Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 23 de mayo de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 29

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 27 de Abril de 2016

SUMARIO                                              


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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)

Se aprueba el dictamen suscrito por la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal, en el marco de la Reunión de Alto Nivel que se celebrará el próximo 22 de abril para la suscripción formal del Acuerdo de París, adoptado durante la vigésima primera conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015, un informe sobre las aportaciones de México a la negociación y adopción del Acuerdo de París, así como sobre el posicionamiento de nuestro país ante los desafíos de su implementación. Se insertan intervenciones de los Senadores Marcela Guerra Castillo, Silvia Guadalupe Garza Galván y Jorge Aréchiga Ávila.



NOMBRAMIENTO COMO MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

(Dictamen a discusión)

Se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Justicia, que contiene punto de Acuerdo por el que se aprueba el nombramiento expedido por el titular del Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Guillermo Valls Esponda como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años improrrogables, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento. Intervienen al respecto los Senadores José Francisco Yunes Zorrilla, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; Dolores Padierna Luna y Juan Gerardo Flores Ramírez. Rinde protesta de ley.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL; Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXXV, XXXVI Y XXXVII Y UN QUINTO PÁRRAFO Y SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 225 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

Para presentar el dictamen, intervienen los Senadores Fernando Yunes Márquez, a nombre de la Comisión de Justicia; Angélica de la Peña Gómez, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos; María Cristina Díaz Salazar, a nombre de la Comisión de Gobernación; Graciela Ortiz González, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos.

Las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, presentan propuestas de modificación a los artículos 3, 6, 7, 15, 22, 29, 135 y 153, y a los Transitorios Primero, Segundo, Sexto, Séptimo, Octavo y Décimo del proyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal y la adición de un Artículo Transitorio Único del proyecto de Decreto que se aprueban.

Para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, intervienen los Senadores Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, se inserta su intervención; Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD; Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT; María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN e Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del PRI.

Para su discusión en lo general, intervienen los Senadores Héctor Adrián Menchaca Medrano, Silvia Guadalupe Garza Galván, se insertan sus intervenciones; Manuel Cárdenas Fonseca, Marco Antonio Blásquez Salinas, Fidel Demédicis Hidalgo y Marcela Guerra Castillo, se inserta su intervención.

Para su discusión en lo particular sobre el proyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal, intervienen los Senadores Marco Antonio Blásquez Salinas, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 3, 4, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 30, 33, 39, 40 y 59 que no se admiten; Zoé Robledo Aburto, quien presenta propuesta de modificación al artículo 36 que no se admite; y Martha Angélica Tagle Martínez, quien presenta propuestas de modificación a los artículos del 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 y 189 que no se admiten.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal; y se adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal. Se remite a la Cámara de Diputados.



PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos.

Para presentar el dictamen, intervienen los Senadores Fernando Yunes Márquez, a nombre de la Comisión de Justica; Angélica de la Peña Gómez, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos; Martha Elena García Gómez, a nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y Graciela Ortiz González, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, se inserta su intervención.

Las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, presentan propuestas de modificación a los artículos 2, 15, 23, 46, 52, 53, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 77, 81, 124; la adición de un Título Cuarto con un Capítulo Único denominado “Del Reconocimiento de la Función Preventiva de la Comunidad”, que incluye el artículo 264; y modificaciones a los Artículos Transitorios Primero y Décimo Tercero y la adición de un Artículo Décimo Sexto Transitorio que se aprueban.

Para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, intervienen los Senadores Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, se inserta su intervención; María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD; María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN; y Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI.

Para su discusión en lo general, intervienen los Senadores María Cristina Díaz Salazar, se inserta su intervención; Martha Angélica Tagle Martínez, Marco Antonio Blásquez Salinas, Yolanda de la Torre Valdez, Fidel Demédicis Hidalgo, Layda Sansores San Román, Silvia Guadalupe Garza Galván, se inserta su intervención; y Diva Hadamira Gastélum Bajo.

Para su discusión en lo particular, intervienen los Senadores Marco Antonio Blásquez Salinas, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 11, 47 y 73 que no se admiten; Manuel Cárdenas Fonseca, quien presenta propuesta de modificación al artículo 60 que no se admite; Martha Angélica Tagle Martínez, quien presenta propuestas de modificación al artículo 164 y la eliminación del Libro Quinto que no se admiten; y Andrea García García, quien presenta propuestas de adición a la denominación de los Artículos Cuarto y Décimo Sexto Transitorios que se aprueban.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Se remite a la Cámara de Diputados.
















 

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

APERTURA

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: (13:10 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 110 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. Se abre la sesión del miércoles 27 de abril, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS

PRESIDE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

 

En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y nueve minutos del día martes veintiséis de abril de dos mil dieciséis, encontrándose presentes noventa y tres ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del veintiuno de abril de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió de las Senadoras Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, María Elena Barrera Tapia y Sonia Mendoza Díaz, el Informe de su participación en el 60º Período de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrado del 14 al 18 de marzo de 2016, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, la propuesta de nombramiento del ciudadano Guillermo Valls Esponda como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un período de quince años improrrogables.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el nombramiento expedido a favor del ciudadano Carlos Eugenio García de Alba Zepeda como Cónsul General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América.- La Presidencia informó que el lunes 25 de abril se turnó directamente las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

Se recibió de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, su Informe Anual de actividades correspondiente al ejercicio 2015.- Se remitió a las Comisiones de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Arturo Zamora Jiménez, a nombre propio y del Senador Carlos Romero Deschamps, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga el Capítulo XI de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, denominado “De los delitos en materia del tratamiento indebido de datos personales”, y se adiciona un Título Vigésimo Séptimo al Libro Segundo del Código Penal Federal, denominado “Delitos contra la identidad de las personas”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Código Civil Federal, del Código Penal Federal y de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley sobre Aeronaves y Sistemas de Aeronaves pilotadas a distancia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal y de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de prevención de riesgos y daños ante el uso de sustancias psicoactivas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se deroga el artículo 158 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de regulación del uso personal médico y científico del cannabis.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Salud, de Gobernación; de Seguridad Pública; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador José Antonio Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 130 y 132 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 123, Apartado A fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas  Adultas Mayores y de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con proyecto de Decreto que adiciona la fracción VII al artículo 41 y reforma el artículo 102, apartado A, cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero de la fracción XII del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 410 E del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Hilda Ceballos Llerenas, Erika Ayala Ríos, Jesús Casillas Romero, Daniel Amador Gaxiola y Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal, para crear el “fondo de aportaciones para el acceso a la información pública, la trasparencia y la protección de datos personales”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción II ter al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Félix González Canto, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III y se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San Román, Sonia Rocha Acosta, Martha Elena García Gómez, Luisa María Calderón Hinojosa, Laura Angélica Rojas Hernández, Zoé Robledo Aburto, Juan Carlos Romero Hicks, Jorge Luis Lavalle Maury, Luis Fernando Salazar Fernández, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Héctor Larios Córdova, Francisco Salvador López Brito, Francisco Búrquez Valenzuela, Raúl Gracia Guzmán y José de Jesús Santana García, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 323 bis y 323 ter del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Miguel Barbosa Huerta y Fernando Yunes Márquez, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley para Impulsar el Incremento sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria del artículo 127 constitucional, y reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De los Diputados José de Jesús Zambrano Grijalva y Guadalupe Hernández Alcalá, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para reconocer las cualidades terapéuticas de la cannabis y establecer incentivos para fomentar la investigación y la producción de suplementos alimenticios hechos a base de cannabis no psicoactivo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Salud, de Gobernación; de Seguridad Pública; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal; y se adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión Sujetos Obligados.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 150, un segundo párrafo al artículo 151 y un artículo transitorio a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que reforma el artículo 116 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5, 6 y 29 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para prevenir el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se expide el Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 21 de septiembre de cada año, como "El Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano".- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, hecho en Washington, D.C., el 18 de diciembre de 2015.- Quedó de primera lectura. Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea.  Para presentar el dictamen, hicieron uso de la palabra los Senadores: Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de  Relaciones Exteriores, América del Norte; Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; y Javier Lozano Alarcón, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. En la discusión intervinieron los Senadores: Gerardo Flores Ramírez del PVEM, a favor; Ana Gabriela Guevara Espinoza del PT, a favor; Manuel Bartlett Díaz del PT, en contra; Angélica de la Peña Gómez del PRD, a favor; Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI, a favor; y Layda Sansores San Román del PT, en contra. El proyecto de Decreto fue aprobado por 81 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos fuera de los límites del país, a fin de que participen en la competencia “Fuerzas de Comando 2016”, que se llevará a cabo del 30 de abril al 13 de mayo de 2016, en Lima, República del Perú.- Quedó de primera lectura. Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. El Presidente de la Mesa Directiva informó que los textos de las intervenciones de los Senadores  Gabriela Cuevas Barrón y  Fernando Torres Graciano se integrarían al Diario de los Debates. Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado por 69 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; de Puertos; de Aeropuertos; y Reglamentaria del Servicio Ferroviario.- En la discusión intervinieron los Senadores: Dolores Padierna Luna del PRD; y Luis Armando Melgar Bravo del PVEM, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 86 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, África, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Víctor Manuel Treviño Escudero, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República Democrática Federal de Etiopía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Djibouti, Mozambique, Democrática del Congo, Federal de Somalia, de Sudán del Sur y de Zambia.- Para presentar el dictamen intervino la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. El acuerdo fue aprobado por 80 votos a favor. El embajador rindió su protesta de ley.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones   Exteriores, América del Norte, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Juan Mauricio Toussaint Ribot como Cónsul General de los Estados Unidos Mexicanos en San José, California, Estados Unidos de América.

2. Por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier como Cónsul General de los    Estados Unidos Mexicanos en Toronto, Ontario, Canadá.

3. Por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Carlos Eugenio García de Alba Zepeda como Cónsul General de los Estados Unidos Mexicanos en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América.- La Asamblea autorizó la incorporación, del nombramiento de Cónsul General en Los Ángeles, California, al Orden del Día de la sesión.

Para presentar los dictámenes de la región de América del Norte intervinieron las Senadoras: Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

Continuó en la presentación la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. Los acuerdos fueron aprobados por 81 votos a favor. Los funcionarios rindieron su protesta de ley.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del ciudadano Ricardo Torres Origel.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República de Chile.

2. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Francisco Agustín Arroyo Vieyra, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República Oriental del Uruguay y Representante Permanente de México ante la Asociación Latinoamericana de Integración.

3. Por el que se ratifica el nombramiento  expedido a favor del ciudadano Fernando   Eutimio Ortega Bernés como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante la República de  Paraguay.

Para presentar los dictámenes de la región de América Latina y el Caribe intervinieron las Senadoras: Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; y Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. Los acuerdos fueron aprobados por 94 votos a favor. Los embajadores rindieron su protesta de ley.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Marco Antonio García Blanco como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Serbia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la República de Macedonia.

2. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano José Arturo Trejo Nava como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en       Rumania.

3. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Miguel Malfavón Andrade como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en Irlanda.

