Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 27 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 30

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 28 de Abril de 2016

SUMARIO                                              


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RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO INDEPENDIENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

(Dictamen a discusión)

Se aprueba el dictamen suscrito por la Comisión de Energía, que contiene punto de Acuerdo por el que se valida la idoneidad de la propuesta realizada por el Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Blanca Avelina Treviño de la Vega, como Consejero Independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, para concluir el periodo que finalizará el 17 de septiembre de 2018. Intervienen al respecto los Senadores Salvador Vega Casillas, para presentar el dictamen a nombre de la comisión; Manuel Bartlett Díaz; Luis Fernando Salazar Fernández; Dolores Padierna Luna; Mario Delgado Carrillo y Rabindranath Salazar Solorio. Rinde protesta de ley.





PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera. Las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera presentan propuestas de modificación a los artículos 55 y 149 que se aprueban.

Para presentar el dictamen, interviene la Senadora María Cristina Díaz Salazar, a nombre de la Comisión de Gobernación. Se inserta intervención del Senador Raúl Gracia Guzmán, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, intervienen los Senadores Carlos Alberto Puente Salas, del PVEM, se inserta su intervención; Manuel Bartlett Díaz, del PT; Zoé Robledo Aburto, del PRD; Héctor Larios Córdova, del PAN y Miguel Ángel Chico Herrera, del PRI.

Para su discusión en lo general, intervienen los Senadores Angélica de la Peña Gómez, se inserta su intervención; Raúl Morón Orozco, se inserta su intervención; Alejandro Encinas Rodríguez, Dolores Padierna Luna, Lisbeth Hernández Lecona y Luz María Beristain Navarrete.

Para su discusión en lo particular, intervienen los Senadores Dolores Padierna Luna, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 3, 16, 23, 40, 49, 59 y de adición a los artículos 58, 59, 60 y 169 que no se admiten; y Alejandro Encinas Rodríguez, quien presenta propuesta para suprimir el artículo 55 que no se admite.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Se remite a la Cámara de Diputados.











DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR Y SE EXPIDE EL CÓDIGO MILITAR DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Justicia; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos.

Para presentar moción suspensiva, intervienen los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez y Manuel Bartlett Díaz. No se admite.

Para presentar el dictamen, intervienen los Senadores Fernando Yunes Márquez, a nombre de la Comisión de Justicia; Fernando Torres Graciano, a nombre de la Comisión de Defensa Nacional, se inserta intervención y Graciela Ortiz González, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos.

Para presentar su voto particular, interviene la Senadora Dolores Padierna Luna.

Para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, intervienen los Senadores Manuel Bartlett Díaz, del PT; Angélica de la Peña Gómez, del PRD; e Ismael Hernández Deras, del PRI.

Para su discusión en lo general, intervienen los Senadores Layda Sansores San Román, Graciela Ortiz González, Fidel Demédicis Hidalgo, Marco Antonio Blásquez Salinas, Raúl Morón Orozco, Marcela Guerra Castillo, Patricio Martínez García, Isidro Pedraza Chávez, Manuel Bartlett Díaz y Armando Ríos Piter. Se inserta intervención del Senador Ricardo Barroso Agramont.

Para su discusión en lo particular, intervienen los Senadores Marco Antonio Blásquez Salinas, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 4, 54 y 359 del Código Militar de Procedimientos Penales, que no se admiten; Armando Ríos Piter, quien presenta propuesta de modificación al artículo 57 del Código de Justicia Militar, que no se admite; y Angélica de la Peña Gómez, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 105, 201, 247, 278, 290 y 361 del Código Militar de Procedimientos Penales, que no se admiten.

Se aprueba en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales. Se remite al Ejecutivo Federal.


PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE LA LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL

(Dictamen de primera lectura)<

Se da cuenta, se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

Para presentar el dictamen, intervienen los Senadores Angélica de la Peña Gómez, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos, se inserta su intervención; y María Cristina Díaz Salazar, a nombre de la Comisión de Gobernación. Se insertan intervenciones de los Senadores Fernando Yunes Márquez, a nombre de la Comisión de Justicia y Graciela Ortiz González, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos.

Se insertan intervenciones de los Senadores Jorge Aréchiga Ávila, Dolores Padierna Luna, Raúl Morón Orozco y Silvia Guadalupe Garza Galván.

Para su discusión en lo general, interviene la Senadora Layda Sansores San Román.

Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, presentan propuestas de modificación a los Artículos Transitorios Segundo y Noveno que se aprueban.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición Internacional. Se remite a la Cámara de Diputados.





PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Salud; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos. Intervienen al respecto los Senadores Francisco Salvador López Brito, quien presenta, a nombre de las comisiones dictaminadoras, propuesta de modificación a los artículos 71 bis 1, 71 bis 5, 71 bis 7, 314, 315, 319, 462, 466 y al Cuarto Transitorio que se aprueban; José María Martínez Martínez y Angélica de la Peña Gómez. Se insertan intervenciones de los Senadores Graciela Ortiz González, María Cristina Díaz Salazar y Sonia Rocha Acosta. Se remite a la Cámara de Diputados.

CÁMARA DE DIPUTADOS

Remite minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito, devuelto para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.
































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (14:10 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 113 Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión del jueves 28 de abril, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

 

En la Ciudad de México a las trece horas con diez minutos del día miércoles veintisiete de abril de dos mil dieciséis, encontrándose presentes ciento diez ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del veintiséis de abril de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión de Federalismo, el acta de su reunión celebrada el 12 de abril de 2016, sus informes anuales correspondientes al Segundo y Tercer Años de la LXII Legislatura y su Programa Anual del Segundo Año de la LXII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7º de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina, de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, oficio con el que remite el informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al período julio-diciembre de 2015.- Quedó en poder de la Secretaría para consulta de los senadores. Se pondrá a consideración de la Asamblea en la siguiente sesión.

(Iniciativas)

La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Salud, de Gobernación; de Seguridad Pública; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Amelia Torres López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Carmen Izaguirre Franco, Carmen Dorantes Martínez, Hilda Ceballos Llerenas y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 479 de la Ley General de Salud y el párrafo tercero del artículo 195 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; de Gobernación; de Seguridad Pública; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que adiciona la fracción XIII Bis al artículo 3° y se reforma la fracción I Bis del artículo 119 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social y el artículo 196, fracción IV, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Manuel Bartlett Díaz, Miguel Barbosa Huerta, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Ernesto Cordero Arroyo, Daniel Ávila Ruiz, Pilar Ortega Martínez, Marcela Torres Peimbert, Silvia Garza Galván, Francisco Búrquez Valenzuela, Héctor Flores Avalos, Jorge Luis Lavalle Maury, Fernando Yunes Márquez y Juan Gerardo Flores Ramírez, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, adoptado en la ciudad de Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 55 del Código Civil Federal y se reforma el segundo párrafo del artículo 389 Bis de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la denominación del Título Sexto y se adiciona un Capítulo III al mismo, denominado “De la Protección contra el Maltrato”, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 10 y la fracción III al artículo 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de la Ley General de Educación y del Código Penal Federal.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XII, pasando la actual a ser XIII del artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXI al artículo 10 y un segundo párrafo a la fracción II del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de reproducción asistida.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara la segunda semana de noviembre de cada año como la Semana Nacional para Prevenir el Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes que proponen desechar los siguientes proyectos de Decreto:

1. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para reformar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

2. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Los tres dictámenes por el que se proponen desechar diversos proyectos de Decreto, sin discusión, fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de los registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que el Senado de la República se congratula por la adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible por parte de México, en el marco de la 70 sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

2. Por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal, en el marco de la Reunión de Alto Nivel que se celebrará el próximo 22 de abril para la suscripción formal del Acuerdo de París, adoptado durante la vigésimo primera conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015, un informe sobre las aportaciones de México a la negociación y adopción del Acuerdo de París, así como sobre el posicionamiento de nuestro país ante los desafíos de su implementación.

3. Por el que el Senado de la República se congratula por la elección de México para ocupar la Presidencia de la 34 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe durante el período 2016-2017.- Intervino el Senador Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, en contra.

Los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con punto de Acuerdo que exhorta a informar sobre la tala de árboles y destrucción de áreas verdes en la zona de conservación ecológica de Santiago Tepalcatlalpan en la Delegación Xochimilco de la Ciudad de México.- En la discusión intervinieron los Senadores: Layda Sansores San Román del PT; Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN, quien presentó propuesta de adición al Acuerdo, la Asamblea, aprobó integrar la propuesta; Dolores Padierna Luna del PRD; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz se integraría al Diario de los Debates. El acuerdo con la adición aceptada fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, con punto de Acuerdo por el que se aprueba el nombramiento expedido a favor del ciudadano Guillermo Valls Esponda, como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años improrrogables, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.- Para presentar el dictamen, hizo uso de la palabra el Senador José Francisco Yunes Zorrilla, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los Senadores: Dolores Padierna Luna del PRD; y Gerardo Flores Ramírez del PVEM. El acuerdo fue aprobado por 83 votos a favor, 15 en contra y 6 abstenciones. El funcionario rindió su protesta de ley.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal; y se adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal.- Para presentar el dictamen, hicieron uso de la palabra los Senadores: Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de Justicia; Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; y Cristina Díaz Salazar Presidenta de la Comisión de Gobernación.

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Continuó en la presentación del dictamen la Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. El Presidente de la Mesa Directiva informó que las Comisiones dictaminadoras hicieron llegar propuestas de modificación a los artículos 3, 6, 7, 15, 22, 29, 135, 153, y a los Transitorios Primero, Segundo, Sexto, Séptimo, Octavo y Décimo del proyecto de Ley de Ejecución Penal y la adición de un Artículo Transitorio Único a todo el Decreto, la Asamblea autorizó integrarlas al dictamen para su discusión. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se integraría al Diario de los Debates. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los Senadores: Dolores Padierna Luna del PRD; Layda Sansores San Román del PT; y Ma. del Pilar Ortega Martínez del PAN.

PRESIDE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

En los posicionamientos de los grupos parlametnarios continuó el Senador Ismael Hernández Deras del PRI. En la discusión en lo general, intervinieron los Senadores: Héctor Adrián Menchaca Medrano del PT, a favor; Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN, a favor; Manuel Cárdenas Fonseca, a favor; Marco Antonio Blásquez Salinas del PT, a favor; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Enrique Burgos García se integraría al Diario de los Debates. El asunto se consideró suficientemente discutido en lo general. La Presidencia dio cuenta con las reservas de los Senadores: Marco Antonio Blásquez Salinas, a los artículos 3, 4, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 30, 33, 39, 40 y 59; Zoé Robledo Aburto, al artículo 36; y Martha Angélica Tagle Martínez, del artículo 169 al 189.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El proyecto de Decreto se aprobó en lo general y los artículos no reservados, por 114 votos a favor. El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con las reservas del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, la cuales no se admitieron a discusión. El Senador Zoé Robledo Aburto, presentó su reserva al artículo 36, la cual no se admitió a discusión. La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, presentó sus reservas del artículo 169 al 189, las cuales no se admitieron a discusión. Los artículos 3, 4, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 30, 33, 36, 39, 40, 59, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 y 189 fueron aprobados en los términos del dictamen, por 91 votos a favor y 3 en contra. Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal; y se adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

PRESIDE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación; de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 24 Ter a la Ley General de Educación.- En la discusión intervinieron los Senadores: Marcela Torres Peimbert del PAN; Raúl Morón Orozco del PRD, a favor; Daniel Ávila Ruíz del PAN, a favor; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Graciela Ortiz González se integraría al Diario de los Debates. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 90 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Ley de Vivienda.- Para presentar el dictamen, hizo uso de la palabra la Senadora María Elena Barrera Tapia, Presidente de la Comisión de Vivienda. En la discusión intervino el Senador Héctor David Flores Ávalos del PAN. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora  Angélica del Rosario Araujo Lara se integraría al Diario de los Debates. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 94 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.- Para presentar el dictamen, hicieron uso de la palabra los Senadores: Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de Justicia; Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; y Martha Elena García Gómez, Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de las intervención de la Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos se integraría al Diario de los Debates. La Presidencia informó que las Comisiones dictaminadoras hicieron llegar propuestas de modificación a los artículos 2, 15, 23, 46, 52, 53, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 77, 81, 124, adición de un Título Cuarto con un Capítulo Único denominado “Del reconocimiento de la función preventiva de la comunidad”, que incluye el artículo 264; modifica los Transitorios Primero y Décimo Tercero y propone la adición de un Décimo Sexto. La Asamblea autorizó integrarlas al dictamen, para su discusión. La Presidencia informó que el texto de la intervención del Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se insertara en el Diario de los Debates. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los Senadores: Verónica González Rodríguez del PRD; Ma. del Pilar Ortega Martínez del PAN; y Marcela Guerra Castillo del PRI. La Presidencia informó que el texto de la intervención de la Senadora Cristina Díaz Salazar se integraría al Diario de los Debates. En la discusión en lo general, intervinieron los Senadores: Martha Angélica Tagle Martínez, a favor; Marco Antonio Blásquez Salinas del PT, a favor; Yolanda de la Torre Valdez del PRI, a favor; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor; Layda Sansores San Román del PT; Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN, a favor; y Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI, a favor. El asunto se consideró suficientemente discutido en lo general. La Presidencia dio cuenta con las reservas de los Senadores: Marco Antonio Blásquez Salinas, a los artículos 11, 47 y 73; Manuel Cárdenas Fonseca, al artículo 60; Martha Angélica Tagle Martínez, al artículo 164 y suprimir el Libro Quinto, eliminando del artículo 250 al 266; y Andrea García García, a los artículos Cuarto y Decimosexto Transitorios, para asignarles una denominación.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARH

El proyecto de Decreto se aprobó en lo general y los artículos no reservados, por 97 votos a favor y 3 en contra.  El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con las reservas del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, a los artículos 11, 47 y 73, los cuales no se admitieron a discusión. El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, presentó su reserva al artículo 60, la cual no se admitió a discusión. La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, presentó sus reservas al artículo 164 y la supresión del Libro Quinto, eliminado del artículo 250 al 266, las cuales no se admitieron a discusión. La Senadora Andrea García García, presentó sus reservas a los artículos Cuarto y Decimosexto Transitorios, para asignarles una denominación, las cuales fueron aceptadas por la Asamblea. Los artículos 11, 47, 60, 73, 164, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 y 266, en los términos del dictamen; y los artículos Cuarto y Decimosexto Transitorios con las modificaciones aceptadas por la Asamblea, fueron aprobados por 83 votos a favor y 9 en contra. Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

(Comunicación)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Tratado de Asociación Transpacífico, hecho en Auckland, Nueva Zelanda, el 4 de febrero de 2016, así como los cuatro Auerdos paralelos negociados en el marco de la suscripción del Tratado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Comercio y Fomento Industrial; de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Desarrollo Rural; de Hacienda y Crédito Público; de Autosuficiencia Alimentaria; y de Agricultura y Ganadería.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 150, un segundo párrafo al artículo 151 y un artículo transitorio a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que reforma el artículo 116 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5, 6 y 29 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Quedó de primera lectura.

 

Se recibió de las Comisiones Unidas de Fomento Económico, y de Estudios  Legislativos, Segunda, un dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Quedó de primera lectura.

(Acuerdo Junta de Coordinación Política)

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo relativo a su integración.- Quedó de enterado.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Marina y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a intensificar las líneas de acción ya existentes relacionadas con la prevención de la captura ilegal de la totoaba, pez endémico del Golfo de California catalogado como especie en peligro de extinción, y de la vaquita marina.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Agraria a coadyuvar con el comisariado y dote la superficie 10,100-00-00 hectáreas, que ordena entregarse al Nuevo Centro de Población Ejidal Tenochtitlan, perteneciente al municipio de Ocampo, Coahuila; y a la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano a iniciar la acción pertinente de la ejecución total de la superficie que le corresponde al ejido antes mencionado, en las que hay una invasión de 2044-00-00 hectáreas, por parte de la Minera "La Encantada", y su filial First Majestic Silver Corp.- Se turnó a la Comisión de Reforma Agraria.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar los análisis necesarios para, en su caso, declarar la alerta de violencia de género en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, a la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez y al Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez a conmemorar en 2018 los 155 años del nacimiento de Don Belisario Domínguez y los 65 años de la publicación del Decreto por el que se establece la Entrega de la Medalla Belisario Domínguez.- Se turnó a la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez.

 

Del Senador Héctor David Flores Avalos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado para que informen del desabasto de medicamentos, la sobresaturación y calidad de los servicios.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal un informe de las acciones llevadas a cabo como consecuencia de las explosiones ocurridas en Coatzacoalcos, Veracruz el día miércoles 20 de abril.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De los Senadores Isidro Pedraza Chávez y Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República den inicio al procedimiento previsto en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 21, 22, 23 y 24 del Reglamento del Senado de la República, en contra del Senador Félix Arturo González Canto, integrante del Partido Revolucionario Institucional, por los supuestos delitos electorales cometidos en el estado de Quintana Roo.- Quedó de enterado.

(Efemérides)

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Diseñador Gráfico o Día Mundial del Diseño.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las veinte horas con cincuenta y seis minutos y citó a la siguiente el jueves veintiocho de abril a las once horas.

 

Fin de la Sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió una comunicación de la Comisión de Justicia, con la que remite Acuerdo por el que se incorpora al ciudadano Gustavo Adolfo Flores Gutiérrez a la lista de candidatas y candidatos que fueron elegibles para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local de la Ciudad de México.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha sido debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Roberto Armando Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, con la que remite la Convocatoria para la entrega de la Medalla de Honor Belisario Domínguez, correspondiente al año 2016.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado enterada. Les informo que dicha Convocatoria se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria y se le dará publicidad a través del portal electrónico del Senado.

Pasamos al siguiente asunto.





 

BANCO DE MÉXICO

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió del Banco de México, su informe sobre el ejercicio del presupuesto de gasto corriente e inversión física, correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase copia de la documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió de la Cámara de Diputados, minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 15, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: También se recibieron de la Cámara de Diputados, las siguientes minutas:

Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 33 y un artículo 34 Bis a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.







 

Y proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnense ambos proyectos a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto





 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Asimismo, la Colegisladora nos remitió las siguientes minutas:

Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VII y un último párrafo al artículo 49 de la Ley General de Cambio Climático.







 

Y proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 47 de la Ley General de Cambio Climático.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnense los dos proyectos a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático.





 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: También de la Cámara de Diputados, se remitió una minuta proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Proceda con el siguiente asunto.





 

LEGISLATURA

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió del Congreso del estado de Chihuahua, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

CONTRALORÍA INTERNA

Tenemos la discusión del informe detallado y ejecutivo semestral de auditoría del ejercicio presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2015.

A efecto de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el informe detallado y ejecutivo semestral de auditoría del ejercicio presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2015. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el informe. En consecuencia, túrnese a la Auditoría Superior de la Federación.





 

Compañeros Senadores, como lo hemos venido haciendo estos últimos días, la Mesa Directiva acordó turnar a comisiones las iniciativas inscritas en la agenda del día.

Solicito a la Secretaría dé lectura a las iniciativas con los turnos que les han sido asignados.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a las iniciativas.

De los Senadores Emilio Gamboa Patrón, Jesús Casillas Romero, Ivonne Liliana Álvarez García, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Angélica del Rosario Araujo Lara y Aarón Irízar López, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 56 y 74 y se adiciona un párrafo a los artículos 62 y 181 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 56 Y 74 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 62 Y 181 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Presentada por los Senadores Emilio Gamboa Patrón, Jesús Casillas Romero, Ivonne Liliana Álvarez García, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Angélica del Rosario Araujo Lara y Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del PRI)

Los suscritos, Senadores EMILIO GAMBOA PATRÓN, JESÚS CASILLAS ROMERO, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA Y AARÓN IRÍZAR LÓPEZ, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 56 Y 74, Y ADICIONA UN PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 62 Y 181 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La importancia de la riqueza biológica de México se refleja en que es uno de los cinco países mega diversos del mundo, alberga entre 60 y 70 por ciento de la biodiversidad conocida en el planeta y 12 de cada 100 especies reportadas habitan aquí. Esta riqueza natural se concentra principalmente en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) a lo largo y ancho del territorio nacional.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, como instancia del Gobierno de la República que tiene el objetivo de conservar los ecosistemas más representativos de México y su biodiversidad, precisamente a través de estas áreas, administra actualmente 177 áreas naturales de carácter federal que representan más de 25.6 millones de hectáreas y apoya 364 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, con una superficie de poco más de 390 mil hectáreas.

Además, por lo menos 22 estados cuentan con decretos de áreas protegidas a nivel estatal bajo la administración de secretarias o institutos ambientales de los gobiernos de los estados. Algunos estados cuentan con un Sistema Estatal de Áreas Naturales como Jalisco y Oaxaca. Algunos municipios también han creado áreas protegidas municipales.

El común denominador de las áreas naturales protegidas (ANP), es que son porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y valorados.

Ese valor natural, a su vez es asediado por la plusvalía inmobiliaria que puede generar. Ello, además de los perpetuos peligros que enfrentan, como la contaminación, incendios forestales, tala ilícita, saqueo de especies y presiones por el desarrollo minero y turístico que busca extenderse a ellas.

En México hay ANP federales, estatales, municipales y privadas. Lo anterior hace que muy distintas autoridades puedan hacer cambios de uso de suelo, lo cual las amenaza enormemente.

Las Áreas Naturales Protegidas enfrentan la suciedad de la corrupción y muchas veces se otorgan permisos de cambio de uso de suelo, lo que da lugar a construcciones, deforestación, agricultura, minería, por citar algunos. Es decir, se termina con el sentido de “protección” pretendido yse da paso a las amenazas principales a las ANP, como la sobreexplotación de recursos, la contaminación, las especies invasoras y la voracidad inmobiliaria.

Por ello, es imprescindible fortalecer todas las medidas posibles para la salvaguarda y aprovechamiento sustentable de nuestras áreas naturales protegidas y evitar toda posibilidad de invasión y demérito, para el caso que me permito traer a la consideración de esta soberanía, los que acontecen a través de amañados cambios de uso de suelo, como un atentado perverso bajo el disfraz de la aparente licitud.

Para ello, resulta importante incrementar de manera corresponsable la coordinación que debe existir entre los tres órdenes de gobierno.

Cabe destacar, que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra únicamente las áreas de interés federal (incluso a través de convenios para ello con autoridades locales), sin un inventario, registro ni obligación legal para un seguimiento a las acciones y programas para la protección de las áreas naturales establecidas las autoridades estatales y municipales, no obstante que éstas se encuentran previstas en las fracciones IX y X del artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

En ese mismo tenor, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no las incluye en el Registro Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Esto es, las áreas naturales protegidas establecidas por autoridades locales, prácticamente quedan a la potestad de éstas, cuando consideramos que debieran tener mayor seguimiento por parte de la federación, de manera tal, que su involucramiento pueda aportar a evitar toda posibilidad de arbitrarios cambios de uso de suelo, así como a su mejor protección.

Cabe decir, que para a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas de competencia federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debe solicitar previamente, entre otras, la opinión de los gobiernos locales en cuyas circunscripciones territoriales se localice el área natural de que se trate.

Incluso, para realización de evaluaciones de impacto ambiental y establecer las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, cuando se trate de áreas naturales protegidas, la federación también debe notificar a los gobiernos estatales y municipales o del Distrito Federal, según corresponda, que ha recibido la manifestación de impacto ambiental respectiva, a fin de que éstos manifiesten lo que a su derecho convenga.

Así, es de destacar que aun tratándose de áreas naturales de interés federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debe tomar en cuenta la opinión de las autoridades locales. Situación similar que se sugiere a la inversa, esto es, que también las autoridades locales deban dar cuenta a la federación de cualquier modificación relacionada con áreas naturales estatales y municipales.

De esta forma, propiciar una mayor coordinación e interrelación entre los tres órdenes de gobierno, como ya se dijo, a efecto de propiciar su corresponsabilidad.

Cabe decir, que por lo que respecta a la protección que debe darse a los territorios, en este caso, de las áreas Naturales Protegidas, el artículo 181 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, establece que se expidan licencias, permisos, autorizaciones o concesiones contraviniendo esta Ley, serán nulas y no producirán efecto legal alguno, y los servidores públicos responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la legislación en la materia.

Sin embargo, esa posibilidad nos es privativa de las autoridades en sede administrativa, pues lamentablemente se han registrado eventos que las decisiones de los tribunales son las que han permitido contravenir las declaratorias de Áreas Naturales Protegidas, en lugar de salvaguardar el interés público y la utilidad pública de un medio ambiente saludable perseguidas de esta declaratorias.

Por ello, debe establecerse claramente, que sus resoluciones tampoco podrán contravenir las protecciones que los diversos instrumentos y acciones previstas en el artículo 2, con el referente de la responsabilidad que debe implicar el incumplimiento.

Concretamente, a través de las siguientes propuestas:

1) Que el Registro Nacional de Áreas Naturales Protegidas, contemple el registro o inscripción de todas, esto es, federales, estatales, municipales y privadas. (Con ello a su vez, que queden debidamente integradas al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales)

2) Que las autoridades de los Estados y del Distrito Federal, deban informar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales las áreas naturales protegidas que conforme a su legislación establezcan y proceder a su registro.

3) Facultar a la federación, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dar seguimiento a las actividades y programas de manejo, prevención, restauración, conservación y protección que se realicen en las áreas naturales protegidas locales y en su caso, emitir recomendaciones que coadyuven al cumplimiento de dichos fines.

4) Que para el caso de cualquier modificación en áreas naturales locales ya establecidas, las autoridades que las hayan establecido, deban solicitar previamente la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

5) Establecer que las resoluciones al recurso administrativo o al juicio seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no podrán contravenir las declaratorias, instrumentos y acciones a que se refiere el artículo 2 de la Ley, entre ellas, las Declaratorias de Áreas Naturales Protegidas, so pena de responsabilidad y sanción.

Esto, a través de las adecuaciones pertinentes en los artículos 56, 62 y 74 de la misma Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en los términos que del presente documento se desprenden.

Con ello, lograr un fortalecimiento institucional y de coordinación que pueda aportar a los objetivos de desarrollo sustentable del país, la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad y la provisión de sus servicios ambientales.

Así, por las razones dadas es que se somete a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la contenida en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 56 Y 74, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 62 Y 181 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 56 y 74, y se adiciona un párrafo a los artículos 62 y 181 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 56.- Las autoridades de los Estados y del Distrito Federal, deberán informar a la Secretaría las áreas naturales protegidas que conforme a su legislación establezcan y efectuar las inscripciones a que se refiere el artículo 74. Asimismo, podrán promover ante el Gobierno Federal, el reconocimiento de dichas áreas naturales protegidas, con el propósito de compatibilizar los regímenes de protección correspondientes.

La Secretaría dará seguimiento a las actividades y programas de manejo, prevención, restauración, conservación y protección que realicen en sus áreas naturales protegidas y en su caso, emitir recomendaciones que coadyuven al cumplimiento de dichos fines.

ARTÍCULO 62.- Una vez establecida un área natural protegida, sólo podrá ser modificada su extensión, y en su caso, los usos del suelo permitidos o cualquiera de sus disposiciones, por la autoridad que la haya establecido, siguiendo las mismas formalidades previstas en esta Ley para la expedición de la declaratoria respectiva.

Para el caso de las áreas naturales protegidas a que se refieren las fracciones IX y X del artículo 46 de la presente ley, las autoridades locales y municipales que las hayan establecido, deberán solicitar la opinión de la Secretaría, previa a cualquier modificación.

ARTÍCULO 74.-La Secretaría integrará el Registro Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en donde deberán inscribirse los decretos mediante los cuales se declaren las áreas naturales protegidas, y los instrumentos que los modifiquen. Deberán consignarse en dicho Registro los datos de la inscripción de los decretos respectivos en los registros públicos de la propiedad que correspondan. Asimismo, se deberá integrar el registro de los certificados a que se refiere el artículo 77 BIS de esta Ley.

Las autoridades locales y municipales deberán realizar las inscripciones a que se refiere este artículo, respecto a las áreas naturales protegidas previstas en las fracciones IX y X del artículo 46 de la presente ley.

Cualquier persona podrá consultar el Registro Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el cual deberá ser integrado al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales.

ARTÍCULO 181.- En caso de que se expidan licencias, permisos, autorizaciones o concesiones contraviniendo esta Ley, serán nulas y no producirán efecto legal alguno, y los servidores públicos responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la legislación en la materia. Dicha nulidad podrá ser exigida en los términos del artículo anterior.

Las resoluciones al recurso administrativo o al juicio seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, deberán preservar la utilidad pública a que se refiere esta ley. Sus resoluciones no podrán contravenir las declaratorias, instrumentos y acciones a que se refiere el artículo 2, a menos que se acredite fehacientemente que sus autorizaciones o contenidos originan o pueden originar un daño al medio ambiente, los recursos naturales, la vida silvestre o la salud pública.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de abril de 2016.

Sen. Emilio Gamboa Patrón.- Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Ivonne Liliana Álvarez García.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Aarón Irízar López.





 

Del Senador José de Jesús Santana García, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 33, Apartado A, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal, que se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 33, APARTADO A, FRACCIÓN II DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

(Presentada por los Senadores José de Jesús Santana García, del grupo parlamentario del PAN)







 

De la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los medios de control constitucional son instrumentos con los cuales se pretende  evitar que el poder político sobrepase a la norma jurídica, manteniendo o en su caso defendiendo el orden creado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto, constituyen un gran avance legislativo que genera un efecto positivo en la protección de la democracia en nuestro país.

La Doctora Carla Huerta Ochoa del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, considera que este control permite garantizar las limitaciones establecidas al ejercicio del poder, de tal manera, que se asegura la vigencia de la libertad y de los derechos fundamentales del ser humano.

Esta vía procedimental fue concebida para que la representación parlamentaria pueda plantear a la Suprema Corte de Justicia si las normas aprobadas por la mayoría de un órgano legislativo contravienen lo establecido en la Constitución, con el fin de proteger el principio fundamental de supremacía constitucional dando congruencia al Estado de Derecho.

Por lo tanto, este instrumento constituye un sistema de vigilancia que asegura la observancia del sistema jurídico y faculta a diferentes actores que darán lugar al contrapeso necesario para evitar que se trasgreda la constitucionalidad de las normas.

Desde hace años nuestro sistema jurídico consideraba estos mecanismos, sin embargo fue hasta 1994 que las reformas a la Carta Magna modificaron la estructura del artículo 105 en materia de controversia constitucional y acciones de inconstitucionalidad, estableciendo más atribuciones a la Suprema Corte de Justicia como órgano máximo de control y ente garante del federalismo.

La acción de inconstitucionalidad consiste en un juicio tramitado ante el máximo tribunal de la República en donde se denuncia la posible contradicción entre normas de carácter general, leyes, decretos, reglamentos o tratados internacionales y la Constitución Política, con la finalidad de invalidar toda norma o tratado que sea contradictorio con los principios constitucionales.

Para dicho procedimiento el artículo 105 de la Constitución, en su fracción II, establece entre otras disposiciones que se requiere como mínimo de un treinta y tres por ciento de los integrantes de las Cámaras del Congreso para iniciar el respectivo trámite, cuando sean diputados o senadores quienes efectúen la denuncia.

De tal manera, que estos requisitos resultan ser obstáculos considerables cuando en la praxis, es de conocimiento público que es difícil conseguir dichos porcentajes dentro de las fuerzas políticas, donde regularmente suelen existir mayorías capaces de evitar que se usen estos instrumentos.

En esta dirección, la presente iniciativa propone fortalecer y facilitar la ejecución de este contrapeso, con la finalidad de conseguir un Estado más democrático, reduciendo el porcentaje requerido a un diez por ciento en ambas cámaras, garantizando la accesibilidad real a la presentación de acciones de inconstitucionalidad.

De lo contrario, la cantidad requerida representa un obstáculo que impide ejercitar lo establecido en el presente artículo y por lo tanto, limita la efectividad de estas acciones, a pesar de la gran importancia que tienen en sistema que cuenta con división de poderes y limita el ejercicio de los mismos con la finalidad de conseguir su armonización en la esfera de gobierno.

Por lo tanto, hacer de los procedimientos de control un medio de impugnación más ágil y eficaz para las minorías parlamentarias es indispensable para garantizar el avance integral del proceso democrático de nuestro país y proveer el mecanismo idóneo para la protección indiscutible del principio de supremacía constitucional en beneficio de toda la población, promoviendo la creación de leyes armónicas con nuestra Carta Magna que no violenten los derechos fundamentales que de ahí emanan.

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS

TEXTO VIGENTE
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

PROPUESTA DE ADICIÓN

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

II. De las acciones de incons-titucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de lasleyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

c) (…)

d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas delas entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano;

e) (…)

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

II. De las acciones de incons-titucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

a) El equivalente al diez por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales;

b) El equivalente al diezpor ciento de los integrantes del Senado, en contra de lasleyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

 

c) (…)

d) El equivalente al diez por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas delas entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano;

e) (…)

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se REFORMA el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 105. …

I. …

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

a) El equivalente al diez por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales;

b) El equivalente al diez por ciento de los integrantes del Senado, en contra de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

c) (…)

d) El equivalente al diez por ciento de los integrantes del Senado, en contra de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

e) (…)

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de abril de 2016.

Suscribe

Sen. María de los Ángeles Verónica González Rodríguez.





 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Hilda Esthela Flores Escalera, Itzel Sarahí  Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María Cristina Díaz Salazar y Diva Hadamira Gastélum Bajo, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, que se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Hilda Esthela Flores Escalera, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María Cristina Díaz Salazar y Diva Hadamira Gastélum Bajo)







 

Del Senador Félix Arturo González Canto, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se turna a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por el Senador Félix González Canto, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Senador de la República, FÉLIX ARTURO GONZÁLEZ CANTO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 numeral I y II, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con la Organización de las Naciones Unidas, se entiende por violencia contra la mujer todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

La violencia contra la mujer -especialmente la violencia sexual y la ejercida por su pareja- constituye un grave problema de salud pública y una grave violación de los derechos humanos de las mujeres.

Estudios e investigaciones1 han mostrado que la violencia contra las mujeres es un problema social de gran magnitud, producto de una organización social estructurada sobre la base de la desigualdad de género que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. El uso de la violencia es no sólo uno de los medios más efectivos para controlar a las mujeres, sino también una de las expresiones más explícitas de la dominación y la subordinación.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las cifras recientes de la prevalencia mundial indican que alrededor de una de cada tres mujeres (35%) en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.2

México no escapa a esta realidad, los resultados de una encuesta levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a finales de 20113, señalan que 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más, residentes en el país, han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo, ya sea violencia emocional, física, sexual, económica, patrimonial y discriminación laboral. Siendo las mujeres de 30 a 39 años de edad las más expuestas a la violencia de cualquier agresor.

El INEGI reportó que de acuerdo con el tipo de violencia, la emocional es la que presenta la prevalencia más alta (44.3%) siendo la pareja o esposo (43.1%) quien generalmente la ejerce. Por el contrario, la violencia sexual ha sido experimentada por poco más de un tercio de todas las mujeres (35.4%) pero particularmente la ejercida por agresores distintos a la pareja y en sus distinta formas, desde la intimidación, el abuso sexual o el acoso sexual, no obstante que el nivel de este tipo de violencia donde el agresor es la pareja es menor, los actos de violencia sexual son de mayor gravedad. La violencia física está principalmente circunscrita a las agresiones de la pareja.

Las desigualdades por razón de género y la violencia contra las mujeres, son factores que inciden negativamente en la salud mental y física de las mujeres, en su calidad de vida y bienestar, incluso tiene impacto a nivel trabajo y finanzas.

La violencia aparece como una causa significativa de discapacidad y muerte entre mujeres con edad reproductiva. Es importante destacar que las víctimas de violencia pueden padecer de estrés crónico, el que puede desembocar en enfermedades tales como la hipertensión, diabetes, asma y obesidad. Asimismo, como consecuencia del abuso tanto físico como psicológico, las mujeres sufren dolores de cabeza en forma crónica, trastornos sexuales, depresiones, fobias y miedos prolongados.

ONUMUJERES señala como costos y consecuencias, a nivel individual y comunitario, de la violencia contra las mujeres: lesiones inmediatas como fracturas y hemorragias; problemas sexuales y reproductivos como enfermedades por transmisión sexual, riesgos en la salud materna y la salud fetal; enfermedades mentales como depresión, ansiedad, desórdenes de estrés post traumático, intento de suicidio; pérdida de días laborales; abuso de sustancias; entre otros.

Para atender este problemática a finales del siglo pasado se formularon diversos instrumentos internacionales, tales como la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; la Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; el Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, mismos que fueron ratificados por México en la década de los 90´s.

A nivel nacional, ante un problema social y de derechos humanos tan grave, el 1º de febrero de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que obedece a la necesidad de contar con un instrumento jurídico que contenga una real perspectiva de género, estableciendo las condiciones jurídicas para brindar seguridad a las mujeres, siendo aplicable en todo el territorio nacional y obligatoria para los tres niveles de gobierno. El objetivo principal de esta disposición normativa es el de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Es importante reconocer que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue un primer paso muy relevante en la tarea de armonizar la legislación nacional con los tratados internacionales, favorece la aplicación de sanciones y medidas de protección para las mujeres que se encuentren en situaciones de riesgo o peligro, además de que la ley logra conceptualizar diversos términos que ayudan al entendimiento del fenómeno, tales como la violencia, los tipos de violencia que existen a saber: la física, psicológica, económica, sexual, patrimonial u otra, lo cual ayuda a que las autoridades encargadas de aplicar e interpretar la ley entiendan mejor la problemática y den una resolución justa.

Pese a que un aspecto principal de la Ley es que impulsa un proceso de modificación de patrones socioculturales de conducta de mujeres y de hombres, mediante el planteamiento de una revisión de los programas de estudios en la enseñanza y un diseño de programas en la educación social y que busca concienciar y sensibilizar a través de todos los medios de comunicación social, con el fin de prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, y que promueve la modificación de estereotipos en los ámbitos público y privado proporcionado a las mujeres víctimas de violencia atención y tratamiento psicológico especializado y gratuito que favorezca su empoderamiento, y que a los agresores, les brinda servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos para erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía masculina, y los patrones machistas que generaron su violencia, las mujeres continúan siendo víctimas de violencia.

Los diversos reclamos sociales para que las mujeres vivan una vida libre de violencia, por acabar con la violencia machista, por detener el abuso y el acoso sexual, han sido plasmados reiteradamente en las diferentes redes sociales, medios de comunicación y manifestaciones públicas, como la llevada a cabo el pasado 24 de abril.

Si bien hoy día la ley prevé que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres contenga acciones para:

Educar y capacitar en materia de derechos humanos al personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás funcionarios que se encargan de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres.

Educar y capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres, al personal encargado de la impartición de justicia, para que juzguen con perspectiva de género.

Lo cierto es que las mujeres que sufren agresiones sexuales en el transporte o la vía pública son motivadas, incluso por las autoridades, para otorgar el perdón al agresor, de forma tal que las denuncias ni siquiera llegan a formar parte de las estadísticas. Estos hechos demuestran que lamentablemente la violencia contra las mujeres se ve como algo común, razón por la cual la presente iniciativa propone reformar diversas disposiciones de la de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para abonar en la concientización de los actos y omisiones que producen violencia de género, así como en el fortalecimiento de la atención que deben brindar las instituciones públicas a las mujeres víctimas de violencia.

En atención a lo anterior se propone:

a) Reformar la fracción III del artículo 38 de la Ley en comento, para establecer que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres contendrá acciones para:

III. Educar y capacitar en materia de derechos humanos y violencia de género al personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres;

Con esta reforma se busca que todo el personal encargado de la prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres esté plenamente capacitado en materia de la violencia de género, de forma tal que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sea garantizado.

También se propone:

b) Reformar la fracción VI del artículo 38 de la Ley en comento, para establecer que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres contendrá acciones para

VI. Fomentar y apoyar programas de educación pública y privada, destinados a concientizar a la sociedad sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, así como de los actos y omisiones que la producen;

c) Reformar la fracción X del artículo 41 de la Ley para establecer que son facultades y obligaciones de la Federación:

X. Realizar a través del Instituto Nacional de las Mujeres y con el apoyo de las instancias locales, campañas de información, con énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos humanos de las mujeres, en el conocimiento de las leyes y las medidas y los programas que las protegen, de los recursos jurídicos que las asisten, así como de los actos u omisiones que constituyen violencia contra las mujeres;

Sobre estas dos propuestas se advierte que es necesario emprender campañas informativas y programas educativos que hagan énfasis en los actos y omisiones que constituyen violencia contra las mujeres debido a que en muchos casos la violencia es vista como algo normal, dado que los estereotipos sobre la supremacía masculina y los modelos machistas que la desencadenan aún se encuentran arraigados en parte de la sociedad.

Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR ELQUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones III y VI del artículo 38, así como a fracción X del artículo 41 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue:

Art. 38.- …

I. a II. …

III. Educar y capacitar en materia de derechos humanos y violencia de género al personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres;

IV. a V. …

VI. Fomentar y apoyar programas de educación pública y privada, destinados a concientizar a la sociedad sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, así como de los actos y omisiones que la producen;

VII. a XIII. …

ARTÍCULO 41.-…

I. a IX. …

X. Realizar a través del Instituto Nacional de las Mujeres y con el apoyo de las instancias locales, campañas de información, con énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos humanos de las mujeres, en el conocimiento de las leyes y las medidas y los programas que las protegen, de los recursos jurídicos que las asisten, así como de los actos u omisiones que constituyen violencia contra las mujeres;

XI. a XX. …

XX. Las demás que le confieran esta ley u otros ordenamientos aplicables.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de abril de 2016.

Sen. Félix Arturo González Canto.

1 Véase Sagot, M. (2008) Estrategias para enfrentar la violencia contra las mujeres: reflexiones feministas desde América Latina. Disponible en Internet en http://www.redalyc.org/html/537/53701413/

2 Organización Mundial de la Salud (2016). Violencia contra la mujer. Nota descriptiva No. 239, disponible en Internet en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/

3 Véase INEGI (2015). Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre) México, disponible en Internet en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf





 

De la Senadora Andrea García García, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el día 11 de abril de cada año como el "Día Nacional de la Lucha contra el Parkinson", que se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 11 DE ABRIL DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL PARKINSON”

(Presentada por la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN)

La que suscribe, ANDREA GARCÍA GARCÍA, Senadora de la República, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 11 DE ABRIL DE CADA AÑO, COMO EL DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL PARKINSON, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La enfermedad de Parkinson, también denominada Parkinsonismo idiopático, parálisis agitante o simplemente párkinson, es un trastorno neurodegenerativo crónico que conduce con el tiempo a una incapacidad progresiva, producido a consecuencia de la destrucción, de las neuronas pigmentadas de la sustancia negra. Es decir, que este mal provoca la muerte de ciertas células del cerebro, que son las que ayudan a controlar el movimiento y la coordinación.

Es importante señalar que esta enfermedad representa el segundo trastorno neurodegenerativo por su frecuencia, situándose por detrás de la enfermedad de Alzheimer. Está extendida por todo el mundo y afecta tanto al sexo masculino como al femenino, siendo frecuente que aparezca a partir del sexto decenio de vida. Además de esta variedad tardía, existe otra versión precoz que se manifiesta en edades inferiores a los cuarenta años, llamado parkinson juvenil. También cabe mencionar que este padecimiento es progresivo con una edad media de inicio de 55 años, y se ha calculado una duración media de la enfermedad de 10 a 13 años.

Aún se desconoce el origen de la enfermedad de Parkinson, sin embargo su patología está bien caracterizada, y en algunos casos, la enfermedad es hereditaria.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos neurológicos afectan en todo el mundo a unos mil millones de personas. Entre los trastornos mencionados figuran los traumatismos craneoencefálicos, las infecciones neurológicas, la esclerosis múltiple, y la enfermedad de Parkinson.

Este trastorno del movimiento, se caracteriza por la pérdida de neuronas productoras de dopamina en áreas específicas del cerebro de forma crónica y progresiva.

La prevalencia del Parkinson se ha estimado que es del 0.3% y cerca del 2% en personas mayores a 60 años de edad.

La Fundación para la Enfermedad de Parkinson en Estados Unidos afirma que mundialmente hay un poco más de 10 millones de personas diagnosticadas y que afecta una y media veces más a hombres que a mujeres. Desde otra perspectiva, la Fundación Europea para la Enfermedad de Parkinson (EPDA) calcula un poco menos, estimado esta población en 6,3 millones. La misma Fundación afirma que 1,2 millones de personas tienen Parkinson en Europa, aproximadamente 260,000 en Alemania, 200,000 en Italia, 150,000 en España, 120,000 en Inglaterra, 117,000 en Francia, 63,000 en Polonia, 28,000 en Holanda y 23,000 en Bélgica. Se estima en el año 2040 se duplicarán los casos en la población mundial.

En México existen datos que no son de menor importancia sino lo contrario son alarmantes ya que más de 500 mil personas padecen esta enfermedad neuro-degenerativa, que cada vez va más en aumento.

A pesar de que las estadísticas no son exactas, la Secretaría de Salud ha estimado sobre la base de los datos obtenidos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que existen al menos 500,000 pacientes con Enfermedad de Parkinson en el país, situando la prevalencia de la enfermedad en un rango de media a baja: 50-100 por 100,000 habitantes. Prevalencia similar a la de los países orientales. Lo anterior no escapa a la similitud que se presenta con otras enfermedades en México y con algunos países orientales, posiblemente por el origen genético que comparten ambas poblaciones.

Dicha enfermedad es una de las primeras causas de atención en consulta externa en centros de atención de tercer nivel. Representa un número elevado de consultas anuales, debido a la cronicidad del padecimiento y al manejo específico con medicamentos que en la actualidad son regulados o controlados por la Secretaria de Salud.

Datos de la Secretaria de Salud aluden a que existe un subregistro, ya que los pacientes de las áreas rurales tienen poco acceso directo a los centros de atención hospitalaria. Pero, también se sabe que algunos pacientes se registran en más de una institución de salud.

Si se toma en consideración el aumento en la esperanza de vida de la población mundial y de la mexicana, se espera que en las próximas décadas el número de pacientes con Enfermedad de Parkinson aumente, así como la comorbilidad que presenta con otras afecciones del área de la salud mental como la depresión o la demencia.

Sabemos que la prevención es la parte medular para atacar cualquier enfermedad por ello para beneficio del paciente es tratarlo y diagnosticarlo a tiempo y que se tenga acceso al esquema de medicamentos más conveniente, tener rehabilitación y continuar la vida laboral y familiar.

Uno de los puntos medulares sería que desde las primeras consultas, es decir, con los médicos familiares, poder remitirlos con el especialista para tratar el padecimiento, sin embargo, hoy en día nos encontramos con un problema, la falta de conocimiento y conciencia entre los enfermos y por ello hay diagnósticos tardíos hasta por tres años.

La tardanza en la atención de los enfermos que llegan con el especialista es alarmante, porque cuando se atienden han perdido 60 por ciento o más de las neuronas productoras de dopamina.

Cabe decir que dicha enfermedad es asociada con problemas emocionales, como estrés o nervios, y por ello retrasan su atención, se señala que 25 por ciento de los pacientes que sufren de depresión pueden desarrollar la enfermedad.

Su sintomatología, cualesquiera que sean sus causas, presenta las mismas características, entre las que destacan la rigidez muscular, los temblores, la lentitud y la escasez de movimiento y la inestabilidad postural. Estos síntomas pueden aparecer aislados o combinados, pudiendo predominar en una parte del cuerpo o bien ser más marcado un síntoma sobre los demás, de forma que hay gran variación de un enfermo a otro. Los síntomas empiezan en un lado del cuerpo en la mayoría de los pacientes (aproximadamente en el 80%) y menos frecuentemente en ambos lados o generalizados. La variedad de la intensidad de los síntomas de esta enfermedad, de un momento a otro, de un día a otro, es un signo característico de parkinson. En razón de estas fluctuaciones, y no por mala voluntad del enfermo, es que es difícil predecir sus períodos de mayor autonomía.

Los síntomas primarios de la enfermedad de Parkinson son:

• Temblor. El temblor asociado con la enfermedad tiene una apariencia característica. Típicamente, el temblor toma la forma de un movimiento rítmico hacia adelante y hacia atrás a una velocidad de 4-6 latidos por segundo. Puede involucrar el pulgar y el índice y parecer un temblor como "rodar píldoras". El temblor a menudo comienza en una mano, aunque a veces se afecta primero un pie o la mandíbula. El temblor generalmente desaparece durante el sueño o mejora con el movimiento intencional.

• Inestabilidad postural. La inestabilidad postural, o deterioro del equilibrio, hace que los pacientes se caigan fácilmente.

• Rigidez. La rigidez, o resistencia al movimiento, afecta a la mayoría de las personas.

• Bradicinesia. La persona no puede realizar rápidamente movimientos rutinarios.

• Depresión. Este es un problema común y puede aparecer precozmente en el curso de la enfermedad.

• Cambios emocionales. Algunas personas con Parkinson se vuelven miedosas e inseguras. Es posible que no deseen socializar.

• Dificultad para comer. Los músculos usados para comer podrían funcionar con menor eficiencia.

• Cambios en el habla. Cerca de la mitad de los pacientes con la enfermedad tiene problemas con el habla.

• Problemas urinarios o estreñimiento. En algunos pacientes, pueden producirse problemas con la vejiga y el intestino debido al funcionamiento incorrecto del sistema nervioso autónomo.

• Problemas de la piel. En la enfermedad de Parkinson, es habitual que la piel de la cara se vuelva muy aceitosa, particularmente en la frente y en los lados de la nariz.

• Problemas para dormir. Los problemas comprenden la dificultad para permanecer dormido por la noche, sueño intranquilo, pesadillas y sueños emotivos y somnolencia o inicio súbito del sueño durante el día.

• Calambres musculares y distonía. La rigidez y falta de movimiento normal asociados con la enfermedad de Parkinson a menudo causan calambres musculares, especialmente en las piernas y dedos de los pies.

• Dolor. Muchas personas tienen músculos y articulaciones doloridos debido a la rigidez y a posturas anormales a menudo asociadas con la enfermedad.

• Fatiga y pérdida de la energía. La fatiga puede estar asociada con depresión o trastornos del sueño, pero también puede deberse a estrés muscular o hacer demasiada actividad cuando la persona se siente bien.

• Disfunción sexual. A menudo causa disfunción eréctil debido a sus efectos sobre las señales nerviosas del cerebro o debido a mala circulación sanguínea.

Hay que hacer énfasis que un sistema usado habitualmente para describir cómo evolucionan los síntomas de la enfermedad, es la escala de Hoehn y Yahr, que divide las etapas del Parkinson de la siguiente manera:

• Etapa uno
Síntomas solamente de un lado del cuerpo.

• Etapa dos
Síntomas en ambos lados del cuerpo. Sin deterioro del equilibrio.

• Etapa tres
Deterioro del equilibrio. Enfermedad leve a moderada. Independiente físicamente.

• Etapa cuatro
Incapacidad grave, pero aún es capaz de caminar o estar de pie sin ayuda.

• Etapa cinco
En silla de ruedas o en la cama a menos que reciba ayuda.

El tratamiento de la enfermedad de Parkinson consiste en mejorar, o al menos mantener o prolongar la funcionalidad del enfermo durante el mayor tiempo posible. En la actualidad, el tratamiento puede ser de tres tipos (aunque son viables combinaciones): farmacológico, quirúrgico y rehabilitador.

Al tenor de lo anterior cabe señalar que en el año 1997, la Organización Mundial de la Salud estableció que el 11 de abril se celebraría el Día mundial del Parkinson, con el objetivo de acrecentar la concientización de las necesidades de las personas aquejadas de esta dolencia. Fue esta la fecha escogida al coincidir con el nacimiento de James Parkinson, el médico británico que describió por primera vez la «parálisis agitante», término que él mismo acuñó.

La enfermedad fue descrita y documentada en 1817 (Essay on the Shaking Palsy) por el médico británico Dr. James Parkinson; los cambios bioquímicos asociados fueron identificados en los años 1960.

A principios de 2011, los investigadores identificaron un defecto cerebral fundamental que es el distintivo de la enfermedad; Este descubrimiento llevó a los científicos a encontrar el primer tratamiento eficaz de la enfermedad de Parkinson y sugirió formas de elaborar terapias nuevas y aún más eficaces.

Como se ha mencionado una parte medular es la detección oportuna y un diagnóstico temprano, así como un manejo adecuado de las alteraciones no motoras las cuales tienen repercusión en la calidad de vida de los pacientes.

Esto es de gran relevancia ya que el diagnosticar tempranamente se traduce en un mejor apego a tratamiento y con esto mejoría en su calidad de vida.

Es por ello que esta iniciativa pretende marcar el 11 de abril de cada año como el Día Nacional de la lucha contra el Parkinson, con el objetivo de concientizar y apoyar las acciones y estrategias para combatir esta enfermedad que cada día crece más dentro de nuestra sociedad.

Proyecto de Decreto por el que se declara el día 11 de abril de cada año, como el Día Nacional de la lucha contra el Parkinson.

ÚNICO. SE DECLARA EL DÍA 11 DE ABRIL DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL PARKINSON”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de abril de 2016.

Suscribe

Sen. Andrea García García.





 

De la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 167 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 167 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Presentada por la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR ELQUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 167 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una ley clara y objetiva siempre será necesaria para evitar dar lugar a ambigüedades que faciliten su incumplimiento o bien, para que la autoridad no pueda ejercer un poder arbitrario a través de decisiones impredecibles y subjetivas.

Si bien es inevitable que existan múltiples lagunas en la ley, debido a la vastedad de los asuntos que comprende y resulta imposible incluso para las legislaciones más completas regular cada aspecto de sus disposiciones, es necesario intentar realizar textos claros y precisos que minimicen la existencia de las mismas, en beneficio de un Estado imparcial, donde gobierno y gobernados cuentan con reglas explícitas que evitan abusos de cualquiera de las partes y proveen una línea de equilibrio y justicia.

Cuando una ley solo contiene términos tácitos, superficiales o subjetivos se da lugar a que tanto la autoridad como el individuo impongan su voluntad arbitraria, pero cuando se trata de un estatista, también existe la posibilidad de que este imponga su interpretación o ejecute coacción, haciendo uso de la fuerza pública o sus atribuciones.

En este sentido, el ciudadano común queda desprotegido ante la autoridad en la materia y se puede gestar un escenario muy recurrente en este país, donde funcionarios o servidores públicos aprovechan estas lagunas para condicionar derechos y realizar amenazas en contra de los gobernados, ya que cuando el trabajo, subsistencia o futuro de un ciudadano está a merced de alguna disposición o bien, este cae en alguna falta a la ley, nunca faltará aquel representante de la autoridad que intente abusar de la ignorancia de la ley o bien, que haga uso de su subjetividad para obtener un beneficio personal.

Ante esta situación, es evidente que esta facilidad existente para que un burócrata manipule las disposiciones oficiales no debe existir, debido a que el pensamiento independiente y la libre interpretación no deben recaer en entes capaces de aplicar la ley, vulnerando el derecho de toda persona al “sano proceso”.

Si bien, el derecho mexicano permite la analogía con la finalidad de suplir estas deficiencias salvo cuando este explícitamente prohibido, como en la leyes penales, es tarea del legislador modificar la redacción existente para volverla más eficiente y adecuarlo a la realidad.

En este sentido la presente iniciativa propone coadyuvar en la implementación de términos claros y precisos para atender lo planteado en esta problemática.

En la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, actualmente existe una redacción incongruente con la estipulación de los plazos, ya que si bien señala en su artículo 167 el tiempo que tiene el particular para exponer sus pruebas, no establece el periodo que tiene la autoridad para realizar la respectiva notificación, por lo tanto si se fijan tiempos para una parte, deberían estar plasmados los de la autoridad de la misma manera.

Ante esta situación, el derecho positivo mexicano prevé que aunque no existan precisas disposiciones legales, las controversias han de resolverse, como lo establece el artículo 18 del Código Civil Federal y el artículo 19 del mismo ordenamiento, que permite aplicar leyes supletorias con este fin o hacer uso de los principios generales del derecho.

Por lo tanto, con el fin de subsanar la falta de estipulación del término de emplazamiento se deberá recurrir al Artículo 32 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que fija para efectos de notificación diez días sin hacer distinción entre hábiles o naturales.

Es por ello, que con el objeto de evitar abusos en contra de los particulares y con la intención de establecer situaciones equitativas de aplicación tanto para el gobierno como para el resto de la población, es menester fijar plazos y términos temporales para ambas partes y no solo para los particulares.

Crear leyes justas es elemental en un Estado de derecho, que no busca la aplicación ni elaboraciones de leyes unilaterales, al ser México un país democrático y no una dictadura o monarquía, deben existir leyes transparentes, objetivas y claras, donde las normas tengan un carácter bilateral con derechos y obligaciones tanto para las autoridades como para la sociedad.

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS

TEXTO VIGENTE
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PROPUESTA DE REFORMA

ARTÍCULO 167. Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, requerirá al interesado, cuando proceda, mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación que, en su caso, resulten necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, así como con los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones  respectivas, señalando el plazo que corresponda para su cumplimiento, fundando y motivando el requerimiento. Asimismo, deberá señalarse al  interesado que cuenta con un término de quince días para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes en relación con la actuación de la Secretaría.

ARTÍCULO 167. Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, requerirá al interesado, cuando proceda, mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo en un plazo no mayor a diez días naturales, para que adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación que, en su caso, resulten necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, así como con los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones respectivas, señalando el plazo que corresponda para su cumplimiento, fundando y motivando el requerimiento. Asimismo, deberá señalarse al     interesado que cuenta con un término de quince días para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes en relación con la actuación de la Secretaría.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el   siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se REFORMA el artículo 167 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

ARTÍCULO 167. Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, requerirá al interesado, cuando proceda, mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo en un plazo no mayor a 10 días naturales, para que adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación que, en su caso, resulten necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, así como con los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones respectivas, señalando el plazo que corresponda para su cumplimiento, fundando y motivando el requerimiento. Asimismo, deberá señalarse al interesado que cuenta con un término de quince días para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes en relación con la actuación de la Secretaría.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de abril de 2016.

Suscribe

Sen. María de los Ángeles Verónica González Rodríguez.





 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Hilda Esthela Flores Escalera, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María Cristina Díaz Salazar y Diva Hadamira Gastélum Bajo, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción I al artículo 9 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, que se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA

(Presentada por las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Hilda Esthela Flores Escalera, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María Cristina Díaz Salazar y Diva Hadamira Gastélum Bajo)

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO Senadoras de la República integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES EN EL ORDEN DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA con sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El autismo es un trastorno que afecta el normal desarrollo cerebral responsable de habilidades sociales o de comunicación, lamentablemente no se ha podido detectar las causas específicas que dan origen al trastorno, pero se ha podido distinguir que este trastorno surge por lo regular en los primeros años de vida.

El trastorno del espectro autista afecta en nuestro país a 1 de cada 300 niños, un padecimiento que sufren cuatro veces más personas de sexo masculino y se estima que cada año pueden surgir hasta 6,000 nuevos casos de autismo en México.

En torno al grave problema de salud pública y a la necesidad real de atender eficazmente a todos los que padecen el trastorno, el 30 de abril de 2015 fue publicada la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, un ordenamiento jurídico indispensable para establecer los criterios de atención y protección, así como la fortaleza y ejercicio pleno de los derechos de aquellos que lo padecen.

Durante el proceso de dictaminación en la Cámara de Senadores se amplió el turno a la Comisión de Salud para analizar y determinar las instancias que deben prestar la atención oportuna y rehabilitación a quienes presenten el trastorno.

Asimismo, las facultades y responsabilidades de la Secretaría de Salud sobre la protección y atención de los pacientes implican entre otras: Realizar estudios e investigaciones clínicas y científicas, epidemiológicas, experimentales de desarrollo tecnológico y básico en las áreas biomédicas y socio-médicas para el diagnóstico y tratamiento; Vincular las actividades de los Institutos Nacionales de Salud con los centros de investigación de las universidades públicas y privadas del país; Realizar campañas de información; Atender a la población con la condición del espectro autista a través de consultas externas, estudios clínicos y de gabinete, diagnósticos tempranos, terapias de habilitación, orientación nutricional, y otros servicios; Promover políticas y programas para la protección de la salud integral de las personas con la condición del espectro autista; Expedir de manera directa o a través de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud, los certificados de habilitación y los diagnósticos, y Coadyuvar a la actualización del Sistema de Información.

Además, se establece una Comisión Intersecretarial que funge como la instancia permanente del Ejecutivo Federal para que se garantice la ejecución de los programas respecto a la atención y protección de las personas con autismo, destaca que dicha Comisión Intersecretarial se encuentra presidida por la Secretaría de Salud.

Por lo tanto la Secretaría de Salud y la protección de la salud instrumentada en la Ley General de Salud tienen un papel fundamental en la promoción, estudio, investigación, detección, atención, orientación y rehabilitación de las personas que presentan el trastorno del espectro autista.

Las leyes como instrumentos perfectibles de la voluntad popular no pueden prever exhaustivamente cualquier hipótesis que pueda realizarse, por lo que se encuentran expuestas a lagunas legales que no regulen los supuestos, para resolverlo las normas atienden a la figura de la supletoriedad de las normas.

En atención a esto, la Ley General en comento prevé la siguiente supletoriedad en el artículo 9°:

Artículo 9. En todo lo no previsto en el presente ordenamiento se aplicarán, de manera supletoria, entre otras:

I. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

II. La Ley Federal de las Entidades Paraestatales;

III. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

IV. La Ley de Planeación;

V. La Ley de los Institutos Nacionales de Salud;

VI. El Código Civil Federal y/o el del fuero común de la entidad de que se trate, y

VII. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

De la lectura del artículo anterior se desprende la omisión de la Ley General de Salud como ordenamiento al cual se deba acudir en caso de que se presente alguna hipótesis no prevista por la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.

