Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Miércoles 26 de abril de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 3

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 11 de Mayo de 2016

SUMARIO                                              


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De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre del Diputado Miguel Ángel Salim Alle, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a impulsar los mecanismos de transparencia que permitan conocer las razones o causas por las que se determinan las demoras de las aerolíneas y aplique las sanciones correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Ley de Aeropuertos y su Reglamento. Intervienen al respecto los Legisladores Senadora Angélica de la Peña Gómez, Senadora Graciela Ortiz González, Diputada Yahleel Abdala Carmona, Senador Jesús Casillas Romero, Diputado Francisco Javier Pinto Torres, Alejandro González Murillo y Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, quien presenta propuesta de adición que se aprueba. Se aprueba.
























































































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:43 horas) Procederemos al pase de lista de asistencia.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Señoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, le informo que se tienen registrados 33 legisladoras y legisladores. En consecuencia, hay quórum.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 11 de mayo de 2016, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos previstos en la agenda del día de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, solicítela, por favor, a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la Ciudad de México a las once horas con treinta y seis minutos del miércoles cuatro de mayo de dos mil dieciséis, con una asistencia de veintinueve legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión de Instalación celebrada el viernes veintinueve de abril de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, el Informe Anual 2015 de Petróleos Mexicanos y el Informe Anual 2015 de la Comisión Federal de Electricidad.- Se remitieron a las Comisiones de Energía de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficios con los que remite:

• Los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al primer trimestre de 2016; información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las Entidades Federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de marzo de 2015; e información por la que se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación   financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero,

• El documento en el que se explica cómo se computan los balances fiscales y los requerimientos financieros del sector público, junto con la metodología respectiva, en la que se incluyen de manera integral todas las obligaciones financieras del Gobierno Federal, así como los pasivos públicos, pasivos contingentes y pasivos laborales, en cumplimiento al artículo 107 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y

• Los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones previstas en los párrafos segundo y tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Los documentos se remitieron a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, su Primer Informe Trimestral 2016.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el documento denominado “Propuesta General 1/2015 Sobre el derecho humano al agua y el saneamiento”.- Se remitió a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió del Instituto Nacional de las Mujeres, el Informe de Resultados correspondiente al período enero-marzo de 2016 y los Avances de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con sus respectivos anexos al primer trimestre de 2016.- Se remitió a la Comisión Para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron de la Cámara de Diputados, dos Acuerdos por los que se integra la Comisión Legislativa Bicameral en Materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, por lo que respecta a dicha Cámara, y por el que se designa a la Diputada Minerva Hernández Ramos como Presidenta.- Quedaron de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió del congreso del estado de Chihuahua, proyecto de Decreto que adiciona la Ley del Seguro Social y la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un acuerdo de la Mesa Directiva, relativo a las Sesiones y al Orden del Día de la Comisión Permanente.- Sin discusión, el Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de mayo de 2016.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de marzo de 2016.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

El Diputado Ricardo del Rivero Martínez, a nombre de la diputada Karina Padilla Ávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, a nombre propio y de la Diputada Norma Rocío Nahle García y, a nombre del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de  Decreto que crea la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves.- Se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, a nombre de las Diputadas Claudia S. Corichi García y Marbella Toledo Ibarra, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 64 de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Diputado Alfredo Bejos Nicolás, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades del Poder Ejecutivo Federal y a gobernadores y presidentes municipales a ejecutar acciones para erradicar los incendios forestales y mitigar sus consecuencias.- Considerado de urgente resolución. Intervino el Senador Jesús Casillas Romero del PRI, quien presentó propuesta de modificación al acuerdo, la Asamblea autorizó integrar la propuesta. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
CÉSAR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente convoca a sesiones extraordinarias a las Cámaras de Diputados y de Senadores, para que se aboquen a la resolución de diversos asuntos legislativos de carácter urgente.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

La Senadora Gabriela Cuevas Barron, a nombre del Diputado Ulises Ramírez Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a implementar estrategias y acciones en respuesta a la contingencia ambiental ocurrida en la Zona Metropolitana del Valle de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

El Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de Acuerdo en relación a los asentamientos irregulares en la reserva de la biosfera Montes Azules.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, a nombre propio y de la Diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo parlamentario Morena, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita retirar la concesión a la empresa Mexichem en la alianza estratégica con PEMEX en el complejo petroquímico Pajaritos, localizado en Coatzacoalcos, Veracruz.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

La Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, remitió proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Salud a iniciar estudios, proyectos, campañas y propuestas para formar conciencia respecto a los prejuicios de la obligatoriedad de permanecer de pie o sentado, en centros laborales de empresas o instituciones por muchas horas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

El Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, a nombre propio y de la Diputada Claudia S. Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se condena el artero   asesinato del regidor de Coxcatlán San Luis Potosí, Lorenzo Hernández Guerrero.- Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Agenda Política)

El Presidente de la Mesa Directiva dio el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la contingencia ambiental en el Valle de México.- Intervinieron los legisladores: Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; Diputado Francisco Javier Pinto Torres de NA; Diputado Clemente Castañeda Hoeflich de MC; Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza de Morena; Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala del PVEM; Senador Alejandro Encinas Rodríguez del PRD; y Diputada Xitlalic Ceja García del PRI. Para rectificación de hechos hicieron uso de la palabra los legisladores: Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; Senador Alejandro Encinas Rodríguez del PRD, para alusiones personales; y Senador Jesús Casillas Romero del PRI.

(Acuerdos de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se integran las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se crea la comisión de seguimiento a los procesos electorales locales de año 2016.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Excitativa)

La Senadora Martha Tagle Martínez, remitió solicitud de excitativa en relación con diversas iniciativas en materia de violencia política contra las mujeres, presentadas en la Cámara de Senadores.- Se remitió a las Comisiones Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

La Senadora Martha Tagle Martínez, remitió solicitud de excitativa en relación con diversas iniciativas en materia de combate a la corrupción, presentadas en la Cámara de Senadores.- Se remitió a las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de   Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que solicita al gobierno del estado de Michoacán un informe sobre la situación de violencia e ingobernabilidad que actualmente se presenta en varios municipios de la entidad, a fin de conocer los resultados de su estrategia de seguridad; asimismo, para que analice la pertinencia de solicitar el apoyo del Gobierno Federal, con el objetivo de restablecer la paz y la tranquilidad en el Estado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Lorena del Carmen Alfaro García, Luis Gilberto Marrón Agustín y Cecilia Romero Castillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo respecto de la dictaminación de diversas iniciativas en las Cámaras del Congreso de la Unión.- Se turnó a la Cámara de Diputados los resolutivos primero y segundo y a la Cámara de Senadores el tercero.

 

De la Diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a dar a conocer la situación que guarda la alerta púrpura emitida por Interpol, por el tráfico de buche de totoaba.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que solicita al Gobierno de la Ciudad de México otorgar los recursos correspondientes para mejorar el estado en el que se encuentran las instalaciones de los campos de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Samuel Alexis Chacón Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a revisar los cobros indebidos realizados a usuarios por las empresas telefónicas móviles en las ciudades y poblados de la frontera sur del país, así como solucionar el problema de roaming fronterizo inadvertido y, en su caso, aplicar sanciones.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a modernizar el sistema de abasto, resguardo y dispensación de medicamentos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a reforzar los operativos de seguridad y realizar una investigación objetiva, expedita y transparente, en relación al incremento de la incidencia delictiva en la zona comercial y habitacional de las colonias Roma y Condesa, con la finalidad de garantizar la integridad física y el patrimonio de sus habitantes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Francisco Saracho Navarro, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitana a considerar los resultados arrojados por el Conteo de Población y Vivienda de 2015 e inicien los estudios y análisis técnicos necesarios para que la región carbonífera, integrada por los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz del Estado de Coahuila de Zaragoza, sea reconocida como una zona metropolitana.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Guadalupe González Suástegui, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares del poder ejecutivo electos en sus diferentes niveles de gobierno a observar la igualdad de género en la selección e integración de su gabinete.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a fortalecer las campañas informativas sobre las medidas para prevenir afectaciones a la salud producidas por el calor, en atención a las altas temperaturas que pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional en gran parte del país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Francisco Saracho Navarro, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas a considerar los resultados arrojados por el Conteo de Población y Vivienda de 2015 e inicien los estudios y análisis técnicos necesarios para que el municipio de San Buenaventura sea incorporado a la Zona Metropolitana Centro, integrada por los Municipios de Frontera, Monclova y Castaños del Estado de Coahuila de Zaragoza.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Acción     Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a efectuar sin dilación los pagos pendientes del PROGRAMA PROMASA de los años 2012 y 2013 a los agremiados de los 13 organismos intermedios que tiene reconocidos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Ricardo Taja Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de Guerrero a difundir en la población los protocolos preventivos y de acción para los casos de emergencias o desastres.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Jorge Ramos Hernández y Gina Andrea Cruz Blackledge, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a establecer un programa de apoyo a la cadena productiva maíz-tortilla para el ejercicio fiscal 2017.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Kathia María Bolio Pinelo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Instituto Mexicano de la Juventud a establecer un convenio de colaboración con la organización internacional Solutions for Youth Employment para formar parte del esfuerzo internacional de dotar a los jóvenes de un empleo decente.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Luis de León Martínez Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción       Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a informar las acciones que realizó para atender la Recomendación No. 50/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, particularmente su Recomendación Sexta, referente al “Hospital General Pilar Sánchez Villavicencio”.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Verónica Agundis Estrada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades de los gobiernos municipales y a la Ciudad de México a realizar las adecuaciones necesarias en sus reglamentos de tránsito, con el fin de imponer “sanciones ejemplares” a automovilistas y a todo aquél que obstaculice y utilice indebidamente los accesos en espacios y vías públicas, exclusivos para las personas con discapacidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Máximo García López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a la creación urgente de un protocolo de actuación y seguimiento en los casos de hostigamiento sexual.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Germán Escobar Manjarrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Economía, de Energía y de Hacienda y Crédito Público a implementar una estrategia coordinada, a fin de regular los precios de los insumos agrícolas utilizados en la producción de los granos básicos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Miguel Ángel Salim Alle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar una revisión de los términos del contrato de concesión otorgado en favor del Aeropuerto del Bajío S.A de C.V.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Alejandra Gutiérrez Campos, María Verónica Agundis Estrada, Ariel Enrique Corona Rodríguez, Lorena Alfaro García, Adriana Elizarraraz Sandoval, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, José Erandi Bermúdez Méndez, Karina Padilla Ávila, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Miguel Ángel Salim Alle y René Mandujano Tinajero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incorporar los municipios de Apaseo El Grande, Apaseo El Alto Cortázar, Tarimoro, Santa Cruz de Juventino Rosas y Jaral Del Progreso a la zona metropolitana de Laja-Bajío y se actualice la denominación de dicha zona metropolitana situada en el estado de Guanajuato.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ricardo del Rivero Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública a citar a reunión de trabajo al Secretario de Hacienda y Crédito Público y al Director de Petróleos Mexicanos a efecto de explicar ampliamente la situación real de las finanzas de Petróleos Mexicanos, la magnitud de los recortes presupuestales y cuáles son las áreas y los sectores concretamente, que serán afectados por dichos recortes.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a emprender políticas públicas más eficientes tendientes a evitar las alertas turísticas por inseguridad que envían otros países.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para convocar a un periodo extraordinario de sesiones.- Se turnó a la Primera Comisión.

(Efemérides)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de mayo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de mayo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día del Trabajo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 204 aniversario del sitio de Cuautla.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención en torno a la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención en torno a la situación política que vive el país, en el marco de los procesos electorales de 2016.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las catorce horas con cincuenta y un minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles once de mayo, a las once horas.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobada el acta.

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto, por favor.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite similar de la Secretaría de Economía, por el que comunica el estado que guarda el proceso de contratación de las instituciones que llevarán a cabo las evaluaciones externas durante 2016, a cargo de esa dependencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Remítase dicha documentación a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.





 

En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra a la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación del Título Décimoquinto del Libro Segundo y se le adiciona un Capítulo Sexto al Código Penal Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO DÉCIMO QUINTO DEL LIBRO SEGUNDO Y SE LE ADICIONA UN CAPÍTULO SEXTO AL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del grupo parlamentario del PRI)

La Diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea:

Me permito presentar una iniciativa con el objeto de tutelar la privacidad sexual como parte de los derechos sexuales ante el uso desmesurado de las redes sociales y el Internet.

Y es que la privacidad sexual implica el derecho a tomar decisiones y conductas individuales sobre los comportamientos sexuales realizados en el ámbito de la intimidad, siempre y cuando no interfieran en los derechos sexuales de los otros.

Esta privacidad es vulnerada cuando una persona ajena interfiere en el libre desarrollo sexual de otra, ya que actúa con dolo al hacer pública su intimidad en un entorno virtual.

En los últimos años, ha estado ocurriendo un fenómeno principalmente entre los jóvenes conocido como el sexting. Éste comienza con el envío de contenido de tipo sexualmente explícito mediante el uso de teléfonos móviles, producidos generalmente por el propio remitente y que en algún momento, bajo diversos supuestos como el descuido, la falta de control sobre estos contenidos, el robo de computadoras, teléfonos móviles o dispositivos de almacenamiento, otro individuo tiene acceso a ello.

Por otra parte, la ruptura en una relación de pareja, ha propiciado que se cometan casos de pornografía de venganza, el cual atenta contra la privacidad sexual.

En México han ocurrido casos de figuras públicas que se han visto afectadas por este tipo de conductas y, en muchos otros, en que las víctimas son jóvenes adolescentes que son exhibidas en las redes sociales en situaciones que atentan contra su dignidad.

El objetivo de esta iniciativa, es proteger con un bien jurídico la privacidad sexual, sobre todo el de las mujeres, principales afectadas por esta forma de violencia, cuyos daños y consecuencias representan para la víctima daños psicológicos, estigmas y discriminación que la puede llevar incluso hasta el suicidio.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame, señora Diputada.

Ruego a la Asamblea guardar el orden para poder escuchar la presentación de la iniciativa.

Continúe, señora Diputada, por favor.

La Diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Insisto, el objetivo de la presente iniciativa es proteger como un bien jurídico la privacidad sexual, sobre todo a las mujeres, que son las principales afectadas por esta forma de violencia, cuyos daños y consecuencias representan para la víctima daños psicológico, estigma y discriminación que le puede llevar incluso hasta el suicidio, tal como lo han alertado el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas recientemente sobre el ciberacoso en cualquiera de sus modalidades.

Para ello, se propone modificar la denominación del Título Décimo Quinto del Libro Segundo y adicionar un Capítulo Sexto denominado “Contra la Privacidad Sexual”, que comprende el artículo 276-Ter al Código Penal Federal, para establecer que “comete el delito contra la privacidad sexual quien o quienes publiquen, difundan o compartan, a través de cualquier medio electrónico imágenes, audios o videos sobre la vida sexual de una persona, sin su consentimiento; para lo cual se impondrá una pena de prisión de 2 a 4 años”.

Además, “cuando en la publicación o difusión sin el consentimiento esté involucrado un individuo que tenga o haya tenido alguna relación sentimental, afectiva o de confianza con la ofendida u el ofendido, la pena aumentara hasta en una mitad en su mínimo y en su máximo.

Para este delito se procederá contra el sujeto activo, a petición de la parte ofendida o de sus representantes”.

Actualmente, es importante comentarles que, en 27 estados de la Unión Americana, ya se han aprobado leyes que tipifican el fenómeno de la pornografía de venganza; asimismo, también existen otros países como Filipinas, Francia, Alemania y el Reino Unido que también han legislado en esta materia, siendo en el 2014, Israel el primer país en hacerlo.

Y por eso, ante este escenario, México requiere ponerse a la vanguardia en la protección de la privacidad sexual como bien jurídico de los adolescentes y también de las mujeres, considerando que también puede haber hombres que sean víctimas de estas conductas.

La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano, por lo que proteger su privacidad debe favorecer al ejercicio de una vida íntima plena.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, Diputada Federal MARÍA BÁRBARA BOTELLO SANTIBÁÑEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; numeral 1 del artículo 77 y el 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO DÉCIMO QUINTO DEL LIBRO SEGUNDO Y SE LE ADICIONA UN CAPÍTULO SEXTO AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La falta de regulación en el uso de internet y de las redes sociales ha hecho propicio que a través de estos medios tan importantes de información y comunicación, se comentan conductas nocivas y lesivas de la dignidad humana y los derechos humanos, principalmente de las niñas, adolescentes y mujeres sin distingo.

En los últimos años, ha estado ocurriendo un fenómeno principalmente en los jóvenes conocido como “sexting” el cual comienza con el envío de contenidos de tipo sexualmente explícito mediante el uso de teléfonos móviles, los cuales son producidos generalmente por el propio remitente y que en algún momento, bajo diversos supuestos como el descuido; la falta de control sobre estos contenidos; el robo de computadoras, teléfonos móviles o dispositivos de almacenamiento; o incluso la ruptura de una relación de pareja, hace frecuente que se cometa un fenómeno que atenta contra la privacidad sexual conocido como “pornografía de venganza”.

La privacidad sexual implica el derecho a tomar decisiones y conductas individuales sobre los comportamientos sexuales realizados en el ámbito de la intimidad, siempre y cuando no interfieran en los derechos sexuales de los otros.

Esta privacidad es vulnerada cuando una persona ajena interfiere en el libre desarrollo sexual de otra, ya que actúa con dolo al hacer pública su intimidad en un entorno virtual.

En este sentido, se requiere de un tipo penal que proteja el bien jurídico de la privacidad sexual, sobre todo el de las mujeres, principales afectadas por esta forma de violencia, cuyos daños y consecuencias van más allá de internet y las redes sociales, y que requieren de la reparación del daño causado.

La presente iniciativa tiene como propósito establecer un nuevo tipo penal que sancione la publicación o difusión de imágenes, audios o videos con contenido sexual de una persona que es exhibida en internet y en redes sociales, sin su consentimiento.

Es importante explicar que este delito tiene dos orígenes:

1. El primero es a través del jaqueo de cuentas de correo electrónico, robo de dispositivos móviles, de computadoras o dispositivos de almacenamiento de datos, actos delictivos que son cometidos a diario y que pueden o no tener como móvil de delito el indagar en la información de la víctima.

Es por ello, que se propone que el primer párrafo del artículo 276-Ter establezca que este delito lo comete quien o quienes publiquen, difundan o compartan sin consentimiento, a través de cualquier medio electrónico imágenes, audios o videos sobre la vida sexual de una persona.

Además, una vez publicada una imagen, un audio o un video, estos son vistos por cientos de usuarios, haciendo que su difusión se multiplique, además de que estos contenidos suelen ser compartidos entre individuos a través de dispositivos móviles.

2. El segundo caso es mucho más concreto para tipificar lo que se conoce como “pornografía de venganza”, el cual constituye una forma maliciosa de compartir imágenes sexuales privadas en internet y en redes sociales, principalmente.

Por ello, el segundo párrafo del 276-Ter propuesto señala que este delito se cometerá cuando en la publicación o difusión sin consentimiento está involucrado un individuo que tuvo o tiene alguna relación sentimental, afectiva o de confianza con la ofendida u ofendido.

En el primer supuesto, se propone imponer penas de prisión de 2 a 4 años; en el segundo, el aumento de las penas hasta en una mitad en su mínimo y en su máximo, cuando esté involucrado un individuo que tenga o haya tenido alguna relación sentimental, afectiva o de confianza con la ofendida u ofendido.

En la configuración de este delito, se procederá contra el sujeto activo a petición de la parte ofendida o de sus representantes.

Actualmente, en 27 estados de la Unión Americana, se han aprobado leyes que tipifican el fenómeno de “pornografía de venganza” como un delito, el cual es descrito como la acción de compartir imágenes o videos con contenido sexual sin el consentimiento de la persona en cuestión.

Asimismo, existen países como Filipinas, Francia, Alemania y Reino Unido que ya han legislado en esta materia, siendo en 2014 Israel el primer país en hacerlo. Ante este escenario, México requiere ponerse a la vanguardia en la protección de la privacidad sexual como bien jurídico de las adolescentes y mujeres, sin dejar de lado que también los hombres pueden ser víctimas de estas conductas.

Recientemente, el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef) ha alertado sobre el ciberacoso en cualquiera de sus modalidades porque representa para la víctima daños psicológicos, estigmas, discriminación, que la puede llevar hasta el suicidio.
La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano, por lo que proteger su privacidad debe favorecer al ejercicio de una vida íntima plena.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO DÉCIMOQUINTO DEL LIBRO SEGUNDO, Y SE LE ADICIONA UN CAPÍTULO SEXTO DENOMINADO “CONTRA LA PRIVACIDAD SEXUAL”, AL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se MODIFICA la denominación del Título Decimoquinto del Libro Segundo, y se le ADICIONA un Capítulo Sexto “Contra la Privacidad Sexual” que comprende el artículo 276-Ter, al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

TÍTULO DÉCIMO QUINTO
Delitos contra la Libertad, el Normal Desarrollo Psicosexual y la Privacidad Sexual

Capítulo VI
Contra la Privacidad Sexual

Artículo 276-Ter.- Comete el delito contra la privacidad sexual quien o quienes publiquen, difundan o compartan, a través de cualquier medio electrónico imágenes, audios o videos sobre la vida sexual de una persona, sin su consentimiento. Se impondrá prisión de 2 a 4 años.

Cuando en la publicación o difusión sin consentimiento esté involucrado un individuo que tenga o haya tenido alguna relación sentimental, afectiva o de confianza con la ofendida u ofendido, la pena aumentará hasta en una mitad en su mínimo y en su máximo.

Para este delito, se procederá contra el sujeto activo, a petición de parte ofendida o de sus representantes.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 11 de mayo de 2016.

Atentamente

Dip. María Bárbara Botello Santibáñez.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputada Botello Santibáñez. Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Señora Diputada, le pregunta el Senador Casillas Romero si acepta que se adhiera a su iniciativa. Tome nota la Secretaría de la adhesión del Senador Casillas Romero y de quienes están solicitando adherirse a la misma.

Ruego a la Asamblea su atención. El día de hoy nos visita el honorable Senador Révérien Ndikuriyo, Presidente del Senado de la República de Burundi y del señor Bernard Nifasha, Consejero del Presidente del Senado.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!





 

Se concede el uso de la palabra a la Diputada Genoveva Huerta Villegas, a nombre de la Diputada Gretel Culin Jaime, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2 de la Ley General de Turismo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Presentada por la Diputada Genoveva Huerta Villegas, a nombre de la Diputada Gretel Culin Jaime, del grupo parlamentario del PAN)

La Diputada Genoveva Huerta Villegas: Con su permiso, Senador Presidente. Señoras y señores legisladores:

El derecho humano al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas, representan elementos que aseguran el desarrollo integral de todo ser humano en aras de fomentar su potencial en beneficio de la sociedad.

Este irrefutable hecho se encuentra reconocido en los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 7 inciso d) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los que México es parte.

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios o profesionales. Es una actividad a la que todos deben de tener acceso para lograr el total desarrollo de la persona y fomentar el intercambio cultural, generando con ello fenómenos exitosos de integración social.

Esta situación se contempla en el Código Ético Mundial para el Turismo, suscrito por la Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo, el cual es un marco de referencia para el turismo responsable y sostenible, pues contiene un conjunto de principios que sirven para guiar el desarrollo del turismo y como marco de referencia para los diferentes actores en el sector turismo.

En dicho código, se contempla en su artículo 7 el derecho al turismo como consecuencia del derecho al descanso y al ocio, y en particular a la limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones pagadas periódicas, que se garantizan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Para poder dar cumplimiento a los compromisos internacionales de México necesitamos, o es menester de esta legislación, se reconozca el derecho al turismo que todo individuo tiene para el desarrollo pleno de su personalidad.

El turismo en nuestro país es una actividad que contribuye a la disminución de la pobreza y mejora la calidad de vida de todas las personas, pues detona el desarrollo económico y social.

El turismo representa la tercera fuente de ingresos para nuestro país.

A finales de 2015 México captó más de 31 millones de visitantes e ingresos que superan los 17 mil millones de dólares, por tal motivo, la propia Ley General de Turismo señala que los procesos que se generan por la materia turística son una actividad prioritaria nacional; sin embargo, en todo su articulado no contempla una referencia o concepto sobre el derecho al turismo, quedando atrasados conforme a los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte.

En ese sentido, la reforma propuesta pretende el reconocimiento del derecho al turismo como parte de un derecho humano, justamente con el objetivo de que nuestro marco jurídico atienda de forma puntual aquellos elementos que aseguren el principio pro-persona en beneficio del crecimiento y desarrollo de toda la sociedad sin discriminación alguna.

Señoras y señores legisladores: Para Acción Nacional la difusión del turismo nacional e internacional debe entenderse como una de las mejores expresiones del continuo crecimiento del tiempo libre.

Por tanto, el derecho al turismo debe ser respetado y reconocido en nuestra legislación en concordancia con los instrumentos internacionales.

Es por lo anteriormente expuesto que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presenta la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por la cual se reforma la Ley General de Turismo, con el objetivo de reconocer el derecho al turismo: Entendido como la posibilidad que tiene todo individuo de acceso directo y personal al descubrimiento de las riquezas naturales, culturales y de recreación de nuestro país, abierto por igual a todos los habitantes de nuestro planeta.

Asimismo, debe considerarse como consecuencia del derecho a la limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones pagadas periódicas, que se garantizan de conformidad con la legislación nacional y los tratados internacionales.

Con esto se pretende fomentar y desarrollar acciones para diversificar la actividad turística y hacer que todas las modalidades turísticas se consideren como un factor de desarrollo local integrado, apoyando el aprovechamiento de las actividades propias de las comunidades.

En el PAN, estamos convencidos de que a través de esta propuesta, nuestra legislación abordará de manera puntual el fomento al turismo en nuestro país. El tiempo que permitirá el desarrollo pleno e integral de todas y todos los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

GRETEL CULIN JAIME, Diputada Federal e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, 117, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículo3, Fracción VIII, 6, numeral 1, 77, numerales 1 y 2, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL TURISMO, con base en el siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ausencia en nuestra legislación del reconocimiento del derecho al turismo que todo individuo tiene, derivado del derecho humano al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas, que se garantizan en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el artículo 7, fracción d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los que ambos México es parte.


EXPOSICION DE MOTIVOS

PRIMERO.- La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial dela Federación el 10 de junio de 2011, tuvo como uno de sus fines principales la apertura del sistema jurídico mexicano al ordenamiento internacional, es decir la admisión de los tratados internacionales e incorporación de los mismos con rango constitucional en materia de derechos humanos, así también del reconocimiento del derecho derivado de ellos y de las jurisdicciones internacionales que han sido reconocidas por el estado mexicano.

Ello generó un cambio en la interpretación y aplicación del derecho sobre todo en la protección y reconocimiento de los derechos humanos. El sistema jurídico de nuestro país pasó de un modelo de legalidad a un modelo de constitucionalidad y convencionalidad donde ahora los derechos humanos se ponen en primer término, lo que implica y genera que se adopten medidas de carácter interno y se reconozcan derechos con el propósito de dar plena efectividad a las normas internacionales.

Una de esas medidas internas son las reformas legislativas que permitan una adecuada aplicación y reconocimiento de los derechos humanos.

Por ello, el control de convencionalidad es una interpretación de derechos y libertades acordes a tratados, que significa que los jueces nacionales están obligados a: 1) Observar los tratados internaciones; 2) Aplicar los tratados internaciones en materia de derechos humanos como el derecho interno que es; 3) No interpretar en contra del contenido, objeto y fin de los tratados internacionales; 4) Hacer efectivos los derechos y libertades contenidos en los tratados internacionales y 5) Observar como pauta de interpretación la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.1

Derivado de ello, uno de los principios interpretativos que se incorpora es el de pro persona, que consiste en el deber de las autoridades del Estado de interpretar las normas relativas a los derechos humanos de la forma que más favorezca a las personas.

Y si bien es cierto, que el Poder Legislativo no lleva a cabo la aplicación del derecho como en el caso del Poder Judicial, si tiene la facultad y responsabilidad de elaborar leyes, que sean acordes con la protección y reconocimiento de los derechos humanos.

En ese sentido, la reforma propuesta pretende esa situación, llevar acabo el reconocimiento del derecho al turismo como parte de un derecho humano.

SEGUNDO.- Los derechos humanos están implícitos al individuo y se adquieren por el simple hecho de ser humano, los cuales deben ser reconocidos y respetados en cualquier lugar donde se encuentre el sujeto, y el turismo además de que es considerado como un derecho, no debe presentar obstáculos para cumplir y hacer valer estos principios, no solo concentrándose en el turista, sino también en las comunidades donde se practican las actividades propias del turismo, en los servidores turísticos, y cualquier otra persona que forme parte e impulse esta rama económica, de esta manera se  respeta el objetivo fundamental de la Declaración Universal de Derechos Humanos que es la justicia social, conservando la integridad del ser humano, contra los excesos de poder.

Ahora bien, de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, éste es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales.2 Siendo una actividad a la que todos deben tener acceso para lograr el integro desarrollo de la persona, y fomentar el intercambio cultural, generando con ello la integración social.

El sustento principal del derecho al turismo se encuentra en el derecho humano a la libre circulación y el derecho al descanso, al ocio, a la limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones, contemplados en los artículos 13 y 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.3

Artículo 13.-Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”.

Además, en el artículo 7, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al cual México se adhirió el 23 de marzo de 1981, establece que :

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.”4

De igual forma, mediante resolución A/RES/406 (XIII) de la decimotercera Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo (Santiago de Chile 1999), se adoptó EL Código Ético Mundial para el Turismo. 5

El cual es un marco de referencia para el turismo responsable y sostenible, pues contiene un conjunto de principios que sirven para guiar el desarrollo del turismo y como marco de referencia para los diferentes actores en el sector del turismo.

En dicho Código, se contempla en su artículo 7 el Derecho al turismo, entendido bajo los puntos siguientes:

“1. La posibilidad de acceso directo y personal al descubrimiento de las riquezas de nuestro mundo constituirá un derecho abierto por igual a todos los habitantes de nuestro planeta. La participación cada vez más difundida en el turismo nacional e internacional debe entenderse como una de las mejores expresiones posibles del continuo crecimiento del tiempo libre, y no se le opondrá obstáculo ninguno.

2. El derecho al turismo para todos debe entenderse como consecuencia del derecho al descanso y al ocio, y en particular a la limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones pagadas periódicas, que se garantiza en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 7.d del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales…”

En ese sentido, el derecho al turismo debe ser respetado y reconocido en nuestra legislación, en concordancia con los instrumentos internacionales, lo que permitirá que la propia Ley General de Turismo garantice que todas las personas tengan libertad de practicarlo sin distinción de raza, género, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, o social, posición económica, nacimiento, condiciones físicas o cualquier otra condición, poniendo en primer término al ser humano.

TERCERO.-El turismo en nuestro país es un instrumento positivo que contribuye en la disminución de la pobreza y mejora la calidad de vida de todas las personas, pues detona el desarrollo económico y social.

Por tal motivo, la propia La ley General de Turismo señala que los procesos que se generan por la materia turística son una actividad prioritaria nacional, sin embargo, en todo su articulado no contempla una referencia o concepto sobre el derecho al turismo, quedando atrasados conforme a los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte. Y si bien, la materia turística es un tema de interés nacional, se debe dar prioridad a la elaboración de leyes que contribuyan en un mejor entendimiento y concepción del turismo.

Nuestra legislación, contempla lo que comprende la materia turística, siendo esta los procesos que se derivan de las actividades que se realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual con fines de ocio y otros motivos, establece bases generales de coordinación, bases para políticas, planeación, programación, mecanismos de conservación, planeación, reglas, procedimientos etc. Empero, no reconoce el derecho al turismo como parte de un derecho humano que todo individuo tiene.

Por ello nuestra propuesta es que se incluya en el artículo 2 de la Ley General de Turismo, como un objetivo de la ley, la de reconocer el derecho al turismo: Entendido como la posibilidad que tiene todo individuo de acceso directo y personal al descubrimiento de las riquezas naturales, culturales y de recreación de nuestro país, abierto por igual a todos los habitantes de nuestro planeta.

Considerándose como consecuencia del derecho al descanso y al ocio, y en particular a la limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones pagadas periódicas, que se garantizan de conformidad con la legislación nacional, y los tratados internacionales.

Tal y como lo reconocen y establecen instrumentos internacionales de los cuales México es parte, y que de acuerdo con la reforma constitucional de 2011, debe regir siempre en beneficio de las personas.

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó mediante resolución A/RES/56/212, del 21 de diciembre de 2001, el Código Ético Mundial para el Turismo e invitó a los “gobiernos e interesados del sector turismo a estudiar la posibilidad de introducir, según proceda, el contenido del Código Ético Mundial para el turismo en las correspondientes leyes, normas y prácticas profesionales...6

En ese sentido, adoptar la idea básica del derecho al turismo contemplado en el Código Ético Mundial para el turismo, en la reforma propuesta, contribuirá en generar las acciones necesarias para reconocer derechos básicos de todos los mexicanos.

Para un mejor entendimiento de la propuesta el cuadro siguiente refleja el contenido del actual artículo 2 de la Ley General de Turismo y como quedaría de aprobarse la presente iniciativa:

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:

I. Establecer las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre el Ejecutivo Federal, Estados, Municipios y el Distrito Federal, así como la participación de los sectores social y privado;

 

 

 

 

II. Establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional de la actividad turística, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los Estados, Municipios y el Distrito Federal, a corto, mediano y largo plazo;

III. Determinar los mecanismos para la conservación, mejoramiento, protección, promoción, y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, preservando el patrimonio natural, cultural, y el equilibrio ecológico con base en los criterios determinados por las leyes en la materia, así como contribuir a la creación o desarrollo de nuevos atractivos turísticos, en apego al marco jurídico vigente;

IV. Formular las reglas y procedimientos para establecer, el ordenamiento turístico del territorio nacional;

 

 

 

V. Promover y vigilar el desarrollo del turismo social, propiciando el acceso de todos los mexicanos al descanso y recreación mediante esta actividad;

VI. Facilitar a las personas con discapacidad las oportunidades necesarias para el uso y disfrute de las instalaciones destinadas a la actividad turística, así como su participación dentro de los programas de turismo accesible;

VII. Salvaguardar la igualdad de género en la instrumentación y aplicación de políticas de apoyo y

fomento al turismo;

 

VIII. Establecer las reglas y procedimientos para la creación de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, su operación y las facultades concurrentes que, de manera coordinada, ejercerán el Ejecutivo Federal, los Estados y Municipios, y en su caso el Distrito Federal en dicha Zonas;

IX. Optimizar la calidad y competitividad de los servicios turísticos;

 

 

X. Impulsar la modernización de la actividad turística;

XI. Fomentar la inversión pública, privada y social en la industria turística;

XII. Establecer las bases para la emisión de las disposiciones jurídicas tendientes a regular la actividad de los prestadores de servicios turísticos;

XIII. Determinar las normas para la integración y operación del Registro Nacional de Turismo;


XIV. Establecer las bases para la orientación y asistencia a los turistas nacionales y extranjeros, definiendo sus derechos y obligaciones, y

XV. Fomentar y desarrollar acciones para diversificar la actividad turística, todas las modalidades turísticas se considerarán como un factor de desarrollo local integrado, apoyando el aprovechamiento de las actividades propias de las comunidades.

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:

I. Reconocer el Derecho al Turismo, entendido como la posibilidad de acceso directo y personal al descubrimiento de las riquezas naturales, culturales y de recreación de nuestro país, abierto por igual a todos los habitantes de nuestro planeta.

Debe considerarse como consecuencia del derecho al descanso y al ocio, y en particular a la limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones pagadas periódicas, que se garantizan de conformidad con la legislación nacional, y los tratados internacionales.

II. Establecer las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre el Ejecutivo
Federal, Estados, Municipios y el Distrito Federal, así como la participación de los sectores social y privado;

 

III. Establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional de la actividad turística, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los Estados, Municipios y el Distrito Federal, a corto, mediano y largo plazo;

 

IV. Determinar los mecanismos para la conservación, mejoramiento, protección, promoción, y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, preservando el patrimonio natural, cultural, y el equilibrio ecológico con base en los criterios determinados por las leyes en la materia, así como contribuir a la creación o desarrollo de nuevos atractivos turísticos, en apego al marco jurídico vigente;

V. Formular las reglas y procedimientos para establecer, el ordenamiento turístico del territorio nacional;


VI. Promover y vigilar el desarrollo del turismo social, propiciando el acceso de todos los mexicanos al
descanso y recreación mediante esta actividad;

 

VII. Facilitar a las personas con discapacidad las oportunidades necesarias para el uso y disfrute de las instalaciones destinadas a la actividad turística, así como su participación dentro de los programas de turismo accesible;


VIII. Salvaguardar la igualdad de género en la instrumentación y aplicación de políticas de apoyo y fomento al turismo;

 


IX. Establecer las reglas y procedimientos para la creación de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, su operación y las facultades concurrentes que, de manera coordinada, ejercerán el Ejecutivo Federal, los Estados y Municipios, y en su caso el Distrito Federal en dicha Zonas;

X. Optimizar la calidad y competitividad de los servicios turísticos;

XI. Impulsar la modernización de la actividad turística;

XII. Fomentar la inversión pública, privada y social en la industria turística;


XIII. Establecer las bases para la emisión de las disposiciones jurídicas tendientes a regular la actividad de los prestadores de servicios turísticos;

XIV. Determinar las normas para la integración y operación del Registro Nacional de Turismo;


XV. Establecer las bases para la orientación y asistencia a los turistas nacionales y extranjeros, definiendo sus derechos y obligaciones, y

 

XVI. Fomentar y desarrollar acciones para diversificar la actividad turística, todas las modalidades turísticas se considerarán como un factor de desarrollo local integrado, apoyando el aprovechamiento de las actividades propias de las comunidades.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforma la fracción I, pasando su texto actual a la fracción II y recorriéndose el contenido de las subsecuentes fracciones hasta adicionarse una XVI, del artículo 2 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:…

I. Reconocer el Derecho al Turismo, entendido como la posibilidad de acceso directo y personal al descubrimiento de las riquezas naturales, culturales y de recreación de nuestro país, abierto por igual a todos los habitantes de nuestro planeta.

Debe considerarse como consecuencia del derecho al descanso y al ocio, y en particular a la limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones pagadas periódicas, que se garantizan de conformidad con la legislación nacional, y los tratados internacionales.

II. Establecer las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre el Ejecutivo Federal, Estados, Municipios y el Distrito Federal, así como la participación de los sectores social y privado;

III. Establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional de la actividad turística, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los Estados, Municipios y el Distrito Federal, a corto, mediano y largo plazo;

IV. Determinar los mecanismos para la conservación, mejoramiento, protección, promoción, y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, preservando el patrimonio natural, cultural, y el equilibrio ecológico con base en los criterios determinados por las leyes en la materia, así como contribuir a la creación o desarrollo de nuevos atractivos turísticos, en apego al marco jurídico vigente;

V. Formular las reglas y procedimientos para establecer, el ordenamiento turístico del territorio nacional;

VI. Promover y vigilar el desarrollo del turismo social, propiciando el acceso de todos los mexicanos al descanso y recreación mediante esta actividad;

VII. Facilitar a las personas con discapacidad las oportunidades necesarias para el uso y disfrute de las instalaciones destinadas a la actividad turística, así como su participación dentro de los programas de turismo accesible;

VIII. Salvaguardar la igualdad de género en la instrumentación y aplicación de políticas de apoyo y fomento al turismo;

IX. Establecer las reglas y procedimientos para la creación de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, su operación y las facultades concurrentes que, de manera coordinada, ejercerán el Ejecutivo Federal, los Estados y Municipios, y en su caso el Distrito Federal en dicha Zonas;

X. Optimizar la calidad y competitividad de los servicios turísticos;

XI. Impulsar la modernización de la actividad turística;

XII. Fomentar la inversión pública, privada y social en la industria turística;

XIII. Establecer las bases para la emisión de las disposiciones jurídicas tendientes a regular la actividad de los prestadores de servicios turísticos;

XIV. Determinar las normas para la integración y operación del Registro Nacional de Turismo;

XV. Establecer las bases para la orientación y asistencia a los turistas nacionales y extranjeros, definiendo sus derechos y obligaciones, y

XVI. Fomentar y desarrollar acciones para diversificar la actividad turística, todas las modalidades turísticas se considerarán como un factor de desarrollo local integrado, apoyando el aprovechamiento de las actividades propias de las comunidades.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 11 de mayo de 2016.

Dip. Gretel Culin Jaime.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputada Huerta Villegas. Se turna a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.

1 Nieto Castillo, Santiago, “Control de Convencionalidad y la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos”, Cuadernos de Divulgación de la Justicia Electoral, 1ª edición, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2014, pág. 47.

2 http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico.

3 El 10 de diciembre de 1948 se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos con el voto a favor de 48 estados, incluyendo a México.

4 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

5 http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo

6 Idem.





 

Se concede el uso de la tribuna al Diputado Francisco Javier Pinto Torres, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 112 BIS, ASÍ COMO UN ARTÍCULO 112 TER A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Presentada por el Diputado Francisco Javier Pinto Torres, del grupo parlamentario de Nueva Alianza)

El Diputado Francisco Javier Pinto Torres: Buenos días. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

No sin antes, si me lo permiten, felicitar a todas nuestras compañeras y a todas las madres de este país por su día social, el día de ayer.

¡Felicidades a todas las Senadoras y Diputadas que tienen esa bendición!

La salud pública en México se encuentra gravemente amenazada. Los altos índices de contaminación del aire que durante los últimos meses se han registrado en la Ciudad de México y en la zona metropolitana provocan serios padecimientos en los ciudadanos.

La salud es un derecho fundamental de todo individuo, así como también el disfrutar de un medio ambiente sano, derechos que no pueden garantizarse ante las condiciones de contaminación ambiental que actualmente se tienen y que han obligado a implementar la fase 1 del programa de contingencia ambiental.

En Nueva Alianza somos un partido preocupado y ocupado en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello, la protección de la salud y del medio ambiente es un compromiso que asumimos con la mayor responsabilidad.

En congruencia con ese compromiso, presento a esta Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 112 Bis y 112 Ter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la finalidad de crear un Consejo Nacional de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica.

La contaminación atmosférica no es privativa de la Ciudad de México, ni de la llamada Megalópolis; es un problema que afecta a toda la nación.

De acuerdo con el Informe Nacional de Calidad del Aire 2013, y refiriéndonos únicamente al ozono, sólo en Ciudad Juárez, Mérida, Chihuahua y Celaya se cumplió con la norma de ozono al no registrar concentraciones superiores tanto en el límite de una hora, como en el de ocho horas.

Dicho documento señala además que de acuerdo con el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud se estima que la contaminación del aire en México con material particulado fue la causa de cerca de 20,500 muertes en 2010, ocupando el noveno lugar en factor de riesgo, cifra por demás alarmante que aún desde hace tres meses estamos padeciendo, una crisis de contaminación atmosférica que no se veía en más de diez años.

Existe suficiente evidencia toxicológica y epidemiológica sobre los daños de la salud que ocasiona la exposición a los contaminantes en el aire.

No obstante, las medidas que el Estado ha implementado para contener el daño ambiental y proteger la salud de la población, los números nos muestran que estas acciones no son suficientes.

El estudio del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey, reveló que durante el año 2010 se hubieran podido evitar un total de 2,170 muertes prematuras de cumplirse con las normas de la Organización Mundial de la Salud.

Ante este panorama, es fundamental que el gobierno tanto en el ámbito federal, estatal y municipal, promueva, desarrolle e instrumente, actualice y cumpla normas que permitan tratar de manera integral el problema de la contaminación atmosférica.

En este sentido, es que consideramos prioritario crear el Consejo Nacional de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, para que de manera transversal se busquen soluciones factibles y eficaces para mitigar los altos niveles de contaminación en el aire.

Este consejo estará integrado por los gobiernos de las 32 entidades federativas, el Presidente de la República, las Secretarías de Salud y sus homólogos a nivel estatal, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus organismos descentralizados.

Dicho consejo también contará con especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil, a fin de que se analicen y establezcan las medidas y acciones pertinentes para erradicar los altos niveles de contaminación atmosférica en todas las ciudades del país.

Compañeras y compañeros: La crisis ambiental nos exige actuar de manera inmediata. Debemos propiciar políticas públicas que de manera eficaz protejan la salud de los ciudadanos, combatan el deterioro ambiental y reduzcan los altos índices de contaminación que día a día enfrenta nuestra sociedad.

Estoy seguro que todas y todos ustedes comparten nuestra preocupación. Por eso confío en que apoyarán esta propuesta y que además entre todos juntos haremos que este México se pinte mejor.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El que suscribe, FRANCISCO JAVIER PINTO TORRES Diputado Federal miembro del grupo parlamentario Nueva Alianza en la LXIII legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 112 BIS ASÍ COMO UN ARTÍCULO 112 TER A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La contaminación ambiental es un fenómeno que afecta directamente a la salud, no sólo de las y los mexicanos, ya que no es un problema único de nuestro país, sino que es un problema global que daña el equilibrio de los diversos ecosistemas.

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la contaminación ambiental es la “situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas”1.

La contaminación ambiental es un tema amplio, pero la materia de esta iniciativa se centra en una de las categorías de la ya citada y definida: la contaminación atmosférica.

Como lo señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su portal de internet, la contaminación atmosférica en su mayoría es provocada por el ser humano, el depredador más peligroso del planeta, y se produce por la combustión de combustibles fósiles.2

Sin lugar a dudas, la contaminación atmosférica es un problema que afecta directamente a la salud de los seres humanos y que detona grandes problemas ambientales en los territorios que no logran controlar los niveles establecidos de contaminantes en el área.

La citada contaminación daña directamente al agua y al suelo, destruyendo así los cultivos y árboles. Uno de los efectos más reconocidos es la lluvia ácida, que está compuesta de partículas de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno; cuando estas dos sustancias se mezclan con el agua y el oxígeno, caen en forma de precipitación, contaminando y dañando el suelo y el subsuelo, así como los mantos acuíferos. De la misma forma, genera daño a las edificaciones, autos y a la piel de las y los humanos.

El pasado 14 de marzo, la Ciudad de México registró 203 puntos en el Índice Metropolitano de Calidad del Aire (IMECA), por lo que fue activada la Fase 1 de contingencia atmosférica, la primera en más de una década.

Es importante señalar que la Ciudad de México fue considerada la ciudad más contaminada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a finales del siglo XX, pero después de ese estigma tan preocupante se lograron avances hasta lograr el control de estos altos índices, mismos que hoy en 2016 han vuelto a desatarse.

Actualmente, 150 puntos es el límite señalado en el Índice de Calidad del Aire para que las partículas suspendidas empiecen a dañar a la población de una ciudad. Según las normas oficiales mexicanas, a partir de este límite se podrían presentar efectos dañinos en la salud de las y los mexicanos, y sobre todo en los grupos vulnerables como los menores de edad y adultos mayores.

En México, según la OMS, se producen aproximadamente 9,300 muertes a causa de la contaminación atmosférica. Esto relacionado directamente al transporte urbano dentro del cual se considera al transporte público. En el país circulan actualmente, según la página respiraorg.com, más de 21 millones automóviles, de los cuales aproximadamente el 46% cuenta con una antigüedad mayor a 18 años.3

En la Ciudad de México circulan aproximadamente 6 mil vehículos en la zona metropolitana, recorriendo una distancia diaria, equivalente a casi seis mil vueltas al planeta tierra, es decir, 76 mil 536 kilómetros.4

Lo anterior significa que casi la mitad de los autos que circulan en el país son ineficientes y altamente contaminantes, ya que consumen más combustibles fósiles cuya combustión genera altos estándares de contaminación ambiental.

El Informe Nacional de Calidad del Aire 2013 establece que el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (InstituteforHealthMetrics and Evaluation o IHME) ha estimado que la contaminación del aire en México con material particulado fue la causa de cerca de 20,500 muertes en 2010, ocupando el noveno lugar como factor de riesgo. A su vez, ocasionó 461,454 años de vida perdidos ajustados por discapacidad (IHME, 2014).5

El citado informe también establece que en términos monetarios, según las cifras del INEGI, la contaminación ambiental atmosférica representó los mayores costos ambientales en 2012, al ubicarse en 532 mil 678 millones de pesos, equivalente al 3.4 por ciento del Producto Interno Bruto (INEGI, 2014).

Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)6 en las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey, establece que en el año 2010 se hubieran podido evitar un total de 2,170 muertes prematuras de cumplirse con las normas de la OMS, en comparación con las 1,317 que se evitarían de cumplirse con la Norma Oficial Mexicana respectiva. De igual manera, los beneficios económicos que se obtendrían si se cumplieran los niveles estipulados en las recomendaciones del Organismo Internacional y en la NOM, corresponderían a 45 y 27 mil millones de pesos, respectivamente.

Lo anterior pone en evidencia la falta de acciones por parte del gobierno mexicano federal en esta materia. No sólo existen omisiones o pasividad respecto a esta temática, sino que las acciones que se están implementando como las NOMs son insuficientes y hasta obsoletas.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, reconocemos que la contaminación ambiental es un tema de coordinación política entre las entidades federativas y el gobierno federal; sin embargo, en materia de políticas públicas corresponde a los gobiernos locales establecer las medidas más pertinentes para mitigar este tipo de contaminación tan dañina para las y los mexicanos.

Por lo anterior, proponemos hacer uso de las reglas que están establecidas en la normatividad vigente en nuestro país, creando un Consejo Nacional de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica que incluirá a los gobiernos de las 32 entidades federativas, así como al Presidente de la República quien presidirá este Consejo y a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto con los titulares de los organismos desconcentrados de esta entidad; así como de la Secretaría de Salud y sus homólogos a nivel estatal. Además, se contempla la inclusión de especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil para que se analicen y establezcan las medidas y acciones pertinentes para erradicar los altos niveles de contaminación atmosférica en las ciudades de la República Mexicana.

Este será un Órgano que realizará todas las acciones coordinadas que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de contaminación atmosférica. 

ARGUMENTACIÓN

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su párrafo cuarto y quinto los dos derechos humanos, materia de la presente iniciativa que a la letra dicen:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”

Lo anterior nos refiere a la obligación que tiene el Estado de garantizar estos dos derechos humanos, tanto el derecho a la protección de la salud, como el derecho a un medio ambiente sano, mismos que se ven directamente afectados cuando nos encontramos en momentos de contingencia ambiental y, en el caso que nos compete, de contaminación atmosférica.

Es por ello que se incluye al titular de la Secretaría de Salud federal y estatal, ya que la contaminación atmosférica no sólo involucra la protección del medio ambiente, sino a la salud de la población. Lo que supone que en el Consejo Técnico las valoraciones técnicas en materia de salud para la toma de decisiones resultan fundamentales.

En este sentido, el Congreso de la Unión, de acuerdo con lo establecido en la fracción XXIX-G del artículo 73 de la CPEUM, tiene la facultad de expedir leyes en concurrencia con los gobiernos de las entidades federativas en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza las acciones que las entidades federativas han implementado para el control de la contaminación atmosférica se han visto rebasadas y ahora produce no sólo daños a la salud, sino al bienestar económico de la población.

Por ello, consideramos necesario crear un Consejo Nacional que busque, con el esfuerzo de los diversos actores involucrados, soluciones factibles y eficaces para mitigar y evitar las contingencias atmosféricas.

La creación de este Consejo es una facultad que se encuentra establecida en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, como a continuación demostramos.

Empezaremos por establecer que en la Ley supracitada en su artículo primero fracción VI se establece que:

ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;

…”

De esta forma, en el artículo 5 de la Ley de la materia señala las facultades de la Federación y, entre ellas, la fracción VII establece la participación en materia de contingencias ambientales:

“ARTÍCULO 5o.- Son facultades de la Federación:

VII.- La participación en la prevención y el control de emergencias y contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan”.

Es imperativo señalar que son facultades coordinadas entre la federación y las entidades federativas, el establecimiento de normas y la atención de la contaminación ambiental, y esto como materia de atención a contingencias.

En la misma normatividad en el artículo 7° se establecen las facultades de los estados donde queda plasmado el control de la contaminación atmosférica en sus entidades, señalado en la fracción tercera de este artículo:

“ARTÍCULO 7o.- Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

III.- La prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como por fuentes móviles, que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de competencia Federal;”

En el artículo 11 de la LGEEPA se establece la facultad de suscribir convenios y acuerdos entre la Federación y los estados, para materias como la descrita en la fracción VI que a la letra dice:

VI. La prevención y control de la contaminación de la atmósfera, proveniente de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes;”

Asimismo, en el artículo 12 de este mismo ordenamiento se establece que para los efectos de los convenios o acuerdos celebrados o descritos en el artículo anterior se podrán crear órganos que coadyuven a llevar a cabo estas acciones de colaboración:

ARTÍCULO 12. Para los efectos del artículo anterior, los convenios o acuerdos de coordinación que celebre la Federación, por conducto de la Secretaría, con los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados, con la participación, en su caso, de sus Municipios, deberán sujetarse a las siguientes bases:

IV. Establecerán el órgano u órganos que llevarán a cabo las acciones que resulten de los convenios o acuerdos de coordinación, incluyendo las de evaluación, así como el cronograma de las actividades a realizar;

…”

Derivado de lo anterior, el Congreso de la Unión se encuentra facultado para la creación de este órgano técnico, el cual se encargará de velar por el control y prevención de la contaminación atmosférica a lo largo del territorio nacional, en coordinación con las 32 entidades federativas.

México se ha comprometido a nivel internacional con algunos instrumentos y convenios internacionales en los que se busca la protección del ambiente contra la contaminación atmosférica, como a través del “Convenio sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a larga distancia” que tiene por objeto:

“Proteger al ser humano y a su medio ambiente contra la contaminación atmosférica y tratar de limitar y, en la medida de los posible, reducir gradualmente y prevenir dicha contaminación, incluida la que se desplaza largas distancias a través de las fronteras.”7

Las y los diputados de Nueva Alianza estamos comprometidos con el equilibrio ecológico nacional, por ello, siempre nos hemos manifestado y proponemos documentos legislativos en pro de la sustentabilidad y que abonen al crecimiento de la nación como un estado que vigile y cumpla con los requerimientos internacionales para salvaguardar un medio ambiente sano y que a su vez, garantice la salud pública a las y los   mexicanos.

FUNDAMENTO LEGAL

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputado Federal del grupo parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adicionan los artículos 112 Bis y 112 Ter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se adicionan los artículos 112 Bis y 112 Ter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Artículo 112 Bis. Para el cumplimiento de las facultades citadas en los artículos anteriores, se creará la “Comisión Nacional de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica” como un organismo de coordinación política que tendrá las facultades que establece esta Ley en materia de contaminación atmosférica. Serán miembros de la Comisión:

I. Presidente de la República, quien lo presidirá;

II. Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como todos los titulares de los órganos desconcentrados de esta Secretaría;

III. Titular de la Secretaría de Salud y sus homólogos a nivel estatal;

IV. Gobernadores de las 31 entidades federativas de la república y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;

V. Académicos y especialistas en la materia que serán designados por el Presidente de la República, y

VI. Representantes de las diversas organizaciones no gubernamentales especialistas en la materia de contaminación ambiental.

En los caso de la fracciones I, II y III del presente artículo, podrán hacer uso de la suplencia, que deberá ser representada por un funcionario de la misma dependencia de nivel de Subsecretario u homólogo.

Artículo 112 Ter. El Consejo sesionará dos veces por año de manera ordinaria, y en forma extraordinaria cuando el Presidente lo determine, en casos de contingencia ambiental según lo previsto por la presente Ley o a petición de alguno de los Gobernadores de las 31 entidades federativas o del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Las sesiones del Consejo deberán ser públicas y transmitidas a través del portal de Internet creado para este Consejo, las actas de las sesiones deberán publicarse en el mismo portal.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 11 de mayo de 2016.

Dip. Francisco Javier Pinto Torres.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Pinto Torres. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

1 Art. 3 fracc. VIII. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Última reforma 09-01-2015.

2 Organización Mundial de la Salud
http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/background_information/es/index2.html

3 Consultado en http://respiramexico.org.mx/por-que-respira-mexico/

4 Sin embargo “En Números la Ciudad de México y su batalla de 40 años contra la contaminación atmosférica http://www.sinembargo.mx/19-04-2016/1649862

5 Informe Nacional de Calidad del Aire 2013
http://www.inecc.gob.mx/descargas/calaire/2014_inf_nal_calaire_mex.pdf

6 En este estudio se evalúan los impactos en la salud que se evitarían si se cumplieran los límites establecidos en las normas oficiales mexicanas e internacionales de calidad del aire con respecto a PM2.5 (partículas menores a 2.5 micrómetros)

7 Consultado en http://www.inecc.gob.mx/descargas/ai/con_102.pdf





 

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, para presentar a nombre de la Diputada Xóchitl Hernández Colín, del grupo parlamentario de Morena, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Presentada por el Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, a nombre de la Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del grupo parlamentario de Morena)

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, señor Presidente. Compañeros y compañeras:

La Organización Internacional del Trabajo define seguridad social como “la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte.

El principal objetivo perseguido por la seguridad social es “velar porque las personas que están en la imposibilidad de obtener un ingreso, o que deben asumir responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir satisfaciendo sus necesidades proporcionándoles, a tal efecto, recursos financieros o determinados bienes o servicios.

En México la seguridad social se ha convertido en uno de los principales instrumentos de combate a la pobreza en general y para mejorar las condiciones de vida de determinados grupos de la población.

Así el sistema público de seguridad social del país incluye instituciones federales, estatales, empresas paraestatales y otros organismos sociales; pero recae casi por completo en dos instituciones: el Instituto Mexicano del Seguro Social, creado en 1942; y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, instituido en 1960.

Particularmente el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de acuerdo con lo establecido en la fracción IX del apartado B del artículo 123 de la Constitución, está encargada de proporcionar los servicios de seguridad social a los trabajadores que prestan sus servicios a los Poderes de la Unión; cubre de manera obligatoria un conjunto de 21 prestaciones, 3 de ellas médicas, 6 sociales y 12 económicas, las cuales abarcan servicios médicos, riesgos de trabajo, pensiones, ahorro para el retiro, préstamos, vivienda, servicios sociales y culturales.

Sin embargo, actualmente la ley secundaria que reglamenta el funcionamiento del instituto, impide el pleno ejercicio universal del derecho social que corresponde a cualquier trabajador que preste sus servicios al Estado.

Las personas que presten sus servicios mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de raya, pero no hayan laborado por un periodo mínimo de un año, no son considerados como trabajadores para los efectos de la Ley del Instituto, por lo cual no son integrados al régimen de seguridad social previsto en la ley.

La fracción XXIX del artículo 6 y del Cuadragésimo Tercero Transitorio de la Ley del Instituto, restringen el ejercicio  del derecho a la seguridad social, ya que anteponen un requisito administrativo de temporalidad para hacer efectivo el derecho de la seguridad social y con ello se crea una forma de discriminación laboral en detrimento de un sector de trabajadores al servicio del Estado que tienen que haber laborado por un periodo mínimo de un año para ser considerados trabajadores y por ende, sujetos a la seguridad social.

Esto no puede ser aceptado por un Estado moderno, es necesario eliminar cualquier requisito que impida a las y los trabajadores al servicio del Estado, disfrutar, desde el inicio de sus funciones, de los beneficios de la seguridad social.

La seguridad social es un derecho reconocido en el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mejor conocido como Protocolo de San Salvador.

Incluso, es necesario mencionar que existe jurisprudencia en materia laboral que establece que independientemente de la forma, en la que perciben emolumentos los trabajadores al servicio del Estado, en su relación con el Estado se configuran los supuestos necesarios para el establecimiento de la relación laboral, por ende, dicha persona trabajadora debe contar con todos los derechos inherentes a la misma, mismos que se hallan consagrados en la Constitución.

Reformar las leyes para hacerlas compatibles con el precepto constitucional, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte y de la jurisprudencia, es una obligación ética, política y legal que no podemos retrasar.

Muchas gracias.

Iniciativa

El que suscribe, Diputado VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA, a nombre de la Diputada NORMA XÓCHITL HERNÁNDEZ COLÍN, integrante del grupo parlamentario de MORENA a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de ésta Soberanía, la presente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 1991, la Organización Internacional del Trabajo produjo una de las definiciones de seguridad social con mayor aceptación a nivel mundial, entendiéndola como “la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”.1

Derivado de lo anterior, el principal objetivo perseguido por la seguridad social es “velar porque las personas que están en la imposibilidad (temporal o permanente) de obtener un ingreso, o que deben asumir responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir satisfaciendo sus necesidades, proporcionándoles, a tal efecto, recursos financieros o determinados bienes o servicios”.2

El propósito central de la seguridad social es otorgar protección a las personas, garantizándoles un nivel mínimo de bienestar sin distinción de su condición económica, social, o laboral, de forma tal que no dependan únicamente de su situación de inserción en el mercado laboral o de la adquisición de habilidades y conocimientos.3

Como sus principios elementales se encuentra la universalidad en la cobertura, la igualdad, la equidad o uniformidad en el trato, la solidaridad, la redistribución del ingreso, la suficiencia de las prestaciones; la unidad y responsabilidad del Estado, la eficiencia y participación en la gestión; y la sostenibilidad financiera.

De  tal forma, la seguridad social busca proteger a los individuos ante circunstancias previstas o imprevistas, permanentes o temporales que mermen su capacidad económica y frente a las cuales es posible establecer mecanismos precautorios, en cuyo financiamiento pueden participar el Estado, los empleadores y los trabajadores; como principales componentes integra rubros básicos como: vejez, invalidez, muerte, enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo, desempleo y asignaciones familiares.

Adquiere mayor importancia cuando consideramos su potencial como instrumento de combate a la pobreza en general y para mejorar las condiciones de vida de determinados grupos de la población; su sistema se caracteriza por el tipo y la amplitud de los servicios que proporciona, por la definición de los proveedores, los beneficiarios de estos servicios y su forma de financiamiento.4

En México, desde la Constitución de 1857 se vislumbraron los primeros atisbos para otorgar seguridad social o derechos a la clase trabajadora, los cuales se consagraron en el Artículo 5 de aquel ordenamiento, a saber:

5. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales, sin la justa retribución y sin su pleno conocimiento. La Ley no puede autorizar ningún contrato que tenga por objeto la pérdida ó el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación ó de voto religioso. Tampoco puede autorizar convenios en que el hombre pacte su proscripción ó destierro.” (sic)

Al promulgarse la Constitución de 1917, se reivindicaron los derechos laborales al incorporarse novedosas disposiciones en beneficio de la clase trabajadora, como son las que contemplan responsabilidades de los patrones en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como la obligación de observar los preceptos legales sobre higiene, seguridad y la previsión popular.

En materia de seguridad social, la fracción XXIX del artículo 123 del texto original de la Constitución, establecía lo siguiente:

“XXIX. Se consideran de utilidad social: el establecimiento de Cajas de Seguros Populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y otros con fines análogos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de cada Estado, deberán fomentar la organización de Instituciones de ésta índole, para infundir e inculcar la previsión popular.” (sic) 

Con posterioridad, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 1929, la referida fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución, fue modificada para quedar como sigue:

XXIX. Se considera de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de la invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y otros con fines análogos.” (sic)

El 5 de diciembre de 1960, fue publicado el Decreto que reformó y adicionó el artículo 123 de la Constitución, mismo que fue dividido en dos apartados: en el “Apartado A”, se conservó el contenido del texto vigente anterior a esa fecha; y en el “Apartado B”, se incorporaron las normas que regulan las relaciones de trabajo entre los Poderes de la Unión, los Gobiernos del Distrito y los Territorios Federales, con sus trabajadores y empleados.

Desde entonces, el sistema público de seguridad social del país incluye instituciones federales, estatales, empresas paraestatales y otros organismos sociales; sin embargo, recae casi por completo en dos instituciones; el Instituto Mexicano del Seguro Social, creado en 1942; y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, creado en 1960.

Particularmente por lo que hace al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de acuerdo con lo establecido en la fracción XI del Apartado B del artículo 123 Constitucional, es la institución encargada de proporcionar los servicios de seguridad social a los trabajadores que prestan sus servicios a los Poderes de la Unión; cubre de manera obligatoria un conjunto de 21 prestaciones, 3 de ellas médicas, 6 sociales y 12 económicas, las cuales abarcan servicios médicos, riesgos de trabajo, pensiones, ahorro para el retiro, préstamos, vivienda y servicios sociales y culturales; como se aprecia a continuación:

Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A.

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

I. a X.

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.

e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos”.

No obstante el espíritu de la seguridad social reconocido por el precepto constitucional citado, la ley que reglamenta el funcionamiento del Instituto, es decir, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, imposibilita el pleno ejercicio del derecho social que corresponde a cualquier trabajador que preste sus servicios al Estado.

Es el caso de lo dispuesto en la fracción XXIX del Artículo 6 y el Cuadragésimo Tercero Transitorio de la Ley del Instituto, que a la letra estipulan:

Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a XXVIII. …

XXIX. Trabajador, las personas a las que se refiere el artículo 1o. de esta Ley que presten sus servicios en las Dependencias o Entidades, mediante designación legal o nombramiento, o por estar incluidas en las listas de raya de los Trabajadores temporales, incluidas aquéllas que presten sus servicios mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de raya, siempre y cuando hayan laborado una jornada completa de acuerdo con las condiciones generales de trabajo y el contrato sea por un periodo mínimo de un año.

CUADRAGÉSIMO TERCERO. A las personas que presten sus servicios a las Dependencias o Entidades mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de raya, siempre y cuando hayan laborado una jornada completa de acuerdo con las condiciones generales de trabajo y hayan laborado por un periodo mínimo de un año, se les incorporará integralmente al régimen de seguridad social con la entrada en vigor de esta Ley.

Asimismo, se les incorporará con los Tabuladores aplicables en la Dependencia o Entidad en que presten sus servicios mediante un programa de incorporación gradual, que iniciará a partir del primero de enero del 2008 dentro de un plazo máximo de cinco años. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los lineamientos para su incorporación”.

De lo anterior se desprende que las personas que presente sus servicios al Estado mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de raya, pero no hayan laborado por un periodo mínimo de un año, no son considerados como trabajadores para los efectos de la Ley del Instituto, por lo cual no son integrados al régimen de seguridad social previsto en la Ley, y provisto por el Instituto.

Al respecto, es necesario mencionar que independientemente de la forma en la que perciben emolumentos los trabajadores al servicio del Estado, en su relación con el Estado se configuran los supuestos necesarios para el establecimiento de la relación laboral, por ende, dicha persona trabajadora debe contar con todos los derechos inherentes a la misma, mismos que se hallan consagrados en la Constitución y se encuentran actualmente soslayados por el contenido actual de la Ley del Instituto.

En apoyo a lo anterior, sirve de apoyo la Jurisprudencia en Materia Laboral, provista por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en marzo de 2005, que a la letra señala:

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL VÍNCULO LABORAL SE DEMUESTRA CUANDO LOS SERVICIOS PRESTADOS REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO, AUNQUE SE HAYA FIRMADO UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.

De la tesis de jurisprudencia 2a./J. 76/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, octubre de 1998, página 568, con el rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SI DEMUESTRAN QUE HAN VENIDO PRESTANDO SERVICIOS A LA DEPENDENCIA ESTATAL POR DESIGNACIÓN VERBAL DEL TITULAR, TIENEN ACCIÓN PARA DEMANDAR LA EXPEDICIÓN DEL NOMBRAMIENTO O SU INCLUSIÓN EN LAS LISTAS DE RAYA Y, EN SU CASO, TODAS LAS DEMÁS ACCIONES CONSECUENTES.", así como de la ejecutoria dictada en la contradicción de tesis 96/95 de la que derivó, se advierte que aun cuando no se exhiba el nombramiento relativo o se demuestre la inclusión en las listas de raya, la existencia del vínculo laboral entre una dependencia estatal y la persona que le prestó servicios se da cuando se acredita que los servicios prestados reúnen las características propias de una relación laboral. En ese sentido, si se acredita lo anterior, así como que en la prestación del servicio existió continuidad y que el trabajador prestó sus servicios en el lugar y conforme al horario que se le asignó, a cambio de una remuneración económica, se concluye que existe el vínculo de trabajo, sin que sea obstáculo que la prestación de servicios se haya originado con motivo de la firma de un contrato de prestación de servicios profesionales, pues no es la denominación de ese contrato lo que determina la naturaleza de los servicios prestados al Estado, de tal suerte que si éstos reúnen las características propias del vínculo laboral entre el Estado y sus trabajadores, éste debe tenerse por acreditado.

