con palabras también.

Y esto ha sido tratado, se presentó un punto de Acuerdo. Nosotros lo estamos votando a favor, porque consideramos que este medio tan recurrente también en un momento en donde la contingencia ambiental obliga a hombres y mujeres usar el transporte público, pero especialmente a las mujeres.

Debe de cambiar la situación que padecen las jóvenes y las mujeres en el transporte público; tenemos que garantizar plenamente el derecho libre, y el libre desarrollo de la personalidad y su derecho a la movilidad también de las mujeres.

Nosotros vamos a votar a favor, porque consideramos de la mayor importancia el poder atender esta solicitud, este punto de Acuerdo que consideramos de relevancia.

Muchas gracias, señor Presidente por esta posibilidad que me da de participar.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: A usted, Senadora Gastélum Bajo.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para referirse al dictamen.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, señor Presidente.

Bueno, no podía dejar de hablar en este dictamen, tomando en cuenta que hoy es día 25 de mayo, es el “Día Naranja”, es el día para prevenir la violencia a la mujer y de manera muy atinada estamos discutiendo la violencia que se vive en el transporte público de la Ciudad de México.

Y yo quiero destacar y celebro, insisto, que estemos impulsando este tipo de puntos de Acuerdo, porque parecería que tenemos que seguir sensibilizando a las autoridades, pareciera que tenemos que seguir sensibilizando al Poder Legislativo y a los ciudadanos, de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad contra las mujeres, cuando deciden subir al Metro, porque optan y piensan en dejar el coche en casa o porque no tienen coche y utilizan el Metro, que eso es en la mayoría de los casos.

Yo quiero destacar algunos datos que preocupan, que tienen que ver con delitos sexuales reportados en esta Ciudad de México. Y si tomamos en cuenta el primer trimestre del periodo 2014-2016, que vemos que los delitos sexuales han aumentado, que han habido más violaciones.

Aquí hay una gráfica, que es muy clara, que te dice exactamente qué es lo que está pasando.

Y si nos vamos al transporte de la Ciudad de México, ¿qué creen? Se encuentra entre los tres más peligrosos para las mujeres a nivel mundial, que son: Bogotá, la Ciudad de México y Lima.

Así lo refrendan también las cifras de los casos atendidos por el “Programa Viajemos Seguras en el Transporte Público de la Ciudad de México”, que corresponde al periodo 2008-2015, donde se advierte que el 76 por ciento de denuncias fueron por abuso sexual; el 21 por ciento por otro tipo de violencia; y el 3 por ciento por violación.

Yo quiero que sigamos hablando de este tema, porque el modelo actual que tenemos de transporte público, de no invertirle un solo centavo, lo único que genera es inseguridad y que necesitamos también un modelo de seguridad distinto, no se le ha apostado a la prevención del delito. Y ahora resulta que las mujeres que optamos por utilizar el transporte público, tenemos que supervisar incluso, hasta la ropa que vamos a vestir ese día. Tenemos que ver si es ropa adecuada o no es ropa adecuada; si vas con los niños o no vas con los niños. Porque ustedes recordarán el video que anduvo en las redes sociales, en donde incluso la mujer después de que es acosada sexualmente, tiene que terminar golpeando al acosador.

¿Hasta dónde estamos llegando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué estamos esperando para tomar las medidas adecuadas y poder tener en esta Ciudad de México un transporte público de calidad, un transporte público seguro, un transporte público en donde nos sintamos cómodas las mujeres, en donde sepamos que no vamos a sufrir tocamientos, que no vamos a recibir palabras obscenas, que no vamos a ser acosadas, que no vamos a ser intimidadas, que no vamos a ser amenazadas con fines sexuales, que no vamos a estar expuestas al exhibicionismo de algunos caballeros, a miradas lascivas?

Y podríamos aquí seguir enumerando muchas de las cosas que padecemos las mujeres en el transporte público de la Ciudad de México.

Por eso celebro que estemos dictaminando hoy este punto de Acuerdo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Alguna otra intervención. No tengo más oradores inscritos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Hemos agotado el apartado de dictámenes, conforme al acuerdo que tomó esta mañana la Mesa Directiva. En consecuencia, pasaremos al apartado de proposiciones.





 

Se concede el uso de la tribuna a la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a implementar mecanismos para erradicar el acoso y el hostigamiento sexual en las escuelas de educación superior.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Diputada Xitlalic Ceja García: Con su permiso, señor Presidente.

El acoso y hostigamiento sexual es un problema tan generalizado y pareciera que hasta es visto como común, tal como hace unos minutos lo refirió la Senadora Diva.

Este problema se manifiesta en el transporte público, en la casa, en el trabajo, en la calle, pero también en las escuelas y en las universidades.

Por ello celebro el punto de Acuerdo presentado por la Diputada Yulma Rocha Aguilar, en el cual expone lo siguiente:

“La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define el hostigamiento sexual como el ejercicio de poder que se realiza en el marco de una relación de subordinación laboral y/o escolar, y el acoso sexual es una forma de violencia en la que si bien no hay subordinación, hay ejercicio abusivo de poder, que da como resultado un estado de indefensión, vulnerabilidad y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o en varios eventos”.

La Secretaría de Salud define al acoso y al hostigamiento sexual, como conductas de naturaleza sexual no recíproca, que constituyen formas de violencia que atentan contra la integridad física, psicológica y económica de las personas, limitan el derecho a desarrollarse en un ambiente sano, digno y seguro, conductas que socavan la confianza y autoestima, al generar un estado permanente de tensión.

Así pues, los estados educativos donde se cultiva el conocimiento para ser libres, en este caso las universidades, se producen las desigualdades de género que subsisten en nuestra sociedad, y también se confirman roles sexistas altamente discriminatorios hacia las mujeres.

El acoso sexual es una forma de violencia contra las mujeres, que para el caso de las universidades, es insuficientemente investigado y documentado, así como poco denunciado, lo cual imposibilita su visualización.

El acoso sexual es un problema de poder, es un comportamiento de naturaleza sexual, verbal, no verbal o física, que no es deseado por la víctima, y donde se aprovecha de la autoridad o poder jerárquico, pero esto no es un problema sexual, ni de poder jerárquico, sino que es un problema de poder de género, lo cual es una extensión de la violencia de género en la sociedad, producto de la desigualdad entre hombres y mujeres. Por ello es más frecuente el acoso de hombres hacia las mujeres.

Pero este comportamiento no sólo es de superiores o de tipo vertical, donde frecuentemente se produce lo que se llama chantaje sexual de la persona que tiene el poder sobre quien ocupa la posición de subordinación para otorgar un contrato, ascenso, o en este caso una buena calificación, beca, etcétera.

También el acoso se da de forma horizontal entre compañeros o iguales, con formas de coerción sexual, chantaje emocional o presión en el ambiente.

Los comportamientos se manifiestan desde bromas, gestos, el silbidito de connotación sexual, hasta acercamientos innecesarios, tocamientos o violencia física.

La información recabada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en su informe 2016, obtuvo tres resultados relevantes para el caso que nos ocupa, atendiendo el periodo 2010 a 2015, el primero con datos de las Comisiones de Derechos Humanos de 6 estados, 10 delegaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal.

Se obtuvo que se dio atención a 433 asuntos de violencia sexual, siendo el 19.4 por ciento del total de estos por hostigamiento sexual, y el 11.8 por ciento por acoso sexual.

El segundo de los organismos de derechos humanos atendieron un total de 758 víctimas de violencia sexual, de las cuales el 38.1 por ciento de los asuntos ocurrieron en centros escolares.

Por último, el tercero con información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública y la de los estados de Campeche, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, se concluyó que de un total de 736 asuntos de violencia sexual, el 84 por ciento fueron en contra de mujeres, siendo el 37.5 por ciento por acoso sexual, y el 31.4 por ciento por hostigamiento, de los cuales 456 de estos casos reportados por la Secretaría de Educación Pública.

Por ejemplo, tomando como referencia la máxima casa de estudios, en la UNAM, el 49.3 por ciento de las alumnas, aproximadamente 34 mil 642 personas dijo haber sufrido algún tipo de hostigamiento en la universidad de acuerdo con una encuesta de 2009 que realizó el programa universitario de equidad de género.

De ella, el 27.1 por ciento dijo haber experimentado miradas morbosas o gestos molestos.

El 22.1 por ciento señaló frecuentes piropos no deseados acerca de su apariencia.

El 2.1 por ciento tuvo que cambiarse de grupo o darse de baja de alguna materia debido a este acoso sexual, existiendo un .2 por ciento que sufrió amenazas y castigos para realizar actos sexuales no deseados.

Es importante reconocer el esfuerzo de la Secretaría de Gobernación en las acciones emprendidas para impulsar la igualdad de género.

Tampoco podemos dejar de mencionar lo ocurrido en días próximos pasados, en los que se presentó un caso indignante para la sociedad en general, el abuso sexual a niños en un Jardín de Niños particular de la Ciudad de México.

Aplaudimos las medidas que tomará la Secretaría de Educación Pública, comenzando por la revisión de los protocolos de atención existentes en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se realizarán las correcciones pertinentes a los mismos para que esta situación no vuelva a presentarse.

El Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, señaló que los instrumentos de actuación y prevención se van a revisar, construir y, en su caso, mejorar los protocolos que hoy existen, y podamos tener mejores protocolos de acción en función de las mejores experiencias internacionales, y esto también lo necesitamos en las universidades, tanto autónomas, públicas y privadas para combatir un problema tan delicado como lo es el acoso y hostigamiento sexual.

Es importante que estas Secretarías, tanto la de Gobernación como la de Educación, en el ámbito de sus competencias, impulsen una campaña intensiva para que en las instituciones educativas públicas y privadas existan protocolos de atención para los casos de acoso y hostigamiento sexual.

Se deben tener en claro las formas, acciones y pasos que se deben ejecutar cuando existe una situación de este tipo en las universidades.

De igual manera se debe hacer visible este problema y del conjunto del alumnado para efecto de que lo conozcan y sepan reaccionar si se les llegase a presentar, siendo fundamental la discusión y realización de campañas de prevención con estudiantes, personal docente y administrativo, autoridades, así como hacer que la familia participe.

Por esta reflexión me permito someter a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, presentada por la Diputada Yulma Rocha, quien se encuentra aquí en estos momentos.

Único.- Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Educación Pública para que en el ámbito de sus competencias impulsen los mecanismos necesarios para erradicar la violencia de género, con especial atención en el Acoso y Hostigamiento Sexual en las Universidades del país, tales como requerir a las Instituciones Educativas públicas y privadas la elaboración y aplicación de Protocolos de atención para los casos de Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual, así como la realización en conjunto con las Autoridades Educativas y de manera interna en cada plantel diversas campañas de prevención e informativas respecto a esta problemática en el ámbito universitario.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo.

Las que suscriben, Yulma Rocha Aguilar y Xitlalic Ceja García, Diputadas de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE IMPLEMENTEN LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA ERRADICAR EL ACOSO SEXUAL Y EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define el  Hostigamiento Sexual como el ejercicio de poder que se realiza en el marco de una relación de subordinación laboral y/o escolar y el Acoso Sexual es una forma de violencia, en la que si bien no hay subordinación, hay ejercicio abusivo de poder que da como resultado un estado de indefensión, vulnerabilidad y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

La Secretaria de Salud define al Acoso y al Hostigamiento Sexual como conductas de naturaleza sexual no reciproca, que constituyen formas de violencia que atentan contra la integridad física, psicológica y económica de las personas; limitan el derecho a desarrollarse en un ambiente sano, digno y seguro, conductas que socavan la confianza y autoestima al generar un estado permanente de tensión.

Así pues los espacios educativos donde se cultiva el conocimiento para ser libres en este caso las universidades, se reproducen  las desigualdades de género que subsisten en nuestra sociedad y también se confirman roles sexistas altamente discriminatorios hacia las mujeres. El acoso sexual es una forma de violencia contra las mujeres que para el caso de las universidades insuficientemente investigado y documentado así como poco denunciado con los cual se imposibilita su visibilización.

El acoso sexual es un problema de poder, es un comportamiento de naturaleza sexual verbal, no verbal o físico que no es deseado por la víctima y donde se aprovecha de la autoridad o poder jerárquico. Pero este no es un problema sexual, ni de poder jerárquico sino es un problema de poder de género lo cual es una extensión de la violencia de género en la sociedad producto de la desigualdad entre hombres y mujeres por ello es más frecuente el acoso de hombres hacia mujeres.

Pero este comportamiento no sólo es de superiores o de tipo vertical donde frecuentemente se produce lo que se llama el chantaje sexual de la persona que tiene el poder sobre quién ocupa la posición de subordinación para otorgar un contrato, ascenso o es este caso una buena calificación, beca, etc., también el acoso se da de forma horizontal entre compañeros o iguales con formas de coerción sexual, chantaje emocional, o presión en el ambiente; los comportamientos se manifiestan desde bromas, gestos o silbidos de connotación sexual, hasta acercamientos innecesarios, tocamientos o violencia física.

De información recabada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para su informe 2016, obtuvo tres resultados relevantes para el caso que nos ocupa atendiendo al periodo 2010 a 2015, el primero, con datos de las Comisiones de Derechos Humanos de 6 Estados, 10 Delegaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, se obtuvo que se dio atención a 433 asuntos de violencia sexual, siendo el 19.4% del total de estos por Hostigamiento Sexual y el 11.8% por Acoso Sexual. El segundo, los Organismos de Derechos Humanos atendieron un total de 758 víctimas de violencia sexual, de las cuales el 38.1% de los asuntos ocurrieron en centros escolares. Por último, el tercero, con información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública Federal y las de los Estados de Campeche, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, se concluyó que de un total de 736 asuntos de violencia sexual, el 84% fueron en contra de mujeres, siendo el 37.5% por Acoso Sexual y el 31.4% por Hostigamiento, de los cuales 456 de estos casos reportados por la Secretaría de Educación Pública Federal.

Por ejemplo, tomando como referencia a la máxima casa de estudios, en la UNAM, el 49.3% de las alumnas (aproximadamente 34,642 personas) dijo haber sufrido algún tipo de hostigamiento en la universidad, de acuerdo con la encuesta (2009) que realizó el Programa Universitario de Equidad de Género (PUEG), de ellas 27.1% dijo haber experimentado “miradas morbosas o gestos molestos”;  el 22.1% señaló “frecuentes piropos no deseados acerca de su apariencia”; el 2.1% tuvo que cambiarse de grupo o dar de baja una materia por acoso sexual; existiendo un 0.2% que sufrió amenazas y castigos para realizar actos sexuales no deseados,

La falta de denuncia radica en el temor a que la autoridad académica sea omisa en su atención o a ser blanco de juicios y críticas de la propia comunidad universitaria, se tiende a proteger a la Institución o al agresor por encima de las víctimas, la responsabilidad de acoso se le atribuye a la víctima, principalmente mujeres, con falsos argumentos como su comportamiento o forma de vestir. Hay silencio, justificación, tolerancia, hay encubrimiento.

Y desafortunadamente hay un impacto negativo no sólo para quien padece de acoso u hostigamiento sexual con consecuencias psicológicas, académicas y de salud; también hay consecuencias negativas para todos los miembros de la comunidad universitaria. La misma Secretaria de Salud señala que el Acoso y el Hostigamiento, traen consigo afectaciones físicas y psicológicas tales como dolor de cabeza, tensión muscular, trastornos gastrointestinales, alergias, maltrato físico, abuso sexual, depresión, ansiedad, angustia, irritabilidad, agresividad, insomnio, enfermedades psicosomáticas y baja autoestima. Aunado a lo anterior no perdamos de vista la trasgresión de los derechos humanos, y sexuales de la víctima o receptora de la conducta.

Desafortunadamente en nuestro país pocas son las investigaciones sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito universitario, hay un bajo reconocimiento de este problema o incluso tolerancia principalmente cuando no hay violencia física por lo cual hay dificultad para reconocerla o simplemente hay una negación del problema.

En México existen al menos 32 universidades autónomas locales, una por cada entidad federativa, y solo cuatro de ellas tienen un protocolo diseñado para la atención de hostigamiento y abuso sexual.

Por eso es importante la conjunción de esfuerzos institucionales que instrumenten políticas y acciones para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género con especial atención en el acoso y hostigamiento sexual en las universidades tanto públicas como privadas; es urgente implementar acciones para erradicar conductas estereotipadas que se están reproduciendo en nuestros centros de estudio que permiten y fomentan la violencia contra las mujeres. También es importante la investigación y elaboración de diagnósticos  para conocer las causas, frecuencia y consecuencias de la violencia contra las mujeres en los centros universitarios, así como promover una cultura de denuncia para un problema que es más común de lo que parece.

En el ámbito internacional encontramos que esta problemática no les es ajena, en los Estados Unidos de América, el Presidente Barack Obama se pronuncia y califica estos casos como una pesadilla para las mujeres y sus familias e inaceptable, asegura que se realizará todo lo que se pueda para evitar que otra estadounidense sufra el trauma del abuso sexual, esto en el marco del encuentro con el Consejo de Mujeres y Niñas de la Casa Blanca, donde anunció la emisión de recomendaciones para erradicar esta problemática, recomendaciones tales como emplazar a las universidades a elaborar sondeos anónimos para conocer el estado de la cuestión en cada centro, abrirá una página web en la que los estudiantes conocerán con detalle sus derechos y qué hacer si son víctimas de un abuso, en ella también las universidades encontrarán una serie de protocolos de actuación para los casos de agresiones sexuales, así como explicaciones sobre medidas de éxito tomadas por otros centros, mantendrán la confidencialidad de las víctimas, realizar estrategias de prevención primaria para reducir la violencia sexual en las universidades, brindaran asistencia para la búsqueda de asesoría y apoyo, además de capacitar a funcionarios de las escuelas para atender e investigar con eficacia estos casos, todas las escuelas y universidades de la nación recibirán la guía sobre cómo mejorar sus protocolos de investigación y atención a las víctimas.

Es importante reconocer el esfuerzo de la Secretaría de Gobernación en las acciones emprendidas para impulsar la igualdad de género; tampoco podemos dejar de mencionar lo ocurrido en días próximos pasados, en los que se presentó un caso indignante para la sociedad en general, el abuso sexual a niños en un jardín de niños particular de la Ciudad de México, aplaudimos las medidas que tomará la Secretaría de Educación Pública, comenzando por la revisión de los protocolos de atención existentes en conjunto con la CNDH, se realizaran las correcciones pertinentes a los mismos para que esta situación no vuelva a presentarse, el Secretario de Educación Aurelio Nuño señaló que los instrumentos de actuación y prevención se van revisar, construir y, en su caso, mejorar los protocolos que hoy existen, y podamos tener mejores protocolos de acción en función de las mejores experiencias internacionales. Y esto también lo necesitamos en la universidades tanto autónomas, públicas y privadas para combatir un problema tan delicado como lo es el acoso y hostigamiento sexual.

Ahora bien, en congruencia con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se observa el compromiso de impulsar acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, lo cual se realiza mediante la elaboración de Protocolos y/o procedimiento de atención, desde la recepción de quejas y denuncias hasta la sanción, pasando por el apoyo y acompañamiento a la víctima, que este procedimiento se lleve a cabo de manera expedita, en pro de los derechos de la víctima y sin predisposición o prejuicios, con el fin de eliminar conductas inapropiadas en los planteles educativos, esto sin perder de vista que una primera tarea es la prevención, dentro de la cual va inmersa la capacitación del personal docente y administrativo, pues a través de esta estrategia se podrá identificar y consecuentemente prevenir el Acoso y el Hostigamiento Sexual en las escuelas de nuestro país.

Es importante que estas Secretarías de Gobernación y Educación en el ámbito de sus competencias impulsen una campaña intensiva para que en las Instituciones Educativas Públicas y Privadas existan Protocolos de atención para los casos de Acoso y Hostigamiento Sexual, se deben tener en claro las formas, acciones y pasos que se deben ejecutar cuando existe una situación de este tipo en las Universidades, de igual manera, se debe hacer visible este problema y del conocimiento del alumnado para efecto de que lo conozcan y sepan reaccionar si se les llegase a presentar, siendo fundamental la difusión y realización de campañas de prevención con estudiantes, personal docente y administrativo, autoridades, así como hacer partícipe a las familias.

Por esta reflexión nos permitimos someter a consideración de esta H. Soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo

Único: Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Educación Pública para que en el ámbito de sus competencias impulsen los mecanismos necesarios para erradicar la violencia de género con especial atención en el Acoso y Hostigamiento Sexual en las Universidades del país, tales como requerir a las Instituciones Educativas públicas y privadas la elaboración y aplicación de Protocolos de atención para los casos de Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual, así como la realización en conjunto con las Autoridades Educativas y de manera interna en cada plantel diversas campañas de prevención e informativas respecto a esta problemática en el ámbito universitario. 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 25 de mayo de 2016.

Atentamente

Dip. Yulama Rocha Aguilar.- Dip. Xitlalic Ceja Garcia

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se ha solicitado el trámite de urgente resolución, conforme a lo que dispone el artículo 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, y el resolutivo Décimo Sexto del Acuerdo que norma las sesiones de la Comisión Permanente.

Por tanto, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución el asunto que ha sido presentado, y se pone de inmediato a discusión.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Diputada Genoveva Huerta Villegas, del grupo parlamentario del PAN, para referirse a la propuesta.

La Diputada Genoveva Huerta Villegas: Compañeras y compañeros legisladores:

El acoso y el hostigamiento sexual constituyen formas de violencia que atentan contra la integridad física, psicológica y económica de todas las personas, son problemas graves que no podemos pasar por alto y que debemos intentar erradicarlos, lamentablemente el acoso sexual es una de las tantas manifestaciones de discriminación contra la mujer, y una conducta nociva que se reproduce en todos los espacios, incluyendo las universidades.

Aunque existen grandes avances en el reconocimiento de los derechos de la mujer, aún se vislumbran grandes rezagos, hoy en día las mujeres siguen en desventaja frente a los hombres y muestra de ello son las diversas formas de violencia de género y el acoso sexual en el ámbito universitario no se ha investigado lo suficiente.

En nuestro país, son pocas las investigaciones sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito universitario, más bien es un problema que se reconoce poco e incluso se tolera, ello limita visibilizar el problema y, por tanto, erradicar, el acoso sexual al que las estudiantes están expuestas puede representarles un gran obstáculo para su desarrollo en estos centros educativos.

Además, debe mencionarse que esta conducta no sólo se produce en una modalidad vertical, es decir, de maestros a alumnas, sino también entre compañeros, los comportamientos se manifiestan desde bromas, gestos o silbidos de connotación sexual, hasta acercamientos innecesarios, tocamientos o violencia física.

Aunque estas conductas deberían ser denunciadas siempre, muchas veces las alumnas no lo hacen por temor a que la autoridad académica sea omisa en su atención o a ser blanco de juicios y críticas de la propia comunidad universitaria.

El acoso u hostigamiento sexual no sólo tiene un impacto negativo sobre quien lo padece, sino también una consecuencia sobre la propia comunidad universitaria, y esto no puede seguir así, la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones es un lastre que seguimos arrastrando y que como sociedad debemos combatir.

En Acción Nacional hemos denunciado reiteradamente la gravedad de este problema y estamos convencidos de que deben redoblarse los esfuerzos institucionales para instrumentar políticas públicas y acciones para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género, con especial atención al hostigamiento sexual en las universidades, tanto públicas como privadas.

Señoras y señores legisladores, las denuncias de la violencia doméstica contra las mujeres sentó precedente para evidenciar la violencia de género en todos los ámbitos como en el trabajo, ahora nos toca a nosotros sentar los precedentes para que la violencia contra las mujeres en las universidades deje de ser una realidad.

Por ello, los legisladores del PAN nos pronunciamos a favor de este punto de Acuerdo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para referirse al dictamen.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señor Presidente.

Pareciera que la sesión de hoy oscila acerca de temas que todavía no hemos podido resolver, no tenemos marcos jurídicos adecuados, esquemas de prevención y erradicar uno de los problemas más serios que es el acoso sexual y el hostigamiento, cualquiera que se llame a éste, con el apellido que tenga.

Hoy estamos tratando un asunto muy importante, ¿cuánto cuesta un examen de admisión para una mujer? Pues portarse bien con el que se lo aplica.

¿Cuánto cuesta que pase un examen o que se titule? O escenas como: “Esta tarea la vas a hacer en este lugar bajo la supervisión, no nada más de un maestro, de una maestra”.

El acoso en las universidades no es solamente de los varones, sino también hay estadísticas acerca de maestras que se enamoran también o acosan, hostigan a sus alumnos. Esto es muy grave porque marca a los estudiantes, de por sí la fama que tienen los jóvenes en México son de ninis que ni estudian, ni trabajan, imagínense una muchacha, un joven, que con mucho esfuerzo llega a su educación superior.

Que con mucha dificultad hacen un esfuerzo su familia, él mismo trabajando, ella misma, para encontrarse con un nicho que no hemos querido atender.

¿Cuántos protocolos hay en las universidades para atender las denuncias silenciosas, calladas, de las y los estudiantes por acoso y hostigamiento sexual? ¿Cuántas?

Pero además de denunciar, pues le va peor. El que va y dice: “Oye, el profe se pasó conmigo”, pues más fácil reprueba.

¿Ante quién se quejan?, ¿quién le da seguimiento a eso? Es un tema muy importante que deberíamos poner atención porque es casi la parte final de la preparación de un estudiante, de un hombre o de una mujer, que es la educación superior.

Por eso hoy pedimos el apoyo para que se vote. Si bien es cierto este es un punto de Acuerdo, pero deberíamos estar trabajando acerca de un marco jurídico que hable sobre esos asuntos que quedan en silencio con espantosos reprobados o examen de admisión no pasados, tareas no aprobadas, solamente porque no quieren que el profe o la maestra, pues se pase de lanza con él o con ella.

El acoso y el hostigamiento debe ocuparnos porque es una etapa importantísima en la formación profesional de nuestros estudiantes que están en la etapa de educación superior. Nosotros, el grupo parlamentario del PRI, nos pronunciamos a favor de esto, pero, sobre todo, de que trabajemos una iniciativa y trabajemos con las universidades públicas y privadas de este país para protocolos.

Al Presidente lo quiero felicitar porque aquí tenemos una unidad de género, señor Presidente, que ha dado mucho que decir, han cambiado muchas cosas en esta Cámara, y la pongo como ejemplo en el caso de acoso sexual y hostigamiento laboral; son temas innombrables, pero reales que tenemos que terminar con ellos.

Por su atención, muchísimas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Muchas gracias a usted, Senadora.

Alguna otra intervención. Al no haber más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.





 

Tiene el uso de la tribuna la Diputada Patricia Sánchez Carrillo, para presentar a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo por el que se conforma un grupo de trabajo plural para evaluar y dar seguimiento al proceso de implementación del sistema de justicia penal acusatorio en la República Mexicana.

La Diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muy buenas tardes. Señoras y señores legisladores:

La reforma del pasado 18 de junio de 2008 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad y justicia, trajo como consecuencia una de las evoluciones más significativas en nuestro sistema jurídico al incorporar una serie de figuras que rompen con el esquema del proceso penal inquisitivo para dar lugar al proceso penal acusatorio de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

No obstante, aún no se ha institucionalizado un esquema de rendición de cuentas integral de los operadores del Sistema de Justicia Penal, en virtud a que no se puede realizar un esquema de rendición de cuentas en los tramos de control en lo particular, sin evaluar los tramos favorables en la administración de justicia de manera global.

Los indicadores y mejores prácticas dadas a conocer por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, hacen énfasis en cuestiones relativas a infraestructura, normatividad, operatividad general, logística, capacitación y difusión.

Sin embargo, a seis años de su creación nosotros, representantes populares del pueblo de México, no sabemos con absoluta certeza en qué medida ha influido la Secretaría Técnica en la implementación de la reforma penal y, sobre todo, no sabemos cuantitativa y cualitativamente cómo va el proceso de implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Es más, no tenemos conocimiento pleno de si la Secretaría de Gobernación ha implementado los esfuerzos necesarios para que la Federación y los estados cumplan con el mandato del Constituyente para que el próximo 18 de junio de 2016 sea implementada la reforma en todo el territorio nacional.

Esta situación demanda que en esta Soberanía sumemos esfuerzos con la finalidad de saber en qué circunstancias se va a implementar la reforma al Sistema de Justicia Penal y cuáles son las deficiencias reales a las que se van a enfrentar la Federación y los estados a casi 30 días de su entrada en vigor.

La importancia y pertinencia de que sea un grupo de trabajo compuesto por Diputados y Senadores, explica que todo el país está comprometido en esta transición histórica, y no resulta ajeno al Poder Legislativo el involucrarse en mecanismos de esta envergadura.

Ha sido el Congreso quien ha emitido la legislación más relevante por mandato constitucional para el funcionamiento del sistema, como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de la Fiscalía General de la República, las modificaciones a la Ley Federal del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley de Amparo y la próxima aprobación de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y la Ley Federal de Justicia para Adolescentes.

Señoras y señores legisladores, la población realmente está cansada de ver impunidad y corrupción en todas las esferas del servicio público, realmente en todas.

Y no tomar medidas significa abandonar a aquéllos que entregan su trabajo, servicio y dedicación a la implementación de la reforma; también significa un retroceso de años al proceso de implementación; significa desperdiciar recursos de aproximadamente cuatro billones y medio de pesos solamente en subsidios.

En Acción Nacional consideramos urgente que el Congreso asuma un rol importante para la construcción de indicadores de desempeño que midan el grado de cumplimiento desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo de los operadores en todos los procesos y subprocesos derivados de todo el sistema, los cuales van desde la investigación para la prevención, hasta la reinserción social.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta Soberanía y llamamos por el voto a favor del presente punto de Acuerdo, por el que se solicita se conforme un grupo de trabajo plural integrado por Diputados y Senadores, para evaluar y dar seguimiento a la implementación de la reforma al Sistema de Justicia Penal cuyo plazo, señores, fenece el 18 de junio del año en curso.

Con la actuación de esta instancia el Congreso de la Unión podrá acompañar, evaluar, recomendar y observar críticamente la transición del sistema, con la finalidad de que se aporten más y mejores elementos para fortalecer el Sistema de Justicia Penal Acusatorio que es de suma importancia para el país y por el cual la Federación y los estados tienen una gran deuda con la sociedad.

Es cuanto, compañeros.

Proposición con punto de Acuerdo.

Los suscritos Diputados Federales de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la República, sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente el siguiente punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Después de un intenso debate público entorno a una serie de propuestas legislativas, el 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad y Justicia (Reforma Constitucional en Materia de Seguridad y Justicia, 2008).

Fundamentalmente la reforma en comento incorpora al sistema jurídico mexicano una serie de figuras que rompen con el esquema del proceso penal inquisitivo, para dar lugar al proceso penal acusatorio, mismo que se rige bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación (Zamudio Arias, 2011).

Así, en el artículo Segundo Transitorio de la citada reforma, se estableció que el sistema procesal penal acusatorio entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación del decreto, por lo que el término establecido es el día 18 de junio de 2016.

SEGUNDA. En este sentido, se advierte que no se ha institucionalizado un esquema de rendición de cuentas de los operadores del sistema de justicia penal; esto es, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, e incluso el Poder Judicial, entre otros, que sea de forma integral y holística. Esto en virtud a que no se puede realizar un esquema de rendición de cuentas de los tramos de control en lo particular sin evaluar los tramos favorables en la administración de justicia de manera global.

TERCERA. Los indicadores y mejores prácticas dadas a conocer por SETEC hacen énfasis en cuestiones relativas a infraestructura, normatividad, operatividad general, logística, capacitación y difusión; sin embargo, es urgente que el Congreso asuma su rol en esta asignatura para la construcción de indicadores de desempeño especifico que midan el grado de cumplimiento desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo de todos los operadores en todos los procesos, subprocesos y subprocesos derivados de todo el sistema, los cuales van desde la investigación para la prevención hasta la reinserción social.

CUARTA. La importancia y pertinencia de que sea un grupo de trabajo compuesto por diputados y senadores se explica en virtud de que todo el país está comprometido en esta transición histórica y no resulta ajeno al Congreso y al Senado de la República en involucrarse en mecanismos de esta envergadura; primero, porque en el Senado esta la representación federal y porque la información que se pueda obtener por esta vía tendrá un alto interés para la unión. Segundo, en virtud de que ha sido el Congreso de la Unión quien ha emitido la legislación más relevante por mandato constitucional para el funcionamiento del sistema como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de la Fiscalía General de la República, las modificaciones a la Ley Federal del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley de Amparo y la próxima aprobación de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y la Ley de Justicia para Adolescentes.

QUINTA. Sabemos que para el efecto de que la Federación, los Estados y la Ciudad de México incorporaran el nuevo sistema penal, se dispuso en el artículo Noveno Transitorio de la reforma de 2008, una instancia de Coordinación, la cual tendrá una Secretaría Técnica, creada para operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (COCO), así como para coadyuvar y brindar apoyo a las autoridades locales y federales en la implementación del Sistema de Justicia Penal, cuando lo soliciten.” (Decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación, 2008).

A seis años de su creación nosotros representantes populares del pueblo de México no sabemos con absoluta certeza ¿En qué medida ha influido la Secretaría Técnica en la implementación de la reforma penal? Y sobre todo no sabemos cuantitativa y cualitativamente ¿Cómo va el proceso de implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio? Es más, no tenemos conocimiento pleno si la Secretaría de Gobernación ha empeñado los esfuerzos necesarios para que la federación y los estados cumplirán con el mandato del constituyente para que el 18 de junio de 2016 se tenga implementada la reforma en todo el territorio nacional.

Si nos encontramos en el escenario de que hay rezagos de en la implementación o esta no es de calidad como han afirmado algunos expertos ¿Qué es lo que hay que hacer para detectar las deficiencias y subsanar los errores? Y sobre todo cuáles en un ejercicio de evaluación saber ¿cómo entramos a la implementación de la reforma?

SEXTA. Una de las herramientas con las que la Secretaría Técnica cuenta para medir el avance de los estados se encuentra en la Metodología para la Clasificación y Estratificación de las Entidades Federativas, junto con el Método de Seguimiento a la Armonización Legislativa en las Entidades Federativas, entre otros; no obstante lo anterior, a pesar de varios intentos por encontrar esa información (la cual debería ser pública), no fue posible dada la restricción en la información por parte del titular de la Secretaría de Gobernación, para enterar a la ciudadanía el avance de la implementación, cosa que debería estar a la vista en dicha dependencia, siendo una de sus principales funciones.

SÉPTIMA. El hecho que el órgano encargado de coadyuvar en la implementación no tenga la información pertinente para hacer su labor hace que exista una preocupación fundada en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, ya que la reforma en materia de seguridad y justicia, de origen y concepción de acción nacional, de la sociedad civil y de gente preocupada que quiere un sistema de justicia penal más justo y con menos deficiencias.

La población está cansada de ver impunidad y corrupción en todas las esferas del servicio público, y por ello, demandamos la creación urgente de este grupo de trabajo a efecto de saber en qué circunstancias se va a implementar la reforma al sistema de justicia penal y cuáles son las deficiencias reales a la que se va a enfrentar la Federación y los Estados el 18 de junio de este año; esto es a casi 30 días de su entrada en vigor.

No tomar medidas, significa abandonar a aquellos que entregaron su trabajo, servicio y dedicación a la implementación de la reforma; significa dar un retroceso de años al proceso de implementación; significa desperdiciar recursos por aproximadamente $4,500,000,000.00 mil millones de pesos (CUATRO BILLONES Y MEDIO DE PESOS)1 en subsidios únicamente.

Con la actuación de esta instancia, el Congreso de la Unión podrá acompañar, evaluar, recomendar y observar críticamente la transición al sistema, a efecto de que se aporten más y mejores elementos para fortalecer el sistema de justicia penal acusatorio que es tan importante para el país y por el cual la federación y los estados tienen una deuda con la sociedad.

Por lo expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, conforma un grupo de trabajo plural, integrado por Diputados y Senadores, para evaluar y dar seguimiento a la implementación de la reforma al sistema de justicia penal cuyo plazo fenece el 18 de junio de 2016.

Comisión Permanente, el 25 de mayo de 2016.

1 Cifra acumulada destinada al otorgamiento de subsidios a los Estados integrantes de la federación obtenida del PEF 2010 a 2016.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se solicitó el trámite de urgente resolución. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de considerarse de urgente resolución.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión.

Tiene la palabra la Diputada Mariana Benítez, del grupo parlamentario del PRI, para referirse al tema.

La Diputada Mariana Benítez Tiburcio: Compañeros Senadores y Diputados, integrantes de esta Comisión Permanente.

El PRI, el PRI nunca va a escatimar si se trata de fortalecer, de coadyuvar y más en un tema tan importante para los mexicanos, como es la transformación del Sistema de Justicia Penal.

Es un tema que afortunadamente varios de los que estamos aquí participamos desde distintas trincheras en la consolidación de esta reforma, la reforma constitucional de julio, de ese año, 2008.

Por supuesto que hemos visto un periodo de transición, el que marcaba el transitorio de esa reforma, muy accidentado, con muchos retrasos, pero eso quisiera recordarle a la compañera del PAN y a los compañeros del PAN y a todos ustedes, que esos retrasos en la implementación no se debieron a este gobierno. Esos retrasos se debieron al gobierno del PAN, bajo el cual inició la operación del nuevo sistema de justicia.

Les voy a compartir algunos números.

71.3 por ciento de la ciudadanía será cubierta en la presente administración en sólo tres años, el 18 de junio de 2016, el 100 por ciento de la población será beneficiaria.

Sin embargo, en el ámbito local el 28.7 por ciento de la ciudadanía estaba cubierta por el Sistema de Justicia Penal en el periodo 2008-2012. Hoy este porcentaje es del 82.2 por ciento.

Quiero recordarles además, que toda la armonización legislativa para implementar este nuevo sistema de justicia penal se ha dado principalmente y mayormente en este sexenio.

El Código Nacional de Procedimientos Penales, que era el ordenamiento más importante para poder ayudar a que la implementación fuera homogénea en todo el país, se hizo en tan sólo un año, en un año, desde que inició este sexenio, y cuatro años, maravillosos cuatro años durante el sexenio pasado se dejó de hacer nada.

No se aprobó un Código de Procedimientos, no se reformó la Ley de Amparo, no se expidió una Ley de Ejecución de Sanciones, no se expidieron reformas en materia penal, nada, no se hizo nada.

Sin embargo, estamos aquí para contribuir, para formar este grupo plural del Congreso, que pueda acompañar, y subrayo acompañar, porque sí les quiero precisar este grupo no va a sustituir a la Setec, la Setec tiene su creación en el transitorio de la reforma constitucional. Y nosotros no podemos con un punto de Acuerdo, pasar por encima de ese órgano.

Ahora, si les preocupa que la Setec no ha hecho su trabajo. No, les quiero decir, sí, sí ha hecho. Nada más basta que se metan a la página de la Setec, le den clic al mapa y ahí vienen todos los avances que se han hecho a nivel normativo, a nivel de capacitación, a nivel de implementación, así que estaremos aquí, suscribiremos este punto de Acuerdo sin mezquindades, como siempre se comporta la fracción del grupo parlamentario del PRI.