Para presentar los dictámenes de la región de Europa intervinieron los Senadores: Lisbeth Hernández Lecona, por la Comisión de Relaciones Exteriores; y Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa. Sin discusión, los acuerdos fueron aprobados por 95 votos a favor. Los embajadores rindieron su protesta de ley.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 47-K a la Ley Federal de Sanidad Vegetal.- En la discusión hizo uso de la palabra el Senador Gerardo Flores Ramírez del PVEM, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 85 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. En la discusión intervino la Senadora Marcela Guerra Castillo del PRI, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 76 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. El Presidente de la Mesa Directiva informó que los textos de las intervenciones de las Senadoras Graciela Ortiz González y Marcela Guerra Castillo se integrarían al Diario de los Debates. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 81 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

La Presidencia informó que en la Mesa Directiva acordó la rectificación de turno de los siguientes asuntos:

Al proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales, recibido el 26 de abril de 2016, se rectifica su turno a las Comisiones Unidas de Justicia; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos.

A la iniciativa con proyecto de Decreto que deroga el Título Décimo y agrega un Título Vigésimo Séptimo del Código Penal Federal, presentada por el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes el 12 de abril de 2016, se rectifica su turno a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

A la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, presentada por Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática el 12 de abril de 2016, se rectifica su turno a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

A la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 213 Ter al Código Penal Federal y el artículo 207 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales, presentada por el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes el 7 de abril de 2016, se rectifica su turno a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

A la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Título Décimo del Código Penal Federal, en materia de corrupción de las y los servidores públicos, presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez el 10 de septiembre de 2015, se rectifica su turno a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

A la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Senador Fernando Mayans Canabal el 17 de marzo de 2016, se rectifica su turno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XVI al artículo 42 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Graciela Ortiz González se integraría al Diario de los Debates. Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 71 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud.- Para presentar los dictámenes, hizo uso de la palabra el Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Salud. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Cristina Díaz Salazar se integraría al Diario de los Debates. Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 82 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 30, 222 y 464 Ter de la Ley General de Salud.- Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 87 votos a favor. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 17 bis de la Ley General de Salud.- Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 82 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de vacunación.- La Presidencia de la Mesa Directiva  informó que  la Senadora Cristina Díaz Salazar hizo llegar propuesta de modificación al dictamen, la Asamblea autorizó integrar la propuesta al proyecto de Decreto. En la discusión intervino el Senador Fernando Mayans Canabal del PRD, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 80 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

PRESIDE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 61 Ter y el 462 Ter de la Ley General de Salud.- En la discusión intervino la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 72 votos a favor y 1 en contra. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción VI del artículo 333 y se adicionan un párrafo cuarto al artículo 324 y los artículos 333 Bis y 338 Bis, todos de la Ley General de Salud.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó que la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza hizo llegar propuesta de modificación al dictamen, la Asamblea autorizó integrar la propuesta al proyecto de Decreto. Asimismo, informó que el texto de la intervención de la Senadora Cristina Díaz Salazar se integraría al Diario de los Debates. Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 71 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.- Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 69 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud.- Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 70 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 96 de la Ley General de Salud, en materia de investigación demográfica.- Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 73 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto, recorriéndose el subsecuente en su orden, del artículo 46 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- En la discusión intervinieron los Senadores: Jorge Aréchiga Ávila del PVEM, a favor; y Ernesto Ruffo Appel del PAN, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 78 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

(Comunicación)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite diversas propuestas de designación:

1. De consejeros del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.

2. De nombramientos de miembros independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

3. De dos ternas de candidatos para la designación del mismo número de Comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

4. De dos ternas de candidatos para la designación del mismo número de Comisionados de la Comisión Reguladora de Energía.

Se turnaron a la Comisión de Energía.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 104 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 120 de la Ley General de Vida Silvestre.- Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 85 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 86 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIV al artículo 19 y se recorre la subsecuente de la Ley de Vivienda.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara se integraría al Diario de los Debates. Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 97 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917.- Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 91 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 Constitucional.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea cuatro dictámenes que proponen desechar los siguientes proyectos de Decreto:

1. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 26 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

2. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar los artículos 5°, 34 y 38 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

3. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley Agraria y la Ley General de Asentamientos Humanos.

4. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, por el que expresan su conformidad con el desechamiento del proyecto de Decreto para reformar el inciso a) de la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

Los cuatro dictámenes por el que se proponen desechar diversos proyectos de Decreto, sin discusión, fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de los registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita un informe sobre los objetivos, naturaleza, alcances, modalidades y desarrollo de las actividades, número y estatus de elementos militares y civiles mexicanos en las operaciones para el mantenimiento de la paz en las que se haya desplegado o se tenga previsto desplegar personal militar.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a desarrollar programas educativos en todos los niveles de escolaridad, que fomenten y estimulen la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres y la promoción de la igualdad de género.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dieciséis dictámenes de la Comisión de Salud, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las estrategias para brindar el servicio de diagnóstico oportuno de los trastornos de déficit de atención en sus tres tipos (inatento, hiperactivo-impulsivo y de tipo combinado), así como un tratamiento multidisciplinario, eficaz.

2. Que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones y programas con el objetivo de implementar la formación de médicos especialistas.

3. Que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en el marco del “Día Mundial contra el Cáncer” y el “Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil” se refuerce la difusión de campañas y programas de prevención y detección oportuna de esta enfermedad.

4. Que exhorta a la Secretaría de Salud a solicitar y promover medidas de seguridad para garantizar la integridad física y emocional de los médicos pasantes que prestan sus servicios en zonas rurales y marginadas.

5. Que exhorta a los titulares de las secretarías de salud estatales a implementar un programa que impulse la cultura vial ciudadana, con el objetivo de fortalecer la disminución de los accidentes viales en el país.

6. Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones dirigidas a impulsar la innovación e investigación científica y tecnológica para el mejoramiento de la salud de la población, específicamente en enfermedades neurodegenerativas.

7. Que exhorta a la Secretaría de Salud a diseñar y fortalecer los planes y programas para la atención a pacientes con enfermedades raras.

8. Que exhorta a la Secretaría de Salud a crear las condiciones necesarias para certificar a los consultorios médicos como "libres de enfermedades virales" y que éstos, a su vez, cuenten con pruebas rápidas de detección; asimismo, para incluir las escalas de diagnósticos de estudios "no invasivos", sustitutos de la biopsia hepática, con la finalidad de que los médicos puedan evaluar y emitir un diagnóstico oportuno.

9. Que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a implementar una estrategia con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, relacionadas con las embotelladoras y purificadoras de agua.

10. Que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las campañas de información para sensibilizar a las personas, sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad.

11. Que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a impulsar una campaña informativa sobre las propiedades de las denominadas “bebidas energizantes o energéticas”, para el consumo responsable de éstas.

12. Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer, ampliar e impulsar la lactancia materna para contribuir el desarrollo integral de la   infancia.

13. Que exhorta a la Secretaría de Salud a llevar a cabo una campaña informativa a fin de prevenir enfermedades de tipo renal entre las niñas y niños.

14. Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre las acciones que se han instrumentado a partir del desabasto de la Vacuna Pentavalente y las estrategias que se están implementando para disminuir riesgos en la salud de la población infantil.

15. Que exhorta a la Secretaría de Salud a elaborar un registro epidemiológico específico de la influenza; asimismo, a ampliar la cobertura de vacunación a la población con mayor riesgo.

16. Por el que el Senado de la República reconoce la trayectoria profesional del Doctor Rafael Medrano Guzmán. Asimismo, exhorta a la Secretaría de Salud a implementar las medidas necesarias para impulsar la creación de clínicas de detección de cáncer hereditario.

Sin discusión, los dieciséis dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a integrar un grupo de trabajo que permita diseñar y operar un programa permanente para la protección y conservación de la Laguna de Las Ilusiones, en Tabasco.- El Senador Humberto Mayans Canabal, entregó el texto de su intervención el cual se integró al Diario de los Debates.

2. Que exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México y Estados Unidos a informar sobre las acciones de monitoreo, acceso a la información y, en su caso, inspección que se ha realizado para garantizar la calidad del agua, a partir del derrame de sustancias tóxicas el 5 de agosto de 2015, en el Arroyo Ánimas en el estado de Colorado, Estados Unidos, que es un afluente del río Colorado.

Sin discusión, los dos dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Desarrollo Municipal, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a proveer las medidas necesarias para el fortalecimiento del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Comisión de Juventud y Deporte, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a implementar estrategias dirigidas a abatir la problemática de los llamados “jóvenes ninis”, mediante acciones para evitar la deserción escolar, además de impulsar la vinculación laboral y empresarial.

2. Que exhorta al gobierno del estado de Morelos a ser incluyente para el otorgamiento de la Beca Salario, considerando a los alumnos de escasos recursos que se encuentran estudiando en escuelas particulares mediante el apoyo de las mismas.

3. Por el que el Senado de la República otorga reconocimiento al Club de Futbol Atlas por sus 100 años de historia deportiva, social y cultural, en el futbol mexicano.

4. Que exhorta al Gobierno Federal a redoblar los esfuerzos para que los deportistas que    participen en los Juegos Paralímpicos 2016 cuenten con el apoyo necesario de parte del Estado mexicano.

Sin discusión, los cuatro dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República felicita y realiza un amplio reconocimiento a las y los elementos que integran el Ejército Mexicano por su 103 aniversario.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Comisión de Turismo, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Turismo información sobre las conclusiones que arrojaron las evaluaciones de las localidades que forman parte del Programa Pueblos Mágicos.

2. Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar un estudio sobre la pertinencia de implementar acciones que impulsen el desarrollo sustentable del segmento de turismo náutico en las islas del Golfo de California.

3. Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Turismo Federal información sobre el monto de los recursos invertidos para la promoción turística del evento Fórmula Uno, celebrado del 30 de octubre al 1º de noviembre de 2015 y sobre los resultados de la actividad turística derivados de la celebración del mismo.

4. Que exhorta al titular de la Secretaría de Turismo a continuar implementando acciones que permitan al sector turístico ser un factor de crecimiento importante en nuestro país, en esta etapa de crisis económica a nivel mundial.

Sin discusión, los cuatro dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de Acuerdo:

1. Relativo a la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México.

2. Sobre el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

3. Que exhorta a destinar los recursos necesarios para revisar las condiciones sanitarias en las que se lleva a cabo el manejo de productos de consumo humano en la Central de Abastos de la Ciudad de México.

4. Que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al Gobierno Federal a garantizar la preservación como área de valor ambiental del predio de Montes Apalaches 525.

5. Que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar los ajustes presupuestarios para que el financiamiento de la operación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México resulte de un recorte a las partidas de gasto en servicios de comunicación y medios y de  servicios de traslados y viáticos del gobierno capitalino.

6. Por el que se da por concluido el trámite de dos proposiciones que solicitaban información sobre las irregularidades en los procesos de entrega-recepción de los gobiernos delegaciones de la Ciudad de México.

Hicieron uso de la palabra los senadores: Mario Delgado Carrillo del PRD; Alejandro Encinas Rodríguez, PRD; Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN, quien entregó los textos de sus intervenciones sobre estos dictámenes, los cuales se integrarán al Diario de los Debates. Los seis dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre la ejecución y estado del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, correspondiente a los ejercicios fiscales 2014 y 2015.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, ocho dictámenes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica a enviar un informe de los avances en la investigación del expediente número IO-003-2015, por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de prestación de servicios de administración de fondos para el retiro de los trabajadores en el territorio nacional.- Intervinieron los Senadores:  Marco Antonio Blásquez Salinas del PT; y Héctor Larios Córdova del PAN.

2. Que exhorta a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a enviar un informe del avance sobre la implementación de los programas de mejora regulatoria.