De lo anterior se colige que cuando la persona prestó de manera continua su trabajo, con base en el horario asignado a cambio de remuneración económica, existe una relación laboral entre ella y los Poderes de la Unión, por lo que existe obligación a cargo del patrón, de otorgar de manera inmediata, los servicios de seguridad social, sin que para ello, deba ocurrir un año, como lo establece la Ley del Instituto.

Con el contenido actual de las disposiciones que se pretenden modificar, se crea un estado de excepción en detrimento de un sector de trabajadores al servicio del Estado, quienes tienen que haber laborado por un periodo mínimo de un año para ser considerados como trabajadores y por ende, poder ser sujetos de la seguridad social, no importando que las necesidades de la misma no requieran de un lapso establecido para ser ejercibles.

Para efectos de la prohibición constitucional para la creación de estados de excepción de facto, sirve de apoyo el contenido del Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dispone:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

En la inteligencia de lo anterior, se desprende que todas las personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones establecidos por ella misma, lo cual no ocurre en el caso que nos ocupa, sino todo lo contrario, la Constitución prevé las bases mínimas para el otorgamiento de la seguridad social y la ley reglamentaria lo condiciona a la periodicidad de la labor desempeñada.

El mandamiento que funda y motiva el actuar del Instituto, va en contravención a lo dispuesto por la Constitución, lo cual debe ser enmendado a efecto de no hacer nugatorios los Derechos Humanos, Sociales y Laborales de las personas que prestan sus servicios a los Poderes de la Unión.

Para ilustrar lo anterior, sirve de apoyo la Tesis Aislada en Materia Constitucional, provista por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en septiembre de 2000, que a la letra describe:

IGUALDAD. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE SE HAGAN VALER RESPECTO A LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1O. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO PUEDEN ENTENDERSE SI NO ES EN RELACIÓN DIRECTA CON LAS LIBERTADES QUE ÉSTA CONSAGRA.

Si bien es cierto que las garantías que otorga la Constitución Federal sólo pueden restringirse por disposición de la propia Ley Fundamental o por otra ley a la que la misma remita, también lo es que los conceptos de violación que haga valer el quejoso en el juicio de amparo, respecto al artículo 1o. de la Carta Magna que prevé la garantía de igualdad, sólo pueden entenderse en relación directa con las libertades que la propia Constitución consagra. Esto es, la violación que se produciría, en su caso, al artículo 1o. sólo puede advertirse de un estudio conjunto de dicho ordinal con la correlativa libertad que se arguye violada.
La garantía de igualdad sólo puede entenderse en relación directa con las libertades que la propia Constitución consagra. Aunado a lo anterior, por mandato constitucional derivado de la reforma en materia de Derechos Humanos llevada a cabo en junio de 2011, existe obligación a cargo de todas las autoridades del Estado, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; lo cual el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no lleva a cabo.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con lo establecido por el propio Artículo 1º de la Constitución, en relación con lo descrito en el Artículo 133 de la misma, los Tratados Internacionales suscritos y refrendados por el Estado Mexicano, son Ley Suprema en la Unión, a saber:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.”

De la anterior jerarquía de normas, con relación a lo dispuesto por el Artículo 1º de la Constitución; se desprende que cualquier Tratado Internacional suscrito y ratificado por el Estado Mexicano, será aplicable en el país y que en caso de contraposición con una norma, deberá optarse por la disposición que mayor beneficio represente.

Es así como se genera la obligación para cualquier autoridad del Estado, el optar por un Tratado Internacional, por encima de la Ley del Instituto, si es que el primero provee la protección más amplia a las personas.

A efectos de ilustrar lo anterior, sirve de apoyo la Tesis Aislada en Materia Constitucional, provista por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en enero de 2013, misma que dispone:

PRINCIPIO PRO PERSONA. ES UN DERECHO PLASMADO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE REQUIERE SU VINCULACIÓN CON LA VIOLACIÓN DE UN DERECHO HUMANO PARA SU EFECTIVIDAD.

El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entró en vigor el once de junio de dos mil once, establece: "Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia". Dicha porción normativa contiene un derecho reconocido a los gobernados consistente en un principio de interpretación tanto conforme con los derechos humanos contemplados por la propia Constitución (interpretación conforme), como aquellos plasmados en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte (interpretación convencional), siempre en busca de lo más favorable para la persona. No obstante lo anterior, tal derecho es un principio de interpretación pro persona que implica que las normas relativas a derechos humanos se interpreten de acuerdo con la propia Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas, constituyendo así, una herramienta hermenéutica para lograr la efectiva protección de los gobernados en relación, siempre, con un derecho humano que se alegue vulnerado. Esto es, si bien es cierto que tal principio interpretativo está reconocido en nuestra Constitución, también lo es que no es válido sostener su vulneración o transgresión autónoma, pues ésta siempre habrá de referirse al contenido y alcance de diverso derecho humano. En tales condiciones, es insuficiente que se invoque como argumento para estimar que el acto reclamado transgrede un derecho humano, el que no se observó el principio pro persona o se omitió llevar a cabo una interpretación conforme, pues tal expresión no puede ser, por sí sola, suficiente para estimar que se violó un derecho humano, sino que es necesario que se vincule con la vulneración de un derecho de esa naturaleza contenido en nuestra Constitución o en un tratado internacional que haya sido ratificado por nuestro país a efecto de que la autoridad jurisdiccional proceda a analizar si se da tal transgresión para, en su caso, proceder a realizar una interpretación conforme o en aplicación del control de convencionalidad atendiendo a lo que más favorezca al agraviado.

El Principio “Pro Persona”, contiene un derecho reconocido a las y los gobernados, consistente en la interpretación conforme de los Derechos Humanos contemplados por la propia Constitución y en los tratados internacionales, buscando el que contenga disposiciones más favorable para la persona, si es que éste se alega vulnerado; tal como se estima que ocurre con los Artículos referidos de la Ley del Instituto, que no responden a las directrices establecidas por los Artículos 1 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En abono de lo anterior, sirve la Tesis Aislada en Materia Administrativa, provista por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en febrero de 2005, que dispone:

PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA.

El principio pro homine que implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio, se contempla en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el siete y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, respectivamente. Ahora bien, como dichos tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme al artículo 133 constitucional, es claro que el citado principio debe aplicarse en forma obligatoria.

Este criterio obligatorio en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, tiene dos variantes, la primera, como preferencia interpretativa, conforme a la cual ante dos o más interpretaciones de la norma, el intérprete debe preferir la que más proteja al individuo u optimice un derecho fundamental y, la segunda, conforme a la cual si pueden aplicarse dos o más normas a un determinado caso, el intérprete debe preferir la que más favorezca a la persona, independientemente de la jerarquía entre ellas.

Con relación a lo anterior, es aplicable como normatividad de interpretación convencional, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, suscrito por el Estado Mexicano el 17 de noviembre de 1988 y ratificado el 16 de abril de 1996, que en su Artículo 9 señala:

Artículo 9: Derecho a la Seguridad Social

1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.

2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto”.

Asimismo, resulta importante citar el contenido del artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dispone:
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

De igual manera, es necesario rescatar el contenido de los artículos 9, 10 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mencionan lo siguiente:

Artículo 9.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.

Artículo 10.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:

1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges.

2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social.

3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.

Artículo 11.-

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para:

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales;

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan”.

Aunado a lo anterior, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, reafirmó que el derecho a la seguridad social es un Derecho Humano, reconoció que es, junto con la promoción del empleo, una necesidad económica y social para el desarrollo y el progreso.

Reconoció además, que la seguridad social es una herramienta importante para prevenir y reducir la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la inseguridad social, para promover la igualdad de oportunidades, la igualdad de género y la igualdad racial y para apoyar la transición del empleo informal al empleo formal.

La considera como una inversión en las personas que potencia su capacidad para adaptarse a los cambios de la economía y del mercado de trabajo, y que los sistemas de seguridad social actúan como estabilizadores sociales y económicos automáticos, ayudan a estimular la demanda agregada en tiempos de crisis y en las etapas posteriores, y ayudan a facilitar la transición hacia una economía más sostenible.

Asimismo, consideró las normas de la Organización Internacional del Trabajo relativas a la seguridad social, en particular el Convenio sobre la Seguridad Social de 1952, la Recomendación sobre la seguridad de los medios de vida de 1944, y la Recomendación sobre la asistencia médica de 1944, haciendo hincapié en que dichas normas conservan toda su pertinencia y siguen siendo importantes instrumentos de referencia para los sistemas de seguridad social.

Como se aprecia en la normatividad internacional descrita, en todos se indica de manera explícita que toda persona, sin distingo alguno, tiene derecho a la seguridad social; de igual manera, el contenido del Artículo 123 de la Constitución, tampoco refiere excepción expresa para el ejercicio del derecho social a la seguridad social, sin embargo, como ha quedado demostrado, la fracción XXIX del Artículo 6 y el Cuadragésimo Tercero Transitorio de la Ley del Instituto, restringen el ejercicio del derecho, ya que inscribe un requisito de temporalidad para el disfrute de la seguridad social a quienes presten sus servicios mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de raya.

Al momento, el Instituto no cumple con su obligación constitucional de garantizar la seguridad social de todas las personas que prestan sus servicios al Estado, siendo que, como quedó acreditado, existe relación laboral reconocida por interpretación del Poder Judicial de la Federación.

Con relación a lo anterior y en atención a la obligatoriedad de la interpretación convencional que obliga a toda autoridad en el Estado Mexicano, sirve de apoyo la siguiente Tesis Aislada en Materia Constitucional, provista por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en septiembre de 2012, misma que a la letra dispone:

PRINCIPIOS DE OPTIMIZACIÓN INTERPRETATIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD). ORIENTAN LA INTERPRETACIÓN DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES EN ESA MATERIA Y SON DE INELUDIBLE OBSERVANCIA PARA TODAS LAS AUTORIDADES.

El 10 de junio de 2011 se promulgaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, de las que sobresale la modificación de su artículo 1o. que establece la obligación de toda autoridad, de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En virtud de éstos, la valoración de los derechos fundamentales queda vinculada a la premisa de que deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o preferencias (universalidad); además, tales derechos han de apreciarse como relacionados de forma que no sería posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras, sino que todos deben cumplirse en la mayor medida posible, así sea en diferente grado por la presencia de otro derecho fundamental que también deba respetarse y que resulte eventualmente preferible, por asegurar un beneficio mayor al individuo, sin que el derecho fundamental que ceda se entienda excluido definitivamente (indivisibilidad e interdependencia); asimismo, con el entendimiento de que cada uno de esos derechos, o todos en su conjunto, obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, mas no niegan la posibilidad de verse expandidos, por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinen la necesidad y vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del individuo (progresividad). De esta guisa, los referidos principios orientan la interpretación de los restantes preceptos constitucionales en materia de derechos fundamentales, conduciendo a su realización y observancia más plena e inmejorable posibles, vinculando el proceder de toda autoridad en el cumplimiento del mandato de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de la materia, por lo que se constituyen como auténticos principios de optimización e interpretación constitucional que el legislador decidió objetivar en la Norma Suprema y, que por ende, resultan de ineludible observancia para todas las autoridades, y más aún para las jurisdiccionales.

La valoración de los derechos fundamentales queda vinculada a la premisa de que deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción alguna; tales derechos han de apreciarse relacionados de forma que no es posible distinguirlos en orden de importancia, sino que todos deben cumplirse en la mayor medida posible. En el caso que nos ocupa, el derecho consagrado en el Artículo 123, en su relación con la Garantía de Igualdad, consagrada en el Artículo 1, ambos de la Constitución; y además, con los Tratados Internacionales aplicables al caso concreto.

En concatenación con lo anterior, sirve de apoyo la Tesis Aislada en Materia Constitucional, provista por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en enero de 2012, que refiere:

PROGRESIVIDAD. CÓMO DEBE INTERPRETARSE DICHO PRINCIPIO POR LAS AUTORIDADES A PARTIR DE LA REFORMA QUE SUFRIÓ EL ARTÍCULO 1O. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.

El principio de progresividad persigue, esencialmente, la aplicación preferente de aquel ordenamiento que contemple un mayor beneficio al gobernado respecto de sus derechos humanos, por ello las autoridades deben estar atentas a la evolución de éstos, especialmente en los tratados internacionales, pues puede suceder que exista contraposición entre un derecho humano que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el previsto en el tratado, en cuyo caso, si éste es de mayor beneficio para la persona, es el que debe aplicarse, en observancia al referido principio y acorde con los fines de justicia, equidad y solidaridad social perseguidos por el Constituyente Permanente a partir de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.

El principio de progresividad persigue la aplicación preferente de aquel ordenamiento que contemple un mayor beneficio al gobernado respecto de sus Derechos Humanos, por ello las autoridades deben estar atentas a la evolución de éstos, pues puede suceder que exista contraposición entre un derecho humano que consagra la Constitución, en cuyo caso, si éste es de mayor beneficio para la persona, es el que debe aplicarse, en observancia al referido principio y acorde con los fines de justicia, equidad y solidaridad social.

En conclusión, como se desprende con claridad del contenido de la presente Iniciativa, lo dispuesto por la fracción XXIX del artículo 6 y Cuadragésimo Tercero Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es decir, una norma con menor jerarquía, va en contravención del contenido del artículo 123 de la Constitución, en su relación más estrecha con el artículo 1º de la misma, al igual que va en con contra de diversos Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano; lo que sitúa a las personas en un estado de vulnerabilidad de difícil reparación.

Por lo anterior, considero urgente y necesario eliminar cualquier requisito de temporalidad que impida a las y los trabajadores al servicio del Estado, disfrutar, desde el inicio de sus funciones, de los beneficios de la seguridad social, con lo cual, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se erigirá, al igual que la Constitución, como una norma de avanzada que refleje las disposiciones del Derecho Internacional y represente de mejor manera la protección de los Derechos Humanos, Sociales y Laborales, a que toda persona tiene derecho.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de ésta Soberanía, el presente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LALEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

ÚNICO.- Se reforma la fracción XXIX del artículo 6 y el primer párrafo del Cuadragésimo Tercero Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a la XXVIII. ...

XXIX. Trabajador, las personas a las que se refiere el artículo 1o. de esta Ley que presten sus servicios en las Dependencias o Entidades, mediante designación legal o nombramiento, o por estar incluidas en las listas de raya de los Trabajadores temporales, incluidas aquéllas que  presten sus servicios mediante  contrato  personal  sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en  las listas de raya, siempre y cuando hayan laborado una jornada completa de acuerdo con las condiciones generales de trabajo.

CUADRAGÉSIMO TERCERO.- A las personas que presten sus servicios a las Dependencias o Entidades mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de raya, siempre y cuando hayan laborado una jornada completa de acuerdo con las condiciones generales de trabajo, se les incorporará integralmente al régimen de seguridad social con la entrada en vigor de esta Ley.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 11 de mayo de 2016.

Dip. Norma Xóchitl Hernández Colín.- Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Caballero Pedraza. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

1 ORGANIZACIÓN Internacional del Trabajo. Organización de la Seguridad Social. P. 9.

2 IBÍDEM.P. 10.i61

3 MESA Lago, Carmelo. Las Reformas de Pensiones en América Latina y su Impacto en los Principios de Seguridad Social. P. 13.

4 GONZÁLEZ Roaro, Benjamín. La Seguridad Social en el Mundo. P. 14.





 

Pasamos al apartado de proposiciones. Se concede el uso de la tribuna al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de Acuerdo por el que se lamentan los hechos sucedidos el pasado 28 de abril, en los cuales se obstaculizó el paso a un vehículo de emergencia que transportaba a dos menores de edad para ser atendidos por intoxicación al Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Senador Jesús Casillas Romero: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

En la sesión anterior abordamos aquí el tema de la contingencia ambiental en el Valle de México.

Coincidimos todos que la movilidad urbana es factor determinante para que este tipo de problemas se puedan o generar o se puedan solucionar.

Coincidimos, también, que es precisamente la movilidad que está asociada con la calidad de vida de los ciudadanos, porque no solamente es un tema de desplazamientos, no es solamente un tema de cómo lo hacemos, cuánto cuesta y los daños al medio ambiente.

Hoy, desafortunadamente traemos el tema a esta tribuna, porque se trata de un asunto de vida, o más bien, se trata de un asunto de muerte.

Entonces tendríamos que entrar ya al debate de si vamos a seguir, como lo hemos hecho, en esa dicotomía al derecho al libre tránsito y el derecho a manifestarse.

El pasado 28 de abril, en la entidad federativa de Chiapas, concretamente en el Chanal, un grupo de 30 manifestantes bloquearon una carretera. Minutos antes, horas antes, dos menores de 7 y 10 años ingirieron medicamentos caducos, lo que les provocó una grave intoxicación.

Ellos requerían de la atención urgente de los servicios médicos, y en una ambulancia, de manera pronta y expedita, se intentó trasladarlos a un hospital para ser atendidos, desafortunadamente se encontraron con los manifestantes que le impidieron el paso a la ambulancia; 30 manifestantes que estaban bloqueando la carretera, a pesar de las súplicas del padre que iba en la ambulancia, a pesar de que algunos ciudadanos les solicitaron encarecidamente dejarán circular a la ambulancia, los manifestantes se negaron.

Un buen samaritano, un automovilista les presta la ayuda; la ambulancia no puede pasar, inclusive el conductor de la propia ambulancia, el paramédico fue agredido, y un ciudadano en su vehículo particular intentó llevar a estos menores al hospital, donde desafortunadamente el tiempo de atención no fue el adecuado y hoy tenemos que lamentar dos muertes.

Por eso, es que el día de hoy estoy presentando este punto de Acuerdo, y que solicito, Presidente Senador, sea usted tan amable de ponerlo a consideración como un asunto de obvia y urgente resolución, porque hoy estamos hablando de vidas humanas, de menores que desafortunadamente perdieron la vida y que esto ya no puede continuar así.

Tenemos que ser sensibles desde esta Comisión Permanente para condenar estos actos, condenar que no tengo duda que los legítimos derechos de los ciudadanos que se manifestaban, estaban ejerciendo su derecho, fueron también factor determinante para que el derecho a la vida de estos niños, pues no se pudiese concretar y desafortunadamente fallecieron.

Por eso el Acuerdo versa en dos puntos fundamentales:

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, lamenta los hechos sucedidos el pasado jueves 28 de abril, en el cual se obstaculizó el paso a un vehículo de emergencia que transportaba dos menores de edad para ser atendidos por intoxicación al hospital de la Culturas de San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace patente su preocupación por los excesos en el ejercicio del derecho a la libre manifestación y hace un llamado a la conciencia para que este tipo de incidentes no se repita; apelando a la reflexión sobre la necesidad de reglamentación al derecho de protesta a efecto de que no se inmiscuya en conflicto con otros derechos, como lo es para el caso en cuestión, el de la vida y el de la salud, como el de la necesidad de desplazamiento de las personas.

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta a las autoridades del estado de Chiapas, para que los lamentables hechos del pasado 28 de abril no queden en la impunidad y se castigue a los responsables.

Insisto, señor Presidente, si es tan amable de poner este asunto como de urgente resolución.

Es cuanto.

Muchas gracias, por su atención.

Proposición con punto de Acuerdo

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de Acuerdo que lamenta los hechos sucedidos el pasado jueves 28 de abril, en los cuales se obstaculizó el paso a un vehículo de emergencia que transportaba a dos menores de edad para ser atendidos por intoxicación al hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Hemos dicho hasta el cansancio que la movilidad urbana es un elemento indispensable para la calidad de vida digna de toda persona. Constituye una condición básica para llevar una vida libre y autónoma, y como tal, un derecho fundamental que todos los ciudadanos deben tener garantizado.

Sin embargo, a veces la capacidad de desplazamiento es más que eso. Constituye la diferencia entre la vida y la muerte, cuando esa necesidad de desplazamiento conlleva una emergencia.

Esta reflexión, muy a colación de los lamentables hechos sucedidos la semana pasada en Chiapas.

Me refiero a los hechos en los que dos niños murieron luego de que un grupo de manifestantes de “el Chanal”, en Chiapas, impidiera el paso de la ambulancia que los trasladaba al hospital para ser atendidos por una intoxicación.

Los menores eran atendidos por ingerir medicamentos caducos y trasladados del Chanal a San Cristóbal de las Casas. Según testigos, los manifestantes golpearon la unidad de emergencia, rompieron vidrios, por lo que los padres de los niños bajaron y caminaron varios metros hasta que el conductor de un automóvil se ofreció a llevarlos al hospital donde perdieron la vida.

Unas 30 personas mantenían un bloqueo desde el miércoles pasado y de acuerdo con indagatorias de la procuraduría estatal, dos menores indígenas resultaron intoxicados, por lo que su padre los internó en un hospital del municipio de El Chanal, en el Estado de Chiapas.

Después fueron canalizados al hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas, por lo que fueron movilizados en una ambulancia. El vehículo fue retenido a la altura del Poblado de San Antonio del Monte II, por esas 30 personas que protestaban contra las autoridades municipales.

Los padres suplicaron ayuda a los manifestantes, pero no lo consiguieron, por lo que tuvieron que pedir ayuda y trasladar a los menores en un vehículo particular. Sin embargo se perdió tiempo valioso que culminó en la muerte de los dos menores de 7 y 10 años de edad respectivamente.

La ambulancia fue dañada por los manifestantes que a pedradas rompieron los cristales y dañaron la carrocería. La intoxicación se originó cuando los menores ingirieron el contenido de ampolletas de penicilina que encontraron en un basurero donde jugaban.

Duelo de derechos, inconciencia, necedad. Es una amalgama de varios de estos conceptos, en los que bajo la cortina del ejercicio de un derecho legítimo, la cobardía y rabia de la gente se volcó sobre quienes menos la debían. Dos pequeños en estado grave, a quienes les impidieron el acceso oportuno a la atención médica y perdieron la vida.

Derecho a la libre manifestación, derecho a la salud, derecho a al libre tránsito y a la movilidad se conjugaron, para ser abrumados por la cerrazón de quienes consideraron que el derecho que supuestamente ejercían era superior a cualquier otro. Ahora son cómplices o coadyuvantes de homicidio.

Y es que no se trata de una disyuntiva ni debate de cual derecho debe prevalecer sobre otro, es claro que el derecho a la salud y a la vida están por encima de cualquier cosa. Aquí no se está en juego ni en dilema de prelación, mucho menos deponderación de derechos. Aquí el derecho a la protesta fue interpretado de manera sesgada.

De manifestación pacífica pasó a ser una turba cerrada de razón que ayudó a que dos personitas con toda una vida por delante la perdieran.

Se trata de un evento que debe llamarnos a la reflexión y adentrarnos en la regulación del derecho a la libre manifestación, que como regla y premisa básica debe considerar la salvaguarda del derecho a la movilidad y más en caso de emergencia.

Ahora tenemos la evolución de una eventual manifestación, a lamentables hechos de muerte que desde esta tribuna condenamos y esperamos no queden en la impunidad, como así lo han sugerido las autoridades locales.

No entraré en ponderación de derechos, la situación es más que clara y no admite debate para ello. Pero se hace necesario que poco a poco se emitan reglas que delineen donde empieza y termina un derecho para comenzar el del otro.

De inicio, es necesario que estos hechos no queden en la impunidad. También, que no invadan ni envuelvan lastimosamente el derecho a la libre manifestación. Es necesario delimitar que ésta no se sujeta omnipotentemente al interés que la origina.

Esta soberanía lamenta tan horribles acontecimientos, apela a la aplicación de la ley y se omita toda posibilidad de impunidad. Después de ello, reflexione sobre la necesidad de entrar a reglamentar el derecho a la libre manifestación, a efecto de evitar concepciones equívocas sobre su ejercicio.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, lamenta los hechos sucedidos el pasado jueves 28 de abril, en el cual se obstaculizó el paso a un vehículo de emergencia que transportaba a dos menores de edad para ser atendidos por intoxicación al hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace patente su preocupación por los excesos en el ejercicio del derecho a la libre manifestación y hace un llamado a la conciencia para que este tipo de incidentes no se repita; apelando a la reflexión sobre la necesidad de reglamentación al derecho de protesta a efecto de que no se inmiscuya en conflicto con otros derechos, como lo es para el caso en cuestión, el de la vida y la salud, como el de la necesidad de desplazamiento de las personas.

TERCERO.- La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta a las autoridades del Estado de Chiapas, para que los lamentables hechos del pasado jueves 28 de abril no queden en la impunidad y se castigue a los responsables.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto en el resolutivo Décimo Sexto del Acuerdo para normar las sesiones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone de inmediato a discusión.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo, para referirse a la propuesta.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, Senador Presidente.

Celebro que el Senador Casillas Romero esté tocando un tema tan sensible para los mexicanos, un tema que lamentablemente pues no hemos tenido la capacidad de legislar desde la Cámara de Diputados, desde el Senado de la República, y lo digo de esta forma, porque hay varias iniciativas de ley pendientes para regular las manifestaciones, plantones, bloqueos, mítines en nuestro país.

El tema de las manifestaciones, algunos pensarán que es exclusivo de la Ciudad de México, no, no es exclusivo de la Ciudad de México. Y el caso que aquí plantea el Senador Casillas Romero, es un tema muy delicado.

Por una manifestación, una ambulancia no pudo pasar, traía a dos pequeños intoxicados en ella se molestan los manifestantes porque la ambulancia quería pasar, y desafortunadamente golpean al que viene manejando la ambulancia, y los niños mueren.

Me parece un tema delicadísimo, un tema que nos apena, que lamentamos profundamente desde el grupo parlamentario de Acción Nacional.

Pero lo que sí es, ¿qué tiene que pasar para que nosotros como Congreso de la Unión hagamos lo necesario para legislar un tema tan sensible y hacer también que los gobernadores, incluido el Jefe de Gobierno, hagan que se cumplan las leyes locales y sus propios reglamentos?

Si desde aquí se requiere una Ley General de Manifestaciones que nos ayude a lograr este equilibrio entre libertad de expresión y libertad de tránsito, vamos a legislar.

Hoy lamentamos la muerte de estos dos pequeños, se convirtió en un tema mediático, pero cuántos casos no pasan, y hemos denunciado una y otra vez, ambulancias que desafortunadamente no llegan a tiempo a causa de una manifestación; personas que no llegan a su cita de trabajo e incluso pierden el empleo por una manifestación.

Y podemos seguir poniendo ejemplos de la vida cotidiana de los capitalinos, y ocurre en este caso también en el estado de Chiapas, que nosotros como Comisión Permanente debiéramos ser mucho más sensibles, tomar cartas en el asunto y hacer lo necesario para que estemos legislando, insisto, la Ley General de Manifestaciones que está pendiente.

Yo espero que con este llamado que hace el Senador Casillas Romero, seamos sensibles ante lo que está ocurriendo, ante lo que ocurrió ya en el estado de Chiapas, y que ocurre todos los días en las grandes ciudades de nuestro país.

Es cuanto, Senador Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para referirse a favor de la propuesta.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores integrantes de la Comisión Permanente.

Éste es un tema muy complicado porque se inscriben muchos derechos que algunos de ellos, efectivamente, se contraponen y no es que estemos aspirando a tener un mundo feliz, un país feliz en donde todas y todos no salimos de repente a las calles a hacer uso de un derecho porque todo está resuelto.

Me parece que es muy importante dejar claro que hoy estamos frente a un problema que derivó en la muerte de dos niños en situaciones verdaderamente lamentables, como lo expuso aquí el Senador Casillas Romero, y nosotros estamos obligados a buscar siempre un punto medio que permita que los derechos puedan ejercerse sin afectar, o afectar lo menos posible los derechos de terceros.

El tema de las manifestaciones, los bloqueos, tomas de carreteras no es un tema nuevo, es un tema que siempre estamos confrontándolo y ojalá que, por cierto, como aquí lo mencionó quien me antecedió en la palabra, no tuviesen que venir quienes en los estados no encuentran solución a sus problemas y vienen a la Ciudad de México a manifestarse.

Yo recuerdo hace algunos años, las autoridades de la ciudad nos mencionaban, nos informaban que en la inmensa mayoría de las manifestaciones en la ciudad tienen que ver con problemas de las entidades federativas, de los estados del país y todas vienen a dar acá.

O sea, los asuntos que tienen que ver, que derivan en manifestaciones y protestas de grupos sociales de la Ciudad de México son pocos en comparación a la gran mayoría de los asuntos que vienen a dar a la capital del país, porque aquí están las autoridades federales por cierto.

Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cómo podemos resolverlo? Vamos a pedir y acordar que los congresos locales se aboquen a hacer una ley para que no haya protestas, no haya manifestaciones, me parece que ése es un despropósito en el que no estaría de ninguna manera de acuerdo. Porque insisto, el problema es mucho más complejo.

Las sociedades en una república como la nuestra, cuando se organizan, cuando salen de su pasividad para buscar que sus asuntos, sus casos, sus problemas sean escuchados por las autoridades, de cualquier orden de gobierno, pues claro que es importante que se organicen y que exijan el cumplimiento de esa responsabilidad que las autoridades eventualmente no están atendiendo.

Me parece que ése es un asunto que está detrás de quienes salen a manifestarse y a protestar, y es un derecho constitucional.

¿Cómo vamos a empatar que no afecte a terceros? Me parece que lo que nosotros tendríamos que acordar, en este caso circunscribirnos, independientemente de que lo sigamos reflexionando, sí es necesario cuando menos retomar las inquietudes del Senador Casillas Romero en este punto.

Y particularmente me parece que el tercero no tiene desperdicio en cuanto a pedirles a las autoridades del estado de Chiapas, se apresten a tomar las medidas que permita la reparación integral del daño a familiares y tomen, por supuesto, medidas para que este asunto no quede en la impunidad.

Llamar a que haya una reglamentación, me parece que ése es un asunto que tiene que ver con los congresos locales, con los ámbitos municipales donde tienen la atribución a partir de los bandos, y yo creo que si bien pudiéramos decir que está bien, pues no se podría hacer de ninguna manera si no se da en el contexto de una discusión social, las organizaciones de la sociedad civil tienen que participar, tienen que tomar medidas.

Y en todo caso se pudiera pensar que siempre que haya una ambulancia, siempre que haya una situación donde esté entorpeciéndose la posibilidad de movilización de personas que necesiten de cuidados urgentes, siempre es de sentido común pedir a quienes se manifiestan de que abran el paso para que ese tipo de situaciones, como las que se vivieron en Chiapas, con la muerte de estos dos niños, no pasen.

Lo que sí creo que no podríamos estar aquí aprobando es, ya desde ahorita, sancionar la manifestación, la protesta, porque me parece que eso es violentar un derecho constitucional.

Ojalá que quienes se manifiesten, quienes lo hacemos, quienes lo hemos hecho, quienes lo vamos a hacer, tomemos en cuenta siempre que hay personas que pueden estar movilizándose con urgencia, y yo creo que en ese sentido sí es conducente el llamado para que haya sensibilidad y atención para que este tipo de hechos, como los acontecidos hace algunos días en Chiapas, no se vuelvan a repetir, al contrario, es totalmente conducente solicitar la solidaridad y la comprensión de quienes hacen uso de este derecho constitucional, a que tomen también en cuenta los derechos de terceros, pero particularmente de aquellas personas que pueden estar enfrentando una situación de emergencia.

Muchas gracias a todos ustedes por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Se concede ahora el uso de la palabra al Diputado Emilio Salazar Farías, para referirse a la propuesta, a favor.

El Diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Gracias, señor Presidente. Compañeros Diputados, compañeros Senadores:

Señor Presidente, yo tenía la propuesta de que podía tener tres minutos para dejarle dos minutos a mis compañeros para que puedan intercambiar opiniones, y en estos tres minutos pudieran prestar atención a un tema que no es menor y que está presentando un Senador del PRI y que ha reforzado la Senadora Mariana Gómez que con un punto muy estable y muy sensible, que le reconozco a la Senadora.

Soy chiapaneco, allá vivo, no soy chiapaneco del D.F. que va a Chiapas a recordar sus orígenes, allá nací, allá viví, allá vivo; aquí vengo nada más a mi sesiones, conozco el problema, lo vivo, lo sufro, creo como nadie en la libre manifestación de las ideas; creo en la manifestación y en el derecho que tiene la gente a hacerlo, pero no creo en afectar el derecho al libre tránsito, porque así quieres. Mucho menos afectando a terceros, y ha sido un reclamo permanente de la sociedad.

Tenemos que regular y aplicar la ley en las manifestaciones, como bien lo decía la Senadora, sin afectar esa libertad fundamental que tienen y por alguna razón que es justa y que es razonable para cualquiera, lo hacen de esa manera.

Lo que estoy seguro que no es un tema menor regularlo, ¿por qué? Porque requiere sensibilidad política, requiere una gran capacidad de análisis y requiere, sobre todo, la operación y la sensibilidad de conocer qué es lo que está pasando.

Lo que sí debo aclarar, es que en el estado de Chiapas es un tema que se ha atendido, que los responsables están ya detenidos, y que además seremos parte de quien solicite al estado el resarcir los daños que pudiesen ser, aunque nada resarce la pérdida de una vida humana, mucho menos siendo dos niños.

Para la familia mi solidaridad, y para este punto de Acuerdo el absoluto apoyo de todos los chiapanecos, que además estamos aquí muy dignamente representados con el Presidente, Senador Gil Zuarth, Senador Melgar Bravo y un servidor.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Salazar Farías.

¿Alguna otra intervención?

Tengo registrada para rectificación de hechos a la Senadora Mariana Gómez del Campo, pero conforme al Reglamento tengo que darle el uso de la palabra a quien desee intervenir a favor o en contra. ¿No hay ningún otro orador?

En consecuencia, proceda Senadora Mariana Gómez del Campo, por rectificación de hechos. Sonido en el escaño de la Senadora Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Lo haré desde mi escaño, por supuesto que es un tema que sí se debe discutir en el Congreso de la Unión.

El tema de reglamentar los artículos 97 y 11 constitucional que hablan de la libertad de tránsito y la libertad de manifestación, son dos artículos que debiéramos estar debatiendo.

Yo sí quiero compartir, porque aquí se dijo en la tribuna, que pretendíamos negar las manifestaciones, claro que no.

En Acción Nacional estamos a favor de las manifestaciones, pero de las manifestaciones ordenadas. La propuesta que nosotros hemos impulsado desde hace más de una década, es sí a las manifestaciones, pero manifestaciones ordenadas que permitan el equilibrio de la libertad de expresión con la libertad de tránsito y de asociación. En ningún momento queremos privar a ningún mexicano de manifestarse, lo que se requiere es poner orden.

Y recordar, efectivamente, que en la Ciudad de México se da un porcentaje alto de manifestaciones, la Ciudad de México es la capital de la República, es la sede de los tres Poderes de la Unión, por supuesto que va a haber manifestaciones; pero la  manifestación que hoy nos trae al debate, es una manifestación que se da en el estado de Chiapas, por eso en esta ocasión no hago exclusivo el tema de las manifestaciones a la Ciudad de México, sino a la necesidad de que discutamos esa iniciativa, esa ley general presentada por actores de todos los partidos políticos del Senado de la República.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Gómez del Campo.

Al no haber más oradores inscritos, consulte la Secretaria a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la proposición con punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame, por favor, la  Secretaría.
Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Consultaba con el proponente de hacer un pequeño cambio en el segundo punto para que no se entienda como él mismo dice.

El trato concreto es este punto sobre lo acontecido en Chiapas, y lo que yo le propondría, en el segundo punto, es hacer patente su preocupación por lo acontecido y luego de ahí remitirse y hacer un llamado a la conciencia para que este tipo, ya seguirá el curso, porque me parece que el definir los excesos en el ejercicio del derecho a la libre manifestación, ya está tocando un tema que no es el propósito particular de la preocupación del Senador.

Yo le consultaba si él estaría de acuerdo.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Podría precisar de qué manera quedaría la propuesta?

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Sí, sería:

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace patente su preocupación y hace un llamado a la consciencia para que este tipo de incidentes no se repita.

Ya se le dio el curso, como está.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Es quitar la frase.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Sí, es quitar un renglón que dice: “por los excesos en el ejercicio del derecho a la libre manifestación”.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Está usted de acuerdo, Senador Casillas Romero?

El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Alguna objeción de la Asamblea?

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de Acuerdo con la modificación que ha sugerido la Senadora Angélica de la Peña referente a eliminar la frase “por los excesos en el ejercicio del derecho a la libre manifestación”, previsto en el resolutivo segundo de la propuesta.

La Secretaria Diputada Genoveva Huerta Villegas: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada con la modificación hecha por la Senadora Angélica de la Peña. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta con la modificación, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para presentar a nombre del Diputado Miguel Ángel Salim Alle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a impulsar los mecanismos de transparencia que permitan conocer las razones de las demoras de las aerolíneas.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, Senador Presidente.

A nombre de mi compañero el Diputado Miguel Ángel Salim Alle, presento este punto de Acuerdo de urgente resolución sobre un problema recurrente que afecta a miles de usuarios de servicios aéreos, y es el tema de la demora en los vuelos.

Prácticamente todos los que formamos parte de esta Comisión Permanente hemos tenido problemas con la demora en los vuelos y les voy a compartir dentro de mi intervención algunas estadísticas.

La falta de puntualidad con la que operan las diferentes aerolíneas en nuestro país, es un problema preocupante en materia de competitividad.

Un vuelo puntual puede ser la diferencia entre tener una mayor productividad y competitividad o no tenerla.

Un uso adecuado de los slots reduce los costos de demora de las aeronaves y aumenta el rendimiento obtenido por la puntualidad horaria de las aerolíneas. En Estados Unidos, por ejemplo, la aplicación de medidas correctas de desempeño en el espacio aéreo pueden generar ahorros anuales en los costos de demora de miles de millones dólares.

En nuestro país la medición sobre la puntualidad aérea se realiza a través del índice de Puntualidad. De conformidad con este índice, que es realizado por la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, durante el año 2015 el promedio de las aerolíneas mexicanas que presentaron aterrizajes o despegues fuera del horario, es decir, más o menos 15 minutos dentro del horario programado, fue de 38 por ciento, destacando las líneas Viva Aerobús, con 46 por ciento; Interjet, con 40 por ciento y Aeroméxico, con 37 por ciento.

De igual manera el porcentaje de los vuelos fuera de horario o que aterrizaron o despegaron antes o después de 15 minutos, pasaron del 33 por ciento en mayo de 2014 a 43 por ciento en el mismo mes en el año 2015.

En un año este porcentaje se disparó 10 puntos. De la misma manera el Índice de Puntualidad para el año 2015, muestra que las aerolíneas Viva Aerobús, Magnicharters y Volaris, presentaron demoras imputables promedio del 20, 28 y 21 por ciento, respectivamente, y no les fue retirado ningún horario.

En un predictamen elaborado por la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica, se reportó que más de 115 mil vuelos no operaron conforme a sus tiempos asignados, es decir, más de 300 vuelos diarios en promedio operaron fuera del horario.

Esta situación impacta de manera directa en el usuario de las líneas aéreas. De conformidad con cifras de la Profeco, durante la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua 2016, la Procuraduría recibió unas 880 quejas en los módulos ubicados en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, principalmente por sobreventa de boletos, cancelaciones, demoras y retardos en la entrega de equipaje.

Con estadísticas de la propia autoridad, el número de quejas contra las líneas aéreas   por las deficiencias en la prestación de servicios presentó un aumento de 3.2 por ciento en el 2015 con respecto al año anterior, destacando a Aeroméxico con un 53 por ciento en el incremento de las quejas presentadas por los usuarios, al pasar de 452 quejas a 692.

El total de quejas presentadas ante Profeco en 2015, fue de mil 723.

Hay que decirlo, este no es el total de usuarios afectados que en términos reales se multiplica de forma exponencial, porque mucha gente no se queja; mucha gente lo hace a través de las redes sociales.

El día de ayer, yo venía de Aguascalientes, la demora fue de más de siete horas.

Los usuarios de los servicios de transportación aérea siempre desconocen los motivos, las causas o las razones por las que los vuelos se ven demorados y de la misma forma se encuentran en estado de indefensión al exigir la puntualidad a las líneas aéreas o al intentar exigir las indemnizaciones por el perjuicio ocasionado por el retraso de los vuelos.

Las líneas aéreas no ofrecen información alguna sobre las razones de las demoras.

La deficiencia y la baja calidad en los servicios prestados por parte de las aerolíneas es una de las situaciones que más nos preocupa, y más cuando de conformidad con la ley, el administrador del aeropuerto tiene la facultad de retirar horarios de aterrizaje y despegue, pero la Cofece no tiene registro alguno sobre retiro de horarios y subastas efectuadas para este tipo de slots, por lo que ninguno de los métodos de reasignación de horarios de aterrizaje y despegue previstos en el marco jurídico en la materia ha surtido efecto alguno.

El día de hoy, los Senadores y los Diputados de Acción Nacional, estamos proponiendo ante esta Comisión Permanente, realizar un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de sus atribuciones, implemente los mecanismos que puedan dar certeza a los usuarios sobre cuáles son las causas o razones por las que los vuelos se ven demorados y cuáles son imputables a las aerolíneas con la finalidad de que los usuarios puedan exigir las indemnizaciones correspondientes.

También consideramos necesario exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, para que cumpla con lo establecido en la Ley de Aeropuertos, así como con su Reglamento con respecto al retiro de los slots que hayan sido utilizados impuntualmente, en un porcentaje mayor al 15 por ciento.

Necesitamos terminar con esta clase de abusos, darle certeza a los mexicanos que deciden viajar en avión y, sobre todo, darles en este momento una respuesta porque llevamos ya mucho tiempo denunciando este tipo de actuar de diferentes aerolíneas.

Hemos presentado también diversos puntos de Acuerdo, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores y bueno, nos parece importante que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haga este exhorto para poder dar mejor calidad en el servicio a todos los mexicanos que deciden viajar en avión.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

El que suscribe, Diputado Federal MIGUEL ÁNGEL SALIM ALLE, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración del Pleno de esta Soberanía, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA IMPULSE LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA QUE PERMITAN CONOCER LAS RAZONES O CAUSAS POR LA QUE SE DETERMINAN LAS DEMORAS DE LAS AEROLÍNEAS Y APLIQUE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE AEROPUERTOS Y SU REGLAMENTO. Lo anterior, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Uno de los temas que más preocupan en materia de competitividad aérea es el relativo al de la puntualidad con el que operan las diferentes líneas áreas en nuestro país. Un vuelo puntual puede hacer la diferencia entre tener una mayor productividad y competitividad o no. A nivel mundial, diversos documentos estudian la incidencia de la demora o puntualidad de las compañías aéreas en la prestación de su servicio. Un uso adecuado de los slots reduce los costos de demora de las aeronaves y aumenta el rendimiento obtenido por la puntualidad horaria de las aerolíneas.  En Estados Unidos por ejemplo, la aplicación de medidas correctas de desempeño en el espacio aéreo puede generar ahorros anuales en los costos de demora de miles de millones de dólares.

En nuestro país la medición sobre la puntualidad aérea se realiza a través del  índice de Puntualidad. De conformidad con el Índice, que es realizado por la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, durante el año 20151 el promedio de las aerolíneas mexicanas que presentaron aterrizajes o despegues fuera del horario (es decir más o menos 15 minutos dentro del horario programado) fue de 38%, destacando Viva aerobus con 46%, Interjet con 40% y Aeroméxico con 37%.

De igual manera el porcentaje de los vuelos fuera de horario o que aterrizaron o despegaron antes o después de 15 minutos, pasaron de 33% en mayo de 2014, a 43% en igual mes de 2015, este porcentaje se disparó 10 puntos. De la misma forma el índice de puntualidad para el año 2015, muestra que las aerolíneas Magnicharters, Vivaaerobus y Volaris presentaron demoras imputables promedio del 20%, 28% y 21% respectivamente y no les fue retirado ningún horario.

En un pre Dictamen elaborado por la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) se reportó que más de 115 mil vuelos no operaron conforme a sus tiempos asignados, es decir más de 300 vuelos diarios en promedio operaron fuera del horario.

Esta situación impacta de manera directa en el usuario de las líneas aéreas. De conformidad con cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) durante la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua 2016, la Procuraduría recibió unas 880 quejas en los módulos ubicados en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Cuidad de México (AICM), principalmente por sobreventa de boletos, cancelaciones, demoras y retardos en la entrega de equipajes.

Sin embargo, con estadísticas de la propia autoridad el número de quejas contra las líneas aéreas por las deficiencias en la prestación de servicios presentó un aumento de 3.2% en el 2015 con respecto al año anterior, destacando Aeroméxico con un 53% en el incremento de las quejas presentadas por los usuarios, la pasar de 452 quejas a 692.

Total de Quejas Presentadas ante PROFECO

Aerolínea

2104

2015

Interjet

116

174

Aeromexico

452

692

Volaris

563

331

Vivaerobus

538

526

Total

1669

1723

Peor aún, los usuarios de los servicios de trasportación aérea siempre desconocen los motivos, causas o razones por las que los vuelos se ven demorados y de la misma forma se encuentran en estado de indefensión al exigir la puntualidad a las líneas áreas o al intentar exigir las indemnizaciones por el perjuicio ocasionado por el retraso de los vuelos.

La deficiencia y la baja calidad en los servicios prestados por parte de las aerolíneas es una de la situaciones que más preocupa, y más cuando de conformidad con la Ley, el Administrador Aeroportuario tiene la facultad de retirar horarios de aterrizaje y despegue, pero la COFECE no tiene registro alguno sobre retiro de horarios y subastas efectuadas para este tipo de slots, por lo que ninguno de los métodos de reasignación de horarios de aterrizaje y despegue previstos en el marco jurídico en la materia ha surtido efecto alguno.

En este sentido, es importante realizar un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de sus atribuciones, implemente los mecanismos que puedan dar certeza a los usuarios sobre cuáles son las causas o razones por las que los vuelos se vean demorados y cuales son imputables a las aerolíneas con la finalidad de que estos usuarios puedan exigir las indemnizaciones correspondientes.

También es necesario exhortar a la SCT para que cumpla con lo establecido en la Ley de Aeropuertos, así como un su Reglamento con respecto al retiro de los slots que hayan sido utilizados impuntualmente en un porcentaje mayor al 15%.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de sus atribuciones implemente mecanismos de transparencia mediante el cual lo usuarios de transporte aéreo puedan conocer las razones y causas de vuelos demorados imputables a las aerolíneas, y aplique las sanciones correspondientes establecidas en la Ley de Aeropuertos y su Reglamento a aquellas aerolíneas cuyos vuelos se ven demorados por causas imputables a ellas.

Dado en la Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Dip. Fed. Miguel Ángel Salim Alle.

1 Estadísticas de Puntualidad. Dirección de Aeronáutica Civil. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Disponible en http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/estadisticas/estadisticas-de-calidad/

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza. Se ha solicitado la urgente resolución.

En consecuencia, consulte la Secretaria a la Asamblea, en votación económica, si se le considera este trámite, de conformidad con lo que establece el resolutivo Décimo Sexto de nuestro Acuerdo Parlamentario.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente.

Bueno, independientemente de la línea que se elija, la aerolínea que se elija, ya es un escenario común que miles de personas, centenas de personas, se encuentran ante las molestias que provocan los retrasos, los cambios de salas, la sobreventa de boletos, las cancelaciones, la reprogramación de vuelos.

Cada vez la utilización de las aerolíneas se convierte en una forma de movilidad humana más eficiente, sobre todo en lugares en donde las relaciones laborales de todo tipo o comerciales de todo tipo, llevan la presencia de personas que viven en distintas partes del país y se tienen que mover, no solamente quienes venimos a los trabajos en el Congreso de la Unión, sino sobre todo quienes tienen que moverse cotidianamente para resolver parte de su trabajo o parte de sus responsabilidades, o quienes lo hacen también eventualmente por una situación de recreo, de descanso, qué sé yo.

El problema, no es un problema menor, porque, repito, cada vez es más común, cada vez la utilización de las aerolíneas, hace pocos años, incluso, era mucho más fácil, resultaba más cómodo, incluso desde el punto de vista económico.

Pero hoy aunado al tema, al problema que ha presentado la Senadora Mariana Gómez del Campo, también se encuentra otro grave problema que en los últimos tiempos, sobre todo a partir de que sale del escenario comercial Mexicana de Aviación, pues las aerolíneas han incrementado los costos de los vuelos. Entonces, ahora lo que había sido algo muy común, ahora resulta verdaderamente complicado que una persona pueda viajar en avión, y la presencia de algunas otras aerolíneas, en esta oferta y demanda, que pueda cubrir el campo que deja Mexicana de Aviación u otras aerolíneas, recuerdo Aero California y eventualmente otras que salieron, han complicado todavía mucho más la posibilidad de que las que están funcionando asuman los reclamos que se hacen, porque el problema que tenemos también es que hay muy poca expectativa para optar.

Es decir, en México es muy clara la situación de que la oferta y la demanda es un pendiente que las autoridades debiesen tomar en cuenta.

Y ahora en particular, este tema que tiene que ver con los retrasos, el tema que ha planteado aquí la Senadora en su punto de Acuerdo, pues es simplemente reflejo de esa situación de fondo. Por lo tanto, nos parece que sí es un tema importante de la Permanente, sí, de urgente resolución, no esperarse a que las comisiones, la comisión a la que se podría estar enviando este punto de Acuerdo, se pueda resolver hoy.

Pero creo que es necesario integrar también al punto de Acuerdo la necesidad de que las aerolíneas revisen los costos de los boletos y vayan en congruencia con un equilibrio, una equidad respecto de las otras aerolíneas que pueden viajar hacia el mismo lugar.

Yo creo que las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tienen que poner orden en este desorden y que pareciera no tiene fin, porque nadie les llama la atención, de tal manera, que es mucho más amplia la expectativa del punto de Acuerdo que la Senadora presenta, porque sí le está creando un problema, un malestar a las y los usuarios de las aerolíneas en México, que nos provocan, que es necesario que se ponga orden.

Hoy estamos ante la posibilidad ya, prácticamente, de que se concrete el acuerdo que desde el Senado de la República, acabamos hace algunas semanas de aprobar, para fomentar la relación de equilibrio, de equidad entre las aerolíneas mexicanas y las aerolíneas norteamericanas, que se conoce como el “Acuerdo de Cielo Abierto”, pues sí, apoyamos a las aerolíneas mexicanas.

Parte de la revisión de ese Acuerdo, ustedes recordarán, en el Senado, que pusimos énfasis en que hubiera ciertamente equidad y atendimos los reclamos que las aerolíneas mexicanas vinieron y nos plantearon, los atendimos.

Bueno, pues esto también tiene que reflejarse en que las aerolíneas tienen que, obligadamente evitar el malestar que están provocando a usuarios y garantizar el respeto en las decisiones que toman de manera arbitraria y que se constituyen en un verdadero problema para quienes tienen que viajar por las aerolíneas.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias, por su atención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la proposición.

La Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo quiero felicitar a la proponente del punto de Acuerdo, a la Senadora Mariana Gómez del Campo, porque me parece que se está tocando aquí un tema que es toral, no solamente porque se están lesionando los derechos de los usuarios del transporte aéreo en todo el país, sino porque también, al lesionar estos derechos se están afectando aspectos de diversa índole en el país, como es el caso, por ejemplo, nada más de la productividad.

Todos aquellos que viajamos, semana a semana, sobre todo si somos representantes populares, recibimos, una y otra vez, en nuestras oficinas de gestión, incluso en los viajes que realizamos, quejas innumerables.

Yo misma había hecho, hace tres años, prácticamente ya, un punto de Acuerdo que fue aprobado en esta misma Comisión Permanente, en el mismo sentido. Tres años y las cosas no siguen igual, han ido empeorando, empeorando para desesperación de miles y miles de usuarios que llegan tarde, que pierden sus citas de trabajo, que a veces no atienden de manera adecuada sus responsabilidades y compromisos profesionales, y que este problema lo viven y no tienen ni a dónde acudir.

Los que acuden a Profeco, que son los menos, como bien lo dijo la Senadora Gómez del Campo, que son los menos, a veces aducen la tortuosidad con la que se llevan a cabo los trámites para poder ser resarcidos en la lesión o en la afectación que han sufrido.

Las cifras que aquí se nos dieron, un promedio del 40 por ciento de afectación en los vuelos nacionales, me parece un verdadero despropósito, en un país que modificó leyes, que amplió y complementó marco legal para que pudiéramos ser más productivos, más competitivos, y todo eso queda reducido en un cuello de botella, porque el tema de transporte, que es un tema fundamental para el crecimiento y el desarrollo de un país, no está resuelto en este país nuestro.

Las quejas siempre son atendidas por las aerolíneas, señalando que son problemas del Aeropuerto de la Ciudad de México.

Pero qué pasa cuando esta demora, como se mencionó, el caso de Aguascalientes ayer, que se da todos los días en todas las partes del país, y aquí yo creo que todos somos testigos de ello.

¿Qué pasa cuando las demoras son en algún otro lugar, en alguna otra ciudad, en algún otro aeropuerto? Y no estamos hablando del Aeropuerto de la Ciudad de México.

Me parece que es fundamental que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asuma el llamado que le estará haciendo, espero, si aprobamos este punto de Acuerdo, el Pleno de la Comisión Permanente, para que atienda con oportunidad, con seriedad, con compromiso y, sobre todo, haciendo uso de sus facultades y sus atribuciones.

La responsabilidad de llamar a cuentas a todas las aerolíneas del país que están incumpliendo, señaladamente Aeroméxico, como ya se dijo aquí, señaladamente Aerobús y señaladamente algunas otras líneas, que una y otra y otra vez, simplemente porque no hay autoridad que les ponga un hasta aquí, siguen haciendo lo que consideran y lo que es mejor para sus intereses en detrimento, en lesión de miles y miles de usuarios a lo largo de la República.

Yo, de verdad, felicito a la Senadora Gómez del Campo, felicito, desde luego, a la Senadora De la Peña por apoyar este punto de Acuerdo, y me sumo, y lo digo con una gran satisfacción, me sumo a nombre del grupo parlamentario del PRI a esta solicitud de que por fin la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenga la visión, la queja y el deseo de miles y miles de usuarios del país a través de nuestra voz para que se le ponga un alto a las compañías extranjeras, a las compañías mexicanas.

Es increíble que estemos asumiendo que un Acuerdo que aquí aprobamos sea el necesario, para que viniendo otras compañías extranjeras por fin se regule el mercado y empiece a respetarse los derechos de nuestros conciudadanos.

Debiera de ser de motu proprio, debiera de ser por obligación y por cumplimiento del deber y no porque vienen otras empresas, como van a venir, por fortuna para el país, a ponerle orden al mercado aéreo nacional.

Por su atención, muchas gracias.

El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Jesús Casillas.

El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Nada más para referirme al mismo tema.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Me permite desahogar la lista que tengo?

Se concede el uso de la palabra a la Diputada Yahleel Abdala Carmona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Diputada Yahleel Abdala Carmona: Muy buenas tardes. Con su permiso, señor Presidente. Compañeros y compañeras:

A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Cámara de Diputados, quiero manifestar lo siguiente:
Necesitamos ser más enérgicos en este tema. Es recurrente lo que padecen los usuarios de las diferentes aerolíneas por la gran problemática de las demoras, de las cancelaciones y de la sobreventa de vuelos.

Pareciera que no pasa nada, ¿y las afectaciones a los usuarios en la cuestión económica, en la cuestión moral?, ¿pueden hacer lo que quieran las aerolíneas?, ¿acaso no hay ley?, ¿quién paga estos daños?

El pasado 30 de marzo la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Aviación Civil donde se manifestaba que no se permitiría más la sobreventa de vuelos y la aerolínea que excediera el límite de la capacidad de cada aeronave se aplicaría una multa de 200 a 700 salarios mínimos, pero esto apenas es un paso, falta mucho por hacer, tenemos que unirnos en este gran tema.

Celebro el consenso y la unión que hoy estamos teniendo todos los grupos parlamentarios ante una problemática que para muchos pudiera parecer mínima, pero es sumamente importante porque está afectando el desarrollo económico y la competitividad de nuestro país.

Por eso, nos manifestamos en acuerdo y felicitamos a la proponente.

Es cuanto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputada Abdala Carmona.

Se concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, para referirse a la proposición.

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Yo creo que el porcentaje de lo que estableció la Senadora Gómez del Campo, del 33 por ciento de las demoras que en todos los vuelos se generan en el país, seguramente 73 por ciento se establece única y exclusivamente en los vuelos de Guadalajara con la Ciudad de México, porque yo vuelo dos veces por semana y no ha habido un solo vuelo que llegue a tiempo.

Y es importante destacar que aquí se han presentado infinidad de iniciativas a efecto de reformar la Ley de Aviación Civil, y que está en comisiones, pero lo que ya establece la ley y que no se cumple, y las aerolíneas, de manera ventajosa, de manera arbitraria, actúan en contra de lo que ellos viven, que son precisamente de sus pasajeros, de los clientes, pareciese como si tuvieran un encono, si estuvieran en contra de los propios pasajeros, porque además de que el trato no es el adecuado, además de que no hay un solo vuelo que llegue a tiempo, no cumplen con lo que establece la ley.

La ley establece que en una demora de dos horas están obligadas las aerolíneas a otorgar alimentos. Yo le preguntaría a Mariana Gómez del Campo, si en las cinco horas que estuvo varada en el aeropuerto de Aguascalientes le proporcionaron los alimentos; estoy cierto que no, o cuando los retrasos son más de cinco horas, la obligación de entregar hospedaje tampoco ocurre.

Creo que tenemos que revisar muy bien porque hay cosas inauditas y voy a poner un ejemplo, ya se habló aquí que los costos de los vuelos de ninguna manera se pueden considerar de precios módicos, por el contrario, son vuelos caros, son vuelos que en otras latitudes, en otros países estos vuelos, que además son cortos, son mucho más baratos de lo que se cobra aquí, pero que, insisto, el servicio no es el adecuado.

Pero curiosamente cuando el pasajero llega con menos de una hora, es decir, 50 minutos, 55 segundos antes del vuelo, resulta que le dicen: “el vuelo ya está cerrado y no puede pasar”.

A pesar de que el vuelo, ya sabemos que tiene demora, no se le permite al pasajero que pueda acceder al ingreso al aeropuerto bajo el argumento que se cerró, a pesar de que está el lugar y hay que pagar nuevamente un vuelo, porque además resulta que las tarifas que establecen las aerolíneas unas sí se pueden cambiar y otras no y entonces hay que pagar una penalización y hay que pagar cambio de tarifa, y resulta que hay quien paga, y me ha ocurrido a mí, todas estas cantidades para tomar el mismo vuelo, porque el vuelo al que no se le permitió subirse con 50 minutos antes, se retrasó, nada más que tuvimos que pagar nuevamente el costo del boleto en el mismo vuelo porque tenía un retraso.

Creo que escuchar el tema de la reventa de los lugares es muy común, de escuchar el tema de cambios de equipaje también es muy común, y que se dejan sin atender a muchos usuarios en los aeropuertos porque no les es costeable; es decir, prefiero llevar un equipo pequeño con 50 pasajeros, a llevar 70 en uno que tiene capacidad para 140, y, entonces, se quedan 20 porque no les es costeable, es decir, hay un abuso total de parte de las aerolíneas, y también hay que decirlo, el pretexto que siempre argumentan las aerolíneas es que es un problema del aeropuerto, siempre culpan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Pero aquí tenemos que reconocer que los usuarios pagamos por un boleto, pagamos por un servicio para un traslado a una hora de salida y a una hora de llegada, y permítanme nada más hacerles referencia a lo que sería un vuelo de Guadalajara a la Ciudad de México.

Hay que llegar con dos horas de anticipación, una hora, hora y media aproximadamente de vuelo, regularmente llegan a la Ciudad de México, no hay dónde llegar, una puerta de salida para el avión, o determinan una estación remota, y eso te puede llevar otros 40 minutos más, pero, además, con las demoras que pueden ser de una o de dos horas, un vuelo que regularmente pudiese demorar una hora y media pueden tardarse, que además es lo común, hasta seis horas.

Creo que es muy adecuada la proposición del día de hoy, por eso no solamente celebramos que la Senadora Mariana Gómez del Campo la presente, sino además nos sumamos, lo estaremos votando a favor.

Y ojalá que este exhorto sirva para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se ponga las pilas y además establezca con claridad que no es responsabilidad de la Secretaría, es responsabilidad de las aerolíneas que han visto un gran negocio en perjuicio de todos los usuarios.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Casillas Romero.

Sonido en el escaño del Diputado Francisco Pinto Torres.

El Diputado Francisco Javier Pinto Torres: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Únicamente para sumarnos en este mismo tenor al que, sin duda alguna, es un problema que afecta a muchos ciudadanos mexicanos y extranjeros que nos visitan, y digo muchos porque también debemos de ser conscientes que hay otros muchos compatriotas que no tienen la posibilidad de usar este medio.

Sin embargo, y desde nuestra óptica, es imperante el hecho de que le pongamos un alto a todos los abusos de las aerolíneas que operan en el territorio mexicano, abusos que van desde los cambios de itinerarios, que van desde los cambios de puerta, la sobreventa de los boletos o simplemente un cambio de destino que es muy común también, desgraciadamente, en nuestro país.

Alguien vuela de Nayarit al Distrito Federal o de Colima al Distrito Federal, no hay condiciones para aterrizar en la Ciudad de México y van y aterrizan las aerolíneas en otros aeropuertos como es en el de Morelia, llegan, dicen: “hasta aquí, por las condiciones del clima, podemos dejarlo y que le vaya bien”. Y ni siquiera la bendición nos echan.

Así es que es importante que hagamos este exhorto, que pongamos este alto y obviamente estaremos a favor.

Y felicitamos a la Senadora Mariana Gómez por haber expuesto este punto.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Pinto Torres.

Sonido en el escaño del Diputado Alejandro González Murillo.

El Diputado Alejandro González Murillo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Encuentro Social quiere sumarse a la propuesta de la Senadora, a quien felicito. Creo que es un exceso el que se ha venido cometiendo de las líneas aéreas en todos lados, nada más que pongamos un alto enérgico.

Felicito, de manera muy seria, el consenso que hay para este tema, es un tema que no es de un año, es un tema de muchos años, que cada día se ha venido acrecentando.

Nos sumamos y espero que exhortemos de manera inmediata a la SCT y a la Profeco para tomar medidas verdaderamente serias.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado González Murillo.

Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, señor Presidente.

Agradezco todas las felicitaciones de los compañeros, yo creo que en diferentes momentos se han presentado diversos puntos de Acuerdo, en este caso el Diputado Miguel Ángel Salim Alle, tenía una preocupación latente desde hace ya algún tiempo y, por eso, la presentación del mismo.

Yo quisiera, señor Presidente, solicitarle, tengo aquí ya una ficha con algunos otros resolutivos que queremos incorporar en este punto de Acuerdo, resolutivos consensados con los demás grupos parlamentarios y, si me permite, daría lectura a los mismos.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.



Estos serían los dos resolutivos que buscaríamos añadir.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿El resolutivo único de la propuesta se queda en sus términos?

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Exactamente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Alguna otra intervención?

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición presentada con las adiciones de un resolutivo Segundo y Tercero en los términos leídos por la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada con las adiciones presentadas por la Senadora Mariana Gómez del Campo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Omar Ortega Álvarez, para presentar a nombre propio y del Diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a ampliar la discusión en torno al problema de contaminación atmosférica que enfrentan las principales ciudades de México.

El Diputado Omar Ortega Álvarez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

Nosotros entendemos que la atmósfera es un bien común indispensable para la vida respecto del cual todas las personas tienen el derecho del uso y disfrute y la obligación de su conservación.

La calidad del aire y la protección de la atmósfera es una prioridad de la política nacional ambiental, ya que su contaminación lo hace un recurso único debido a los perjuicios para la salud humana, al ambiente y demás elementos de la naturaleza.

Por ello, en México, la contaminación atmosférica se ha vuelto un problema nacional. Ayer, por ejemplo, la Semarnat anuncia que el 1 de julio entrará en vigor una norma emergente de verificación vehicular.

Asimismo, existe una polémica sobre el incumplimiento de Petróleos Mexicanos para que los combustibles fueran en su totalidad Ultra Bajos en Azufre y disminuyeran con ello las emisiones de sustancias contaminantes.

Frente a lo antes señalado, la dirección de Pemex ha asegurado que la gasolina importada cumple con las normas ambientales correspondientes. Hay que evaluar todo esto.

Pero hay causas más de fondo, no puede negarse que la mala calidad del aire ha llevado a la contingencia ambiental en el Valle de México en días recientes, es resultado de un modelo urbano a nivel nacional que ha privilegiado el uso del automóvil particular sobre el transporte público.

En este sentido, la ciudadanía mexicana tiene derecho a estar plenamente informada de la situación de la contaminación atmosférica en el ámbito nacional, así como del impacto de éste en su salud para tomar acciones de solución a corto, mediano y largo plazo. Por ello, requerimos un debate organizado, incluyente, con discusión seria y objetiva y especializada.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución con los siguientes Acuerdos:

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal ampliar la discusión en torno al problema de contaminación atmosférica que enfrentan las principales ciudades de México, convocando a foros nacionales de discusión y análisis con participación de ciudadanos, industriales, transportistas, medioambientalistas y los tres órdenes de gobierno, entre otros actores.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal a realizar campañas integrales para la ciudadanía para informar y prevenir la contaminación atmosférica en las zonas urbanas del país con altos niveles de emisión de contaminantes y mala calidad del aire.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

Quienes suscriben, OMAR ORTEGA ÁLVAREZ y JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ, Diputados Federales integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Se comprende que la atmósfera es un bien común indispensable para la vida respecto del cual todas las personas tienen el derecho de su uso y disfrute y la obligación de su conservación.

La calidad del aire y la protección de la atmósfera es una prioridad de la política ambiental, ya que su contaminación lo hacen un recurso único debido a los perjuicios para la salud humana, al ambiente y demás elementos de la naturaleza.

El fenómeno de la contaminación atmosférica, por su naturaleza compleja, necesita, para su atención del concurso de múltiples actuaciones para atender otros tantos aspectos del mismo, por lo que se requiere un enfoque integrador.

En México, la contaminación atmosférica se ha vuelto un problema nacional. Lo anterior se ha ido acrecentado por la falta de capacidad del gobierno federal para hacer frente a dicha situación. Al respecto, debe señalarse que el gobierno no ha podido aplicar de manera contundente la norma oficial NOM 086 referente a reducir contaminantes en los combustibles. Urge además actualizar, las NOMs 042 y 044, referentes a límites de emisiones contaminantes en vehículos a los mejores estándares internacionales.

Asimismo, una de las principales razones de la contaminación atmosférica es el incumplimiento de Petróleos Mexicanos (PEMEX), para que los combustibles fueran en su totalidad Ultra Bajos en Azufre (UBA) y disminuyera con ello las emisiones de sustancias contaminantes. La descapitalización de PEMEX en los procesos de transformación industrial de los hidrocarburos, conlleva hoy a falta de infraestructura y tecnología en materia de refinación de gasolinas de buena calidad, que sumado a una mala administración, junto con una reforma energética fallida ha llevado a la presunción pública de que hoy PEMEX distribuye y vende combustibles importados de mala calidad en buena parte del territorio nacional.