Sin embargo, quiero precisar, no vamos a sustituir a ningún órgano que hoy constitucionalmente está creado, vamos a ayudarlo, vamos a contribuir no sólo con la Setec, sino con todas las entidades federativas que requieran atención, que requieran apoyo y que requieran de un seguimiento.

Nosotros como legisladores hemos cumplido en nuestra tarea de coadyuvar, y en este sexenio se han pasado, en esta legislatura y en la pasada se han aprobado reformas importantísimas, y vuelvo a repetir, el Código Nacional de Procedimientos Penales, hay una miscelánea penal que ya se aprobó también, hay reformas en materia de amparo, reformas en materia del Código Penal, reforma en materia de justicia para adolescentes. Se han avanzado.

Ahorita, desde luego el gran reto está en la implementación.

Y yo llamo a los estados a que también contribuyan y se tomen en serio.

Hubo muchos, muchos estados que empezaron, estados como Sonora, que empezaron hasta hace pocos meses con la nueva gobernadora a implementarlo, y si no, vayamos a las cifras que tiene Setec en su página.

Sonora no avanzó en nada, en nada en su implementación, así que, claro, las entidades se han atrasado a nivel federal, entramos tarde porque años valiosos se dejaron de hacer cosas.

Creo que estamos a tiempo, estamos a unos días de que inicie la implementación del nuevo sistema en todo el país, pero eso no significa que cumpliéndose esa fecha ya ni el Congreso ni el Ejecutivo ni los poderes judiciales tienen que hacer algo.

Ya lo decía hace poco un organismo de la sociedad civil, que para que quede completamente implementado, perfeccionado el sistema, vamos a tardar todavía varios años. Así que, más vale que empecemos desde ahorita a que sigamos puntuales revisando avances; y además de revisar avances, revisar qué cosas en el camino hay que corregir; porque desde luego que la propia operación, y en mi experiencia lo vi, lo viví en la Procuraduría, tenemos que ir haciendo sobre el camino correcciones a las leyes, a los modelos de implementación, a los modelos de gestión, en fin.

Por lo que hace al PRI, estaremos de acuerdo con este punto de Acuerdo a favor de que demos seguimiento, acompañamiento puntual en estricto respeto también a los órganos que constitucionalmente tienen las facultades para hacer esto.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Diputada.

¿Alguna otra intervención? Al no haber más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a modificar la política de instrumentación de la reforma educativa.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, Senador Presidente. Con el permiso de todas y todos los legisladores.

¿Qué está pasando en Chiapas? Mis paisanos viven hoy horas de intranquilidad, de molestia, y se sienten poco seguros de salir a las calles sin saber si ese día o el día de hoy como está ocurriendo en este momento, hay algún bloqueo, alguna manifestación; sin saber si podrán ejercer un derecho fundamental como lo es el libre tránsito.

En la lectura que se hace desde acá, desde la Ciudad de México, desde los medios de comunicación, quizá incluso desde el Senado, la culpa, la responsabilidad de lo que está pasando en Chiapas, pero también en Michoacán, en Oaxaca, en Guerrero, la culpa es de los maestros, y eso es completamente falso.

Lo que está ocurriendo en mi estado es una mezcla explosiva generalizada, que incluso ha llegado en algunos momentos a la violencia. En Chiapas están protestando los ciudadanos de Tuxtla por el desaseo electoral, por la privatización del agua potable, incluso hasta por la instalación de topes en vías rápidas.

En Chiapas están protestando los policías pidiendo mejores salarios y condiciones mínimas para realizar su trabajo; en Chiapas protestan mujeres y niñas preocupadas por una ola de feminicidios que tienen a Chiapas en el segundo lugar nacional; en Chiapas protestan los médicos y las enfermeras por falta de insumos básicos para hacer su trabajo con dignidad; en Chiapas protestan los bomberos ante la carencia de condiciones de seguridad; en Chiapas protestan los de chenalhó, de oxchuc, de Chanal, de Ixtapa, de San Cristóbal, de Tila, por un proceso electoral desaseado y fraudulento; en Chiapas protestan los cafeticultores por la falta de acciones ante la plaga de la roya del café; en Chiapas protestan los transportistas de Comitán por la ampliación indiscriminada del número de concesiones y la corrupción con la que se están entregando; en Chiapas por supuesto, protestan los profesores ante la implementación de la reforma educativa.

¿Y cuál ha sido la respuesta? Ante algunos, solamente el silencio; con otros la negociación reactiva; pero para los profesores la respuesta ha sido la confrontación desordenada que incluso ha llegado a la violencia como el día de hoy.

Y no son los únicos pero sí contra los que se ha emprendido una actitud más dura, más firme. En lo que va de mayo en Chiapas ha habido 26 bloqueos, 26 manifestaciones, cierres de carreteras, por diferentes organizaciones inconformes.

Hoy, mientras dirijo estas palabras a ustedes, a este pleno, es imposible entrar o salir de Tuxtla porque están tomadas las dos entradas a la ciudad capital de mi estado.

Y esto abre por supuesto dos preguntas: ¿Qué ocurre en Chiapas y por qué ha sido tan difícil implementar la reforma educativa en estados pobres como el mío?

Empecemos por el segundo, la reforma educativa. Dice el investigador de El Colegio de México, Manuel Gil Antón, es muy sencillo despreciar las críticas a la reforma educativa poniendo a todos los que la debaten en el mismo costal, de ese modo, el poder que no escucha, que no dialoga, concibe todo cuestionamiento como insolencia ilegal y se queda aislado en su aparente triunfo, sojuzga, somete y doblega, su instrumento es la fuerza pública.

Cuando aquí votamos la reforma educativa se dijo: la reforma no es perfecta, pero esas fallas hoy salen a relucir en el proceso para llevarlo al plano de la realidad en los estados con mayor pobreza y con menor fortaleza institucional.

Nada bueno ha surgido en Chiapas cuando el gobierno en lugar de reconocer que hay deficiencias en sus estructuras y abrir las puertas al diálogo, asume una posición defensiva. No es signo de debilidad reconocer errores, sí lo es obstinarse a pensar que sólo hay una salida, que sólo hay una versión de la realidad.

Quiero decirlo aquí en la máxima tribuna del país y decirlo muy claramente: los maestros no son los responsables de lo que sucede en Chiapas, los maestros no son el enemigo, no es justo plantearlo así, ni tampoco es responsable.

Lo dice también Gil Antón. En la implementación de la reforma se ha concebido al magisterio como el insumo a mejorar, no como el socio en la transformación que le urge al país.

Siempre he creído que para poder solucionar una situación, se necesita primero diagnosticarla bien para saber cómo sí, primero hay que saber también cómo no hacer las cosas.

Yo creo que no es así como se está haciendo, como se van a solucionar. No es así porque la reforma educativa ubicó desde el inicio que los maestros eran los culpables de todas las fallas educativas del país y todos sabemos que no es así.

No es así porque Chiapas vive una realidad a parte del resto del país, una realidad de pobreza, una realidad de marginación y de desigualdad.

Ya lo dice la máxima aristotélica: tan injusto es tratar desigual a los iguales que tratar igual a los desiguales.

No es así porque Chiapas es el estado con mayor analfabetismo de todo el país: 15 de cada 100 chiapanecos no sabe escribir ni leer, ese mismo número a nivel nacional es solamente de seis; no es así porque el promedio de escolaridad en Chiapas llega apenas a un año de secundaria; no es así porque 58 por ciento de las escuelas no tienen techo; no es así porque 33 por ciento de las escuelas no tienen baño; no es así porque 56 por ciento de las escuelas en mi estado no tienen agua; no es así porque 27 por ciento de las escuelas chiapanecas no tienen electricidad; no es así porque 541 escuelas chiapanecas fueron declaradas no aptas para la enseñanza; no es así porque no se puede evaluar al maestro sin antes modificar las condiciones en las que se ejerce su profesión; no es así porque sin dignidad educativa es imposible que haya buena educación; no es así porque si a los maestros no se les escucha, no se les puede exigir que enseñen a escuchar; no es mandando a la policía peor pagada del país a disolver las manifestaciones de manera violenta como se va a resolver el problema educativo de mi entidad.

Entonces cómo sí, y aquí vengo a invitarlos a hacer una propuesta, invitarlos a sumarse a una radical pero sencilla salida ante este contexto de intolerancia y de políticas maniqueas, llamar a un diálogo amplio y transparente entre chiapanecos para resolver los problemas de los chiapanecos.

Un diálogo ordenado e incluyente en el que participen los maestros, Senadores, Diputados, el gobierno del Estado, académicos, jueces, empresarios, activistas, periodistas, que participen todos los chiapanecos para llegar a un acuerdo transversal, convergente y vinculante.

Es hora de dejar de acusarnos, es hora de intentar llevar agua a nuestro molino.

Chiapas no puede funcionar sin un piso común; sin una sociedad más armoniosa, igualitaria y justa.

Para ello tenemos que dejar atrás el miedo al debate de las ideas, convocar a ese gran diálogo abierto en el que participen todos los chiapanecos, no en el clásico esquema de diálogo cerrado, tras bambalinas, sin un ejercicio abierto de democracia, un diálogo transparente, televisado, abierto, con reglas y con respeto.

Por eso mi invitación, compañeras y compañeros, es que empecemos ya, que nos pongamos de acuerdo y lo hagamos con la urgencia que amerita la situación. Sin ello, no se puede pensar en una solución a la situación que restituya el tejido social y recupere la confianza hacia toda la clase política que la ha perdido.

Los invito a todos a que suspendamos cualquier indicio; cualquier tipo de agenda electoral anticipada que solamente está dañando la utilidad en la política, de la buena política en el estado en el que más hace falta en estos momentos.

Por eso, Legisladores, creo que es la hora de demostrar que la lealtad de los políticos, de todos, es a nuestros representados y a nuestros estados, no a un partido, no a un gobierno.

Ahí mi propuesta: gran diálogo entre chiapanecos para encontrar soluciones a los problemas de Chiapas. Es eso o pensar que la protección de las cosas como están van a surgir de manera espontánea y milagrosa las soluciones que requiere la parte más pobre de nuestro país.

Actuemos ahora que podemos, ya la historia nos ha dado dolorosas lecciones que no queremos repetir.

Se ha dicho en esta tribuna en otros tiempos y en otros momentos críticos: Somos mucho pueblo para la derrota, construyamos la casa de todos, en la que quepan todos los chiapanecos sin distinción.

Es cuanto, Senador Presidente.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo.

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A MODIFICAR LA POLÍTICA DE INSTRUMENTACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA, A FIN DE PROMOVER EL DIÁLOGO Y EL CONSENSO,RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS Y LABORALES DEL PERSONAL DOCENTE, ASÍ COMO A ABANDONAR LAS MEDIDAS DE ENFRENTAMIENTO Y REPRESIÓN, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde 2013 que se aprobó la reforma constitucional en materia de educación, la Secretaría de Educación Pública ha instrumentado una serie de acciones relacionadas con su implementación. En este año 2016, dichas acciones parecen intensificarse. Sin embargo durante estos tres años, la constante de estos esfuerzos parece estar enfocada en el aspecto administrativo y laboral relacionado con el personal docente y no en sí, con la finalidad de mejorar la calidad educativa del país.

Esto es comprensible, toda vez que en la campaña sobre el tema se ha manejado una difusión maniquea, dividiendo o intentando dividir entre la opinión pública la existencia de dos bandos que pelean la reforma educativa: por un lado, quienes rechazan la reforma educativa para no perder prebendas, y por el otro, quienes la aceptan, asisten a las clases y se preparan para las evaluaciones. Un escenario pintado en blanco y negro y, por lo tanto irreal, que ignora los diversos matices, los grises y toda la gama de colores que conforman los problemas que se debe atender, para mejorar la calidad educativa.

Durante la implementación de la reforma educativa se ha intentado simplificar el problema y atribuir toda la responsabilidad de la disfuncionalidad del sistema educativo mexicano, buscando un único culpable y encontrándolo en el magisterio; la causa, si no la única si fundamental y la más importante de los problemas educativos.

Sin operar el principio de presunción de inocencia como es costumbre en el Estado Mexicano, la acusación fue inmediata y absoluta: todos los docentes fueron considerados, comomal preparados y faltistas. Desde preescolar hasta el nivel medio superior, estaban inculpados como un gremio repleto de perezosos, violentos, ignorantes y desobligados.

Y así como se ha simplificado el diagnóstico se simplifica la solución, basada en los prejuicios obtenidos en el diagnóstico. Como todos los maestros faltan y no se preparan, la solución es obligarlos a asistir y ser evaluados, “el corazón de la reforma es la evaluación”

Ambos argumentos resultan falaces. Asistir a la escuela es condición necesaria, pero de ninguna manera suficiente, para conseguir un aprendizaje sólido que permita mejorar la vida.Siendo tan importante la evaluación, disminuida a requisito laboral, ni apoya al aprendizaje, ni fortalecerá al magisterio. Tal como lo ha señalado en diversos artículos Manuel Gil Antón: “Cuando un medio se convierte en fin, se pone fin a la utilidad del medio.”

En este sentido, ZygmuntBaumanen su ensayo sobre la “Educación Líquida”, vemos a la educación más como un producto que como un proceso. Así la educación parece abandonar la noción de conocimiento útil para toda la vida para sustituirla por la noción de conocimiento de usar y tirar. La educación debería ser una acción continua de la vida y no dedicarse únicamente al fomento de las habilidades técnicas.

La política educativa que se ha implementado en nuestro país, concibe al magisterio como insumo a mejorar, no como socio en la transformación, ni tampoco ha puesto atención en los alumnos. Sin embargo una reforma educativa debe incluir planteamientos de modelos de formación, teorías de aprendizaje, análisis de enseñanza, definición de conceptos y requiere, por supuesto, de una participación nutrida, reflexiva y convencida de quienes la llevarán a cabo. Sin embargo se puede afirmar que hemos caído en la tentación de la imposición.

Por estos motivos se debe replantear la implementación de la reforma educativa, atendiendo al interés superior de la niñez que será educada, atendiendo a un proyecto de Nación que comprenda la importancia de formar ciudadanos que recuperen el espacio público del diálogo y sus derechos democráticos, para así ser capaces de controlar el futuro de su entorno y el suyo propio.

Es por lo anteriormente expuesto que propongo el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, a modificar la política de instrumentación de la reforma educativa, a fin de promover el diálogo y el consenso, en beneficio del interés superior de los menores. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos de las entidades federativas, a instrumentar la reforma educativa, respetando los derechos humanos y laborales del personal docente.

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos de las entidades federativas,  a abandonar las acciones de enfrentamiento y represión al magisterio y demás opositores a las medidas de evaluación docente.

CUARTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular dela Secretaría de Educación Pública y al gobierno del estado de Chiapas atender al magisterio chiapaneco, así como establecer mecanismos para el diálogo con los maestros que laboran en el estado de Chiapas.

Dado en el salón de Sesiones de la Comisión Permanente, el 25 de mayo del 2016.

Sen. Zoé Robledo Aburto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se ha solicitado la urgente resolución. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se le concede dicho trámite.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto de considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del PT, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al gobierno federal y a los de diversos estados, a no interferir en los procesos electorales locales en curso.

El Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano: Gracias, señor Presidente.

Es indiscutible, e innegable que en la actualidad existe un profundo malestar con la política y con los partidos por parte de la ciudadanía. Es notoria y marcada la insatisfacción por su falta de transparencia y de resultados, la política está bajo sospecha. Los vicios bajo los cuales se desarrollan los procesos electorales, no han logrado erradicarse a pesar del cambio institucional que arrojó la reforma político-electoral de 2014, la cual entre otras cosas, originó la creación del Instituto Nacional Electoral, sin mayores transformaciones de fondo en la práctica.

Para este 2016 en 13 entidades federativas se desarrollan procesos electorales para la renovación de diversos cargos públicos, en su conjunto los ciudadanos deberán designar alrededor de mil 365 representantes en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Entre estas entidades se elegirán 12 gobernadores, 239 diputaciones de mayoría relativa, 149 diputaciones de representación proporcional y 965 ayuntamientos.

La imparcialidad, la equidad y la legalidad son principios que otorgan certeza a los procesos electorales, ya que por un lado con ello se garantiza que las reglas del juego electoral son las mismas para todos los competidores, y por otro a los ciudadanos se les asegura el respeto a la voluntad popular en la designación de sus representantes populares. Sin embargo y desafortunadamente los procesos electorales en curso no han quedado exentos de las irregularidades, arbitrariedades e intromisión de las autoridades federales, estatales y municipales.

Por ejemplo, en días pasados el Congreso del Estado de Puebla exhorto a la Secretaría de Desarrollo Social, con el objeto de que el delegado en esa entidad se abstenga de llevar a cabo acciones contrarias a la ley, a decir los Diputados están utilizando el Programa Prospera para la coacción del voto, de acción que es el combate a la pobreza.

También ha sido el caso del gobernador de Aguascalientes, en donde reportes periodísticos señalan que ha participado en la supervisión de obras, la inauguración de la feria de este estado.

En Oaxaca han denunciado al gobernador de ese estado dando a conocer de última hora acuerdos, convenios y promesas, como destinar más de 341 millones de pesos para fortalecer los centros de salud de la entidad.

En el caso Zacatecas han sido diversas las voces que han denunciado la intromisión por parte del gobierno del estado en el proceso electoral, particularmente llamó la atención el anunció del mandatario estatal antes del inicio del periodo de campañas de la planeación de más de 906 obras para este 2016, por un valor superior a los 4 mil millones de pesos.

Además, han sido encontradas algunas bodegas que pertenecen a algunos candidatos que están contendiendo en este proceso electoral, con una cuantificación alrededor de entre 80 mil y 100 mil despensas destinadas para la coacción del voto de este 5 de junio.

También por denuncias ciudadanas se detuvo por parte del PRD y PT en el municipio de Villa de Cos, Zacatecas, un tráiler con 30 toneladas de despensas salió de Guadalajara con destino al municipio de Mazapil, así venía la orden que traía el conductor del tráiler.

Entonces, Miguel Alonso, gobernador del estado de Zacatecas, le pedimos que saque las manos del proceso electoral, así como también a la Sedatu, Rosario Robles, en donde el 5 de mayo estuvo de gira por el estado de Zacatecas entregando escrituras en medio del proceso electoral, en tiempo de veda.

Aquí hay una denuncia dirigida a la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, recibida el 10 de mayo en la Procuraduría General de la República, en donde se denuncian actos que generan inducción al voto, proselitismo y propaganda.

En su twitter la Secretaria cínicamente hasta pública que anda en Zacatecas entregando las escrituras.

Entonces, se los dejo a su criterio, y pido a la Mesa Directiva que este punto de Acuerdo sea considerado de urgente y obvia resolución.

Es cuanto.

Proposición con punto de Acuerdo.

Senador HÉCTOR ADRIÁN MENCHACA MEDRANO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Es innegable que en la actualidad que existe un profundo malestar con la política y con los partidos por parte de la ciudadanía. Es notaria la marcada insatisfacción con su falta de transparencia y de resultados, la política está bajo sospecha. Los vicios bajo los cuales se desarrollan los procesos electorales, no han logrado erradicarse a pesar del cambio institucional que arrojó la reforma político electoral del 2014, la cual entre otras cosas, originó la creación del Instituto Nacional Electoral, sin mayores transformaciones de fondo en la práctica.

La democracia no debe ser un ideal lejano, ya que su desarrollo debe llevar consigo una serie de elementos y principios que fortalezcan la credibilidad en las instituciones, la cual día con día se ha ido perdiendo. Aunado a ello es insuficiente la información y difusión por parte de las instituciones a la población sobre los alcances que tiene el voto, así como la importancia del sufragio responsable y sobre todo libre. No hay posibilidad de hablar de un avance en la democracia cuando el universo de electores no coincide con el universo de los elegibles destinatarios de su decisión.

El “Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México”, elaborado por el ahora extinto Instituto Federal Electoral, arrojó como resultados que más de la mitad de los jóvenes en México no se identifican con ningún partido político; 50 por ciento de las personas que participaron en alguna actividad política no electoral, mencionó que ésta no tuvo el resultado deseado; y 49 por ciento de los mexicanos cree que los políticos no se preocupan por gente como ellos1.

Bajo este escenario es responsabilidad de todos los actores políticos y de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como electorales, conducirse con estricto apego a la legalidad, pero sobre todo en busca del bien común, con el objeto de dar seguridad a la ciudadanía de que construir una verdadera democracia es posible en México.

Para este 2016 en 13 entidades federativas se desarrollan procesos electorales para la renovación de diversos cargos públicos, en su conjunto los ciudadanos deberán designar alrededor de mil 365 representantes en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Entre estas entidades se elegirán 12 Gobernadores, 239 diputaciones de mayoría relativa, 149 diputaciones de representación proporcional y 965 ayuntamientos.

La imparcialidad y la legalidad son principios que otorgan certeza a los procesos electorales, ya que por un lado con ellos se garantiza que las reglas del juego electoral son las mismas para todos los competidores, y por otro a los ciudadanos se les asegura el respeto a la voluntad popular en la designación de sus representantes populares. Sin embargo, y desafortunadamente los procesos electorales en curso no han quedado exentos de las irregularidades, arbitrariedades e intromisión de autoridades Federales, Estatales o municipales.

Por ejemplo en días pasados el congreso local de Puebla exhortó a la Secretaría de Desarrollo Social, con el objeto de que su delegado en esa entidad se abstenga de llevar a cabo acciones contrarias a la ley, a decir de los diputados “están utilizando el programa Prospera para la coacción del voto, de acción que es el combate a la pobreza”2.

También ha sido el caso del gobernador de Aguascalientes en donde reportes periodísticos señalan que ha participado en la supervisión de obras, la inauguración de la feria de ese Estado; situación similar ocurre en Chihuahua en donde opinando y prometiendo beneficios en medio de las campañas por la sucesión de la gubernatura; en Oaxaca han denunciado al gobernador de ese Estado dando a conocer de última hora acuerdos, convenios y promesas como destinar más de 341 millones de pesos para fortalecer los centros de salud de la entidad; el caso de Quintana Roo en donde el gobernador de esa entidad a días del inicio de las campañas electorales anunciara el arranque de un programa para el combate a la pobreza; del mismo modo en Zacatecas diversas voces han denunciado la intromisión por parte del Gobierno del Estado en el proceso electoral, particularmente llamó la atención el anuncio del mandatario estatal antes del inicio del periodo de campañas de la planeación de más de 906 obras para este 2016, por un valor superior a los 4 mil millones de pesos3, así como el reparto de miles de despensa ligadas a autoridades del Estado.

No es de subestimarse en estos casos la influencia que pueden llegar a tener aquellos que ostentan la calidad de gobernadores de un estado, por esta razón es pertinente que se mantengan al margen del desarrollo de los procesos electorales a fin de conseguir elecciones justas, donde la competencia se determine exclusivamente por el talante, acciones y proposiciones de los propios candidatos a ocupar los cargos públicos en cuestión.

Viciar el consentimiento del elector es una acción que detiene el progreso del país, más aun tomando en cuenta que se torna abusivo el aprovecharse de las necesidades de los grupos vulnerables de la población mediante discursos y acciones proselitistas con el fin de desviar la verdadera voluntad del elector. La representación política efectiva se materializará bajo la presencia vigilante del Estado y con estricto respeto al Estado de derecho.

Ante dichas circunstancias es necesario anticipar medidas de imparcialidad y neutralidad electoral, así como prever sanciones severas al uso de recursos públicos o privados en los procesos electorales, por lo cual, es indispensable que las autoridades electorales ostenten una posición firme que ponga freno a estos excesos de parte de los poderes estatales como intromisiones en los procesos electorales. Es preciso generar en la población una actitud de resistencia ante la coerción y la compra de voto, una tarea de todos pero sobre todo de las autoridades en la materia.

Es claro que todos los procesos electorales locales en curso han estado marcados por una serie de señalamientos de intromisión de diversas autoridades tanto federales como de cada entidad, en este sentido, es necesario que la autoridad electoral vigile y garantice el respeto a la voluntad del sufragio de los ciudadanos en el tiempo restante de las campañas como en el día de la jornada electoral.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a los gobernadores de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, a no intervenir en los procesos electorales locales en curso a fin de garantizar la imparcialidad, equidad e igualdad de las contiendas.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a vigilar que las autoridades de los tres niveles de Gobierno no intervengan en el desarrollo de los procesos electorales locales en curso.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 25 de mayo de 2016.

1 Instituto Nacional Electoral “Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México”, (2014), [consultado: 18/05/2016/] disponible en internet:
http://www.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Informe_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf

2 Meza, Karen, “Exhorta Congreso a delegación de Sedesol mantenerse al margen de la elección”, Periódico Central, [consultado: 20/05/16], disponible en internet: http://www.periodicocentral.mx/2015/politicas/exhorta-congreso-a-delegacion-de-sedesol-mantenerse-al-margen-de-la-eleccion

3 “Tarea Electoral”, Sonora presente, [consultado: 18/05/16], disponible en internet:
http://sonorapresente.com/entrada/2016/05/tarea-electoral/

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se solicitó la urgente resolución. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de otorgarse dicho trámite.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a la Primera Comisión.





 

Tiene el uso de la palabra el Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena, para presentar un punto de Acuerdo relativo a las irregularidades que se han exhibido durante el proceso electoral en curso en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

El principio para la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, de acuerdo con nuestra Constitución Política, es mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.

Sería deseable, en el contexto político en que vivimos, que los procesos para ganar los puestos de elección se desarrollaran en el marco de una competencia política en las urnas, con elecciones transparentes y bajo el principio de la honestidad.

Morena tiene 36 legisladores que llegaron a sus curules bajo el principio de integridad incuestionable.

Ganamos, y lo digo con orgullo, cada uno de los votos que el pueblo nos dio para asumir la responsabilidad de representarlo. Sería deseable que todas las elecciones fueran así, y que los partidos políticos actuaran bajo los mismos principios y sin la utilización de los programas sociales y negociaciones entre contrincantes para perjudicar a un tercero, formas que le han permitido mantenerse en el poder durante tantos años.

Hay avances que han arrojado como consecuencia las actuales leyes en materia electoral.

No obstante lo anterior, es preciso alzar la voz desde esta tribuna porque no podemos callar ante el cúmulo de irregularidades que se perciben en las 14 entidades federativas para la elección del próximo 5 de junio, sobre todo cuando las autoridades encargadas de administrar, organizar, ejecutar y supervisar los procesos electorales no han tomado cartas en el asunto.

La FEPADE no ha cumplido con su función primordial de prevenir y perseguir esos delitos.

De manera específica, en Veracruz, las irregularidades han rebasado todos los límites porque las acciones del gobierno se han enfocado al hostigamiento recurrente y violento contra las y los militantes y simpatizantes de Morena.

El gobernador saliente, Javier Duarte ha recurrido al condicionamiento de apoyos y acciones en contra de las mujeres, poniendo como base de negociación recursos para cubrir necesidades básicas de las y los veracruzanos.

Hemos documentado casos donde mujeres de esta entidad denuncian que se les ha condicionado apoyos del Programa Prospera, que el gobierno del estado dirige a este sector con una clara intención de apoyar al partido gobernante.

Hemos denunciado hechos como el registro anticipado a un programa denominado “Creciendo”, que el candidato del PRI ha difundido públicamente, promovido por trabajadores de Sedesol, con chalecos que los identifican como tales, convocando a las beneficiarias registradas en los padrones del programa para invitarlas a reuniones con el candidato priísta, entregándoles una tarjeta de compromiso para que cuando gane la gubernatura puedan reclamar los ofrecimientos. Estos hechos y testimonios están ya documentados.

Por razones de tiempo no pude enumerar la cantidad de irregularidades que el gobierno de Duarte comete rumbo a las elecciones en franco apoyo al candidato Yunes Landa, pero se detallan en la proposición con punto de Acuerdo que presento en representación de Morena en esta Comisión Permanente.

Entre otros, se deben investigar las acciones cometidas por Alfredo Ferrari Saavedra, Secretario de Desarrollo Social y hasta hace apenas unos meses Presidente del PRI estatal en Coatzacoalcos; a Víctor Rodríguez Gallegos y Marcelo Montiel; a Alejandro Baquedano, ex delegado del programa federal Prospera, quien operó en favor del candidato del PRI violando flagrantemente las leyes electorales y el acuerdo electoral en esta jornada.

Lamentablemente la gente en Veracruz tiene miedo, Duarte ha infundido terror en la población con los abusos cometidos contra periodistas y contra quienes han   manifestado su inconformidad por las decisiones arbitrarias que distinguen su administración.

Morena exige aplicar la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el Código Penal para el estado de Veracruz y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por lo anteriormente expuesto, Morena solicita que:

Primero.- La Comisión Permanente de este H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social, cancele temporalmente el otorgamiento de los programas sociales, en virtud de que estos están siendo utilizados para coaccionar el voto en todo el país.

Segundo.- La Comisión Permanente de este H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, finque responsabilidades al ex delegado federal de Prospera, Alejandro Baquedano, quien renunció al cargo hace unos días, por su presunta participación en la coacción del voto a cambio de sufragar en favor del PRI y se le finquen responsabilidades penales por el uso y abuso de los programas sociales con fines políticos.

Tercero.- La Comisión Permanente de este H. Congreso de la Unión, exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, para que investigue y sancione los diversos delitos electorales, por parte de funcionarios federales, que han violado los principios constitucionales rectores en materia electoral.

Y, por último.

Cuarto.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para que investigue los hechos mencionados iniciando el procedimiento correspondiente para fiscalizar los gastos de campaña del candidato a gobernador del estado de Veracruz, Héctor Yunes Landa y la candidata Diputada local por el distrito V, con sede en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz la ciudadana Graciela Patricia Berlín Mendoza.

Muchas gracias a todos.

Proposición con punto de Acuerdo.

El que suscribe, Diputado VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la renovación de los poderes se realizará por medio de elecciones libres, auténticas y periódicas. Asimismo, el derecho electoral en México ha tenido un papel relevante en la alternancia y en el desarrollo de nuestra incipiente democracia. La teoría señala que este derecho electoral aporta dos factores fundamentales a nuestro sistema electoral y de partidos.

Por un lado, destaca la introducción paulatina de reglas claras y el diseño de instituciones que generen seguridad, certidumbre y transparencia en los procesos y resultados electorales. Porotro, la instauración de un sistema de medios de impugnación que garantice legalidad y constitucionalidad de todo acto o resolución electoral, así como la protección de los derechos políticos.

Elcamino hacia el proceso electoral del 5 de junio, en el que se eligen Gobernadores, Diputados Constituyentes, Diputados locales y Presidencias Municipales y que abarcará un total de 14 entidades federativas, hemos sido testigos de una serie de irregularidades que se presentan sistemáticamente en diferentes momentos. Las autoridades encargadas de administrar, organizar, ejecutar y supervisar los procesos electorales no han tomado cartas en el asunto. Del mismo modo, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) no ha cumplido con su función primordial de prevenir y perseguir los delitos electorales.

En el caso particular del estado de Veracruz, las irregularidades se han multiplicado de manera importante, aunado al hostigamiento recurrente y violento que sufren las y los militantes y simpatizantes de Morena. El gobierno de Javier Duarte de Ochoa ha incurrido en prácticas antidemocráticas que lucran con las necesidades básicas de las y los veracruzanos. En las últimas semanas, se han documentado diversos casos donde mujeres de esta entidad denuncian que se les han condicionado los apoyos que el Gobierno del Estado dirige a este sector con una clara intención de apoyar al partido gobernante.

Durante cada proceso electoral, se incrementa la violencia institucional contra las mujeres debido a la coacción del voto. Es un hecho queHÉCTOR YUNES LANDA Y EL PRI PROMUEVEN LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES DEL PROGRAMA PROSPERA, con la operación generalizada en el Estado de Veracruz, con el registro anticipado a un supuesto programa llamado “CRECIENDO”, mismo que el mismo candidato ha difundido públicamente. Supuestos trabajadores de SEDESOL, que usan chalecos que los identifican como tales, están utilizando los padrones del programa para convocar a las beneficiarias,invitándolas a reuniones con el candidato priista, mediante la entrega de una tarjeta de compromiso para cuando, según ellos, “se gane la gubernatura”, puedan reclamar los supuestos beneficios. Todos estos hechos y testimonios están debidamente documentados.

Los priístas y sus aliados con su candidato Yunes Landa a la cabeza, están usando ilegalmente los padrones de beneficiarios de los programas. No podemos ignorar que Alfredo Ferrari Saavedra, Secretario de Desarrollo Social, fue hasta hace apenas unos meses Presidente del PRI estatal y un operador priista en la zona de Boca del Rio. Tampoco olvidamos que los videos mostrados por el PAN, obligaron a separar de sus cargos a Ranulfo Márquez, sustituido por Ferrari y a Salvador Manzur, entonces titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación y hoy delegado de Banobras en el estado.

En Coatzacoalcos, el candidato del PRI Víctor Rodríguez Gallegos y Marcelo Montiel Montiel coordinador priísta en el Sur, pretenden comprar el voto ciudadano con materiales de construcción y otras dádivas que tienen almacenados en bodegas.

Marcelo Montiel Montiel exsecretario de Desarrollo Social y Exdelegado de SEDESOL Federal en Veracruz, habría desaparecido más 800 millones de programas sociales, de acuerdo a la denuncia de Juan Bueno Torio y otros 500 millones de pesos según el Senador Alejandro Encinas.

Montiel es un conocido abusador de los más pobres en el sur de Veracruz, de acuerdo al estudiodel CIESAS1 del Golfo titulado: “Uso político de programas sociales y nuevos intermediarios institucionales: el Programa Progresa/Oportunidades en el sur de Veracruz”, ahora vuelve al ataque ejerciendo presión contra los más pobres y necesitados.

La estrategia electoral priísta se muestra claramente: el gobierno del estado con la falta de inversión y desaparición de más de 35,000 millones de pesos de todos los programas sociales, de acuerdo con los datos obtenidos de la revisión de la cuenta pública del 2015 de la Auditoría Superior de la Federación, propició el incremento de la pobreza en el estado en más de medio millón de veracruzanos entre 2011 y 2014, de acuerdo al CONEVAL. Ahora van tras de su voto obligado y comprado para seguir manteniéndose en el poder.

Diferentes medios electrónicos e impresos han documentado una serie de irregularidades en favor del candidato del PRI-Verde al Gobierno de Veracruz de las cuales documentamos las siguientes:

El semanario Chopas señala a través de un testimonio de una beneficiaria de PROSPERA la forma de cómo condicionan los programas sociales en favor de un candidato. El audio revela lo siguiente:

“Vino mi vocal del Programa Prospera y me invitó que participara en el programa “creciendo” de manera voluntaria. Peroal pedirme mi credencial de elector me negué porque ya se la había dado con anterioridad; fue cuando se enojó porque me amenazó que si yo no daba mi credencial, le iban a quitar la ayuda que recibe mi hijo que está en la secundaria.

Por miedo a perder estos apoyos le di la credencial, pero muchas vecinas no lo hicieron pero de igual manera fueron amenazadas, al rato volvieron a pasar pero ahora le daban a los vecinos 300 pesos por credencial, algunos sí aceptaron el dinero pero otros no”.

Por otro lado el portal electrónico en internet YOUTUBE  ha difundido un video donde el  PAN y PRD exhiben compra de votos en Veracruz, a través de PROSPERA”  a favor del PRI, donde queda como prueba fehaciente que el audio involucra directamente al entonces Delegado del programa federal “PROSPERA”, Alejandro Baquedano quien tuvo que renunciar ante la evidencia del manejo de los programas en contubernio con el Diputado del PRI Raúl Zarrabal Ferat, donde pretendían direccionar 300 mil apoyos del mencionado programa en favor del candidato del PRI Héctor Yunes Landa, violando flagrantemente las leyes electorales y el acuerdo de la veda electoral en esta jornada electoral.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales contempla en el artículo 11 que se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición;

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.

Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo;

III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado;

Por su parte el artículo 365 del Código Penal para el Estado de Veracruz señala:

Artículo 365.- A quien en el ejercicio de la función pública dilate, obstaculice, niegue la debida atención o impida el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso a programas, acciones, recursos públicos y al disfrute de políticas públicas, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión, multa de hasta trescientos días de salario y destitución e inhabilitación para ejercer otro empleo, cargo o comisión públicos hasta por dos años.

En este mismo sentido la Ley de la mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio Llave señala en su capítulo II artículo 8º, fracción V las siguientes consideraciones al respecto:

CAPÍTULO II
DE LAS MODALIDADES DE LA VIOLENCIA

Artículo 8.- Son modalidades de violencia contra las mujeres:

I.- Violencia de Género:

Cualquier acción u omisión, basada en el género, que les cause a las mujeres de cualquier edad, daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público y que se expresa en amenazas, agravios, maltrato, lesiones, y daños asociados a la exclusión, la subordinación, la discriminación y la explotación de las mujeres y que es consubstancial a la opresión de género en todas sus modalidades afectando sus derechos humanos. La violencia de género contra las mujeres involucra tanto a las personas como a la sociedad, comunidades, relaciones, prácticas e instituciones sociales, y al Estado que la reproduce al no garantizar la igualdad, al perpetuar formas legales, jurídicas, judiciales, políticas androcéntricas y de jerarquía de género y al no dar garantías de seguridad a las mujeres durante todo su ciclo de vida;

V.- Violencia Institucional:

Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno, resultado de prejuicios de género, patrones estereotipados de comportamiento o prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad de las mujeres o de subordinación a los hombres, que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar, impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia…

Ante esta violencia política e Institucional, que el PRI y sus aliados están desencadenando contra las mujeres de Veracruz, la fracción Parlamentaria de Morena a través de losdiputados y diputadas federales, mantendrá en el estado, un seguimiento permanente para verificar el uso político-electoral de programas federales. Sobre todo, a los que deben ser usados para el combate a la pobreza pero se manejan con otros propósitos. Asimismo, apoyaremos la defensa de las mujeres contra la violencia institucional utilizando, sobre todo la VÍA PENAL, para que los abusadores reciban los castigos contemplados en la Ley.

Recientemente, el día siete de mayo del año en curso, en el domo de la Plaza Cívica 18 de marzo, ubicado en el municipio de Poza Rica, Veracruz,se llevó a cabo un evento con motivo del día de la cruz, celebrado por la empresa denominada “ALBA MATERIALES” y la COALICION “PARA MEJORAR VERACRUZ” integrada por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Alternativa Veracruzana y Cardenista.En dicho evento, dirigido al sector dedicado a la construcción dentro del municipio, se presentaron en un acto de campaña electoral el candidato a gobernador del Estado de Veracruz, Héctor Yunes Landa y la candidata a diputada local por el distrito V, Graciela Patricia Berlín Mendoza emitiendo un discurso dirigido a los asistentes para contar con su voto en favor de la coalición “PARA MEJORAR VERACRUZ”.