3. Que exhorta a la Secretaría de Economía a enviar un informe sobre el fortalecimiento y ampliación de programas de la industria molinera de nixtamal en nuestro país.

4. Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a reforzar las campañas informativas sobre los alcances y beneficios del Registro Público para Evitar Publicidad y el Registro Público de Usuarios que no deseen información publicitaria de Productos y Servicios Financieros, a fin de garantizar el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de datos personales de los ciudadanos.

5. Relativo a los paneles solares fotovoltaicos.

6. Entorno a la industria del mezcal.

7. Por el que el Senado de la República invita a una reunión de trabajo al Procurador Federal del Consumidor, con la finalidad de conocer los avances en la implementación del Programa Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor 2013-2018; y exhorta al Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a enviar un informe de las consideraciones técnicas, económicas, sociales y laborales que se tomaron en cuenta para la fijación del salario mínimo y el impacto que se tendrá con el aumento del mismo para 2016.

8. Por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de siete proposiciones en diversas materias.

Los ocho dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a las Secretarías de Economía y de Desarrollo Social y a los gobiernos de las entidades federativas a intensificar las acciones de apoyo a la producción y comercialización de juguetes artesanales nacionales.

2. Que exhorta a las entidades federativas y a los municipios a que, en el ejercicio de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, destinen inversión en obra pública que beneficie a las personas con discapacidad, incorporando los criterios de accesibilidad.

3. Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social implementar una estrategia integral de fomento del sector pesquero en adquisiciones de bienes y compras públicas.

Sin discusión, los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a fomentar la actividad y producción acuícola en las presas del estado de Coahuila.

2. Que exhorta a crear las condiciones necesarias para que las cooperativas pesqueras que presenten adeudos en temas de seguridad social puedan obtener esquemas alternativos para el pago de deudas.

3. Que exhorta a llevar a cabo las acciones necesarias para detener la creciente captura ilegal del pepino de mar en territorio mexicano.

4. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Sin discusión, los cuatro dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, diez dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República del Perú afectado por el sismo del 24 de noviembre de 2015.

2. Por el que el Senado de la República hace votos para que en la República Bolivariana de Venezuela imperen los valores, el estricto respeto a los derechos humanos, la justica imparcial, la estabilidad institucional y el estado de derecho, que abonen a la reconciliación nacional.

3. Por el que el Senado de la República manifiesta su preocupación por la detención de la diputada argentina Milagro Amalia Ángela Sala, integrante del Parlamento del Mercosur, ocurrida el 16 de enero de 2016.

4. Por el que el Senado de la República se congratula por la celebración de la IV Cumbre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se llevó a cabo en Quito, Ecuador, los días 27 y 28 de enero de 2016 y exhorta al Gobierno Federal a dar seguimiento puntual a los acuerdos que de ella se derivan.

5. Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República del Perú, afectado por los derrames de petróleo ocurridos en los Departamentos de Loreto y Amazonas.

6. Por el que el Senado de la República condena el asesinato de Berta Cáceres, lideresa social e indígena y hace votos para que el Gobierno de la República de Honduras esclarezca tan lamentable crimen.

7. Por el que el Senado de la República condena el asesinato de un grupo de mineros, trabajadores de minas de oro en Tumeremo, municipio de Sifontes, estado de Bolívar en la República Bolivariana de Venezuela.

8. Por el que el Senado de la República se congratula por la visita de Barack Obama, Presidente de los Estados Unidos de América, a La Habana, Cuba, que se llevó a cabo del 20 al 22 de marzo de 2016.

9. Por el que el Senado de la República se congratula por el inicio de la gestión del señor Énex J. Jean-Charles como Primer Ministro de la República de Haití.

10. Por el que el Senado de la República se congratula por el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Jamaica.

Sin discusión, los diez dictámenes fueron aprobados en votación económica.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva, sobre la celebración de los Juegos Olímpicos de Río 2016.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Senadora Lucero Saldaña Pérez y diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico, y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a realizar una investigación pronta y expedita en relación al presunto abandono de patrullas de reciente modelo asignadas a la Procuraduría General de Justicia capitalina.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Salvador Vega Casillas y Dolores Padierna Luna, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a optimizar la inversión de los recursos económicos, humanos y técnicos en los complejos de exploración, extracción y transformación de hidrocarburos que sean más redituables para nuestro país, así como a incrementar los programas de supervisión y seguridad en los complejos petroleros, y a remitir un informe que detalle las acciones emprendidas en las zonas afectadas por los accidentes y en particular en el complejo “Pajaritos”, ocurrido el pasado 20 de abril del año en curso.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Gobernación su intervención en el caso de la desaparición de la niña Karla Romero Tezmol, en el estado de Tlaxcala.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo relativo al Día Internacional de la Madre Tierra.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del    grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo sobre el producto de higiene menstrual denominado “copa menstrual” y sobre las presuntas nocividades y riesgos por el uso de las toallas femeninas y los tampones.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Del Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política, al Instituto Belisario Domínguez y a la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores, así como a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a que, en el marco de la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Don Miguel de Cervantes Saavedra, se lleve a cabo un programa nacional “Jubileo Cervantes 400” con  actividades alusivas a tal fecha.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito y Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a asistir a una reunión de trabajo con los integrantes de las Comisiones del Distrito Federal y de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República, a efecto de que aclare su situación patrimonial y amplíe la información contenida en su declaración patrimonial publicada en el sitio de internet de la plataforma ciudadana Tres de Tres.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Director General de Pemex a explicar la estrategia y las acciones contenidas en el nuevo plan de negocios de la empresa en una reunión de trabajo con la Comisión de Energía.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a otorgar mayores recursos a los proyectos de los municipios con grado de marginación, en base en el Decreto por el que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se solicita considerar el desarrollo de un dispositivo de atención y reacción parlamentaria inmediato que dote de responsabilidad a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República de emitir un llamado que active y muestre la propia atención ante un suceso o sucesos en nuestro país, en los cuales se estén violando flagrantemente los derechos humanos.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De la Senadora Hilda Ceballos Llerenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a intensificar campañas de información sobre los factores externos que inciden en el surgimiento de cáncer en los menores de edad.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal que se realicen los estudios necesarios a efecto de que se apliquen políticas en materia de prevención de la contaminación.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, durante la temporada de lluvias 2016, decrete un plan estratégico para prevenir, controlar y evitar la expansión del virus del Zika en el país.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Carlos Manuel Merino Campos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a dar cumplimiento a la Recomendación No. 61/2011, de fecha 10 de noviembre de 2011, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la que se le solicita reparar los daños a las personas que sufrieron afectaciones con motivo de las omisiones en que incurrieron antes, durante y posterior a los hechos señalados por las víctimas, sobre el caso de las inundaciones ocurridas en diversas localidades del estado de Tabasco, en el año 2010.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Forestal y a los gobiernos de las entidades federativas a intensificar sus campañas de prevención, difusión y concientización en materia de incendios forestales, de sus impactos económicos, sociales y ambientales, con motivo del incremento de riesgos por la entrante época de estiaje.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De los Senadores Ernesto Cordero Arroyo, Armando Ríos Piter, Luz María Beristáin Navarrete, Rosa Adriana Díaz Lizama y Daniel Gabriel Ávila Ruíz, con punto de Acuerdo que exhorta al Sen. Félix Arturo González Canto a conducirse con apego a la legislación electoral vigente, en el marco del proceso electoral del estado de Quintana Roo; y a las autoridades electorales competentes para que vigilen el debido cumplimiento de la legislación aplicable y garanticen la igualdad de condiciones entre los candidatos.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Energía, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y al Director de Petróleos Mexicanos un informe pormenorizado de las causas, daños personales, ambientales, económicos y operativos de la explosión ocurrida el pasado 20 de abril en el complejo petroquímico “Pajaritos” en el estado de Veracruz.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo para que el Senado de la República sea anfitrión de un coloquio de filósofos y educadores, organizado por el Observatorio Filosófico de México y la Comisión de Educación, llamado: “Filosofía y Educación en México, La Posibilidad de la Ética”.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De la Senadora María del Carmen Izaguirre Francos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a actualizar y dar una mayor difusión a la Guía Práctica Clínica para el tratamiento de la psoriasis.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar y perseguir hechos constitutivos de delitos electorales cometidos por servidores públicos federales en el estado de Quintana Roo.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el Senado de la República felicita al escritor mexicano Fernando del Paso Morante por haber recibido el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2015, así como por su invaluable contribución a la literatura y cultura mexicanas y su difusión en el ámbito hispanoamericano e internacional.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se solicita información diversa a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social.

 

Del Senador Jesús Priego Calva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Turismo, así como a los gobiernos de las entidades federativas, a implementar acciones dirigidas a mejorar la conexión a internet en los pueblos mágicos de México.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

De los Senadores Fernando Yunes Márquez y Dolores Padierna Luna, con punto de Acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos a indemnizar de manera inmediata a las familias de las personas fallecidas y a garantizar oportunamente la atención médica a las personas lesionadas durante la explosión del pasado 20 de abril en la Planta Clorados III del complejo petroquímico “Pajaritos” del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud en torno a la elaboración de la norma oficial mexicana nom-048-ssa2-2015, para la prevención, atención del cáncer de próstata.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador José Marco Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a atender las acciones necesarias para la reubicación de las vías ferroviarias ubicadas dentro de la zona metropolitana de la capital del estado de Zacatecas.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a emitir un informe en el que se explique quiénes eran los dueños de los terrenos que adquirió para otorgarlos a la empresa Kia Motors para la construcción de su planta en el municipio de Pesquería.- Se turnó a la Comisión de Federalismo.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a rendir un informe sobre los resultados de la estrategia de seguridad implementada en Guerrero, de enero a abril de 2016, en el marco de los hechos suscitados el 24 de abril del año en curso, en el municipio de Acapulco.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las instituciones bancarias a evaluar la viabilidad de ampliar y facilitar la oferta de cuentas de captación niveles 2 y 3 y realizar una importante campaña de difusión de las mismas, tanto entre las comunidades de mexicanos que viven en los Estados Unidos de Norteamérica, como en los estados de la República Mexicana que captan la mayor cantidad de remesas.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información sobre las reducciones a los recursos del anexo 18. Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes, relativos a los ajustes preventivos al Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República a rendir un informe sobre las conclusiones que dio a conocer el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes, en su segundo informe del caso Ayotzinapa.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a llevar a cabo una amplia campaña de comunicación para difundir las características y compromisos adquiridos por nuestro país al signar el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, como instrumento esencial para limitar el incremento en la temperatura global durante este siglo.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo la modernización de la carretera Tizimín-Río Lagartos, en dicho estado.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional del Emprendedor a fomentar e impulsar una campaña de promoción de la cultura emprendedora, para la consolidación de más micro, pequeñas y medianas empresas, dedicadas a la generación de energía a través de fuentes renovables.- Se turnó a la Comisión de Fomento Económico.