Frente a lo antes señalado, la dirección de PEMEX ha asegurado que la gasolina importada cumple con las normas ambientales correspondientes arguyendo que no se puede afirmar que la empresa esté contribuyendo a la contingencia ambiental través de combustibles de mala calidad. Esto se espera sea sustentado con pruebas confiables y trasparentes del cumplimiento cabal de calidad de los combustibles conforme a los niveles de cumplimiento que exige la norma relacionada con los combustibles.

Sin embargo, los fabricantes de automotores aglutinados en la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), han expresado su disposición a mejorar sus productos, de modo que sean más eficientes y menos contaminantes, pero ven como obstáculo, entre otros, precisamente la mala calidad de los combustibles. La Asociación ha incluso condicionado la introducción de nuevas y mejores tecnologías en sus procesos y productos a la instrumentación de programas de chatarrización y renovación del parque vehicular, lo que pasa por programas de financiamiento, recuperación salarial y capacidad adquisitiva de los ciudadanos.

En este sentido, la ciudadanía mexicana tiene derecho a estar plenamente informada de la situación de la contaminación atmosférica en el ámbito nacional, así como del impacto de ésta en su salud para tomar acciones a corto, mediano y largo plazo. Los derechos a la salud, a un medio ambiente sano y a la información deben estar plenamente garantizados  por las autoridades correspondientes.

En el caso particular del Valle de México, las acciones instrumentadas hasta ahora por la Comisión Ambiental de la Megalópolis para atacar el problema han sido parciales, y aisladas. El “Hoy No Circula” no está dando resultados sustantivos, además ha causado molestias e irritación social en un amplio sector de la población asentada en este Valle. La situación se agrava ante las denuncias de corrupción en los servicios prestados en los “verificentros”, así como el practicado por agentes de tránsito que a cambio de dádivas permiten la movilidad de vehículos ostensiblemente contaminantes. En este mismo sentido, la contaminación generada por la industria en general debería ser evaluada con rigor.

Desde esta perspectiva, mejorar productos y procesos, así como garantizar la calidad, no significa apoyar el aumento del parque vehicular en zonas ya congestionadas ni mucho menos a la persistente depredación de sus ya escasas áreas verdes y boscosas con proyectos de urbanización abierta o velada (como la autopista Toluca-Naucalpan), sino precisamente el respaldo a políticas públicas hacia el tránsito para el desarrollo.

En el tenor de lo expuesto, no puede negarse que la mala calidad del aire que ha llevado a la contingencia ambiental en el Valle de México, en días recientes es resultado de un modelo urbano a nivel nacional que ha privilegiado el uso del automóvil particular sobre el transporte público, lo que aunada a la prácticamente escasa inversión en mejorar la calidad de las gasolinas producidas en las refinerías de PEMEX nos ha dejado un retraso de muchos años, en la materia.

Ante esta importante problemática de importancia nacional, y con el objetivo de avanzar en la instrumentación de soluciones integrales a ésta no sólo en la Ciudad de México y su área metropolitana, sino en todo el país, discusiones serias, objetivas y especializadas deberían ocupar al gobierno federal. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a ampliar la discusión en torno al problema de contaminación atmosférica que enfrentan las principales ciudades de México, convocando a foros nacionales de discusión y análisis con participación de ciudadanos, industriales, transportistas, medioambientalistas y los tres órdenes de gobierno, entre otros actores.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal a realizar campañas integrales para la ciudadanía para informar y prevenir la contaminación atmosférica en las zonas urbanas del país con altos niveles de emisión de contaminantes y mala calidad del aire.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 11 de mayo de 2016.

Suscriben

Dip. Omar Ortega Álvarez.- Dip. Juan Fernando Rubio Quiroz.


El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Ortega Álvarez. Le consulta el Diputado Ramírez Marín, si acepta una pregunta, señor Diputado.

El Diputado Omar Ortega Álvarez: Con gusto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda, Diputado Ramírez Marín.

El Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Diputado.

Quisiéramos preguntarle, ¿si estaría usted de acuerdo en que el punto primero se fraseara como “la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Semarnat", que es el área específica responsable, ampliar la discusión, etcétera, con la participación de las entidades federativas y todo lo demás que enlista usted?

El Diputado Omar Ortega Álvarez: Sí, por supuesto.

No hay inconveniente, señor Presidente.

El Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Diputado.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ha solicitado el trámite de urgente resolución.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se concede la urgente resolución y se pone de inmediato a discusión.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión. Entiendo que ha aceptado el Diputado promovente la modificación sugerida por el Diputado Ramírez Marín.

En consecuencia, estaría a discusión con esa modificación que ha sido aceptada. ¿Alguna intervención?

Senador Jesús Casillas, desde su escaño.

El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Bueno, obviamente la propuesta que hace el Diputado Ramírez Marín es adecuada y es dable en razón de que el tema de las zonas metropolitanas y de la contaminación en las ciudades, pues atañe no solamente a zonas metropolitanas con una visión de partición de los municipios.

Hay zonas metropolitanas que las integran algunos municipios, puede haber hasta 10 municipios que forman un área metropolitana, puede haber zonas metropolitanas de carácter estatal, inclusive de carácter internacional, sobre todo de estados fronterizos que también tienen este problema y que es, desde luego, atañible a la movilidad en parte la contaminación.

Y entonces, este asunto se debe de ver más como una intención de carácter federal a una coordinación entre los propios municipios, entre los propios estados y obviamente la participación del gobierno federal.

Yo quisiera destacar que en el tema medioambiental, el gobierno federal no ha sido omiso, y prueba de ello es que ha participado, y lo hizo de manera contundente en la conformación de la Comisión de Medio Ambiente de la Megalópolis, en la que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, ha liderado algunos temas que han venido en parte a resolver el problema ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Entonces, obviamente estamos de acuerdo, me parece que es dable la propuesta del Diputado Ramírez Marín para que en éste, que es un tema que nos atañe a todos, participen todos los órdenes de gobierno.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Casillas Romero.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a favor de la propuesta.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente.

Quisiera hacer tres observaciones, que me parece que son pertinentes tomar en consideración, están totalmente de acuerdo con el punto que se presenta por el Diputado Omar Ortega e inclusive también de acuerdo con la especificación que ha propuesto el grupo parlamentario del PRI.

La primera cuestión es que de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en los artículos 5o., 7o. y 111 son facultades de la Federación, y dice textual:

“VII.- La participación en la prevención y el control de emergencias y contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan”.

Y luego señala: “Corresponde a los estados, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes faculatdes: XII.- La participación en emergencias y contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan”.

Asimismo, es importante señalar que de acuerdo con esta ley, la Semarnat, efectivamente está obligada, y eso dice la ley de manera textual, “A expedir las Normas Oficiales Mexicanas que establezcan las previsiones a que deberá sujetarse la operación de fuentes fijas que emitan contaminantes a la atmósfera, en casos de contingencia, y emergencias ambientales”.

Asimismo el Reglamento de la Semarnat en su artículo 118, señala que el Procurador Federal de Protección al Ambiente está obligado a coordinar la atención de contingencias y emergencias ambientales o que afecten los recursos naturales, así como la participación de las demás autoridades federales, entidades federativas, municipales y, dice todavía, del Distrito Federal y Delegaciones.

Eso quiere decir que es materia de la Semarnat y la coadyuvancia de las entidades federativas. Es correcto.

Un segundo aspecto tiene que ver con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Nos parece importante señalar su artículo 3 que dice: “Se consideran de utilidad pública: III.- Las medidas de emergencia que las autoridades apliquen en caso fortuito o fuerza mayor, tratándose de contaminación por residuos peligrosos, y IV.- Las acciones de emergencia para contener los riesgos a la salud derivados del manejo de residuos”.

Esta misma norma dispone en su artículo 7, es bueno recordarlo, “Son facultades de la Federación: XIII.- Establecer y operar, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, el sistema para la prevención y control de contingencias y emergencias ambientales.

Evidentemente que en el punto de Acuerdo presentado por el Diputado Ortega Alvarez, pues claro que está esta preocupación y es una preocupación nacional, no es una preocupación aun cuando ciertamente la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que está integrada además de la Semarnat, también por los gobiernos de la Ciudad de México, del Estado de México, de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, pues tiene que resolver la situación que tiene que ver con la Megalópolis, y en ese sentido nos parece muy importante que destaquemos que frente a las respuestas de emergencias urgentes que se tienen que dar, es necesario que haya una política estructural para que se puedan prevenir ese tipo de situaciones.

Y por supuesto las coordinaciones que hoy están inscritas en la constitución de esta Comisión Ambiental de la Megalópolis, pues también pueda ser un ejemplo a seguir en cuanto a la constitución, no un ejemplo en cuanto a las decisiones que se debieron haber tomado de manera preventiva para no tener la crisis que tenemos hoy, sino en el sentido de la integración de los entes gubernamentales institucionales que tienen que ver con este problema grave que está enfrentando el país y que tiene que ser resuelto de manera efectiva, de manera eficiente, de manera estructural.

De tal manera que estamos totalmente de acuerdo con el punto que ha presentado el Diputado Omar Ortega.

Es cuanto.

Gracias por su atención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora De la Peña Gómez. ¿Alguna otra intervención?

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición presentada con la modificación que formuló el Diputado Ramírez Marín.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta con la modificación presentada por el Diputado Ramírez Marín. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se aprueba la propuesta. Comuníquese.





 

Se concede el uso de la tribuna a la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a las legislaturas de las 32 entidades federativas a tipificar como delito el acoso sexual en su legislación penal respectiva.

La Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Con la venia de la Presidencia.

El hostigamiento y el acoso sexual son conductas diferentes, y que de manera reiterada son confundidas o utilizadas como si se tratara del mismo acto.

Sin embargo, en el caso del hostigamiento sexual, de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se define como el ejercicio de poder que se realiza en el marco de una relación de subordinación laboral o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad y connotación lasciva.

Por su parte, el acoso sexual es una forma de violencia, en la que si bien no hay subordinación, existe un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

Como se puede observar, la diferencia entre un acto y otro es sutil, pero a pesar de que en uno existe una relación de subordinación y en el otro no, ambos constituyen elementos que nos laceran como sociedad y nos muestran que aún nos queda mucho camino por recorrer para alcanzar una verdadera igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Como es de sobra conocido, el acoso sexual y otras formas de violencia sexual en los espacios públicos, constituyen eventos que ocurren a diario en la vida de mujeres y niñas de todo el mundo, tanto en zonas urbanas como rurales, en países desarrollados y en vías de desarrollo.

En este sentido, tanto las mujeres como las niñas temen ser objeto de distintas formas de violencia sexual en el espacio público, desde comentarios sexuales no deseados y manoseos, hasta violaciones y feminicidios, lo anterior puede ocurrir en la calle, en el transporte público, en la escuela y en el lugar de trabajo.

Dichos comportamientos reprobables tienden a reducir la libertad de movimiento de las mujeres y las niñas, así como su capacidad para detonar todo su potencial en la escuela, el trabajo y la vida pública en general.

Es más, el acoso sexual tiene el potencial de limitar el acceso de las mujeres a los servicios esenciales y el disfrute de oportunidades culturales y de ocio, asimismo, repercute negativamente en su salud y bienestar.

El acoso sexual retiene a las mujeres de participar en la política nacional.

Pese a que en la actualidad la violencia en el ámbito privado se reconoce ampliamente como una violación a los derechos humanos, la violencia en contra de las mujeres y niñas, en especial el acoso sexual en el espacio público, sigue siendo un problema en gran medida descuidadoen todo el mundo, pues existen pocas políticas para acometerla o erradicarla.

Lamentablemente los casos de acoso en contra de mujeres y niñas en México no es la excepción.

Los hombres no están exentos del acoso sexual claramente, pero todos sabemos que la estadística es brutalmente mayor contra las mujeres.

Uno de los lugares donde se hace más visible el acoso sexual y donde las mujeres no han tenido más opción que aprender a convivir y sortear esta situación, es en el trabajo y en el transporte público.

Esto se debe a que 48 por ciento de las mujeres reconoce haber sufrido acoso sexual en su mayoría de tipo físico, por ejemplo, la gran mayoría de las mujeres en la Ciudad de México manifiesta haber sufrido acoso sexual, mínimo un 72 por ciento, según el Inegi. Esto supera la media nacional incluso en los estados más violentos.

Por ejemplo, también según el Inegi, en algunas comunidades indígenas no se sabe que el manoseo es incorrecto, y tanto mujeres como hombres, niñas y niños, tienen que soportarlo.

A nadie le gusta que molesten a nuestros seres queridos. Nadie tiene por qué soportar el acoso sexual bajo ninguna circunstancia.

A pesar de lo anterior, en el ámbito penal solamente 16 entidades federativas de nuestro país tipifican como delito el acoso sexual: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Campeche, Quintana Roo y la Ciudad de México, y las penas van desde los tres meses hasta los cinco años de prisión, además de las sanciones económicas.

Es nuestra responsabilidad como legisladores, proteger a nuestra sociedad con la ley.

Por lo anteriormente expuesto y preocupados por el aumento de estos comportamientos, es que en nuestro grupo parlamentario nos hemos manifestado en contra de todas aquellas acciones y actividades que dañen la integridad de la persona, independientemente de su condición social, económica, raza y orientación sexual, pues nuestro ideario político nos obliga a rechazar cualquier forma de violencia.

En ese sentido es indispensable que las 32 entidades federativas armonicen su legislación penal para tipificar el acoso sexual en sus respectivos Códigos Penales, imponiendo sanciones privativas de la libertad como económicas ejemplares para reducir los índices de acoso y hostigamiento sexual, pues son actos que vulneran la integridad tanto de mujeres como de hombres.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

Proposición con punto de Acuerdo.

Quien suscribe, Diputada JORGINA GAXIOLA LEZAMA, a nombre de los Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta Honorable Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El hostigamiento y el acoso sexual son conductas que se manifiestan principalmente en ámbitos en donde pueden establecerse relaciones jerárquicas o de poder abusivas o discriminatorias, como el escolar y el laboral, y que de manera reiterada son confundidas o utilizadas como si se tratara del mismo acto.

En el caso del hostigamiento sexual, de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se define como el ejercicio de poder que se realiza en el marco de una relación de subordinación laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas, o ambas, relacionadas con la sexualidad y connotación lasciva.

Por su parte, el acoso sexual: es una forma de violencia, en la que si bien no hay subordinación, existe un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

Como se puede observar, la diferencia entre un acto y otro es sutil, pero a pesar de que en uno existe una relación de subordinación y en otra no, es un acto que como sociedad nos lacera y nos muestra que aún nos queda mucho camino por recorrer para alcanzar una verdadera igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Como es de sobra conocido, el acoso sexual y otras formas de violencia sexual en los espacios públicos constituyen eventos que ocurren a diario en la vida de mujeres y niñas de todo el mundo, tanto en zonas urbanas como rurales, en países desarrollados y en vías de desarrollo.

En este sentido, tanto las mujeres como las niñas temen con razón ser objeto de distintas formas de violencia sexual en el espacio público, desde comentarios sexuales no deseados y manoseos, hasta violaciones y feminicidios, lo anterior puede suceder en la calle, en el transporte público, la escuela y en el lugar de trabajo.

Dichos comportamientos reprobables tiende a reducir la libertad de movimiento de las mujeres y las niñas, así como su capacidad para detonar todo su potencial en la escuela, el trabajo y la vida pública en general.

Es más, el acoso sexual tiene el potencial de limitar el acceso de las mujeres a los servicios esenciales y el disfrute de oportunidades culturales y de ocio, asimismo, repercute negativamente en su salud y bienestar.

Pese a que en la actualidad la violencia en el ámbito privado se reconoce ampliamente como una violación a los derechos humanos, la violencia en contra de la mujeres y niñas, en especial el acoso sexual en el espacio público, sigue siendo un problema en gran medida descuidado en todo el mundo, pues existen pocas leyes o políticas para acometerla o erradicarla.

Lo anterior puede ser constatado en el estudio de ONU Mujeres sobre la Iniciativa Mundial Ciudades Seguras, en el cual se indicó que en Londres el 43 por ciento de mujeres jóvenes afirmó haber sufrido acoso en la calle.

Asimismo, en Francia, un estudio realizado en 2013 por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos descubrió que una de cada cuatro mujeres tenía miedo cuando andaba por la calle, y que una de cada cinco mujeres había sufrido acoso verbal.

En Nueva Delhi, un estudio realizado en 2012 reflejó que el 92 por ciento de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia sexual en espacios públicos a lo largo de su vida, y que el 88 por ciento de mujeres sufrió algún tipo de acoso sexual, visual o verbal (comentarios no deseados de naturaleza sexual, silbidos, miradas o gestos obscenos) a lo largo de su vida.

Las cifras vertidas con anterioridad no constituyen un fenómeno privativo de otras latitudes, ya que en nuestro país y particularmente en la Ciudad de México se pueden observar dichas conductas lascivas.

Un ejemplo de lo anterior, el cual fue reportado por diversos medios de comunicación fue el acontecido hace unos meses con la periodista estadounidense Andrea Noel, coordinadora editorial de Vice News México, cuando un hombre le levantó el vestido y tiró de su ropa interior mientras caminaba por calles de la colonia Condesa en la Ciudad de México.

Otro ejemplo paradigmático fue el acoso sexual del que fue objeto la conductora Tania Reza durante el programa en vivo “A toda máquina”. Por desgracia, ambos casos no constituyen eventos aislados y ejemplifican el grado de penetración que tiene el acoso sexual en nuestro país.

Así pues, la gran mayoría de las mujeres que vive en la Ciudad de México denuncia haber sufrido algún tipo de violencia sexual, 72%, según las cifras que maneja el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Esto es más que la media nacional y supera a los estados más violentos del país, como Guerrero o Chihuahua. Este tipo de violencia se agrava con las mujeres más jóvenes, pues en esos casos la cifra de abusos aumenta hasta 78 de cada 100 mujeres entre 20 y 29 años.

Uno de los lugares donde se hace más visible el acoso sexual y en donde las mujeres han tenido que aprender a convivir y sortear esta situación es en el transporte público, por tal motivo, en el Metro de la Ciudad de México se ha tenido que implementar la separación de hombres y mujeres en las horas pico para evitar tocamientos.

Esta segregación en virtud del género se observa también en algunos autobuses y taxis rosas que circulan por la capital. Esto se debe a que 48% de las mujeres reconoce haber sufrido acoso sexual en estos sitios, en su mayoría de tipo físico, según un estudio de 2014 elaborado por la asociación El Poder del Consumidor y la encuestadora Dinamia.

A pesar de lo anterior, en el ámbito penal, solamente 16 entidades federativas de nuestro país tipifican como delito el acoso sexual: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Campeche, Quintana Roo y la Ciudad de México, y las penas van desde los tres meses hasta los cinco años de prisión, además de las sanciones económicas.

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista nos hemos manifestado en contra de todas aquellas acciones y actividades que dañan la integridad de la persona, independientemente de su condición social, económica, raza y orientación sexual,  pues nuestro ideario político nos obliga a rechazar cualquier forma de violencia.

En ese sentido, es indispensable que las 32 Entidades Federativas armonicen su legislación penal para tipificar el acoso sexual en sus respectivos Códigos Penales, imponiendo sanciones privativas de la libertad como económicas ejemplares para reducir los índices de acoso y hostigamiento sexual, pues son actos que vulneran la integridad tanto de hombres como de mujeres.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las Legislaturas de las 32 Entidades Federativas a que tipifiquen como delito el acoso sexual en su legislación penal respectiva.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, el 11 de mayo de 2016.

Suscribe

Dip. Jorgina Gaxiola Lezama.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputada Gaxiola Lezama. Túrnese a la Primera Comisión.





 

Tiene el uso de la palabra el Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a hacer llegar al Senado de la República la propuesta de candidato a ocupar el cargo de Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

El Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

La reforma en materia de telecomunicaciones tuvo ciertos errores, como ya se ha discutido en más de una ocasión. Es cierto que quedaron una serie de pendientes que deben atenderse para generar mayor dinamismo y competitividad en el sector, así como para asegurar su correcta regulación, su correcta vigilancia.

Quizás uno de los aciertos fue el empoderamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones con sus matices, por supuesto que ahora debe de jugar un rol central en la regulación y apertura del sector.

Este instituto hoy debe enfrentarse a decisiones de la máxima trascendencia pública, por ejemplo, tiene en puerta pronunciarse sobre temas fundamentales relativos a la preponderancia en el sector, a las licitaciones estratégicas entre otros temas que requieren una máxima deliberación, análisis y rendición de cuentas.

Precisamente porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene un papel fundamental en la supervisión del espectro radioeléctrico, en el impulso de la competencia económica y en el combate a las malas prácticas del sector, es que el pleno del instituto debe estar integrado por siete comisionados, y estos no pueden excusarse de votar, en ningún momento.

Estas disposiciones persiguen la búsqueda de equilibrios y contrapesos que fomenten la deliberación y busque evitar posibles escenarios de empate en las votaciones, que le darían al presidente del instituto un voto de calidad. Lo que decimos nosotros, abriría la puerta a fuertes presiones y discrecionalidad en un sector estratégico como son las telecomunicaciones y la radiodifusión.

En este contexto resulta alarmante que desde hace poco más de dos meses, el espacio de un Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones se encuentre vacante por omisión del Poder Ejecutivo Federal.

Desde el mes de octubre de 2015, sabemos que el comité de evaluación al que se refiere el artículo 28 constitucional, encargado de emitir la convocatoria, evaluar y definir la terna de los aspirantes a comisionados del instituto, le hizo llegar al Poder Ejecutivo las propuestas de aspirantes.

Sin embargo, desde finales de febrero del presente año, cuando quedó vacante el espacio comisionado, no se ha hecho llegar, hasta donde entendemos, al Senado de la República la propuesta del Ejecutivo Federal, dejando al pleno del instituto con seis comisionados en medio de una serie de decisiones cruciales que debe de tomar.

Esta omisión no sólo es contraria al espíritu de la reforma en materia de telecomunicaciones que el propio Poder Ejecutivo impulsó, sino que además contraviene algunas decisiones de sus obligaciones constitucionales, y más grave aún, está generando una grave presión y una serie de desequilibrios en el funcionamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

No quisiéramos pensar que esta omisión del Ejecutivo Federal sea intencional y busque, en todo caso, aprovechar que el pleno del instituto se encuentra integrado por seis comisionados para incidir en las decisiones de un organismo autónomo y estratégico.

Por eso es que el día de hoy, Movimiento Ciudadano está proponiendo hacer un llamado muy respetuoso al Poder Ejecutivo, para que a la brevedad y tal como lo marcan sus obligaciones constitucionales, haga llegar al Senado su propuesta de Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de inmediato, como también lo mandata la propia Constitución, se pueda sesionar para su designación.

Resulta irónico que estas llamadas reformas estructurales, independientemente de sus aciertos y sus errores, estén cayendo en manos de la discrecionalidad e intereses particulares, la mejor forma, lo decimos con absoluta responsabilidad, que tiene el Poder Ejecutivo Federal para honrar su palabra y hacer funcionar sus propias reformas, es fortaleciendo las instituciones y no debilitándonos.

Por ello, esperamos que este punto de Acuerdo sea considerado por esta Comisión Permanente. Yo pensaría, compañeras y compañeros, que este podría ser un punto de obvia y urgente resolución.

Sin embargo, con el ánimo de construir consenso en torno al mismo, es que yo le solicitaría, señor Presidente, pudiera ser turnado a la Tercera Comisión, para que ahí pudiéramos discutirlo y votarlo con oportunidad.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

El suscrito, JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, Diputado integrante del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE, EN CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES, HAGA LLEGAR A LA BREVEDAD AL SENADO DE LA REPÚBLICA LA PROPUESTA DE CANDIDATO A OCUPAR EL CARGO DE COMISIONADO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un organismo público autónomo dedicado a la regulación del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México. La trascendencia pública de este organismo se ha puesto de manifiesto con los avances tecnológicos y sus responsabilidades en materia de promoción y supervisión del espectro radioeléctrico, las redes y los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como con su relevante atribución en cuanto a la competencia económica y el dinamismo del sector.

De acuerdo con el artículo 16 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es la máxima instancia de decisión del organismo, se integra por 7 comisionados. El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que dichos comisionados deberán ser designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal y con la ratificación del Senado de la República.

II. El pasado mes de marzo del presente año concluyó el periodo de Fernando Borjón como comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, quedando vacante un espacio en el Pleno del Instituto.

Conforme al artículo 45 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en caso de empate en las deliberaciones que realice el Pleno del Instituto, el Comisionado Presidente tendrá voto de calidad. En este contexto, con un Pleno integrado por 6 Comisionados, las posibilidades de encontrar empates en las discusiones y deliberaciones que realicen son muy altas.

De acuerdo con diversos especialistas en telecomunicaciones, esta situación resulta muy delicada y riesgosa, dado que las decisiones que debe enfrentar el Instituto Federal de Telecomunicaciones son de la máxima trascendencia pública y requieren de un profundo escrutinio, evaluación y deliberación en un contexto de pluralidad.

Debemos de ser conscientes que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al establecer la integración del Pleno por siete comisionados, así como la obligación de estos de votar sin excusa en todos los asuntos sometidos a su consideración, persigue justamente el objetivo de evitar situaciones de empate y al mismo tiempo promover un esquema de equilibrios y rendición de cuentas.

III. Derivado de lo anterior, resulta claro que la omisión en el nombramiento del séptimo comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones resulta no sólo contrario al espíritu de la legislación, sino que constituye una falta que pone en riesgo el correcto funcionamiento de este importante organismo en un contexto de difíciles decisiones que deberá tomar en los próximos meses, como son la revisión de los casos de preponderancia, la licitación de estaciones de radio, entre otras.1

Es importante recalcar que el Comité de Evaluación al que se refiere el artículo 28 constitucional, hizo llegar al Ejecutivo Federal, desde octubre de 2015, la propuesta de aspirantes a comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por lo que resulta injustificable la omisión del Poder Ejecutivo en enviar su propuesta al Senado de la República.

Dado que la vacante en el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones genera desequilibrios, inestabilidad y puede influir en los procesos de discusión y consiguientemente en las decisiones que tome el organismo, resulta fundamental exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que a la brevedad y en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, haga llegar al Senado de la República la propuesta de candidato a comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que, en cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones constituciones, haga llegar a la brevedad al Senado de la República la propuesta de candidato a ocupar el cargo de Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, vacante desde el día 1 de marzo del presente año.

SEGUNDO.- En caso de que el Ejecutivo Federal envíe la propuesta de candidato a ocupar el cargo de Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones durante el periodo de receso del Congreso de la Unión, la Comisión Permanente deberá convocar al Senado a sesionar, tal y como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 11 de mayo de 2016.

Dip. José Clemente Castañeda Hoeflich
Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

1 “Urgen a nombrar nuevo comisionado para el IFT”, El Universal, 3 de marzo de 2016.
Cfr. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/telecom/2016/03/3/urgen-nombrar-nuevo-comisionado-para-el-ift

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Castañeda Hoeflich. Se turna a la Tercera Comisión.





 

Tiene el uso de la palabra la Diputada Mariana Benítez Tiburcio, para presentar a nombre propio y de la Diputada Carmen Salinas Lozano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un punto de Acuerdo que exhorta a aprobar la inclusión al catálogo de medicamentos del producto para atender la enfermedad de angioedema hereditario.

La Diputada Mariana Benítez Tiburcio: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Existen enfermedades poco comunes que son difíciles de diagnosticar pero dañan con gravedad a las personas, tal es el caso del angioedema hereditario, un padecimiento genético que provoca una producción inadecuada de la proteína C-1 inhibidor que impide regular de forma correcta las interacciones bioquímicas del sistema sanguíneo. Tal es el caso de la angioedema hereditario es una enfermedad rara o poco frecuente que afecta entre una de cada 10 mil y una de cada 50 mil personas. En México, en particular se calcula que existen 2 mil 300 personas que padecen esta enfermedad.

Se producen episodios de hinchazón o edema de algunas partes del cuerpo, tales como la piel o mucosas, por ejemplo en la garganta o el intestino. La frecuencia y la intensidad de los ataques son muy variables y depende de cada persona o situación. Esto requiere máxima atención cualquier hinchazón de la zona de la cara, cuello o garganta, ya que existe el riesgo de asfixia.

El angioedema hereditario es una enfermedad poco frecuente, pero de gran impacto sobre la calidad de vida del paciente, tanto por la concurrencia de los síntomas, como por el riesgo para la vida en ciertas circunstancias.

Las hinchazones o edemas ocasionan deformaciones y son más peligrosas cuando afectan la faringe, porque afectan la respiración y el paciente puede morir por asfixia.

Datos de la Asociación Mexicana de Angioedema Hereditario, A.C., afirman que en México hay más de 2,446 personas con este mal, pero sólo se han diagnosticado a 173 pacientes, lo que representa sólo el 7.7 por ciento del total.

Dicha asociación añade que esta enfermedad tiene síntomas que llegan a confundirla con otros males, y que en México los diagnósticos llegan a tardar hasta 22 años, y en promedio un paciente es atendido por 12 ó 13 médicos antes de recibir su diagnóstico, además que a pesar de que hay tratamientos adecuados para el angioedema hereditario, más del 90 por ciento de los pacientes no tiene acceso a los mismos.

El angioedema hereditario no tiene cura, únicamente puede ser controlado, los tratamientos pueden ser personalizados ya que cada caso es único. En México se utiliza el plasma fresco congelado, aunque puede provocar otros efectos secundarios.

Como legisladores, debemos impulsar políticas públicas para destinar recursos para atender este tipo de enfermedades, se requieren presupuestos para tratamientos, capacitación de médicos y que las dependencias y organismos cuenten con medicamentos en hospitales certificados en cada estado, así como laboratorios especializados para diagnosticar esta enfermedad.

Si bien es cierto que la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Seguro Popular, podrían tener esa capacidad, por el hecho de ser una enfermedad rara y difícil de diagnosticar, se le confunde con otros padecimientos y, en consecuencia no se le ha dado la atención ni la importancia debida.

La presente proposición es motivada a raíz de los resultados derivados del foro denominado “Angioedema Hereditario Unidos por una Mejor Calidad de Vida”, que tuvo verificativo el pasado 9 de marzo del presente año, evento en el que estuvieron presentes legisladores que integran la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, así como diversos ponentes internacionales.

Compañeras y compañeros legisladores, les hago un llamado a reconocer la gravedad de esta enfermedad, a no escatimar en acciones que beneficien a los mexicanos y más aún tratándose de acciones que vayan encaminadas a la salud, hay escasos médicos que la estudian, muchos pacientes mueren por falta de doctor, por falta de atención, otros por falta de los medicamentos y unos más por errores de laboratorio. Les pido impulsemos políticas públicas encaminadas a la salud, incluyendo en la seguridad social el diagnóstico y tratamiento oportuno para este padecimiento.

De ser aprobado este punto de Acuerdo, los pacientes vulnerables, entre ellos niños y mujeres embarazadas que padecen angioedema hereditario, podrán disponer del tratamiento de los episodios agudos. Actualmente sólo se dispone de un medicamento para mayores de 18 años, dejando desprotegida a esta población, el objetivo principal es lograr una mejor calidad de vida y ésta sólo será posible si todos nos sumamos a esta tarea.

Por lo anteriormente expuesto, solicito se someta a consideración de este cuerpo legislativo el siguiente:

Punto de Acuerdo

“Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Salud, para que a través de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, dependiente del Consejo de Salubridad General, apruebe la inclusión al Catálogo de Medicamentos el producto: Inhibidor de la esterasa C1 humano, para atender la enfermedad del angioedema hereditario”.

Es cuanto.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo.

Las suscritas, CARMEN SALINAS LOZANO Y MARIANA BENÍTEZ TIBURCIO Diputadas de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, Integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos al Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Existen enfermedades poco comunes que son difíciles de diagnosticar pero dañan con gravedad a las personas, tal es el caso del Angioedema hereditario, un padecimiento genético que provoca una producción inadecuada de la proteína C-1 inhibidor que impide regular de forma correcta las interacciones bioquímicas del sistema sanguíneo. Tal es el caso del Angioedema hereditario, es una enfermedad rara o poco frecuente que afecta a entre una de cada 10 mil y una de cada 50 mil personas. En México, en particular, se calcula que existen dos mil 300 personas que padecen esta enfermedad. 

Se producen episodios de hinchazón o edema de algunas partes del cuerpo, tales como la piel o mucosas por ejemplo la garganta o el intestino. La frecuencia y la intensidad de los ataques son muy variables y depende de cada persona o situación. Requiere máxima atención cualquier hinchazón de la zona de la cara, cuello o garganta ya que existe el riesgo de asfixia.

El problema central de la enfermedad es la insuficiente cantidad o actividad de una enzima, denominada C1-Inhibidor, que es la enzima inhibidora o frenadora del primer componente del Sistema del Complemento sanguíneo. La activación incontrolada del Sistema del Complemento produce hinchazones en localizaciones diversas a través de un mediador bioquímico denominado Bradicinina.

Existen los siguientes tipos de Angioedema hereditario:

• TIPO I. Con defecto en la cantidad de la enzima C1-Inh en sangre.

• TIPO II. Con defecto en la actividad o función de la enzima C1-Inh en sangre.

Existe también el llamado TIPO III en el que no se detecta alteración alguna del C1-nh (actualmente denominado Angioedema Hereditario con C1-Inh normal) y que está vinculado casi exclusivamente al sexo femenino y a la exposición a estrógenos.

El Angioedema hereditario (AH) es una enfermedad poco frecuente, pero de gran impacto sobre la calidad de vida del paciente, tanto por la recurrencia de los síntomas, como por el riesgo para la vida en ciertas circunstancias.

Es una enfermedad de origen genético, transmitida con un patrón autosómico dominante. Se caracteriza por la presencia de episodios recurrentes de Angioedema no pruriginoso que puede afectar cualquier parte del cuerpo; típicamente involucra las extremidades inferiores y superiores, el aparato digestivo, la cara y la vía respiratoria.

Las hinchazones o edemas ocasionan deformaciones y son más peligrosas cuando afectan la faringe, porque impiden la respiración y el paciente puede morir por asfixia. En el tracto gastrointestinal la enfermedad puede confundirse con cuadros de abdomen agudo y hacer que sometan al afectado a intervenciones quirúrgicas innecesarias.

Se debe sospechar de Angioedema Hereditario cuando hay edema recurrente por más de 12 horas; dolor abdominal de más de 6 horas o antecedentes familiares de dicha enfermedad.

Datos de la Asociación Mexicana de Angioedema Hereditario A.C., afirman que en México hay más de dos mil 246 personas con este mal, pero sólo se han diagnosticado a 173 pacientes, lo que representa el 7.7 por ciento del total.

Dicha asociación añade que, esta enfermedad tiene síntomas que llevan a confundirla con otros males, y que en México los diagnósticos llegan a tardar hasta 22 años y en promedio un paciente es atendido por 12 o 13 médicos antes de recibir su diagnóstico, además a pesar de que hay tratamientos adecuados para Angioedema hereditario, más de 90 por ciento de los pacientes no tiene acceso a los mismos.

El Angioedema hereditario aún no tiene cura, únicamente puede ser controlado, los tratamientos deben ser personalizados ya que cada caso es único. En México se utiliza el plasma fresco congelado, aunque puede provocar otros efectos secundarios, por lo cual se están usando otros inhibidores que tienen efectos de 36 a 48 horas.

Como legisladores debemos impulsar políticas públicas para destinar recursos para resolver este tipo de enfermedades, se requieren presupuestos para tratamientos, capacitación de médicos y que dependencias y organismos cuenten con medicamentos en hospitales certificados en cada estado, así como laboratorios especializados para diagnosticar esta enfermedad.

Si bien es cierto la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Seguro Popular podrían tener esa capacidad, pero por el hecho de ser una enfermedad rara y difícil de diagnosticar se le confunde con otros padecimientos, y en consecuencia no se le ha dado la importancia debida.

La presente proposición fue motivada a raíz de los resultados derivados del Foro denominado Angioedema Hereditario, “Unidos por una mejor calidad de vida”, que tuvo verificativo el pasado 9 de marzo del presente año, evento en el que estuvieron presentes legisladores que integran la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, así como diversos ponentes internacionales expertos en la materia, e integrantes de la Asociación Mexicana de Angioedema Hereditario, asociación sin fines de lucro, integrada por pacientes de que padecen esta enfermedad en México y que además promueven el conocimiento, la educación y la investigación de esta rara patología para lograr mejorar la calidad de vida.

Compañeras y compañeros legisladores les hago un  llamado a reconocer la gravedad de esta enfermedad., a no escatimar en acciones que beneficien a los mexicanos y más aun tratándose de acciones que vayan encaminadas a la salud; hay escasos médicos que la estudian; muchos pacientes mueren por falta de doctor; por falta de atención; otros, por falta de medicinas y, unos más, por errores de laboratorio, impulsemos políticas públicas encaminadas a la salud, incluyendo en la seguridad social el diagnóstico y tratamiento para este padecimiento.

De ser aprobado este punto de acuerdo, los pacientes vulnerables (niños y mujeres embarazadas) que padecen Angioedema Hereditario, podrán disponer de tratamiento de los episodios agudos. Actualmente sólo se dispone de un medicamento para mayores de 18 años, dejando desprotegida a esta población, el objetivo principal es lograr una mejor calidad de vida y esto solo será posible si todos nos sumamos a esta tarea.

Dimensionemos la importancia y la necesidad de incluir el Inhibidor de la esterasa C1, humano al Catálogo de Medicamentos, de hacerlo, disminuirá considerablemente la morbi-mortalidad de esta enfermedad en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito se someta a la consideración de este Honorable cuerpo legislativo, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaria de Salud, para que a través de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, dependiente del Consejo de Salubridad General, apruebe la inclusión al Catálogo de Medicamentos el producto: Inhibidor de la esterasa C1, humano para atenderla enfermedad de Angioedema hereditario.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Dip. Carmen Salinas Lozano.- Dip. Mariana Benítez Tiburcio.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputada Benítez Tiburcio.

Permítame Diputada, le va a hacer una pregunta el Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, si la acepta. Sonido en el escaño del Senador Ramírez Marín..

El Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Preguntarle a la proponente si nos permitiría que fuera de turno a comisión, para dar oportunidad a que distintas organizaciones que representan enfermos de este grave mal, pudieran manifestarse y hacer llegar sus comentarios a la comisión.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, túrnese a la Segunda Comisión.





 

Tiene el uso de la palabra la Diputada Genoveva Huerta Villegas, para presentar a nombre de la Senadora Marcela Torres Peimbert y de Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, un punto de Acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Nayarit a incorporar lo dispuesto en la reforma constitucional de 2014 y los criterios resueltos por el Trife en materia de equidad.

La Diputada Genoveva Huerta Villegas: Con su permiso, Senador Presidente.

A seis décadas de distancia de la histórica conquista del voto femenino en México, las mujeres seguimos luchando para que el voto pasivo, nombre con que se conoce al derecho a ser postuladas como candidatas, sea una realidad. Han habido gobernadoras, presidentas municipales, diputadas locales, pero aún nos falta mucho más.

En general el acceso a los puestos de elección popular para las mujeres seguiría siendo bastante complejo sin acciones afirmativas para garantizar su elección como candidatas. No obstante, es necesario reconocer el histórico avance que se alcanzó en las elecciones federales de 2012, con la sentencia 12624 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta sentencia, fue el resultado de la tenacidad y el gran trabajo en equipo, sin distingo de partido, que llevamos a cabo las mujeres.

En este Congreso se han presentado diversas iniciativas en pro de la paridad de género, pero hemos pedido que la paridad de género se cumpla como principio obligatorio en la Constitución. En ese sentido, el 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político electoral, en la cual determina la elaboración de una Ley General para Regular los Procedimientos Electorales, que instaure reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales.

Se logró llevarlo al artículo 41 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual estipula garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.

Desgraciadamente no en todos los estados se aplicó de la misma forma, como es el caso del estado libre y soberano de Nayarit. La Constitución Local del estado de Nayarit no contempla los preceptos de paridad.

Es por ello que a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, presentamos ante este Pleno este punto de Acuerdo, para exhortar respetuosamente al Congreso del estado libre y soberano de Nayarit, a incorporar lo dispuesto en la reforma a la Constitución Federal del 2014 y tomar en consideración los diversos criterios resueltos por el Tribunal Electoral en materia de equidad para reformar el artículo 135 de la Constitución Política de este estado.

Ese es el primer paso para la homologación con la reforma constitucional, pero además, avanzamos conforme a los criterios judiciales, procurando que la paridad sea absoluta, esto facilita a mujeres y hombres el acceso a las candidaturas, a los cargos de elección popular, quedando supeditada la integración de ayuntamientos y el Congreso en cuanto al género, únicamente al resultado de la elección y no a criterios de discriminación.

Nuestro compromiso como legisladores con la siguiente generación, debe ser un legado de paridad de género absoluta en el plano político, con la expectativa y la intención de lograr construir una mejor sociedad, una sociedad más igualitaria en todos los aspectos y no sólo en el Congreso.

Es cuanto.

Proposición con punto de Acuerdo

MARCELA TORRES PEIMBERT, y demás Senadoras de la República para la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción I y 276 del reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT A INCORPORAR LO DISPUESTO EN LA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DEL 2014, Y TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DIVERSOS CRITERIOS RESUELTOS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL EN MATERIA DE EQUIDAD PARA REFORMAR ARTÍCULO 135, APARTADO A, FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESE ESTADO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A seis décadas de distancia de la histórica conquista del voto femenino en México, las mujeres seguimos luchando para que el voto pasivo -nombre con que se conoce al derecho a ser postuladas como candidatas-, sea una realidad. Son pocas las gobernadoras, las presidentas municipales, las diputadas locales; aún no ha habido una Presidente de México que sea mujer, y en general, el acceso a los puestos de elección popular para las mujeres seguiría siendo bastante complejo sin acciones afirmativas para garantizar su elección como candidatas.

No obstante, es necesario reconocer el histórico avance que se alcanzó en las elecciones federales de 2012, con la sentencia 12624 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta sentencia, que no fue un producto legislativo, ni de los partidos políticos, fue resultado de la tenacidad de las mujeres que nos agrupamos en una Red, sin distingo de partido, la Red de Mujeres en Plural.

En este Congreso se han presentado diversas iniciativas en pro de la paridad de género, pero hemos pedido que la PARIDAD de GÉNERO se cumpla como principio obligatorio en la Constitución. En ese sentido, el 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia Político Electoral”,

en la cual determina la elaboración de una Ley General para regular los procedimientos electorales, que instaure reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales.

El artículo 41, Base I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala al tenor literal lo siguiente:

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Actualmente así es como se encuentra integrada por género y Grupo Parlamentario, la Cámara de Diputados LXIII Legislatura:

Grupo Parlamentario

Hombres

%

Mujeres

%

Total

%

PRI

119

57.2

89

42.8

208

41.6

PAN

62

56.9

47

43.1

109

21.8

PRD

38

63.3

22

36.7

60

12

PVEM

26

61.9

16

38.1

42

8.4

MORENA

17

47.2

19

52.8

36

7.2

MC

14

56

11

44

25

5

NA

6

54.5

5

45.5

11

2.2

PES

5

62.5

3

37.5

8

1.6

IND

1

100

0

0

1

0.2

TOTAL

288

57.6

212

42.4

500

100

Última modificación: 26 de abril de 2016. 2 POS - I año.

Fuente: http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadro_genero.php

Es por ello que se propuso modificar el artículo 135 en su apartado A, fracción I, a fin de contemplar lo ya ordenado en la reforma a la constitución federal del 2014 y tomando en consideración los diversos criterios resueltos por el Tribunal electoral en materia de equidad.

Sin embargo, la Constitución local del estado de Nayarit no contempla los preceptos de paridad, ni vertical ni horizontal, y mucho menos los supuestos de subterfugios.

Dicha propuesta de reforma estriba en tres elementos principales.

1. Garantizar que cada partido político postule un cincuenta por ciento de sus candidaturas por cada género, en todos los cargos de elección popular.

2. Garantizar que la distribución territorial de las candidaturas a Diputados y Alcaldes sea en igualdad para ambos géneros, procurando que de los dieciocho distritos, nueve tengan candidatos y nueve candidatas, de igual manera en los veinte municipios se postularan diez hombres y 10 mujeres.

3. Garantizar que los distritos más rentables respecto a la elección anterior sean exclusivos de un mismo género, si no que se procure la postulación de hombres y mujeres en igualdad de circunstancias, lo que conocemos como subterfugios.

Este es el primer paso para la homologación con la reforma Constitucional, pero   además avanzamos conforme a los criterios judiciales procurando que la paridad sea absoluta. Esto facilita a hombre y mujeres el acceso a las candidaturas a los cargos de elección popular, quedando supeditada la integración de ayuntamientos y el congreso en cuanto al género únicamente al resultado de la elección y no a criterios de  discriminación.

El siguiente paso será la modificación a la ley electoral del estado, pero esta debe tener como fundamento de la garantía constitucional que se propone a continuación:


PROPUESTA

Artículo 135.- Las elecciones del Gobernador del Estado, de los miembros del Congreso y de los integrantes de los Ayuntamientos se realizaran mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante sufragio universal, secreto y directo.

Apartado A.- De los partidos políticos.

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinara las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral, respetando las bases que establece la Constitución General de la República.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores locales e integrantes de los ayuntamientos Solo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Cada Partido Político garantizara la paridad de género, postulando un cincuenta por ciento de las candidaturas para cada género en todos los cargos de elección popular.

Tanto en las candidaturas a diputados, como las formulas a presidente municipal y sindico garantizaran que en la mitad de los distritos electorales y ayuntamientos sean postulados candidatos de un mismo género.

En las demarcaciones municipales se garantizara que la postulación que se haga sea paritaria, y en caso de ser aritméticamente imposible, se hará con el número más cercano a la paridad.

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le sea asignados exclusivamente aquellos distritos, municipios y demarcaciones municipales en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior.

La ley de la materia normará los criterios para que sea respetada la paridad en todos los supuestos de postulación.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos en los términos que establecen la Constitución General de la República, esta Constitución y la Ley.

(…)

Redacción anterior:

Artículo 135.- Las elecciones del Gobernador del Estado, de los miembros del Congreso y de los integrantes de los Ayuntamientos se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante sufragio universal, secreto y directo.

Apartado A.- De los partidos políticos.

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinara las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral, respetando las bases que establece la Constitución General de la República.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos en los términos que establecen la Constitución General de la República, esta Constitución y la Ley.

(…)

El cambio que propongo, pretende facilitar a hombres y mujeres el acceso a las candidaturas a los cargos de elección popular, quedando supeditada la integración de ayuntamientos y el congreso en cuanto al género únicamente al resultado de la elección y no a criterios de discriminación.

Pese a que el principio de paridad en candidaturas a legisladores federales y locales ya se encuentra presente en cuerpo de la Constitución, éste aún no se ha implementado en todos los estados de la República Mexicana, como es el caso de Nayarit. Nuestro compromiso como legisladores, con la siguiente generación, debe ser un legado de paridad de género en el plano político, con la expectativa y la intención de que este sea un paso fundamental para lograr construir una sociedad más igualitaria.

Por todo lo antes expuesto, se somete a consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se exhorta respetuosamente al Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit incorporar lo dispuesto en la Reforma a la Constitución Federal del 2014, y tomar en consideración los diversos criterios resueltos por el Tribunal Electoral en materia de equidad para reformar artículo 135, apartado A, fracción I de la Constitución Política de ese Estado.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Atentamente

Sen. Marcela Torres Peimbert.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputada Huerta Villegas. Túrnese a la Primera Comisión.





 

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar a nombre del Senador Alejandro Encinas Rodríguez y de la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal devuelva al Congreso de la Unión el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y por el que se expide el Código Militar de Procedimientos Penales.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente.

Bien, es un punto de Acuerdo, como lo acaba de referir el Presidente de la Comisión Permanente, que signa la Senadora Dolores Padierna y el Senador Alejandro Encinas, voy a leer los considerandos.

El pasado 29 de abril el Pleno del Senado de la República aprobó el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales, mediante la cual se empodera Tramposamente al Ejército Mexicano y se facilitan las posibles violaciones a los derechos humanos de las y los mexicanos en general.

Como empieza a ser una deplorable costumbre en este cuerpo legislativo, además de discutir las reformas importantes en sesiones de madrugada y sin los consensos necesarios, se aprobó la minuta enviada por la colegisladora sin que existiera una verdadera discusión de la misma ni se analizaran puntualmente los efectos que estas nuevas disposiciones traerán consigo.

En primer lugar, los ordenamientos antes referidos mantienen la figura del fuero militar. En este sentido hay que señalar que existe una incompatibilidad del fuero militar en México con las normas del derecho internacional de los derechos humanos, fue advertida desde la década de los 90’s por el relator contra la tortura de la ONU, quien en su informe de 1998, expresó su preocupación por el hecho de que “el personal militar parece gozar de inmunidad frente a la justicia civil”.

Al respecto, diversos mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos han hecho señalamientos al Estado mexicano para reformar la legislación con objeto de limitar el fuero militar, como el Comité Contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quienes han señalado que se debe modificar el Código de Justicia Militar con el fin de que dicho fuero aplique únicamente sobre los delitos de funciones militares y que se le elimine la jurisdicción castrense en cuanto a delitos cometidos por militares contra civiles.

Estas recomendaciones realizadas al Estado mexicano encontraron eco en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo, ecologistas presos, todos contra México en los que establece el alcance restrictivo y excepcional que debe tener la jurisdicción penal militar y su aplicación al caso concreto:

“Estado democrático, derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de los militares, de las fuerzas militares”.

Ahora bien, derivado del análisis realizado al Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales se identificaron una serie de elementos problemáticos que impactarán el Estado de derecho de nuestro país de publicarse el Decreto. En este sentido dentro de las disposiciones más preocupantes destacan:

“En el segundo párrafo del artículo primero, se retoma textual, y se copia contenido el artículo 13 constitucional, es decir, vuelve a centrar el reconocimiento y fuero militar como un eje de la actuación de los procesos penales de investigación y acusación.

Dentro del artículo 43 se establece que cuando, en un proceso judicial militar, una persona no habla español, se le proveerá un intérprete y podrá usar su propio lenguaje, además de que se hace alusión expresa a los miembros de pueblos o comunidades indígenas, con lo cual se rebasa la facultad que tienen los militares de juzgar únicamente personal militar y no personal civil. En adición al anterior, el artículo 47 hace referencia explícita a las personas menores de 12 años, lo cual preocupa puesto que dispone que los militares pueden citar a comparecer a niñas, niños y adolescentes, lo cual violenta flagrantemente sus derechos humanos.

Se facultan las instituciones judiciales militares a realizar cateos en propiedades de civiles, mediante la autorización por parte de una orden dada, sin que para ello medie la intervención de un juez federal.

Se faculta a la Policía Militar y al Ministerio Público Militar para que realicen cateos en las residencias u oficinas de cualquiera de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial de los tres órdenes de gobierno o en su caso organismos constitucionales autónomos, mediante la simple autorización de un juez de control militar.

Se mantiene que cuando reconcurran militares y civiles como sujetos activos, sólo los primeros podrán ser juzgados por la justicia militar, sin que se incluya que cuando se violen los derechos humanos, ambos, deberán ser juzgados por un juez civil.

Se establece la obligación de que toda persona, incluidos civiles, deben presentarse ante el órgano jurisdiccional militar o ante el Ministerio Público, cuando sea citada, donde se excluye al Presidente de la República o servidores públicos a que se refiere el párrafo primero y quinto del artículo111 de la Constitución, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y los jueces, los comandantes de mandos territoriales aéreos y navales, los generales de división y almirantes en activo y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia. Cabe señalar que una disposición similar está dentro del Código de Justicia Militar en su artículo 38, pero dentro de ese artículo se establece que simplemente se llamara a comparecer cuando deban suministrar datos para la averiguación de los delitos”.

Como puede observarse, resultaron en una falacia los argumentos que se vertieron en una discusión y en aprobación de estos ordenamientos puesto que el discurso oficialista de los legisladores afines al partido del poder, se centró en que con la reforma únicamente se armonizaban las disposiciones militares con el nuevo esquema penal que el legislativo emitió, puesto que dentro del mismo no se disponía mayores facultades al ejército, y menos aún facultades tan arbitrarias como la de cateos a inmuebles civiles o federales.

Es necesario señalar que México está actualmente militarizado, casi en su totalidad, el ejército se ha abocado, desde la administración pasada, en realizar labores de seguridad pública sin estar capacitado ni facultado para ello, por lo cual se han dado lamentables casos de violaciones a derechos humanos cometidos por elementos de las fuerzas armadas contra civiles. Recordemos que en 2014 se dio el caso de las ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército en el municipio de Tlatlaya, Estado de México y más recientemente se conoció otro, donde una mujer perteneciente al cuerpo castrense con otra perteneciente a la Policía Federal, torturan a una detenida con el fin de obtener información.

No necesita la justicia militar de una reforma como la que se aprobó, todo lo contrario, lo que se necesita es una legislación que acote el ilimitado poder de las fuerzas castrenses, pues ha sido evidenciado por todas y todos nosotros que cada día se presentan más y más casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por elementos del ejército y de la marina mexicana.

Al respecto el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos envió al Senado de la República una serie de observaciones al proyecto en comento, mismas que no fueron tomadas en cuenta.

Ahora bien, con base en el Apartado C del artículo 72 constitucional, el Ejecutivo Federal puede vetar cualquier proyecto y devolverlo con observaciones a la Cámara de origen del mismo, con el fin de que sea discutido de nueva cuenta por ésta. De aprobarse en la Cámara de origen pasará a la revisora, y si ésta lo aprueba, regresará al Ejecutivo para su promulgación.

En este sentido se entiende que el Ejecutivo Federal puede realizar observaciones a un proyecto mediante su facultad de veto y regresarlo a las Cámaras para que sean atendidas las mismas. Tomando en cuenta de que no se puede promulgar un Decreto que fomentará violaciones a derechos humanos es necesario que el Ejecutivo ejerza su facultad prevista en el Apartado C del artículo 72 constitucional y regrese a las Cámaras el proyecto en cuestión, donde se retomen las observaciones realizadas en el Senado de la República por el representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y contenidas en el Diario de los Debates de ambas Cámaras.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía sea aprobado como de urgente resolución el siguiente:

Punto de Acuerdo

“Único.- La Comisión Permanente solicita al Ejecutivo Federal que en el ejercicio de la facultad que le confiere el Apartado C del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos devuelva al Congreso de la Unión el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales, aprobado el 29 de abril del 2016, al considerar las observaciones realizadas al mismo por el representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y las contenidas en el Diario de los Debates de ambas Cámaras”.

Es cuanto.

Gracias por su atención.

Proposición con punto de Acuerdo

La suscrita Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL APARTADO C DEL ARTÍCULO 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEVUELVA AL CONGRESO DE LA UNIÓN EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR Y SE EXPIDE EL CÓDIGO MILITAR DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CONSIDERANDO LAS OBSERVACIONES VERTIDAS POR EL REPRESENTANTE ADJUNTO DE LA OFICINA EN MÉXICO DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ONU-DH) Y DURANTE EL DEBATE EN EL CONGRESO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 29 de abril el Pleno del Senado de la República aprobó el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales, mediante la cual se empodera tramposamente al Ejército Mexicano y se facilitan las posibles violaciones a los derechos humanos de las y los mexicanos en general.

Como empieza a ser una deplorable costumbre en este cuerpo legislativo, además de discutir las reformas importantes en sesiones de madrugada y sin los consensos necesarios, se aprobó la minuta enviada por la colegisladora sin que existiera una verdadera discusión de la misma ni se analizaran puntualmente los efectos que estas nuevas disposiciones traerán consigo.

En primer lugar, los ordenamientos antes referidos mantienen la figura del fuero militar. En este sentido hay que señalar que existe una incompatibilidad del fuero militar en México con las normas del derecho internacional de los derechos humanos fue advertida desde la década de los noventa por el Relator contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, quien en su informe de 1998, expresó su preocupación por el hecho de que “el personal militar parece gozar de inmunidad frente a la justicia civil”.1

Al respecto, diversos mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos han hecho señalamientos al Estado mexicano para reformar la legislación con el objeto de limitar el fuero militar, como el Comité contra la Tortura2 y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas3, quienes han señalado que se debe modificar el Código de Justicia Militar con el fin de que dicho fuero aplique únicamente sobre los delitos de funcione militares y que se elimine la jurisdicción castrense en cuanto a delitos cometidos por militares contra civiles.

Estas recomendaciones realizadas al Estado mexicano encontraron eco en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo y Ecologistas Presos, todas contra México, en las que establece el alcance restrictivo y excepcional que debe tener la jurisdicción penal militar y su aplicación al caso concreto:

“[E]n un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares. […]”.4 (Énfasispropio)

Ahora bien, derivado del análisis realizado al Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales se identificaron una serie de elementos problemáticos que impactarán el Estado de derecho en nuestro país de publicarse el decreto. Es este sentido, dentro de las disposiciones más preocupantes destacan:

• En el segundo párrafo del artículo primero se retoma textual y se copia el contenido del artículo 13 Constitucional, es decir, vuelve a centrar el reconocimiento del fuero militar como un eje de actuación en los procesos penales de investigación y acusación.

• Dentro del artículo 43 se establece que cuando, en un proceso judicial militar, una persona no hable español, se le proveerá un intérprete y podrá usar su propio lenguaje, además de que se hace alusión expresa a los miembros de pueblos o comunidades indígenas, con lo cual se rebasa la facultad que tienen los militares de juzgar únicamente a personal militar y no a personal civil. En adición a lo anterior, el artículo 47 hace referencia explícita a las personas menores de 12 años, lo cual preocupa puesto que dispone que los militares pueden citar a comparecer a niñas, niños y adolescentes, lo cual violentará flagrantemente sus derechos humanos.

• Se faculta a las instituciones judiciales militares a realizar cateos en propiedades de civiles, mediante la autorización por parte de una orden dada, sin que para ello medie la intervención de un juez federal. (Artículo 278 del Código Militar de Procedimientos Penales)

• Se faculta a la Policía Militar y al Ministerio Público Militar para que realicen cateos en las residencias u oficinas de cualquiera de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial de los tres órdenes de gobierno o en su caso organismos constitucionales autónomos (artículo 282 del Código Militar de Procedimientos Penales), mediante la simple autorización de un Juez de control militar. (artículos 278 y 279 del Código Militar de Procedimientos Penales)

• Se mantiene que cuando concurran militares y civiles como sujetos activos, solo los primeros podrán ser juzgados por la justicia militar, sin que se incluya que cuando se violen derechos humanos, ambos deberán ser juzgados por un juez civil. (Artículo 57 del Código de Justicia Militar)

• Se establece la obligación de que toda persona, incluidos civiles, deben presentarse ante el Órgano jurisdiccional militar o ante el Ministerio Público, cuando sea citada, donde se excluye al Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces, los comandantes de mandos territoriales, aéreos y navales, los generales de división y almirantes en el activo y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia. (Artículo 87 del Código Militar de Procedimientos Penales). Cabe señalar que una disposición similar está dentro del Código de Justicia Militar (artículo 38), pero dentro de ese artículo se estable que simplemente se llamara a comparecer cuando deban suministrar datos para la averiguación de los delitos.

Como puede observarse, resultaron en una falacia los argumentos que se vertieron en la discusión y aprobación de estos ordenamientos, puesto que el discurso oficialista de los legisladores afines al partido en el poder se centró en que con la reforma únicamente se armonizaban las disposiciones militares con el nuevo esquema penal que el legislativo emitió, puesto que dentro del mismo no se disponía mayores facultades al ejército, y menos aún, facultades tan arbitrarias como la de los cateos en inmuebles civiles o federales.

Es necesario señalar que México está actualmente militarizado casi en su totalidad. El Ejército se ha abocado, desde la administración pasada en realizar labores de seguridad pública sin estar capacitado ni facultado para ello, por lo cual se han dado lamentables casos de violaciones a derechos humanos cometidos por elementos de las fuerzas armas contra civiles. Recordemos que en 2014 se dio el caso de las ejecuciones extrajudiciales a manos del Ejército en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México y más recientemente se conoció otro donde una mujer perteneciente al cuerpo castrense, junto con otra perteneciente a la Policía Federal, torturan a una detenida con el fin de obtener información.

No necesita la justicia militar de una reforma como la que se aprobó, todo lo contrario, lo que se necesita es una legislación que acote el ilimitado poder de las fuerzas castrenses, pues ha sido evidenciado por todas y todos nosotros que cada día se presentan más y más casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos del ejército y de la marina mexicana.

Al respecto, el Representante Adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), envió al Senado de la República una serie de observaciones al proyecto en comento, mismas que no fueron tomadas en cuenta, donde señala que es necesario establecer criterios claros en: a) la jurisdicción militar en casos donde se afecten o pudieran afectarse a civiles, donde se excluya que los mismos puedan llevar a cabo investigaciones o procesamiento; b) la colaboración con autoridades civiles cuando de una misma actividad delictiva se desprendan delitos de competencia militar y del fuero común o federal; c) el traslado al fuero civil y federal en los casos en los que no se detecten delitos del fuero militar; d) la participación de personas testigos o expertas civiles en procedimientos militares; e) precisar los derechos y la participación de las víctimas y ofendidos del delito, y f) que las disposiciones del Decreto sean más acordes al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ahora bien, con base en el apartado C del artículo 72 Constitucional, el Ejecutivo Federal puede vetar cualquier proyecto y devolverlo con observaciones a la Cámara de Origen del mismo con el fin de que sea discutido de nueva cuenta por esta. De aprobarse en la Cámara de Origen pasará a la revisora y, si esta lo apruebe, regresará al Ejecutivo Federal para su promulgación.

En este sentido, se entiende que el Ejecutivo Federal puede realizar observaciones a un proyecto mediante su facultad de veto y regresarlo a las Cámaras para que sean atendidas las mismas. Tomando en cuenta de que no se puede promulgar un decreto que fomentará violaciones a derechos humanos, es necesario que el Ejecutivo ejerza su facultad prevista en el apartado C del artículo 72 Constitucional y regrese a las Cámaras el proyecto en cuestión, donde se retomen las observaciones realizadas al Senado de la República por el Representante Adjunto del Alto Comisionado de la ONU-DH y las contenidas en el Diario de los Debates de ambas Cámaras.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía sea aprobado como de urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente solicita al Ejecutivo Federal que, en ejercicio de la facultad que le confiere el Apartado C del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, devuelva al Congreso de la Unión el DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR Y SE EXPIDE EL CÓDIGO MILITAR DE PROCEDIMIENTOS PENALES, APROBADO EL 29 DE ABRIL DE 2016, al considerar las observaciones realizadas al mismo por el Representante Adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y las contenidas en el Diario de los Debates de ambas Cámaras.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En términos de lo dispuesto por el artículo 59 y 60 del Reglamento y el Resolutivo Décimo Sexto del Reglamento para normar las sesiones de la Comisión Permanente, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, Senador Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se turna a la Primera Comisión.

1 Informe del Relator Especial, Sr. NigelRodley, presentado con arreglo a la resolución 1997/38 de la Comisión de Derechos Humanos, visita del Relator Especial a México (14 de enero de 1998) U.N. Doc E/CN.4/1998/38/Add.2., párr. 86

2 CAT. Informe sobre México preparado por el Comité, en el marco del artículo 20 de la Convención y respuesta del gobierno de México (25 de mayo de 2003). UN. DOC. 25 de mayo de 2003.

3 CDH. Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: México (7 de abril de 2010). U.N. DOC. CCPR/C/MEX/CO/5.

4 Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 1, párr. 272 a 274; Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México, supra nota 1, párr. 176, y Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México, supra nota 1, párr. 160.





 

Tiene la palabra el Diputado Edgar Romo García, para presentar a nombre propio y de la Diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un punto de Acuerdo que exhorta a coordinar y supervisar la creación y apertura de centros educativos temporales donde estén ubicados los campos agrícolas que contraten mano de obra de trabajadores jornaleros.

El Diputado Edgar Romo García: Gracias, Senador Presidente.

En el proceso de migración que existe entre México y Estados Unidos de América coexiste una realidad en el territorio claramente diferenciada de índole interna. Se estima un flujo migratorio cuyo estatus está lejos de considerarse irregular, porque obedece a emergencias económicas, sociales y políticas del país, en algunos casos extremos de inseguridad y de violencia, que lleva a miles de familias a emigrar de una entidad a otra.

En los últimos años trabajadores migrantes se desplazaron de una región a otra a escala nacional para incorporar su mano de obra en campos agrícolas, pesca o la construcción. Ante esta dinámica migratoria en la mayoría de los casos se sumó la familia sin ninguna expectativa, y en una elevada proporción se fue generando un conflicto migratorio en un Estado de indefensión y vulnerabilidad con alta probabilidad de explotación de trata de personas, de hostilidad y de marginación, y que hoy muestra una tendencia indeseable, conllevando a una discriminación y una suerte de esclavitud laboral en su propio país. Ante esta problemática de migración interna como fenómeno familiar, es necesario que se promueva el respeto a sus derechos humanos y fundamentales, particularmente lo concerniente a la educación para sus hijos.

El derecho a la educación, es sin duda una garantía que goza todo mexicano, es la mejor aportación contra la desigualdad y discriminación.

La consigna en la Carta Magna, así como en los tratados y convenios internacionales, signados por nuestro país, no puede dejar de estudiar la situación real en la educación de los menores, cuyos padres cambian de residencia dentro del país para obtener el sustento de la familia.

Resulta ineludible que para enfrentar el fenómeno migratorio interno, se diseñen y apliquen políticas dedicadas a atender a estos grupos. Determinar una conciliación reglamentada que involucre a los tres niveles de gobierno para promover acciones y asumir la responsabilidad correspondiente, de tal manera que se protejan y garanticen los derechos de este éxodo de familias completas, unidos por una constante que son: los desplazados sin dinero y sin casa.

En ese tenor, es importante que la Secretaría de Educación Pública, reafirme en los programas existentes y diseñe nuevas estrategias de enseñanza, aprendizaje y sobre todo, regionalice dichas medidas para garantizar el beneficio en esas niñas y niños migrantes. Considerando, por supuesto, sus particularidades y necesidades debido a su calidad de miembros de familias jornaleras.

Por ese motivo, pretendemos someter a la consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, este punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a coordinar y supervisar la creación y apertura de centros educativos temporales donde estén ubicados los campos agrícolas que contraten mano de obra de trabajadores jornaleros acompañados de sus familias.

Garantizando la planta docente necesaria y especializada para tales casos, así como proporcionar las constancias de estudio correspondientes a los alumnos para que se asegure la continuidad de sus estudios en otro lugar al que emigren.

Y también exhortar a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, a requerir en los particulares propietarios de campos agrícolas que contraten mano de obra de trabajadores jornaleros, acompañados de familias, otorguen los medios necesarios para la atención debida en la enseñanza, así como destinar un espacio como Centro Educativo Temporal, enfocados a la enseñanza básica de las niñas y de los niños.

En México, compañeros, no debe existir cabida para la injusticia y discriminación. Todos los niños, sin duda, tienen derecho a la inclusión educativa.

Por su atención, muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

Los que suscriben, NORA LILIANA OROPEZA OLGUÍN y EDGAR ROMO GARCÍA, Diputados Federales integrantes  del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del reglamento para el gobierno interior del congreso general de los estados unidos mexicanos y demás aplicables, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al  tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a la educación es una garantía que goza todo mexicano, es la mejor aportación contra la desigualdad y discriminación. Lo consigna la Carta Magna, así como tratados y convenios internacionales signados por nuestro país. Sin embargo, ¿cuál es la situación real en la educación de los menores cuyos padres cambian de residencia dentro del país para obtener el sustento de la familia?

Indistintamente del proceso de migración en su dimensión nacional que existe entre México y Estados Unidos, coexiste una realidad en el territorio claramente diferenciada de índole interna. Se estima un flujo migratorio cuyo estatus está lejos de considerarse irregular, porque obedece a emergencias económicas, sociales y políticas del país, en algunos casos extremos de inseguridad y violencia, que lleva a miles de familias a emigrar a otra entidad. 