Durante el desarrollo del evento los organizadores y los candidatos brindaron una comida a los asistentes.Deigual forma, hicieron entrega de electrodomésticos a todos los concurrentes, amenizando el evento un grupo musical, presionando y coaccionando el voto en favor de la coalición “PARA MEJORAR VERACRUZ”, contraviniendo con ello lo previsto en el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos; con ello se vulnera la equidad en la contienda, posicionándose de manera indebida frente al electorado.

A la sociedad veracruzana le informamos que los y las legisladoras de Morena darán asesoría y acompañarán a los y las beneficiarias de cualquier programa social en la presentación y seguimiento de sus denuncias formales por abuso en contra de sus derechos humanos y políticos y tendrán como objetivo principal el detectar a los funcionarios de cualquier orden y nivel de gobierno para iniciar procedimientos legales diversos contra ellos.

Para elGrupo Parlamentario de MORENA es importante denunciar públicamente, en esta Comisión Permanente estos hechos; que lesionan gravemente la dignidad de las mujeres y pone en evidencia la corrupción y dispendio por el que actúan ciertos funcionarios, con el oscuro propósito de orientar artificialmente el voto y la voluntad de los ciudadanos.

Resaltamos que la coacción del voto quedódebidamente acreditada por parte del funcionario Federal y Delegado de PROSPERA, Alejandro Baquedano, quien incurrió en violaciones graves a las leyes electorales, posibles actos de corrupción y rompió con el espíritu y principio constitucional de la elección libre y auténtica de nuestros representantes.

El Grupo Parlamentario de Morena exige que la autoridad electoral asegure la legalidad, legitimidad y credibilidad de los procesos electorales; que se organicen y que se respeten los principios rectores de independencia, imparcialidad, integridad, transparencia, eficacia y profesionalismo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente de este H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social, cancele temporalmente el otorgamiento de los Programas Sociales, en virtud que estos están siendo utilizados para coaccionar el voto en todo el país.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente de este H. Congreso de la Unión, exhortaal titular del Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, finque responsabilidades al exdelegado Federal del Programa PROSPERA, Alejandro Baquedano, por su presunta participación en la coacción del voto a cambio de sufragar en favor del PRI y por el uso y abuso de los programas sociales con fines políticos.

TERCERO.- La Comisión Permanente de este H. Congreso de la Unión, exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), para que investigue y sancionelos diversos delitos electorales,por parte de funcionarios federales, que han violado los principios constitucionales rectores en materia electoral. Las quejas ya han sido interpuestas por la representación de Morena en el Instituto Nacional Electoral

CUARTO.- La Comisión Permanente de este H. Congreso de Unión, exhorta a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para que investigue los hechos mencionados iniciando el procedimiento correspondiente para fiscalizar los gastos de campaña del candidato a gobernador del Estado de Veracruz, Héctor Yunes Landa y la candidata a diputada local por el distrito V, con sede en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz la C. Graciela Patricia Berlín Mendoza.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 25 de mayo de 2016.

Suscribe

Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza.

1 “En el municipio de Coatzacoalcos, el enlace municipal en 2004, “Rodrigo”5, renunció a su puesto para poder hacer campaña electoral por Marcelo Montiel, presidente municipal que se postulaba a diputado local —y que sacó la primera mayoría en las elecciones de 2004 y volvió a ser electo presidente municipal en 2007—. Rodrigo es considerado una autoridad importante en el municipio, uno de los operadores de Montiel, y se le denunció varias veces en los medios por usar la estructura del Programa para invitar a reuniones de apoyo a “Marcos”

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se ha solicitado el trámite de urgente resolución. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de darse dicho trámite.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se turna a la Primera Comisión.





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, para presentar a nombre propio y del Senador Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a incluir la “Hipertensión Arterial Pulmonar” en el catálogo de intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su venia, Senador Presidente.

“Es mi aspiración que la salud no sea vista finalmente como una bendición a desear, sino como un derecho humano por el que luchar”. Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas.

Hoy quiero, compañeras y compañeros legisladores, darle la bienvenida a esta Comisión Permanente que se lleva a cabo aquí en el Senado de la República, a la señora Teresa Zepeda que se encuentra aquí entre nosotros.

La señora Teresa Zepeda es la mamá de Jacqueline. ¡Bienvenida doña Tere! Es una mujer, como somos las mujeres duranguenses, luchona, entrona, que da todos los días su vida para que su hija salga adelante cada día. Doña Tere, gracias.

Tuve la oportunidad que a doña Tere me la presentara Heber García Cuéllar, un periodista muy conocido de mi estado y que me acercara a esta problemática que tiene que ver, como lo hemos concebido el Senador Ismael Hernández Deras y yo, que la conservación de la salud es, sin duda, un elemento principal para la calidad de vida y el ejercicio pleno de la participación de la sociedad.

Los esfuerzos que a ella conlleven deben considerarse prioridad en las obligaciones de los estados, del Estado y las sociedades.

En razón de lo expuesto, nos permitimos el Senador Ismael Hernández Deras y la de la voz, presentar ante ustedes esta proposición con punto de Acuerdo que versa sobre la necesidad actual de un grupo de personas originarias de nuestro estado, de nuestro amado Durango, entre las que se encuentra la niñas Jaqueline, Natalia, Judith, Yatzel, Nayeli y el niño Jesús, y otras personas adultas, cuyas madres y padres tuvieron a bien acercarse a nosotros y solicitar nuestra gestión ante las autoridades de salud para que sus hijos con Hipertensión Arterial Pulmonar tengan acceso al medicamento que requieren para el control de dicha enfermedad y su supervivencia.

Compañeras y compañeros Legisladores: La Hipertensión Arterial Pulmonar, HAP, conocida por sus siglas, es una enfermedad poco común. En México 15 casos de cada millón de personas, en las que existe un aumento, en la presión de las arterias pulmonares que afecta la circulación de los pulmones y esto hace que aumente la presión y el corazón realice un esfuerzo mayor, lo que provoca que el corazón vaya creciendo, que se vaya dilatando.

El corazón se va agrandando y el paciente se va deteriorando. Es una enfermedad que sin atención resulta mortal, tiene cuatro etapas:

La primera etapa, presenta síntomas mínimos que no limitan la actividad física de las personas.

La segunda etapa, tiene que ver con una falta de energía, fatiga y debilidad.

La tercera etapa, desmayos, mareos, cansancio, falta de aire, esto es peramente durante el día y la noche.

La cuarta etapa, es la incapacidad de desarrollar cualquier tipo de actividad, incluso existe fatiga estando en reposo.

Hace algunos años la Hipertensión Arterial Pulmonar era considerada como una enfermedad intratable, sin embargo a medida en que la ciencia ha avanzado se ha identificado un medicamento que ayuda en su tratamiento, el Bosentán.

Este medicamento se suministra de forma diaria y la dosis depende de la edad del paciente, y en el caso de no tomar el medicamento se puede producir un deterioro en la salud de las personas, complicando su situación, llegando a una esperanza de vida máxima de tres años.

Los pacientes que comienzan a consumir el Bosentán muestran notable mejoría de su salud, sin embargo, si la dosis se suspende se podría agravar la situación del paciente debido a que su deterioro regresaría a como estaba antes o aún peor.

Esto significa una grave problemática, debido al no tener las personas acceso al Bosentán o suspender sus dosis, no podrían alcanzar la calidad de vida a la cual tienen derecho. El problema de esta situación deriva del costo del Bosentán, mismo que asciende aproximadamente a 41 mil pesos mensuales, sólo como un dato de reflexión, esto equivale a 18 salarios mínimos.

Como decía Hipócrates: “Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces es cuestión de oportunidad”.

Para las personas con Hipertensión Arterial Pulmonar su vida depende de la oportunidad de contar con el medicamento, mismo que es inalcanzable para la mayoría de los pacientes, por ello acuden a las instituciones del Sector Salud y así poder acceder al medicamento del cual depende su vida.

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, no cuenta con el tratamiento de su cuadro de medicamentos básicos. En el Sistema de Protección Social en Salud, el Seguro Popular, sólo tiene acceso a las niñas y los niños menores de 5 años, para los mayores no hay disposición, sólo en 2 ó 3 entidades federativas, incluida la Ciudad de México.

Al contrario del IMSS, el ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, afortunadamente el Bosentán forma parte del cuadro básico de medicamentos, y es la única institución que lo administra a todos sus derechohabientes.

Para las personas con Hipertensión Arterial Pulmonar, en su mayoría niños y sus familias, acceder al medicamento implica el costo de traslado a otro estado como Chihuahua o la Ciudad de México.

Así es el caso de la señora Tere y de muchas niñas y niños que están en Durango y de personas adultas.

Esto representa una problemática debido a que el traslado implica en algunos casos hasta un día completo de viaje, por el cual los niños y las personas ven afectada su salud, como es el caso de un niño de cinco años que doña Tere conoció, y que viajó de la Ciudad de Durango a la Ciudad de México, y al regresar el niño fue internado debido al intenso agotamiento que desarrolló durante el viaje, ya que presentaba fatiga aun en reposo por la etapa cuarta de la Hipertensión Arterial Pulmonar.

Lamentablemente este niño duranguense, como lo está diciendo la señora desde donde se encuentra sentada, falleció.

Compañeras y compañeros: Ismael, el Senador y yo, les presentamos este punto de Acuerdo para solicitar su apoyo porque no queremos que más niños mueran y que el IMSS considere incorporar en su cuadro básico este medicamento, y que la Secretaría de Salud que sí lo tiene, proponga al comité específico para su incorporación al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, y que también la Secretaría de Salud a través del Seguro Popular, facilite el acceso allá en el estado para que los niños no tengan que viajar a conseguirlo, porque cada viaje para ellos significa un deterioro en su salud.

Compañeras y compañeros: La salud no lo es todo, pero sin ella lo demás es nada.

Por su apoyo, muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo.

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ e ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, Senadores de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración  de esta soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTAA LA SECRETARIA DE SALUD, LA INCLUSIÓN DE LA “HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR” EN EL CATÁLOGO DE INTERVENCIONES DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS; REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE INCLUIR EN LA COBERTURA DEL SEGURO POPULAR EL TRATAMIENTO DE “HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR” EN EL ESTADO DE DURANGO Y SE SUMINISTRE EL MEDICAMENTO BOSENTAN; A PROMOVER ESTUDIOS MÉDICOS Y ESTADÍSTICOS SOBRE LA INCIDENCIA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR EN MÉXICO; EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, QUE EN UNIDADES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN REALICEN ACCIONES QUE GARANTICEN LA DISPONIBILIDAD DEL BOSETÁN; Y EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, A REALIZAR ACCIONES QUE GARANTICEN LA COBERTURA DE LOS MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR, al tenor de las siguientes:

La conservación de la salud es sin duda el elemento principal para la calidad de vida y el ejercicio pleno de la participación en la sociedad; los esfuerzos que a ella conlleven deben considerarse prioridades en las obligaciones de los estados y las sociedades. El ejercicio de la medicina de acuerdo al juramento hipocrático redactado en 1948 en la Convención de Ginebra señala que “La salud y la vida de mi enfermo será la primera de mis preocupaciones”; esta sentencia no aplica solamente a quienes ejercen dignamente la medicina como profesión, sino a quienes como vocación les ha sido encomendado el deber de mejorar las políticas públicas en materia de salud. La división de poderes en el Estado Mexicano es resultado de una larga lucha por la democracia pero no representa un asilamiento de cada uno de ellos, antes bien un complemento mutuo que define responsabilidades y atribuciones para con la sociedad.

Esta Proposición con Punto de Acuerdo, versa sobre la necesidad actual de un grupo de personas originarias del estado de Durango, especialmente de niñas; cuyas madres, padres, tutores, así como los familiares, son quienes que han solicitado atención de acuerdo a la responsabilidad de representación popular, para quienes viven con Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP), han expresado una serie de problemáticas referentes con la disponibilidad del tratamiento necesario para combatir los efectos de esta enfermedad y mantener su vida y la calidad de la misma, como miembros útiles y productivos de la sociedad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 1983 se consagró como norma Constitucional el derecho a la protección de la salud, así como se reformó el artículo 4o. de la Constitución, el cual menciona que “…Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general…”1.

La Ley General de Salud establece en su artículo 1° el derecho a la salud, establece las bases y modalidades para el acceso a la salud y así como en el artículo 1°Bis proporciona la definición de salud. 2

Según el artículo 2° “El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;

La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y

El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud”3

Siguiendo esta línea se creó el Programa Sectorial de Salud que tiene por objetivos:

“…Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades; asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad; reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida; cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país; asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud; avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectora de la Secretaría de Salud.”4

En el artículo 32 y 33 de la Ley General de Salud se refiere a la atención médica como “el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud…” y menciona que las actividades de atención médica pueden ser preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas, esta última es en relación a la preservación de la calidad de vida del paciente, usando como medio la prevención, tratamiento y control del dolor5.

En este tenor se atiende la siguiente consideración:

I. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, expresa el derecho al acceso pleno a la salud como un medio para un nivel de vida adecuado.6

Después del análisis de los diversos ordenamientos legales, se deriva como prioridad el acceso de las personas a la salud, esto significa tener la posibilidad de  accesar a medicamentos que no se encuentren a un costo elevado, como es el caso del la Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP),  así mismo dicha enfermedad sea incluida en el Catálogo de Intervenciones del Fideicomiso de Protección contra Gastos Catastróficos ante el Comité Técnico del Fideicomiso de Protección Social en Salud, para de esa forma poder satisfacer sus necesidades y lograr el bienestar del individuo.

Un ejemplo lo tenemos con la Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP) que es una enfermedad que consiste en una dolencia muy infrecuente que tiene su origen en una elevada presión sanguínea en las arterias que se dirigen del corazón a los pulmones, conocidas como las arterias pulmonares. Este aumento en la presión sanguínea ejerce presión sobre el corazón llegando finalmente a colapsar el lado derecho. La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad muy grave que, por desgracia, es incurable7.

Esta enfermedad es clasificada por el Sistema Nacional de Salud como compleja, grave, progresiva, de gran letalidad e incurable, de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, la sintomatología de este padecimiento se describe de la siguiente manera8:

Clase I

• Los pacientes presentan síntomas mínimos que no limitan su actividad física. La actividad física ordinaria no provoca disnea o fatiga excesiva, dolor de pecho, palpitación ni presíncope.

Clase II

• Los pacientes presentan síntomas que se traducen en una leve limitación de la actividad física. El paciente está cómodo en reposo, pero experimenta disnea o fatiga excesiva, dolor en el pecho o presíncope con la actividad física ordinaria.

Clase III

• Los pacientes presentan síntomas que se traducen en una marcada limitación de la actividad física. El paciente está cómodo en reposo, pero experimenta disnea o fatiga excesiva, dolor en el pecho o presíncope con una actividad física inferior a la ordinaria.

Clase IV

• Los pacientes presentan síntomas que se traducen en incapacidad para desarrollar cualquier tipo de actividad física. Puede experimentar disnea y/o fatiga incluso en reposo. El disconfort aumenta con la actividad física. Estos pacientes manifiestan signos de insuficiencia cardiaca derecha.

Hace algunos años la Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP) era considerada una enfermedad intratable, sin embargo a medida que la ciencia ha avanzado en el conocimiento de esta enfermedad se tiene conocimiento de un medicamento que ayuda en el tratamiento de la Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP) que es el Bosentan9.

México fue la sede del Simposio Latinoamericano de Hipertensión Arterial Pulmonar realizado en 2015, esto muestra el creciente interés de la sociedad mexicana en esta enfermedad, entre sus principales objetos se encuentra  profundizar en los estudios de esta enfermedad, logrando un avance tecnológico para de esa forma aumentar la expectativa y calidad de vida de las personas que padecen la Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP).

Por otro lado tenemos que en México, existen 15 casos por millón de personas, según el Instituto Mexicano del Seguro Social que padecen Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP)10.

El Senador Ismael Hernández Deras y la de la voz, Senadores por el estado de  Durango, tenemos conocimiento de 9 casos de personas con esta enfermedad, que tuvieron un acercamiento y solicitan nuestra gestión ante la autoridad de salud para obtener el Bosentan, que es un medicamento necesario para controlar la Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP), mismos que se enlistan a continuación:

Nombre

Edad

Lugar de Origen

Jaqueline

15 años

Durango, Durango

Natalia Anahi

8 años

Tepehuanes, Durango

Judith

7 años

Coneto de Comonfort, Durango

Jesús Jara

3 años

Durango, Durango

María Leticia

43 años

Durango, Durango

María Luisa

53 años

Durango, Durango

María del Rayo

26 años

Durango, Durango

Yatzel Adamar

16 años

Topia, Durango

Nayeli

2 años

Durango, Durango

El Bosentan es un medicamento que tiene indicaciones para la Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP), ya que es un antagonista selectivo de los receptores A y B de la endotelina, indicado en pacientes con esta enfermedad, disminuyendo la resistencia vascular para mejorar la capacidad de esfuerzo y los síntomas cardiorespiratorios, retrasando el deterioro clínico, este medicamento pertenece al Grupo No. 13 Neumología, que su vez se encuentra dentro del Grupo Terapéutico, dentro de la clasificación establecida en el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del Consejo de Salubridad General, la presentación de este medicamento es de 60 tabletas y la cantidad de la dosis depende de si es inicial (62.5mg) o de mantenimiento (125mg)11.

La dosis inicial se suministra en pacientes que están probando por primera vez el medicamento, para de esa forma ver la reacción que tiene el cuerpo ante el medicamento y poder establecer las dosis de mantenimiento, que será suministrada de forma permanente para evitar que el paciente sufra de degeneración a causa de la enfermedad y poder aumentar su calidad de vida.

Sin embargo su alto costo en el mercado nacional imposibilita a los pacientes y sus familias acceder a este medicamento, de acuerdo al “Tablero de Control de Abasto de Insumos Médicos del ISSSTE”12, el precio de lista del bosetán es de $ 40,480.56 (Cuarenta mil cuatrocientos ochenta pesos 56/100 M.N.), que equivale a una dosis mensual para un paciente enfermo; solo como un dato de reflexión esto equivale aproximadamente a 18 salarios mínimos mensuales.

Debido a los costos tan elevados del medicamento las niñas tienen que viajar desde el estado de Durango al Hospital Pediátrico Azcapotzalco, ubicado en el Distrito Federal, así como al Hospital General de Chihuahua, para poder tener acceso al Bosentan, debido a que en Durango dicho medicamento no se encuentra en el Cuadro Básico de Medicamentos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Existen medicamentos alternos al Bosentan para el tratamiento de la Hipertensión Arterial Pulmonar, como lo es el Iloprost que es una solución para nebulizar, la cual presenta un costo más elevado que el Bosentan, ya que no solo implica el costo del medicamento, sino también la adquisición de una bomba para poder nebulizar el medicamento; y el Sildenafil que su presentación es en tabletas, sin embargo este medicamento no tiene los mismo efectos en los pacientes con HAP que el Bosentan, estos 2 medicamentos solo se administran en adultos, según sus generalidades muestran un gran aumento en los efectos adversos, así como en las contradicciones y precauciones, además de resultar sumamente complejos.

En caso de no tomar el medicamento se puede producir un deterioro en la persona, complicando su situación llegando a una esperanza de vida máxima de 3 años, así mismo los pacientes que comienzan a consumir el Bosentan muestran una notable mejoría en su salud, sin embargo si la dosis se suspende, se podría agravar la situación del paciente, debido a que su deterioro regresará a como estaba antes de tomar el medicamento o aún peor, esto significa una grave problemática, debido a que al no tener las personas acceso al Bosentan o suspender su dosis no pueden alcanzar la calidad de vida a la cual tienen derecho.

Gracias al avance derivado de los estudios de la HAP ya no es una enfermedad intratable, sin embargo tampoco es un problema resuelto, esto nos lleva a la conclusión de que al ser la salud un derecho fundamental del hombre, las Instituciones encargadas de proveer lo necesario para el acceso a una mejor calidad de vida, deben de realizar las acciones pertinentes para permitir el acceso a medicamentos para el tratamiento de las enfermedades, es de vital importancia atender las deficiencias existentes en el sistema de distribución y abasto de medicamentos dentro de las instituciones del sector público.

Al no contar con el abasto suficiente y el acceso de los medicamentos tiene implicaciones negativas en los pacientes de bajos ingresos, debido a que no pueden adquirir los medicamentos como en el caso de la HAP, ya que el costo del medicamento es sumamente elevado y es imposible adquirirlo, repercutiendo en la salud del individuo debido a no poder alcanzar una calidad de vida a la cual tiene derecho.

De acuerdo a lo estipulado en la Ley General de Salud en sus artículos 77 Bis 29 y 77 Bis 30,13 se constituirá un Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, cuyo objeto será “apoyar el financiamiento de enfermedades de alto costo”, cuyo gasto resulte un quebranto a la economía de las personas. De acuerdo a la normatividad vigente, “[…] para incorporar un padecimiento o un grupo de intervenciones al Fondo, se requiere que el CSG lo considere como un evento catastrófico, y que posteriormente la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) proponga su inclusión ante el comité́ técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS). Podrán ser considerados “aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el CSG, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren”14

El Catálogo de Intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) incluyó, a 2012, 61 intervenciones dirigidas a la atención de cáncer cérvico-uterino (CaCu), cáncer de mama (CaMa), diversos cánceres de la niñez y adolescencia, cataratas, trasplante de médula ósea (TMO), trasplante de córnea, trasplante de riñón, infarto agudo al miocardio en menores de 60 años, cuidados intensivos neonatales (CIN), trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos, enfermedades lisosomales y hemofilia en menores de 10 años, cáncer de testículo, cáncer de próstata, cáncer gonadal, linfoma no Hodgkin, hepatitis C, cáncer de tubo digestivo y el suministro de antirretrovirales para personas viviendo con VIH/SIDA.15

La Hipertensión Arterial Pulmonar no está considerada dentro del Catálogo de Intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), pero es claro que el coste de los medicamentos necesarios para la conservación de la salud se encuentra claramente contenido en la definición de gasto catastrófico. Por lo que es el interés de la Proposición solicitar a la Comisión Nacional de Protección Nacional en Salud, su incorporación al Catálogo anteriormente citado.

En México no existen cifras exactas sobre la prevalencia de esta enfermedad, sin embargo organizaciones civiles y médicos especialistas datan en 5 mil casos16 aproximadamente, debido a la insuficiencia de diagnósticos oportunos y estadísticas, el Instituto Nacional de Cardiología “Dr. Ignacio Chávez”, registra al menos 30 casos nuevos anualmente.

Hoy día el Bosetán se distribuye en ciertos centros de salud afiliados al Seguro Popular, particularmente en la Ciudad de México, pero la cobertura a nivel nacional es limitada y los viajes continuos de los pacientes a esta capital, ponen en creciente riesgo su salud y su economía. Es necesario que este medicamento así como una intervención oportuna en el diagnóstico, se encuentren disponibles en las entidades federativas.

Se deben de tomar las medidas y acciones necesarias para garantizar el oportuno diagnóstico y la cobertura médica, para los pacientes enfermos de Hipertensión Arterial Pulmonar, a fin de que cuenten en sus entidades, los medicamentos y tratamientos necesarios y suficientes para conservar su calidad de vida, de acuerdo a los derechos antes mencionados.

Por lo anteriormente expuesto me permito presentar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud, solicite a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) la inclusión de la “Hipertensión Arterial Pulmonar” en el Catálogo de Intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos ante el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, de acuerdo con la normatividad vigente.

Segundo.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, realice las acciones necesarias a fin de incluir en la cobertura del Seguro Popular en unidades de segundo y tercer nivel de atención, el tratamiento de “Hipertensión Arterial Pulmonar”, particular y específicamente en el estado de Durango y se suministre el medicamento Bosentan, mismo que se encuentra contemplado dentro del cuadro básico y catálogo de medicamentos de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud; así como proporcionar todas aquellas  alternativas terapéuticas para la adecuada atención, tratamiento y seguimiento de dicho padecimiento.

Tercero.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud a promover estudios médicos y estadísticos sobre la incidencia de la Hipertensión Arterial Pulmonar en México, que permitan conocer la dimensión de este problema de salud, para construir acciones que permitan reducir su impacto en la población y asegurar su calidad de vida.

Cuarto.- El Senado de la República, exhorta respetuosamenteal Instituto Mexicano del Seguro Social, que en unidades de segundo y tercer nivel de atención realicen acciones que garanticen la disponibilidad de los medicamentos necesarios para atender a los pacientes enfermos de Hipertensión Arterial Pulmonar, particularmente el Bosetán, en las entidades federativas con especial énfasis en el estado de Durango donde actualmente no se cuenta con la existencia del mismo.

Quinto.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Instituto de Salud y Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, a realizar acciones que garanticen la cobertura de los medicamentos necesarios para la atención del padecimiento citado en esta Proposición, particularmente se solicita garantice el abasto en el estado de Durango.

Dado en el salón de sesiones de la comisión Permanente, el 25 de mayo de 2016.
Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. Ismael Hernández Deras

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4°, DOF 03-02-1983, Pp 8

2 Artículo 1º. La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.
Artículo 1º Bis. Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

3 Ley General de Salud, artículo 1°, 1°Bis y 2°, DOF 12-11-2015, Pp 1-2

4Secretaria de Salud, Programa Sectorial de Salud, DOF 12-12-2013, disponible en:
http://portal.salud.gob.mx/contenidos/conoce_salud/prosesa/prosesa.html

5 Ley General de Salud, artículo 32 y 33, DOF 12-11-2015, Pp 14

6 Artículo 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU, 1948, disponible en: 
http://www.un.org/es/documents/udhr/

7 Hipertensión Arterial Pulmonar, European Lung Foundation, disponible en:
http://www.europeanlung.org/assets/files/es/publications/pah-es.pdf

8 Diagnóstico y tratamiento de la Hipertensión Pulmonar Primaria en el Adulto, Sistema Nacional de Salud, México 2011, disponible en: http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/433-11_Hipertensixn_arterial_pulmonar/GRR_Hipertensixn_Arterial_Pulmonar.pdf

9Sandoval Zarate, Julio, Hipertensión Arterial Pulmonar, Junio 2006, disponible en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-99402006000600006&script=sci_arttext

10 Instituto Mexicano del Seguro Social, Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial Pulmonar Primaria en el Adulto México, 2011

11 Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos, del Edición 2013, XIII, 345 y 346

13 Artículo 77 bis 29.- Para efectos de este Título, se considerarán gastos catastróficos a los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren.

Con el objetivo de apoyar el financiamiento de la atención principalmente de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud que sufran enfermedades de alto costo de las que provocan gastos catastróficos, se constituirá́ y administrará por la Federación un fondo de reserva, sin límites de anualidad presupuestal, con reglas de operación definidas por la Secretaría de Salud.

Artículo 77 bis 30. Con el objetivo de fortalecer la infraestructura médica de alta especialidad y su acceso o disponibilidad regional, la Secretaría de Salud, mediante un estudio técnico, determinará aquellas unidades médicas de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, que por sus características y ubicación puedan ser reconocidos como centros regionales de alta especialidad o la construcción con recursos públicos de nueva infraestructura con el mismo propósito, que provean sus servicios en las zonas que determine la propia dependencia.

Para la determinación a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Salud tomará en cuenta los patrones observados de referencia y contrarreferencia, así́ como la información que sobre las necesidades de atención de alta especialidad le reporten de manera anual los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud o a través de los sistemas de información básica que otorguen los servicios estatales de salud.

Los centros regionales y demás prestadores públicos de servicios de salud de alta especialidad podrán recibir recursos del fondo a que se refiere este Capítulo para el fortalecimiento de su infraestructura, de conformidad con los lineamientos que establezca la Secretaría de Salud, en los que se incluirán pautas para operar un sistema de compensación y los elementos necesarios que permitan precisar la forma de sufragar las intervenciones que provean los centros regionales.

Con la finalidad de racionalizar la inversión en infraestructura de instalaciones médicas de alta especialidad y garantizar la disponibilidad de recursos para la operación sustentable de los servicios, la Secretaría de Salud emitirá́ un plan maestro al cual se sujetarán los servicios estatales de salud y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud.

No se considerarán elegibles para la participación en los recursos del fondo que se establezca en los términos del presente Capítulo las instalaciones médicas de alta especialidad que no cuenten con elCertificado de Necesidad que para el efecto expida la Secretaría de Salud, en congruencia con el plan maestro a que se refiere el párrafo anterior.

Ley General de Salud, DOF 07/02/1984 disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_121115.pdf

14 Lozano Asencio, R., et al, Evaluación Externa del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema Nacional de Salud, 2013, disponible en: http://portal.salud.gob.mx/codigos/columnas/evaluacion_programas/pdf/IF_EESPSS2013.pdf

15 Ibíd.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se ha solicitado la urgente resolución. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión.

Alguna intervención. Esta Presidencia no tiene oradores registrados. Por lo tanto, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada por la Senadora Yolanda de la Torre.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Estado de México a observar los principios que en materia electoral están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Partidos Políticos.

El Diputado Omar Ortega Álvarez: Con la venia del Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

El día de hoy acudo a esta tribuna para solicitar un punto de urgente y obvia resolución, con un tema importante, para solicitarle de manera respetuosa al Congreso local del Estado de México se apegue de manera irrestricta a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la Ley General de los Partidos Políticos.

Es evidente que la reforma en materia electoral ha tenido avances fundamentales y muy importantes. Nadie puede negar un avance fundamental como es el caso de la paridad sustantiva, que de manera evidente permite, de manera horizontal y vertical, que haya paridad en todos los espacios de representación popular.

Así también el tema de las candidaturas independientes. Los ciudadanos que no tienen partido, tienen la facultad de participar y ya con mucho éxito algunos gobiernan y de manera eficiente. También otro avance importantísimo es el tema de la fiscalización. Hoy se homologan todas las normas a los estados. Se hace esto de manera presencial e inmediata; garantiza normas que permiten que no haya uso o abuso de los recursos públicos o los de diversa procedencia.

Son algunos de los logros importantes que tiene la reforma electoral, pero también ante estos logros importantes que ha dado la reforma electoral, encontramos resistencias, hay que decirlo también con toda claridad y lo hemos visto en algunas gubernaturas de muchos estados de la República, como es el caso de Veracruz, donde hicieron muy tardada la propuesta para entregar el presupuesto al OPLs, al órgano encargado o el caso también, por qué no señalarlo, de Zacatecas, que modificaron la constitución política del estado libre y soberano de Zacatecas para permitir llevar a cabo la redistritación.

O casos también como el de Colima o el de Durango, que tuvo que atraerlos el Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo la elección, uno por mandato del propio Instituto y otro por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hoy es el caso que acontece en mi estado, el Estado de México; el 21 de abril se aprobó la figura de candidaturas comunes, que no tiene otro objeto que generar las mejores condiciones de contienda, se pueda participar con él, sin que lleve en contra su plataforma o su programa de gobierno y hoy, de manera facciosa, por decir lo menos, se quiere alterar la figura de la coalición electoral, tratando primero de generarle nuevamente atribuciones y facultades administrativas al órgano electoral estatal que no tiene en materia de fiscalización, en materia de capacitación, en materia de organización.

Hoy quieren regresar esa facultad al órgano estatal electoral.

También en esta figura, tomando como escusa la figura de candidaturas comunes, quieren que el emblema sea común o el emblema sea único. Y con esto, ya no homologar, como aparece en la propia Ley General de Partidos Políticos y en la Constitución, de que sean, que cada partido lleve su emblema, y hacen un solo emblema único, evitando así la homologación.

Y lo que es más delicado, quieren transferir votos a los partidos participantes de la candidatura común. Y con esto generar la representación y regresar a la cápsula de vida eterna de los partidos políticos y echando al traste la victoria que se tuvo en esta reforma electoral donde se están generando las mejores condiciones para evitar esa cápsula de ingobernabilidad que todos conocíamos.

Hoy solamente tenemos una propuesta que es más, menos el 8% de ya sea de sobre o de subrepresentación que da equilibrios a los partidos políticos y le da el exacto lugar de representación que deben tener en los diferentes congresos.

Con esta figura, lo único que se conseguiría de manera clara, sería lograr que haya esa sobrerepresentación, y de manera evidente, quitarle las posibilidades a otros partidos políticos.

Por ello, el día de hoy estamos aquí con ustedes para solicitarles que el Congreso Local del Estado de México se apegue a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la Ley General de Partidos Políticos y, en consecuencia, en esta materia tan importante, como es el caso de las candidaturas comunes, se logre que no se simule disfrazándola de coalición legislativa.

Por lo cual propongo el siguiente punto de urgente y obvia resolución con el siguiente resolutivo:

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Estado de México, a que observe los principios que en materia electoral están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Partidos Políticos.

Que quede en estos términos y se ponga a consideración de esta plenaria.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo.

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito Diputado OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

Es aceptado que la Democracia es el principio fundamental que se busca establecer en todo México como forma de vida y convivencia de la sociedad a la que aspiramos, cristalizada en un sistema de partidos abierto, democrático y transparente. El Partido de la Revolución Democrática sostiene que la incorporación directa de la sociedad a las decisiones de gobierno es el principal método que da legitimidad al aparato político y, por tanto, los ciudadanos organizados tienen el derecho Constitucional para acceder a los órganos de gobierno.

En tal sentido, todos los partidos estamos obligados a promover la participación ciudadana en la vida política del país y de cada una de las entidades federativas, esta participación se debe dar en condiciones de igualdad y bajo la aplicación irrestrictas de las leyes y normas jurídicas que nos hemos dado y nadie está autorizado a buscar eludir su cumplimiento.

En la reforma electoral del año 2014, bajo un gran consenso de todas las fuerzas políticas del país, se emitió la Ley General de Partidos Políticos que reglamento las coaliciones electorales, entre las principales características que se establecieron fue el establecimiento de las coaliciones totales, parciales y flexibles. Se exige que para el registro de la coalición los partidos deben acreditar la aprobación del convenio, plataforma electoral y, en su caso, programa de gobierno por los órganos internos correspondientes, y registrar a sus candidatos, Los partidos políticos nacionales, así como nacionales y locales podrán formar coaliciones.De esta reforma destacan tres aspectos sustanciales

a) Se establece un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y locales (artículo 87.15 LGPP);

b) Se prohíbe la transferencia de votos vía convenios de los partidos políticos (artículo 87.10 de la LGPP)

c) La obligatoriedad de competir con su propio emblema de partido (artículo 87.12 LGPP);

Estas disposiciones normativas tienen por objeto que la voluntad popular se respetada, evitando distorsiones que puedan vulnerarla. En la referida reforma se fue cuidadoso de conocer la preferencia ciudadana dentro de la coalición, esto se logró mediante la competencia de los partidos con su propio emblema, este simple mecanismo otorga trasparencia al voto y permite su contabilidad de forma objetiva, pues se consideró que competir bajo emblemas de coalición impide conocer la preferencia partidaria del ciudadano dentro de la coalición y obligan a una distribución de votos mediante convenios partidarios. Este mecanismo fue desterrado de nuestro sistema partidario ya que impiden conocer con precisión la preferencia partidaria del ciudadano y permite la construcción de mayorías artificiales que no respetan la voluntad ciudadana.

Es el caso que en el Estado de México recientemente se aprobó una reforma Constitucional que estableció las candidaturas comunes, bajo la visión de ampliar los derechosdel ciudadano y crear un nuevo mecanismo de participación. Sin embargo dicha figura corre el riesgo de no ser adecuadamente legislada y con ello permitir el regresode tiempos pasados de oscurantismo y distorsión de la voluntad ciudadana, lo que definitivamente vulnera los consensos políticos y los principios de Constitucionalidad y legalidad que motivaron la reforma electoral del año 2014.

En la necesidad de reglamentar la figura de candidaturas comunes, el Partido Nueva Alianza presento una propuesta de iniciativa que vulnera las principales características de la reforma de coaliciones del año 2014, ahora bajo la figura de la candidatura común. Es deber, denunciar que esta iniciativa está apoyada por el Partido Revolucionario Institucional y el Gobierno del Estado de México.

En la iniciativa de referencia se vulnera el sistema de uniformidad de coaliciones, la trasferencia de votos vía convenio partidario y se obliga a competir bajo emblemas de coalición, es claro que estos temas permitirían la construcción de mayorías legislativas que no cuentan con un respaldo popular y permitirían la sobrerrepresentación, tema que también es regulado la legislación vigente.

Es claro que las coaliciones fueron establecidas en una Ley General cuyo respeto debe ser irrestricto a todos los actores políticos del país y por lo tanto, no resulta valido ni legitimo pretender vulnerar ese acuerdo nacional, mediante la simulación o el fraude a la propia ley, buscando a través de la figura de la coalición imponer reglas de carácter antidemocrático que ya han sido superadas.
Es por ello que proponemos  a esta soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Estado de México, a que observe los principios que en materia electoral están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Partidos Políticos, en particular en lo que se refiere a la reglamentación de la figura de candidaturas comunes.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 25 de mayo de 2016.

Suscribe,

Dip. Omar Ortega Álvarez.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth. Se ha pedido la urgente resolución. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en   votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión. Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado. Comuníquese.





 

Honorable Asamblea, informo a ustedes que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción, se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

(Presentada por el Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Senador SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México, tomando como base el Censo de Población y Vivienda 2010, existen 5,739,270 personas con capacidades diferentes, que representan el 5.13% de la población total. Con limitaciones motoras existían en 2010, 3,345,994; visuales 1,561,081; auditivas, 694,452; de comunicación 476,359: para atender el cuidado personal 315,660; de aprendizaje 252,528 y mentales 487,838. Cabe señalar que una persona puede tener más de una de estas condiciones.

Los motivos que producen el cambio en la capacidad en las personas pueden ser variados, pero el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), los clasifica en cuatro grupos de causas principales: nacimiento, enfermedad, accidente y edad avanzada.

En México, de cada 100 personas con capacidades diferentes:

• 39 las tienen porque sufrieron alguna enfermedad.

• 23 están afectados por edad avanzada.

• 16 la adquirieron por herencia, durante el embarazo o al momento de nacer.

• 15 quedaron con lesión a consecuencia de algún accidente.

• 8 debido a otras causas.1

Con base en la misma fuente, 9 de cada 100 personas con capacidades diferentes tienen 14 años o menos, de 51 personas con esta condición, tienen entre 15 y 64 años y los 40 restantes son mayores de 65 y más.2

El impacto de esta situación aumenta socialmente, al ser necesario de que familiares o amigos, deban de asistirlas y velar por el bienestar de las personas con capacidades diferentes. En este caso quiero referirme especialmente a sus familiares y más en específico a sus padres.

Las familias en general y las hijas en particular de las personas con capacidades diferentes, enfrentan situaciones más complejas que los demás, pues deben de dedicar parte de su tiempo al trabajo de cuidados, o a labores que generalmente no realizarían en hogares donde no se presenta esta circunstancia.

Trabajo de Cuidados

El Trabajo de Cuidados, es decir aquél que realizan personas a cargo, o como apoyo de una persona dependiente, no obstante su elevado valor social y económico, no es reconocido en nuestro país.