Al ser la Ley General de Salud la norma expedida por el Congreso de la Unión para establecer las bases y modalidades para acceder a los servicios de salud y la concurrencia de facultades entre la Federación y entidades federativas, es imperativo que lo no previsto por la norma a la que atañe la atención y rehabilitación del trastorno del espectro autista sea resuelto por lo establecido en la Ley General de Salud, a efecto de dar certeza jurídica al tratamiento de un problema tan grave como el autismo.

Cabe señalar que en Leyes homólogas donde se establece la atención y rehabilitación de personas por parte de las instituciones del sector salud, así como temas de salubridad general, aplicará de manera supletoria la Ley General de Salud, a manera de ejemplo:


Ley General para el Control del Tabaco

Artículo 1. La presente Ley es de utilidad pública y sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente la Ley General de Salud.

En orden a contar con un correcto sistema de detección, atención y tratamiento del trastorno del espectro autista, es necesario evitar cualquier tipo de laguna legal o falta de disposición expresa que no pueda ser resuelta por las normas de la materia, por tanto se considera ineludible la necesidad de establecer la Ley General de Salud como ordenamiento supletorio de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.

Por los argumentos expuestos, las Senadoras que suscriben se permiten someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES EN EL ORDEN DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción I, recorriéndose las subsecuentes en el orden del artículo 9 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, para quedar como sigue:

Artículo 9.

I. La Ley General de Salud

II. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

III. La Ley Federal de las Entidades Paraestatales;

IV. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

V. La Ley de Planeación;

VI. La Ley de los Institutos Nacionales de Salud;

VII. El Código Civil Federal y/o el del fuero común de la entidad de que se trate, y

VIII. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 28 de abril de 2016.

Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.





 

De la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, que se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL

(Presentada por la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del grupo parlamentario del PRI)







 

De la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, que se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS

(Presentada por la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde hace años, en todo el territorio de nuestro país, se ha venido realizando una práctica deshonesta, ilegal y hasta ilícita, por parte de compañías de seguros, al cobrar a personas la prestación de alguno de los servicios que ofrecen, principalmente seguros de vida, sin que dichas personas lo hayan contratado.

Este vergonzoso proceder se ha realizado de manera impune, en perjuicio de la economía de nuestra población, sin que hasta ahora se hayan tomado, como popularmente se dice: “cartas en el asunto”.

Este tema tiene muchos aspectos:

Por una parte, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que ciertamente debe conocer esta problemática, no ha dictado las disposiciones de carácter general que debería, como es su obligación en términos de los dispuesto por el artículo 215 de la Ley que pretendo reformar y que ya referí, para proteger los intereses económicos de las personas que se ven sorprendidas con el cobro de servicios que nunca contrataron; o bien, si ya las dictó, es como si no lo hubiera hecho, porque las quejas siguen multiplicándose a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

Por otra parte, está el abuso, ilegal y también ilícito proceder de empresas telefónicas e instituciones bancarias, en contra de sus clientes que confiaron en ellos para otro tipo de servicios, pues a través de sus recibos ordinarios de cobro, han permitido que algunas Instituciones de Seguros, realicen sus fechorías. Hay nombres, pero sólo por ejemplificar, diremos: INBURSA y Telmex.

El procedimiento que emplean estas instituciones de seguros es muy sencillo: realizan una llamada telefónica a su domicilio, usando información hasta de números privados que no están en el directorio telefónico y que quien sabe como los obtuvieron, ofreciendo un seguro de vida, por ejemplo, sin que haya una identificación legal de quien contesta la llamada ni de quien está llamando, le ofrecen el seguro respectivo y no obstante que se les haya dado una respuesta negativa, de que el titular de la línea no contestó, de que un menor de edad haya contestado, de que quien contestó fue la persona que ayuda en las labores del hogar como trabajadora, de que contestó el hijo, la hija, el padre, la madre, el tío, el abuelo, el amigo, de la persona a quien querían contactar y contratar; al siguiente mes, en el recibo de su teléfono, en su estado de cuenta bancario, aparece un cargo por la supuesta contratación de un seguro de vida, que el interesado, o usted o yo, nunca contrató.

Pero ahí no para la situación, porque cuando usted va a reclamar a la oficina que expidió el recibo en donde aparece el cargo de cobro indebido, le dicen como respuesta que esto es ajeno a ellos porque se trata de una empresa distinta (lo que a todas luces es ridículo e irrisorio); pero que si no paga, le advierten que tendrán que suspender el servicio de telefonía o le sumarán intereses en su próximo estado de cuenta bancario, según sea el caso. Habrase visto tal abuso, cinismo y desfachatez.

Lo peor del caso y hay que hacerlo notar, es que muchas personas se dan cuenta que han estado pagando durante meses, cuando no hasta más de un año, un seguro que nunca contrataron, porque no revisan sus recibos de llamadas, porque el recibo detallado nunca les llega a su domicilio, o si les llega, es muchos días después de la fecha de vencimiento del servicio.

Pero ¡aún hay más!, como decía hace años un popular conductor de televisión: después de semejante respuesta, de no poder recuperar su dinero, las personas se dirigen a las oficinas de las instituciones de seguros para reclamar ese cobro indebido, de exigir que les digan ¿quién autorizó semejante contrato?, ¿ dónde están los documentos escritos en donde se detallen la personalidad jurídica de los contratantes, así como las obligaciones y hasta los beneficiarios en caso de que el interesado se muera?; y la respuesta es el silencio  y en el mejor de los casos, le dicen: que en “x” fecha le llamaron, asegurándole que el interesado les contestó (de lo cual por supuesto, no tienen prueba alguna), que les contestó la esposa, el hijo, la hermana, el tío, la mamá, etcétera, sin dar nombres por supuesto y, lo más insultante, le llegan a  referir que quien autorizó fue, por ejemplo y sin que le den nombres: su mamá o su papá y resulta que estas personas ya fallecieron desde hace mucho tiempo; en conclusión:

¡contrataron con un muerto!

Lo indignante de esta situación no para ahí, pues además de decirle al interesado que otra persona, quien sea, fue quien contrató por él ese seguro y que por eso le están cobrando, le agregan el hecho de que no pueden cancelar el contrato inmediatamente porque el sistema de cómputo no se los permite, que tiene que solicitarlo por escrito y que además vendrán los cobros de dicho seguro por el próximo mes o tres más, porque ya están cargados automáticamente  en su sistema.

En resumen, ahora resulta que en este país, cualquier persona, (incluidos los fallecidos -imagínense), sin autorización del interesado, sin mi autorización o la autorización de cualquiera de ustedes, puede obligarlo o puede obligarnos mediante la celebración de un contrato, estemos o no de acuerdo, estemos o no enterados.

Esto es increíble e inaudito.

Es verdaderamente atroz el cinismo, la deshonestidad, la ilegalidad, la ilicitud, el abuso, la impunidad y las muchas injusticias, que como ésta, padece nuestra gente.

Por el contrario y a lo anterior, hay que sumarle el hecho, mes con mes, de las nada despreciables cantidades de dinero que van a dar a los bolsillos (sería más propio decir: a las cuentas bancarias) de los dueños de algunas de las Instituciones de seguros que funcionan en México, mediante esta práctica ilegal, que después de algunos años ya deben haberles producido millones de pesos.

He escuchado, siempre con enojo, esa expresión que todos conocemos y que de manera lamentable nos ha afectado y nos sigue afectando: EN ESTE PAÍS ¡TODO SE PUEDE!

Y una de las más grandes muestras de ello, es lo que aquí he comentado.

Es el colmo, que junto con los graves problemas que enfrenta el país de desempleo, violencia, delincuencia organizada, pobreza extrema, inseguridad, bajo nivel educativo, corrupción, etcétera, etcétera y etcétera, todavía la población tenga que vivir padeciendo situaciones como ésa que les he referido y que es, una entre muchas otras.

Esta sociedad requiere verdaderamente de cambiar, su manera de pensar, si queremos vivir mejor.

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS

TEXTO VIGENTE
LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS

PROPUESTA DE ADICIÓN

ARTÍCULO 214.- La celebración de las operaciones y la prestación de servicios de las Instituciones, se podrán pactar mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, estableciendo en los contratos respectivos las bases para determinar lo siguiente:

I. a III. (…)

 

ARTÍCULO 214.- La celebración de las operaciones y la prestación de servicios de las Instituciones, se podrán pactar mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, estableciendo en los contratos respectivos las bases para determinar lo siguiente:

I. a IV. (…)

V. El cobro de algún tipo de servicios a los usuarios estableciendo como requisito indispensable el haber comprobado la identidad y consentimiento por escrito de los mismos y dando a conocer  el contrato respectivo con la institución que se contrata; todo cobro  que se lleve a cabo sin observar esta disposición se considerará una infracción y se sancionará en términos de esta ley, independientemente de la responsabilidad civil y penal que corresponda.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se ADICIONA una fracción V al artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, para quedar de la forma siguiente:

Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas

ARTÍCULO 214.- La celebración de las operaciones y la prestación de servicios de las Instituciones, se podrán pactar mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, estableciendo en los contratos respectivos las bases para determinar lo siguiente:
I. a IV. (…)

V. El cobro de algún tipo de servicios a los usuarios estableciendo como requisito indispensable el haber comprobado la identidad y consentimiento por escrito de los mismos y dando a conocer el contrato respectivo con la institución que se contrata; todo cobro que se lleve a cabo sin observar esta disposición se considerará una infracción y se sancionará en términos de esta ley, independientemente de la responsabilidad civil y penal que corresponda.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de abril de 2016.

Suscribe

Sen. María de los Ángeles Verónica González Rodríguez.





 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 66 Bis y 66 Ter a la Ley General de Salud, que se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 66 BIS Y 66 TER A LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas)

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES ESCALERA, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL RÍOS DE LA MORA, y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la República integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 66 BIS Y 66 TER A LA LEY GENERAL DE SALUD, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La protección de la salud es un derecho constitucional reconocido en el artículo 4° de nuestra Carta Magna, que al ser interpretado de manera conforme, para obtener la protección más amplia de la persona, nos obliga a aproximarnos al artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que señala:

“Artículo 12

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.”

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en reiteradas ocasiones respecto al derecho a la salud expresando que “El derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar enfermedades, va más allá, para comprender aspectos externos e internos de la persona, como el buen estado mental y emocional del individuo, es decir, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica.”1

Considerando lo anterior el derecho contenido en el bloque de convencionalidad que protege a los mexicanos para el disfrute del más alto nivel posible de salud tanto física como mental, impone al Estado Mexicano la obligación de adoptar medidas para reducir la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños, lo cual en términos interpretativos del artículo 2 del mismo Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales compromete a los Estados Partes a adoptar medidas hasta el máximo de recursos disponibles e incluso la adopción de medidas legislativas que propicien la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.

“Artículo 2

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.”

Para lograr el nivel más alto de salud posible y en atención a la necesidad de un sano desarrollo de los niños, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas recomiendan la lactancia materna como el elemento básico para el desarrollo óptimo de cualquier recién nacido, siendo este el principio fundamental para el disfrute máximo de la protección de la salud en los primeros días y meses de vida.

La leche materna es el mejor alimento para cualquier recién nacido, el calostro producido por la madre los primeros 5 días posteriores al alumbramiento es el alimento ideal ya que contiene el balance natural de nutrientes y anticuerpos que necesita, además atendiendo al crecimiento del bebé, la leche materna se adapta para brindar el alimento óptimo según la edad o cantidad que necesite.

La principal fuente de energía de un recién nacido es la leche materna que se compone de agua, proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas A y B, calcio, fósforo, hierro y zinc, por lo que tiene el balance perfecto para el organismo del bebe, brindándole anticuerpos que lo protegen contra enfermedades, promueve el crecimiento de la flora intestinal, reduce el riesgo de anemia y facilita la digestión, además fortalece el sistema nervioso, los huesos, dientes y músculos.

Los beneficios de amamantar no se limitan a la salud de los bebés, además de no tener costo alguno, la lactancia materna es un tema de beneficios recíprocos para madre e hijo, gracias a la lactancia el vínculo afectivo entre ambos se fortalece ya que además de permitir un ambiente seguro y de confianza, evita la congestión de los pechos, ayuda a recuperar el peso que se tenía antes del embarazo, produce hormonas en el cuerpo de la madre como la oxitocina que naturalmente le ayuda a reducir la posibilidad de padecer depresión postparto, y previene la formación de cáncer de mama y ovario.

Durante los primeros 6 meses de vida, la OMS recomienda la lactancia exclusivamente materna y a partir de estos 6 meses sólo de manera complementaria con alimentos sólidos hasta los 2 años.

Además de los múltiples beneficios que brinda la lactancia, no es un tema que se agote en materia de salud, además ser primordial en el óptimo desarrollo del recién nacido, también requiere ser un tema enfocado en el sector laboral y económico.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 solo el 14.4% de las madres alimenta con leche materna, cifra alarmante en comparación con los datos obtenidos en anteriormente, ya que en 1999 el porcentaje ascendía a 20% y en 2006 a 22.3%, lo cual marca una clara tendencia de disminución de la lactancia materna exclusiva. La disminución en este porcentaje, según explica la misma encuesta, se debe al incremento de niños que además de amamantados consumen agua y fórmulas lácteas.

“Análisis puntuales del ámbito nacional (datos solo presentados en este texto) señalan que este descenso puede ser explicado, por lo menos parcialmente, por un incremento de 4 pp en el porcentaje de niños amamantados que además de leche materna consumen agua (por lo que la lactancia deja de ser exclusiva), y 5.5 pp más de niños que consumen fórmula (con o sin leche materna).”2

La poca práctica de la lactancia materna despertó la necesidad de implementar acciones que atiendan y reviertan esta tendencia por lo que el Gobierno Federal ha instrumentado la Estrategia Nacional para fomentar la Lactancia Materna que busca promover la creación de Bancos de Leche Humana, informar, fomentar y practicar la lactancia materna, así como favorecer a las mujeres trabajadoras que se encuentran en periodos de lactancia.

Al respecto existen diversos ordenamientos que protegen el derecho a la lactancia materna, la Ley General de Salud establece la puesta en marcha de acciones de fomento relacionadas con la lactancia materna:

“Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:

I…

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además de impulsar, la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado;

II Bis.- Acciones de promoción para la creación de bancos de leche humana en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales;”

De igual modo, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en atención al Plan Nacional de Desarrollo, establece como estrategias necesarias para incrementar la lactancia materna:

“1.5.10. Fomentar la lactancia materna a través de acciones que contribuyan a incrementar la duración y el apego.

4.1.6. Promover la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad.”

Como una sólida estrategia nacional para incentivar la lactancia materna la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios han prohibido la entrega gratuita fórmulas lácteas o sucedáneos de leche materna para infantes en las unidades de atención médica, asimismo queda restringida la promoción de dichas fórmulas en las unidades médicas dado que constituían la promoción de sucedáneos de la leche en hospitales.

Dicha prohibición se encuentra contenida en el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, que señala:

“ARTÍCULO 145. La Secretaría establecerá los programas para promover la lactancia materna.

ARTÍCULO 146. En las unidades de atención médica no se podrá promover el empleo de productos alimenticios que sustituyan a la leche materna, a menos que el estado de salud del niño o la madre lo requiera.

ARTÍCULO 147. Sólo podrán proporcionarse dotaciones de fórmulas para lactantes para utilizarse en investigación clínica cuando los protocolos respectivos estén debidamente sancionados por la comisión de investigación del establecimiento que preste servicios de atención médica y autorizados por la Secretaría en términos de las disposiciones aplicables.”

Asimismo, la prohibición que protege la lactancia materna ha sido recogida en la “Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio” que a la letra indica:

“5.7.6 En las unidades médicas, no se permite la distribución gratuita y la promoción de sucedáneos de la leche materna.”

En este orden de ideas, el objeto de la presente iniciativa es continuar la protección temprana de los infantes de manera natural y óptima, promoviendo e incentivando la práctica de la lactancia materna por medio de la prohibición de promoción y distribución gratuita de fórmulas lácteas en unidades de atención médica del Sistema Nacional de Salud, ya que conforma una actividad que desincentiva la práctica de la lactancia materna.

Esta medida de ningún modo pretender acabar con la producción y venta de fórmulas lácteas, sólo constituye una medida legislativa para incrementar la lactancia materna y evitar la promoción de fórmulas en clínicas y hospitales.

Para fortalecer la cultura de la lactancia materna requerimos que las medidas asumidas por la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios cuenten con el marco legal que les asegure fuerza normativa y permanencia en el orden jurídico nacional, constituyendo así, en términos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un medio legislativo apropiado para lograr progresivamente la plena efectividad del derecho al más alto nivel posible de salud física y mental.

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la presente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 66 BIS Y 66 TER A LA LEY GENERAL DE SALUD.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los artículos 66 Bis y 66 Ter a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 66 Bis.-En los establecimientos para la atención médica no se podrá promover el empleo de sucedáneos de la leche materna o humana.

Artículo 66 Ter.- La entrega gratuita de sucedáneos de la leche materna o humana sólo podrá realizarse en los supuestos siguientes:

I.- Cuando sea con fines de investigación para la salud, en cuyo caso únicamente podrán ser entregados al profesional de la salud designado para tal fin en el protocolo de investigación correspondiente. Dicho protocolo deberá estar dictaminado de manera favorable por los Comités de Investigación y de Ética en Investigación del establecimiento para la atención médica en el que se realizará la investigación y, autorizado, en su caso, por la Secretaría, en términos del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables;

II.- Cuando su consumo sea destinado, mediante prescripción médica, a satisfacer las necesidades nutrimentales de los lactantes con trastornos, enfermedades o condiciones médicas específicas durante los primeros meses de vida o hasta la introducción de la ablactación o alimentación complementaria;

III.- Cuando mediante prescripción médica el estado de salud de la madre impida la lactancia materna durante los primeros meses de vida o hasta la introducción de la ablactación o alimentación complementaria de los lactantes;

IV.- Cuando sean necesarias para la atención de situaciones de desastre o emergencia, así como para la prevención de los riesgos inminentes a que se refiere la Ley General de Protección Civil, y

V.- Cuando la Secretaría lo determine como una medida de salud pública.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 28 de abril de 2016.

Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.

1 A.R. 378/2014, Segunda Sala, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ponente: Ministro Alberto Pérez Dayán. Secretaria Georgina Laso de la Vega Romero.

2 Gutiérrez JP, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Villalpando-Hernández S, Franco A, Cuevas-Nasu L, Romero-Martínez M, Hernández-Ávila M. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados nacionales. 2a. ed. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública (MX), 2013.





 

De la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso e), fracción II, Apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, que se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO E), FRACCIÓN II, APARTADO B DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

(Presentada por la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN E) DEL INCISO II, APARTADO B, DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales otorga el reconocimiento jurídico internacional más amplio para la protección de derechos económicos, sociales y culturales; por medio de este instrumento nuestra legislación nacional ha podido hacer concreto el derecho a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social, y los relativos a la no discriminación.

Desde el Poder Legislativo se han emprendido distintos esfuerzos para fortalecer el marco jurídico y las políticas que garanticen estos derechos, sin embargo, debemos reconocer que ha hecho falta trabajar en lo relativo a la protección del medio ambiente y su conservación bajo la visión de atención a grupos en desventaja social.

En los próximos 40 años la reestructuración tecnológica tiene importantes retos donde por un lado debe ponerse fin a la pobreza y por otro evitar los efectos catastróficos del cambio climático y la degradación del medio ambiente.

En este sentido, el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social define las zonas de atención prioritaria como las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social.

Una vez que estas son declaradas por el Ejecutivo Federal, se tienen una serie de efectos que involucran el aumento de recursos, estímulos fiscales, programas de apoyo y desarrollo de infraestructura, entre otros, que suelen estar bajo control de una serie de mecanismos fiscales establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

Esta propuesta tiene como objetivo que durante el ejercicio de recursos del ramo 33, también conocidos como Fondos para la Superación de la Pobreza, se equipe a la infraestructura en construcción con las llamadas tecnologías verdes, ya que con las ventajas de este tipo de equipamiento puede elevarse sustancialmente la calidad de vida en estas zonas a costos muy reducidos, con el importante beneficios del impacto ambiental y favoreciendo la sustentabilidad de la región.

Esto se tiene un complemento congruente con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente, en donde se vincula el desarrollo social con el cuidado del medio ambiente y el papel rector del Estado para el funcionamiento de las mismas.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, hay millones de personas que por sus condiciones de pobreza carecen de servicios básicos en sus hogares, tales como, abastecimiento de gas, de agua o luz.

Por lo anterior, es factible echar mano al uso de tecnologías que permitan contrarrestar los efectos económicos, sociales y geográficos que impiden la plena accesibilidad a recursos, sobre todo energéticos, para las personas de escasos recursos.

Es importante señalar que la metodología para la definición de las zonas de atención prioritaria, permite definir con mayor claridad las ventajas que tendría cada una de estas, de acuerdo con sus condiciones geográficas, es decir, donde aprovechar la energía solar, la eólica, o bien el oleaje marítimo.

La grave situación de pobreza por la que atraviesa nuestro país, nos obliga a buscar alternativas dentro de los programas y acciones específicas para el desarrollo social, y, en este caso, de la mano con el medio ambiente.

Este tipo de acciones y su incorporación a la infraestructura de las comunidades con mayores rezagos puede beneficiar amillones de personas que requieren el uso de la ciencia aplicada para resolver sus necesidades energéticas en zonas que presentan carencia en este tipo de servicios.

La importante suma de recursos que el Gobierno Federal promovió dentro de la Estrategia de Transición a la Televisión Digital, no tiene comparación con la cantidad de recursos necesarios para la implementación de tecnologías sustentables que apoyen a alumbrar espacios comunitarios o de uso común; por lo tanto esta es una necesidad no solo necesaria sino de sentido común que puede ayudar a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de nuestras y nuestros ciudadanos, particularmente los de escasos recursos.

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS

TEXTO VIGENTE
Ley de Coordinación Fiscal

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 33.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.

A. (…)

I. a II. (…)

B. (…)

I. (…)

a) y b) (…)

II. (…)

a) hasta d) (…)

e) Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sostenible;

 

f) y g) (…)

III. (…)

Artículo 33.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.

A. (…)

I. a II. (…)

B. (…)

I. (…)

a) y b) (…)

II. (…)

a) hasta d) (…)

e) Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles con la preservación, respeto y protección del medio ambiente e impulsen el desarrollo sostenible, priorizando equipar la infraestructura con tecnologías verdes;

f) y g) (…)

III. (…)

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se REFORMA la fracción e) del inciso II, apartado B, del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 33.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria

A. (…)

I. a II. (…)

B. (…)

I. (…)

a) y b) (…)

II. (…)

a) hasta d) (…)

e) Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles con la preservación, respeto y protección del medio ambiente e impulsen el desarrollo sostenible, priorizando equipar la infraestructura con tecnologías verdes;

f) y g) (…)

III. (…)

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de abril de 2016.

Suscribe

Sen. María de los Ángeles Verónica González Rodríguez.





 

Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre, que se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3O. DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Presentada por el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM)

El suscrito, Senador JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3O. DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los mamíferos marinos han sido las especies más explotadas por el hombre; la captura de este tipo de especies ha provocado una disminución alarmante en sus poblaciones1.

En México se registran 529 especies de mamíferos, razón por la cual es considerado el tercer país en el mundo en número de especies de mamíferos2.

De estas 529 especies, 48 corresponden a mamíferos marinos, representados en tres órdenes, Cetácea, con 40 especies, Carnívora, con 7 especies y Sirenia, con 1 especie3.

Orden

Familia

Nombre Científico

Nombre Común

NOM-059

CITES

SIRENIA

Trichechidae

Trichechusmanatus

Manatí

P

I

CARNIVORA

Mustelidae

Enhydralutris

Nutria Marina

P

I

Otariidae

Arctocephalusgalapageoensis

Lobo fino de Galapagos

I

Arctocephalustownsendi

Lobo fino de Guadalupe

P

I

Zalophuscalifornianus

Lobo marino de California

Pr

 

 

Phocidae

Miroungaangustirostris

Elefante marino

A

 

Monachustropicalis

Foca monje del caribe

E

 

Phocavitulina

Foca común

Pr

 

CETACEA

Balaenidae

Eubalaenajaponica

Ballena franca

P

II

Balaenopteridae

Balaenopteraacutorostrata

Ballena de Minke

Pr

I

Balaenopteraborealis

Ballena sei

Pr

I

Balaenopteraedeni

Ballena de Brydei

Pr

I

Balaenopteramusculus

Ballena azul

Pr

I

Balaenopteraphysalus

Ballena de aleta

Pr

I

Megapteranovaeangliae

Ballena Jorobada

Pr

I

Eschrichtidae

Eschrichtiusrobustus

Ballena gris

Pr

I

Delphinidae

Delphinuscapensis

Delfín común de rostro largo

Pr

II

 

 

Delphinusdelphis

Delfín común de rostro corto

Pr

II

Feresaattenuata

Orca pigmea

Pr

II

Globicephalamacrorhynchus

calderón, ballena piloto

Pr

II

Grampusgriseus

delfín gris

Pr

II

Lagenodelphishosei

Delfin de Fraser

Pr

II

Lagenorhynchusobliquidens

Delfin de costados blanco el Pacífico

Pr

II

Lissodelphisborealis

Delfín liso del norte

Pr

II

Orcinus orca

Orca común

Pr

II

Peponocephalaelectra

Calderon pigmeo

Pr

II

Pseudorcacrassidens

Falsa orca

Pr

II

Stenellaattenuata

Delfín manchado pantropical

Pr

II

Stenellaclymene

Delfín de clymen

Pr

II

Stenellacoeruleoalba

Delfín listado

Pr

II

Stenellafrontalis

Delfín manchado del atlántico

Pr

II

Stenellalongirostris

Delfín tornillo

Pr

II

Stenobredanensis

Delfín de dientes rugosos

Pr

II

Tursiopstruncatus

Delfín nariz de botella

Pr

II

 

Phocoenidae

Phocoenasinus

Vaquita marina

P

I

Phocoenoidesdalli

Marsopa de Dall

Pr

II

Physeteridae

Kogiabreviceps

Cachalote pigmeo

Pr

II

Kogia sima

Cachalote enano

Pr

II

Physetermacrocephalus

Cachalote

Pr

I

Familia

Ziphiidae

Berardiusbairdii

Ballena picuda de Baird

Pr

I

Hyperoodonplanifrons

Ballena nariz de botella

 

I

Mesoplodoncarlhubbsi

Ballena Picuda de Hubb

 

II

Mesoplodondensirostris

Ballena picuda de blainville

Pr

II

Mesoplodoneuropaeus

Ballena picuda de las antillas

Pr

II

Mesoplodonginkgodens

Ballena picuda Japonesa

Pr

II

Mesoplodonperuvianus

Ballena Picuda del Perú

Pr

II

Mesoplodonsp

Mesoplodonte

 

II

Ziphiuscavirostris

Ballena picuda de cuvier

Pr

II

Fuente: Elaboración propia con información extraída de Lista actualizada de los Mamíferos de México, UNAM; NOM-059-SEMARNAT-2010 e información de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)

Este grupo de fauna, al igual que todos los mamíferos, enfrenta severos problemas que afectan su supervivencia a largo plazo, la principal causa de la merma de poblaciones años atrás, fue la explotación directa de los ejemplares, pero en la actualidad también la contaminación y la pesca no responsable, son las causas actuales del detrimento de sus poblaciones

De las 48 especies de este grupo el 92 por ciento se encuentra en algún estatus de riesgo de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059SEMARNAT-2010, como se muestra en la tabla anterior, una especie de mamífero marino se considera extinta, 5 están en peligro de extinción, una se considera amenazada y 37 especie se encuentran bajo el régimen de protección especial.

De acuerdo con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, 15 especies que están en peligro de extinción; por ello, el comercio internacional de especímenes de esas especies se encuentra prohibido, salvo cuando la importación se realice con fines no comerciales. Otras 29 especies podrían llegar a estar amenazadas de estar en peligro de extinción a menos que se controle estrictamente su comercio.

Ante esta problemática el Congreso de la Unión ha manifestado su compromiso por la protección y conservación de las especies de mamíferos marinos, a través de prohibiciones de aprovechamientos de sus diversas especies.

Actualmente la Ley General de Vida Silvestre prevé en el artículo 60 Bis que ningún ejemplar de mamífero marino, cualquiera que sea la especie podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, con excepción de la captura que tenga por objeto la investigación científica y la educación superior de instituciones acreditadas.

La incorporación de este artículo obedece a una iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal en 2002, cuya preocupación se centraba en la explotación de ballenas, delfines y lobos marinos, preocupación que la comunidad internacional también compartió en aquel momento al señalar que respecto a estas especies consideradas como “especies en riesgo”, la legislación mexicana permitía que los particulares solicitaran un permiso para la extracción de estas especies, con base en argumentos de abundancia o de estudios de población; por ello, se consideró necesario incorporar en la propia ley, la prohibición de aprovechamiento extractivo de subsistencia o comercial.

Posteriormente, existió otra reforma a este ordenamiento, a efecto de prohibir la importación, exportación y reexportación de mamíferos marinos.

La última modificación al artículo 60 Bis surgió en 2015, con la finalidad de prohibir la utilización de mamíferos marinos en espectáculos itinerantes.

A pesar del inminente beneficio que se derivó de estas reformas en materia de protección de especies marinas, es de destacar que la Ley aún carece de una definición del término mamíferos marinos; ello es importante si consideramos que para esclarecer quiénes se encuentran dentro de esta categoría, hay que acudir a la NOM-135-SEMARNAT-2004, para la regulación, investigación, transporte, exhibición, manejo y manutención de mamíferos marinos en cautiverio, de la siguiente manera: Todos aquellos mamíferos que dependen fundamentalmente del agua para y sustento, hábitat, alimentación, reproducción y permanencia. Incluye a las genéricamente llamadas ballenas, delfines, lobos marinos, focas, elefantes marinos, nutrias, osos polares y manatíes.

De esta manera, la presente iniciativa tiene por objeto definir en la Ley General de Vida Silvestre el término de mamífero marino de manera similar a como se establece en la NOM-135-SEMARNAT-2004, con el objeto de no dejar ningún vacío legal para la correcta aplicación de la Ley en la protección de estas especies.

Cabe destacar que la definición de la NOM-135-SEMARNAT-2004 prevé varios ejemplos de mamíferos marinos; sin embargo, de incorporarse estos ejemplos dentro de la definición de la Ley, se podría generar confusión y limitar la definición; por ello, se omite en el Decreto de esta iniciativa los ejemplos citados en la Norma Oficial.

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3O. DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXVII recorriéndose las subsecuentes en su orden, del artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XXVI. …

XXVII. Mamífero marino: Todos aquellos mamíferos que dependen fundamentalmente del agua para su sustento, hábitat, alimentación, reproducción y permanencia.

XXVIII. Manejo: ..

XXIX. Manejo en vida libre: …

XXX. Manejo intensivo: …

XXXI. Manejo de hábitat: …

XXXII. Manejo integral: …

XXXIII. Marca: …

XXXIV. Muestreo: …

XXXV. Parte: …

XXXVI. Plan de manejo: …

XXXVII. Población: …

XXXVIII. Predio: …

XXXIX. Recuperación: …

XL. Recursos forestales maderables: …

XLI. Reintroducción: …

XLII. Repoblación: …

XLIII. Reproducción controlada:

XLIV. Secretaría: …

XLV. Servicios ambientales: …

XLVI. Tasa de aprovechamiento: …

XLVII. Traslocación: …

XLVIII. Trato Digno y Respetuoso: …

XLIX. Unidades de manejo para la conservación de vida silvestre: …

L. Vida Silvestre: …

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 28 de abril de 2016.

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez.

1 Torres G. Alejandro, Esquivel M. Carlos y Ceballos Gerardo; Diversidad y Conservación de los mamíferos marinos de México; UNAM, México D.F. http://www.ecologia.unam.mx/laboratorios/eycfs/last1/Publicaciones/Gerardoceballos/gc1_files/AA38.pdf

2 Ceballos Gerardo, et al; Lista actualizada de los Mamíferos de México; UNAM; INAH México D.F., Revista Mexicana de Mastozoología 9:21-71. 2005; http://revistamexicanademastozoologia.com.mx/ojs/index.php/rmm/article/viewFile/153/159

3 Torres G. Alejandro, Esquivel M. Carlos y Ceballos Gerardo; Diversidad y Conservación de los mamíferos marinos de México; UNAM, México D.F.; Revista Mexicana, 1: 22-43, 1995
http://www.ecologia.unam.mx/laboratorios/eycfs/last1/Publicaciones/Gerardoceballos/gc1_files/AA38.pdf





 

De la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el “Día Nacional contra el Consumo Problemático de Bebidas Alcohólicas”, que se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL “DÍA NACIONAL CONTRA EL CONSUMO PROBLEMÁTICO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”

(Presentada por la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DIA NACIONAL CONTRA EL CONSUMO PROBLEMÁTICO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre la grave situación que se padece en el mundo a causa del consumo de alcohol, estimando que alrededor de 3.3 millones de personas murieron en 2012 por ingesta nociva.

En promedio, una persona mayor de 15 años bebe anualmente 6.2 litros de alcohol puro; esta es una situación preocupante si consideramos que el consumo de alcohol conduce a la dependencia y aumenta el riesgo de padecer cirrosis hepática, cáncer, tuberculosis y neumonía.

La OMS también señaló que, a pesar de que existe evidencia de que las mujeres pueden ser más vulnerables a los efectos nocivos del alcohol, mueren más hombres que mujeres a causa de este problema.

A nivel regional, América Latina tiene el segundo lugar en cuanto al consumo per cápita más alto, después de Europa; y tiene patrones de consumo asociados a efectos nocivos para la salud y con un menor índice de abstención de por vida. En esta región se consumen 8.4 litros de alcohol puro per cápita cada año y el 22 por ciento de los bebedores en tienen consumos episódicos fuertes, siendo la cerveza la bebida más popular.

La Organización Panamericana de la Salud ha señalado a El Salvador, Guatemala y Nicaragua, seguidos por Brasil, México y Cuba como los países con las tasa de mortalidad más altas por causas atribuibles al alcohol. En este sentido, y atendiendo datos de la OMS, nuestro país ocupa el primer lugar en cuanto a consumo per cápita de alcohol en el continente americano con un promedio anual de 32 litros entre hombres y 18 en las mujeres.

Se calcula una pérdida de más de 310 mil años de vida saludable de la población por alcoholismo y se considera a las bebidas embriagantes como factor de riesgo en el 78 por ciento de los casos de muerte y discapacidad; y en el 51 por ciento de todas las lesiones por violencia.

En nuestro país, la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 mostró que la dependencia al alcohol se duplicó entre 2002 y 2011, al pasar de 3.5 a 6.2 por ciento en los hombres, y en las mujeres se triplicó pues subió de 0.6 a 2 por ciento.

Como puede verse, el alza en el consumo de alcohol está afectando de manera muy particular a las mujeres de nuestro país, pues su presencia en trastornos asociados a esta ingesta aumentó en más del 50 por ciento. Además como segmento poblacional, los  hombres mayores de 15 años consumieron en promedio 18 litros de alcohol, mientras que las mujeres consumieron en promedio 5.7 litros. Esto es preocupante si consideramos que en nuestro país mantiene una política de restricción para la venta y consumo de alcohol en menores de 18 años de edad.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, una de cada 3 personas de entre 12 a 65 años en nuestro país tiene un consumo masivo de alcohol, el costo de atención de estos males representa una inversión de 61 millones de pesos anuales.

El INEGI señaló que los accidentes de tráfico de vehículos de motor y la enfermedad alcohólica del hígado son dos de las cuatro principales causas de muerte entre la población de 35 a 44 años. En 2012 se registraron 4 mil 898 defunciones por esta causa. Cifras sobre mortalidad indican que el total de decesos anuales que se contabilizan por enfermedades del hígado son imputables directamente al consumo del alcohol, sumando en promedio 12 mil 540 caso; es decir, 34 casos diarios, o bien, una muerte cada 40 minutos por el consumo excesivo de alcohol.

Nuestro país apenas cuenta con programas que inhiben el consumo de alcohol en algunos Estados, sin embargo, esto debe generalizarse a lo largo de nuestro territorio, de ahí nace la preocupación central de esta propuesta.

Con la presente Iniciativa, buscamos concientizar en un día específico a nuestra ciudadanía, justo un día antes de celebrar el día mundial sin alcohol, con la intención de concientizar y llamar a la reflexión sobre los problemas que trae una situación en donde llega a ser problemático el consumo del alcohol, llegando a niveles que lastiman directamente la integridad familiar, vulnerando el tejido social y la integridad de las personas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1º. El Honorable Congreso de la Unión declara el 14 de noviembre como “Día Nacional contra el Consumo Problemático de Bebidas Alcohólicas”.

Artículo 2º. En dicho día, las instituciones públicas, prestadoras de servicios de salud, instituciones educativas y privadas, organizaciones de la sociedad civil y empresas afines a la temática, llevarán a cabo acciones tendientes a promover la reflexión y la concientización de la ciudadanía sobre el problema que representa el consumo problemático de bebidas alcohólicas,

Artículo 3º. Para efectos de lo establecido en la presente ley, las autoridades buscaran la colaboración de medios de comunicación para la difusión masiva de actividades, así como para la inclusión de contenidos y propuestas sobre el tema.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de abril de 2016.

Suscribe

Sen. María de los Ángeles Verónica González Rodríguez.





 

De la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas fracciones al artículo 7o. de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, que se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES AL ARTÍCULO 7O. DE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL

(Presentada por los Senadores María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS INCISOS VI, VII, VIII Y IX AL ARTÍCULO 7O. DE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las artesanías que se producen en nuestro país muestran la diversidad cultural que existe en nuestro territorio y la basta cantidad de materiales y técnicas que son usadas para su elaboración, el trabajo artesanal es fruto de tradiciones históricas que a su vez, forman parte de la identidad de cada región,  formando un enorme patrimonio característico de México, sin embargo, en la actualidad, los y las artesanas enfrentan una serie de obstáculos que les impide desarrollar sus actividades plenamente y los obliga en muchas ocasiones a dedicarse a otros sectores de la economía o a vivir precariamente, con ingresos que no son suficientes para satisfacer sus gastos más elementales.

El trabajo artesanal debe ser una actividad que permita el desarrollo integral de quienes realicen estas labores, que les permita vivir con dignidad tanto a ellos como a sus familias, sin embargo, el Estado mexicano no ha generado las políticas públicas necesarias para apoyar y fortalecer a los artesanos a pesar de contar con el FONART y poner en marcha diversos programas, la situación de la gran mayoría de estas personas no ha mejorado y siguen enfrentando grandes obstáculos en este sentido.

Actualmente, la producción artesanal no ha podido explotar su potencial en cuanto a exportaciones, en gran medida, por la falta de un marco jurídico que proteja al sector contra la piratería o que promueva su fabricación con fines comerciales a otros países, a pesar de que los costos de su transportación son significativamente menores comparados con el resto de productos que nuestro país envía al exterior, como por ejemplo, gran parte de alimentos perecederos que requieren condiciones específicas para su traslado y empaques costosos.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI 2011, alrededor de 1 millón 800 mil mexicanos son artesanos, y más de la mitad de este grupo gana menos  de un salario mínimo, además la misma encuesta arrojaba que la cantidad de apoyos entregados por el gobierno federal disminuyo debido a asignaciones presupuestales menores, por si fuera poco, también existe un gran número de estas personas que se encuentran subocupadas o que están en la necesidad de realizar otras actividades que les remuneren más.

Ante estos obstáculos, muchos artesanos dejan de fabricar sus piezas y se incorporan a otros mercados laborales o incluso, emigran a otras ciudades abandonando sus lugares de origen y también, frenando la realización de sus artesanías, perdiendo así, las técnicas de fabricación que han pasado de generación en generación, dando por terminado, el legado generacional y cultural que representa tanto para su región nativa, como para el país.

Por si fuera poco, no solo existen barreras económicas, el sector se enfrenta además a una reducción considerable de materias primas por cuestión del cambio climático y del aprovechamiento de recursos para otros sectores económicos, productos realizados en serie con técnicas de fabricación modernas sin calidad elaborados por otros países asiáticos que abaratan los costos pero no representan verdaderas artesanías, entre otros factores que perjudican de forma directa o indirecta, donde también la falta de promoción y difusión en conjunto con la poca atención que se ha puesto por parte del gobierno a este mercado, han gestado las condiciones necesarias para que esta actividad no pueda crecer ni desarrollarse.

En este sentido, el Estado mexicano no ha sido capaz de generar verdaderas políticas públicas que atiendan esta creciente problemática y por el contrario, a pesar de los esfuerzos no se han podido concretar avances objetivos ni articular leyes que permitan revertir la situación en beneficio de los millones de mexicanos que dependen de sus artesanías.

Es necesario construir una vasta legislación en el tema, con un enfoque humanista donde los artesanos sean el eje del debate y se pueda garantizar que ellos puedan realizar sus actividades libremente, gozar de condiciones que les permita vivir con dignidad y obtener ingresos suficientes, donde además, de manera paralela se promueva la conservación del patrimonio nacional, las tradiciones y la cultura de nuestro país.

Reconocer el valor de las artesanías y el de los artesanos es indispensable para salvaguardar nuestra identidad, de la misma manera, es necesario considerar el potencial que tiene el apoyar estas actividades tanto en un sentido económico en materia internacional al facilitar su exportación, como el involucramiento de las comunidades en proyectos productivos que sirvan como eje en el desarrollo de las regiones que produzcan dichos artículos.

 Para ello, será de suma importancia que el Estado incluya en su agenda la atención a este sector de la población y genere soluciones a sus problemáticas a corto, mediano y largo plazo, creando un marco de protección, estrategias específicas, programas más amplios, se garantice la inclusión de todos los artesanos y su accesibilidad a apoyos, pero también se desarrollen campañas de difusión a nivel local, estatal, nacional e internacional con el fin de promover activamente a las artesanías y sus fabricantes junto con sus regiones de origen.

Fortalecer al sector y empoderar a las personas involucradas constituye uno de los compromisos que nuestro país debe atender para garantizar que los artesanos puedan vivir plenamente y desarrollar sus actividades con estímulos que les permitan crecer y mejorar su calidad de vida sin dejar de producir estos artículos invaluables para la cultura de México.


CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS

TEXTO VIGENTE
Ley Federal de Fomento a la Microindustria y la Actividad Artesanal

PROPUESTA DE ADICIÓN

ARTICULO 7o.- La Secretaría, con la participación, en su caso, de las demás dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, así como de los Gobiernos de los Estados y Municipios, procurará la aplicación y vigilará el cumplimiento de esta Ley y, en particular, realizará lo siguiente:

I. a V. (…)

 

 

 

ARTICULO 7o.- La Secretaría, con la participación, en su caso, de las demás dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, así como de los Gobiernos de los Estados y Municipios, procurará la aplicación y vigilará el cumplimiento de esta Ley y, en particular, realizará lo siguiente:

I. a V. (…)

VI. Desarrollar el Programa Nacional de Rescate de la Industria Artesanal.

VII. Establecer programas de apoyo a la conservación de oficios artesanales, que tengan como eje prioritario la autogestión, capacitación y cadenas de comercialización.

VIII. Promover la realización permanente de ferias, exposiciones y concursos.

IX. Desarrollar espacios educativos que eleven la enseñanza de dichas tradiciones y oficios dentro de los programas educativos locales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se ADICIONAN los incisos VI, VII, VIII y IX al artículo 7 de la Ley Federal de Fomento a la Microindustria y la Actividad Artesanal, para quedar como sigue:

ARTICULO 7o.- La Secretaría, con la participación, en su caso, de las demás dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, así como de los Gobiernos de los Estados y Municipios, procurará la aplicación y vigilará el cumplimiento de esta Ley y, en particular, realizará lo siguiente:

I. a V. (…)

VI. Desarrollar el Programa Nacional de Rescate de la Industria Artesanal.

VII. Establecer programas de apoyo a la conservación de oficios artesanales, que tengan como eje prioritario la autogestión, capacitación y cadenas de comercialización.

VIII. Promover la realización permanente de ferias, exposiciones y concursos.

IX. Desarrollar espacios educativos que eleven la enseñanza de dichas tradiciones y oficios dentro de los programas educativos locales.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de abril de 2016.

Suscribe

Sen. María de los Ángeles Verónica González Rodríguez.





 

De la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVII, PASANDO LA ACTUAL A SER LA XVIII, AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro país no existe una cultura incluyente en materia de discapacidad, actualmente, a pesar de contar con múltiples leyes que protegen a estas personas aún no se ha podido generar conciencia en el resto de la sociedad, lo cual, impide que los discapacitados puedan gozar de una vida plena.

La población en general no presenta una actitud tendiente a asistir a las personas con discapacidad, ni siquiera en los escenarios donde evidentemente pueden requerir ayuda e incluso, muestra acciones discriminatorias en contra de ellos, por lo tanto, además de las barreras físicas a las que se enfrenta este grupo vulnerable, también se encuentran con diferencias en el trato personal.

Por otra parte, en muchas ocasiones, las mismas autoridades, dependencias e instituciones violentan los derechos de las personas con discapacidad y cometen acciones que generan exclusión, lejos de garantizar su incorporación a la comunidad y facilitar la ejecución de sus derechos fundamentales.

De esta manera, lamentablemente se generan diferencias tanto de los órganos de gobierno como de la población en general, que perjudican de forma directa o indirecta la accesibilidad de estas personas a su entorno o bien,  son víctimas de malos tratos y actitudes ofensivas.

Por lo tanto, la comunidad internacional ha redoblado esfuerzos en los últimos años con el fin de lograr que los Estados homogenicen sus disposiciones con las recomendaciones de la ONU en la materia, con la finalidad de generar un marco jurídico que los dote de condiciones de igualdad de oportunidades.

Se debe reconocer que las personas con discapacidad son miembros de la sociedad que tienen los mismos derechos que los demás y por ende, merecen las mismas oportunidades que la población en general.

Debemos conseguir la aceptación de estas personas en sus entornos, para que puedan desarrollarse plenamente sin que sus discapacidades sean motivo de discriminación, reafirmando el compromiso por parte del Estado por defender los derechos fundamentales, la justicia social y la dignidad humana.

De acuerdo con el marco jurídico internacional plasmado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración de los Derechos de los Impedidos, los Estados miembros han asumido la responsabilidad de crear legislaciones progresistas que no solo reconozcan los derechos de estas personas, ni que solo velen por mantener el principio de igualdad, sino que también articulen mecanismos eficientes, generen estrategias y programas que permitan el goce de estos derechos de una manera práctica.

En nuestro país, en el 2011, se publicó la  Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de garantizar el desarrollo integral, la participación e inclusión plena en nuestra sociedad de las personas con discapacidad, estableciendo obligaciones a gobierno y particulares para dar a esas personas oportunidades laborales, ayuda técnica para su desarrollo profesional, eliminar barreras arquitectónicas en inmuebles  que facilitaran su acceso a los servicios y modificar el transporte público para su beneficio, entre otras muchas, sin embargo, a pesar del pasar de los años, aún falta una sociedad más consiente de las necesidades de estas personas, que no sea la causante de la discriminación.

De acuerdo con cifras proporcionadas por el INEGI, existen alrededor de 6 millones de discapacitados en México, por lo tanto, mientras no haya políticas públicas incluyentes, el derecho de vivir en un entorno sano, en comunidad y en igualdad de oportunidades de millones de personas se sigue violentando a diario.

Por lo tanto, es necesario que nuestro país asuma una postura de compromiso con estas personas y muestre la voluntad de garantizar los derechos humanos de toda su población de acuerdo con las disposiciones internacionales y lo establecido en el artículo 1° de la Constitución Política.

En esta dirección, esta iniciativa pretende facultar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad con el andamiaje legislativo necesario que permita hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad.


CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS

TEXTO VIGENTE
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

PROPUESTA DE ADICIÓN

Artículo 42. Para el cumplimiento de la presente Ley, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I.  a XVI.

XVII. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento, Estatuto Orgánico del Consejo y demás disposiciones aplicables.

Artículo 42. Para el cumplimiento de la presente Ley, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I.  a XVI. (…)

XVII. Garantizar el cumplimiento de las normas previstas en la presente ley; garantizando orientación jurídica para este sector de la población coadyuvando con los funcionarios y autoridades correspondientes en la aplicación de las normas respectivas, y

XVIII. (…)

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se ADICIONA una fracción XVII, pasando la actual a ser la XVIII al artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Artículo 42. Para el cumplimiento de la presente Ley, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I.  a XVI. (…)

XVII. Garantizar  el cumplimiento de las normas previstas en la presente ley; garantizando orientación jurídica para este sector de la población coadyuvando con los funcionarios y autoridades correspondientes en la aplicación  de las normas respectivas, y

XVIII. (…)

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de abril de 2016.

Suscribe

Sen. María de los Ángeles Verónica González Rodríguez.





 

Por último, del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los Artículos Tercero y Vigésimo Quinto Transitorios de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre de 1995, que se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS TERCERO Y VIGÉSIMO QUINTO TRANSITORIOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 1995

(Presentada por el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD)



Son todas las iniciativas, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Esta Presidencia ratifica los turnos que ha leído la Secretaría y las comisiones recibirán las notificaciones pertinentes para formalizar los turnos.





 

En otro apartado del Orden del Día, tenemos dictámenes de primera lectura.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Con gusto, señor Presidente.

Uno, de las Comisiones Unidas de Desarrollo Regional; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 7o. de la Ley General de Asentamientos Humanos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I   DEL ARTÍCULO 7O. DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS   HUMANOS

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO REGIONAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las comisiones unidas de Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, Segunda, de la LXIII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción I del artículo 7o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, suscrita por el Senador René Juárez Cisneros.

De conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136, numeral 1; 150, 177, fracción I, 178, 182, 186, 188, 190, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, los miembros de estas comisiones someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La iniciativa que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del 3 de marzo de 2016.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las comisiones unidas de Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de las comisiones dictaminadoras revisaron el contenido de la iniciativa con proyecto de Decreto en comento y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA

En su iniciativa, el Senador René Juárez Cisneros argumenta que los grandes desequilibrios regionales fueron una preocupación de los gobiernos en México durante el siglo XX.

En la época de los años setentas cuando el problema de las desigualdades regionales se hizo evidente, el Gobierno Federal concibió el desarrollo regional como una tarea prioritaria y consideró que el gasto programático era el instrumento más poderoso de redistribución.

Lo anterior, trajo cambios significativos en la manera de cómo el Estado mexicano abordaría la cuestión regional. En ese contexto, los intentos de la planeación del desarrollo estarían encaminados en dos sentidos, el primero, en cuanto a la adecuación del marco legal correspondiente y, el segundo, en lo que se refiere a la confección de un mayor número de planes y programas generales, sectoriales, territoriales e institucionales tanto a corto como a mediano y largo plazos.

Lo anterior, trajo cambios significativos para que en 1982 se llevara a cabo la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se estableciera la obligación del Estado mexicano de organizar el Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional. Derivados de esta reforma, se estableció en 1983 la Ley de Planeación.

Esto permitió que se crearan instituciones para el desarrollo regional y los mecanismos legales para atender esta necesidad.

A partir de ese momento, nuestro país constituyó procesos mejor definidos para la coordinación institucional entre los distintos órdenes de gobierno, acordes a un sistema competitivo, descentralizado y responsivo de las necesidades locales, además de fomentar la cooperación institucional entre las distintas jurisdicciones.

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se convirtió en un eje rector de la política nacional respecto a las necesidades regionales y, con ello, la integración de los órganos de decisión y la aplicación de los recursos financieros de manera más equitativa.

La Ley de Planeación en su artículo 29 establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pondrá a la consideración y aprobación del Presidente de la República, el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, regionales y especiales, así como todas las adecuaciones a los mismos.

Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 41, faculta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a elaborar los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo Federal.

Por lo que respecta a la Ley General de Asentamientos Humanos, el artículo 7 faculta a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), a proyectar y coordinar la planeación del desarrollo regional con la participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales, así como promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y urbano, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes, de los gobiernos estatales y municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales.

Con base en este razonamiento, el senador proponente considera necesario establecer en la fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos facultades a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), para elaborar los programas de desarrollo regional, a fin de armonizar el mandato otorgado a esta dependencia en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Dadas las consideraciones anteriores, el proponente formula la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 7O., NUMERAL I, DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.

UNICO.- Iniciativa de Ley que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Asentamientos Humanos para quedar como sigue:

ARTICULO 7o.- Corresponden a la Federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, las siguientes atribuciones:

I. Proyectar y coordinar la planeación del desarrollo regional, elaborar los programas de desarrollo regional, con la participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales;


TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. CONSIDERACIONES

Primera.- El Senador René Juárez Cisneros, se encuentra legitimado para proponer la iniciativa de mérito, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda.- Por lo que hace a la constitucionalidad de la iniciativa, se considera que resulta legalmente procedente y viable, ya que no contraviene ningún ordenamiento establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercera.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 26, establece las bases para el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. Este ordenamiento le asigna al Gobierno Federal la responsabilidad de la planeación y lo define como el instrumento fundamental del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en donde se ordenan sistemáticamente las acciones gubernamentales encaminadas al logro de un desarrollo equitativo que proporcione mejores niveles de vida para los mexicanos.

El sistema nacional de planeación democrática es el conjunto de relaciones funcionales que se establecen entre las dependencias y entidades del Gobierno Federal, las autoridades estatales y municipales y las organizaciones de los diversos grupos de los sectores social y privado de la población. Es ahí donde se pretende establecer la coordinación con las entidades federativas y hacer compatibles las actividades de planeación que se efectúan en cada ámbito de gobierno.

Cuarta.- La construcción del sistema de planeación democrática no estaría completo sin tomar en cuenta lo establecido por el artículo 2º, apartado B, fracción I, de la Constitución Federal, que determina que, con el fin de abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, la Federación, las entidades federativas y los municipios, tienen la obligación de impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades.

Quinta.- La Constitución Federal en su artículo 116, fracción VII, establece la facultad de la federación y los estados, en los términos de ley, de poder convenir la asunción del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario.

Asimismo, el texto constitucional dispone que los estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus municipios, a efecto de que éstos, asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el párrafo anterior.

Sexta.- La Ley de Planeación en su artículo 14, fracción II, establece la atribución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para elaborar los programas anuales globales para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los programas regionales y especiales, proyectar y coordinar la planeación regional con la participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales; así como consultar a los grupos sociales y los pueblos indígenas y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen; y elaborar los programas especiales que señale el Presidente de la República.

Conforme al artículo 33 de la Ley de Planeación, el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de manera conjunta. En todos los casos se deberá considerar la participación que corresponda a los municipios.

Séptima.- Por su parte, el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorga a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), entre otras facultades, elaborar los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo Federal, así comola planeación, diseño, promoción y evaluación de los mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional; promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, y la participación de los sectores social y privado.

Octava.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), atendiendo a su mandato legal, debe impulsar estrategias incluyentes en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, con el objetivo de incrementar el impacto social de los recursos, al tiempo de promover las diferentes dimensiones del desarrollo a partir de un sistema de planeación para el desarrollo regional y un nuevo marco de relaciones intergubernamentales e interestatales alrededor de este sistema.

Asimismo, es importante que el Gobierno Federal en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, pueda construir mecanismos de coordinación y planeación que permitan identificar las prioridades comunes para las regiones y conjuntar recursos para financiar los programas que detonen el desarrollo.

México requiere de procesos bien definidos para la coordinación institucional entre los distintos órdenes de gobierno para fortalecer las acciones concurrentes.

Por lo tanto, armonizar la legislación en materia de programación del desarrollo regional en la Ley de Asentamientos Humanos, reforzará el esquema federalista que permita a cada región contar con instituciones y políticas acordes a un sistema competitivo y responsivo de las necesidades locales, además de fomentar la cooperación institucional entre las distintas jurisdicciones.

Es necesario, por tanto, fortalecer los instrumentos legales que permitan al Gobierno Federal impulsar la regionalización del presupuesto y la conjunción de esfuerzos interinstitucionales e intergubernamentales.

Novena.- Es por lo anterior, que los integrantes de las comisiones dictaminadoras coincidimos con el senador René Juárez Cisneros, promovente de la presente iniciativa, en el sentido de que es necesario establecer bases jurídicas más sólidas para la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, con el objeto de fortalecer las acciones que emprenda el Gobierno de la República en la consecución de las metas y los objetivos diseñados para alcanzar el desarrollo nacional y regional de nuestro país.

Las colegisladoras consideran pertinente  fortalecer los instrumentos legales que obliguen a las instituciones a considerar los programas regionales como instrumentos estratégicos, donde se exprese con claridad la orientación y las acciones que propicien el desarrollo en cada una de las regiones del país.

En este sentido, se coincide con el propósito de la iniciativa en estudio para lograr evitar que los polos de desarrollo tiendan a la concentración y a aumentar la brecha entre las regiones.

Nuestro país requiere de una política deliberada, encaminada a mejorar el desempeño de las diversas regiones que componen nuestro territorio a través de la intervención del Estado.

Décima.-Por los alcances de la propuesta y atendiendo la técnica legislativa, las comisiones dictaminadoras determinaron que se trata de una reforma y no de una adición, así como que resultaba procedente cambiar el término numeral I, por el de fracción I del artículo 7 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Asimismo, las comisiones dictaminadoras determinaron agregar la palabra especiales e incluir la participación que corresponda a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de las Entidades Federativas, de los municipios y, en su caso, incorporar las propuestas que realicen los grupos sociales y los pueblos y comunidades indígenas interesados, en la construcción del decreto propuesto por el legislador, en coincidencia con lo establecido en la fracción II del artículo 14 de la Ley de Planeación, así como la fracción XIX del artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Finalmente, las comisiones dictaminadoras consideraron conveniente incluir en el proyecto de decreto la figura de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en virtud de la división territorial establecida por la fracción VI del apartado A y el primer párrafo del apartado C, del artículo 122 Constitucional, y para que quede establecida la participación que corresponda a estas demarcaciones en la elaboración de los programas de desarrollo regional y especiales que lleve a cabo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en coordinación con las autoridades de esta entidad, así como para otorgarle armonía sistémica en razón de la reciente reforma constitucional en materia de la reforma política de la Ciudad de México.

Décima primera.- En virtud de lo referido con antelación, los integrantes de las comisiones dictaminadoras estimamos que la Iniciativa en estudio resulta procedente conforme a lo establecido en los distintos ordenamientos legales.

Por las consideraciones expuestas en el presente dictamen, los integrantes de las comisiones unidas de Desarrollo Regional y Estudios Legislativos, Segunda, con las atribuciones que nos otorgan los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136, numeral 1; 150, 177, fracción I, 178, 182, 186, 188, 190, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta H. Soberanía el presente:

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 7O. DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.

UNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 7 de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 7o.- …

I. Proyectar y coordinar la planeación del desarrollo regional, elaborar los programas de desarrollo regional y especiales, con la participación que corresponda a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las propuestas que realicen los grupos sociales y los pueblos y comunidades indígenas interesados;

II al XVI. …

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de comisiones del Senado de la República, el 7 de abril de 2016.

COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.





 

Uno, de las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 6 y 8 de la Ley de Vivienda.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 6 Y UNA FRACCIÓN XVIII AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE VIVIENDA

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XIII del artículo 6, y una fracción XVIII del artículo 8 de la Ley de Vivienda.

Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les confieren el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2; 117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto por el que se adiciona una fracción XIII del artículo 6, y una fracción XVIII, recorriéndose la actual en su orden, del artículo 8 de la Ley de Vivienda.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 11 de febrero de 2016, las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Marí del Rocío Pineda Gochi, María Lucero Saldaña Pérez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, y Yolanda de la Torre Valdez; integrantes de diversos grupos parlamentarios, presentaron la iniciativa con proyecto de Decreto, mediante el cual se adiciona una fracción XIII del artículo 6, y una fracción XVIII del artículo 8 de la Ley de Vivienda.

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen correspondientes.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa señala que el derecho a la vivienda contenido en artículo 4° de nuestra Carta Magna establece el derecho fundamental que tiene toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, este derecho se encuentra instrumentado en la Ley de Vivienda, reglamentaria del artículo constitucional, en la cual se establece la política, los programas y los mecanismos a través de los cuales toda familia puede hacer efectivo su derecho a una vivienda digna y decorosa.

Afirma que es una prerrogativa reconocida internacionalmente, destacando el artículo 11, apartado 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la interpretación cabalidad de dicho artículo realizado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en la Observación General número 4 (1991) (E/1992/23) donde se determinan las características y el alcance efectivo del derecho a la “vivienda adecuada”.

Agrega que en el numeral 6 de la Observación General se concluye que el derecho a la vivienda adecuada no se encuentra limitado en cuanto al titular del derecho contemplado, esto es que no puede acotarse como un derecho propio de sexos o roles, y debe tratarse de establecer mecanismos que permitan el acceso a la vivienda por parte de todos los grupos sociales especialmente para miembros de grupos en situación de vulnerabilidad.

Por lo que apunta la necesidad de reconocer que la conformación de la sociedad mexicana ha cambiado con el paso del tiempo. Aunque el derecho a una vivienda nace como una prerrogativa laboral destinada en principio al género masculino, la población económicamente activa ha cambiado y las mujeres han ejercido un papel fundamental en el desarrollo social.