En los últimos años trabajadores migrantes se desplazaron de una región a otra a escala nacional, para incorporar su mano de obra en campos agrícolas, pesca o la construcción. A esta dinámica migratoria, en la mayoría de los casos, se sumó la familia sin ninguna expectativa y en una elevada proporción se fue generando un conflicto migratorio silente, según se observa, en un estado de indefensión y vulnerabilidad, con alta probabilidad de explotación, trata de personas, hostilidad y marginación y que muestra una tendencia indeseable: la discriminación y una suerte de esclavitud laboral en su propio país. Ante esta problemática de migración interna como fenómeno familiar es necesario que se promueva el respeto a sus derechos humanos y fundamentales, particularmente lo concerniente a la educación para sus hijos.

De acuerdo a la UNICEF cada año, aproximadamente 300 mil niñas y niños en nuestro país abandonan sus comunidades de origen para emigrar con sus familias a otras entidades. En este mismo rubro la Secretaria de Educación Pública (SEP) estima que menos del 10% de estos niños y niñas asiste a la escuela. Este dato es alarmante y es necesario implementar las medidas necesarias para que este grupo de hijos e hijas de jornaleros migrantes ingresen a la educación, y con ello se cumpla el objetivo 3.2 del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, de garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. En este sentido menciona líneas de acción importantes, como lo son: Impulsar el desarrollo servicios educativos destinados a la población en riesgo de inclusión, robustecer la educación indígena, la destinada a niños migrantes, la telesecundaria, así como los servicios educativos que presta el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).

Académicamente se ha señalado el carácter familiar que reviste la contratación de jornaleros para las regiones y actividades agroexportadoras del centro, occidente y norte del país. Se refiere  cómo los enganchadores acuden a los sitios más alejados donde priva la extrema pobreza a reclutar campesinos, coordinar su traslado en unidades financiadas por los productores quienes los ubican en campamentos, la mayoría de las veces, insalubres. En esta población jornalera abundan los niños que también trabajan, no obstante que la Ley de Trabajo vigente establece la prohibición para la contratación de niños menores de 14 años con el fin de protegerlos y garantizar su educación, como se percibe en los artículos 173 o el 541 Fracción I. México también es miembro de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la ONU desde 1989, que habla de la protección a los niños contra el desempeño de cualquier tipo de actividad laboral que se interponga en su educación.

En sentido estricto, la necesidad económica hace que los migrantes internos posterguen la cuestión educativa de los hijos; quienes corren el riesgo de quedar olvidados entre los pobres, sin calificación y sin educación. Un infortunio evitable, ya que en México el Estado garantiza un sistema nacional de enseñanza gratuita obligatoria básica y media. Incluso de un modo particular existe el Programa de Educación Primaria para Niños y Niñas Migrantes; y qué decir, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; por ello, sobre esta base se deben revisar actitudes de los centros de trabajo que contratan a los  trabajadores migrantes internos, para evitar abusos al negar la oportunidad de que niños y niñas miembros de esas familias accedan a la escuela.

Resulta ineludible, para enfrentar el fenómeno migratorio interno, el diseño y aplicación de políticas dedicadas a atender estos grupos; determinar una conciliación reglamentada que involucre a los tres niveles de gobierno para promover acciones y asumir la responsabilidad correspondiente de tal forma que se protejan y garanticen los derechos de este éxodo de familias completas, unidos por una constante: son los  desplazados sin dinero ni casa.

Es importante que la Secretaría de Educación Pública reafirme los programas existentes y diseñe nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje y, sobre todo, regionalice dichas medidas para garantizar el beneficio en esos niños y niñas migrantes, considerando por supuesto sus particularidades y necesidades debido a su calidad de miembros de familias jornaleras.

En México no existe cabida para la injusticia y discriminación,  todos los niños tienen derecho a la inclusión educativa. De ahí la necesidad de implantar por Ley la creación de centros educativos especializados para el mejor desarrollo de esos niños migrantes, los cuales comprendan flexibilidad tanto de los horarios como de los maestros y que las instalaciones se encuentren en el entorno de los campamentos o lugar de trabajo de sus progenitores. Asimismo, en el caso de optar por otros mecanismos como la educación a distancia, es menester que cuenten con el apoyo de profesores comprometidos con el desarrollo de esa población infantil. Que no quede en letra muerta como hasta ahora a pesar de las políticas educativas y programas educativos existentes.

Basta de ambigüedades hacia la educación de niños migrantes, la enseñanza debe ser efectiva y significativa, porque esa población que emigra de una entidad a otra en el país, por diversas razones, debe gozar de. los mismos derechos que los demás niños, tal como lo consigna la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 2 así como la Declaración de los derechos del niño. Principio.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del Pleno de esta H. Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con:


PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta a la Secretaria de Educación Pública, a coordinar y supervisar la creación y apertura de centros educativos temporales, donde estén ubicados los campos agrícolas que contraten mano de obra de trabajadores jornaleros acompañados de sus familias, garantizando la planta docente necesaria y especializada para tales casos, así como proporcionar las constancias de estudios correspondientes a los alumnos para asegurar la continuidad de sus estudios en otro lugar al que emigren y,

Segundo. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, requerir a los particulares, propietarios de campos agrícolas que contraten mano de obra de trabajadores jornaleros acompañados de familias, otorguen los medios necesarios para  la atención debida en la enseñanza, así como destinar un espacio como centro educativo temporal enfocados a la enseñanza básica de los niños y niñas.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 11 de mayo de 2016.

Dip. Nora Liliana Oropeza Olguín.- Dip. Edgar Romo García.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Romo García.

Sonido en el escaño de la Senadora Carmen Dorantes Martínez.

La Senadora Carmen Dorantes Martínez: (Desde su escaño) Señor Presiente, consultarle al Diputado Edgar Romo García, si me permite adherirme a su iniciativa.

El Diputado Edgar Romo García: Con mucho gusto.

La Senadora Carmen Dorantes Martínez: (Desde su escaño) Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tome nota la Secretaría. Túrnese a la Segunda Comisión.





 

Ruego a la Asamblea su atención. Los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un Acuerdo en relación con el estado en que se encuentran los procedimientos penales en contra de Joaquín Guzmán Loera.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda del día de hoy para su trámite.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integre a los asuntos de este día, el Acuerdo referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone de inmediato a discusión.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior Acuerdo se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Virgilio Caballero, del grupo parlamentario de Morena, sonido en su escaño, por favor.

El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

La extradición de Joaquín Guzmán Loera del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, al Centro Federal de Readaptación Social número 9 de Ciudad Juárez, es un auténtico sabadazo.

El Secretario de Gobernación debe dar una explicación de, por qué su traslado. No basta el breve boletín que fue emitido en días pasados. Debe de explicar en primera instancia, cómo fue que se fugó de un penal de máxima seguridad.

¿Por qué no se informa puntualmente, si se trata sólo de un traslado o de una faramalla? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la intención detrás de ello? ¿Por qué no sale el Presidente a informar o, en su caso, el Secretario de Gobernación?

¿Por qué salió únicamente a informar de este traslado el gobernador de Chihuahua, cuando se trata de un asunto de interés nacional y trascendental para la vida pública del país?

Que se explique, ¿por qué fue trasladado del Penal Federal del Altiplano, certificado con el máximo nivel de seguridad, a un penal de Ciudad Juárez que no cuenta con el mismo nivel para resguardar a delincuentes de este tipo?

Si lo que se intenta es extraditar a este capo, que se diga, que no se oculte.

Lo que queda claro es que la política penitenciaria y los penales federales no los maneja la Secretaría de Gobernación, sino los departamentos de estado y de justicia de los Estados Unidos.

Tenemos un Secretario de Gobernación débil, con una estructura operativa interna infiltrada por el narcotráfico y la delincuencia organizada, corrupta y sin controles, así lo demostró la fuga de este personaje.

A dónde vamos cuando las autoridades nacionales del país le hacen más caso a los intereses extranjeros que a nuestras propias necesidades.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Caballero Pedraza.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Emilio Salazar Farías, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El Diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Con su permiso, señor Presidente.

Sabadazo, lunesazo, miercolesazo, no importa mientras se respete el debido proceso. Qué fácil es especular diciendo que es todo en lo oscurito, cuando la realidad es que tenemos un Secretario de Gobernación fuerte, y que las cosas se hicieron conforme a derecho, conforme con lo que establece la ley, y si es para resguardar a un delincuente que ha mostrado su peligro, pues hay que hacerlo, sin temor a lo que se diga, a la especulación, a la maledicencia.

El tratamiento de los delincuentes y del sistema penitenciario, requiere decisiones y tienen que tomarse con firmeza.

Si hay que extraditarlo, las leyes los dirán, hay un proceso para ello, hay una decisión que se hará de acuerdo a los tratados internacionales y a una ley de extradición vigente.

Así hay que verlo, más allá de estar pensando en complots o en cosas oscuras. Lo importante será que consideráramos también que los bienes que sean incautados en ambos países, sean usados para lo que se requiere.

Hay países donde se ha procedido a ello, invitar a los fiscales americanos, que vayan los nuestros y que determinen el destino de esos bienes.

¿Para qué deben servir? Deben servir para apoyar el combate de estos mismos flagelos y lo hagamos con mucha seriedad, lo hagamos por nuestro país, lo hagamos porque es lo que el derecho dice y no porque nosotros opinamos.

La opinión pública va a decir: “El Chapo”, hagamos esto, hagamos aquello, pero no nos manda la opinión pública, nos tiene que mandar lo que la ley indica, es lo que la gente exige, y ante la ley todos somos iguales y tenemos que respetarla.

Es cuanto. Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Salazar Farías.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores:

Cuando supe que habían trasladado, en función de que falló la luz en el penal de alta seguridad donde se encontraba el señor Joaquín Guzmán Loera, lo primero que me surgió fue ¿y por qué lo mandaron al penal número 9, de Ciudad Juárez, donde ese centro de privación de libertad tiene tantos señalamientos?

Como por ejemplo, en el último informe del 2015, la CNDH, donde da, creo que 6.3 de calificación. No es de mejores ejemplos.

Francamente me parece que este tema tiene que ver mucho con las condiciones y de cómo se encuentran los centros de privación de libertad. Por cierto, ojalá que nos dé tiempo en el periodo extraordinario de que sea revisada, aprobada y conciliada, si es el caso, con la Cámara de Diputados, una ley muy importante. Duramos mucho tiempo trabajando en ella, que tiende justamente a prevenir este tipo de cuestiones.

Quiero retomar una parte de lo que mencionaba quien me antecedió en la palabra, trátese de quien se trate, necesariamente tiene que haber un procedimiento que la Constitución ya lo determina, que son el debido proceso legal, que está inscrito, por cierto, desde un enfoque de respeto a los derechos humanos y un precepto muy importante que conviene que hoy recordemos, que es el de la reinserción social.

Por cierto, qué raro que todavía se siga llamando, el Organo Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social. Sería bueno también que acordemos nuevamente, que se cambie a “Reinserción Social”, que vaya acorde con la   Constitución.

Entonces, es importante, tomando en cuenta que seguramente hay personas que a lo mejor no tienen remedio, pero no es el sentido de la Constitución, el sentido en la Constitución, y así se ha logrado en muchas partes del mundo, es que las leyes de naturaleza penal siempre van avanzando para tratar de buscar, darle alternativas para que una persona pueda regresar al camino correcto y no vuelvan a reincidir cometiendo infracciones a las leyes penales y afectando a la sociedad, a la comunidad.

En el caso de “El Chapo” Guzmán, como se le conoce de manera coloquial, las especulaciones respecto de si era más fácil llevarlo a la frontera con Estados Unidos para iniciar un proceso de extradición, pues es algo que está se especunlado desde hace mucho tiempo y pareciera como que ahora sí, ahí están las condiciones para que simplemente se atraviese, se pueda llegar de manera mucho más fácil llevarlo a la extradición. Por lo tanto, me parece, que más allá del lugar donde está, si es propicio o no, pero sobre todo tomando en cuenta que ya van dos veces que se fuga ¿no? y si el lugar, efectivamente, es acorde o no.

Más allá de que haya un proceso de extradición, que hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene el expediente en su escritorio, más allá de si se concilian los términos de cómo puede ser ésta, me parece que es importante que nosotros insistamos en los dos puntos que tienen que ver con este resolutivo, y me parece que son importantes.

Particularmente quiero mencionar el que tiene que ver con el punto dos, que llama a exhortar a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, para que en la referida reunión con las autoridades, que menciona el punto de Acuerdo, también se explique el estado y el curso que guardan las solicitudes de extradición del Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, así como las eventuales negociaciones relacionadas con los bienes y recursos económicos que resulten de los aseguramientos y decomisos que se han realizado o se realicen por las autoridades de conformidad con la legislación aplicable y los convenios vigentes entre ambos países, porque es ahí precisamente, en la parte que tiene que ver con los recursos, con las autoridades, hacen o dejan de hacer o pretenden hacer, pero al final no hacen, ir a las finanzas de quienes están involucrados en estos negocios tan lucrativos.

Es cuanto, y simpatizamos como grupo parlamentario con los puntos que aquí se han puesto a consideración de esta Asamblea.

Gracias por su atención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la proposición presentada.

El Diputado Federico Döring Casar: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Nosotros teníamos la intención de abordar el tema, porque estamos convencidos de que es inminente la extradición.

Si bien hay un juez federal que acaba de otorgar una suspensión temporal a Joaquín Guzmán para evitar la extradición, más allá de lo que aquí se ha dicho y de estas versiones inverosímiles respecto de la remodelación del Penal del Altiplano, “Y que si había que cambiar el sistema eléctrico”, “y que si todo tenía que ver con una falla eléctrica”, la realidad es que es inminente la extradición.

Nosotros lo que queremos dejar muy claro es que el Congreso de la Unión debe de tener información, y la opinión pública tiene que tener la información básicamente de dos cosas: Cómo ha avanzado el proceso de extradición, cómo está integrada la solicitud por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos y qué está negociando el gobierno de la República, en el contexto de la extradición.

Cito este Acuerdo entre México y Estados Unidos, del 4 de septiembre de 2001, que se conoce como: el “Sharing Agreement of Judicial Narcotics” donde dice:

“Que todos los internos que son consignados en un penal estadounidense, producto de colaboración entre ambos gobiernos, le dan derecho a los dos gobiernos, pero estamos hablando en este supuesto de la extradición, de México a Estados Unidos, de un interno a cuando menos el 50 por ciento de todos los activos que son asegurados y recuperados”.

Tan solo en una Corte Federal en Brooklyn, Nueva York, hay una causa en contra de Joaquín Guzmán, por 14,400 millones de dólares, repito la cifra, 14,400 millones de dólares, sólo en Brooklyn, aparte está la causa del juzgado federal de Miami, son las dos que sabemos. Pero no en realidad cuántas más.

Lo que quisiéramos saber exactamente, ¿cuál es el total de la masa financiera y el total de causas penales que quiere acreditar el gobierno estadounidense y acumular en contra de Joaquín Guzmán?, porque es hasta suerte, cuando tenga una sentencia firme, nos tiene que retroalimentar o nos tiene que regresar parte del dinero manchado de sangre, que no queremos que se quede el gobierno estadounidense, y que queremos tener la garantía de que este acuerdo judicial y de colaboración entre la Procuraduría General de la República y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en vigor desde 2001, será aplicado, será plasmado en el acuerdo de extradición, y hay que dejar en claro cómo es el proceso. No tiene que ver con la Secretaría de Gobernación, quien firma es la canciller, quien instrumenta es la PGR.

Y quiero compartir, porque me llamó la atención la intervención de mi amiga, la Senadora Angélica de la Peña, cuando decía ¿por qué ahí y no en otro penal, el de Ciudad Juárez?

Esta es una foto satelital de la base militar de El Paso, una base militar donde convergen FDA, FBI, DEA, y varias agencias de investigación, inclusive el ejército estadounidense.

En esta foto que voy a compartir, es de hace un par de días, podemos ver que hay 41 helicópteros, como estado de fuerza, listos para atender lo que era una inminente extradición, no con motivo de un apagón electrónico en el Penal del Altiplano, sino como parte de una negociación.

La base militar de El Paso, en Estados Unidos, para quienes conocen muy bien la región, no está ni siquiera a 100 kilómetros de distancia del penal de Ciudad Juárez, en donde hoy duerme Joaquín Guzmán Loera.

Por esa razón es que queremos apoyar el punto de Acuerdo y que agradecemos que todos lo puedan acompañar; que si es extraditado sea extraditado para que no se fugue como lo ha logrado hacer en México en dos administraciones.

Y me hago cargo de la parte cuando Acción Nacional gobernó en este país, ahí hay más garantía que no se va a fugar en una tercera ocasión, pero que no se vaya con las  manos manchadas de sangre, y que no sean los estadounidenses los que se queden con ese dinero, por aplicar las sentencias que los gobiernos mexicanos nunca supieron aplicar.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Döring Casar.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Edgar Romo García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Diputado Edgar Romo García: Con su permiso, señor Presidente.

Sin duda, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, conformado por Diputados y Senadores, apoyamos este punto de Acuerdo y lo hacemos propio, junto con la Mesa Directiva, para manifestar que el Poder Legislativo está decidido a exigir que se cumpla con el estado de derecho, esta obligación de que se cumpla a la sociedad mexicana con el estado de derecho que es una obligación inherente a nuestra representación legislativa.

Hoy por hoy la Comisión Bicameral, conformada por Diputados y Senadores, ha tenido reuniones con las autoridades encargadas de la extradición y del proceso penal de este delincuente, fue capturado por el esfuerzo, la voluntad y la dedicación del Ejército Mexicano, del Poder Ejecutivo Federal, de las autoridades estatales e incluso de la ciudadanía, que por cierto eso no marca ninguna señal de debilidad para nadie.

En segundo, ha estado preocupada la Comisión Bicameral porque se transparente el proceso, y si este punto de Acuerdo abona a que se continúen abriendo y rindiendo cuentas sobre el procedimiento de extradición y sobre el estatus actual que guardan los procedimientos penales en contra de Joaquín Guzmán, estamos a favor.

También estamos preocupados para que de una manera clara se garantice por las autoridades tanto nacionales como extranjeras, que se cumplan con los convenios que hay en esta materia con la legislación aplicable en materia de decomiso de bienes y de aseguramiento del patrimonio que tenga como origen actos delincuenciales o que tenga como origen la comisión de un delito proveniente de la delincuencia organizada.

También estamos muy claros que no requerimos especular con fotografías ni con un sinnúmero de helicópteros, o si “El Chapo” es esperado o no en Estados Unidos, de lo que hoy estamos seguros es que “El Chapo” Guzmán no pudo burlar al Ejército Mexicano, que “El Chapo” Guzmán no pudo burlar al Poder Ejecutivo Federal, que fue capturado y que estamos seguros, y que hoy exigimos, que va a pagar no sólo en México, compañeros, también va a pagar en Estados Unidos de Norteamérica, y va a pagar conforme a la legislación y le va a regresar a México lo que le quitó a los mexicanos: su seguridad, su paz, lo que le quitó a las víctimas de la delincuencia organizada y que por eso exigiremos puntualmente que el destino de los bienes decomisados se reparta conforme a la legislación aplicable y los convenios que aplican en materia de delincuencia organizada y en materia de extradición.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Romo García.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, para rectificación de hechos.

El Diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Gracias, señor Presidente.

Lo realmente preocupante es cómo en nuestro sistema de justicia, delincuentes tan peligrosos para la sociedad y que se han convertido en verdaderos imperios económicos, un peligro, no se les quita pueda quitar un solo peso.

Es la tercera vez que se detiene a “El Chapo”, y no le han quitado un pelo a ese gato.

¿Cómo no van a seguir siendo poderosos? ¿Cómo vamos a combatir a fondo si no terminamos con todas las redes financieras de lavado de dinero, donde los delincuentes de cuello blanco, que existen en este país, siguen manejando estos negocios?

Y si Estados Unidos nos va a quitar la mitad, pues si no nos ha quitado nada, absolutamente nada, debería de llamarnos la atención para que el Congreso, ahora que estamos discutiendo estas leyes anticorrupción, que es un conjunto de legislaciones que tienen que ver, entre otros, con este tema, podamos ir a fondo en una normatividad que no solamente detenga a un delincuente para que luego sea sustituido por otro, o se arme una guerra abajo por el mercado o por el control, si no tenemos una política para desmantelar el enorme poder financiero y económico de los cárteles, no estamos haciendo nada efectivo.

Es la tercera vez que lo detienen, y no se le quita nada.

Comparto la especulación del Diputado Döring, es inminente que lo van a extraditar, sobre todo porque en Bucareli puede haber un funcionario que le urge que mejor esté en Estados Unidos, no se le vaya volver a ir y se vaya con él alguna cosa más. Por eso, es más o menos inminente que lo van a trasladar a Estados Unidos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Acosta Naranjo.

Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señor Presidente.

Hablar de los procesos penales en contra del delincuente más buscado en el mundo, sin duda que es un asunto de seguridad nacional porque pone en riesgo muchas cosas.

La detención de Joaquín Guzmán Loera la reconocimos como una acción policiaca de inteligencia sobresaliente, sin duda que lo fue, no podía ser visto de otra manera, porque hay que recordar que tiene sentencias definitivas que está en proceso de compurgación, pero tiene otros procesos que están por resolverse, era una prueba a todo el sistema penitenciario mexicano, su fuga reveló la penetración que el crimen organizado había conseguido en nuestro sistema de justicia, en nuestro sistema de procuración de justicia, en el sistema policial de inteligencia y, desde luego, en el sistema penitenciario, cuando su detención, las voces surgieron: “que se extradite”.

Yo tuve la opinión que se juzgara primero en México y que después se mandara a Estados Unidos para el desahogo de las causas pendientes allá, para que se pudiera conocer lo que había no sólo en sus fugas, sino en sus vinculaciones, en la red de complicidades, con todo lo que ha permitido la construcción de un imperio del crimen, llevado a desahogar las causas penales pendientes en Estados Unidos casi se olvidaría el caso del asunto.

¿Cuándo se estuvo pendiente de las causales penales de los procesados extraditados? Nunca más y todo lo que tenía que revelarse acá, con la detención de Joaquín Guzmán Loera, se iba a abandonar, así ocurrió, eso es algo que no puede negarse.

¿Dónde están los nuevos datos que Joaquín Guzmán Loera tuvo que arrojar después de su última detención?, ¿cuál es lo nuevo que se supo después de su detención?

Un asesor de muchas gentes del Senado, muy competente en materia de seguridad pública, cuando le expuse mi posición, de que debiera primero juzgarse en México y después llevarse a juzgar a las cortes americanas, me dijo: “No Senador, Joaquín Guzmán Loera y gente así tienen un enorme poder de seducción, van a debilitar el sistema penitenciario con amenazas, con amparos y con acciones mediáticas, vimos cómo fue capaz de construir toda una estrategia mediática para debilitar su aprisionamiento, la disciplina de su aprisionamiento”.

Se convirtió en tema nacional si “El Chapo” dormía 4 ó 6 horas, si tenía sus alimentos, si recibía las visitas íntimas que le corresponden a cualquier detenido, si sus abogados se entrevistaban con él o no; un conjunto de cosas que, sin duda, deberían de ser de toda la importancia para todos, no solamente para los más peligrosos y los más poderosos.

Decir que se lo llevaron a Ciudad Juárez para que esté a un paso del territorio, oye, pues como que entonces se trata solamente de cruzar el río Bravo o de cruzar el muro y ya estar en territorio americano. No creo que deba corresponder a una decisión de Estado, es una decisión de Estado la de que lo hayan trasladado del penal de máxima seguridad de El Altiplano, al penal número 9 de Ciudad Juárez.
No veo por qué tuvo que haber sido así, corresponde al sistema penitenciario, y como integrantes de un órgano del Estado, como el Senado, debemos de apoyar esa posición, nadie quiere ver a “El Chapo” Guzmán nuevamente fuera, a través de una fuga que avergüenza a todos los mexicanos.

No hay forma de saberlo porque son cosas de la absoluta secrecía. Hoy le dictamos una agenda a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, ¿se han dado cuenta de eso, nunca había sido así?

En todo caso la Comisión Bicameral construye su agenda, hoy le dictamos una agenda en este punto de Acuerdo, que así sea para que se nos vea a todos contribuyendo a una posición de Estado; pero, desde luego, van a dar muchas cosas ya sin responder.

Inminente la extradición, claro que sí, se ha hablado de un año no inminente de meses, de un año, pero a partir de que “El Chapo” Guzmán fue detenido, no hay un dato nuevo sobre la red de complicidades políticas, económicas, de toda índole que le ha permitido construir su imperio criminal, el más poderoso del mundo.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Barbosa Huerta.

Se ha agotado la lista de oradores. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueba, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Compañeros legisladores, informo a ustedes que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo para modificar el resolutivo Décimo Tercero de nuestro Acuerdo para normar las sesiones y el Orden del Día.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore en la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el Acuerdo referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Dé lectura la Secretaría al Acuerdo.

Ruego a la Asamblea mantener el orden y ocupar sus lugares porque vamos a celebrar una votación, que se refiere a modificar el Acuerdo que norma nuestras sesiones.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado.

La Secretaria Diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica el similar que norman las sesiones y el Orden del Día. Comuníquese a los integrantes de la Comisión Permanente. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.





 

Compañeros legisladores, informo a ustedes que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción, se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 5O. DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Presentada por la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, XITLALIC CEJA GARCÍA, Diputada de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 5O. DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El autotransporte federal de carga en México, ha constituido un factor estratégico para el desarrollo económico de nuestro país, además de un modo de integración nacional; el autotransporte sobresale entre los diferentes modos de transporte existentes en México, ya que, moviliza cerca del 84% de la carga domestica que se traslada por tierra y 83% del total de carga de comercio exterior.

La flota vehicular del autotransporte federal tan solo en el año 2007 fue de 556,150 unidades, de las cuales el 55.7% eran unidades motrices y el 44.3% unidades de arrastre; del total de la flota vehicular 483, 172 unidades se utilizaron para el manejo de carga general y 72,978 unidades para el manejo de la carga especializada, esto indica, que el 87% del total de la carga movida por este modo de transporte, es carga general, y el 13% es carga especializada; entre los tipos de carga especializada se encuentran: materiales peligrosos, automóviles sin rodar, fondos y valores, grúas para arrastre y vehículos voluminosos.

Estos tipos y cantidades de carga son movidos en más de 378,923 kilómetros de superficie carretera existente en México.

La importancia del autotransporte se sustenta fundamentalmente en su alto grado de encadenamiento económico, proporcionando así, servicios a todos los sectores productivos de México; este tipo de transporte ha llegado a ser el modo dominante en los movimientos terrestres de mercancías con la caída del uso del ferrocarril, por cuya razón, podemos decir que el autotransporte federal de carga, constituye un elemento esencial además de insustituible para el constante crecimiento de nuestra economía.

Los transportistas y administradores de la red carretera guían su conducta por los peajes, normas, regulaciones e impuestos al combustible.

La imagen enriquecida del sistema de autotransporte de carga, permite identificar las variables numéricas para medir el desempeño de los componentes de dicho sistema; existen tres principales elementos en el sistema de transporte de carga: los transportistas, el planificador y el administrador de la infraestructura vial; estos elementos, están ligados mediante variables que pueden ser controladas en impactos directos; así, los impactos del transportista son: el costo del transporte, el tiempo de viaje y el nivel de servicio de la carretera; los impactos del planificador son: el costo de las reparaciones y el ingreso por multas; a su vez, el transportista decide sobre: el factor de la carga, la elección de la ruta y el planeador decide sobre: el peaje, el subsidio a cuotas, las multas por sobrepeso y los límites de pesos, dimensiones y velocidades; en cuanto a la infraestructura carretera le impacta: el daño al camino, el congestionamiento, y los programas de conservación.

Si bien es cierto que el transporte de carga abona al desarrollo económico de nuestro país es de suma importancia hablar de los problemas viales, accidentes de tránsito así como los problemas de medio ambiente que estos acarrean y por lo cual debemos tomar medidas para aminorarlos.

Por lo tanto es necesario evocar el tema de seguridad vial pues es cada vez más necesario en todos los niveles y en todos los ámbitos, debido al creciente número de accidentes tanto en zonas urbanas y suburbanas como en carreteras de altas y bajas especificaciones.

Actualmente México enfrenta importantes retos en materia de seguridad vial que impone nuevas tareas y asignaturas a todo el sistema de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en la materia.

Hoy en día, el mejoramiento de la seguridad vial es un aspecto prioritario en la planeación y acción del gobierno, cuyo objetivo primordial es desarrollar medidas de seguridad que nos ayuden a proteger y conservar la vida humana.

México se sumó a la iniciativa del Decenio de Acción para la Seguridad Vial, organizado por la Organización de las Naciones Unidas, con la meta de que en 10 años se reduzca a la mitad el número de muertes y de discapacidades por accidentes viales en el mundo.

La Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 fue suscrita por la SCT y la Secretaría de Salud y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, teniendo como objetivo general reducir un 50% las muertes, así como reducir al máximo posible las lesiones y discapacidades por accidentes de tránsito en el territorio de nuestro país.

Lamentablemente nuestro país se encuentra entre los 10 países donde ocurre el mayor número de muertes por accidentes de tránsito. Alrededor de 16 mil decesos al año, según las estadísticas oficiales, pero el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra) estima que, debido al subregistro de información, la cifra asciende, en realidad, a unas 24 mil muertes.

En efecto, los camiones pesados son causantes de importantes siniestros con resultados de muerte y lesiones, y un factor de riesgo permanente para peatones y otros vehículos menores, particularmente cuando circulan en zonas urbanas y suburbanas.

Uno de los mayores conflictos que genera el transporte de carga es el entorpecimiento del flujo vehicular debido a su lentitud, a la invasión de carriles de alta velocidad y a las maniobras de carga y descarga en vialidades secundarias y hasta en primarias.

En este mismo sentido, es importante mencionar que el autotransporte de carga usualmente son impulsados por motores de diésel y son estos motores precisamente los responsables de los mayores impactos al medio ambiente, al generar emisiones tales como el óxido de nitrógeno (NOx), partículas suspendidas (PM, por sus siglas en inglés), monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC) y dióxido de azufre (SO2).

A nivel internacional, si se toma como referencia Europa, el 85% de la carga se transporta por carretera, 7% por ferrocarril y 6% es por vía fluvial-marítima, mientras que en Estados Unidos, el 40% se mueve por ferrocarril, 35% por carretera y 20% vía fluvial-marítima.

En México la mayor parte de la carga se transporta por vías terrestres, los cuales constituyen la fuente generadora del mayor número de emisiones contaminantes.

Con esta iniciativa, se pretende incentivar al transporte de carga para que utilice las autopistas en horarios nocturnos, otorgándoles tarifas especiales, lo que disminuirá, el riesgo de accidentes en las zonas urbanas y semiurbanas, la contaminación ambiental por emisiones y por ruido, trayendo consigo un beneficio tangible para la movilidad.

Disminuir el costo del peaje en horarios nocturnos, permitirá que el aforo vehicular se incremente y que se eleve la competitividad en el transporte de mercancías.

En México la red de autopistas, al igual que en otros países que cuentan con sistemas de carreteras de cuota, ofrece a los usuarios ahorros en tiempos de recorrido, consumo de combustibles y desgastes de vehículos, sin lugar a dudas es una alternativa segura y eficiente para el transporte de carga.

Conforme al artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está facultada para establecer las bases generales de regulación tarifaria.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, de la LXIII Legislatura, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Artículo 5o.

I a VII …

VIII. Establecer las bases generales de regulación tarifaria.

Las motocicletas deberán pagar el 50 por ciento del peaje que paguen los automóviles, y

Se deberán considerar tarifas especiales nocturnas para el autotransporte de carga.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 11 de mayo de 2016.

Atentamente

Dip. Xitlalic Ceja García.

Notas
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/aepef/2014/702825063986.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2013/03/25/sociedad/041n1soc
http://www.conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Observatorio/3erInforme_Ver_ImpresionWeb. http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/en-2013-3315-accidentes-del-transporte-de-carga/
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/competitividad-del-autotransporte/estrategia-nacional-de-seguridad-vial-2011-2020/





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL PRIMER MIÉRCOLES DE MAYO COMO “DÍA NACIONAL DE LA SALUD MENTAL MATERNA”

(Presentada por las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Hilda Esthela Flores Escalera, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Yolanda de la Torre Valdez)

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, ITZEL SARAHÍ RIOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ Senadoras de la República integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL PRIMER MIÉRCOLES DE MAYO COMO “DÍA NACIONAL DE LA SALUD MENTAL MATERNA”, con sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante el embarazo y el periodo posterior al parto las mujeres sufren de diversos cambios hormonales los cuales pueden generar trastornos mentales en las madres.

Los problemas que causan estos trastornos constituyen una serie de padecimientos severos que pueden incluso llevar a las madres al suicidio. Este es un fenómeno frecuente en madres primerizas, sin embargo cerca del 25% de las embarazadas puede experimentar algún malestar psíquico.

De acuerdo con la asociación Postpartum Support International, la depresión es la principal causa de incapacidad de la mujer; este no es un padecimiento exclusivo de un solo país, raza o cultura, se repite a lo largo del globo durante el primer año posterior al parto, aunque puede iniciar durante el embarazo, así como algunos días o meses posteriores al alumbramiento.

La depresión posparto puede incluir diversos trastornos perinatales como los siguientes:

• Ansiedad o depresión durante el embarazo, esto lo padecen entre el 8.5% y el 11% de las mujeres embarazadas.

• Depresión posparto, lo sufren entre el 6.5% y el 12.9% y los síntomas son muy diversos como pensamientos agresivos hacia él bebe, falta de apetito o sueño y sentimientos de culpabilidad.

• Trastorno Obsesivo Compulsivo Posparto, lo sufren de 3 a 5% de las madres primerizas.

• Trastorno de Pánico Posparto, hasta el 11% de madres primerizas llegan a padecerlo.

• Trastorno de Psicosis Posparto, entre 1 y 4 de cada 1,000 partos, puede generar delirios o alucinaciones.

• Trastorno por Estrés Postraumático, ocurre en una frecuencia de 1 a 6% de las mujeres.

Estos trastornos no sólo afectan a las mujeres, a causa de lo que sucede con las madres, también es recurrente que las parejas puedan sentirse confundidos, abrumados, enojados y claramente preocupados porque su mujer vuelva a ser como era antes del parto.

Es importante hacer énfasis en la salud mental materna ya que las mujeres son la base para el desarrollo y posterior crecimiento de los hijos, las madres que sufren de experiencias negativas o malestares psíquicos pueden afectar los procesos normales físicos, cognitivos y emocionales tanto de fetos como de recién nacidos.

Por la importancia y la necesidad de actuar para resolverlo, la Organización Mundial de la Salud publicó una guía para tratar la depresión perinatal titulada “Thinking Healthy, a manual for psychosocial management of perinatal depression” donde se establecen recomendaciones para mejorar el proceso del embarazo y mantener intervenciones psicológicas en favor de las mujeres y los niños.

Además, múltiples asociaciones a nivel internacional se han unido para promover la salud mental materna, de las cuales destacan las siguientes:

• Postpartum Support International, USA

• Maternal Mental Health Alliance, United Kingdom

• Maternal Mental Health Awareness Alliance, Bakirkoy Women Mental Health Center, Turkey

• Center of Perinatal Excellence, Australia

• National Coalition for Maternal Mental Health, USA

• Perinatal Mental Health Project, South Africa

• Maternal Wellness Clinic, Canada

• Mother First, Canada

• La Teppe Medical Centre, France

• Post & Ante- Natal Distress Support Group, New Zealand

• Reproductive Mental Health Programme, Canada

• The Marce Society for Perinatal Mental Health, International

• Marce Society (Mares), Spain

• Marce Gesellschaft, Germany

• Postpartum Support Network (PSN), Nigeria

Las anteriores asociaciones han iniciado una campaña global para que la población tenga una mayor sensibilidad sobre este periodo vulnerable de las mujeres, donde se pueda dar una correcta detección y por lo tanto se canalice al tratamiento adecuado.

Para lograr lo anterior desde 2015 se iniciaron trabajos para buscar establecer el Día Mundial de la Salud Mental Materna, este grupo de asociaciones busca que dicho día sea declarado el primer miércoles de mayo en atención a la cercanía que hay entre el día de las madres y la semana de la salud mental en diferentes países.

Esta iniciativa va de la mano a la posición de nuestro país planteada por medio del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz para responder a la convocatoria internacional y sumarse al Día Mundial de la Salud Materna como una forma de que se haga visible y se atienda de un mejor modo la depresión de las madres durante su embarazo o en el posparto.

Esto ya que miles de mujeres son atendidas en revisiones de ginecología sin que los médicos se percaten de sus padecimientos y al no poder detectarlo estas mujeres no reciben la atención que requieren.

Según las investigaciones del Instituto Nacional de Psiquiatría en nuestro país cuando menos el 9% de las mujeres padecen depresión durante el embarazo y cerca del 13% llegan a padecerlo en el posparto.

Estas cifras son alarmantes, la salud mental de 1 de cada 10 madres mexicanas está en riesgo debido a su condición de madre, aunque este padecimiento es más frecuente en las personas que ya hayan experimentado algo similar en otra etapa.

Este es uno de los momentos más vulnerables de las mujeres, en que más necesitan ayuda y por desgracia es el momento en que más desapercibida puede ser la patología mental, por lo que se busca generar los incentivos para contar con tratamientos específicos para recuperarlas.

Requerimos involucrar a los distintos sectores de nuestro país en un verdadero cambio cultural y poder entender la importancia de los periodos posteriores al parto, debemos lograr que la población esté informada del problema y su amplitud, asimismo una vez que el padecimiento sea conocido es necesario que las instituciones del sector salud puedan dar atención específica a este tipo de padecimientos y ayudar a las madres a superar este difícil tramo de sus vidas.

Por lo que a fin de visibilizar el problema de salud pública que representa la salud mental materna y en atención a la convocatoria internacional que busca hacer frente a este problema trasnacional que aqueja a las madres del mundo, se considera imperante sumarse a la declaración del primer miércoles de mayo como fecha para la promoción de la salud mental materna, por lo que se propone declarar dicho día como el Día Nacional de la Salud Mental Materna.

Es nuestra obligación hacer notar a las madres que puedan llegar a tener algún tipo de trastorno perinatal que no están solas y que este trastorno no es culpa de ellas, con la atención y los cuidados correctos podrán salir adelante para sí mismas y para su familia.

Por los argumentos expuestos, las Senadoras que suscriben se permiten someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL PRIMER MIÉRCOLES DE MAYO COMO “DÍA NACIONAL DE LA SALUD MENTAL MATERNA”.

ARTÍCULO ÚNICO.- El Honorable Congreso de la Unión, declara el primer miércoles de mayo de cada año, “Día Nacional de la Salud Mental Materna”.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN V BIS, ADICIONA LA FRACCIÓN VIII BIS Y LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 33; Y EL PRIMER Y QUINTO PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez)

La suscrita, Martha Angélica Tagle Martínez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN V BIS., SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII BIS, Y LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 33; EL PRIMER Y QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 41, DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Considerando que México tiene un gran potencial de alumnos y alumnas  con capacidades y aptitudes sobresalientes, hoy la comunidad  educativa tiene el reto de realizar la detección, diagnóstico, fomento y desarrollo oportuno de estos infantes. Y al mismo tiempo se requiere un cambio social que permita hacer visible sus talentos, valorando el  capital humano que representan para el país.

De acuerdo  a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a través del Marco de Acción de la Conferencia Mundial Sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad, Salamanca 1994:“Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que le son propios; por tanto  los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades, considerando que  las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades”1.

Y en este mismo contexto de tratados internacionales la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, la cual fue suscrita y ratificada por México, cita que el Estado: debe aumentar las asignaciones presupuestales para rehabilitar y ampliar el sistema educativo a todos los niveles,…intensificado la revisión de los programas escolares, mejorando la capacitación de los docentes, e introduciendo formas de aprendizaje interactivas y que ofrezcan en las escuelas un entorno adaptado a los niños.  

Considerando ésta normatividad. La atención en nuestro país hacia las niñas, niños y adolescentes con capacidades y actitudes sobresalientes ha sido intermitente. Entre las iniciativas importantes está el programa para alumnos con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes (CAS), que se inició en los años ochenta y desapareció a mediados de los noventa, por los cambios en torno a la educación especial, que priorizó la atención a grupos con discapacidad.2 Fue hasta 2003 cuando el programa arrancó de nuevo. Teniendo como resultado investigaciones y propuestas de atención. En 2006 se culminó el modelo de atención; pero sólo para nivel Primaria. Para el año 2008, se canalizó un presupuesto de 85.5 millones de pesos para operar el programa, aumentando en  2010, a 115 millones 150 mil pesos, el cual comenzó a disminuir en el año 2012, que fue de tan sólo74 millones 760 mil pesos.3

Teniendo como principal repercusión, la cobertura de atención, mientras en el ciclo escolar 2012-2013 eran atendidos 53, 672 casos de alumnos con aptitudes sobresalientes, éste porcentaje decreció 27 por ciento atendiendo solamente a 39,709 infantes en el ciclo escolar 2015- 2016. Lo que representa el 1.41% de la población total que debería ser atendida.4

De acuerdo con la  Organización Mundial de la Salud (OMS) una persona es considerada como sobredotada cuando su coeficiente intelectual (CI) es igual o superior a los 130 puntos.

Para la Secretaría de Educación Pública “Los niños, niñas y jóvenes con aptitudes sobresalientes son aquellos capaces de destacar significativamente del grupo social y educativo al que pertenecen en uno o más de los siguientes campos del quehacer humano: científico-tecnológico, humanístico-social, artístico o acción motriz. Estos alumnos, por presentar necesidades específicas, requieren de un contexto facilitador que les permita desarrollar sus capacidades personales y satisfacer sus necesidades para su propio beneficio y el de la sociedad”. (SEP, 2006. p.59)

Para saber si una niña o niño tiene una inteligencia superior más allá de la media, existen pruebas específicas de inteligencia, creatividad y rendimiento, tales como la destinada a determinar el cociente intelectual (que detecta ciertas capacidades para obtener habilidades y conocimientos académicos).5

También se toma en cuenta que el niño o niña destaque de manera muy significativa en cualquiera o en varias de las áreas dentro del grupo social y/o educativo al que pertenece. Ya sea en ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, arte o deportes.

La inteligencia es la capacidad global de una persona para actuar de forma creativa, crítica e intencional, para pensar racionalmente y para enfrentarse eficazmente a su medio. Dicha capacidad puede ser desarrollada o inhibida por el contexto en el que se desarrolla. Actualmente se sabe, gracias a los estudios del psicólogo, investigador y profesor estadounidense Howard Gardner, que los seres humanos tenemos inteligencias múltiples que funcionan habitualmente juntas y de manera muy compleja, siempre interactuando unas con otras.6

De acuerdo a las investigaciones realizadas por El Grupo Alianza Mexicana por la Sobredotación y afiliado a la Federación Mexicana de Sobredotación Intelectual (FEMESI). En México se calcula que existen cerca de 1 millón de niños con “sobrecapacidad intelectual”.

Con base en estudios realizados por la pedagoga, doctora en educación, catedrática y fundadora de la maestría en educación especial, área de Capacidades y Aptitudes superiores en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Janet Sáenz, los niños promedio son del 70 al 80% de la población del país; los sobresalientes del 15 a 20%; los altamente sobresalientes del 3 al 4.95% y los genio del 0.5%.

La investigación realizada por el Centro de Atención al Talento CEDAT, denominada "Perfil del Niño Sobredotado en México” presentada el 3 de junio del año 2012; cita que el 93% de los niños sobredotados son confundidos y mal diagnosticados con el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), Lo cual genera un manejo inadecuado y por lo tanto la pérdida de sus capacidades. De cada 3 casos de niños diagnosticados con TDAH, 2 van a corresponder a casos de sobrecapacidad intelectual. Por lo tanto el 66% de los diagnósticos de TDAH se encuentran equivocados.

De acuerdo a este estudio, el 84% de los niños y niñas con capacidades y aptitudes sobresalientes,  tienden a ser distraídos en clase, lo cual puede llegar a ser visto como un problema de aprendizaje o de capacidades, sin embargo esta situación se presenta debido a que ellos aprenden más rápido que sus compañeros y por lo tanto se aburren fácilmente con temas monótonos.

Los niños con capacidades y aptitudes sobresalientes, sufren el doble de bullying que los niños promedio debido a que tienen intereses y habilidades diferentes a la media, lo cual hace que sean rechazados y sufran una discriminación por ser distintos al promedio. Por ello es indispensable realizar un diagnóstico oportuno de los infantes con capacidades y aptitudes sobresalientes y posteriormente el que se otorgue una atención especial diseñada para niños con inteligencia superior.

De acuerdo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes en su artículo 57, fracción XVIII las autoridades deben: Erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atenten contra la dignidad humana o integridad, especialmente los tratos humillantes y degradantes.

Para modificar estas acciones es necesario que  la Secretaría de Educación Pública designe un mayor  presupuesto para la atención adecuada a las niñas y niños con capacidades y aptitudes sobresalientes. Ya que en los últimos años ha decrecido este apoyo y atención.

Para sustentar este  argumento, se menciona que el Estado mexicano tiene la obligatoriedad de acuerdo a La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone en su artículo 4°, noveno párrafo donde cita: En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

De acuerdo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes en su artículo 57 fracción XIV que cita: Adoptar medidas para responder a las necesidades de niñas, niños y adolescentes con aptitudes sobresalientes, de tal manera que se posibilite su desarrollo progresivo e integral, conforme a sus capacidades y habilidades  personales.

Considerando lo antes expuesto  se concluye que las niñas y niños con capacidades  aptitudes sobresalientes tienen el derecho a recibir una educación incluyente, oportuna , que favorezca su desarrollo integral prevaleciendo el interés superior de la niñez, por tanto se enlistas las siguientes propuestas  generales:

• Integrar al Modelo Educativo Actual las especificaciones pertinentes para  atender a  los niños y niñas con capacidades y aptitudes sobresalientes de acuerdo a su condición económica, física,  social y educativa. Sin olvidar nunca que son niños, o niñas no adultos pequeños.

• Atender a los niños y niñas con capacidades y aptitudes sobresalientes cuidando siempre su desarrollo integral, en el marco de una educación incluyente respetando siempre sus derechos enmarcados en la “Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños”.

• Considerar que los niños y niñas con capacidades y aptitudes sobresalientes no sólo son aquellos que destacan por su inteligencia cognitiva, se deben incluir todos los que han desarrollado otras inteligencias integrando a su vez  los que tienen alguna discapacidad.

• Se requiere orientar a las madres/padres de familia o tutores de los niños y las niñas con capacidades y aptitudes sobresalientes paraqué se realice de manera informada la detección, diagnóstico atención y acompañamiento para que sus hijos desarrollen sus competencias en los deportes, las artes y las ciencias y así complemente una educación integral.

• Capacitar a todos los profesionales del sector educativo a través de la Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación Básica y Media Superior7 para diagnosticar, atender y dar acompañamiento a los niños y niñas con capacidades y aptitudes sobresalientes.

• Considerar que el personal especializado en Educación Especial de la Secretaría de Educación Púbica, tiene amplia experiencia en la atención de niños y niñas con capacidades y aptitudes sobresalientes. Por tanto es necesario llevar a cabo foros regionales que permitan hacer un balance nacional de los avances en el tema y recuperar las experiencias exitosas que se han desarrollado en las entidades federativas, a fin de diseñar un modelo mexicano para la atención de esta población educativa. La solución no está en crear nuevas estructuras educativas para la los niños y niñas con capacidades y aptitudes sobresalientes, sino reconocer lo que hemos construido y aportar mayores presupuestos para fortalecer los programas y proyectos exitosos.

• Promover la Creación de Centros especializados para la atención de los niños y niñas con capacidades y aptitudes sobresalientes; siendo la Secretaría de Educación Pública quien certifique con personal especializado su trabajo y acciones en pro de una educación incluyente y con perspectiva de género.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Comisión Permanente la siguiente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
Artículo Único. Se reforma la fracción V Bis., se adiciona la fracción VIII Bis, y se reforma la fracción X del artículo 33, y se reforma el primer y quinto párrafo del artículo 41, de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. – IV. …

V Bis.- Fortalecerán la educación especial y la educación inicial, incluyendo a las personas con discapacidad, y personas con capacidades y aptitudes sobresalientes en todas las áreas del desarrollo humano.

V. – VII. …

VIII bis.- Otorgarán a los padres de familia o tutores información adecuada por parte de especialistas para la atención, canalización y seguimiento de las personas con discapacidad y competencias y aptitudes sobresalientes  cumpliendo ante todo con el principio del interés superior de la niñez.

IX. …

X. Otorgarán estímulos a las organizaciones de la sociedad civil y a las cooperativas de maestros que se dediquen a la enseñanza; y que estén tutelados por personal especializado de educación especial.

Artículo 41.- La educación especial está destinada a personas con discapacidad, transitoria o definitiva, así como a aquellas con capacidades y aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.

La educación especial incluye la orientación oportuna y especializada a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica y media superior regulares que integren a los alumnos con necesidades especiales de educación.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Para el debido cumplimiento de lo dispuesto a este Decreto, el Congreso de la Unión y las autoridades educativas  Federales y Estatales ejecutarán las acciones y programas conforme al presupuesto, que permita la atención integral a las alumnas y alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes; así como a las madres y/o padres, y personal educativo  que contribuye a su atención.

Dado en la Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.

1 Los delegados de la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas  Especiales, en representación de 92 gobiernos y 25 organizaciones internacionales, reunidos  en Salamanca, España, del 7 al 10 de Junio de 1994,  firmaron  el compromiso con la Educación para Todos, reconociendo la necesidad y urgencia de impartir enseñanza a todos los niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales dentro del sistema común de educación, y respaldaron  además el Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales, cuyo espíritu , reflejado en sus disposiciones y recomendaciones, debe guiar a organizaciones y gobiernos.

2 En México la atención a niños con capacidades y aptitudes sobresalientes tiene sus orígenes desde 1982; a partir de este año varios estados de la República Mexicana inician la atención a través de las unidades CAS (Capacidades y Aptitudes Sobresalientes), pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública. En 1993 se realizan modificaciones al artículo 41, incorporando dentro de la educación especial, a la población con aptitudes sobresalientes

3 “Niños sobresalientes: la inteligencia como drama” (en línea)  Sin embargo, Octubre 20, 2012. [fecha de consulta: 3Mayo 2016]. Dirección: URL: http://www.sinembargo.mx/30-10-2012/411811

4 Diario Oficial de la Federación [En línea]. [Consultado: 3 de Mayo de 2016]. Disponible en la web: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421440&fecha=27/12/2015. ACUERDO número 21/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio fiscal 2016.

5 En México en  Educación  Especial es utilizado el modelo  de “Renzuli” para detectar a los niños con capacidades aptitudes sobresalientes. El modelo de los tres anillos de “Joseph Renzulli” pretende aprehender las principales características que definen el potencial que tiene el ser humano para llevar a cabo producciones creativas. El nombre deriva del marco conceptual de la teoría -compuesto de tres grandes rasgos: la capacidad intelectual, el compromiso o implicación en la tarea y la creatividad- y su directa implicación en las distintas áreas de desempeño humano. El aspecto más significativo de esta teoría es muy probablemente el hecho de que la importancia recae en la interacción de estos tres factores aplicados a una situación concreta lo que crea las condiciones para que pueda darse un auténtico proceso de creación.

6 La Teoría de las Inteligencias Múltiples fue ideada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner como contrapeso al paradigma de una inteligencia única. Gardner propuso que la vida humana requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia. Así pues, Gardner no entra en contradicción con la definición científica de la inteligencia, como la «capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos».

7 Estrategia anunciada por el Secretario de Educación Púbica, Aurelio Nuño Mayer, en el mes de marzo del presente año que contará con 550 cursos gratuitos-presenciales y a distancia-, impartidos por universidades públicas y privadas y algunas escuelas normales. Contará con un presupuesto de mil 809 millones de pesos para atender  a más de un millón de maestros de Educación Básica y 135 mil de Educación Media y Superior.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE AGUAS NACIONALES

(Presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Comisión Permanente la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 77 BIS, CREANDO EL CAPITULO III DENOMINADO “USO ACUÍCOLA” DENTRO DEL TÍTULO SEXTO, RECORRIÉNDOSE LOS CAPÍTULOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN; Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 82 DEL ACTUAL CAPÍTULO IV “USO EN OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS” DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, EN MATERIA DE “USO DE AGUA EN LA ACUACULTURA”, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México es un país que cuenta con un importante desarrollo en el sector de la producción primaria, siendo este uno de los pilares fundamentales de la economía mexicana, lo que permite generar millones de empleos y con ello ser el sustento de muchas familias.

Es por esto que en reiteradas ocasiones hemos buscado impulsar el fortalecimiento de la innovación tecnológica y los derechos de los mexicanos que se desarrollan en estas aéreas, fomentando con esto la competencia de este sector en la economía y reduciendo el rezago de productividad que tienen los pequeños productores mexicanos.

Consecuentemente, hemos impulsado la acuacultura en México, por ser una posibilidad que nos acerca a alcanzar la visión de un mundo más justo, próspero y sostenible, que ofrecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en los que confluyen simultáneamente y de forma transversal, dando solución a diversas problemáticas como lo son las enfermedades relacionadas con los hábitos alimenticios, entre las que abarcan diversos tipos de cáncer, obesidad y malnutrición.   

Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en ingles), a nivel mundial hay 800 millones de personas que padecen malnutrición crónica y se espera que la población mundial aumente en otros 2,000 millones hasta llegar a los 9,600 millones de personas para el 2050, por lo que ha recomendado enfrentar el inmenso desafío que supone alimentar a nuestro planeta y proteger al mismo tiempo sus recursos naturales para futuras generaciones.1

La FAO, además ha destacado en su reciente edición “El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2014”, el importante papel que la pesca desempeña en la eliminación del hambre, el fomento de la salud y la reducción de la pobreza. Resaltando la necesidad de impulsar el consumo de alimentos provenientes del sector acuícola y pesquero, por su importante valor nutrimental, fuente vital de proteínas y nutrientes esenciales, especialmente para los sectores más vulnerables.

Así mismo, es importante reconocer que el sector pesquero y acuícola, se encuentra muy rezagado en comparación con actividades como la agricultura y la ganadería; lo que se ve reflejado en un presupuesto mucho más reducido, que genera una carencia de infraestructura, falta de recursos suficientes para el fomento y la notoria ausencia de una red y medios suficientes para apoyar su comercialización; sumando además que la falta de inspección y vigilancia efectiva, refleja en estadísticas cifras alarmantes de pesca ilegal.

El análisis de cualquier fenómeno que ocurre al margen de la ley como la pesca irregulares, por naturaleza, complicado. No existen cifras concretas que señalen la dimensión del problema, ni mapas confiables que indiquen los lugares con mayor incidencia de su actividad. Mucha de la información sobre el tema se ha basado en percepciones y recuentos anecdóticos, y no en series de tiempo, con datos precisos.

La pesca ilegal o irregular es un fenómeno que tiene como una de sus más graves consecuencias la reducción de la competitividad de un sector cuyo aporte a la actividad económica del país es aún pequeño (0.06%) pero con un importante potencial de crecimiento, además de ser la única fuente de empleo de cientos de comunidades del Golfo de California. En el año 2000 el 69% de las pesquerías a nivel nacional se encontraban a su máxima capacidad o sobreexplotadas, hoy 84% se encuentran en esta condición, a pesar de que hoy se han evaluado el doble de especies.2

En la acuacultura, los peces se pueden criar en aguas libres, como en los lagos, estuarios o bahías de las costas, donde se alimentan de los elementos nutritivos disponibles, o bien en estanques, donde es posible alimentarlos con residuos agrícolas.

En México su desarrollo proviene desde hace varias décadas. Al respecto cabe mencionar que el Gobierno ha propiciado su promoción a partir de la formación de centros acuícolas en algunos estados de la República con el fin de cultivar diversas especies y sembrar las crías en presas, cuerpos de agua temporales y lagos. Gracias a este esfuerzo, actualmente en numerosas presas del país se obtienen importantes pesquerías de especies tales como la tilapia, carpas, lobina, mojarra de agallas azules, bagre etc., que implican fuentes de trabajo a numerosos Pescadores y fuente de alimentación a centros de población que no tenían acceso a productos altos en proteína derivados de la pesca.

El sector de la pesca y la acuacultura se enfrenta a grandes desafíos como lo mencionamos anteriormente. Estos van desde el azote de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), sin embargo todos se pueden superar con una mayor voluntad política, alianzas estratégicas y una participación más plena de la sociedad civil y el sector privado.

El fomento de la acuacultura sostenible exige crear y mantener "ambientes favorables", en particular los dirigidos a asegurar el desarrollo y fortalecimiento constantes de las capacidades de los recursos humanos. El Código de conducta para la pesca responsable de la FAO, contiene principios y disposiciones que apoyan el desarrollo de la acuacultura sostenible.

La pesca y la acuacultura son una fuente no solo de salud, sino también de riqueza. El empleo en el sector ha crecido más rápido que la población mundial. El sector da empleo a decenas de millones de personas y es la base de los medios de vida de cientos de millones más.

En 2008 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), arrojó que se registraron 19,119 unidades económicas dedicadas a la pesca silvestre y acuicultura, lo que representó 0.51% del total nacional considerando todos los sectores que conformaron los Censos Económicos. De esas 19,119 unidades económicas, 90% pertenecen a la actividad de pesca silvestre y 10% a la acuacultura (cultivo de especies acuáticas).

Según información de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en 1960 el 50% de la pesca en México era de especies de valor elevado (túnidos y camarones) para un mercado orientado a la exportación, para 1970 el total de la pesca era de unas 200,000 toneladas anuales de atún y camarones y a partir de 1971 aumentaron los rendimientos debido al crecimiento de las capturas industriales de sardina y anchoa.

De acuerdo con los Censos Económicos en el 2009, el valor de la producción nacional de las 280 ramas que lo conforman superó los 6.5 billones de pesos, de los que el 0.26% correspondió al sector pesquero. Asimismo el valor de la producción nacional pesquera y acuícola ascendió a 18,000 millones de pesos, con una participación de 67.3% de la pesca silvestre y con 32.7% por la acuicultura.

En 2008 el valor de la producción por cada unidad económica fue más alto que en los dos eventos censales anteriores, presentando la acuicultura un aumento del 30%.

De los 177,180 puestos de trabajo reportados en 2008 en la actividad, la pesca silvestre participó con 154,598 personas ocupadas que representan el 87.3% del sector. En la última década en este rubro la acuicultura ha mostrado un aumento importante, pasando del 5.3% con el que participaba en el sector en 1998 al 12.7% en 2008.3

Bajo esta tesitura fomentar el continuo mejoramiento del marco normativo acuícola, permitirá apoyar y facilitar la formación de centros acuícolas, resultando urgente que se tomen medidas dentro de la agenda nacional, de forma particular dentro de la legislativa.

En este contexto actualmente la Ley de Aguas Nacionales, en su Título Sexto, regula los Usos del Agua, dentro del cual no existe disposición específica que regule el uso, aprovechamiento o explotación de las aguas nacionales en actividades de acuacultura, lo que ha generado que los acuicultores deban solicitar concesiones de uso del agua bajo la clasificación de “Uso Agrícola”.4

Aunado a ello la ausencia de dicha clasificación, ha impedido que el uso del agua en acuacultura sea considerado dentro del proceso de formulación del Programa Nacional Hídrico, Plan de desarrollo por medio del cual se establecen objetivos y estrategias nacionales que se ejecutan transversalmente con las políticas públicas, para llevar a cabo objetivos claros, como:

1. Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua;

2. Incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones;

3. Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento;

4. Incrementar las capacidades técnicas, científicas y tecnológicas del sector;

5. Asegurar el agua para el riego agrícola, energía, industria, turismo y otras actividades económicas y financieras de manera sustentable y;

6. Consolidar la participación de México en el contexto internacional en materia de agua.

Derivado de lo anterior y por los argumentos debidamente fundados y motivados, someto ante el Pleno de esta H. Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO UNICO.- Se adiciona un artículo 77 Bis, creando el Capítulo III denominado “Uso Acuícola” dentro del Título Sexto, recorriéndose los Capítulos subsecuentes en su orden; y se reforma el artículo 82 del actual Capítulo IV “Uso en otras Actividades Productivas” de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Capítulo III
Uso Acuícola

ARTICULO 77. BIS Las personas físicas o morales, podrán disponer del derecho de explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales que se les hubiera concesionado, en los términos de la presente ley y sus reglamentos.

"La Comisión", la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca proporcionará las facilidades necesarias para el desarrollo de la acuacultura y el otorgamiento de las concesiones de agua; asimismo apoyará, a solicitud de los interesados, el aprovechamiento acuícola en la infraestructura hidráulica federal que sea compatible con su explotación, uso o aprovechamiento.

Para la realización de lo anterior, "la Comisión" se apoyará en los Organismos de Cuenca.

Las actividades de acuacultura efectuadas en sistemas suspendidos en aguas nacionales no requerirán de concesión, en tanto no se desvíen los cauces y siempre que no se afecten la calidad de agua, la navegación, otros usos permitidos y los derechos de terceros.

Capítulo IV
Uso en Generación de Energía Eléctrica

ARTÍCULO 78. (…)

(…)

(…)

ARTÍCULO 79. (…)

(…)

ARTÍCULO 80. (…)

(…)

ARTÍCULO 81. (…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Capítulo V
Uso en otras Actividades Productivas

ARTÍCULO 82. La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales en actividades industriales, de turismo y otras actividades productivas, se podrá realizar por personas físicas o morales previa la concesión respectiva otorgada por "la Autoridad del Agua", en los términos de la presente Ley y sus reglamentos.

(…)

(…)

Capítulo VI
Control de Avenidas y Protección contra las inundaciones

ARTÍCULO 83. (…)

(…)

(…)

ARTÍCULO 84. (…)

(…)

Capítulo VI BIS
Cultura del Agua

ARTÍCULO 84 BIS (…)

ARTÍCULO 84 BIS 1. (…)

ARTÍCULO 84 BIS 2. (…)

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.

1 FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. http://www.fao.org/3/a-i3720s.pdf

2 Environmental Defense Fund de México

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

4 Programa Nacional Hídrico





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA     EL ARTÍCULO 143 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el Diputado Francisco Escobedo Villegas, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Diputado FRANCISCO ESCOBEDO VILLEGAS, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 143 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fecha 18 junio de 2008, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se dispuso un nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral. En este sentido, en su artículo segundo transitorio se dispuso un plazo de ocho años contado a partir del día siguiente a la publicación del Decreto para implementar dicho sistema penal.

En fecha 30 de abril de 2013, fue aprobada por el Pleno del Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional que, a través de una adición al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, facultó al Congreso de la Unión para expedir un Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que con fecha 5 de marzo de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación dicho Código.

El objetivo del Código Nacional de Procedimientos Penales es unificar procedimientos a nivel nacional a efecto de evitar espacios de impunidad argumentando situación de territorialidad o ámbitos de aplicación. Además prevé las normas que han de observarse en las etapas del procedimiento penal, es decir, investigación, procesamiento y sanción de los delitos, para esclarecer hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, la reparación del daño, todo ello a fin de asegurar el acceso a la justicia siempre con un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

El Código Nacional de Procedimientos Penales, establece las reglas que las partes deberán observar respecto al cumplimiento de los plazos, en este sentido, concretamente en su artículo 143 se fija el término máximo de veinticuatro horas para que el Juez de control resuelva si gira orden de aprehensión o de comparecencia, a petición del Ministerio Publico, término que en la práctica se considera reducido, ya que los jueces debido a la carga de trabajo y por cumplir con el término antes fijado, sin analizar a fondo el caso, no están exentos de girar ordenes de comparecencia o de presentación violando las garantías consagradas en nuestra Constitución Política.

Al respecto nuestra carta magna en su artículo 14, determina que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

Por su parte, el artículo 16del ordenamiento legal en cita, decreta que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

En ese sentido y en obediencia a este mandato constitucional, la propuesta de la presente iniciativa es ampliar el término de veinticuatro horas a setenta y dos horas que establece el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que el Juez de control resuelva sobre la solicitud del Ministerio Público de librarlas ordenes de aprehensión o comparecencia, precisamente porque este legislador considera que el plazo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es insuficiente para que conforme a derecho y bajo vigilancia de no violentar las garantías y derechos humanos de los individuos, el juez determine que los hechos atribuidos al imputado son ciertos.

Para mayor referencia de lo aquí expuesto, me permito transcribir el artículo citado y la propuesta a consideración:

Artículo vigente

Artículo propuesto

Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia

El Juez de control, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes a que se haya recibido la solicitud de orden de aprehensión o de comparecencia, resolverá en audiencia exclusivamente con la presencia del Ministerio Público, o a través del   sistema informático con la debida secrecía y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud.

En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito.

Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público.

Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia

El Juez de control, dentro de un plazo máximo de setenta y dos horas siguientes a que se haya recibido la solicitud de orden de aprehensión o de comparecencia, resolverá en audiencia exclusivamente con la presencia del Ministerio Público, o a través del     sistema informático con la debida  secrecía y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud.

En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito.

Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público.

No se desconoce el espíritu que el legislador tuvo para establecer el plazo de  veinticuatro horas, es decir, la urgencia y el temor fundado de que el indiciado evadiera la acción de la justicia, pero aún y cuando se amplíe el término a setenta y dos horas, el Juez de control puede resolver desde el primer minuto hasta el plazo máximo de setenta y dos horas, se amplía la máxima, más no se reduce el plazo, luego entonces, el juez en cualquier momento desde que tenga en su poder la solicitud del Ministerio Público puede girar la orden de aprehensión o de comparecencia. Con esto se pretende que el juzgador se avoque a un mayor y profundo estudio para que resuelva conforme a derecho sin violentar los derechos humanos que tiene toda   persona.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 3 numeral 1, fracción VIII; 6 numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia.

El Juez de control, dentro de un plazo máximo de setenta y dos horas siguientes a que se haya recibido la solicitud de orden de aprehensión o de comparecencia, resolverá en audiencia exclusivamente con la presencia del Ministerio Público, o a través del sistema informático con la debida secrecía y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Dip. Francisco Escobedo Villegas.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 22 Y 37 DE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO A LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL Y SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por la Diputada Yarith Tannos Cruz, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, YARITH TANNOS CRUZ, Diputada Federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 22, SE REFORMA LA FRACCIÓN II, INCISO B) Y D) DE LA FRACCIÓN IX, SE REFORMA LA FRACCIÓN X Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, con la finalidad de promover la actividad artesanal de las comunidades indígenas y estimular la producción de su artesanía a través de un beneficio fiscal, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El oficio artesanal es uno de los más antiguos de la humanidad. En él se destaca la elaboración de productos con elementos culturales y materiales propios de la región donde se habita, lo cual crea la identidad de la comunidad.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), las características de los productos artesanales tienen su fundamento en sus componentes distintivos y “pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosas y de carácter social”. (1)

Otro concepto, es el señalado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que cita que es a quienes: “... conservan totalmente o parcialmente sus idiomas, instituciones y estilos de vida tradicionales que los distinguen de la sociedad dominante, habían ocupado un lugar preponderante antes de la llegada de otros grupos poblacionales...”.(2)

En México, la diversidad de las culturas prehispánicas ha propiciado la elaboración de artesanías distintivas de cada región, hecho que se ha enriquecido a través del tiempo. La conquista española y el posterior mestizaje fortalecieron la actividad artesanal al introducirse nuevas técnicas que diversificaron la producción de objetos.

La problemática de las artesanías en nuestro país es un tema de especial importancia y atención en dos ámbitos de relevancia: el primero es que las artesanías expresan la riqueza cultural de nuestro país; el segundo, que caracterizan la utilidad y belleza de los elementos que tradicionalmente usamos.

Dichas características, dada nuestra riqueza cultural, podrían perderse si no fomentamos esta actividad entre la población más joven, si no logramos que gracias a la difusión, organización y apoyo reciba ingresos dignos y que las actividades de los artesanos se valoren, incrementen y mejoren su calidad de vida.