Se plantea que al menos 13 millones de personas realizaron trabajos de cuidados y que entre el 81.8% y el 90.4% son miembros del mismo hogar. El trabajo de cuidados es claramente una actividad que recae sobre las mujeres: de las personas que realizan al menos un tipo de trabajo de cuidados al interior de sus hogares 73.1% son mujeres y 26.9% son hombres.3

Aun con su alto valor social y económico, los trabajos doméstico y de cuidados en los hogares no se han reconocido lo suficiente. Estimaciones de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado en los Hogares de México indican que dicho trabajo representó el 21.6% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2011 y que es el grupo de actividades de mayor peso económico: constituyen una tercera parte del total del valor económico del trabajo no remunerado, con una aportación femenina de 74.1% (INEGI, 2011).4

Con base en lo anterior, se puede observar que la familia es la principal proveedora de los trabajos de cuidados, asimismo, podemos afirmar que las mujeres en general y las hijas, son importantes colaboradoras con las familias para atender este tipo de necesidades por cuestión de tradiciones culturales muchas veces.

Cabe señalar que las discapacidades pueden ser de muy diversa índole, por lo cual la sociedad internacional ha establecido una Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, conocida como CIF, con el objetivo principal de esta clasificación es brindar un lenguaje unificado y estandarizado, y un marco conceptual para la descripción de la salud y los estados “relacionados con la salud”.5

Para la CIF, existen dos niveles de clasificación y constituyen un orden jerárquico proporcionando indicaciones hasta el nivel de detalle de las categorías. Sin embargo son muy diversos los cuadros que presentan cada una de las niñas o los niños, o cualquier persona con discapacidad con base a la CIF, por lo que se desarrolló una guía para codificar la CIF, que se basa en el porcentaje de afectación como se puede apreciar en la tabla siguiente:


Clave

Descripción

Porcentaje

xxx.0

NO hay problema (ninguno, insignificante,… )

0–4 %

xxx.1

Problema LIGERO (poco, escaso,…)

5–24 %

xxx.2

Problema MODERADO (medio, regular,...)

25–49 %

xxx.3

Problema GRAVE (mucho, extremo, …)

50–95 %

xxx.4

Problema COMPLETO (total,…)

96–100 %

xxx.8

sin especificar

 

xxx.9

no aplicable

 

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), existen las Guarderías Integradoras (GI), como espacios prácticamente únicos donde se busca atender la necesidad de los padres de familia con hijos en edad temprana y con algún tipo de discapacidad.

Las GI del IMSS, cuentan con un área regular. Para los menores sin discapacidad y con discapacidad leve que opera como una guardería ordinaria. Así como una área de Discapacidad. Para los niños con discapacidad moderada, los cuáles se ven favorecidos por acciones educativas, de rehabilitación e intervención temprana.

Ambas áreas se encuentran dentro de un mismo predio pero con espacios diferentes e independientes una de otra, con el fin de favorecer la integración en un ambiente común.

Las salas de atención, son grupos a los cuáles se incorporan los niños de acuerdo a sus habilidades y no a la edad cronológica.

- Grupo 1. Se encuentran los niños que corresponderían a Lactantes, recién nacidos ó niños que no cuenten con la habilidad de desplazamiento.

Este grupo cuenta con: colchoneta permanente, columpios para bebé, cambiador de pañal, cesto de basura, gimnasios para bebé, juguetes diversos adecuados y autorizados para bebés, reproductor de música, espejo que ocupe la al menos un cuarto de pared, sillones ergonómicos para bebé y los aditamentos necesarios.

- Grupo 2. Aquí se encuentran niños que ya cuentan con habilidades de desplazamiento (rodar, arrastre o gateo).

Este grupo cuenta con piso de foamy en la mitad del salón, un juguetero, cambiador de pañal, barras de madera a una alguna de 50 cm - 60 cm y 90 cm, para propiciar y apoyar al niño a pararse, reproductor de música.

- Grupo 3. Niños que presentan independencia en su desplazamiento.

Este grupo tiene mesas de trabajo con sillas para niños, en los cuáles se realizan actividades tales como pintar.

- Grupo 4. Niños con independencia en su desplazamiento y sus hábitos higiénicos, por lo general aquí se encuentran los niños más grandes muchos de los cuáles están integrados al área regular o están por egresar de la guardería.

El servicio de la guardería es de Lunes a Viernes con un mínimo de 10 horas de servicio diarias para ambas áreas, el horario es fijado entre el prestador del servicio (guardería) y la Jefatura Delegacional de Guarderías de la Delegación del IMSS que corresponda y regularmente es de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde.

Con base en un informe del Instituto Mexicano del Seguro Social, emitido por la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, en febrero de 2015, respecto de la atención de niños con discapacidad en las guarderías del IMSS, se informa lo siguiente:

Al cierre del 2014, en las 1,390 guarderías del IMSS en el país se atiende a niños de entre 41 días de nacido a4 años con discapacidad leve, sin distinción alguna respecto de los niños sin discapacidad.

Debido a esta política de inclusión, no se cuenta con el número exacto de niños atendidos con este grado de discapacidad en el sistema de guarderías. El número de niños atendidos en el país sin discapacidad o con discapacidad leve es de 197,629.

Adicionalmente, el IMSS cuenta con 32 guarderías integradoras, que cuentan con el personal y las instalaciones necesarias para brindar atención a niños con discapacidad moderada.

El IMSS atiende a 901 niños con discapacidad moderada en las guarderías integradoras con que cuenta en el país.

Es loable el esfuerzo que hace el IMSS al respecto, sin embargo, si lo comparamos con la población que necesita este tipo de atención, a todas luces resulta insuficiente.

Como se mencionó al principio, en nuestro país existen más de 5.7 millones de personas con algún tipo de discapacidad, de las cuales, aproximadamente 520,369 son menores de 14 años y que padecen discapacidades de diverso nivel CIF, de los cuales, solo el 68.8 por ciento tienen algún tipo de derechohabiencia, es decir, poco más de 358 mil personas con capacidades diferentes son atendidas en alguna institución de salud, de los cuales el IMSS atiende al 54.9por ciento a nivel nacional, por lo que, atiende a aproximadamente 196,550 pacientes con esta condición, de los cuales desde 43 días de nacido hasta 3 años 9 meses de edad, son alrededor de 9,000 mil niñas y niños con discapacidad y derechohabientes al IMSS, por lo que resulta evidente que no existe la capacidad para atender este tipo de necesidades, dejando a los padres de familia y a sus hijos, sin acceso real a este derecho.

A lo anterior hay que sumarle que sea la madre o el padre de la familia o ambos los trabajadores, los retos a enfrentar se acentúan por la falta de comprensión de las necesidades que tiene un padre trabajador o madre trabajadora, por parte de sus patrones y por la dinámica misma del mercado laboral mismo.

Por lo tanto considero necesaria una intervención más clara y profunda por parte del Estado para ayudar a las familias que por cualquier circunstancia enfrentan este reto diariamente así como para garantizar el pleno respeto de las niñas y los niños con discapacidad en nuestro país.

Cabe señalar que considero esta propuesta de modificaciones a la Ley, como una acción afirmativa en beneficio de miles de hogares y familias que velan por el beneficio de las niñas y niños mexicanos con capacidades diferentes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

ÚNICO.- Se reforman el título de la Ley y de los Capítulos II, III, V, los artículos, 1, 3, 7, 8 fracciones I, II, III, IV, VI, VII, VIII, XIII, XV y XVI; artículos 9, 10 y 11 párrafo primero y fracción V, artículo 13, 14, 15 y 16; artículo 19 fracciones II y IV; artículo 22 fracciones I, II, III, IX, y XI, artículo 23, fracciones I, II, III, VII, IX y XI; Artículo 25 párrafo segundo, artículo 27, artículo 31 fracciones I, VIII y X; artículo 32 fracciones II y III; artículo 34 fracciones II y III; artículos 37, 51, 55, 55, 56, 57 y 59, artículo 62 fracción primera, artículo 63 fracciones I y III; artículo 67, artículo 70 fracción V y artículo 71 fracción primera. Se adicionan, una fracción IX, al artículo 8, recorriéndose las subsiguientes y una fracción IX. Al artículo 12 recorriéndose las subsiguientes; todos de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado, y Desarrollo Integral Infantil, para quedar de la forma siguiente:

LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO, REHABILITACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto establecer la concurrencia entre la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, así como la participación de los sectores privado y social, en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.

Artículo 3. Las dependencias, entidades y demás organismos de seguridad social que presten los servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil, además de cumplir con sus leyes específicas y régimen interno, las cuales tendrán preeminencia, deberán observar lo dispuesto en esta Ley. Los derechos laborales colectivos o individuales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para las hijas e hijos de trabajadores y trabajadoras en materia de guarderías y prestaciones sociales reconocidos por sus leyes reglamentarias en materia de seguridad social tienen preeminencia en esta Ley y serán respetados en la misma.

Artículo 7. Los prestadores de servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil, en cualquiera de sus Modalidades y Tipos, quedan sujetos a lo dispuesto en la presente Ley y, en su caso, a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Artículo 8. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Centros de Atención: Espacios, cualquiera que sea su denominación de modalidad pública, privada o mixta, donde se prestan servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil en un marco de ejercicio pleno de los derechos de niñas y niños desde los cuarenta y tres días de nacido;

II. Desarrollo Integral Infantil: Es el derecho que tienen niñas y niños a formarse física, mental, emocional y socialmente en condiciones de equidad e igualdad;

III. Ley: Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado, Rehabilitación y Desarrollo Integral Infantil;

IV. Medidas Precautorias: Aquéllas que con motivo de la prestación de los servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil emitan las autoridades competentes, de conformidad con la presente Ley, para salvaguardar y proteger la vida y la integridad de niñas y niños;

V.

VI. Política Nacional: Política Nacional de Servicios para la Atención, Cuidado, Rehabilitación y Desarrollo Integral Infantil;

VII. Prestadores de servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil: Aquellas personas físicas o morales que cuenten con permiso, licencia o autorización, emitido por la autoridad competente, para instalar y operar uno o varios Centros de Atención en cualquier modalidad y tipo;

VIII. Programa Integral de Supervisión, Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación del funcionamiento: Conjunto de acciones para lograr una vigilancia efectiva del cumplimiento de la presente Ley y garantizar el mejoramiento progresivo y fortalecimiento de los servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil;

IX. Rehabilitación o habilitación. Proceso de duración limitada y con un objetivo definido, de orden médico, social y educativo entre otros, encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial óptimo, que permita compensar la carencia o pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor integración social;

X. a XII. …

XIII. Reglamento: Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado, Rehabilitación y Desarrollo Integral Infantil;

XIV. …

XV. Servicios para atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil: Medidas dirigidas a niñas y niños en los Centros de Atención, consistentes en la atención y cuidado para su desarrollo integral infantil;

XVI. Consejo: Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado, Rehabilitación y Desarrollo Integral Infantil.

Capítulo II
De los Sujetos de Servicios para la Atención, Cuidado, Rehabilitación
y Desarrollo Integral Infantil

Artículo 9. Niñas y niños tienen derecho a recibir los servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil en condiciones de calidad, calidez, seguridad, protección y respeto a sus derechos, identidad e individualidad con el fin de garantizar el interés superior de la niñez.

Artículo 10.- Son sujetos de los servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil, niñas y niños, sin discriminación de ningún tipo en los términos de lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 11. El Ejecutivo Federal por conducto de sus dependencias y entidades, los Poderes Ejecutivos de los Estados, del Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales y los Municipios garantizarán, en el ámbito de sus competencias, que la prestación de los servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil se oriente a lograr la observancia y ejercicio de los siguientes derechos de niñas y niños:

I. a IV. …

V. A recibir orientación, rehabilitación y educación apropiada a su, condición física, psicológica y edad, orientadas a lograr un desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social hasta el máximo de sus posibilidades, así como a la comprensión y el ejercicio de sus derechos;

VI. a IX.…

Artículo 12.- Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se refiere esta Ley, en los Centros de Atención se contemplarán las siguientes actividades:

I. a VIII. …

IX. Rehabilitación específica para atender sus necesidades en caso de discapacidad.

X. Enseñanza del lenguaje y comunicación;

XI. Información y apoyo a los padres, tutores o quienes tengan la responsabilidad del cuidado o crianza, para fortalecer la comprensión de sus funciones en la educación de niñas y niños.

Artículo 13.- El ingreso de niñas y niños a los servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil se hará de conformidad con los requisitos previstos en las disposiciones normativas aplicables a cada caso, evitando cualquier tipo de discriminación.

Capítulo III
De la Política Nacional en materia de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado, Rehabilitación y Desarrollo Integral Infantil

Artículo 14. La rectoría de los servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil corresponde al Estado, que tendrá una responsabilidad indeclinable en la autorización, funcionamiento, monitoreo, supervisión y evaluación de dichos servicios.

Artículo 15. La prestación de los servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil cuando esté a cargo de las dependencias y entidades federales, estatales, del Distrito Federal o de los municipios, podrán otorgarla por sí mismos o a través de las personas del sector social o privado que cuenten con los requisitos y la autorización correspondientes. Se deberá garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos laborales y de las prestaciones de seguridad social que deriven de éstos, en materia de atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil.

Artículo 16. Para la prestación de servicio de atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil, se deberá cumplir con lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones y ordenamientos jurídicos correspondientes en cuanto a salubridad, infraestructura, equipamiento, seguridad, protección civil y medidas de higiene de los Centros de Atención, en cualquiera de sus modalidades, así como de los servicios educativos, terapéuticos y de rehabilitación, de descanso, juego y esparcimiento, y otros relacionados con el objeto de esta Ley.

Artículo 19.- La Política Nacional a la que se refiere el presente Capítulo, deberá tener al menos los siguientes objetivos:

I.…

II. Promover el acceso y atención integral de niñas y niños con discapacidad, que se encuentren en situación de calle, que habiten en el medio rural, migrantes o jornaleros agrícolas, comunidades indígenas y en general población que habite en zonas marginadas o de extrema pobreza, a los servicios que señala esta Ley, sin importar sus condiciones físicas, intelectuales o sensoriales, acorde con los modelos de atención;

III. …

IV.        Contribuir al mejoramiento progresivo y al fortalecimiento de los servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil;

V. a VII.…

Capítulo IV
De la Distribución de Competencias

Artículo 21.- El Ejecutivo Federal tendrá las siguientes atribuciones en materia de prestación de Servicios para la Atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo Integral Infantil:

I. Elaborar, aplicar y evaluar el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado, Rehabilitación y Desarrollo Integral Infantil, cuyas directrices deberán atender al objeto de la presente Ley, así como a los fines del Consejo;

II. a XI. …

Artículo 22.

I. Formular, conducir y evaluar la política de la entidad en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil, en congruencia con la política nacional en la materia;

II. Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el programa de la entidad en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil, de conformidad con el objeto de la presente Ley y los fines del Consejo; asimismo, se considerarán las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo Integral Infantil;

III. Organizar el sistema de prestación de servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil de la entidad correspondiente y coadyuvar con el Consejo;

IV. a VIII. …

IX. Promover y celebrar convenios de concertación con los sectores privado y social, las acciones tendientes a favorecer la prestación de servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil, en los términos de la presente Ley;

X. …

XI. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones estatales que se relacionen y deriven de la misma, por parte de los prestadores de servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil, en cualquiera de sus Tipos y Modalidades;

XII. a XV. …

Artículo 23.

I. Formular, conducir y evaluar la política municipal en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil, en congruencia con la política estatal y federal en la materia;

II. Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el programa municipal en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil, de conformidad con el objeto de la presente Ley y los fines del Consejo. Para tal efecto se considerarán las directrices previstas en el plan estatal de desarrollo y el programa estatal de prestación de servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil correspondiente;

III. Coadyuvar con el sistema local de prestación de servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil correspondiente; así como en la integración y operación de su Registro Local;

IV. a VI. …

VII. Promover y celebrar convenios de concertación con los sectores privado y social, las acciones tendientes a favorecer la prestación de servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil, en los términos de la presente Ley;

VIII. …

IX. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables en su ámbito de competencia que se relacionen y deriven de la misma, por parte de los prestadores de servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil;

X. …

XI. Imponer las sanciones, en el ámbito de su competencia, a las que se refieren la presente Ley y las legislaciones municipales que de ella deriven, respecto de los prestadores de servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil, en cualquiera de sus Modalidades y Tipos;

XII. y XIII. …

Capítulo V
Del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado,
 Rehabilitación y Desarrollo Integral Infantil

Artículo 25.

I. a XII. …

Serán invitados permanentes a las sesiones del Consejo, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, quienes tendrán derecho a voz.

Artículo 27. También podrá invitar a participar en el Consejo, con derecho a voz pero sin voto, a los titulares de los Sistemas estatales y municipales de servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil, de acuerdo a su normatividad interna.

Artículo 31. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil; que permita la conjunción de esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno y de los sectores público, privado y social en la promoción de condiciones favorables al cuidado y desarrollo integral de niñas y niños;

II. a VII. …

VIII. Promover el monitoreo ciudadano y el acceso a la información de los programas de servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil, a fin de garantizar la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos;

IX. …

X. Promover la generación, actualización y aplicación de normas oficiales mexicanas que permitan la regulación de los servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil;

XI. y XII. …

Artículo 32. El Consejo tendrá los siguientes objetivos:

I. …

II. Coordinar esfuerzos de las dependencias y entidades que conforman el Consejo, para promover mecanismos que permitan mejorar la calidad de los servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil, y

III. Impulsar acciones de gobierno para ofrecer un servicio de atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil con criterios comunes de calidad, a través del fomento de actividades de capacitación, certificación, supervisión y seguimiento de los servicios.

Capítulo VI
Del Registro Nacional y Registros Estatales de los Centros de Atención

Artículo 34. El Registro Nacional se organizará conforme a lo dispuesto por el Reglamento y tendrá por objeto:

I. …

II. Concentrar la información de los Centros de Atención de los sectores público, social y privado que presten servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil;

III. Identificar a los prestadores de servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil en cualquiera de sus Modalidades y Tipos, así como mantener actualizada la información que lo conforma;

IV. y V. …

Artículo 37.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial Federal y los órganos constitucionalmente autónomos que brinden directamente servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil, deberán inscribir el Centro de Atención en el registro local que corresponda, previa revisión del cumplimiento de requisitos conforme a la modalidad y tipo que se trate y conforme a las leyes locales aplicables.

Artículo 51. Las autorizaciones a que se refiere el artículo anterior tendrán una vigencia de por lo menos un año, sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones legales y administrativas aplicables. Ningún Centro de Atención podrá prestar servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil sin contar con la autorización que corresponda en materia de protección civil.

Artículo 55. Los prestadores de servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil promoverán la capacitación de su personal, por lo que deberán brindarles las facilidades necesarias para este efecto, de acuerdo a la modalidad correspondiente y sin perjuicio de lo establecido por la legislación laboral.

Artículo 56. La Federación, los Estados, Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales determinarán conforme a la Modalidad y Tipo de atención, las competencias, capacitación y aptitudes con las que deberá contar el personal que pretenda laborar en los Centros de Atención. De igual forma, determinará los tipos de exámenes a los que deberá someterse dicho personal, a fin de garantizar la salud, la educación, la rehabilitación, la seguridad y la integridad física y psicológica de niñas y niños.

Artículo 57. El personal que labore en los Centros de Atención garantizará un ambiente de respeto en el marco de los derechos de niñas y niños, favoreciendo la inclusión de niñas y niños con discapacidad.

Capítulo XI
De la Participación de los Sectores Social y Privado

Artículo 59. A través de las políticas públicas relacionadas con la prestación de servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil, se fomentará la participación de los sectores social y privado, en la consecución del objeto de esta Ley y de conformidad con la política nacional en la materia.

Artículo 62.

I. Verificar el cumplimiento de los requisitos señalados por esta Ley y demás ordenamientos aplicables por parte de los prestadores de servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil, y
II. …

Artículo 63.

I. Garantizar el mejoramiento progresivo y el fortalecimiento de los servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil;

II. …

III. Evitar la discrecionalidad y la corrupción en la asignación de autorizaciones para prestar servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil; y

IV. …

Capítulo XIV
De las Medidas Precautorias

Artículo 67. Las autoridades verificadoras competentes, podrán imponer medidas precautorias en los Centros de Atención cuando adviertan situaciones que pudieran poner en riesgo la integridad de los sujetos de atención de cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil. Estas medidas son:

I. a III. …

Artículo 70. La multa administrativa será impuesta, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable y en los siguientes casos:

I. a IV. …

V. Realizar por parte del personal de los Centros de Atención, algún acto de discriminación contra niñas, niños o cualquiera de sus integrantes.

Artículo 71.

I. No contar con el personal competente o suficiente para brindar los servicios para la atención, cuidado, rehabilitación y desarrollo integral infantil;

II. a VII. …

TRANSITORIOS

PRIMERO. Se deberá adecuar el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 2014-2018 en un plazo no mayor a 90 días.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 25 de mayo de 2016.

Sen. Sofío Ramírez Hernández.

1 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, Cuestionario ampliado. Estados Unidos Mexicanos/Población con discapacidad/Población total ysu distribución porcentual según condición y causa de limitación en la actividad para cada tamaño de localidad y sexo. [En línea]: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P

2INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, [En línea]:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mdis01&s=est&c=35210

3 Los cuidados y el trabajo en México.Un análisis a partir de la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social (ELCOS), 2012. Instituto Nacional de las Mujeres. Diciembre de 2013.

4 Op. Cit. El trabajo de cuidados… Instituto Nacional de las Mujeres

5 Organización Mundial de la Salud. Abreviada 2001. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud: CIF.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO I DEL TÍTULO DECIMOQUINTO; SE REFORMA EL ARTÍCULO 259 BIS Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 259 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Diputada María Eloísa Talavera Hernández, del grupo parlamentario del PAN)

La que suscribe, Diputada MARÍA ELOÍSA TALAVERA HERNÁNDEZ, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer define este fenómeno como “todo acto de violencia basado en la pertenencia del género femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer”.

Asimismo la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém Do Pará”, ratificada por el Estado Mexicano el 19 de junio de 1998, señala en su primer artículo que la violencia contra la mujer, es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Incluye la violencia física, sexual y psicológica. 

En México la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo sexto la define a la violencia sexual de la siguiente manera: “Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.”

Datos de ONU Mujeres 2013, señalan que en el mundo una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.

Mientras que en México, a Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 20111, señala que 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más, declaró haber padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas. Además de que el 32% de las mujeres han padecido violencia sexual por parte de agresores: actos de intimidación, acoso o abuso sexual.

En 2014 México ocupó el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Nuestro país, acorde con la protección y respeto de los derechos humanos, ha suscrito y ratificado instrumentos internacionales, tales como los señalados en los párrafos anteriores. Compromisos que han motivado avances legislativos y han llevado a reflexionar sobre la necesidad de crear mecanismos que garanticen una verdadera seguridad a las mujeres y a los hombres de todo el país.

No obstante, a lo anterior en el Código Penal Federal dentro de los tipos de violencia contra la mujer, se encuentra en el artículo 259Bis el Hostigamiento Sexual, sin embargo no se contempla la figura del Acoso Sexual.

El Hostigamiento Sexual contemplado en el Código Penal Federal sanciona a la persona que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra siempre que implique subordinación, es decir, en una relación de superioridad real por parte del victimario frente a la víctima.

Sin embargo el tipo penal del Hostigamiento Sexual cuenta con varias imperfecciones, una de ellas se deriva respecto al tipo penal ya que se encuentra con la exigencia de que el asedio se haga “reiteradamente”, lo cual resulta confuso y es fuente de incertidumbre al dejar un amplio margen a la interpretación del juzgador. Así construida la figura, es un delito de resultado, ya que exige que se dé un perjuicio o daño, sin el cual la conducta sería atípica, a pesar de que aún sin resultado se lesiona el bien jurídico que debiera ser la dignidad, la seguridad de las personas y la libertad o seguridad sexual.

Por ello un primer objetivo de la presente iniciativa es actualizar el tipo penal del Hostigamiento Sexual, quitando la exigencia de que el asedio se haga “reiteradamente” y plasmar sobre la posibilidad de que esta conducta pueda darse "independientemente de que se realice en uno o varios eventos".

Asimismo, sólo se establece un máximo de sanción hasta 40 días de multa, lo que significa que la persona responsable puede quedar impune y es que si bien hay una sanción económica para este tipo de delito, no es suficiente para inhibir su comisión y por lo tanto debe establecerse una pena mayor, por ello se propone aumentar la pena de uno a tres años de prisión y de cincuenta a doscientos días de multa.

Por otra parte el acoso sexual es una forma de violencia que lamentablemente no se encuentra tipificada en el Código Penal Federal ni en 16 entidades federativas, por ello las víctimas de esta práctica de violencia sexual deben recurrir a otras instancias para acceder a la justicia, entre ellas los organismos de derechos humanos. Y es que en los últimos meses esta conducta ha aumentado su presencia principalmente en contra de mujeres con mayor incidencia en lugares públicos o de acceso público, así como en instalaciones o vehículos destinados al transporte público. Por ello resulta urgente que esta conducta antisocial y antijurídica se encuentre tipificada dentro del Código Penal Federal.

Se calcula que en México 1.4 millones de mujeres padecen acoso sexual en el trabajo, esto es, el 10 por ciento de la población económicamente activa, según datos del estudio del Colegio Jurista en 2012. Además, el mismo estudio señala que el 99.7 por ciento de los casos no se denuncia.

La encuesta sobre percepción de seguridad elaborada por la Fundación Thomson Reuters, la cual se realizó por Internet a 6.550 mujeres así como a expertos en género de las 15 capitales más grandes del mundo, concluyó que seis de cada diez mujeres son acosadas físicamente en los transporte públicos de América Latina, además de que el transporte en Bogotá es el más inseguro para las mujeres, seguido por el de la Ciudad de México y Lima.

De igual manera, información del Diagnóstico cuantitativo sobre la atención de la violencia sexual en México, del Comité de Violencia Sexual (CEAV),respecto a quejas y casos atendidos por violencia sexual en los ámbitos laboral y docente, misma que solamente contempla información delas secretarías de Trabajo de las entidades federativas de Chihuahua, Distrito Federal, Querétaro y Tlaxcala, reporta que durante el quinquenio 2010-2015 estas dependencias acumularon 422 víctimas de violencia sexual, 420 de ellas mujeres. La mayoría de las víctimas reportaron hostigamiento sexual (68.7%) o acoso sexual (30.1%).2

En el contexto descrito México enfrenta un nuevo desafío en materia de acoso y hostigamiento sexual que hace necesario diseñar propuestas en beneficio de la seguridad de la ciudadanía, tanto en espacios públicos como en espacios privados.

Algunos países que ya han empezado a abordar el problema el acoso sexual en espacios públicos son: Estados Unidos de América, Chile, Argentina, Paraguay y Perú, mismos que dan cuenta de una tendencia regional hacia una regulación de este tipo de violencia sexual que afecta principalmente a las mujeres.

Las prácticas de acoso sexual en lugares públicos constituyen un obstáculo de importancia para el ejercicio de la libertad de tránsito y movilidad de las personas, especialmente de las mujeres y las niñas, lo que afecta sus capacidades y oportunidades de desarrollo.3 Por ello también la presente propuesta plantea sancionar este tipo de conductas que se den en lugares públicos o de acceso público, instalaciones o vehículos destinados al transporte público.

Además la presente propuesta pretende sentar las bases en el Código Penal Federal respecto a las diferencias entre el Hostigamiento y el Acoso Sexual ya que si bien son un tipo de violencia sexual, hay ciertas diferencias, puesto que en hostigamiento sexual, hay una relación de superioridad real por parte del victimario frente a la víctima, en el acoso sexual; no existe subordinación en el binomio victimario-víctima pero hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. De igual manera en el hostigamiento sexual puede darse en los ámbitos laboral, escolar, doméstico o cualquier otro donde se dé una relación de subordinación real, mientras que el acoso sexual puede darse en cualquier espacio o ámbito de relación.

Es importante destacar que, aunque el Código Penal Federal tiene un ámbito de aplicación muy restringido, ya que sólo le conciernen los casos señalados en la fracción primera del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, su importancia radica en ser, por decirlo de alguna manera, la "carta de presentación" de México ante el mundo en esta materia, además de constituir en ejemplo de legislación para las entidades federativas.4

Por lo anterior el objeto de la presente iniciativa tiene el propósito de modificar el Código Penal Federal para que una vez aprobada, existan mayores posibilidades de que las entidades federativas puedan legislar en el mismo sentido.

México se ha consolidado como un Estado democrático y de Derecho, en el que debe imperar de manera categórica la legalidad, por ello la necesidad de elaborar los marcos jurídicos y normativos requeridos en beneficio de los mexicanos.

Por lo aquí expuesto, someto a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I, del Título Decimoquinto; se reforma el artículo 259 Bis y se adiciona un artículo 259 Ter del Código Penal Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo Único.- Se modifica la denominación del Capítulo I del Título Decimoquinto; se reforma el artículo 259 Bis y se adiciona un artículo 259 Ter del Código Penal Federal, para quedar de la siguiente manera:

TITULO DECIMOQUINTO

Capítulo I
Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación

Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos asedie a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá de uno a tres años de prisión y de cincuenta a doscientos días de multa. Si el hostigador fuese servidor público, y utilice los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le inhabilitará para ocupar cualquier otro en el sector público hasta por tres años.

Cuando el hostigamiento sexual se cometa contra una persona menor de dieciocho años de edad, o con alguna discapacidad o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de cien a trecientos días multa.

Artículo 259 Ter.- Comete el delito de Acoso Sexual, quien asedie, atosigue o incordie sexualmente a persona de cualquier sexo o coaccione favores sexuales para sí o para un tercero o realice una conducta de naturaleza o connotación sexual indeseable para quien la recibe, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa.

Comete también el delito de acoso sexual quien realice comentarios lascivos de carácter sexual o insinuaciones de carácter sexual, gestos obscenos que resulten insoportables, intimidatorios hostiles, humillantes u ofensivos; tocamientos indebidos, roces corporales, frotamientos contra el cuerpo o masturbación en lugares públicos o de acceso público, instalaciones o vehículos destinados al transporte público de pasajeros por una o más personas en contra de otra u otras.

Cuando el acoso sexual se cometa contra una persona menor de dieciocho años de edad, o con alguna discapacidad o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa.

Si el acosador fuese servidor público además de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le inhabilitará para ocupar cualquier otro en el sector público hasta por tres años.

Sólo se procederá contra del Acosador, a petición de parte ofendida.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente de la Cámara de Senadores,
el 25 de mayo de 2016.

Dip. María Eloísa Talavera Hernández.

1 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011. Disponible en el sitio web.
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeresrural/2011/EUM/702825051266_2.pdf;Consultado el 10 de abril del 2016

2 Informe final del Diagnóstico cuantitativo sobre la atención de la violencia sexual en México; Resultados preliminares; Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Comité de Violencia Sexual; pág. 86, publicado el
21 de diciembre 2015; consultado el 12 de mayo del 2016

3 Violencia de género en el transporte público Una regulación pendiente; Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) - Serie Recursos Naturales e Infraestructura N° 172 disponible en el sitio web.- http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38862/S1500626_es.pdf?sequence=1; consultado el día 12 de abril del 2015.

4 Palomino, Francisco. (2012). Acoso sexual en México: Análisis y propuestas. En-claves del pensamiento, 6(12), 133-157. Consultado el 12 de mayo de 2016, de la pág. Web.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-879X2012000200007&lng=es&tlng=es.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA BASE 5a. A LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Hilda Esthela Flores Escalera, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Diva Hadamira Gastélum Bajo)

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, HILDA FLORES ESCALERA, ITZEL RIOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS, LILIA MERODIO REZA y DIVA GASTELUM BAJO Senadoras de la República integrantes de diversos grupos parlamentario de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA BASE 5ª A LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La realidad actual conformada por sociedades pluralistas con grupos de personas con características distintas, de una gran diversidad de comunidades con formas de pensar, ideologías y acciones, obligan al Estado de Derecho Constitucional a atender la magna tarea de formular un proyecto de vida en común adecuado para todos los integrantes de la misma.

En este sentido, es la Constitución la plataforma por excelencia para brindar a los gobernados las posibles combinaciones materiales que sienten las bases para la relación social pluralista.

Asumir esta visión pluralista de nuestra sociedad que irradie en la Constitución significa, en términos de Zagrebelsky “una propuesta de soluciones y coexistencias posibles, es decir, un compromiso de las posibilidades” y así generar la creación de constituciones abiertas “que permitan dentro de los límites constitucionales, tanto espontaneidad de la vida social como la competición para asumir la dirección política, condiciones ambas para la supervivencia de una sociedad pluralista y democrática”.

Así, nuestra visión constitucional debe ser la percepción de un ordenamiento abierto, que permita la convivencia de los principios enmarcados en nuestra Carta Magna con la realidad actual y las exigencias que la misma solicita a la sociedad.

Esta visión abierta en nuestro máximo ordenamiento jurídico da legitimidad al derecho del Estado Mexicano, posición que Zagreblesk y sólo pudo asemejar a la imagen de la ductilidad.

Nuestro derecho, Constitución, leyes, reglamentos y normas en general deben tener esta característica de maleabilidad para adaptarse a las nuevas situaciones y contextos en que vivimos, siendo el legislador aquel capaz de cambiarlos y transformarlos bajo las nuevas directrices requeridas.

Es en este sentido que los legisladores debemos considerar la realidad en que nos encontramos como el punto de partida para congeniar los principios normativos con las necesidades apremiantes de nuestro país, a fin de permitir el sano y libre desarrollo de la sociedad.

Derivado del Amparo en Revisión 237/2014, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia se pronunció sobre el uso de la marihuana, bajo un área residual de libertad donde fundamentó el derecho al libre desarrollo de la personalidad para declarar inconstitucionales los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud, independiente del fin constitucionalmente válido perseguido por la norma, cuya idoneidad no se cuestiona. Sin embargo, la Primera Sala consideró que bajo la protección del libre desarrollo de la personalidad, son inválidas las medidas prohibicionistas respecto al uso de la marihuana en concordancia con la existencia de medidas con un menor grado de afectación a dicho derecho, como en el caso de alcohol y tabaco, incluso cuando esta genera un daño a la salud.

La regulación de las drogas en especial de aquellas ilícitas ha sido un tema de suma relevancia para el Estado Mexicano, por lo que se realizaron, tanto por parte del Ejecutivo Federal como del Congreso de la Unión, una serie foros y audiencias públicas en torno a las alternativas de regulación en específico de la marihuana.

Asimismo, frente a la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas y la 59 reunión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena, el Estado Mexicano ha asumido la tarea de dar cabida a las opiniones vertidas a nivel nacional y proporcionar una respuesta concreta al problema transnacional de las drogas.

Existen diversas iniciativas y precedentes judiciales sobre usos lúdicos y médicos de la marihuana, pero ante un problema tan importante para nuestro país, es un obstáculo encontrar distintas posiciones, normas, resoluciones y vacíos en el orden jurídico nacional frente a un tema que requiere de la mayor minuciosidad.

Regular la marihuana, así como los estupefacientes y sustancias psicotrópicas es una tarea que debe residir en la materialización de la voluntad popular, en la Ley, siempre con estricto apego a los principios de la Constitución.

Dicha regulación no debe quedar en un vacío legislativo que produzca inseguridad jurídica respecto a su tratamiento, por el contrario se debe hacer un solo frente coordinado que evite la dispersión normativa y constituya una misma respuesta a un mismo problema.

El Constituyente Permanente como máxima representación de la facultad soberana del pueblo es a quien corresponde asumir con plena responsabilidad el tratamiento sustancias tan sensibles para el Estado Mexicano, dado que implica la ponderación de derechos y por tanto el límite a alguno de ellos. Ningún derecho puede considerarse como absoluto en atención al artículo 1° constitucional, el límite a un derecho humano sólo debe ser otro derecho humano.

En este caso el libre uso de sustancias nocivas a la salud colisiona con el derecho y la obligación a la protección de la salud, por lo que a fin de evitar una colisión de derechos es necesario que el Poder Constituyente Permanente asuma limitaciones o excepciones describiendo, desarrollando o señalando las formas o modalidades en que dichos derechos pueden ser ejercidos, así como delegando en poderes constituidos, como el Congreso de la Unión, la facultad de normarlo detalladamente.

Es necesario que sea la representación por antonomasia la que señale como deberá regularse el uso de sustancias psicotrópicas y estupefacientes (con plena referencia a la marihuana como la sustancia más utilizada de estos grupos), para dar efectividad a la regulación, términos y restricciones en torno a las sustancias nocivas para la salud preservando que se hagan acciones en favor de la generalidad.

Dicha regulación deberá encontrarse en las leyes constituidas, como ha sido manifestado en reiteradas ocasiones, para atender a la protección de la salud, en especial a aquellos grupos más vulnerables frente a las drogas, como lo son niñas, niños y adolescentes.

El derecho a la salud se encuentra protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual señala en el cuarto párrafo del artículo 4° que:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Dicha fracción del artículo 73 referente a las facultades del Congreso de la Unión señala:

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.

1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país.

2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República.

3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del País.

4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan.”

En sintonía con el nuevo bloque de constitucionalidad, el derecho a la protección de la salud no puede entenderse de manera limitada ya que los ordenamientos internacionales reconocen este derecho de un modo más amplio que el constitucional, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

“Artículo 2°

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.”

“Artículo 12°

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.”

Así como en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo De San Salvador" donde se reconoce:

“Artículo 10

Derecho a la Salud

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:

a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;

b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;

c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;

d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole;

e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y

f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.”

De la interpretación de los artículos 2° y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se puede concluir que el Estado Mexicano se encuentra obligado a adoptar medidas “hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativasque toda persona disfrute del nivel más alto de salud posible.

Esto ha sido destacado en reiteradas ocasiones por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resultando fundamental la sentencia de la Segunda Sala al Amparo en Revisión 378/2014, comúnmente conocido como “Caso pabellón 13” donde se resolvió que el Estado Mexicano está obligado a lo expresado en los artículos 2° y 12, arriba señalados.

“Esto es, las obligaciones convencionales requieren de un estándar mínimo de cumplimiento, pero no se agotan ahí, sino que resulta menester que, al mismo tiempo, el Estado se encuentre realizando todas las medidas necesarias para asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales.

En esa lógica, en virtud del derecho consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se impone al Estado mexicano, por una parte, una obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho al nivel más alto a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio hasta el máximo de los recursos que disponga.”1

Por lo que no es posible considerar que las medidas adoptadas por el Estado Mexicano permitiendo expresamente el daño a la salud concuerden con la interpretación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que es parte del bloque de constitucionalidad reconocido por el artículo 1°.

No es posible entender el derecho a la protección de la salud como una exigencia limitada a la prestación de servicios médicos o la atención hospitalaria, la protección de la salud constituye un sistema complejo de salvaguarda del nivel más alto de salud de las personas a través de distintas medidas que eviten poner en riesgos innecesarios a la población.