 

De los Senadores José María Martínez Martínez, Lisbeth Hernández Lecona, Francisco Salvador López Brito y Adolfo Romero Lainas, con punto   de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas estatales a implementar acciones que permitan mejorar la atención médica, como lo es ampliar la plantilla de médicos suficiente e infraestructura hospitalaria; en especial de aquellos municipios considerados de alta marginación.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a investigar los hechos ocurridos en relación a la publicación de la lista nominal en un sitio de ventas de internet y se establezcan las sanciones que conforme a derecho procedan.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, punto de Acuerdo por el que el Senado de la República, derivado de la importancia que reviste el tema del combate a la corrupción para el Estado Mexicano, y en vísperas de la aprobación de las leyes secundarias anticorrupción, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a confirmar su participación en la Cumbre Anticorrupción 2016, que tendrá lugar a partir del 12 de mayo, en el Reino Unido.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Del Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a reforzar las campañas informativas y de concientización para fomentar el uso responsable de las redes sociales entre niñas, niños y adolescentes, a fin de prevenir que sean víctimas de ciberdelitos.- Se turnó a la Comisión de Educación.

(Efemérides)

El Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 68 aniversario luctuoso del músico Manuel M. Ponce.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Concientización respecto al Ruido.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el aniversario del natalicio del Doctor Belisario Domínguez Palencia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre la conmemoración de la “Semana Mundial de la Inmunización”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Paludismo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Mundial del Paludismo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional contra el Maltrato Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el 153 aniversario del natalicio de Belisario Domínguez Valencia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Propiedad Intelectual.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecinueve horas con treinta y seis minutos y citó a la siguiente el miércoles veintisiete de abril a las once horas.

Fin de la Sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIÓN

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió una comunicación de la Comisión de Federalismo, con la que se remite:

El acta de su reunión celebrada el 12 de abril de 2016; sus informes anuales correspondientes al segundo y tercer años de la LXII Legislatura y su programa anual del segundo año de la LXII Legislatura.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibieron de la Cámara de Diputados las siguientes:

Minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.







 

Minuta de proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Túrnese a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Asimismo, se recibió de la Colegisladora, minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CONTRALORÍA INTERNA

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Recibimos de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de la Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2015.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: La Asamblea ha quedado enterada. El informe queda en poder de la Secretaría para consulta de los señores Senadores y se someterá a su consideración en la siguiente sesión.





 

La Mesa Directiva acordó turnar a comisiones las iniciativas inscritas en la agenda del día. Solicito a la Secretaría les dé lectura con los turnos que les corresponden.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy cuenta:

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, que se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; de Gobernación; de Seguridad Pública; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN    Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE  SALUD

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:

ANTECEDENTES

Las propiedades medicinales de la cannabis han sido utilizadas desde hace miles de años. Los primeros estudios registrados de la relación existente entre la medicina y la cannabis sativa se remontan a la cultura china encontrando en el libro de medicina “Nei Ching”1, creado por el emperador Huang Ti en el año 2600 a. de c. recetas para el alivio de diversas enfermedades, sin que se permitiera el uso con fines lúdicos, por lo nocivo de su exceso.

Desde China, el cultivo de la cannabis se extendió a otras regiones asiáticas, llegando hasta la India en donde, los Arios, la utilizaron para ritos religiosos. En los textos de los Vedàs Sagrados2, la cannabis es descrita como una hierba sagrada que agilizaba la mente, otorgaba la salud y alargaba la vida, atribuyéndose, además, propiedades afrodisíacas. Cabe resaltar, que en la India, la medicina estaba íntimamente relacionada con la religión, por ello, los efectos atribuidos por los hindúes a la cannabis eran asociados directamente a las bondades de los dioses.

El uso de la cannabis se extendió desde la India a Persia y Siria. En las crónicas de las Guerras Médicas, Herodoto, describió cómo el cáñamo crecía en forma salvaje y era utilizado en diversas preparaciones: en vapores, disuelto como bebida, mezclado como alimento, en ungüentos o mezclado con el agua en tratamientos de baño con fines terapéuticos así como para aliviar enfermedades como la artritis, la impotencia, las piedras renales, entre otras3.

En Roma y Grecia, la cannabis también fue utilizada con fines medicinales. El uso terapéutico se describe por diversos autores, destacando el texto de Plinio “El Viejo” en Nature Historiarum Libri XXXVII:

… Es tan potente su naturaleza que cuando se vierte agua, se dice que puede hacerla cuajar y al beber de esta agua se regulan las tripas de las vestias de carga. Su raíz, cocida en agua, alivia los calabres de las articulaciones, así como la gota y otros dolores similares4.

A Dioscórides, médico y farmacólogo griego, se le atribuye el término de cannabis sativa. En su libro de Herbario De Materia Médica, un manual básico de farmacología, describe las propiedades de la cannabis para el tratamiento de inflamaciones, dolores, edemas y la “materia dura” de las articulaciones.

La llegada de la cannabis a Europa se presenta cuando los médicos ingleses la importan desde las colonias Indias. La planta y su estudio es introducido en 1842 por O’Shaughnessy, cirujano irlandés, quien recomienda su utilización para diversos tratamientos como el reumatismo, asma, espasmos y convulsiones musculares. Las cantidades que utilizaba del extracto de cannabis no eran lo suficientemente fuertes para producir efectos psicoactivos; por lo que sus estudios sirvieron para que otros países europeos y Estados Unidos decidieran implementarla5.

A comienzos del siglo XX, la cannabis fue eliminada de la farmacopea por sus efectos nocivos al sistema nervioso, cuando se implementaba en exceso, por lo que pasó a ser considerada una sustancia ilegal6.

En cuanto a los efectos psicotrópicos, Jacques-Joseph Moreau, médico francés del Hospital Psiquiátrico de La Bicêtre, realizó una descripción de los efectos y síntomas de la intoxicación por cannabis y enfermedades mentales de la época, destacando: euforia, excitación intelectual con disociación de las ideas, distorsión de la percepción del espacio y el tiempo, hipersensibilidad auditiva, ideas fijas y convicciones delirantes, inestabilidad emocional, impulsos irresistibles, ilusiones y alucinaciones7.

Uso de la Cannabis en México

En América, la cannabis ingresó por españoles y portugueses a través de las colonias que fundaron a lo largo del Continente Americano y por los ingleses y franceses en Estados Unidos y Canadá, específicamente en Jamestown en donde cultivaron dicha planta como fuente de fibra8.

Después de la caída de Tenochtitlán en 1521, Hernán Cortés mandó traer plantas europeas y asiáticas, entre ellas la cannabis indica, con el objeto de establecer la economía de la Nueva España con base en la agricultura. Pedro Cuadrado fue la primera persona en cultivar la marihuana en el hoy territorio mexicano con fines textiles que ayudarían a las empresas marítimas en su exploración, descubrimiento y conquista de nuevos recorridos.

Para 1545, el Rey Carlos V autorizó el cultivo de cáñamo en todo el territorio de las Indias Occidentales y ordenó se enseñara a los indígenas a hilarlo y tejerlo. Es decir, el uso del cannabis era como materia prima fundamental para la consolidación como imperio, sin que al inicio su consumo fuera algo relevante.

La cannabis se incorporó a la medicina tradicional indígena a partir de las enfermedades sufridas en las colonias tanto por españoles, mestizos e indígenas. Se convirtió favorablemente en un “remedio espiritual”, lo cual, generó que se limitara su cultivo por órdenes del Virrey Antonio de Mendoza.

Para 1772, el jesuita José Antonio Alzate realizó la primera defensa del uso medicinal de la marihuana, oponiéndose a las restricciones generadas tanto por la Corona como por la Iglesia. En dicha defensa, remarcó lo valores medicinales de la cannabis y la forma en que se integró al flolklor mexicano.

Durante el periodo de Independencia, la prensa se encargó de que los lectores evitaran consumirla, ya que la relacionaron directamente con delitos graves y que dañaran su imagen a partir del uso de la misma.  De ahí que a partir de 1862, se asociara su consumo con delincuentes, configurando a partir de su consumo un estereotipo negativo9.

Tratamiento del Dolor como Derechos Humano, Uso de la Cannabis

A partir de 1961, diversos países del mundo adoptaron la Convención Única sobre Estupefacientes, que regulaba el control de drogas ilícitas, exigiendo a los países trabajar en conjunto para contribuir al acceso universal de drogas ilícitas necesarias para evitar el dolor y sufrimiento y regular su implementación10.

Los componentes de la cannabis, específicamente cannabidiol CBD y THC, son sustancias que, con base a diversos estudios científicos realizados auxilian en el tratamiento del dolor y mejoran la calidad de vida de los pacientes que la reciben. Como el THC es insoluble en agua, las únicas vías de administración son la ingestión y la inhalación.

A decir de la Organización Mundial de la Salud, los síntomas que aparecen después de la ingestión del THC o del CBD, dependen de la dosis suministrada, recomendándose su control y empleo moderado a través del acompañamiento médico. Su estudio ha requerido establecer una estrecha relación y la diferenciación de la implementación de la cannabis como método farmacológico y como uso lúdico; así como su relación con otras drogas como el tabaco y el alcohol.

Las investigaciones del uso médico de la cannabis sugeridas por la OMS recomiendan tomar en cuenta los siguientes aspectos:

1) Debe disponerse de materiales normalizados de contenido químico conocido para el estudio experimental de los efectos agudos y crónicos.

2) Determinar el contenido exacto de cannabinoides contenidos en los medicamentos.

3) Facilitar tanto a investigadores como a médicos el acceso a medios para determinar los efectos y actividades químicas y biológicas de los activos estudiados. 11

Cifras importantes del consumo de la Marihuana

La marihuana es la droga ilícita de mayor consumo en todo el mundo. Se estima que un total de 246 millones de personas, es decir una de cada 20 personas de edades comprendidas entre los 15 y 64 años, consumieron drogas ilícitas en 2013.12 La marihuana o los opiáceos se cuentan entre éstas drogas ilícitas consumiéndolo según cifras de la Organización Mundial de la Saludo un total de 16.5 millones de personas13.

Cerca de uno de cada cuatro del total de consumidores del mundo, o 24%, se encuentra en la región de las Américas. En cambio, Europa occidental y central representan 13% de la población total de usuarios. Del total de usuarios de las Américas, 81% son de América del Norte, a pesar de que esta subregión representa solo el 50% de la población del Hemisferio.

En los países de América14, 6,6% de la población de entre 15 y 64 años ha consumido marihuana en los últimos doce meses. El consumo de marihuana en el continente es prácticamente idéntico al de Europa occidental y central, y supera largamente el promedio mundial 37. Los promedios regionales reflejan una variación importante entre las naciones. En algunos países de América la prevalencia del uso en el último año es inferior al 1% de la población de entre 15 y 64 años, mientras que en otros supera el 14% 38.

En promedio, el uso de marihuana en América del Norte15 llega a 10,8% de la población, con diferencias muy marcadas entre los Estados Unidos y Canadá (ambos países llegan a cerca del 14%) respecto de México (1%). En América Central el valor promedio es de alrededor del 2.4% de la población, cifra muy similar al observado como promedio en América del Sur. No hay datos comparables disponibles para la región del Caribe.

El uso de marihuana no sólo se encuentra en la población adulta16, sino que también se observa un importante consumo en la población de nivel escolar. En nueve países de los treinta y tres que fueron evaluados en el Hemisferio, la prevalencia del uso de esta droga, aunque sea una vez, entre la población escolar supera el 30%. Debe destacarse que en doce países, más del 10% de los escolares menores de 14 años habían consumido marihuana al menos una vez; en once países, el consumo entre adolescentes de 17 años superó el 30%. También es importante señalar que en aquellos países donde el consumo es más alto, la diferencia entre hombres y mujeres es menor.