En la medida en que se pierde la producción para el autoconsumo o para el consumo regional tradicional y surge el consumidor nacional e internacional con esta globalización, crece la dependencia del productor hacia consumidores que tienen múltiples opciones, no sólo dentro de México sino en el mundo.

También se pierde, porque el trabajo artesanal es un oficio donde no se valora en su justa medida el trabajo. Es común el regateo por parte de toda la cadena de compradores: el acaparador local, los mayoristas, el de la tienda, el propio turista, el coleccionista y demás consumidores.

En la actualidad, cerca de 80% del artesanado tiene de 40 a 80 años de edad; el 15% restante tiene de 25 a 40 años de edad y la caída drástica se da en el 5% restante del porcentaje del grupo de 5 a 20 años de edad, absolutamente vitales para la transmisión de la artesanía y el arte popular tradicionales.

Es decir, nuestra mano de obra productiva artesanal está envejeciendo y surgen brechas artesanales generacionales muy amplias de una a hasta tres generaciones. En un sondeo reciente se proyectó que de 8 a 10 millones de artesanos que existían, ahora quedan sólo de entre cuatro y cinco millones.

De acuerdo con especialistas de este tema, Olga Correa (3), la actividad artesanal enfrenta diferentes desafíos para su desarrollo, entre los cuales destacan los siguientes:

• Dificultad para conservar elementos culturales ancestrales.

• Penetración de los denominados souvenirs y productos manufacturados con alta tecnología y de forma masiva, que se ofrecen bajo el título de artesanías.

• Altos costos de la materia prima y falta de capital por parte de artesanos para proveerse.

• Presencia de intermediarios.

• Exigencias del mercado por imponer diseños ajenos a las tradiciones y al contexto artesanal nacional.

La población subocupada del gremio artesanal duplica al total del sector ocupado y una gran proporción de estos trabajadores (52.3%) gana menos de un salario mínimo. Además, los jóvenes como ya se mencionó no participan en la actividad artesanal en la misma proporción que los otros grupos de edad, sin contar que disminuyó el número de artesanos apoyados por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART).

Por otra parte, la actividad artesanal debe superar aspectos como problemas de comercialización a fin de ofrecer productos auténticos y de verdadera tradición en los distintos mercados, lo que contribuirá al reposicionamiento del sector.

A este panorama se debe agregar la disminución del turismo nacional situación que también han resentido los artesanos. Si bien hay algunos mecanismos de reconocimiento, como los concursos artesanales y los programas privados, así como el inmenso trabajo del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) y su lucha constante, estos no han sido los suficientes para combatir su situación.

Además, el sector artesanal está diferenciado, es decir, no todos los artesanos producen en la misma forma. Y el censo y los programas de desarrollo deben partir de estas diferencias; pues no es lo mismo la producción individual que la familiar, el taller, la maquila o el trabajo a domicilio. De igual manera, se distingue el artesano tradicional del artesano de formación -por ejemplo, los preparados en las escuelas de artesanías.

Por tanto, esta actividad puede conceptualizarse en dos ramas de la educación: la educación artesanal formal y la educación artesanal informal, donde a su vez se constituye el artesano tradicional, el urbano y el egresado de la academia.

El artesano tradicional, como soporte para la conservación y transmisión de la memoria cultural, es anónimo y trabaja comunalmente. Aquí, la enseñanza se transmite en forma oral, es intergeneracional y está determinada por el ambiente de cada región. La actividad artesanal es utilitaria y representa un modo de vida y de trabajo, con procesos productivos y con materiales de la región.

El artesano formal urbano busca en la elaboración del objeto también una realización utilitaria. La elaboración de ese objeto tiene aspiraciones y conceptos artísticos con la depuración de la técnica y la experimentación de nuevos materiales, y puede responder a una necesidad de consumo.

El artesano formal de academia aprende técnicas bajo el resguardo de un plan de estudios en una institución educativa, con un conocimiento y procesos sistematizados. Este tipo de artesano transforma el material y crea objetos utilitarios con aspiraciones estéticas y artísticas tomando en cuenta la necesidad de consumo. Ya sea de tradición o de formación, la figura del artesano continúa presente en la población económicamente activa. Mediante esta actividad se preservan los valores artísticos y se promueven las tradiciones populares, por lo que requiere activarse y organizarse.

Es necesario que nos comprometamos como legisladores de dar la atención que se merece el sector artesanal, ya sea en su rescate, promoción, producción o difusión, ya que hasta el día de hoy no se han realizado las reformas necesarias a fin de fortalecer este sector en la Ley de Fomento de Microindustrias de Actividad Artesanal, y que nos permita acercarnos más a las necesidades que los artesanos nos demandan. A los artesanos se les ha dejado a su suerte, perdiendo una oportunidad única de reivindicar una de las actividades que más ha abonado a la tradición y a la identidad de los mexicanos. La artesanía ha sido y debe ser una de las riquezas culturales de nuestro país.

La Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) es la única instancia pública en México de educación formal que otorga una certificación a través de un título y una cédula profesional como técnico artesanal, egresado de los procesos de producción, es por ello necesario realizar las modificaciones necesarias en la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, que contemple que se deberá contar con el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para generar un régimen fiscal especial que pueda otorgar beneficios reales al artesano y permitir que transite a la economía formal.

Asimismo, la presente iniciativa busca apoyar a nuestros artesanos principalmente a los pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas acorde con las características culturales de nuestro país, ya que es importante procurar el prestigio y orgullo de dicho oficio y asegurar la transmisión intergeneracional de estos saberes tradicionales fortaleciendo a través de la legislación a este sector que es parte de nuestro patrimonio cultural intangible.

Por otro lado, en el contexto actual los artesanos siguen desempeñando varios papeles en la sociedad, pues son agentes económicos y su trabajo genera empleo en miles de familias y, a diferencia con otros productores, portan saberes y tradiciones que los ubican en el campo del patrimonio cultural vivo.

Son también artistas que con su creatividad y capacidad de adaptación mantienen vigentes esas tradiciones; muchos son además factor de cohesión social en su comunidad, con su trabajo exploran los valores y símbolos que les dan identidad. Independientemente de las diferencias que existen entre los artesanos, a lo largo del país hay temas que los afectan en general y son asuntos que en muchas ocasiones están fuera del ámbito de su acción.

En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas establece que los pueblos y comunidades indígenas “tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y cultura, desprendidos de los recursos humanos y genéticos; como son las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas”. “También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar la propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales”. Así mismo, prevé que conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.

A continuación se muestra el texto vigente de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto al tema de los derechos indígenas, así como las principales leyes que hace referencia de los mismos.

Artículo 1o. ...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I a III…

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

V a VII…

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

III…

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

VI…

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.

Artículo 28.

Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al Secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta Constitución. El Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. Las opiniones a que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el Instituto continuará los trámites correspondientes.

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, N democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I a II…

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) a h)

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.”

Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Artículo 2. La Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo que tendrá las siguientes funciones:

XI. Instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas cuando no correspondan a las atribuciones de otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal o en colaboración, en su caso, con las dependencias y entidades correspondientes;

XIII. Desarrollar programas de capacitación para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como para las entidades federativas y municipios que lo soliciten, con el fin de mejorar la atención de las necesidades de los pueblos indígenas;

XIV. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios, para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas en favor de los pueblos y comunidades indígenas;

XV. Concertar acciones con los sectores social y privado, para que coadyuven en la realización de acciones en beneficio de los indígenas;

XVI…

XVIII. Publicar un informe anual sobre el desempeño de sus funciones y los avances e impacto de las acciones de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, estatal y municipal en materia de desarrollo de los pueblos indígenas, y

XIX. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Artículo 3. La Comisión regirá sus acciones por los siguientes principios:

I a II…

III. Impulsar la integralidad y transversalidad de las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas;

IV. Fomentar el desarrollo sustentable para el uso racional de los recursos naturales de las regiones indígenas sin arriesgar el patrimonio de las generaciones futuras;”


Ley de Planeación

“Artículo 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer:

IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan y los programas a que se refiere esta Ley, y

Artículo 14.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las siguientes atribuciones:

II.- Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de los estados, los planteamientos que se formulen por los grupos sociales y por los pueblos y comunidades indígenas interesados, así como la perspectiva de género”

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Artículo 15 Quáter.- Las medidas de nivelación incluyen, entre otras:

III. Diseño y distribución de comunicaciones oficiales, convocatorias públicas, libros de texto, licitaciones, entre otros, en formato braille o en lenguas indígenas;

V. Uso de intérpretes y traductores de lenguas indígenas;

Artículo 15 Octavus.-

Las acciones afirmativas serán prioritariamente aplicables hacia personas pertenecientes a los pueblos indígenas, afro descendientes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.”

Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas
por Organizaciones de la Sociedad Civil

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:

V. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas;”

Ley Federal de Defensoría Pública

Artículo 15. Los servicios de asesoría jurídica se prestarán, preferentemente, a:

V. Los indígenas, y

Artículo 20 Bis.- A fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y a la asesoría jurídica a favor de las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, a través del acceso a la jurisdicción en la lengua indígena nacional en que sean hablantes, el Instituto Federal de Defensoría Pública actuará en coordinación con traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que aquéllos pertenezcan.

Para los efectos a que se refiere el párrafo anterior, el Instituto celebrará convenios de colaboración con las instituciones que puedan coadyuvar a la obtención de esos fines y promoverá la formación tanto de defensores públicos como de asesores jurídicos bilingües indígenas.


Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

“ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus derechos.”

Ley del Seguro Social

Artículo 238. Los indígenas, campesinos temporaleros de zonas de alta marginalidad y todas aquellas familias campesinas, cuya condición económica se ubique en pobreza extrema, tendrán acceso a las prestaciones de solidaridad social, bajo la forma y términos que establecen los artículos 214 a 217 de esta Ley.”

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo 64. …

En poblaciones predominantemente indígenas, las autoridades a que se refiere este artículo, tienen la obligación de difundir la información institucional y la promoción de los derechos en la lengua indígena local.”

La falta de las reformas necesarias en la legislación en la que se reconozca el valor económico, social y cultural de los artesanos y las artesanías; la falta de articulación de la acción de fomento y promoción gubernamental a nivel federal, estatal y municipal; la necesidad de revalorar el trabajo de los artesanos, y a los artesanos mismos, para que dejen de ser catalogados como parte de ese México subdesarrollado; la falta de interés en la investigación desde la academia; y por último, la falta de acceso del sector artesanal a las herramientas tecnológicas hoy disponibles en el mundo globalizado, son temas que deben estar presentes en los programas de rescate, difusión y comercialización de las artesanías en México.

Que la ley regule para que las instituciones públicas que atienden al sector exhiban de forma pública y clara, incluso en todas las lenguas que se hablan en el país y que son oficiales, quiénes son los sujetos de atención, en orden de evitar los criterios personales, los juicios de valor, la discriminación o los privilegios hacia las artesanas y los artesanos.

Que la ley vigile e impida que se burocratice la comercialización de productos artesanales en las instituciones, pues cualquier criterio comercial en una institución pública conduce a la exclusión y a la discriminación.

Por eso, es urgente trabajar en la creación de una ley que dé beneficios directos al artesano y, en consecuencia, a su actividad artesanal. Es necesario contemplar dentro de esa ley:

1. El derecho a la seguridad social.

2. La oportunidad de un retiro digno.

3. Un esquema en el cual los alumnos de las instituciones educativas -universidades, tecnológicos, etcétera- puedan liberar su servicio social en talleres artesanales, como contadores, administradores, diseñadores gráficos, especialistas en mercadotecnia, diseñadores industriales, ingeniería mecánica, biólogos, etcétera.

4. Convenios entre las organizaciones de artesanos y las universidades o tecnológicos para llevar a cabo proyectos en beneficio de las técnicas artesanales, su comercialización, y la realización adecuada de proyectos, de manera que tengan acceso a recursos gubernamentales, estudio e investigación, y manejo de proyectos sustentables para la obtención de materias primas.

5. La tipificación del artesano dentro, de un renglón especial que permita al artesano trabajar en forma legal en talleres debidamente registrados. Como ya se ha mencionado, tenemos muchos problemas en el pago de impuestos, por gastos que no se puedan comprobar.

Hablar de fomento artesanal es hablar de familias, de comunidades artesanas y de obras cuya belleza se opaca cuando se evidencian las condiciones de vida de muchos de sus creadores y creadoras.

Los legisladores tienen un compromiso con más de 8 millones de mexicanos, la mayoría de ellos en pobreza extrema y apartados de los más elementales derechos.

La artesanía es una de las manifestaciones más visibles de la diversidad cultural de una sociedad, ya que refleja creatividad, identidad y patrimonio cultural. Esta actividad posee un valor patrimonial cultural tangible e intangible que debe ser reconocido, protegido, enriquecido, proyectado y asegurado para el futuro. Éste es el espíritu que inspiró la ley que protege el desarrollo de la actividad artesanal.

En cuanto al derecho internacional hay varias ramas que tocan este tema y uno de ellos es, obviamente, la salvaguarda de la cultura popular y tradicional; uno más son los derechos indígenas, y otro que suele dejarse de lado pero que es fundamental son los pactos internacionales de derechos humanos, en particular el pacto de derechos económicos, sociales y culturales, pero también el de derechos civiles y políticos.

A partir de las reformas al artículo 1° constitucional, estos tratados están en el mismo nivel que la Constitución y todas las autoridades, en sus distintos ámbitos de competencia, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Los derechos económicos, sociales y culturales de los artesanos deberían quedar bien cubiertos desde la ley.

Sí bien, si hay apoyos, sí hay financiamientos, sí hay programas, pero sólo algunos artesanos lo saben y sólo algunos tienen acceso a ellos por todos los procesos que involucran.

No todos los artesanos se benefician directamente de los mecanismos institucionales. Millones de artífices quedan fuera de ese círculo.

Debe entenderse que los artesanos no son sólo productores de mercancías o productos, sino personas con derechos cuya creación aporta identidad a nuestro país y conserva su patrimonio cultural y artístico.

Existe un gran riesgo que ya se ha mencionado: que se pierda la transmisión intergeneracional de las técnicas artesanales o las materias primas. Es importante reconocer ese carácter de patrimonio cultural a la artesanía y a los artesanos para lograr su revaloración social y promover los apoyos necesarios, suficientes y diferenciados para su promoción y desarrollo.

Se ha avanzado, pero la cobertura no ha sido la que requiere el número de artesanos, sus dilemas, sus problemáticas y los apoyos necesarios para su promoción y desarrollo a fin de que puedan vivir dignamente y no sólo subsistir.

En el Estado de Oaxaca que orgullosamente represento, se ha caracterizado por tener un impacto internacional por lo atractivo que resultan para otros mercados sus artesanías. Esto permite vincularse con formas específicas de promoción y venta artesanal. En el sector artesanal, el cual es de las actividades productivas más importantes del Estado, se ocupan 400 mil artesanos, los cuales representan el 11.77% de una población de 3, 438,785 mil habitantes.

El 80% de esta población de artesanos son mujeres, lo que representa un dato curioso si lo comparamos con las estadísticas de décadas atrás donde se encontraba al hombre como mayoría dentro del sector artesanal.

Considero importante destacar que este sector vive mayormente en condiciones de extrema pobreza y que está compuesto por miembros de pueblos indígenas que se encuentran dispersos en las ocho regiones que conforman el estado de Oaxaca.

Las ramas artesanales de mayor importancia en el Estado son la alfarería, cerámica, textiles, articules de piel, cestería, cuchillería, talla de madera, orfebrería, cantería y metalistería.

El proceso productivo de artesanías se caracteriza por el trabajo manual, la utilización de instrumentos rudimentarios, materias primas de origen natural y la aplicación de métodos y técnicas tradicionales. Esto último como se menciona en la presente iniciativa causa aislamiento e informalidad en la producción del sector ya que la gente no tiene una visión de negocio en su actividad diaria y por ende, la producción de artesanías no tiene un grado de incidencia significativo en el contexto económico estatal.

Por otro lado, se hace evidente la falta de oportunidades que se ofrecen a los pequeños productores artesanales tanto para acceder a opciones de desarrollo tecnológico o esquemas de transferencia, como para ser asistidos en materia de competitividad. Además, debido a la ubicación y lejanía de las comunidades donde habitan, muchas veces los artesanos no cuentan con información oportuna para la toma de decisiones sobre producción, precios, volúmenes de producción y mercados.

La desaparición de los oficios artesanales por no ser una actividad rentable no sólo tiene implicaciones económicas, sino culturales, ya que cuando se deja de ejecutar cierta práctica artesanal, con ello se pierden siglos de tradición y riqueza cultural. Si no existen incentivos para poder seguir con el oficio dentro de la comunidad es difícil que se pueda continuar. De manera que con la pérdida de un oficio artesanal, también se empobrece culturalmente una comunidad.

El hecho de que muchos de los artesanos vivan en zonas marginadas que no disponen de servicios como salud y educación, los coloca en una situación vulnerable que influye sistemáticamente en la manera en que disponen de los escasos recursos que poseen, lo que origina una pérdida de su patrimonio, integrado de sus propiedades y de los recursos naturales disponibles.

Finalmente, la producción de artesanías no puede ser despojada de su bagaje cultural, porque ahí radica gran parte de su existencia y de su razón de ser, sin embargo, es preciso explorar y evaluar posibilidades que permitan hacer más rentable esta actividad.

La idea de intervenir en esta práctica cotidiana debiera ser con la intención no sólo de contribuir a que se mejoren las condiciones de vida de los artesanos por medio de nuevos instrumentos de producción, organización y comercialización, sino de fomentar la revaloración del trabajo artesanal entre la población en general. Esto con la finalidad de que además de los discursos, se promuevan acciones que se traduzcan en mayores ingresos para los artesanos, que hasta el día de hoy portan y difunden con su trabajo una parte importante de la historia de México.

Es entonces, que para dar mayor promoción a las actividades artesanales de las comunidades indígenas y estimular las artesanías con un beneficio fiscal, es necesario realizar las reformas necesarias a la presente legislación.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, propongo iniciativa con:


PROYECTO DE DECRETO

Primero. Se reforma el párrafo primero y segundo del artículo 22, se reforma la fracción II, inciso B) y D) de la fracción IX, se reforma la fracción X y se adiciona la fracción XI del artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, para quedar en los siguientes términos:

Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal

ARTICULO 22.- La cédula de microindustria que sea expedida por la Secretaría o las autoridades en las que tal atribución se delegue, acreditará que la empresa, establecimiento o lugar en donde realizan sus actividades de artesanía la persona física o moral micro industrial figura en el Padrón, y que se encuentran satisfechos los requisitos relativos a registros, licencias o autorizaciones, que en la propia cédula o en sus anexos se indiquen.

A las personas que soliciten la inscripción en el Padrón Nacional de la Microindustria, se les otorgará, una vez satisfechos los requisitos necesarios, la cédula correspondiente, con el fin de simplificar trámites administrativos, eliminar los innecesarios, así como, en general, para conceder facilidades para el desarrollo y fomento de la actividad artesanal;

ARTICULO 37.- …

I.…

II.-Realizar estudios sobre la regulación jurídica relativa a la constitución, instalación y funcionamiento de las microindustrias y actividad artesanal, así como proponer las medidas administrativas o modificaciones a disposiciones legales tendientes a alcanzar los fines a que se refiere esta ley;

III. a IX.…

A) .…

B) Proponer los criterios simplificados, flexibles y accesibles para las comunidades indígenas para otorgar los certificados de origen, así como las normas mínimas de calidad que deben cumplir las artesanías para su exportación;

C) .…

D).Propiciar la concentración regional de la producción artesanal con el fin de facilitar su promoción, difusión y fomento a través de la celebración de ferias y exposiciones artesanales, a nivel nacional e internacional, conforme a las disposiciones aplicables.

I a IX…

X. Proponer los apoyos, programas, simplificación administrativa y estímulos fiscales que se estimen apropiados para el fomento de la actividad artesanal y desarrollo de microindustrias en regiones turísticas.

XI. Promover el reconocimiento, la protección, y conservación del patrimonio cultural de la nación de las artesanías de las comunidades indígenasen todas las manifestaciones primigenias de sus propias lenguas, los usos y costumbres, artesanías y tradiciones de la composición pluricultural que conforman el país.

Segundo. Se reforma la fracción III del artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar en los siguientes términos:

Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo 79. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las siguientes personas morales:

I. …

II. …

III. Cámaras de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, comunidades indígenas que se dediquen a la actividad artesanal, así como los organismos que las reúnan.

IV. a VI….

a) a i)

VII. a XII. …

a) a e)…

XIII. a XXV.…

a) a i)…

XXVI.…

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Dip. Yarith Tannos Cruz.

Notas
1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, La artesanía y el mercado internacional: comercio y codificación aduanera, Unesco, Manila, 1997. Disponible en:
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.phpURL_ID=35418&URL_DO=DO_TOPIC& URL_SECTION=201.html. Fecha de consulta: 10 de noviembre de 2011.
2 Página Web: http://www.indigenas.bioetica.org/inves51.htm
3Olga Correa Miranda, Actividad artesanal, Instituto de Geografía, UNAM. Disponible en:
www.igeograf.unam.mx/web/iggweb/seccionesinicio/atlas/
4 Sales Heredia, Francisco J., Las artesanías en México. Situación actual y retos, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados, LXII Legislatura, México, D.F, 2013.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por el Diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, JUAN MANUEL CAVAZOS BALDERAS, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, y con fundamento en lo establecido en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea, una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Corresponde al Estado Mexicano impartir educación gratuita, laica, obligatoria y de calidad. El artículo 3° de nuestra Carta Magna1 determina que la educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. El Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación, junto con los particulares que, también, podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, ambos impulsos educativos conforman el Sistema Educativo Nacional.

El Sistema Educativo Nacional está conformado por 35´745,871 alumnos. De los cuales 30´621,529 integran la Educación Básica, y 4´682,336 la Educación Media Superior. De éstos 27´198,267 están inscritos en escuelas públicas; y 3´423,262 educandos en escuelas privadas.

En lo que respecta a Educación Superior suman 3´419,391. De los cuales 2´372,637 se encuentran inscritos en escuelas públicas, y 1´046,754 en Universidades privadas.2

Uno de los retos que enfrenta la Educación Superior en México, que es propósito de esta Iniciativa analizar y proponer un cambio, es la exigencia de ampliar las oportunidades educativas para los alumnos de los sectores socioeconómicos más desprotegidos por lo que en un acto de equidad en la Ley General de Educación y en los acuerdos derivados de ella, se especifican los términos para que las escuelas de educación superior otorguen apoyos económicos.

Respecto a la contribución de los particulares en este esfuerzo conjunto nacional, se explica en el artículo 57 de la Ley de Educación, que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán, conforme a su fracción III, proporcionar un mínimo de becas en los términos de los lineamientos generales que la autoridad que otorgue las autorizaciones o reconocimientos haya determinado.

Con base en lo anterior, se emitió el acuerdo 2793, por parte de la SEP, “Por el que se establecen los Trámites y Procedimientos Relacionados con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Tipo Superior”, en éste se regula el número de becas a otorgar por parte de los particulares, siendo el cinco por ciento, del total de alumnos inscritos en planes de estudio con reconocimiento, que por concepto de inscripciones y colegiaturas se paguen durante cada ciclo escolar. Las becas consistirán en la exención del pago total o parcial de las cuotas de inscripción y de colegiaturas que haya establecido el particular.

Respecto a las instituciones públicas, en los artículo 9° y 33, fracción VIII, de la Ley General de Educación se establece que el Estado promoverá y atenderá, directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio, todos los tipos y modalidades educativos, incluida la Educación Superior, por lo que las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias desarrollarán programas para otorgar becas y demás apoyos económicos a los educandos4.

En este contexto, se pronunció el acuerdo número 16/12/155 por el que se emiten “las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el Ejercicio Fiscal 2016.” en este se consideran una serie de apoyos económicos para estudiantes del Sistema Educativo Nacional de escasos recursos. Respecto a los educandos que cursan la educación superior oficial, constan los apoyos en: Becas de Excelencia, Movilidad, Servicio Social, Vinculación y de Titulación, entre otros incentivos. Para los fines de esta iniciativa se hace hincapié en esta última, ésta beca se otorga a alumnos que hayan concluido sus estudios en alguna institución pública de educación superior pública del país y deban realizar su tesis de grado o cualquier otro trabajo escrito profesional que los lleve a la titulación. Los montos totales de la beca se cubren conforme a la disponibilidad presupuestal del Programa del año fiscal en curso, así como a los criterios y procedimientos para selección y asignación de la beca. La cobertura del programa es a nivel nacional de aplicación en las 32 entidades federativas de la República Mexicana.

De lo anteriormente explicado, se determina que la Ley General de Educación y el acuerdo 279 que norma a los particulares que imparten educación superior, exceptúan otorgar a éstos estímulos que sufraguen los pagos totales por concepto de obtención de cédula y título profesional o cualquier otra actividad que lleve a la titulación a aquellos estudiantes que hayan concluido sus estudios satisfactoriamente conforme al plan de estudios vigente, a diferencia esto último de la Beca o apoyo para la titulación, enmarcado en el acuerdo 16/12/15 implementado por la Secretaría de Educación Pública en las Universidades Públicas.

Por lo antes expuesto, el espíritu de esta iniciativa con proyecto de Decreto es proponer que las escuelas particulares que imparten educación superior otorguen estímulos de financiamiento para que aquellos alumnos que hayan concluido satisfactoriamente sus estudios se les sufraguen los costos para la obtención de título y de la cédula profesional.

Razonando que si el alumno que concluyó sus estudios favorablemente ya pagó inscripción, reinscripciones y colegiaturas, mismas que cada año escolar fueron en aumento, no es justo que cuando concluya sus estudios pague una vez más por un trámite tan costoso como lo es el de la obtención del título y cédula profesional.

Esto frena la posibilidad de obtener un trabajo debido a que las empresas solicitantes exigen título profesional y aunque la persona esté capacitada y cubra el perfil de la vacante ofertada,  por el  hecho de carecer de este documento no se le otorga la oportunidad de empleo.

Necesitamos hacer un cambio, propósito de esta iniciativa, que beneficie a los jóvenes egresados de las escuelas particulares, debido a que muchas veces esta situación frena oportunidades de empleo o el espíritu de emprendimiento del egresado por carecer de estos documentos que representan la culminación y certificación de sus estudios y esfuerzo y que, finalmente, ya ganó su obtención.

Por lo anterior, se considera adicionar un segundo párrafo a la fracción III del artículo 57 de la Ley General de Educación.

Se adjunta la tabla comparativa de la propuesta:

Ley General de Educación

Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 57. Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:

I. II…

III.- Proporcionar un mínimo de becas en los términos de los lineamientos generales que la autoridad que otorgue las autorizaciones o reconocimientos haya determinado;

SIN CORRELATIVO

 

 

IV. V.

Artículo 57.- Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:

I. II.…

III. Proporcionar un mínimo de becas en los términos de los lineamientos generales que la autoridad que otorgue las autorizaciones o reconocimientos haya determinado;

Sufragar los gastos totales para la obtención del título y cédula profesional de aquellos estudiantes de educación superior que hayan concluido sus estudios satisfactoriamente conforme al plan de estudios vigente.

IV. V.

En consecuencia de lo expresado, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

DECRETO

Que se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 57 de la Ley General de Educación.

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 57 de la Ley General de Educación; para quedar como sigue:

Artículo 57.- Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:

I. II…

III.- Sufragar los gastos totales para la obtención del título y cédula profesional de aquellos estudiantes de educación superior que hayan concluido sus estudios satisfactoriamente conforme al plan de estudios vigente.

IV. V.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un lapso de hasta 90 días, la Secretaría de Educación Pública, expedirá la modificación en la reglamentación correspondiente para la aplicación de esta norma.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Dip. Juan Manuel Cavazos Balderas.

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, véase http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm.

2 Secretaría de Educación Pública, Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, ciclo 2013-2014, véase http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_x_entidad_federativa.html

3Secretaría de Educación Pública, Acuerdo 205, véase
http://www.sirvoes.sep.gob.mx/sirvoes/doc_pdf/ACUERDO%20279%20rvoe.pdf,  10 de julio de 2000.

4 En el artículo 1°  de la Ley de Educación, se especifica que la función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior a que se refiere la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regulará por las leyes que rigen a dichas instituciones.

5Secretaría de Educación Pública, véase
http://www.cinvestav.mx/Portals/0/SiteDocs/Sec_Conocenos/Reglamentacion/RAcad/ProNalBecas_2016.pdf?ver=2016-01-19-124027-707





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el Diputado José del Pilar Córdova Hernández, del grupo parlamentario del PRI)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C) DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por la Diputada Gretel Culin Jaime, del grupo parlamentario del PAN)







 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Erika Ayala Ríos, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez y María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud y del Trabajo y Previsión Social a reforzar las acciones encaminadas a la atención para las madres que sufren pérdidas gestacionales desde una perspectiva de respeto a sus derechos humanos y laborales. Se turna a la Segunda Comisión.







 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Gabriela Cuevas Barron, Laura Angélica Rojas Hernández y Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a asistir a una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión Permanente, a efecto de que aclare su situación patrimonial y amplíe la información contenida en la misma. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, GABRIELA CUEVAS BARRON, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ Y HÉCTOR DAVID FLORES ÁVALOS, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 171 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE ASISTA A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, A EFECTO DE QUE ACLARE SU SITUACIÓN PATRIMONIAL Y AMPLÍE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL, ASÍ COMO EL DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS RECAUDADOS MEDIANTE DIVERSOS ESQUEMAS, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Hace un año, el 26 de abril de 2015, Juan E. Pardinas publicó una opinión en el periódico Reforma titulada “3 de 3”, en la que, respecto a la corrupción imperante en nuestro país, mencionaba que los mexicanos nos encontrábamos “tristes, enojados, indignados, hartos o asqueados”. Su artículo de opinión fue motivado por una plataforma digital que el IMCO y Transparencia Mexicana pusieron al servicio de los electores, en la cual, los candidatos y candidatas a puestos de elección popular podían -y aún pueden- hacer pública su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su comprobante de pago de impuestos. En propias palabras de sus creadores, esta plataforma “busca reconstruir la confianza ciudadana a través del compromiso y transformación de la clase política en nuestro país: funcionarios y políticos que antepongan los intereses de México a los suyos”.

SEGUNDO.- El 27 de mayo de 2015 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción.

El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que impulsó desde hace años Acción Nacional, deberá funcionar en todo el país y en todos los niveles de gobierno, por lo que tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas de las entidades federativas deben llevar a cabo diversas reformas a su legislación a efecto de implementar instancias especializadas de control, con la intención de prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción, bajo los mínimos fijados en el artículo 113 de nuestra Constitución.

TERCERO.- Derivado de la mencionada reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción, el Congreso de la Unión debe expedir diversas leyes reglamentarias y complementarias del Sistema Nacional Anticorrupción:

(i) La Ley General de Responsabilidades Administrativas, que deberá distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación;

(ii) La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que deberá establecer las bases de coordinación del Sistema Nacional;

(iii) Una reforma que prevea la nueva organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación, que deberá prever las normas de gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales;

(iv) La Ley Orgánica del nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones; y

(v) Una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto de que la Secretaría de la Función Pública asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en la reforma Constitucional.

CUARTO.- El 17 de marzo de 2016, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores dio cuenta al Pleno de la recepción de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3 contra la Corrupción). El antecedente y la base de esta iniciativa es la plataforma ciudadana tres de tres.

QUINTO.- Ante la ola anticorrupción, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México se vio obligado a firmar el 22 de marzo de 2016 un compromiso para que todos los servidores públicos de su administración den a conocer su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su comprobante de pago de impuestos.

SEXTO.- A raíz de la presión pública, el 12 de abril de 2016, Miguel Ángel Mancera presentó a la plataforma tres de tres, tanto su declaración patrimonial como su declaración de intereses y su comprobante de pago de impuestos.

De estos documentos se desprende la siguiente información:

1. El ingreso neto mensual que percibió como Procurador General de Justicia del Distrito Federal, desde el 16 de junio de 2008 hasta el 06 de enero de 2012, fue de 81 mil 239 pesos;

2. El ingreso neto mensual que percibe actualmente Miguel Ángel Mancera como servidor público es de 89 mil 198 pesos;

3. Por el ejercicio fiscal 2015, Miguel Ángel Mancera debió pagar por concepto de Impuesto sobre la Renta para personas físicas, la cantidad de 200 mil 894 pesos;

4. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México es propietario de ocho inmuebles cuyo valor acumulado es de 43 millones 504 mil 108 pesos;

5. Del alto valor acumulado de los inmuebles del Jefe de Gobierno, el valor que corresponde en propiedad exclusiva a Miguel Mancera asciende a 20 millones 231 mil 155 pesos;

6. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México es propietario de:

(i) Una casa en la Delegación Magdalena Contreras con un valor de 3 millones 336 mil pesos y que adquirió en 2004, cuando era asesor del entonces Secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard;

(ii) Dos locales comerciales ubicados en la Delegación Cuajimalpa, cuyo valor acumulado es de 21 millones 163 mil 108 pesos, cuya copropiedad en conjunto con otras personas, de quienes no se publicó su identidad, adquirió en 2010 y 2012, el segundo de ellos con un valor de 11 millones 549 mil 108 pesos y que le regaló una persona cuya identidad no fue transparentada, durante el año que estuvo el actual Jefe de Gobierno en plena campaña por dicho puesto;

(iii) Un departamento en Acapulco que compró cuando era Procurador General de Justicia del Distrito Federal, con un valor de 3 millones de pesos;

(iv) Dos departamentos ubicados en la Delegación Benito Juárez, adquiridos en 2010 y 2012, respectivamente, con un valor acumulado de 6 millones 405 mil pesos;

(v) Dos departamentos ubicados en la Delegación Cuauhtémoc, uno de ellos adquirido en 2012 y con un valor de 5 millones 100 mil pesos, y el otro adquirido en 2014 a la enorme compañía inmobiliaria Centro Histórico de la Ciudad de México, S.A. de C.V., con un valor de 4 millones 500 mil pesos, del cual aún debe un millón 500 mil pesos y que pagará en un plazo que no fue dado a conocer;

(vi) Obras de arte con un valor estimado en $500,000.00;

(vii) Joyas con un valor estimado en $400,000.00;

(viii) Monedas y metales preciosos con un valor de al menos medio millón de pesos (el formato únicamente permite ubicar el valor de este tipo de propiedades en tres rubros: ≤ $100,000.00 / entre $100,000.01 y $500,000.00 / ≥ $500,000.01);

(ix) Menaje de casa con un valor declarado de $1’100,000.00;

(x) El 54.21% de las acciones de la empresa Grupo Gastronómico MABOMA, S.A. de C.V., cuyo valor es de al menos medio millón de pesos (misma aclaración que en el punto viii anterior);

(xi) El 32% de las acciones de la empresa Proyectos MAAJ, S.A. de C.V., cuyo valor es de al menos medio millón de pesos (misma aclaración que en el punto viii anterior) y que adquirió cuando era Procurador General de Justicia del Distrito Federal;

(xii) El 20% de las acciones de las empresas La Tradición de Ixtapaluca, S.A. de C.V. y Pan y Café de Tradición, S.A. de C.V., cuyo nombre comercial es el de “Los Bisquets Bisquets Obregón” y cuyo valor acumulado es de al menos un millón de pesos (misma aclaración que en el punto viii anterior) y que adquirió cuando era Procurador General de Justicia del Distrito Federal; y

(xiii) Tres cuentas bancarias en BBVA Bancomer, S.A. con un saldo a la fecha de la declaración de más de un millón de pesos (misma aclaración que en el punto viii anterior).

Con base en lo anterior, y tomando en cuenta los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el artículo 8, numeral  1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores.

SEGUNDO.- Que el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la facultad para presentar proposiciones con punto de Acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

TERCERO.- Que la fracción I del numeral 1 del mencionado artículo 276 del   Reglamento del Senado de la República, establece que los puntos de acuerdo serán de exhorto: (i) cuando se solicite a alguna autoridad dependiente de los tres Poderes de la Unión en el marco de colaboración que debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos efectos sean de interés para una comisión  senatorial o de un senador particular que requiera para su desempeño; (ii) cuando se solicite información de interés general del país, de la colectividad, de una región, de una entidad, de un sector de la sociedad; (iii) cuando se solicite la cesación o suspensión de determinadas acciones consideradas perjudiciales o que afecten  intereses de terceros; y (iv) cuando se solicite crear alguna comisión legislativa ordinaria o especial.

CUARTO.- Que el compromiso personal de Miguel Ángel Mancera con la transparencia ha sido puesto en duda desde sus tiempos como Procurador General de Justicia del Distrito Federal.

QUINTO.- Que el año pasado, en sitio de Internet de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México se publicaron “versiones públicas” de las declaraciones patrimoniales del Jefe de Gobierno y de su gabinete, siendo documentos incompletos y sin información relevante para la ciudadanía, y que en el documento relacionado con la situación patrimonial del Jefe de Gobierno, se transparentó únicamente que era propietario de "organizaciones privadas, cuentas bancarias con saldos variables y monedas producto de herencia".

SEXTO.- Que en la plataforma electoral del partido político que postuló al actual Jefe de Gobierno (el PRD), se puede leer que “la falta de transparencia y la ausencia de un modelo de administración pública que castigue el conflicto de intereses y el tráfico de influencias, que erradique el clientelismo y el corporativismo, que efectivamente implante la medición del desempeño y exija la rendición de cuentas, contribuye a perpetuar el problema dela corrupción”.

SÉPTIMO.- Que el combate a la corrupción y la pugna por la limpieza de la vida pública emergen del programa histórico de Acción Nacional desde su fundación en   1939.

OCTAVO.- Que en 1946, en su informe a la Convención Nacional del Partido Acción Nacional, Manuel Gómez Morín, al hablar de la limpieza de la vida pública como condición para el cambio, sentenció: “Este es el clima actual de México, saturación ya intolerable de fatiga y nauseas por la corrupción de la vida pública”.

NOVENO.- Que así como Manuel Gómez Morín se sintió en 1946, hoy en Acción Nacional nos sentimos, como la mayoría de los mexicanos, tristes, enojados, indignados, hartos y asqueados de la corrupción que padecemos en nuestro país.

DÉCIMO.- Que ante las dudas respecto a su patrimonio y las sospechas que generó la falta de apertura del Jefe de Gobierno, en una conferencia de prensa realizada el 15 de enero de 2015, Miguel Mancera respondió de manera desafortunada a los cuestionamientos de la siguiente forma: “Si en este momento me dicen 'dame tu número de cuenta y dime cuánto tienes', entonces yo pregunto para qué lo quieren saber.”

DÉCIMO PRIMERO.- Que el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana, desde el 2001, ha colocado a la Ciudad de México junto con el Estado de México como las entidades federativas con el gobierno más corrupto.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI (2013), la Ciudad de México es la segunda entidad federativa con mayor porcentaje de su población que tuvo contacto con un servidor público corrupto.

DÉCIMO TERCERO.- Que hay un importante crecimiento del patrimonio del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México desde 2004 y hasta la fecha, es decir, desde que incursionó en el servicio público del gobierno de la Ciudad de México.

DÉCIMO CUARTO.- Que las cuentas no nos cuadran, pues el ingreso neto acumulado del actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de México como servidor público, desde que fue Procurador General de Justicia del Distrito Federal a la fecha, es únicamente de una cifra aproximada de poco más de 7 millones de pesos y el patrimonio que ha acumulado desde 2004 es de al menos 25 millones 831 mil 155 pesos.

DÉCIMO QUINTO.- Que el aumento exponencial del patrimonio del actual Jefe de Gobierno durante su etapa profesional como servidor público genera suspicacias entre la ciudadanía, por lo que el Jefe de Gobierno debe aclarar esta situación.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de esta Comisión Permanente, con el siguiente resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a que asista a una reunión de trabajo con los integrantes de esta Comisión Permanente, a efecto de que aclare su situación patrimonial y amplíe la información contenida en su declaración patrimonial, así como el destino final de los recursos recaudados mediante diversos esquemas.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México a que realice una investigación de la situación patrimonial del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y presente un informe a esta Comisión Permanente con los resultados de dicha investigación.

Dado en el salón de sesiones de a Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Gabriela Cuevas Barrón.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Héctor David Flores Ávalos.





 

Del Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y demás dependencias involucradas a cumplir cabalmente con las recomendaciones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes les entregó el 30 de abril de 2016. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, diputado federal a la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó el 24 de abril del año en curso su Segundo Informe del caso Ayotzinapa. En éste fueron expuestas varias inconsistencias y omisiones del expediente de la Procuraduría General de la República (PGR) en torno al caso; entre ellas, el seguimiento a las investigaciones relativas a los indicios que revelan que los teléfonos celulares de algunos normalistas siguieron activos unas horas o días después de los sucesos, así como la participación de policías de la localidad de Huitzuco, y de imágenes tomadas por integrantes del 27 Batallón del Ejército -los cuales de acuerdo al informe, estuvieron presentes en diversos escenarios durante la madrugada de los ataques- que no se encuentran integradas en la averiguación.

En esta misma perspectiva, cuestionaron la alteración de las escenas del crimen en la investigación del caso, como la visita, que de acuerdo con el GIEI, realizó a escondidas el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, en la zona aledaña del Río San Juan justo un día antes de que se hallara una bolsa con restos humanos, sugiriendo que éstos pudieron haber sido plantados por el funcionario.

La denuncia del GIEI no fue la primera en torno al funcionario, ya que éste había sido acusado de deformar y falsear declaraciones de personas inculpadas y filtrarlas a los medios masivos de comunicación con el fin de fragmentar, bloquear y ocultar información relacionada con el caso Ayotzinapa.

Pese a este tipo de dificultades, durante su estancia en México, el GIEI no cesó de intentar librar la obstrucción de la información, ni de evidenciar la poca disposición de la justicia castrense para contribuir al esclarecimiento de los sucesos, y aportó nuevos elementos sobre Ayotzinapa, derrumbando la “verdad histórica” del gobierno federal, el cual lejos de reconocer el trabajo aportado y de  asumir las recomendaciones, se ha dedicado a contradecir y desprestigiar las investigaciones así como a sus integrantes.

Lo anteriormente descrito se enmarca en un país que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene una tasa de homicidios en México superior a 10 por cada 100 mil habitantes, en donde destaca el caso de Guerrero con 51.2 asesinatos quintuplicando así el techo de alertas de la OMS, en donde siete mujeres son asesinadas al día, y por robo con violencia una averiguación previa es iniciada cada 3 minutos y 14 segundos.

La violencia que enmarca a México es responsabilidad del Estado. En este sentido, Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigaron la desaparición de 43 estudiantes en México, al concluir su mandato el 30 de abril del año en curso, entregaron a la PGR 20 recomendaciones que el gobierno debería acatar a la letra.

Las Recomendaciones del GIEI y que dio a conocer para que se les dé seguimiento a su desarrollo son las siguientes:

1. Unificación de las distintas causas penales

Se requiere una acumulación procesal para investigar y juzgar de manera integral los hechos de Ayotzinapa. Las distintas causas penales deben estar concentradas y ser llevadas a cabo por jueces competentes y accesibles.

2.  Evitar la fragmentación

Las distintas Averiguaciones Previas que se han iniciado en contra de los procesados vinculados con la investigación 1-2015 deben incorporarse a esta investigación en su totalidad, para evitar la fragmentación de la investigación y para que la Oficina del Caso Iguala pueda tener en cuenta el patrón de actuación, el contexto y la conexidad de los delitos cometidos, lo que se considera que es clave para determinar la responsabilidad y modus operandi.  

3.  Investigación integral

Es necesario que se realice una investigación integral de los hechos, no es posible separar el esclarecimiento de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 de la investigación del grupo criminal que participó en los mismos. Actualmente, los primeros se investigan en la Oficina del Caso Iguala y los segundos en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada, SEIDO.  Es necesario que la información relativa a esta organización criminal que sea relevante para el caso de los 43 sea agregada también a la investigación a cargo de la Oficina del Caso Iguala, e integrada en la investigación 1-2015.  Se deben evitar interferencias de SEIDO en la investigación que debe ser dirigida únicamente por parte de la oficina de investigación del caso bajo la Subprocuraduría de Derechos Humanos, siguiendo los Acuerdos de Washington de octubre de 2015 ante la CIDH.

4. Considerar otras violaciones de derechos humanos y delitos

Es necesario investigar de manera adecuada otras graves violaciones de derechos humanos y delitos que se presentaron en el caso y que así sean tipificadas por los jueces encargados de las causas penales, entre ellos: 1) desapariciones forzadas, 2) homicidios, 3) tentativas de homicidio, 4) encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, 5) tortura, 6) exceso en el uso de la fuerza, 7) lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes. Esto significa que se deben ampliar los cargos en contra de los presuntos responsables, y, por ejemplo, integrar los resultados de la autopsia de Julio César Mondragón a la tipificación de su caso.

5. Llevar a cabo las declaraciones testimoniales pendientes

Es necesario agotar todas las declaraciones testimoniales que han sido solicitadas por el GIEI y que aún no se han realizado, especialmente las de las autoridades políticas del Estado de Guerrero que se encontraban en funciones en la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014; el director y subdirector de la policía de Huitzuco y el presidente municipal y la declaración de las personas que se encontraban en barandillas la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Deben realizarse las entrevistas a integrantes del 27 Batallón de acuerdo con las preguntas propuestas por el Informe Ayotzinapa II.

Respecto a las víctimas, el GIEI señala la importancia de que se tomen y sean incluidos en el expediente los testimonios de familiares del equipo de Los Avispones que informaron al GIEI de cuestiones relevantes para la investigación, que fueron incluidas en el informe Ayotzinapa II, y que deben ser escuchadas por la PGR.

6.  Seguimiento a la información de telefonía

Con la información de telefonía incorporada en el expediente deben trazarse nuevas líneas de investigación como la identificación de “caminante” y otros teléfonos que parecen relevantes, dadas las horas críticas en las que tuvieron comunicación con los presuntos perpetradores. Debe establecerse la identidad de los usuarios de los teléfonos con quienes se comunican perpetradores y autoridades clave en ese momento y que no han sido investigadas. Respecto a los estudiantes, deben trazarse líneas de investigación a partir de los lugares donde, posteriormente a la hora de detención, se siguieron activando sus teléfonos.

7.  Balística

Es necesario realizar la confrontación de la evidencia balística recogida en los escenarios de Santa Teresa y Juan N. Álvarez, con la de las armas asignadas a la Policía Municipal de Cocula, Policía Municipal de Huitzuco, Policía Estatal, Policía Federal ya que hay evidencias de la posible participación de algunos de sus miembros en los sucesos violentos ocurridos esa noche.

También debe investigarse por qué la SEIDO vuelve al Basurero de Cocula el día 15 de noviembre de 2014, cuál es el sustento para esta nueva diligencia en la cual se levantan 42 casquillos en la zona alta del basurero cuando ya se había hecho la revisión del sitio del suceso. Así como porque no fue notificado el Equipo Argentino de Antropología Forense.

8. ADN

Se debe establecer una fecha para la recepción de los resultados de Innsbruck. La PGR debe evitar transmitir información pública sobre las fechas específicas de dichas comunicaciones dado que aumentan el nivel de expectativa, presión sobre los familiares y estrés. La incertidumbre sobre el momento en que va a llegar este resultado, aumenta el sufrimiento de las víctimas. Hay que tener en cuenta que han pasado más de dieciséis meses desde que se enviaron los restos. La comunicación debe acordarse de forma consensuada con los peritos de los representantes de las víctimas, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

La Oficina de Investigación del caso Iguala debe continuar con preparación realizada por el GIEI para la identificación de la ropa y objetos encontrados en los autobuses.

9. Documentos y videos

La PGR deberá requerir la documentación militar relevante, sobre los sucesos de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, misma que no se ha incorporado a la investigación.  También deberá requerir los planes locales de seguridad, reportes, convenios, competencia de las distintas autoridades de seguridad que muestren los procedimientos de actuación.  Así como la actuación de las diferentes corporaciones en función de dichos planes de actuación.

La PGR debe recuperar evidencia de videos de C4 y otros que no se encuentran en el expediente, incluyendo el material fotográfico tomado por el militar de inteligencia del escenario del Palacio de Justicia.

10. Investigar posible traslado de estupefacientes

Es necesario darle seguimiento a la asistencia jurídica enviada la tercera semana de marzo de 2016 y a partir de la información que con la misma se obtenga se establezcan las diligencias necesarias para agotar esta línea de investigación. Entre estas, la indagación sobre la existencia de laboratorios clandestinos en la zona, el movimiento del dinero, las rutas utilizadas para el traslado de heroína hacia Estados Unidos, el medio de transporte utilizado. Si los propietarios de los medios de transporte son empresas, indagar sobre los propietarios, accionistas, socios.

11. Plena identificación del quinto autobús y de documentos y declaraciones sobre el caso

Deben realizarse los peritajes que sean necesarios para establecer cuál fue el autobús que efectivamente salió de la Central Camionera la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Asimismo, deberá investigarse si existen funcionarios responsables, de que los hechos sobre este autobús se omitieran en las distintas consignaciones iniciales.

Por otra parte, las contradicciones entre la declaración del chofer ante la PGR con su propio manuscrito firmado que confirma la versión de los normalistas y las declaraciones de los responsables de la empresa, debe ser investigada en profundidad y así como la plena identificación de su conductor en relación con las imágenes obtenidas en el video.

12. Investigar denuncias por malos tratos o torturas con las debidas garantías

En el primer informe, se hizo del conocimiento de la PGR, que el 80% de los 80 detenidos habían sufrido lesiones que debían ser investigadas.  En el segundo informe se presentan 17 casos que revisten serios indicios de torturas. Si bien los jueces han indicado a la PGR la realización de informes basados en el Protocolo de Estambul, estos no pueden diferirse más en el tiempo y tienen que realizarse con la participación de peritos independientes con experiencia en la evaluación de casos de tortura y uso del Protocolo de Estambul.

Por otra parte, y de forma complementaria, el GIEI espera que la investigación de la CNDH sobre las quejas planteadas ante dicha institución se base en los mismos estándares, tal y como ha sido el trabajo realizado por el GIEI con sus equipos.

13. Determinar otras responsabilidades en los hechos y en la investigación

Investigar si la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos fue acorde a derecho.  Especialmente investigar la posible participación de miembros de la Policía Federal y la Policía Estatal en la escena del Palacio de Justicia, el retén anterior a dicho lugar y la desviación del tráfico vehicular cuando se estaba dando el ataque al bus Estrella de Oro 1531, en el escenario del puente del Palacio de Justicia.

A la luz de los hallazgos incluidos en el informe Ayotzinapa II, investigar si todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en diferentes lugares y horas en que se desarrollaron los hechos como Policía Federal, Policía Federal Ministerial, Policía Estatal cumplieron con sus respectivos protocolos de actuación, especialmente, con la obligación de proteger a los ciudadanos.   En relación a la Policía Federal y Policía Federal Ministerial indagar si cumplieron con su obligación de investigar a partir de la orden de la PGR de las 22h30 de la noche del 26, y las correspondientes responsabilidades.

14. Llevar a cabo nuevas capturas

Capturar a la mayor brevedad, y que sean dispuestos de manera inmediata a las autoridades judiciales, a los presuntos responsables de mayor nivel como Felipe Flores Velásquez, Secretario de Seguridad Pública de Iguala en el momento de los hechos y Alejandro Tenescalco Mejía, ex miembro de la policía municipal de Iguala.

15. Investigar el patrimonio de presuntos responsables

Investigar el patrimonio de los presuntos responsables del caso, si su origen es lícito o no, si se corresponde con su perfil de ingresos, si existen o ha habido transacciones de bienes entre ellos o con otras personas, así como si han acudido a testaferros u otras maniobras fraudulentas para ocultar sus haberes y propiedades. Los resultados de dichas investigaciones deben ser incorporadas al expediente y a las causas penales abiertas.

16. Investigar la posible obstrucción de la investigación

Investigar a todos los funcionarios públicos que hayan obstruido la investigación del caso de Ayotzinapa. Entre estas cuestiones están la falta de diligencia, negligencia o destrucción de evidencia en diferentes momentos de la investigación, que han sido señalados en los dos informes publicados por el GIEI.

Desde enero de 2016, el GIEI señaló que existieron dificultades y obstrucciones a la investigación, la fragmentación del expediente y el control de numerosas peticiones y procedimientos por parte de la SEIDO, lo que limitó el trabajo del nuevo equipo de investigación. Por otra se necesita investigar, tomando en cuenta la evidencia presentada por el GIEI, la actuación de los funcionarios que aparecen en el video el día 28 de octubre de 2014 en la orilla del Río San Juan realizando inspección del lugar con un inculpado, la recogida de evidencia en el río y el ocultamiento de dichos procedimientos al EAAF.

17. Cambiar la narrativa del caso

La investigación llevada a cabo por el GIEI en sus dos informes Ayotzinapa I y II, ha mostrado numerosos elementos que ponen en cuestión circunstancias dadas por válidas en la llamada “verdad histórica”. En abril de 2016, es momento de que la PGR cambie su versión pública sobre los hechos e incorpore los hallazgos que expliquen tanto: a) las motivaciones de los normalistas, b) el desarrollo de los hechos, y c) la falta de claridad sobre el destino de los normalistas. Es decir, la realidad de por qué fueron los normalistas a Iguala, la no evidencia de que estuvieran infiltrados ni fueran confundidos por las autoridades con el narcotráfico, ni atacaron el acto político que había terminado cuando llegaron y otras circunstancias señaladas como origen del ataque. Incorporar los hallazgos relevantes ya probados sobre las circunstancias de los hechos, los diferentes ataques y las actuaciones de diferentes corporaciones. 

Es necesario que se señale que no existe certeza sobre el destino de los normalistas, las evidencias muestran tanto que uno de ellos fue identificado a partir de un resto óseo, pero también de que al menos uno de ellos existe evidencia telefónica que señalaría que se encontraba vivo a la 1:16h de la madrugada. La narrativa señalada hasta ahora como escenario final de los 43 normalistas del basurero de Cocula debe ser puesta en cuestión a partir de los peritajes científicos ya presentados por el GIEI y el EAAF, incluyendo aquellos que señalan que no puede responderse a dicha pregunta y que señalan que se necesitarían hacer nuevos estudios experimentales. 

18. Continuar con los procesos de búsqueda y la investigación de nuevas informaciones

Las diligencias de búsqueda no deben interrumpirse puesto que los estudiantes siguen desaparecidos. Mientras no se esclarezcan los hechos completamente y no se ubique el paradero de los normalistas, las búsquedas deben continuar. La desaparición forzada es una violación de derechos humanos de carácter permanente y suponen una herida abierta en los familiares que necesitan respuestas que generen credibilidad y confianza, y no traten de dar respuestas que no se basan en evidencias científicas y una investigación acorde a los estándares internacionales.

19. Mantener los espacios de diálogo y comunicación con los familiares

El GIEI ha contribuido a abrir espacios de diálogo con la PGR y las instituciones, y considera que dichos espacios tienen que responder a las necesidades de las víctimas de tener un seguimiento efectivo de la investigación y conocimiento del caso como parte de su derecho a la justicia. Las reglas de comunicación establecidas en distintos acuerdos deben cumplirse de forma respetuosa y estricta, evitando las formas de comunicación pública sin informar previamente a los familiares y poder responder a sus dudas mediante el diálogo y el respeto a sus derechos. De ello depende que las instituciones recuperen la credibilidad necesaria para generar confianza en las víctimas.

20. Evitar las formas de victimización de las víctimas y promover su seguridad

El caso Ayotzinapa los informes del GIEI han mostrado numerosas formas de nueva victimización de las víctimas en los procesos de investigación, las versiones públicas de los hechos o los intentos de estigmatizar a los familiares. Las acciones realizadas contra los familiares deben ser investigadas también en el futuro para promover un contexto de confianza y seguridad para quienes son el elemento central del sentido de la justicia.

En el tenor de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República y demás dependencias involucradas a cumplir cabalmente con las recomendaciones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes les hizo entrega el 30 de abril de 2016.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 11 mes de mayo de 2016.

Suscribe

Dip. Omar Ortega Álvarez.

Expansión, 9 'HUECOS' DEL EXPEDIENTE AYOTZINAPA DETECTADOS EN EL INFORME FINAL DEL GIEI. Consultado en línea el 2 de mayo de 2016 en: http://expansion.mx/nacional/2016/04/25/9-huecos-del-expediente-ayotzinapa-detectados-en-el-informe-final-del-giei

Ibídem

Rosagel, S. “Tomás Zerón saca video propio; Felipe de la Cruz pregunta: ¿Y por qué no está en el expediente?” Consultado en línea el 2 de mayo de 2016 en: http://www.sinembargo.mx/27-04-2016/1653951

Ureste, M. “Cada 3 minutos se inicia una investigación por robo con violencia en México”. Consultado en línea el 2 de mayo de 2016 en: http://www.animalpolitico.com/2015/08/cada-3-minutos-se-inicia-una-investigacion-por-robo-con-violencia-en-mexico-incluye-grafica/

GIEI. “Entrega el GIEI ruta de seguimiento sobre su trabajo en la investigación del caso Ayotzinapa.”





 

Del Diputado Emilio Enrique Salazar Farías y Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares del gobierno de los estados de Oaxaca y Michoacán a ejecutar las acciones necesarias para la prevención de los incendios forestales; así como realizar una investigación y dar a conocer las causas que dieron origen a dichos incendios, en atención a los altos índices que han presentado en la semana que comprende del 22 al 28 de abril de este año, de acuerdo al reporte de la Comisión Nacional Forestal. Se turna a la Tercera Comisión.

Quien suscribe, Diputado EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS y Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México es uno de los países que cuenta con una amplia diversidad de recursos naturales, siendo uno de los principales los recursos forestales, mismos que comprenden especies representativas de tres de las principales zonas climáticas, zonas templadas, zonas tropicales y zonas áridas. Los recursos forestales albergan una gran riqueza de especies vegetales y animales, muchas de las cuales son endémicas de nuestro país Y un gran número de ellas cuenta con alguna categoría de protección, o bien, se encuentra en peligro de extinción.

A nivel mundial, los bosques cubren unos 3,400 millones de hectáreas, es decir, el 26 por ciento de la superficie terrestre; de los cuales, 1,400 millones de hectáreas se encuentran en países desarrollados y 1,700 millones en países en desarrollo.

Dichos recursos forestales prestan servicios ambientales indispensables como la producción de oxígeno, absorción de bióxido de carbono, la regulación del clima, y preservación de hábitats para especies de flora y fauna, algunas de ellas de relevancia para mitigar los efectos del cambio climático.

Dichos recursos ambientales se ven severamente amenazados por diversos factores tales como la deforestación, los desmontes ilegales y los incendios forestales.

Por lo que hace a los incendios forestales, mucho tiene que ver la participación y manejo inadecuado por parte del ser humano, lo que ha llevado al establecimiento de estrategias e inversión de recursos económicos, materiales y humanos para tratar de reducir al mínimo sus posibles efectos, ya que causan impactos sociales y ambientales, dentro de los que destacan daños a la salud humana por el humo, pérdida de la diversidad biológica, daños a los valores recreativos, y emisión de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero.

Si bien, el fuego desempeña un rol importante dentro del ciclo vital de los ecosistemas forestales, lo cierto es con frecuencia se convierten en problemas a partir de la intervención negativa humana.

Datos del Centro Nacional de Control de Incendios Forestales, señalan que en México desde hace décadas se ha venido desarrollando una estrategia general de prevención y control de incendios forestales, sistematizada a través del “Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales”, y en cuya aplicación participan instituciones de los tres órdenes de gobierno, organismos civiles y voluntarios.

Dichas acciones tienen como directriz, brindar información que permita a la población, reafirmar la eficacia de los esfuerzos hechos para ampliar y profundizar la visión social y la importancia ambiental existente acerca de los recursos forestales y las consecuencias del uso negligente del fuego. Una perspectiva integral sobre estas acciones, sin duda motivará una acción cívica que impida que la negligencia, la indolencia o la ignorancia continúen siendo el origen de miles de incendios forestales cada año.

Como medio de combate a dicha problemática, el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado de manera coordinada con las delegaciones y la población de las comunidades, diversos programas en materia de prevención de incendios forestales; lo que ha logrado una disminución de incendios, pues de acuerdo con datos aportados por la Secretaría del Medio Ambiente de esta entidad, el año pasado solamente se registraron 249 incendios que afectaron un total de 303 hectáreas de zonas de reserva ecológica.

No obstante contar con diversas herramientas y programas a nivel nacional y local, no todas las entidades federativas realizan estos programas preventivos, claro ejemplo de ello, son los estados de Oaxaca y Michoacán, los cuales solamente en la semana que comprende del 22 al 28 de abril de 2016, de acuerdo a información de la Comisión Nacional Forestal, presentaron incendios que equivalen a una parte significativa del total nacional acumulado del primero de enero al 28 de abril de 2016.

Incluso, esta misma semana se ha reportado un incendio en la Sierra Sur de Oaxaca, que ha consumido más de 50 hectáreas de terreno de bosque virgen entre los municipios de Tamazulápan, San Andrés Paxtlán y Miahuatlán de Porfirio Díaz, y que al día no ha podido ser controlado, a pesar de los esfuerzos de las comunidades y brigadistas de la zona.

Dicha situación evidencia dos importantes situaciones, por un lado, el actual estado de emergencia provocado por las consecuencias derivadas del cambio climático que origina aumento de temperaturas y con ello, mayor posibilidad de incendios de origen natural; y por el otro, la intervención negativa del hombre para provocar incendios forestales y poder desarrollar diversas actividades muy diferentes a su conservación. 

Insistimos en que el medio de combate debe ser fundado en las acciones de prevención e información entre la población sobre los incendios forestales. Razón por la cual, se somete a consideración de esta Comisión Permanente el presente punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de los estados de Oaxaca y Michoacán a que tomen las acciones necesarias para abatir y prevenir los incendios forestales en sus territorios, por ser éstos, los estados con mayor incidencia en dicha problemática.

Lo anterior, atendiendo a que las autoridades locales deben actuar dentro del ámbito de sus competencias, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, ello para dar cumplimiento a los objetivos específicos establecidos en el artículo 3 de dicho ordenamiento, específicamente en la fracción XV que se reproduce íntegro: Regular la prevención, combate y control de incendios forestales, así como de las plagas y enfermedades forestales […].

Así también, atendiendo a lo referido en los artículos 9, fracción IV, y artículo 11 de la referida Ley, de donde se desprende que no sólo la federación debe mantenerse alerta en materia forestal al formar parte del Servicio Nacional Forestal, pues los Estados cuentan con atribuciones que implican “Llevar a cabo acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales, en congruencia con el programa nacional respectivo”, tal y como lo señala el artículo 13 fracción XV de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Por todo lo manifestado, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta a los titulares del Gobierno de los estados de Oaxaca y Michoacán, a efecto de que, en el marco de sus atribuciones, ejecuten todas aquellas acciones necesarias para la prevención de los incendios forestales; así como para que realice una investigación y se dé a conocer las causas que dieron origen a dichos incendios, lo anterior en atención a los altos índices que han presentado en la semana que comprende del 22 al 28 de abril de este año, de acuerdo al reporte de la Comisión Nacional Forestal.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 11 de mayo de 2016.

Suscriben

Diputados Federales del GPPVEM

Dip. Emilio Enrique Salazar Farías.





 

De la Diputada Mirza Flores Gómez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Educación Pública a hacer públicos los avances del desarrollo y aplicación, en su caso, de los protocolos para la detección y denuncia de violencia hacia mujeres en cada uno de los centros educativos de todo el país. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe MIRZA FLORES GÓMEZ, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos

“La violencia contra la mujer tiene un alcance mundial y se presenta en todas las sociedades y culturas, afectando a la mujer sin importar su raza, etnia, origen social, riqueza, nacional o condición”.

Kofi Annan

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o. señala que el varón y la mujer son iguales ante la ley. De este precepto, en nuestro país se derivan normas jurídicas de derecho social que tiene como fin regular los mecanismos y acciones para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, como un derecho humano interrelacionado, interdependiente e indivisible, que tutela la garantía de igualdad.

Es este, elemento esencial para que el Gobierno pueda sentar las bases tendientes a eliminar la situación de desigualdad que existe de facto entre hombres y mujeres, a fin de salvaguardar los derechos de la mujer no solo en el ámbito social, laboral, económico y de salud.

De igual manera en nuestra Carta Magna, en su artículo 3o. se señala que toda persona tiene derecho a recibir educación gratuita, siendo la básica y media superior obligatoria y señala que se promoverá la educación inicial y la educación superior.

En ese contexto, es la educación factor de la mayor importancia para el desarrollo político, social, económico y cultural de México.

En ese sentido, el Gobierno de la República se ha pronunciado sobre la necesidad de que todos los centros de enseñanza del país estén libres de violencia contra las niñas y mujeres.

La importancia de esa intención se basa en la premisa de que es en los centros escolares donde se fomentan los valores cívicos y por igual, ahí mismo la conceptualización de violencia debe ser eliminada, ya que es ajena al ideal de bienestar.

Bajo ese marco conceptual en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se reconoce a la educación de altísima prioridad como un detonante para hacer frente a los retos que afronta el país.

En dicho documento se establecen las acciones para atender y erradicar la violencia contra la mujer, definida esta última en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer: como “todo acto de violencia basado en la pertenencia del género femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer”.

En dicho Programa, en el capítulo III. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción, se establece el objetivo 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, definiendo la estrategia 3.2. Impulsar nuevas acciones educativas para prevenir y disminuir el abandono escolar en la educación media superior y superior en la que se incluyen dos líneas de acción enfocadas a la atención a la problemática de violencia:

  3.2.6.- Realizar acciones para prevenir conductas de riesgo (violencia, adicciones, salud sexual y reproductiva, entre otros) que suelen desembocar en el truncamiento de la trayectoria educativa.

 3.2.8.-Promover ambientes escolares libres de violencia, acoso y abuso sexual y favorecer una educación integral de los jóvenes.

Por igual en dicho Programa, se estableció en la sección III.1 Estrategias Transversales, la número 3. Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres que incluye la línea de acción 15, enfocada a desarrollar y aplicar un protocolo para la detección y denuncia de violencia hacia mujeres y niñas en centros educativos en el sentido para prevenir la violencia laboral, docente, de género, institucional y contra las mujeres que se presenten al interior, con el objeto de establecer y aplicar protocolos que den certeza sobre los pasos a seguir cuando se presente este fenómeno, a fin de proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas en el sistema educativo.

Lo dispuesto por el Gobierno Federal lo considero fundamental y necesario, a fin de detectar en que situaciones en el ámbito educativo es donde se arraiga el problema y atenderlo de mejor manera.

No obstante, como ya es del dominio público, los medios de comunicación han enfatizado que la mayoría de las universidades públicas y privadas en nuestro país no cuentan con protocolos para atender las denuncias de las alumnas que sufren acoso y violencia.

Para ejemplificar lo anterior, se publicó el caso de Martha, alumna de la Universidad Nacional Autónoma de México que fue violada por un compañero mientras ella estaba inconsciente, quien decidió enfrentar a su agresor y lo denunció ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) – expediente FDS/FDS-2/T1/00568/14-10– y la UNAM.

Su denuncia logró la formal prisión al agresor, sin embargo, las autoridades universitarias nunca emitieron una sanción definitiva.

Esos hechos provocaron que el secretario de Gobernación recalcara que el gobierno federal “trabaja para combatir y poner fin a la violencia de género en todas sus manifestaciones”, declaraciones que abonarían a lo ya expresado, días antes, por el presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer donde indicó que celebraba los avances “en erradicar la violencia contra las mujeres”.

En ese contexto y a fin de corroborar los avances en el tema específicamente del desarrollo y aplicación de un protocolo para la detección y denuncia de violencia hacia mujeres y niñas en centros educativos, y como resultado de la revisión del tercer informe de labores 2014-2015 de la Secretaría de Educación Pública, constaté que no fueron reportados logros y/o avances en el desarrollo de este tipo de medidas en las universidades públicas y privadas a nivel nacional.