En otras palabras, es obligación del Estado Mexicano adoptar medidas, y en referencia, medidas legislativas, para asegurar el nivel más alto de salud posible, lo cual implica no permitir el daño a la salud generando elementos esenciales para el desarrollo del derecho humano a la salud, siempre de una manera progresiva, por lo que adoptar una política que genere algún daño (indistintamente de su magnitud) sería contrariar al artículo 1° constitucional (“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”) ya que no puede limitarse la protección del derecho, sino que este deberá siempre ampliarse hasta lograr la plena efectividad de dicho derecho.

Las autoridades del Estado Mexicano se encuentran OBLIGADAS a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, esta obligación se encuentra sujeta al principio de progresividad esto es un aumento gradual en la garantía de los derechos y una mejor protección a estos2, los derechos siempre deben mejorar, así como su protección no debe menoscabarse ni reducirse en ningún momento.

En este sentido, se hace referencia al artículo 4° constitucional para que en la norma impere un enfoque preventivo, que busque proteger en todo momento la salud de las personas y que permee en la misma la preservación del principio del interés superior de la niñez, evitando a toda costa que las niñas, niños y adolescentes puedan acceder a usos dañinos de la marihuana, sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

Para su referencia y conceptualización es necesario definir que Cannabis es un género de plantas originarias de India y Asia Central. Incluye tres especies: C. sativa, C. indica y C. ruderalis, y siete subespecies.3 Esta planta, entre otros nombres conocidos, es denominada como marihuana. Se cultiva principalmente en América y Asia, en ambientes exteriores e interiores. La principal forma de consumo es fumada en cigarros, pipas y otros instrumentos.4

La marihuana contiene 400 sustancias químicas; algunas de ellas, principalmente el THC (Δ9-tetrahidrocannabinol), tienen efecto psicoactivo, es decir que alteran la conciencia. En el cerebro, el THC induce cambios en la percepción del placer, memoria, pensamiento, concentración, percepción del tiempo y coordinación del movimiento. Los efectos a corto plazo incluyen problemas de memoria y aprendizaje, percepción distorsionada, pérdida de coordinación, dificultad para pensar y resolver problemas.

El uso crónico de marihuana está asociado con el Síndrome Amotivacional, caracterizado por apatía, incapacidad de concentración, memoria y discernimiento, pérdida de motivación, ambición e interés en metas personales. Las dosis altas pueden causar confusión mental, pánico y alucinaciones. El uso de marihuana también está asociado con desórdenes mentales como depresión, esquizofrenia y psicosis.5

Aunque el uso medicinal de la marihuana no se encuentre probado como una mejor opción frente a los medicamentos permitidos, es necesario, en orden a conseguir el nivel más alto de salud posible, que las personas tengan la mayor cantidad de opciones elegir la atención terapéutica que más proteja su salud, esto desde un plano de medicamentos con contenido cannábico y no como consumo de marihuana fumada, cuyo uso puede desvirtuar su finalidad terapéutica.

Asimismo, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, los psicotrópicos y los estupefacientes se pueden definir como:

Psicotrópico, ca
Tb. sicotrópico.

1. adj. Med. Dicho de una sustancia psicoactiva: Que produce efectos por lo general intensos, hasta el punto de causar cambios profundos de personalidad. U. t. c. s. m.6

Estupefaciente

1. adj. Que produce estupefacción.

2. adj. Dicho de una sustancia: Que altera la sensibilidad y puede producir efectos estimulantes, deprimentes, narcóticos o alucinógenos, y cuyo uso continuado crea adicción. U. t. c. s. m. Brigada de estupefacientes.7

Dichas definiciones albergan las características esenciales de las sustancias pero a fin de detallarlas con exhaustividad es necesario acudir a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes8, donde se definen específicamente qué sustancias son consideradas como estupefacientes, así como al Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 19719, donde se encuentra con mayor detalle las sustancias que se consideran como psicotrópicas.

Por lo que en un sentido sistemático y conforme a la Constitución y los Tratados Internacionales dicha alusión a las sustancias psicotrópicas y a los estupefacientes se deberá realizar atendiendo a las sustancias consideradas como tales en los Tratados señalados en el párrafo anterior.

Estas sustancias en términos de los Tratados Internacionales son consideradas en algunos casos como indispensables para mitigar el dolor y utilizarse con fines medicinales, sin embargo constituyen un mal grave para el individuo y constituyen un peligro social para la comunidad debido a toxicomanía que pueden producir.

Dichas sustancias deben ser reguladas y es necesario determinar medidas rigurosas por los gobiernos para su uso restringido o su prohibición, así como para su uso con fines médicos y científicos cuya regulación es indispensable y no deberá ser prohibido su uso bajo aquellos fines, pero si deberá restringirse a medidas razonables.

Es por lo anterior que consideramos imperante, como parte integrante de la máxima representación nacional, elevar a rango constitucional las bases, condiciones, términos y restricciones en el uso de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, así como de cannabis, facultad que deberá recaer en el Congreso de la Unión para determinar exhaustivamente en las leyes específicas la regulación derivada de la reforma en estricto apego al artículo 4° constitucional para preservar ante todo el derecho a la protección de la salud.

Por los argumentos expuestos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA BASE 5A. A LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una Base 5a. a la fracción XVI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73.-…

I a XV. …

XVI…

1ª a 4ª …

5ª. Las leyes establecerán los términos, condiciones y restricciones en materia de cannabis, así como de cualquier sustancia psicotrópica o estupefaciente, de conformidad con el artículo 4° de esta Constitución.

XVII a XXX. …

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 25 de mayo de 2016.

Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Itzel Ríos De la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Lilia Merodio Reza.- Sen. Diva Gastelum Bajo.

1 Segunda Sala, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en Revisión 378/2014, Ministro Ponente: Alberto Pérez Dayán, Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero, resuelto el 15 de octubre de 2014, pp. 32-33.

2 VictorAbramovich y Christian Courtis, El umbral de la ciudadanía. El significado de los derechos sociales en el Estado social constitucional, Argentina, Editores del Puerto, 2006, p.58.

3 Hilling, Karl W.(2005) Genetic evidence for speciation in Cannabis (Cannabaceae). Genetic Resources and Crop Evolution 52, USA, pp. 161–180.
https://www.researchgate.net/profile/Karl_Hillig/publication/226862901_Genetic_evidence_for_speciation_in_Cannabis_(Cannabaceae)/links/552289390cf2a2d9e1456778.pdf

4 Drug Enforcement Administration (DEA), Drug Fact Sheet: Marijuana
http://www.dea.gov/druginfo/drug_data_sheets/Marijuana.pdf

5 Ibídem.

6 Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (24.a ed.). Madrid, España: Autor.

7 Ídem,

8 Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, 30 de marzo de 1961. Consultado el 24 de abril de 2016 en: https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/1961-Convention/convention_1961_es.pdf

9 Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, 21 de febrero de 1971. Consultado el 24 de abril de 2016 en:https://www.incb.org/documents/Psychotropics/conventions/convention_1971_es.pdf





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6o. Y 19 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

(Presentada por las Diputadas Erika Araceli Rodríguez Hernández y Yahleel Abdala Carmona, del grupo parlamentario del PRI)

Los que suscriben, ERIKA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ Y YAHLEEL ABDALÁ CARMONA, Diputadas por la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71, y fracción XX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6 Y 19 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las más recientes reformas a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres han suscitado transformaciones en el ámbito legal y administrativo de nuestro país. La consideración de la igualdad de género y la igualdad sustantiva como objetivos para el desarrollo, permiten analizar la importancia de la igualdad de oportunidades de las mujeres.

De acuerdo a las fracciones IV y V del artículo 5 de esta Ley, se considera como igualdad de género e igualdad sustantiva:

“V. Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades a l uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar;

V. Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.”1

Es por ello que, a propósito de la Conmemoración del 8 de marzo como el “Día Internacional de las Mujeres”, se impulse una reflexión legislativa sobre impulsar la paridad de género en el ámbito administrativo, incidiendo en la paridad de cargos de tomas de decisiones en el Servicio Exterior Mexicano, como parte de promover el liderazgo de las mujeres ante los demás países.

De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la paridad de género conlleva la eliminación de roles y estereotipos de género para lograr una mayor participación activa de las mujeres:

“La paridad es mucho más que hablar de números o de equilibrio perfecto. Implica debatir, de manera transversal, la distribución de roles, tareas, oportunidades y poder que ocurre en todos los ámbitos de la vida social. La paridad cuestiona la división sexual del trabajo, según la cual la mayoría de las mujeres está a cargo de las labores del cuidado y de lo doméstico, y los hombres, en la mayoría de los casos, están involucrados en esta esfera solo a partir de su deseo particular. La rígida división de roles y actividades basada en el cuerpo de las personas niega la diversidad de proyectos de vida, determina y limita las oportunidades de las personas e impide que la sociedad sea democrática, y que esta democracia, en última instancia, sea representativa”.2

Asimismo, el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, analiza que la paridad de género no solo involucra un proceso de otorgar cargos a mujeres, sino conlleva una profundareflexión sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la igualdad sustantiva.

“De manera que la democracia paritaria busca garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones, teniendo como marco la promoción de la igualdad de oportunidades (Cobo, 2003). La Necesidad de su implementación se basa en que la limitada participación de las mujeres en los niveles decisorios obstaculiza el desarrollo humano, al no incorporarse las demandas e intereses de las mujeres en todos los aspectos de la vida política, social, cultural y económica de la sociedad”.3

Además, la Organización de las Naciones Unidas este año 2016 el tema central de la conmemoración es “«Por un Planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para la igualdad de género”, como una forma de acelerar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y para impulsar la aplicación efectiva de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”4, en la cual los diversos Estados se han comprometido a adoptar medidas para lograr el desarrollo sostenible de sus países, impulsando, entre otros, el Objetivo 5 “Igualdad de Género”.5

Por tanto, este día es estratégico para la promoción del liderazgo de las mujeres en el ámbito interno como en las relaciones exteriores de México, con base en una reflexión sobre la situación actual de las mujeres en el Servicio Exterior Mexicano, dependencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Al respecto, la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en su Artículo Primero menciona que:

“el Servicio Exterior Mexicano es el cuerpo permanente de funcionarios del Estado, encargado específicamente de representarlo en el extranjero y responsable de ejecutar la política exterior de México, de conformidad con los principios normativos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.6

En este sentido, la persona al servicio público de carrera en el Sistema Exterior Mexicano se encuentra posibilitada a ser promocionada en los diversos cargos públicos, teniendo su límite en el cargo de Ministro; sin embargo, para ser persona Embajadora es necesario ser designada por la persona Titular de la Presidencia de la República, mediando solo la opción de ser escogidas por “preferencia” de aquellas personas funcionarias de carrera.7

Esto permite que se sostengan las condiciones de desagradad y sostener posibles actos de discriminación contra las mujeres8, tan arraigado en nuestra sociedad basada en estereotipos de género y una cultura de desigualdad por condición de género, así como la condición de discapacidad, edad, origen étnico, o condición socio económica.

Al respeto, el artículo 4 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) menciona que los Estados Parte se comprometen a la adopción de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer, no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.9

A su vez, en el tema de las políticas exteriores de los Estados Parte y el liderazgo internacional de las mujeres, el artículo 8 de la CEDAW establece que:

“los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales”.

Sin embargo, desde el año 2006, elComité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (COCEDAW, por sus siglas en inglés), organismo que vigila el cumplimiento de la CEDAW, suscribiólas Observaciones Finales a México, por las cuales señala su preocupación sobre el reducido número de mujeres en puestos directivos, en particular a nivel municipal y en el servicio exterior, y recomienda al Estado Mexicano a que:

“fortalezca las medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos a todos los niveles y en todos los ámbitos, conforme a lo dispuesto en su recomendación general 23, relativa a las mujeres en la vida política y pública.”10

Además, en este tema estratégico recomendó al estado mexicano a que:

“introduzca medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25, a fin de acelerar las gestiones para facilitar el ascenso de las mujeres a puestos de liderazgo, en particular en el servicio exterior.11

Posteriormente, de acuerdo a los Informes 7º y 8º Informes consolidados presentados por México sobre el cumplimiento de la CEDAW), enviados en septiembre de 2010, en los resultados del diagnóstico sobre la situación de género del personal en territorio nacional y del Servicio Exterior Mexicano, se analiza que:

“114. La Ley del Servicio Exterior Mexicano establece las formas de ingreso y ascenso para las ramas diplomático-consular y técnica administrativa. Los procesos se basan en la igualdad de oportunidades para el personal, el ingreso es por concurso público, la evaluación inicial la realizan instituciones educativas y no se revela la identidad. Los ascensos son por concurso abierto y evaluaciones de desempeño. En los últimos cinco años, del personal que ingresó al SEM, aproximadamente 40% son mujeres. Aumentar el número de mujeres participantes en el proceso de ingreso al SEM es un desafío, a fin de buscar la paridad.”12

Si bien existen avances en integrar a las mujeres en el servicio exterior, aun se advierte que no existe la igualdad de oportunidades de su designación a cargos de toma de decisiones como Embajadoras y Cónsules. Al respecto, se identifican algunos datos que permiten observar esta situación de desigualdad:

 ● En México, están adscritos al SEM 266 personas, y sólo el 39.1% son mujeres.

● En la rama técnico-administrativa, las mujeres continúan siendo mayoría en rangos más altos, aunque de 2006 al 2010, su porcentaje disminuyó de 62% a 59%, en contraste, en la rama diplomático-consular se incrementó la presencia de mujeres del 27% en 2006 al 30% en el 2010.

● Existe una disparidad en la cantidad absoluta del personal diplomático: hay una mujer por cada dos hombres, no obstante, de cada diez diplomáticas una es Embajadora, y en igual proporción, lo es para los hombres.

● De las 396 personas que laboran en organismos internacionales 229 son mujeres.

●  El nivel jerárquico más alto lo ocupa una mujer como Directora General del SEM; en puestos de mando superior, 8 son mujeres y 9 hombres; en los niveles correspondientes a profesionales, servicios generales e idiomas, las mujeres ocupan 220 plazas y 158 los hombres.

●  Entre los cargos ocupados por mujeres mexicanas están: las Secretarías Ejecutivas de la CEPAL y de la CIM/OEA y la Subdirección General de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO.13

● Además, en 2010, de las 145 representaciones de México en el exterior, solo 21 están dirigidas por mujeres, 108 por hombres y 16 están vacantes.14 Es decir, solo 21 mujeres han sido Embajadoras con respecto a 108 embajadores.

Analizar estos datos permite observar que, si bien se ha ampliado la participación de las mujeres en el Servicio Exterior Mexicano, esta no ha resultado en cargos superiores o de toma de decisiones, como en el cargo de Embajadoras o Cónsules Generales, por lo que se refuerza la desigualdad de las mujeres y la situación de discriminación contra las mujeres, así como la falta de cumplimiento en la adopción de acciones afirmativas para la igualdad sustantiva, como lo ha recomendado el COCEDAW.

Sin embargo, uno de los puntos a rescatar de este informe es que, de 901 integrantes del Servicio Exterior acreditados en el exterior, el 40% son mujeres; el mayor porcentaje se encuentra en los niveles medios y bajos; y el menor, en los cargos altos. 15

Esto nos da una muestra de la desigualdad imperante en la designación de mujeres en cargos de mayor responsabilidad, o desde el ingreso o permanencia de las mujeres en el Servicio Exterior, generando condiciones de discriminación y violencia laboral.

Es necesario resaltar que la violencia laboral, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la constituye, entre otras conductas, la negativa a respetar su permanencia o las condiciones generales de trabajo, a todo tipo de discriminación por condición de género.16

A su vez, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos afirma que:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.17

Y prohíbe todo acto de discriminación en su párrafo quinto:

“Artículo 1o.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”18

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, permiten la coordinación entre los Poderes de la Unión, y representa un avance significativo en la consolidación de la igualdad sustantiva y no discriminación.

El artículo 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación menciona que los Poder Públicos Federales deben eliminar obstáculos y actos que permitan la discriminación y limiten el desarrollo de las personas:

“los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos”.19

Además, establece la bases para adoptar acciones afirmativas y medidas para lograr la igualdad de oportunidades en la participación de las mujeres y hombres en el Servicio Exterior Mexicano; la adopción de medidas específicas para prevenir la discriminación contra las mujeres, así como la violencia laboral, con la finalidad de evitar obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres particularmente de aquellas que se encuentran en el Servicio Exterior Mexicano, tal y como lo mandata la CEDAW.

Es por ello, que en este “Día Internacional de las Mujeres”, se analiza los obstáculos que limitan el desarrollo y liderazgo de las mujeres en el Servicio Exterior, y que, con base en el presente proyecto de Decreto se impulsará, de manera decidida, la paridad de género en los cargos públicos de toma de decisiones.

Por lo anteriormente aquí expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se reforman el artículo 6 y 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 6.- El personal de carrera es permanente y su desempeño se basa en los principios de igualdad sustantiva, no discriminación, preparación, competencia, capacidad y superación constante, a fin de establecer un servicio permanente para la ejecución de la política exterior de México.

ARTÍCULO 19.- Sin perjuicio de lo que dispone la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la designación de Embajadores y Cónsules Generales la hará el Presidente de la República, preferentemente entre las personas funcionarias de carrera de mayor competencia, categoría, antigüedad en la rama diplomático – consular, atendiendo a la paridad de género del 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres en los cargos establecidos en el presente artículo.

El Senado de la República observará que exista esta paridad de género de conformidad con el artículo 23 de la Presente Ley.

SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 19 Bis la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:

Artículo 19 Bis. Para cumplir con lo establecido en el artículo 19, el área encargada de implementar los exámenes de ingreso y promoción al Servicio Exterior Mexicano, deberán establecer un mecanismo como acción afirmativa para lograr el ingreso y promoción exclusiva a mujeres, hasta cumplir con los porcentajes de paridad de género en cada uno de los rangos del Servicio Exterior Mexicano, particularmente darle prioridad a la designación de mujeres en cualquier rango y en los nombramientos de Embajadoras de Carrera, cuando las plazas disponibles sean por su numeralía en número non, se designarán a las mejores mujeres del Servicio Exterior, hasta lograr la Paridad.

Una vez cumplida la paridad de género en la designación de rangos, el área responsable establecerá el mecanismo para que en los subsecuentes exámenes de ingreso y promoción por rango, se continué con el ingreso en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.

1 Artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Última reforma publicada el 04 de junio de 2015.

2 SCJN, “¿Por qué la paridad?”, Unida de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En: http://equidad.scjn.gob.mx/por-que-la-paridad/

3 CEAMEG, “La participación política de las mujeres. De las Cuotas de Género a la Paridad”, CEAMEG, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, México, 2010. En: http://www.diputados.gob.mx/documentos/Comite_CEAMEG/Libro_Part_Pol.pdf

4 ONU, “Día Internacional de la Mujer”, 8 de marzo.
En: http://www.un.org/es/events/womensday/index.shtml

5 ONU, “Objetivos para el Desarrollo Sostenible”.
En: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

6 Artículo primero de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

7 Artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

8 Discriminación contra la Mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

9 Artículo 4 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Adoptada en 1979 en la Organización de las Naciones Unidades. Suscrita por el Estado Mexicano el 17 de julio de 19080 y publicada en el diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981.

10 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: México.

11 Idem.

12 7º y 8º Informes consolidados de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) presentados ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU.

13 Idem.

14 Idem.

15 Idem.

16 Artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Artículo reformado el 02 de abril de 2014.

17 Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ultima reforma publicada el 27 de enero de 2016.

18 Idem.

19 Artículo 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Última reforma publicada el 20 de marzo de 2014.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Lía Limón García y Diputados del grupo parlamentario del PVEM)

Quienes suscriben, Diputada LÍA LIMÓN GARCÍA y Diputados Federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en materia de armonizaciónde la denominación de la Ciudad de México como entidad federativa, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objeto de esta iniciativa es armonizar diversos preceptos constitucionales que todavía hacen referencia al Distrito Federal, en lugar de a la Ciudad de México, conforme al sentido y alcances delDecreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, que se publicó el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.

Conforme al citado Decreto se crea la Ciudad de México como una entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, en los términos que establezca la propia Constitución; destacando que se establece un régimen transitorio para la composición de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, encargada de aprobar y expedir la nueva Constitución Política de la Ciudad de México.

Cabe referir, que la falta de armonización se debe a que la Constitución es un documento en constante cambio, y con diversos procedimientos de modificación, reforma o adición que inician indistintamente tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, de ahí que al culminar el proceso de reforma política para la Ciudad de México, había otros procedimientos de reforma constitucional, verbigracia, tan sólo 2 días antes del Decreto del 29 de enero de 2016, se publicó el 27 de enero, el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

Por tanto, no es una falta de previsión del Legislador, sino que se debe a la independencia de trámite que llevan los diversos procedimientos de reforma constitucional.

Las propuestas de modificaciones se glosan en el cuadro comparativo siguiente:

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE ESTA INICIATIVA

Artículo 26.

A.         …

B.         …

El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

C.         …

 

Artículo 26.

A.         …

B.         …

El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

C.         …

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a VII.

VIII.      En materia de deuda pública, para:

1o.      

2o.       Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe de Gobierno le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe de Gobierno informará igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública.

3o.       Establecer en las leyes las bases generales, para que los Estados, el Distrito Federal y los Municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente; un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones. Dichas leyes deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados conforme a lo dispuesto por la fracción H del artículo 72 de esta Constitución.

4o.       …

IX. a XXX.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a VII.

VIII.      En materia de deuda pública, para:

1o.      

2o.       Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno de la Ciudad de México y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe de Gobiernode la Ciudad de México le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe de Gobierno informará igualmente a la Legislatura de la Ciudad de México, al rendir la cuenta pública.

3o.       Establecer en las leyes las bases generales, para que las entidades federativas y los Municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente; un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones. Dichas leyes deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados conforme a lo dispuesto por la fracción H del artículo 72 de esta Constitución.

4o.      

IX. a XXX.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-V. …

XXIX-W. Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, con base en el principio establecido en el párrafo segundo del artículo 25;

XXX.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-V. …

XXIX-W. Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, las entidades federativas y los Municipios, con base en el principio establecido en el párrafo segundo del artículo 25;

XXX.

Artículo 79.

La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo:

I. a III.

IV.        Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales y, en el caso del párrafo segundo de la fracción I de este artículo, a los servidores públicos de los estados, municipios, del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, y a los particulares.

Artículo 79.

La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo:

I. a III.

IV.        Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales y, en el caso del párrafo segundo de la fracción I de este artículo, a los servidores públicos de los estados, municipios, de la Ciudad de Méxicoy sus demarcaciones territoriales, y a los particulares.

Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

I. a II.

III.

Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y

IV.

Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

I. a II.

III.


Los entes públicos estatales y municipales, así como delaCiudad de México y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y

IV.

Estimo que las principales razones que justifican este proyecto de iniciativa son la claridad y uniformidad conceptual que debe imperar en un orden coactivo    constitucional.

No obstante que el Decreto de reforma constitucional, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, que se publicó el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, refiere en su artículo décimo cuarto transitorio una regla referencial o de aclaración, lo cierto es que resulta preferible que las normas expresamente hagan alusión a los conceptos constitucionales correctos y no dejar duda sobre el sentido, alcance y significado de las normas. Para mejor referencia se transcribe a continuación el citado transitorio:

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.

La armonía conceptual otorga seguridad jurídica a las personas, ya que una referencia textual anacrónica puede hacer incurrir en el error o hacer pensar que para ciertos efectos sigue existiendo el Distrito Federal. Asimismo, hace pensar a los destinatarios de las normas que el legislador incurrió en omisión de un deber de cuidado al no armonizar y uniformar todas y cada una de las referencias que se hacían al extinto Distrito Federal. (Aunque, como ya se explicó, la falta de precisión se debe a la existencia de diversos procedimientos de reforma constitucional que estaban en trámite)

Igualmente, la precisión terminológica es necesaria para que haya congruencia y unidad en el sistema jurídico, que son calidades a las que aspira todo orden coactivo de normas.

Incluso hay ocasiones en que existen términos que pudieran ser semejantes en un ordenamiento jurídico pero es dable una interpretación que los distinga y existan criterios encontrados, como ejemplo de lo antedicho, podemos citar el caso de una reforma al Artículo 115 constitucional que sustituyó el concepto “bases normativas" por el de "leyes en materia municipal" y tuvo que ser la Suprema Corte la que aclarara el alcance de la modificación, observamos el caso en la Tesis de Jurisprudencia del Pleno 129/2005, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro, texto y precedente se reproducen enseguida:

LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. OBJETIVO Y ALCANCES DE LAS BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

La reforma al artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, sustituyó el concepto de "bases normativas" utilizado en el texto anterior, por el de "leyes en materia municipal", modificación terminológica que atendió al propósito del Órgano Reformador de ampliar el ámbito competencial de los Municipios y delimitar el objeto de las leyes estatales en materia municipal, a fin de potenciar la capacidad reglamentaria de los Ayuntamientos. En consecuencia, las leyes estatales en materia municipal derivadas del artículo 115, fracción II, inciso a), de la Constitución Federal, esto es, "las bases generales de la administración pública municipal" sustancialmente comprenden las normas que regulan, entre otros aspectos generales, las funciones esenciales de los órganos municipales previstos en la Ley Fundamental, como las que corresponden al Ayuntamiento, al presidente municipal, a los regidores y síndicos, en la medida en que no interfieran con las cuestiones específicas de cada Municipio, así como las indispensables para el funcionamiento regular del Municipio, del Ayuntamiento como su órgano de gobierno y de su administración pública; las relativas al procedimiento administrativo, conforme a los principios que se enuncian en los cinco incisos de la fracción II del artículo 115 constitucional, incluidos en la reforma, entre las que se pueden mencionar, enunciativamente, las normas que regulen la población de los Municipios en cuanto a su entidad, pertenencia, derechos y obligaciones básicas; las relativas a la representación jurídica de los Ayuntamientos; las que establezcan las formas de creación de los reglamentos, bandos y demás disposiciones generales de orden municipal y su publicidad; las que prevean mecanismos para evitar el indebido ejercicio del gobierno por parte de los munícipes; las que establezcan los principios generales en cuanto a la participación ciudadana y vecinal; el periodo de duración del gobierno y su fecha y formalidades de instalación, entrega y recepción; la rendición de informes por parte del Cabildo; la regulación de los aspectos generales de las funciones y los servicios públicos municipales que requieren uniformidad, para efectos de la posible convivencia y orden entre los Municipios de un mismo Estado, entre otras. En ese tenor, se concluye que los Municipios tendrán que respetar el contenido de esas bases generales al dictar sus reglamentos, pues lo establecido en ellas les resulta plenamente obligatorio por prever un marco que da uniformidad a los Municipios de un Estado en aspectos fundamentales, el cual debe entenderse como el caudal normativo indispensable que asegure el funcionamiento del Municipio, sin que esa facultad legislativa del Estado para regular la materia municipal le otorgue intervención en las cuestiones específicas de cada Municipio, toda vez que ello le está constitucionalmente reservado a este último.

Controversia constitucional 14/2001. Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. 7 de julio de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.

Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarias: Mariana MuredduGilabert y Carmina Cortés Rodríguez.

El Tribunal Pleno el once de octubre en curso, aprobó, con el número 129/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de octubre de dos mil cinco.

En virtud delo que antecede, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA ARMONIZAR LA DENOMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ÚNICO.- Se reforman el penúltimo párrafo del apartado B del Artículo 26; la fracción VIII del Artículo 73; la fracción XXIX-W del Artículo 73; la fracción IV del párrafo quinto del Artículo 79; así como el último párrafo de la fracción III del Artículo 109, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 26.

A.         …

B.         …

El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

C.         …

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a VII.

VIII.      En materia de deuda pública, para:

1o.      

2o.       Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno de la Ciudad de México y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe de Gobierno informará igualmente a la Legislatura de la Ciudad de México, al rendir la cuenta pública.

3o.       Establecer en las leyes las bases generales, para que las entidades federativas y los Municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente; un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones. Dichas leyes deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados conforme a lo dispuesto por la fracción H del artículo 72 de esta Constitución.

4o.      

IX. a XXX-V.

XXIX-W. Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, las entidades federativas y los Municipios, con base en el principio establecido en el párrafo segundo del artículo 25;

XXX.

Artículo 79.


La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo:

I. a III.

IV.        Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales y, en el caso del párrafo segundo de la fracción I de este artículo, a los servidores públicos de los estados, municipios, de la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, y a los particulares.

Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

I. a II.

III.

Los entes públicos estatales y municipales, así como de la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y

IV.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, el 25 de mayo de 2016.

Suscribe

Dip. Lía Limón García.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Hilaria Domínguez Arvizu, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia)

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS, ERIKA AYALA RÍOS Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3º DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 29 de Marzo de 2013 se sectorizó el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) a la Secretaría de Desarrollo Social. En dicho decreto se considera que la Secretaría de Desarrollo Social, entre otras facultades, tiene la de fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país mediante la instrumentación, coordinación y seguimiento de las políticas relativas a la atención de los jóvenes y de las personas con discapacidad, así como fomentar y elaborar políticas públicas y dar seguimiento a los programas de apoyo e inclusión de los jóvenes a la vida social participativa y productiva, y de aquellos que garanticen la plenitud de los derechos de las personas con discapacidad.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad es un organismo público descentralizado que tiene por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional, así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas en la materia.

En México habitan 7.7 millones de personas con discapacidad, de las cuales 5.7 millones viven en miseria, 2.2 millones en pobreza alimentaria y 3.8 enfrentan rezago educativo.

Asimismo, se observan los siguientes datos:

• El Censo 2010, realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), señaló que la mayor prevalencia de esta condición se da entre personas adultas de 60 y más años (26.2%).

• Le siguen los adultos de 30 a 59 años (4.8%), los jóvenes entre 15 y 29 años (1.9%) y los niños de 0 a 14 años (1.6%).
Entre las personas más pobres del mundo, una de cada cinco es una persona con discapacidad (ONU).

• Asimismo, el INEGI señala que más de la mitad de las personas con discapacidad no reciben ingresos y casi el 20%, percibe menos de un salario mínimo.

• Las personas con discapacidad ocupan el tercer lugar como grupo social que se siente más desprotegido y el segundo lugar como grupo social más discriminado (Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, SEDESOL-CONAPRED).

• De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cerca del 60% del total de las personas con discapacidad en edad de trabajar están desempleadas; la tasa de participación económica en la población con discapacidad es sólo de 25%.

Como señalan las cifras, la condición de discapacidad es una circunstancia que se presenta en gran número a lo largo del país, lo cual implica que para poder potenciar sus capacidades y promover su real inclusión, hay que proporcionar mayores elementos y herramientas a este sector de población para que se puedan valer por sí mismas y en igualdad de condiciones que los demás.

La armonización legislativa, constituye una tarea primordial, en donde se debe utilizar la terminología de forma homologada para los mismos conceptos a fin de evitar discriminación, interpretación o cualquier aplicación injusta de la ley.

La Ley General de Desarrollo Social es el instrumento guía para desarrollar la política de desarrollo social en México, misma que se instrumenta a fin de reducir las brechas de desigualdad y contribuir a la generación de capacidades productivas para cada una de las mexicanas y los mexicanos.

Este instrumento tan importante debe ser congruente con los demás ordenamientos relacionados y evitar términos ofensivos o discriminatorios, así encontramos el artículo 3 de la ley en comento que señala el principio de respeto a la diversidad basado en el reconocimiento a las personas con “capacidades diferentes”.

A lo largo de la administración 2000-2006, este término se oficializó indebidamente, lo que ocasionó que en los discursos de los políticos, mensajes institucionales o documentos del gobierno, se utilizará esta definición. Esta imprecisión logró tal alcance que quedó registrado en ordenamientos importantes como la Constitución Política, y en algunas leyes federales y locales.

El término de capacidades diferentes no cuenta con fundamento etimológico, médico, académico, o de ningún tipo que lo sustente.

El diccionario de la Real Academia Española señala que el término capacidad viene del latín capacitas, atis, mismo que tiene varios significados entre los que destacanaptitud, talento, cualidad que dispone alguien para el buen ejercicio de algo.

Por lo tanto, todas las personas cuentan con cualidades únicas y diferentes a otras, por lo que el término aludido califica a cualquier persona, tenga o no una discapacidad.

El uso inadecuado de este término ha causado graves confusiones en los ámbitos jurídicos y sociales. Incluso ha implicado retrocesos en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

La definición lingüística de discapacidad fue el resultado del consenso efectuado entre más de 70 países, que en el marco de las Naciones Unidas emitieron un dictamen que a la postre aprobó el pleno de dicho organismo en su idioma original (el inglés) el término "disabilities" en sustitución de "handicapped", y posteriormente, el término traducido al español "discapacidad" fue aceptado por la Real Academia Española de la Lengua en 1990, apareciendo vigente en el diccionario de la lengua española de la misma Real Academia.

En ese sentido y en virtud de lo narrado, como una acción de armonización legislativa y no discriminación sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 3.

I. a VI. …

VII. Respeto a la diversidad: Reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias.

VIII. a X. …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 25 de mayo de 2016.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Presentada por el Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, a nombre del Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario de Morena)

El suscrito, Dip. VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA a nombre del Dip. VIDAL LLERENAS MORALES, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A partir de las publicaciones delos decretos que reforman la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fiscalización, transparencia, rendición de cuentas y disciplina financiera, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, así como el 26 y 27 de mayo de 2015, respectivamente.

A partir de estas reformasConstitucionales, deben integrarsey coordinarse cambios que son indispensables en la modificación y actualización de la legislación secundaria. Dentro de este nuevo andamiaje jurídico y administrativo está la creación de la Secretaría de Controly Vigilancia Administrativa, por lo que es esencialreformarademás la Ley Orgánica de la Administración Pública. Este es el objetivo esencial de esta Iniciativa.

ARGUMENTOS

El 2 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que entre otros cambios, se propuso la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de que al existir el Sistema Nacional Anticorrupción, se requeriríade una entidad con mayor capacidad para atender las funciones de evaluación y control interno en la administración pública federal.

Con las modificaciones a los artículos 26, 31, 37, 44 y 50, se transfirieron temporalmente las atribuciones de la Secretaría de Función Pública a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Puesto que en el artículo segundo transitorio de ese decreto se establece que:

“Las modificaciones previstas en el presente Decreto para los artículos 26, 31, 37, 44, y 50 de esta Ley exclusivamente por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica.

Al expedir los ordenamientos reglamentarios de la reforma constitucional correspondiente, el Congreso de la Unión revisará que el control interno y el sistema integral de control y evaluación gubernamental sean congruentes con las atribuciones que le sean conferidas a dicho órgano y compatibles con las bases y principios del Sistema Nacional de Fiscalización, para lo cual realizará las reformas legales a que haya lugar.”

El 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, mediante las cuales se facultó al Congreso de la Unión para expedir diversas normas, entre ellas, aquellas que ampliaron las facultades del órgano autónomo fiscalizador.

Acatando esta disposición, el 26 de abril de 2016, el Grupo Parlamentario de Morena presentó la Iniciativa de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentasy las reformas a los artículos 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, con la finalidad de contribuir a la construcción de un andamiaje jurídico y administrativo y crear un real Sistema Nacional de Fiscalización.

Siguiendo con las reformas constitucionales publicadas el 27 de mayo de 2015, en el artículo segundo transitorio:

“El Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá aprobar las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIV y XXIX-V del artículo 73 de esta Constitución, así como las reformas a la legislación establecida en las fracciones XXIV y XXIX-H de dicho artículo. Asimismo, deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto de que la Secretaría responsable del control interno del Ejecutivo Federal asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto y en las leyes que derivan del mismo.”

El Grupo Parlamentario de Morena, presenta la Iniciativa por mediante la cual se reforman los artículos 26, 31, 44 y 50 y se Adiciona el artículo 37de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El Grupo Parlamentario de Morena propone que la Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa, cumpla con tres objetivos básicos: Regular, Vigilar y Evaluar.

La Secretaría de Control y Vigilancia Administrativacoordinará, asesorará y supervisará que los funcionarios de la administración pública federal cumplan con los instrumentos y procedimientos de control gubernamental en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

La Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa vigilará que los funcionarios de la administración pública federalno comentan posibles actos u omisiones que no están contemplados en la Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos, estableciendo para ello las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas, y en caso de que detecte anomalías, integre toda la información disponible y presente las denuncias correspondientes, ya sea ante el Tribunal de Federal de Justicia Administrativa, cuando sea necesaria una sanción de carácter administrativo, o bien, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuando se trate de anomalías graves que sean consideradas como actos de corrupción, acorde a la Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos.

La Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa y con el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público evaluarán la calidad del desempeño público, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa.

ÚNICO.- Se Reforman los artículos 26, 31, 44 y 50; y Se Adiciona el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

Secretaría de Gobernación;

Secretaría de Relaciones Exteriores;

Secretaría de la Defensa Nacional;

Secretaría de Marina;

Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Secretaría de Desarrollo Social;

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
Secretaría de Energía;

Secretaría de Economía;

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

Secretaría de Controly Vigilancia Administrativa

Secretaría de Educación Pública;

Secretaría de Salud;

Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

Secretaría de Cultura;

Secretaría de Turismo, y

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- XVI.- (…)

XVII.- Llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiera la Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa para el control y la evaluación del ejercicio delgasto público federal y de los programas y presupuestos de egresos, así como presidir las instancias decoordinación que establezca el Ejecutivo Federal para dar seguimiento al gasto público y sus resultados;

XIX. Coordinar conjuntamente con la Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la validación de los indicadores estratégicos, en los términos de las disposiciones aplicables;

XX.- (…)

XXI.- Se deroga

XXII.- Se deroga

XXIII.- Vigilar en coordinación con la Secretaría de Controly Vigilancia Administrativa el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación nacional, así como de programación, presupuestación, contabilidad y evaluación;

XXIV. Se deroga

XXV. Llevar el registro de la declaración fiscal de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, sistematizar la información y proporcionarla a la Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa.

XXVI. Se deroga

XXVII. Se deroga

XXVIII. Se deroga

XXIX. Se deroga

XXX. Se deroga

XXXI. Se deroga

XXXII. Se deroga

XXXIII. Se deroga

XXXIV. (…)

Artículo 37.- La Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa es la entidad encargada de prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas.

A esta Secretaría le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública Federalpara que los recursos humanos y patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con criterios de eficiencia y simplificación administrativa;

II.- Revisar y vigilarque los instrumentos y procedimientos normativos de control interno de la Administración Pública Federal que incluye la aplicación de recursos públicos federales, se realicen bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad.

III.- Investigar y en su caso, sustanciar denuncias ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por las faltas administrativas en las que incurran los servidores públicos y particulares, o en su caso integrar la información para presentar las denuncias correspondientes por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

IV.- Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa.