Cita estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) según las cuales, las mujeres componían el 51.2% de la población mexicana, refiriendo que 43 de cada 100 mujeres disponibles para trabajar son económicamente activas, además enfatiza que en 2014 de acuerdo con datos del INEGI existían 3 millones 832 mil mujeres jefas de familia en México, esto es, madres que son el único sostén económico del hogar, que se encuentran en una situación desventajosa ya que existen sectores laborales donde las mujeres perciben hasta un 30% menos de salario por trabajos similares a los hombres.

Coinciden en que el Estado Mexicano debe establecer los lineamientos y mecanismos que permitan abatir cualquier forma de discriminación basada en el sexo hacia las mujeres, al respecto citan la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer donde se establecen las directrices bajo las cuales los Estados deberán asegurar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Considera que los artículos 14 y 15 de la Convención destacan la necesidad de garantizar condiciones de vida adecuadas, haciendo especial énfasis en el derecho a la vivienda, como un área prioritaria para erradicar la discriminación, asimismo asegura requerir dar certeza jurídica a este tipo de actos para permitir que las mujeres gocen de igual derechos sobre su propiedad y la administración de sus bienes.

Indica que a fin de evitar la discriminación entre mujeres y hombres, el Estado Mexicano debe realizar acciones positivas en favor de las mujeres para permitirles el acceso a la vivienda.

Menciona que las viviendas con mujeres jefas de familia se encuentran en constante crecimiento; en el año 2010, ya ocupaban 25 de cada 100 hogares. Aunado a lo anterior, destaca que son mayores los porcentajes de hogares con jefatura de mujeres que ocupan viviendas rentadas o alquiladas.

Resalta los casos de vivienda con jefe de familia masculino, donde el 91% de ellos son dueños, mientras que en las de jefaturas femeninas sólo el 42% son propietarias.

Señala que de acuerdo con el INEGI los hogares con jefatura de mujeres tienden a tener menores ingresos que aquellos hogares donde el jefe da familia es hombre.

Concluye que las mujeres se encuentran en una situación desfavorable en el acceso a la vivienda, por lo que requieren de acciones afirmativas que propicien la no discriminación y la igualdad real entre hombres y mujeres, promoviendo métodos e instrumentos que permitan la legal tenencia y posesión de una vivienda para las mujeres, así como herramientas financieras que les permitan acceder a créditos baratos y suficientes para satisfacer sus necesidades en materia de vivienda.

Precisa que la Ley de Vivienda señala las características que deberán seguir la Política Nacional de Vivienda y el Programa Nacional de Vivienda para poder dar plena efectividad a este derecho, resalta que ambos ordenamientos carecen de lineamientos o contenidos específicos en favor de la mujer o con perspectiva de género para el acceso a una vivienda digna y decorosa.

Sin embargo, destaca que el Programa Nacional de Vivienda como parte de la estrategia transversal "Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres" contiene algunas líneas de acción, sin que constituya una estrategia del ramo, por lo que en orden a evitar cualquier tipo de discriminación hacia las mujeres, es necesario establecer las bases jurídicas que den fundamento a la instrumentación de líneas de acción y ejercicios programáticos que permitan el acceso a la vivienda con una perspectiva de género, haciendo especial énfasis en las jefas de familia, sin ser en ningún caso una oración limitativa para todo el género femenino que requiere atención similar para ejercer su derecho a la vivienda.

Establece que a manera de economía legislativa, el concepto de perspectiva de género ya se encuentra regulado en la Ley General de Desarrollo Social, la cual funge en algunas ocasiones de manera supletoria a la Ley de Vivienda, por lo que es innecesaria su definición en la Ley de Vivienda.

Enfatiza el reto de equidad que enfrentamos, señalando que las circunstancias han orillado a las mujeres a convertirse en parte fundamental del sostenimiento de los hogares, obligando a que se reconozcan y reafirmen sus derechos, obligando a hacer efectivo el derecho a la propiedad, al suelo y por ende también a la vivienda y sus servicios.

Subraya que el fin perseguido por la iniciativa es incluir en los artículos 6 y 8 de la Ley de Vivienda referentes a la Política Nacional de Vivienda y al Programa Nacional de Vivienda respectivamente, lineamientos, estrategias y líneas de acción que fomenten la perspectiva de género, el acceso de las mujeres a una vivienda digna y decorosa, así como su preferencia sobre jefas de familia.

El proyecto de Decreto que se acompaña a la iniciativa, es del tenor literal siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 6 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE VIVIENDA.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XIII al artículo 6 y se adiciona una fracción XVIII, recorriéndose la actual en su orden, del artículo 8 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 6.-…

I a XII…

XIII. Promover esquemas y mecanismos con perspectiva de género que propicien el acceso a la vivienda para las mujeres, preferentemente para madres jefas de familia, que fomenten la participación de las mujeres en las acciones de vivienda.

Artículo 8.-

I a XVII…

XVIII. Las estrategias y líneas de acción para fomentar la perspectiva de género en el acceso a la vivienda.

XIX. Los demás que señale el Plan Nacional de Desarrollo y otros ordenamientos legales.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Las Comisiones dictaminadoras reiteran que el acceso a una vivienda digna y decorosa es un derecho humano protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales, reglamentado por medio de la Ley de Vivienda.

Este derecho de acuerdo a la interpretación más amplia se encuentra dirigido a todo individuo, sin embargo la garantía constitucional se encuentra dirigida expresamente a la protección familiar según el séptimo párrafo del artículo 4° de la Constitución:

Artículo 4°.-

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.”

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas coinciden con las argumentaciones y el objetivo de la Iniciativa que se dictamina, reiterando que el Senado de la República como máxima casa del federalismo, en múltiples ocasiones ha trabajado para concretar la igualdad real entre mujeres y hombres, aprobando leyes como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (donde se establece el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres), la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata De Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, entre otros ordenamientos donde se han colocado acciones afirmativas en favor de las mujeres y de la equidad de género.

Al respecto es necesario señalar que de acuerdo con el artículo 4° constitucional, hombres y mujeres somos iguales ante la ley, lo cual implica que ambos deben contar con la misma posibilidad de oportunidades para desarrollarse y desenvolverse, sin embargo, derivado de reminiscencias históricas de dominio por parte de los hombres sobre las mujeres, estas últimas sufren de discriminación por razones de género en ámbitos laborales, educativos, sociales, afectivos, culturales y públicos. Las desigualdades entre los géneros son brechas muy amplias en el acceso al disfrute de derechos y por ende obstáculos en el desarrollo.

Las tradiciones en gran medida han mantenido las relaciones de subordinación entre los géneros, por lo que el Estado Mexicano, miembros de la sociedad civil, y asociaciones internacionales han emprendido medidas de paridad para que las mujeres logren la equidad en el ámbito público y privado.

Sin embargo, pese a los avances legislativos, sociales y culturales, las mujeres siguen padeciendo discriminación, a nivel mundial una mujer trabajadora en promedio gana 24% menos que un hombre, por un trabajo similar, cuestión que en ciertas regiones del país se eleva a más del 30%, lo que justifica el empleo de acciones afirmativas en favor de las mujeres para equipararlas en el acceso a derechos humanos de una manera justa.

Por lo tanto para evitar que la Ley de Vivienda establezca discriminaciones y obstáculos al pleno ejercicio del derecho a una vivienda, se requiere brindar una protección más amplia al género femenino para que pueda alcanzar dicho derecho humano.

TERCERA. Las Comisiones que dictaminan estiman pertinente reiterar que, aunado a lo planteado por las proponentes, en el “Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres” se hace referencia al tema de vivienda, destacando:

“V.4 Vivienda

Los hogares requieren de una vivienda y un entorno adecuado y seguro para la armoniosa convivencia familiar. Todavía hay metas que cumplir para garantizar viviendas dignas; alrededor de un 15% de las mujeres habita en viviendas con deficiencias de infraestructura, de espacio o de servicios. Entre la población indígena el porcentaje con carencias por calidad y espacios de la vivienda alcanza al 42% de las mujeres y por carencias en los servicios básicos a un 50.6%.

La calidad de las viviendas y su equipamiento son determinantes para disminuir las cargas de trabajo de las mujeres. Considerando las viviendas sin acceso directo al agua entubada, se estima que las horas que dedican las mujeres a los quehaceres domésticos se incrementan en un 15%; cuando tienen que acarrear el agua el incremento llega a ser del 40%. La calidad de la vivienda también afecta el tiempo de las mujeres, cuando una vivienda tiene piso de tierra los incrementos son de alrededor del 17%.

Las desigualdades de género inciden en el acceso al mercado formal de trabajo y con ello a los créditos para la vivienda. A pesar de los esfuerzos, sólo poco más de un 35.3% de los créditos que el Infonavit otorga son para mujeres. Los grupos identificados como menos favorecidos por las políticas de vivienda son: las mujeres jefas de hogar, las mujeres indígenas, las mujeres jóvenes y las adultas mayores.

[…]

Línea de Acción 3.7.3 Promover programas concurrentes de infraestructura y equipamiento de vivienda para hogares con jefatura femenina en municipios prioritarios.

[…]

Estrategia 4.1 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con jefatura femenina para mejorar sus condiciones de salud, vivienda e ingresos.

[…]

Línea de Acción 4.1.8 Ampliar el acceso al financiamiento para adquisición y mejora de la vivienda para las jefas de hogar.

Línea de Acción 4.1.9 Diseñar alternativas mixtas de autoconstrucción de vivienda para las jefas de hogar con empresas de responsabilidad social.

[…]

Estrategia 4.3 Fortalecer el acceso de las mujeres a la propiedad de la vivienda

Línea de Acción 4.3.1 Promover mecanismos de financiamiento para la adquisición y mejora de las viviendas de las mujeres pobres.

Línea de Acción 4.3.2 Apoyar alternativas de autoconstrucción de viviendas para las mujeres.

Línea de Acción 4.3.3 Incrementar los apoyos para el mejoramiento y ampliación de las viviendas propiedad de mujeres.

Línea de Acción 4.3.4 Diseñar esquemas crediticios y de fomento para la adquisición de vivienda nueva para las mujeres jóvenes, solteras y adultas mayores.

Línea de Acción 4.3.5 Desarrollar acciones afirmativas para facilitar el acceso de las madres en hogares ampliados a la propiedad de la vivienda.

Línea de Acción 4.3.6 Diseñar acciones afirmativas para que las mujeres con discapacidad y adultas mayores tengan acceso a la propiedad de una vivienda.

Línea de Acción 4.3.7 Realizar acciones afirmativas para que mujeres víctimas de desastres, reinsertadas, discapacitadas, o adultas mayores puedan rehabitar, regularizar o adquirir vivienda.

[…]

Línea de Acción 4.6.4 Promover programas de autoconstrucción de vivienda y títulos de propiedad para mujeres en pobreza.

[…]

Línea de Acción 4.7.1 Fortalecer los esquemas de financiamiento para vivienda dirigidos a adultas mayores.”
Además de lo anterior en el “Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018”, se plantea una línea de acción al respecto:

Línea de Acción 3.5.6. Priorizar acciones que garanticen la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la tenencia de la tierra y vivienda.

Sin embargo, es conducente enfatizar la pertinencia de iniciativa dado que las líneas de acción relativas a la promoción de programas para jefas de familia incluidas en el Programa Nacional de Vivienda derivan de la estrategia transversal arriba señalada, por lo que incluir la perspectiva de género en la Política Nacional de Vivienda y el Programa Nacional de Vivienda bajo esquemas, mecanismos, líneas de acción y estrategias que propicien el acceso a la vivienda para las mujeres resulta favorable para la eliminación de la discriminación existente.

CUARTA. En atención a los criterios alcanzados por el máximo Tribunal de nuestro país, las Comisiones Unidas estiman necesario hacer referencia a los procedimientos básicos en torno al principio de igualdad, con el fin de conocer si este es respetado por la presente reforma:

Época: Novena Época
Registro: 174247
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXIV, Septiembre de 2006
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 55/2006
Página: 75

IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.

La igualdad en nuestro texto Constitucional constituye un principio complejo que no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su condición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino también en la ley (en relación con su contenido). El principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. En ese tenor, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada. Para ello es necesario determinar, en primer lugar, si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida: el legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas. En segundo lugar, es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador: es necesario que la introducción de una distinción constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. En tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe determinar si la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de tratamientos que pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ella; la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Por último, es de gran importancia determinar en cada caso respecto de qué se está predicando con la igualdad, porque esta última constituye un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y este referente es relevante al momento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros insta al Juez a ser especialmente exigente cuando deba determinar si el legislador ha respetado las exigencias derivadas del principio mencionado.

Amparo directo en revisión 988/2004. 29 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles. Amparo en revisión 1959/2004. Rafael Araluce Santos. 16 de febrero de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. Amparo en revisión 1629/2004. Inmobiliaria Dos Carlos, S.A. de C.V. 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. Amparo en revisión 846/2006. Grupo TMM, S.A. 31 de mayo de 2006. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. Amparo directo en revisión 537/2006. Armando Raymundo Morales Jacinto. 28 de junio de 2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. Tesis de jurisprudencia 55/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintitrés de agosto de dos mil seis. Nota: Por ejecutoria de fecha 28 de noviembre de 2007, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 41/2007-PL en que participó el presente criterio.

En razón de lo anterior se puede concluir que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, formó un test de idoneidad sobre el principio de igualdad y sus alcances en las normas consistente en tres pasos:

1. Que las diferencias impuestas legislativamente persigan un fin constitucionalmente válido.

2. Verificar que estas medidas son adecuadas para alcanzar el fin deseado.

3. Que las medidas guarden la proporcionalidad al respecto.

Realizar esta medida verificativa nutre el proceso de dictaminación a fin de encontrar alguna medida inconstitucional, que no respete el principio de igualdad y por ende termine formando un ordenamiento que realice una discriminación negativa, por lo que sin ánimo de fungir judicialmente se tomará como base para fundamentar la medida legislativa empleada.

En primera instancia, dicha reforma atiende a un fin reconocido constitucionalmente ya que el nuevo bloque de constitucionalidad referido por el artículo 1° de nuestra Carta Magna permite el uso de la norma que brinde la protección más amplia al gobernado incluyendo los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siendo esta la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer:

Párrafo 2 del artículo 14

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a:

[…]

h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.

Por lo que se puede concluir que estas medidas legislativas diferenciadas persiguen un fin constitucionalmente válido.

En segundo término se debe verificar que estas sean las medidas adecuadas para alcanzar dicho fin, respecto a esto es necesario afirmar que la Ley de Vivienda en general no da un trato particularizado a grupos específicos, salvo pueblos y comunidades indígenas, para evitar que se atiendan en un grado legislativo altamente especializado y dicho tratamiento específico para las mujeres se encuentra en leyes como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, sin embargo el derecho imperante en la esencia de la reforma es el acceso a la vivienda con diferencia en el sujeto acreedor del mismo, por lo que esta es la norma idónea para su atención.

Sumado a lo anterior se destaca que el 16 de junio de 2011 se publicó el DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley de Vivienda y la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, dicho decreto reformó el artículo 3 de la Ley de Vivienda para incluir criterios de no discriminación sin limitarse a su inclusión en una Ley específica como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, demostrando que la protección de derechos para grupos específicos no se limita a la inclusión en leyes que atiendan especialmente la vulnerabilidad de ciertos grupos, sino que es necesario que su inclusión permee en todos los ordenamientos necesarios para hacer efectiva su aplicación.

Al respecto, la distinción específica que realiza la Ley de Vivienda sobre pueblos y comunidades indígenas, es óbice para reproducirla bajo el mismo esquema en un tratamiento sobre perspectiva de género ya que dicha distinción se encuentra en el Título Cuarto sobre el Financiamiento para la Vivienda, por lo que no constituiría la medida idónea para alcanzar los fines que persigue la iniciativa que son la inclusión de la perspectiva de género y el acceso a las mujeres, así como las madres jefas de familia, en los planes y programas del Ejecutivo Federal en materia de vivienda.

Por lo tanto, se puede considerar que las medidas integradas a la Política y al Programa Nacional de Vivienda, constituyen las medidas idóneas para que se elimine cualquier tipo de discriminación hacia las mujeres en materia de vivienda y se proporcionen herramientas suficientes para que puedan acceder, pese a las desigualdades sociales y culturales, a una vivienda digna y decorosa, que es el fin válido perseguido.

En tercer y último lugar es necesario advertir si las medidas guardan la relación de proporcionalidad, para lo anterior se debe señalar que la reforma se encamina a incluir dicha perspectiva en la Política Nacional de Vivienda y en el Programa Nacional de Vivienda, sin realizarse en detrimento de derechos de otros grupos o poblaciones específicas, ni otorgar derechos exclusivos, por lo que la adición de líneas de acción y mecanismos que fomenten su inclusión guardan una debida proporcionalidad ya que no daña ningún bien constitucionalmente protegido y atiende a la finalidad de la norma.

Por lo tanto, se concluye que dicha reforma atiende al principio de igualdad, ya que la distinción realizada para incluir la perspectiva de género es un medio apto para los fines de la iniciativa propuesta, teniendo una relación de instrumentalidad entre estas medidas y el fin esencial de los legisladores.

Quinta. Por lo anterior, se estima loable la presente reforma a la Ley de Vivienda, colocando una protección más amplia a las mujeres y en específico a aquellas madres jefas de familia, las cuales se pueden definir como aquellas mujeres que se encuentran en una condición de desventaja socioeconómica ya que integren una familia monoparental o cuando menos representen el sostén de la misma, teniendo bajo su responsabilidad la manutención de los miembros que integren la misma como menores de edad o adultos mayores, sin el apoyo económico de su concubinario o cónyuge, que derivado de esa situación de desventaja económica requieran una mayor protección para poder acceder a una vivienda adecuada.

Sexta. Estas Comisiones Unidas respecto a la última línea de la fracción XIII adicionada al artículo 6 de la Ley de Vivienda concluyen que resulta inapropiado incluir en los lineamientos de la Política Nacional de Vivienda el propiciar esquemas que necesariamente requieran la participación de la mujer en las acciones de vivienda, limitando su derecho en los esquemas referidos a su necesaria participación, por lo que a fin de propiciar que las mujeres tengan un mayor acceso a la vivienda se estima pertinente modificar dicha reforma.

En tal virtud, las Comisiones que dictaminan consideran pertinente indicar los cambios que realiza al Proyecto de Decreto propuesto a la Ley de Vivienda, modificaciones que se pueden advertirse en el cuadro comparativo siguiente:

Proyecto de Decreto de la Iniciativa:

Proyecto de Decreto propuesto por las Comisiones Dictaminadoras:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XIII al artículo 6 y se adiciona una fracción XVIII, recorriéndose la actual en su orden, del artículo 8 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 6.-…

I a XII…

XIII. Promover esquemas y mecanismos con perspectiva de género que propicien el acceso a la vivienda para las mujeres, preferentemente para madres jefas de familia, que fomenten la participación de las mujeres en las acciones de vivienda.

Artículo 8.-

I a XVII…

XVIII. Las estrategias y líneas de acción para fomentar la perspectiva de género en el acceso a la vivienda.

XIX. Los demás que señale el Plan Nacional de Desarrollo y otros ordenamientos legales.

TRANSITORIO


Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XIII al artículo 6 y se adiciona una fracción XVIII, recorriéndose la actual en su orden, del artículo 8 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 6.-…

I a XII…

XIII. Promover esquemas y mecanismos con perspectiva de género que propicien el acceso a la vivienda para las mujeres, preferentemente para madres jefas de familia.

 

Artículo 8.-

I a XVII…

XVIII. Las estrategias y líneas de acción para fomentar la perspectiva de género en el acceso a la vivienda.

XIX. Los demás que señale el Plan Nacional de Desarrollo y otros ordenamientos legales.

TRANSITORIO


Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

IV. TEXTO NORMATIVO

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 6, Y UNA FRACCIÓN XVIII, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE VIVIENDA.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XIII al artículo 6 y se adiciona una fracción XVIII, recorriéndose la actual en su orden, del artículo 8 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 6.-…

I a XII…

XIII. Promover esquemas y mecanismos con perspectiva de género que propicien el acceso a la vivienda para las mujeres, preferentemente para madres jefas de familia.

Artículo 8.-

I a XVII…

XVIII. Las estrategias y líneas de acción para fomentar la perspectiva de género en el acceso a la vivienda.

XIX. Los demás que señale el Plan Nacional de Desarrollo y otros ordenamientos legales.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, el 7 de abril de 2016.

COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.





 

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código de Comercio.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 90 BIS, ÚLTIMO PÁRRAFO; Y SE ADICIONAN UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 91 Y UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 92 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda., les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la minuta que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 35, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, numeral 1, 135 numeral 1, fracciones I y II, 177, numerales 1 y 2, 178, 182, 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta minuta conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el Pleno de la Cámara de Diputados y turnada como minuta a la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la minuta sometida ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración de la minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

1. El 16 de abril de 2015 los Diputados Federales, Rubén Benjamín Félix Hays, María Sanjuana Cerda Franco, René Ricardo Fujiwara Montelongo, Lucila Garfias Gutiérrez, Sonia Rincón Chanona, Luis Antonio González Roldán, Cristina Olvera Barrios, José Angelino Caamal Mena y Dora María Talamantes Lemas , integrantes del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza en la LXII Legislatura, presentaron en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, “…la iniciativa con proyecto de DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN II DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 90 BIS, 91 Y 92 DEL CÓDIGO DE COMERCIO…”

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la referida iniciativa a las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Economía para su estudio y dictamen correspondiente.

3. El 23 de abril de 2015, la Comisión de Economía recibió notificación de la declinatoria de turno de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y ser competencia de dictaminación únicamente de la Comisión de Economía.

4. En sesión de trabajo de la Comisión de Economía aprobó el dictamen con 16 votos a Favor, 0 en Contra y 0 Abstenciones de 26  miembros que la integran.

5. El 28 de abril de 2015 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue aprobado el referido dictamen con 381 votos a Favor, 0 en Contra y 0 Abstenciones.

En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales, la minuta referida.

6. El 29 de abril de 2015 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la minuta, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda., para su análisis y dictamen correspondiente.

III.- Contenido de la Minuta

La minuta tiene por objeto:

a) Reformar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para:

i) Establecer el uso de las “Comunicaciones Electrónicas Certificadas” (Correo electrónico certificado) como medio de comunicación del órgano administrativo hacia la parte interesada, en el caso de las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas, dentro del procedimiento administrativo.

ii) La Norma Oficial Mexicana establecerá los criterios para su operatividad.

iii) La Secretaría de Economía creará y emitirá el reglamento para su uso en un plazo no mayor a 90 días hábiles.

b) Reformar el Código de Comercio  para:

i) Establecer el uso de las “Comunicaciones electrónicas certificadas”, (Correo electrónico certificado) en los mensajes de datos para efectos de actos mercantiles.

ii) La Norma Oficial Mexicana establecerá los criterios para su operatividad.

c) Estructura de la reforma.


Tema

Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Código de Comercio

Comunicaciones electrónicas certificadas

Artículo 35

Artículos 90 Bis, 91, y 92.

Así, la colegisladora aprobó el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero.- Se reforma la fracción II del artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 35. …

I. …

II. Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, con acuse de recibo. También podrá realizarse mediante telefax, medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio, cuando así lo haya aceptado expresamente el promovente y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de los mismos, en el caso de comunicaciones electrónicas certificadas, deberán realizarse conforme a los requisitos previstos en la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el artículo 49 del Código de Comercio, y

III. …

Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 90 Bis, último párrafo, y se adicionan un último párrafo al artículo 91 y una fracción V al artículo 92 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 90 Bis. …

I. y II. …

I. y II. …

Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del uso de cualquier otro método de verificación de la identidad del Emisor, se presumirá que se actuó con la debida diligencia si el método que usó el Destinatario o la Parte que Confía cumple con los requisitos establecidos en este Código para la verificación de la fiabilidad de las Firmas Electrónicas. Cuando se acuerde el uso de comunicaciones electrónicas certificadas, éstas deberán realizarse conforme a los requisitos previstos en la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el artículo 49 del Código de Comercio.

Artículo 91. …

I. a III. …

Cuando se acuerde el uso de comunicaciones electrónicas certificadas, éstas deberán realizarse conforme a los requisitos previstos en la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el artículo 49 del Código de Comercio.

Artículo 92. …

I. a IV. …

V. Cuando se acuerde el uso de comunicaciones electrónicas certificadas, éstas deberán realizarse conforme a los requisitos previstos en la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el artículo 49 del Código de Comercio.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan al presente Decreto…”

IV. Consideraciones de las Comisiones

Primera.- Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, contempla el uso de las nuevas tecnologías de la información y una mejora regulatoria integral que simplifique los trámites que enfrentan los individuos y las empresas, permitiendo detonar un mayor crecimiento económico.

Así dentro del Plan se propone en el apartado VI.4., denominado México Próspero, como estrategia 4.7.3. “El fortalecer el sistema de normalización y evaluación de conformidad con las normas”, y una de las líneas de acción a seguir será mejorar el sistema para emitir de manera eficiente normas que incidan en el desempeño de los sectores productivos e impulsen a su vez un mayor contenido tecnológico.

Segunda.- Que para el caso que nos ocupa, que se refiere al uso de “Comunicaciones electrónicas certificadas”, de acuerdo con la “Exposición de Motivos” de la iniciativa, las modificaciones que se proponen, tendrán los siguientes beneficios:

a) El uso del “Correo electrónico certificado” traería ahorros en el consumo de papel, disminución del uso de consumibles. Asimismo abona a una importante reducción de la probabilidad de falsificación al contar con procesos administrativos más rápidos y eficientes y la posibilidad de encontrar la información de manera más ágil y efectiva.

De acuerdo con el artículo 35, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (En adelante, LFPA), “Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas” podrán realizarse:

• Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en el domicilio del interesado;

• Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, con acuse de recibo. También podrá realizarse mediante telefax, medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio, cuando así lo haya aceptado expresamente el promovente y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de los mismos, y

• Por edicto, cuando se desconozca el domicilio del interesado o en su caso de que la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, se ignore su domicilio o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal. Tratándose de actos distintos a los señalados anteriormente, las notificaciones podrán realizarse por correo ordinario, mensajería, telegrama o, previa solicitud por escrito del interesado, a través de telefax, medios de comunicación electrónica u otro medio similar.

En otro orden de ideas, el artículo Vigésimo Tercero, del “DECRETO que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal” publicado el 10 de diciembre del año 2012, en el Diario Oficial de la Federación, dispone que: las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal implantarán diversas acciones en materia de tecnologías de la información y comunicación, entre las que se encuentran:

• El establecimiento de programas de optimización, sistematización y digitalización de sus procesos administrativos, y

• La adaptación de políticas correspondientes a la estrategia digital, la cual tendrá dentro de uno de sus objetivos fomentar un cambio de cultura para que el gobierno utilice las tecnologías de la información y comunicación, y con ello ofrecer servicios gubernamentales transparentes y de mayor calidad con posibilidad de interoperabilidad entre dependencias a través de conexiones rápidas y seguras.

En este sentido, la Colegisladora propone modificar el artículo 35, fracción II, de la LFPA para establecer el uso de las “Comunicaciones electrónicas certificadas” como medio de comunicación del órgano administrativo hacia la parte interesada, en el caso de las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas, dentro del procedimiento administrativo.

Cabe destacar, que desde la reforma del año 2000, a la fracción II, del artículo 35 de LFPA, se estableció el uso de “Medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio” en el caso de las “notificaciones” dentro del procedimiento administrativo, bajo las siguientes premisas:

i) Cuando así lo haya aceptado expresamente el promovente, y

ii) Cuando pueda comprobarse fehacientemente la recepción de los mismos.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Texto Vigente

Texto
Minuta Cámara de Diputados

CAPITULO SEXTO
DE LAS NOTIFICACIONES

Artículo 35.- Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas podrán realizarse:

I. Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en el domicilio del interesado;

II. Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, con acuse de recibo. También podrá realizarse mediante telefax, medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio, cuando así lo haya aceptado expresamente el promovente y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de los mismos, y

 

 

III. Por edicto, cuando se desconozca el domicilio del interesado o en su caso de que la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, se ignore su domicilio o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal.

Tratándose de actos distintos a los señalados anteriormente, las notificaciones podrán realizarse por correo ordinario, mensajería, telegrama o, previa solicitud por escrito del interesado, a través de telefax, medios de comunicación electrónica u otro medio similar.

Salvo cuando exista impedimento jurídico para hacerlo, la resolución administrativa definitiva deberá notificarse al interesado por medio de correo certificado o mensajería, en ambos casos con acuse de recibo, siempre y cuando los solicitantes hayan adjuntado al promover el trámite el comprobante de pago del servicio respectivo.

 

 

Artículo 35. …

 

I. …

II. Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, con acuse de recibo. También podrá realizarse mediante telefax, medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio, cuando así lo haya aceptado expresamente el promovente y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de los mismos, en el caso de comunicaciones electrónicas certificadas, deberán realizarse conforme a los requisitos previstos en la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el artículo 49 del Código de Comercio, y

III. …

 

 

 

 

b) El uso del “Correo Electrónico certificado” es un elemento de seguridad, toda vez que un mensaje de correo electrónico se equipara a los documentos escritos sin firmar y el correo electrónico certificado se equiparará a los documentos escritos con firma autógrafa, la autenticidad ofrece la certeza de que un mensaje de datos ha sido emitido por el firmante y por lo tanto le es atribuible su contenido y las consecuencias jurídicas que del mismo deriven por ser la expresión de su voluntad.

El artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que “…A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos…”.

En este sentido, el Código de Comercio (En adelante, CCo) tiene por objeto regular los actos comerciales.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, del CCo serán “comerciantes”:

a) Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria; 
b) Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles; 

c) Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio, y

d) Las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio (Labradores y fabricantes, y en general todos los que tienen planteados almacén o tienda en alguna población para el expendio de los frutos de su finca, o de los productos ya elaborados de su industria, o trabajo, sin hacerles alteración al expenderlos).

Castrillón y Luna1, señala que cualquier persona que se encuentre en el libre goce y ejercicio de sus derechos civiles, puede ser válidamente “comerciante”, pero para ejercer el comercio de manera directa (ya que los incapaces lo podrán realizar por medio de sus representantes) deberá, siendo mayor de edad, no tener ninguna incompatibilidad o prohibición en términos de lo dispuesto por el artículo 12 del propio Código de Comercio.

En el caso del CCo el artículo 89, párrafo tercero, dispone que: “En los actos de comercio y en la formación de los mismos podrán emplearse los medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología.

En este sentido, la Colegisladora propone establecer en el CCo el uso de las “Comunicaciones electrónicas certificadas”, en los mensajes de datos para efectos de actos mercantiles.

De acuerdo con el artículo 89, del Cco un mensaje de datos es la información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología.

Asimismo, el artículo 49, del CCo establece que en el caso de los mensajes de datos, se requerirá que la información se haya mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y sea accesible para su ulterior consulta.

La Secretaría de Economía emitirá la Norma Oficial Mexicana que establezca los requisitos que deberán observarse para la conservación de mensajes de datos.

Código de Comercio

Texto Vigente

Texto
Minuta Cámara de Diputados

Artículo 90 bis.- Se presume que un Mensaje de Datos ha sido enviado por el Emisor y, por lo tanto, el Destinatario o la Parte que Confía, en su caso, podrá actuar en consecuencia, cuando:

I. Haya aplicado en forma adecuada el procedimiento acordado previamente con el Emisor, con el fin de establecer que el Mensaje de Datos provenía efectivamente de éste, o

II. El Mensaje de Datos que reciba el Destinatario o la Parte que Confía, resulte de los actos de un Intermediario que le haya dado acceso a algún método utilizado por el Emisor para identificar un Mensaje de Datos como propio. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará:

I. A partir del momento en que el Destinatario o la Parte que Confía, haya sido informado por el Emisor de que el Mensaje de Datos no provenía de éste, y haya dispuesto de un plazo razonable para actuar en consecuencia, o

II. A partir del momento en que el Destinatario o la Parte que Confía, tenga conocimiento, o debiere tenerlo, de haber actuado con la debida diligencia o aplicado algún método convenido, que el Mensaje de Datos no provenía del Emisor.

Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del uso de cualquier otro método de verificación de la identidad del Emisor, se presumirá que se actuó con la debida diligencia si el método que usó el Destinatario o la Parte que Confía cumple con los requisitos establecidos en este Código para la verificación de la fiabilidad de las Firmas Electrónicas.

Artículo 90 bis.-

 


I.

 


II.

 

 

I.


II.

 

 

Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del uso de cualquier otro método de verificación de la identidad del Emisor, se presumirá que se actuó con la debida diligencia si el método que usó el Destinatario o la Parte que Confía cumple con los requisitos establecidos en este Código para la verificación de la fiabilidad de las Firmas Electrónicas. Cuando se acuerde el uso de comunicaciones electrónicas certificadas, éstas deberán realizarse conforme a los requisitos previstos en la Norma Oficial Mexicana a que se refiere     el artículo 49 del Código de Comercio.

Artículo 91.- Salvo pacto en contrario entre el Emisor y el Destinatario, el momento de recepción de un        Mensaje de Datos se determinará como sigue:

I. Si el Destinatario ha designado un Sistema de Información para la recepción de Mensajes de Datos, ésta tendrá lugar en el momento en que ingrese en dicho Sistema de Información;

II. De enviarse el Mensaje de Datos a un Sistema de Información del Destinatario que no sea el Sistema de Información designado, o de no haber un Sistema de Información designado, en el momento en que el Destinatario recupere el Mensaje de Datos, o

III. Si el Destinatario no ha designado un Sistema de Información, la recepción tendrá lugar cuando el Mensaje de Datos ingrese a un Sistema de Información del Destinatario.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable aun cuando el Sistema de Información esté ubicado en un lugar distinto de donde se tenga por recibido el Mensaje de Datos conforme al artículo 94.

Artículo 91.-

 

I. a III. …

 

 

 

 

 

 

Cuando se acuerde el uso de comunicaciones electrónicas certificadas, éstas deberán realizarse conforme a los requisitos previstos en la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el artículo 49 del Código de Comercio.

Artículo 92.- En lo referente a acuse de recibo de Mensajes de Datos, se estará a lo siguiente:

I. Si al enviar o antes de enviar un Mensaje de Datos, el Emisor solicita o acuerda con el Destinatario que se acuse recibo del Mensaje de Datos, pero no se ha acordado entre éstos una forma o método determinado para efectuarlo, se podrá acusar recibo mediante: a) Toda comunicación del Destinatario, automatizada o no, o b) Todo acto del Destinatario, que baste para indicar al Emisor que se ha recibido el Mensaje de Datos.

II. Cuando el Emisor haya indicado que los efectos del Mensaje de Datos estarán condicionados a la recepción de un acuse de recibo, se considerará que el Mensaje de Datos no ha sido enviado en tanto que no se haya recibido el acuse de recibo en el plazo fijado por el Emisor o dentro de un plazo razonable atendiendo a la naturaleza del negocio, a partir del momento del envío del Mensaje de  Datos;

III. Cuando el Emisor haya solicitado o acordado con el Destinatario que se acuse recibo del Mensaje de Datos, independientemente de la forma o  método determinado para efectuarlo, salvo que:

a) El Emisor no haya indicado expresamente que los efectos del Mensaje de Datos estén condicionados a la recepción del acuse de recibo, y

b) No se haya recibido el acuse de recibo en el plazo solicitado o acordado o, en su defecto, dentro de un plazo razonable atendiendo a la naturaleza del negocio.

El Emisor podrá dar aviso al Destinatario de que no ha recibido el acuse de recibo solicitado o acordado y fijar un nuevo plazo razonable para su recepción, contado a partir del momento de este aviso. Cuando el Emisor reciba acuse de recibo del Destinatario, se presumirá que éste ha recibido el Mensaje de Datos correspondiente;

IV. Cuando en el acuse de recibo se indique que el Mensaje de Datos recibido cumple con los requisitos técnicos convenidos o establecidos en ley, se presumirá que ello es así.

Artículo 92.-

 

I. a IV. …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Cuando se acuerde el uso de comunicaciones electrónicas certificadas, éstas deberán realizarse conforme a los requisitos previstos en la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el artículo 49 del Código de Comercio.

V. Resolutivo

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones Dictaminadoras consideran aprobar en sus términos la minuta materia del presente dictamen, y someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Artículo Primero.- Se Reforma la fracción II del artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue:

Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Artículo 35. …

I. …

II. Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, con acuse de recibo. También podrá realizarse mediante telefax, medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio, cuando así lo haya aceptado expresamente el promovente y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de los mismos, en el caso de comunicaciones electrónicas certificadas, deberán realizarse conforme a los requisitos previstos en la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el artículo 49 del Código de Comercio, y
III. …

Artículo Segundo.- Se Reforma el artículo 90 Bis, último párrafo, y se adicionan un último párrafo al artículo 91 y una fracción V al artículo 92 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Código de Comercio

Artículo 90 Bis. …

I. y II. …

I. y II. …

Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del uso de cualquier otro método de verificación de la identidad del Emisor, se presumirá que se actuó con la debida diligencia si el método que usó el Destinatario o la Parte que Confía cumple con los requisitos establecidos en este Código para la verificación de la fiabilidad de las Firmas Electrónicas. Cuando se acuerde el uso de comunicaciones electrónicas certificadas, éstas deberán realizarse conforme a los requisitos previstos en la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el artículo 49 del Código de Comercio.

Artículo 91. …

I. a III. …

Cuando se acuerde el uso de comunicaciones electrónicas certificadas, éstas deberán realizarse conforme a los requisitos previstos en la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el artículo 49 del Código de Comercio.

Artículo 92. …

I. a IV. …

V. Cuando se acuerde el uso de comunicaciones electrónicas certificadas, éstas deberán realizarse conforme a los requisitos previstos en la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el artículo 49 del Código de Comercio.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

Sala de comisiones del Senado de la República, el 13 de abril de 2016.

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


1 CASTRILLÓN y LUNA, Víctor. Código de Comercio Comentado, 7 ed., Ed. Porrúa, México, 2012, p.5.




 

Cuatro, de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda, con los siguientes proyectos de Decreto:

Que reforma el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)







 

Por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL

(Dictamen de primera lectura)







 

Por el que se reforma la fracción V del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)







 

Y por el que se reforman y adicionan los artículos 35, 39 y 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 35, 39 Y 50 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)







 

Uno, de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)







 

De las Comisiones Unidas de Justicia; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE JUSTICIA  MILITAR Y SE EXPIDE EL CÓDIGO MILITAR DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes de primera lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, quedan de primera lectura.





 

Tenemos ahora la discusión de dictámenes, en sentido negativo, que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado. Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy. En consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a que se refieren los dictámenes en sentido negativo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Con mucho gusto, señor Presiente, doy lectura a los once dictámenes:

Doy lectura al primer dictamen:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda., les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la minuta que contiene proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Sociedades Mercantiles, enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 212, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta minuta conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores y turnada como minuta a la Cámara de Diputados.

En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la minuta sometida ante el pleno de la Cámara de Diputados.

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración de la minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.


II. Antecedentes

1. El 26 de marzo de 2009, los entonces Senadores Juan Bueno Torio, Rubén Camarillo Ortega y Ramón Muñoz Gutiérrez, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso su turno a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda; para su estudio y elaboración de dictamen.

2. El 3 de diciembre de 2009, los entonces Senadores Jorge Andrés Ocejo Moreno y Juan Bueno Torio integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil Federal, del Código de Comercio y de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso su turno a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda; para su estudio y elaboración de dictamen.

3. El 8 de febrero de 2011, El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la iniciativa con 102 votos a Favor, 0 en Contra y 0 Abstenciones.

4. El 10 de febrero de 2011, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, turnó la minuta que contiene proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles a la Comisión de Economía para su estudio y dictamen.

5. El 21 de septiembre de 2011,la Cámara de Diputados del H. Congreso de Unión, aprueba la Minuta que contiene proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles con 307 votos a Favor, 14 en Contra y 5 Abstenciones.

Se devuelve con observaciones a la Cámara de Senadores.

6. El 13 de diciembre de 2011, la Cámara de Senadores turnó la minuta que contiene proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen.

7. El 26 de abril de 2012, el Pleno de la Cámara de Senadores aprueba la minuta que contiene proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles con 71 votos a Favor, 0 en Contra y 3 Abstenciones.

Se devuelve a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

8. El 30 de abril de 2012,la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, turnó la minuta que contiene proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles a la Comisión de Economía para su estudio y dictamen.

9. El 3 de febrero de 2016, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, aprobó el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se devuelve a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

10. El 09 de febrero de 2016, la Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda., el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles para su estudio y dictamen.

III. Contenido de la Minuta

La Minuta en análisis tiene por objeto:

a) Incorporar la figura jurídica de las sociedades unipersonales que precisa como aquella en nombre colectivo, de responsabilidad limitada o anónima, en cuyo capital participa un solo socio.

b) Establecer equivalencia de las previsiones generales de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada que se refieren a “socios”, “miembros”, “accionistas” y “contrato social”, para ser aplicadas en las sociedades unipersonales.

c) Determinar la inaplicabilidad de las disposiciones referentes a la convocatoria y celebración de Asambleas al socio o accionista único, y

d) Establecer que las decisiones del socio o accionista único deberán constar por escrito y ser firmadas y registradas en el Libro de Actas.

Así, la colegisladora aprobó el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se desecha la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, remitida por la Cámara de Senadores el día 26 de abril de 2012.

Segundo.- Devuélvase a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para efectos de lo dispuesto por el Apartado D, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero.- Archívese el expediente como formal y materialmente concluido…”

IV. Consideraciones de las Comisiones

Primera.- Que de acuerdo con la segunda consideración del dictamen de la Comisión de Economía, el 09 de noviembre de 2010 el entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, con la facultad prevista en el artículo 72, fracción C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos emitió observaciones a un proyecto de decreto que contiene características similares a la minuta en comento, en estas observaciones se detalla, que es indispensable que la inserción de la sociedad unipersonal al ordenamiento jurídico sea concebida de manera conjunta al análisis jurídico y legislativo de la figura de la desestimación de la personalidad jurídica societaria y, por otra parte, que dicha inclusión en el sistema contenga elementos mínimos de congruencia con los recientes ejercicios e interpretaciones efectuados por el Congreso de la Unión en materia de desregulación.

Así también, el Ejecutivo Federal se pronuncia por una regulación mínima que permita dotar de agilidad los mecanismos de constitución y de operación de las sociedades, circunstancia que no se actualiza en el proyecto de decreto. Estima innecesaria la creación de una modalidad especial para las sociedades unipersonales y, en consecuencia, un capítulo que regule sentido que la alternativa acorde al principio de desregulación es simplemente la modificación del requisito de número de socios para la constitución de la sociedad.

Adicionalmente, solicita al Congreso de la Unión mantener el criterio de estricto respeto a la personalidad jurídica societaria, con plena y absoluta independencia de las personas o socios que la conforman, y fortalecer con la figura de la unipersonalidad, la regulación vigente de los tipos de responsabilidad de los miembros de las sociedades mercantiles.

Segunda.- Que el pasado 14 de marzo de 2016, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, el DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En el que se propone:

La creación de la figura jurídica de la “Sociedad por Acciones Simplificada (SAS’s)”, la cual pretende:

• Facilitar el ingreso a la formalidad.

• Simplificar el proceso de constitución para micro y pequeñas empresas.

• Crear un nuevo régimen societario constituido por uno o más accionistas (personas físicas).

• Establecer un proceso de constitución administrativa con todos los efectos legales.

• Establecer un mecanismo de operación sencilla que se adapte a las necesidades de la micro y pequeñas empresas, y

• Fomentar el crecimiento de estas empresas para que, en el futuro, adopte formas más sofisticadas de operación y administración.

Las SAS´s:

• Se deberán inscribir en el Registro Público de Comercio.

• Podrán constituirse por uno o más socios (personas físicas).

• Sus ingresos totales anuales no podrá rebasar de 5 millones de pesos.

• Se constituirán:

- Por uno o más accionistas;

- Los accionistas externen su consentimiento bajo los estatutos sociales que la Secretaría de Economía ponga a disposición mediante el sistema electrónico de constitución; y

- Que todos los accionistas cuenten con certificado de firma electrónica avanzada.

• El sistema electrónico para la constitución de las SAS’s estará a cargo de la Secretaría de Economía, su funcionamiento y operación se regirá por las reglas generales que para tal efecto emita la propia Secretaria.

Tercero.- De acuerdo con la exposición de motivos de esta reforma los beneficios para las empresas serán:

a) Constitución en línea de la sociedad en menos de 24 horas.

b) Consentimiento por medios electrónicos.

c) Facilitación de estatutos de la sociedad y mecanismo de operación sencillo.

d) Cumplir con trámites federales en un solo portal (IMSS, SAT, Fonacot), y

e) Direccionamiento a los apoyos federales (NAFIN, INADEM)

Asimismo, traerá para el Gobierno Federal los siguientes beneficios:

a) Fomento de la formalidad y de la creación de nuevos negocios y por ende empleos.

b) Disminución del tiempo del trámite de apertura de empresas a 0 días.

c) Impacto positivo del Rank de Doing Business para el trámite de apertura de empresas.

d) Contribución a la atracción de inversión debido a trámites más ágiles para la apertura de nuevos negocios, y

e) Optimización de plataformas tecnológicas existentes.

V. Resolutivo

Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este dictamen, las que dictaminan estiman que las propuestas contenidas en esta minuta con Proyecto de Decreto, se encuentran debidamente atendidas por el DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, publicado por el Ejecutivo Federal, el pasado 14 de marzo de 2016, en el Diario Oficial de la Federación, por lo que es innecesaria su modificación.

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se desecha la minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, remitida por la Cámara de Diputados, el día 09 de febrero de 2016.

Segundo.-Archívese el expediente como formal y materialmente concluido.

Sala de comisiones del Senado de la República, el 13 abril de 2016.

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA





 

Doy lectura al segundo dictamen:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción III, al artículo 18, de la Ley de Adquisidores, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por el Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas, realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa descrita, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo denominado "Antecedentes”, se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

En el capítulo denominado “Contenido de la Iniciativa”, se hace una descripción de la iniciativa presentada por el Senador promovente.

En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración de la iniciativa en base al contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

1. El 24 de junio de 2015 fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda., la iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción III, al artículo 18, de la Ley de Adquisidores, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por el Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para su análisis y dictamen correspondiente.

III.- Contenido de la Iniciativa

La iniciativa tiene por objeto:

a) Adicionar una fracción III, al artículo 18, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para:

i) Establecer que en la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se deberá dar prioridad a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Así, proponen la siguiente:

“…Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Artículo Único.-Se adiciona una fracción III al artículo 18, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, para quedar como sigue:

Artículo 18. …

I. …

II. …

III. Los objetivos y prioridades de las adquisiciones, arrendamientos y servicios darán prioridad a las micro, pequeñas y medianas empresas sin perjuicio de lo establecido en la fracción I de este artículo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación….”

IV. Consideraciones de las Comisiones

Primera.- Que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público tiene por objeto regular las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen:

a) Las unidades administrativas de la Presidencia de la República;

b) Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal;

c) La Procuraduría General de la República;

d) Los organismos descentralizados;

e) Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y

f) Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

En este sentido, el artículo 13, párrafo segundo, de esta Ley, dispone que tratándose de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a sesenta días, las dependencias o entidades otorgarán en igualdad de circunstancias del diez al cincuenta por ciento de anticipo cuando se trate de micro, pequeña y medianas empresas nacionales.

Segunda.- Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través de fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad.

Asimismo, el artículo 6 de esta Ley, establece que la Secretaría de Economía en el ámbito de su competencia, promoverá la participación de los Sectores para facilitar a las MIPYMES el acceso a Programas en los que participan la Federación, las Entidades Federativas, del Distrito Federal y de los Municipios.

Por su parte, el artículo 10, fracción IX, de este marco jurídico dispone que la planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las MIPYMES debe atender a la promoción que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus delegaciones en las Entidades Federativas y en el Distrito Federal realicen la planeación de sus adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra pública para destinarlas a las MIPYMES de manera gradual, hasta alcanzar un mínimo del 35%, conforme a la normativa aplicable.

Tercera.- Que la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional contempla entre otros objetivos:

a) Impulsar la integración de cadenas productivas de mayor valor agregado, en particular de las MIPYMES con las grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras, instaladas en territorio nacional, mediante el establecimiento formal y operativo de núcleos productivos, así como conglomerados empresariales;

b) Promover, apoyar e incentivar que las grandes empresas exportadoras trasladen su proveeduría a empresas instaladas en territorio nacional, impulsando que los proveedores sean MIPYMES organizadas en cadenas productivas, para así lograr una mayor integración y un mayor valor agregado nacionales en bienes y servicios de exportación; y

c) Promover que las grandes empresas productivas estatales y las entidades de la Administración Pública Federal incrementen su proveeduría con empresas nacionales, especialmente MIPYMES, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte;

En este marco jurídico, se contempla la elaboración del Programa Especial para la Productividad y la Competitividad que entre otros objetivos tendrá:

a) Impulsar las actividades productivas de los emprendedores y de las MIPYMES para elevar su contribución al crecimiento económico nacional;

b) Favorecer la constitución de cadenas de valor formadas por grandes empresas y MIPYMES, a efecto de incrementar las capacidades tecnológicas y organizacionales de éstas para ser proveedoras de aquéllas;

c) Consolidar sinergias y cadenas de valor entre las MIPYMES, organizadas en núcleos productivos o entre ellas y las grandes empresas, para incrementar sostenidamente su productividad y competitividad económica;

Cuarta.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 184, numeral 2, del Reglamento del Senado de la República, que a la letra dice:

“…De igual modo, las comisiones pueden recibir de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal o de cualquier ente público, de los distintos órdenes de gobierno, los elementos de información que estimen convenientes para el desahogo de sus trabajos…”

En este tenor, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, solicitó la opinión de la Secretaría de Economía (En adelante, SE) por tratarse de un tema, ámbito de su competencia con la finalidad de perfeccionar el trabajo legislativo.

“… La SE emite opinión en contra de la iniciativa por las consideraciones siguientes:

La propuesta de adición de una fracción III al artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), no se considera necesaria, toda vez que ya existen diversas disposiciones que aseguran la preferencia de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) en la planeación de adquisiciones, arrendamientos y servicios;

La fracción IX del artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (LDCMIPyME), establece que en la “planeación de las adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obras públicas, se deberá destinar a las MIPyMES un mínimo del 35% del total de contrataciones

El artículo 13 de la LAASSP, señala que en el caso de adquisiciones de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a sesenta días, las dependencias o entidades otorgarán en igualdad de circunstancias del 10 al 50% de anticipo cuando se trate de MIPyMES nacionales.

Por lo que toca al artículo 36 Bis de la LAASSP describe que una vez hecha la evaluación de las proposiciones en las licitaciones públicas, el contrato se adjudicará al licitante cuya oferta haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes, o bien, de costo beneficio; o en su defecto a la proposición que hubiera ofertado el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente.

En ambos supuestos, es importante mencionar que en caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de MIPyMES nacionales.

La SE emite opinión en contra de la Iniciativa por las consideraciones antes expuestas, solicitando de la manera más atenta que las mismas puedan ser consideradas dentro del proceso de análisis legislativo correspondiente.

V. Resolutivo

Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este dictamen, las Comisiones dictaminadoras estiman que las inquietudes planteadas por el Senador promovente se encuentran atendidas en los siguientes marcos jurídicos:

a) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

b) Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

c) Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional.

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se desecha la iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción III, al artículo 18, de la Ley de Adquisidores, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el día 24 de junio de 2015.

Segundo.- Archívese la iniciativa en el presente dictamen, como formal y materialmente concluida.

Sala de comisiones del Senado de la República, el 13 de abril de 2016.

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA





 

Doy lectura al tercer dictamen:

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AEROPUERTOS

(Dictamen a discusión)







 

Doy lectura al cuarto dictamen:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 32 BIS Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Dictamen a discusión)







 

Doy lectura al quinto dictamen:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Dictamen a discusión)







 

Doy lectura al sexto dictamen:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 6, 11, 21, 23, 27, 33, 48, 57, 67, 68 Y 81 DE LA LEY DE AEROPUERTOS

(Dictamen a discusión)







 

Doy lectura al séptimo dictamen:

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 44; Y SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL INCISO A) DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Doy lectura al octavo dictamen:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Doy lectura al noveno dictamen:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 9 Y LOS ARTÍCULOS 214 Y 215 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

(Dictamen a discusión)







 

Doy lectura al décimo dictamen:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)







 

Doy lectura al último dictamen:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVIII-B AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Están a discusión.

Sonido en el escaño de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Señor Presidente, quisiera hacer mención al dictamen que se desecha respecto de las áreas protegidas.

Y quisiera hacer uso de la palabra, porque en este momento en Uruapan se quema un cerro, que es un bosque de pinos, tiene más de 30 horas ardiendo y no ha habido la posibilidad de auxiliar con helicópteros que tiran agua.

Hay una empresa que los tiene, está en la laguna y el gobierno del estado tiene un convenio con ellos de 17 millones mensuales para la utilización de helicópteros.

Primero. Quisiéramos que el gobierno del estado solicitara esos helicópteros para apagar el incendio, porque hay mucho combustible que puede quemarse todavía ahí, que haya una declaratoria de desastre ecológico.

Segundo. Que se tenga mucho cuidado que una vez que se controle el fuego, no se vaya a permitir que se cambie el uso de suelo de ese bosque de pinos que es tan necesario en esa zona de Michoacán, que es una fábrica de agua y que lo es fundamentalmente por el bosque de pinos que está alrededor.

Hay una batalla de crecimiento de aguacateras frente a los pinos. Hoy es muy necesario que se proteja ese bosque que está incendiándose, al parecer, de manera no accidental, sino intencionada, y estamos muy preocupados los michoacanos por ese bosque que se quema y que además está llegando a la ciudad de Uruapan.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Calderón Hinojosa.

¿Alguna otra intervención?

No están reservados los dictámenes para discusión en lo particular, por lo tanto, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto iniciados en esta Cámara.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes que desechan proyectos de Decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a sus promoventes.





 

El siguiente asunto es la votación de un dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de Acuerdo que exhorta a informar sobre los nuevos avances del “Plan Nuevo Guerrero”, así como sobre las acciones de seguimiento del Acuerdo “Guerrero Próspero e Incluyente”.

Este dictamen se solicitó separarlo de la votación conjunta para que se sometiera a la consideración del Pleno de manera individual.

El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día. Solicito a la Secretaría dé lectura al mismo.

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión. Al no haber oradores inscritos, consulte al Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo referido. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en relación con la contaminación de los lagos del Parque Nacional Lagunas de Montebello.

El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Solicito a la Secretaría dé lectura al mismo.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

La Secretaría Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura.



(Intervención del Senador Luis Armando Melgar Bravo)



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión. En virtud de no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en torno al establecimiento del área de refugio de Akumal.

El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy. Solicito a la Secretaría dé lectura al mismo.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura.



(Intervención de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván)



Es cuando, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión. En virtud de no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, relativo al Lago de Chapala.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión. Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que exhorta a evaluar la pertinencia de incluir en el Programa Nacional de Normalización 2016, la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2006.

El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Solicito a la Secretaría dé lectura al mismo.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura.



(Intervención de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván)



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión. No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en torno al uso y desecho de material poliestireno, llamado unicel.

El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy. Solicito a la Secretaría dé lectura al mismo.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.



(Intervención de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván)



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión. Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaria a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, que exhorta a implementar planes y programas de desarrollo urbano, con el fin de precisar cuáles son las zonas de riesgo en nuestro país, así como actualizar el Atlas Nacional de Riesgo.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.



(Intervención del Senador Francisco Salvador López Brito)



(Intervención del Senador Tereso Medina Ramírez)



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión. Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en torno al uso de vehículos eléctricos e híbridos.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión. Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a generar una agenda común con relación al diseño de políticas públicas necesarias para lograr ciudades sustentables y asentamientos humanos bien planificados y eficientes, en el marco de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III, que tendrá lugar del 17 al 20 de octubre del año en curso.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura.



(Intervención de la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo)



(Intervención de la Senador Francisco Salvador López Brito)



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión. En virtud de que no hay oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Federalismo, que contiene un punto de Acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Sinaloa a dar cumplimiento al recurso de revisión resuelto por el Tribunal Estatal Electoral de ese estado, para continuar con el procedimiento legislativo en relación a la petición formulada por la “Coordinadora Ciudadana Pro-Municipalización de Juan José Ríos, A.C.", y dictaminar las iniciativas con proyecto de Decreto de creación del municipio de Juan José Ríos y el que reforma la Constitución Política del Estado de Sinaloa, presentadas el 28 de enero de 2014.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE FEDERALISMO

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. Está a discusión. En virtud de que no hay oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Federalismo, que contiene punto de Acuerdo por el que queda sin materia la proposición que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero a otorgar la compensación de fin de administración a los trabajadores del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE FEDERALISMO

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión. En virtud de que no hay oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a realizar una auditoría a las finanzas del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Me permito dar lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión. Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a otorgar, en la medida de sus posibilidades, una disminución en el costo de transporte público en dicho estado.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión. Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, que contiene punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición que exhorta a llevar a cabo las acciones oportunas e implementar las políticas necesarias para aumentar eficazmente el acceso a Internet a todos los sectores de la sociedad.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión. Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Recibimos seis dictámenes de la Comisión Para la Igualdad de Género, con puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a dichos dictámenes.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, me permito dar lectura a los dictámenes.

Doy lectura al primer dictamen.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)







 

Doy lectura al segundo dictamen.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)







 

Doy lectura al tercer dictamen.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)







 

Doy lectura al cuarto dictamen.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)







 

Doy lectura al quinto dictamen.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)







 

Doy lectura al sexto dictamen.

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Están a discusión. En virtud de que no hay oradores inscritos y que no se ha reservado ningún dictamen para su discusión en lo particular, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse el conjunto de los dictámenes que han sido referidos.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Tenemos un dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional del Emprendedor a fortalecer la difusión de los programas de apoyo en las micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de fomentar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, sobre todo en las zonas marginadas del país.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al dictamen.

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL.

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional del Emprendedor a fortalecer la difusión de los programas de apoyo de las micros, pequeñas y medianas empresas.

En virtud del análisis y estudio de la Punto de Acuerdo descrita, esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, fracción I, 182, 183 numeral 1, 190 y 277, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. Metodología de Trabajo

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la Proposición con Punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan un análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal.

II. Antecedentes

1. El 03 de marzo de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita por el Senador Socorro Sofío Ramírez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, bajo el siguiente resolutivo:

“ÚNICO. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional del Emprendedor, a fortalecer la difusión de los programas de apoyo de las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) a fin de que mediante la inversión disponible para este año de 2016, se fomente el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, sobre todo en las zonas marginadas del país”.

III. Consideraciones de la Comisión

Primera.-Que de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) realizan una contribución fundamental en la creación de empleo y generación de ingresos, pues concentran las dos terceras partes del empleo total mundial.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalan que en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8 % son MIPYMES que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país.

Segunda.- Que de acuerdo con el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018de la Secretaría de Economía, se tiene como objetivo sectorial número 3, el Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la economía.

Así, plantea desarrollar diversas líneas de acción, entre las que se encuentran:

• Articular la atención a emprendedores y MIPYMES mediante la Red Nacional de Apoyo al Emprendedor.

• Incrementar el desarrollo y registro de propiedad industrial procedente de emprendedores y MIPYMES.

• Vincular a emprendedores y MIPYMES mediante los Puntos para Mover a México, un call center y un portal electrónico.

Desarrollar programas de apoyo que impulsen la cultura emprendedora.

Tercera.- Que el Instituto Nacional del Emprendedores un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial.

Cuarta.- Que el Fondo Nacional Emprendedor es un Fondo que tiene como objeto incentivar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el fomento a la productividad e innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en sectores estratégicos, que impulse el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva.

De acuerdo con información publicada en el portal de internet de la Secretaría de Economía, se destaca que este año 2016 el Fondo Nacional Emprendedor ofrece en las micro, pequeñas y medianas empresas un total de 3 mil 185 millones de pesos, a través de 19 convocatorias agrupadas en 5 categorías:

Categoría 1: Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional.

Categoría 2: Programas de Desarrollo Empresarial.

Categoría 3: Programas de Emprendedores y Financiamiento.

Categoría 4: Programas para MIPYMES, y

Categoría 5: Apoyo para la Incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

IV. Resolutivo

En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora somete a la aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente:


ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional del Emprendedor, para que en el ámbito de sus facultades fortalezca la difusión de los programas de apoyo en la micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) a fin de fomentar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, sobre todo en las zonas marginadas del país.

Senado de la República, el 13 de abril de 2016.

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión. Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de dictámenes de la Comisión de Energía, con puntos de Acuerdo en relación con los nombramientos y propuestas que remite el titular del Poder Ejecutivo Federal para el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad.

Para la discusión y votación de estos nombramientos, la Mesa Directiva acordó consultar a la Asamblea si autoriza que se realice de manera conjunta. En su caso, la votación se realizará de forma nominal, a menos que cualquier integrante de la Asamblea solicite que se realice de manera separada.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que la discusión y la votación de estos dictámenes se realicen de manera conjunta.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que la discusión y la votación de los dictámenes se realice de manera conjunta. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS COMO MIEMBRO INDEPENDIENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO

(Dictámenes a discusión)

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Con gusto, señor Presidente.

Doy lectura al primer dictamen:







 

Doy lectura al segundo dictamen.