El consumo de marihuana entre los escolares secundarios ha ido aumentando en la mayoría de los países del Hemisferio. Una excepción es el caso de Canadá, que entre el año 2010 y 2011 reporta una disminución del 27% al 21% en la prevalencia de consumo de cannabis durante el último año en estudiantes de séptimo a duodécimo grados 39.

El incremento general en el consumo de cannabis en el Hemisferio podría relacionarse con dos factores. Por un lado, la percepción de riesgo del uso experimental de marihuana ha disminuido significativamente entre los jóvenes, y por el otro, el acceso a esta droga es más fácil, pues una proporción importante de escolares de diferentes países manifiestan que les resultaría sencillo conseguir marihuana. En otras palabras, existe una situación en la cual se dan las condiciones para que el consumo de esta sustancia pueda continuar incrementándose.

Hace unos 20 años, los científicos de la prevención refinaron el marco de referencia de la prevención primaria, reconociendo que el enfoque original de la salud pública se basaba más en criterios médicos o clínicos, mientras que los programas de prevención en las áreas de salud mental, emocional y del comportamiento se basan más en los niveles de riesgo. Por esta razón, los programas de prevención están diseñados para reducir la vulnerabilidad o el riesgo de iniciar el consumo de drogas y si éste ya ha comenzado, evitar la progresión del uso hacia trastornos por abuso o dependencia.

Estos programas se denominan en función de las poblaciones a las que se dirigen17:

Los de prevención universal están dirigidos a la población general, con diferentes niveles de riesgo para el consumo de drogas.

Los de prevención selectiva se dirigen a las personas, familias o grupos específicos que se encuentran en mayor riesgo para el consumo de drogas y los problemas asociados, como en el caso de los hijos de padres con dependencia a las drogas.

Los de prevención indicada están diseñados para las personas que ya han iniciado el consumo de drogas y que presentan problemas derivados de ello, como los trastornos de conducta asociados con el abuso de sustancias.

La investigación científica sobre la prevención nos ha proporcionado pruebas sólidas sobre las estrategias preventivas que son efectivas. Dichas estrategias integran los diversos sectores a diferentes niveles.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos meses, se ha dado un debate serio y de calidad en torno a los diferentes usos que se puede dar a la marihuana y sus propiedades psicotrópicas.

Los foros organizados por la Secretaria de Gobernación, SEGOB, sobre los diversos usos de la marihuana y las Audiencias Públicas del Consejo Técnico para las Alternativas de Regulación de la Marihuana, realizadas por el Congreso de la Unión, han tenido efectos por demás positivos para enriquecer el debate parlamentario y la discusión nacional en la materia. A través de estos espacios, hemos podido conocer la opinión de especialistas, autoridades públicas, organizaciones de la sociedad civil, investigadores, y ciudadanos en lo particular.

Más allá de nuestras posturas partidistas e ideológicas en torno a la marihuana, se ha logrado realizar un debate de altura, y que nos servirá a todos por igual para tomar las mejores decisiones respecto a este tema controvertido. Actualmente, la discusión se centra no solamente en la necesidad de plantear alternativas para garantizar el uso recreativo del enervante, sino también en los beneficios que podría tener con fines medicinales, terapéuticos y científicos.

Hay coincidencia de que los tratamientos con productos derivados del cannabis, de utilizarse correctamente, contribuyen a paliar padecimientos de ciertas enfermedades y constituyen métodos alternos para hacer más humano el tratamiento de los pacientes.

Este debate ha tenido lugar a partir de la resolución del Amparo en Revisión 237/2014, aprobado el 04 de noviembre de 2015 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, que autoriza el uso recreativo de la marihuana a favor de cuatro personas integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, en específico a los ciudadanos Josefina Ricaño Bandala, Armando Santa Cruz González, José Pablo Girault Ruíz y Juan Francisco Torres Landa, el cual ha generado una discusión nacional sobre la pertinencia de la despenalización o la legalización del enervante.18

El citado Amparo, atendió la solicitud que los quejosos realizaron a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, órgano desconcentrado de la Secretaria de Salud, para que les permitiera a ellos y los integrantes de la Sociedad, la expedición de un permiso para el consumo personal del estupefaciente cannabis sativa y sus variantes estereoquímicas. 

Los quejosos solicitaron ante la COFEPRIS, el permiso para ejercer sus derechos de “autoconsumo”, así como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, empleo, uso y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana, excluyendo expresamente los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma.19

Las conclusiones de la Ponencia del Ministro Zaldívar, encargado de estudiar el Amparo en Revisión, y que finalmente autorizaría el uso recreativo de la marihuana, se centraron en señalar que “prohibir el consumo es proporcional en relación con los daños científicamente comprobados”, además de que la política prohibicionista “resulta desproporcionado que el legislador recurra a una prohibición absoluta que afecta severamente el libre desarrollo de la personalidad”.20

El sustento de su ponencia se basó en los siguientes supuestos:

Los daños a la salud por el consumo de marihuana no son tan graves como se cree. Por ello, la medida de la prohibición absoluta es desproporcionada.

Los estudios coinciden en que el consumo de la marihuana en adultos no supone un riesgo importante para la salud, excepto cuando se utiliza de manera crónica y excesiva.

Genera alteraciones temporales, tales como pánico, reducción de ansiedad, estado de alerta, tensión, incremento de la sociabilidad, reducción gradual de funciones cognitivas y motoras, percepciones intensificadas de la realidad y alucinaciones visuales y auditivas.

Los daños permanentes por consumo de marihuana son poco probables o mínimos, y éstas pueden tener origen en factores distintos a su uso.

Los perjuicios a la salud de la marihuana se han sobreexpuesto.

Es incierta la relación entre la marihuana y las alteraciones psicóticas o mentales.

No se ha demostrado de manera concluyente que el consumo produzca afectaciones en los sistemas reproductivos.

Los consumidores regulares de marihuana no califican necesariamente como farmacodependientes.

No hay evidencia de que la marihuana genere algún deterioro permanente en el sistema cardiovascular, tampoco que las dosis prolongadas produzcan afectaciones cognitivas severas como las que si se observan tras el consumo crónico del alcohol.

Es una evidencia altamente especulativa la relación que guarda el consumo de marihuana con la comisión de delitos.

Finalmente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó con 3 votos a favor y 1 en contra, el amparo promovido por las 4 personas de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, autorizándoles por consiguiente el uso recreativo de la marihuana.

El amparo sólo aplica para las personas que solicitaron a la COFEPRIS el permiso para cultivar y consumir la marihuana. La resolución de la Suprema Corte de ninguna manera implica o implicará un proceso de legalización del enervante.

A raíz de la resolución del Máximo Tribunal, el Presidente Enrique Peña Nieto tomó una posición muy clara con respecto al uso de la marihuana:

"No estoy en favor del consumo ni de la legalización de la marihuana. Y no lo estoy porque se ha acreditado, se ha evidenciado que el consumo de esta sustancia es nocivo, es dañino para el desarrollo de la juventud, de la niñez. Sin embargo, estoy en favor del debate".21

Por su parte el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló lo siguiente:

"Es innegable que a nivel global, el debate en torno a las políticas de drogas y particularmente, sobre la regulación de la marihuana ha ido evolucionando. El paradigma centrado estrictamente en reducir la oferta y criminalizar el consumo, ha ido cediendo terreno a uno que prioriza la salud pública y la disminución de la demanda, desde un enfoque de prevención y de derechos humanos".22

La propia Presidencia de la República, con motivo de la histórica resolución de la SCJN, hizo las siguientes precisiones23:

La resolución de la Primera Sala no legaliza la marihuana en México.

Su siembra, suministro, comercialización y trasiego siguen estando prohibidas por la Ley y no podrán suministrar ni comercializar la marihuana que siembren.
La interpretación constitucional nos lleva a abrir un amplio debate para conocer cuál es la mejor regulación para la marihuana.

La sentencia sólo tiene efectos en las cuatro personas que se ampararon. No significa que cualquier ciudadano pueda sembrar marihuana para su consumo.

Se trata de un criterio aislado y no de una jurisprudencia definida, de existir futuros amparos corresponderá caso por caso al juez, al Tribunal Colegiado o a la propia Suprema Corte de la Justicia de la Nación, decidir el asunto concreto.

La marihuana daña la salud personal y la salud pública, por lo que es constitucionalmente válido que el Estado mexicano la regule.

El consumo que hagan estas cuatro personas no puede dañar a terceras personas. No se puede realizar frente a otras personas sin su expreso consentimiento, ni frente a menores de edad.

No obstante, que la postura de la Presidencia ha sido en contra del uso recreativo de la marihuana, siempre ha mostrado apertura al diálogo y a la discusión pública. Muestra de ello, fue que de inmediato ordenó a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Salud, realizar amplios foros de consulta sobre los distintos usos del enervante.

El objetivo ha sido realizar un debate transparente, con la participación de especialistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil y servidores públicos, a fin de unificar una postura frente a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y contar con un nuevo diseño jurídico en la instrumentación de las políticas públicas en la materia.

A la fecha se han realizado los siguientes foros:

Salud pública y prevención, que tuvo verificativo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, el 26 de enero.

Ética y Derechos Humanos, celebrado el 23 de febrero en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Aspectos económicos y de regulación, efectuados el 08 de marzo en Saltillo, Coahuila.

Seguridad Ciudadana, Región Centro, realizado el 15 de marzo en Guadalajara, Jalisco.

Salud Pública y Prevención, Ética y Derechos Humanos, Aspectos económicos y de regulación, Seguridad Ciudadana, este último realizado en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, efectuado el 6 de abril.

Las conclusiones de los foros organizados por la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, representaron un espacio de información fundamental para lograr que los legisladores contemos con elementos para realizar un debate responsable en torno a los diversos usos de la marihuana.

Parte de la discusión sobre la regulación de la marihuana, deberá centrarse en el análisis de los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud, declarados por la Suprema Corte como inconstitucionales; asimismo, tendremos la responsabilidad de analizar diversos artículos del Código Penal Federal y otras legislaciones secundarias, a efecto de tener una visión más amplia, especialmente considerando a la persona con dependencia a los psicotrópicos y estupefacientes con perspectiva de derechos humanos y erradicar la criminalización particularmente frente a la posesión que es para uso personal.

Sin embargo, el propósito de la presente iniciativa que sometemos a esta Honorable Asamblea, tiene que ver con el uso que se puede dar a la marihuana, específicamente las sustancias activas como el Cannabidiol, CBD, y el Tetrahidrocannabinol, THC, con fines médicos, terapéuticos y cinetíficos.

Hoy en día, a pesar de que en la mayoría de los países persiste una política prohibicionista y punitiva en torno a la producción, distribución, comercialización y posesión de la marihuana, ha existido la apertura de algunos gobiernos para usar medicamentos a base de CBD y THC para fines médicos.

En total, son 10 naciones que permiten su uso bajo esta perspectiva.

En Austria el uso medicinal de la marihuana es legal para ciertos casos, por ejemplo, para paliar algunos síntomas por el uso de quimioterapias y radioterapias.

En Canadá el uso medicinal es legal. A partir de 2014, las empresas autorizadas por el Estado son las únicas que pueden producir y distribuir la planta con receta médica. Ningún ciudadano puede producirla, distribuirla o venderla.

En República Checa está despenalizada. Se permite su venta en farmacias para pacientes que sufren cáncer, mal de Parkinson, esclerosis múltiple y psoriasis.