V.- Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación y remuneraciones del personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupacionales, y ejercer el control presupuestario de los servicios personales, con las respectivas normas de control de gasto en ese rubro;

VI.- Recibir y registrar, verificar y dar seguimiento a las declaraciones de intereses y patrimoniales de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, así como la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas, en los términos de los ordenamientos aplicables;

VII.- Determinar los perfiles que deberán cubrir los titulares y personal de las contralorías internas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las disposiciones generales para su organización, funcionamiento y régimen disciplinario; señalar los órganos desconcentrados o entes similares que se consideren que deban contar en forma directa con unidades de auditoría preventiva, o determinar los órganos desconcentrados y entidades paraestatales que por su dimensión puedan ser auditados por la unidad de auditoría preventiva de su sector correspondiente;

VIII.- Emitir políticas, normas, lineamientos y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas de la Administración Pública Federal; emitir y en su caso opinar sobre las normas relacionadas con la desincorporación de activos; administrar el sistema COMPRANET, llevar los procedimientos de conciliación en dichas materias, en términos de las disposiciones respectivas y aplicar la Ley de Firma Electrónica Avanzada;

IX. Inspeccionar y vigilar, directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Federal;

X.- Coordinar y supervisar el sistema de control gubernamental, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

XI.- Asesorar y apoyar a los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federalen el cumplimiento de las normas de control y fiscalización;

XII.- Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como realizar las auditorías que se requieran a las dependencias y entidades en sustitución o apoyo de sus propios órganos de control;

XIII.- Coordinar y supervisar el sistema de control gubernamental, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas, y expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

XIV.- Dirigir, organizar y operar el Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal;
XV. Realizar, por sí o a solicitud del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, auditorías y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

XVI. Colaborar con la Auditoría Superior de la Federación para el establecimiento de los procedimientos necesarios que permitan a ambos órganos el mejor cumplimiento de sus respectivas responsabilidades;

XVII. Elaborar bimestralmente un informe sobre el resultado de la evaluación y seguimiento respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la administración pública federal, que incluya las acciones correctivas que deben adoptar los entes públicos que hayan sido objeto de fiscalización;

XVIII. Informar periódicamente al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de aquellas que hayan sido objeto de fiscalización;

XIX. Atender las solicitudes que le presenten los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con lo que establece la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción;

XX. Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales; administrar los inmuebles de propiedad federal cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad, así como llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente;

XXI.- Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés de la Federación; expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios, para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes, así como expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la Federación;

XXII. Llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente;

XXIII.- Reivindicar los bienes propiedad de la Nación, en los términos de las disposiciones aplicables; y

XXIV. Las demás que le otorguen expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 44.- Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los titulares de los Órganos Internos de Control, serán responsables de mantener el control interno y de gestión de la dependencia o entidad. Lostitulares de los Órganos Internos de Control tendrán la obligación de nombrar a los auditores preventivos de su respectiva dependencia y entidad, con base en los perfiles que establezca la Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa, para apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos.

Las unidades de auditoría preventiva se regirán por las leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, fiscalización superior, procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información, responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines a la materia, y por las disposiciones generales que emita la Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa respecto de dichos asuntos, sobre la organización, funcionamiento y supervisión de los sistemas de control interno, además de las de auditoría preventiva, mejora de gestión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y presentación de informes por parte de dichas unidades. Las unidades de auditoría preventiva formarán parte del sistema nacional de fiscalización, e incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, de conformidad con las mejores prácticas, que considere el referido sistema.

(…)

En los meses de mayo y noviembre entregarán informes tanto al titular de la dependencia o entidad de que se trate, así como a laSecretaría de Control y Vigilancia Administrativa, sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y ejecución de los programas, así como sobre la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros y de los servicios generales, además de los correspondientes a la situación de desempeño y el ejercicio del gasto; y en su caso, sobre la relación de los procedimientos abiertos por causas disciplinarias, de presunta responsabilidad administrativa y de sanciones aplicadas por la propia unidad de auditoría preventiva, así como de las denuncias presentadas ante la autoridad competente por actos de corrupción. Con base en dichos informes, tanto las dependencias y entidades, así como la Secretaría de Controly Vigilancia Administrativa, formularán las recomendaciones pertinentes para mejora de la gestión.

(Se deroga Quinto Párrafo)

Artículo 50.- Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales, para fines de congruencia global de la Administración Pública Paraestatal, con el sistema nacional de planeación y con los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento y evaluación, se llevarán a cabo en la forma y términos que dispongan las leyes, por conducto de los Órganos Internos de Control, sin perjuicio de las atribuciones que competan a la dependencia coordinadora del sector correspondiente.

TRANSITORIO

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Titular de laSecretaría de Control y Vigilancia Administrativa, dentro de los treinta días siguientes a su designación, iniciará con el proceso para la designación delos Titulares de los Órganos del Control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, el 25 de mayo de 2016

Suscriben

Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza.- Dip. Vidal Llerenas Morales.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS

(Presentada por la Diputada Claudia Sofia Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita CLAUDIA SOFIA CORICHI GARCÍA, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 176, 179 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DEHIDROCARBUROS, al tenor de las siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Conducir un vehículo de pasajeros privado es quizás la actividad diaria más “contaminante” que el ciudadano común realiza y, a diferencia de las chimeneas industriales, es prácticamente imposible medir las emisiones de cada uno de los vehículos que circulan en una zona determinada; por lo tanto, se necesita utilizar herramientas distintas y especializadas para estimar las emisiones de las fuentes móviles en conjunto.

II. “La gasolina y el diesel son mezclas, principalmente, de hidrocarburos, compuestos que contienen átomos de hidrógeno y carbono. Si la combustión en un motor fuera perfecta, el oxígeno en el aire convertiría todo el hidrógeno del combustible en agua y todo el carbono en dióxido de carbono. En la realidad, el proceso de combustión no es perfecto y, en consecuencia, los motores de los automóviles emiten varios tipos de contaminantes”1.

III. “El consumo de combustibles fósiles y biomasa en México creció 50.2% en el periodo comprendido entre 1990 a 2010 pasando de 4,297.780 a 6,454.651 PJ. Por su parte, las emisiones de bióxido de carbono crecieron, sin considerar la biomasa en 48.9%, desde un valor de 274,543 en 1990 a 408,720 Gg de CO2 en 2010. Las emisiones equivalentes de CO2, que consideran el CH4 y el N2O se incrementaron en 52.8%, de un valor de 277,686 a 424,307 Gg equivalentes de CO2”2.

IV. “En el año 2010 el gas natural representó el combustible de mayor contribución a las emisiones, seguido por las gasolinas y el diesel. El crecimiento de emisiones se debe al aumento en el consumo de gas natural por las razones siguientes:

• En la generación eléctrica, al incremento de las plantas de Ciclo Combinado por los Productores Independientes, así como a la sustitución gradual que se dio de combustóleo por gas natural. • En el sector industrial, también hubo sustitución de combustibles y aumento en el consumo de gas natural. El combustóleo es el combustible que ha disminuido sus emisiones debido a que ha sido sustituido por el gas natural.

El resto de los combustibles presentan un incremento sostenido en las emisiones de CO2, sin embargo se ve un mayor crecimiento en la última década”3.

V. “El sector que más contribuye a las emisiones es el sector transporte, el cual aumentó 74.6% de 1990 a 2010 con una TCMA de 2.82% de CO2, esto se debe al aumento del parque vehicular personal (que representa un 94.3 % del consumo total del sector transporte)”, desde la presentación del Inventario Nacional de Emisiones, en el año 2012 se sugirió realizar medidas inmediatas al respecto, ya sea promoviendo un trasporte público eficiente, así como la adquisición de autos más eficientes que reduzcan el consumo de combustibles.

VI. Un paso sería contar ya con tecnologías de baja emisión, esto, adaptándolas a través de las normas oficiales mexicanas que regulan a los vehículos nuevos, como la NOM 042 y la NOM 044, que buscan establecer límites máximos de emisiones de hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas, compuestos orgánicos volátiles y monóxido de carbono provenientes de vehículos ligeros, pesados y nuevos, respectivamente.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Que el 30 de Enero de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, sobre Especificaciones de los Combustibles Fósiles para laProtección Ambiental. En esta Norma se incluyen, los niveles máximos permisibles en peso de azufre en el combustible líquido denominado gasóleo industrial que se consuma por fuentes fijas en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo cual, se consideró conveniente con el fin de evitar duplicidades cancelar la NOM-051-SEMARNAT-1993 “Que establece el nivel máximo permisible en peso de azufre, en el combustible líquido gasóleo industrial que se consuma por las fuentes fijas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 1993.

Asimismo, contiene las especificaciones generales de las gasolinas, en donde seestablece que a partir de 2009 el máximo de partes por millón (ppm) sería de 30 ppm con un máximo de 80 ppm y un máximo de 15 ppm de azufre para el Diesel a partir de Septiembre de 2009.

SEGUNDA. Que, independientemente de lo que dicha norma pudiera establecer, a 5 años de que dicha Norma Oficial Mexicana fuera publicada, dejo de tener ámbito de vigencia temporal con fecha 01 de Febrero de 2012.

TERCERA. Que el 30 de Octubre de 2015 se publicó la Norma emergente NOM-EM-005-CRE-2015 para regular el tema de Gasolinas, sin embargo, al ser una norma emergente, con vigencia de un año, dejará de tener vigencia el 01 de Septiembre de 2016.

CUARTA. Que, actualmente varios países Europeos han modificado sus legislaciones para establecer un límite de 10 ppm de azufre en las gasolinas que se comercializan, expenden e incluso producen en sus territorios. Asimismo, Estados Unidos, que ha sido el referente de México en épocas pasadas respecto al tema que se trata, está modificando su legislación para establecer ese mismo límite máximo de 10 ppm de azufre como límite máximo para las gasolinas que se expendan.

QUINTA. El medio ambiente es un tema de importancia mundial, en el que México ha suscrito diversos tratados internacionales y,si empezamos no empezamos por barrer nosotros mismos nuestro patio, ¿qué cumplimiento podremos exigir a otros países?

SEXTA. Que los beneficios por la reducción del contenido de azufre en los combustibles no se limitan a la disminución de emisiones de los vehículos nuevos, sino que se extienden a vehículos con tecnologías anteriores. Así, en aquellos vehículos a gasolina las emisiones de hidrocarburos, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno pueden reducirse entre 50% al 80%. Para los vehículos con motores a diesel, el combustible de bajo contenido de azufre (máximo 10 ppm) permite una disminución de partículas de más de 90%.

SÉPTIMA. Que la situación de la calidad del aire en las principales ciudades de México requiere atención y medidas de control, dado que millones de habitantes estamos expuestos a concentraciones de ozono y partículas que frecuentemente exceden las normas de calidad del aire, establecidas por la Secretaría de Salud.

La reciente contaminación en el Valle de México, es una prueba fehaciente de que deben disminuirse los niveles de contaminación producidos, en este caso los producidos por los automóviles, máxime que el propio artículo 4 de la Constitución garantiza el Derecho a un medio ambiente sano.

La Ciudad de México se encuentra entre las 5 ciudades más contaminadas del mundo, el incremento descomunal de automóviles en los últimos 10 años, es sumamente preocupante, según datos del INEGI, del 2005 al 2013 se duplicó el número de coches en la ciudad, pasando de 3.5 millones a 6.8 millones, incremento que antes tardaba cerca de 25 años en notarse.

SÉPTIMA. La Ley de Hidrocarburos señala, en su artículo 2°, que:

 “Esta Ley tiene por objeto regular las siguientes actividades en territorio nacional:

I. …

II. El Tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, Transporte y Almacenamiento del Petróleo;

El artículo 49 de esta misma Ley, establece que:

Para realizar actividades de comercialización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos en territorio nacional se requerirá de permiso. Los términos y condiciones de dicho permiso contendrán únicamente las siguientes obligaciones:

I.Realizar la contratación, por sí mismos o a través de terceros, de los servicios de Transporte, Almacenamiento, Distribución y Expendio al Público que, en su caso, requiera para la realización de sus actividades únicamente con Permisionarios;

II.Cumplir con las disposiciones de seguridad de suministro que, en su caso, establezca la Secretaría de Energía;

III. Entregar la información que la Comisión Reguladora de Energía requiera para fines de supervisión y estadísticos del sector energético, y

IV. Sujetarse a los lineamientos aplicables a los Permisionarios de las actividades reguladas, respecto de sus relaciones con personas que formen parte de su mismo grupo empresarial o consorcio”.

 

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a consideración del pleno de esta H. Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de

DECRETO

Que añade una fracción V, al artículo 49 de la Ley de Hidrocarburos.

ÚNICO.- Se adiciona una fracción V, al artículo 49, de la Ley de Hidrocarburos, para quedar como sigue:

Artículo 49.- (…)

I. a IV (…)

V. No comercializar gasolinas con más de 10 partes por millón de azufre.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Comisión Permanente, el 25 de mayo de 2016.

Dip. Claudia Sofia Corichi García.

1 Guía Metodológica para la estimación de emisiones vehiculares. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), México, 2008.

2 Actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1990-2010, para la Categoría de Energía; Instituto Nacional de Ecología y Cambio climático (INECC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), México, D.F. 2012, p.52.  

3 Ibídem, p.53





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO X BIS, INTEGRADO POR LOS ARTÍCULOS 32 BIS Y 32 TER AL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por los Diputados Armando Luna Canales y Jericó Abramo Masso, del grupo parlamentario del PRI)

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 55, 56 y 57 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los estados Unidos Mexicanos, el Diputado Federal ARMANDO LUNA CANALES y el Dip. JERICÓ ABRAMO MASSO, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXIII Legislatura, ponen a consideración de esta H. Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO X BIS, INTEGRADO POR LOS ARTÍCULOS 32 BIS Y 32 TER, AL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hace casi 33 años que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 52/82, puso en marcha el Programa de Acción Mundial para los Impedidos Físicos (1982). Mediante este plan, alentaba a los Gobiernos a examinar los problemas normativos socioeconómicos más importantes relacionados con la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, que es el término utilizado actualmente. A este acuerdo se sumaron 24 países, incluido México.

Más tarde, la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su resolución de 5 de marzo de 1993 “apela a los Estados Miembros para que subrayen la observancia del Día Internacional de las Personas con Discapacidad con vistas a lograr el pleno e igual disfrute de los derechos humanos y la participación en la sociedad por parte de las personas con discapacidades1. Por ello exhorta a la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad el 3 de diciembre de cada año, teniendo por objeto ayudar a entender las cuestiones relacionadas con la discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad y los beneficios que se derivarían de la integración de estas personas en todos y cada uno de los aspectos de la vida política, social, económica y cultural de sus comunidades.

A pesar de dicho esfuerzo internacional, fue hasta el año 2001 que México se convirtió en el pionero en impulsar una iniciativa internacional que presentara un nuevo paradigma en el abordaje del tema de los derechos de las personas con discapacidad.

Cabe indicar que, uno de los grandes pensadores y defensores sociales del siglo XX de nuestro país, Don Gilberto Rincón Gallardo, presentó en su momento ante las Naciones Unidas una propuesta para lograr un marco jurídico de protección a los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, en un denominado “proyecto mexicano”.

Tras varios años de intenso cabildeo a nivel internacional y con diversas propuestas de varios países, se logró la aprobación de la primera Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por la Asamblea General de la ONU el 13 diciembre de 2006. Nuestro país, por cierto, firmó y ratificó la Convención en el año 2007, y ésta finalmente entró en vigor el 3 de mayo de 2008, convirtiéndose así en uno de los primeros tratados internacionales en materia de Derechos Humanos del siglo XXI.

Lo anterior, revela un verdadero cambio de paradigma en las actitudes y enfoques con respecto a las personas que integran este sector, mismo que suma aproximadamente mil millones de individuos a nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).2 En términos reales, ello implica que, aproximadamente, una de cada siete personas en el mundo conforma dicho sector.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad está concebida como un instrumento de derechos humanos, con una dimensión explícita de desarrollo social, y reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. También aclara y precisa cómo se aplicarán estas provisiones a todas las categorías de derechos, y se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que éstas puedan ejercer sus derechos en forma efectiva. De manera específica, señala en su artículo 29 los Derechos de Participación Política y Pública de las Personas con Discapacidad, dada su importancia, se cita el mismo:

Artículo 29

Participación en la vida política y pública

Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:

a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante:

i)La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;

ii)La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas a las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;

iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar;

b) Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos y, entre otras cosas:

i) Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la administración de los partidos políticos;

ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones.

Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de mayo de 2011, constituye un marco legal que busca garantizar todos los derechos de las personas con discapacidad, mismas que suman en el país aproximadamente 10 millones, según cifras de los OMS3.

La indicada Ley, de gran avanzada en el ámbito regional e incluso internacional en materia de derechos de las personas con discapacidad, reconoce y tutela diversas categorías de derechos, tales como: salud y asistencia social, trabajo y empleo, educación, accesibilidad y vivienda, transporte público y comunicaciones, desarrollo social, entre otros. Todo ello, revela los distintos tópicos que la ley en comento pretende abarcar y que fueron objeto de un minucioso análisis por las y los legisladores que emitieron este ordenamiento jurídico.

Como todo ordenamiento jurídico, dicha ley tiene el carácter de perfectible y, en   atención a ello, siempre es posible mejorar aquello de lo que se dispone. En consecuencia, pretendemos dar un paso más para incluir diversas disposiciones en materia de participación política y electoral para este importante sector de la sociedad.

Como bien lo dispone el artículo 29 de la indicada Convención, los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones.

Del mismo modo y, como parte de las obligaciones generales asumidas por el Estado al momento de ratificar la Convención, se recuerda que conforme al artículo 4º de la Convención: “Los Estados Parte se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Parte se comprometen a:a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad; d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella… 3. En la elaboración y   aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Parte celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.

A propósito de lo indicado en este último artículo, debo de reconocer expresamente el gran apoyo y la estrecha colaboración que, para la presentación de esta iniciativa, así como para la realización de acciones tendentes a la mayor efectividad de los derechos humanos de las personas con discapacidad, ha tenido el Movimiento Nacional por la Inclusión y Democracia de y para personas con discapacidad, la asociación civil Integración Cerro de las Flores, la fundación Discapacidad sin barreras y la asociación civil Grupos de Sordos y lenguaje de Señas Mexicanas, respectivamente, a través de los ciudadanos: Alejandro A. Gallardo López, Alberto Sánchez Ortega, Silvia Patricia Guevara Flores y Rubén César Benítez García. A todos ellos, mi más franco agradecimiento.

Ahora bien, es menester señalar que el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con motivo de las observaciones finales derivadas del informe inicial de México presentado en función de las obligaciones contraídas al firmar la Convención, en su documento CRPD/C/MEX/CO/1 reconoció en gran medida los avances que nuestro país ha realizado en esta materia, indicándonos su satisfacción por las siguientes medidas realizadas por el Estado:

a) La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2011)

b) La reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2014)

c) La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (2014);

d) El Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018;

e) El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018;

f) El Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad (2014-2018);

g) El Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (2014-2018);

h) El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018;

i) El Programa de Prevención, Rehabilitación e Inclusión social de las Personas con Discapacidad;

j) El Programa especial de Migración 2014-2018;

k )El Protocolo para la Impartición de Justicia en casos que involucren a personas con discapacidad.

Lo anterior revela, desde el ámbito internacional, que México no ha sido omiso en esta temática y que ha emprendido considerables esfuerzos. Como hemos indicado, aún falta mucho por hacer y el propio Comité sobre los Derechos de las Personas con Discriminación manifiesta su interés y preocupación por emprender acciones en materia de participación política y pública de las personas con discapacidad. El Comité indicó:

Participación en la vida política y pública (Artículo 29)
55. El Comité se encuentra preocupado por la denegación del derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, y que los procedimientos, instalaciones y materiales no sean accesibles.

56. El Comité urge al Estado parte a modificar la disposición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para garantizar el derecho al voto de todas las personas con discapacidad. Le recomienda también asegurar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean accesibles, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.4

No se omite indicar que, dichas recomendaciones fueron formuladas en el año 2014 y que, el Estado mexicano, como una muestra de su compromiso en esta materia y, por vía del Instituto Nacional Electoral, publicó en el Diario Oficial de la Federación (23 de abril de 2015) un Acuerdo que incluye la GuíaPara la Acción Pública “Elecciones sin Discriminación” y, en el cual, dirige una óptica de inclusión para el ejercicio de los derechos políticos, donde se incluye a las Personas con Discapacidad, erogando, además, recursos para la implementación de plantillas y urnas en sistema Braille, porta urnas para una altura accesible, mampara especial, atención preferencial para no hacer fila y, sobre todo, la capacitación de los funcionarios de casilla para desempeñar sus funciones sin discriminación y con la asistencia adecuada para quien lo necesite.

Estos importantísimos avances y la capacidad de atención del Estado mexicano para esos casos reflejan, como hemos indicado, el compromiso de México para terminar con las brechas de discriminación y desigualdad existentes. Este ejemplo maximizador de derechos implementado por el INE, vía su Acuerdo, debe de quedar plasmado en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de tener un marco jurídico que, resulte aplicable no sólo al INE sino a todos los organismos públicos electorales locales y, a las demás autoridades estatales en el ámbito de sus competencias.

Como se sabe, las personas con alguna discapacidad, constituyen en nuestro país un núcleo de población que se encuentra en estado de vulnerabilidad y una de las herramientas fundamentales para la modificación de esta condición, constituye su mayor participación en los asuntos públicos del país.

Plenamente compartimos la reflexión de que “una democracia donde una sola de las voces es la que se escucha, ciertamente facilita la gobernanza y la toma de decisiones, pero tal sistema no debería tener la connotación de democracia en el más mínimo sentido. La democracia, lo dijo en celebres palabras Winston Churchill es la menos mala de las formas de gobierno, pero también, añadiría, una de las que más trabajo cuesta sostener.”5

Por lo mismo, es de vital importancia que sea maximizado, hoy más que nunca, su derecho a la participación política y pública mediante la inclusión de sus derechos electorales en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. La mayor participación de este sector de la sociedad se traducirá, sin lugar a dudas, en una mayor democracia para nuestro país.

Resulta de una importancia fundamental dotar a las personas con discapacidad de las herramientas indispensables para que puedan participar de la política en igualdad de condiciones que cualquier otra persona. Esto sólo será posible allanando el camino que les impide alcanzar estos derechos y sobretodo, quitándonos como sociedad cualquier prejuicio relacionado con la inclusión y participación plenas de las personas con discapacidad, luchando para que les sea posible competir profesional y políticamente. Así lograremos conformar el México plural e incluyente que todos necesitamos.

En el México democrático al que aspiramos todos, no podemos ignorar o permitir el lastre social que representa la discriminación, la exclusión y el rechazo fáctico de las personas con discapacidad en el empleo, en los espacios de decisión y representación política, en los cargos directivos y de responsabilidad en la iniciativa privada, así como en los espacios públicos. Esta exclusión fáctica está aún presente por todo el país; ello nos exige fortalecer el marco jurídico de protección y garantía de sus derechos, con el propósito de definir de manera clara los alcances y las responsabilidades de las autoridades en la materia.

Por ello, esta iniciativa pretende fortalecer los derechos políticos y electorales de las personas con discapacidad y, para ello, planteamos modificaciones a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de reconocer y garantizar como parte de sus derechos fundamentales, los derechos a la participación pública y política.

Debe señalarse que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad tiene precisamente el carácter de “Ley General” que, por su naturaleza, establece competencias y facultades para los diversos órdenes de gobierno y constituye un “piso mínimo” a partir del cual todos los órdenes deben desarrollar acciones para la consecución de los objetivos previstos por la Ley. Así, la jurisprudencia de la SCJN señala:

LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS LEYES GENERALES. Las leyes generales son normas expedidas por el Congreso de la Unión que distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno en las materias concurrentes y sientan las bases para su regulación, de ahí que no pretenden agotar la regulación de la materia respectiva, sino que buscan ser la plataforma mínima desde la que las entidades puedan darse sus propias normas tomando en cuenta su realidad social. Por tanto, cumpliendo el mínimo normativo que marca la ley general, las leyes locales pueden tener su propio ámbito de regulación, poniendo mayor énfasis en determinados aspectos que sean preocupantes en una región específica. Si no fuera así, las leyes locales en las materias concurrentes no tendrían razón de ser, pues se limitarían a repetir lo establecido por el legislador federal, lo que resulta carente de sentido, pues se vaciaría el concepto mismo de concurrencia. En este sentido, las entidades federativas pueden aumentar las obligaciones o las prohibiciones que contiene una ley general, pero no reducirlas, pues ello haría nugatoria a ésta.6 (Remarcado nuestro).

Con lo anterior, pretendemos aprovechar el carácter de Ley General para fijar un mínimo en materia de derechos político-electorales que, a su vez, cada entidad federativa pueda desarrollar, atento a sus condiciones sociales particulares, pero siendo, no obstante, un mínimo que de ninguna manera podrán obviar.

De este modo, pretendemos incorporar un capítulo al texto del Título Segundo de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en el ánimo de que se tenga un marco de referencia claro y preciso, que además permitirá armonizar el texto de la Ley General con el de la Convención de las Naciones Unidas en esta materia.

Nuestra propuesta concreta consiste en la adición de un capítulo X Bis, integrado por los artículos 32 Bis y 32 Ter, al Título Segundo de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. El título creado proponemos que se denomine “Derechos Políticos” y en él pretendemos, dado el carácter de Ley General, establecer obligaciones para el Instituto Nacional Electoral y para los partidos políticos, en favor de las personas con discapacidad.

Así, se establecen obligaciones para la autoridad administrativa electoral, el INE, a fin de garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos políticos y, del mismo modo, que sean garantizados a través de acciones afirmativas en razón de un mandato elemental de justicia.

Del mismo modo, se prevé que los partidos políticos impulsarán la participación política de las personas con discapacidad, promoviendo su participación y afiliación a sus institutos políticos, e igualmente su participación en cargos de elección popular.

Compañeras y compañeros, aún estamos lejos de ser una sociedad de inclusión plena; una sociedad en la que las personas de todas las edades, y en todas las condiciones y circunstancias, podamos convivir de manera solidaria, armónica y respetuosa de las diferencias y pluralidad que nos hacen ser el pueblo diverso y rico que somos en lo cultural, lo social y lo político.

Nuestro país está en deuda con diversos grupos y sectores sociales, y el de las personas con discapacidad es uno de ellos; el conjunto de estadísticas sociales disponibles lo acreditan.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado presentamos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

DECRETO

Único. Se adiciona un capítulo X Bis, integrado por los artículos 32 Bis y 32 Ter, al Título Segundo de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar de la siguiente manera:

Capítulo X Bis
Derechos Políticos

Artículo 32 Bis. El Instituto Nacional Electoral deberá asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer plena y efectivamente sus derechos políticos sin discriminación; garantizando la accesibilidad, implementando las ayudas y acciones afirmativas que sean necesarias para este fin.

Artículo 32 Ter. Los partidos políticos con registro nacional impulsarán la participación política de las personas con discapacidad, promoviendo su participación y afiliación a sus institutos políticos, e igualmente su participación en cargos de elección popular.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Comisión Permanente, el 25 de mayo de 2016

Atentamente.

1 Consultado en el portal electrónico del diario El País. Consultado el 18-11-2015, disponible en: http://elpais.com/diario/1995/12/04/sociedad/818031622_850215.html

2 World Health Organization, consultado el 18-11-2015, disponible en:
http://www.who.int/disabilities/infographic/en/

3 Consultado en la página oficial del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, quién cita dichos datos. Consultado el 18-11-2015. Disponible en:
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=133&id_opcion=46&op=46

4 OHCHR. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Docto CRPD/C/MEX/CO/1 Pág. 10. Disp: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/MEX/CO/1&Lang=Sp 27-Octubre-2014.

5 MALDONADO SMITH, Mario Eduardo. Torres de Babel. Estado, multiculturalismo y derechos humanos. UNAM, México, 2015. Pág. 115.

6 Tesis: P./J. 5/2010. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Febrero de 2010. Pág. 2322. Jurisprudencia (Constitucional), Pleno.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los Diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza y Sergio René Cancino Barffusón, del grupo parlamentario de Morena)

VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA y SERGIO RENÉ CANCINO BARFFUSÓN, integrantes del grupo parlamentario MORENA de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 55 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO.- La Organización Mundial de la Salud, define a la sexualidad humana como “un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca sexo, identidades y roles de género, el erotismo, el placer, los vínculos afectivos, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a partir de pensamientos, deseos, fantasías, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y las relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones; no obstante, no todas ellas se logran experimentar o se expresan siempre. La sexualidad está influida por factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales.1

Que la Organización Panamericana de la Salud define a la identidad sexual como el conjunto de elementos que se refieren, tanto a la orientación sexual, identidad de género, sexo, género, vínculos afectivos, erotismo y actividad sexual.2

Que el sexo3 se refiere al conjunto de características biológicas que definen al espectro de humanos como hembras y machos.

Que el género4 se refiere a la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales basadas en el sexo. El género, tal como ha existido de manera histórica, transculturalmente, y en las sociedades contemporáneas, refleja y perpetúa las relaciones particulares de poder entre el hombre y la mujer.

Que los vínculos afectivos5 se refieren a la capacidad humana de establecer lazos con otros seres humanos que se construyen y mantienen mediante las emociones. El vínculo afectivo se establece tanto en el plano personal como en el de la sociedad mediante significados simbólicos y concretos que lo ligan a otros aspectos del ser humano. El amor representa una clase particularmente deseable de vínculo afectivo.

Que el erotismo6 se refiere a la capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas que evocan los fenómenos físicos percibidos como deseo sexual, excitación sexual y orgasmo, y, que, por lo general, se identifican con placer sexual. El erotismo se construye tanto a nivel individual como social con significados simbólicos y concretos que lo vinculan a otros aspectos del ser humano.

Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha definido que la Orientación Sexual es un sentimiento de atracción emocional, física y sexual de una persona por otra, es decir es “la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas”, nos referimos a la heterosexualidad cuando la atracción es por personas del sexo distinto a quien la experimenta, de mujer a hombre y viceversa, a la homosexualidad cuando la atracción es por personas del mismo sexo y a la bisexualidad cuando la atracción es por mujeres y hombres por igual.7

Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha definido que nos referimos al término género cuando describimos las características de hombres y mujeres que están basadas en factores sociales, y nos referimos al término sexo cuando hablamos de las características que vienen determinadas biológicamente.8

Las personas nacen (biológicamente) con sexo masculino o femenino, pero aprenden a ser niños y niñas que se convierten en hombres y mujeres, esto implica un comportamiento aprendido (es decir una vivencia interna e individual como cada persona la experimenta profundamente) lo que define a la identidad de género, y consecuentemente determina los papeles de los géneros.

Esto implica que las características sociales (es decir el género), no necesariamente habrán de corresponder con las características biológicas (es decir el sexo) de una persona. De ahí la imperiosa necesidad de reconocer legalmente el derecho humano a la identidad de género de las personas que viven esta condición humana, garantizando de esta manera un acceso adecuado a la justicia en un contexto acorde con los principios de libertad, igualdad, y no discriminación consagrados en la Declaración Universal de Los Derechos Humanos9 emitida por la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) en el año 1948.

SEGUNDO.- México firmó la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas10. Esta declaración muestra su preocupación por “la violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la estigmatización y el prejuicio que se dirigen contra personas de todos los países del mundo por causa de su orientación sexual o identidad de género, y porque estas prácticas socavan la integridad y dignidad de aquéllos sometidos a tales abusos11” lo que en los hechos afecta a personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI).

En ella, también condena los asesinatos y ejecuciones, las torturas, los arrestos arbitrarios y la privación de derechos económicos, sociales y culturales por estos motivos.

TERCERO.- En agosto de 2008 México firmó la Declaración ministerial “Prevenir con educación”. Con la firma de esta declaración, México adquirió el compromiso de:

• Para el año 2015, reducir en un 75% la brecha en el número de escuelas bajo la jurisdicción de los Ministerios de educación que no han institucionalizado la educación integral en sexualidad.

• Para el año 2015, reducir en un 50% la brecha en el número de adolescentes y jóvenes sin cobertura de servicios de salud que atiendan apropiadamente sus necesidades de salud sexual y reproductiva12.

Sin embargo, según la EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN MINISTERIAL “PREVENIR CON EDUCACIÓN” 2012 DEL ACUERDO A LA ACCIÓN; AVANCES EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE13 en materia educativa, México no logró la meta.

CUARTO.- El artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “todas las autoridades tienen el deber para que, en el ámbito de su competencia, promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad14.

Así mismo, en su párrafo quinto menciona que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas15.

Es decir, el marco Constitucional permite legislar en materia de igualdad de derechos para todas las personas sin motivo de exclusión por su orientación sexual e identidad de género, y por tanto, los derechos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI) se ejerzan ante los particulares y autoridades de los tres órdenes de gobierno o, en su caso, se hagan exigibles ante los tribunales como derechos fundamentales.

QUINTO.- Por otra parte, la Encuesta Nacional sobre discriminación en México 2010 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED)16 arrojó como resultado que más del 40% de los encuestados no estarían dispuestos a vivir con personas LGBTI. Así mismo el 52% de los encuestados considera que el principal problema de las personas LGBTI es la discriminación. De igual forma el 42% de los encuestados considera que la policía se muestra intolerante ante las personas LGBTI.

En ella se señala que “la discriminación niega el ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades a cualquier persona; la excluye y la pone en desventaja para desarrollar de forma plena su vida; la coloca, además, en una situación de alta vulnerabilidad. Esa desventaja sistemática, injusta e inmerecida, provoca que quienes la padecen sean cada vez más susceptibles a ver violados sus derechos en el futuro17.

En este orden de ideas, partiendo que México es un Estado pluriétnico y multicultural con diversidad de etnias, culturas, edades, formas de pensar, de expresarse, de creer, de aprender, de elegir y de amar, el rompecabezas nacional estará incompleto si a alguien se le deja fuera; estará dañado si a una de sus piezas se le hiere en su dignidad. Perdiéndose la posibilidad de armarse si la discriminación por sexo, por discapacidad, por ser joven, niña o niño, persona adulta mayor; por origen étnico, por apariencia, por nacionalidad, por religión, por preferencia sexual, por ser migrante, o por ser trabajadora del hogar o por cualquier otra condición, va limitando y va coartando la posibilidad del desarrollo en la vida.

SEXTO.- El Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por homofobia y transfobia -rechazó a la orientación sexual y a la identidad de género- derivado del análisis de 696 expedientes de quejas tramitadas en la CNDH, en los organismos públicos de protección de los derechos humanos del país y en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED); así como en averiguaciones previas iniciadas en distintas procuradurías generales de justicia en México, en los cuales, la orientación sexual, la identidad o expresión de género fueron motivo de atentados contra la vida y la integridad de las personas.

Este informe nos presenta como conclusión la necesidad de reevaluar la eficacia de la estrategia nacional en contra de la discriminación, de manera tal que todos los recursos económicos, tecnológicos, materiales y humanos empleados para tal efecto se apliquen en acciones orientadas a la prevención y su erradicación. Una política seria y profunda debe atacar las causas de la intolerancia y prever medidas en el ámbito social, de infraestructura, educación y participación de la sociedad, para prevenir o combatir todo factor que genere agravios. Es necesario promover políticas más efectivas e integrales para prevenir la discriminación por homofobia y transfobia.

El informe reconoce que por los prejuicios hacia la diversidad sexual se han realizado actos de violencia y discriminación que laceran la dignidad de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales. Y que el movimiento en favor de la diversidad sexual se ha convertido en las últimas décadas en un actor político fundamental para la promoción de una sociedad igualitaria. Se puede considerar que ha sido exitoso gracias a su activismo, puesto que la legislación y la jurisprudencia internacional han comenzado a reconocer los derechos humanos de ese grupo.

Para lograr vencer esta brecha de desigualdad, México cuenta con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual queda prohibida toda discriminación que atente contra la dignidad humana. Además, a nivel local y federal existen dos documentos que prohíben la discriminación por orientación o preferencia sexual. Por una parte se encuentra el Código Penal para el Distrito Federal, que en el artículo 206 considera la orientación sexual como una de las categorías protegidas, y castiga a la persona que “provoque o incite al odio o la violencia”. A nivel nacional, se cuenta con la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003), donde se contemplan mecanismos para la lucha efectiva contra la discriminación en diversos ámbitos. Así, en el artículo 4º se establece el concepto de discriminación, donde se incluyen las “preferencias sexuales de las personas” como categorías protegidas por esta ley.

SÉPTIMO.- Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto de manera reiterada, que frente a los estereotipos que se difunden sobre las personas LGBTI, debe reconocerse el Derecho al libre desarrollo de la personalidad, que incluye a la Orientación sexual y la Identidad de género como condiciones humanas que merecen ser atendidas bajo el principio de la no discriminación a fin de garantizar el acceso a la justicia bajo un debido proceso en el ámbito familiar, laboral, salud, de protección en contra de la violencia, para evitar detecciones arbitrarias, en lo educativo, y en la libertad de expresión y asociación. Y a ese respecto emitió, en agosto 2104, el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la Orientación sexual o la Identidad de género.

La Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la Tesis 1a./J. 43/2015, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el día viernes 19 de junio de 2015, nos dice:

“Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como "entre un solo hombre y una sola mujer". Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente.”

OCTAVO.- Sin embargo, a pesar del andamiaje institucional con que se cuenta, y de las obligaciones Constitucionales y las derivadas en instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, existen diversas contradictorias y abiertamente discriminatorias dentro del orden jurídico nacional.

Los códigos civiles y/o familiares de varias entidades federativas, recogen definiciones que resultan abiertamente discriminatorias:

1) La definición normativa de matrimonio, la enunciación de la “procreación” y/o la “perpetuación de la especie” como fin, objeto o propósito del mismo; y,

2) La enunciación exclusiva de los sujetos susceptibles de acceder al matrimonio, es decir, un “hombre” y una “mujer”.

Por otra parte, en relación con la definición de matrimonio el Código Civil Federal condiciona orientación sexual de las personas como requisito para contraer matrimonio a partir de la redacción del artículo 147 a su letra dice:

“Cualquiera condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta”.

Así mismo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su Recomendación General No. 23/2015 sobre el Matrimonio Igualitario publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2015, da cuenta que los estados de Aguascalientes (artículo 144 del Código Civil), Baja California (artículo 144 del Código Civil), Baja California Sur (artículo 150 del Código Civil), Campeche (artículo 158 del Código Civil), Chiapas (artículo 144 del Código Civil), Chihuahua (artículo 135 del Código Civil), Coahuila (artículo 254 del Código Civil), Colima (artículo 147 del Código Civil), Durango (artículo 142 del Código Civil), Estado de México (artículo 4.3 del Código Civil), Guanajuato (artículo 144 del Código Civil), Hidalgo (artículo 11 del Código Familiar), Jalisco (artículo 258, fracción VI del Código Civil), Michoacán (artículo 123 del Código Familiar), Morelos (artículo 68 y 71 del Código Familiar), Nayarit (artículo 143 del Código Civil), Nuevo León (artículo 147 del Código Civil), Oaxaca (artículo 143 del Código Civil), Puebla (artículo 294 del Código Civil), San Luis Potosí (artículo 15 del Código Familiar), Sinaloa (artículo 40 Código Familiar), Sonora (artículo 11 Código de Familia), Tamaulipas (artículo 3 de la Ley para el Desarrollo Familiar), 14/22 Tlaxcala (artículo 52 del Código Civil), Yucatán (artículo 49 del Código de Familia) y Zacatecas (artículo 100 del Código Familiar), exponen expresamente en sus leyes estatales e incluso en sus constituciones locales que el matrimonio tiene como fundamento, fin, objeto, requisito, propósito, etcétera, la “procreación”, la “perpetuación de la especie” o la “reproducción”.