Por lo anteriormente expuesto, señalo que es clara e imperiosa la necesidad de atender y erradicar la violencia contra las mujeres, hoy día convertida en una demanda social inaplazable.

El Gobierno Federal al no emitir avances en el tema, incumple con lo establecido en la fracción VIII del artículo 45 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde señala que a la Secretaría de Educación Pública le corresponde formular y aplicar programas que permitan la detección temprana de los problemas de violencia contra las mujeres en los centros educativos, para que se dé una primera respuesta urgente a las alumnas que sufren algún tipo de violencia.

Hoy me sumo a la lucha de muchas de nosotras, las mujeres que exigimos que en los centros de enseñanza universitaria, tanto públicos como privados sean espacios dignos y libres de violencia contra las mujeres, ya que principalmente, ellas buscan en la formación universitaria las herramientas necesarias para afrontar de una mejor manera, la vida y conseguir un mayor bienestar.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

UNICO.- Se exhorta respetuosamente al Secretario de Educación Pública, Mtro. Aurelio Nuño Mayer, para que haga públicos los avances del desarrollo y aplicación, en su caso, de los protocolos para la detección y denuncia de violencia hacia mujeres en cada uno de los centros educativos de todo el país.

Dado en la Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Dip. Mirza Flores Gómez.





 

De la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales a investigar de manera expedita y garantizar el derecho a la debida procuración de justicia en el caso de abuso sexual contra niñas y niños del Kínder Montessori Matatena, a fin de castigar a los probables responsables. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita, Senadora MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Uniónen ejercicio de la facultad que confieren los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos  58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

“El abuso sexual infantil implica la transgresión de los límites íntimos y personales del niño o la niña. Supone la imposición de comportamientos de contenido sexual por parte de una persona (un adulto u otro menor de edad) hacia un niño o una niña, realizado en un contexto de desigualdad o asimetría de poder, habitualmente a través del engaño, la fuerza, la mentira o la manipulación”.1

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)2, México ha ocupado los dos últimos años el primer lugar en abuso sexual infantil.

En el país, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños es abusado sexualmente durante la infancia o adolescencia, según estima la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC A.C.).3 El organismo advierte que las denuncias por abuso sexual representan sólo el 10% del total de abusos sexuales que ocurren y, de ellos, sólo en el 1.5% de los casos se consigna al agresor.4

Las cifras más actualizadas de distintas organizaciones no gubernamentales y de autoridades estatales y federales hablan de más de 80 mil niños abusados sexualmente cada año en todo el territorio nacional; Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Guerrero y Tabasco son las entidades en donde esta problemática es más grave.5

Cada año en México se registran en promedio 25 mil denuncias de niños abusados sexualmente en México, es decir, casi 70 diarios y tres cada hora, señala Rosario Alfaro, directora de la organización no gubernamental Asexoria.6

En este orden de ideas el pasado 15 de abril, se hizo pública a través de internet la denuncia sobre abuso sexual en Colegio Montessori Matatena. La periodista Yohali Reséndiz denunció los hechos a través de su blog “Periodismo a prueba de todo7 donde documentó el testimonio del abuso sufrido por las niñas y niños que acuden al kínder, esto el pasado 7 de abril del 2016.

De acuerdo con información del periódico Milenio “El pasado 8 de abril, la PGJDF recibió cinco denuncias por abuso infantil en el plantel ubicado en la colonia Extremadura insurgentes, en la delegación Benito Juárez, por lo que la Fiscalía para la Atención de Delitos Sexuales inicio una averiguación previa en contra de Rafael Duarte a quienes los niños señalan como responsable y quien es esposo de la directora de la escuela”.8

Se indicó que la averiguación previa en torno al tema, inició formalmente  el 9 de abril del 2016, registrando avances importantes9. Siguiendo esta línea de investigación la delegación Benito Juárez suspendió las actividades del kínder, por irregularidades en su operación luego de que se dieran a conocer las denuncias por el abuso sexual hacia el alumnado de la institución esta información fue publicada por el periódico el Universal: “La demarcación informó, que entre otras irregularidades, el establecimiento no contaba con aviso de apertura y de acuerdo con el artículo 73 fracción I y II de la Ley de establecimientos Mercantiles, este lugar generaba un riesgo inminente para trabajadores, vecinos y alumnos10. Ya que no cumplía con las medidas de protección civil adecuadas.

Además “El País” publicó una nota llamada “Una fiscalía desestima el testimonio de niños abusados en México11, en la que el argumento es que a pesar de las denuncias hechas por parte de las madres y padres de familia, no se ha procedido en contra del responsable desestimando los testimonios y declaraciones que las niñas y los niños dieron a los peritos, mencionando que no cuentan con los elementos suficientes para castigar a los probables responsables.

Recientemente “Animal Político” informó en la nota “Padres del kínder Matatena denuncian que no hay avances en caso de presunto abuso sexual de niños”12, que el pasado 28 de abril las madres y padres se manifestaron denunciando la falta de capacidad y negligencia con la que las niñas y niños fueron tratados, por lo que exigen que las indagatorias lleguen a sus últimas consecuencias y se garantice en todo momento el derecho al debido proceso y se respete el interés superior de la niñez y se evite su revictimización.

La efectiva protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, es un rubro que ha generado una gran preocupación en nuestro país, y se ha convertido en un reto que debe ser superado mediante el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno, ya que a pesar de la protección a derechos humanos que se hace desde la Carta Magna, así como en Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes aprobada en 2014 la PGJDF y la  Fiscalía para la Atención de Delitos Sexuales están vulnerando los siguientes derechos previstos en dicha ley entre los que destacan:

• Derecho a que se proteja su vida, supervivencia, su dignidad y se garantice su desarrollo integral

• Derecho a que se les asegure de manera prioritaria (antes que a los adultos) el ejercicio pleno de todos sus derechos, considerando siempre su interés superior.

• Derecho se les proporcione un mismo trato e igualdad de oportunidades, tomando en consideración sus necesidades específicas para el ejercicio pleno de sus derechos.

• Derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se les resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.

• Derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afecten

• Derecho al acceso gratuito a asistencia jurídica, psicológica y cualquier otra necesaria atendiendo a las características del caso, a fin de salvaguardar sus derechos.

Al no garantizar el interés superior de la niñez esto de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, estos derechos se dejan desprotegidos.

Silos Derechos Humanos de las niñas y los niños están pactados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales y en demás leyes aplicables, esencialmente en la “Convención sobre los Derechos del Niños” y en “Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” es necesario cerrar la brecha que existe entre el discurso pragmático de su protección y las prácticas que contravienen estos mandatos, pues se atenta contra su dignidad, el abuso sexual es una forma extrema de expresión de la violencia, que causa múltiples daños y coloca a las niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

Es urgente que las autoridades competentes atiendan las denuncias de estos terribles hechos, por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a investigar de manera expedita y garantizar el derecho a la debida procuración de justicia en el caso de abuso sexual contra niñas y niños del Kínder Montessori Matatena, a fin de castigar a los presuntos responsables.

Segundo.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Fiscalía Central de Investigación de Delitos Sexuales a tomar en consideración las pruebas ofrecidas que acreditan el hecho señalado por las denuncias hechas por las madres y padres de familia del kínder Montessori Matatena.

Tercero.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez adoptando las medidas necesarias para evitar la revictimización de las y los menores víctimas de abuso sexual, del caso Montessori Matatena.

Dado en la Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.

1 SaveThechildren, Antes y después del abuso, Recuperado el 25-04-2016, En línea en:
https://www.savethechildren.es/publicaciones/antes-y-despues-del-abuso

2 El País, Una fiscalía desestima el testimonio de niños abusados en México,  en línea en:
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/23/mexico/1461380962_420230.html

3 El País, Una fiscalía desestima el testimonio de niños abusados en México,  en línea
en:http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/23/mexico/1461380962_420230.html

4 El País, Una fiscalía desestima el testimonio de niños abusados en México,  en línea en:
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/23/mexico/1461380962_420230.html

5 Aquí noticias, Violencia Sexual Infantil en México, un grito en el desierto, en línea en:
http://aquinoticias.mx/violencia-sexual-infantil-mexico-grito-desierto/

6 El Zócalo, En México cada hora 3 niños sufren abuso sexual, en línea en:
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/en-mexico-cada-hora-3-ninos-sufren-abuso-sexual-1448032490

7 Periodismo a toda prueba, Recuperado el 25-04-2016, En línea en:
http://periodismoatodaprueba.blogspot.mx/2016/04/rafa-me-toca-mi-pilin-me-da-medicina-en.html

8 Milenio, Padres de kínder Matatena piden a PGJDF investigar a 5 maestras, en línea en:
http://www.milenio.com/df/padres_Montessori_Matatena-PGJDF_Montessori-abuso_infantil_Montessori_0_725927582.html

9 Crónica, Procuraduría capitalina investiga el caso de abuso sexual contra niños del kínder Montessori Matatena, Recuperado el 25-04-2016, En línea en: http://www.cronica.com.mx/notas/2016/955833.html

10 El Universal,  BJ cierra kínder tras denuncia de abuso sexual, recuperado el 25-04-2016, en línea en:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/04/15/bj-cierra-kinder-tras-denuncia-de-abuso-sexual

11 El país, Una fiscalía desestima el testimonio de niños abusados en México, recuperado el 25-04-2016, en línea en: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/23/mexico/1461380962_420230.html

12 Animal Político, Padres del kínder Matatena denuncian que no hay avances en caso de presunto abuso sexual de niños, recuperado el 29 de abril del 2016, en línea en: http://www.animalpolitico.com/2016/04/padres-del-kinder-matatena-denuncian-que-a-20-dias-no-hay-avances-en-caso-de-presunto-abuso-sexual-de-ninos/





 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a promover esquemas tarifarios que permitan reducir el cobro de las comisiones vigentes por retiro y consulta de saldo a los usuarios en operaciones interbancarias. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, MARIA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento por los artículos 8, numeral 1, fracciones II y X, 95,103, numeral 2, tracción 111,108,109, 276 Y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL BANCO DE MÉXICO Y LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES A PROMOVER ESQUEMAS TARIFARIOS QUE PERMITAN REDUCIR EL COBRO DE LAS COMISIONES VIGENTES POR RETIRO Y CONSULTA DE SALDO A LOS USUARIOS EN OPERACIONES INTERBANCARIAS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A pesar de que nuestro país se encuentra inmerso en un entorno internacional adverso, en México los principales indicadores financieros han mostrado un ajuste ordenado y se mantiene un ritmo de crecimiento mayor al observado en 2014. La economía nacional crece de manera balanceada y con fundamentos sólidos que le permitirán seguir acelerando su crecimiento en 2016. Lo anterior impulsado por una agenda de reformas estructurales, que ya están mostrando beneficios tangibles para la población.

Han transcurrido más de dos años de la promulgación de la Reforma Financiera (10 de enero de 2014), con la cual se modificaron 34 ordenamientos, además de expedir la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Esta Reforma es muy significativa para el Sistema Financiero Mexicano, y representa un parte aguas en la historia financiera de nuestro país al contribuir al crecimiento de la economía nacional. Sin embargo, su implementación se ha realizado de manera gradual, derivado del gran número de modificaciones a los ordenamientos legales.

La evolución de la actividad económica en 2015 se ha traducido en una aceleración de la generación de empleos formales. Al 31 de julio de 2015, el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ascendió a 17.7 millones de personas, nivel que implica una creación anual de 753 mil empleos (4.4 por ciento) y un aumento de 479 mil plazas (2.8 por ciento) con respecto a diciembre de 20141. Lo anterior se complementa con los datos del mes de marzo del presente año reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo2, que señala que la tasa de desocupación del país disminuyó, al situarse en 3.7% de la Población Económicamente Activa.

Los datos anteriores son positivos para la economía nacional, aunado a esto es importante mencionar que a partir del 1 de octubre de 2015, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONSAMI) homologó la zona económica “B” y “A”, con lo cual el salario mínimo en todo el país es de 70.10 pesos. Esta medida impulsará el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos que laboran en la zona económica “B”. En este sentido, resulta fundamental destacar la Reforma para la desindexación del salario mínimo aprobada recientemente. Ambas medidas son fundamentales para garantizar un salario digno a los trabajadores en el país.

En cuanto a las remuneraciones, de diciembre del 2012 a diciembre del 2015, el salario mínimo general promedio acumuló una recuperación en su poder adquisitivo de 5 por ciento. Y al finalizar este año, el salario mínimo tendrá una recuperación acumulada, prevista y proyectada, de al menos 6 por ciento.

Sin embargo, el salario mínimo en México continúa siendo de los más bajos de América Latina3, comparando el poder de paridad de compra como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, así como su nivel respecto de la línea de pobreza y grado de cumplimiento con las necesidades del trabajador y su familia.

De lo anterior la importancia de promover la cultura financiera en el país, ya que se vuelve fácil y seguro para los trabajadores tener su dinero guardado en los bancos, y representa una manera de ahorro al no tener el dinero en efectivo a su disposición para gastarlo en cualquier momento. Aunque gozar de una cuenta bancaria no garantiza limitar el gasto, sí funciona como una forma de control. Sin embargo, México cuenta con uno de los niveles más bajos de bancarización4.

Según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2012, solamente el 35.5 por ciento de adultos en nuestro país tienen alguna cuenta bancaria, de este universo sólo el 24% utilizan cajeros automáticos. Los anteriores datos señalan que únicamente 17 millones de personas utilizan este medio para disponer de efectivo.

Y de acuerdo con el informe Global Findex 2014 del Banco Mundial (BM)5, sólo 39 adultos por cada 100 tienen una tarjeta o cuenta bancaria en México. Este bajo nivel de bancarización representa un fuerte obstáculo para el ahorro de las familias y para el crecimiento del país.

Sobre lo anterior, el mismo informe señala que de 2011 a 2014, unas 700 millones de personas en el mundo se convirtieron en titulares de cuentas en bancos, otras instituciones financieras o proveedoras de servicios de dinero móvil, lo que elevó el nivel de bancarización del 51 al 62 por ciento; muy por encima del mexicano.

En nuestro país, en el caso de las cuentas de débito, los bancos ofrecen distintos tipos: básica, de nómina, clásica y premium. Encontramos entonces, que las tarjetas de nómina son las más utilizadas por la clase trabajadora, quienes reciben su sueldo cada quincena en estas tarjetas. Al respecto, Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados en 2014, señaló que a diciembre de 2013 había en México 103 millones de tarjetas de débito.

Actualmente, la CNBV es la institución que regula la operación interna de los bancos, y su interacción con el sistema financiero.

Las comisiones bancarias son cobros determinados que realiza el banco por la prestación de servicios, ya sea en cuentas de débito o crédito, y son por una cuota fija que designa el banco. Éstas son distintas a las tasas de interés, que son los porcentajes que los bancos pagan por una cuenta de débito y cobran por un crédito que otorgaron; éstas varían de acuerdo con el monto que se deposite o preste.

Las comisiones que los bancos cobran por los servicios de pago al público en general, se cobran al momento de dar el servicio y en la comisión por anualidad a fin de año. Estas comisiones, si son suficientemente accesibles, pueden dar incentivos para que se utilicen medios de pago más eficientes.

En México, los cajeros automáticos constituyen uno de los principales puntos de contacto entre los usuarios de servicios bancarios y los bancos, ya que facilitan la realización de operaciones sin necesidad de ir a una sucursal.

Los principales usos de los cajeros automáticos siguen siendo el retiro de dinero en efectivo y la consulta de saldos, aunque hoy en día el tipo de operaciones que se pueden llevar a cabo en ellos se ha ampliado considerablemente. Por ejemplo, dependiendo del banco, se pueden realizar transferencias entre cuentas, pago de servicios, pago de impuestos, consulta de estado de cuenta de las cuentas de ahorro para el retiro, pago de tarjetas de crédito, compra de tiempo aire para teléfonos celulares y manejo de cuentas de inversión, entre otras. 6

Es preciso mencionar que la regulación relacionada con los cajeros automáticos ha tenido modificaciones importantes en los últimos años. En particular en el 2010, cuando se establecieron diversas reglas y límites al cobro de comisiones en cajeros automáticos.

Por ejemplo, el Banco de México prohibió el cobro de comisiones por retiros de efectivo, consultas de saldo, depósitos en cuenta y pago de créditos, en ventanilla y en cajeros automáticos operados por las propias instituciones de crédito que lleven la relación con el cuenta habiente; esto ha significado un gran apoyo para las familias, sin embargo, no ha sido suficiente.

Para ayudar al público en general a comparar los servicios de captación y los servicios de pago que ofrecen los bancos, el Banco de México publica las comisiones máximas que cobra cada banco por dichos servicios.

No obstante lo anterior, la concentración del mercado por parte de los grandes bancos redunda en altos costos de operación para los usuarios e inhibe las transacciones de montos bajos; de ahí que muchos mexicanos no tengan acceso a este tipo de medios de pagos o no les resulte atractivo.

Datos de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) refieren que al tercer trimestre del 2013, se habían realizado 365 millones de transacciones en los más de 40,000 cajeros automáticos que hay en el país. De éstas, 348 millones fueron en dispositivos propios del banco emisor de la tarjeta y sólo 17 millones resultaron ser operaciones interbancarias. Además, 98% de las transacciones se realizó con tarjeta de débito.

Sin embargo un dato a resaltar es que más del 90% de estos cajeros se encuentra en zonas urbanas y sólo una mínima parte en regiones rurales lo que muchas veces obliga a las personas a utilizar cajeros de otros bancos.

Si bien existe un amplio debate sobre el cobro de las comisiones, ya sea como incentivo para ampliar la RED de cajeros automáticos o como causa de problemas de competencia y mayor concentración en el mercado, la realidad es que en el caso de México, la práctica ha demostrado que la introducción de comisiones por retiro interbancario (surcharge) parece estar más ligada a una mayor concentración de mercado por parte de los grandes bancos que operan en el país. Incluso datos de la CNBV demuestran que el crecimiento en el número de cajeros automáticos disminuyó a partir de 2010, por lo que no parece que el cobro de comisiones esté generando incentivos en esta materia.

Aunado a lo anterior, si tomamos en cuenta el salario mínimo y comisiones actuales, las cuales están en su mayoría entre los 20 y 35 pesos, resulta muy caro para los trabajadores, especialmente los que viven en zonas rurales, hacer retiros en efectivo.

Lo anterior inhibe el uso de los sistemas bancarios y orilla a los trabajadores a hacer retiros grandes en los cajeros, lo cual afecta sus finanzas, evita el ahorro de sus ingresos en las instituciones bancarias y los deja en un estado de vulnerabilidad, al ser víctimas de constantes asaltos.

Es por lo anteriormente expuesto por lo que sometemos a consideración de esta Soberanía el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO

Único: Se exhorta respetuosamente al Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a promover esquemas tarifarios que permitan reducir el cobro de las comisiones vigentes por retiro y consulta de saldo a los usuarios en operaciones interbancarias.

Dado en el salón de Plenos de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 11 de mayo de 2016.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.

1 Criterios Generales de Política Económica 2016. SHCP.
http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/finanzas_publicas_criterios/cgpe_2016.pdf

2 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/

3 El salario mínimo promedio para la región fue de 262.6 dólares en 2011, en México el salario mínimo promedio se situó en 121.5 dólares, ubicándose como el tercer país con el menor salario mínimo medio de la región, sólo por debajo de Bolivia y Nicaragua. En 2000, el salario mínimo en Latinoamérica fue de 123.3 dólares y en México de 96.6 dólares, con lo que once años atrás fue el séptimo país de la zona con menor salario mínimo. En el lapso 2000-2011, el salario mínimo en México aumentó en 24.9 dólares y en toda América Latina en 139.4 dólares. En esa década el país fue superado por Honduras, Brasil, Ecuador y Uruguay.

4 Esto se refiere al uso masivo del sistema financiero formal por parte de los individuos, para la realización de transacciones financieras o económicas incluyendo no solo los tradicionales servicios de ahorro y crédito, sino también la transferencia de recursos y la realización de pagos a través de la red bancaria formal (tarjetas, remesas, etc.)

5 http://www.worldbank.org/en/programs/globalfindex

6 Yearim Valles "Cajeros Automáticos En México: Análisis Para El Crecimiento De La Red" CNBV. Estudios Económicos. Volumen 3, 2015





 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar y destinar recursos económicos     suficientes para la construcción de un distribuidor vial en la carretera Mérida-Tizimín, entronque con Motul-Telchac Pueblo, en el estado de Yucatán. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA Ruiz, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la República, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

Los municipios del estado de Yucatán requieren hoy más que nunca del fortalecimiento de las comunicaciones, incluyendo la construcción y modernización de la infraestructura carretera, para facilitar el traslado de productos y servicios eficientes y sobre todo seguros.

La infraestructura civil en tiempos modernos, es responsable del crecimiento sin precedentes del desarrollo socioeconómico de un estado y de la calidad de vida es su sistema de infraestructura carretero.

La infraestructura vial, incluyendo puentes y todo el mobiliario tanto en el entorno urbano como rural, ha ido evolucionando con un énfasis inicial la movilidad de sus autopistas, carreteras y accesibilidad con sus conexiones y calles locales hasta convertirse hoy en día en un sistema integrado compartido, el cual tiene como propósito atender las necesidades de los peatones, ciclistas, motociclistas y personas con impedimento en un ambiente “seguro” para todos.

Sin embargo, la seguridad vial es uno de los problemas que presenta la infraestructura carretera de nuestro país ya que cerca del 60% de los tramos existentes se construyeron hace más de 40 años, con criterios de diseño, especificaciones y materiales diferentes a los exigidos hoy en día, aunado al crecimiento demográfico y por ende a las exigencias actuales de circulación y seguridad. También, el volumen de tránsito que circula actualmente por la red federal es mucho mayor a lo previsto en su diseño original; baste mencionar que el porcentaje de vehículos pesados se ha incrementado hasta en 50% en algunos tramos.

Por ello, aún con todos los adelantos tecnológicos para reducir la severidad de choques y salvar vidas, lamentablemente, en nuestro país y en concreto en nuestro estado, el número de muertes por accidentes carreteros ha ido en aumento; muchas veces por el mal estado de la infraestructura, la falta de accesos seguros a vías rápidas o bien, su mala planeación. Las alarmantes cifras requieren una acción concertada y estratégica del gobierno, en combinación con la sociedad civil, para contrarrestar esta crisis que afecta a todas nuestras familias y futuras generaciones.

Para el caso concreto del estado de Yucatán, existen varias carreteras que requieren de modernización y/o ampliación, y que por su localización, de realizarse las mejoras respectivas repercutirán en una mayor seguridad vial para conductores y población en general.

Este es el caso de la carretera federal Mérida-Tizimín, entronque Motul-Telchac Pueblo; un área donde se han presentado en los últimos años innumerables accidentes de tránsito, donde han perdido la vida tanto jóvenes como adultos.

Los pobladores de Motul-Telchac aseguran que no sólo se necesitan vibradores en este entronque, sino al igual que en Baca, se necesita construir un distribuidor vial para evitar accidentes de tránsito y peatonales.

Lamentan que ya sean varias personas que intentan cruzar la carretera federal Mérida-Tizimín, entronque Motul-Telchac, y hayan sufrido algún accidente automovilístico, y que en varios casos han perdido la vida. Por otra parte, persisten múltiples accidentes automovilísticos entre carros y motocicletas, convirtiéndose en un entronque de alta peligrosidad para automovilistas, motociclistas y peatones por sus impactos mortales.

Los accidentes en su mayoría se pueden prevenir, sin embargo, se requiere de disposición y atención de las autoridades competentes para brindar una solución, que si bien requiere una inversión económica, ésta resulta mínima en comparación con el beneficio y seguridad que generará en la población.

Por lo anterior, es necesario que las autoridades consideren la destinación de parte de su presupuesto a la construcción de un distribuidor vial en la carretera federal Mérida-Tizimín, entronque Motul-Telchac Pueblo, con la finalidad de disminuir los accidentes automovilísticos que mantienen en angustia a los pobladores.

En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Yucatán, y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), considerar el destino de recursos económicos suficientes para la construcción de un distribuidor vial en la carretera federal Mérida-Tizimín, entronque Motul-Telchac Pueblo, Yucatán.

Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Atentamente

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.





 

De los Diputados Juan Fernando Rubio Quiroz y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a establecer de inmediato un comité técnico multisectorial en el área del complejo petroquímico de “Pajaritos” en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, que permita lograr la reducción y eliminación de fuentes industriales generadoras de compuestos orgánicos persistentes, como dioxinas y furanos, así como otras sustancias químicas peligrosas para la salud humana y el ambiente en la zona. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Dip. JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ y Dip. OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado miércoles 20 de abril, a las 15:15 hrs. ocurrió una explosión e incendio en la Planta Clorados 3 de la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), ubicada en el denominado Complejo Petroquímico de “Pajaritos” en el Municipio de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. La Planta Clorados 3 esoperada por la empresa Mexichem, en sociedad con Pemex y produce el monómero de cloruro de vinilo a partir del etileno y el cloro. El monómero de cloruro de vinilo es el componente principal para la producción del plástico PVC, pinturas, embalajes, entre otros productos.

La gran magnitud de la explosión originó una onda expansiva de más de 10 kilómetros de ancho y una enorme nube negra de residuos tóxicos producto del estallido, hasta el momento se desconocen lascausas que desencadenaron el incidente.

Infortunadamente, como consecuencia de dicha explosión e incendio se tiene conocimiento de 32 trabajadores fallecidos y más de un centenar de heridos, de los cuales 13 se encontraban en estado grave.

Debe señalarse, que como diversos medios de comunicación reportan, la Planta Clorados 3 ha tenido otros accidentes, uno grave sucedió el 11 de marzo del 1991, cuando en otra explosión e incendio perdieron la vida 4 trabajadores, causando heridas a más de 300 trabajadores.

Por ello, es necesario, que tanto las empresas responsables, Petróleos Mexicanos y Mexichem, como las autoridades, en especial del sector ambiental y de la salud, en el ámbito de sus respectivas atribuciones deben de manera coordinada e inmediata realizar los estudios correspondientes para descartar o en su caso remediar las posibles consecuencias que tenga en la población y el medio ambiente el contacto con sustancias químicas peligrosas derivadas de este accidente.

Al respecto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), ha comunicado desde el día del accidente, que se encuentra atendiendo el mismo, en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), dentro de sus respectivas atribuciones. En dicho sentido, el pasado 28 de abril, la PROFEPA comunicó en su Boletín de Prensa BP/352-16, que ordenó medidas de seguridad y correctivas a la Planta Clorados 3, a través de su clausura temporal, ya que a su “criterio en las acciones de respuesta para el control de dicho evento se generaron residuos peligrosos provenientes de las diferentes sustancias químicas que se encontraban en los equipos de proceso como el ácido clorhídrico, Etano, Etileno, catalizador de Cloruro Cúprico y 1,2 Dicloroetano, los cuales tiene características de peligrosidad y deberán ser retirados y enviados a empresas autorizadas”….”Asimismo, la PROFEPA ha ordenado realizar y presentar un Estudio de caracterización y un programa de remediación, ya que los materiales y residuos peligrosos generados con motivo de la explosión, incendio y acciones para su atención pudieron haberse desplazado en la parte interna y externa del Complejo petroquímico.” 

Sin embargo, consideramos que estas medidas pueden ser insuficientes, ya que procesos industriales que usan cloro, como es el caso de la Planta Clorados 3, tienen el potencial de formar, de manera no intencional dioxinas, y un grupo de sustancias químicas peligrosas emparentadas, comolos furanos, queposeen propiedades tóxicas similares. Dicha generación de dioxinas y furanos, puede suceder durante la producción del monómero de cloruro de vinilo y con la incineración de los desechos clorados de la producción.

Las dioxinas y los furanos, así como otras sustancias químicas análogas, son contaminantes ambientales que pertenecen a la llamada «docena sucia»: un grupo de productos químicos peligrosos que forman parte de los llamados contaminantes orgánicos persistentes (COP). Dichas sustancias químicas son identificadas como de las más tóxicas producidas por las actividades antropogénicas. Las dioxinas son preocupantes por su elevado potencial tóxico. y pueden provocar problemas de reproducción y desarrollo, afectar el sistema inmunitario, interferir con hormonas y, de ese modo, causar cáncer.

Por esta razón, se propone este punto de acuerdo, debido al enorme riesgo que pueden representar las sustancias químicas peligrosas liberadas al ambiente como resultado de la explosión e incendio ocurrido en la Planta Clorados 3. Esto debido a posibles niveles altos de exposición de las personas y demás seres vivos en el área de influencia de dicha Planta.

Finalmente se debe señalar, que para que estos accidentes y sus posibles consecuencias de daños ambientales y de salud pública no vuelvan a suceder, el Gobierno Federal a través de las instituciones primordialmente del sector ambiental y de la salud, así como Petróleos Mexicanos deben trabajar de manera muy coordinada y programática en la zona del Complejo Petroquímico de “Pajaritos” en el Municipio de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, y sus alrededores. En especial, con el objetivo de lograr la reducción y eliminación de fuentes industriales generadoras de compuestos orgánicos persistentes, como dioxinas y furanos, así como otras sustancias químicas peligrosas para la salud humana y el ambiente en la zona.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de ésta H. Comisión Permanente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Salud, así como la Empresa Petróleos Mexicanos, dentro de sus respectivas atribuciones, establezcan de inmediato un comité técnico multisectorial en el área del Complejo Petroquímico de “Pajaritos” en el Municipio de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, que permita lograr la reducción y eliminación de fuentes industriales generadoras de compuestos orgánicos persistentes, como dioxinas y furanos, así como otras sustancias químicas peligrosas para la salud humana y el ambiente en la zona.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Salud, así como la Empresa Petróleos Mexicanos, dentro de sus respectivas atribuciones, realicen las investigaciones y estudios necesarios para evaluar la posible contaminación por compuestos orgánicos persistentes, como dioxinas y furanos, así como otras sustancias químicas peligrosas para la salud humana y el ambiente, generadas como resultado de la explosión e incendio ocurrido el día 20 de abril del 2016 en la Planta Clorados 3 de la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), ubicada en el denominado Complejo Petroquímico de “Pajaritos” en el Municipio de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Suscriben

Dip. Juan Fernando Rubio Quiroz.- Dip. Omar Ortega Álvarez.





 

Del Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a eliminar su campaña emprendida en contra de las radios comunitarias, bajo el slogan “Se busca por robo”, así como responder públicamente a las organizaciones y medios de comunicación pronunciadas al respecto. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Diputado VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA, integrante del grupo parlamentario de MORENA, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Durante las últimas décadas diversas organizaciones civiles y de defensoría de derechos de los pueblos indígenas han denunciado la falta de acceso de los pueblos indígenas a adquirir, administrar y operar sus propios medios de comunicación.

Esta problemática no es ajena al contexto general que se vive en el país en lo que respecta al acceso, promoción y aseguramiento de un sistema democrático de medios de comunicación para toda la población, no obstante, el Poder Ejecutivo Federal ha otorgado pautas para radiodifusión.

En 1979 el Instituto Nacional Indigenista promovió el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas (con fines educativos y de castellanización), para hacerlos partícipes de las políticas de desarrollo rural implementados por el gobierno.

En la década de 1980 la apuesta institucional giró en torno al rescate, conservación y difusión de las culturas y tradiciones indígenas como la promoción de la participación de la audiencia. Para los años 90, se constató que las regiones indígenas con acceso a una radio local, constituían “el medio más importante de comunicación para los pueblos indios”.1

Destacan entre estas investigaciones la realizada por Lucila Vargas2 en la cual destaca la importancia del uso social de las radios para la integración comunitaria, como una estrategia de supervivencia y como una forma de oposición al racismo y la discriminación; además de ofrecer una reflexión respecto a las condiciones de las mujeres indígenas y la limitada participación de los pueblos y comunidades indígenas en la gestión de emisoras.

Es a principios de los 90, cuando diferentes investigaciones revelaron que las radios indígenas se convirtieron en un instrumento de comunicación mediante el cual se difunden la lengua, la cultura y los avisos de la comunidad.

Producto de la reivindicación de los pueblos indígenas por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en 1996, se firmaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar donde, entre otras cosas, se reconoció el derecho de las comunidades a operar sus propios medios de comunicación, lo que derivó en la modificación del artículo 2º constitucional.

En 2003 el Instituto Nacional Indigenista (INI) fue sustituido por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), transición que originó algunos problemas de operación de los programas destinados al desarrollo de los pueblos indígenas.

Pese a ello, hasta la década del 2000 en los estudios institucionales e investigaciones académicas, a las radios indígenas siempre se les clasificó como “populares”, “participativas”, “comunitarias”, y en ningún momento se les tildó de “ilegales” o “piratas”, tampoco se les acusó de cometer delito alguno por ejercer su derecho a comunicar, así como por obtener y operar sus propios medios de comunicación.

Con la aprobación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, una de las grandes promesas fue la democratización del sistema de medios y el reconocimiento constitucional de la libre expresión de las comunidades y ciudadanía en general. Con la posterior promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LTR) en 2014, organizaciones de la sociedad civil lograron, entre otras cosas para las concesionarias de uso social, la reserva del 10 por ciento la banda de espectro de radiodifusión sonora que va de los 88 a los 108 MHz FM y se les “dotó” con el 1% de publicidad oficial. Lo cual, por un lado, no asegura el otorgamiento de concesiones ni una transmisión con calidad y, por otro, anula la posibilidad de transmitir publicidad comercial o patrocinios.

Pese a los avances en materia de reconocimiento, promoción y aseguramiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas -entre los que se encuentran su derecho constitucional al acceso y a la operación de sus propios medios de comunicación- el valor que las instituciones le otorgan a la experiencia radiofónica de las comunidades indígenas parece ser contradicha en una campaña emprendida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) contra las radios comunitarias.

A la vez, el Instituto parece ser rebasado por las demandas de los concesionarios de uso comercial y las denominadas radios independientes, en tanto no es capaz de tender puentes con las poblaciones indígenas y comunitarias que también demandan el diálogo e información en sus términos y lengua materna.

Semejante situación se ve reflejada en la campaña implementada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) difundida en prensa escrita: “SE BUSCA POR ROBO. Transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito”; así como en el spot “Estaciones sin concesión”. Difundida a partir del 23 de marzo en su primera etapa, y cuya segunda etapa inició el 12 de abril y continuará hasta el 6 de junio, la cual se difunde a través de radio, internet y perifoneo.

Por tal situación el 4 de abril del año en curso, diversas organizaciones, defensores y defensoras de derechos humanos, académicos, medios sociales, comunicadores y periodistas en conjunto solicitaron al IFT retirar “de manera inmediata la campaña Se Busca por Robo”, amparados en el 8º constitucional.3 Toda vez que esta campaña publicitaria en contra de las radios comunitarias fomenta la violación de los derechos humanos de las personas a su cargo, como los derechos colectivos de las comunidades indígenas.

CONSIDERACIONES

Actualmente, el reto consiste en la elaboración e implementación de propuestas que permitan a la totalidad de la población mexicana crear procesos y mecanismos de comunicación no violentos. La campaña “SE BUSCA POR ROBO. Transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito”, en ambas etapas, no sólo atenta directamente contra los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, sino que profundiza en la desconfianza de la población en las instituciones.

Uno de los objetivos de la Reforma constitucional y de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones consistía en rediseñar el marco jurídico para garantizar el derecho a la comunicación, así como proveer las condiciones que le permitieran ejercer ese derecho a sectores a los que históricamente les había sido negado. De ahí que resulte contradictorio que antes de crear y asegurar dichas condiciones para acceder al mismo, las instituciones correspondientes criminalicen a estos sectores por intentar ejercer un derecho humano que el Estado les ha sustraído sistemáticamente.

Esta circunstancia contraviene las observaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su documento “Estándares de Libertad de Expresión para una Radiodifusión Libre e Incluyente” donde recomienda que: “La regulación sobre radiodifusión sólo puede contemplar aquellas restricciones que sean necesarias, idóneas y proporcionales para lograr la finalidad que se persigue.”

Es claro que la criminalización de las comunidades indígenas a través de la campaña “Se busca por Robo” no ayudará a cumplir la finalidad última de la legislación en relación con las Radios Comunitarias que consiste en garantizar el derecho de los pueblos al acceso a los medios de comunicación.

Al respecto, la Relatoría añade que: “tanto la  CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos] como la Corte Interamericana han considerado, en todos los casos concretos que han sido objeto de su estudio y decisión, que la protección de ciertos derechos vulnerados por el ejercicio de la libertad de expresión por medio de sanciones penales resultaba desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática”.

Además de contravenir los estándares que la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomiendan para una sociedad democrática, la campaña profundiza la desconfianza de las comunidades indígenas, mestizas, negras y mulatas en las instituciones democráticas.

De acuerdo con el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía (2014), presentado por el Instituto Nacional Electoral, “las personas que se identifican como blancas expresan mayor confianza (41%) que las mestizas (37%), las indígenas (35%) y las negras o mulatas (36%)”.

Este tipo de compañas no hace más que profundizar la brecha existente entre las instituciones y las comunidades mestizas, indígenas y negras o mulatas, y pareciera demostrar que el derecho de unos cuantos se encuentra por encima del de los pueblos y comunidades indígenas, al denostar en los hechos preferencia por las empresas y concesiones de uso comercial, toda vez que bajo el respaldo del principio de competencia efectiva estipulado en la ley se criminaliza a la radiodifusión indígena.

De acuerdo con el informe antes citado, el “país se sigue manteniendo en niveles bajos de confianza, tanto interpersonal como institucional. La desconfianza institucional puede también provocar un cierto cinismo ciudadano hacia el sistema político hasta derivar en la apatía”.4

El Instituto Federal de Telecomunicaciones no debe ser ajeno a la democracia y al Estado de Derecho, debe demostrar que existe voluntad política para mantener el diálogo y, por ende, escuchar a las comunidades indígenas, a las organizaciones sociales, a los defensores de derechos humanos, comunicadoras, académicos y periodistas.

Los derechos de los pueblos y comunidades se respaldan en la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, misma que entre otros derechos señala en su artículo 15 fracción 2: “Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas interesados para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad”. Así como en el Artículo 16 fracción 1: “Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación”.

De la misma manera que en el Artículo 2º constitucional, Apartado B, fracción VI, el cual estipula “Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen”.

Por otro lado, el Artículo 298 de la LFTR no establece infracción alguna en la prestación del servicio de telecomunicaciones o radiodifusión sin concesión. Es por ello que exhortamos al IFT reconozca formalmente los derechos de los pueblos originarios y en su caso implemente campañas y programas que permitan el correcto ejercicio de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas consagrados en la CPEUM y otorgue la facilidad para que las concesionarias de uso social operen en el marco de la ley.

En el contexto de la campaña se busca por robo se han incautado equipos de transmisión, lo cual viola el artículo 7º constitucional en el que se advierte: “en ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información opiniones e ideas como instrumento de delito”.

Recientemente el Pleno del IFT autorizó a 23 permisionarios la transición al régimen de concesión para uso social de los cuales solamente una fue otorgada a una radio comunitaria indígena.

En el libro Hacia una razón antidiscriminatoria, editado por Conapred y Segob, el académico, Jesús Rodríguez Zepeda, señala desde los ámbitos político y jurídico que: “La discriminación es una forma injustificada de desigualdad de trato, de implantación social, duración histórica, alcance estructural y motivada por la estigmatización y prejuicios, que se ejerce contra una persona o grupo de personas, y que tiene por efecto –intencional o no- anular o limitar tanto sus derechos y libertades fundamentales como su acceso a las oportunidades relevantes de su contexto social”. 5

Bajo esta conceptualización, resulta más evidente el actuar del IFT quien mediante esta campaña emprendida en prensa escrita y spots, estigmatiza a poblaciones y comunidades indígenas, además de que “anula y limita sus derechos y libertades fundamentales como su acceso a las oportunidades relevantes de su contexto social”, al legitimar la criminalización de las radios comunitarias, por medio de una campaña publicitaria. 

Por lo anteriormente expuesto someto ante esta soberanía el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones a retirar su campaña “SE BUSCA POR ROBO. Transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito” difundida en prensa escrita, así como el promocional “Estaciones sin concesión”, transmitido en radio, internet y perifoneo.

SEGUNDO.-. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones  a responder públicamente a las radios comunitarias e indígenas, organizaciones de la sociedad civil, académicos y periodistas firmantes, el comunicado publicado el 4 de abril del año en curso en medios electrónicos.6

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al IFT implementar una campaña permanente de diálogo y trabajo conjunto con las comunidades y pueblos indígenas para el otorgamiento de concesiones de uso social.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Atentamente

Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza

1 Cornejo, Portugal. “La radio cultural indigenista en México: dilemas actuales”, Universidad Iberoamericana, p. 64 http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmspys/article/viewFile/25963/24442

2 Vargas, Lucila. “Social Uses an Radio Practices. The Use of Participatory Radio by Ethnic Minorities in México”, Boulder Co., Westview Press.

3 Comunicado de organizaciones de comunicación comunitaria respecto a ala campaña del IFT “Se busca por robo”, en http://bocadepolen.org/web/?tag=ift

4 Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, (2014), IFT-Colmex, México
http://www.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Informe_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf

5 Luna, Teresa y Jesús Rodríguez Zepeda, coord. (2014), “Prolegómenos de una teoría política de la igualdad de trato”, en Hacia una razón antidiscriminatoria, Estudios analíticos y normativos sobre la igualdad de trato , SEGOB-CONAPRED-RINDIS, p 63.

6 COMUNICADO DE ORGANIZACIONES DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA RESPECTO A LA CAMPAÑA DEL IFT “SE BUSCA POR ROBO” en: http://bocadepolen.org/web/?tag=ift

ANEXO 1:

COMUNICADO DE ORGANIZACIONES DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA RESPECTO A LA CAMPAÑA DEL IFT “SE BUSCA POR ROBO”

Ciudad de México.- A partir del miércoles 23 de marzo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) divulgó en distintos medios de comunicación la campaña SE BUSCA POR ROBO. Transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito.  Las estaciones sin concesión nos afectan a todos.

Las organizaciones abajo firmantes declaramos que esta campaña contiene información falsa que alienta violaciones a los derechos humanos como las que han sido practicadas por autoridades locales que han allanado medios de comunicación que les son incómodos. Esto atenta contra el ejercicio de la libertad de expresión e información de la ciudadanía, especialmente de los sectores que impulsan la comunicación comunitaria e indígena.

Si bien la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) en su Art. 298 establece que la prestación de servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización constituye una infracción, no existe tipo penal alguno aplicable a esta conducta y mucho menos equiparable al robo. Es más, la sanción prevista en el Art. 305 de la LFTR que se refiere a la pérdida en beneficio de la Nación de los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones, infringe el segundo párrafo del Art. 7º. Constitucional, pues en ningún caso pueden secuestrarse bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento de delito.

Los Artículos 149 y 150 de la Ley de Bienes Nacionales han sido utilizados para tratar de inculpar a comunicadores comunitarios alegando que el uso de espectro sin concesión cae en el supuesto tipificado por dichos artículos. Este argumento es cuestionable, pues podría aplicarse a cualquier persona que usa una red Wi Fi o bien, enviar a la cárcel a comunidades enteras que han decidido instalar una emisora de radiodifusión.

En este sentido, vale la pena recordar lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión menciona al respecto:

La Relatoría reitera la obligación de las emisoras comunitarias de operar de acuerdo a las leyes, pero insiste que estas leyes deben adecuarse a estándares internacionales y deben hacerse cumplir mediante el uso de sanciones administrativas proporcionales y no mediante el empleo del derecho penal.

A diferencia de la información promovida desde el IFT para la defensa de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, la publicidad del organismo en materia de radiodifusión ha tendido a criminalizar y perseguir a medios que no cuentan con concesión, aunada a una inexistente promoción de los derechos de las audiencias en este rubro.
Si el IFT busca que los medios que no cuentan con concesión funcionen de acuerdo al marco normativo vigente, debe facilitar información que contribuya a ello e impulsar las obligaciones de pluralidad de los concesionarios existentes, asegurando un ambiente para el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Además, es obligación del IFT fomentar el desarrollo de los medios comunitarios e indígenas reservándoles el 1% de su presupuesto para servicios de comunicación social y publicidad, lo que hasta ahora no ha sucedido.

 8º Constitucional y en las disposiciones antes referidas, solicitamos al IFT se retire de manera inmediata la campaña Se Busca por Robo.

Convocamos a una conferencia de prensa el miércoles 6 de abril a las 11hrs. en el Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (CENCOS) (Medellín 33 Col. Roma) donde expondremos nuestro posicionamiento frente a dicha campaña, así como una queja que se presentará próximamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Organizaciones e instituciones

REDES A.C.
Erick Huerta Velázquez
Daniela Parra Hinojosa
Rodrigo Huerta Reyna
Blanca Cruz Cárcamo
Ojo de Agua Comunicación A.C.
Eva Melina Ruiz
Paola Morales Vázquez
Roberto Olivares Ruiz
Clara Morales Rodríguez
Sergio Julián Caballero
Guillermo Monteforte
AMARC México
Héctor Camero Haro – Representante Nacional
Irina Vázquez Zurita – Coordinadora Ejecutiva
Elsa Castorela Castro – Representante de la Red de Mujeres
Mesa Nacional AMARC México
Rocío Román Fernández
Bruno Salazár
Alejandro Barrón
Comunicación Comunitaria A.C.
Aleida Calleja
Red de Comunicadores Boca de Polen A.C.
Alejandra Carrillo Olano
Ana Emilia Palacios Flores
Ana Luisa Gamble Sánchez-Gavito
Arturo Espinoza
Francia Gutiérrez Hermosillo
Geraldina Nayeth Lázaro Avila
Iván Rubén Fernández Álvarez
Luis Eugenio Bermejillo Gamble
Manuel Gómez Méndez
María Isabel Bermejillo Gamble
Mauricio Álvarez
Paulina Sentíes
Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC)
José del Val
Juan Mario Pérez
Seminario de Radio y Comunicación Indígena
Preparatoria por Cooperación José Martí
Instituto Superior Intercultural Ayuuk (ISIA)
Raíces costeñas A.C.
AIPIN
Congreso Nacional de Comunicación Indígena
Servicios para una Educación Alternativa (Educa) A.C.
Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos de Oaxaca (SURCO) A.C.
SER A.C.
Desarrollo Comunitario y Cultural Ma Nguhe A.C.
Cipriano Ángeles Pascual
Martha Delia González
Salud Integral para la Mujer (SIPAM) A.C.
María Eugenia Chávez – Coordinadora Eje estratégico de Libertad de Expresión
Fundación de Santa María para la Promoción Indígena y Agroforestal A.C.
Oswaldo Martínez Flores
Universidad Comunal Intercultural del Cempoaltépetl 
 Académicos
Carlos Cortez Ruiz – UAM
Catalina Eibenschutz – UAM-X
Rafael Calderón Arózqueta – Depto. de Producción agrícola y Animal UAM-X
Carlos Baca Feldman – Estudiante Doctorado Sociología BUAP
Radios
Radio Wuty Já
Radio Laklumal
XETUMI La Voz de la Sierra Oriente
Radio Juchari Uinapekua
Radio Mayääw
Radio Estereo Comunal 94.1
Radio Muk´ul Lum
Radio Ñuu Kaan
Ixhuateca Radio
Estéreo Lluvia
Radio Las Voces de los Pueblos 102.1 F.M.
Radio Caracol
Radio Estéreo Comunal
Radio Frecuencia Libre 99.1 F.M.
Radio Totopo
Radio Comunitaria Cholollan
Comunidades indígenas
Representación indígena y Ayuntamiento de Tututepec
Independientes
Laura Leticia Cervantes Naranjo
Janet López
Noé Pineda
Gabriel García
Héctor Javier Sánchez
Leonardo Toledo
Kathia Loyzaga
Edilberto Cardoso
Pedro Hernández
Mayte Ibarguengoitia González
Primavera Téllez Girón – Periodista
Luis Miguel Carriedo y Gerardo Montes – Programa de Radio Espacio AMEDI
Carlos Padilla – Director de la Revista Zócalo
Dalila Hernández – Realizadora y productora independiente





 

De la Diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, a la Procuradora General de la República y al Secretario        Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a redoblar esfuerzos orientados a establecer estándares mínimos en la formación de peritos. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, número 1, los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados  y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de la República, a la Procuradora General de la República y al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para redoblar esfuerzos orientados a establecer estándares mínimos en la formación de peritos; homologar una base mínima en la oferta curricular que se imparte en las escuelas, universidades e institutos de Ciencias Forenses; a impulsar la participación de este tipo de profesionistas en programas internacionales de capacitación, y a coordinarse, fomentar y promover la generación de profesionistas calificados para participar como peritos y especialistas aptos para fortalecer las investigaciones, tanto a nivel nacional como las que se realizan a nivel estatal, en materia policial y ministerial, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Al final de la década de 1990, la violencia criminal estableció una tendencia descendente en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, desde 18 mil 888 en 1997 a 13 mil 849 en 2000. Esta tendencia se mantuvo en descenso hasta 2007 cuando registró un mínimo histórico de 10 mil 253 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Posteriormente, en a partir de 2008 y en el marco de la inauguración de la “Estrategia” del Gobierno Federal contra la delincuencia organizada y el Plan Mérida, aceleró su crecimiento en 2009 y para 2010 alcanzó niveles  históricosen su aumento. Esto último, necesariamente influenciado por variables externas a las políticas de nuestro gobierno como fueron los operativos estadounidenses, similares a “Fast and Furious”; la fractura y enfrentamiento por el control de distintas organizaciones delictivas, y en el momento de mayor algidez en los enfrentamientos por territorios y mercados entre distintas organizaciones criminales.

La situación descrita llegó a su punto más alarmante en 2011, cuando la tasa era de 22 mil 852 homicidios por cada cien mil habitantes, cifra que superaba a países sudamericanos que históricamente habían sufrido despliegues de violencia delictiva o a países en situación de guerra.

Posteriormente, a partir de 2012 la situación reflejó una leve tendencia a la baja que continúo hasta los 15 mil 653 homicidios registrados en 2014. No obstante ello, en 2015 se tuvo noticia de un repunte a más de 17 mil muertes.

El repunte en la tasa de homicidios registrada en 2015 y sostenido al comparar los datos de los primeros cuatro meses en los últimos veinte años nos obliga a recordar las palabras del General y ex Secretario de Defensa Guillermo Galván Galván, en febrero de 2010, durante las celebraciones del día del Ejército, quién afirmó: «Sí se extiende en demasía, sí se alarga en exceso el trayecto de la confrontación, no sólo se incrementará el número de víctimas inocentes, también se causará un daño adicional a la población, porque podría terminar habituándose a la cultura de la violencia y esto sería la distorsión a las percepciones colectivas».

En ese momento, se estimaba un trayecto de confrontación de no menos de 10 años. Hoy ya transcurrieron seis años y la tasa de homicidios parece subir nuevamente.

Ante las circunstancias descritas, los integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano hemos sido congruentes, buscando impulsar iniciativas orientadas a mejorar la preparación de los policías, a fortalecer la independencia del ministerio público, a difundir de una cultura respetuosa de los derechos humanos y del adecuado proceso.

En consecuencia, en esta ocasión, el presente Punto de Acuerdo, se centra en el ineludible papel protagónico que en las investigaciones policiales y ministeriales deben tener las ciencias forenses. En este sentido, hemos observado que junto al aumento de las tasas de homicidios y de la incidencia delictiva, los presupuestos federales y locales han crecido de manera importante, al igual que el interés de muchas personas por especializarse o hacer una carrera en alguna de las ramas de las ciencias forenses.

Aunado a esto último, universidades, institutos, centros de educación superior y empresas han ampliado su oferta. No obstante ello, los servicios periciales de la PGR y de una gran cantidad de fiscalías y procuradurías siguen sobrepasados; las investigaciones policiales siguen presentándose sin sustentos adecuados, y la acreditación de delitos continúa siendo deficiente, en favor de la impunidad o de injusticias.

En contraste siguen proliferando escuelas, empresas y/o instituciones sin los recursos académicos adecuados para preparar en temas de ciencias forenses; continúa un gran número de solicitudes para registro ante la Secretaría de Educación Pública, y algunas instancias académicas siguen generando egresados sin las herramientas técnicas adecuadas.

En este sentido, como legisladora ciudadana, considero pertinente que en congruencia con diversas fracciones de los artículos 7 y 12 de la Ley General de Educación y con las facultades del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, realicemos un llamado a esas y otras instancias de seguridad pública y procuración de justicia para coordinarse mejor. Ello, en materia de capacitación y la formación de profesionistas y para la estandarización de una base curricular mínima para los estudiantes interesados en ciencias forenses que permita aumentar la calidad y agilizar los procesos de investigación que desempeñan nuestras instituciones policiales y ministeriales.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de la República, a la Procuradora General de la República y al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para redoblar esfuerzos orientados a establecer estándares mínimos en la formación de peritos; homologar una base mínima en la oferta curricular que se imparte en las escuelas, universidades e institutos de Ciencias Forenses; a impulsar la participación de este tipo de profesionistas en programas internacionales de capacitación, y a coordinarse, fomentar y promover la generación de profesionistas calificados para participar como peritos y especialistas aptos para fortalecer las investigaciones, tanto a nivel nacional como las que se realizan a nivel estatal, en materia policial y ministerial.

Dado en la Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Dip. María Elena Orantes López.

Centro Nacional de Información, Tasas por cada 100 mil habitantes 1997-2016, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Abril 2016. Disponible en
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/tasas%20por%20cada%20100%20mil%20habitantes/Tasas032016.pdf
Centro Nacional de Información, Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2016, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Abril 2016. Disponible en http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/cifras%20de%20homicidio%20doloso%20secuestro%20etc/HDSECEXTRV_032016.pdf





 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar y destinar recursos para la construcción de un distribuidor vial en la carretera federal número 176, Mérida-Motul, en el entronque con el municipio de Baca, en el estado de Yucatán. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la República, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

Las regiones de nuestro país requieren hoy más que nunca del fortalecimiento de las comunicaciones que incluyan la construcción y modernización de infraestructura carretera que permita el traslado de productos, y servicios así como un tránsito de las personas de manera rápida, eficiente y a un bajo costo.

EI sistema de transporte mexicano depende fundamentalmente de la red de carreteras. A través de ella fluye el 80% de las cargas que se mueven en el territorio y aproximadamente el 98% del movimiento de pasajeros.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, actualmente, la red carretera del país suma 374 mil 262 km, de éstos, 49 mil 169 km conforman la red federal (8 mil 459 km son autopistas de cuota y 40 mil 710 km constituyen la red federal libre de peaje). Las redes troncal e intertroncal de 24 mil 308 km se consideran estratégicas, ya que conectan el 70% de la población del país.

Durante la última década, la inversión realizada por el sector público en infraestructura en México pasó de 3.1% del PIB a 4.5%.Sin duda, los avances han sido importantes para satisfacer parte de los requerimientos en la materia; sin embargo, las necesidades de conectividad aún son elevadas.

Uno de los problemas que presenta la infraestructura carretera de nuestro país, es que, cerca del 60% de los tramos existentes se construyeron hace más de 40 años con criterios de diseño, especificaciones y materiales diferentes a los exigidos hoy en día. El volumen de tránsito que circula actualmente por la red federal es mucho mayor a lo previsto en su diseño original, el porcentaje de vehículos pesados se ha incrementado hasta en 50% en algunos tramos.

Por ello, aún con todos los adelantos tecnológicos para reducir la severidad de choques y salvar vidas, lamentablemente, en nuestro país y en concreto en el estado de Yucatán, el número de muertes por accidentes carreteros ha ido en aumento; muchas veces por el mal estado de la infraestructura, la falta de accesos seguros a vías rápidas o bien, su mala planeación. Las alarmantes cifras requieren una acción concertada y estratégica del gobierno, en combinación con la sociedad civil, para contrarrestar esta crisis que afecta a todas nuestras familias y futuras generaciones.

Tal es el caso del Municipio de Baca, Yucatán. Debido a que en la carretera federal número 176 (Mérida-Motul), en el entronque que comunica a la población de Baca con la comisaria de Tixkuncheil, y a su vez, con el municipio de Yaxkukul; se han presentado en los últimos años innumerables accidentes de tránsito, dejando más de 20 muertos y familias desamparadas por esta situación.

Este tramo carretero se ha convertido en un entronque de alta peligrosidad, debido a que no existe un puente vehicular de incorporación y cruce de la carretera Mérida-Motul,y que por sus características de vía rápida ha generado impactos fatales.

Es importante destacar que a mediados del año pasado, vecinos de los municipios de Baca, Tixhuncheil y Yaxkukul, bloquearon la carretera Mérida-Motul para exigir respuesta a la solicitud de la construcción de un puente vehicular, y evitar que existan más accidentes en este sitio.

Los accidentes en su mayoría se pueden prevenir, sin embargo, se requiere de disposición y atención de las autoridades competentes para brindar una solución, que si bien requiere una inversión económica, ésta es mínima en comparación con el beneficio y seguridad que generará en la población de las quince localidades y cabecera municipal del Municipio de Baca.

Es importante resaltar que el tema no es actual, ya que en los dos últimos años se han realizado por el presidente Municipal diversas gestiones ante autoridades Estatales y Federales en pro de la construcción de este puente, sin embargo, éstas no han tenido la sensibilidad para considerar prioritaria esta problemática, por lo que es ineludible y urgente apoyar a la población y estados a los cuales representamos.

Por todo lo anterior, es necesario que se asignen a las entidades y/o instancias competentes los recursos económicos suficientes para que en el ejercicio fiscal 2015 se construya un distribuidor vial en el entronque de la carretera federal número 176 (Mérida –Motul), km 20+800, que comunica a la población de Baca con la comisaria de Tixcuncheil y a su vez, con el municipio de Yaxkukul, Yucatán. 

En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), consideren y destinen recursos económicos para la construcción de un distribuidor vial en la carretera federal número 176, Mérida-Motul, en el entronque con el municipio de Baca, en el estado de Yucatán.

Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Atentamente

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.





 

De la Diputada Evelyn Parra Álvarez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se reconoce el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de su secretario ejecutivo para esclarecer el caso Ayotzinapa. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita, Diputada EVELYN PARRA ÁLVAREZ, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Uno de los fundamentos del actuar internacional de México es la cooperación internacional. La fracción décima del Artículo 89 de nuestra Constitución establece con claridad que en la conducción de la política exterior, el titular del Poder Ejecutivo observará, entre otros, el principio normativo de la cooperación internacional para el desarrollo.

En este sentido, a lo largo de la historia, el Estado mexicano se ha caracterizado por llevar a cabo una defensa congruente de las mejores causas de la humanidad en los diversos foros multilaterales y regionales que le han dado un indudable prestigio como impulsor de la paz y la seguridad internacionales.

Como lo señaló acertadamente la Canciller mexicana en su comparecencia ante el Senado de la República el año pasado, “en un mundo globalizado, México no puede sustraerse a los efectos de sus desafíos, sean en materia de paz y seguridad, desarrollo económico y social, u observancia del Estado de Derecho o protección de los derechos humanos”.

En el caso de la región de América Latina y el Caribe, nuestro país ha reivindicado a lo largo de su historia su pertenencia latinoamericana y ha construido una política de cercanía, cooperación y solidaridad con los países de Centro y Sudamérica así como con la región caribeña. En este sentido, Méxicoes parte esencial de la fortaleza global de esta región y ha honrado su compromiso de mantener relaciones cordiales y respetuosas con todos y cada uno de los países que la integran.

Como sabemos, en Latinoamérica la Organización de los Estados Americanos (OEA) es el foro político que reúne  a los países de nuestro hemisferio para abordar, a través del diálogo y la cooperación, los temas de la paz, la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza en nuestro continente.

Durante toda su historia, México ha sido representado dignamente ante este organismo y sus instituciones subsidiarias, lo que le ha permitido estrechar las buenas relaciones de amistad, solidaridad y cooperación entre los gobiernos y los pueblos.

Así, México ha participado de manera activa y comprometida en cada uno de los momentos clave de la gestación y construcción del sistema interamericano. Nuestro país mantiene una Representación Permanente ante la OEA desde su fundación y juega un papel muy relevante en el cumplimiento de los objetivos de esta institución.

La protección de los derechos humanos; la promoción y el fortalecimiento de la democracia; la lucha conjunta contra el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción; la cooperación para el desarrollo integral y la lucha contra la pobreza; así como el fortalecimiento de la seguridad hemisférica, son algunos de los temas a los que México otorga la más alta importancia y en los que ha impreso con mayor relieve su sello particular a la Organización.

En el marco del sistema interamericano, México ha condenado la violencia, el no respeto a los derechos humanos y a los principios del derecho internacional a través de su participación activa en los distintos mecanismos de colaboración o mediante pronunciamientos específicos de los diversos mecanismos regionales.

Con pleno respeto a la soberanía de los países, México ha manifestado su amplia convicción con relación al respeto de los derechos humanos y las libertades de todas las personas. Para cumplir con este objetivo, nuestro país ha mantenido un firme compromiso con construir un sistema integrado a través de políticas, acciones y cooperación hemisférica bilateral y regional para atender la protección de los derechos humanos en la región.

En este marco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el órgano principal y autónomo de la OEA encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH).La Carta de la OEA establece la CIDH como un órgano que tiene como función promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA en dicha materia.

Entre otros objetivos, la Comisión considera que en el contexto de la protección de los derechos de toda persona bajo la jurisdicción de los Estados americanos, es fundamental dar atención a las poblaciones, comunidades y grupos históricamente sometidos a discriminación.

El 18 de octubre de 2014en la Ciudad de México, la CIDH firmó un adéndum que oficializó la expresión de voluntades con el Estado de México y los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa con el fin de designar a un Grupo Interdisciplinario de cooperación técnica para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, y llevar a cabo investigaciones y acciones con el fin de sancionar a los probables responsables, así como asistir a los familiares.

En voz de la Canciller mexicana, el gobierno federal mexicano, por su parte, se comprometió a que las recomendaciones que fueran emitidas, los comentarios que surgieran de estas visitas y de la interacción permanente que tiene nuestro país con los mecanismos internacionales y el sistema internacional de derechos humanos, serían bienvenidos.

Mediante un acuerdo firmado en noviembre de 2014 por la CIDH, el Estado mexicano y representantes de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, se creó y se establecieron las actividades principales a ser desarrolladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que fueron: elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Los miembros del GIEI, designados por la CIDH, fueron Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa.

Durante todos estos meses, el GIEI trabajó de manera intensa para cumplir con el mandato inicial que le fue otorgado.

En días recientes, el GIEI hizo público un informe final a través del cual trata de dar cuenta del trabajo realizado y expone ante las autoridades de México, los familiares y víctimas, así como la comunidad de derechos humanos, medios y personas que ha seguido de cerca este caso, los hallazgos, avances y propuestas.

El GIEI analizó en profundidad las investigaciones llevadas a cabo por diversas instituciones de procuración de justicia del Estado mexicano, como la PGJ y PGR, utilizó como una parte fundamental de su estudio documentos, declaraciones y pruebas que ya constaban en los expedientes de la investigación. También realizó una investigación propia sobre los aspectos considerados clave en la misma, contando con peritajes de expertos independientes de reconocida trayectoria internacional en varias de las áreas señaladas.

Durante este tiempo, el GIEI contó con la colaboración de diversas dependencias del Estado, como la Secretaría de Relaciones Exteriores y Gobernación, a la Procuraduría General de la República, cuyas gestiones facilitaron su trabajo en el país.

El informe del GIEI recogió las áreas centrales incluidas en el mandato que le fue otorgado y se llevó a cabo con los más altos estándares de la investigación en derechos humanos. La investigación de los hechos y responsabilidades arrojó nuevas visiones tanto sobre lo sucedido en la agresión directa sufrida por los normalistas como en su posible destino posterior.

No obstante, por diversas dificultades que son claramente descritas a lo largo del informe, el GIEI lamentó no poder ofrecer a los familiares, al Estado y la sociedad mexicana o al mundo, un diagnóstico definitivo de lo sucedido con los 43 normalistas desaparecidos. De cualquier manera, el informe logra recoger los hechos que se consideran probados, y aquellos otros que se consideran probado que no han sucedido o sobre los que existe una controversia tal que se cuestiona su validez.

El informe termina con un capítulo de recomendaciones para el caso Ayotzinapa y de recomendaciones generales para la problemática general de la desaparición de personas en México e Iguala.

En los últimos años México ha sido objeto de una serie de críticas al nivel nacional e internacional que en el fondo cuestionan su compromiso con el respeto a los derechos humanos. Se ha criticado también la falta de apertura al escrutinio internacional.

Es por ello preciso que nuestro país reafirme su compromiso con la institucionalidad en materia de protección y promoción de los derechos humanos y renueve su compromiso para transformar su sistema jurídico con el fin de dotarlo de instrumentos, mecanismos, programas y acciones que promuevan la vigencia y la protección efectiva de los derechos humanos.

Es preciso, por tanto, dar pasos creíbles para transformar la imagen que se ha construido recientemente de México en el exterior como un país poco confiable, peligroso, corrupto e impune, y que obstaculiza en los hechos las oportunidades que ofrecen los vínculos internacionales en materia de derechos humanos.

México debe ser un país responsable en su accionar internacional; debe estar abierto a los ojos del exterior para poder ser un Estado bien valorado globalmente; debe convertirse en un país que despierta confianza y alienta inversiones y turismo. Un país valorado por su patrimonio cultural, histórico y natural. Por sus creadores, emprendedores, trabajadores; por sus aportaciones al mundo, a la cultura universal, a la prosperidad internacional. Por el respeto a los derechos humanos.

Nuestro país debe respetar las opiniones de los organismos internacionales y de los mecanismos de colaboración regionales. Solo así México podrá reposicionarse en el mundo como una nación confiable, atractiva y comprometida con las mejores causas de la humanidad.

Sostenemos que las recomendaciones elaboradas por el GIEI en su informe final nos pueden ayudar a superar la debilidad del Estado y a cambiar la imparable violencia que azota gran parte del país.

No solo no se deben desestimar los resultados el informe del Grupo de Expertos ni minimizar los impactos de sus conclusiones, sino que el gobierno de México debe aceptar de manera responsable las recomendaciones e implementarlas para mejorar la situación de los derechos humanos en nuestro país.

El Gobierno de la República debe estar siempre abierto al escrutinio internacional y a las recomendaciones que emitan las instancias internacionales.

El informe del GIEI debe ser una oportunidad de retomar el rumbo de la investigación, la búsqueda y la atención a los familiares y otras víctimas. También debe servir de aprendizaje no solamente sobre el caso Ayotzinapa, sino para ayudar a enfrentar la problemática de la desaparición de personas en México.

De esta manera, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de su secretario ejecutivo, por la asistencia proporcionada a México y a los familiares de las víctimas para resolver el trágico caso de la matanza de 43 estudiantes en Iguala Guerrero en 2014.

Segundo: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo Federal a considerar cuidadosamente las distintas recomendaciones contenidas en el Informe Ayotzinapa y a evaluar las acciones sugeridas para afrontar el problema de las desapariciones forzadas, proporcionar apoyo a las familias de las víctimas y continuar con los esfuerzos para traer a la justicia a los responsables de este terrible crimen.

Dado en la Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Suscribe

Dip. Evelyn Parra Álvarez.





 

De los Diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza y Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a que, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio de la reforma constitucional al artículo 73, publicada el 10 de junio de 2015, se discutan y dictaminen las iniciativas de Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas. Se turna a las Cámaras del Congreso de la Unión.

VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA y JUAN ROMERO TENORIO, en nuestra calidad de Diputados Federales de la LXIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso, en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A AMBAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, PUBLICADA EL 10 DE JUNIO DE 2015 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE DISCUTAN Y DICTAMINEN LAS INICIATIVAS DE LEY PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS QUE HAN SIDO PREVIAMENTE PRESENTADAS ANTE AMBAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Que el 29 de abril de 2015 fue aprobada por el pleno del Senado de la República, modificación al artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de otorgar facultades al Congreso para expedir leyes generales en materia de desaparición forzada, tortura, y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

SEGUNDA. Que esta reforma fue turnada de inmediato a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y fue aprobada por esta Cámara el jueves 30 de abril de 2015 y turnada a las legislaturas de los estados para completar el proceso de aprobación del Constituyente Permanente.