En Dinamarca sigue siendo ilegal. Su uso se permite en casos excepcionales en pacientes con esclerosis y cáncer.

En España está despenalizada. Parcialmente pueden ser utilizados medicamentos derivados de la marihuana (Marinol y Savitex).

Colorado y Washington son los únicos estados en Estados Unidos que permiten el cultivo, uso, venta, posesión y transporte de la marihuana con fines recreativos; en 23 estados y el Distrito de Columbia se permite su uso con fines medicinales, mientras que en los 24 restantes aún no se legisla al respecto.

En Israel el uso medicinal es legal, aunque sólo 20 doctores y más de 10 asignados son los que pueden prescribir su uso.

En Rumania su uso medicinal está despenalizado. Únicamente se permite su uso para pacientes con cáncer, esclerosis múltiple, epilepsia y otras enfermedades que cuenten con receta médica.

En Uruguay su uso medicinal y recreativo es completamente legal.24

Salvo en el país latinoamericano, es importante precisar que su producción, distribución, comercialización y posesión sigue siendo ilegal. En casi todos estos países, los medicamentos que contienen el CBD y THC se venden únicamente con prescripción médica y bajo los más altos estándares de control.

Los países antes señalados han comprendido, con base en investigaciones científicas y diversos estudios de caso, que las propiedades de la marihuana pueden paliar los síntomas de algunas enfermedades; y lo más importante, que a través de tratamientos con la sustancia activa del cannabis se puede mejorar la calidad de vida de los pacientes.

México no ha estado exento a este debate internacional. El caso de la niña Grace Elizalde Benavides ha abierto una discusión nacional sobre la necesidad de modificar nuestra legislación para permitir el uso de las sustancias activas derivadas de la marihuana con fines terapéuticos y medicinales.

La niña Grace padece el Síndrome de Lennox-Gastaut, que de acuerdo con la Revista Mexicana del Instituto Mexicano del Seguro Social, se trata de una encefalopatía caracterizada por diversos tipos de epilepsia; actividad intercrítica difusa de punta-onda lenta; y deterioro mental.25

A pesar de numerosos tratamientos con diversos fármacos a los que se ha sometido Grace Elizalde, incluida una cirugía en el cerebro (Callostomía), no se han encontrado resultados satisfactorios para aliviar su padecimiento, lo cual, entre otras cosas, llevó a sus padres a buscar tratamientos alternativos.

Es importante señalar, que Grace sufría diariamente cerca de 400 episodios de convulsiones, es decir, uno cada 3.6 minutos, afectando así considerablemente su calidad de vida.

Por esas razones, es que los padres de la niña decidieron optar por probar medicamentos a base de Cannabidiol, en virtud de que en opinión de diversos expertos, los tratamientos de este tipo podrían reducir las crisis de ataques epilépticos y en algunos casos pueden desaparecerlas, lo cual los convertía en una alternativa para mejorar la calidad de vida de Grace.

Este tipo de medicamentos no se encuentran disponibles en nuestro país, debido a la restricción de la ley respecto a los psicotrópicos y estupefacientes en torno a cualquier modalidad de la marihuana, por la que los padres de Grace, Raúl Héctor Elizalde Garza y Mayela del Socorro Benavides Arriola, solicitaron ante la COFEPRIS un permiso para importar Cannabidiol.

La petición en su momento fue negada debido a que la institución consideró “que no había evidencia de la eficacia del cannabinoide en el tratamiento de los pacientes con epilepsia”.26 Además, de que se señaló que la solicitud era improcedente, debido a que el artículo 132, fracción III del Reglamento de Insumos para la Salud establece que: “La Secretaría de Salud podrá otorgar el permiso para la importación de materias primas o productos terminados únicamente en los siguientes casos: […] III.- Para fines de investigación científica, de registro o de uso personal; o IV.- Para pruebas de laboratorio”.

Ante este hecho, el Centro Estratégico de Impacto Social, CEIS, el despacho Aguinaco Abogados y México Unido Contra la Delincuencia, MUCD, elaboraron una demanda de amparo contra el Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal de México, para que a los padres de Grace se les autorizara importar dicho tratamiento.27

Finalmente, el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Martín Adolfo Santos Pérez, concedió una suspensión definitiva en la que autorizó la importación, portación y consumo de Cannabidiol para que se le suministrará a Graciela Elizalde Benavides, a fin de atender la sintomatología del Síndrome Lennox-Gastaut que padece.28

Con esa medida, el entonces Comisionado de la COFEPRIS, Mikel Arriola, aseguraba que se protegía el interés superior de la infancia y los derechos de Elizalde Benavidez, pues con la resolución judicial “no se afectaba el interés social ni el orden público, pues la sociedad ha manifestado su permanente interés en que se proporcione a los niños los satisfactores, cuidados y asistencia necesarios para lograr su sano crecimiento y desarrollo pleno”.29

Como lo evidencia el caso de Graciela Elizalde Benavides, el proceso para poder acceder a este tipo de medicamentos implica diversos trámites administrativos que puede significar largos períodos de tiempo, muchas barreras legales y burocráticas, por lo que las personas que se encuentran en la misma situación deben satisfacer múltiples requisitos para ejercer su derecho a la salud.

La determinación del Juez, fue acorde con el párrafo cuarto del artículo 4o. de nuestra Carta Magna que establece el derecho a la salud, “el cual nuestro Máximo Tribunal de Justicia ha señalado que debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.”30

El caso de la niña Grace ha despertado el interés de otras personas que se encuentran en una situación similar. Ante tales situaciones, a finales de enero de 2016, la COFEPRIS emitió dos permisos de importación para el producto estadounidense RSHO-X Real Scientific Hemp Oil, medicamento que contiene CBD.31

Como puede observarse, el uso medicinal y terapéutico de la marihuana es ya un tema fundamental en la agenda de los gobiernos y las instituciones privadas. Tal ha sido el caso, que algunas empresas farmacéuticas ha mostrado interés para la producción, desarrollo y comercialización de medicamentos a base de cannabinoides.

Recientemente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, atendió el amparo 247/2014 interpuesto por Comercializadora Rubicón, mediante el cual solicitaba permiso a la COFEPRIS para procesar y comerciar medicamentos con fines terapéuticos elaborados a base la marihuana.32

El Proyecto en Revisión buscaba declarar inconstitucional la prohibición absoluta para el uso de cannabis y el psicotrópico THC, con fines medicinales plasmada en el artículo 237 de la Ley General de Salud.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, planteó en su proyecto que una persona moral que participa en actividades relevantes para la realización del máximo posible de disfrute de derecho a la salud, como es la quejosa, mediante la realización de actividades de investigación, producción y comercialización de productos y servicios para la salud, está en su derecho a cuestionar el esquema regulatorio que restringe el desenvolvimiento de sus actividades.33

Hizo énfasis además en que la obligación de respeto del derecho a la salud significa que las autoridades deben abstenerse de tener injerencia directa o indirectamente en el mismo. Y, como parte de dicha obligación, “se considera la de no prohibir de forma absoluta la producción de medicamentos, sino de establecer una regulación que aborde las exigencias de disponibilidad, accesibilidad y no discriminación”.

Asimismo, señalaba que no es razonable establecer una prohibición absoluta para la cannabis y sus cannabinoides como el CBD y el THC con fines medicinales, pues parte de la población puede verse beneficiada con el uso medicinal de la misma, pero se ve impedida por la legislación y las normas oficiales mexicanas de tener acceso legal a los beneficios de la sustancia.

“La prohibición para usar cannabis con fines medicinales, es decir, para sembrar, cultivar, cosechar, elaborar, preparar, acondicionar, adquirir, poseer, comerciar, transportar en cualquier forma, prescribir médicamente, suministrar, emplear, usar, consumir y, en general, todo acto relacionado con la cannabis y el THC con dichos fines, incumple con las obligaciones de respeto y garantía del derecho a la salud”34, manifiesta como parte del proyecto.

Cabe destacar que el Ministro Ortiz Mena también declaró que el análisis del amparo 247/2014, se delimita única y exclusivamente al uso medicinal de la marihuana, y no al uso lúdico que en otros momentos y casos ha sido abordado por la SCJN.

Finalmente, los ministros negaron el amparo a la Comercializadora Rubicón, que pretendía desarrollar y comercializar medicamentos hechos a base de marihuana. La tesis principal fue que “una persona moral, como lo es la Comercializadora, no puede invocar al derecho a la salud”.

Sin embargo, la promoción de este amparo abre la puerta para que otras empresas farmacéuticas busquen amparos y puedan desarrollar medicamentos con base en cannabis y sus cannabinoides como el CBD y el THC. Lo es así, porque a nivel internacional existe consenso en la comunidad científica en torno a las bondades terapéuticas y medicinales de la marihuana; y lo más importante, que algunas de sus más de 750 sustancias químicas que contiene pueden ser útiles para producir medicamentos y otros tratamientos de rehabilitación de enfermedades.

Hay evidencia científica de que el THC y CBD, son sustancias activas eficaces que, una vez transformadas en medicamentos, pueden ayudar a paliar y tratar los padecimientos de algunas enfermedades. Esto, sin duda, debe ser un incentivo para lograr que en nuestro país muestre apertura y se rompan paradigmas, incluso tabúes, en torno a los beneficios de las propiedades terapéuticas y medicinales de la marihuana.

De acuerdo con el estudio ¿Marihuana cómo medicina? Usos médicos y terapéuticos del cannabis y los canabinoides35, realizado por la organización México Unido Contra la Delincuencia, los principales usos médicos y terapéuticos del enervante son los siguientes:

Enfermedades Neurológicas

Esclerosis Múltiple: existen numerosas evidencias de que los canabinoides reducen los temblores y la rigidez muscular.

Canabinoides como el CBD y el ∆9-THCV, son fármacos que por sus acciones anti-inflamatorias y antioxidantes resultan apropiadas para el tratamiento de la Enfermedad de Huntington, o el Mal de Párkinson.

El Alzheimer es una enfermedad que no tiene cura, no obstante el THC y el CBD podrían tener acciones sobre la producción, acumulación y eliminación de la proteína que es considerada la causa de dicho padecimiento.

Existe un amplio consenso sobre el uso del CBD para el tratamiento de las epilepsias infantiles por la mejoría clínica que induce y el perfil bajo de efectos secundarios. Aunque también puede utilizarse en adultos.

Enfermedades digestivas y nutricionales

La colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn se encuentra dentro de las enfermedades que han sido tratadas con cannabis.

El tratamiento de náuseas y vómitos es quizá uno de sus usos más conocidos del cannabis, principalmente en el tratamiento de los síntomas que provoca la quimioterapia vinculada al cáncer y en anorexia y caquexia asociada a enfermedades como el SIDA.

Tratamiento del dolor

El tratamiento del dolor crónico es el principal uso del cannabis.

El THC tiene una acción analgésica por el efecto que provoca  sobre los receptores CB1, los cuales se encuentran distribuidos en las áreas cerebrales encargadas de procesar las señales de dolor.

El CBD además de propiedades analgésicas, también posee propiedades antiinflamatorias.

Enfermedades de la piel

Las células de la piel y sus anexos contienen receptores canabinoides. Por ello, se utiliza para el tratamiento del cáncer de piel.
Aunque este estudio no es concluyente, si aporta muchos elementos que debemos considerar al momento de hacer una propuesta en torno a los usos médicos y terapéuticos de la marihuana. Resta señalar que la mayoría de los estudios que se han realizado a nivel internacional coinciden en lo fundamental.