COMISIÓN DE ENERGÍA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía del Senado de la República con fecha 26 de septiembre de 2016 le fue turnada por la Mesa Directiva de dicho órgano legislativo, la comunicación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, por conducto de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual presentó ante este Senado de la República oficio SELAP/300/919/16, por el que somete a consideración de esta Soberanía la ratificación del nombramiento de los miembros independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Los integrantes de la Comisión de Energía que suscriben, con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 113, 117, 174, 177, 182, 183, 184, 190, 229, 230, fracción III, 232, 239, párrafo 3; 241, 242, 255, párrafo 2, 256 y 277 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis del asunto antes señalado y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus miembros, reunidos en pleno, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGÍA

Los ciudadanos Legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y el análisis de la propuesta de ratificación y aprobación de las citadas designaciones y nombramientos, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

I. ANTECEDENTES

1.-Con fecha 26 de abril de 2016, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, por conducto de la Secretaría de Gobernación de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14 fracción III, 19 y 20 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, 15 fracción III, 20 y 21 de la Ley de Petróleos Mexicanos, y 9 y 10 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; presentó ante este Senado de la República oficio SELAP/300/919/16, mediante el cual somete a consideración de dicho órgano legislativo la ratificación del miembro independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, como se indica a continuación:

Aspirante a miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Jordy Hernán Herrera Flores

2.-En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores instruyó turnar a esta Comisión de Energía la propuesta en comento para su estudio y dictamen.

3.- Los CC. Legisladores integrantes de esta Comisión de Energía, realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de las citadas propuestas de ratificación y aprobación, expresar sus observaciones y comentarios a las mismas e integrar el presente dictamen.


II. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS

El Titular del Ejecutivo Federal, Licenciado Enrique Peña Nieto, somete a la consideración del Senado de la República lo siguiente:

a) La ratificación del nombramiento del C. Jordy Hernán Herrera Flores como miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, para un periodo de ocho años.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

PRIMERA.-En relación a los nombramientos de los miembros independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cabe destacar que el objetivo de la Ley de dicho Fondo y el desarrollo, radica en que éste, tendrá como objetivo central garantizar un manejo responsable y transparente sobre el uso de los ingresos petroleros de la Nación. Los recursos procedentes del petróleo que se obtengan como resultado de las diversas actividades que se contemplan en la Reforma Energética se destinarán a cubrir parte del gasto público; al ahorro de largo plazo y en inversiones que servirán como verdadera palanca de desarrollo y del bienestar de largo plazo de todos los mexicanos, por lo que resulta evidente que el papel que juegan los miembros independientes del Comité Técnico atiende a dos finalidades:

i) favorecer una pluralidad de opiniones con respecto a las inversiones y el uso de los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y ii)brindar un mayor grado de independencia en su funcionamiento.

Es decir, con dicha integración se asegura la prevalencia de consideraciones técnicas en las decisiones del Comité.

SEGUNDA.-La Comisión que dictamina, derivado del análisis del curriculum e idoneidad de los ciudadanos propuestos por el Titular del Ejecutivo Federal para ocupar el cargo como miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y velando por que la composición de dicho órgano colegiado sea diversificada, de acuerdo a la preparación, experiencia y capacidad de sus Integrantes, considera que se distinguen en el ámbito profesional y académico y cumplen con los requisitos establecidos en la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, para ejercer el cargo para el cual fue propuesto.

Por lo anterior, y después de realizar un estudio pormenorizado de las propuestas hechas por el Titular del Ejecutivo Federal, es que esta Comisión de Energía arriba a la conclusión de que la persona propuesta por el Titular del Ejecutivo Federal, cuentan con el perfil, experiencia y conocimiento de los retos presentes y futuros que el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, habrán de enfrentar en la implementación del marco jurídico en materia energética con que ahora contamos.

Adicionalmente, las personas propuestas cumplen con los requisitos legales correspondientes y complementan entre sí la idoneidad del cargo para el cual cada uno fue propuesto, para que en su conjunto lleven a cabo la encomienda que su respectivo cargo amerita.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Energía somete a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. La Comisión de Energía valida la idoneidad de la propuesta realizada por el Ejecutivo Federal.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 27 de abril de 2016.





 

Doy lectura al tercer dictamen.

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO INDEPENDIENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE ENERGÍA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía del Senado de la República con fecha 9 de septiembre de 2014 le fue turnada por la Mesa Directiva de dicho órgano legislativo, la comunicación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, por conducto de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual presentó ante este Senado de la República oficio SELAP/300/920/16, por el que somete a consideración de esta Soberanía la ratificación de la designación de los consejeros independientes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.

Los integrantes de la Comisión de Energía que suscriben, con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 113, 117, 174, 177, 182, 183, 184, 190, 229, 230, fracción III, 232, 239, párrafo 3; 241, 242, 255, párrafo 2, 256 y 277 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis del asunto antes señalado y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus miembros, reunidos en pleno, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGÍA

Los ciudadanos Legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y el análisis de la propuesta de ratificación y aprobación de las citadas designaciones y nombramientos, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

I ANTECEDENTES

1.- Con fecha 26 de abril de 2016, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, por conducto de la Secretaría de Gobernación de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14  de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, 15 de la Ley de Petróleos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; presentó ante este Senado de la República oficio SELAP/300/920/16, mediante el cual somete a consideración de dicho órgano legislativo la ratificación de la designación de los consejeros independientes del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, como se indican a continuación:

Petróleos Mexicanos

• C. Felipe Duarte Olvera, para concluir el periodo que finalizará el 17 d septiembre de 2019.

2.- En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores instruyó turnar a esta Comisión de Energía las propuestas en comento para su estudio y dictamen.

3.- Los CC. Legisladores integrantes de esta Comisión de Energía, realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de las citadas propuestas de ratificación y aprobación, expresar sus observaciones y comentarios a las mismas e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

El Titular del Ejecutivo Federal, Licenciado Enrique Peña Nieto, somete a la consideración del Senado de la República lo siguiente:

• La ratificación de la designación de los consejeros independientes del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad en favor del ciudadano Felipe Duarte Olvera para concluir el periodo que finalizará el 17 d septiembre de 2019.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

PRIMERA.- La Comisión que dictamina considera importante destacar que, toda vez que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, es el responsable, en el ámbito de sus respectivas competencias, de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de las mismas, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, constituyen el órgano supremo de administración de las Empresas Productivas del Estado, de ahí la relevancia de que dicho órgano se encuentren integrado en su totalidad y del papel que desempeñarán los consejeros independientes, por lo que las personas propuestas en su conjunto constituyen una parte toral para el funcionamiento de dicho órgano.

Dicho lo anterior, la Comisión de Energía considera que es trascendental que el Senado dela República, en cumplimiento con la fracción III del artículo 15 de la Ley de Petróleos Mexicanos, verifique que los consejeros independientes que designe el Titular del Ejecutivo Federal, cuenten con la experiencia suficiente para ocupar dichos cargos y cumplan a cabalidad con los requisitos dispuestos en las citadas Leyes para su ratificación.

SEGUNDA.- El artículo 21 de la  Ley de Petróleos Mexicanos, señala que aquellos ciudadanos que sean nombrados como consejeros independientes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, deberán cumplir con lo siguiente:

Artículo 21.- Los consejeros independientes señalados en la fracción III del artículo 15 de la presente Ley, deberán nombrarse considerando que puedan desempeñar sus funciones sin conflicto de interés y sin estar supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos. Además de los requisitos establecidos en el artículo anterior, deberán reunir los siguientes:

I. No haber sido empleado de Petróleos Mexicanos o de alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales en los dos años anteriores a la designación, ni removido con anterioridad del cargo de consejero, salvo que esto último hubiere sido resultado de incapacidad física ya superada;

II. No haber desempeñado el cargo de auditor externo de Petróleos Mexicanos o de alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales, durante los doce meses inmediatos anteriores a la fecha del nombramiento;

III. No haber sido servidor público de cualquier nivel de gobierno ni haber ocupado cargos de elección popular o directivos en partido político alguno, en los dos años inmediatos anteriores al día de la designación;

IV. No ser cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor importante de Petróleos Mexicanos o alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales, así como accionista, consejero, asesor o empleado de una persona moral que sea cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor importante de Petróleos Mexicanos o de alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales.

Se considera que un cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor es importante, cuando sus ingresos derivados de las relaciones comerciales con Petróleos Mexicanos, alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales, representen más del diez por ciento de las ventas totales o activos de esta última, durante los doce meses anteriores a la fecha del nombramiento;

V. No tener parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado, así como no ser cónyuge, concubina o concubinario, de cualquiera de las personas físicas referidas en las fracciones I, II y IV de este artículo, y

VI. No pertenecer simultáneamente a más de cuatro juntas directivas u órganos de administración de distintas personas morales, públicas o privadas, incluida la de Petróleos Mexicanos; o ejercer un empleo, cargo o comisión simultáneo que le impida el adecuado ejercicio de su función de consejero independiente.

Los consejeros independientes que durante su encargo dejen de cumplir con alguno de los requisitos señalados en esta Ley o les sobrevenga algún impedimento, deberán hacerlo del conocimiento del Ejecutivo Federal, para que éste resuelva lo conducente.

TERCERA.- Dicho lo anterior, la Comisión que dictamina considera acertada la propuesta del Titular del Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de consejero independientes de Petróleos Mexicanos, en virtud de que abona al cumplimiento del objetivo para el que ha sido creado el Consejo de Administración de la empresa productiva del Estado, alineando el sistema de incentivos para que dichos órganos cuenten con la capacidad y la fortaleza necesarios para atender los requerimientos operativos de Petróleos Mexicanos de manera neutral, integral y ordenada, y establecer una clara distinción entre las atribuciones que le corresponden al Consejo de Administración y aquéllas que competen a sus respectivos Directores Generales.

CUARTA.- Los integrantes de la Comisión de Energía consideran que la propuesta hecha por el Titular del Ejecutivo Federal para la designación del ciudadano Felipe Duarte Olvera, para ocupar el cargocomo consejeros independientes de Petróleos Mexicanos, garantiza el fortalecimiento de sus respectivos Consejos de Administración al conferirles atribuciones claras de mando y conducción de las empresas y por el otro, así como evitar intromisiones externas respecto a la toma de decisiones mediante el establecimiento de ciertas garantías institucionales, por lo que con estas medidas se consolida la autonomía del Consejo de Administración de las empresas estatales respecto a la toma de decisiones.

QUINTA.- La Comisión que dictamina, derivado del análisis del curriculum e idoneidad del ciudadano propuesto por el Titular del Ejecutivo Federal para ocupar los cargos de consejeros independientes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos Y velando por que la composición de dichos órganos colegiados sea diversificada, de acuerdo a la preparación, experiencia y capacidad de sus Integrantes, considera que se distinguen en el ámbito profesional y académico y cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Petróleos Mexicanos para ejercer el cargo para el que fue propuesto.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Energía somete a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. La Comisión de Energía valida la idoneidad de la propuesta realizada por el Ejecutivo Federal.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 27 de abril de 2016.





 

Doy lectura al cuarto dictamen.

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO INDEPENDIENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE ENERGÍA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía del Senado de la República con fecha 9 de septiembre de 2014 le fue turnada por la Mesa Directiva de dicho órgano legislativo, la comunicación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, por conducto de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual presentó ante este Senado de la República oficio SELAP/300/920/16, por el que somete a consideración de esta Soberanía la ratificación de la designación de los consejeros independientes del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad.

Los integrantes de la Comisión de Energía que suscriben, con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 113, 117, 174, 177, 182, 183, 184, 190, 229, 230, fracción III, 232, 239, párrafo 3; 241, 242, 255, párrafo 2, 256 y 277 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis del asunto antes señalado y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus miembros, reunidos en pleno, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGÍA

Los ciudadanos Legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y el análisis de la propuesta de ratificación y aprobación de las citadas designaciones y nombramientos, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 26 de abril de 2016, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, por conducto de la Secretaría de Gobernación de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14  de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, 15 de la Ley de Petróleos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; presentó ante este Senado de la República oficio SELAP/300/920/16, mediante el cual somete a consideración de dicho órgano legislativo la ratificación de la designación de los consejeros independientes del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, como se indican a continuación:

Comisión Federal de Electricidad

• C. Blanca Avelina Treviño de la Vega, para concluir el periodo que finalizará el 17 de septiembre de 2018.

2.-En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores instruyó turnar a esta Comisión de Energía las propuestas en comento para su estudio y dictamen.

3.- Los CC. Legisladores integrantes de esta Comisión de Energía, realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de las citadas propuestas de ratificación y aprobación, expresar sus observaciones y comentarios a las mismas e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS

El Titular del Ejecutivo Federal, Licenciado Enrique Peña Nieto, somete a la consideración del Senado de la República lo siguiente:

a. La ratificación de la designación de consejero independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad en favor de la ciudadana Blanca Avelina Treviño de la Vega, por el periodo que finalizará el 17 de septiembre de 2018.

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

PRIMERA.- La Comisión que dictamina considera importante destacar que, toda vez que el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, es responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de las mismas, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, constituyen el órgano supremo de administración de las Empresas Productivas del Estado, de ahí la relevancia de que dicho órgano se encuentre debidamente integrado en su totalidad y del papel que desempeñarán los consejeros independientes, por lo que la persona propuesta en su conjunto constituyen una parte toral para el funcionamiento de dicho órgano.

Dicho lo anterior, la Comisión de Energía considera que es trascendental que el Senado dela República, en cumplimiento con la fracción III del artículo 14 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y de la fracción III del artículo 15 de la Ley de Petróleos Mexicanos, respectivamente, verifique que aquellos consejeros independientes que designe el Titular del Ejecutivo Federal, cuenten con la experiencia suficiente para ocupar dichos cargos y cumplan a cabalidad con los requisitos dispuestos en las citadas Leyes para su ratificación.

SEGUNDA.- El artículo 20 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, claramente señala que quienes sean nombrados como consejeros independientes de su Consejo de Administración, deberán cumplir con lo siguiente:

Artículo 20.- Los consejeros independientes señalados en la fracción III del artículo 14 de la presente Ley, deberán nombrarse considerando que puedan desempeñar sus funciones sin conflicto de interés y sin estar supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos. Además de los requisitos establecidos en el artículo anterior, deberán reunir los siguientes:

I. No haber sido empleado de la Comisión Federal de Electricidad o de alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales en los dos años anteriores a la designación, ni removido con anterioridad del cargo de consejero, salvo que esto último hubiere sido resultado de incapacidad física ya superada;

II. No haber desempeñado el cargo de auditor externo de la Comisión Federal de Electricidad o de alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales, durante los doce meses inmediatos anteriores a la fecha del nombramiento;

III. No haber sido servidor público de cualquier nivel de gobierno ni haber ocupado cargos de elección popular o directivos en partido político alguno, en los dos años inmediatos anteriores al día de la designación;

IV. No ser cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor importante de la Comisión Federal de Electricidad, o alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales, así como accionista, consejero, asesor o empleado de una persona moral que sea cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor importante de la Comisión Federal de Electricidad o alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales. Se considera que un cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor es importante, cuando sus ingresos derivados de las relaciones comerciales con la Comisión Federal de Electricidad, alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales, representen más del diez por ciento de las ventas totales o activos de esta última, durante los doce meses anteriores a la fecha del nombramiento;

V. No tener parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado, así como no ser cónyuge, concubina o concubinario, de cualquiera de las personas físicas referidas en las fracciones I, II y IV de este artículo, y

VII. No pertenecer simultáneamente a más de cuatro juntas directivas u órganos de administración de distintas personas morales, públicas o privadas, incluida la de la Comisión Federal de Electricidad; o ejercer un empleo, cargo o comisión simultáneo que le impida el adecuado ejercicio de su función de consejero independiente.

Los consejeros independientes que durante su encargo dejen de cumplir con alguno de los requisitos señalados en esta Ley o les sobrevenga algún impedimento, deberán hacerlo del conocimiento del Ejecutivo Federal, para que éste resuelva lo conducente.

TERCERA.- Dicho lo anterior, la Comisión que dictamina considera acertada la propuesta del Titular del Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de consejero independiente de la Comisión Federal de Electricidad, en virtud de que abona al cumplimiento del objetivo para el que ha sido creado el Consejo de Administración de la empresa productiva del Estado, alineando el sistema de incentivos para que dicho órgano cuente con la capacidad y la fortaleza necesarios para atender los requerimientos operativos de la Comisión Federal de Electricidad de manera neutral, integral y ordenada, y establecer una clara distinción entre las atribuciones que le corresponden al Consejo de Administración y aquéllas que competen a sus respectivos Directores Generales.

Es así que la candidata propuesta cuenta con la experiencia suficiente para hacer un equilibrio en su respectiva actividad en donde complementarán sus aptitudes para ejercer el cargo para el que son propuestos de manera interactiva y colegiada.

SÉPTIMA.- La Comisión que dictamina, derivado del análisis del curriculum e idoneidad de la ciudadana propuesta por el Titular del Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de consejero independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, velando por que la composición de dicho órgano  colegiado sea diversificada, de acuerdo a la preparación, experiencia y capacidad de sus Integrantes, considera que se distingue en el ámbito profesional y académico y cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, para ejercer el cargo para el cual fue propuesta.

Por lo anterior, y después de realizar un estudio pormenorizado de las propuestas hechas por el Titular del Ejecutivo Federal, es que esta Comisión de Energía arriba a la conclusión de que la persona propuesta por el Titular del Ejecutivo Federal, cuentan con el perfil, experiencia y conocimiento de los retos presentes y futuros que la Comisión Federal de Electricidad habrá de enfrentar en la implementación del marco jurídico en materia energética con que ahora contamos. Adicionalmente, cumple con los requisitos legales correspondientes y complementan la idoneidad del cargo para el cual fue propuesto, para lleve a cabo la encomienda que su respectivo cargo amerita.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Energía somete a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. La Comisión de Energía valida la idoneidad de la propuesta realizada por el Ejecutivo Federal.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 26 de abril de 2016.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Están a discusión.

Para fundamentar los dictámenes a nombre de la Comisión de Energía, se concede el uso de la palabra al Senador Salvador Vega Casillas.

El Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, señor Presidente.

El 26 de este mes recibimos de la Mesa Directiva el turno a la Comisión de Energía de este Senado las propuestas del Ejecutivo para su discusión y, en su caso, ratificación para las vacantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, así como para las vacantes de consejeros independientes de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y miembros independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

La Comisión de Energía analizó y compareció a cada una de las personas integrantes de las cuatro ternas para Comisionados de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, presentadas por el Ejecutivo para su ratificación en este Pleno.

Asimismo, se analizaron las propuestas uninominales para consejeros independientes de Pemex y Comisión Federal de Electricidad y miembros del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Los órganos reguladores del sector energético son de gran importancia para el nuevo modelo que nos hemos dado. Su función es primordial para el desarrollo del sector energético y, por lo tanto, del país.

Más aún, en estos momentos en que estamos en plena implementación de las reformas y a la vez atravesando por una profunda crisis del sector provocada por la caída de los precios del petróleo, es un reto adicional que deberán enfrentar los órganos reguladores.

Por eso es de gran importancia escoger cuidadosamente a sus integrantes y a los consejeros de las Empresas Productivas y del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

De esta decisión que tomaremos depende en buena medida, que las reformas estén en el camino correcto para dar buenos frutos y que los mexicanos puedan ser beneficiarios del desarrollo del sector y de la riqueza energética del país.

Es urgente cubrir las vacantes en estos organismos del Estado que se encuentran en uno de los periodos más críticos, derivado de las circunstancias que ya comenté, y que por la conclusión del periodo de alguno de sus miembros o por circunstancias trágicas, como el lamentable deceso del Comisionado Edgar Rangel, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, sesionan hoy precariamente.

La complejidad de las funciones de estos órganos obligan a tener un equilibrio entre la experiencia y la especialización de sus integrantes.

En la Comisión Nacional de Hidrocarburos no sólo es necesario tener la experiencia que la ley marca de cinco años y los demás requisitos legales, también es muy importante buscar que este Senado logre integrar al órgano con las diversas especialidades que requiere su función, es decir, desde geólogos y geofísicos que puedan interpretar las expectativas de los campos petroleros, así como ingenieros petroleros, ingenieros químicos y expertos en licitaciones y administración de contratos, etcétera.

Igualmente, en el caso de la Comisión Reguladora de Energía, en donde sus facultades obligan a integrar un órgano con integrantes en temas tan diversos como el transporte, almacenamiento y distribución del petróleo, gas natural, petrolíferos y petroquímicos y por otro lado todos los asuntos relacionados con la electricidad y el impulso a la generación a través de las energías limpias, así como expertos en regulación, permisos y transparencia, que asegure que los instrumentos emitidos por la comisión no sólo tengan un adecuado sustento técnico y jurídico, sino que aseguren el desarrollo del sector, dando certidumbre a los inversionistas y proteger los intereses de los usuarios.

En el caso de los Consejeros Independientes de las Empresas Productivas del Estado, es importante también el equilibrio en las decisiones y la orientación que dan para llevar a estas empresas a enfrentar con más eficiencia este periodo de transición y crisis, y encaminarlas a ser empresas fuertes, que sigan prestando con eficiencia los servicios, que sigan siendo un motor para el desarrollo y la productividad en el país y que puedan competir con éxito con otras empresas globalmente.

Las candidatas y candidatos que se ponen a consideración en este Pleno y que hoy votaremos, son profesionales capaces, con el mérito suficiente para aspirar a este cargo, con la experiencia y las credenciales para ayudar al desarrollo del sector y del país, con el compromiso de la eficiencia y de la competitividad y de la transparencia, funcionarias y funcionarios públicos y privados, preparados y dispuestos para los cargos que son propuestos.

El dictamen que hoy discutimos es justamente de la idoneidad de las propuestas, de que cumplen con los requisitos de ley y que tienen el mérito suficiente para que este Pleno decida por quién votar.

Agradezco mucho a los miembros de la Comisión de Energía su participación, su trabajo y su disposición en este proceso que nos permitió emitir un dictamen por unanimidad.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Vega Casillas.

Se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Estuvimos atentos a la presentación que hicieron estos candidatos y ternas para ocupar las posiciones del nuevo sistema energético del país.

De manera muy diferente a lo planteado por el señor Presidente de la comisión, nosotros consideramos que ninguno es idóneo para el cargo, ninguno. Y no vamos a hacer esta descalificación con base en nuestra posición aquí presentada y reiterada de manera permanente.

Estamos en contra de la entrega del patrimonio energético del país a intereses extranjeros, estamos en contra de que la industria en toda su infraestructura, que tiene un valor inmenso, se distribuya y se entregue a las empresas transnacionales. Pero independientemente de esa posición que ustedes conocen y que lucharemos para reivindicar los derechos de la nación sobre su patrimonio enajenado por el Presidente Peña Nieto, siguiendo los intereses transnacionales y acatando su instrucción.

Si nosotros analizamos las comparecencias estas, prolongadas del día de ayer y los candidatos presentados por el señor Presidente de la comisión, repito, ninguno es idóneo.

¿Por qué lo digo? Porque de acuerdo con los principios y objetivos que ustedes establecieron en la reforma energética, ninguno de ellos se respeta.

Han desfilado una serie de tecnócratas, principalmente del ITAM, de la Escuela Libre de Derecho, con sus experiencias burocráticas aquí y allá, pero ninguno presentó los intereses de la nación mexicana. Hablaron, uno tras otro, del mercado, hablaron uno tras otro de la competitividad, hablaron de esta construcción, de esta entelequia que se llama mercado, sin ninguna posición o crítica, sin ninguna idea de lo que está pasando en el país y de cuáles son sus funciones.

Y lo repito, con base en los principios aprobados por ustedes en la reforma energética, nada, nada. Su preocupación es destruir las dos empresas públicas que bastante avanzado va el proceso .Esa es su preocupación, vamos a dividir a la CFE para que entren las empresas extranjeras a establecer un mercado.

Vamos a acabar y a utilizar la industria petrolera, los ductos, todos ellos para ponerlos al servicio de las empresas transnacionales y liquidando con ello a Pemex. Estos personajes es lo que dijeron aquí, y vamos a poner en manos de esos personajes tecnócratas, cuyo único objetivo es ganarse la confianza para destruir el sistema que el propio Constituyente Permanente estableció violando todas las normas. Pero en fin, ninguno de ellos representa el interés nacional, ninguno, todos estuvieron manejando el tema de la competencia, el tema de establecimiento de igualdad para los extranjeros, que implica la destrucción de las dos empresas líderes de este país, CFE y Pemex.

Entregar a esos funcionarios la administración de la energía en una supuesta autonomía, etcétera, que todos vienen del mismo lugar, todos vienen ya entrenados para esto, es entregar a apátridas, a personajes que no representan ningún interés nacional en las horas que estuvimos escuchándolos en su participación, nadie tocó los temas centrales.

Por ejemplo, hablo de establecer el mercado.

Pues qué no están enterados estos burócratas de la Secretaría de Energía, no están enterados de que el mercado lo mandan definir los intereses norteamericanos.

Qué no escucharon aquí al Vicepresidente de los Estados Unidos que vino a México, a este arreglo de oligarcas y burócratas entreguistas, se reunieron con el Vicepresidente de los Estados Unidos y con los empresarios para definir el mercado.

Hay que informarles a estos que llegan aquí muy capacitados, que ni siquiera saben lo que está pasando, no saben que el mercado lo va a definir el Vicepresidente de los Estados Unidos, junto con algunos burócratas mexicanos.

Entonces, ¿cuál mercado van a establecer?

¿Qué no se dan cuenta que lo que ha estado sucediendo?

Sí, señor presidente de la comisión, hay una posición totalmente autista en relación con esto.

Ya hemos establecido aquí, les hemos informado que el ex Embajador Pascual, alto funcionario del Departamento del Estado Norteamericano, ya definió en los Estados Unidos, en el Congreso Norteamericano, que la electricidad es para las empresas norteamericanas, para establecer un sistema en beneficio de estas empresas con una inversión o con una ganancia trillonaria y que ese sistema, que dicen establecer en el mercado, está diseñado por los Estados Unidos en el Congreso de los Estados Unidos, para hacerse de toda la electricidad desde México hasta la tierra de fuego para sus empresas.

Y estos ignorantes acríticos ajenos a la realidad del país no saben que eso está pasando. ¿Cuál mercado van a organizar ellos?, ninguno. Van a servir a esos intereses, ahí están los documentos, en la reunión del Vicepresidente Biden con Peña Nieto, acordaron que el mercado energético lo van a definir unos técnicos que van a traer de allá para acá, y el mercado tiene por objeto el dominio de las empresas transnacionales norteamericanas e incluso establecen que México debe ayudar a que se tome el control de la electricidad en todo Centroamérica.

Ese es el mercado, para sus empresas norteamericanas, y eso se acordó en esa reunión. Ninguno de estos personajes que son preparados, que vienen a presentar aquí, tienen la menor idea o simplemente son unos paleros, o simplemente vienen a cumplir los intereses de las empresas norteamericanas, porque esto es público, que nos les vayan a decir uno tras otro que vienen a fundar el mercado.

No va a haber mercado de acuerdo con lo que han convenido el Vicepresidente de los Estados Unidos y Peña Nieto y su cortejo.

Este año es el sector de energía que nos manda a estos personajes.

No podemos ocultar lo que está pasando, la destrucción de Pemex, la destrucción de la CFE, la presencia de los intereses norteamericanos, la venta de los ductos que dijeron que no iban a tocar los ductos, la venta de los ductos para dirigir, ya no solo explotar petróleos mexicanos, y llevárselo, no está diseñado en el Congreso Norteamericano que, bueno, pues todos hablan inglés, todos esos personajes hablan muy bien inglés, pero no sé qué leen.

Porque ya saben de cómo llegan y hacen un gran elogio de la reforma, y en el mercado y de su compromiso, pero nunca, ninguno de ellos, ninguno, los escuchamos uno tras otro, ninguno se comprometió con los intereses de México, ninguno se comprometió con la necesidad de proteger a las comunidades que están amenazadas de que las empresas extranjeras, esas que van a venir, se queden con sus propiedades, se entregue la tierra para que pueda desarrollarse, ni uno solo de ellos tocó un tema real en materia del petróleo y de la energía eléctrica ninguno sirve para defender los intereses mexicanos, ninguno.

Si seguimos con este engaño y todos nosotros decimos fulanito estudio, quién sabe dónde y habla inglés, el otro viene del gran centro proveedor de funcionarios, el ITAM, el otro viene de, bueno, lo que dijeron aquí, horas, fue su compromiso con los intereses extranjeros a final de cuentas y su total y absoluta ignorancia de lo que está pasando aquí en materia de geopolítica.

Que me imagino que aquí, los que han estado ligados a la privatización y extranjerización de nuestras empresas y de nuestros intereses, están igualmente de ignorantes, si no, les hubieran pedido cuando menos, señor Presidente, que hablaran de México, que hablaran de los mexicanos, que hablaran de que hay que evitar que se acaben el petróleo que tenemos muy poco para resistir los próximos años y que será entregado.

Nada de eso hubo, lo que hubo fue un desfile de tecnócratas antinacionales que de lo único que se preocupan es quedar bien con este Congreso, que vamos a votar en secreto, porque esa es otra cuestión, vamos a tener un papelito y vamos a estar en la simulación, cuando ya sabemos quiénes están seleccionados, pero para hacer el pantantán de que habrá una decisión democrática.

Ustedes van a aceptar, van a aceptar acríticamente también porque sí; hubieran estudiado lo que está pasando en México, porque no quieren abrir los ojos y saber que México está ya tomado por intereses extranjeros, y que estos personajes que ustedes proponen con grandes cualificaciones técnicas, todos empleados aquí de energía, ya debidamente endocrinados para que se ocupen de entregar lo que el Vicepresidente Biden y Peña Nieto ya arreglaron.

De manera que yo les pido señoras Senadoras y Senadores que reflexionen; y no estoy hablando en términos del sistema que quitaron de la Constitución, no del que pusieron ahí; de los compromisos que establecieron, de traer capitales, no tocar un ducto, no vender nada; cuando todos los días se está entregando, y aquí, no se sabe nada, porque a través de ese monstruoso sistema de dictadura mediática con las televisoras y los medios de comunicación que engañan al país, a través de eso, van a quedar como grandes técnicos.

No necesitamos esos personajes; necesitamos patriotas para empezar, y tenemos que decirlo claramente, porque si ustedes no piensan, a través del Canal del Congreso el país está pensando, México está pensando.

Con todo y los bloqueos de Televisa y de TV Azteca y todo aquello, con todo y eso, ya hay.

¿Qué dice el Presidente?

Hay un malhumor, dice el Presidente Peña Nieto, hay un malhumor.

No, señor Presidente, hay una actitud totalmente en contra de usted, que ha caído a los peores niveles de aceptación en México. Ese no es un malhumor, ese es México reprochándole su entreguismo, su irresponsabilidad, su entrega a los intereses económicos, a la corrupción.

Señores, son el Senado de la República, cuando menos lean para saber lo que acordó el Vicepresidente de Estados Unidos con Peña, el mercado lo van a definir ellos.

La CFE va a estar a las órdenes de esas empresas transnacionales para penetrar Centroamérica.

El mercado no existe, es una hegemonía brutal de los intereses transnacionales de Estados Unidos.

Que lástima que no les interese nuestro país, porque si les interesan las gubernaturas, no va a quedar nada para eso.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Se concede el uso de la palabra al Senador Luis Fernando Salazar, para referirse a los dictámenes.

El Senador Luis Fernando Salazar Fernández: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hago uso de esta tribuna en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor de los dictámenes de la Comisión de Energía, que contienen los nombramientos para suplir diversas vacantes de tan importantes instituciones que, estoy seguro, habremos de aprobar el día de hoy.

Estos nombramientos provienen de la legislación secundaria de la reforma energética y constituyen un apuntalamiento muy importante para el correcto desempeño del Fondo Mexicano del Petróleo, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.

Acción Nacional estuvo a favor de las reformas en materia energética y estamos convencidos que los cambios fueron acertados.

El marco jurídico actual nos permite contar con las herramientas necesarias para exigir la competencia en el sector y para garantizar el respeto de los intereses y derechos de los nacionales.

Este marco jurídico se complementa, a su vez, con los mecanismos y el tipo de experiencia, tanto técnica como profesional, prevista para contar con los mejores perfiles que fortalezcan y consoliden los objetivos para los que fueron creadas las instituciones del sector.

En estos dictámenes que hoy se ponen a nuestra consideración, se propone el nombramiento de dos miembros independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que recaerán en las personas de Jesús Marcos Yacamán y Jordy Hernán Herrera Flores.

Por otra parte, se presenta la propuesta para que los ciudadanos Felipe Duarte Olvera y Blanca Avelina Treviño de la Vega, ocupen los cargos de Consejeros Independientes de los Consejos de Administración de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, respectivamente.

Se propone la validación de la idoneidad de dos ternas para la designación de Comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de dos ternas más, para suplir la vacante de Comisionados en la Comisión Reguladora de Energía, así como la presidencia de dicho órgano.

Como es del conocimiento de todos, a raíz de la reforma energética, órganos como éstos, como el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo, cuya finalidad es favorecer el manejo responsable y transparente de los ingresos petroleros; o como los Consejos de Administración de Pemex, una empresa que hoy enfrenta grandes retos ante la trayectoria descendente del precio del petróleo.

Y la CFE, vital para la visión internacional y de rentabilidad que requiere nuestro sector eléctrico.

Y los órganos reguladores dotados de facultades fundamentales para garantizar el mejor aprovechamiento de nuestros recursos naturales, requieren de la mayor probidad y capacidad técnica en su trayectoria profesional.

Para ello, después de realizar un exhaustivo estudio de todas y cada una de las personas que se proponen, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional coincide en afirmar que dichos ciudadanos cuentan con las cartas necesarias y suficientes para ocupar estas importantes vacantes y afianzar el desempeño institucional de tan importantes dependencias y órganos reguladores.

Tenemos altas expectativas y confiamos en que su actuar, y en la encomienda que su respectivo cargo amerita, cumplirán de manera puntual con el espíritu que hemos fijado en las leyes que regulan un ámbito tan trascendental en el desarrollo de la nación.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Salazar Fernández.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente.

Hasta la fecha, la reforma energética no ha dado ninguno de los grandes beneficios que prometieron, y hacia adelante no se prevé que los vayan a dar.

La realidad es que el país es cada vez más dependiente de las importaciones para satisfacer la demanda interna.

La situación financiera y operativa de las llamadas, ahora, empresas productivas del Estado, lejos de fortalecerse, se ha deteriorado a niveles preocupantes.

Los ríos de inversiones que anticiparon, no ha llegado ni un chorrito.

Los órganos reguladores coordinados en materia de energía no acaban de integrarse, ni de funcionar con efectividad, ni la eficacia con la que se pensaba.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos sólo se ha dedicado, junto con la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a armar licitaciones para entregar a empresas privadas campos de fácil exploración y explotación, en condiciones muy favorables para las empresas y desfavorables para el país.

La realidad es que la producción de hidrocarburos continúa en franco declive, y a la fecha las empresas privadas no han producido ni un solo barril de petróleo, ni han contribuido a las finanzas públicas.

Según los datos del Fondo Mexicano del Petróleo, de septiembre de 2015 a enero de 2016, el pago de cuotas contractuales para la fase exploratoria sólo ha acumulado cuatro millones de pesos.

A la fecha, no se ha concretado ningún contrato para la exploración de estas áreas no convencionales, ni en aguas profundas, que es en donde se supone que existe la mayor parte de los hidrocarburos cuyo desarrollo y explotación permitirían revertir la declinación acelerada de la producción de petróleo.

No sólo la producción de petróleo y gas van a la baja, también la producción de productos petrolíferos y petroquímicos van en caída libre.

Cada vez somos más dependientes de las importaciones, y como éstas van en aumento, el gobierno aceleró su privatización.

A partir de abril ya se otorgaron varios permisos para la libre importación de gasolina y diésel.

La enorme demanda de permisos demuestra que la comercialización de estos combustibles son un enorme negocio que ahora aprovecharán las compañías privadas, principalmente las extranjeras.

La Comisión Reguladora de Energía ha centrado sus actividades en la entrega de algunos permisos para la generación de energía eléctrica y para la entrega de ductos para el transporte de gas natural a empresas privadas sin que exista evidencia concreta de los beneficios para el país de estos permisos, ni tampoco existe evidencia de que hayan pagado un solo dólar a México.

El Fondo Mexicano del Petróleo sólo ha sido una entidad burocrática que recibe los derechos que se le cobran a Pemex para entregarlos íntegramente a la Tesorería de la Federación, actividad que actualmente se hace de manera directa. No se ha acumulado un solo peso en la reserva de largo plazo, que se suponía iba a apoyar el desarrollo nacional.

Se ha dicho que los malos resultados de la reforma energética se deben, en gran medida, al entorno internacional, en especial a los bajos precios del petróleo, lo que sin duda es cierto, pero esto demuestra que la reforma energética fue diseñada en un entorno de precios altos del petróleo sin prever lo que pasaría y que estaba pasando justo en el momento de aprobar la reforma energética, que está pasando con los precios deprimidos, con los cuales la reforma ha sido un verdadero fracaso.

La situación de Pemex es angustiosa, no tiene recursos ni para pagar a sus proveedores. Ya recibió financiamiento de la Banca de Desarrollo, y como resultaron insuficientes, el gobierno federal anunció un “rescate”, que también resulta insuficiente, además de entregarle recursos líquidos por 76 mil 500 millones de pesos, y modificó su régimen fiscal para que cuente con 50 mil millones de pesos adicionales, estos apoyos sólo servirán para disminuir la deuda con sus proveedores, pero no es en forma alguna “rescate” para la empresa.

En 2015, tuvo las mayores pérdidas de su historia, más de 520 mil millones de pesos, y por primera vez tuvo pérdidas antes del pago de impuestos y derechos por 128 mil millones de pesos.

Si bien los bajos precios del petróleo y gas pudieran explicar en parte la debacle de Pemex, era de suponerse que al menos beneficiaría a CFE en cierta forma porque se abarata el costo de su principal insumo que es el gas natural, pero tampoco esto ocurrió.

En 2015 la Comisión Federal de Electricidad tuvo pérdidas por 94 mil millones de pesos, más del doble de lo que perdió en 2014. El agravamiento de su situación financiera continúa este año.

El primer trimestre de este año 2016 perdió nada más en el trimestre 20 mil 219 millones de pesos, 24 por ciento más de lo que perdió el mismo periodo del año anterior, sólo en este trimestre el gobierno federal aportó 3 mil millones de pesos por concepto de subsidios para cubrir la insuficiencia tarifaria, pero de los grandes consumidores.

Una de las causas que explican su mal resultado es la medida demagógica de reducir las tarifas para usuarios industriales, en mayor medida para los más grandes solamente, pero esta medida no está fundamentada en la reducción de los costos de producción, sino sólo para tratar de aparentar que la reforma energética estaba dando resultados al menos para los grandes industriales.

Uno de los argumentos que se manejaron para vender la reforma energética privatizadora fue que las empresas privadas eran más eficientes que las empresas públicas, lo cual es muy cuestionable y se demuestra con la explosión ocurrida el pasado 20 de abril dentro del Complejo Petroquímico Pajaritos, operado por la empresa privada Mexichem, socia de Pemex desde 2013, fuera del marco constitucional antes de la reforma energética.

¿En dónde estaba la Agencia de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos el pasado 20 de abril que no apareció por ninguna parte?

Y otro de los organismos reguladores creados por la reforma energética fue ésta, y evidentemente las alianzas público-privadas demuestran su inutilidad y sus desventajas en la actuación de la asociación público-privada en el Complejo Petroquímico Pajaritos.

Como está previsto, cada vez habrá más empresas privadas participando en el sector energético, lo que incrementará las tareas reguladoras de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la Comisión Reguladora de Energía y de esta Agencia, y preocupa que no tengan la capacidad para llevar a cabo con eficacia, con eficiencia, sus responsabilidades, lo que puede ocasionar muchos mayores problemas que los que ha provocado la baja de los precios del petróleo.

En la sesión de hoy se presentan a discusión y votación diversos dictámenes de la Comisión de Energía, de los cuales se valida la idoneidad porque reúnen los requisitos meramente formales, pero estos requisitos son insuficientes para valorar a las personas.

A las personas se les valora por las decisiones previas que tomaron, por sus actuaciones, por sus antecedentes, por ver qué intereses representan, y lo que prevalece en las propuestas que hace el gobierno son los intereses particulares por encima de los intereses de la nación.

Y de todas las propuestas que propone el Ejecutivo para ocupar cargos de consejeros independientes de los órganos de gobierno como el Fondo Mexicano del Petróleo, o Pemex, o la Comisión Federal de Electricidad, o la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la propia Comisión Reguladora de Energía, ninguno parece independiente.

En la mayoría de las personas existen dudas sobre la experiencia en el sector, y esto es lo más grave, en general se trata de personajes que comulgan con el nuevo paradigma privatizador del sector energético, ya que fueron propuestos por el Ejecutivo, quien fue el principal promotor de la reforma energética privatizadora.

Una seria limitación es que no fundamentan, yo esperaba que lo hiciera el presidente de la comisión hoy, porque ayer vimos la idoneidad, son los requisitos formales, su acta de nacimiento, etcétera, pero eso no dice nada, y hoy no se dice ni se fundamentan cuáles son los datos básicos, cuáles son las razones por las cuales se seleccionan a estas personas y no a otras, sólo se limitan a decir que, pues comprobó su idoneidad.

Si el criterio para determinar la idoneidad de los candidatos fuera su grado de compromiso con el país, pues no pasan la prueba. Por eso proponemos el sentido negativo de nuestro voto.

Otro criterio pudiera ser que como serán consejeros independientes, pues que se garantice su independencia, lo que en la mayoría de los casos no se acredita ya que son funcionarios o ex funcionarios de la Secretaría de Energía o de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por ello sugerimos votar en contra.

Hay una persona que me pidió, el Senador Mayans, que no está, pero lo haré, que tal vez el único que se salva en cuanto a estos dos criterios que he mencionado sea Guillermo Ignacio García Alcocer, que viene en una terna para la Comisión Reguladora de Energía, pero, por ejemplo, está otro, Jordy Hernán Herrera Flores, que su nombre aparece en todo el expediente de Oceanografía, fue el que saqueó a Pemex Exploración y Producción a través de esta empresa, y pues el Fondo Mexicano del Petróleo, puesto para el que está propuesto, pues corre muchos riesgos, va a saquear ahora al Fondo Mexicano del Petróleo, de por sí no tiene fondos por el esquema privatizador que deja mucho que desear, imagínense lo poco que llegue al fondo, pues se lo va a llevar a otro lado.

Pero, además, esta persona entregó contratos integrales, es decir, concesiones antes de la reforma energética, es decir, violando la Constitución, y permitió la apropiación de la renta petrolera antes de que lo permitiera la reforma energética privatizadora. Si no respeta la Constitución, ¿cómo va a respetar la ley que le pide independencia para su actuación en el Fondo Mexicano del Petróleo?

Sólo pongo un caso, en realidad traigo demasiadas cosas, no viene, no tiene ningún sentido. Nuestro llamado es a votar en contra.

Gracias.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Colima, invitados por el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.

¡Sean ustedes bienvenidos a este Senado de la República!

Se concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra de los dictámenes.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Compañeras y compañeros.

La reforma energética, uno de los argumentos más recurrentes de parte de quienes la aprobaron, es que la gran innovación de esta reforma era el Fondo Mexicano del Petróleo, iba a ser un instrumento que permitiría el ahorro de largo plazo para que hubiera una transferencia intergeneracional de la riqueza petrolera.

Cuando un activo no renovable, como el petróleo, no se convierte en un nuevo activo y se despilfarra, como se hace en México, nos volvemos más pobres. Y hasta ahora el Fondo Mexicano del Petróleo ha sido un cascarón sin utilidad.

Yo no sé qué hacen los empleados del Fondo, pero se deben de aburrir muchísimo, no tienen nada que hacer. El Fondo Mexicano del Petróleo en 2015 acumuló 365 mil millones de pesos que fueron transferidos en un 92 por ciento a la Tesorería de la Federación para financiar el gasto público ordinario del gobierno.

El Fondo Mexicano tiene 22 empleados, el año pasado nos costó 45 millones de pesos, es decir, casi dos millones de pesos por empleado, pues que prácticamente no hacen nada. Lo único que tienen que hacer es registrar un número y transferírselo a la Tesorería de la Federación, acción que hacía antes la Secretaría de Hacienda de manera regular.

Pero, ¿por qué existe el Fondo Mexicano del Petroleo? En realidad no era la idea tener un instrumento para generar ahorro de largo plazo.

Lo que se quiere con este Fondo, la única justificación de este Fondo, es que los ingresos, que supuestamente iban a ser muchos a partir de los contratos de las empresas privadas en la reforma energética, no entraran a las finanzas públicas, para que la Cámara de Diputados no pudiera decidir el destino de estos recursos.

Es la única excepción que tenemos en toda la legislación mexicana. Es la única excepción que tenemos, donde no puede decidir el Congreso el destino de estos recursos.

Son bolsas determinadas, que a partir de la fórmula de distribución que se estableció, difícilmente vamos a ver que estos recursos van a ser destinados para el ahorro de largo plazo o para, como se dijo hasta el cansancio y en toda la publicidad de la reforma energética, invertir en infraestructura, en desarrollo de capital humano; para tener ahorro de largo plazo, para proyectos de ciencia y tecnología, e incluso se llegó a decir, y así está en la ley, que para financiar becas para los jóvenes.

De seguir con esta tendencia, estos precios, tendríamos por lo menos que esperar a que el barril de petróleo llegara a los cien dólares o que la producción se incrementara en un millón de barriles, para que por ahí del 2020-2022 empezara a haber algún excedente que sí pudiera conformar un ahorro de largo plazo y empezara a transformar inactivos en activos.

Como se ve la situación actual, eso no va a pasar. Lo que vemos es que esta caja alterna que se creó para que no entren a la bolsa fiscal estos recursos, pues es simplemente una cuenta virtual a la que me parece que si tiene 22 empleados, pues ya son muchos. Yo creo que necesitaríamos un par nada más y ahorrarnos por lo menos 40 millones de pesos en su operación. No tienen mucha tarea qué hacer.

Ya mencionaba también la Senadora Padierna las proyecciones fabulosas que tenían y apenas se han entrado cuatro millones de pesos por los contratos. Y de los casi 400 millones de pesos que ha administrado, pues menos del uno por ciento ha ido a fondos de ciencia y tecnología.

Esto está muy lejos de ser lo que se presumió, que iba a ser como el Fondo Soberano de Noruega, que es un fondo que le da mucha estabilidad a las finanzas de ese país, que garantiza que la riqueza que tienen actualmente por el petróleo, no se la consuma nada más esta generación, sino que sean beneficiadas las siguientes generaciones, donde es un instrumento que se utiliza también para regular el gasto público, no para incentivarlo; donde es un instrumento que sí tiene recursos que administrar y se dedica principalmente a buscar proyectos rentables alrededor del mundo, para seguir incrementando la riqueza de ese país.

Esto está muy lejos de ser el Fondo de Noruega, y esto no va a ocurrir tampoco, por lo menos, si las condiciones no cambian de aquí a después del 2020.

En cuanto al perfil de las personas, creo que no se vale descalificar a nadie porque haya estudiado en una universidad u otra.

El proceso de examen de idoneidad a que nos obliga la ley, aquí es claramente insuficiente para que podamos valorar a las personas, para que podamos saber qué compromisos tienen y cómo van a actuar.

Lo que sí sabemos es que van a un sistema, van a una institución que muy poco puede hacer en favor de los mexicanos, porque las grandes decisiones en contra de México y su patrimonio fueron tomadas con la reforma energética.

Entonces, estos señores que estamos eligiendo pues se la van a pasar muy bien, porque yo creo que tendrán que ir una media hora a su oficina todos los días y tendrán el día libre porque no hay mucho que hacer, no hay mucho que administrar.

El Fondo Mexicano del Petróleo no ha acumulado los recursos que se esperaban, y no lo va a hacer por lo menos de aquí al 2020.

Yo quisiera nada más señalar que el perfil de las personas que se están proponiendo, lo único que hace es develar nuevamente el pacto del PRI con Acción Nacional para regalar el petróleo de este país a los extranjeros.

La connivencia de Acción Nacional y el PRI para la entrega del sector energético, queda evidente en los perfiles que se están proponiendo hoy para su aprobación, ese pacto que llevó a reformar a que México perdiera el sector energético sigue vigente, y lo vemos con los perfiles de las personas que hoy se están aprobando.

Pero insisto, es la muestra, el Fondo Mexicano del Petróleo es la muestra de que tuvimos una reforma energética que no fue la mejor para nuestro país.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Delgado Carrillo.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra de los dictámenes.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Senadores.

Ya advertíamos durante la discusión de la reforma energética, una gran cantidad de problemas que se estaban padeciendo por esta importante empresa de los mexicanos, Pemex, y que lamentablemente, después de la reforma se han venido agravando. Problemas de inseguridad, problemas financieros, problemas laborales, en fin, una serie de situaciones que, lamentablemente, el tiempo nos ha venido dando la razón.

Nosotros, recuerdo en aquéllas discusiones, preguntábamos abiertamente quién nos podría dar un ejemplo de alguna reforma privatizadora que hubiera beneficiado al país en el pasado, y evidentemente nadie mencionó ningún ejemplo, porque ninguna reforma privatizadora ha beneficiado a nuestro país.

Tenemos ahí las reformas en materia financiera, que lo que han generado es la muy poca facilidad de financiamiento para proyectos en el país, tasas elevadísimas, comparadas con otras regiones del mundo.

O por ejemplo, la reforma donde se privatiza Telmex, que sirvió para generar en nuestro país al hombre más rico del mundo. O el tema de los fertilizantes, que estamos importando el 95 por ciento de los fertilizantes. O los ferrocarriles, que están desechos, nuestros ferrocarriles, nuestras vías ferroviarias, en fin, una sola reforma privatizadora no ha funcionado para este país.

Hablando particularmente de los nombramientos del día de hoy, si bien es cierto que se cumple con los requisitos legales, hay una serie de conflictos de interés.

Podemos hablar, por ejemplo, en el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el ingeniero Héctor Moreira Rodríguez, que está relacionado con la entrega de contratos privados antes de la reforma energética, con el tema de Oceanografía; o por ejemplo del doctor Luis Guillermo Pineda Bernal, que también consideramos que hay conflictos graves, en virtud de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje lo ha relacionado en una serie de escándalos que han culminado, en algunos casos, en denuncias ante la PGR y ante la Función Pública, por abuso de autoridad. Asimismo, el aspirante cuenta con queja por ejercicio indebido del cargo y por abuso de autoridad ante la Secretaría de la Función Pública.

O por ejemplo, la segunda terna, el aspirante Mariano Ornelas, también se habla de un posible conflicto de interés al ser abogado asociado del Corporativo Solcargo, que se dedica al asesoramiento, gestión, negociación y a la elaboración de proyectos de energía eléctrica y de hidrocarburos ante la Comisión Federal de Electricidad y Pemex.

También tenemos un posible conflicto de interés en el caso de la licenciada Treviño de Vega, ya que la aspirante es cofundadora, presidenta y directora general de la empresa Softtek, misma que se encuentra lista para ofrecer y vender servicios tecnológicos a las petroleras y empresas dedicadas a la explotación y exploración de campos petrolíferos en México, como ya lo está haciendo actualmente en Sudamérica.

O el caso que ya lo mencionaba mi compañera legisladora, Jordy Herrera, que también fue ex Secretario de Energía, bajo la administración del Presidente Felipe Calderón, y también se le relaciona con el caso de Oceanografía; asimismo, en la promoción de algunos contratos, beneficiando a firmas como Iberdrola y Repsol.

En fin, si bien es cierto que se cumplen con los requisitos legales, eso hay que decirlo, y que igual que lo menciona mi compañero Mario, más allá de si se hayan formado en una institución privada o pública, el tema es que hay conflicto de interés y hay una serie de denuncias en curso que debieran de aclararse, previo a poder tomar la decisión de ratificar estos nombramientos.

Compañeras y compañeros: Yo quiero llamar su atención, porque hay asuntos que se han venido planteando en este transcurrir. Nosotros planteamos un tema de seguridad por la explosión en la Torre Ejecutiva de Pemex, edifico B-2, donde hubo ya 37 fallecidos y 126 heridos.

De la misma manera, también hicimos una visita al Complejo Pajaritos, donde hay intereses muy marcados por Mexichem, y ya en aquellos momentos los trabajadores advertían, nos decían del riesgo que temían por los equipos con los que contaban, por los procesos que tenían, y también ellos advertían la situación de un posible despido, algunos de ellos ya estaban siendo despedidos y advertían que vendrían más.

Y esto, justamente, se confirma al haber anunciado hace un par de semanas el posible despido de 8 mil trabajadores, que pudieran llegar a ser 13 mil 700 trabajadores.

Entonces, una serie de situaciones que, insisto, lamentamos mucho, que ya lo advertíamos y que se están dando.

En caso del Fondo Mexicano del Petróleo, ¿qué es lo que van a administrar? La ley es muy clara en establecer que los ingresos provenientes a este Fondo, en primera instancia van a ser para cubrir las obligaciones con las empresas, la mayoría de estas transnacionales, que vienen a invertir en petróleo; y segundo, va a servir para nivelar las finanzas públicas.

Tercero, para una serie de situaciones como becas, etcétera, que nunca va a llegar a cumplirse, porque con los primeros, incluso queda a deber y va a faltar recurso para poder atender otra serie de situaciones que pudieran considerarse importantes.

En fin, compañeras y compañeros Senadores, creo que es muy importante que se pudiera tener una reunión técnica con el Director General de Pemex, ya hay un punto de Acuerdo también, donde se le está llamando a comparecer, con la gente encargada del tema de seguridad, con la gente encargada del manejo de los recursos humanos, para que nos puedan aclarar esta serie de despidos, esta baja en la producción, esta baja en la venta, este quiebre técnico con el que ya se está reconfigurando ésta que fue la mejor empresa, la empresa más importante en nuestro país, y de verdad que es urgente que se pueda hacer un análisis serio, objetivo y a profundidad de lo que está pasando con la empresa otrora más importante de nuestro país.

Amigas y amigos Senadores, ojalá que en breve podamos hacer este análisis, más allá del tema político, el tema de partidos, nos tiene que preocupar el tema de la seguridad de los trabajadores y de la empresa más emblemática de México.

Es cuanto, señora Presidenta, muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Salazar Solorio.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, pasaremos a votar de manera económica los dictámenes que se refieren únicamente a la idoneidad de los nombramientos propuestos y posteriormente realizaremos votación nominal conjunta, como fue autorizado, para consultarles si se ratifican los nombramientos.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los cuatro dictámenes.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los cuatro dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueban, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Aprobados los dictámenes.

Para cumplir con lo que dispone el artículo 243 del Reglamento del Senado, realizaremos votación nominal para resolver si se ratifican los siguientes nombramientos que propone el titular del Ejecutivo Federal.

Uno, en favor del ciudadano Jesús Marcos Yacamán, como miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, para el periodo que concluye el 31 de diciembre de 2021.

Uno, a favor del ciudadano Jordy Hernán Herrera Flores, como miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, para un periodo de ocho años.

Uno, en favor del ciudadano Felipe Duarte Olvera, como Consejero Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, para concluir el periodo que finalizará el 17 de septiembre de 2019.

Y uno, en favor de la ciudadana Blanca Avelina Treviño de Vega, como Consejera Independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, para concluir el periodo que finalizará el 17 de septiembre de 2018.

Para la ratificación de estos nombramientos, se deberá reunir dos tercios de votos favorables.

Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los cuatro nombramientos.



PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUATH

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 87 a favor, 20 en contra y cero abtenciones.

Sí se reúne la mayoría calificada, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobados los nombramientos.

En consecuencia, se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Jesús Marcos Yacamán, como miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, para el periodo que concluye el 31 de diciembre de 2021.

Se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Jordy Hernán Herrera Flores, como miembro independiente del Comité Técnico deL Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, por un periodo de 8 años.

Se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Felipe Duarte Olvera, como Consejero Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, para concluir el periodo que finalizará el 17 de septiembre de 2019.

Y se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Blanca Avelina Treviño de la Vega, como Consejero Independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, para concluir el periodo que finalizará el 17 de septiembre de 2018. Comuníquense.

La protesta de los ciudadanos cuyos nombramientos acaban de ser ratificados se realizará de manera conjunta al concluir el despacho de todos los dictámenes que presenta la Comisión de Energía.





 

Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Comisión de Energía, con punto de Acuerdo por el que se valida la idoneidad de la propuesta realizada por el Ejecutivo Federal de los ciudadanos Marco Antonio Cota Valdivia, Gaspar Franco Hernández y Neus Peniche Sala, integrantes de la terna para designar un comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Dé lectura la Secretaría al dictamen.

DESIGNACIÓN DE COMISIONADOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

(Dictámenes a discusión)

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al dictamen.

COMISIÓN DE ENERGÍA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía del Senado de la República con fecha 26 de abril de 2016 le fue turnada por la Mesa Directiva de dicho órgano legislativo, la comunicación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, por conducto de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual presentó ante este Senado de la República oficio SELAP/300/921/16, por el que somete a consideración de esta Soberanía la terna para la designación de Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Los integrantes de la Comisión de Energía que suscriben, y con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 113, 117, 174, 177, 182, 183, 184, 190, 229, 230, fracción III, 232, 239, párrafo 3; 241, 242, 255, párrafo 2, 256 y 277 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis del asunto antes señalado y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus miembros, reunidos en pleno, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGÍA

Los ciudadanos Legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y el análisis de la terna propuesta realizada por el C. Presidente de la República, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

I. ANTECEDENTES

1.-Con fecha 26 de abril de 2016, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, por conducto de la Secretaría de Gobernación de conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 20 de diciembre de 2013 y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; presentó ante este Senado de la Republica oficio número SELAP/300/921/16, mediante el cual somete a consideración de dicho órgano legislativo una terna para la designación de Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, integrada por los siguientes ciudadanos:

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

1. Marco Antonio Cota Valdivia.

2. Gaspar Franco Hernández.

3. Neus Peniche Sala.

2.- Con fecha 26 de abril del presente año, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores instruyó turnar a esta Comisión de Energía la terna en comento para su estudio y dictamen.

3.- Con fecha 27 de abril del presente año se aprobó en Reunión de la Comisión de Energía el método para llevar a cabo las comparecencias de los aspirantes a ocupar el cargo de Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, propuestas por el Titular del Ejecutivo Federal.

4.- Con misma fecha, comparecieron ante esta Comisión que dictamina los ciudadanos Marco Antonio Cota Valdivia, Gaspar Franco Hernández y Neus Peniche Sala propuestos para ocupar los cargos de Comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en términos de lo dispuesto por los artículos 28 Constitucional, 6 y cuarto Transitorio de la Ley de Órganos Reguladores en Materia Energética.

Además de lo anterior, los Senadores integrantes de la Comisión de Energía realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de las citadas propuestas, expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS

1.- Con relación a la Terna para la designación de Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Titular del Ejecutivo Federal refiere que los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética quedaron establecidos mediante reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, con ello y con la expedición de la legislación secundaria publicada en el mismo medio de difusión oficial el 11 de agosto de 2014, nuestro país retomara un papel fundamental en la industria petrolera a nivel mundial, al tiempo que se intensificará la producción de gas natural y la generación de energía eléctrica, lo que repercutirá en un desarrollo nacional sostenido en beneficio de la economía de México.

Dentro de dichos órganos reguladores se encuentra la Comisión Nacional de Hidrocarburos, misma que de conformidad con la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 28 constitucional deberá regular a promover el desarrollo eficiente de las siguientes actividades: licuefacción y regasificación, así como el expendio al público de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímicos; transporte por ductos, almacenamiento, distribución y expendio al público de bioenergéticos; generación de electricidad, servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y comercialización de electricidad.

La Ley refería en el párrafo anterior, establece que los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética tendrán autonomía técnica, operativa y de gestión: contaran con personalidad jurídica y podrán disponer los ingresos derivados de los derechos y los aprovechamientos que se establezcan por los servicios que prestan conforme a sus atribuciones y facultades.

Ahora bien, por lo que hace a su integración, la Ley establece en sus artículos 5 y 6 que los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética contaran con un Órgano de Gobierno integrado por siete comisionados, incluido su presidente y una Secretaría Ejecutiva. Los Comisionados serán designados por periodos escalonados de siete años de sucesión anual, con posibilidad de ser designados, por única ocasión por un periodo igual.

Para nombrar a cada comisionado el Presidente de la República someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, previa comparecencia de las persona propuestas, designara al Comisionado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

En este Sentido y con fundamento en el artículo 6 de la Ley de Órganos reguladores coordinados en Materia Energética, someto a consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente terna.

La terna para designación de Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos es la siguiente:

1. Marco Antonio Cota Valdivia.

2. Gaspar Franco Hernández.

3. Neus Peniche Sala.

El C. Marco Antonio Cota Valdivia, es Licenciado en Economía por Instituto Tecnológico Autónomo de México, curso el Diplomado en Minería de Datos en la misma institución, cuenta con Maestría en Políticas Publicas por la Universidad de Manchester, Inglaterra.

El C. Gaspar Franco Hernández, es Ingeniero Petrolero por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); cuenta con Maestría en Habilidades Directivas por la Universidad Autónoma del Carmen en convenio con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey; cursó el Diplomado en Regulación impartido por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y Diplomado de Administración de Proyectos impartido por eI ITAM.

La C. Neus Peniche Sala, es Abogada por la Escuela Libre de Derecho; cuenta con Maestría en Derecho Comercial Internacional por la Universidad de Westminster, Londres, Inglaterra.


III.- CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

PRIMERA. La Comisión de Energía considera que el papel de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en el contexto de la reforma energética es fundamental para el logro de las metas propuestas como país.

SEGUNDA. Los integrantes de la Terna propuesta por el Titular del Ejecutivo Federal, acudieron a comparecer ante los Senadores de la Comisión que dictamina, el 27 de abril del 2016. Derivado de dichas comparecencias, pudimos constatar el alto nivel y calidad profesional con el que cuentan, cumpliendo todos con los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Ley de la materia.