TERCERA. Que esta reforma fue publicada el miércoles 10 de junio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, la cual establece en el artículo segundo transitorio que:

“Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en las materias que se adicionan por virtud del presente decreto al artículo 73, fracción XXI, inciso a), dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del mismo.

La legislación a que se refiere el presente transitorio deberá regular el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”.

En este sentido, y considerando que dicho plazo venció el 10 de enero de 2016, es preocupante que el Congreso de la Unión en esta LXIII Legislatura incumpla con el mandato de la reforma Constitucional para legislar en materia de Desaparición Forzada de Personas. Es una deuda que el Estado nacional tiene con todas las víctimas y las familias de quienes han padecido este flagelo.

Es decir, el plazo establecido en el mandato constitucional establecido en ese transitorio ha fenecido sin que ninguna de las Cámaras hubiese dictaminado las diversas iniciativas que de manera formal se encuentran presentadas ante ellas.

CUARTO. En la Cámara de Diputados se encuentran presentadas las siguientes iniciativas sobre el tema: Con fecha 29 de septiembre de 2015, fue presentada  ante el pleno de esa honorable Cámara del Congreso de la Unión, un proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas, por parte del Diputado Juan Romero Tenorio del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura

En dicha iniciativa de Ley para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas tiene como objetivo: Prevenir la desaparición forzada de personas; tipificar el delito de desaparición forzada de personas y desaparición de personas por particulares; sancionar a las o los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa e incitación a la comisión del mismo; inhibir la práctica de la desaparición forzada de personas, estableciendo su sanción bajo cualquier circunstancia, incluyendo situaciones de posible emergencia, peligro, disturbio público, catástrofe natural o cualquiera otra; establecer directrices para la creación de protocolos de búsqueda inmediata de personas desaparecidas y protocolos de investigación del delito; realizar acciones encaminadas al descubrimiento de la verdad ocurrida con las personas desaparecidas, así como la pronta localización de su paradero; definir criterios generales para la creación de bancos de datos genéticos y de cadáveres no identificados; y establecer las bases para conformar políticas públicas en materia de desaparición forzada.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis, discusión y dictamen el mismo día y año.

QUINTO. Con fecha 9 de diciembre de 2015 se presentó iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas por parte de los diputados Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano y José de Jesús Zambrano Grijalva del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la cual fue turnada igualmente, para su estudio a la Comisión de Justicia de la honorable Cámara de Diputados.

SEXTO. Por su parte en el Senado de la República se encuentra presentadas al menos las siguientes iniciativas sobre el tema:

1. El 13 de febrero de 2014 la senadora Angélica de la Peña, del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara alta, presentó  iniciativa de Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas.

2. El 19 de noviembre de 2014, el Senador Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara alta, presento  iniciativa por el que se reforma el artículo 73 fracción XXI inciso a)  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dotar de facultades al Congreso dela Unión para expedir leyes generales en materia de Desaparición Forzada de Personas.

3. El 9 de diciembre de 2014 la Senadora María Cristina Díaz Salazar del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara alta, presentó iniciativa por el que se reforman los artículos 215-A y 215-B del Código Penal Federal y se adiciona una fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de Desaparición Forzada de Personas.

4. El 3 de septiembre de 2016 fue entregada a diversas Senadoras y Senadores iniciativa de Ley General Contra la Desaparición Forzada de por parte de las organizaciones que integran la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada (CCDF), respaldada por 274 organizaciones, que fue elaborada por las víctimas, organizaciones populares, indígenas y de derechos humanos; Esta iniciativa fue  presentada  formalmente ante el pleno el 17 de septiembre de 2015.

5. El 10 de diciembre de 2015 el Ejecutivo Federal presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en materia de Desaparición de Personas.

SÉPTIMO. El tema de desaparición forzada de personas ha cobrado especial importancia en nuestro país dada la enorme cantidad de personas desparecidas según datos oficiales. Es urgente contar con una legislación que contemple la desaparición forzada de personas como un delito de lesa humanidad considerándolo como una grave ofensa.

De acuerdo con datos oficiales del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, (RNPED), que integra los datos de personas “no localizadas” 28,156 hombres y mujeres, nacionales y extranjeros, se encuentran desaparecidos por todas las entidades del país, cifra que denota la grave crisis humanitaria por la que atraviesa el país, lo que obliga a la exigencia de verdad, memoria, justicia y reparación integral para los miles de casos que existen dada la situación que azota a nuestro país. Esto debe y puede ser detenido mediante una acción concertada y cohesionada del estado mexicano. El baño de sangre debe parar.

Por ello, hacemos énfasis en las obligaciones que tiene el Estado mexicano, en regular el delito de desaparición forzada; Como antecedentes de ello expongo lo siguiente:

La ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (18/3/2008), y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (9/4/2002).

Que el 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos en el que se estudian aspectos relacionados con la prohibición de la desaparición forzada de personas en México. Caso que a la fecha no se ha dado cumplimiento a ninguno de los puntos recomendatorios por parte del Estado mexicano.

Que el 4 de mayo de 2012, se suscribió una solución amistosa con el Estado mexicano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se reconoció la responsabilidad internacional del Estado mexicano, por la desaparición forzada de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera. En dicho acuerdo se establece como garantía de no repetición de los hechos, la adecuación del marco normativo nacional a los estándares internacionales.

Que el 7 de abril de 2010, el Comité de Derechos Humanos en su observación final 12, recomendó al Estado mexicano, enmendar legislación penal a fin de armonizarla con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Que del 18 al 31 de marzo de 2011, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitó al Estado mexicano y a finales de ese año, emitió un informe con una serie de recomendaciones generales, así como recomendaciones específicas en torno a seis aspectos: el marco legislativo; medidas preventivas y de seguridad; el derecho a la justicia y a la protección judicial; el derecho a la verdad; el derecho a la reparación del daño; y grupos en situación de particular vulnerabilidad.

Durante la audiencia del Comité de Desaparición Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, realizada en Ginebra, Suiza, en el mes de febrero del presente año, se calificó como un “reto inmediato la aprobación de la ley”. Por ello, es el Estado mexicano quien debe intensificar sus esfuerzos para asegurar que todos los casos de desaparición forzada sean investigados sin demora y los presuntos autores enjuiciados, de ser declarados culpables, sean sancionados de acuerdo con la gravedad de sus actos.

Aunado a lo anterior, el gobierno federal prometió a la sociedad mexicana que a más tardar en junio de 2015, quedaría aprobada una ley en materia de desaparición forzada, promesa que como otras, no se cumplió.

Por tanto y con fundamento en lo expresado, así como en las disposiciones invocadas en el proemio se propone, como de urgente u obvia resolución, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a ambas Cámaras del Congreso de la Unión para que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional al artículo 73, fracción XXI, publicada el 10 de junio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, se discutan y dictaminen las iniciativas de Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas que han sido previamente presentadas ante ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016

Atentamente

Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza.- Dip. Juan Romero Tenorio.





 

De la Diputada Xitlalic Ceja García, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno del estado de Puebla a fortalecer sus programas, estrategias y políticas públicas encaminadas a garantizar una atención oportuna, de calidad e integral a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, además de ampliar sus medidas para prevenir la violencia obstétrica en las comunidades y localidades de la entidad. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe, Diputada XITLALIC CEJA GARCÍA, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La violencia obstétrica se genera durante la atención del embarazo, parto y posparto en los diversos servicios de salud, esta práctica, se traduce en cualquier acción u omisión por parte del personal de las casas de salud y hospitales, que provoque algún tipo de daño, físico o psicológico en las pacientes.

De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida, los casos de violencia obstétrica, han aumento en los últimos años, esto se debe, entre otros aspectos, a la falta de acceso a los servicios de salud o por la desconfianza en estos métodos, sobre todo, de mujeres que viven en zonas rurales o indígenas.

Según las investigaciones de este grupo, al menos 72% de la población femenina con vida reproductiva, han requerido asistencia médica durante el embarazo, parto y puerperio, es decir, todas estas mujeres, en sentido estricto, se han encontrado expuestas a sufrir violencia obstétrica en el Sistema de Salud.

En entidades como Puebla, esta situación se agrava, para tener un diagnóstico, basta decir que según la Dirección General de Epidemiología, hasta la semana 52 del año 2015, en la entidad se habían dado al menos 40 muertes maternas. Llama la atención que este año, los índices mantienen una tendencia ascendente ya que hasta la semana 8 se habían dado 6 muertes. 

Diversos informes de la Dirección General de Epidemiología concluyen que se dan 120 muertes por cada 100 mil alumbramientos, porcentaje superior al registrado a nivel nacional, que sólo es de 35.5 defunciones por cada 100 mil nacimientos.

En la mayoría de estos sucesos, se debieron a tratos crueles, inhumanos o degradantes hacia la mujer en el estado de Puebla por parte de personal médico de la Secretaría de Salud estatal. Ante este panorama, no puedo ser omisa  ni indiferente, por ello, hago un enérgico llamado para que se garantice el acceso a los servicios de salud de calidad. 

Existe evidencia suficiente de violencia obstétrica en la entidad, como son los casos de mujeres embarazadas a las que no se les ha brindado una atención eficiente, apropiada y de calidad por parte del personal y de las instituciones de salud.

Un ejemplo, es el ocurrido en el mes de octubre del año 2013, fecha en la que una mujer dio a luz en el suelo de la sala de espera de un hospital en Tehuacán en San Lorenzo Teotipilco. Al respecto, su pareja manifestó que llegaron una noche anterior y el personal se negó a atenderlos, pese a la condición que presentaba.

Aunado a este suceso, están los acontecidos el 16 de abril del año 2014 en el Hospital General de Acatlán de Osorio, en los que un recién nacido perdió la vida debido a la prolongación del parto, situación que derivó en asfixia y posteriormente, en un paro cardiorrespiratorio.

En el último caso, la agraviada relató a las autoridades que el médico le realizó tres revisiones de cavidad y que se negó a llevar a cabo la cesárea, aduciendo la falta de anestesiólogo y que su dilatación era sólo de 8 centímetros.

Por estos acontecimientos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió una recomendación al titular del Gobierno de la entidad, en la que se constata la inadecuada atención médica y violencia obstétrica, imputables al personal del Hospital General de Acatlán de Osorio.

En la recomendación 51/2015, se hace alusión a negligencia médica, discriminación, falta de atención y omisión, además, se acreditó la violación del derecho humano al acceso a la salud, a vivir una vida libre de violencia obstétrica y al trato digno.

Por si esto no fuera suficiente, hace unos días una mujer tuvo labor de parto en los sanitarios del Hospital General de Huejotzingo, después de que esperara por horas atención por parte de los médicos. El abuelo del recién nacido, ha declarado que su hija permaneció por varios minutos en el piso, sin tener apoyo por parte del personal del nosocomio, el cual pretendió justificar dicha negligencia por el exceso de trabajo.

Hasta inicios del mes de abril de este año, en la entidad se habían registrado al menos 12 muertes maternas, esta cifra fue suficiente para ubicarla dentro de las seis entidades con el mayor número de casos. Es importante mencionar que estos 12 casos representan el 6.3% de las defunciones totales del país.

Como ciudadanos con derechos recocidos y tutelados, no podemos ni debemos permitir que estos casos formen parte de nuestra cotidianidad, por el contrario, debemos exigir que el Gobernador del estado de Puebla y el titular de la Secretaría de Salud en la entidad, cumplan con las obligaciones derivadas de sus atribuciones en materia de salud pública. 
  
Existe un consenso generalizado de que uno de los principales problemas en relación a la violencia obstétrica es la falta de la cultura de la denuncia, es decir, las víctimas u ofendidos, no acuden ante las instancias correspondientes, en muchas ocasiones por el desconocimiento de su tipificación como un delito. 

Estoy convencida que en principio, es necesario incrementar el personal con médicos especialistas, enfermeras y demás personal para la prestación de un mejor servicio, además de acrecentar los programas de capacitación sobre derechos humanos con perspectiva de género dirigido al personal de la salud de los hospitales de la entidad, ya que cuando una mujer embarazada es víctima de violencia obstétrica, su derecho a la salud es trasgredido y sus garantías constitucionales vulneradas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular del gobierno del estado de Puebla, para que a través de la Secretaría de Salud de la entidad, fortalezca sus programas, estrategias y políticas públicas, encaminadas a garantizar una atención oportuna, de calidad e integral a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, además de ampliar sus medidas para prevenir la violencia obstétrica en las comunidades y localidades de la entidad.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, el 11 de mayo de 2016.

Atentamente

Dip. Xitlalic Ceja García.





 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a aplicar en México la lista del Programa de Exención de Visado de los Estados Unidos de América. Se turna a la Segunda Comisión.

El suscrito, Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERANDOS

El contexto económico mundial actual y a inminente desaceleración económica de los países asiáticos así como la expectativa de una alza en las taza de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, obliga a nuestro país a buscar alternativas que nos ayuden a aminorar los efectos negativos de estos eventos económicos en nuestra economía. Uno de los principales retos es la generación de empleos, que permitan reactivar nuestra economía, y que se refleje en una mejor calidad de vida de la población mexicana.

Una ventana de oportunidad para fortalecer nuestra economía es el turismo; fuente generadora de millones de empleos.

Actualmente el turismo es uno de los sectores económicos que más empleos generan en el país, este rubro genera cerca de 7.5 millones de empleos (contabilizando los directos e indirectos), en términos generales, y representa la tercera actividad que más captación de divisas obtiene para el país, después de los ingresos petroleros y las remesas que envían nuestros connacionales. Este sector representa una verdadera oportunidad para reactivar la economía nacional y para disminuir nuestra dependencia del petróleo. Actualmente el turismo genera cerca de 10 puntos porcentuales del PIB.

El turismo, además, tiene el potencial de aumentar el efecto multiplicador en la generación de empleos, debido a que produce un efecto en cadena que impacta positivamente en otros sectores como: el agrícola, la construcción, el textil, el pesquero, el transporte, por mencionar algunos.

En materia de turismo, con una riqueza natural excepcional México  representa una gran opción como destino turístico a nivel mundial, al ofrecer una gran cantidad de opciones, como:

• Turismo de descanso o convencional: Quintana Roo, Guerrero y, Baja California Sur.

• Turismo Científico: Puebla y, Veracruz.

• Ecoturismo: Chiapas y Yucatán.

• Turismo Cultural: Ciudad de México y Oaxaca.

• Turismo Histórico: Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, y Ciudad de México.

• Turismo Gastronómico: Yucatán, Veracruz, y Oaxaca.

• Turismo de Aventura: Chiapas, Morelos, y Estado de México.

Por todo lo anterior, presento esta Proposición con Punto de Acuerdo, la cual tiene como finalidad plantearle este tipo de alternativas al gobierno federal, y hacer un llamado de manera particular a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que se consideren bajo la óptica de impulsar y fomentar eficazmente el turismo en México, hacia el exterior; de manera especial se hace un llamado para que se eliminen las barreras de visado que actualmente existen para ciudadanos de países que representan para México un área de oportunidad en su desarrollo, como destino turístico. Países que lejos de representar un riesgo para México, constituyen una valiosa oportunidad para un mayor desarrollo turístico, de intercambio comercial y de crecimiento económico y cultural.

Los países a los que hago referencia son, por ejemplo, todos aquellos que forman parte de la lista del programa de exención de visado de los Estados Unidos de América conocida como “ESTA”; lista integrada con países de distintos continentes, que para formar parte de la misma fueron evaluados por el país del norte bajo sus estrictos criterios de control de seguridad y confianza. Referente que nos permite tomar las mismas consideraciones para facilitar la entrada y salida de ciudadanos de cada uno de los países que forman parte de aquélla, máxime si México mantiene actualmente una relación comercial con los países que la integran.

Para que un país pueda formar parte de la lista del programa de exención de visado de los Estados Unidos de América, no debe presentar conflictos económicos, sociales, migratorios, entre otros más, no menos importantes. Además, los países que son incluidos deben cumplir con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) elevado y un ingreso per cápita alto.

En resumen, los países que conforman la lista “ESTA” representan, hoy por hoy, un mercado potencial para el desarrollo del turismo no solo en México, sino en todo el mundo. Pero en el caso de nuestra nación representan, particularmente, una gran oportunidad de desarrollo económico.

Para mayor referencia y ejemplificación, a continuación cito los países que forman parte de la lista de exención de visado de los Estados Unidos de América (ESTA), indicando su Producto Interno Bruto  Per Cápita, así como su Índice de Desarrollo Humano.

País

Población

PIB Pér Cápita (US)

IDH

1

Alemania

80 890 000

 47 200

0,916

2

Andorra

76 949 

44 959

0,8452

3

Australia

23 613 193 

62 821

0,9352

4

Austria

8 572 895 

39,647 

0,8851

5

Bélgica

11 250 659

42 973

0,890

6

Brunéi

415 717 

51 005

0,8562

7

Chile

18 191 884

15 791

0,832

8

Corea del Sur

49 540 000

34 776

0,8986

9

Dinamarca

5 627 235

56 202 

0,923

10

Eslovenia

2 046 120

27 155

0,880

11

España

46 439 864

29 288

0,869

12

Estonia

1 287 000

21 222

17 908

13

Finlandia

5 451 270

17 908

0,8834

14

Francia

66 952 000

41 141

0,888

15

Grecia

10 775 557

25.86

0,865

16

Países Bajos

16 788 973

42 193

0,922

17

Hungría

9 950 000 

18738.00

0,828

18

Islandia

330 610

38 0222

0,8993

19

Irlanda

4 593 100

45 888

0,916

20

Italia

60 782 897

33 770

0,873

21

Japón

126 659 683

36 265

0,891

22

Letonia

2 070 371

16 620

0,819

23

Liechtenstein

37 366

141 100

0,908

24

Lituania

3 350 000 

18 770

0,839

25

Luxemburgo

562 958

76 467

0,892

26

Malta

423 282 

23.76

0,839

27

Mónaco

36 000

141 403

0.891

28

Noruega

5 165 802

54 479

0,944

29

Nueva Zelanda

4 511 590 

27 217

0,913

30

Portugal

10 562 178

23 481

0,830

31

Reino Unido

63 182 178

39 510

0,907

32

Republica Checa

10 519 000

27 276

0,870

33

Taiwán

23 113 990

49 096

0,882

34

San Marino

32 471

48 258

0.00

35

Singapur

5 469 700

55 5091

0,912

36

Suecia

9 828 655

57 948

0,907

37

Suiza

8 140 000

83 718

0,930

38

Eslovaquia

5 430 740

 18 584

0.844

(Elaboración propia, con datos de 2011 a 2015)

Más aún, actualmente México mantiene relaciones comerciales con distintos países que integran la lista “ESTA”; relaciones que se pueden incrementarse para beneficio de nuestro país, con acciones que favorezcan una relación más estrecha, sin pedimentos de visado de entrada y salida para los ciudadanos de cada nación que forme parte.

Algunos países que están incluidos en la “ESTA”, con fuertes lazos comerciales con México son: Chile, Japón, Liechtenstein, Noruega, Taiwán, Islandia, Suiza, Países bajos, Reino Unido y Alemania.

Las transacciones comerciales promedio, entre México y aquellas naciones, ascienden a:

México

Balanza Comercial

Principales Productos Exportados

Chile

US$709,660,048.00

Vehículos automotores y tractores

Unión Europea

US$21,985,108,173.00

Autos, Productos Farmacéuticos y motores

Japón

US$14,920,250,836.00

Autopartes, Unidades de Control y Aceites

Taiwán

US$7,000,000,000.00

Cobre, Bienes de consumo intermedio

En estas relaciones comerciales destacan, por ejemplo, tres principales inversionistas del continente Asiático en México: China, Japón y Taiwán.

En este contexto, sin lugar a dudas resulta trascendental abrir las puertas de nuestro país a las naciones que integran la lista de exención de visado de los Estados Unidos de América (ESTA),  con el objetivo de propiciar un mayor intercambio turístico y económico; debemos de mostrarnos como una nación competitiva, y atraer mayor inversión extranjera directa, de tal manera que se reactive y potencialice el crecimiento económico de México.

Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Gobernación  y de la Secretaria de Relaciones Exteriores, para aplicar en México la lista del Programa de Exención de Visado de los Estados Unidos (ESTA), para los extranjeros provenientes de los países que la integran, y para que mediamente las acciones y los mecanismos diplomáticos conducentes promueva la supresión de visas para los mexicanos en cada una de aquellas naciones, bajo las consideraciones expuestas en el presente instrumento, y con el propósito de fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre México y los países de referencia.

Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.





 

De los Diputados Omar Ortega Álvarez y Julio Saldaña Morán, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se cita a los titulares de las Secretarías de Energía, del Trabajo y Previsión Social, de Petróleos Mexicanos y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, respecto del siniestro en el complejo petroquímico “Pajaritos”, en Coatzacoalcos, Veracruz. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos Diputados del grupo parlamentario del Parido de la Revolución Democrática, OMAR ORTEGA ÁLVAREZ y JULIO SALDAÑA MORÁN, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Ante los recientes acontecimientos en el complejo petroquímico de “Pajaritos” en Coatzacoalcos, Veracruz, hay un clamor unánime de diversos sectores de Veracruz, y del país, para exigir que los servidores públicos responsables de las principales áreas relacionadas con la actividades que concurren en el desarrollo de las actividades que desempeña el Complejo Petroquímico de Mexichem y Petróleos Mexicanos, así como los entes supervisores y reguladores en materia de trabajo, seguridad de los trabajadores y en materia ambiental, expliquen al Poder Legislativo federal los detalles de siniestro, así como las medidas que al efecto se han instrumentado y los procedimientos y protocolos que tendrán que implementarse para evitar que tragedias de este tipo se vuelvan a presentar.

Primera.- De acuerdo con la legislación federal vigente corresponde a los titulares de las secretarías de Energía; de Trabajo y Previsión Social; al director general de Pemex; y al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la implementación de las disposiciones normativas y las regulaciones aplicables al sector.

Segunda.- Corresponde a la Secretaría de Energía establecer, conducir y coordinar la política energética del país, así como supervisar su cumplimiento con prioridad en la seguridad y diversificación energética, el ahorro de energía y la protección del medio ambiente, entre otras;

Tercera.- A la Secretaría del Trabajo y previsión Social corresponde vigilar el cumplimiento de la normatividad en Seguridad y Salud en el trabajo en todo el territorio mexicano, con apego a su fundamento el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo que contrasta abiertamente con el silencio y abandono de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) respecto al drama de los trabajadores y familiares víctimas de la explosión del pasado 20 de abril en esas instalaciones es simplemente inaceptable e imperdonable.

Cuarta.- En tanto que son funciones del director general de Pemex Instrumentar y administrar los sistemas de seguridad de los bienes e instalaciones de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales, en coordinación con las dependencias competentes de los tres órdenes de gobierno;

La seguridad industrial de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales, así como los mecanismos y procedimientos para controlar la calidad y continuidad de las operaciones industriales y comerciales;

Dirigir el diseño y la implementación de los programas de prevención de derrames de hidrocarburos, contingencia ambiental, remediación de suelos y aguas y los demás que en materia de seguridad operativa, equilibrio ecológico y preservación del medio ambiente sean aplicables;

Quinta.- Son objetos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos, por lo que debe regular y supervisar, entre otras áreas:

● La Seguridad Industrial y Seguridad Operativa

●El control integral de los residuos y emisiones contaminante

Y son sus atribuciones:

●Regular, supervisar y sancionar en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, en relación con las actividades del Sector, incluyendo las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así como de control integral de los residuos y las emisiones a la atmósfera;

●Supervisar y vigilar el cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos legales, reglamentarios y demás normativa que resulten aplicables a las materias de su competencia. Para ello, podrá realizar y ordenar certificaciones, auditorías y verificaciones, así como llevar a cabo visitas de inspección y supervisión.

En materia de protección al medio ambiente, destacan:

4. Las condiciones de protección ambiental para el manejo de materiales peligrosos que se utilicen en las actividades del Sector. Para los efectos de este inciso, se considerarán materiales peligrosos los residuos peligrosos valorizados identificados como subproductos;

5. Las condiciones ambientales para prevenir la contaminación por residuos generados por las actividades del Sector, cuya disposición final pueda provocar salinización e incrementos excesivos de carga orgánica en suelos y cuerpos de agua en los sitios en donde se realicen dichas actividades;

6. Las previsiones a que deberá sujetarse la operación de fuentes fijas donde se desarrollen actividades del Sector que emitan contaminantes atmosféricos, en casos de Contingencias o Emergencias ambientales;

7. Las cantidades mínimas necesarias para considerar como adversos o dañosos el deterioro, la pérdida, el cambio, el menoscabo, la afectación, la modificación y la contaminación al ambiente y a los recursos naturales, que generen las actividades del Sector, para los efectos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Y pese a que está también facultada para ordenar cualquiera de las siguientes medidas de seguridad:

1. Suspender trabajos relacionados con la construcción de obras e instalaciones;

2. Clausurar temporal, total o parcialmente las obras, instalaciones o sistemas;

3. Ordenar la suspensión temporal del suministro o del servicio;

4. Asegurar substancias, materiales, equipos, accesorios, ductos, instalaciones, sistemas o vehículos de cualquier especie, y

No obstante todo lo anterior expuesto, es la hora que ni la Secretaria de Energía ni la de Trabajo y Previsión Social, y no por asomo, la Agencia de Seguridad Industrial... no se han pronunciado, y quien ya hasta clausuró las instalaciones de Clorados 3 de Pájaritos, fue la Procuraduría  Federal de Protección al Medio Ambiente  (Profepa), para imponer medidas se seguridad y correctivas a la empresa, pese a que su tarea principal es incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental.

Si resultara que los regulados que sean declarados responsables de accidentes, daños y perjuicios ocasionados con motivo o en ejercicio de las actividades y trabajos que ejecuten, deberán pagar la remediación, las sanciones e indemnizaciones correspondientes de acuerdo con lo que las leyes determinen, aún en el caso de que el operador contrate el trabajo por medio de un intermediario.

Ello, pese a que esta planta, haya sido indebidamente transferida a Mexichem con antelación a la aprobación y vigencia de la reforma energética, debe asumir las responsabilidades legales producto del siniestro, pero también los mencionados funcionarios deben explicaciones para evitar otras tragedias similares.

En el futuro, las asociaciones públicos-privadas como la que opera “Pajaritos”, serán la única opción de inversión, ante lo cual el Poder Legislativo, si se precia de ser un órgano realmente independiente y de contrapeso al Ejecutivo, no puede ni debe permanecer indiferente.

Por lo expuesto, ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a los secretarios de Energía; de Trabajo y Previsión Social; al director general de Petróleos Mexicanos; y al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a una reunión de trabajo con objeto de conocer las causas, y en su caso omisiones y responsabilidades por el siniestro en el complejo petroquímico de “Pajaritos”, así como las medidas que se tomarán a partir de este incidente.

Sede de la Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Dip. Omar Ortega Álvarez.- Dip. Julio Saldaña Morán.





 

De la Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, así como al titular del poder ejecutivo de ese estado, a dar cumplimiento a los convenios de participación ciudadana del Programa “Adopta una Patrulla” para garantizar la seguridad pública a los habitantes de dicha ciudad. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita, BLANCA MARGARITA CUATA DOMÍNGUEZ, Diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

La máxima aspiración de las personas, se reduce a tener una buena calidad de vida, a satisfacer sus necesidades primarias como lo son, la educación, alimentación, seguridad social y la seguridad pública entre otras. Sin embargo, el recrudecimiento de la violencia en el país entre otros muchos factores no ha  permitido que se cumplan con las garantías consagradas en la constitución política de los estados unidos mexicanos.

Es el caso de Cuernavaca, Morelos, conocido en otros tiempos como “la ciudad de la eterna primavera”, ahora se ha convertido en la ciudad más violenta de los municipios   de más de cien mil habitantes, tan solo en 2014 Cuernavaca, tuvo el índice de violencia más elevado entre los municipios de más de 100 mil habitantes del país (223 para ese año).

Asimismo, en el ejercicio 2014 a Morelos correspondió el índice de violencia más  elevado entre las 32 Entidades Federativas del país con 34.05 puntos. Guerrero ocupó el segundo lugar con 32.89 puntos y Baja California el tercero, con 32.37 puntos.

El puntaje de Morelos es 180.73% superior al del promedio del país, el cual asciende a 18.84 puntos.1

Por otro lado, la situación no ha mejorado ni con la alternancia en la dirección y titularidad en el poder ejecutivo de los gobiernos locales municipales y mucho menos a nivel  estatal.

Es necesario puntualizar que tan solo en enero de 2016, el estado de Morelos ha registrado 3,366 hechos delictivos dentro de los que destacan, 57 homicidios, 1,594 robos, 37 violaciones sexuales, según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado basados en denuncias presentadas ante Agencias del Ministerio Publico, información publicada por la Secretaria de Gobernación a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica.2

Por lo que surge la pregunta de ¿Cuántos delitos no se denuncian en el estado? Y por lo tanto las cifras antes referidas crecerían dramáticamente.

Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Morelos registra una tasa de 23.17 homicidios por cada 100 mil habitantes, sólo por debajo de Guerrero (51.12), Sinaloa (30.36) y Chiapas (23.8).

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) elaborada por el INEGI 2015, tan sólo en 2014 la tasa de delitos en Morelos por cada 100 mil habitantes fue de 29 mil 647, superando incluso la media nacional, que fue de 28 mil 200.

El estado de Morelos y específicamente el municipio de Cuernavaca, padece de años atrás un serio problema de corrupción e impunidad en todos los ámbitos, que provoca la falta de denuncia y que como consecuencia no se respeten las leyes y sus reglamentos por parte de la ciudadanía en general.

En diversos estudios serios, se ha demostrado que existe un éxodo empresarial que migran a otros lugares en busca de mejores condiciones de seguridad, situación que confirma que la violencia, trae como consecuencia desempleo y pobreza, ya que este flagelo ha generado la quiebra de muchas industrias y hoy en día, son muchas las empresas que no han sobrevivido, y son pocas las que persisten, algunas en Cuernavaca y sus zonas metropolitanas y tratándose de micro y pequeñas empresas, el impacto es mayor y devastador.

Ahora bien, en el mismo tenor pero desde un punto de vista ciudadano, la problemática de delincuencia común y organizada que prevalece en el estado de Morelos, hace sentir sus estragos a diario en diversas colonias del centro, centro poniente, norte, y nororiente de Cuernavaca, como lo son las colonias y localidades: Analco, Lomas de Coyuca, Tetela del Monte, Tlaltenango, Rancho tetela, Lomas de Ahuatlán, El Calvario, Carolina, Esperanza, Puente Porfirio Díaz, Madero, Miraval, Barona, Ahuatepec, Villa Santiago, Milpillas y Unidad deportiva, entre otras.

Problemática que se acentúa aún más, en las colonias con menos servicios     disponibles o proporcionados por parte de las autoridades, tal es el caso de diversas colonias como por ejemplo: la Paraíso Montessori que se encuentra situada al oriente de la ciudad de Cuernavaca, con una población aproximada de 1,200 habitantes, carente de los servicios básicos tales como pavimentación, agua potable, drenaje, alumbrado público.

Tan solo en la Colonia Montesori, sucedieron actos por demás aterradores y riesgosos para la población, de los que se llegaron a contabilizar:

• 13 muertos, algunos  de ellos cercenados y calcinados.

• 40 robos a casa habitación.

• 27 asaltos a transeúntes, (tipos en moto o taxis, la mayoría de veces atracaban a los peatones, ante la carencia de vigilancia y falta de alumbrado público).

• 8 portones, ventanas  y puertas.

• 5 autos desvalijados.

• 5 autos robados con violencia.

• 1 auto quemado.

Lo anterior, más los problemas de inseguridad que en diversas colonias de la ciudad de Cuernavaca como la Guayabos, Papayos, Tlaltecahuitl, Cerritos Barona, San Antonio del Jagüey, Zoquipa, Ahuatepec, Villa Santiago,  Antonio Barona, Milpillas y Unidad Deportiva, representa una preocupación y perjuicios para aproximadamente 30,000 habitantes que viven con la zozobra y el peligro de verse agraviados tanto en sus integridad física como en sus pertenencias.

Debido al escenario descrito en los párrafos anteriores y ante la incapacidad municipal de velar por la seguridad de la ciudadanía; aunado a que en ese momento solo se tenían asignadas 5 (cinco) patrullas para vigilancia por parte de la policía preventiva y que existían 50 (cincuenta) patrullas descompuestas sin posibilidad de reparación por falta de presupuesto en las finanzas del ayuntamiento en turno; los vecinos de las colonias afectadas como muestra de la voluntad de ayudar al municipio para que pudiera cumplir con la obligación de proporcionarla merecida seguridad, en agosto de 2012, por medio de los comités Vecinales de Cuernavaca, se incorporaron al programa “Adopta una Patrulla”, en coordinación con el secretario de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca y por órdenes y anuencia del actual comisionado estatal de seguridad pública.

Para lo cual se celebraron, sendos convenios de participación ciudadana para incorporarse de forma progresiva al programa antes mencionado, por lo que la ciudadanía de las colonias a beneficiar realizó aportaciones económicas para el rescate del parque vehicular de patrullas, por lo que la primer patrulla que se acondicionó, reparó y se puso en funcionamiento para cubrir el cuadrante que comprendió las colonias y localidades de el calvario, Tlaltenango, Carolina, esperanza, Puente Porfirio Díaz y Madero, fue la número 1551; así hasta reparar 35 patrullas.

Por todo lo descrito antes, se puede afirmar que se trata de un programa exitoso, digno de ser copiado como modelo en otros lugares de nuestro país y al cual para este caso se le atribuyen entre otros, los siguientes logros:

• La reconstrucción y reparación de 35 patrullas.

• Participación activa y económica de la ciudadanía.

• 80 Colonias beneficiadas.

• Seguridad a más de 250,000 Habitantes.

• Capacidad de respuesta con tiempos considerablemente cortos.

• Disminución de entre el 85 y 98 % de delitos con tendencia a cero, en emergencias por asaltos y robos a mano armada.

• Consignación a delincuentes ante las autoridades competentes.

• Rostro amigable y reivindicación de la imagen de la policía ante la ciudadanía.

• Protección a miles de familias, decenas de escuelas, centenas de negocios, consultorios, plazas comerciales, cendis, jardines de niños, farmacias, iglesias, hoteles.

• Entre otros.

Sin embargo, en días pasados dichos convenios fueron suspendidos de forma unilateral sin previo aviso, y por instrucciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Morelos recogiendo las patrullas que estaban en función protegiendo a la ciudadanía por demás de forma eficiente y las cuales fueron reparadas con recursos económicos de los vecinos como ya se ha mencionado anteriormente; tras el decreto emitido por el gobernador del Estado de Morelos, a través del cual impuso el funcionamiento del Mando Único en Cuernavaca y otros municipios.

Ante dicha arbitrariedad los comités vecinales más allá de que han presentado amparos, señalan que: “… el decreto publicado por el jefe del ejecutivo es anticonstitucional, toda vez que viola el artículo 115 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que “la policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado y sólo se autoriza excepcionalmente que esto no acontezca debiendo acatarse las órdenes que el gobernador del Estado le trasmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

Señalan que después de esos actos, la incidencia delictiva en sus colonias se ha incrementado de manera desproporcionada y más en casos de delincuencia organizada, provocando asombro y terror en la población, “…ante la oleada de impunidad que azota los poblados de la zona”….”3

En razón de lo anterior, y ante la incapacidad del Gobierno Estatal y Municipal de proporcionar seguridad a la ciudadanía Cuernavacense, es de exhortarse al Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, así como al Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos para que den cumplimiento a los convenios de participación ciudadana del programa “Adopta una Patrulla” y proporcionen la seguridad a los habitantes de Cuernavaca, estado de Morelos.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de ésta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Se exhorta al presidente municipal de Cuernavaca Morelos, así como al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que por medio del Comisionado Estatal de Seguridad Pública de la entidad, den cumplimiento a los convenios de participación ciudadana del programa “Adopta una patrulla” para garantizarla seguridad pública a los habitantes de la ciudad de Cuernavaca.

Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Dip. Blanca Margarita Cuata Domínguez.

1 http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/sala-de-prensa/1178-cuernavaca-el-municipio-mas-violento-de-exico-le-siguen-acapulco-y-chilpancingo

2 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_012016.pdf

3http://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/85832-se-amparan-contra-capella-tratan-de-recuperar-patrullas.html





 

De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Angélica del Rosario Araujo Lara, Alejandro Encinas Rodríguez, Juan Carlos Romero Hicks, Mariana Gómez del Campo Gurza, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Sonia Rocha Acosta, César Octavio Pedroza Gaitán, Héctor David Flores Ávalos, Sonia Mendoza Díaz, Silvia Guadalupe Garza Galván y Ernesto Javier Cordero Arroyo, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la designación de la Embajadora Patricia Espinosa Cantellano como Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se turna a la Segunda Comisión.







 

De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a los gobiernos de las entidades federativas a entregar en tiempo y forma los subsidios para los productores del sector agropecuario y pesquero. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita, NATALIA KARINA BARÓN ORTIZ Diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la proposición con punto de Acuerdo bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ha iniciado el periodo de lluvias de la temporada primavera-verano, tiempo en la cual se inicia la preparación de las tierras para la siembra de los diversos cultivos anuales, pero aún no bajan los apoyos oficiales para los campesinos.

Con diversas justificaciones y pretextos, la burocracia estatal le da largas a las gestiones de los productores y sus organizaciones, reteniendo unos recursos que son urgentes para la adquisición de insumos y para iniciar con las labores culturales del ciclo productivo agrícola.

Una de las peores prácticas que tenemos en las administraciones locales y en la administración federal,  es la entrega de los apoyos  a la gente del campo completamente desfasados de los tiempos en que más se necesitan, lo que provoca incertidumbre y malestar en los agricultores y ganaderos, pero sobre todo, que se pierde la oportunidad de  las lluvias para aplicar los insumos y con ello  el rendimiento en la producción de la tierra, se encarecen los créditos, disminuye el rendimiento por hectárea  y merma en general la economía de los productores.

El presupuesto federal y el ejercicio a tiempo del gasto programado, son el instrumento estratégico más importante que tiene la administración estatal para lograr las metas de producción en soberanía alimentaria,  fomentar el desarrollo sustentable y la competitividad en el campo. La no entrega de manera pertinente y oportuna de los subsidios, no solo implica una irregularidad administrativa en el ejercicio del gasto, implica sobre todotirar por la borda recursos públicos escasos, afectando a los que menos tienen; así como sabotear de hecho los objetivos y las metas de los planes y programas de gobierno.

Esta Honorable Cámara de diputados etiquetó recursos para los programas de la SAGARPA en el PEF2016, por 84 mil 800 millones de pesos; dichos recursos son fundamentales para impactar positivamente la producción agrícola, ganadera y pesquera nacional, a condición de romper el eterno círculo vicioso de bajarlos al final del año agrícola. Para los pequeños productores agropecuarios, que representan el 85% del total del país, los apoyos para la siembra se ocupan con urgencia ahora;  no en octubre o noviembre, cuando el período de lluvias está por concluir.

Por ahora hay que anotar que esos subsidios, aún no se reflejan en las parcelas y cultivos de los productores en los Estados. Más todavía, los 3,271 millones de pesos que corresponden al Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, de acuerdo con la información de algunos Estados,  no se han radicado en las cuentas de los fideicomisos estatales por parte de la Secretaría de Hacienda; con lo cual se justifican los gobiernos de los estados para no bajar los apoyos al productor.

No es de extrañar entonces que se vuelvan crónicas las importaciones de granos básicos y de oleaginosas. Más allá de los buenos deseos del Plan Nacional de Desarrollo de llegar a garantizar la seguridad alimentaria con un 75% de producción nacional; o de que actualmente  tengamos una balanza comercial agropecuaria favorable a partir de la exportación de tomates, chiles y aguacates; lo cierto es que seguimos con un fuerte déficit de producción nacional, al importar 10 millones de toneladas anuales de maíz, 3.5 millones de toneladas de trigo harinero, 130 mil toneladas de frijol, 900 mil toneladas de arroz palay, 3.5 millones de toneladas de soya, además de la fuerte importación de carnes y leche, entre otros productos agropecuarios.

No es justificable que por ineficiencia de la burocracia estatal,  o por interés político electoral, o por cualquier otro tipo de intereses o motivos, se retrase la entrega de los apoyos al campo, afectando gravemente la producción de alimentos y de materias primas para la agroindustria del país, así como la economía de las familias campesinas.

Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a los Gobiernos de las entidades federativas para entregar en tiempo y forma los subsidios para los productores del sector agropecuario y pesquero.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016

Suscribe

Dip. Natalia Karina Barón Ortiz.





 

De los Diputados Xóchitl Hernández Colín y Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a realizar una investigación por los delitos de agresiones y robo cometidos contra ciudadanos y dirigentes del Movimiento Regeneración Nacional el 20 de febrero de 2016 en la colonia Romero Rubio, delegación Venustiano Carranza. Se turna a la Primera Comisión.

En alcance al oficio de fecha 03 de mayo con los que fueron registrados los asuntos del Grupo Parlamentario MORENA, para la sesión de la Comisión Permanente que tendrá lugar el 4 de mayo de 2016, le solicito incluir lo siguiente:

Proposición


Título y proponentes

Contenido

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para que en ejercicio de sus funciones realicen una investigación imparcial y expedita en las averiguación previa FVC/VC3/T2/00298/16- 02 iniciada por los delitos de agresiones y robo cometidos contra ciudadanos y dirigentes del movimiento regeneración nacional el 20 de febrero de 2016 en la colonia Romero Rubio, delegación Venustiano Carranza y al Instituto Nacional Electoral para que en uso de sus facultades investigue y sancione al Partido de la Revolución Democrática por actos cometidos por sus dirigentes y militantes de intimidación en contra de la población que atentan contra  el libre desarrollo del proceso electoral de 2016 para la elección a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Xóchitl Hernández Colín y el diputado Juan Romero Tenorio

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para que en ejercicio de sus funciones realicen una investigación imparcial y expedita en las averiguación previa FVC/VC3/T2/00298/16- 02  iniciada por los delitos de agresiones y robo cometidos contra ciudadanos y dirigentes del movimiento regeneración nacional el 20 de febrero de 2016 en la colonia Romero Rubio, delegación Venustiano Carranza.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral para que en uso de sus facultades investigue y sancione al Partido de la Revolución Democrática por actos cometidos por sus dirigentes y militantes de intimidación en contra de la población que atentan contra el libre desarrollo del proceso electoral de 2016 para la elección a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer ante la Comisión Permanente al órgano de gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a efecto de conocer las acciones implementadas y por implementar en relación con la contingencia ambiental y la mala calidad del aire en la Megalópolis. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila de Zaragoza, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como del artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN AL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS, INTEGRADO POR EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LOS GOBERNADORES DEL ESTADO DE MÉXICO, HIDALGO, MORELOS, PUEBLA Y TLAXCALA, A EFECTO DE CONOCER LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS Y POR IMPLEMENTAR EN RELACIÓN CON LA CONTINGENCIA AMBIENTAL Y LA MALA CALIDAD DEL AIRE EN LA MEGALÓPOLIS, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El abandono de los compromisos y acciones del Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire, del cual el programa Hoy No Circula es apenas uno de los mecanismos de intervención para mejorar la calidad del aire y disminuir las emisiones contaminantes en la zona metropolitana del Valle de México, tiene a la Ciudad de México en la situación de crisis atmosférica más grave desde los años noventa.

Durante el presente año, la Comisión Ambiental de la Megalópolis y el Gobierno de la Ciudad de México, han implementado acciones que podríamos calificar como ineficaces, ya que durante años hubo abandono de acciones de fondo para mejorar la calidad del aire y en cambio se optó -entre otras acciones negativas- por la destrucción masiva de árboles en la Ciudad de México.

La corrupción en centros de verificación es otra afectación directa a la calidad del aire, debido a la corrupción de las autoridades ambientales de la Ciudad de México que solapan y toleran los malos manejos de hologramas "vendidos" y equipos con ineficiente calibración.

La tolerancia en la falta de aplicación de medidas de control en gasolineras, denotan el fracaso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Ejemplo de lo anterior es que al momento no se han dado a conocer las gasolineras y las estaciones de gas L.P. que han dejado de dar servicio por decretarse la contingencia ambiental Fase 1 y no contar con los sistemas de recuperación de vapores.

El programa de sustitución de flotillas de vehículos utilitarios y de carga se perdió hace años, generando entre otras cuestiones que la Ciudad de México cuente con vehículos que brindan servicios públicos obsoletos y contaminantes. Es importante señalar que lo mismo ocurre con el sistema de transporte concesionado, ya que existen concesionarios en rutas caóticas que cuentan con parques vehiculares que no cumplen con las normas ambientales de emisiones. En resumen el transporte público es deficiente e ineficiente.

La desactualización del sistema de semaforización impide una circulación fluida, aunada al Reglamento de Tránsito que no valoró las externalidades de reducción en la velocidad y eficiencia de combustión de los vehículos, lo que ha producido graves efectos en la calidad del medio ambiente.

La invasión de zonas peatonales (banquetas) por comercio "ambulante" fijo y semifijo que obstruyen la circulación y favorecen la clandestinidad y comercio de mercancía de procedencia ilícita generan tráfico, ya que obliga a los peatones a caminar por el arroyo vehicular, incidiendo en amplias zonas de congestionamiento vial con obvios efectos adversos a la calidad del aire.

Se ha promovido y tolerado el desarrollo de sistemas de publicidad con vehículos con anuncios que transitan por la ciudad entorpeciendo el tránsito, mecanismo que no debería de existir pero que el Gobierno de la Ciudad de México tolera y favorece por sus esquemas de corrupción. (Convoyes de 4 a 6 vehículos con anuncios comerciales que circulan lentamente por avenidas), aunque sean vehículos a gas, sus efectos en el incremento de congestionamiento vial hacen de ellos mecanismos de mercadotecnia que no deben de existir en la Ciudad de México.

La Dirección General de Calidad del Aire y Registro de Emisión y Transferencia de Contaminantes (DGCARETC) de SEMARNAT, debe de disponer de información sobre la Cédula de Operación Anual de la industria asentada en el Valle de México, que permita implementar acciones preventivas y de control de la contaminación ambiental.

El resultado del colapso ambiental de la Ciudad de México se lo debemos a las malas decisiones no únicamente del Gobierno local actual, sino también de las pasadas administraciones que se fueron alejando de las acciones ambientales, para dedicarse a acciones meramente electorales.

Es importante recordar que en el último informe sobre cambio climático del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), se menciona que de los 36 países que en su conjunto emiten 90% de emisiones mundiales de dióxido de carbono, México se localiza en la posición 12, reportando que en el 2010 emitió 748,252 Gigagramos (Gg), equivalente a 26 millones de toneladas anuales de CO2.

La contaminación atmosférica urbana aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía, bronquitis y asma; así como crónicas, tal y como son el cáncer del pulmón y las enfermedades cardiovasculares. De conformidad con información de la Organización Mundial de la Salud se calcula que en el mundo suman 1.3 millones de personas que mueren en un año a causa de la contaminación atmosférica urbana; más de la mitad de esas defunciones ocurren en los países en desarrollo. En México existen 22 mil muertes prematuras y 23 mil ingresos hospitalarios asociados a enfermedades por la mala calidad del aire.

De conformidad con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, los costos de salud derivados de la contaminación del aire ascienden a más de 1,600 millones de pesos cada año, esa cantidad podría financiar poco más de 25 kilometros de Metrobús, equivalente al 92% de la linea uno.

La medición correspondiente al año 2014 realizada por la Organización Internacional C40 revela que el sector transporte es responsable del 52% de las emisiones de dioxido de carbono en la Ciudad de México.

En la Ciudad de México hay 1 vehículo por cada 2 habitantes; si consideramos que existen casi 9 millones de habitantes, podemos afirmar que hay alrededor de 5 millones de vehículos en uso. Cada vehículo es utilizado en promedio por 1.5 personas, lo que ocasiona que la Ciudad de México sea la Ciudad con más tráfico en el mundo.

Al cierre de 2015, el anteriormente llamado Distrito Federal tuvo un nivel de congestión vehicular de aproximadamente 59%, lo cual es 4 puntos porcentuales más que el año previo, ello de acuerdo con el tiempo extra en viajes, en comparación con un día con tránsito ligero. En 2010, el indicador se encontraba en 57%. Es decir, el año pasado, una persona hacía en promedio 59% más de tiempo en un viaje con tráfico, frente a uno sin congestión vehicular.

Una encuesta realizada por la empresa “Dinamia” señala que 90% de los encuestados no ha visto beneficios por obras viales como el segundo piso; mientras que 49% de quienes viajan al Distrito Federal en transporte público tardan entre 1 y 2 horas, 20% entre 2 y 3 horas, e incluso un 8% aseguró emplear más de 3 horas al día en transportarse.

Los altos niveles de contaminación que vivimos son multifactoriales; es decir que no podemos señalar que como única causa el uso del automóvil particular, ya que otro problema es el manejo de los residuos sólidos en la Ciudad de México. Cada día se producen 12,600 toneladas de basura; esto es alrededor del 20% de la que se genera en todo el territorio nacional.

En conjunto, el Estado de México y la Ciudad de México son responsables del 30% de la basura que produce más de 10,000 toneladas de dióxido de carbono y más de 400 toneladas de metano, ambos gases sumamente contaminantes y además responsables del cambio climático. Mientras esto ocurre, en el país únicamente se recicla alrededor del 11% de la basura.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis es un organismo de coordinación política entre el Gobierno Federal y los Gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala que tiene como objeto implementar acciones para proteger y mejorar el medio ambiente. Fue creada a través de un convenio de coordinación publicado el 03 de octubre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación y cuenta con un órgano de gobierno, una coordinación ejecutiva, un comité científico asesor y miembros de carácter eventual.

Su autoridad máxima es su órgano de gobierno que se encuentra integrada por el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los Gobernadores del Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Ante la situación de contingencia en la calidad del aire la promovente considera urgente y necesario contar con una reunión de trabajo en el Senado de la República con el órgano de gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a efecto de conocer que acciones se van a implementar a corto y largo plazo para mejorar el medio ambiente y en particular la calidad del aire, tema que aparentemente estaba resuelto y cuya situación crítica no había alcanzado los niveles que hoy estamos padeciendo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al órgano de gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, integrado por el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los Gobernadores del Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, a una reunión de trabajo con la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a efecto de conocer las acciones implementadas y por implementar en relación con la contingencia ambiental y la mala calidad del aire en la Megalópolis.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a hacer público el estado que guarda la atención de la muerte materno-infantil en nuestro país y reforzar la elaboración e implementación de políticas públicas destinadas a combatir la mortalidad materno-infantil en nuestro país. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, Diputada Federal MARÍA CRISTINA TERESA GARCÍA BRAVO integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta H. Comisión Permanente del  H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Nuestro país lamentablemente, se reconoce mundialmente por la incontrolable violencia y discriminación que enfrentan cotidianamente las mujeres, estas se perciben tanto en el ámbito privado como en el público. Las acciones recurrentes en el espacio “privado” se ejercen mayoritariamente por las parejas, padres y hermanos de las mujeres, y en el otro, se encuentra la violencia que por acción u omisión se ejecuta desde el ámbito institucional, en quebranto de la garantía de los derechos de las mujeres.

En ese segundo ámbito queda inserto el tema de la mortalidad materna, pues tomando en cuenta los recursos y desarrollo de la medicina con que se cuenta en el país, las muertes ocasionadas durante o a consecuencia del parto podrían evitarse, de acuerdo con diversos estudios, hasta en un 85%.

La Organización Mundial de la Salud define la mortalidad materna como “la muerte de una mujer durante su embarazo, parto, o dentro de los 42 días después de su terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales”. Hace una distinción entre «muerte materna directa» que es resultado de una complicación del propio embarazo, parto o su manejo, y una «causa de muerte indirecta» que es una muerte asociada al embarazo en una paciente con un problema de salud pre-existente o de reciente aparición.1

Debemos señalar que sobre el tema, México, a través de su destacada participación en la Cumbre del Milenio en el año 20002, se comprometió al cumplimiento de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) propuestos por 189 países de la comunidad internacional para ser cumplidos y evaluados en el año 2015, encontrándose entre ellos: el objetivo 5; Mejorar la salud materna.

Sin embargo, pese a que reducir la mortalidad materna es uno de los objetivos centrales planteados por las Naciones Unidas en el marco de las Metas del Desarrollo del Milenio (ODM), para México se tenía como compromiso alcanzar una tasa de 22 decesos por cada 100 mil nacidos vivos en el año 2015; el último reporte del país ante el mecanismo de monitoreo de la ONU, indica que estamos aún muy lejos, pues en el 2012 el indicador era de 42.3 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos.3

El informe final de los ODM, señala que:

• En materia de salud, la tasa de mortalidad infantil disminuyó de 32.5 a 13 defunciones por cada mil nacidos vivos y la de mortalidad en menores de 5 años de 41 a 15.7. La mortalidad materna, en 2013 la tasa a nivel nacional se ubicó en 38.2 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, una significativa reducción de 56% desde 1990. Sin embargo, México no es el único país en desarrollo que presenta rezago, las Naciones Unidas reconocen que el mundo no logrará cumplir con la meta global de reducir la razón de mortalidad materna en tres cuartas partes.4

Con anterioridad, funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aceptaban que la tasa de mortalidad materno-infantil es la que presentaba mayor rezagos de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, y que son un número significativo de  países en el mundo los que serán incapaces de cumplir los acuerdos alcanzados entre los 192 países miembros de la ONU para impulsar ocho temas de desarrollo entre 1990 y 2015.

Los datos absolutos sobre el tema, indican que en los años que van de 2003 al 2012, en México se tiene un promedio de mil 192 decesos de mujeres que han perdido la vida al momento de dar a luz, o bien, como consecuencia del parto, debido a una mala o inoportuna atención médico-hospitalaria.

El año con mayor número de decesos en el periodo señalado fue precisamente 2003, con un total de mil 339 casos; cifra que ha ido descendiendo gradual, pero muy lentamente hasta llegar a mil 73 casos en 2012, cifra ligeramente superior a la registrada en el año 2011, en el que el INEGI contabilizó mil 67 casos de muertes maternas.5

Entre las principales causas de muerte materna se encuentran: las infeccionesbacterianas, toxemia del embarazo, hemorragias obstétricas, embarazo ectópico, sepsis durante el puerperio, embolismo del líquido amniótico y complicaciones de un aborto. Algunas causas secundarias o indirectas que causan muertes maternas incluyen la malaria, anemia, infección por VIH o SIDA.

El mayor riesgo de mortalidad materna corresponde a las adolescentes de menos de 15 años. Las complicaciones del embarazo y el parto son una de las causas de muerte principales de las adolescentes en la mayoría de los países en desarrollo. Por término medio, las mujeres de los países en desarrollo tienen muchos más embarazos que las de los países desarrollados, por el riesgo de muerte relacionada con el embarazo a lo largo de la vida.6

La mortalidad materna es un indicador claro de injusticia social, inequidad de género y pobreza, el que un embarazo o parto desemboque en la muerte de la mujer refleja problemas estructurales, tanto de acceso como de atención a la salud. La muerte materna es el resultado último y más dramático de una serie de eventos que revelan la falta de acciones para atender la situación de atraso, marginación y rezago en la que viven un gran número de mujeres mexicanas, así como la desatención de las personas que conviven con ellas, del personal de salud y de autoridades gubernamentales, el fallecimiento de una mujer por causas asociadas a la maternidad, es una tragedia en gran medida evitable.

Los mayores indicadores de mortalidad materna son comunes en países que también tienen altos índices de mortalidad infantil, lo que es un resultado del pobre cuidado médico y de la baja nutrición. Por ello, debemos reconocer que tenemos serios problemas y rezagos en lo que a la atención de la salud de las mujeres y niñas y niños corresponde,  además de las limitadas condiciones de vida y la extrema pobreza que enfrenta un gran número de ellas, sobre todo en la población rural e indígena.

Reconocemos que México, ha logrado avances significativos en la disminución de la mortalidad materna, pero no es de manera homogénea y aún observamos este problema de salud en la mayoría de los estados del sureste de nuestro país, donde encontramos el peor indicador a nivel nacional, al estado de Guerrero, en donde la tasa registrada en el año 2011 es de 90.1 decesos por cada 100 mil nacidos vivos; en la segunda peor posición se encuentra Chihuahua con 67.7; en el tercer peor sitio Campeche con 63.1; y en cuarta y quinta posición se encuentran Oaxaca y Michoacán con 61.3 y 57.9 decesos por cada 100 mil niñas y niños nacidos vivos, respectivamente.

Como contraparte, también en el año 2011, el INEGI identificó a Tamaulipas como la entidad con más baja tasa de mortalidad materna, con un indicador de 17.5 decesos por cada 100 mil niñas y niños nacidos vivos; en segundo lugar se encuentra Sinaloa, con un indicador de 16.8; le sigue en tercer sitio Aguascalientes con 18.5; en cuarto lugar está Jalisco con 23.4 y Tlaxcala con 27.3 decesos por cada 100 mil nacidos vivos.

Por lo anterior, es importante la reducción y atención de la muerte materna como una prioridad de salud pública, particularizando las necesidades de cada región, tomando en cuenta su situación social, económica, étnica y cultural. Buscando además, elevar la calidad de la atención en los servicios de salud, y su implementación de calidad y eficiencia en los lugares donde se requieran, sobre todo en los estados donde hay más población indígena, es donde existe mayor índice de mortalidad en niños y niñas de entre 1 a 4 años de edad, tomando en cuenta que el índice de mortalidad infantil de la población indígena es 62.8 por ciento, mayor que el de la población no indígena. En Chiapas, el índice de mortalidad en la infancia en menores de 5 años, se encuentra entre los más altos en México y representa el 38.3 % del total nacional.

Sobre el tema, se han producido una seria de “avances” jurídicos normativos importantes. Sin embargo estos desarrollos normativos, contrastan de una manera reveladora con los datos oficiales en materia de Bienestar Social para los más vulnerables como son las y los niños indígenas.

Por ello, es importante sensibilizarse sobre la importancia de lograr erradicar este problema de salud, con una mayor voluntad política y un aumento importante de recursos encaminados a la atención de este flagelo social en las zonas de mayor desprotección económica y social. Sin olvidar que la protección a la salud es un derecho humano, y en consecuencia debe sergarantizado, en términos del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La H. Comisión Permanente del  H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud para que haga público el estado que guarda la atención de la muerte materno infantil en nuestro país y refuerce la elaboración e implementación de políticas públicas destinadas a combatir la mortalidad materno infantil en nuestro país.

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión, el 11 de mayo de 2016.

Suscribe

María Cristina Teresa García Bravo.
Diputada Federal

1 Mortalidad materna, OMS, Nota descriptiva N°348, Noviembre de 2015

2 Nueva York, 6 – 8 de septiembre de 2000.

3 Fuentes, Mario Luis; Mortalidad materna: signo de inequidad, Ceidas, México, marzo 2014

4 Cumplirá México con más del 80% de metas del milenio en 2015, Notimex, México, agosto 20, 2015.

5 Fuentes, Mario Luis. Op. Cit.

6 Ibídem..

Fuentes, Mario





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, al Instituto Nacional de las Mujeres y a las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas a intensificar las acciones y medidas relativas a erradicar los feminicidios. Se turna a la Segunda Comisión.







 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la Delegación Iztacalco a implementar operativos para agilizar la circulación vehicular en Av. Periférico, en su cruce con Av. Ignacio Zaragoza, en la colonia Pantitlán de la Delegación Iztacalco, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 58, 59 y 60 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la presente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En las últimas semanas, los habitantes de la Ciudad de México se han visto afectados por los altos niveles de contaminación y las medidas adoptadas para revertirlos, en una de las épocas de contingencia ambiental que más ha tenido repercusiones para las actividades escolares, laborales y de recreación desarrolladas en la capital de nuestro país.

El 31 de marzo de 2016, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) advirtió que durante la temporada seca del año, es decir, de abril a junio, se preveían escenarios de muy poca dispersión de contaminantes, lo que a su vez se combinaría con una alta radiación solar, intensa estabilidad atmosférica y poca humedad en el ambiente.

De acuerdo con la CAMe, todas estas condiciones propiciarían el aumento de episodios y la duración de contingencias ambientales1, razón por la cual se realizaron una serie de modificaciones al Programa “Hoy No Circula”, a efecto de restringir el uso de vehículos en la Zona Metropolitana del Valle de México, tratando con ello de aminorar los efectos negativos para el medio ambiente y la vida de las personas.

A pesar de que desde el 5 de abril entraron en vigor los ajustes temporales al programa “Hoy No Circula”, prohibiendo la circulación de todos los vehículos un día a la semana y un sábado de cada mes, sin importar su año, holograma o engomado2, desde ese momento y hasta la fecha, los niveles de contaminación de la Ciudad de México no han disminuido, por lo que incluso se ha tenido que activar en varias ocasiones la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono, al rebasarse los 150 puntos en el Índice de Calidad del Aire de México.

Como es bien sabido, la Fase I de Contingencia Ambiental, también conocida como “doble hoy no circula” implica reforzar las medidas para la circulación de los vehículos, además de limitar la industria de competencia federal y local que se encuentre en la Zona Metropolitana del Valle de México, de los sectores cementero, farmacéutico, químico, hidrocarburos, generación de energía eléctrica, así como aquellas que utilicen solventes en sus procesos de manufactura deberán reducir entre el 30 y 40% de sus emisiones a la atmósfera.

Adicionalmente, se suspenden las actividades en las gasolineras que no tienen instalado y funcionando su sistema de recuperación de vapores.

A pesar de todas estas medidas, los niveles de contaminación en la ciudad se han mantenido elevados, repercutiendo negativamente en la calidad de vida de los capitalinos. En el episodio más reciente, que abarcó del 2 al 4 de mayo, se estuvo a punto de llegar a los 200 puntos índices de IMECA, por lo que se mantuvo la Fase I durante tres días consecutivos, perturbando la vida de millones de capitalinas y capitalinos.

Incluso, se rosó la posibilidad de que se activara la Fase II de Contingencia Ambiental, que traería consigo medidas aún más drásticas, como reducir la circulación de todo tipo de vehículos al 50%3.

En el grupo parlamentario del PRI hemos manifestado nuestra solidaridad con los habitantes de la Ciudad de México, así como nuestro respaldo a las medidas que buscan esencialmente proteger la salud de la población.

Sin embargo, también consideramos que ante la persistencia de las contingencias ambientales, es evidente que lo que ha hecho el Gobierno de la Ciudad de México ha sido insuficiente, sobre todo considerando que existen infinidad de anomalías que inciden negativamente en el medio ambiente y en la población.

En ese sentido, una de las acciones que es necesario reforzar es la agilización de la circulación vehicular en las diferentes vialidades de la ciudad.

Resulta inconcebible que en una época de contingencia en la que hay incomodidades, contratiempos y malestar en la ciudadanía, se toleren faltas a la ley que ocasionan caos vehicular.

Esta situación es la que padecen cotidianamente los vecinos de la colonia Pantitlán de la delegación Iztacalco, en donde se hace un cuello de botella que impide a la gente llegar a tiempo a sus destinos y es factor generador de la contaminación que tanto se quiere revertir.

En el cruce las avenidas Periférico e Ignacio Zaragoza, comerciantes de diversos giros invaden el arroyo vehicular, la vía pública, el camellón y las banquetas, reduciendo los carriles de manera arbitraria y afectando severamente la circulación en la zona.

Hoy en día, la ley es muy clara para sancionar este tipo de irregularidades. El nuevo Reglamento de Tránsito del Distrito Federal señala que uno de sus principios rectores es “evitar la colocación de objetos que representen un obstáculo a la circulación de vehículos y tránsito de peatones”.

Asimismo, en su artículo 34, este Reglamento prohíbe expresamente colocar, instalar, arrojar o abandonar objetos o residuos que puedan entorpecer la libre circulación de peatones y vehículos, previendo sanciones de 11a 20 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, o 13 a 24 horas de arresto administrativo y el retiro de los elementos incorporados4.

Para los habitantes de la colonia Pantitlán y los automovilistas que circulan a diario por esta zona, estas disposiciones son letra muerta, pues simplemente no hay autoridad que actúe ante las evidentes infracciones que ocurren de manera cotidiana.

Por ello, el grupo parlamentario del PRI hace un llamado respetuoso al Gobierno de la Ciudad de México para que aplique el Reglamento de Tránsito, con el fin de mejorar la calidad del aire que se respira en la Ciudad de México.

En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:


PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la Delegación Iztacalco, a implementar operativos para agilizar la circulación vehicular en Av. Periférico en su cruce con Av. Ignacio Zaragoza, en la colonia Pantitlán de la Delegación Iztacalco, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Dado en salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Atentamente

Senadores integrantes del grupo parlamentario del PRI en la LXIII Legislatura.

1 Ver CAMe, “De febrero a junio se pronostican contingencias ambientales”,
http://www.gob.mx/comisionambiental/articulos/de-febrero-a-junio-se-pronostican-contingencias-ambientales

2 Con excepción de vehículos de servicios de emergencia, autos híbridos, transportes escolares y de personal, servicios funerarios, placas de autos de personas con discapacidad, transporte de residuos peligrosos, etc.)

3 Ver ¿Y si llegamos a la Fase II? El Universal,
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/05/7/y-si-llegamos-la-fase-ii-lo-mas-leido

4Reglamento de Tránsito del Distrito Federal,
http://www.ssp.df.gob.mx/reglamentodetransito/documentos/nuevo_reglamento_transito.pdf





 

De la Diputada Lluvia Flores Sonduk, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guerrero a implementar un programa especial para prevenir, combatir y erradicar la diabetes mellitus que afecta a niñas, niños y adolescentes. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, Diputada LLUVIA FLORES SONDUK, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

Según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informáticas una de las principales causas de muerte en el estado de Guerrero, es por la diabetes mellitus.

Se estima que hay por lo menos 220 mil personas diabéticas mayores de 20 años, y tan sólo en Acapulco se calcula que hay unas 50 mil personas con esa terrible enfermedad silenciosa que tiene “rango de epidemia” que afecta al resto de la población mexicana y a nivel mundial.

El mismo organismo reporta que en el año 2013, hubo 2,444 defunciones por causa de la enfermedad que se produce cuando el páncreas no puede fabricar insulina suficiente o por razón que esta no logra actuar en el organismo porque las células no responden a su estímulo.  Se trata de una enfermedad que se desarrolla con el tiempo y que dura toda la vida una vez que se adquiere.

La definición que nos sugieren los especialistas, es que más que una enfermedad es un conjunto de enfermedades que se caracterizan por una insuficiente acción de la insulina endógena, lo que suele provocar hiperglucemia, alteraciones en los lípidos séricos y lesiones vasculares.

Como lo afirma el especialista de la UNAM, Alberto Lifshitz, diceque se adquiere por factores genéticos y factores ambientales y que la aparición clínica de la diabetes puede vislumbrarse por la exposición a un intenso estrés y súbito, como el asalto, robo, accidente en automóvil y otros. 

Además, se considera que el microambiente en el que se desarrolla el feto también parece influir, a juzgar por el hecho de que los individuos que sufren desnutrición intrauterina, identificada por el bajo peso al nacer, baja talla o bajo peso de la placenta, tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en edad adulta. Pero son dos los factores que más inciden en el desarrollo de la misma, y estos son la obesidad y la edad.

En general se afirma que los mexicanos tienenmás predisposición genética para desarrollar la diabetes, que no se había manifestado porque la alimentación fue ancestralmente deficiente sino por cambios de vida donde se presume la abundancia de alimentos de pésima calidad, es decir, una alimentación no saludable y balanceada.