Para dar muestra de que el uso de la marihuana con fines medicinales es una realidad, es oportuno que revisemos algunos casos a nivel internacional. Un referente es el de Canadá, que a través de la “The Controlled Drugs and Substances Act” (CDSA) prohíbe la posesión, tráfico, importación y exportación, y la producción de sustancias controladas, incluyendo marihuana, salvo autorización expresa de la norma.

A través de la Marihuana for Medical Purposes Regulations (MMPR), la Health Canada regula la producción comercial y distribución de marihuana seca con fines médicos y autoriza tres actividades principales:

La posesión de marihuana seca con fines médicos por los miembros elegibles que tienen el apoyo de un profesional de la salud autorizado;

La producción de marihuana seca por los productores con licencia; y

La venta y distribución de marihuana seca por los productores con licencia para los miembros elegibles del público.

Para poder tener acceso a la marihuana con fines médicos, las personas deben contar con el apoyo de un profesional de la salud, además de completar un documento médico que explique la cantidad diaria de marihuana requerida. Con dicho documento, las personas pueden inscribirse en uno de los productores autorizados identificados en la página web de Salud de Canadá.

Sólo los productores autorizados por Health Canada, pueden vender marihuana al público. Para tal efecto, mantiene una lista actualizada de los productores con licencia de la marihuana con fines médicos en el sitio web del Departamento.

La cantidad máxima de marihuana seca que pueden poseer los clientes autorizados, es la equivalente a 30 veces la cantidad diaria recetada por el profesional de la salud o de 150 gramos, lo que sea menor.

Otro caso es el colombiano. El Decreto Legislativo 02 de 2009, prohíbe el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicos, salvo prescripción médica.

El artículo 1º del Decreto 2476 de 2015, señala que éste tiene por objeto reglamentar el cultivo de plantas de cannabis, la autorización de la posesión de semillas para siembra de cannabis, el control de las áreas de cultivo, así como los procesos de producción y fabricación, exportación, importación y uso de éstas y sus derivados, destinado a fines estrictamente médicos (el énfasis es nuestro).36

El Consejo Nacional de Estupefacientes, CNE, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Protección Social, reglamentará el control donde se cultiven plantas para la obtención o producción de drogas.

EL CNE expedirá la Licencia de Cultivo, previo cumplimento de los requisitos establecidos para la obtención de la misma. En todos los casos el licenciatario deberá demostrar que la destinación de las plantas objetos de la licencia de cultivo será para fines médicos y científicos previo proceso de transformación.37

En Estados Unidos el uso de la marihuana con fines médicos y/o terapéuticos está aprobado en 23 estados y en el Distrito de Columbia. Las legislaciones se pueden clasificar en tres grandes grupos38:

Las que permiten la posesión y el cultivo de la marihuana a nivel estatal a los pacientes que cuentan con una documentación válida de su médico, afirmando que sufre de una condición debilitante y en la que señala los potenciales beneficios del uso médico de la marihuana. Nueve entidades de los Estados Unidos contemplan estas disposiciones: Alaska, California, Colorado, Hawaii, Maine, Nevada, Oregón, Rhode Island y Washington.

Las que permiten el uso de marihuana con fines médicos, previa autorización de un médico, pero no autoriza el cultivo de ésta a los pacientes, por lo cual la producción y distribución se da a través de dispensarios y centros de compasión, por mencionar algunos. En esta situación se encuentran 11 estados y el Distrito de Columbia: Arizona, Connecticut, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Montana, New Hampshire, New Jersey, New YorK y Vermont.

Las que permiten un esquema mixto, es decir, está permitida la posesión y cultivo de marihuna a nivel estatal para aquellos pacientes que cuentan con la autorización de un médico a fin de atender una condición debilitante o que pueden obtener la cannabis a través de dispensarios o centros autorizados para dicho fin. Tres estados contemplan estas medidas en sus respectivas legislaciones: Delaware, Michigan y New México.

A nivel internacional basta mencionar el desarrollo de algunos medicamentos a base de la marihuana:

Medicamento

Sustancia

Aplicación Terapéutica

País de Registro

Marinol

THC

Tratamiento anti-emético (control del Vómito).
Estimulación del apetito.
Esclerosis Múltiple.

EUA
Canadá
Dinamarca

Sativex

THCE Y CBD

Esclerosis múltiple.
Tratamiento para el dolor.

Alemania
Inglaterra
España
Italia

Epidolex

CBD

Esclerosis Múltiple
Epilepsia

EUA

Fuente: Proceso Regulatorio de los Medicamentos en México, COFEPRIS, disponible en <http://www.senado.gob.mx/marihuana/index.php>

El análisis de los casos internacionales nos muestra que México tiene muchos años de atraso en la materia. Por desgracia, tenemos una legislación que no es acorde con lo que está sucediendo en otras latitudes y, peor aún, que no hemos dedicado esfuerzos en crear investigación científica en torno a los diversos usos médicos y terapéuticos de la marihuana, así como de otras sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

Resulta impostergable no rehuir al debate nacional. Nuestras leyes tienen que ser modificadas con el objetivo de que se puedan instrumentar políticas públicas, acabando con ello la política prohibicionista a efecto de permitir el desarrollo, la producción y la comercialización de los tratamientos médicos a base de los canabinoides. Asimismo, para lograr que exista un esfuerzo del Estado mexicano de impulsar la investigación para medir los beneficios y el impacto de los psicotrópicos y estupefacientes en la ciencia médica.

En la Mesa 5, de las Audiencias Públicas para las Alternativas de la Regulación de la Marihuana, organizados por el Congreso de la Unión, en la que se analizó y discutió el uso medicinal o terapéutico de la marihuana, destacó el consenso en cuanto a la necesidad de regulación con fines médicos a nivel general, en lugar de enfocarse a permitir la importación en casos específicos.

“El acceso legal al uso medicinal de la marihuana debería de estar al alcance de todos los mexicanos que así lo requieran y no solamente para casos específicos. Lo anterior, con el propósito de beneficiar a la ciudadanía y a la industria nacional.”39

Para la Comisión Nacional contra las Adiciones, CONADIC, resulta favorable el hecho de que haya más posibilidades terapéuticas para preservar la salud, aún cuando éstas se obtengan de componentes de la cannabis, no obstante, expresan que fumar cannabis es altamente nocivo para la salud y no genera ningún beneficio terapéutico.

Si bien, actualmente el artículo 238 de la Ley General de Salud, establece que todas aquellas instituciones que hayan presentado un protocolo de investigación ante la Secretaría de Salud, tienen la posibilidad de acceder a un permiso para obtener las sustancias activas de la marihuana como el CBD, también lo es que existen cannabinoides como THC sobre los que es necesario realizar estudios que permitan conocer sus alcances terapéuticos y los riesgos que representan para la salud. 

De acuerdo a datos de la COFEPRIS, el Laboratorio GWPharma, es el único que ha sometido un protocolo de investigación a evaluación de dicha institución, el cual corresponde a un aerosol para administración oral llamado SATIVEX, que contiene THC Y CBD.40

Las propiedades terapéuticas que analizará la farmacéutica son las concernientes a: 1. Dolor crónico en pacientes con cáncer avanzado; 2. Dolor crónico persistente en pacientes con cáncer; y 3. Analgesia inadecuada en pacientes con cáncer.

Una de las principales preocupaciones de las Audiencias Públicas para las Alternativas de la Regulación de la Marihuana es que ésta es una sustancia inocua. Por lo que sugieren que su regulación debería de estar acompañada de una política de prevención similar a la de otras drogas legales, por ejemplo, los opiáceos, al respecto señalan que:

“Actualmente, la mayoría de los estudios reportados en la literatura médica adolecen de todo el rigor metodológico necesario para generalizar sus hallazgos sobre el empleo de cannabinoides con fines terapéuticos, por lo que la evidencia científica, aún no es lo suficientemente sólida para sustentar dichas propiedades.”41

De acuerdo al Reglamento de Insumos para la Salud, en su fracción XV, Artículo segundo, los principios activos de la marihuana y sus cannabinoides cumplen el perfil de una Molécula Nueva, es decir, “la sustancia de origen natural o sintético que es el principio activo de un medicamento, no utilizada previamente en el país, cuya eficacia, seguridad y fines terapéuticos no hayan sido completamente documentados en la literatura científica.”

En México, no se ha otorgado registro sanitario a medicamentos que contengan CBD o THC, por lo que para obtener un Registro Sanitario deberán pasar por el proceso regulatorio, el cual será analizado por el Comité de Moléculas Nuevas, en virtud de que su eficacia, seguridad y fines terapéuticos no han sido completamente documentados en la literatura científica. Además, existen medicamentos como el Marinol, el Sativex y el Epidolex que ya han sido probados en otros países, pero no cuenta con registro sanitario.

El artículo 102 de la Ley General de Salud, prevé que la Secretaría de Salud autorizará el empleo en seres humanos con fines preventivos, terapéuticos y de rehabilitación, medicamentos respecto de los cuales aún no se tenga evidencia científica suficiente de su eficacia terapéutica o se pretenda la modificación de las indicaciones terapéuticas de productos ya conocidos.

La investigación clínica consta de cuatro fases e implica pruebas en humanos para determinar su seguridad y eficacia, que a saber son:

Fase Pre – Clínica

Fase Clínica I

Fase Clínica II

Fase Clínica III

Los hechos son contundentes y ponen de manifiesto que nuestras instituciones de salud cuentan con los protocolos necesarios para garantizar que el uso de la cannabis con fines médicos y terapéuticos no constituyan un riesgo para la salud de las mexicanas y mexicanos.

No obstante, también queda de manifiesto la falta de investigación sobre las propiedades médicas y terapéuticas de la cannabis y sus derivados en nuestro país, así como todas las sustancias psicotrópicas señaladas en el artículo 245 de la Ley General de Salud.

Considerando lo anterior, resulta pertinente la creación del Centro de Investigación  de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes, CISPE, dependiente de la Secretaría de Salud, que tenga por objeto:

Llevar a cabo de manera sistemática y de acuerdo a estándares nacionales e internacionales, el análisis farmacobiológico de las sustancias psicotrópicas y estupefacientes autorizadas por el Sistema Nacional de Salud.

Generación de un panorama epidemiológico a través de un registro permanente y un análisis clínico periódico para el control de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

Elaboración de estudios clínicos y básicos con diagnósticos enfocados a generar información científica que coadyuve al mejoramiento de las políticas públicas de control, evaluación, desarrollo, suministración, importación, prescripción y cualquier uso médico y terapéutico de las sustancias psicotrópicas y estupefacientes empleadas por el sistema nacional de salud, sin perjuicio de las competencias conferidas a otras dependencias y entidades de la administración pública.

El análisis farmacobiológico nos permitirá conocer la relación entre los efectos terapéuticos (beneficios) y los efectos indeseables (riesgos) de las sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Además se analizará la eficacia, seguridad, efectividad y eficiencia de dichas sustancias.

Por su parte el panorama epidemiológico de las sustancias psicotrópicas y estupefacientes, coadyuvará a anticipar situaciones que puedan constituir un riesgo para la salud derivado del uso y abuso de estas sustancias, asimismo, nos permitirá identificar grupos de alto riesgo. 