TERCERA. La Comisión que dictamina, derivado del análisis de los curriculums, así como de las citadas comparecencias, considera que los integrantes de las ternas propuestas por el Titular del Ejecutivo Federal para la designación de los Comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se distinguen en los ámbitos profesionales y académicos, al tiempo que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, para ejercer el cargo de Comisionado.

CUARTA. Por otra parte, la Comisión de Energía considera oportuno mencionar que, como es por todos conocidos,  el 20 de diciembre de 2013se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía.

El Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos funciona en sesiones ordinarias o extraordinarias, las cuales son públicas. Para que las sesiones sean válidas se deberá contar con la asistencia físico o remota de cuando menos cuatro de los siete Comisionados, incluyendo al Presidente. La deliberación de los temas será colegiada y las decisiones se adoptaran por la mayoría de votos sin que exista la posibilidad de abstenerse, teniendo el Presidente voto de calidad. Los acuerdos y resoluciones a los que lleguen deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Dicho lo anterior, cabe señalar que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, constituye una pieza fundamental para el adecuado desarrollo e implementación de la reforma que nos ocupa. El ordenamiento referido, prevé que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, estará encargada, entre otras funciones, de realizar las licitaciones para la adjudicación de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos y será además, la instancia que suscribirá, administrará y supervisará en materia técnica, dichos contratos por parte del Estado mexicano; proveerá a su vez asistencia técnica a la Secretaría de Energía en la selección de las áreas contractuales, y propondrá a la misma dependencia el plan quinquenal de licitaciones de estas áreas estratégicas. Por lo que esta Comisión de Energía presenta el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. La Comisión de Energía valida la idoneidad de la propuesta realizada por el Ejecutivo Federal.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 27 de abril de 2016.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a su consideración. Al no haber oradores inscritos, pasaremos a votar, de manera económica, el dictamen que se refiere únicamente a la idoneidad de los integrantes de la terna. Posteriormente, realizaremos votación por cédula para elegir a quien ocupará el cargo.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el dictamen.

Para cumplir con lo que disponen los artículos 97 y 101 del Reglamento del Senado, realizaremos votación por cédula para elegir a quien ocupe el cargo de Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Informo a la Asamblea que se entregarán sobres para esta votación. En ellos se encontrará la cédula en la que deberán marcar la selección que ustedes determinen para depositar en la urna una vez que la Secretaría los llame por orden de lista.

Solicito al personal de apoyo proceda a distribuir las cédulas de votación entre las y los señores Senadores.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Solicito a las y a los señores Senadores pasen a depositar su voto al momento de escuchar su nombre.

(Votación y escrutinio)

Señor Presidente, Honorable Asamblea: Me permito dar cuenta del resultado de la votación emitida. Se depositaron en la urna 108 votos, de los cuales, se emitió 1 voto en favor del ciudadano Marco Antonio Cota Valdivia; 82 votos a favor del ciudadano Gaspar Franco Hernández; 20 votos nulos y 5 votos en contra de toda la propuesta, dando la sumatoria un total de 108 votos emitidos.

Se reúne la mayoría calificada en favor del ciudadano Gaspar Franco Hernández.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, el ciudadano Gaspar Franco Hernández reúne la mayoría de dos tercios de votos a favor, y conforme al resultado de la misma, se designa Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Comuníquese.

La protesta se realizará de manera conjunta con los otros nombramientos sobre los órganos relacionados con la materia energética que ya aprobamos y, en su caso, los que resulten.





 

Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Comisión de Energía, con punto de Acuerdo por el que se valida la idoneidad de la propuesta realizada por el Ejecutivo Federal de los ciudadanos Rodrigo Hernández Ordóñez, Héctor Moreira Rodríguez y Grecia Lucina Ramírez Valle, como Comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Dé lectura la Secretaría al dictamen.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, me permito dar lectura al dictamen.

COMISIÓN DE ENERGÍA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía del Senado de la República con fecha 26 de abril de 2016 le fue turnada por la Mesa Directiva de dicho órgano legislativo, la comunicación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, por conducto de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual presentó ante este Senado de la República oficio SELAP/300/921/16, por el que somete a consideración de esta Soberanía la terna para la designación de Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Los integrantes de la Comisión de Energía que suscriben, y con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 113, 117, 174, 177, 182, 183, 184, 190, 229, 230, fracción III, 232, 239, párrafo 3; 241, 242, 255, párrafo 2, 256 y 277 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis del asunto antes señalado y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus miembros, reunidos en pleno, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGÍA

Los ciudadanos Legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y el análisis de la terna propuesta realizada por el C. Presidente de la República, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

I. ANTECEDENTES

1.-Con fecha 26 de abril de 2016, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, por conducto de la Secretaría de Gobernación de conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 20 de diciembre de 2013 y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; presentó ante este Senado de la Republica oficio número SELAP/300/921/16, mediante el cual somete a consideración de dicho órgano legislativo una terna para la designación de Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, integrada por los siguientes ciudadanos:

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

1. Rodrigo Hernández Ordóñez.

2. Héctor Moreira Rodríguez.

3. Grecia L. Ramírez Valle.

2.- Con fecha 26 de abril del presente año, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores instruyó turnar a esta Comisión de Energía la terna en comento para su estudio y dictamen.

3.- Con fecha 27 de abril del presente año se aprobó en Reunión de la Comisión de Energía el método para llevar a cabo las comparecencias de los aspirantes a ocupar el cargo de Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, propuestas por el Titular del Ejecutivo Federal.

4.- Con misma fecha, comparecieron ante esta Comisión que dictamina los ciudadanos Rodrigo Hernández Ordóñez, Héctor Moreira Rodríguez y Grecia L. Ramírez Valle propuestos para ocupar los cargos de Comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en términos de lo dispuesto por los artículos 28 Constitucional, 6 y cuarto Transitorio de la Ley de Órganos Reguladores en Materia Energética.

Además de lo anterior, los Senadores integrantes de la Comisión de Energía realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de las citadas propuestas, expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS

1.- Con relación a la Terna para la designación de Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Titular del Ejecutivo Federal refiere que los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética quedaron establecidos mediante reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, con ello y con la expedición de la legislación secundaria publicada en el mismo medio de difusión oficial el 11 de agosto de 2014, nuestro país retomara un papel fundamental en la industria petrolera a nivel mundial, al tiempo que se intensificará la producción de gas natural y la generación de energía eléctrica, lo que repercutirá en un desarrollo nacional sostenido en beneficio de la economía de México.

Dentro de dichos órganos reguladores se encuentra la Comisión Nacional de Hidrocarburos, misma que de conformidad con la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 28 constitucional deberá regular a promover el desarrollo eficiente de las siguientes actividades: licuefacción y regasificación, así como el expendio al público de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímicos; transporte por ductos, almacenamiento, distribución y expendio al público de bioenergéticos; generación de electricidad, servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y comercialización de electricidad.

La Ley refería en el párrafo anterior, establece que los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética tendrán autonomía técnica, operativa y de gestión: contaran con personalidad jurídica y podrán disponer los ingresos derivados de los derechos y los aprovechamientos que se establezcan por los servicios que prestan conforme a sus atribuciones y facultades.

Ahora bien, por lo que hace a su integración, la Ley establece en sus artículos 5 y 6 que los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética contaran con un Órgano de Gobierno integrado por siete comisionados, incluido su presidente y una Secretaría Ejecutiva. Los Comisionados serán designados por periodos escalonados de siete años de sucesión anual, con posibilidad de ser designados, por única ocasión por un periodo igual.

Para nombrar a cada comisionado el Presidente de la República someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, previa comparecencia de las persona propuestas, designara al Comisionado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

En este Sentido y con fundamento en el artículo 6 de la Ley de Órganos reguladores coordinados en Materia Energética, someto a consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente terna.

La terna para designación de Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos es la siguiente:

1. Rodrigo Hernández Ordóñez.

2. Héctor Moreira Rodríguez.

3. Grecia L. Ramírez Valle.

El C. Rodrigo Hernández Ordóñez, es Ingeniero Geofísico por la Universidad Nacional Autónoma de México; cuenta con Maestría en Ciencias, Geología Estructural y Tectónica por esa misma institución educativa, así como Diplomado en Geología Superficial por la Universidad Autónoma de Nuevo León..

El C. Héctor Moreira Rodríguez, es Ingeniero Químico y Licenciado en Ciencias Químicas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), cuenta con Diplomado en Administración Universitaria por la Universidad de Warwick, Coventry, Reino Unido y Doctorado en Química por la Universidad de Georgetown, Washington D.C., Estados Unidos de América..

La C. Grecia Lucina Ramírez Ovalle, es Ingeniera Petrolera por la Universidad Nacional Autónoma de México graduada con mención honorífica, y candidata a Maestra en Ingeniería Petrolera y Gas Natural por esa misma Universidad.

III.- CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

PRIMERA. La Comisión de Energía considera que el papel de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en el contexto de la reforma energética es fundamental para el logro de las metas propuestas como país.

SEGUNDA. Los integrantes de la Terna propuesta por el Titular del Ejecutivo Federal, acudieron a comparecer ante los Senadores de la Comisión que dictamina, el 27 de abril del 2016. Derivado de dichas comparecencias, pudimos constatar el alto nivel y calidad profesional con el que cuentan, cumpliendo todos con los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Ley de la materia.

TERCERA. La Comisión que dictamina, derivado del análisis de los curriculums, así como de las citadas comparecencias, considera que los integrantes de las ternas propuestas por el Titular del Ejecutivo Federal para la designación de los Comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se distinguen en los ámbitos profesionales y académicos, al tiempo que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, para ejercer el cargo de Comisionado.

CUARTA. Por otra parte, la Comisión de Energía considera oportuno mencionar que, como es por todos conocidos,  el 20 de diciembre de 2013se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía.

El Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos funciona en sesiones ordinarias o extraordinarias, las cuales son públicas. Para que las sesiones sean válidas se deberá contar con la asistencia físico o remota de cuando menos cuatro de los siete Comisionados, incluyendo al Presidente. La deliberación de los   temas será colegiada y las decisiones se adoptaran por la mayoría de votos sin que exista la posibilidad de abstenerse, teniendo el Presidente voto de calidad. Los acuerdos y resoluciones a los que lleguen deberán publicarse en el Diario Oficial de la   Federación.

Dicho lo anterior, cabe señalar que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, constituye una pieza fundamental para el adecuado desarrollo e implementación de la reforma que nos ocupa. El ordenamiento referido, prevé que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, estará encargada, entre otras funciones, de realizar las licitaciones para la adjudicación de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos y será además, la instancia que suscribirá, administrará y supervisará en materia técnica, dichos contratos por parte del Estado mexicano; proveerá a su vez asistencia técnica a la Secretaría de Energía en la selección de las áreas contractuales, y propondrá a la misma dependencia el plan quinquenal de licitaciones de estas áreas estratégicas. Por lo que esta Comisión de Energía presenta el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. La Comisión de Energía valida la idoneidad de las designaciones realizadas por el Ejecutivo Federal.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 27 de abril de 2016.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a su consideración. Al no haber intervenciones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen que se refiere a la idoneidad de los integrantes de la terna.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, me permito consultar a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen referido. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el dictamen. Procederemos a la votación por cédula para elegir a quien ocupará el cargo conforme a lo dispuesto por los artículos 97 y 101 del Reglamento del Senado.

Se entregarán sobres para la votación, en ellos se encontrará la cédula en la que deberán marcar la selección que ustedes prefieran, y después se depositará en la urna como de costumbre. La Secretaría los irá llamando por orden de la lista.

Solicito al personal de asistencia técnica distribuya las cédulas de votación entre las y los señores Senadores.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Solicito respetuosamente a las señoras Senadoras y señores Senadores pasen a depositar su voto conforme vayan escuchando su nombre.

(Votación y escrutinio)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Senadora Cristina Díaz.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Señor Presidente, ¿me permitiría entregar mi cédula de votación?

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Estamos en el momento de escrutinio, Senadora, y por certeza, preferiría no concederle la petición, para no alterar la secuencia de la votación.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Gracias.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, Honorable Asamblea: Me permito dar cuenta del resultado de la votación. Se depositaron en la urna 101 votos, de los cuales, 3 votos fueron en favor del ciudadano Rodrigo Hernández Ordóñez; 80 votos a favor del ciudadano Héctor Moreira Rodríguez; 13 votos nulos y 5 votos en contra de toda la propuesta.

Se reúne la mayoría calificada, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, el ciudadano Héctor Moreira Rodríguez reúne la mayoría de dos tercios de votos a favor. Conforme al resultado de la votación, se designa como Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Comuníquese. La protesta se realizará conjuntamente con el resto de los nombramientos.





 

Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Comisión de Energía, con punto de Acuerdo por el que se valida la idoneidad de la propuesta realizada por el Ejecutivo Federal de los ciudadanos Luis Alberto Amado Castro, Oliver Ulises Flores Parra Bravo y Luis Guillermo Pineda Bernal, para ocupar el cargo de Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía.

Dé lectura la Secretaría al dictamen.

DESIGNACIÓN DE COMISIONADO Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

(Dictámenes a discusión)

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, me permito dar lectura al dictamen.

COMISIÓN DE ENERGÍA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía del Senado de la República con fecha 26 de abril de 2016 le fue turnada por la Mesa Directiva de dicho órgano legislativo, la comunicación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, por conducto de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual presentó ante este Senado de la República oficio SELAP/300/922/16, por el que somete a consideración de esta Soberanía la terna para la designación de Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía.

Los integrantes de la Comisión de Energía que suscriben, y con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 113, 117, 174, 177, 182, 183, 184, 190, 229, 230, fracción III, 232, 239, párrafo 3; 241, 242, 255, párrafo 2, 256 y 277 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis del asunto antes señalado y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus miembros, reunidos en pleno, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGÍA

Los ciudadanos Legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y el análisis de la terna propuesta realizada por el C. Presidente de la República, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente  estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN


I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 26 de abril de 2016, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, por conducto de la Secretaría de Gobernación de conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 20 de diciembre de 2013 y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; presentó ante este Senado de la Republica oficio número SELAP/300/922/16, mediante el cual somete a consideración de dicho órgano legislativo una terna para la designación de Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, integrada por los siguientes ciudadanos:

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

1. Luis Alberto Amado Castro.

2. Oliver Ulises Flores Parra Bravo.

3. Luis Guillermo Pineda Bernal.

2.- Con fecha 26 de abril del presente año, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores instruyó turnar a esta Comisión de Energía la terna en comento para su estudio y dictamen.

3.- Con fecha 27 de abril del presente año se aprobó en Reunión de la Comisión de Energía el método para llevar a cabo las comparecencias de los aspirantes a ocupar el cargo de comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, propuestas por el Titular del Ejecutivo Federal.

4.- Con misma fecha, comparecieron ante esta Comisión que dictamina los ciudadanos Luis Alberto amado Castro, Oliver Ulises Flores Parra Bravo y Luis Guillermo Pineda Bernal propuestos para ocupar los cargos de Comisionados de la Comisión Reguladora de Energía en términos de lo dispuesto por los artículos 28 Constitucional, 6 y cuarto Transitorio de la Ley de Órganos Reguladores en Materia Energética.

Además de lo anterior, los Senadores integrantes de la Comisión de Energía realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de las citadas propuestas, expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS

1.- Con relación a la Terna para la designación de Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, el Titular del Ejecutivo Federal refiere que los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética quedaron establecidos mediante reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, con ello y con la expedición de la legislación secundaria publicada en el mismo medio de difusión oficial el 11 de agosto de 2014, nuestro país retomara un papel fundamental en la industria petrolera a nivel mundial, al tiempo que se intensificará la producción de gas natural y la generación de energía eléctrica, lo que repercutirá en un desarrollo nacional sostenido en beneficio de la economía de México.

Dentro de dichos órganos reguladores se encuentra la Comisión Reguladora de Energía, misma que de conformidad con la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 28 constitucional deberá regular a promover el desarrollo eficiente de las siguientes actividades: licuefacción y regasificación, así como el expendio al público de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímicos; transporte por ductos, almacenamiento, distribución y expendio al público de bioenergéticos; generación de electricidad, servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y comercialización de electricidad.

La Ley refería en el párrafo anterior, establece que los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética tendrán autonomía técnica, operativa y de gestión: contaran con personalidad jurídica y podrán disponer los ingresos derivados de los derechos y los aprovechamientos que se establezcan por los servicios que prestan conforme a sus atribuciones y facultades.

Ahora bien, por lo que hace a su integración, la Ley establece en sus artículos 5 y 6 que los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética contaran con un Órgano de Gobierno integrado por siete comisionados, incluido su presidente y una Secretaría Ejecutiva. Los Comisionados serán designados por periodos escalonados de siete años de sucesión anual, con posibilidad de ser designados, por única ocasión por un periodo igual.

Para nombrar a cada comisionado el Presidente de la República someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, previa comparecencia de las persona propuestas, designara al Comisionado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

En este Sentido y con fundamento en el artículo 6 de la Ley de Órganos reguladores coordinados en Materia Energética, someto a consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente terna.

La terna para designación de Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía es la siguiente:

1. Luis Alberto Amado Castro.

2. Oliver Ulises Flores Parra Bravo.

3. Luis Guillermo Pineda Bernal.

Luis Alberto Amado Castro, es Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, en su trayectoria profesional se desempeña como Director General Adjunto de Legislación en la Secretaría de Energía, ha ocupado diversos cargos, entre los que destacan, Director de Área en la Dirección de Estudios Jurídicos de la Secretaría de Energía (2014-2015), Vicepresidente Jurídico (2012-2013 y Director General de Servicios Legales (2007-2011 en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros, entre otros.

Oliver Ulises Flores Parra Bravo, es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con Maestría en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Luis Guillermo Pineda Bernal, es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con Maestría en Gestión Pública Aplicada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y Doctorado en Administración Pública en la Atlantic International University, en Estados Unidos de América.


III.- CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

PRIMERA. La Comisión de Energía considera que el papel de la Comisión Reguladora de Energía en el contexto de la reforma energética es fundamental para el logro de las metas propuestas como país.

SEGUNDA. Los integrantes de la Terna propuesta por el Titular del Ejecutivo Federal, acudieron a comparecer ante los Senadores de la Comisión que dictamina, el 27 de abril del 2016. Derivado de dichas comparecencias, pudimos constatar el alto nivel y calidad profesional con el que cuentan, cumpliendo todos con los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Ley de la materia.

TERCERA. La Comisión que dictamina, derivado del análisis de los curriculums, así como de las citadas comparecencias, considera que los integrantes de las ternas propuestas por el Titular del Ejecutivo Federal para la designación de los Comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, se distinguen en los ámbitos profesionales y académicos, al tiempo que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, para ejercer el cargo de Comisionado.

CUARTA. Por otra parte, la Comisión de Energía considera oportuno mencionar que, como es por todos conocidos,  el 20 de diciembre de 2013se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía.

La reforma constitucional dispuso una nueva naturaleza para las instancias reguladoras. La Comisión Reguladora de Energía, es un órgano con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión, la cual dispondrán de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos por sus servicios, a través de un fideicomiso público en donde una institución de banca de desarrollo operara como fiduciario.

El Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía funciona en sesiones ordinarias o extraordinarias, las cuales son públicas. Para que las sesiones sean válidas se deberá contar con la asistencia físico o remota de cuando menos cuatro de los siete Comisionados, incluyendo al Presidente. La deliberación de los temas será colegiada y las decisiones se adoptaran por la mayoría de votos sin que exista la posibilidad de abstenerse, teniendo el Presidente voto de calidad. Los acuerdos y resoluciones a los que lleguen deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación

Dicho lo anterior, cabe señalar que la Comisión Reguladora de Energía, constituye una pieza fundamental para el adecuado desarrollo e implementación de la reforma que nos ocupa. El ordenamiento referido, prevé que esta tendrá autonomía técnica, operativa y de gestión; contaran con personalidad jurídica y podrán disponer de los ingresos derivados de los derechos y aprovechamientos que se establezcan por los servicios que presten  conforme a sus atribuciones y facultades. Por lo que esta Comisión de Energía presenta el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. La Comisión de Energía valida la idoneidad de la propuesta realizada por el Ejecutivo Federal.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 27 de abril de 2016.


Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión. En virtud de que no hay oradores inscritos, pasaremos a votar de manera económica el dictamen de idoneidad de los integrantes de la terna, posteriormente realizaremos la votación por cédula.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen referido. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 97 y 109 del Reglamento, realizaremos la votación por cédula para elegir a quien ocupe el cargo de Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía.

Se entregarán sobres para la votación, en ellos se encontrará la cédula que deberán marcar con la selección de su preferencia y depositarlo posteriormente en las urnas. Les hacemos un atento exhorto a que depositen las cédulas sin los sobres para facilitar el escrutinio.

Solicito al área técnica proceda a distribuir las cédulas de votación.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Respetuosamente, solicitamos a las señoras Senadoras y señores Senadores se sirvan depositar su voto al momento de escuchar su nombre.

(Votación y escrutinio)

Señor Presidente, Honorable Asamblea: Me permito dar cuenta del resultado de la votación. Se depositaron en la urna 95 votos, de los cuales, 78 votos fueron a favor del ciudadano Luis Guillermo Pineda Bernal; 21 votos nulos; y 4 votos expresamente en contra de toda la propuesta.

Se reúne la mayoría calificada, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, el ciudadano Luis Guillermo Pineda Bernal reúne la mayoría de dos tercios de votos a favor. Conforme al resultado de la votación, se designa como Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. Comuníquese. La protesta se realizará conjuntamente con el resto de los nombramientos que hemos realizado en la materia.





 

Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Comisión de Energía, con punto de Acuerdo por el que se valida la idoneidad de la propuesta realizada por el Ejecutivo Federal de los ciudadanos Santiago Creuheras Díaz, Guillermo Ignacio García Alcocer y Mariano Ornelas López, para la Presidencia de la Comisión Reguladora de Energía.

La Comisión de Energía entregó una comunicación para precisar una corrección en el párrafo 3 de la página 4, correspondiente a la parte expositiva del dictamen. La comunicación está disponible en el monitor de sus escaños.

Dé lectura la Secretaría al dictamen.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, me permito dar lectura al dictamen.

COMISIÓN DE ENERGÍA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Energía del Senado de la República con fecha 26 de abril de 2016 le fue turnada por la Mesa Directiva de dicho órgano legislativo, la comunicación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, por conducto de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual presentó ante este Senado de la República oficio SELAP/300/922/16, por el que somete a consideración de esta Soberanía la terna para la designación del Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía.

Los integrantes de la Comisión de Energía que suscriben, y con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 113, 117, 174, 177, 182, 183, 184, 190, 229, 230, fracción III, 232, 239, párrafo 3; 241, 242, 255, párrafo 2, 256 y 277 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis del asunto antes señalado y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus miembros, reunidos en pleno, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

METODOLOGÍA

Los ciudadanos Legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y el análisis de la terna propuesta realizada por el C. Presidente de la República, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con la siguiente estructura:

I.- ANTECEDENTES

II. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

I. ANTECEDENTES

1.-Con fecha 26 de abril de 2016, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, por conducto de la Secretaría de Gobernación de conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 20 de diciembre de 2013 y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; presentó ante este Senado de la Republica oficio número SELAP/300/922/16, mediante el cual somete a consideración de dicho órgano legislativo una terna para la designación de Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, integrada por los siguientes ciudadanos:

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

Primera Terna

1. Santiago Creuheras Díaz.

2. Guillermo Ignacio García Alcocer.

3. Mariano Ornelas López.

2.- Con fecha 26 de abril del presente año, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores instruyo turnar a esta Comisión de Energía la terna en comento para su estudio y dictamen.

3.- Con fecha 27 de abril del presente año se aprobó en Reunión de la Comisión de Energía el método para llevar a cabo las comparecencias de los aspirantes a ocupar el cargo de comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, propuestas por el Titular del Ejecutivo Federal.

4.- Con misma fecha, comparecieron ante esta Comisión que dictamina los ciudadanos Santiago Creuheras Díaz, Guillermo Ignacio García Alcocer y Mariano Ornelas López propuestos para ocupar los cargos de Comisionados de la Comisión Reguladora de Energía en términos de lo dispuesto por los artículos 28 Constitucional, 6 y cuarto Transitorio de la Ley de Órganos Reguladores en Materia Energética.

Además de lo anterior, los Senadores integrantes de la Comisión de Energía realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de las citadas propuestas, expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

II. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS

1.- Con relación a la Terna para la designación de comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, el Titular del Ejecutivo Federal refiere que los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética quedaron establecidos mediante reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, con ello y con la expedición de la legislación secundaria publicada en el mismo medio de difusión oficial el 11 de agosto de 2014, nuestro país retomara un papel fundamental en la industria petrolera a nivel mundial, al tiempo que se intensificará la producción de gas natural y la generación de energía eléctrica, lo que repercutirá en un desarrollo nacional sostenido en beneficio de la economía de México.

Dentro de dichos órganos reguladores se encuentra la Comisión Reguladora de Energía, misma que de conformidad con la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 28 constitucional deberá regular a promover el desarrollo eficiente de las siguientes actividades: licuefacción y regasificación, así como el expendio al público de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímicos; transporte por ductos, almacenamiento, distribución y expendio al público de bioenergéticos; generación de electricidad, servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y comercialización de electricidad.

La Ley refería en el párrafo anterior, establece que los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética tendrán autonomía técnica, operativa y de gestión: contaran con personalidad jurídica y podrán disponer los ingresos derivados de los derechos y los aprovechamientos que se establezcan por los servicios que prestan conforme a sus atribuciones y facultades.

Ahora bien, por lo que hace a su integración, la Ley establece en sus artículos 5 y 6 que los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética contaran con un Órgano de Gobierno integrado por siete comisionados, incluido su presidente y una Secretaría Ejecutiva. Los Comisionados serán designados por periodos escalonados de siete años de sucesión anual, con posibilidad de ser designados, por única ocasión por un periodo igual.

Para nombrar a cada comisionado el Presidente de la República someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, previa comparecencia de las persona propuestas, designara al Comisionado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

En este Sentido y en virtud de que el 31 de diciembre de 2014 concluyó el periodo del C. Francisco José Barnés de Castro como ciudadano Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía para el cual fue nombrado, con fundamento en el artículo 6 la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, el Titular del Ejecutivo Federal somete a consideración de esta soberanía la terna para designación de Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, mismo que será designado por un periodo de siete años, con posibilidad de ser designados por única ocasión por un periodo igual.

La terna para designación de Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía es la siguiente:

1. Santiago Creuheras Díaz.

2. Guillermo Ignacio García Alcocer.

3. Mariano Ornelas López.

Santiago Creuheras Díaz, es Licenciado en Economía por la Universidad de las Américas, campus Puebla, cuenta con Maestría en Relaciones Internacionales y  Maestría en Políticas Publicas, ambas por la Universidad de Harvard, Estados Unidos de América, y Maestría en Liderazgo Sustentable por la Universidad de Cambridge, Reino Unido.

Guillermo Ignacio García Alcocer, es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, cuanta con Diplomado en Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos para el Sector Público, y Diplomado en Impuestos Internacionales por esa misma institución educativa.

Mariano Ornelas López, es Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, cuenta con Maestría en Derecho por la Universidad de Houston, Estados Unidos de América, y curso el Programa Ejecutivo del Sector Energía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.


III.- CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

PRIMERA. La Comisión de Energía considera que el papel de la Comisión Reguladora de Energía en el contexto de la reforma energética es fundamental para el logro de las metas propuestas como país.

SEGUNDA. Los integrantes de la Terna propuesta por el Titular del Ejecutivo Federal, acudieron a comparecer ante los Senadores de la Comisión que dictamina, el 27 de abril del 2016. Derivado de dichas comparecencias, pudimos constatar el alto nivel y calidad profesional con el que cuentan, cumpliendo todos con los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Ley de la materia.

TERCERA. La Comisión que dictamina, derivado del análisis de los curriculums, así como de las citadas comparecencias, considera que los integrantes de las ternas propuestas por el Titular del Ejecutivo Federal para la designación de los Comisionados  de la Comisión de Reguladora de Energía, se distinguen en los ámbitos profesionales y académicos, al tiempo que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, para ejercer el cargo de Comisionado.

CUARTA. Por otra parte, la Comisión de Energía considera oportuno mencionar que, como es por todos conocidos, 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía.

La reforma constitucional dispuso una nueva naturaleza para las instancias reguladoras. La Comisión Reguladora de Energía, es un órgano con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión, la cual dispondrán de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos por sus servicios, a través de un fideicomiso público en donde una institución de banca de desarrollo operara como fiduciario.

El Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía funciona en sesiones ordinarias o extraordinarias, las cuales son públicas. Para que las sesiones sean válidas se deberá contar con la asistencia físico o remota de cuando menos cuatro de los siete Comisionados, incluyendo al Presidente. La deliberación de los temas será colegiada y las decisiones se adoptaran por la mayoría de votos sin que exista la posibilidad de abstenerse, teniendo el Presidente voto de calidad. Los acuerdos y resoluciones a los que lleguen deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Dicho lo anterior, cabe señalar que la Comisión Reguladora de Energía, constituye una pieza fundamental para el adecuado desarrollo e implementación de la reforma que nos ocupa. El ordenamiento referido, prevé que esta tendrá autonomía técnica, operativa y de gestión; contaran con personalidad jurídica y podrán disponer de los ingresos derivados de los derechos y aprovechamientos que se establezcan por los servicios que presten  conforme a sus atribuciones y facultades. Por lo que esta Comisión de Energía presenta el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. La Comisión de Energía valida la idoneidad de la propuesta realizada por el Ejecutivo Federal.

Sala de comisiones de la H. Cámara de Senadores, el 27 de abril de 2016.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a su consideración. En virtud de no haber oradores inscritos, pasaremos a votar de manera económica el dictamen que se refiere únicamente a la idoneidad de los integrantes de la terna, posteriormente realizaremos la votación por cédula.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen de idoneidad.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el dictamen. Para cumplir con lo que disponen los artículos 97 y 101 del Reglamento del Senado, realizaremos votación por cédula para elegir a quien ocupe el cargo de Presidente de la Comisión Reguladora de Energía.

Se entregarán sobres para la votación, ahí encontrarán la cédula, marquen la opción de su preferencia y deposítenlo en la urna. Les ruego a los Senadores separar el sobre de la boleta para facilitar el escrutinio de la Secretaría.

Solicito al personal de apoyo reparta los sobres.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Respetuosamente, solicito a las Senadoras y a los Senadores pasar a depositar su voto al momento de escuchar su nombre.

(Votación y escrutinio)

Señor Presidente, Honorable Asamblea: Me permito dar cuenta del resultado de la votación. Se depositaron en la urna 101 votos, de los cuales, 97 fueron a favor del ciudadano Guillermo Ignacio García Alcocer; 2 votos nulos y 2 votos en contra.

Se reúne, por lo tanto, la mayoría calificada.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, el ciudadano Guillermo Ignacio García Alcocer reúne la mayoría de dos tercios de votos a favor, conforme al resultado de la votación, se designa como Presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Comuníquese.

Procederemos a tomar la protesta de todos los servidores públicos de los órganos relacionados con la materia energética, a continuación.

En el salón contiguo a este recinto se encuentran las ciudadanas y ciudadanos cuyos nombramientos acabamos de aprobar y elegir.

Solicito a los Senadores Carmen Dorantes Martínez, Luis Fernando Salazar Fernández, Jorge Aréchiga Ávila, Óscar Román Rosas González, Luisa María Calderón Hinojosa, Ernesto Gándara Camou, Francisco Búrquez Valenzuela, Tereso Medina Ramírez, Silvia Garza Galván, José Ascención Orihuela Bárcenas, Fernando Torres Graciano y Jesús Priego Calva, los inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y los acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Solicitamos a todos ponerse de pie para el acto de protesta.

(Todos de pie)


El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Señores comisionados y consejeros, el Senado de la República acaba de ratificar los nombramientos que el titular del Poder Ejecutivo expidió en su favor e hicimos la elección de su persona en los siguientes cargos:

Del ciudadano Jesús Marcos Yacamán, como Miembro Independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, para el periodo que concluye el 31 de diciembre de 2021.

Del ciudadano Jordy Hernán Herrera Flores, como Miembro Independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, para un periodo de 8 años.

Del ciudadano Felipe Duarte Olvera, como Consejero Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, para concluir el periodo que finalizará el 17 de septiembre de 2019.

De la ciudadana Blanca Avelina Treviño de la Vega, como Consejera Independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, para concluir el periodo que finalizará el 17 de septiembre de 2018.

Del ciudadano Gaspar Franco Hernández, como Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Del ciudadano Héctor Moreira Rodríguez, como Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con efectos al 14 de mayo de 2018.

Del ciudadano Luis Guillermo Pineda Bernal, como Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía.

Del ciudadano Guillermo Ignacio García Alcocer, como Presidente de la Comisión Reguladora de Energía.

En consecuencia, les pregunto: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y cumplir leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Los Ciudadanos Jesús Marcos Yacamán, Jordy Hernán Herrera Flores, Felipe Duarte Olvera, Blanca Avelina Treviño de la Vega, Gaspar Franco Hernández, Héctor Moreira Rodríguez, Luis Guillermo Pineda Bernal y Guillermo Ignacio García Alcocer: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.

¡Felicidades, señores Comisionados y Consejeros!

Ruego a la comisión designada acompañe a los comisionados y consejeros durante su estancia en este Pleno, hasta en tanto decidan retirarse.

A petición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se declara un receso de 15 minutos.

(Receso)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: (18:45 horas) Se reanuda la sesión.





 

Comenzamos con la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron propuestas de modificación, mismas que someteremos a su consideración. El texto correspondiente está a su disposición en el monitor de sus escaños y propone modificaciones a los artículos 55 y 149. Si la Asamblea las acepta, la discusión del articulado será con las modificaciones incorporadas. El texto correspondiente está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura a las propuestas de modificación.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Doy lectura a las propuestas.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren al texto del dictamen.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que las modificaciones se integren al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si se autorizan, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones a los artículos 55 y 149 que fueron autorizadas por esta Asamblea.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora María Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Con su venia, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

Acudo a esta tribuna para presentar y fundamentar, por parte de la Comisión de Gobernación, el dictamen que tiene como finalidad expedir la Ley General de la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

El presente dictamen es producto del acuerdo entre Senadores de los diferentes grupos parlamentarios, que hemos trabajado con el mayor empeño para contar con la mejor legislación en la materia.

La protección de datos personales es un tema fundamental en la vida de las personas.

Nuestra intimidad debe de ser resguarda por mecanismos que cuenten con los más altos estándares y controles respecto del manejo de los datos que nosotros mismos proporcionamos.

México debe de contar con una ley de vanguardia que establezca un marco óptimo para que los ciudadanos estén seguros de que sus datos personales están debidamente protegidos.

Es importante señalar que el proceso de construcción de esta ley se ha desarrollado con un diálogo constante entre los diversos autores que participaron y bajo los principios de Parlamento Abierto.

Inicio con la presentación de esta iniciativa, el 30 de abril del año 2015, firmada por Senadoras y Senadores integrantes de los diversos grupos parlamentarios.

A partir de esta iniciativa, y con el objeto de contar con la mayor representatividad en la redacción del presente dictamen, se conformó un grupo plural integrado por las juntas directivas de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con la participación de los Senadores Armando Ríos Piter, Alejandro Encinas, Zoé Robledo, Laura Rojas, Héctor Larios, Raúl Gracia, Enrique Burgos, Lisbeth Hernández, Miguel Ángel Chico, Carlos Puente y la de la voz, quienes expusieron y aportaron sus propuestas para la redacción de la presente ley.

El día 23 de noviembre de 2015, se dio a conocer un primer documento de trabajo donde se concentraron las convergencias entre la iniciativa y las recomendaciones y mejores prácticas en la materia de la Organización de los Estados Americanos, para adecuar el proyecto a las mejores prácticas internacionales en materia de protección de datos personales.

Dicho documento se envió a los comisionados del INAI, a los Senadores del grupo de trabajo y a las juntas directivas de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

En todo momento, los documentos de trabajo, incluyendo el dictamen que hoy se discute, han sido publicados oportunamente en el micro sitio Web de la Comisión de Gobernación, y fue disponible para todo el público.

El 1º de diciembre de 2015, se celebró una primera audiencia pública en la que se invitó a participar a representantes de organizaciones de la sociedad civil especializadas, académicos y a los comisionados del INAI.

Igualmente, el 20 de enero de 2016, se realizó una segunda audiencia pública con representantes regionales de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, Comaip.

Sobre este primer documento de trabajo, se recibieron 12 documentos por parte de los Senadores de los diversos grupos parlamentarios, así como de organizaciones de la sociedad civil y académicos, en los que se reflejaron sus comentarios, observaciones y propuestas de redacción.

El 10 de febrero de 2016, se publicó un segundo documento de trabajo, que de la misma manera fue distribuido por todos los integrantes de las comisiones unidas, y en este segundo documento se atendieron 73 propuestas de modificaciones respecto al primer documento de trabajo.

El 18 de febrero, por acuerdo de las juntas directivas, se mandó a elaborar y dar a conocer un preproyecto de dictamen que fuera distribuido entre todos los integrantes de las comisiones unidas y publicado en el micro sitio Web.

Este preproyecto de dictamen atendió 27 propuestas de modificación respecto del segundo documento de trabajo.

En relación con el preproyecto, se recibieron 6 documentos con propuestas de modificación, las cuales se atendieron 9 de la sociedad civil, así como 5 de los grupos parlamentarios.

Cabe destacar que varios grupos parlamentarios hicieron suyas las propuestas de la sociedad civil y del INAI.

El 29 de marzo, a partir de diversas propuestas de modificación de los grupos parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil, se dio a conocer un proyecto de dictamen en el cual se reflejaron 9 modificaciones.

El 5 de abril se realizaron, una vez más, audiencias públicas con representantes de la sociedad civil y con los comisionados del INAI, y se recibieron observaciones respecto de diversos temas como: evaluación de impacto, prueba de interés público, datos sensibles, derecho al olvido, manejo de datos en instancias de seguridad pública.

Abril 19 de 2016. Se dieron a conocer 57 modificaciones al decreto del proyecto de dictamen, resultado de 25 propuestas de organizaciones de la sociedad civil y 32 propuestas del INAI.

Como queda sustentado, el proceso ha sido intenso y de gran apertura con la finalidad de lograr los consensos necesarios y atender esta materia de gran importancia para nuestro país.

Esta ley consta de 168 artículos, divididos en 11 títulos, así como 8 artículos que conforman su régimen transitorio.

Es de orden público, de observancia general, en toda la República, Reglamentaria de los artículos 6o. y 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Protección de Datos Personales en Posición de Sujetos Obligados.

Tiene, por objeto, establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

De igual forma, son objetivos de la presente ley:

Primero. Distribuir competencia entre los organismos garantes de la Federación y las entidades federativas en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

Segundo. Establecer las bases mínimas y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante procedimientos sencillos y expeditos.

Tercero. Regular la organización y operación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en lo relativo a sus funciones para la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

Cuarto. Garantizar la observancia de los principios de protección de los datos.

Quinto. Proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos de la Federación, las entidades federativas y los municipios con la finalidad de regular su debido tratamiento.

Sexto. Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de los datos personales.

Séptimo. Promover, fomentar y difundir una cultura de protección de datos personales.

Octavo. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio que correspondan para aquellas conductas que contravengan las disposiciones previstas en esta ley.

Noveno. Regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los organismos garantes locales y de la Federación, de conformidad con sus facultades respectivas.

Es importante destacar que la presente ley es aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización.

En este tenor, el Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

Y quiero decirles, para concluir, que agradezco y reconozco a los integrantes de la sociedad civil, a los comisionados del INAI que nos han venido acompañando y apoyando en la construcción de este dictamen.

Igualmente, mismás altas consideraciones a nuestros compañeros secretarios técnicos y asesores de las comisiones, a los compañeros que integramos las Comisiones Unidas de Gobernación;´{'ñ-. y de Estudios Legislativos, Primera, su aportación y dedicación en el tema que ha sido fundamental para lograr una ley que atienda la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

Esta Presidencia recibió la intervención del Senador Raúl Gracia Guzmán, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera. Insértese en el Diario de los Debates de manera íntegra.

El Senador Raúl Gracia Guzmán: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se recibió también el posicionamiento del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México. Insértese íntegramente en el Diario de los Debates.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, para fijar posición de su grupo parlamentario.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Vamos a hacer un planteamiento en contra que recoge muchos planteamientos similares porque la línea que ha venido siguiente este Senado tiene esta dirección, es una ley antifederalista, implica una limitación paulatina de los alcances del artículo 124 de la Constitución a favor de las competencias de las autoridades centrales-federales del país.

Crecen las competencias de la Federación en el artículo 73 constitucional, ya lo habíamos comentado, y en la misma proporción se merman las competencias en las entidades federativas.

La distribución de las facultades de la Federación, en la República Mexicana, establecen que: "todas las facultades que no estén reservadas a la Federación pertenecen a los estados, ésta es una ley más que va mermando las facultades de los estados.

Este antifederalismo que se maneja una y otra vez en diversos instrumentos que hemos comentado, responde a una lógica neoliberal, los centros de poder hegemónico prefieren un trato directo con un solo centro y no con 32 de cada una de las entidades de la República; sin embargo, son facultades de los estados las que están amputando.

Además, el antifederalismo representa una concentración de poder en el Presidente, otro elemento más, vamos a ir reforzando el autoritarismo presidencial y de los tres partidos dominantes porque son ellos los que designan, por reparto de cuotas, a los integrantes del INAI en una concentración oligárquica del poder.

El INAI, órgano garante por antonomasia, es como en otras ocasiones lo hemos dicho, un órgano que responde a las cuotas de partido y, por tanto, carece de independencia y autonomía real. No regula con exhaustividad el tratamiento de los datos personales de procedencia ilícita en cuanto a las responsabilidades y sanciones de los responsables y encargados de los datos personales.

Artículo 5, fracción V. Las limitaciones al derecho humano, que es un derecho humano, la protección de datos personales son vagas y ambiguas y por lo mismo pueden dar lugar, realmente protegidos, a cualquier atropello y arbitrariedad que en los hechos conducirían a negar el derecho humano a la protección de datos.

Esas limitaciones al derecho humano, a la protección de datos establece, siempre y cuando esté de por medio la seguridad nacional, las disposiciones de orden público, la seguridad y salud pública, la protección de derechos a terceros, artículo 6, párrafo segundo, su indeterminación semántica hace nugatorio el derecho.

Si es una protección a ese derecho que tenemos todos de la protección de nuestros datos personales, sin embargo, estas limitaciones en términos generales, seguridad, quién define qué es la seguridad que va a ser que mis derechos a mis datos personales sean vulnerados o hechos públicos, o salud pública, o la protección de derechos de terceros, están totalmente indeterminados y solamente dejan abierta una enorme puerta para no protección de los derechos a los datos personales.

El tratamiento de datos personales por parte de autoridades responsables para finalidades distintas al aviso de privacidad requiere no sólo del consentimiento del titular, sino una explicación exhaustiva a éste, de las consecuencias jurídicas de su violación.

Es incorrecto que se puedan utilizar datos personales de personas desaparecidas sin el consentimiento de sus víctimas y familiares, artículo 18.

Las excepciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 para no recabar el consentimiento del titular de los derechos son excesivas, algunas de ellas, por ejemplo, el artículo 22, fracción II, violentan el principio de reserva de ley y promueven la arbitrariedad interpretativa de la autoridad responsable.

El dictamen está diseñado desde una visión individualista, como si nada más fueran esos derechos los que existen. No prevé acciones colectivas para proteger los derechos Arco, así se llama, ni establece que grupos sociales con interés simple o difuso puedan reclamar sus derechos que son: acceso, rectificación, cancelación y oposición, artículos 48 y siguientes.

El reciente escándalo del INE, el robo de los datos personales del padrón electoral debería dar lugar a establecer en este dictamen toda una serie de facultades colectivas, acciones colectivas, porque lo que se ha exhibido son precisamente datos privados colectivos que afectan a una enorme colectividad. Podría ser, y se ve como necesario que existan esas protecciones.

El sistema de autoridad responsable y encargado previsto en los artículos 58 y siguientes del dictamen, implican la privatización de los datos personales en los gobernados, artículo 58 y siguientes, pues no serán las autoridades, éste es el caminito neoliberal de ahí que privatizar todo y dar pie a grandes negocios. Pues no serán las autoridades las que custodien los datos personales, sino particulares encargados los que lo harán mediante una relación contractual en la que ni siquiera se establece que es de derecho público. No sólo se privatiza el manejo de los datos personales de los gobernados.

¿Por qué dar la autorización para que se entreguen los datos personales a empresas privadas, que pueden ser extranjeras?

Las empresas encargadas podrán además tener un contrato para tener el cuidado y manejo de los datos personales. Además pueden subcontratar a otras, que es el asunto del negocio, los servicios de tratamiento de los datos.

Estamos hablando de la difusión en manos privadas de las competencias al Estado una vez más.

El consentimiento no se solicita para utilizar y transferir sus datos personales en caso de que México celebre tratados internacionales de diversa naturaleza.

Nuestros datos personales terminarán, como ya ocurre, en las centrales de inteligencia y de espionaje de las potencias mundiales. Están libres. Todo eso puede pasar.

Parece que el dictamen se aprueba por eso, para que el Estado transfiera nuestros datos, sin nuestro consentimiento, a las potencias que controlan el espionaje mundial. Parece broma, pero así es.

Artículo 65 y siguientes.

El artículo 81 del dictamen viola directamente los artículos 14 y 16, pues sin orden judicial se pueden intervenir las comunicaciones privadas.

El dictamen es omiso sobre las sanciones económicas de otro tipo y remite a las leyes de la materia. Consideramos esto una irresponsabilidad del Senado porque las conductas consideradas ilícitas, deben tener un tratamiento específico en esta ley de carácter específico, y no hay sanciones.

El dictamen contiene errores de técnica legislativa. Se refiere a una fracción del artículo 122 que ya no existe.

En síntesis, votaremos en contra porque el dictamen no protege con seriedad los datos personales de los ciudadanos, dado que las autoridades pueden contratar y subcontratar con particulares la administración de estos.

El esquema de contratación y de subcontratación es un esquema claramente neoliberal, contrario al derecho público de un país soberano. Se convierte la protección de los datos personales en un negocio privado, en donde se pueden vender los datos a unos y a otros.

Las excepciones para no solicitar la autorización del titular, para emplear para fines distintos a los de la ley los datos personales, son ambiguas, indeterminadas y conducirán a la arbitrariedad. Grandes generalidades.

La soberanía de nuestro país está en riesgo, pues mediante tratados el Estado mexicano podrá disponer de los datos personales de todos los habitantes de este país sin consultarlos.

Es un dictamen de corte decimonónico; no estipula mecanismos de acción colectiva y de interés difuso para proteger los datos personales de los habitantes.

El INAI, la institución garante, es un órgano controlado por los partidos mediante el esquema de reparto de cuotas.

Se trata de un dictamen antifederalista, insisto, que merma competencias de los órganos garantes de los estados.

El dictamen consiste en realidad en una autorización al Estado para que haga lo que quiera con nuestros datos personales, y no hay protección efectiva para ellos, lo que contradice desde luego a la Ley General de Protección de Datos Personales.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por diez minutos.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros.

La privacidad es la nueva forma de la libertad. No es exagerado decir que vivimos en un mundo donde la privacidad se ha vuelto casi un imposible.

¿Qué tan libre se puede ser cuando se es vigilado de manera constante?

La libertad implica un derecho al secreto. Este es expresado en su forma pública a través del espacio privado y el respeto absoluto a ese espacio.

Ya lo dijo alguna vez el filósofo francés Jacques Derrida. El sentía un impulso de miedo o de terror frente a un espacio político o una esfera pública que no deja espacio para el secreto.

El secreto es una contestación política porque inhibe al poder de volverse absoluto; le impide generar terreno propicio para una totalización de la democracia.

Ninguna democracia contemporánea puede asumirse como tal si no garantiza la privacidad de los ciudadanos, incluso la privacidad frente al estado mismo.

Es recurrente el ejemplo de George Orwell y su novela de 1984: Este mundo distópico que ha sido recurrente comparado a nuestro mundo actual, un mundo en donde la vigilancia es constante, donde la vigilancia es continua y operada desde el estado en un ente todo poderoso.

Esa comparación es fácil, pero además es insuficiente, en la novela de Orwell, el poder constituido como el gran hermano, vigilaba a todos los ciudadanos, y dentro de ese universo, la estructura de la vigilancia era, sin duda, la del panóptico, un punto único desde donde se podía observar todo, una estructura de vigilancia centralizada y dirigida.

Por eso, a diferencia de 1984, la vigilancia en el mundo actual no está centralizada, el gobierno no es la única entidad capaz o dispuesta a invadir la privacidad de los ciudadanos. El mundo del Big Data ha vuelto la recolección de información, una actividad económica altamente redituable.

Por eso es que la metáfora orwelliana se queda corta. El mundo contemporáneo no tiene un gran hermano, tiene cientos de miles de grandes hermanos. Si existe un panóptico, todos simultáneamente estamos en la torre y en la periferia al mismo tiempo.

En ese sentido, nuestra realidad se asemeja mucho más a la distopía de Zamiatin, en la novela Nosotros, en donde plantea un mundo en donde los habitantes viven en casas de vidrio transparente y nadie puede cerrar las cortinas. En ese mundo la privacidad simplemente no existe, pero el control de la información no está centralizado, eso crea un escenario pero que el orwelliano, la solución es compleja, pero sencilla, se trata de derrocar a un régimen corrupto y abusivo.

En el mundo de Zamiatin no tiene una solución tan sencilla. ¿Cómo se acaba con un panóptico cuyo centro está en todas partes al mismo tiempo?

Por eso es que celebro hoy que estemos discutiendo esto aquí, y que haya un avance tan importante respecto al dictamen de datos personales en posesión de sujetos obligados.

El reconocimiento permanente a las comisiones, a sus integrantes, a sus presidentes, a la Senadora Díaz Salazar, al Senador Gracia Guzmán, y sobre todo también a los grupos de trabajo que sí pudieron ponerse de acuerdo, que sí lograron consensos en temas también complicados, en temas también difíciles.

Creo que ese reconocimiento, ese esfuerzo, ellos, nuestros asesores, nuestros técnicos, nos lo contagiaron para que pudiéramos llegar al día de hoy, sin hacer el papelón de no sacar este dictamen.

¿Por qué creo que es una buena ley de datos personales? Durante todo el proceso de dictaminación hubo por lo menos nueve temas en donde hubo un avance importante.

El primero, seguridad pública. Se adicionó un Capítulo II al Título Cuarto de acciones preventivas en materia de protección de datos personales, de las bases de datos en posesión de instancias de seguridad, procuración y administración de justicia.

En ese capítulo se estableció que la obtención y tratamiento de datos personales por parte de sujetos obligados competentes a instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, está limitada a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios y proporcionales para el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional, seguridad pública o la prevención del delito.

El segundo es ejercicio de los derechos ARCO, sobre datos de personas fallecidas, tratándose de datos personales concernientes a personas ya muertas, la persona que acredite tener un interés jurídico, de conformidad con las leyes aplicables, va a poder ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación o posesión, siempre que el titular de los derechos hubiere expresado fehacientemente su voluntad en tal sentido o que exista un mandato judicial para dicho efecto.

El tercer tema tiene que ver con transferencias y remisiones, y el responsable no sólo podrá transferir o hacer remisión de datos personales fuera de territorio nacional, cuando el tercero receptor o el encargado se obligue a proteger los datos personales, mínimamente conforme a los principios y deberes que establece el orden jurídico mexicano.

Cuarto. Principio de lealtad. El responsable no deberá obtener y tratar datos personales a través de medios engañosos o fraudulentos, privilegiando la protección de los intereses del titular y la expectativa razonable de privacidad.

Cinco. Principio de información. Para facilitar el ejercicio del principio de información se contempla la existencia de dos modalidades de aviso de privacidad, el simplificado e integral.

El primero debe ser un documento de sencilla lectura que permita al usuario tener la información más relevante sobre el tratamiento de sus datos. El otro, el integral, es un documento que incluye y absolutamente todos los pormenores de ese tratamiento.

Sexto. Evaluación de impacto. Se establece que cuando se pretenda poner en operación, o se pretenda modificar políticas públicas, sistemas, plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología, que a su juicio y de conformidad con esta ley implique el tratamiento intensivo y relevante de datos personales, la autoridad deberá realizar una evaluación de impacto para valorar los efectos reales respecto de determinado tratamiento de datos personales para identificar y mitigar posibles riesgos relacionados con los principios, deberes, derechos de los titulares, así como los deberes de los responsables y los encargados.

Séptimo. Medidas precautorias de verificación, el Instituto o los organismos garantes podrán ordenar medidas cautelares si en el desahogo de la verificación se advierte un daño inminente o irreparable en materia de protección de datos personales, siempre y cuando no impida esto el cumplimiento de las funciones ni el aseguramiento de la base de datos de los sujetos obligados.

Estas medidas sólo podrán tener una finalidad correctiva y, además, será temporal hasta entonces los sujetos obligados lleven a cabo las recomendaciones hechas por el Instituto o los organismos garantes según corresponda.

Y lo mismo ocurre en el tema de evaluación de impacto en la participación del órgano autónomo.

Finalmente.

Octavo. Las medidas compensatorias, se prevé también mecanismos alternos para dar a conocer a los titulares el aviso de privacidad a través de su difusión por medios masivos de comunicación u otros de amplio alcance.

Cuando resulte imposible dar a conocer al titular el aviso de privacidad, de manera directa o ello exija esfuerzos desproporcionados.

Y noveno, y último. La ley establece en el tema de designación del oficial de datos, que se podrá designar a un oficial de protección de datos personales especializado en la materia quien formará parte de la unidad de transparencia y auxiliará al responsable en las atribuciones del tratamiento de datos.

Quienes sí estuvimos ahí, quienes estuvimos trabajando, quienes logramos estos avances, consideramos que esta es una buena ley, es una ley que permite que la democracia mexicana crezca en esta grave y tan importante tarea que es la protección de los datos personales.

A través de toda la historia ha habido grandes igualadores sociales; la religión, que nos hizo a todos pecadores; las leyes, que nos hizo a todos ciudadanos frente al Estado; la democracia, que hizo que nuestra voz valiera igual con las elecciones.

Y ahora lo es también el Internet, como una red interminable de conocimiento a la disposición de las personas en todo momento y en todo lugar. Hoy el Internet plantea un reto a la democracia, el reto de nuestra democracia en el siglo XXI será impedir que la ley se convierta en fanatismo, que nuestras leyes se conviertan en letra muerta, que la democracia se convierta en un juego para los cínicos y los corruptos, y que el internet se convierta en una red de vigilancia y una red de control que trasgreda la esfera privada de los ciudadanos. Para eso es esta ley.

Por eso tenemos que hacer dos cosas, que los que nos observan, lo hagan desde una caja de cristal, y que la privacidad siga siendo protegida, que esto sea lo que diferencie, lo que significa entre vivir una democracia y un estado que no lo es.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para fijar la posición de su grupo.

El Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias, señor Presidente.

Seré muy breve e intentaré no repetir nada, pero para el grupo parlamentario del PAN es importante el que se fije una posición con respecto a este tema.

Antes de fijarla, quisiera destacar el método de trabajo que siguieron las comisiones, como ya se ha dicho aquí por el Senador Zoé Robledo, con grupos de trabajo, con muchísimos documentos intermedios, con la participación y consulta con la sociedad civil y con el involucramiento de varios Senadores.

Yo resalto esto, porque creo que es la forma de trabajar los temas complicados, con documentos, y a partir de los documentos recibir opiniones, críticas, correcciones o temas que encontrábamos que estaban bien hechos.

De manera que quiero reconocer, igual mencionar a uno de cada partido para no abundar.

Mencionaría en primer lugar a la autora de la iniciativa sobre la cual se basaron todas las discusiones, a la Senadora Laura Rojas; a la Presidenta de la Comisión de Gobernación, la Senadora Cristina Díaz, todo esto en participación de muchísimas reuniones; del PRD, al Senador Alejandro Encinas; y no podemos dejar de mencionar al equipo técnico que tiene la Cámara, y aquí quien ha pagado los platos rotos casi siempre es acá el Secretario Técnico de la Comisión de Gobernación, Publio Rivera, porque en ocasiones había fuertes diferencias y él tenía que registrar a veces lo que le dice la presidenta y no lo que reflejaba, y hubo tensiones fuertes y siempre se pudieron resolver.

Y bueno, del propio reconocimiento que ha hecho de los participantes, de encontrar siempre el camino.

También al equipo técnico que todos tenemos. Aquí quisiera resaltar la participación en muchísimas reuniones de Edith, Ivonne, Aleida, David, y de varios asistentes, expertos en los temas, que se convirtieron y que permitieron que vengamos con un dictamen que tiene un amplísimo consenso y que ha sufrido enormes cambios todavía, aquí está una modificación que se hizo el día de ayer.

Yo diría que estos son derechos humanos, pero de reconocimiento reciente. Empezó por reconocerse el derecho que tienen los ciudadanos de conocer los asuntos del gobierno, y esto empezó aproximadamente en el 2001, de manera el Presidente Fox puso en Internet muchísimos datos del gobierno, inclusive, que datos de la residencia oficial de Los Pinos y luego presentó en el 2002 una iniciativa de transparencia la primera iniciativa de transparencia que tuvo este país.

Pero también esto llevó a algunos excesos, parecía que la transparencia no tenía límites, el propio IFAI, y yo recuerdo haber discutido muchas veces con mi amigo Alonso Lujambio de los excesos de algunas resoluciones del IFAI.

En alguna ocasión, por ejemplo, en la Cámara de Diputados por insistencia dimos a conocer en transparencia los datos de gastos de servicios médicos. Algún medio de comunicación, en primera plana sacó las fotografías de los Diputados que habían tenido mayores números de gastos médicos, y la verdad que los Diputados se sintieron, y con justa razón, terriblemente ofendidos, no encontrábamos que uno de los límites de la transparencia es precisamente el respeto a los datos personales.

Luego empezaron los abusos de muchísimas empresas, por ejemplo, las tarjetas de crédito que vendían los datos que los usuarios proporcionaban, con el único propósito de tener el servicio de crédito los vendían a casas comerciales para que hicieran llegar publicidad, y entonces, en el 2010, en la administración pasada se elaboró y se aprobó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Sin embargo, estaba incompleta esa protección, porque la mayor parte de los datos están en manos de entes públicos, de lo que la Ley de Transparencia denominó, los sujetos obligados.

Por ejemplo, el Seguro Social tiene alrededor de 60 millones de expedientes; el ISSSTE, 12 millones; y bueno, todos hemos sabido que este es un tema que no hemos cuidado como sociedad, no hemos cuidado todos como gobierno, y esta es responsabilidad general y se han dado cosas como la que está ahorita en los medios, que el padrón electoral que tiene los datos personales está en la nube de Amazon, y bueno, independientemente de por qué, lo que denota es que ese tema no lo hemos cuidado.

Por ejemplo, el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía que de alguna manera se perdió, y apareció en manos de los criminales, y pasamos de la extorsión telefónica que era de números consecutivos y al llamar, simplemente decían, tenemos a su hijo, un niño llorando, y no decir los datos, hablar con la persona titular del teléfono que estaba registrada, y por ejemplo, en el 2008 se registraron, cada 24 horas, 4,400 extorsiones con nombre, es decir, provenían del padrón de la base de datos del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía.

Y al año siguiente, en el 2009, subió a 6,177 extorsiones por día, con nombre, o sea, a partir del padrón que se perdió de este registro.

En el 2010 hubo un escándalo que en Tepito estaba a la venta por 12 mil dólares la base de datos de los automóviles y de las licencias de conducir.

Y, bueno, la semana pasada el INAI amonestó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por el descuido en el manejo de los datos personales del programa de entrega de televisiones digitales.

Es obvio que hacía falta una ley que regulara cómo proteger los datos personales en posesión de los entes de gobierno, de los sujetos obligados, y esa es precisamente la ley a la que estamos dando origen en este acto.

¿Qué es lo que hace la ley?

Bueno, establece varias medidas preventivas para proteger los datos personales, partiendo en primer lugar del principio de finalidad.

Es decir, aun cuando sean entes públicos los datos personales solamente pueden utilizarse para el propósito que se pidieron, si es el caso del Seguro Social, para el propósito médico, con las excepciones que están establecidas en la ley, fundamentalmente de seguridad pública o de epidemias o razones mayores de salud.

Pero también reconocer los derechos humanos que tenemos cada uno de los ciudadanos a tener acceso a la información que los entes públicos tienen de nosotros, cualquier ciudadano tiene garantizado en esta ley el derecho de accesar y preguntarle al ente público, qué datos tienes de mí, pero desde luego con excepciones de seguridad, a rectificar hoy los datos que tienen de mí no son los correctos, rectifícalos, estos son los correctos, a cancelarlos y a oponerse en caso de controversia.

Todo esto reglamentado también con la obligación del ente público de poner un aviso de privacidad, que en el caso de esta ley se ponen dos avisos de privacidad, uno es sencillo, todos hemos visto en la computadora de repente un aviso de privacidad de 15 hojas, pues nadie lo lee, entonces, poner uno sencillo, muy breve, de manera que el usuario ciudadano sepa para qué van a ser usados sus datos, y uno completo para que estuviera totalmente protegido en forma legal.

Algunas medidas de prevención, algunas costaron algún esfuerzo, por ejemplo, volviendo al tema del padrón electoral.