De igual manera, en dicho documento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realiza la siguiente recomendación general a los Titulares de los Poderes Ejecutivos y a los Órganos Legislativos de los diversos órdenes normativos de la República para que:

“Se aducen los correspondientes ordenamientos en materia civil y/o familiar con el fin de permitir el acceso al matrimonio a todas las personas y en condiciones tales que se impida cualquier tipo de discriminación, en términos del quinto párrafo del artículo primero de la Constitución General de la República”

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han alertado sobre el hecho de que “...el prejuicio, la indiferencia, el odio y la discriminación tienen efectos negativos sobre la salud de lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) en las Américas y obstaculizan su acceso a los servicios de salud, por ello, llama a erradicar estas actitudes y prácticas de las escuelas, los lugares de trabajo y de los espacios públicos, en particular de los servicios de salud. Además de considerar que “…del impacto que la intolerancia provoca en la salud emocional y mental, también significa que las personas LGBT tienen más riesgo de sufrir lesiones como consecuencia de la violencia física. Hombres gay y mujeres trans son víctimas frecuentes de crímenes de odio y homicidios, los que muchas veces son encubiertos al calificarlos como “crímenes de pasión” en lugar de expresiones de intolerancia extrema.”

NOVENO. Incluso, ante el avance en el reconocimiento de derechos en la comunidad Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex y a fin de combatir todas las formas de discriminación y violencia, el pasado 17 de mayo de 2016 el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al matrimonio igualitario misma que en su exposición de motivos entre otras cosas señala:

“El Poder Ejecutivo Federal considera como premisa fundamental para la realización del derecho a la igualdad y a la no discriminación, el entendimiento de que todos los derechos humanos se basan en el reconocimiento de la dignidad humana, aquélla que nos hace a todas las personas iguales en derechos.

De este reconocimiento, surge el imperativo de toda autoridad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna, tal como ha sido reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en diversos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

Resulta fundamental tener presente que el reconocimiento de la dignidad humana conlleva el respeto a la diversidad cultural, funcional, etaria, de orientaciones sexuales, de identidades de género, entre otras. Diversidad que sustenta, al mismo tiempo, el principio de igualdad y no discriminación. De ahí, que la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos, debe considerar los contextos culturales e identitarios en concreto, y eliminar factores estructurales de exclusión; en particular, para personas y colectivos históricamente discriminados.18

Es decir, el reconocimiento y ejercicio de derechos ha avanzado tanto a nivel de la sociedad civil como de las instituciones públicas que han establecido protocolos específicos, jurisprudencia e incluso reformas legales para atender esta realidad.

Ante ello, El Congreso de la Unión, en particular la Cámara de Diputados, considerado como el órgano que encarna la representación popular por excelencia, debe ser sensible y adecuar su estructura interna para atender los asuntos relacionados con esta problemática.

Sobre todo, porque la falta de órganos específicos que se aboquen al análisis de las políticas públicas y la legislación particular, ha generado confusión para el tratamiento de los problemas de la comunidad Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI). Así, en ocasiones se les da tratamiento dentro de la Comisión de Derechos Humanos, como en la Comisión de Justicia e incluso dentro de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Debemos hacer hincapié que las Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex no son un grupo vulnerable, no son discapacitados, y los actos de discriminación, violencia e injusticia que sufren son resultado de condiciones estructurales, no por situaciones específicas.

La Cámara de Diputados actualmente cuenta con Comisiones Ordinarias con capacidad de dictamen que atiende temas de segmentos de la población muy específicos tales como la Comisión de Igualdad de Género, de Derechos de la Niñez, de Grupos Vulnerables, de Asuntos Indígenas, entre otras.

Por ello la reforma que se plantea considera pertinente la creación de una COMISIÓN ORDINARIA DE LOS DERECHOS DE LAS DIVERSIDAD SEXUAL para atender personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (CLGBTI).

Por las razones arriba expuestas, se presenta ante esta Soberanía:

ARTICULO UNICO. Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos , para quedar como sigue:

CAPITULO SEXTO
De las Comisiones y los Comités

Sección Primera
De las Comisiones

ARTICULO 39.

1. Las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

2. La Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

Las comisiones ordinarias serán:

I. a XXI. …

XXII: Diversidad Sexual

XXIII. Economía;

XXIV. Educación Pública y Servicios Educativos;

XXV. Energía;

XXVI. Fomento Cooperativo y Economía Social;

XXVII. Fortalecimiento al Federalismo;

XXVIII. Ganadería;

XXIX. Gobernación;

XXX. Hacienda y Crédito Público;

XXXI. Igualdad de Género;

XXXII. Infraestructura;

XXXIII. Justicia;

XXXIV. Juventud;

XXXV. Marina;

XXXVI. Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XXXVII. Pesca;

XXXVIII. Población;

XXXIX. Presupuesto y Cuenta Pública;

XL. Protección Civil;

XLI. Puntos Constitucionales;

XLII. Radio y Televisión;

XLIII. Recursos Hidráulicos;

XLIV. Reforma Agraria;

XLV. Relaciones Exteriores;

XLVI. Salud;

XLVII. Seguridad Pública;

XLVIII. Seguridad Social;

XLIX. Trabajo y Previsión Social;

L. Transparencia y Anticorrupción;

LI. Transportes;

LII. Turismo, y

LIII. Vivienda.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 25 de mayo de 2016.

Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza- Dip. Sergio René Cancino Barfussón.

1 Organización Mundial de la Salud 2006.

2 Estudio de la OPS y OMS Promoción de la Salud Sexual Recomendaciones para la Acción - http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/promocion_salud_sexual.pdf , año 2000

3 Estudio de la OPS y OMS Promoción de la Salud Sexual Recomendaciones para la Acción - http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/promocion_salud_sexual.pdf , año 2000

4 Estudio de la OPS y OMS Promoción de la Salud Sexual Recomendaciones para la Acción - http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/promocion_salud_sexual.pdf , año 2000

5 Estudio de la OPS y OMS Promoción de la Salud Sexual Recomendaciones para la Acción - http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/promocion_salud_sexual.pdf , año 2000

6 Estudio de la OPS y OMS Promoción de la Salud Sexual Recomendaciones para la Acción - http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/promocion_salud_sexual.pdf , año 2000

7 Estudio de la CIDH ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO Y EXPRESIÓN DE GÉNERO: ALGUNOS TÉRMINOS Y ESTÁNDARES RELEVANTES en conexión con resolución AG/RES. 2653 (XLI-O/11) la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, año 2011
https://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/docs/CIDH.%20Estudio%20sobre%20OS,%20IG%20y%20EG.%20T%C3%A9rminos%20y%20est%C3%A1ndares.doc

8 Estudio de la CIDH ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO Y EXPRESIÓN DE GÉNERO: ALGUNOS TÉRMINOS Y ESTÁNDARES RELEVANTES en conexión con resolución AG/RES. 2653 (XLI-O/11) la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, año 2011
https://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/docs/CIDH.%20Estudio%20sobre%20OS,%20IG%20y%20EG.%20T%C3%A9rminos%20y%20est%C3%A1ndares.doc

9 http://www.un.org/es/documents/udhr/

10 Presentada ante la Asamblea General de Naciones Unidas  el  18 de diciembre de 2008.

11 Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género, artículo
5.https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNh4um_ufLAhWqyIMKHY0vByQQFgglMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fdil%2Fesp%2Forientacion_sexual_Declaracion_ONU.pdf&usg=AFQjCNFxlW_iW2YmaboXBnyH8qlKr1zy6Q

12 Declaración ministerial “Prevenir con
educación”.https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpqclhujLAhUGuYMKHZ3eDQwQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.unesco.org%2Fnew%2Ffileadmin%2FMULTIMEDIA%2FFIELD%2FSantiago%2Fpdf%2Fdeclaracion-prevenir-educacion espanol.pdf&usg=AFQjCNEWFv6yJPNnCZroWl_-FgVdzhXkIQ

13 EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN MINISTERIAL “PREVENIR CON EDUCACIÓN” 2012DEL ACUERDO A LA ACCIÓN; AVANCES EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm1urbiOjLAhVH8CYKHakfD5cQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.unesco.org%2Fnew%2Ffileadmin%2FMULTIMEDIA%2FFIELD%2FSantiago%2Fpdf%2Fdeclaracion-prevenir-educacion-espanol.pdf&usg=AFQjCNEWFv6yJPNnCZroWl_-FgVdzhXkIQ

14 Artículo 1 CPEUM, párrafo adicionado Diario Oficial de la Federación 10-06-2011.

15 Idem. párrafo reformado Diario Oficial de la Federación 10-06-2011.

16 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010. https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1qqKd1enLAhVE0WMKHRN_D5kQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.conapred.org.mx%2Fuserfiles%2Ffiles%2FEnadis-2010-RG-Accss-002.pdf&usg=AFQjCNEkmfUqZ2yzTJ5OyOTqEL3yrDIyrA

17 Ob cit. página 6.

18 Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente28 de mayo de 2016.Poder Ejecutivo Federal Iniciativa de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, página 1. http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-05-18-
1/assets/documentos/Ini_Art4_Cons_Ejecutivo_Fed.pdf





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO C) AL ARTÍCULO 3o. BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita, MARÍA VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, Diputada Federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En la actualidad, existe un gran número de profesionistas y empleados que se han visto afectados en su ambiente laboral, se habla que aproximadamente el 44 por ciento de los profesionistas mexicanos ha sido víctima de mobbingo acoso laboral, porcentaje del cual la mitad son mujeres, mientras que 65 por ciento ha sido testigo de ese tipo de abuso en contra de algún compañero de trabajo, reveló una encuesta realizada el pasado mes de junio por la bolsa de trabajo vía Internet OCC Mundial1.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, el acoso laboral o también denominado “mobbing”, es una conducta que se muestra dentro del ambiente laboral en ambos sectores, público y privado, cuyo objetivo es intimidar, agredir, opacar, amedrentar física, emocional e intelectualmente a la víctima.

Generalmente el acoso en el trabajo o mobbing, inicia de forma insignificante, ya sea por medio de críticas hacia las tareas más básicas que desempeña el trabajador, o continuando con actitudes y acciones más graves que llevan al trabajador a abandonar su empleo.

Según el profesor Iñaki Piñuel y Zabala son estrategias habituales en el acoso laboral las siguientes:

“Gritar, avasallar o insultar a la víctima cuando está sola o en presencia de otras personas.

Asignarle objetivos o proyectos con plazos que se saben inalcanzables o imposibles de cumplir, y tareas que son manifiestamente inacabables en ese tiempo.

Sobrecargar selectivamente a la víctima con mucho trabajo y presionarla excesivamente.

Amenazar de manera continuada a la víctima o coaccionarla.

Quitarle áreas de responsabilidad clave, ofreciéndole a cambio tareas rutinarias, sin interés o incluso ningún trabajo que realizar ("hasta que se aburra y se vaya").

Modificar sin decir nada al trabajador las atribuciones o responsabilidades de su puesto de trabajo.

Tratarle de una manera diferente o discriminatoria, usar medidas exclusivas contra él, con vistas a estigmatizarlo ante otros compañeros o jefes (excluirle, discriminarle, tratar su caso de forma diferente, trasladarle a puestos inferiores, rebajarle el sueldo).

Ignorarle ("hacerle el vacío") o excluirlo, hablando sólo a una tercera persona presente, simulando su no existencia ("ninguneándolo") o su no presencia física en la oficina, o en las reuniones a las que asiste ("como si fuese invisible").

Retener información crucial para su trabajo o manipularla para inducirle a error en su desempeño laboral, y acusarle después de negligencia o faltas profesionales.

Difamar a la víctima, extendiendo por la empresa u organización rumores maliciosos o calumniosos que menoscaban su reputación, su imagen o su profesionalidad.

Infravalorar o no valorar en absoluto el esfuerzo realizado por la víctima, negándose a evaluar periódicamente su trabajo.

Bloquear el desarrollo o la carrera profesional, limitando retrasando o entorpeciendo el acceso a promociones, cursos o seminarios de capacitación.

Ignorar los éxitos profesionales o atribuirlos maliciosamente a otras personas o a elementos ajenos a él, como la casualidad, la suerte, la situación del mercado, etc.

Criticar continuamente su trabajo, sus ideas, sus propuestas, sus soluciones, etc.; o simplemente no tomarlas en cuenta bajo cualquier pretexto.

Monitorizar o controlar malintencionadamente su trabajo con vistas a atacarle o a encontrarle faltas o formas de acusarle de algo.

Castigar duramente o impedir cualquier toma de decisión o iniciativa personal en el marco de sus responsabilidades y atribuciones.

Bloquear administrativamente a la persona, no dándole traslado, extraviando, retrasando, alterando o manipulando documentos o resoluciones que le afectan.

Ridiculizar su trabajo, sus ideas o los resultados obtenidos ante los demás trabajadores, caricaturizándolo o parodiándolo.

Invadir la privacidad del acosado interviniendo su correo, su teléfono, revisando sus documentos, armarios, cajones, etc.

Robar, destruir o sustraer elementos clave para su trabajo.

Atacar sus convicciones personales, ideología o religión.

Animar a otros compañeros/jefes a participar en cualquiera de las acciones anteriores mediante la persuasión, la coacción o el abuso de autoridad.

Atentar contra la ergonomía del trabajador en su sitio laboral.

Asignarle tareas humillantes, incómodas o desagradables”3.

La expresión de mobbing, fue utilizada por primera vez, por el Científico austríaco, Konrad Lorenz4, quien se encargó del estudio de la Zoología y la Etología para describir algunas conductas realizadas por un grupo de animales, en específico los ataques provocados por un grupo de estos a un único animal. Posteriormente, denominó el término de mobbing a las conductas análogas causadas por niños en las escuelas.

Sin embrago, no fue sino hasta los años ochenta, en donde el doctor en psicología del trabajo y pedagogía, Heinz Leymann, otorgó una definición al “Mobbing”:

"Situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo"5.

El Magistrado Ramón Gimeno Lahoz, en su libro "Presión Laboral Tendenciosa (mobbing)"6, critica que no haya una interpretación única de este delito y menciona que desde un punto de vista jurídico, el Mobbing es la acción de ejercer una presión laboral tendenciosa, encaminada a la auto eliminación de la víctima. Es decir, es la acción que causa un acosador o acosadores sobre una víctima, con el fin de producir un daño psicológico a otro, en donde el objetivo es que la o el empleado abandonen su lugar de labor.

De acuerdo con la teoría del doctor Heinz Leymann7, existen tres tipos de Mobbing, que se definen de la siguiente forma:

El primero, es el denominado ascendente, es el que ejerce uno o varios subordinados sobre aquella persona que tiene un cargo jerárquico superior en la empresa.

El segundo, se denomina horizontal, en donde el o la trabajador (a) se ven afectados por un compañero que ostenta el mismo nivel jerárquico.

El tercero, el descendente, es el empleado que ejecuta el poder a través de calumnias, falsas acusaciones e incluso a través de insultos, buscando minimizar a la persona desde un punto de vista psicológico, queriendo destacar frente a sus subordinados, forzando al empleado a que abandone su empleo.

Además de estas modalidades, existen otro tipo de mobbing, el cual se relaciona directamente con las conductas tendientes a calumniar, ataques a la reputación del empleado (a), a la calidad profesional, a la salud, o a las relaciones sociales personales.

Lamentablemente, el mobbing en el trabajo es difícil de detectar, sin embargo, se debe poner mayor atención en las relaciones laborales, ya sea dentro del gobierno o en las empresas privadas.

Los profesionales más afectados suelen ser los funcionarios públicos y el personal laboral contratado dentro las administraciones públicas, los profesores, las personas que se encuentran al cuidado de guarderías y escuelas infantiles, personal de turismo bancos e instituciones financieras, entre muchas otras.

A diferencia de las conductas previstas en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 3º. Bis, que a letra dice:

Artículo 3o. Bis.-Para efectos de esta Ley se entiende por:

a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas; y

b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

Si bien es cierto que la Federal del Trabajo, contempla el hostigamiento, este no define el acoso laboral psicológico (mobbing) en relación de forma horizontal, es decir, solo marca la diferencia cuando un empleado es hostigado o acosado sexualmente por su superior jerárquico.

La escritora Marina Parés Soliva, describe “Las fases del Acoso Moral en el Trabajo”, de la siguiente manera (ver Cuadro 1):
Cuadro 18

Fases

Descripción

Objetivo

Consecuencias

Seducción

Sin esta fase no puede darse el acoso. En esta fase el acosador aún no ha manifestado su gran potencial violento.

Normalmente, la seducción, va dirigida a la víctima, pero en ocasiones la seducción está destinada al entorno próximo de la víctima, y esta fase puede quedar enmascarada.

Es una estrategia encaminada al conocimiento de las grietas (debilidades) de la futura víctima y cuyo objetivo es la absorción de "algo" que tiene demás la víctima, para posteriormente expropiárselo.

Ese algo de más, puede ser una cualidad personal, un cargo o bien contactos sociales.

Sobre la futura víctima la consecuencia serán arrebatarle algo que le pertenece (amigos, puesto de trabajo, cargo, popularidad, etc...)

Sobre el entorno la consecuencia es que va a ser engañado para que valide la apropiación.

 

Conflicto

Aparición de un conflicto: disputas personales puntuales, diferencias de opinión, persecución de objetivos diferentes, o fricciones personales.

Relación interpersonal y a fuera buena o neutra sufre, bruscamente, un cambio negativo.

Las partes intentan defender sus puntos de vista o intereses. Una delas partes inicia una estrategia para influir, vencer u oprimir al otro.

El conflicto puntual no se resuelve, se convierte en crónico y se pasa al acoso.

La consecuencia es el hostigamiento.

La mayoría de expertos definen el mobbing a partir de esta fase. Una mala resolución del conflicto es lo que lleva al acoso laboral. Algunas veces, es tan corto el espacio de tiempo que separa "el conflicto" del "acoso" que se solapan y en otras ocasiones el conflicto es creado artificialmente por el instigador como excusa para hostigara la víctima.

Acoso

La parte más fuerte adopta actitudes molestas para la otra. Son acciones sutiles, indirectas y difíciles de detectar.

Están destinadas a atacar el punto más débil de la víctima con el objetivo de castigarla por su insumisión.

El acosador tiende a buscar apoyo consiguiendo poner a algunos miembros de la plantilla de su parte.

Eso lo consigue a través de comentarios o críticas destinadas a desacreditara la víctima y ponerla en el punto de mira, o bien mediante la insinuación de posibles represalias a los "no seguidores".

La víctima puede empezar a preguntarse qué es lo que hace mal. Si la víctima no socializa el problema o conflicto, o si el sistema de notificación y de resolución de conflictos no funcionase pasará a la siguiente fase.

Entorno

La respuesta del entorno laboral será la que determinará la resolución rápida del acoso o bien su implantación permanente, con el consiguiente daño en la salud del acosado.

Por tanto el entorno es un elemento básico en el desarrollo o en la resolución del acoso laboral.

Las razones de las personas para ser Testigos Mudos:

porque tienen miedo,

por una avidez insaciable e poder,

porque disfrutan del espectáculo, y

por tener una fuerte relación de dependencia con el acosador.

La inhibición del entorno para proteger a la víctima y el surgimiento de aliados del instigador en él provoca:
a) el Aislamiento extremo de la víctima.
b) la Introyección de la culpa.

 

 

Intervención de la Empresa

El acosador utiliza actitudes o comportamientos de aislamiento y de agresión o ataque más directo o contundente.
Con ello consigue que la organización le consienta los atropellos. Pueden aparecer comportamientos de acoso grupal y la víctima empieza a ser vista como una amenaza o molestia, como "persona non grata".

El objetivo es que la víctima vaya perdiendo sus mecanismos de afrontamiento, de defensa o de lucha.

El acoso puede surgir en cualquier empresa, algunas veces porque la organización del trabajo tiene una deficiente planificación y en otras porque forma parte integrante del "hacer" empresarial.

Tanto si se trata de una estrategia empresarial consciente, como inconsciente no debemos olvidar que reposa sobre el sufrimiento moral y físico del trabajador.

La empresa se da cuenta de la situación e intenta actuar.

Normalmente enfoca la situación identificando a la víctima como problema. Lo interpreta como un conflicto interpersonal, hace culpable a la víctima y evita asumir su responsabilidad.

Se acaba dando bajas médicas sucesivas a la víctima en lugar de buscar el foco emisor o la raíz del problema.

La personalidad y comportamiento de la víctima cambia y el acosador lo aprovecha para indicarlo como causa del problema. Incluso si la víctima lucha contra las conductas anómalas del acosador este hecho será interpretado por la plantilla como una actitud negativa por parte de la víctima.

 

Exclusión

El aislamiento de la víctima es extremo y generalizado por parte de la plantilla consiste en la exclusión del acosado del mundo laboral, ya sea por despidos, jubilaciones anticipadas, invalidez, pérdida de la razón y a veces, incluso, con pérdida de la vida (suicidio, accidentes laborales mortales).

El objetivo del instigador del acoso es que la víctima desaparezca del ámbito laboral como represalia final a su falta de sometimiento.

Los mecanismos de desaparición pueden ser que la víctima pida un cambio de lugar de trabajo o que se marche de la empresa.

Las consecuencias para la víctima serán:

La Alteración del equilibrio socio emotivo y psicofísico de la víctima, b) la Claudicación de sus sistemas de afrontamiento c) la Exclusión del mundo laboral.
Las consecuencias para la organización:

Pérdida de los trabajadores más brillantes,
Descenso de la eficacia por el mal clima laboral reinante (contexto tóxico)

Desaparición de la eficiencia por la extensión de la mediocridad técnica y
Humana. (síndrome MIA)

 

Recuperación

Nueva Fase: La Recuperación.

Debido al mayor conocimiento y difusión de este proceso destructivo, existen personas en la empresa (jefes y compañeros)que se niegan a agredir y también existen personas fuera de la empresa que ayudan ala reparación del daño recibido.

Existen varios caminos para salir del agujero, pero en todos ellos se deben recorren dos fases: la primera es la desactivación emocional, la segunda sobrevivir haciéndose fuerte.

La desactivación emocional, es dejar de estar tan activos a las emociones. Sobrevivir, es re- encontrar la ilusión por vivir y saber que existe una vida feliz después de un acoso.

La desactivación emocional en esta fase es muy importante pero difícil. Ayudaría que existieran medios para denunciar o publicar casos concretos.

La recuperación normalmente será a posteriori, ya fuera del territorio del acosador.

Hay alguna organización (pocas) que actúan apoyando a la víctima y consiguen romper la mediocridad laboral promovida por la envidia del acosador y crear un clima laboral sano, sin malos rollos.

Marina Parés Soliva, menciona, que es importante identificar al acosador dentro de la organización o empresa para evitar que este logre su objetivo, y que su habilidad para atacar se vea disminuida. Es decir, el mobbing se puede prevenir, por ello, es importante que las empresas tomen partido y contribuyan a identificar a los futuros acosadores, la responsabilidad de mitigar estas conductas y prácticas violentas corresponde a todos y no es justo delegar a otros nuestro propio actuar.

El acoso laboral no sólo es un ataque que afecta la salud e integridad de nuestros trabajadores, sino que también se ven vulnerados en sus derechos fundamentales como lo son: el derecho a la no discriminación, a la dignidad humana, derecho a la integridad psicológica, derecho a la protección de la vida, libertad de expresión, culto, entre otras.

La sociedad tiene que tomar plena consciencia ante situación y evitar que el problema siga en desarrollo, por ello, debemos trabajar y generar leyes actuales que califiquen y clasifiquen este tipo de problemas, dejando atrás las diversas formas de agresión laboral; el maltrato, vejaciones, trato desconsiderado y ofensivo y todo aquél que atente contra la dignidad humana de los trabajadores.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del Pleno la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN C) AL ARTÍCULO 3 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE ACOSO LABORAL (MOBBING).

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un inciso c) al artículo 3º Bis y se modifican los incisos a) y b) para quedar como sigue:

Artículo 3o. Bis.- Para efectos de esta Ley se entiende por:

Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas,

Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos; y

Acoso laboral, situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 25 de mayo de 2016.

Atentamente

Dip. María Victoria Mercado Sanchez.

1 44% de los profesionistas en México ha sufrido acoso laboral, El Financiero, 10 julio 2014 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/44-de-los-profesionistas-en-mexico-ha-sufrido-acoso-laboral.html

2 Los criterios de la SCJN para acreditar el acoso laboral, Animal Político, 8 febrero 204 http://www.animalpolitico.com/2014/02/como-denunciar-el-mobbing-o-acoso-laboral/

3 Iñaki Piñuel y Zabala, Mobbing. Manual de autoayuda. Ed. Aguilar - Madrid, 2003 ISBN 84-03-09380-2 p. 27-29.

4 Leymann, Heinz (1996). El Contenido y Desarrollo del Mobbing en el Trabajo, en EUROPEAN JOURNAL OF WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY, 1996, 5 (2), 165-184. Traducción al español disponible en:  http://www.psiquiatria.com/documentos/psicologia/psicologia_laboral/7827/

5 Leymann Heinz: ¨The Mobbing Encyclopedia. Bulling.Editorial  Barcelona, 2011.

6 Gimeno Lahoz Ramón, “Presión Laboral Tendenciosa (mobbing)”, Editorial: LEX NOVA, Edición: 2007, Plaza de edición: España.

7 Leymann, Heinz (1996). El Contenido y Desarrollo del Mobbing en el Trabajo, en EUROPEAN JOURNAL OF WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY, 1996, 5 (2), 165-184. Traducción al español disponible en: http://www.psiquiatria.com/documentos/psicologia/psicologia_laboral/7827/.

8 Marina Parés Soliva, “Ensayo de las fases del Acoso Moral en el Trabajo”, 2004.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por los Diputados Rafael Yerena Zambrano y José Luis Orozco Sánchez Aldana, del grupo parlamentario del PRI)

Los suscritos, Diputados Federales RAFAEL YERENA ZAMBRANO y JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 55, 56 y 57 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Soberanía iniciativa con proyecto Decreto por el que se reforma el artículo 45 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El entorno de la economía ha acentuado la apertura comercial en nuestra región, trayendo nuevos retos que exigen mayor preparación del capital humano. La cualificación de los trabajadores, se ha convertido en una necesidad para que las empresas de todas las dimensiones atiendan la demanda de bienes y servicios, pues es bien sabido que al contar con mano de obra calificada, los esfuerzos por incrementar la productividad tienen mayor probabilidad de éxito, provocando a su vez mayor competitividad y calidad.

La Organización Internacional del Trabajo ha referido que la “competencia profesional es la construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de trabajo que se obtiene no solo a través de la instrucción, sino también-y en gran medida-mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo”1.

Nuestro país, ratificó en 1978 el Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, el cual establece que todo Estado deberá desarrollar programas de orientación profesional y de formación profesional, estrechamente relacionados con el empleo, en especial a través de los servicios públicos del empleo. Para tal fin, los Estados deberán desarrollar sistemas complementarios de enseñanza general, técnica y profesional, así como de orientación escolar y profesional, y de formación profesional.

No obstante, en México ya se habían tomado medidas concretas para impulsar la educación técnica, como fue la reorganización de la Secretaría de Educación Pública, en 1971, cuando se determinó que la Subsecretaría de Enseñanza Técnica y Superior se transformara en la Subsecretaría de Educación Media, Técnica y Superior y que la DGETIC, tomara su actual denominación como Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), dependiente de esta nueva Subsecretaría.

Asimismo, en 1975, se fundó el Consejo del Sistema Nacional de Educación Técnica, como un órgano de consulta de la Secretaría de Educación Pública, antecedente inmediato del actual Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica (COSNET), instaurado en diciembre de 1978.

Ya con el compromiso internacional de haber ratificado el Convenio 142 de la OIT, se fundó en 1979 el Colegio Nacional para la Educación Profesional y Técnica (CONALEP), como respuesta a la demanda de una formación de recursos humanos altamente calificados y reconocidos en el sector productivo, con una sólida formación ocupacional y académica para la competitividad que coadyuven al desarrollo del país.

Sin embargo, si bien se han hecho loables acciones en favor de la promoción de la educación técnica-profesional, la realidad social nos ha rebasado en lo que se refiere a la expectativa de que la preparación es una condición sine cuan non para la inserción en el mundo del trabajo.

Es así, que la formación para el trabajo tiende a referirse al proceso educativo que puede darse en nivel medio del sistema escolar, o a la preparación de trabajadores cualificados en ciertos niveles de la jerarquía ocupacional y en espacios especializados, sistemas o institutos, no necesariamente supeditados a los sistemas escolares como ocurre con los Centros de Formación para el Trabajo, mejor conocidos como los CECATIS.

En lo que se refiere a la certificación de competencias laborales, nuestro país cuenta con un sistema basado en competencias profesionales, el cual es operado por el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER) dentro de la estructura la Secretaría de Educación Pública, el cual ha dado consistencia y sentido a la diversificada oferta de educación técnica y formación profesional, ya que sus acciones han tenido como principal objetivo elevar el nivel de empleabilidad de los egresados, la inserción de los jóvenes en el mercado laboral facilitándose en la medida que la oferta formativa esté orientada por el mundo del trabajo2.

Estos sistemas de competencias a nivel global, tienen su origen en Europa, como una solución estratégica para, por una parte, vincular las necesidades del sector productivo con las respuestas proporcionadas por el sector educativo en materia de formación—fundamentalmente a raíz de la crisis de empleo que presentaron dichos mercados para los jóvenes y las exigencias del mercado laboral para la reconversión de mano de obra—; y, por otra, ante esta eventualidad, se presentó la necesidad de buscar un esquema que permitiera contar con un instrumento que generara un lenguaje común y compartido por los empresarios, trabajadores y educadores y, que describiera de manera sistemática, los contenidos, la organización y la situación del trabajo.3

Sabemos que la educación y la formación son la clave para que las personas puedan conseguir empleo, permitiéndoseles, de este modo, el acceso al trabajo decente y escapar de la pobreza.4 La formación no sólo beneficia al trabajador, sino que, al aumentar su productividad y su nivel de capacitación, el empleador también se ve recompensado con procesos productivos de mayor calidad y por ende mayor valor agregado en los bienes y servicios que ofrece.5

Por todo lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se ha pronunciado a favor de la promoción de un crecimiento económico sostenido e inclusivo a partir de mejorar las competencias para el trabajo y la vida. Por ello, la Conferencia General de este Organismo, en su 38ª reunión, celebrada en París del 3 al 18 de noviembre de 2015, formuló la Recomendación relativa a la Enseñanza y Formación Técnica y Profesional, que reemplaza a la Recomendación revisada de 2001 relativa a la Enseñanza Técnica y Profesional.

En esta recomendación, la “enseñanza y formación técnica y profesional” comprende la enseñanza, la formación y la adquisición de destrezas relativas a una gran variedad de sectores ocupacionales, actividades de producción, servicios y medios de subsistencia, no solo en la estancia escolar, sino en el aprendizaje a lo largo de la vida, en el trabajo y la formación permanente y el desarrollo profesional que pueden conducir a la obtención de certificaciones.

Asimismo, la recomendación afirma que la Enseñanza y Formación Técnica y Profesional contribuye al desarrollo sostenible, ya que faculta a las personas, las organizaciones, las empresas y las comunidades y fomenta el empleo, el trabajo decente y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, promoviendo así el crecimiento económico y la competitividad inclusivos y sostenibles, así como la equidad social y la sostenibilidad ambiental.

Dentro de las recomendaciones, destaca la necesidad de añadir a los procesos de aprendizaje además de los conocimientos, destrezas y competencias relativos a los sectores ocupacionales, la comprensión de los aspectos científicos, tecnológicos, sociales, culturales, medioambientales, económicos y de otro tipo, de las sociedades. Asimismo debería tener un carácter holístico y desarrollar aptitudes transversales y empresariales, así como aptitudes en materia de salud y seguridad en el trabajo, desarrollo cultural, ciudadanía responsable y desarrollo sostenible, así como conocimientos en materia de derechos laborales.

Otro de los puntos importantes que refiere la recomendación, es el que trata sobre la pertinencia para el mercado laboral y el mundo del trabajo, por lo que exhorta a los Estados a respaldar y facilitar la transición de la educación al mundo laboral, el empleo y/o el trabajo por cuenta propia. Por ello es necesario reforzar los vínculos existentes entre los establecimientos de Enseñanza y Formación Técnica y Profesional, las agencias de empleo y los empleadores, haciendo nuevamente énfasis en la incorporación de las aptitudes empresariales en los planes de estudios, la organización de actividades extraescolares y el establecimiento de incubadoras de empresas y alianzas con centros de negocios y de transferencia tecnológica.

De esta manera compartiendo las preocupaciones de la UNESCO en este tema, venimos a elevar esta propuesta para adecuar la Ley General de Educación a las recomendaciones para aprovechar las bondades de la Enseñanza y formación Técnica Profesional. Concretamente esta iniciativa busca establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades del trabajo, economía y de la educación con el fin de contribuir a la empleabilidad de los jóvenes y todas aquellas personas que aspiran a obtener una certificación en algún oficio para favorecer las oportunidades de aprendizaje continuo de las personas, su reconocimiento y valorización así como su inserción y crecimiento profesional, así como de potencializar sus capacidades y aptitudes empresariales.

Si bien es cierto, las disposiciones jurídicas contenidas en el artículo 45 vigente de la Ley General de Educación en buena medida satisfacen las recomendaciones dictadas por la UNESCO, pero también es cierto de que debemos fortalecer el marco jurídico para elevar la utilidad de la Enseñanza y Formación Técnica y Profesional para facilitar la inserción en la vida económica nacional y el impulso de la competitividad.

También se considera de suma importancia atender las tareas sobre la orientación de los educandos sobre la elección de oficio que mejor colme sus expectativas de vida. Si bien la orientación vocacional figura dentro de los programas de estudio del nivel básico, específicamente en la educación secundaria, esta se da de forma muy generalizada y por lo tanto no alcanza a ser tan efectiva para que los educandos cuenten con elementos para decidir su proyecto de vida, tal y como lo afirmaba el célebre jurista John Rawls, acerca de que cada individuo tiene un proyecto racional de vida y que todos sus intereses giran en la promoción y realización de ese proyecto6.

La UNESCO se ha pronunciado que la orientación debería considerarse como un proceso continuo, que se extiende a lo largo de todo el sistema educativo, tener por objeto ayudar a todos a tomar decisiones conscientes y positivas en materia de educación y ocupación y velar por que se den a los individuos los medios necesarios para: a) comprender exactamente cuáles son sus intereses, su capacidad y sus dotes especiales y estén en condiciones de tener un proyecto vital; b) cursar estudios o recibir una formación que les permitan desarrollar sus posibilidades y cumplir ese proyecto; c) adquirir la flexibilidad necesaria para adoptar decisiones sobre su ocupación, tanto en la fase inicial como en las ulteriores, que les encaminen a una carrera profesional satisfactoria; d) puedan transitar fácilmente, en uno y otro sentido, según sea necesario, entre la enseñanza, la formación y el mundo del trabajo.7

Por otro lado, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, ha trazado líneas de acción sobre el Fortalecimiento de la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México. Dentro de estas líneas destaca la de desarrollar programas de orientación vocacional que orienten la reflexión de los jóvenes y les brinden información sobre las diversas opciones profesionales, así como la de crear un sistema de seguimiento de egresados para brindar información sobre las áreas de oportunidad laboral en los ámbitos nacional y regional, además de realizar periódicamente estudios, diagnósticos y prospectivas del mercado laboral para orientar la oferta educativa8.

No obstante, la realidad indica que sigue presente una gran desconexión entre el sector educativo, el mercado laboral y el sector productivo. Según datos del INEGI en el cuarto trimestre de 2015, la tasa de desempleo era del 4.2% de la población económicamente activa y el 43% de estos desempleados eran profesionistas con nivel medio superior o superior terminado. Por otro lado, según la encuesta 2015 de Manpower empresa líder en capital humano, el 54% de las empresas en el país reportan encontrar dificultades para llenar sus vacantes9.

Compartimos la idea de que las empresas deben trabajar de la mano con el sector educativo, sobre todo a nivel técnico, para así facilitar la pertinencia de los planes de estudio, esto es, que lo que se enseña en las aulas se ajuste a la formación que en realidad demanda el mercado de trabajo. Asimismo, creemos que la sinergia en esta tarea sin duda aporta elementos clave para involucrar las empresas en la formación para el trabajo y garantizar la sostenibilidad de este tipo de acciones.10

De acuerdo a un informe presentado a la Organización Internacional del Trabajo se observa que no existen mecanismos de vinculación y comunicación entre instituciones, lo que deriva en una falta de compatibilidad entre las alternativas que ofrecen y una ausencia de coordinación, particularmente en lo que se refiere a los sectores ocupacionales.11

A pesar de la ausencia de vinculación entre las autoridades, en el marco jurídico laboral, la Ley Federal del Trabajo contempla el Servicio Nacional de Empleo, el cual está a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este organismo atiende de manera gratuita y personalizada, los problemas de desempleo y subempleo en el país. Su misión consiste en ofrecer servicios de información, vinculación y orientación, así como proveer apoyos de tipo económico, de capacitación y movilidad laboral, tal y como lo establece el artículo 537 de la ley citada en los siguientes términos:

Artículo 537. El Servicio Nacional de Empleo tendrá los siguientes objetivos:

I. Estudiar y promover la operación de políticas públicas que apoyen la generación de empleos;

II. Promover y diseñar mecanismos para el seguimiento a la colocación de los trabajadores;

III. Organizar, promover y supervisar políticas, estrategias y programas dirigidos a la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores;

IV. Registrar las constancias de habilidades laborales;

V. Vincular la formación laboral y profesional con la demanda del sector productivo;

VI. Diseñar, conducir y evaluar programas específicos para generar oportunidades de empleo para jóvenes y grupos en situación vulnerable; y

VII. Coordinar con las autoridades competentes el régimen de normalización y certificación de competencia laboral.

Como se desprende del anterior artículo, este organismo tiene dentro de sus objetivos la vinculación de la formación laboral y profesional con la demanda del sector productivo, lo cual se establece por ministerio de ley, pero en la práctica las empresas no inciden realmente en los planes de estudio de la enseñanza técnica y profesional, aunque si de la formación para el trabajo como actualmente se establece en la redacción del artículo 45 de la Ley General de Educación vigente.

Asimismo, la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional de reciente expedición, también establece la vinculación entre el sector productivo y la enseñanza en las siguientes disposiciones:

Artículo 3.- Son objetivos específicos de la presente Ley:

XIV. Establecer los mecanismos institucionales y de coordinación, para acordar compromisos e indicadores de desempeño, por parte de las dependencias y entidades, órganos autónomos, entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y los representantes de los emprendedores, los trabajadores y las instituciones educativas y de investigación en las que se realice investigación aplicada a la planta productiva, con el fin de materializar y cumplir con los objetivos, estrategias, metas y acciones que se adopten en el marco del Comité Nacional de Productividad.