En resumen la enfermedad tiene incidencia por factores como: familiares de primer grado con diabetes, pertenencia a un pueblo indígena con alta prevalencia, sedentarismo, exceso de alimentos energéticos (grasas, azúcares), exceso de alimentos con alto índice glucémico y bajo en fibras, hipertensión arterial, hipertrigliceridemia e intolerancia a la glucosa, entre otros.

Está reconocido que la diabetes es una de las principales causas de muerte en nuestro país. Asimismo es una de las principales causas de discapacidad laboral, de ceguera, amputaciones e insuficiencia renal. La prevalencia actual en México es cercana a 10 por ciento entre adultos y va aumentando la frecuencia de DM2 en niños. Sin duda que se trata de una enfermedad crónica, y una vez que un caso se incorpora al conjunto de enfermos ya nunca sale de él.

De esta manera, en este contexto, lo más preocupante que se tiene conocimiento es que en Acapulco se estiman unos 500 niños, niñas y adolescentes que son diabéticos tipo uno, y no existe una cultura para  visitar a un médico de manera oportuna para tener un tratamiento, menos para prevenir esta epidemia.

La misma Secretaría de Salud del Estado reportó públicamente que ahora Guerrero registra el primer lugar por mortalidad de diabetes mellitus. En lo que va del año se tiene un registro de 6 mil 250 casos nuevos de la enfermedad que generalmente termina en infarto.  Se reconoce oficialmente que cada vez hay más gente joven con ese padecimiento, que tiene su rostro más trágico en la Región de la Montaña donde está el mayor asentamiento de la población indígena.

En el año 2014, la Secretaría de Salud registro 2 mil 716 casos de mortalidad por diabetes y en el año 2015 fallecieron 981.

Según especialistas alertan que la diabetes es un problema epidemiológico serio porque es una enfermedad de naturaleza común. Representa uno de los principales problemas de salud pública en México.  En 1995, nuestro país ocupó el décimo lugar mundial con casi 4 millones de enfermos, y lo más grave es que para el año 2015 ocupará el séptimo lugar mundial con 12 millones de enfermos.

Por lo anteriormente expuesto, y en atención a nuestras obligaciones constitucionales y convencionales para favorecer la protección de los derechos, presento la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobernador del Estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, a través de la Secretaría de Salud y en coordinación con autoridades federales para que el ámbito de sus competencias, implementen un programa emergente para prevenir, combatir y erradicar la enfermedad de Diabetes Mellitus que tiene un panorama epidemiológico que  está ocasionando graves problemas de salud pública en el Estado guerrerense, en donde se han visto afectados por su incremento e incidencia; las niñas, niños y adolescentes.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Suscribe

Dip. Lluvia Flores Sonduk.

Fuentes:
El panorama epidemiológico de la diabetes mellitus. Erick Alberto Landeros
Olvera http://www.medigraphic.com/pdfs/enfe/en-2000/en001-4l.pdf
Instituto Nacional de Estadística, Geografía.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMortalidad.asp
Guerrero, primer lugar en mortalidad por diabetes mellitus.
http://ntrzacatecas.com/2015/11/14/guerrero-primer-lugar-en-mortalidad-por-diabetes-mellitus/





 

De los Diputados José Alfredo Torres Huitrón y Adolfo Mota Hernández, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a que, dentro de la reclasificación de límites de velocidad, el límite de velocidad en la circulación sobre la Avenida Oceanía y Avenida 608 sea de 80 km/h o se cambie la categoría de vía primaria a vía de acceso controlado. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, JOSÉ ALFREDO TORRES HUITRÓN y ADOLFO MOTA HERNÁNDEZ, Diputados Federales de la LXIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo a propósito de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 17 de agosto de 2015 se publicó en la Gaceta de Gobierno del Distrito Federal su reglamento de tránsito, y con la entrada en vigor se establecieron los límites de velocidad correspondiente a las vías de acceso controlado, vías primarias y vías secundarias.

En el caso de la avenida Oceanía y continuación con la avenida 608, ubicadas en la Delegación Gustavo A. Madero, la velocidad establecida es de 50 km/h; toda vez que está  catalogada como vía primaria, no obstante representa una conexión muy importante entre los Estados de México, Hidalgo, Querétaro, todos ellos con la Ciudad de México, destacándose el acceso al Aeropuerto Internacional de la misma Ciudad, consecuentemente existe una gran afluencia de miles de vehículos y cientos de miles de personas en movimiento mensualmente, convirtiéndose en millones de usuarios al año.

En mérito de lo expuesto y aprovechando el anuncio del Lic. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México de revisar los límites de velocidad; se considere de manera especial a la avenida Oceanía y  su continuación con avenida 608, se cambie de categoría de vía primaria a la de vía de acceso controlado, con la consecuente modificación incremente su  límite de velocidad a  80 km/h, cabe destacar además que son avenidas que cuentan hasta con 5 carriles y no cuenta con semáforos.

Además de acuerdo a un estudio del Instituto Politécnico Nacional en materia de ambiental determinaron que a una  menor velocidad será una mayor contaminación.

Consideramos que esta modificación dará mejor movilidad al transporte público, particular y de carga haciendo más eficaz, eficiente  y dinámica dicha avenida.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de ésta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único: La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que, dentro de la reclasificación de límites de velocidad, el límite de velocidad en la circulación sobre la Avenida Oceanía y Avenida 608 sea de 80 km/h o, se cambie la categoría de vía primaria a vía de acceso controlado.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 11 de mayo 2016.

Dip. José Alfredo Torres Huitrón.- Dip. Adolfo Mota Hernández





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer y establecer mecanismos eficientes para la prevención y control de incendios forestales. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276del Reglamento del Senado de la República, así como del artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A FORTALECER Y ESTABLECER MECANISMOS EFICIENTES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES, conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los ecosistemas de México testan compuestos de una gran variedad de especies de flora y fauna que interactúan entre sí; en selvas, bosques, matorrales, manglares y pastizales, se encuentran especies consideradas endémicas.

Las especies endémicas son aquellas que solo se encuentran en algunas partes del país; sobre las especies de flora tenemos al Ciprés de Guadalupe, Oyamel de Juárez y al Pino de Jalisco, entre otros de suma importancia.

Sobre las especies de fauna endémicas tenemos a la víbora de cascabel pigmea, la tortuga del desierto, gorrión serrano, liebre de tehuantepec, teporingo, rana de tláloc, entre otras.

Sin embargo, uno de los principales factores que ponen en riesgo a estas especies es el comercio, tráfico ilegal, la caza furtiva y la tala clandestina, el cambio de uso del suelo, la contaminación y sobre todo los incendios forestales. 

Expreso mi preocupación, porque cada uno de estos factores pone en riesgo de manera grave la sustentabilidad, como un factor determinante para el desarrollo de las especies y del ser humano.

El  26 de abril del presente año, inició un incendio forestal en el cerro de La Cruz de Uruapan, Michoacán para ser controlado, se necesitó el apoyo del Gobierno Estatal y de otras entidades para que de manera conjunta y coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional Forestal con el trabajo arduo se pudiera contener el incendio extinguiéndose al cien porciento.

En su momento el incendio representó un peligro para el ecosistema local y a la par la población que vive en la zona se vio afectada hasta el momento por la dispersión de humo en la ciudad; de las cuales se derivaron acciones del gobierno estatal y se recomendó a la población no realizar actividades físicas al aire libre.

Además de tener especial cuidado con los niños y adultos mayores, dado que las partículas desprendidas durante el incendio llegan aocasionar malestares propias sistema respiratorio y agravándose otras como el asma.

El incendio ha consumido más de 475 hectáreas de bosque, perdiéndose además, un número considerable de especies de fauna.

Algunos incendios forestales se generan de manera natural debido a la excesiva acumulación de materia orgánica seca, ayudada por condiciones climáticas de sequía, la topografía del lugar y el tipo de vegetación existente. Sin embargo la mayoría de los incendios forestales son causados por el hombre.

Los factores que más influyen en los incendios forestales son las actividades agrícolas “roza, tumba y quema1”; el descuido de los turistas al visitar zonas ecoturísticas; la imprudencias como el abandono de residuos combustibles y entre otros.

Derivado de los incendios forestales la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán inició una Carpeta de Investigación para indagar sobre el origen del incendio y fincar responsabilidades administrativas y penales por  la afectación ambiental en el Cerro de la Cruz.  La Fiscalía Especializada en Delitos contra el Ambiente dispuso el inicio de la investigación y determinar mediante  periciales, las causas que han generado daños importantes a este zona ecológica.

Pese a que hay indicios de que productores de aguacate están vinculados sin que exista prueba alguna, la procuraduría debe realizar su trabajo de manera institucional y con profesionalismo, pese a que se calcula que más del 90 por ciento de las actuales huertas son producto de los cambios de uso de suelo inducidos por dichos incendios forestales, no es determinante. Por ello mi llamado a la Procuraduría General de la República para que de manera coordinada con la Procuraduría  Federal de Protección al ambiente coadyuven con las autoridades locales a indagar el origen del incendio.

Si bien es cierto la producción de aguacate ha sido una actividad que trae más trabajo para el sector rural, no debe detenerse su desarrollo, al contrario, se debe fomentar aún más la actividad de forma sustentable mediante la participación de instituciones e institutos como universidades en las que se trabaja el mejoramiento de este fruto para que pueda franquear la barrera climática.

Aunado a lo anterior, exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se evalúen las solicitudes para el cambio de uso de suelo de las áreas siniestradas y se busquen opciones de remediación como la reforestación en vísperas de la temporada de ciclones que formalmente iniciara este 15 de mayo. Se hace necesario implementar las sanciones legales y evitar la corrupción, mejorarando la participación de las distintas autoridades tanto federales, estatales y municipales en la vigilancia forestal no solo para Michoacán, sino también para otros Estados.

Por último, es de suma importancia que la Secretaría de Agricultura,  Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, realice una campaña de difusión para informar a los productores agrícolas y pecuarios el sobre las medidas de prevención y control para los productores que amplíen su superficie agrícola. Y a la Comisión Nacional Forestal para que dirija a la población la aplicación de medidas para evitar incendios forestales, además de impulsar campañas de reforestación en los lugares afectados por los incendios, intentando así mantener un equilibrio en el ecosistema.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que las solicitudes de cambio de uso de suelo que se presenten en la zona del cerro de la Cruz, en el municipio de Uruapan Michoacán, se realicen con apego a las leyes aplicables.

A su vez, informe a esta soberanía sobre los daños causados en la flora y fauna, superficies siniestradas, las acciones y medidas para la reforestación.

Segundo.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en coordinación con los Gobiernos de las Entidades Federativas  fortalezcan  y difundan las medidas de prevención y control de incendios forestales en coordinación con los gobiernos municipales.

Tercero.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que de manera coordinación fortalezcan, impulsen y difundan un programa para los productores agrícolas y forestales en materia de prevención y control de incendios forestales.

Dado en la Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 El sistema de roza, tumba y quema es una práctica ancestral que consiste en extender la superficie de cultivo mediante el corte de matorrales y arbustos para después quemarlos; muchos campesinos en Méxicoaun realizan esta actividad sobre todo en los estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero.




 

De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que, en coordinación con el Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado de Guerrero, evalúen los alcances de los operativos que en materia de seguridad se vienen realizando, dada la continuidad de los altos índices de criminalidad. Se turna a la Primera Comisión.







 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Michoacán a presentar un informe sobre las medidas y planes de acción para prevenir y combatir los incendios forestales en la entidad. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El estado de Michoacán se distingue por su basta riqueza natural, destacando sus poco más de 4.2 millones de hectáreas de vocación forestal1, las cuales además de sus beneficios ambientales, también constituyen un pilar fundamental para la economía de dicha entidad, en virtud de que genera cerca de 60 mil empleos. Además, cabe mencionar que Michoacán es la entidad con mayor producción de resina a nivel nacional y el tercer en la producción forestal maderable.

En este sentido, resulta preocupante que la actual administración ha sido omisa ante diferentes hechos que ponen en riesgo un desarrollo sustentable de la entidad, tales como la tala clandestina y los incendios forestales.

Para dimensionar la magnitud de esta última problemática, basta mencionar que de acuerdo a datos de la Comisión Nacional Forestal en el estado de Michoacán, en lo que va del año se han registrado poco más de 498 incendios forestales que han afectado a 7 mil 301 hectáreas.2

Los datos son contundentes y ponen de manifiesto la falta de políticas por parte del gobierno estatal para prevenir y combatir este tipo de siniestros, peros sobre todo, la usencia de compromiso por la preservación de la riqueza natural del estado de Michoacán.

Prueba de ello, es que en días recientes se presentó un incendió en el Cerro de la Cruz, ubicado en el municipio de Uruapan, el cual supero la actuación de las autoridades y tuvo como consecuencia la afectación de 250 hectáreas, esto a pesar del trabajo de los más de 400 brigadistas que trabajaron por más de 48 horas sin conseguir controlar el fuego.

Una de los principales aspectos que dificultaron el control de daños, fue el hecho de no contar con helicópteros equipados para hacer frente a este tipo de contingencias, tal como sucedía con administraciones anteriores, que contaban con 2 helicópteros y que permitían sofocar los incendios de manera pronta y oportuna.3

Por ello, fue hasta después de 36 horas de que inició el fuego, que un helicóptero prestado por la Secretaría de Gobierno de Jalisco, se sumó a las tareas de control del incendio.

La falta de una respuesta oportuna por parte del gobierno de Michoacán, también representó un riesgo para la población de los municipios aledaños al incendió, principalmente para el municipio de Uruapan.

El incendió en el Cerro de la Cruz también ponen en evidencia la impunidad que se presenta en la entidad, debido a que, de acuerdo a declaraciones del titular de protección civil en el estado, se estima que 95% de los incendios forestales que ocurren en la entidad son intencionales y tienen como propósito cambiar el uso de suelo.

Para el Grupo Parlamentario del PRI, resulta preocupante la falta de una respuesta oportuna por parte del gobernador del estado de Michoacán ante los recientes incendios que se presentaron en la entidad, por lo que consideramos que es apremiante conocer los planes de acción de dicho gobierno para hacer frente a estas contingencias que ponen en riego nuestros bosques y la seguridad de los ciudadanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Michoacán, para que presente ante esta Soberanía un informe detallado sobre las medidas y planes de acción para prevenir y combatir los incendios forestales en la entidad.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Michoacán, para que en el ámbito de sus atribuciones instruya a las instancias correspondientes a realizar operativos y protocolos que coadyuven a prevenir los incendios forestales provocados intencionalmente.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Atentamente.

1 Presentan inventario forestal y de suelos en Michoacán, <https://www.quadratin.com.mx/sucesos/Presentan-inventario-forestal-y-de-suelos-en-Michoacan/> Consultado el 2 de mayo de 2016.

2 Suma CONAFOR 5 patrullas contra incendios en Michoacán, Comisión Nacional Forestal, <http://www.gob.mx/conafor/prensa/suma-conafor-5-patrullas-contra-incendios-en-michoacan > Consultado el 2 de mayo de 2016.

3 Los incendios en Uruapan devastan 250 hectáreas y siguen fuera de control,
<http://www.animalpolitico.com/2016/04/los-incendios-en-uruapan-devastan-250-hectareas-y-aun-esta-fuera-de-control/> Consultado el 2 de mayo de 2016.





 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a destituir de su cargo al delegado federal del Programa Prospera en Veracruz, así como a la coordinadora nacional del mencionado programa, por el uso indebido de recursos públicos. Se turna a la Tercera Comisión.

Quien suscribe, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, Senador de la República de la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente PROPOSICIÓN CONPUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A DESTITUIR DE SU CARGO AL DELEGADO FEDERAL DEL PROGRAMA PROSPERA EN VERACRUZ ASÍ COMO A LA COORDINADORA NACIONAL DEL MENCIONADO PROGRAMA, POR EL USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Que el pasado 3 de mayo del año en curso, se dio a conocer un audio en el que el Diputado por el Distrito XXII en Boca del Río, Raúl Zarrabal Ferat sostiene una conversación con el Delegado Federal del Programa PROSPERA en Veracruz, Alejandro Iván Baquedano Sánchez, con relación al uso de dicho programa en beneficio del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En el audio referido, se escucha con toda precisión el momento en que ambos funcionarios públicos acuerdan condicionar la entrega de apoyos del programa federal, a cambio del voto en diversos distritos del Estado de Veracruz; además de señalar claramente que la afiliación de tres mil familias al programa Prospera estaría condicionado a su voto en favor de Héctor Yunes Landa, candidato por la Alianza para Mejorar Veracruz(PRI-PVEM-Panal).Adicionalmente, el Delegado pactó la instalación de una oficina del Partido Revolucionario Institucional, con recursos del programa federal.

SEGUNDA.- Que PROSPERA es un Programa de Inclusión Social, cuyo objeto es articular y coordinar la oferta institucional de programas y acciones de política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, generación de ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud dirigida a la población que se encuentre en situación de pobreza.

Este programa opera a nivel nacional por medio de sus 32 Delegaciones Estatales y sus 232 Unidades de Atención Regional.

Asimismo, y de acuerdo con el portal de la Secretaría de Desarrollo Social1, PROSPERA cuenta con una Coordinación Nacional, que funge como órgano desconcentrado de la Secretaria y que tiene como objetivo principal: garantizar la acción conjunta y complementaria, involucrando en la operatividad del Programa a servidores públicos tanto  federales como estatales; convirtiendo a la coordinación en uno de los elementos más innovadores en la Administración Pública de México y constituyendo una de las fortalezas que debe mantenerse y avanzar para garantizar resultados.

TERCERA.- Que de conformidad con el Manual de Organización Específico de la Delegación de la SEDESOL en el Estado de Veracruz, los servidores públicos deberán actuar con estricto apego al código de ética de la administración pública federal, que prevé para el bien común lo siguiente:

"Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad. El servidor público no debe permitir que influyan en sus juicios y conducta, intereses que puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos en detrimento del bienestar de la sociedad.

El compromiso con el bien común implica que el servidor público esté consciente de que el servicio público es un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos y que representa una misión que sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales y no cuando se persiguen beneficios individuales."

De igual forma el Código de Conducta de la misma Secretaría establece que los servidores públicos ejercerán sus funciones con invariable apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, debiendo:

1. “Actuar con honestidad e integridad para fomentar la confianza de la sociedad en SEDESOL;

2. Cumplir las instrucciones que me sean asignadas, respetando la dignidad e integridad de las personas y la armonía laboral; Rechazar dinero, favores o regalos indebidos; y

3. Utilizar los bienes, servicios y programas de SEDESOL sin fines personales, partidistas ni electorales.”

CUARTA.- Que de conformidad con el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, todo servidor público tendrá obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan.

Que en el caso que nos ocupa, el Delegado del Programa Prospera en el Estado de Veracruz incumplió con las siguientes obligaciones:

“Artículo 47.



II.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos económicos públicos;

III.- Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por su función exclusivamente para los fines a que están afectos;

…”

De igual forma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 134 lo siguiente:

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Que en ese mismo sentido, el artículo 53 de la Ley Federal de Responsabilidades, establece que las sanciones por falta administrativa consistirán en: Apercibimiento privado o público; amonestación privada o pública; suspensión; destitución del puesto; sanción económica; e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

PUNTO DE ACUERDO
(de urgente y obvia resolución)

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a destituir de su cargo al Delegado Federal del Programa Prospera en Veracruz así como a la Coordinadora Nacional del mencionado Programa, por el uso indebido de recursos públicos.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus atribuciones, investigue el presunto desvío de recursos públicos cometido por el Delegado Federal del Programa Prospera en Veracruz, Alejandro Iván Baquedano Sánchez, en beneficio del candidato por la Alianza para Mejorar Veracruz.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Fiscalía de Delitos Electorales para que en el ámbito de sus atribuciones se investigue el probable desvío de recursos públicos para favorecer al candidato por la Alianza para Mejorar Veracruz del Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza.

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que por conducto de la Secretaría de Gobernación solicite a las diversas Secretarías de Estado, a vigilar la correcta implementación de los recursos públicos por parte de las delegaciones federales durante el periodo electoral 2016.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Atentamente

Sen. Fernando Yunes Márquez.

1 Conoce todo sobre PROSPERA. http://www.gob.mx/sedesol/articulos/conoce-todo-sobre-prospera




 

De la Diputada Lluvia Flores Sonduk, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a brindar asistencia médica, jurídica y humanitaria a la familia del niño José Miguel Tello, originario de Acapulco, Guerrero. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, diputada LLUVIA FLORES SONDUK, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 78, fracción III de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Por información periodística y en redes sociales, el ciudadano Jaime Tello Cisneros, originario de Acapulco, Estado de Guerrero; está requiriendo apoyo al gobierno federal, en virtud que en un viaje en Argentina, su hijo José Miguel de 5 años de edad, actualmente se encuentra en estado de coma desde el 23 de marzo, luego de un accidente que sufrió en Punta Tombo.

La información que ha proporcionado el padre del niño José Miguel, es que la camioneta turística donde viajaban, se volcó accidentalmente por conducir a exceso de velocidad. El chofer de la camioneta se salió de la ruta en tres ocasiones, que incluso la policía local lo detuvo a su salida de Puerto Madryn.

El menor salió despedido del auto, fracturándose la cabeza y presentando daños en el tallo cerebral, dos infartos cerebrales y una fuerte contusión pulmonar.

Los hechos están narrados puntualmente en declaración ministerial ante las instancias correspondientes.

Narran además los padres que aunque se le brindó atención médica al menor en un hospital público de la ciudad de Trelew, que se encuentra cercana al lugar del accidente, sin embargo, el menor continua en estado de coma, pero lo más preocupante es que la empresa turística no se ha hecho cargo del seguro correspondiente, ni la del auto y tampoco la agencia de viajes.

Ahora el problema que tienen los familiares del menor es que sin el pago del seguro, no podrían trasladar al niño a la ciudad de Buenos Aires para recibir la atención médica neurológica.

El padre del menor solicita con urgencia el apoyo de las autoridades mexicanas para requerir al gobierno de Argentina para queasuma su responsabilidad y proceder legalmente contra los responsables de estos lamentables hechos, al mismo tiempo, la ayuda correspondiente para el traslado de su hijo a la ciudad de Buenos Aires para recibir la atención neurológica.

Es de reconocer que las autoridades consulares y el propio Embajador Fernando Castro Tentri, han proporcionado el auxilio y dado seguimiento a todas las diligencias que tienen permitidas para el apoyo de los mexicanos en el exterior, por la situación que vive esta familia guerrerense.

Los familiares, están agradecidos por la atención amable y respetuosa proporcionada de forma directa por el jefe de la Cancillería de la Embajada, Alejandro Alba Fernández, de la Cónsul en Chubut, Carla JuarézGuraieb y de la abogada Susana Galván, sin embargo hace falta hacer un esfuerzo adicional para que las autoridades argentinas salvaguarden sus derechos, haciendo responsables a los entes del accidente y se hagan cargo de los gastos y costas correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, y atención a nuestras obligaciones constitucionales y convencionales para favorecer la protección de los derechos, presento la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente exhortar respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de autoridades consulares en la República de Argentina a garantizar la protección de mexicanos en el exterior, y a intensificar las diligencias jurídicas para que el gobierno argentino sancione a los entes responsables del accidente del niño José Miguel Tello, y garanticen el seguro correspondiente y de igual forma a facilitar la atención médica y la ayuda humanitaria necesaria.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Suscribe

Dip. Lluvia Flores Sonduk.





 

De los Diputados Francisco Saracho Navarro y César Alejandro Domínguez Domínguez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales a que, en aquellos casos en los que no se hayan realizado reformas o en los que se han realizado pero que no se ajustan a los más altos estándares de protección de derechos humanos, efectúen los ajustes necesarios a sus Códigos Civiles o Familiares, así como a sus respectivos códigos procesales, con la finalidad de que deroguen y reformen aquellas disposiciones sustantivas y procesales que regulen las causales de divorcio. Se turna a la Primera Comisión.

FRANCISCO SARACHO NAVARRO y CÉSAR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, Diputados Federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos  a consideración de esta Honorable Asamblea, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A partir de 2011, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el sistema jurídico mexicano tuvo un cambio de paradigma y ha propiciado una evolución en su legislación que le permite privilegiar la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las personas que se encuentren en territorio nacional, lo cual ha quedado expresamente establecido en la Carta Magna, señalando una serie de obligaciones, que de manera horizontal y vertical, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben cumplir,  maximizando los alcances de dicha protección.

Paulatinamente, dicha reforma constitucional se ha ido fortaleciendo, con las posteriores reformas a la legislación secundaria que la han armonizado con la Constitución Política, lo cual es una circunstancia de la que no pueden estar ajenas las entidades federativas, ya que el ser una protección a derechos fundamentales de las personas, su legislación siempre debe ir homologada a la Ley Suprema, sin que ello implique una afectación a la autonomía con que están investidas

En ese sentido, sí el espíritu de esa protección constitucional a los derechos humanos es incorporada a la legislación local, la tutela de los derechos fundamentales será más pronta, sencilla y accesible para todas las personas que tengan que someterse a la jurisdicción local, además de que ello contribuirá a la simplificación de los procedimientos y a la resolución de controversias derivadas de problemas cotidianos que pueden suscitarse en la dinámica social y familiar.

De ese modo, después de revisar la legislación local, se desprende que algunos Congresos locales, como los de Aguascalientes, Coahuila de Zaragoza, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, y la hoy denominada Ciudad de México1, han modernizado la regulación de instituciones como lo es el matrimonio, su disolución, así como las consecuencias derivadas de ella, lo cual ha sido un acierto, ya que al derogarse las causales de divorcio en dichas entidades, se le da inicio al pleno ejercicio de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad, como derechos humanos de las personas, aunado a la prontitud con que se desarrollan este tipo de procedimientos, resolviendo dichas controversias, como beneficio de dichas modificaciones legales.  

Para comprender las dimensiones y alcances de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad, como derechos humanos, es necesario observar la siguiente tesis aislada emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que a la letra dice lo siguiente:

Época: Novena
Época Registro: 165822
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009
Materia(s): Civil, Constitucional
Tesis: P. LXVI/2009 Página: 7

DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente.

Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número LXVI/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de dos mil nueve.

Es decir, la dignidad humana¸ es un presupuesto del goce y disfrute pleno de los derechos humanos, por lo que podemos observarla cuando las personas son plenamente respetadas y no se encuentran sometidas por algún tipo de circunstancia o persona que les restrinja arbitrariamente el disfrute de sus derechos fundamentales; así, el libre desarrollo de la personalidad lo podemos comprender como aquella posibilidad que tienen todas las personas, a través de la cual, pueden materializar sus proyectos y planes de vida, ejerciendo su libertad para decidir, por sí mismos, la forma de conducirla.

Ahora bien, el alcance de tales derechos humanos, vistos desde la perspectiva de la disolución de los vínculos matrimoniales, nos refiere que la manifestación de voluntad que se debe expresar como un requisito indispensable para contraer nupcias, es una condición permanente que no se agota en ese instante, si no que la voluntad de ambos cónyuges para mantenerse unidos en dicho vinculo perdurará en todo momento, por lo que será un derecho de los cónyuges decidir si continuar o dar por terminada la unión en comento, sin importar la causa en la que basen su determinación.

Por tal razón, debe ser considerada como violatoria de derechos humanos y desestimada toda carga procesal que obligue a acreditar la causa que dio origen al divorcio, condicionando el ejercicio de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad al promovente del juicio, en términos del siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Época: Décima Época
Registro: 2009512
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 19, Junio de 2015, Tomo III
Materia(s): Constitucional
Tesis: III.2o.C.25 C (10a.)
Página: 2076

DIVORCIO. EL ARTÍCULO 404 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO AL EXIGIR LA ACREDITACIÓN DE UNA CAUSAL PARA DISOLVER EL VÍNCULO MATRIMONIAL VULNERA EL DERECHO DE LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y, POR TANTO, DE LA DIGNIDAD HUMANA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la dignidad humana resulta fundamento de cualquier institución jurídica y social; por ello, en la interpretación constitucional, el parámetro constante y clave es la justificación y solución del conflicto jurídico, teniendo en cuenta, en todo momento, el principio de la dignidad humana, como base que edifica la entidad del sistema jurídico y orienta su formación, comprensión y ejecución. El derecho a que se respete la dignidad de todo ser humano, es fundamental, pues ello salvaguarda el incuantificable valor que tiene toda persona por el solo hecho de serlo, lo que condiciona el disfrute de los demás derechos. Existe una serie de derechos que tienen por objeto que la dignidad humana sea garantizada y, por tanto, permiten que toda persona alcance un estado de plenitud física y mental, entre ellos, se encuentra el libre desarrollo de la personalidad, derecho fundamental superior que, de acuerdo con Anabella del Moral Ferrer, en su obra "El libre desarrollo de la personalidad en la jurisprudencia constitucional colombiana", Cuestiones Jurídicas, Vol. VI, Núm. 2, julio-diciembre, 2012, pp. 63-96, Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela, se integra por tres elementos: 1) La libertad general de actuar; 2) La autonomía (que implica la autodeterminación); y, 3) La libertad de elección u opción. Lo anterior incluye la libertad de hacer o no hacer lo que se considere conveniente para la existencia de cada ser humano, como el contraer o no matrimonio. Su propia naturaleza precisa que el Estado no sólo se abstenga de interferir en el desarrollo autónomo del individuo; sino por el contrario, demanda que garantice y procure las condiciones más favorables para que todos los habitantes alcancen sus aspiraciones y, por tanto, su realización personal y de vida. Con base en ello, si la libre voluntad de las partes es un elemento esencial del matrimonio, es indudable que aquélla también debe ser tomada en cuenta para decidir, legalmente, si dicha unión conyugal seguirá existiendo o si se disolverá, pues no puede ser reconocida sólo al momento de celebrarse el matrimonio, y soslayarse una vez tramitado el divorcio. Así, el artículo 404 del Código Civil del Estado de Jalisco vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad y, por tanto, la dignidad humana, al exigir la acreditación de una causal de divorcio para disolver el vínculo matrimonial, pues la libertad del cónyuge para diseñar de manera autónoma su proyecto de vida, no puede condicionarse a la demostración de las causales que invocó en su escrito inicial de demanda, pues esta imposición incidiría de manera perniciosa en el libre desarrollo de su personalidad y dignidad humana; por tanto, la única causa determinante que puede considerarse como constitucionalmente válida, no es más que la libre voluntad que expresó en su demanda, con independencia de que dicha decisión haya sido motivada o no, por alguna de las conductas que enumera el citado precepto de la legislación civil de Jalisco.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 553/2014. 25 de noviembre de 2014. Mayoría de votos. Disidente: Víctor Jáuregui Quintero. Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: Manuel Ayala Reyes.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de junio de 2015 a las 9:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

En lo que refiere a los derechos de los menores de edad, si es el caso, siempre estarán salvaguardados por el juzgador natural, por lo que el ejercicio que los divorciantes hagan de sus derechos humanos, siempre serán ponderados y nunca estará por encima de los derechos fundamentales de aquellos.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el siguiente criterio jurisprudencial mismo que a la letra dice:

Época: Décima Época
Registro: 2009591
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 20, Julio de 2015, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 28/2015 (10a.)
Página: 570

DIVORCIO NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE CAUSALES, VULNERA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (CÓDIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS). El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del principio liberal de "autonomía de la persona", de acuerdo con el cual al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado tiene prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así como a impedir la interferencia de otras personas en su persecución. En el ordenamiento mexicano, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente el orden público y los derechos de terceros. De acuerdo con lo anterior, el régimen de disolución del matrimonio contemplado en las legislaciones de Morelos y Veracruz (y ordenamientos análogos), que exige la acreditación de causales cuando no existe mutuo consentimiento de los contrayentes, incide en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En este sentido, se trata de una medida legislativa que restringe injustificadamente ese derecho fundamental, toda vez que no resulta idónea para perseguir ninguno de los límites que imponen los derechos de terceros y de orden público. En consecuencia, los artículos 175 del Código Familiar para el Estado de Morelos y 141 del Código Civil para el Estado de Veracruz, en los cuales se establecen las causales que hay que acreditar para que pueda decretarse la disolución del matrimonio cuando no existe mutuo consentimiento de los cónyuges, son inconstitucionales. De acuerdo con lo anterior, los jueces de esas entidades federativas no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal, de tal manera que para decretar la disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. No obstante, el hecho de que en esos casos se decrete el divorcio sin la existencia de cónyuge culpable no implica desconocer la necesidad de resolver las cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, como pudieran ser la guarda y custodia de los hijos, el régimen de convivencias con el padre no custodio, los alimentos o alguna otra cuestión semejante.

Contradicción de tesis 73/2014. Suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 25 de febrero de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en cuanto al fondo. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

Tesis de jurisprudencia 28/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha quince de abril de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de julio de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de julio de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

En ese tenor, después de realizar una revisión en el contenido de los diferentes Códigos Civiles o Códigos Familiares de las entidades federativas, según sea el caso, se desprende que las causales de divorcio aún se siguen regulando en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Jalisco,  Nuevo León,  Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas2, lo cual atenta contra los derechos fundamentales de las personas que han decidido disolver su vínculo matrimonial, toda vez que dichos ordenamientos imponen la carga procesal de acreditar las circunstancias conflictivas para otorgar el divorcio y dar por terminada dicha unión, por lo que de no ocurrir, no habrá solución a un conflicto conyugal que afecta a una familia y todo quedara exactamente igual, cuando debe de ser la voluntad de los cónyuges, el principal eje en el que debe girar la continuidad del matrimonio.

La redacción que actualmente guardan los ordenamientos legales que regulan la disolución del matrimonio en las entidades federativas mencionadas en el párrafo precedente, impide a las personas ejercer su dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, desnaturalizando el objetivo primordial de la ley, que es el de regular la convivencia de la sociedad y establecer los lineamientos que permitan resolver controversias, privilegiando la protección a los derechos humanos, ya que sí a consideración del juzgador, durante un juicio, no se logrará acreditar la causal invocada, se prolongarían en el tiempo los conflictos y se agudizaría un ambiente nocivo, tanto para los cónyuges, como para los menores de edad, si es que hubo descendencia en dicha unión, propiciando que haya otras afectaciones a derechos humanos diversos.

Como parte de los esfuerzos que se vienen realizando desde el Congreso de la Unión para fomentar la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos en nuestro país, es que planteo la proposición con punto de acuerdo, en la que solicito se exhorte a los Congresos locales, para que en aquellos casos en los que no se hayan realizado reformas, o en los que se han realizado, pero no se ajustan a los más altos estándares de protección de derechos humanos, armonicen sus Códigos Civiles o Familiares, según sea el caso, así como a sus códigos procesales, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que   deroguen las causales de divorcio, para privilegiar la protección de los derechos humanos en la resolución de este tipo de controversias, en especial de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad, por encima de cualquier rigidez de carácter     procesal.

Por todo lo antes expuesto, los proponentes presentamos ante esta Honorable Asamblea la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a los Congresos locales, en ejercicio de la autonomía con que está investido el régimen interior de los Estados, para que en aquellos casos en los que no se hayan realizado reformas, o en los que se han realizado, pero que no se ajustan a los más altos estándares de protección de derechos humanos, efectúen los ajustes necesarios a sus Códigos Civiles o Familiares, según sea el caso, así como a sus respectivos códigos procesales, con la finalidad de que deroguen y reformen aquellas disposiciones sustantivas y procesales que regulen las causales de divorcio, y que de esa manera, dichos ordenamientos sean armonizados con la protección a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad que hace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 11 de mayo de 2016.

Atentamente

Dip. Francisco Saracho Navarro.- Dip. César Alejandro Domínguez Domínguez.

1Enhttp://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfResultados.aspx?TPub=2&search=codigo%20civil&t=1&c=0&x=0&l=0&u=1&r=0&p=0&o=0&b=1&rn=2&d=-1&v=-1&m=-1&fi=&ff=&edo=-1&sort=3&a=0&page=10&rID=, consultado el 23 de febrero de 2016. 




 

De la Diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo para que las Secretarías de Educación Pública y de Salud realicen una evaluación sobre el cumplimiento del Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las Escuelas del Sistema Educativo Nacional. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

1. La alimentación sana y adecuada forma parte de uno de los derechos reconocidos en diversos instrumentos internacionales y en el marco jurídico de nuestro país; sin embargo, el problema del sobrepeso y la obesidad se han convertido en un problema de salud pública, donde diversas autoridades de distintos nivel de gobierno han emprendido acciones para atender las consecuencias derivadas de esta epidemia.

2. Entre los principales obstáculos para que se pueda acceder a este derecho se encuentran las limitantes económicas para adquirir los insumos mínimos para una buena alimentación, los malos hábitos alimenticios y la creciente oferta de determinados productos con escaso valor nutricional y alto contenido calórico, conocida comúnmente como comida chatarra. Las consecuencias son variadas, sin embargo, uno de los problemas en los que se ha centrado la atención por su alarmante progreso es el relativo al sobrepeso y la obesidad, sobre todo en niños y niñas por el aumento en el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, como la diabetes mellitus, cardiopatías y cáncer que son las tres principales causas de mortalidad en nuestro país.

3. Datos de la Encuesta Nacional de Salud en los Escolares, elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública, indican que un niño tiene cuatro veces más posibilidades de encontrar en la cooperativa de su escuela un dulce que un vaso de leche o verdura. Afirma también que  esos establecimientos priorizan en su oferta productos altamente calóricos, ya que 81% de las cooperativas de las primarias en el país ofrecen dulces, el 78.8% botanas industrializadas, el 71.8% refrescos y el 48% pastelitos industrializados. En contraste con estos datos, sólo el 50% vende agua pura embotellada, 29% yogurt, otro 20% verdura fresca y sólo el 19% leche.

En el caso de las secundarias, la Encuesta citada arrojó datos de que en 9 de cada 10 planteles venden dulces, botanas industrializadas, tortas y refrescos; mientras que  una de cada cinco vende leche. Señala también que sólo el 52% de las primarias y el 58% de las secundarias disponen de agua gratuita para sus estudiantes. Los resultados mostrados en esa Encuesta, al entrevistar a 73 mil 560 niños de 644 escuelas primarias y secundarias, indican que el 30% de los estudiantes de primarias y el 31.7% de secundaria presentaban sobrepeso y obesidad. De manera paradójica, también se encontró que un sector presentas serias deficiencias nutricionales, ya que el 20% de los niños de primaria padece anemia, mientras que en secundaria esta cifra se eleva a 32.5%.

4. Por su otra parte, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 precisa que de 1999 a 2012, la obesidad en los niños en edad escolar creció de 26.9% a 34.4%, mientras que entre los adolescentes y jóvenes, el exceso de peso pasó de 11.1% en 1988 a 35.8% en 2012. Por lo que hace a la población adulta, México tuvo 35.2% de personas mayores de 20 años con obesidad, mientras que en 1988 solo había 9.5% de personas en esa condición; con estos datos se evidencia que estamos frente a un problema de salud pública.

5. A través de diversas acciones, distintas autoridades han buscado dar soluciones a la epidemia del sobrepeso y la obesidad, de manera particular en el ámbito escolar, pues es en la población infantil donde se encuentran las cifras con números rojos que alertan sobre la salud de ese sector. Entre esas acciones, destacan las siguientes:

● El Programa Sectorial de Salud 2013-2018 (PSS), en su Objetivo 3. Plantea  "Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida", y en su Estrategia 3.7. "Instrumentar la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes", dispone entre sus líneas de acción la relativa a vincular acciones con la Secretaría de Educación Pública para la regulación de las cooperativas escolares.

● La reforma al Artículo 3° Constitucional, Quinto Transitorio III, apartado C, publicado el 26 de febrero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, que señala la prohibición en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos.

● El 11 de septiembre del 2013, se publica en el Diario Oficial de la Federación la adición del artículo 24 bis a la Ley General de Educación, que tiene como objetivo principal establecer los lineamientos a que deberán sujetarse el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de todas las escuelas, estas disposiciones de carácter general comprenden las regulaciones que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos y fomenten aquellos de carácter nutrimental.          

● La Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes cuyo objetivo en mejorar los niveles de bienestar de la población al frenar el incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad, y revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles, particularmente la diabetes mellitus, utilizando intervenciones de salud pública, un modelo integral de atención médica y políticas públicas intersectoriales.

● La publicación de los Lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional el 16 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, que son aplicables a todas las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional en las cuales se expendan y distribuyan alimentos y bebidas preparados y procesados, además de establecer los criterios nutrimentales para la preparación o expendio de los alimentos y bebidas que conforman el desayuno, refrigerio y comida escolar.

6. Con diversas acciones, se ha buscado dar cumplimiento pleno a los Lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional; sin embargo, la Organización El Poder del Consumidor ha señalado que, a pesar del lanzamiento de esa estrategia, muchas escuelas que no tienen conocimiento de esta regulación, por lo que no la aplican. Además precisan que el propio Gobierno Federal, a través del Instituto Nacional de Salud Pública, dio a conocer en su último reporte de seguimiento de los lineamientos en 2014, cuyos resultados arrojan que de 110 escuelas primarias públicas revisadas, en 80% aún se vendían bebidas azucaradas, y solo una tercera parte contaba con bebederos de agua, como marca la estrategia; además hasta un 80% de los directores, profesores, vendedores de alimentos y padres desconocía que existiera la prohibición de vender comida chatarra.

7. Adicional a esos datos, el 18 de febrero del 2016 se dio a conocer el modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, el cual  es una herramienta que permite identificar los alimentos y bebidas procesados y ultraprocesados con altos contenidos de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y sodio, debido a que son los nutrimentos identificados que se han asociado con daños a la salud y que es necesario limitar su consumo. El documento hace referencia a cinco puntos que requieren el uso de este modelo, los cuales son la restricción de la comercialización y promoción de alimentos y bebidas poco saludables a niños; la regulación de los alimentos en el entorno escolar; el etiquetado de advertencia en el frente del envase; políticas fiscales para desincentivar el consumo de alimentos no saludables y subsidios agropecuarios y los programas sociales alimentarios dirigidos a poblaciones vulnerables.

8. Como se puede apreciar, existen diversas políticas, instrumentos y legislación para combatir el sobrepeso y la obesidad infantil, principalmente en el entorno escolar; sin embargo, también los datos alertan sobre la eficacia que han tenido los mismos, por lo cual es preciso que se de seguimiento de ellos a través de una evaluación que realicen las instancias encargadas de la materia y tener los elementos que permitan fortalecer las estrategias y así poder cumplir los objeticos que se han planteado.

Po lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de la Comisión Permante el siguiente

ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, para que realicen una evaluación sobre el cumplimiento del Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las Escuelas del Sistema Educativo Nacional, y hagan de conocimiento público sus resultados.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016

Suscribe

Dip. Maricela Contreras Julián.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional de Protección Civil a llevar a cabo un programa de capacitación dirigido a docentes, personal administrativo y jóvenes estudiantes de los niveles medio superior y superior en materia de primeros auxilios. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los primeros auxilios se refieren a los cuidados o la ayuda inmediata, temporal y necesaria que se le da a una persona que ha sufrido un accidente o enfermedad hasta la llegada de un médico o profesional paramédico que se encargará, solo en caso necesario, del trasladado a un hospital tratando de mejorar o mantener las condiciones en las que se encuentra.

Se aplican en múltiples situaciones entre las que podemos señalar, principalmente, los desmayos, fracturas, mordeduras o picaduras de insectos, choques, quemaduras por el sol o por incendios y ahogamiento.

En México, las lesiones accidentales ocupan, desde hace más de 20 años, uno de los primeros lugares como causa de mortalidad general.

La probabilidad de sufrir un accidente, en cualquier ámbito, continúa aumentando debido a múltiples factores relacionados con las condiciones ambientales, falta de precaución y capacitación laboral, así como de cuidados al interior del hogar, entre otros.

Por esta situación, nuestra sociedad y en particular nuestras familias, deben estar preparadas sobre la forma de actuar en caso de presentarse un accidente, con el objetivo de salvar la vida del accidentado y ponerlo a disposición de un médico que pueda valorarlo.

Uno de los postulados básicos de los primeros auxilios, es el que entre más pronto se puedan llevar a cabo, la probabilidad de salvar una vida aumenta, desafortunadamente la mayoría de la población desconoce la forma de actuar, teniendo que esperar la ayuda de personal capacitado.

El 57% de las muertes por accidente se produce en los instantes siguientes a la colisión y el 85% de éstas se debe a la obstrucción de las vías respiratorias y a hemorragias. Muchos de estos accidentes podrían tratarse oportunamente si alguno de los testigos presenciales hubiera contado con formación en primeros auxilios.

Es preciso que la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional de Protección Civil, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, convoquen a una cruzada nacional para ampliar el conocimiento de los primeros auxilios, sobre todo, en la comunidad educativa de los niveles de educación media superior y superior.

La salud es un tema de alta prioridad para el Estado mexicano, en este sentido, se han conformado y fortalecido diversas instituciones que dan respuesta a las necesidades que demanda la población.

Las principales causas de muerte también se han modificado; las infecciones comunes y los problemas que tienen vínculos con la desnutrición y la reproducción han sido desplazados por las enfermedades no transmisibles y las lesiones, que hoy concentran más de 85% de las causas de muerte en el país.

Con base a estas consideraciones, sometemos a esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional de Protección Civil para que, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, lleven a cabo un programa de capacitación dirigido a docentes, personal administrativo y jóvenes estudiantes de los niveles medio superior y superior en materia de primeros auxilios.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 11 de mayo de 2016.

Atentamente





 

De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se que exhorta al titular de la Secretaría de Marina a emprender acciones que permitan la producción total de uniformes para uso del personal de la dependencia, para la reducción de costos, garantizar la seguridad y la exclusividad de los mismos. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, Diputada Federal MARÍA CRISTINA TERESA GARCÍA BRAVO integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta H. Comisión Permanente del  H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde sus orígenes, el uniforme militar ha sido utilizado de manera general con la aparición de los grandes ejércitos nacionales en el siglo XVII, el cual tenía una función primaria de identificación.

El uniforme (del latin uniformis) en nuestras fuerzas armadas promueve la obediencia, la camaradería y la manifestación de la fuerza. Y en el caso del derecho internacional humanitario, añade a la función de identificación otra dimensión; la distinción entre combatientes y civiles.

Así entonces, los elementos de operaciones militares deben distinguirse de la población civil para protegerla de los efectos de las hostilidades y limitar la conducción de la guerra a los objetivos militares.

En este sentido, los uniformes militares tienen importancia en cuanto cumplen con un fin de identificación, los cuales son típicos de cada país y sus fuerzas armadas, pero además tienen una razón de ser más importante de las que comúnmente se les atribuye; para cualquier  integrante de nuestras fuerzas armadas, siempre es un orgullo lucir su uniforme, ya que en él se muestran sus galardones en cuanto a comportamientos tácticos e ideológicos así como sus méritos obtenidos.

Cabe señalar que, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018se establecieron cinco metas nacionales con tres ejes transversales, para alcanzar entre otros aspectos: un México en Paz, donde se recobren el orden, la seguridad y la justicia que anhelan las familias y en el cual seestablecieron lineamientos para hacer una nación tranquila en la que se respeten cabalmente los derechos humanos. En el mismo documento se estableció que: “la misión de las Fuerzas Armadas de México es emplear el poder militar de la Federación para la defensa exterior y para coadyuvar en la seguridad interior del país”, por lo que la colaboración de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interior ha tomado un papel predominante en los últimos años, debido (entre otros) a la violencia generada por diversas organizaciones delictivas.

La Seguridad Nacional responde a una función esencial del Estado, así como un derecho fundamental de los ciudadanos, que engloba los principios que definen al Estado Mexicano como país soberano e independiente.

Es del dominio público que, la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN) por medio de su Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo (D.G.FA.V.E.) organismo de la propia Secretaría, es el encargado de fabricar como parte del Sistema Logístico Militar, el vestuario y equipo para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, conforme a los requerimientos que reclame el cumplimiento de sus misiones generales, a costos competitivos y aplicando tecnología e innovación con el compromiso de mejorar continuamente la eficacia de su Sistema de Gestión de Calidad, sus procesos y sus productos.

Al producirlo, ayudan a darle identidad al uniforme y al equipo militar para que no sea fácilmente reproducible, ya que se manifiesta, que las telas tienen un patrón de pixelado desarrollado por la propia S.D.N., así, se permite dar cierto sello de pertenencia y evitar que de manera “oficial” se esté autorizando la reproducción a particulares, al existir la posibilidad ser utilizados para cualquier otra función distinta a la de nuestras fuerzas armadas.

De ahí, que en la S.D.N. cada pieza es foliada para ser identificada hasta el momento que se ensambla, así se tiene el registro de cuando fue elaborada una pieza y hasta a qué elemento le fue entregada. Sin dejar de resaltar que al ser una producción “interna”, los costos son menores. 

Debe considerarse que de asignarse la labor de la confección de los uniformes del personal de la Secretaría de Marina a la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo (D.G.FA.V.E.) de la S.D.N; se estaría colaborando con la seguridad nacionaly evitar su clonación para que hagan mal uso del uniforme, ya que no han sido pocas las ocasiones que se denuncia públicamente, la participación de personas que vestían  uniformes de personal  militar o de la marina, pero que al final de las investigaciones legales resultaron que la vestimenta que se portaba era falsa.1

También en refrendo de lo anterior, se incorpora la siguiente información periodística como ejemplo del riesgo que puede afrontarse: Autoridades federales localizaron un taller para confeccionar clandestinamente uniformes y chalecos antibalas falsos de infantes de Marina, en lo que el cuerpo naval consideró como una muestra de que grupos criminales intentan desprestigiar a las Fuerzas Armadas en el norte de México. La Secretaría de Marina informó el jueves en un comunicado que el taller se encontraba en la ciudad fronteriza norteña de Piedras Negras, en el estado de Coahuila, donde entre otras cosas se decomisaron 225 chalecos, 151 pantalones de camuflaje, cinco máquinas de coser y más de 90 rollos de telas. La Marina señaló que llegó al lugar gracias a una denuncia ciudadana”2.

Por todo esto, consideramos que es indispensable el que se garantice la máxima certeza y confiabilidad a quienes se asignará ésta relevante tarea de la confección de la vestimenta del personal de la Secretaria de Marina.

Por ello, consideramos que la H. Comisión Permanente de este H. Congreso de la Unión no puede permanecer inmóvil, insensible e indiferente ante estos hechos que lastiman e indignan a las y los mexicanos. Es nuestra responsabilidad exigir que se reduzca hasta quedar nula la opción de contratar a empresas privadas, para la elaboración, producción y confección de uniformes, y analizando la posibilidad dentro del marco de sus facultades para celebrar convenios de producción con la SEDENA.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La H. Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Marina, a emprender acciones que permitan la producción total de uniformes para uso del personal de la dependencia, para la reducción de costos, garantizar la seguridad y la exclusividad de los mismos.

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión, el 11 de mayo de 2016.

Suscribe

María Cristina Teresa García Bravo.
Diputada Federal

*Mfr

1 Instalan retén en Guerrero falsos militares, Sinembargo.MX , marzo  9, 2016.

2 Clonan' a marinos con chalecos antibala y uniformes falsos, Excelsior, mayo 24, 2012,

http://www.excelsior.com.mx/2012/05/24/nacional/836464





 

De los Diputados Francisco Saracho Navarro y Raúl Domínguez Rex, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales para que en aquellos casos en los que no se hayan realizado reformas, o en los que se han realizado pero que no se ajustan a los más altos estándares de protección de derechos humanos, efectúen los ajustes necesarios a sus Códigos Civiles o Familiares, con la finalidad de que deroguen y reformen aquellas disposiciones que permiten a los menores de edad contraer matrimonio, eliminando la posibilidad de que les sea dispensada la edad para tal efecto. Se turna a la Segunda Comisión.

FRANCISCO SARACHO NAVARRO y RAÚL DOMÍNGUEZ REX, Diputados Federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La efectiva protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, es un rubro que ha generado una gran preocupación en nuestro país, y se ha convertido en un reto que debe ser superado mediante el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno, ya que a pesar de la protección a derechos humanos que se hace desde la Carta Magna, al numeral 2 del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de la vigencia de la nueva Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes aprobada en 2014, aún podemos observar que la legislación de diversas entidades federativas sigue sin ser armonizada en dichos términos, circunstancia que abre la posibilidad para fomentar diversos problemas sociales y de salud que afectan a ese sector poblacional, tanto en su presente, como a corto, a mediano y largo plazo.

En ese tenor, al ser una materia concurrente en términos de la fracción XXIX-P del artículo 73 Constitucional, el papel que juega la referida Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes dentro del sistema jurídico mexicano, es muy importante, ya que a través de ella se establecerán los lineamientos mínimos sobre los cuales se debe regular, proteger, respetar y garantizar los derechos fundamentales de los menores de edad en los tres órdenes de gobierno, reflejando la política que a nivel nacional se debe seguir para tal efecto, por lo que en ese contexto, las entidades federativas deben adoptar los criterios establecidos en dicha ley general y únicamente pueden reforzar o incrementar los derechos tutelados en dicho ordenamiento, pero no pueden reducir o flexibilizar la protección realizada, lo anterior en términos de la siguiente jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dice lo siguiente:

Época: Novena Época
Registro: 165224
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXI, Febrero de 2010
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 5/2010
Página: 2322

LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS LEYES GENERALES. Las leyes generales son normas expedidas por el Congreso de la Unión que distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno en las materias concurrentes y sientan las bases para su regulación, de ahí que no pretenden agotar la regulación de la materia respectiva, sino que buscan ser la plataforma mínima desde la que las entidades puedan darse sus propias normas tomando en cuenta su realidad social. Por tanto, cumpliendo el mínimo normativo que marca la ley general, las leyes locales pueden tener su propio ámbito de regulación, poniendo mayor énfasis en determinados aspectos que sean preocupantes en una región específica. Si no fuera así, las leyes locales en las materias concurrentes no tendrían razón de ser, pues se limitarían a repetir lo establecido por el legislador federal, lo que resulta carente de sentido, pues se vaciaría el concepto mismo de concurrencia. En este sentido, las entidades federativas pueden aumentar las obligaciones o las prohibiciones que contiene una ley general, pero no reducirlas, pues ello haría nugatoria a ésta.

Acción de inconstitucionalidad 119/2008. Diputados integrantes de la Cuarta Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 3 de septiembre de 2009. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Fabiana Estrada Tena.

El Tribunal Pleno, el quince de febrero en curso, aprobó, con el número 5/2010, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de febrero de dos mil diez.

Al respecto, podemos observar que actualmente la legislación civil o familiar de diversas entidades federativas no se ajusta a dichos criterios y atenta contra el principio pro persona y el principio del interés superior de la niñez, previsto constitucionalmente, y contraviene al artículo 45 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, puesto que contemplan la posibilidad de que los menores de edad puedan contraer matrimonio, ya sea que se permita expresamente el matrimonio entre menores de edad, o bien, que a pesar de exigir la mayoría de edad de los contrayentes, este requisito pueda ser dispensado para celebrar dicha unión, por lo que resulta importante que los ordenamientos legales locales que contengan este tipo de contenidos, sean ajustados para prohibir que los menores de edad se vean involucrados en enlaces matrimoniales, armonizándose y fortaleciendo al contenido del referido artículo 45 de la ley general de la materia, que a la letra dice lo siguiente:

“Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años.”

Ante la necesidad de reforzar la tutela de dicho precepto y complementar el trabajo legislativo ya realizado, es que durante 2015, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha recomendado a México lo siguiente:

“A la luz de la observación general N° 18. (2014) adoptada de manera conjunta con el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, el Comité recomienda al estado parte que asegure la efectiva implementación del artículo 45 de la LGDNNA, asegurando que la edad mínima para contraer matrimonio por parte de niñas y niños sea establecida en 18 años en las leyes de todos los estados. El Estado parte debe también implementar programas integrales de sensibilización sobre las consecuencias negativas del matrimonio infantil en niñas, teniendo como población objetivo a los familiares, maestros y líderes indígenas.”1

En esa coyuntura es que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, implementó la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes (ENAPEA), en enero de 20152, señala la necesidad de que la legislación civil o familiar en las entidades federativas, sea homologada con la Carta Magna, el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir que los menores de edad puedan contraer matrimonio, ya que la celebración de este tipo de uniones, son un factor muy importante que ha incrementado los índices de maternidad en las menores de edad, como un problema social y de salud pública3, lo cual es un trabajo que le corresponde realizar a cada Congreso local para sumarse al espíritu de la citada ley general.

En ese sentido, la legislación de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila de Zaragoza, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán, recientemente han sido homologadas con el texto de la Constitución Política, al numeral 2 del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del artículo 45 de la referida Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.4

No obstante lo anterior, después de haber revisado la legislación de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas, nos percatamos que su legislación civil o familiar, según el caso, aun no se encuentra armonizada con la Carta Magna, al numeral 2 del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 45 de la referida Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes5, puesto que permiten expresamente que los menores de edad puedan contraer nupcias, debido a que a pesar de exigir la mayoría de edad de los contrayentes, también prevé la dispensa de tal requisito, por lo que se advierte la necesidad de realizar ajustes a su respectiva legislación, y hacer más eficaz y clara la protección de los derechos fundamentales de los menores de edad. 

Sobre ese particular, es necesario destacar que en la legislación civil o familiar de algunas entidades federativas, se establece la mayoría de edad como un requisito para contraer matrimonio, sin embargo, también se prevé la figura de su dispensa para poder celebrarlo cuando los contrayentes no lo cumplan, siempre que para tal efecto, otorguen su consentimiento las personas que ejerzan la patria potestad sobre ellos o en su ausencia, lo hagan otros familiares, incluso permite que autoridades o funcionarios también lo otorguen basándose en una supuesta “causa grave”, sin definirla en su texto, lo cual es una circunstancia que queda abierta al criterio de las personas que otorguen tal consentimiento, y hace nugatorio lo preceptuado por el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y atenta contra el principio pro persona y el principio del interés superior de la niñez, puesto que se aplica la ley en perjuicio de los menores de edad, lo cual es anacrónico e inadmisible, ya que dicha legislación local propicia que indebidamente se disponga de los derechos humanos, cuyo goce y disfrute corresponde a los menores de edad, además de ser inherente a ellos por su sola condición, y al respecto Luiggi Ferrajoli establece lo siguiente:

Que los derechos fundamentales son indisponibles quiere decir que están sustraídos tanto a las decisiones de la política como al mercado. En virtud de su indisponibilidad activa, no son alienables por el sujeto que es su titular: no puedo vender mi libertad personal o mi derecho de sufragio y menos aún mi propia autonomía contractual. Debido a su indisponibilidad pasiva, no son expropiables o limitables por otros sujetos, comenzando por el Estado: ninguna mayoría, por aplastante que sea, puede privarme de la vida, de la libertad o de mis derechos de autonomía.”6

Aunado a lo anterior, mientras la legislación local aplicable guarde la redacción que por este conducto se cuestiona, también se contraviene a uno de los principios rectores de los derechos humanos, como lo es el de la progresividad, en términos de la siguiente tesis aislada emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que a la letra dice lo siguiente:

Época: Décima
Registro: 2000129
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5
Materia(s): Constitucional
Tesis: III.4o. (III Región) 4 K (10a.)
Página: 4580

PROGRESIVIDAD. CÓMO DEBE INTERPRETARSE DICHO PRINCIPIO POR LAS AUTORIDADES A PARTIR DE LA REFORMA QUE SUFRIÓ EL ARTÍCULO 1O. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.El principio de progresividad persigue, esencialmente, la aplicación preferente de aquel ordenamiento que contemple un mayor beneficio al gobernado respecto de sus derechos humanos, por ello las autoridades deben estar atentas a la evolución de éstos, especialmente en los tratados internacionales, pues puede suceder que exista contraposición entre un derecho humano que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el previsto en el tratado, en cuyo caso, si éste es de mayor beneficio para la persona, es el que debe aplicarse, en observancia al referido principio y acorde con los fines de justicia, equidad y solidaridad social perseguidos por el Constituyente Permanente a partir de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.

Amparo directo 633/2011. Pedro Rodríguez Alcántara. 20 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Nicolás Alvarado Ramírez.

La permisión legal para que los menores de edad contraigan nupcias, implica que adquieran anticipadamente obligaciones legales y morales, las cuales les obstaculizará disfrutar de derechos y situaciones de su edad, además de situarlos en una condición de desventaja a corto, mediano y largo plazo respecto de otros jóvenes que no tienen este tipo de obligaciones; debe mencionarse que además de las implicaciones referidas, al permitirse que los menores de edad puedan contraer matrimonio, se han fomentado diversos problemas de carácter social y de salud que hace a dichos menores de edad más susceptibles a sufrir embarazos prematuros, problemas de salud durante el embarazo, mortalidad materna, mortalidad neonatal, deserción escolar, transmisión intergeneracional de la condición de pobreza, falta de oportunidades para acceder a un progreso, o incluso hasta abusos o la comisión de conductas tipificadas como delitos en su perjuicio, tales como la trata de personas u otras conductas análogas a la esclavitud, lesiones, incluso poniendo en riesgo su vida.

Desafortunadamente, en muchas de las ocasiones por aspectos de carácter social o cultural, que se basan en disposiciones legales anacrónicas, son las mismas familias o las costumbres de las comunidades indígenas, quienes empujan a sus niñas, niños o adolescentes a involucrarse en ese tipo de compromisos, aunado a la discriminación por razón de género que aún se observa en nuestro país, teniendo en las niñas una mayor susceptibilidad para ser involucradas en uniones matrimoniales, lo cual como ya se ha mencionado, encuentra su respuesta en aspectos de tipo cultural que debe irse erradicando.7   

Ante los argumentos y criterios planteados, así como las recomendaciones realizadas al Estado mexicano y las estrategias implementadas por éste, es que se debe exhortar a los Congresos locales para que efectúen los ajustes necesarios a su legislación con la idea de tutelar eficazmente los derechos fundamentales de los menores de edad, adoptando los más altos estándares de protección establecidos en la Carta Magna, al numeral 2 del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de que se prohíba que menores de edad contraigan matrimonio, eliminando la posibilidad de que les sea dispensado el requisito de la mayoría de edad para tal efecto.

Por todo lo antes expuesto, los proponentes presentamos ante esta Honorable Asamblea la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a los Congresos locales, quienes en ejercicio de la autonomía con que está investido el régimen interior de los Estados, para que en aquellos casos en los que no se hayan realizado reformas, o en los que se han realizado, pero que no se ajustan a los más altos estándares de protección de derechos humanos, efectúen los ajustes necesarios a sus Códigos Civiles o Familiares, según sea el caso, con la finalidad de que deroguen y reformen aquellas disposiciones que permiten a los menores de edad contraer matrimonio, eliminando la posibilidad de que les sea dispensada la edad para tal efecto, lo que homologaría su legislación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al numeral 2 del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al artículo 45 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 11 de mayo de 2016.

Atentamente

Dip. Francisco Saracho Navarro.- Dip. Raúl Domínguez Rex.

1 Comité de los Derechos del Niño. Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México. Disponible en:
http://recomendacionesdh.mx/recomendaciones/descargar/CDN_2015_Traducci%C3%B3n_no_oficial/pdf

2 Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes (ENAPEA), página 66, consultado 7 de marzo de 2016  en http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/55979/ENAPEA_0215.pdf

3Verenhttp://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/editorial-el- universal/nacion/2016/03/8/madres-por-ignorancia , consultado el 8 de marzo de 2016.

4 Ver en
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfResultados.aspx?TPub=2&search=codigo%20civil&t=1&c=0&x=0&l=0&u=1&r=0&p=0&o=0&b=1&rn=2&d=-1&v=-1&m=-1&fi=&ff=&edo=-1&sort=3&a=0&page=10&rID=,  consultado el 29 de abril de 2016.

5 Ver en
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfResultados.aspx?TPub=2&search=codigo%20civil&t=1&c=0&x=0&l=0&u=1&r=0&p=0&o=0&b=1&rn=2&d=-1&v=-1&m=-1&fi=&ff=&edo=2&sort=3&a=0&page=10&rID= ,
consultado el 29de abril de 2016.

6  FERRAJOLI, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil. Editorial Trotta. Trad. de Perfecto Andrés Ibáñez. 7ª ed. Madrid, 2010. Pág. 47.

7 Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas “UNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”, consultado 7 de marzo de 2016 en
http://www2.unwomen.org/~/media/field%20office%20mexico/documentos/noticias/llamado%20a%20la%20accion%20unete%202015_19_nov.pdf?v=1&d=20151119T225223





 

Del Diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al jefe delegacional en Cuauhtémoc y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a reforzar las acciones para disminuir los índices delictivos en esa demarcación. Se turna a la Primera Comisión.

Quien suscribe, Diputado Federal a la LXIII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, refuercen las acciones para disminuir los índices delictivos en esa demarcación, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

La delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México ha sido una de las que presentan índices delictivos más altos en esta entidad. Desde la proliferación de giros negros hasta la presencia de grupos de la delincuencia organizada, los vecinos que allí habitan sufren de este fenómeno, sin que las autoridades delegacionales pongan interés en el asunto.

Ya desde 2015, se hablaba de que en la demarcación se cometían aproximadamente quinientos delitos diariamente y, a pesar de su extensión territorial es basta y el número de sus habitantes, alto, debemos reconocer que esta situación afecta la convivencia cotidiana de las personas en esa parte de la Ciudad.

El propio jefe delegacional ha debido reconocer la presencia de grupos de la delincuencia organizada sin que ello haya derivado en alguna acción contundente, limitándose a deslindar sus responsabilidades al respecto sin que, en los hechos, la situación real cambie.

Más aún, en un acto de equilibrismo político, el jefe delegacional Ricardo Monreal ha dejado de atender problemas que requieren de atención inmediata, como la revisión de los establecimientos de alto impacto y la asistencia a las reuniones del gabinete de seguridad capitalino. Más aún, ha caído en una serie de dimes y diretes con las autoridades de la Ciudad que, más que abonar en la resolución de los conflictos, diluye las responsabilidades personales.

Desde las carreras nocturnas clandestinas, la trata de personas y el narcomenudeo, hasta los macabros hallazgos de cuerpos humanos mutilados, los habitantes de esta demarcación han debido ir adaptando su cotidianidad a los límites impuestos por una violencia creciente, reflejo únicamente de la confrontación generada por una lucha encarnizada por el control territorial y la expansión de los grupos delictivos preponderantes, sin que ello tenga una respuesta por parte de las autoridades.

En los últimos días, estas manifestaciones se han visto cristalizadas en la aparición de dos cabezas humanas, en diversos puntos de esta territorialidad. No ejecutar ninguna acción contundente en contra de estas expresiones delincuenciales, únicamente redundará en el incremento de la violencia.

Es por lo anterior que, convencidos de que la coordinación entre los diversos ámbitos de gobierno generará nuevas expectativas de gobernabilidad para los ciudadanos, que sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, bajo el supuesto de Urgente u Obvia resolución, el siguiente:


PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, refuercen las acciones para disminuir los índices delictivos en esa demarcación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 11 de mayo de 2016.

Suscribe

Dip. Fernando Rubio Quiroz.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a ampliar y fortalecer sus campañas de información sobre los beneficios relacionados al uso de tabletas como herramientas útiles para el estudio y la comunicación. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El uso de “tabletas” para el aprendizaje, representa un instrumento o medio efectivo de acceso a la información, socialización del conocimiento e investigación diaria. Debido a lo anterior, fomentar y asegurar su buen uso, cuidado y conservación, se hace necesario para robustecer la integración del conocimiento adquirido en el aula y en el seno familiar.

Fortalecer las campañas de información que tengan como objeto impulsar recomendaciones precisas en relación a su uso, es indispensable para contribuir de manera efectiva a la aspiración de tener una educación integral.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, más de 12.8 millones de hogares tienen disponibilidad de internet, lo que significa que el 39.2% de los hogares del país cuenta con este servicio.

La encuesta evidenció que 55.7 millones de mexicanos son usuarios de una computadora, que el 62.4 millones de personas utilizan internet y que no existe diferencia sustantiva de la participación de género en su acceso.

Es importante mencionar que el 88.7% de los mexicanos declararon emplear la red para obtener informa