Si se hubiera hecho una evaluación que ahora lo prescribe la ley de impacto, qué impacto puede tener el uso masivo e intensivo de datos personales, pues hay que hacer un estudio, el propio sujeto obligado tiene que hacer un estudio para poder prever los riesgos y corregirlos, y que no pase que de repente aparece el padrón electoral en Amazon, independientemente de la razón que haya sido, que eso está por investigarse.

La ley también garantiza con todo esto y lo que aquí dijo por los precedentes, el derecho a la privacidad, pero también el derecho al olvido.

Cuando alguien cumple una condena tiene derecho a que se borre, no se borre, sino que las constancias de antecedentes penales, no aparezca si ya purgó la pena. No puede estar marcado de por vida o muchísimos otros casos.

Pero también algo que discutió mucho el PRD y con razón, el derecho a que exista memoria histórica y que se pueda saber con precisión la información después del tiempo.

Hay muchísimos argumentos, se ha explicado aquí con amplitud cómo funciona la ley, pero esta es una ley totalmente nueva en el país, hacía falta del 2010 que se hizo la ley que protege los datos personales en propiedad de los particulares.

Ahora han pasado seis años y ahora tendremos un marco jurídico que protege los datos personales en propiedad de los sujetos obligados, de los entes públicos y será precisamente el INAI el encargado.

También la última reflexión, la transparencia tiene sus contrapartes, uno en los límites de la transparencia, ahora queda claro y por eso es el mismo organismo. Es el respeto a la privacidad, el respeto a los datos personales.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Larios Córdova.

Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para fijar el posicionamiento de su grupo, hasta por diez minutos.

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy nos encontramos discutiendo un dictamen que nuevamente da muestra de que en el Senado de la República, los acuerdos parlamentarios si se pueden lograr.

Acuerdos que son torales para la vida democrática de México y que dan solución a las necesidades de la sociedad para mejorar su entorno y garantizar su desarrollo protegiendo en todo momento los derechos que les otorga nuestra Carta Magna.

Este dictamen refleja los consensos de todos los grupos parlamentarios representados en el Senado, en una materia que hoy en día, cobra gran relevancia para la seguridad de todos los mexicanos, me refiero a la seguridad de cada una de las personas que día a día utilizamos y proporcionamos información personal para realizar nuestras actividades cotidianas, seguridad que puede ser vulnerada por el mal uso de nuestra información por parte de quien la detente, cuyas consecuencias generarían daños en los diferentes estratos de la esfera jurídica de las personas.

Como ya se ha mencionado, existe el mandato constitucional de generar los instrumentos jurídicos idóneos y eficaces que garanticen la protección de los datos personales de toda la población.

En este sentido, la ley que se pretende expedir para lograr este fin, es la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que permite establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos en el ámbito federal, municipal o de las entidades federativas.

Esta ley, desde su inicio, fue permeada con valiosas opiniones y propuestas provenientes de diversas organizaciones de la sociedad civil, especializadas en esta materia. De reconocidos intelectuales, reconocidos académicos, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI.

Y, por supuesto, el gran trabajo de las Senadoras y Senadores de la República.

Sin duda, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados que hoy discutimos, abona en mucho a la dinámica de transparencia en la que estamos inmersos y que demanda la sociedad mexicana.

Sin embargo, esta transparencia requiere de mecanismos de protección de la información personal, muy puntuales y eficaces que proporcionen seguridad y tranquilidad a sus titulares.

Finalmente, quiero expresar mi reconocimiento al grupo plural conformado, que logró los consensos necesarios a los diversos actores de la sociedad civil, al instituto, a los académicos, a las Senadoras y Senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, encabezadas por la Senadora Cristina Díaz Salazar y el Senador Raúl Gracia Guzmán; y al equipo técnico, cuyas valiosas propuestas y esfuerzo se materializaron hoy en una ley que amplía y garantiza seguridad en materia de protección de datos personales, toda vez que se encuentra en un estándar y con lineamientos y ordenamientos jurídicos a nivel mundial.

Por lo anterior, expreso mi voto al presente dictamen, al igual que el del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que será a favor.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Chico Herrera. Pasamos a la discusión en lo general.

Esta Presidencia ha recibido los posicionamientos de la Senadora Angélica de la Peña y del Senador Raúl Morón, se instruye a la Secretaría que los inserte íntegramente en el Diario de los Debates.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Senador Raúl Morón Orozco: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, hasta por cinco minutos, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, yo creo que estamos cerrando el ciclo de una iniciativa que presentamos un grupo plural de Senadoras y Senadores el 30 de abril del año pasado. Es decir, prácticamente un año después que estamos por aprobar la primera ley en la materia de protección de datos personales, una Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, porque lo que teníamos hasta ahora era una Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Yo creo que es lo primero que tenemos que señalar, y que tratándose de una ley general, busque establecer las normas y las bases mínimas a las que debe sujetarse la legislación local, la cual podrá, con toda libertad, establecer las disposiciones que considere convenientes, y cumplir, a través de sus órganos autónomos, con la garantía del ejercicio de un derecho humano fundamental ligado a la protección de los datos personales, que son derechos individuales de personas físicas, no de personas morales, el derecho a la privacidad, la intimidad y la protección de sus datos personales y, como bien se ha dicho aquí, sin menoscabar el derecho a la memoria y a la verdad, porque si bien en esta ley se establece también un derecho humano reconocido en nuestra Constitución, el derecho al olvido, no vamos a menoscabar, sino que tenemos que entrar a un equilibrio de derechos con el derecho a la memoria y la verdad.

Este fue uno de los objetivos fundamentales de esta iniciativa, que parte de reconocer como un principio básico el derecho a la privacidad de todas las personas que reconoce nuestra Constitución, ya que la protección de datos personales es un derecho humano que le da a los individuos el poder de controlar su información personal, decir: ¿Con quién se comparte? ¿Para qué se utiliza con terceros? Así como establecer el derecho a que ésta se trate de manera adecuada para permitir el ejercicio de otros derechos y evitar daños a su titular, al dueño de su propia información.

Y eso es lo que establece con precisión el artículo 16 constitucional, que reconoce la protección de los datos personales como una garantía individual al señalar: "Que toda persona tiene derecho a proteger sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como para manifestar su oposición en los términos que fije la ley".

Es decir, estos son los derechos conocidos como derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición.

En este dictamen se recoge, como parte fundamental del tratamiento de los datos personales, que estos sólo puedan ser utilizados con los fines que autorice el titular; que se conserven los datos personales durante el tiempo necesario para llevar a cabo la finalidad para la que se obtuvieron.

Establece: "Que sólo se pueden compartir los datos personales con terceros, si el titular de los mismos lo autoriza". "Implementa medidas de seguridad que eviten el daño, pérdida o alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado de los datos personales". Como sucede con la filtración que se hizo del Padrón Electoral del Instituto Nacional Electoral.

Y también señala: "Que debe informar al titular de los derechos si ha ocurrido una vulneración a la seguridad de las bases de datos que pueda afectar sus derechos patrimoniales o morales".

Y esto es plenamente congruente con lo que el gobierno mexicano ha suscrito con la Organización de Estados Americanos que señala que: los Estados deben garantizar que la intervención, recolección y uso de información personal, incluidas todas las limitaciones al derecho de la persona afectada a acceder a información sobre las mismas, estén claramente autorizadas por la ley a fin de proteger a la persona contra interferencias arbitrarias o abusivas, en este caso del Estado, de sus intereses privados, y en toda sociedad que se aprecie de ser democrático, o por lo menos quienes aspiramos a vivir en una de ellas.

La ley debe, con toda claridad, establecer cómo se accede a las comunicaciones y datos personales, en qué circunstancias e incluso velar para que cuando se invoque la seguridad nacional como razón para vigilar la correspondencia y los datos personales. La ley debe especificar con toda claridad los criterios que deben aplicarse para determinar en los casos si existen algún tipo de legitimación que resulte legítimo.

De esta manera el dictamen ha retomado en lo fundamental estos principios, más aún recoge en buena medida las propuestas y preocupaciones expresadas en los foros de audiencias públicas, en los espacios de discusión, en las mesas de trabajo plurales y que hicimos con representantes de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil, con el órgano garante que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, e incluso retomamos plenamente el catálogo que se nos presentó y en esa parte se han establecido nuevos y más amplios derechos de la población.

Sin embargo, debo señalar que como sucedió en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tuvimos algunas piedritas en el zapato, particularmente dos: una que está vinculada con el recurso de revisión del consejero jurídico en materia de seguridad nacional y que en un momento pretendió ampliarse también a los temas vinculados con la seguridad pública, y otro en torno a las causas de improcedencia al ejercicio de los derechos ARCO, que implica restringir en determinadas condiciones el ejercicio pleno de estos derechos.

Afortunadamente con la propuesta que han presentado los presidentes de las comisiones unidas en donde se modifica el artículo 149, se retira como venía del texto del dictamen un párrafo en el que señalaba que el procedimiento de verificación que realice el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, debería tener una duración máxima de 50 días, y se le facultaba, en este caso, al consejero jurídico para que en los casos de verificación de seguridad nacional y seguridad pública solamente procediera mediante orden judicial y con la intervención del consejero.

Se eliminó lo del orden judicial para no vulnerar la autonomía del instituto y se eliminó la intervención del consejero jurídico en estos temas.

Pero nos quedó, sin lugar a dudas, un problema en el artículo 55, en su fracción XII, en donde por la insistencia del Banco de México de nueva cuenta, más allá de los temas que ya quedaron establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se estableció que cuando los datos personales sean parte de la información que las entidades sujetas a la regulación y supervisión financiera del sujeto obligado haya proporcionado este en cumplimiento de requerimientos de dicha información sobre operaciones y organización y actividades.

Yo creo que este es un asunto que todavía tendrá que debatirse, seguramente el INAI podrá revisarlo y, en su caso, controvertir este tema en función del ejercicio pleno de las facultades que le otorga la ley.

Esperemos, yo convoco al INAI a que haga una revisión exhaustiva de esta fracción XII del artículo 55, pero de hecho el conjunto del dictamen recoge en lo fundamental no solamente la iniciativa plural, sino un esfuerzo en donde participaron muchas organizaciones de la sociedad civil, académicos, y debo reconocer el trabajo que realizaron los equipos técnicos, un año de trabajo con muchos jaloneos, diferencias, los secretarios técnicos, todo el equipo técnico que merece todo nuestro reconocimiento, que fue un soporte fundamental para sacar adelante este resultado.

Nosotros votaremos a favor, manteniendo, por supuesto, la reserva en la fracción XII del artículo 55, porque no nos gusta limitar el ejercicio de ningún derecho y esperemos que lo revise con detalle el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y, en su caso, si no se modifica, en la discusión en lo particular lo controvierta.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente.

Y pues yo también pregunto, ¿qué hacía el padrón electoral mexicano de 2015 perdido en la nube de Internet y alojado en el sitio de la empresa norteamericana Amazon?

Esa fue la pregunta que muchas mexicanas y mexicanos nos hicimos cuando conocimos la noticia de esta fuga masiva de más de 83 millones de datos personales, este caso sería suficiente para prender los focos rojos ante el tema que hoy discutimos en esta Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Es un trabajo importante donde participaron también el órgano garante y expertos en la materia de la sociedad civil. La iniciativa tiene por objeto establecer los principios, las bases generales y los procedimientos que garanticen el derecho a la protección de los datos personales en posesión de sujetos obligados.

En teoría, esta iniciativa busca armonizar el Apartado A del artículo 6o. y el segundo párrafo del artículo 16 de nuestra Carta Magna para garantizar el derecho de todas las personas a la protección de sus datos personales.

Partiendo del supuesto que el derecho a la protección de datos personales es un derecho humano, cuyo fin es proteger su integridad, derivado del uso y tratamiento de los datos personales, garantizando el control real de su información.

Esta iniciativa de ley se basa en los estándares fijados por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que recientemente aprobamos, y cumple con las expectativas mínimas de los estándares internacionales en la materia.

La iniciativa sí adopta los principios universalmente aceptados, sin embargo, lo hace de manera somera y no armónica a diferencia de los países, por ejemplo, de la Unión Europea.

Uno de los puntos fundamentales para lograr la protección de datos personales está reconocido en el Título Segundo y en el Capítulo II de esta iniciativa, que son las medidas de seguridad que deberán implementar los sujetos obligados, a fin de garantizar que no sean destruidos, extraviados, alternados o accesados; es decir, los estándares de seguridad contemplados en la iniciativa buscan evitar un tratamiento no autorizado, así como la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información que se encuentre en posesión de sujetos obligados.

Uno de los puntos fundamentales de esta iniciativa es permitir a los titulares de los datos conocer qué información tienen los sujetos obligados de ellos mismos, permitir la rectificación, la cancelación y la oposición; es decir, los derechos ARCO. Estos derechos y su ejercicio están reconocidos en los Capítulos I y II del Título Tercero, estableciendo reglas que deben seguir los titulares para tener un control efectivo a sus datos personales.

Es necesario considerar que la privacidad y la protección de datos personales son dos derechos diferentes, aunque interrelacionados entre sí. La privacidad debe entenderse como ese aspecto de nuestras vidas que deseamos mantener fuera del escrutinio público, y la protección de datos personales es la autodeterminación de nuestra información personal, es decir, nuestros derechos ARCO, el acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Siguiendo los estándares internacionales, la iniciativa contempla en el Título Quinto, muy robusto, la materia de transferencias y de remisiones a nivel nacional e internacional, deja claro que los sujetos obligados al obtener el consentimiento tácito o explícito sobre el tratamiento a dar a determinada información ello no implica que el sujeto obligado pierda el control de esa información, y menos aún que se encuentre liberado de sus responsabilidades contraídas con el titular de la información, por ello la importancia de regularla.

El Título Sexto establece acciones preventivas en materia de protección de datos personales y recomendaciones en la materia, pero lamentablemente no son vinculantes, lo que hubiera sido deseable.

Ante una negativa de los derechos ARCO como recurso, existe el recurso de revisión y de inconformidad. Todo esto se establece, además, procesos ágiles y expeditos para ejercer los derechos ARCO.

Se da la posibilidad al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de atraer los recursos de revisión que se ventilen a nivel estatal, y el titular de los datos personales no necesitará ejercer algún derecho ARCO para atacar una posible irregularidad en el tratamiento de los datos personales, y el titular tiene la posibilidad de solicitar a los órganos garantes, que inicien la verificación del sujeto obligado.

Pudiéramos mencionar otros asuntos buenos. Yo hice cien propuestas a esta iniciativa y no fueron retomados algunos, pero quiero presentarlos. Hay dos inconsistencias al menos.

En el artículo 5, fracción IV, se establece una clasificación o se clasifica como fuente pública a los medios de comunicación social, los cuales no son definidos en esta ley, pero todos sabemos que de los medios de comunicación social podemos señalar todas las redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, los cuales pueden ser considerados como correspondencia o una extensión de nuestro domicilio, y conforme al artículo 6o. constitucional, son inviolables, salvo que exista una orden judicial.

El artículo 5 es contradictorio con lo señalado en el artículo 81 de esta iniciativa, que señala en su último párrafo que las comunicaciones privadas son inviolables, reconociendo que sólo la autoridad judicial federal que faculte la ley, o el titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrán autorizar la intervención.

Resulta contradictorio el artículo 5, fracción IV, con el artículo 81. Entonces hay que eliminar la fracción IV del artículo 5, para que sólo prevalezca la redacción del artículo 81, y así no permitir contradicciones o espacios para la confusión.

Por otro lado, una de las finalidades últimas del derecho a la protección de datos personales, es permitir al titular de los datos un verdadero control real e informado sobre la recolección, uso y destino de su información, lo que se logra con el consentimiento tácito o explícito del aviso de privacidad.

Si bien la iniciativa de ley en términos generales responde a los estándares internacionales en materia de protección de datos personales, su redacción presenta diversas áreas de oportunidad, por lo que yo quiero sugerir la incorporación del término "portabilidad de datos" en el artículo 3.

Aparentemente este tema se plasma en el artículo 57, que establece que la transferencia de datos se podrá realizar siempre y cuando se tenga el mismo formato electrónico. Hay confusión en términos.

De ahí la necesidad de definir claramente lo que se entiende por portabilidad de datos.

El artículo 57 utiliza términos como formato estructurado y comúnmente utilizado, pero los datos se dividen en dos, los estructurados y los no estructurados. El término comúnmente utilizado no existe en la legislación internacional de datos personales.

Los datos estructurados se refieren a las bases de datos, es decir, a la sistematización de la información personal. Y los datos no estructurados se refieren a los archivos planos, es decir, a los que conocemos normalmente como formatos, PDF, XML, etcétera.

Por ello consideramos necesario que la ley general incluya la definición sobre la portabilidad de los datos, que son las soluciones técnicas o formatos usados para la transferencia de datos.

Aquí aparentemente se están revolviendo los conceptos.

Con el fin de lograr una mayor claridad en los principios que contempla el artículo 16 de esta iniciativa, proponemos dar una definición de todos y cada uno de estos principios.

La práctica nos demuestra que en el proceso de implementación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y en la Ley de Datos Personales para el Distrito Federal, al no estar definidos estos principios, los sujetos obligados han tenido serias complicaciones para determinar con claridad la forma de implementarlos. Un ejemplo de esto es la imperiosa necesidad en la que se vio obligado el Infodf, porque los entes obligados recibieron sendas peticiones sobre la necesidad de determinar los alcances de los principios ahí contenidos, entonces, el Infodf tuvo que emitir unos lineamientos para la protección de datos personales en el Distrito Federal.

La ley general, de acuerdo a lo que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es Ley Suprema, junto con la Constitución Federal, y las leyes federales y estatales tienen que apegarse a ellas.

Bajo esta tónica, proponemos las definiciones en el anexo, el principio de proporcionalidad, el principio de calidad en los datos, el principio de especificación del propósito o la finalidad, el principio de limitación de uso, el principio de seguridad de los datos, el principio de acceso y oposición, el principio de transparencia, el principio de acceso o información.

En el artículo 23 proponemos que se adicione el principio de buena fe y la posibilidad que el responsable o encargado puedan ser relevados del deber del secreto que se encuentra hermanado con el principio de confidencialidad, sólo por orden judicial, si no, se deja muy suelto. Es decir, toda la información relacionada con la persona física debe ser guardada bajo condiciones de confidencialidad y no pueden ser reveladas a terceros, a menos de que exista una orden judicial.

Tomando como referencia la reciente filtración del padrón electoral, se propone que las brechas de seguridad a las que se refiere el artículo 40, no se circunscriban exclusivamente a los derechos patrimoniales o morales, sino también a datos sensibles, como lo es el padrón electoral.

Como hay moción de tiempo, concluyo diciendo que el derecho al olvido también se denomina derecho a vivir en paz, se ha convertido en otros países en una pieza clave para la defensa de las personas, ya sean anónimas o públicas.

La directiva del Parlamento Europeo en su Consejo del 24 de octubre del 95, relativa a la protección de personas físicas, en lo que respecta a sus datos personales, y a la libre circulación de estos, dispuso que el objeto de tratamiento no podrán ser excesivos, debiendo suprimirse, rectificarse o bloquearse aquellos datos que fueran inexactos, falsos o incompletos, y que a los particulares se les garantizaría la facultad de oponerse al tratamiento.

Esta Directiva de la Unión Europea configuró así el espíritu de lo que hoy se denomina derecho al olvido. Lamentamos que esta ley haya hecho caso omiso de nuestra sugerencia, de incluir un derecho avanzado en la Unión Europea, como lo es el derecho al olvido.

Termino diciendo que una ley sin sanciones, iba a hablar de varias sanciones, no están incluidas las monetarias, serán cubiertas, en fin, el tema de sanciones tiene varias imprecisiones. Una ley sin sanciones es una ley imperfecta, pero lo más grave es que se estaría dejando sin protección a los titulares de los datos personales ante los abusos que pudieran darse.

Votaremos a favor de esta ley, pero dejamos asentadas varias áreas de oportunidad para sucesivos procesos parlamentarios.

Es cuanto, señor Presidente gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Éste es un esfuerzo de todas las fuerzas políticas, el poder lograr los consensos para esta ley, que el día de hoy estamos por aprobar, y agradezco a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, que me hayan permitido hacer estas observaciones y hacer las aportaciones, en especial a la Senadora Cristina Díaz, porque siempre hubo un diálogo y una apertura para todas mis compañeras y compañeros del grupo parlamentario del PRI.

Nos han puesto a consideración este trabajo de muchos meses de esfuerzo, en los cuales concurrieron las opiniones de diferentes grupos parlamentarios y participación de la sociedad civil, expertos, académicos, así como representantes de los órganos garantes en materia de transparencia nacional y locales en diferentes mesas de trabajo, foros y audiencias públicas.

La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que estamos por votar, establece la distribución de las competencias entre la Federación, los estados, el Distrito Federal, la ahora Ciudad de México, los municipios, las delegaciones en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

Establecer las mínimas bases que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de protección de los datos personales.

Establecer los procesos y condiciones homogéneas que regirán el ejercicio de este derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales mediante procedimientos sencillos y, sobre todo, expeditos.

Regular la organización de operación del sistema nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en lo relativo a sus funciones para la protección de los mismos.

Garantizar la observancia de los principios de protección, proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos en los ámbitos federal, en los ámbitos estatales, municipal, con la finalidad de regular su debido tratamiento.

Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho de la protección de los datos personales.

Promover, fomentar y difundir una cultura de los derechos de la protección de los datos personales.

Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan para aquellas conductas que contravengan las disposiciones previstas en esta ley.

Se señala, además, que las transferencias y remisiones de datos personales, sea nacional o internacional, se sujetarán al consentimiento de su titular, salvo excepciones establecidas.

Se regularán las acciones preventivas en materia de datos personales, asimismo se establece una figura del Registro Nacional de Protección de Datos Personales como una aplicación informática, administrada por el sistema nacional, que tiene por objeto transparentar y hacer del conocimiento del público en general las bases de datos personales en posesión de cualquier responsable, así como facilitar a los titulares el ejercicio de los derechos de acceso de rectificación, cancelación o posición.

Finalmente, la ley regula las facultades de verificación y demás atribuciones de los órganos garantes, los recursos y medios de impugnación en contra de decisiones adoptadas en esta materia.

De aprobarse este dictamen, estaremos facilitando la protección de los derechos humanos y garantizando el ejercicio de los mismos en materia de manejo de datos personales, por lo que solicito que el presente dictamen sea aprobado por todas las Senadoras y Senadores.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Hernández Lecona.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Con su venia, señor Presidente.

En primer lugar, felicitar a todos los compañeros que fueron parte de la construcción de esta gran iniciativa, a mi compañero Senador Encinas Rodríguez, a los compañeros del PAN, del PRI que participaron, creo que fue un trabajo muy intenso, muy extenso, pero que genera una productividad por parte de nosotros los Senadores hacia la sociedad, hacia las y los mexicanos.

En materia de datos personales es hablar en materia de los derechos humanos, que aún resta mucho por hacerse en nuestro país, pero desde el Poder Legislativo y, en particular, desde este Senado de la República se trabaja cada día en favor de las garantías y de los derechos humanos.

Muestra de la anterior lo constituye el dictamen por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, por el que se busca proteger un derecho humano fundamental, que es el derecho a la privacidad.

El derecho a la privacidad cobra especial relevancia en nuestros días con el surgimiento y desarrollo de nuevas tecnologías que hacen cada vez más vulnerables a los individuos frente a las intromisiones a su vida privada.

Con el presente dictamen se reconoce la importancia del derecho a la intimidad, al advertir que no es suficiente el reconocimiento a los derechos tradicionales como el derecho a la vida, sino que es indispensable eliminar cualquier limitación a una vida plena, sin más intromisiones que las estrictamente necesarias por parte del Estado.

En este sentido, en un país como el nuestro, en el que todos los días tenemos noticias de diversos crímenes y situaciones aparentemente más urgentes de resolver, será cuestionada la relevancia de proteger los datos personales.

Pero no podemos perder de vista que al proteger los datos personales, se tutela el derecho a la intimidad de las personas.

Teniendo en cuenta lo anterior, el derecho a la protección de los datos personales solamente se podrá limitar por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas, o para proteger los derechos de terceros y el Estado a través de los sujetos obligados, sólo deberá tratar los datos personales que resulten estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento, debiendo en todo momento informar al titular a través del aviso de la privacidad, del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales a fin de que puedan tomarse decisiones informadas al respecto.

Asimismo, se requiere a los sujetos obligados la adopción de las medidas de seguridad necesarias, considerando la sensibilidad de los datos que se manejan.

Las consecuencias de una posible vulneración y el riesgo de una persona no autorizada accedan a ellos.

Por todo lo anterior se advierte, de suma relevancia la discusión y aprobación del dictamen que ponen a nuestra consideración las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, pues, es necesario garantizar y tener plena certeza de cómo serán tratados los datos e información que sobre nosotros poseen los sujetos obligados.

Gracias compañeros, esperemos contar con su aprobación.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Beristain Navarrete.

Se han agotado los oradores para la discusión en lo general. Se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones. Informo a la Asamblea que se han presentado las siguientes reservas:

La Senadora Dolores Padierna Luna, los artículos 3, 16, 23, 40, 49, 59; y adiciones a los artículos 58, 59, 60 y 169.

Del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, una reserva para suprimir el artículo 55.

En consecuencia, quedan reservados los artículos 3, 16, 23, 40, 49, 59; adiciones a los artículos 58, 59, 60 y 169, y la supresión del artículo 55.

Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.



El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 101 votos a favor, 3 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Las reservas presentadas por la Senadora Dolores Padierna Luna están disponibles en el monitor de sus escaños.



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de admitirse.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por la Senadora Dolores Padierna Luna. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. Los artículos 3,16, 23, 40, 49, 59, 58, 60 y 169 se reservan para votación en los términos del dictamen.

La reserva presentada por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, en el sentido de suprimir el artículo 55, está disponible en el monitor de sus escaños.



Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No se admite a discusión. En consecuencia, el artículo 55 se reserva para votación en los términos del dictamen. No hay más reservas.

En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos 3, 16, 23, 40, 49, 58, 59, 60, 169 y 55 en los términos del dictamen.



El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 88 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, quedan aprobados los artículos 3, 16, 23, 40, 49, 55 y 59 del proyecto de Decreto. La propuesta de adición de nuevos artículos 58, 60 y 69 no se incorporan al proyecto de Decreto, no forman parte del articulado.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Informo a la Asamblea que tenemos inscritos para discusión, dos dictámenes que proponen ratificar al ciudadano Antonio Luis Betancourt Sánchez, y aprobar los nombramientos de los ciudadanos Rafael Gómez Medina, María del Mar Salafranca Pérez y Luis Eduardo Zuart Vallejo, como Magistrados Numerarios del Tribunal Unitario Agrario.

Para organizar la discusión de estos dictámenes, la Mesa Directiva acordó consultar si autoriza la Asamblea que la discusión y la votación de ambos dictámenes se realice conjuntamente.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que la discusión y la votación de estos dictámenes se realicen de forma conjunta.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que la discusión y votación de los dictámenes se realice de manera conjunta. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor secretario. En consecuencia, los dos dictámenes están a discusión. Concluido el debate, pasaremos a una sola votación nominal, en un solo acto para ambos documentos.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de los dictámenes.

RATIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTOS COMO MAGISTRADOS NUMERARIOS DE TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

(Dictámenes a discusión)

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura al primer dictamen.







 

Doy lectura al segundo dictamen.

COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA;
Y DE JUSTICIA,

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, se turnó para su estudio y dictamen correspondiente, la propuesta de candidatos del Titular del Ejecutivo Federal, para ocupar cuatro vacantes de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario, conformada por los ciudadanos Rafael Gómez Medina, María del Mar Salafranca Pérez y Luis Eduardo Zuart Vallejo.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 117, 133, 136, 240, 255 numeral 1, fracción V y numeral 3, 256 y 257 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones que suscriben someten a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores, el dictamen que se ha formulado al tenor de los siguientes apartados:

I. ANTECEDENTES

Con fecha 22 de octubre de 2013, por conducto del Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, el Titular del Ejecutivo Federal presentó oficio ante la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a fin de someter a su consideración, con fundamento en los artículos 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, la lista de candidatos presentada en orden alfabético en virtud de su apellido, conformada por los CC. Rafael Gómez Medina, María del Mar Salafranca Pérez y Luis Eduardo Zuart Vallejo, para ocupar cuatro vacantes de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario.

El 23 de octubre de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, por conducto del Senador Vicepresidente José Rosas Aispurio Torres, turnó la documentación respectiva a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

Con fecha 20 de febrero de 2014, se publicó en la Gaceta del Senado de la República “Acuerdo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por el que se establece el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de los candidatos presentados por el Ejecutivo Federal para el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario”.

El Acuerdo referido en el párrafo anterior fue notificado a los candidatos, para que estuvieran enterados sobre los requisitos de deberían de cumplir, conforme a la metodología aprobada por estas Comisiones Unidas.

Los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, realizaron diversos trabajos al tenor del Acuerdo anteriormente citado, a efecto de revisar el contenido de propuesta de nombramientos, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS

El Titular del Poder Ejecutivo Federal, somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la propuesta de candidatos, para ocupar cuatro vacantes de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario, conformada por los ciudadanos Rafael Gómez Medina, María del Mar Salafranca Pérez y Luis Eduardo Zuart Vallejo.


III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Estas Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, resultan competentes para dictaminar la designación o no designación de los nombramientos descritos en el apartado de antecedentes del presente documento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 117, 133, 136, 240, 255 numeral 1, fracción V y numeral 3, 256 y 257 del Reglamento del Senado de la República.

SEGUNDA.- Mediante oficio No. CRA/130/2014, el Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, remitió a la Presidencia de la Mesa Directiva “Acuerdo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por el que se establece el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de los candidatos presentados por el Ejecutivo Federal para el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario”. Aunado a lo anterior se les notificó a los candidatos de la aprobación y publicación en la Gaceta del Senado el Acuerdo al que se hace referencia en el presente considerando.

TERCERA.- Que mediante oficios No. CRA/139/2014 y CRA/140/2014 de fechas 11 de marzo de 2014, se solicitó al Tribunal Superior Agrario y al Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas, un informe general de los candidatos a Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario, con datos estadísticos sobre su productividad jurisdiccional.

CUARTA.- Que todas las constancias, que contienen la información proporcionada por parte de las autoridades anteriormente citadas y de los candidatos a título personal, con las cuales estas Comisiones Unidas realizan el presente dictamen, fueron notificadas a los integrantes de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia con la oportunidad debida y previo a las comparecencias de los candidatos para su valoración debida.

QUINTA.- Estas Comisiones que dictaminan, realizaron un exhaustivo análisis de los expedientes de los ciudadanos Rafael Gómez Medina, María del Mar Salafranca Pérez y Luis Eduardo Zuart Vallejo, y coinciden con lo manifestado por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, en su propuesta materia del presente dictamen, en relación a que los candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad, tal como se puede corroborar de los expedientes curriculares que para el efecto acompañó a su comunicado, así como de los elementos probatorios aportados por los propios candidatos. Siendo así, que los ciudadanos propuestos reúnen los requisitos exigidos por el artículo 12 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, los cuales son:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad.

b) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

c) Tener por lo menos treinta años al día de su designación.

d) Ser licenciado en derecho con título debidamente registrado, expedido cuando menos cinco años antes de la fecha de la designación.

e) Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años.

f) Gozar de buena reputación.

g) No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de libertad.

SEXTA.- Con el objeto de observar la garantía de audiencia señalada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha 23 de abril de 2014, estas Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia celebraron reunión pública de trabajo, en dónde comparecieron los candidatos propuestos por el Ejecutivo Federal para el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario.

En la comparecencia antes referida, los ciudadanos Rafael Gómez Medina, María del Mar Salafranca Pérez y Luis Eduardo Zuart Vallejo, expusieron ante los integrantes de las Comisiones Unidas la pertinencia e idoneidad de su candidatura, así como del papel a desarrollar de ser nombrados en el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario.

Asimismo, de la dinámica de preguntas y respuestas que se desarrolló en la comparecencia en comento, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas recabaron información complementaria para determinar con mayor objetividad, si los ciudadanos propuestos por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos cumplen, no sólo con el perfil legal requerido, sino también con otras características importantes en un impartidor de justicia.

SÉPTIMA.- Es importante señalar que no existen disposiciones legales que vinculen a esta soberanía sobre el cómo debe evaluar a los candidatos propuestos por el Ejecutivo Federal, ni lineamientos que limiten la valoración de los elementos para designar a dichos candidatos en el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario.

En este tenor de ideas, del segundo párrafo de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la designación de los Magistrados agrarios inicia con la propuesta del titular del Ejecutivo Federal y concluye con la decisión que al respecto tome el Poder Legislativo. Por lo tanto, la Cámara de Senadores o, en sus recesos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se encuentran facultados, para que con plena libertad y con base en la valoración del o de los curricula que se sometan a su consideración, de elegir o no aprobar la designación de Magistrados Agrarios, tal y como se puede constatar en la siguiente tesis de jurisprudencia:

[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XX, Septiembre de 2004; Pág. 1180

MAGISTRADOS AGRARIOS. ALCANCE DE LA FACULTAD DE LA CÁMARA DE SENADORES O, EN SUS RECESOS, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN SU DESIGNACIÓN.

Conforme a los artículos 27, fracción XIX, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, a la Cámara de Senadores o, en sus recesos, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, les corresponde designar a los Magistrados agrarios, lo que significa seleccionar de la lista que le proponga el Presidente de la República a la persona que tenga como destino el ejercicio de un cargo público. Esta facultad se caracteriza por la libertad del órgano legislativo de elegir, con base en la valoración del o de los curricula que se someten a su consideración, quedando vinculada a los nombres que integran la lista citada, de modo que no tiene facultad para agregar algún otro candidato, pero sí para no aprobar a ninguno de ellos, en cuyo caso el titular del Ejecutivo Federal enviará otra lista, acorde con el artículo 16 de la mencionada ley orgánica.

PLENO

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 9/2003. Poder Ejecutivo Federal. 1o. de junio de 2004. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y Humberto Román Palacios. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Edgar Corzo Sosa.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiuno de septiembre en curso, aprobó, con el número 91/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintidós de septiembre de dos mil cuatro.

OCTAVA.- Que del análisis correspondiente al historial y expediente de los ciudadanos Rafael Gómez Medina, María del Mar Salafranca Pérez y Luis Eduardo Zuart Vallejo, se desprende que además de reunir los requisitos legales que se requieren para ocupar el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario, se acredita que han observado en su trabajo los principios de excelencia, objetividad, profesionalismo, honestidad y eficiencia.

Aunado a lo anterior el C. Rafael Gómez Medina, tiene amplia trayectoria de trabajo dentro de los Tribunales Unitarios Agrarios, siendo así que el C. Rafael Gómez Medina, desde la fundación de los Tribunales Agrarios en el año de 1992, se desempeñó primero como Secretario de Estudio y Cuenta, y a partir del año 2000 hasta la fecha, ha venido ocupando el cargo de Secretario de Acuerdos.

Abona también, a su experiencia con la que cuenta el C. Rafael Gómez Medina, el hecho que en múltiples ocasiones, ha suplido ausencias de Magistrados Agrarios dentro de los Tribunales Unitarios Agrarios a los que ha estado adscrito, lo que sin duda le ha permitido adquirir experiencia en actividades de planeación, organización, dirección, supervisión y control, herramientas necesarias para ocupar el cargo de Magistrado Agrario, pues para el buen funcionamiento de los tribunales, es necesario no solo tener experiencia en el ámbito jurisdiccional, sino también contar con herramientas administrativas, pues de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 3º de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, los tribunales unitarios estarán a cargo de un magistrado numerario; lo que conlleva administrar los recursos presupuestales, materiales, financieros y los servicios generales, para el eficaz y eficiente funcionamiento de los tribunales agrarios, y presenten las mejores condiciones para llevar a cabo su alta encomienda, la impartición de justicia a los sujetos de derecho agrario, de acuerdo a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, a que se refiere el artículo 100, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La C. María del Mar Salfranca Pérez, igual que los casos anteriormente citados, tiene una amplia experiencia laborando dentro del Tribunal Superior Agrario, y del análisis de su expediente se desprende que ha conseguido construir una trayectoria laborar de ascensos, logrando puestos de mayores responsabilidades, pues inició ocupando puestos menores dentro del Tribunal, hasta alcanzar puestos de mayores responsabilidades. La C. María del Mar, inicio a laborar en el Tribunal Superior en el año de 1996, en el área de apoyo del Magistrado Presidente, Lic. Luis Octavio Porte Petit Moreno; en 1998, fue nombrada Profesional Ejecutivo de Servicios Especiales, adscrita a la Dirección de Atención e información al Público de la Secretaría General de Acuerdos; en 1999, ocupó el puesto de Jefe del Departamento de Contratos y Licitaciones de la Dirección de Procedimientos y Consultas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos; en ese mismo año de 1999, fue nombrada Jefe de Departamento de la Mesa de Trámite del Magistrado Rodolfo Veloz Bañuelos; y finalmente del año 2001 al 2014, desempeñó el cargo de Secretaria de Estudio y Cuenta en la Ponencia del Magistrado Luis Ángel López Escutia.

Finalmente, en cuanto a la trayectoria del C. Luis Eduardo Zuart Vallejo, se observa una trayectoria laboral en diversas dependencias, algunas de ellas en materia agraria. El C. Luis Eduardo, de 1996 a 1998 se desempeñó como asesor en la Oficialía Mayor del Honorable Congreso del Poder Legislativo del Estado de Chiapas; de 1998 al 2000 ocupó el puesto de Jefe de la Unidad de Control de Gestión en la Oficialía Mayor de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas; del 2000 al 2004, se desempeñó como Subdelegado de Registro y Asuntos Jurídicos en la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chiapas; fue titular de la Coordinación de Derecho Social de la Comisión Estatal de Estudios Jurídicos del Gobierno de la Consejería Jurídica del Estado de Chipas; de 2006 a 2007 fue Director Jurídico de la Comisión Estatal del Convenio de Confianza Municipal de la CODECOM; se ha desempeñado como Secretario Técnico de la Comisión de Ética del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas; ocupó el cargo de Secretario Técnico de la Asociación Nacional de Defensorías Públicas Estatales de la República Mexicana; de 2008 a 2011 se desempeñó como Director General del Instituto de la Defensoría Social del Poder Judicial del Estado de Chiapas; y finalmente de 2011 a la fecha se ha desempeñado como Magistrado Regional de Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas.

NOVENA.- Las condiciones que de manera generalizada prevalecen en el campo, en cuanto hace al rezago educativo, social, económico y cultural de la sociedad agraria, hacen de este el blanco perfecto para la comisión de injusticias. En esta tesitura, la justicia agraria depende en gran parte, del conocimiento, ética y sensibilidad de los juzgadores agrarios. Por tanto, la naturaleza social del derecho agrario requiere de sujetos dúctiles a las condiciones de los actores en la materia.

Que la alta encomienda depositada en los tribunales agrarios, para atender a una clase social históricamente reprimida, impone a estas Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, la tarea de velar porque dichos órganos de administración de justicia, mantengan un funcionamiento idóneo y autónomo, así como la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes, a fin de coadyuvar a que la sociedad rural reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial tal y como lo establece nuestra Carta Magna.

Estas Comisiones Unidas, coinciden en que los candidatos propuestos por el Presidente de la República para ocupar el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario, cumplen con los requisitos exigidos por el artículo 12 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, como ha quedado expresado en el considerando quinto del presente dictamen.

En virtud de lo anterior, es que de la comparecencia referida en la consideración tercera del presente dictamen, los Senadores Integrantes de las Comisiones Unidas concluyeron que los ciudadanos Rafael Gómez Medina, María del Mar Salafranca Pérez y Luis Eduardo Zuart Vallejo, en cuanto a su capacidad técnica y profesional, y sobre todo por su conocimiento en materia de justicia agraria demostrado en la sesión de preguntas, son los candidatos idóneos, pues reúnen y satisfacen a plenitud el perfil adecuado para ser nombrados en el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Dictaminadoras, que suscriben, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueban los nombramientos propuestos por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de los Rafael Gómez Medina, María del Mar Salafranca Pérez y Luis Eduardo Zuart Vallejo, en el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario.

SEGUNDO.- Notifíquese a los ciudadanos Rafael Gómez Medina, María del Mar Salafranca Pérez y Luis Eduardo Zuart Vallejo, para que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, rindan la protesta de Ley.

TERCERO.- Notifíquese lo resuelto en el presente dictamen al Ejecutivo Federal y al Tribunal Superior Agrario, para los efectos legales correspondientes.

Dado en la sala de comisiones del H. Senado de la República, el 27 de abril de 2016.

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA
COMISIÓN DE JUSTICIA.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, están a discusión los dictámenes.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Reforma Agraria.

La Senadora Luis María Calderón Hinojosa: Gracias, señor Presidente.

Agradezco a la Asamblea que permitan que presentemos los dos dictámenes de estos puntos de Acuerdo en una misma vez.

Y querría empezar por decir que nos hemos tardado muchos años en tomar decisiones respecto de los Magistrados de los Tribunales Agrarios, y si ustedes se fijan un poquito en la historia, es un tema muy importante, no es menor que el de la Suprema Corte, no es menor que el de los Tribunales de Justicia Administrativa.

La Revolución Mexicana se dio fundamentalmente porque había una grandísima distancia entre los pocos que tenían todo y los muchos que no tenían nada.

Al inicio del siglo XX, el 98 por ciento de la tierra de México pertenecía al 1 por ciento de los ciudadanos, una vez concluida la Revolución, en la propia Constitución, que cumplirá 100 años el próximo año, se otorgaron dos derechos sociales: el derecho al trabajo y también el derecho a la tierra.

Así que hoy, a 100 años de la Constitución de 1917, más o menos el 50 por ciento de la tierra es de propiedad social.

Pasaron los años protegiendo a la propiedad social, el Estado fue tomando decisiones por ellos, pero en 1992 hubo una decisión diametralmente opuesta, el Estado dejó de tutelar a la propiedad social y a las comunidades que en ella vivían y de quienes tenían el uso de la tierra y dejó que sus asambleas tomaran todas sus decisiones, este fue un paso verdaderamente determinante, también creó tribunales agrarios para que hubiera justicia en el ámbito agrario.

Sin embargo, no ha disminuido la pobreza, los núcleos ejidales, las comunidades indígenas siguen estando en la peor de las pobrezas, no son sujetos de crédito, no tienen certidumbre de la tierra y cada vez que hay un conflicto de sucesión, de linderos, de pertenencia, tienen que acudir con una autoridad, esa autoridad es la autoridad en materia jurisdiccional en los tribunales agrarios de los que en este país hay 56 Tribunales Unitarios Agrarios y una Sala Superior, pero desde hace varios años de esos 56 tribunales agrarios, de los que depende la paz social, la certidumbre y la buena convivencia entre los ejidatarios y los comuneros, que depende de esos tribunales agrarios; están vacíos el día de hoy 14 tribunales y en el próximo diciembre serán 16 porque dos Magistrados Unitarios cumplirán 75 años y es obligado su retiro, también hacen falta dos integrantes de la Sala Superior.

Hoy estamos tomando la decisión de aprobar y presentar a esta Asamblea tres nombramientos de Magistrados Unitarios que son: Luis Eduardo Zuart Vallejo, María del Mar Salafranca Pérez y el doctor Rafael Gómez Medina, y como Magistrado del Tribunal Unitario Agrario al señor Antonio Luis Betancourt Sánchez, ellos cuatro tienen los requisitos de sensibilidad, porque para estar dirimiendo los conflictos en el campo, en la tenencia de la tierra, en a quién pertenece, en a quién le sucedieron, en quién puede tener dominio pleno, hay que tener la capacidad de entender cuál es el sentido de la propiedad social, no es solamente el control de constitucionalidad, es importante saber que la comunidad tiene como primer sentido vivir en comunidad, no es un tema de individualismos, es un tema de crecer en comunidad con la capacidad de desarrollarse, de tener productividad en sus tierras.

Hoy alguien que no tiene la certidumbre de la tierra no invierte en ella porque sabe que no la va a tener después, y los conflictos que hay no pueden ser justiciados mientras tengamos esas ausencias.

En abril del año pasado la Sala Superior tuvo que acordar que los Magistrados Unitarios que hay, tengan que dobletear su trabajo. En mi estado, por ejemplo, el Magistrado Unitario de Uruapan, está tres días en Uruapan y tiene que correr a Zihuatanejo otros tres días; el Magistrado que está en Morelia hace tres días de trabajo.

La Senadora Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Señor Presidente, puede llamar al orden porque no escuchamos a la oradora.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ruego a la Asamblea prestar atención a la oradora.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias.

Decía que esta materia es tan importante como las otras materias y que la hemos ido dejando de lado.

Desde 2013, el Presidente de la República envió una lista de propuestas para Magistrados de los Tribunales Unitarios que hoy estamos apenas aprobando, así que ruego a todos ustedes que prestemos toda la atención necesaria.

Hoy estaremos aprobando a estos tres Magistrados que además han estado esperando desde las 12 del día que podamos ponernos de acuerdo y avanzar, pero claro, dos años más que han esperado, unas horitas no pasa nada.

Lo que yo sí querría, y además junto con las comisión de Reforma Agraria y de Justicia que aprobamos por unanimidad estos nombramientos, querría que prestáramos muchísima atención a la materia agraria.

Es cierto que la ley apenas cumple 25 años, pero ha pasado muchas cosas en nuestra comunidad, la materia energética de la que ya habló el Senador Bartlett, el crecimiento de las familias, el abandono de muchos ejidatarios para ir a vivir al otro lado, las mujeres que no tienen derecho a las decisiones ejidales.

Muchos temas en materia agraria de los que no nos hemos puesto al corriente y que por lo pronto necesitamos ir aprobando los magistrados que necesitan 14, ahora si aprobamos 3 serán 4, serán menos, pero todavía tenemos muchos pendientes para con la mitad de los mexicanos que viven en el campo y que tienen bajo su responsabilidad vivir en comunidad y cuidar la propiedad social, pero no sólo eso, hacer que progrese, hacer que tengan la posibilidad de desarrollarse, de cultivar, de ser rentables, de hacer cadenas de valor y de salir de la pobreza.

Así que, señor Presidente, sometemos a la consideración de esta Asamblea este par de dictámenes para aprobar al Magistrado Unitario Betancourt Sánchez y a los Magistrados María del Mar Salafranca, Luis Eduardo Zuart Vallejo y a Rafael Gómez Medina.

Muchísimas gracias, por su atención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Calderón Hinojosa.

Tiene el uso de la palabra el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, para hablar en torno a los dictámenes, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por cinco minutos.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Muy buenas noches. Con su permiso, señor Presidente Roberto Gil Zuarth, Senador por el Estado Libre y Soberano de Chiapas.

Me referiré a las propuestas de candidatos que el Ejecutivo Federal hizo llegar a este Senado de la República, con el objeto de ratificar al ciudadano Antonio Luis Betancourt Sánchez como Magistrado Numerario del Tribunal Unitario Agrario, y designar a los ciudadanos Rafael Gómez Medina, María del Mar Salafranca Pérez y Luis Eduardo Zuart Vallejo como Magistrados Numerarios de Tribunal Unitario Agrario.

Al respecto, las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Justicia entrevistamos a cada uno de los candidatos, además de revisar y analizar su currículum y trayectoria, el resultado de este deber institucional convenció a los integrantes de estas comisiones de que dichos profesionistas tienen el perfil y la experiencia necesaria para ser Magistrados Numerarios de Tribunal Unitario Agrario.

Por lo que en reunión extraordinaria de dichas comisiones, votamos a favor de los ciudadanos propuestos. Cada uno de ellos se ha dedicado a una labor y servicio excepcional responsable, eficaz, honesto, y tiene la convicción de realizar un trabajo a favor de la sociedad a partir de su lealtad a las instituciones.

Los candidatos propuestos han inducido su actuar profesional bajo los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, honestidad, profesionalismo, excelencia y laboriosidad.

En suma, todos los candidatos a los que nos referimos el día de hoy, han demostrado una profunda vocación y eficiencia en su vida profesional, lo que les ha permitido tener un amplio conocimiento en materia de justicia agraria.

Por esta razón, nuestro voto es a favor de la ratificación del ciudadano Antonio Luis Betancourt Sánchez como Magistrado Numerario del Tribunal Unitario Agrario, y de la designación de los ciudadanos Rafael Gómez Medina, María del Mar Salafranca Pérez y Luis Eduardo Zuart Vallejo como Magistrados Numerarios de los Tribunales Unitarios Agrarios.

Compañeros legisladores, les exhortamos a que su voto sobre este tema relevante sea a favor.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente, Senador Roberto Gil Zuarth.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ávila Ruiz.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, para referirse a los dictámenes.

La Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Hemos trabajado durante muchos meses, a partir de que se reestructuró la Comisión de Reforma Agraria, para poder transitar con las propuestas de los Tribunales Unitarios Agrarios que se encontraban en el seno de nuestra comisión.

Pareciera que no tuviese la importancia hablar de los Tribunales Agrarios, pero significa nada más ni nada menos la impartición de la justicia al 50.8 por ciento de este territorio nacional, y hablar de tierras, de litorales, de bosques y selvas.
Son la estructura jurídica que ve y vela por los intereses de las y los mexicanos en lo que debe ser la tenencia de la tierra, el destino de la tierra y el uso distinto de la tierra.

Quiero expresarles mi beneplácito y mi agradecimiento al coordinador de mi grupo parlamentario, el Senador Emilio Gamboa, a mis compañeras y compañeros Senadores de mi grupo parlamentario, así como a los demás coordinadores de los grupos parlamentarios, a mis compañeras y compañeros que integramos la Comisión de Reforma Agraria, al Presidente y a los integrantes de la Comisión de Justicia, muchas gracias.

Nos faltan todavía 16 nombramientos de Magistrados de Tribunales Unitarios Agrarios, pero éste es el principio de lo que deben ser los 56 Tribunales Unitarios Agrarios a lo largo del territorio nacional, y que hoy el de La Paz está suspendido y los campesinos tienen que trasladarse a Mexicali para poder ser atendidos y encontrar la impartición de la justicia agraria.

Pero igual podemos ver que en Torreón, Coahuila, había un distrito, que lo hay, pero no hay quién lo atienda porque nos falta nombrar al Magistrado, y tienen que ir hasta Monterrey a ser atendidos en todos sus juicios que promueven y que resuelvan como es facultad de acuerdo con la Constitución en el artículo 27 y la Ley Reglamentaria de la Ley Agraria, así como el reglamento para el proceso de los Tribunales Agrarios.

Apreciamos mucho, en nombre de los 32 mil ejidos y comunidades de todo el territorio nacional, este avance que hoy hemos tenido, porque significa que vamos a tener que hacer justicia en los nombramientos y en la atención del tema agrario.

Desde el 2013 estaban paradas estas propuestas.

Rafael Gómez Medina es doctor, una gente con una amplia trayectoria y un gran conocimiento al servicio de los tribunales y de los campesinos en el tema agrario.

La maestra María del Mar Salafranca Pérez, es una mujer con una amplia experiencia, que su trabajo y trayectoria lo ha ocupado al servicio, desde el cargo de abajo más humilde, al Tribunal Superior Agrario.

Luis Eduardo Zuart Vallejo, ha sido una gente que ha ocupado cargos en el Registro Agrario Nacional, como en la Procuraduría Agraria, pero también en el Poder Judicial del estado de Chiapas.

Y Antonio Betancourt Sánchez, que lo vamos a ratificar, él ha sido Magistrado en Chihuahua, Oaxaca, Colima y actualmente es Magistrado en el Distrito XIII de Guadalajara, Jalisco. Es un maestro, tiene muchas especialidades, ha escrito 10 libros, ha estado participando en lo que tiene que ver el trabajo que estamos desarrollando, en la mesa técnica que le hemos denominado para hacer reformas a la Ley Agraria. Les apreciamos mucho.

En este dictamen que ponemos a consideración de ustedes, compañeras y compañeros Senadores, solicitamos de ustedes su voto para estos dictámenes, para que en esta misma noche, como lo decía nuestra Presidenta, desde las 12 estaban esperando ser atendidos, les apreciamos mucho, les agradecemos mucho, y más su voto, y esta gran oportunidad. Sé que es el inicio de nombrar a 16 Magistrados Unitarios Agrarios y dos del Superior Agrario.

No es cosa menor, son iguales que los que en la mañana les dimos la entrada y les tomamos la protesta, son Magistrados y están al servicio de la patria, la diferencia es que los campesinos siempre esperamos la oportunidad, pero hoy nos la dan ustedes con su voto.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Domínguez Arvizu.

Tiene el uso de la palabra el Senador Adolfo Romero Lainas.

El Senador Adolfo Romero Lainas: Buenas noches a todos. Gracias, señor Presidente, qué bueno que no nos discrimina tan feo, ya me estaba yo sintiendo agraviado.

Yo sí le puse atención a mi compañera, la Senadora Hilaria Domínguez Arvizu y desde luego a mi Presidente de la Comisión de la Reforma Agraria.

Yo quisiera decirles, compañeras y compañeros, que el tema agrario es un tema que ha estado siempre olvidado.

En la mañana que platicábamos con los señores Magistrados, a un servidor le preocupa que en la tenencia de la tierra haya mucho rezago por resolver juicios que llevan 10, 15 años y que no se han resuelto, es por eso, que es importante lo que hoy vamos a determinar acá.

En relación a la ratificación del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Luis Betancourt Sánchez, primeramente quiero destacar la labor de la Presidenta de la Comisión de la Reforma Agraria, a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, quien durante los pocos meses que lleva al frente de esta comisión, ha mostrado un compromiso firme y decidido para sacar adelante temas que estuvieron detenidos, como es el caso de la ratificación y designación de los Magistrados de Tribunales Agrarios, y me da gusto que el llamado de mi coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y el de la voz, hayan tenido eco.

Gracias a sus buenos oficios, hoy traemos a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Reforma Agraria la propuesta de las cuales esperamos contar con su apoyo.

El tema de la ratificación y designación de los Magistrados de Tribunales Agrarios no es un asunto menor, que aborda la estabilidad principalmente del campo, un tema que de seguir postergándose, seguro estoy que detonaría en hechos violentos en el campo.

Con estas designaciones se cubren 3 de las 16 vacantes que en la actualidad existen en los Tribunales Agrarios.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, las Comisiones Unidas de Justicia; y de Reforma Agraria, hemos llevado a cabo el proceso de evaluación y dictaminación de la ratificación en favor del Magistrado Luis Betancourt Sánchez, lo anterior derivado de la revisión exhaustiva de la constancia de que se hicieron llegar ambas comisiones para evaluar el desempeño del referido Magistrado durante sus seis años primeros de su gestión, de la cual se desprende una labor eficiente, eficaz, por lo cual los integrantes que participamos en alguna referencia otorgamos nuestro voto unánime.

Y no es un asunto menor, el 50 por ciento del territorio nacional es ocupado por tierra ejidal, y estamos hablando de 102 millones de hectáreas de nuestra República, algo así que está repartido en 32 mil núcleos agrarios ejidales y de las comunidades.

Por lo que respecta al nombramiento de los Magistrados del Tribunal Unitario Agrario a favor de los ciudadanos Luis Eduardo Zuart Vallejo, María del Carmen Salafranca Pérez y Rafael Gómez Medina. Primero quiero destacar la labor una vez más de la Presidenta de la Comisión, que en aras de mostrar en que se tengan que sacar esos temas que son prioritarios, porque es ahí donde se encuentran nuestras principales bases de los productos pecuarios, es necesario que todos estos temas no estuvieran detenidos, como es el caso de la ratificación y designación de los Magistrados de los Tribunales Agrarios, y he escuchado aquí con atención, que no solamente en el estado de Oaxaca, como decirles Tuxtepec, mi tierra natal, pasaron varios meses sin que estuviera un magistrado a cargo del Tribunal Agrario ahí en esa ciudad.

Escuché con atención que en otras partes como en Michoacán y como en la tierra de nuestra compañera, la Senadora Hilaria, ha sucedido lo mismo, donde el trabajo es Domínguez Arvizu, arduo, donde el trabajo tiene que hacerse lo más rápido posible para evitar esos grandes conflictos que hemos visto; al menos le puedo decir que en mi tierra, Oaxaca, existen muchos problemas de la tenencia de la tierra, por compartir los límites entre unos ejidos y otros ha habido, a veces, enfrentamientos entre los mismos pobladores, entre los mismos vecinos.

Yo quiero decirles que también ese llamado que se hizo y que respondió en una forma afirmativa el coordinador del grupo parlamentario y un servidor, en cuanto a la reforma agraria, la propuesta de los cuales esperamos contar con el respaldo de esta Honorable Asamblea.

El tema de la ratificación y designación de los Magistrados Agrarios, como lo decía, no es un asunto menor que detonará en los hechos y que detendrá gran parte de la violencia que existe entre unos y otros ejidos y unas y otra comunidades.

Ahora bien, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Justicia, hemos llevado a cabo el proceso de evaluación y dictaminación para la designación de los Magistrados del Tribunal Agrario, en favor de los ciudadanos Luis Eduardo Zuart Vallejo, María del Mar Salafranca Pérez y Rafael Gómez Medina, razón por la cual una vez más se evaluaron por ambas comisiones las currículas de las propuestas enviadas por el Ejecutivo Federal.

Se determinó que de los mismos cubren los requisitos de conformidad a los propuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, por lo cual las y los Senadores que participamos en la reunión ordinaria de comisiones unidas, determinamos otorgar nuestro voto por unanimidad en favor y en aras de que haya menos rezago social en cuanto a la tenencia de la tierra.

Muchas gracias, compañeras y compañeros, por este apoyo y por prestar atención.

Gracias a todos.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Romero Lainas.

No hay más oradores inscritos, en consecuencia, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los siguientes puntos de Acuerdo:

Por el que se ratifica al ciudadano Antonio Luis Betancourt Sánchez; y por el que se aprueban los nombramientos de los ciudadanos Rafael Gómez Medina, María del Mar Salafranca Pérez y Luis Eduardo Zuart Vallejo, en todos los casos, como Magistrados Numerarios del Tribunal Unitario Agrario.

En lo que concluye la votación, informo a la Asamblea que el Senado de los Estados Unidos ha aprobado la ratificación de la señora Roberta Jacobson, como Embajadora de aquél país en nuestro país.

Por lo anterior, el Senado de la República expresa el beneplácito de esta ratificación que, sin duda, nos permitirá profundizar y normalizar las relaciones con los Estados Unidos.



La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 99 votos a favor, cero en contra y 3 abstenciones.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. Aprobados los puntos de Acuerdo. Se registra el voto de la Senadora Ivonne Liliana Álvarez García, en el dictamen correspondiente, su voto es favor.

En consecuencia, se ratifica al ciudadano Antonio Luis Betancourt Sánchez, como Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario, y se aprueban los nombramientos de los ciudadanos Rafael Gómez Medina, María del Mar Salafranca Pérez y Luis  Eduardo Zuart Vallejo, como Magistrados Numerarios de Tribunal Unitario Agrario. Comuníquense.

En el salón contiguo a este recinto se encuentran los Magistrados a quienes acabamos de aprobar sus nombramientos, por lo que solicito a los Senadores Marco Antonio Olvera Acevedo, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Jorge Aréchiga Ávila, Luisa María Calderón Hinojosa y María Hilaria Domínguez Arvizu, los inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y los acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se les agradecería ponerse de pie a las y los Senadores.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Ciudadanos Antonio Luis Betancourt Sánchez, Rafael Gómez Medina, María del Mar Salafranca Pérez y Luis Eduardo Zuart Vallejo: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido de Magistrados Numerarios de Tribunal Unitario Agrario, mirando en todo el por bien y prosperidad de la Unión?

Los Ciudadanos Antonio Luis Betancourt Sánchez, Rafael Gómez Medina, María del Mar Salafranca Pérez y Luis Eduardo Zuart Vallejo: ¡Si protesto!

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.

¡Muchas felicidades, señores Magistrados!

A nombre del Senado de la República, les deseamos éxito en su encargo.

Solicito a la comisión designada acompañe a la Magistrada y los Magistrados cuando deseen retirarse del salón.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Compañeras y compañeros Senadores, hago de su conocimiento que recibimos un oficio de la Secretaría de Gobernación, con seis iniciativas que suscribe el Presidente de la República.

Solicito a la Secretaría dé lectura al contenido.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy cuenta con las siguientes iniciativas, señor Presidente.

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE RESOLUCIÓN DE FONDO DEL CONFLICTO.







 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL.







 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA PROCESAL CIVIL Y FAMILIAR.







 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL SISTEMA NACIONAL DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS PODERES JUDICIALES.







 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.







 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA ARMONIZAR Y HOMOLOGAR LOS REGISTROS PÚBLICOS INMOBILIARIOS Y DE PERSONAS MORALES Y LOS CATASTROS.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Daremos turno a las iniciativas:

El proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de resolución de fondo del conflicto, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

El proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.

El proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia procesal civil y familiar, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

El proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del sistema nacional de impartición de justicia y organización de los poderes judiciales, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

El proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.

El proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros, se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Las iniciativas se publicarán en la Gaceta Parlamentaria de este día.





 

Senadoras y Senadores, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio.

PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL ACUERDO DE MARRAKECH POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, ADOPTADO EN LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA, EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014

(Dictamen de segunda lectura)



Este dictamen está a discusión, y en este sentido, han solicitado hacer uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, el Senador Héctor Larios Córdova y la Senadora Gabriela Cuevas Barrón.

Y para presentar el dictamen, se concede el uso de la palabra a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre de la comisión.

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Me permito presentar ante ustedes y solicitar su voto a favor del dictamen que las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, por el que se propone aprobar el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, mejor conocido como el "Acuerdo sobre Facilitación del Comercio", adoptado en Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014.