Artículo 8.- La política nacional de fomento económico y el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad deberán considerar, por lo menos, los aspectos siguientes:

II. Políticas de carácter sectorial, que fomenten, entre otros, los objetivos siguientes:

e) Fortalecer la innovación aplicada en materia de capacidad tecnológica y organizacional a nivel sectorial, a través de las articulaciones entre empresas, así como entre éstas y las instituciones educativas y de investigación del país, y

Artículo 11.- Además de las atribuciones que le confiere la Ley Federal del Trabajo, el Comité Nacional de Productividad tendrá las siguientes:

XIV. Promover una relación estrecha y constante entre las instituciones de educación media superior y superior y la planta productiva de su región o de ciertos sectores específicos;

En resumen, vemos que el marco normativo vincula de una u otra forma la educación con la productividad y por ende el empleo. Es por todo lo anterior que en esta ocasión se propone fortalecer la educación relativa a la formación para el trabajo y la enseñanza profesional, mediante la creación de un sistema de orientación vocacional, la vinculación de las empresas por medio de las prácticas educativas, atendiendo las recomendaciones que la UNESCO se ha servido en emitir.

Otro motivo que impulsa esta iniciativa que se propone, son las experiencias exitosas que han tenido países como Argentina y España, donde incluso cuentan con un marco normativo específico para atender y regular la enseñanza profesional y técnica. También Colombia cuenta con un ordenamiento que regula la formación para el empleo.

A partir de estos casos dados en otros países del globo, podemos entender que la vinculación entre el sector productivo y las instituciones educativas y del trabajo, genera una articulación de gran utilidad para el desarrollo, ampliando la gama de oportunidades que tienen tanto los alumnos y egresados de las instituciones de educación profesional y técnica, como también los educandos de los centros de formación para el trabajo.

Con esta propuesta, nuestro país estará atendiendo puntos torales de la recomendación de la UNESCO para la Enseñanza y Formación Técnica y Profesional, además se contribuirá a que los núcleos productivos establecidos en diversas zonas del país, puedan contemplar prospectos para llenar su oferta laboral con personal cualificado y certificado.

Sobre estas bases se propone el siguiente proyecto de:

DECRETO

UNICO.-Se adicionan cuatro párrafos al artículo 45 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 45.- La formación…

...

...

...

La Secretaría conjuntamente con las demás autoridades correspondientes, elaborarán un sistema de orientación profesional para ayudar a los educandos a escoger trayectorias adecuadas conforme a sus conocimientos, habilidades, destrezas y técnicas en el que se ofrezca información actualizada sobre el mercado de trabajo que permita determinar las competencias y los intereses, y promover la adquisición de aptitudes para la gestión de su inserción en el trabajo y desarrollo empresarial.

El sector productivo, previa firma de convenios de colaboración con las autoridades educativas, en función del tamaño de su empresa y su capacidad operativa auxiliará la realización de prácticas educativas tanto en sus propios establecimientos como en los planteles educativos, poniendo a disposición de los centros de enseñanza y de los docentes tecnologías e insumos adecuados para la formación de los educandos.

Las instituciones públicas de educación medio-superior y profesional, podrán participar en las prácticas educativas en los mismos términos del párrafo anterior.

En los convenios se concertará que las prácticas educativas que se realicen en la propia empresa o en los centros de enseñanza, se garantizará la seguridad de los alumnos, así como del personal de dirección y control a cargo de los docentes, por tratarse de procesos de aprendizaje y no de producción a favor de los intereses económicos. En ningún caso los educandos sustituirán, competirán o tomarán el lugar de los trabajadores de la empresa.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 25 de mayo de 2016.

Dip. Rafael Yerena Zambrano.- Dip. José Luis Orozco Sánchez Aldana.

1 Ducci, María Angélica. El enfoque de Competencia Profesional en la perspectiva internacional. En: Formación basada en Competencia Profesional. Cinterfor/OIT. Montevideo 1997.

2 OIT, Marco jurídico de la formación profesional y el aprendizaje para jóvenes en América Latina y el Caribe, Motevideo: ETD y Oficina de Países de la OIT para el Cono Sur de América Latina; OIT/Cinterfor, 2015, p. 31.

3 http://www.conocer.gob.mx/seccionesExtras/transparencia/pdfs/CONOCERITPBID0012015.pdf, Consultado el 12 de abril de 2016.

4 OIT, http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/vocational-
guidance-and-training/lang--es/index.htm, consultado el 12 de abril de 2016.

5 OIT: Aprender y formarse para trabajar en la sociedad del conocimiento: las opiniones de los mandantes, 2001, Informe IV (1), Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra, 91ª reunión, 2003, pág. 6. Vease también Banco Mundial: Informe del desarollo en el mundo, op. cit., págs. 137-140.

6 Rawls, John. Liberalismo Político. Fondo de Cultura Económica, tercera reimpresión, México 2002.

7 UNESCO, http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001260/126050s.pdf , consultado el 12 de abril de 2016.

8 Secretaría de Educación Pública, consultado en:
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4479/4/images/PROGRAMA_SECTORIAL_DE_EDUCACION_2013_2018_WEB.pdf

9 Consultado en http://www.siete24.mx/res-claves-para-implicar-a-las-empresas-en-la-formacion-para-el-trabajo/

10 Ídem.

11 OIT, Empleo juvenil, op. cit., p. 29.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

(Presentada por el Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El principio de equidad o de igualdad de oportunidades en las contiendas electorales es una directriz que debe estar omnipresente en cualquier sistema que pretenda asumirse como democrático, en virtud de que los cargos de elección popular se organizan a través de una competencia justa entre las diferentes fuerzas políticas para obtener el voto de los electores. Ambos principios, se fundamentan en la idea de la soberanía popular y en el acatamiento de todos los poderes al imperio de la ley y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, son principios con una relevancia especial en el momento electoral, ya que asegura que quienes concurran a él “estén situados en una línea de salida equiparable y sean tratados, a lo largo de la contienda electoral, de manera equitativa”.1 En las últimas décadas, el que prevalezca este tipo de principios se ha convertido en una preocupación constante. Así puede comprobarse en las recientes reformas de la legislación electoral de algunos países como es el caso de México.

Otro de los principios que se ha fortalecido en nuestro país, es el respectivo a la libertad del sufragio, “El sufragio libre abarca dos aspectos: la libertad de los votantes para formarse una opinión y la libre expresión de esa opinión, es decir, el carácter libre del procedimiento de votación y la exactitud de los resultados”.2

De igual manera, el principio de la libre expresión de la voluntad del votante implica en primer lugar, el estricto respeto del procedimiento de votación previsto por la ley por lo que los votantes no deben estar sometidos a coacción o amenaza que les impidan ejercer su derecho al voto de la manera en que prefieran, tanto si esas amenazas emanan de las autoridades como de particulares, es decir, el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar ese tipo de prácticas.3

La Propaganda Electoral

Todo proceso electoral conlleva de manera implícita el que las coaliciones, partidos y candidatos en ejercicio de su libertad de expresión, difundan por diversos medios, sus propuestas y programas de trabajo con el fin de influir en la ciudadanía para obtener sus votos.4

La propaganda electoral, representa uno de los elementos fundamentales y determinantes en el ejercicio del voto, “cuya regulación en nuestro país, es relativamente reciente, ya que fue hasta 1973 cuando se incorporó en la Ley Federal Electoral. El artículo 40 del ordenamiento jurídico en comento, prohibía el uso de símbolos, signos o motivos religiosos y raciales, las expresiones verbales o escritas contrarias a la moral o que incitaran al desorden; asimismo, establecía que no se permitía la colocación de propaganda en el pavimento de calles, calzadas, carreteras, aceras y cordones respectivos; en obras de arte y monumentos públicos; edificios o locales de la Federación, de los Estados o de los Municipios, y que en edificios y obras de propiedad particular sólo se podría colocar con el permiso del propietario”.5

Posteriormente, en el año 2007, se retomaron los asuntos de la equidad y la propaganda en la Reforma Electoral, elevando el tema a rango constitucional, al establecer en tres párrafos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo siguiente:

• “Los servidores públicos de la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

• La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro, ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

• Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizará el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar”.

El tema electoral para los mexicanos sigue vigente, hace poco más de dos años, el 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 29 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia Político-Electoral.

La Reforma Constitucional en la materia, contempló también una importante amalgama de instituciones y asuntos de gran trascendencia para el Estado mexicano en su conjunto, así como para los tres niveles de gobierno. Con el objeto de implementar de manera adecuada y eficiente las Reformas Constitucionales en materia Político-Electoral, en mayo de 2014, se expidieron diversas leyes secundarias en la materia, estas son las siguientes:

• Ley General de Partidos Políticos,

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,

• Ley General en Materia de Delitos Electorales,

• Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En particular, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, retoma la herencia de los años setenta, y en su capítulo II versa y regula específicamente sobre la propaganda electoral.

El artículo 209 numeral 1 establece lo siguiente:

1. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público.

Las únicas excepciones a lo anterior, serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.6

Asimismo, el artículo 210 numeral 1 determina que “La distribución o colocación de la propaganda electoral deberá respetar los tiempos legales que se establezcan para cada caso, su retiro o fin de su distribución deberá efectuarse tres días antes de la jornada electoral.7 Y además, en su numeral 3, establece que la omisión en el retiro o fin de distribución de la propaganda, serán sancionados conforme a dicha Ley”.

A pesar de que las disposiciones referidas son adecuadas, es incuestionable que todavía prevalecen vicios y omisiones normativas en lo concerniente a la regulación de las conductas que llevan a cabo funcionarios y militantes partidarios, prueba de ello es que desde hace tiempo, acostumbran pintar o identificar sus administraciones, con colores, imágenes, signos, emblemas y expresiones que evocan claramente su filiación   partidista.

Es importante precisar que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar”.

En este orden de ideas, si bien es cierto que, al formar parte de un sistema de partidos, los representantes a puestos de elección popular, por regla general, emanan de algún partido político (debido a que actualmente, la legislación vigente contempla las candidaturas independientes), también lo es que una de las condiciones básicas e indispensables del Estado de Derecho, es que precisamente, prevalezca la división de poderes.

Al respecto, atores como el Doctor Leonardo Valdés Zurita, señalan que para que un partido político se asuma como tal, debe satisfacer determinados requisitos, entre ellos, primer lugar, deben ser algo distinto de las facciones políticas, las cuales persiguen el beneficio de sus miembros, mientras que los partidos deben perseguir el beneficio del conjunto, o por lo menos de la mayoría de la sociedad de cual forman parte.

Asimismo, refiere que: “Para gobernar, los partidos deben ofrecer diagnósticos de la realidad en la cual actúan, pero también propuestas viables a sus electores. La contienda por el poder debe adecuarse a mecanismos democráticos que dejen satisfechos a los actores políticos y al electorado”8.

A partir de estas consideraciones, resulta necesario presentar esta propuesta, con el objetivo de salvaguardar de mejor manera, los principios de equidad, libertad del sufragio y libre expresión del votante.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona la fracción III bis, al artículo 11, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para quedar de la forma siguiente:

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

I. a III. …

III bis. Al que utilice o señale con colores, imágenes, signos, emblemas y expresiones que evoquen a algún candidato, partido o coalición, en bienes muebles e inmuebles públicos, infraestructura urbana, papelería, así como en las obras realizadas, rehabilitadas o remozadas con cualquier porcentaje de dinero público.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente, el 25 de mayo de 2016.

Atentamente

Sen. Sofío Ramírez Hernánde

1 Biglino Campos, Paloma. 2011. “Propaganda electoral y principio de igualdad de armas”. En Tópicos electorales. Un diálogo judicial entre América y Europa, Luis Efrén Ríos Vega (edit.), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, citado en: Delgado del Rincón, Luis. El Principio de Equidad en la Contienda Electoral ylaLibertad de Expresión de los Precandidatos Únicos enPrecampaña Electoral [En Línea]: http://portales.te.gob.mx/seminario/sites/portales.te.gob.mx.seminario/files/materiales/Luis%20Delgado%20del%20Rincon.pdf

2 Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia) (2003) “Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral”, Estrasburgo, 23 de mayo de 2003, Opinión 190/2002

3 Op. Cit. Comisión Europea para la Democracia por el Derecho.

4 Decisiones Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, núm. 51, Autonomía e Independencia de los Institutos Electorales y Facultad de los Congresos Estatales para Regular la Propaganda Electoral.

5 Ibid. Decisiones Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,... pp. 13-14.

6 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

7 Ídem.

8 Sistemas Electorales y de Partidos, Leonardo Valdés Zurita.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 77 BIS 30 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)







 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta para que en la próxima reunión de la Cumbre de Líderes de América del Norte, el Presidente de México promueva una declaratoria trilateral de solidaridad por los dichos del aspirante republicano a la presidencia de Estados Unidos de América, Donald Trump y se convoque a una delegación plural de legisladores federales en respaldo a dicho pronunciamiento. Se turna a la Segunda Comisión.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo a tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El fomentar la cooperación y sobre todo la integración regional, resulta un elemento fundamental para hacer frente a las problemáticas del siglo XXI, mismas que requieren del compromiso compartido en donde el reconocimiento mutuo, se traduce como la efectividad de tal esfuerzo.

Por otro lado, la búsqueda de sociedades menos desiguales, representa el objetivo más importante en términos de consolidar una integración regional exitosa que fomente el acercamiento entre las naciones y el crecimiento de los Estados al amparo de un ideal democrático.

Es así que en la región Norteamericana se celebra la Cumbre de Líderes de América del Norte, la cual, es el mecanismo de alto nivel más importante que existe actualmente entre los tres países, misma que Permite a la región identificar las prioridades comunes, acordar objetivos clave y definir líneas de acción específicas.

Por tanto, resulta imposible avanzar en estos términos, si existe una coyuntura que demerita la esencia misma de la democracia, en donde se sataniza no sólo la imagen de un país, sino el derecho humano de todas las personas en aras de alcanzar una vida mejor y a la par, contribuir al desarrollo y crecimiento de todos los Estados: La migración.

Es así que en la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte a celebrarse el próximo 29 de junio del presente año en Ottawa, Canadá, se requiere abordar el tema en cuestión, en donde la imagen de México ha sido fuertemente insultada por el prácticamente candidato del Partido Republicano, Donald Trump,quien ha señalado a nuestro país como un enemigo a vencer; demostrando con ello una total ignorancia sobre una de las relaciones bilaterales más importantes para su país, de la cual depende un gran número de fuentes de empleo para los propios ciudadanos norteamericanos y que gracias a la mano de obra de nuestros connacionales, Estados Unidos se ha posicionado como una nación prospera.

Este hecho, fue reconocido por el propio Vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, quien en su visita del pasado 25 de febrero ofreció disculpas a México por las frases de los candidatos que “no reflejan la postura ni el interés del gobierno y pueblo norteamericanos respecto de la relación con México”.

Por otro lado, existen actores políticos en la región que lejos de continuar con el hermetismo y políticas represoras en contra del derecho humano anteriormente mencionado, buscan el acercamiento entre las distintas sociedades, como es el caso del Primer Ministro de Canadá, Justin Tudeau, quien anunció la eliminacióndel requisito de visado para los mexicanos, el cual fue establecido en 2009 y que provocó tensiones diplomáticas y la caída del turismo de connacionales en ese país.

Es por ello que durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, en la cual, se dará seguimiento a los temas trilaterales clave y reafirmarán su compromiso para hacer de América del Norte la región más competitiva e integrada del mundo, el Ejecutivo Federal debe promover una declaratoria de solidaridad a favor de nuestro país en congruencia con las posturas de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos que reconocen la importancia de acercamiento con México y por una campaña electoralencarnecida en Estados Unidos, llena de una retórica torcida en perjuicio de México que afecta a todo el crecimiento y estabilidad regional.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, hace un exhorto para que en la próxima reunión de la Cumbre de Líderes de América del Norte a celebrarse el 29 de junio del año en curso, el Presidente de México promueva una declaratoria trilateral de solidaridad por los dichos del aspirante republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, y se convoque a una delegación plural de legisladores federales, en respaldo a dicho pronunciamiento.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 25 de mayo de 2016.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a exigir a las empresas de telefonía celular garantizar el proceso de portabilidad en el lapso de 24 horas previsto por la ley. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El sector de las telecomunicaciones es uno de los más dinámicos de nuestro país.Con la reforma en telecomunicaciones, encabezada por el gobierno Federal, se establecieron las bases para incentivar la competencia se colocó a México a la vanguardia en el contexto internacional.

El 14 de julio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. De igual manera, el 6 de noviembre de 2014, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), emitió el acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó las Reglas de Portabilidad Numérica y el Plan Técnico Fundamental de Señalización y las especificaciones operativas para la implantación de portabilidad de números geográficos y no geográficos.

Como consecuencia de lo anterior, el 12 de noviembre de 2014 se publicaron en el DOF las Reglas de Portabilidad Numérica. Al llevar a cabo el seguimiento puntual al desarrollo, implementación y puesta en operación de las Reglas de Portabilidad, el Instituto identificó diversas mejoras que permitirían simplificar e incrementar la eficiencia de los procesos de portabilidad en nuestro país en beneficio de los usuarios, motivo por el cual se volvieron a modificar dichas reglas que se mantienen hasta el día de hoy.

El proceso de implementación de esta nueva reforma, no ha sido un camino fácil, por distintas cuestiones sociales, culturales y situaciones regionales que existen en el país. Sin embargo, con la creación de un Instituto Federal de Telecomunicaciones, y diversos ordenamientos jurídicos, se ha dado un gran paso para obtener resultados positivos en la innovación tecnológica que el país requiere.

La Portabilidad numérica se refiere alderecho de todos los usuarios de conservar su número telefónico, fijo o móvil, al cambiarse de una empresa proveedora telefónica a otra, de una manera fácil y rápida, reduciendo los requisitos y el tiempo para concretar el cambio de empresa.

No obstante, a casi un año de que el IFT estableciera las nuevas reglas de portabilidad numérica en 24 horas, persisten los problemas para utilizar dicho servicio, el tiempo de respuesta va más a allá de lo reglamentado y la preparación del personal que representa a estas empresas presenta algunas fallas, ya que no se puede brindar óptimamente el servicio a los clientes.

Estos resultados son arrojados por la plataforma lanzada por IFT Y Procuraduría Federal del Consumidor, llamada “Soy usuario”, en la cual se presentan todo tipo de quejas relacionadas a problemas que tengan que ver con servicios que presten las empresas telefónicas.

Gran parte de los problemas se debe a que los usuarios desconocen que se pueden llevar a cabo estos procesos y que los operadores tienen tiempo límite para realizar trámites como la portabilidad.

Es necesario que el Instituto Federal de Telecomunicacionesrealice una campaña de información sobre los derechos de los usuarios a la portabilidad. Asimismo, que las empresas cumplan con los lineamientos establecidos en los reglamentos a fin de tener una estricta aplicación de los tiempos, o en su caso, aplicar medidas legales para con las empresas telefónicas, y así se pueda subsanar las necesidades de los clientes de manera efectiva.

Dos de los objetivos primordiales del Instituto es garantizar e impulsar condiciones para el acceso universal a las tecnologías y servicios de las telecomunicaciones y la radiodifusión, a fin de maximizar el bienestar social; al igual que garantizar que la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión que reciben los mexicanos sea de calidad y acorde con los parámetros internacionales.

Lo anterior para buscar mejoras en la implementación nuevas tecnologías, y con ello mejorar la calidad de vida en el país.Por lo anteriormente expuesto y motivado, es que acudimos a este Honorable Asamblea a proponer el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a efecto de exigir a las empresas de telefonía celular garantizar el proceso de portabilidad en el lapso de 24 horas previsto por la ley.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, el 25 de mayo de 2016.

Atentamente.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación información sobre las acciones legales realizadas a partir de las irregularidades observadas por más de mil millones de pesos de diversos fondos dirigidos a la educación en Sonora cuando era titular Guillermo Padrés Elías. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior que dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el 17 de febrero del presente año, el monto de las observaciones con impacto económico pendientes de solventar 2011-2013, monto observado 2014, importe de procedimientos resarcitorios y monto de denuncias penales relacionados con simulación de reintegros para el Estado de Sonora, ascienden a los 6 mil 288 millones de pesos. 1

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior revela que diversos fondos y subsidios relacionados con el sector educativo existe un probable daño o perjuicio, o bien la aclaración y solicitud de documentación justificativa y comprobatoria por una cantidad superior a mil 123 millones de pesos.

Con relación a los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, se anotan:

• Probable daño o perjuicio por un monto de 41 millones 611 mil 871.69 pesos más intereses generados, porque el CONALEP-Sonora erogó recursos del fondo en una categoría no autorizada por la SHCP y SEP.

• Que CONALEP-Sonora aclare y proporcione la documentación comprobatoria de 11 millones 809 mil 296.87 pesos debido a que dejaron de enterar cuotas y aportaciones del Seguro de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez, y al Fondo de la Vivienda del segundo al sexto bimestre de 2014.

Sobre el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior, se solicita:

• Que el Gobierno del Estado aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 21 mil 997.10 pesos por concepto de rendimientos financieros generados los cuales no fueron transferidos a la Universidad de Sonora.

En cuanto a los Recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo, se observa:

• Probable daño o perjuicio por un monto de 209 millones 085 mil 769.64 pesos, por no reintegrar los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2014.

• Probable daño o perjuicio por un monto de 1 millón 072 mil 512.00 pesos, por haber destinado recursos del Programa para el pago de nóminas de docentes externos para impartir clases de inglés, concepto que no es financiable con el programa.

• Probable daño o perjuicio por un monto de 497 mil 609.96 pesos, por haber destinado recursos del Programa al pago de nóminas de personal con más de una plaza de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora.

Por lo que se refiere a los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal:

• Probable daño o perjuicio por un monto de 8 millones 555 mil 457.03 pesos, por haber realizado pagos en centros de trabajo no financiables con el fondo, con estatus clausurados y no localizados en el catálogo autorizado.

• Probable daño o perjuicio por un monto de 23 millones 733 mil 239.64 pesos, por haber destinado recursos del FAEB 2014 para el pago de compensaciones y bonos a personal administrativo, de los que no se encontraron en las minutas de acuerdos.

• Probable daño o perjuicio por un monto de 55 millones 569 mil 205.26 pesos, por haber pagado a trabajadores comisionados a las secciones sindicales 28 y 54 indebidamente con goce de sueldo.

• Probable daño o perjuicio por un monto de 3 millones 721 mil 712.04 pesos, por haber pagado a personal comisionado a otras dependencias que no corresponden al fondo y a trabajadores adscritos a centros AGD.

• Probable daño o perjuicio por un monto de 11 millones 258 mil 204.00 pesos, por haber pagado gastos que corresponden a otro ejercicio fiscal.

• Probable daño o perjuicio por un monto de 37 millones 013 mil 217.40 pesos, por haber pagado retenciones de ISR y SAR-FOVISSSTE correspondientes a ejercicios anteriores.

• Probable daño o perjuicio por un monto de 7 millones 372 mil 137.36 pesos, por haber realizado pagos del ISSSTE y SAR-FOVISSSTE del ejercicio 2013.

• Que el Gobierno del Estado por conducto del IFODES aclare y proporcione la documentación comprobatoria por un monto de 9 millones 525 mil 445.89 pesos, conforme a los objetivos del fondo, en virtud de que no enteró las cuotas y aportaciones de ISSSTE y SAR-FOVISSSTE.

• Probable daño o perjuicio por un monto de 505 mil 585.75 pesos más los intereses, por haber pagado a personal que no se encuentran realizando funciones frente a grupo.

En relación a los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior:

• Que el Gobierno del estado aclare y proporcione la documentación comprobatoria por 26 mil 046.55 pesos por concepto de rendimientos financieros generados por el atraso en la entrega de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda a la Universidad de Sonora.

Por lo que se refiere al Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación:

• Que el Gobierno del estado aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 711 millones 139 mil 007.40 pesos, integrados por 710 millones 875 mil 782.00 pesos por concepto de falta de documentación soporte del gasto y por 263 mil 225.40 pesos por recursos que no habían sido devengados al 31 de mayo de 2015.

• Que el Gobierno del estado aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 384 mil 762.00 pesos por concepto de pagos a 37 trabajadores en exceso al monto autorizado en los lineamientos del otorgamiento del estímulo a la Calidad Docente.

Son ampliamente conocidas las denuncias por presunto desvío de recursos y/o uso indebido de recursos públicos en contra de diversos funcionarios de primer nivel que formaron parte de la administración de Guillermo Padrés Elías como Gobernador de Sonora. De hecho, sobre el mismo ex titular del Poder Ejecutivo hay acusaciones de lavado de dinero.

A casi ocho meses del cambio de administración surgen nuevas acusaciones dignas de tomarse en cuenta que deben investigarse a fondo.

De los casos más recientes destaca el de Agustín Antonio Padrés, primo hermano del exgobernador de Sonora, quien fue subdirector adscrito a la Dirección General de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Educación y Cultura del estado (SEC), y desde esa posición presuntamente defraudó a 45 personas al venderles plazas magisteriales fantasma hasta en 120 mil pesos. 2

De acuerdo a la información que ha trascendido, Agustín Antonio Padrés organizó una red de cuatro maestros y una secretaria, con quienes “vendía” plazas laborales de maestro, prefecto y conserje. La afectación patrimonial asciende aproximadamente a la cantidad de un millón 213 mil pesos.

La situación es tan grave que el actual Secretario de Educación y Cultura de Sonora, Ernesto de Luca Hopkins, ha declarado que la administración de Guillermo Padrés “desfalcó” a la dependencia con 2 mil millones de pesos, y que en esos seis años se desviaron recursos a obras de “relumbrón, no urgentes o prioritarias”. 3

De acuerdo a diversas versiones periodísticas, “la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) y la Procuraduría General de la República (PGR) investigan a quien fuera gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y a su hermano Miguel por el presunto manejo ilícito de por lo menos 3.3 millones de dólares, de acuerdo con información de The Wall Street Journal”. 4

De acuerdo a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en su artículo 13, las observaciones que emita la Auditoría Superior de la Federación derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública, podrán derivar entre otras, en:

I. Acciones promovidas, incluyendo solicitudes de aclaración.

II. Pliegos de observaciones.

III. Promociones de intervención de la instancia de control competente.

IV. Promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.

V. Promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

VI. Denuncias de hechos.

VII. Denuncias de juicio político.

A su vez, el artículo 15 del mismo ordenamiento legal señala que, además de la fiscalización de los recursos públicos federales, la Auditoría Superior de la Federación tiene la atribución de determinar los daños o perjuicios, o ambos, que afecten la Hacienda Pública Federal y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes; así como el fincamiento de las responsabilidades resarcitorias previstas.

El artículo 186 del Código Penal para el Estado de Sonora señala que comete el delito de Peculado todo servidor público que, para sus propios o ajenos, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a la administración pública estatal o municipal.

El Código Penal Federal, en su artículo 223 considera igualmente que comete el delito de peculado todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular.

El artículo 400 Bis del Código Penal Federal dispone que se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

En el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que el tema de la educación, la transparencia y la rendición de cuentas, son prioritarias para el Estado Mexicano.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación informe a esta Soberanía sobre las acciones legales realizadas a partir de las irregularidades observadas por más de mil Millones de pesos de diversos fondos dirigidos a la Educación en Sonora cuando era titular Guillermo Padrés Elías.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de sus atribuciones, agilice las investigaciones en torno a las denuncias por desvío de recursos de la Federación en contra de varios ex funcionarios estatales de Sonora.

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora un informe de las investigaciones que realiza sobre el presunto desvío multimillonario a la Secretaría de Educación y Cultura durante la administración de Guillermo Padrés Elías, así como la presunta venta de plazas de la misma dependencia que se adjudica a Agustín Antonio Padrés, primo hermano del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la
Comisión Permanente, el 25 de mayo de 2016.

Atentamente.

1 http://informe.asf.gob.mx/consultaporente.html

2 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/con-plazas-de-120-mil-primo-de-padres-estafo-a-45-profesores.html

3 http://www.segundoasegundo.com/acusan-desvios-por-mas-de-2-mil-mdp-en-sonora/

4 http://www.razon.com.mx/spip.php?article251134





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación un informe sobre el estado que guarda la solventación de las observaciones realizadas en la Cuenta Pública 2014, a los recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva en el municipio de Puebla de Zaragoza. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Fondo de Infraestructura Educativa tiene como objetivo principal la promoción de diversos proyectos de inversión y acciones de obra pública o equipamiento deportivo para impulsar, ampliar o mejorar los espacios dedicados a la realización y práctica del deporte.

En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 134 que, al tratarse de recursos públicos éstos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, sin embargo, esto no sucedió durante la gestión de José Antonio Gali Fayad como presiente municipal de Puebla de Zaragoza, debido a diversas irregularidades identificadas en la cuenta Pública 2014.

Para dimensionar la gravedad del asunto, basta mencionar que las anomalías identificadas por la Auditoria Superior de la Federación, revelan deficiencias en el destino, uso, transparencia y comprobación del ejercicio de los recursos púbicos.

Entre las observaciones, destaca que el municipio de Puebla carecía de un sistema de control interno que asegurara el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Infraestructura Deportiva, además de que no tenía mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en el manejo ordenado y eficiente de los presupuestos asignados.

Esta situación se tradujo en el incumplimiento de la normativa como la falta de publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, requisito indispensable cuando se trata de licitaciones y asignación de contratos. Esta situación se dio en los siguientes convenios: OP/LPNN4/SDUOPMO-2014-70012, OP/LPNN4/SDUOPMO-2014-70015, 0OP/LPNN4/SDUOPMO-2014-70016 y OP/LPNN4/SDUOPMO-2014-70014, en muchos de ellos, las notas de bitácora se asentaron con retraso; el acta finiquito no incluyó datos relevantes para como el monto ejercido, lugar de la construcción y vicios ocultos.

Estos recursos se debieron utilizar para adecuar y crear nuevos espacios dedicados al deporte, como es la construcción de la Unidad Deportiva de la Colonia 6 de junio en la Resurrección y en la segunda etapa del Complejo Multideportivo de Puebla, sin embargo, la comuna no comprobó la propiedad del terreno de la Unidad Deportiva de la colonia 6 de junio.

Por si las inconsistencias descritas no fueran suficientes, el informe señala un presunto daño a la Hacienda Pública Federal superior a los 2 millones de pesos, por recursos no comprometidos e intereses no reintegrados a la tesorería de la federación.

Además, existe un probable daño de más de 143 mil pesos, de las cuales no se presentó evidencia de haber sido enteradas al Órgano Interno de Control del Estado de Puebla, ni en los estados de cuenta bancarios se identificó la salida del recurso, es decir, no se tiene registro del cómo fueron utilizados.

Durante el año 2014, la falta de transparencia fue una constante, en especial en la gestión del dinero del Fondo de Infraestructura Deportiva, debido a ello los reportes de gasto y el cronograma de ejecución de obras no se presentaron con la calidad y congruencia requerida, lo cual deja duda de la eficiencia con la que fueron etiquetados.

La comisión de actos antijurídicos como desvío de recursos, poca transparencia en la asignación de obras y adjudicación fraudulentas, son motivo suficiente para que se realicen las investigaciones conducentes y, en su caso, se sancione a conforme a derecho las irregularidades.

Es importante que se solventen las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, que evidencian la poca eficiencia con la que fueron ejercidos los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, ante ello, el municipio debe implementar las acciones necesarias con el objetivo de que estas irregularidades se repitan nuevamente.

El fomento del deporte en instalaciones adecuadas y el impulso permanente de   proyectos de inversión para ampliar o mejorar los espacios deportivos son una prioridad, debido a que se trata de actividades y disciplinas que generan grandes beneficios para la salud de los habitantes del municipio de Puebla. No podemos ser omisos, cuando los presupuestos destinados para estos fines, son administrados con opacidad, por ello los servidores públicos deben ser sancionados conforme a derecho.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el marco de sus atribuciones, remita a esta soberanía un informe sobre el estado que guarda la solventación de las observaciones realizadas en la Cuenta Pública 2014, a los recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva en el Municipio de Puebla de Zaragoza.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Congreso del estado de Puebla para que, a través del Órgano de Fiscalización de la entidad, haga una revisión integral de los recursos ejercicios por el municipio en infraestructura deportiva en el ejercicio fiscal  2014.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, el 25 de mayo de 2016.

Atentamente.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita convocar a un periodo extraordinario de sesiones a celebrarse el 28 de mayo, a fin de dictaminar y, en su caso, aprobar las leyes a que se refiere el Artículo Segundo Transitorio del Decreto publicado el 27 de mayo de 2015, en materia de combate a la corrupción. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República, integrantes del grupo parlamentario del   Partido Acción Nacional en la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso     General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 8, numeral 1,   fracción II del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración   del Pleno de esta Asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE CONVOQUE A UN PERIODO   EXTRAORDINARIO DE SESIONES, A CELEBRARSE ANTES DEL 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A FIN DE DICTAMINAR Y EN SU CASO APROBAR LAS LEYES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE MAYO DE 2015, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción.

Para que el Sistema Nacional Anticorrupción pueda cumplir con sus atribuciones, es necesaria la expedición y reforma de diversas leyes federales y generales, para dotarlo de un marco jurídico que permita su adecuado funcionamiento.

En ese tenor, el Artículo Segundo Transitorio del Decreto, establece que el Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor dela reforma constitucional, deberá aprobar las leyes establecidas en las fracciones XXIV, XXIX-H y XXIX-V del artículo 73 de la Carta Magna, así como las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Estamos a nueve días naturales de que venza el plazo establecido por la Constitución, para atender el mandato para reformar y expedir las leyes que den una estructura jurídica al Sistema Nacional Anticorrupción y advertimos con  preocupación que no hay voluntad política lograr un consenso y sacar la reforma en tiempo y forma.

Nada justifica posponer la aprobación de las leyes secundarias del SNA. Se trata de un asunto al que el Estado Mexicano y el Poder Legislativo deben dar la mayor prioridad.

Así lo exige la situación nacional. En el ámbito internacional hay plena consciencia de que la corrupción es un mal que afecta mortalmente a las democracias, frustra el crecimiento económico y es un insumo para la inseguridad y las actividades criminales.

De todo lo anterior hay consenso de los organismos multilaterales, por ello la ONU, la OEA y la OCDE enfocan sus esfuerzos en la lucha contra este mal. Así lo demuestra la reciente celebración de la Cumbre contra la Corrupción en Londres convocado por el Primer Ministro Cameron.

No existe argumento sólido ni causa superior que avale la demora del Estado Mexicano para actuar con celeridad y determinación en la construcción del SNA.

Cumplir con el plazo marcado con la reforma constitucional es imperativo.

Por ello los Senadores del PAN, impulsamos la aprobación de la reforma constitucional en la materia y logramos la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, conscientes de que la transparencia y la lucha contra la corrupción, han sido una lucha de nuestro partido desde sus orígenes.

A pesar de la conclusión del Periodo Ordinario de Sesiones hemos seguido trabajando en la elaboración de las leyes secundarias. Nos declaramos listos para sentarnos en la Comisiones dictaminadoras para debatir y defender nuestras propuestas y lograr la aprobación de un conjunto de leyes que verdaderamente combata a la corrupción, para que todo servidor público corrupto, sea investigado y sancionado de forma oportuna y expedita.

La reforma constitucional propuesta por el PAN establece las bases de coordinación entre los órganos de Estado facultados para combatir la corrupción, como son la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Esta conjunción de esfuerzos, fortalecerá la capacidad institucional para prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción permitirá combatir la corrupción en los tres órdenes de gobierno y en los tres Poderes de la Unión.

Los Senadores del PAN ratificamos que vamos por la aprobación de las 7 leyes reglamentarias, antes del 28 de mayo, en un periodo extraordinario, y reiteramos nuestro apoyo a que las declaraciones patrimoniales sean públicas, en los términos de la iniciativa ciudadana“3de3”. Rechazamos la simulación que pretenden el PRI y el PVEM Verde de acotar el mandato de la reforma constitucional y reiteramos nuestra postura de ir por una reforma anticorrupción robusta y a fondo.

Por todo lo antes expuesto, los suscritos Senadores de la República, sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión convoca a las Cámaras de Senadores y de Diputados, a la celebración de un Periodo Extraordinario de Sesiones antes del 28 de mayo de 2016, a fin de discutir y en su caso aprobar las leyes secundarias derivadas de la aprobación de la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 25 de mayo de 2016.

Atentamente.





 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, programe las auditorías correspondientes para comprobar el ejercicio y aplicación correcta y transparente de los recursos presupuestales comprendidos en el FONDEN y PET a cargo del Centro SCT de Tabasco. Se turna a la Primera Comisión.







 

De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a suministrar gas etano a los centros petroquímicos Morelos, Cangrejera y Pajaritos, de Coatzacoalcos, Veracruz. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Diputada NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA y Diputado VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, miembros del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a esta Soberanía la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

El principal uso del gas etano es como materia prima petroquímica para la producción de etileno. Se obtiene principalmente de la purificación de los depósitos gaseosos que suelen acompañar al petróleo.

Usos

El etileno ocupa el segmento más importante de la industria petroquímica y es convertido en una gran cantidad de productos finales e intermedios como plásticos, resinas, fibras y elastómeros (todos ellos polímeros) y solventes, recubrimientos, plastificantes y anticongelantes.

El total de la producción del etano en México se destina para el consumo interno de Petróleos Mexicanos en sus diferentes subsidiarias, principalmente en Transformación Industrial.

El área más extensa e importante para la producción de petroquímicos de Pemex se encuentra ubicada en Coatzacoalcos Veracruz, ahí se cuenta con un punto de entrega proveniente del Complejo Procesador de Gas de Tabasco.

La producción de Gas Etano está limitada en México; en el 2014 se reportó la producción de 110 mil barriles diarios.

En 2008 Pemex Gas promovió una subasta pública para abastecer de etano a 25 años a precio preferencial. Finalmente, en 2009 después de la citada subasta se anunció que el consorcio formado por las empresas Braskem (brasileña) e Idesa (mexicana) fueron vencedoras del proceso. En 2010 Braskem-Idesa firmaron un contrato de suministro de etano con Pemex Gas por 25 años a un proyecto privado denominado Etileno XXI.

En el contrato quedó establecido que el volumen diario de gas etano para el proyecto Etano XXI, es de 66 mil barriles diarios por 25 años, el consorcio tiene derecho a solicitar un volumen adicional, es claro que esto es con el fin de crecer en el negocio. Como en todos los contratos se establece una sanción en caso de que Pemex incumpla.

En el proceso de conocer cómo se concesionó este contrato, Pemex se reservó los nombres de los participantes ante el INAI y lo más extraño es que Pemex Petroquímica que administra los Complejos petroquímicos Cangrejera, Morelo