Este tratado no sólo constituye el primer acuerdo multilateral logrado por la comunidad internacional desde la creación misma de la OMC en 1995, sino que desde su aprobación en diciembre de 2013 en la Conferencia Ministerial de Bali, conforma el mecanismo más importante para agilizar el movimiento, el levante y despacho de mercancías a través de medidas para una cooperación efectiva entre las autoridades aduaneras y otras competentes en las cuestiones relativas a la facilitación del comercio.

En virtud de este Protocolo de Enmienda, el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio se incorpora al Acuerdo de Marrakech y, con ello, la comunidad internacional da el paso más trascendental de los últimos años para hacer más eficientes los trámites y operaciones de comercio exterior, eliminar obstáculos administrativos y reducir tiempos de entrega y costos de transacción.

Este Acuerdo busca al menos el cumplimiento de tres objetivos:

En primer lugar, otorgar certidumbre jurídica a los agentes económicos y actualizar las normas de la OMC con la finalidad de incorporar prácticas de automatización, pagos electrónicos y ventanillas únicas que las aduanas han desarrollado en el transcurso de los últimos años.

En segundo lugar, potenciar la asistencia técnica y la creación de capacidades para apoyar a los países en desarrollo y menos adelantados en la implementación del Acuerdo.

Y tercero, promover la cooperación aduanera y el intercambio de información entre autoridades aduaneras de los miembros de la OMC con el fin de combatir el contrabando y el fraude comercial, contribuir a la capacitación y profesionalización del personal aduanero.

Una vez que el instrumento entra en vigor, los intercambios comerciales entre miembros del Acuerdo se verán especialmente beneficiados por menores costos, una derrama de nuevos empleos y un contexto de aumento sistemático del ingreso mundial. Por un lado, la OMC estima una disminución de hasta el 16 por ciento en los costos de flujos comerciales en beneficio de la competitividad de las empresas y costos menores de transacción, lo cual, a su vez, supondría un aumento del ingreso mundial superior a los 40 mil millones de dólares y un aumento de hasta 2.7 por ciento en las exportaciones globales. Por el otro, según distintas estimaciones, el Acuerdo contribuiría a la creación de hasta 18 millones de empleos para países en desarrollo y 3 millones de países desarrollados.

De acuerdo con un estudio reciente de la OMC de octubre de 2015, sobre los efectos potenciales del Acuerdo, aunque los obstáculos tradicionales al comercio tales como los aranceles se han reducido, los costos del comercio siguen siendo elevados, en particular en los países en desarrollo toda vez que una parte significativa de estos costos son causados por procedimientos comerciales más engorrosos de lo necesario que retrasan la circulación, el levante y el despacho de las mercancías de las aduanadas. De ahí la importancia de este acuerdo para reducción de estos obstáculos innecesarios en las fronteras.

Los beneficios para México, conviene tenerlo presente, no implican concesiones para algún sector específico de la población ya que no es un acuerdo de apertura arancelaria, sino uno para reforzar la capacidad exportadora del país a través de la simplificación de las operaciones de comercio exterior, crear incentivos para atraer y retener flujos de inversión extranjera directa, mejorar la participación del país en las cadenas internacionales de suministro y generar mayor transparencia en las operaciones de comercio exterior y a través de procedimientos aduaneros y portuarios, expeditos y eficientes.

Actualmente algunos de nuestros principales socios comerciales han ratificado este instrumento, de los 77 miembros de la OMC que lo han hecho hasta el momento, destacan los Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, China, India, Rusia y países latinoamericanos como Brasil o Panamá. La vasta mayoría de países integrantes del Acuerdo Transpacífico de Asociación Estratégica han ratificado el mismo, y por tanto, la ratificación de México resulta de la mayor importancia en la construcción de capacidades relacionadas con el comercio de mercancías bajo esquemas de cooperación y coordinación internacional para la simplificación de requisitos, procedimientos y formalidades, así como para nuestra adhesión a las mejores prácticas internacionales en términos de inspección previa, ventanilla única y recurso a agentes de aduanas en el contexto de nuevas negociaciones multilaterales de libre comercio.

Hasta el día de hoy, el Protocolo cuenta con 77 ratificaciones, por lo que aún falta la ratificación de al menos 31 miembros de la OMC a fin de que este pueda entrar en vigor.

Para México esto supone poder incorporarse al listado de países que hará posible su entrada en vigor y, adicionalmente, mantener una posición de liderazgo y vanguardia que ha caracterizado la participación de México en la OMC. Más aún, implica honrar la vocación de México como precursor e impulsor del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, una negociación que comenzó en 2001 y no terminó sino hasta la 9a Conferencia Ministerial de 2013 como parte del denominado Paquete de Bali.

Es importante recordar que el 99.8 por ciento del comercio de México se realiza con los 164 países miembros de la OMC y que de los 77 miembros de ésta, han ratificado el Acuerdo, 35 mantienen tratados de libre comercio con nuestro país.

En consecuencia, resulta evidente que los intercambios a partir de la amplia red de Tratados Comerciales de México con el exterior se verán enormemente beneficiados y potenciados por la pertenencia de nuestro país a este nuevo esquema de facilitación, simplificación y agilización del comercio internacional.

En consecuencia, y no sin antes reconocer el compromiso de los secretarios de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, así como el liderazgo de los Presidentes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Comercio y Fomento Industrial, y la entusiasta colaboración de sus integrantes, me permito solicitar su voto a favor de este importante instrumento internacional que, estamos seguros, tendrá una incidencia positiva sobre la competitividad de la economía nacional, la creación de empleos y la generación de oportunidades de negocios internacionales de las que podrán también beneficiarse las pequeñas y medianas empresas.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Rojas Hernández.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez y el Senador Héctor Larios Córdova han declinado sus intervenciones.

Las Senadoras Gabriela Cuevas Barrón y Alejandra Roldán Benítez entregaron el texto de sus intervenciones, las cuales se integrarán en el Diario de los Debates.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Senadora Alejandra Roldán Benítez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: En consecuencia, al no haber más oradores, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar el resultado de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señor Presidente, c onforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 91 votos a favor, cero en contra y 3 abstenciones.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio, adoptado en la Ciudad de Ginebra, Suiza, el día 27 de noviembre de 2014. Remítase al Ejecutivo Federal.





 

Informo a la Asamblea que entre los asuntos despachados el día de ayer, aprobamos el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

El trámite de dicho asunto fue remitido a la Cámara de Diputados para su fase de revisión. Al respecto, las comisiones dictaminadoras informaron que el proyecto requiere de precisiones en los artículos 3, 57, 145, 264, 266 y en los Transitorios Décimo Tercero y Décimo Quinto. Las comisiones solicitan que las precisiones se apliquen a través de una fe de erratas.

Las precisiones requeridas no alteran de forma alguna el fondo de lo aprobado por esta Asamblea, y se justifican por la importancia de la pulcritud y claridad del texto del proyecto. El texto de la fe de erratas está disponible en sus escaños.

En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que la fe de erratas se incorpore a los asuntos de nuestra sesión.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorpore el asunto referido a la sesión para su discusión y votación. Quienes estén porque se incorpore, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se incorpore, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

Por tanto, solicito a la Secretaría dé lectura a la fe de erratas.

FE DE ERRATAS

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura, señor Presidente.



Son todas, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la fe de erratas presentada.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la fe de erratas presentada. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: En consecuencia, están a discusión los artículos contenidos en la fe de erratas.

Al no haber oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del asunto que nos ocupa.



El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 84 votos a favor, 2 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: En consecuencia, se aprueban las modificaciones a los artículos 3, 57, 145, 264, 266 y a los Transitorios Décimo Tercero y Décimo Quinto del proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Entendemos que hay dos votos más que se están registrando, ¿es así?

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Sí, se registra el voto de los Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez, María Hilaria Domínguez Arvizu y María Cristina Díaz Salazar, todos a favor.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Remítase a la Cámara de Diputados.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR Y SE EXPIDE EL CÓDIGO MILITAR DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Dictamen de segunda lectura)



(Voto particular de la Senadora Dolores Padierna Luna)



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

Sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) El día de hoy se le dio apenas primera lectura a este dictamen. En todo caso, el procedimiento es: si el Pleno autoriza que se dispense la segunda lectura, no que pasemos a la discusión de inmediato, y si el Pleno, en todo caso, lo acepta, yo solicitaría la palabra para presentar una moción suspensiva.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Claro que sí, Senador Encinas Rodríguez. Con todo gusto.

En este sentido, se procede a llevar a cabo la consulta al Pleno y, por lo tanto, a fin de poder pasar a la segunda lectura, si es que el Pleno lo autoriza, se solicita a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se le dispense la segunda lectura al dictamen.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura del dictamen en cuestión para su discusión y votación. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se le dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Se le dispensa la segunda lectura al dictamen.

Se le concede el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para presentar una moción suspensiva.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Disculpe que insista tanto en los estatutos de procedimiento, porque creo que lamentablemente en este tema no se han cumplido estrictamente las disposiciones a las que nos obliga tanto la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos como el Reglamento del Senado de la República.

Es por eso que en nombre de las Senadoras y Senadores, Martha Tagle, Angélica de la Peña, Dolores Padierna, Isidro Pedraza, Carlos Merino, María de los Ángeles Verónica González, Alejandra Roldán, Raúl Morón, Benjamín Hernández, Fidel Demédicis y un servidor, así como los Senadores Luis Sánchez, Luis Humberto Fernández, Fernando Enrique Mayans, Rabindranath Salazar, Manuel Bartlett y por supuesto Layda Sansores, venimos a presentar, con fundamento en los artículos 105 y 106 del Reglamento del Senado de la República, una moción suspensiva a efecto de que no sea iniciada la discusión del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Justicia; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales, el mismo que planteamos, sea devuelto a comisiones para su reconsideración.

Esto a partir de dos consideraciones importantes.

La primera, es que apenas el pasado martes, el día de antier, 26 de abril de 2016 la Mesa Directiva del Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados el oficio con el que se remite un proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide, como lo he dicho, el Código Militar de Procedimientos Penales, ya que en esa misma fecha fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente, posteriormente, ese mismo día, se hizo rectificación del turno de estas minutas, quedando en las comisiones referidas con excepción de la de Estudios Legislativos, Segunda, para remitirla a la Comisión de Estudios Legislativos básica.

Con esta modificación del turno, la Mesa Directiva no cumplió con el Acuerdo que la propia Mesa Directiva del Senado de la República, el cual publicó el 19 de septiembre de 2013, donde establecen los Criterios Generales para el turno de los Asuntos a Comisiones Ordinarias, en el que se establece en el numeral 7 del artículo Primero, que para la uniformidad en la asignación de turnos, se deberá respetar el criterio utilizado para tal efecto en sesiones previas, es decir de los asuntos precedentes existentes.

Hay que señalar que la anterior reforma al Código de Justicia Militar que aprobó ya esta Legislatura, fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos, sobre la cual se reconsideró el turno. Más aún, el día de ayer 27 de abril de 2016, las comisiones unidas convocaron a una reunión extraordinaria en la que se aprobó el dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, con lo cual no se respetó lo establecido en el artículo 186 numeral 2 del Reglamento del Senado, en el que establece que: "Una vez puestos de acuerdo los responsables de su formulación en las comisiones unidas, el proyecto de dictamen se distribuye a todos los integrantes de las mismas, por lo menos, veinticuatro horas antes de la reunión que deba discutirse y votarse".

Lo cual no sucedió, los integrantes de las comisiones unidas recibieron el proyecto de dictamen apenas dos horas antes de que iniciara la reunión a la que habían sido convocados, en este sentido, consideramos que es imperante cumplir con lo establecido en nuestro Reglamento para dar certeza en el proceso legislativo cumpliendo a cabalidad para que el dictamen sea analizado con detenimiento y responsabilidad antes de ponerlo a consideración del Pleno.

Por eso, en esta moción suspensiva como punto único, proponemos que se suspenda la discusión del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Justicia; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales y el mismo sea devuelto a las comisiones para su consideración.

Este no es un asunto menor, yo creo que de las leyes que estamos discutiendo en estos momentos, ésta es la de mayor relevancia y bajo el argumento de que se trata de adecuar las disposiciones del Código Militar al pasar de un modelo inquisitivo a un modelo acusatorio, con lo que se suprimen los Consejos de Guerra, se crean los Juzgados Militares de Control y los Tribunales Militares del Juicio Oral, se transforme la Procuraduría de Justicia Militar en Fiscalía General de Justicia Militar y se transforma el Cuerpo de Defensores de Oficio en la Defensoría del Oficio Militar.

Se establecen disposiciones adicionales que contravienen el artículo 129 constitucional que señala con toda precisión que: "En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar", es decir, en tiempos de paz no puede asumir ninguna función que involucre a la población civil.

Más aún, contraviene lo dispuesto en la reciente reforma al Código de Justicia Militar donde por primera vez se modificó de fondo el fuero militar para establecer que en todos los actos en que hubiera participación de elementos de las Fuerzas Armadas que involucrara a la población civil, la autoridad que debe conocer de estos hechos es la autoridad civil, y el primer hecho en el que esta norma se debe de haber aplicado porque no se ha cumplido con ella, fue con las ejecuciones extrajudiciales realizadas en Tlatlaya, en el Estado de México, donde si bien el Tribunal Militar resolvió sobre las faltas a la disciplina de uno solo de los elementos que intervinieron en estas ejecuciones extrajudiciales, hasta el momento la autoridad civil no ha cumplido con su responsabilidad.

En este Código de Procedimientos Penales se faculta a los juzgados militares para cometer de molestia contra la población civil, como es el cateo de un domicilio civil, la intervención de telecomunicaciones privadas y las presentaciones de civiles ante la autoridad militar.

Los cateos, señala que los juzgados de control militar tendrán la potestad de ordenar el cateo en casos de delito de disciplina militar relacionados con el crimen organizado, homicidio doloso o grave y violento con armas de fuego y explosivos en domicilios particulares, en oficina de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres órdenes de Gobierno, en los organismos constitucionales autónomos e incluso en la policía y el Ministerio Público.

Señala que en materia de intervención telefónica, el fiscal militar podrá solicitar al juez federal la autorización para intervenir las comunicaciones privadas respecto a hechos que se investigan probablemente cometidos por personal militar.

Y en el artículo 287 señala, que se intervendrá todo un sistema de comunicación que permita el intercambio de datos, informaciones, audio, video, mensajes, archivos electrónicos, archivos de texto, video contenidos en cualquier dispositivo, accesorio, aparato electrónico, equipo informático, de almacenamiento y todo aquello que pueda contener información, incluso en centros de datos remotos.

Señala que la autoridad militar podrá ampliar la intervención a otros sujetos del personal militar o lugares de intervención y también ordenará la destrucción de aquellos registros intervenidos que no se relacionen con los delitos investigados y aquellos registros de intervenciones no autorizadas.

Más aún, en materia de localización geográfica, el artículo 299, establece que: el Fiscal General de Justicia militar podrá solicitar al juez el control requiera a los concesionarios, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, para que proporcionen la localización geográfica, en tiempo real o entrega de datos conservados en los tipos de comunicación civil.

Hemos recibido, apenas el día de ayer, una comunicación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en nuestro país, donde expresa su preocupación por estas medidas, y considero que deben ser cabal y puntualmente atendidas, ya que de acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en estas disposiciones se genera incertidumbre, por ejemplo, en aquellos casos en los que se perdieron facultades para órganos de naturaleza militar, cuyas acciones pueden afectar a personas e instituciones civiles, señala que es conveniente clarificar el ámbito de actuación de las autoridades ministeriales y jurisdiccionales militares.

En relación en los casos donde derivados de una misma actividad delictiva pudieran existir delitos de competencia del foro militar y otros de los que deba conocer a jurisdicción ordinaria federal o común, sería conveniente establecer con mayor precisión la obligación de colaboración con las autoridades civiles correspondientes y   proporcionar aquella información que pueda ser relevante para sus investigaciones y actuaciones.

En aquellos casos, señala la Oficina del Alto Comisionado en los que fruto de las actuaciones llevadas a cabo por autoridades militares, se detecte la posible existencia de delitos que no sean competencia del fuero militar. Se debería reforzar la obligación de dar traslados sin demora a las autoridades civiles de procuración de justicia competentes.

Y en aquellos casos en los que pudiera darse la comparecencia de personas, testigos o expertos civiles en procedimientos militares, sería conveniente regular su participación o los procedimientos para que la misma se produzca de forma que contribuya al derecho de la justicia, sin que ellos se ponga en cuestión el derecho de las y los civiles, a no ser sometidos a jurisdicción militar alguna.

Y, por último, señala que en relación con las víctimas u ofendidos del delito, es necesario delimitar con mayor precisión sus derechos y participación y proceso, incluyendo en aquellos casos donde la víctima se reciente directamente en si la conducta punible no puede ejercer sus derechos.

Se trata de garantizar la protección de los derechos humanos y evitar como ha venido sucediendo que las Fuerzas Armadas asuman en tiempos de paz, actividades que competen estrictamente a la autoridad civil y que no se vulneren los derechos de todas las personas en nuestro país, a su privacidad, a su libertad de tránsito, a la posibilidad de establecer libremente sus comunicaciones.

Quiero decirlo con toda responsabilidad, de plantearse en estos términos este Código de Justicia Militar, que poco o nada tiene que haber con esta adecuación en materia de modelo acusatorio, estaríamos prácticamente generando condiciones de un estado de excepción donde no hay garantía plena al ejercicio de los derechos civiles y de los derechos humanos.

Dejemos como lo establece el artículo 129 constitucional, a las Fuerzas Armadas en sus cuarteles en tiempos de paz, ya mucho desgaste han sufrido por estar sustituyendo la autoridad civil en materia de seguridad pública. No los incorporemos hoy a las tareas de inteligencia, de vigilancia política, a la población civil en nuestro país.

Dejo por escrito esta moción suspensiva y espero que exista, no solamente sensibilidad, sino el sentido común mínimo para que una reforma de esta naturaleza, no solamente se discutan los términos reglamentarios, sino con el tiempo la diligencia y la responsabilidad que amerita.

Por su atención, muchas gracias.



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Se recibe el documento, muchas gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, para apoyar esta moción suspensiva.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Quiero sumarme a esta solicitud, a esta moción suspensiva, añadiendo algunos argumentos que tal vez sean necesarios y que requieren mayor atención de esta Asamblea.

Se trata, ya lo describió Encinas, de un atropello. Se aprobó ese dictamen prefabricado en 7 minutos en la comisión sin dar la oportunidad de hacer un estudio enorme que requería, pues, mínimo semanas, porque toca los asuntos más delicados del país.

Tratar de aprobar hoy, de esa manera, ese instrumento militar, es aprobar un grave peligro para la nación. Hay que darse cuenta de lo que se está jugando en México.

¿Qué no recordamos lo que ha pasado en los últimos días?

¿Qué no tenemos conciencia de la situación en la que se encuentran las Fuerzas Armadas, el gobierno de la República, con declaraciones que han ocurrido en las últimas horas?

Un ejército que se niega, que se niega por voz de su Secretario de la Defensa a que cumplan los expertos internacionales una solicitud absolutamente lógica.

El señor Secretario de la Defensa dice: "Que no permite que se interrogue al personal militar relacionado con Ayotzinapa", en televisión.

En un ejemplo, que en los años que tengo en la vida política, no había yo escuchado a un Secretario de la Defensa, en Televisa, dando una explicación de por qué él no aceptaba el que se cumpliera con un tratado internacional que nos obliga.

¿Qué, ya se nos olvidó lo que pasó en Tlatlaya?

En estos momentos salir con esta imposición es una verdadera aberración antidemocrática, es llevar a este Senado a aprobaciones peligrosas, no es cualquier cosa.

Ya expresó Encinas, con todo cuidado, las violaciones que hay en este procedimiento sin duda alguna.

Qué les cuesta regresarlo a comisiones y no cometer esta fechoría, porque está plagado de irregularidades, plagado.

Hemos dicho en esta tribuna que el riesgo que está sufriendo México en el avance de toda una serie de medidas es el establecimiento de nuestro país de un régimen policiaco-militar. No es menos, ¡Un régimen policiaco-militar!

El ejército en todas las ciudades, el ejército con todas las policías del país, el ejército está a cargo de la seguridad y les vamos a dar un instrumento que necesitan para seguir haciendo esa función inconstitucional y contraria a la seguridad y a la paz de este país.

¡No lo hagan!

Yo les pido a los Senadores panistas y priístas que tengan conciencia de lo que los están llevando a hacer.

¿Qué necesidad hay de atropellar los reglamentos? ¿Qué necesidad hay de imponer algo que ni siquiera se ha podido revisar? ¿Por qué tienen esa prisa? ¿Quién está atrás de ustedes para obligarlos a hacer esto?

Es una decisión peligrosa, es una decisión que nos está llevando a avanzar en este régimen policiaco-militar que pone en riesgo a nuestra nación, a la paz de la República, al estado de derecho. Eso no debe permitirse.

Sin discusión, sin conocerse, violando el Reglamento.

¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿No se dan cuenta los pasos que van dando? ¿Hacia dónde? ¿No se dan cuenta que van poniendo en peligro al país?

Este es un país civilista.

El ejército tiene sus funciones, las ha superado y van avanzando, y hoy traer ese instrumento, que ya con lo poco que ha presentado el señor Senador que me antecedió, ya con eso tienen que darse cuenta que es un instrumento peligroso.

¡No den ese paso!

¡No lo hagan!

¡No tiene necesidad, ni el PRI, ni el PAN de cometer esta fechoría que nos pone en riesgo a todos los mexicanos!

Así han empezado muchos países a transformar sus estados de derecho en regímenes policiacos militares, no lo debemos permitir, se los pedimos a ustedes, reflexionen, simplemente se trata de regresarlo a las comisiones en donde deberían de estar y tener una discusión a fondo y sensata.

Hay aquí en ese documento graves violaciones constitucionales, que pasan por encima del estado de derecho, ese documento que no quieren discutir, que lo quieren pasar de puntitas, piénsenlo, están poniendo en peligro a México, a nuestro país, no lo hagan, que se regrese a comisiones.

¿Quién los está empujando? ¿En dónde están esas fuerzas que los obligan a violar el Reglamento? ¿En dónde están? ¿En dónde está su espíritu democrático, su respeto a la ley, al Reglamento del Senado y a todos los mexicanos que requieren un Senado responsable que respete el estado de derecho que esto lo viola?

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Bartlett Díaz.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna.

Voy a solicitar a la Asamblea, en virtud de que han estado solicitando el uso de la palabra algunos de los Senadores, y toda vez que están en este momento solicitando más Senadores el uso de la palabra, voy a solicitar a la Asamblea, de acuerdo al artículo 72 del Reglamento del Senado, que establece los apartados correspondientes en este tema, que consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a debate la moción presentada.

Hay una solicitud presentada de moción suspensiva, amerita una consulta a la Asamblea si esta moción suspensiva se admite. En ese sentido, solicitamos que se abra el sistema electrónico por tres minutos para que se consulte a la Asamblea si esta moción suspensiva se admite.

(Se abre el sistema electrónico de votación)


Si alguien desea que la moción suspensiva presentada por el Senador Encinas y los Senadores que lo acompañan se admita, el sentido de voto es afirmativo; si alguien no desea que se admita esta moción suspensiva, el sentido del voto es negativo.

Para claridad de la Asamblea en este tema, le voy a pedir a la Secretaría dé lectura a lo dispuesto por el artículo 106 del Reglamento.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura.

"Artículo 106

1. La moción suspensiva se presenta por escrito a la Presidencia, antes de que inicie el debate del asunto de que se trata; iniciado el mismo también puede presentarse de viva voz. En ambos casos, se exponen de manera breve y concisa los hechos y razones que motivan la moción.

2. Se lee la moción y sin otro requisito que oír a uno de sus autores, si así lo quieren, y a algún impugnador, si lo hay, se pregunta al Pleno si se admite a debate o se desecha.

3. De admitirse la moción, se forma una lista de hasta dos oradores en contra y dos a favor. Concluidas las intervenciones, se somete a votación.

4. De aprobarse la moción suspensiva, el Presidente dispone el trámite que recae al asunto objeto de la misma.

5. En una sesión no se admite más de una moción suspensiva sobre un mismo asunto".

Es cuanto, señor Presidente.

Señor Presidente, conforme al resultado de la votación, no se admite a discusión la moción suspensiva.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Secretario.

Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Yunes Márquez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Fernando Yunes Márquez: Con su venia, señor Presidente.

Esta Soberanía ha demostrado su compromiso para generar las bases legales de un sistema de justicia penal acusatorio que recoja las más sentidas demandas sociales que fueron reflejadas en la reforma constitucional en materia de seguridad de justicia del año 2008.

Esta reforma fue un gran paso del Estado mexicano en materia de reconocimiento de derechos humanos, particularmente de los que conforman el denominado debido proceso, que no significa otra cosa más que el procedimiento penal estructurado para respetar los derechos humanos definidos en nuestra Constitución tanto de los imputados como de las víctimas.

Este marco constitucional da a la ciudadanía certeza de un estado de derecho sólido en materia de justicia penal en el que las personas que son acusadas de cometer un delito cuando son sujetos de una investigación se respete su derecho a la presunción de inocencia, pero de igual forma no se olvida de la tutela a la que la víctima debe ser también sujeta.

El nuevo modelo procesal penal genera equilibrio entre la necesidad del Estado de ser eficaz en sus investigaciones para buscar que la comisión de los delitos no quede impunes, y su obligación de que los derechos humanos de las personas, aun cuando ostenten el carácter de acusados, sean reconocidos y respetados.

Bajo ese esquema, en esta Legislatura se ha construido y fortalecido el andamiaje legal para que la mencionada reforma pueda ser implementada correctamente y que el nuevo sistema penal acusatorio cuenta con disposiciones que incorporen estándares internacionales y mejores prácticas nacionales.

Celebramos estos avances, la envergadura y trascendencia de esta reforma constitucional nos ha impuesto no tan sólo en este periodo legislativo trabajar intensamente para aprobar dos leyes nacionales que completan la legislación secundaria en materia procedimental penal para el fuero federal y local de la jurisdicción ordinario civil, sin embargo, ha quedado pendiente la creación de disposiciones que regulen al fuero militar conforme a los principios del sistema de justicia penal acusatoria adversarial.

Por ello, la aprobación de la minuta que nos ha sido remitida por la Colegisladora para su análisis y, en su caso, aprobación, que incluye el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales, resulta un marco jurídico prioritario en la consolidación del sistema penal acusatorio al incorporar a la jurisdicción militar y, por tanto, dar cumplimiento a la reforma constitucional citada en ese ámbito competencial.

De no dotar de estos ordenamientos al fuero militar, los procedimientos que se lleven en el ámbito de esta competencia no estarán acorde a dicho sistema penal, siendo señalados de inconstitucionales y trayendo como consecuencia impunidad.

De aprobarse las reformas que están siendo puestas a su consideración, se generará un nuevo sistema de justicia miliar apegado a los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, derivados de la reforma al artículo 20 constitucional previstos en la citada reforma del año 2008.

Ahora bien, la multicitada reforma presupone la existencia de un sistema de justicia penal en el que su parte procesal tiene el carácter de acusatorio y oral, por ello es indispensable, en una visión sistemática, que la jurisdicción militar cumpla también con este carácter, se extienda a todos los operadores de la procuración e impartición de justicia militar dotándoles de las obligaciones y atribuciones que garanticen la eficacia de este sistema.

Estas modificaciones se concretan, por una parte, con las modificaciones al Código de Justicia Militar y, por otro parte, mediante la expedición de un nuevo ordenamiento que regulará todos los procedimientos penales ajustados al sistema acusatorio adversarial, estableciendo también las funciones, obligaciones y atribuciones de los operadores de este sistema.

Entre los principales cambios al Código de Justicia Militar sobresalen los siguientes:

Se suprimen los Consejos de Guerra y se crean los Juzgados Militares de Control y Tribunales Militares de Juicio Oral.

Respecto de la Procuraduría General de Justicia Militar, ésta se transforma en una Fiscalía General de Justicia Militar que encabezará la institución del Ministerio Público responsable de la investigación y persecución de los delitos de la competencia de dicho fuero; esto último, en concordancia con la reforma constitucional del año 2014.

Además, con la extinción de la Procuraduría General de Justicia Militar, se suprime la función de ejercer como consejero jurídico de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por otra parte, se transforma el cuerpo de defensores de oficio en Defensoría de Oficio Militar, a efecto de garantizar la obligación del Estado de proporcionar una defensa técnica de calidad a los imputados por delitos de este fuero.

Ahora bien, respecto del nuevo Código Militar de Procedimientos Penales, lo primero que debemos destacar es que fue parte esencial para su elaboración y construcción todo lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, en especial, lo referente a sus principios, procedimientos, derechos y obligaciones de las partes en el proceso, claramente ajustándolo a la propia naturaleza de este fuero militar.

Se establece que el proceso penal en la jurisdicción militar será acusatorio y oral, garantizando que las partes reciban el mismo trato, con las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa.

Será un principio preponderante que a todo militar se le presuma inocente y sea tratado como tal, en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional militar correspondiente.

De igual forma, se reconoce como víctima del delito, al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva y como ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito, connotación que se refiere exclusivamente respecto de aquellos delitos de la competencia de la jurisdicción militar, precisión que se orienta a dejar aclaro que por ningún motivo se refiere a víctimas de violaciones a derechos humanos.

Es importante destacar la transformación orgánica y operativa que impone a los órganos jurisdiccionales militares este nuevo ordenamiento, toda vez que se crean los Jueces de Control, el Tribunal Militar de Juicio Oral y el Pleno del Tribunal Superior Militar, los cuales cuentan con las atribuciones y facultades necesarias que garantizan el respeto de todos los derechos que nuestra Constitución establece en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con las excepciones que este Sistema de Justicia Militar requiere por razón propia de esta jurisdicción.

Con estos cambios, la justicia militar se ajusta a las exigencias no sólo constitucionales y de nuestro derecho, sino también a la exigencias del derecho internacional y las diversas recomendaciones que se han hecho al Estado mexicano en esta materia, así como a los tratados y convenciones que ha suscrito nuestro país en materia de derechos humanos desde hace ya varios años.

Para el Senado de la República, hoy es un día histórico, se pretende transformar la forma de hacer justicia en el fuero militar.

Los nuevos tiempos nos exigen nuevas responsabilidades. No podemos seguir dejando pendiente la expedición de este marco legal secundario de la jurisdicción militar.

Por ello, compañeras y compañeros Senadores, les pido que acompañen el presente dictamen para que logremos un cambio fundamental en las instituciones y justicia de los militares en este país.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Yunes Márquez.

Recibimos en la Mesa Directiva el texto de la intervención del Senador Fernando Torres Graciano, el cual se integrará al Diario de los Debates.

El Senador Fernando Torres Graciano: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



Tiene el uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz González, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos.

La Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores, muy buenas noches.

Vengo a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, comisión codictaminadora, a presentar ante ustedes, como ya lo hizo mi compañero Presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes Márquez, una minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales, a la consideración de ustedes.

La minuta que fue enviada por la Colegisladora, por la Cámara de Diputados, responde a la misma necesidad que hemos tenido que seguir en algunos otros cuerpos normativos, la necesidad de armonizar el marco jurídico en materia de procuración e impartición de justicia en el ámbito castrense, derivada de la reforma constitucional que todos conocemos del 18 de junio de 2008.

El objetivo es adecuar el Código de Justicia Militar y expedir un nuevo ordenamiento para transitar al Sistema Penal Acusatorio.

Tenemos de plazo para expedir y aprobar esta ley, el 18 de junio de este año, a fin de que el Sistema Penal Acusatorio pueda cobrar plena vigencia en todo el ámbito nacional.

Es por ello que se plantea modificar el Sistema de Justicia Penal Militar con el fin de alinearlo con las reformas constitucionales en la materia y cumplir también, por supuesto, con una nueva óptica que contiene este nuevo Sistema Penal Acusatorio. En lo relativo a las reformas al Código de Justicia Militar, se plantea ajustar la estructura orgánica de los operadores del Sistema de Justicia Penal Militar y derogar el procedimiento actual, previsto en el Libro Tercero, Títulos Primero al Noveno.

De esta forma la minuta, por tratarse de una reforma eminentemente de carácter procesal, permitirá establecer el sistema acusatorio en la jurisdicción militar, y contiene los siguientes aspectos:

Ajustes necesarios a la estructura orgánica y funcional de los operadores del Sistema de Justicia Penal Militar.

Deroga el procedimiento actual el, Libro Tercero, del Código de Justicia Militar por no estar ya de acuerdo con el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que establece nuestra Constitución.

Expide el Código Militar de Procedimientos Penales.

Y en el Código de Justicia Militar:

Se suprimen los Consejos de Guerra Ordinarios y Extraordinarios.

Se crean instituciones como: juzgados militares de control y los tribunales militares de juicio oral.

Se cambia la denominación del "Supremo Tribunal Militar" por "Tribunal Superior Militar", así como su forma de operación.

La Procuraduría General de Justicia Militar se transforma en Fiscalía General de Justicia Militar, así mismo se le suprime la función de ser el Consejero Jurídico de la Secretaría de la Defensa Nacional, previéndose diversas fiscalías que intervendrán en las diversas etapas del procedimiento acusatorio.

Se transforma el cuerpo de defensores de oficio en Defensoría de Oficio Militar, a fin de garantizar la obligación del Estado de proporcionar una defensa técnica.

Se crea la Coordinación de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, como un organismo imparcial que brindará servicios periciales tanto al Ministerio Publico Militar como a la Defensa, materializando el principio constitucional de igualdad de las partes, que no existían.

Armoniza la redacción y funciones de los operadores del sistema con el Código Militar de Procedimientos Penales.

Se propone modificar los requisitos de nombramiento de Magistrados, Jueces, Fiscal General y Fiscales, ponderando su experiencia profesional en el Servicio de Justicia Militar.

En relación al proyecto de Código Militar de Procedimientos Penales:

Se estructura bajo los mismos principios previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el procedimiento penal acusatorio.

Se incorporan aspectos distintivos de la vida castrense, por ejemplo, la solemnidad militar en la celebración de las audiencias; la concurrencia a la audiencia de personal perteneciente a la unidad del procesado; la asistencia preferente de personal militar a las audiencias y el mantenimiento de la disciplina a cargo del juez.

Se eliminaron figuras jurídicas que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales que no aplican en el ámbito de la Jurisdicción Militar, por ejemplo, la acción penal privada, ésta no podrá llevarse a cabo por el nuevo Ministerio Público; exhortos internacionales y asistencia consular para detenidos y procesados que no tienen cabida en la jurisdicción militar.

Se precisan las funciones de cada uno de los operadores del sistema.

Se establecen las etapas del procedimiento: investigación inicial y complementaria; intermedia y de juicio oral.

Se determinan las formas anticipadas de conclusión del procedimiento, por ejemplo, la suspensión condicional del proceso a prueba, acuerdo reparatorio y procedimiento abreviado, así como los medios de impugnación.

Se generan las disposiciones para garantizar los derechos de las víctimas y la observancia irrestricta de los derechos humanos.

Este nuevo Sistema de Justicia Militar se basa en los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, derivados de la reforma al artículo 20 constitucional, previstos en la ya citada reforma constitucional del año 2008.

En suma, compañeras y compañeros Senadores, las disposiciones contenidas en el proyecto de Decreto, motivo del presente dictamen corresponden a las adecuaciones y actualizaciones para la impartición de justicia en la jurisdicción de los órganos del fuero de guerra al que se refiere el artículo 13 constitucional, y con ello, de ser aprobado por ustedes, estaríamos en condiciones de adecuar sus disposiciones al nuevo Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio.

En esa virtud, resulta prioritario la consolidación del sistema penal acusatorio en la jurisdicción militar para dar cumplimiento de manera puntual y cabal al Artículo Segundo Transitorio del Decreto de reforma constitucional de junio de 2008, ya que de no hacerlo, una consecuencia inmediata sería que los procedimientos que se lleven en el ámbito de la jurisdicción militar, no estarían acorde al Sistema de justicia Procesal Penal Acusatorio, pudiéndose así generar impunidad y, desde luego, consecuencias jurídicas que nadie deseamos en este país, en el que estamos construyendo las mejores condiciones a través del sistema penal acusatorio, para que existan mejores condiciones de impartición de justicia en México.

Por lo cual, les pedimos su aprobación, a fin de que estemos en la condición para que el 18 de junio de 2016, tener completamente armonizadas y actualizadas las normas jurídicas, tanto penales como generales, como penal militar para que se pueda dar justicia de la mejor manera posible.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora Ortiz González.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 del Reglamento del Senado, tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar su voto particular.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

No podemos aprobar un conjunto de reformas que sólo pretenden dotar de más herramientas al ejército para que siga atendiendo su manto de impunidad y perpetuando la ausencia de sanciones efectivas.

Nuevamente el Ejecutivo Federal desafía las recomendaciones y sentencias de los organismos internacionales de protección a los derechos humanos, se pretende imponer vía fast track una reforma contraria al artículo 1o. constitucional, se quiere garantizar la impunidad para los militares que cometen delitos no vinculados a la disciplina militar y violaciones a los derechos humanos.

Por ello que hoy nuevamente les decimos que no, que nosotros votaremos en contra de este tipo de reformas que lo único que provocan es fortalecer el esquema de fueros especiales para algunas personas en este país, que por muy importante que sea la labor de las Fuerzas Armadas, tienen que someterse al imperio de la ley y al respeto irrestricto de los derechos humanos y a nuestra Constitución.

Este dictamen es como algunos otros que ya han aprobado en esta cámara, una clara tentación autoritaria, una clara muestra de que lo más importante es satisfacer los intereses de unos cuantos, por encima del respeto a los derechos de millones de mexicanas y mexicanos, nuestra realidad es lamentable, ojalá no abonemos a que se convierta en trágica.

Desechemos este dictamen y trabajemos otro, que se verdaderamente armónico con las obligaciones que como Estado mexicano tenemos frente al ejercicio de los derechos humanos, trabajemos con las fuerzas castrenses y hagámosle saber que cualquier propuesta de acción autoritaria que pretenda mantener la impunidad en la comisión de delitos y violaciones a los derechos humanos no es viable en nuestra sociedad, trabajemos todas y todos de manera coordinada y con nuestra sociedad para que nuestras Fuerzas Armadas sirvan al bien común y respeten la Constitución.

Los tribunales militares no tienen jurisdicción para juzgar los delitos que configuran violaciones a los derechos humanos cometidos por militares contra civiles y el Estado debe modificar su Código de Justicia Militar para restringir la competencia de los tribunales castrenses.

La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, recomendó excluir la competencia de la jurisdicción militar para juzgar sobre casos de violaciones a derechos humanos y delitos contra civiles donde haya involucrados militares.

El Consejo de Derechos Humanos, en el año 2009, recomendó a México cambiar el Código de Justicia Militar con el fin de asegurar, exclusivamente, la jurisdicción, es decir, la competencia de las autoridades y tribunales civiles en los casos relacionados con violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y con ellos, garantizar la primacía de la justicia civil por encima de la militar. Repito, la justicia civil está por encima de la justicia militar, por la sencilla razón de que no somos una dictadura.

Estas recomendaciones realizadas al Estado mexicano encontraron eco en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo y ecologistas presos, todas contra México, en las cuales establece el alcance restrictivo y excepcional que debe tener la jurisdicción penal militar en un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de los intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares.

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos el artículo 57, fracción II, inciso a) del Código de Justicia Militar, era una disposición amplia e imprecisa que impide la determinación de la estricta conexión del delito del fuero ordinario con el servicio castrense objetivamente valorado, lo cual constituye una violación al artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual implica una obligación de adecuar la normatividad interna a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano a reformar este artículo y adecuarlo a los estándares internacionales, pero hoy este dictamen ofrece lo contrario.

De acuerdo a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana, son tres los estándares establecidos como limitaciones del fuero militar:

Primero, no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de todas las violaciones de derechos humanos.

Segundo, sólo puede juzgar a militares en servicio activo.

Tercero, sólo puede juzgar la comisión de delitos o faltas, cometidos por militares activos, que atenten, por su propia naturaleza, contra bienes jurídicos propios del orden militar.

El ejército ya suplió las funciones de seguridad pública y ahora ustedes pretenden que supla al poder judicial y por la puerta falsa, mintiéndole a la sociedad con este dictamen, hay que recordar la reforma aprobada en abril de 2014 por este Senado, por el Congreso de la Unión, al artículo 57 del Código de Justicia Militar, en la que se limita el fuero militar para delitos y violaciones cometidas contra civiles.

Si un militar comete un delito contra un civil, tiene competencia solo la justicia civil y hoy se le da marcha atrás a esta reforma.

En estas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que esta reforma era insuficiente debido a que el artículo 57, fracción II, inciso a) del Código de Justicia Militar reformado aún autoriza la intervención del fuero militar en delitos en que el imputado y la víctima sean militares y en los casos de delito en que el imputado sea militar y no sea un civil el sujeto pasivo, es decir, se tutela el orden jurídico, pero solamente los militares pueden juzgar a los militares no a las personas civiles.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió también dos resoluciones contra México por no cumplir con las sentencias en los casos Radilla Pacheco y otros porque estima que la actual legislación continua sin adaptarse parcialmente a los estándares jurisprudenciales y, por tanto, también contraviene a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, el Tribunal Interamericano concluyó que la jurisdicción militar no es competente desde la fase de investigación en casos de delitos y bienes jurídicos que no sean estrictamente circunscritos a la disciplina militar.

Con estas resoluciones se deja claro cuál es la competencia estrictamente militar y que ésta no podrá aplicarse a delitos que no vulneran bienes jurídicos que sean exclusivamente castrenses, esto en caso contrario la persecución involucra a la sociedad, involucra a los civiles, involucra a todas las personas que no estamos en el orden militar, y para delitos cometidos por civiles deberán ser las autoridades civiles las encargadas de su investigación, de su sanción, de ninguna manera puede ser el ejército.

Ahora bien, si analizamos los delitos y bienes jurídicos que podrían considerarse que atentan contra la disciplina militar, una de las características que tienen es que nunca podría haber víctimas, pues la conducta ilícita se comete contra la institución militar; y en caso de que haya una víctima, ya sea civil o militar, la competencia de investigación y sanción de los delitos le corresponde siempre al fuero civil, de acuerdo a los propios estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Y las reformas que hicimos en el Congreso de la Unión en abril de 2014, la impunidad del fuero castrense en los casos que afectan directamente a las personas, son en la gran mayoría de las ocasiones violaciones a los derechos humanos, pero que se ocultan con otro tipo de conductas que pretenden hacer parecer como actos que atentan contra la disciplina militar.

La Secretaría de la Defensa Nacional, reportó que entre 2007 y 2011 habían sido sentenciados por la justicia militar 3,612 militares. Sin embargo, según el desglose elaborado por la propia dependencia, 3,154 fueron por deserción, es decir, el 87 por ciento; 142 por insubordinación, el 5 por ciento, y tan solo 33 sentenciados por violaciones a los derechos humanos, menos del 1 por ciento. Y todos se referían sólo a un caso.

Entonces, resulta claro que la jurisdicción militar oculta las violaciones a los derechos humanos con acusaciones aparentemente que involucran la disciplina militar, acción que únicamente lleva a perpetuar su impunidad.

El caso de la mujer torturada que fue viral en las redes sociales, que fue torturada por militares, mereció una sanción de disciplina militar, no por tortura, sino por disciplina militar y le dio entre 1 y 2 años de prisión a un hecho de tortura tan grave como lo pudimos visualizar todos.

La propia propuesta del Código Militar de Procedimientos Penales contiene disposiciones que permiten presumir la intención de la justicia militar por continuar conociendo casos que no le corresponden al fuero militar investigar ni mucho menos sancionar.

Resulta un verdadero despropósito y una sinrazón, que el día de hoy se quiera aprobar este dictamen, pues el fuero penal militar sólo tiene competencia única y exclusivamente cuando se cometen delitos contra la institución o la disciplina militar y cuando estos delitos sean cometidos por un efectivo en activo.

Es decir, si la Sedena sabe que sólo puede juzgar delitos contra la disciplina militar, ¿cuál es la intención de que se apruebe un Código Procesal para normar un procedimiento que a todas luces no puede ser desarrollado como lo propone el dictamen? Sencillamente porque no puede regularse un procedimiento especial, excepcional partiendo de la base de una norma ordinaria como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales; es decir, no puede decretarse un Estado de excepción desde una ley ordinaria, eso le compete a la Constitución, y nuestra Carta Magna no le da facultades al ejército para investigar ni para perseguir, mucho menos para sancionar delitos de civiles.

En la propuesta se establecen derechos de las víctimas y las posibilidades procesales que tendrán éstas de participar en los procesos militares, estas disposiciones aunque su redacción, como lo dijera el Presidente de la Comisión de Justicia, Yunes, parecen que respetan las recomendaciones internacionales, pero es solamente una cara falsa en la que revisten facultades que no le da la Constitución al Ejército Mexicano.

Voy a terminar, poniendo casos gravísimos adicionales, a los ya de por sí muy graves que mencionó Alejandro Encinas, que son muy peligrosos, son aberrantes en una democracia.

"Artículo 1º.- En el segundo párrafo de este artículo se retoma textual y se copia el contenido del artículo 13 Constitucional, es decir, vuelve a centrar el reconocimiento del fuero militar como un eje de actuación de los procesos penales de investigación y acusación". Pero el 13 constitucional, no le da estas facultades al ejército.

"Artículo 14.- Establece el principio de prohibición de doble enjuiciamiento señalando que los militares condenados o absueltos o cuyo proceso haya sido sobreseído, no podrán ser sometidos a otro proceso penal por los mismos hechos" esta expresión hace referencia a otro "proceso penal" con lo que se entiende también que se consideran los procesos penales son del fuero civil". No son del fuero militar, es una trampa, quieren confundirnos porque al aceptar que son del fuero penal, es dárselos al fuero militar.

Pero además está redacción abre la puerta para que los militares y efectivos castrenses pudieran ser juzgados y sentenciados en un proceso penal militar por una conducta sólo como "desobediencia" y al ser sentenciados en el fuero castrense estar imposibilitado para poder sancionar el fuero civil, asegurando con ello una impunidad para los militares que cometan delitos contra civiles.

Artículo 43.- Se señala en el dictamen que "Cuando las personas no hablen o no entiendan el idioma español, deberá proveerse traductor o intérprete, y se les permitirá hacer uso de su propia lengua o idioma".

 Qué generosos se ven aquí, se ven muy indigenistas. Ahora resulta que el ejército va a juzgar a los indígenas y a ustedes les parece muy importante. Son parte de la sociedad los indígenas, son civiles los indígenas y los militares no tienen ninguna competencia para juzgar a los indígenas.

No pongan aquí frases bonitas que deberían de estar en el Código Civil que, por cierto, no las quieren poner allá, y ahora sí las ponen aquí para revestir una facultad que no tienen los militares.

¿Se refieren exclusivamente a militares indígenas en activo? Entonces, puede proceder, pero si se refieren, porque no lo especifica este documento, si se refieren a todas las personas, a toda la sociedad, que puedan resultar como víctimas de los abusos militares, entonces esto es inaceptable.

Artículo 47.- Aquí encontramos otra gran contradicción contra las niñas y contra los niños de nuestro país, lo cual es verdaderamente una insensatez. Dice que a las personas menores de doce años de edad y a los imputados que deseen declarar se les exhortará para que se conduzcan con la verdad", es decir ¿a caso están previendo que los militares que en sus procesos de investigación vayan los niños, las niñas a ser testigos en sus procesos militares? ¿Que en la disciplina militar participen las niñas y los niños?, y, ¿por qué consideran que las niñas y los niños deberían de conducirse con verdad?, los niños siempre hablan con la verdad. ¿Por qué lo están poniendo aquí?, sí pues, también para revestir con falsas palabras facultades que la Constitución no le da al Ejército Mexicano, a menos que piensen que los menores de edad puedan ser víctimas o testigos de delitos o violaciones a los derechos humanos que van más allá de la estricta disciplina militar? ¿Qué tienen que ver nuestros niños y niñas con asuntos del ejército?

Artículo 105.- Al definir que se entenderá como víctima u ofendido en términos del propio código se señala que "para los efectos de este código, se considera víctima del delito al sujeto pasivo que reciente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva". No habla de militares, habla de personas. Las personas estamos en otro código, no en el código militar.

Asimismo, este artículo dice: "Se considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito".

Los delitos penales los juzga el Poder Judicial y son investigados por el Ministerio Público, no por el ejército.

Concluimos que, independientemente, de la calidad del sujeto pasivo, sea civil o militar, sólo se podrá investigar delitos contra la disciplina militar, si se pone en el código militar, y que en la totalidad de estos el ofendido del delito es el Estado mismo y las instituciones castrenses. Sólo en esos términos pudiera aprobarse, pero aquí se está escribiendo de otro modo.

Pretenden aprobar una reforma o una disposición con este tipo de expresiones inútiles e insuficientes que resulta, como ya había señalado, un verdadero contrasentido.

Sólo quise compartirles algunos ejemplos, compañeras y compañeros para ilustrar que la verdadera pretensión de esta reforma es dotar de mayores facultades a las instancias castrenses, facultades que no le da la Constitución, para que puedan investigar la comisión de diversos delitos, incluso aquellos que van más allá de la estricta disciplina militar, pensar suponer lo contrario es no saber leer de manera integral estas iniciativas.

Nadie que ame a México, nadie que busque la democracia, nadie que anhele el progreso de nuestro país puede votar este código a favor, sólo en las dictaduras se aplica lo estipulado en estos 50 artículos amañados.

Mientras que América Latina se distancia de las dictaduras, mientras que en Europa se progresa, en México se legaliza la militarización inconstitucional de nuestro país. Esto es verdaderamente aberrante e inaceptable.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales serán en orden creciente.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Permítame Senador Bartlett Díaz. Sonido en el escaño de la Senadora Graciela Ortiz González.

La Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Solamente la súplica, señor Presidente, de que le pidamos a las compañeras y a los compañeros que seamos respetuosos del tiempo establecido, cuando nos ha tocado subir a posicionar, lo hemos hecho con un profundo respeto no solamente del Pleno, sino del tiempo.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora Ortiz González.

Tiene el uso de la palabra, Senador Bartlett Díaz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo no sé por qué se preocupan del tiempo y no de aprobar esta aberración antidemocrática.

Hace un momento se hizo saber a esta Asamblea que las Naciones Unidas, en su área de derechos humanos envió un documento al Senado, y en ese documento, como aquí ya se dijo, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, establece un análisis somero de este instrumento jurídico, dice: "el examen preliminar realizado por la ONU a Derechos Humanos se derivan algunas observaciones relacionadas con aspectos que merecerán un análisis ulterior".

Y aquí con una gran precisión, un organismo internacional, representante de todo el movimiento de derechos humanos que nosotros hemos suscrito, nos señala precisamente punto por punto cómo este instrumento se desborda de sus funciones militares y establece una serie de peligros en sus interpretaciones, dicho por la Organización de las Naciones Unidas.

No es nada más un arrebato nuestro, aunque sí habrá que señalar que es indignante lo que están haciendo, es un desconocimiento de la historia, es un desconocimiento de la realidad nacional, es verdaderamente un acto de ceguera todo para justificar medidas políticas que han convertido al Ejército Mexicano en la policía que por todos lados en esa guerra insensata y absurda, impuesta por el extranjero, ha establecido una guerra contra los propios mexicanos.

Los ejércitos no están para eso, los ejércitos matan, son maquinarias de destrucción, los ejércitos tienen que estar en los cuarteles y desde hace ya muchos, varios años, desde que los han embarcado a nuestro glorioso Ejército Nacional, políticos insensatos que obedecen a intereses extranjeros. Desde entonces están empujando al ejército a cumplir funciones que no son las suyas, y sabemos desde hace ya tiempo cómo están pidiendo y están, ya por lo visto, exigiendo que se les den instrumentos jurídicos para ejercer esa función anticonstitucional que no les corresponde, ahí es donde está esa contradicción.

Vamos a decir, nosotros respetamos y queremos al Ejército Mexicano, siempre ha tenido un gran apoyo en el pueblo de México, pero no estamos de acuerdo que se convierta en la policía brutal de este país, y eso es lo que han hecho, entonces, ahora les van a dar estos instrumentos que están pidiendo.

Las reformas se orientan a la Constitución, ya lo dije, formalmente en México de un Estado policiaco militar, y esto tiene que ver con todas las medidas que se están tomando como la próxima ya el mando único de desaparición de las policías municipales para que quede quién, ¿cuál es el mando único que van a establecer? Este mando único es el ejército.

Un Estado policiaco militar es aquel en donde la fuerza castrense no está subordinada a los derechos humanos, a principios democráticos y al poder civil, este es el poder civil y este poder civil se está subordinando a una voluntad de mandos superiores del ejército, se está subordinando al querer aprobar este documento.

¿Por qué sostengo que esta reforma se orienta al fortalecimiento del Estado de policía militar?, por lo siguiente:

La Secretaría de la Defensa Nacional para contestarle a quienes han venido a decir mentiras, "que esta es la modernización y que es el poner a la justicia militar al tono de la modernidad y del sistema acusatorio", es mentira porque no hay justicia militar.

La Secretaría de la Defensa Nacional designa a los magistrados y jueces del sistema jurisdiccional militar, artículos 7o. y 28 del Código de Justicia Militar. Es el secretario que designa al sistema de justicia del ejército, cuál modernidad, ese absurdo discurso de modernidad es una cuestión de arriba abajo. El Secretario de la Defensa es el que nombra a todos los funcionarios de la justicia militar.

Lo que significa que los altos mandos militares son juez y parte en ese sistema y que el sistema jurisdiccional militar está capturado por los altos mandos militares del país, no es un sistema de justicia, es un sistema vertical, brutal.

La Secretaría de Defensa Nacional designa al Fiscal General de Justicia Militar también, artículo 38 y 39 del Código de Justicia Militar, es decir, designa tanto al acusador como al juez, también designa a los servicios periciales militares en la materia, artículo 35 Bis del Código de Justicia Militar; a la Policía Militar que anda ya por todo el país, artículo 48 del Código de Justicia Militar y a los defensores de oficio militares también los designa, artículo 52 del Código de Justicia Militar.

Todo lo anterior significa que la investigación de los delitos contra la disciplina militar, que es lo que no debe ser simplemente apegándonos a la Constitución, solamente tiene que ver con la disciplina militar y con el fuero militar.

Pero aquí contra la disciplina militar, su persecución, análisis aprobatorio de peritos y procedimientos de administración de justicia militar, están en manos del Secretario General, una clara violación al artículo 49 de la Constitución porque no pueden reunirse funciones de más de dos poderes en una sola persona o institución.

El control del aparato de justicia militar y su centralización en el Secretario de la Defensa Nacional sólo es propio de un estado absoluto, pero no de un estado de derecho.

El sistema jurisdiccional de la justicia militar debería de formar parte del Poder Judicial Federal, y estoy leyendo ésto que está así pergeñado de estas 500 páginas, o algo así, que las están metiendo obligatoriamente para que nadie las lea, para que vean que es mentira lo que aquí se vino a decir, que es una modernización del sistema judicial del ejército; es la peor mentira que puede haber, aquí están los artículos.

Lo que habría que hacer, es que la justicia militar forme parte del Poder Judicial Federal, en éste tendría que haber jueces y magistrados competentes en materia militar, pero sus titulares deberían ser civiles. La disciplina militar es otra cosa y eso es a lo único que se limita el fuero militar y está totalmente desbordado.

La amplitud de los delitos contra la disciplina militar es abundante y excede el contenido semántico de disciplina militar violando el artículo 13 de la Constitución. Existen normas en el dictamen que permiten a los tribunales militares realizar diligencias respecto de personas y bienes de civiles, digo, están dando instrumentos para esa función policiaca que están haciendo en todo el país.

Permiten a los tribunales militares realizar diligencias respecto de personas y bienes civiles: cateos, intervención de telecomunicaciones, presentación de testigos, artículo 128 del dictamen que expide el Código Militar de Procedimientos Penales.

En cualquier estado de derecho y democracia, esas dirigencias deben estar como competencia exclusiva de las autoridades jurisdiccionales civiles, y es lo que dice la ONU al analizar un código que desborda esa limitación que tiene la Constitución de que solamente pueden actuar en relación con la disciplina militar.

Aquí tenemos una presencia ya de ese sistema de justicia, que no es un sistema de justicia, sino es un sistema autoritario que depende del Secretario de la Defensa que nombra a todos los jueces, que nombra a los magistrados, que nombra a los fiscales, que nombra a los testigos.

¿Ese es el régimen que están ustedes proponiendo? Ah, qué vergüenza.

Claro, lo pueden decir porque nadie lo ha leído, ni nadie lo va a leer porque tienen prisa de sacarlo.

Les voy a dar algunos ejemplos de trasgresión a los derechos humanos de este Código Militar de Procedimientos Penales.

En la investigación de los delitos contra la disciplina militar, el Ministerio Público Militar puede solicitar cualquier información a personas y servidores públicos, artículo 212.

Se le dan facultades para que actúe hacia autoridades civiles y exija información. Esta justicia que no es justicia, ésa puede operar así, existen actuaciones que no requieren autorización de los Jueces Militares, entre otras la revisión corporal, la inspección de vehículos, la entrevista a testigos, aportar comunicaciones entre particulares, artículo 247, la inspección de personas y vehículos.

Puede haber cateos a domicilios particulares. ¿Qué tiene que ver con la disciplina militar? Es una barbaridad que están proponiendo que se apruebe. Puede haber cateos a domicilios particulares, artículo 278. Se pueden catear domicilios y oficinas públicas. Es la facultad que están dando a esta estructura férrea de un solo hombre que maneja hasta abajo, que no es justicia militar, sino es una cuestión totalmente antidemocrática, autoritaria y dictatorial. A ésa le están dando esas facultades.

Inspección de vehículos, la entrevista a testigos, aportar comunicaciones entre particulares, oírlas. La inspección de personas y vehículos, decía yo.

Puede haber cateos a domicilios particulares, óiganlo bien, artículo 278. Se pueden catear oficinas públicas, ¿aquí está en lo que ustedes dicen que es la modernización del sistema judicial militar?

Se pueden catear, se los repito, domicilios de oficinas públicas, incluyendo los de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, ahí está, pueden catear este Senado de la República y aquí lo están, ustedes autorizando: Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo de los tres niveles de Gobierno.

¿Qué es eso? ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo?

Pueden venir aquí como en España, Tejero, aquel Coronel que se metió con una pistola para amenazar a los Senadores. Bueno, pues aquí lo pueden hacer.

Se pueden catear domicilios de oficinas públicas incluyendo la de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, de los tres Poderes, en violación a la inviolabilidad de los recintos parlamentarios, previsto en el artículo 61 de la Constitución.

¿Les parece esto normal? ¿Existe una modernización? ¿Autorizar con esa aprobación de un Poder civil sometido a estas barbaridades? ¿Autorizar para que puedan venir a catear aquí al Senado? ¿Eso está bien? ¿Eso establece garantías al Poder Legislativo?

No, pero eso es lo que están aprobando.

La autoridad militar investigadora puede ingresar a un lugar cerrado, edificio, sin autorización judicial.

¿Eso es la modernidad? ¿Estamos ajustándolo a los tratados y a los criterios internacionales?

Pueden ingresar a un lugar cerrado, edificio, sin autorización judicial cuando sea necesario para repeler una agresión, artículo 286.

¿Quién va a decidir cuál es la agresión? ¿Para repeler una agresión se van a meter aquí al Senado de la República? ¿Qué es eso?

Es posible intervenir comunicaciones privadas, aquí lo dijeron, artículo 287.

¿Qué tiene que ver con la disciplina militar?

Se faculta la localización geográfica en tiempo real de personas, incluso sin autorización judicial, artículo 299.

Las audiencias no son públicas, las audiencias, ese maravilloso aparato de justicia militar que estamos modernizando nosotros, poniéndolo al día, las audiencias no son públicas.

Artículo 63. Se contempla la comparecencia obligatoria de testigos.

Imagínense un piquete de soldados, para decirle a cualquiera, bueno a ustedes tal vez no, porque van a votar a favor, pero de otros sí. Van a decirle a un piquete de soldados que están citados como testigos a esas cortes designadas por el Secretario de la Defensa Nacional, con jueces del Secretario de la Defensa Nacional, pueden llevar a los testigos a fuerza, artículo 361.

Las facultades de los fiscales militares son excesivas, contrarias a los derechos humanos de los militares y de los civiles involucrados, artículo 18 Bis.

En síntesis, el Código Militar de Procedimientos Penales es para conocer delitos que van más allá de la disciplina militar; por disciplina militar debemos entender el deber de obediencia entre militares, en la jerarquía militar, eso es todo.

No crear todo un sistema judicial absurdo, dictatorial, el deber de obediencia entre militares es en la jerarquía militar está bien. Todas las conductas que no están relacionadas con la transgresión a la obediencia militar y que incluyen a civiles no están comprendidos por el fuero militar, está prohibido.

Ese dictamen más allá de la disciplina militar viola la Constitución, más allá de la disciplina, de lo que se entiende por disciplina militar e intervienen conductas que corresponden a los civiles, es inconstitucional, absolutamente inconstitucional.

El dictamen está engrandeciendo a las Fuerzas Armadas por encima del estado de derecho y de la soberanía popular, estamos a las puertas de una dictadura militar, en violación a los artículos 13 y 129 de la Constitución.

Ya se fueron más de la mitad, regresarán aquí a cumplir su infame función de votar por esto. Por eso les decía yo que están jugando con fuego, que el ejército es una institución nacional, siempre ha sido respetada, no un ejército recorriendo las calles del país, violando los derechos humanos; no un ejército que está ya dispuesto a entrar en los edificios, en las oficinas públicas, ¿qué es eso, qué no saben?

Yo creo que quien les ordenó votar por esta barbaridad, ni siquiera lo ha leído él, ¿qué presión tienen? Es todavía más horripilante pensar que los están obligando a hacerlo, porque en los bandos militares están preocupados por su situación legal.

Los que vamos a estar preocupados por nuestra situación legal vamos a ser todos los mexicanos. ¡No puede ser! Están jugando con fuego, así se empieza y se termina en dictaduras militares, no se juega con las armas; las armas están para defender la soberanía nacional, no están para convertirse en la policía de nosotros mismos. No lo hagan, piensen cuál es su responsabilidad.

Les pedimos que lo mandaran a análisis en comisiones, no, no, están obligados a sacar este instrumento antidemocrático en el camino a la dictadura policiaca militar, ya viene el mando único también, ya viene toda una serie de medidas para garantizar que las empresas trasnacionales puedan operar con toda libertad en este país.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador, le ruego concluya.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Le agradezco mucho, señor Presidente.

Me da mucha pena, en este Senado ya corrieron, ya huyeron, hay más ayudantes que Senadores. No quieren tener la vergüenza de verse innovados en esa decisión brutal en contra de los mexicanos, en contra del estado de derecho, y crean un grave riesgo para este país.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores San Román.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. De acuerdo al artículo 76, pido que se verifique el quórum.

Efectivamente, aquí hay 40 Senadores, los demás escaños son los asesores y creo que es una vergüenza que los priístas y los panistas ya huyeron, están en sus hamacas esperando llegar el momento, porque aquí que no nos vengan que ahorita están en comisiones, ya se acabaron las comisiones.

Entonces, creo que es una obligación que cuando menos se tomen la molestia de venir a escuchar lo que ni siquiera han leído.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ábrase el sistema electrónico de votación para verificar el quórum hasta por cinco minutos.

(Se abre el sistema electrónico)

Les ruego a los Senadores que van a intervenir en este debate, se ajusten al tiempo, de tal manera que podamos desahogar los muchos temas que tenemos pendientes en la agenda.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por diez minutos, para fijar la posición de su grupo parlamentario.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente, con su venia. Señoras y señores Senadores:

Antes de iniciar mi intervención es importante dejar asentado que un dictamen tan importante como el que hoy estamos pretendiendo discutir aquí y que está inscrito en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio en la jurisdicción militar es verdaderamente inadmisible que se hayan violentado todos los procedimientos legislativos que evitaron un análisis realmente profundo de este documento que hoy nos están presentando.

Tenemos que señalar que en otros procesos importantes, por ejemplo, puedo recordar el del Código de Justicia Militar que solamente reformamos algunos artículos, las discusiones fueron de meses de trabajo y solamente reformamos algunos artículos y eso le consta, pues empezando por el Presidente de la Mesa que como Presidente de la Comisión de Justicia dirigió a las comisiones que estuvimos trabajando en la revisión solamente de algunos artículos del Código de Justicia Militar.

Pero hoy estamos frente a un Código Militar de Procedimientos Penales y debíamos haber realizado cada uno de los artículos que hoy están siendo mencionados por mi compañera y los Senadores que me antecedieron.

Es imposible negar que, efectivamente, hay una creación de una fiscalía, una defensoría, hay ciertamente la supresión de los Consejos de Guerra, se definen algunos procedimientos militares que ahora son y serán sustituidos por juzgados de control, por tribunales de juicios orales; es verdad que hay algunos cambios que están inscritos en evidenciar el esfuerzo para tener un documento inscrito en el nuevo proceso de la Constitución que va a entrar en vigor a partir de unas semanas.

Sin embargo, esta actuación irregular que ha llevado a que las Fuerzas Armadas sean señaladas por organismos internacionales como responsables de violaciones graves a los derechos humanos las violaciones de los integrantes de las Fuerzas Armadas no son, según se señalan excepcionales, sino que son, en algunas zonas bastante habituales, y eso simplemente como botón de muestra es haber conocido un video que se filtró, que pareciera es un modus operandi de cómo elementos del ejército torturan a una mujer de Guerrero y que no se ha profundizado de manera puntual para saber cuántos casos más están así, grabados de manera premeditada para hacer constar la forma como trabajan para obtener confesiones de una persona a la que se presume ha cometido o está involucrada en una comisión de delito. No es suficiente, aunque es importante pedir disculpas, pero no es suficiente.

La voluntad política para discutir cada uno de los artículos que nos llama la atención y que aquí solamente puedo mostrar algunas páginas de las observaciones de cada uno de estos artículos que son preocupación, que deberíamos de tener compartida todas y todos los que estamos aquí, porque todos estos casos que se hacen y que se ventilan, demuestran aspectos realmente preocupantes que se están dando en el contexto de una sociedad que cada vez tiene más riesgos.

Ya en la propia oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha alertado sus preocupaciones respecto a aquellos casos en los que se prevén facultades para órganos militares, cuyas acciones pudieran afectar a personas e instituciones civiles, sin los criterios claros y consistentes que garanticen la seguridad jurídica y el respeto a los derechos fundamentales, para excluir que las autoridades militares puedan realizar directamente acciones de investigación sin estar sujetas a control judicial.

Al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática fundamentalmente nos preocupa la facultad otorgada a los tribunales castrenses para el cateo de los domicilios de las personas, así como la invasión de sus comunicaciones privadas y aspectos graves como la comparecencia de civiles en la jurisdicción militar, así también es necesario señalar aquellos actos de investigación tan amplios que no requieren control judicial.

Todo ello no sólo contraviene nuestra Constitución sino también tratados internacionales, y aquí ya se ha mencionado, las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano.

Tan preocupante es este dictamen que las víctimas apenas son consideradas, sólo se reconocen aquellas que su único derecho a la reparación del daño puede ser monetaria, sin considerar la reparación integral en los términos, como ya lo tenemos inscritos en la Ley General de Atención a Víctimas.

Es preocupante la comparecencia de personas, testigos o expertos en los procedimientos militares sin ninguna regulación para que la misma se produzca de forma que contribuya a la justicia sin poner en riesgo el derecho de las personas a no ser sometidas a la jurisdicción militar.

Por tanto, el grupo parlamentario del PRD no puede avalar un dictamen en estas condiciones, no podemos aceptar que se hayan violentado todos los procedimientos de discusión de un dictamen, de una ley tan trascendental como la que se pretende presentar hoy.

Es necesario que retomemos la forma de trabajo de comisiones, que sí es muy cansado, nadie puede negarlo, pero dedicarnos, como lo hemos hecho en otros ejercicios, artículo por artículo, de manera fundada, saber cuándo estamos frente a violaciones a otras leyes, al marco fundamental del país o a tratados internacionales. Es importante también tomar en cuenta las distintas recomendaciones que a México se le hacen precisamente en este tema y en esta materia.

No podemos permitir que hoy por una prisa y ante la presión de que debe entrar en unas cuantas semanas en vigor la reforma constitucional decretada en 2008, hoy estemos con las prisas de estar aprobando un código que no se ha leído de manera pertinente, que no se ha estudiado y que no se conoce por la mayoría o prácticamente de todos los que están aquí enfrente de mí.

Es verdaderamente irresponsable, señoras y señores, que hoy estemos haciendo esto; lo que decidimos hoy es realmente histórico y la historia nos lo va a reclamar.

Eso es todo lo que tenemos que decir.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

En virtud de que hay quórum, ciérrese el sistema electrónico de votación y publíquese la lista de asistencia.

Registre la Secretaría la asistencia de la Senadora Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks y Jesús Casillas Romero, se toma nota por parte de la Secretaría, publíquese la lista de asistencia.

Tiene el uso de la palabra el Senador Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para fijar la posición de su grupo parlamentario, hasta por diez minutos.

El Senador Ismael Hernández Deras: Con su permiso, señor Presidente.

La reforma que hoy sometemos a su consideración para el grupo parlamentario del PRI es de gran trascendencia, porque desde nuestro punto de vista armoniza el marco jurídico en materia de persecución, procuración e impartición de justicia en el ámbito castrense. Producto éste de la reforma penal que instituye un nuevo sistema penal acusatorio.

Damos cumplimiento al plazo establecido efectivamente en la reforma constitucional del 2008, el cual señala como fecha límite para su implementación el 18 de junio de este año.

La reforma y la nueva legislación tienen como base el respeto y promoción de los derechos humanos en el proceso de justicia militar.
Un aspecto sustancial es la creación de la figura del juez de control que permitirá asegurar el debido proceso.

Es importante mencionar que se eliminan los Consejos de Guerra, con lo que se da paso a la instauración de Juzgados Militares de Control y Tribunales Militares de Juicio Oral que serán dirigidos por los Jueces de Control, con el propósito de garantizar una defensa adecuada, la cual representa un derecho fundamental e irrenunciable a los imputados por delito de fuero militar.

Se crea la Defensoría de Oficio Militar que sustituye al Cuerpo de Defensores de Oficio; se crean también mecanismos alternativos de solución de diferencias, a fin de hacer más eficiente la impartición de justicia militar.

Cabe mencionar que la presunción de inocencia es eje fundamental de este nuevo Sistema de Justicia Militar garantizando en todas las etapas del proceso, se respeten los derechos fundamentales del acusado.

El proceso penal en la jurisdicción militar será acusatorio y oral.

En cuyos trabajos se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

También contempla el establecimiento de diversas normas que para llevar a cabo a investigaciones, procesamiento y sanción de los delitos.

El objetivo es muy claro para nosotros, prevenir la inmunidad y salvaguardar los derechos humanos garantizando el derecho de reparación del daño.

Amigas y amigos, compañeras y compañeros: Con la aprobación de este dictamen, se precisan cada una de las funciones de los operadores del sistema con el Código Militar de Procedimientos Penales, con ello, se da absoluta certeza jurídica a las facultades y atribuciones de cada uno de los actores implicados en el proceso penal.

En el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de que con su voto a favor se fomentará, sin duda, en las actuales condiciones que viven algunas partes del país; la transparencia en cada uno de los procesos penales garantizará el debido proceso y la presunción de inocencia.

Los cambios que votaremos son de vital importancia porque armonizan el marco normativo castrense con la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

También estamos convencidos en el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institución, con esta reforma, la Procuraduría General de Justicia Militar se transforma en Fiscalía General de Justicia Militar, misma que encabezará la institución del Ministerio Público, responsable de la investigación y persecución de los probables hechos constitutivos del delito en cuanto a la competencia de los Tribunales Militares.

Sin duda que el país y la seguridad, y en ocasiones los temas en algunas regiones, hasta por riesgos de seguridad nacional, hace necesario que se ajuste la norma militar.

Es importante garantizar, también desde nuestro punto de vista, a las Fuerzas Armadas, seguridad jurídica y una justicia pronta.

Así este dictamen tiene como un propósito fundamental que la justicia militar se transforme y se armonice, se adecue a la nueva realidad jurídico-procesal del país.

No olvidemos, amigas y amigos, que el principio de los derechos humanos es universal, es para todos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Hernández Deras.

Pasamos a la discusión en lo general, y se concede el uso de la palabra a la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen, hasta por cinco minutos.

La Senadora Layda Sansores San Román: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Aquí pongo mi camarita para que quede un registro de la atención que los Senadores ponen cuando se trata de leyes tan trascendentes que impactarán la vida de México.

Escuchaba al Senador Bartlett Díaz, hace uno momentos, con esa emoción, con esa vehemencia pidiéndoles que reflexionen, que esto es peligroso.

Yo me decía, ¿qué van a reflexionar?, en este Senado la reflexión, el análisis, el debate, están muertos. Aquí lo que priva es la línea, y a ella se ajusta.

Señor Gamboa: ¿No sé si todavía esté aquí? ¡Sí! Porque luego vienen y se van.

El Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Le pongo mucha atención, Senadora.

La Senadora Layda Sansores San Román: Sí, muchas gracias, porque están en la chorcha, pero aquí los estamos registrando, cómo platican, cómo se ríen, es una fiesta.

Si no tienen interés, ¿para qué hacemos estos maratones de última hora? ¡Seamos responsables!

Yo le decía, señor Gamboa, con mucho respeto, sé que usted intenta ayudar a Peña Nieto, pero, sí, desgraciadamente hay ayudas que no deben darse. No creo que lo ayude mucho, pero le agradezco la buena intención. Creo que así usted no ayuda ni a Peña Nieto, ni ayuda al país. Esto los hunde como un país democrático.

Tácito decía hace más de 2 mil millones de años que: "Los peores enemigos son los que aprueban siempre todo". Pues este Senado está lleno de enemigos de Peña, y como dice el Senador Encinas: "Esta es una de las leyes más delicadas, y se va a aprobar seguramente atropellando todo el procedimiento legislativo", y aquí lo único que se les ocurre pedir es, ¡tiempo, tiempo! Es una burla.

Todas estas reformas al Código de Justicia Militar van en contra de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya lo dijeron mis compañeros, esto lo sancionó al Estado mexicano por el caso Rosendo Radilla, que fue un civil, los que no saben quién fue, civil desaparecido, juzgado y enterrado en un cuartel.

La corte determinó que un estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar a de tener un alcance respectivo y excepcional, lo dijo Dolores Padierna, muy claro, y que en el fuero militar sólo se deben juzgar a militares activos, por lo tanto, el Estado mexicano está en desacato al pretender revertir los efectos de la condena.

La autoridad de esta iniciativa, para que quede el registro, es del General de División Daniel Virgilio Méndez, ex Subsecretario de la Defensa, quien participó en las operaciones contra insurgentes en Chiapas. Ya se están preparando, como dijo el Senador Bartlett, para lo que viene.

Y justo cuando el ejército está atravesando uno de sus peores momentos de desprestigio, cuando se ha convertido en el estandarte del atropello de los derechos humanos, acusados de tortura, de desaparición forzada, de ejecuciones extrajudiciales por la labor policiaca a la que el gobierno los ha obligado a realizar.

Cuando aún se siente en carne viva Tlatlaya y Ayotzinapa, es cuando se propone modificar el Código de Justicia Militar para supremacía al régimen militar sobre el poder civil del Estado. ¡Qué inoportunos!

Un ejemplo fresco es el del Teniente de Infantería José Orizaga, quien denunció por tortura a agentes de la policía judicial militar, y que se lleva la sorpresa, el fiscal era justamente quien lo había torturado.

El Senado ha claudicado en ejercer controles sobre el ejército.

Aquí tres veces he solicitado que los Secretarios de las Fuerzas Armadas acudan a este recinto para rendir cuentas, como lo hacen en cualquier país democrático. ¿Por qué los militares no hacen licitaciones? Manejan millones de pesos que no transparentan.

En Chiapas, la Marina ya tiene hasta un campo de golf y ustedes no lo saben. Cultivan generales en maceta.

Hay casi tantos altos mandos, como tropa, los superiores de la milicia viven con muchos privilegios, mientras que los soldados lo hacen con riesgo y con penuria.

Un día diremos: ¡México, un General en cada soldado te dio!

Estas reformas son un retroceso, una vuelta al pasado, al oscurantismo y esto que dicen es una aberración.

Se podrán intervenir las comunicaciones de forma oral, escrita, por signos, por señales. Imaginan cómo nos estarán espiando mediante el uso de cualquier medio, celulares, computadoras, equipos informáticos y hasta palomas mensajeras, se le está otorgando la capacidad de detener, investigar, juzgar y condenar a civiles.

Y aquí lo que se ha dicho al cansancio, pero para que lo oigan, porque no lo leyeron, el artículo 282 de esta reforma contempla el cateo a domicilios, particulares, por orden incluso de un juez militar, y esto viola el artículo 16 constitucional. Asimismo, este artículo autoriza el cateo en oficinas públicas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, lo que trastoca la división de poderes contemplados por la Constitución, nunca vimos aquí al general rendir cuentas, pero un día los vamos a ver entrar aquí armados, pues no sé para qué, porque se olvidan que el Congreso es inviolable, pero, no obstante, ahora el ejército podrá hacer lo que quiera, el Congreso ya aprobó su docilidad.

Yo espero a ver de qué tamaño es la autonomía del Poder Judicial y si esto lo van a permitir.

Hemos tenido agentes del Estado Mayor disfrazados de elegantes civiles, y me pregunto: ¿Por qué se prevé una intervención del ejército en estos recintos, qué plantíos vendrán a destruir en estos pasillos, o acaso ya tendrán información que aquí en este Senado se refugian capos y mafiosos, o estarán pensando en la calificación del 18?

Con estas reformas, la justicia militar se va a constituir en la antítesis del derecho, el Secretario de la Defensa podrá detentar más autoridad que cualquiera de los Poderes del Estado, inclusive por encima del Presidente de la República en su calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, eso ya es un decir.

Peña tiene miedo, es un cobarde y siente que ha perdido al pueblo, y ustedes también, en corito, en el anonimato, griten, así defienden a Peña Nieto, siendo sus cómplices y sus comparsas.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora, concluya su intervención, y ruego a la Asamblea mantener el orden.

La Senadora Layda Sansores San Román: Me permite terminar, aquí usted ha sido muy generoso con los compañeros, y creo que es lo menos que podemos hacer aquí, es hablar si ustedes están avasallando, así que me espera, me faltan dos párrafos.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora, concluya su intervención, por favor.

La Senadora Layda Sansores San Román: Voy a concluir dentro de dos párrafos, escúcheme señor Presidente, sea respetuoso y paciente, porque aquí nada más les tocan a Peña Nieto y entonces sí gritan y se despiertan, porque así se ganan las gubernaturas, así siendo dóciles, siendo lambiscones, eso lo tienen bien entrenado.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora, le ruego concluya su intervención.

La Senadora Layda Sansores San Román: El Secretario de la Defensa, yo les decía; ¡Ah! me quedé en Peña Nieto, pues sí, ya no cuenta con el pueblo y ya se fue a refugiar a los brazos del ejército, está arrodillado ante él y les concede lo que le piden y más.

Peña Nieto nos deja un legado de pobreza, de corrupción, de impunidad, de fracaso tras fracaso en cada una de sus reformas, desmanteló todo nuestro patrimonio, pero el peor legado que nos deja es haber impuesto en México un régimen policiaco y militar, esa es su peor herencia y es una herencia maldita que la van a sufrir sus hijos.

Es cuanto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Sansores San Román.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.

La Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Un principio fundamental tanto en el derecho como en la administración pública, como en la vida misma es útil, si tomaran el consejo les sería verdaderamente provechoso, es ubicar con claridad, con objetividad lo que se está analizando, lo que se está escudriñando, para que ese análisis objetivo nos permita llegar a conclusiones que les sean de utilidad, en este caso, al país.

Yo quiero leerles, porque parece que no se leyó, yo quiero leerles en el Código Militar de Procedimientos Penales, el Capítulo Único que dice "Ámbito de aplicación y objeto". Y el artículo 1 de este Código dice, y lo señalo de manera textual:

"Las disposiciones de este Código son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana, por los delitos contra la disciplina militar en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte".

Hay que leer para entender y para no confundir o no intentar confundir a los Senadores. Este Código es de aplicación estricta por los delitos contra la disciplina militar y, en consecuencia, contra aquellos militares que forman parte de nuestro ejército.

El derecho, y lo sabe muy bien quien ha pasado por las aulas de una facultad de derecho; el derecho se lee, desde luego, de manera específica como lo acabo de hacer, pero también se revisa en lo que se le llama una interpretación integral, en una concatenación de orden de cuerpos normativos para que no hagamos lo que me parece que aquí se ha pretendido hacer, sacar de contexto varios de los artículos que estamos planteando ante ustedes como necesarios para que podamos avanzar en materia de justicia militar, y no me parece correcto.
El México de hoy es un México muy distinto al México de los 70's, al México de los 80's, es un México muy distinto.

Tenemos desde 1933 un Código Militar que fue expedido por el Ejecutivo y que tuvo a lo largo de los años, en 1937, 1942, 1994, 1998, 1999, 2005, 2011, 2012 y 2014, ha tenido diversas.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora Ortiz González, permítame, por favor.

Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Si la Senadora Graciela Ortiz me permitiera hacerle una pregunta.

La Senadora Graciela Ortiz González: Al finalizar, con todo gusto, Senadora.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Al finalizar su intervención.

Continúe, Senadora, por favor.

La Senadora Graciela Ortiz González: Son una serie de modificaciones las que se le han hecho, pero no habíamos verdaderamente llevado a cabo la tarea legislativa que estamos haciendo el día de hoy, de expedir reformas necesarias para que armonicemos y actualicemos en materia de justicia militar el Código de Justicia Militar y, desde luego, el Código Militar de Procedimientos Penales que ni siquiera existía.

Es hasta el 13 de junio de 2014 que se hace la última modificación, que es justamente en acatamiento, fíjense ustedes, en acatamiento a la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Radilla Pacheco.

Yo quisiera decirles algunos aspectos que me parece que son fundamentales para que primero ubiquemos, agradezcamos y reconozcamos lo que es el Ejército Mexicano. Un ejército que merece de los mexicanos todo el reconocimiento, un ejército que ha venido actuando en el servicio de la Patria, al servicio de México y de los mexicanos de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo a lo que la ley le establece y de acuerdo a lo que los mexicanos le han demandado.

Compañeras y compañeros Senadores: Yo vengo de un estado, lo he platicado, lo he referido en esta tribuna y hoy lo quiero reiterar, yo vengo de un estado en el que hace muy pocos años vimos al Ejército Mexicano entrar a Ciudad Juárez a poner el orden porque teníamos más de 5 mil homicidios anuales que no era posible atender y resolver solamente con el fuero civil, con la policía estatal, mucho menos con las policías municipales que, ustedes lo saben, muchas de esas policías municipales lamentablemente en el país han sido infiltradas por el crimen organizado.

Aplaudimos la entrada del Ejército Mexicano porque ayudó a resolver, por lo menos con su presencia, a respaldar la actuación del fuero civil en el combate a los delitos de una delincuencia que estaba totalmente desbordada en nuestro estado, y lo vimos en otros estados. ¿Eso es sólo deseable para el país? No, ciertamente no.

¿Debemos de avanzar en el mejoramiento, en el fortalecimiento de las instituciones públicas que deban de atender el tema del crimen organizado? Por supuesto que sí, pero hoy en día tenemos que reconocer la necesidad de modernizar y de actualizar el cuerpo normativo que atiende y le da facultades al fuero militar para la persecución de los delitos del orden militar.

Para no excederme mucho más de lo que hicieron mis compañeros aquí, solamente voy a dar algunos datos que me parece que son importantes:

La Secretaría de la Defensa Nacional, esa que hoy se trata de denostar en esta tribuna, ha puesto a disposición de las autoridades federales a 1,273 militares para que se han juzgados por delitos cometidos contra los civiles.

Hay 558 casos canalizados a la PGR por acusaciones de tortura, desaparición forzada y homicidio.

Desde abril de 2012 la justicia militar ha enviado a la PGR 229 casos por actos de tortura cometidos entre 2007 y 2015 por personal del ejército.

El fuero militar tiene actualmente una efectividad del 95 por ciento en el procesamiento de los transgresores de las normas castrenses y la mayoría de los casos también han tenido sanción.

Yo solo quisiera decirles que, en el caso del fuero civil, no traemos el mismo grado de efectividad. No estoy diciendo de ninguna manera, porque sé que así se va a plantear, que deba prevalecer el fuero militar sobre el civil, no señores, no es así, simplemente estoy estableciendo que el ejército ha cumplido interiormente con las reglas que se han establecido para su actuación y la atención debida de la comisión de delitos por militares, y que los mexicanos aquí en México todavía reconocemos, avalamos al Ejército Mexicano y consideramos que lo que estamos planteando el día de hoy aquí, es absolutamente necesario para que continúe funcionando en la mejor de las condiciones.

Y por último les día que ayer fue aprobada en comisiones unidas esta minuta que procedía de Cámara de Diputados. Hoy fue aprobado también en comisiones unidas un proyecto de Decreto en materia de tortura, ambos tuvieron el mismo tiempo disponible para su discusión y su análisis.

No hay irresponsabilidad de las comisiones unidas que estuvimos trabajando este tema. Hay una profunda responsabilidad con los mexicanos que sufren el embate del crimen organizado y que pareciera, en un ala de este Senado, no importar mucho.

Quienes venimos de esa guerra, quienes la hemos padecido, quienes tenemos víctimas en nuestros estados, por ello celebramos que estemos hoy aquí discutiendo esta ley.

Muchas gracias, por su atención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Ortiz González.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse en contra del dictamen.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Estamos discutiendo un tema trascendental para la vida democrática de este país.

La compañera que me antecedió en el uso de la palabra dice que no leemos bien las cosas.

Esta ley por supuesto que es una ley que trasgrede los valores democráticos más importantes por los que hemos luchado.

Hemos buscado que los jueces sean autónomos. Aquí mismo hemos discutido a profundidad cuando se presentan los currículums, y hemos señalado con mucha claridad que no puede haber justicia imparcial, independiente, objetiva, con certeza para los justiciables, si los jueces no deliberan únicamente con su conciencia y con la ley en la mano.

¿Cuál es el problema de este código?

Pues simple, que absolutamente todos los que intervienen en los juicios los nombra el Secretario de la Defensa Nacional, quien a su vez ejerce funciones operativas y judiciales sobre el Ejército.

En la medida que el Secretario de la Defensa Nacional es el máximo responsable de las actuaciones del Ejército, fíjense bien qué grave, a la vez que dirige el Sistema de Justicia Militar nombrando a los Jueces, Magistrados, Defensores Públicos, Agentes del Ministerio Público, la condición, como bien lo señalaba aquí el Senador Bartlett Díaz, es que tienen que ser miembros activos de las Fuerzas Armadas y tener una jerarquía por supuesto menor a la del Secretario.

Compañeras y compañeros Senadores, ¿sinceramente ustedes creen que algún Juez de Control, algún Ministerio Público se va a atrever a contradecir al Secretario de la Defensa Nacional, si es su jefe?

Evidentemente que no, todos estos juicios que se celebren al amparo de este código serán juicios de consigna, porque no hay imparcialidad, independencia, objetividad, certeza para el justiciable, y no hay autonomía de quien juzga.

Otro problema que presenta este código, es que los Jueces y Magistrados Militares no gozan de la garantía de inamovilidad en el cargo, y podrían razonablemente temer a que el Secretario de la Defensa Nacional lo remueva de su cargo u obstaculice de otro modo su carrera profesional, si se adoptan decisiones que el Secretario no comparte. Es decir, al ser el Secretario de la Defensa Nacional quien pone, pues también tiene la facultad de quitar, y entonces dónde quedan los derechos que aquí se han venido a enunciar.

Decía la compañera que me antecedió en el uso de la palabra, está garantizada la presunción de inocencia. Los militares no conocen de presunción de inocencia, solamente conocen de órdenes ciegas; obediencia ciega.

Si el ciudadano Secretario de la Defensa Nacional les ordena que ejecuten, lo van a ejecutar sin ningún problema. Y quizás el más grave de los problemas que presenta este código, no es que no existe ningún escrutinio público, ni información disponible sobre lo que sucede realmente durante los procesos judiciales militares, lo cuales pueden extenderse durante varios años. Van a argumentar que es un tema de seguridad nacional, y que como es un tema de seguridad nacional, entonces no se puede dar información, solamente a los que participan en el juicio, cuando todos los juicios en este país, y alguien venga a desmentirme, deben ser juicios públicos, a ver si los militares lo permiten.

Discutimos ayer el tema de la justicia para adolescentes, y aquí todos coincidimos en que el interés superior del niño es el que debe prevalecer cuando se trate de los infantes.

Pensé que la Senadora Padierna Luna estaba bromeando, porque no había leído esta parte del código, el artículo 47, cuando se habla de que el derecho superior del niño queda subordinado a lo que determinen los militares.

Dice el artículo 47: "Quienes tengan entre 12 años de edad y menos de 18, se les informará que deben conducirse con verdad en sus manifestaciones ante el Órgano Jurisdiccional Militar".

¿Defendemos o no el interés superior del niño?

El artículo 87 en el tema de la citación: "Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano Jurisdiccional Militar o ante el Ministerio Público, cuando ésta sea citada".

¿Qué dice el artículo 1?

¡Por favor, compañeras y compañeros Senadores!

"Los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta de orden militar estuviese implicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda".

Dice Carbonell, uno de los constitucionalistas más importantes de este país, que por el simple hecho de que esté involucrado un civil, los militares no deben conocer del caso, debe ser un juez civil.

Claro, claro, entonces, ¿por qué citamos a los niños? ¿Entonces por qué involucramos en la citación: toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano Jurisdiccional Militar o ante el Ministerio Público cuando sea citada?

Coinciden, pues entonces vamos a votar en contra de este código.

El artículo 278. "Cuando en la investigación el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo, en razón de que el lugar a inspeccionar es un domicilio una propiedad privada, solicitará por cualquier medio la autorización judicial para practicar el acto de investigación correspondiente".

Compañeros, estamos exponiendo a nuestro Ejército a que continúe y se exponga a la investigación de órganos internacionales por violaciones a derechos fundamentales. Ustedes niegan la militarización del país, pero el artículo que les acabo de leer es claro, la violación constitucional es permanente.

Alguien también ya lo dijo aquí, el Secretario de la Defensa Nacional será el Súper-Secretario, porque incluso podrá invadir este Senado de la República, si lo considera pertinente.

Compañeros Senadores, los llamamos a la reflexión. No convirtamos al país, en un espacio en donde la violación de los derechos humanos sea la constante, revisen las estadísticas de las violaciones del Ejército, a hora que lo involucraron en la guerra contra el narcotráfico, y revisen, de esas violaciones del Ejército, ¿qué hace el Ejército? ¿Cuántas han sido resueltas? Ahí están las estadísticas. Llamamos a la cordura, llamamos a la cordura para que este código sea desechado de manera unánime.

Por su atención, muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Tiene el uso de la palabra el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para referirse en contra del dictamen.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Asamblea.

La contabilidad que estamos haciendo, pues no alcanzan los votos de la izquierda y de dos o tres panistas reflexivos que afortunadamente siempre hay en esa bancada para frenar esto que ha sido definido, y me sumo, como un atropello.

Y como ha sido esto explicado de manera puntual por compañeros del PRD y de mi propia bancada del PT, de manera clara, no pudiendo superar la explicación académica, práctica, legal que han dado mis compañeros, enfocaré mi intervención en hacer unas observaciones, para que quienes voten a favor, por lo que veo será la mayoría, tomen en cuenta que esta ley es atentatoria contra la libertad de expresión.

En el esfuerzo por mantener la disciplina militar en el fuero de guerra, esta ley termina por conculcar el derecho a la información de los mexicanos.

Sostengo que con este código se viola la libertad de expresión, ya que la presencia de las compañeras y compañeros periodistas en las salas y audiencias de los procesos militares, queda supeditada al criterio discrecional del titular del órgano jurisdiccional castrense. La discrecionalidad, lo sabemos, es la antesala del abuso.

Al abrir la puerta en este Código Militar de Procedimientos Penales, a consideraciones personales y subjetivas por parte del titular del Órgano Jurisdiccional Militar, se expone también a los periodistas a ser víctimas de abusos por imponerles multas o, incluso, arrestarlos, por el sólo hecho de estar cumpliendo con su labor informativa, en beneficio de la sociedad.

Debemos tener presente que la libertad de expresión es el pilar de todo un sistema democrático.

Por ello a quienes voten en favor, los conmino a que con responsabilidad revisen el cuarto párrafo del artículo 4 que a la letra establece: "Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia en los casos y condiciones que determine el Órgano Jurisdiccional Militar conforme a lo dispuesto por la Constitución, este código y los acuerdos generales que emita el Tribunal Superior Militar".

Como se puede apreciar, no se reconoce el derecho a la libertad de expresión, ya que queda condicionado a lo que determine un Juez Militar.

No importa que en el precepto se agregue que será conforme a la Constitución, el código, y lo más peligroso, los acuerdos generales que emita el Tribunal Superior Militar, ya que ni la Constitución ni el código contiene regla alguna, además de lo citado en el propio artículo 4.

Los demás preceptos del código no son más que sanciones para este atropello a la libertad de expresión.

Posteriormente, en el último párrafo del artículo 54 se establece que: los periodistas o los medios de comunicación acreditados, deberán abstenerse de grabar y transmitir por cualquier medio la audiencia.

Con esto se vulnera el principio de publicidad que nos dicen contiene la ley, pues de lo que se trata un estado de derecho es precisamente que la sociedad esté enterada de la forma en que se ventilan las causas penales y principalmente de que se haga justicia y pleno respeto a los derechos humanos.

El documental "Presunto Culpable" nos permitió desenmascarar una serie de prácticas abusivas, y que se reconociera la inocencia de un procesado.

Por las razones anteriores, propongo de manera puntual que se elimine el cuarto párrafo del artículo 4 así como el último párrafo del artículo 54 del Código Militar de Procedimientos Penales.

Por otra parte, de manera inexplicable no se respeta el derecho del periodista a abstenerse a revelar su fuente.

En cualquier país democrático los periodistas son alentados a informar, incluso de las cuestiones más críticas, y para ello, se respetan sus fuentes. En muchas ocasiones la única forma de obtener los datos y la información radica en respetar a la fuente que, de otra manera, no haría la declaración o manifestación alguna el periodista. El comunicador asume el riesgo de quedar expuesto a represalias, ataques y agresiones, pero tiene el valor de cumplir con su fuente, y se abstiene de revelar su identidad.

Hace unos días fue ejecutado en Guerrero otro periodista, son docenas los compañeros, periodistas también que han sido asesinados, desaparecidos previa tortura, amenazados, víctimas de múltiples agresiones por parte tanto de la delincuencia como de muchos servidores públicos sin escrúpulos.

Por ello es de justicia y el reconocimiento a la valiente labor del gremio de los periodistas que se incluya en el artículo 359 del Código Militar de Procedimientos Penales, a los periodistas entre las personas que entre las personas que aun siendo citadas no queden obligadas a declarar.

Resulta imperativo recordar a esta Asamblea que la mayoría de las agresiones en contra del periodista provienen de servidores públicos, así lo confirma la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversas organizaciones de periodistas como "Artículo 19", la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otras.

Si dejamos que los jueces o tribunales militares de manera discrecional decidan si dan acceso o no a los periodistas, y además se encuentran habilitados para imponer medidas de apremio que van desde multas hasta arrestos, lo más probable es que las audiencias donde se acuse a militares se lleven a cabo en absoluta secrecía. Lograrán imponer la ley mordaza dejando fuera de las salas de actuaciones a los medios de comunicación y exponiendo a los periodistas a todo tipo de atropellos.

Se les puede incluso acusar de incurrir en el delito de resistencia de particulares, cuando es tan sencillo aceptar que México ya cambió, y que la gente quiere estar enterada del detalle de los juicios contra los militares.

Si comparamos las disposiciones de este código militar con las del código nacional nos percataremos de que no hay ninguna razón válida para intentar reprimir a la prensa más que el deseo de ocultar hechos bochornosos que hemos conocido y seguramente se seguirán dando.

No entiendo por qué si el propio General Secretario de inmediato reconoció los recientes hechos de tortura por parte del personal militar, y ofreció disculpas. Se pretende que este Senado tome medidas legislativas que atentan contra el estado de derecho y los derechos humanos.

Las Fuerzas Armadas son la institución mejor evaluada por el pueblo de México.

Su imagen no se verá afectada porque la prensa dé a conocer los pormenores de los juicios en los que se aplique la ley a elementos de su personal que hayan fallado al honor encomendado.

En mi calidad de presidente de la comisión especial, para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, de manera reiterada recibo quejas de diversos compañeros en todo el país que, injustamente son citados, tanto por tribunales federales como del fuero común y se pretende obligarles a revelar su fuente poniéndolos en peligro ante la delincuencia y en un claro ataque a la libertad de expresión.

En conmemoración de los periodistas caídos en el cumplimiento de su deber, les exhorto, compañeras y compañeros Senadores, a que depuremos los tres preceptos que he revisado.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame, Senador.

Sonido en el escaño de la Senadora Marcela Guerra.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Me permite hacer una pregunta al orador.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Acepta usted una pregunta, Senador Blásquez Salinas?

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Le pido si tiene algún cuestionamiento, lo venga a citar aquí a la tribuna.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Es una pregunta pequeña, nada más tiene que ver precisamente con el fragmento.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No, Senadora, no aceptó el Senador.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Gracias.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Expóngalo en tribuna, Senadora.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Blásquez Salinas.

Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen.

El Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Son muchos los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas.

Esto lastima a las instituciones militares y las desvía de su verdadera función.

En reiteradas ocasiones los miembros de las Fuerzas Armadas se han visto involucrados en asuntos de ejecuciones, torturas, maltrato, desapariciones forzadas, entre otros, que han quedado en la impunidad, como los casos de Apatzingán, Tanhuato, Tlatlaya y Ayotzinapa, entre otros.

En este momento que se discuten las reformas en materia de justicia militar, no podemos dejar de señalar lo anterior, porque el nuevo marco jurídico debiera limitar los abusos y excesos que se han cometido por militares y garantizar al respeto al debido proceso y al derecho de acceso a la justicia y a la reparación del daño de las víctimas y de los ofendidos.

Derivado de lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llegado a condenar al Estado mexicano por graves violaciones de los derechos humanos, perpetrados desde organismos e instancias de las Fuerzas Armadas, y ha señalado que debe reformarse la justicia militar.

Asimismo, al haberse implementado el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial en el fuero común y federal, se hace necesario que la justicia militar se adecúe a la nueva realidad jurídico-procesal penal en el país.

En este contexto, no queda duda de que es urgente reformar los ordenamientos de justicia militar y armonizarlos con las disposiciones internacionales y nacionales en materia de un sistema más democrático, como el Sistema Procesal Acusatorio y Adversarial.

Me manifiesto a favor de que el Código de Justicia Militar se transforme de su forma inquisitiva actual a la plena armonización con la reforma en materia del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

En un estado de derecho debe prevalecer la transparencia en la impartición de justicia, así como el respeto a los derechos humanos de las partes que intervienen en un procedimiento penal.

La actualización del Código de Justicia Militar, junto con la expedición del Código Militar de Procedimientos Penales, debe crear las hipótesis jurídicas y los procedimientos necesarios para que jueces y tribunales del fuero de guerra, modernicen sus métodos y procedimientos en la impartición de justicia pronta y expedita.

A partir de las reformas en materia de justicia militar, el proceso penal deberá ser acusatorio y oral, y regirse por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, lo que representa una oportunidad de igualdad en el trato ante la ley y el respeto a los derechos humanos de las partes en proceso. La publicidad de las audiencias orales permitirá conocer la dinámica de su desarrollo, el desempeño de los operadores jurídicos y las pretensiones de las partes, sus argumentos, los datos, medios de prueba en los que las sustentan, así como las resoluciones emitidas por los jueces y tribunales militares.

Sin embargo, esta reforma no logrará aún el objetivo de garantizar imparcialidad e independencia a la justicia militar, ni mucho menos garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las partes y de las personas civiles involucradas en el proceso de investigación, ya que este dictamen faculta a los juzgados militares para cometer actos tales como el cateo de un domicilio civil, así como las intervenciones de telecomunicaciones privadas y la facultad de citar ante el Ministerio Público o el Juez Militar a personas civiles.

Esta propuesta ha sido empañada por un modo inadecuado y legítimo con que se ha querido aprobar, además es necesario discutir a profundidad algunos aspectos particulares, ya que presenta graves problemas en materia de violación de los derechos humanos, como ya lo habían señalado en la Cámara de Diputados, y como ahora lo confirman las observaciones que se han hecho a este Senado por parte de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las cuales destacan que es importante establecer criterios claros y consistentes que garanticen seguridad jurídica a las personas, instituciones y civiles y el respeto a los derechos humanos.

Ante dichas denuncias, en esta Cámara de Senadores estábamos obligados a implementar un proceso legislativo que permitiera un análisis profundo y modificar estos puntos violatorios contenidos, entre otros artículos, en el 87, 278, 287 y 299 del dictamen, y no hacerlo bajo la práctica recurrente de la ausencia de análisis y discusión.

Por lo anterior, votaremos en contra de este dictamen.

Apenas ayer, aquí, en esta tribuna se felicitaba a compañeras y compañeros Senadores, que después de un proceso de más de tres años han presentado la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

En este Senado de la República hay excelentes constitucionalistas, legisladoras y legisladores que tienen una gran experiencia, y me parece que tuvieran la obligación de ponerla a disposición de este Senado para que no perjudiquemos más al Ejército Mexicano.

El Ejército nos ha merecido, las Fuerzas Armadas nos han merecido un gran respeto a toda la sociedad mexicana, y también a este Senado de la República.

Aquí les hemos reconocido con una placa, que hace unos años inauguramos, y creo que el Ejército Mexicano, con esta legislación lo estamos metiendo en graves problemas.

Llamo, pues, a la conciencia de todos para que votemos en contra de este dictamen que no beneficia a México, que no beneficia a los mexicanos, y al contrario, perjudica en mucho a nuestras Fuerzas Armadas.

Por su atención, muchas gracias, señor Presidente.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Senadora Marcela Guerra.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Solamente para hacer una precisión muy respetuosa a la intervención del Senador Blásquez Salinas, a quien aprecio, pero sí estoy obligada a hacer esa precisión para no tener ningún tipo de confusión, toda vez que se trata también de los medios de comunicación.

En el caso del artículo 4 del código en comento, el cuarto párrafo, que habla sobre los periodistas y los medios de comunicación que podrán acceder con ciertas reglas al lugar al que se desarrolle la audiencia en ciertos casos, no es con motivos de censura, sino es con motivos de protección de derecho de terceros, especialmente los de las víctimas y de los testigos que pueden ser llamados por los tribunales militares.

Pero resulta que no sólo es eso, sino también el propio Senador, con plena seguridad cita el artículo 54 para decir: "Que los periodistas, y también en el mismo término de los medios de comunicación acreditado, no pueden, tienen que abstenerse de grabar y de transmitir, por cualquier medio, la audiencia".

Y resulta que es exactamente la misma redacción en un distinto articulado para el Código Nacional de Procedimientos Penales del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México editada en 2014.

Entonces, yo invito a que leamos, por favor, el espíritu de lo que está aquí en este código, y no venir a confundir y trasgredir lo que es una verdad.

No podemos decir que hay una censura, cuando el fondo y el espíritu de la redacción es para proteger los derechos de terceros.

Es cuanto, y muchas gracias, señor Presidente.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Con qué objeto?, Senador Blásquez Salinas.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Por obvias alusiones personales.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda, Senador Blásquez Salinas.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Senadora, ese es el objeto de una Asamblea, debatir.

Pero si estamos 6, 7, 8, 10 oradores en cadena, en contra, y los que están a favor no aparecen, sino por un accidente o alguna ocurrencia, pues es obvio que el trabajo legislativo no se completa.

Usted tiene una interpretación que yo respeto, por supuesto, pero estoy presentando cuatro casos en los cuales la libertad de expresión se trunca, pudiéramos seguir debatiendo, yo le invito a que debatamos, pero en el caso claro del artículo 4 dice clarísimo que: "los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia, pero obviamente se les está obstaculizando el derecho a informar".

Y, por ejemplo, en el artículo 359 se le concede el derecho a algunos profesionales como abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros a guardar el debido secreto, y se excluye a los periodistas cuando estamos precisamente promoviendo que la fuente informativa del periodista sea protegida a efecto de proteger su propia integridad.

Pudiéramos desarrollar un gran debate, yo no me siento ganador de ningún debate, simplemente expongo mis ideas, pero vamos a hacerlo en el Pleno y vamos a hacerlo debidamente y no encadenando diez oradores en contra, y los que están a favor solamente con pellizquitos.

Mis respetos, Senadora Marcela Guerra, como siempre.

Es la cuenta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra al Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Patricio Martínez García: Con su permiso, señor Presidente.

Siendo las 00:27 minutos del viernes 29 de abril de 2016, acudo a esta alta tribuna para referirme a un tema de suma relevancia como lo es el dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, en materia del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y se expide el nuevo Código Militar de Procedimientos Penales.

Las modificaciones propuestas buscan armonizar el marco jurídico en materia de procuración e impartición de justicia en el ámbito castrense, con lo dispuesto con la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública del 18 de junio de 2008.

Recordemos que la reforma constitucional en comento sentó las bases para transitar de un sistema inquisitivo a uno acusatorio que tiene como premisa el pleno respeto de los derechos humanos, no podemos perder de vista este aspecto.

Las instituciones armadas son base fundamental del orden público, la tranquilidad y el bienestar social, por ello es vital que se ajusten a las circunstancias actuales, no podemos estar aspirando a tener Fuerzas Armadas en el siglo XXI con una codificación obsoleta correspondiente prácticamente a principios del siglo XX.

Con la reforma que hoy discutimos, además de modernizar y fortalecer las instituciones militares, también se conservan los valores que las identifican: entrega, valor, lealtad, patriotismo, y yo diría, en ninguna parte se busca en esta codificación ni ahora ni nunca en la historia de los ejércitos del mundo introducir conceptos democráticos.

En un ejército un principio elemental es la disciplina, la verticalidad, no concibo un ejército en donde a los soldados se les dé la posibilidad de que por voto elijan a sus mandos y a sus generales, entremos a una lógica de lo que estamos hablando, de la disciplina militar, no llevemos estas circunstancias a decir que se violan los principios de plena publicidad porque no se permite, en las condiciones que aquí se establece, que entren periodistas a los juicios y a que entren a grabar y a tomar fotografías.

Nadamás pregunto, ¿desde cuándo en países tan democráticos como Estados Unidos están establecidas estas normas en los juicios civiles, ya no digamos en los militares, de qué nos asombramos? ¿De que esto esté incluido en estos nuevos artículos que estamos incorporando?

Además de modernizar y fortalecer las instituciones militares también se conservan estos valores que las identifican. Por eso los legisladores del PRI votaremos a favor del dictamen que nos ocupa para ponderar la trascendencia de reformar el Código de Justicia Militar y expedir el Código Militar de Procedimientos Penales, permítanme compartirles algunos beneficios.

Por lo que respecta al Código de Justicia Militar cabe destacar que se suprimen los consejos de guerra y se crean los juzgados militares de control y tribunales militares de juicio oral. Igual de importante señalar que la Procuraduría General de Justicia Militar se transforma en Fiscalía, además con la creación de la defensoría de oficio militar se busca garantizar la obligación del Estado de proporcionar una defensa técnica de calidad a los imputados por delitos de competencia del fuero militar.

En cuanto al Código Militar de Procedimientos Penales es oportuno mencionar que surge como un cuerpo normativo encaminado hacia la especialización de materia penal en la jurisdicción militar, establece las normas a seguir durante la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos dentro del ámbito castrense, lo anterior bajo la premisa de esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño.

Se encuentra en concordancia con los principios establecidos en el artículo 20 de la Constitución: publicad, contradicción, concentración, continuidad e intermediación. Lo anterior deja de manifiesto un modelo en el que se inhibe la impunidad y se fomenta la legalidad, se trata de un ordenamiento de vanguardia y garantista, en todo momento la víctima y el ofendido tendrán derecho a contar con un asesor jurídico militar gratuito, o bien, a ser asesorado por el Ministerio Público en cualquier etapa del procedimiento.

Además, con la nueva ley se garantiza la discrecionalidad en el manejo de información en los juicios orales debido a que el Órgano Jurisdiccional Militar podrá sesionar a puerta cerrada cuando pueda afectar la integridad de alguna de las partes o de alguna persona citada para participar.

Por eso, Senadoras y Senadores, en el grupo parlamentario del PRI estamos a favor del presente dictamen, pues con él los procedimientos que se lleven en la jurisdicción militar estarán acordes, en Materia del Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

No omito decirles que hay aquí, en esta tribuna, argumentaciones paradójicas, por una parte se habla mucho y se habla mal del Ejército, porque de situaciones particulares, de premisas particulares pretenden sacar conclusiones generales haciendo una violación a la lógica y a las reglas del silogismo.

No es posible que aquí se diga que es una de las instituciones mejor evaluadas y que, por otra parte, se le ataque, se le señale y se le restrieguen una serie de delitos que han cometido miembros, malos miembros de las Fuerzas Armadas y que están teniendo su castigo y están teniendo juicios, y ahora con esto lo que queremos es que tengan juicios adecuados a los tiempos.

Ahora bien, esto no es lo mejor, es perfectible, mejorémoslo. Yo tengo interés en saber ¿cuántos son los que están procesados, por qué, desde cuándo?

¿Cuántos son soldados cabos, generales, cuántos de esos son realmente inocentes porque también en los ejércitos, en todos, inclusive en las iglesias hay vendettas?

Cuidemos eso, veamos de qué manera podemos tener más información en esta Soberanía de lo que ocurre en los tribunales militares y de los juicios que se están llevando a cabo. Busquemos adiciones a lo que hoy estamos modificando, pero sí les digo una cosa: lo que aquí tenemos hoy, y por eso voy a votar y vamos a votar los priístas, es mejor que lo que existe en estos momentos y que está vigente y que no es lo mejor.

Y no omito decirles: A la tropa vieja que entregó su vida por la Patria, trabajando por la Patria en el Ejército, a la tropa que está vigente, a los oficiales, generales, mandos, les expreso, a nombre propio y de mis compañeras y compañeros, la admiración y respeto porque trabajan sin cesar, con mucha incomprensión, con muchas limitaciones, con mucha injusticia en el juicio que a la ligera se vierte sobre lo que es el Ejército.

Cuando el Ejército, nos consta a aquellos estados en donde hemos estado sumidos en una grave situación de inseguridad, ha sido el bálsamo que ha aliviado nuestras penas, dificultades, y siguen siendo para el pueblo mexicano, para el pueblo-pueblo, dos de las instituciones más respetadas en este país, y está en las estadísticas y no lo neguemos: la Virgen de Guadalupe y el Ejército.

Al Ejército, una disculpa por lo que se ha expresado indebidamente respecto de lo que no es y que se la ha dicho en esta tribuna que es.

Termino, señor Presidente, para decirles que votemos esto y sigamos trabajando para mejorar a nuestro Ejército.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Martínez García.

Senador Bartlett Díaz, ¿con qué objeto?

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Para hechos, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Lo anotamos para hechos, Senador Bartlett Díaz.

Se concede el uso de la tribuna, para argumentar en contra de este proyecto de Decreto, al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Hemos estado viendo dos posiciones sobre este tema. Hay una necia intención de violar el procedimiento legislativo y a partir de eso presentar una serie de modificaciones a este Código Militar de Procedimientos Penales, que pareciera que recoge cosas buenas, pero que en la práctica, al negarse sistemáticamente a dar la discusión, vamos encontrando entonces diferencias de fondo en lo que contiene este conjunto de leyes.

Por qué en nuestra percepción tenemos que cuidar particularmente el respeto a los derechos humanos, y esta parte sistemáticamente está siendo pisoteada en la forma de la presentación de este conjunto de leyes.

Esto que hoy estamos revisando, tiene su origen en aquella reforma que en el 2008 hicimos para generar, al Presidente Calderón incluso, las mejores condiciones para enfrentar al crimen organizado, darle una reforma a nuestro Sistema de Justicia Penal Acusatorio y hacer ágiles los procedimientos, y que no estuvieran en la cárcel particularmente inocentes, sino se aplicara lo que en este país no se aplica, que es el debido proceso.

¿Cuáles son las resistencias que tenemos en observar estos procedimientos?

Desgraciadamente la impunidad y la corrupción son el signo que acompaña a todo nuestro proceso penal.

Hoy estamos en ciernes al discutir una ley anticorrupción.

¿Y por qué tenemos que discutir una ley en ese sentido, si las leyes son muy claras y las leyes impiden la corrupción?

Pues la tenemos que discutir porque en este país no se respeta la ley y muchos de los que estamos obligados a respetarla, no lo hacemos.

Sí somos capaces de crear iniciativas de ley, de crear leyes imperfectas como las que señalaba el Senador Patricio Martínez, que dice "prefiero esto a nada, o a lo viejo que existe".

Pero finalmente en ese ámbito de vacío vamos permitiendo la omisión en el cumplimiento de las leyes.

Esto si lo discutimos de manera responsable, deberían aceptar que hay imperfecciones en esa ley que tienen que ajustarse para poderla arreglar.

Pero en el procedimiento que dieron atropellado para la discusión, pues no hay manera de que recojan observaciones, reservas.

Aquí llegaremos al viejo procedimiento del autismo legislativo, en donde nosotros hablamos y ustedes están de alguna manera ajenos a lo que está sucediendo.

Entonces venimos, reservamos, señalamos, argumentamos, les ganamos en el debate, y sin embargo insisten en no moverse para hacer las adecuaciones necesarias.

Eso es lo que genera la falta de una práctica parlamentaria que enriquezca las iniciativas.

Hay que asumir que se tienen propuestas con deficiencias. Incluso me decían: "Nosotros tenemos que reconocer que del artículo 57 del Código de Justicia Militar, cuando se hizo la modificación, no se hizo de manera correcta".

Por eso no hay la delimitación de hasta dónde entra el campo castrense, militar, y hasta dónde entra el ámbito civil.

Esa confusión es la que se plasma en una mala copia que se hizo de nuestro Código Penal, de carácter federal, al meterlo al sistema militar.

Por eso, compañeros, habría que abonar en disposición para que en las reservas pudiéramos corregir este tipo de cosas.

Esta es una visión y una pretensión que se tiene y que a veces nos obliga a estar en contra, por la forma a veces tan atropellada como se quieren hacer las cosas.

Y en este sentido yo los llamo a que rompamos este autismo legislativo en el que nos hemos ido metiendo, ya es histórico, veanla ahora, y si hubiera voluntad, en una comisión, en comisiones pudiéramos recoger las observaciones y hacer que esta ley fuera mejor en ese término.

Por eso cuando se han recogido los señalamientos de que como está copiado y pegado, para que a los menores se les den los mismos derechos, se les dé la posibilidad de que no sean llevados a juicio, son testigos para que se conduzcan con verdad, pues está copiado así, porque así está puesto.

Ya la compañera Senadora Marcela Guerra leía la parte que en el proceso del fuero común civil tampoco se permite el filmar y grabar juicios en ese sentido.

Por eso creo que lo que tendríamos que hacer es que se regresara ese dictamen, se pudiera discutir ampliamente, se pudieran recoger las observaciones y estuviéramos en condiciones de hacerlo.

Por eso creo que con responsabilidad, hoy fijo mi posición para votar en contra de esta ley, por esta forma en la que ha sido abordada. Pensaban que iba estar a favor, pero compañeros, no puedo en ese sentido, creo, y me retiro de esta tribuna diciéndoles que cada quien es responsable de lo que calla, pero se convierte en esclavo de lo que habla. Y hoy aquí varios han argumentado beneficios, en definir bondades de esta ley, creo que las van a andar arrastrando durante mucho tiempo.

La corrupción, la impunidad es algo que ensucia nuestro panorama legislativo y que no permite que los mexicanos tengamos confianza en las instituciones, porque no nos estamos ciñendo al estricto estado de derecho y al respeto de la ley.

Gracias, compañeras y compañeros.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Pedraza Chávez.

Para rectificación de dichos, se concede el uso de la tribuna al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su permiso, señor Presidente.

Aquí tratamos de leer artículos precisos, ejemplificar en dónde este instrumento desborda lo que corresponde en la Constitución a la disciplina militar y nada más, ése es el tema.

No han podido decir que es falso lo que yo dije.

Ahora, se dice otra vez que esta es la actualización, porque vamos a fortalecer tal y cual. No, yo les he leído artículos, artículos precisos que desbordan lo que la Constitución establece para la disciplina militar, y lo dice y se los leí, la Organización de las Naciones Unidas y Derechos Humanos, ellos analizan punto por punto y nos lo mandaron a todos, analizan punto por punto, en dónde están artículos peligrosos, dónde están desbordando la exclusiva función constitucional, que es la disciplina militar.

Y además hace un momento me decían que se parece mucho al Código de Procedimientos Civiles, malo, porque no es un Código de Procedimientos Civiles, sino es un código, y el Código Militar de Procedimientos Penales está limitado a un renglón preciso en la Constitución.

Y aquí es donde les insistimos que le están dando instrumentos al Ejército Mexicano que no corresponden a su función, y desde luego que sabemos de años atrás, desde que han embarcado al Ejército a funciones que no les corresponden, desde que están patrullando todo el país, desde que están además armándose como si fueran a una guerra, los mandos superiores del Ejército han estado pidiendo que les den instrumentos, y estos instrumentos violan la Constitución, eso es lo que estamos diciendo, y nadie ha podido decir que lo que yo he dicho aquí es falso, nadie, pueden hacer cateos, literalmente se los leí.

¿Puede hacer cateos el Ejército o justicia militar de lugares públicos como éste, como los edificios, los Poderes Ejecutivo y Legislativo de los tres niveles de gobierno?

¿Pueden hacer eso? ¿Pueden desbordarse y empezar a tener un escucha de cuestiones que no les corresponde? Eso es lo que está mal.

Le están dando al Ejército instrumentos que corresponden a la justicia civil.

Sí es cierto, y aquí nos dicen que no vamos a elegir al General Secretario o vamos a elegir a los subsecretarios, no es el mando militar, y así es.

Pero la justicia esta, Senador Patricio Martínez, está mal, porque no respeta ningún principio constitucional y sea lo que sea, Ejército y Fuerzas Armadas tienen que respetar la Constitución, y esta modernización que tanto cacaraquean aquí, esta actualización para que estén con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y todo eso, pues no es cierto, no es cierto, es un aparato de justicia nombrado por el Secretario de la Defensa de pe a pa.

El Secretario nombra a los magistrados, jueces, fiscales. Se está creando una nueva Fiscalía Especial, sí, la nombra el Secretario. Toda la estructura es antidemocrática y lo grave de esa estructura es que la desbordan a funciones en donde intervienen ya en la vida civil. Ese es el problema.

No es posible estar dándole atribuciones que son del área civil al área militar.

Y por eso digo que es extremadamente peligroso. Y por eso lo han estado pidiendo hace años, entiendo que tienen razón, cuando ven a otros países en donde se juzga a los altos mandos por actividades fuera de la Constitución, pues dicen: dame garantías.

Lo que tienen que hacer es regresar al Ejército a sus cuarteles. Es lo que tienen que hacer.

Es dejar de tener al país en manos del Ejército, los ejércitos son los mismos siempre.

Dicen los franceses, y le platicaba a Emilio Gamboa, decía Duverger, un famoso politólogo: "l'armée est le taujans I'armée", un ejército está para la guerra.

No está para hacerla de policía de un país, porque se convierten en esto violadores de derechos humanos, porque son para otra cosa, porque son organizaciones letales. Por eso violan los derechos humanos, pero no les damos más instrumentos de estos.

Ellos tienen razón, nosotros no aborrecemos al Ejército, lo queremos cuidar, Patricio, cuidar, que no lo usen para lo que no debe ser, que lo metan al cuartel y siga siendo un gran Ejército que el pueblo de México ha querido siempre; pero ahorita lo tienen convertido en una máquina infernal, encargada de todas las policías del país, de todas las investigaciones.

¿Vamos a darles facultades para que puedan penetrar en edificios?, ¿vamos a darles facultades para que espíen? ¿Vamos a darles facultades para que hagan cosas que no deben hacer?

Deben restringirse a la disciplina militar nada más en esta cuestión de la transmutación de la modernización que tenemos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y no sé qué, bueno, en ése no es donde está el problema.

He leído artículo por artículo, pero engañados así en el tiempo que nos han dado, no en los 7 minutos que se tardaron en aprobar en la comisión este mamotreto de 500 páginas. No es así que vamos a establecer la paz en este país.

No es convirtiendo a esa maquinaria militar que es para defendernos del exterior, en una policía armada con helicópteros, cañones, comprando miles de millones de pesos sin disipar, en armamentos que son para la guerra. No lo hagamos, no lo hagamos, el Ejército a sus cuarteles.

Con el agradecimiento de la patria, claro. Todos lo queremos, Patricio, aquí no estamos reclamándoles, no, si les dan instrucciones para realizar tareas ajenas a su función, pues claro que habrá problemas, claro que van a violar los derechos humanos y esa maquinaria disciplinada del secretario al magistrado, el magistrado al juez, y el juez a los testigos, y esa maquinaria no puede ser para el mundo civil.

Y es lo que dice el documento de Naciones Unidas, derechos humanos.

Hay que revisar todos esos artículos que ponen en riesgo desbordar la disciplina militar para convertir ese sistema vertical, brutal que no queremos modernizar, viola derechos humanos, eso sí, los soldados son pobres esclavos que tienen que hacer lo que les digan.

Vamos mejor a que regresen a sus cuarteles, no queremos una maquinaria de la cual nos vayamos a arrepentir, los generales a sus funciones, los soldados a las suyas; las policías a su función de policías, y no necesitamos tantas ametralladoras, aviones y toda una serie de armas que son para la guerra, no son para perseguir a los mexicanos; queremos mucho al Ejército, Patricio, no como a la Virgen de Guadalupe, como dijiste, no, ¡no!

Vamos a separar un poco el asunto, al Ejército lo queremos limpio, no queremos que lo manchen, no queremos que lo manden a matar gente, no queremos que lo manden a violar derechos humanos. No, queremos a nuestro Ejército limpio, lo queremos ver como una gran seguridad para defender la soberanía nacional, no lo convirtamos en un aparato que nos puede costar mucho porque se salga de los cauces en los que debe estar.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Para argumentar en contra de este proyecto de Decreto, se concede el uso de la tribuna al Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Armando Ríos Piter: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Sin duda alguna este es un debate de crucial importancia para el país, y he querido fijar mi posición en contra de este dictamen, porque, sin duda alguna no sólo contiene temas que son preocupantes en términos de la participación del Ejército en actividades q