Además, contribuirá a evaluar y monitorear los servicios y programas de salud, a fin de garantizar que en éstos no se incurra en malas prácticas relacionadas con la prescripción de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

El Centro será una instancia fundamental para crear investigación científica sobre lo qué está pasando con el uso y suministración de las sustancias psicotrópicas y estupefacientes; el desarrollo de investigación de nuevas propiedades de estas sustancias, dicho Centro tendrá los siguientes atributos:

Investigaciones especializadas;

Estudios de impacto y diagnostico;

Estudios de seguimiento en pacientes;

Generar información histórica;

Capacitación y profesionalización;

Analizar los efectos adversos a la salud que causan las sustancias psicotrópicas y estupefacientes;

Impacto que generan en los ámbitos social, personal, familiar, laboral y económico;

Coadyuvar en la elaboración de protocolos para el control y evaluación;

Sistematización de información;

Realizar estudios de derecho comparado, de seguimiento y evaluación de la ejecución de las políticas públicas;

Formular proyectos sustentados en los resultados de los estudios realizados;

Proporcionar a las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno información, análisis estadístico, bibliográfico, documental y jurídico especializado;

Poner a disposición al público en general toda la información que genere.

Salvaguardar la información personal de la población objetivo que analice.

Existen otras áreas relacionadas con la política de prevención de adicciones, el control y vigilancia de los establecimientos de salud, pero no existe un área que se dedique a generar investigación científica especializada que permita que con todo rigor académico y científico se analice el alcance y beneficios de los psicotrópicos y estupefacientes en favor del mejoramiento de la salud, en la medición del impacto de los beneficios, así como de los efectos secundarios negativos.

Por ello la importancia de crear una instancia donde el conocimiento, la investigación, las herramientas teóricas y científicas sirvan para mejorar las políticas públicas y garantizar así la atención un problema de salud pública.

El Centro de Investigación de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes, CISPE, contribuirá al intercambio de información entre todas las autoridades de salud, así como con otras instancias del sector público, privado, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y especialistas, para brindar apoyo técnico, información, análisis, estudios en perspectiva comparada, estudios estadísticos, bibliográfico y documental para mejorar las políticas públicas en la materia.

El CISPE deberá, contar con cuerpos de apoyo científico y técnico, capacitado y especializado sobre la materia que coadyuven con el mejoramiento de las políticas públicas. El trabajo de investigación realizado sobre el uso medicamentos controlados, sustancias psicoactivas y estupefacientes aún es incipiente en nuestro país, lo que lo hace aún más necesario constar con una institución especializada y de consulta.

El CISPE contribuirá, desde la especialidad en diversos ámbitos de su competencia, a producir trabajo científico especializado para desarrollar conocimiento sobre las sustancias psicotrópicas y estupefacientes tendrán impacto en la sociedad y en la salud pública.

Se busca que este Centro se convierta innove y genere información útil y confiable para mejorar las políticas de gobierno.

Es una realidad que en México ha aumentado el uso de medicamentos estupefacientes, cada vez más mexicanos y mexicanas que son atendidos por el sistema nacional de salud mediante el empleo de sustancias psicoactivas. Los productos farmacéuticos controlados constituyen un insumo esencial para el tratamiento, curación y recuperación de diversas enfermedades.

El Capítulo VI, relativo a las Substancias Psicotrópicas, y específicamente el artículo 245 de la Ley General de Salud, establece que las sustancias psicotrópicas son:

LISTA I: Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son:

Denominación Común Internacional

Otras Denominaciones
Comunes o Vulgares

Denominación Química

Cationa

No tiene

(-) Aminopropiofenona, N, N-Dietiltriptamina

No tiene

DET

D1-2,5-Dimetroxi-metilfenil-netilamina

No tiene

DMHP

3-(1,2-Dimetilheptil)-1-hidroxi-7,8,9,10 –tetrahidro-6,9-trimetil 6h dibenzo (B,D) pirano

No tiene

DMT

N,N-Dimetiltriptamina

Brolamfetamina

DOB

2,5-Dimetroxi-4-bromoantetamina

No tiene

DOET

D1-2,5-Dimetroxi-4-etil-metilfeniletilamina

Lisergida

LSD, LSD-25

(+)-N,N-Dietilisergamida (dietilamida del ácido lisérgico)

No tiene

MDA

3,4-Metilenodioxiamfetamina

Tenamfetamina

MDMA

D1-3,4-Metilendioxi-N-dimetilfeniletilamina

Mescalina

Peyote; Lophophora Williams II; Anhalonium Williams II

3,4,5-Trimetixifenetilamina

No tiene

MMDA

Dl-5-Metoxi-3,4-metilendioci-metilfeniletilamina

No tiene

Parahexilo

3-Hexil-1-hidroxi-7,8,9,10tetrahidro-6,6,9-trimetl-6h-dinezo  [B,D] pirano

Eticiclidina

PCE

N-Etil-1-feniciclohexilamina

Roliciclidina

PHP, PCPY

1-(1-Fenilciclohexi)pirrolidina

No tiene

PMA

4-Metoxi-metilfenilea

No tiene

Psilocina

3-(2-Dimetilaminoetil)-4-hidroxi-indol

Psilocibina

Hongos alucinantes de cualquier variedad botánica, en especial las especies Psilocybe mexicana, Estropharia cubensis y Conocybe y sus principios activos

Fosfato dihidrogenado de 3-(2-dimetil-aminoeti)-indol-4-ilo

No tiene

STP, DOM

2-Amino-1(2,5,dimetoxi-4-metil)fenilpropano

Tenociclidina

TCP

1-[1-(2-tienil)ciclohexil] piperidina

No tiene

THC

Tetrahidrocannabinol,, los siguientes isómeros: <6a (10a), <6a(79, <7, <8, <9, <10, <9(11) y sus variantes estereoquímicas

No tiene

TMA

D1-3,4,5-Trimetoxi-metilfeniletilamina

(LISTA II). Las que tienen algún valor terapéutico, pero constituyen un problema grave para la salud pública, y que son:

Amfetamina; Amobarbital; Anfepramona (dietilpropion); Carisoprodol; Ciclobarbital; Clobenzorex (clorofentermina); Dextroamfetamina (dexamfetamina); Etclorvinol; Fenciclidina; Fendimetrazina; Fenetilina; Fenproporex; Fentermina; Glutetimida; Heptabarbital; Hidrato de cloral; Ketamina; Meclocualona; Meferonex; Meprobamato; Metacualona; Metamfetamina; Nalbufina; Pentobarbital; Secobarbital; yTrihexifenidilo

(LISTA III): Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública, y que son:

Alprazolam; Bromacepam; Brotizolam; Camazepam; Clobazam; Clonazepam; Cloracepato dipotásico; Clorodiazepoxido; Clotiazepam; Cloxazolam; Delorazepam; Diazepam; Estazolam; Fludiazepam; Flunitrazepam; Flurazepam; Haloxazolam; Helazepam; Ketazolam; Loflacepato de etilo; Loprazolam; Lorazepam; Lormetazepam; Medazepam; Nimetazepam; Nitrazepam; Nordazepam; Oxazepam; Oxazolam; Pinazepam; Prazepam; Quazepam; Temazepam; Tetrazepam; y Triazolam

(LISTA IV): Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública, y son:

Alobarbital; Amitriptilina; Aprobarbital; Barbital; Benzodiacepinas; Benzofetamina; Benzquinamina; Buspirona; Butabarbital; Butalbital; Butaperazina; Butetal; Butriptilina; Cafeína; Carbamazepina carbidopa; Carbromal; Clorimipramina-Clorhidrato; Cloromezanona; Cloropromazina; Clorprotixeno; Deanol; Desipramina; Ectilurea; Etinamato; Fenelcina; Fenfluramina; Fenobarbital; Flufenazina; Gabob (ácido gamma amino beta hidroxibutrico); Haloperidol; Hexobarbital; Hidroxicina; Imipramina; Isocarboxazida; Lefetamina; Levadopa; Litio-carbonato; Maprotilina; Mazindol; Mepazina; Metilfenobarbital; Metilparafinol; Metiprilona; Naloxona; Nor-pseudoefedrina (+) catina; Nortriptilina; Paraldehido; Parfenazina; Penfluridol; Pentotal sódico; Pipradol; Promazina; Propilhexedrina; Sulpiride; Tetrabenazina; Tialbarbital; Tioproperazina; Tioridazina; Tramadol; Trazodone; Trifluoperazina; Valproico; y Vinilbital.

El artículo 226 de la citada Ley, establece que todas las sustancias psicotrópicas y los medicamentos que “para su venta y suministro al público, se consideran: I. Medicamentos que sólo pueden adquirirse con receta o permiso especial, expedido por la Secretaría de Salud, de acuerdo a los términos señalados en el Capítulo V de este Título; II. Medicamentos que requieren para su adquisición receta médica que deberá retenerse en la farmacia que la surta y ser registrada en los libros de control que al efecto se lleven, de acuerdo con los términos señalados en el capítulo VI de este título. El médico tratante podrá prescribir dos presentaciones del mismo producto como máximo, especificando su contenido. Esta prescripción tendrá vigencia de treinta días a partir de la fecha de elaboración de la misma”

Si bien actualmente la Secretaría de Salud, así como sus homologas en los estados, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, han reforzado las acciones para que los profesionales de la salud cuenten con los recetarios especiales para la prescripción y atención oportuna de los padecimientos con medicamentos a base en esta clase de sustancias, tal y como se establece en Las reglas generales para la tramitación electrónica de permisos para el uso de recetarios especiales con código de barras para medicamentos de la fracción I del artículo 226 de la Ley General de Salud, también lo es que en muchas ocasiones los medicamentos controlados se aplican de manera incorrecta, lo que abona a generar dependencia en los pacientes.42

Los medicamentos psicotrópicos y estupefacientes son sumamente dañinos cuando se utilizan sin prescripción médica y cuando se abusan de ellos. Debe quedar claro que este tipo de sustancias son inocuas, generan adicciones cuando se emplean de manera incorrecta.

La Organización Mundial de la Salud, OMS, habla de abuso de drogas cuando se presenta "un patrón de uso de sustancias psicoactivas que causa daño a la salud […] física o mental", “El uso, abuso y dependencia de estas sustancias tiene un alto costo en vida saludable y productividad laboral y escolar, así como en la armonía familiar, lo que tiene como consecuencia la sobreutilización de los servicios de salud.”43

Por su parte, la American Psychiatric Asociation, señala que la dependencia a una sustancia es “un mal adaptado que produce trastornos o dificultades físicas importantes desde un punto de vista clínico, siempre que se manifiestan en los factores abajo expuestos dentro de un periodo de 12 meses”, causando las siguientes problemáticas:

Tolerancia, entendida como la necesidad de consumir una cantidad notablemente superior;

Abstinencia a la sustancia;

Consumo de una sustancia a menudo en grandes cantidades o durante periodos de tiempo más largos de los pretendidos inicialmente;

Existencia de un deseo persistente o de esfuerzos inútiles por reducir o controlar el uso de la sustancia;

Empleo exacerbado del tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia;

Abandono o reducción de actividades importantes de carácter social, ocupacional o recreativa derivadas del uso de la sustancia;

Consumo continuado de la sustancia a pesar de conocer la existencia de un problema persistente o recurrente.44

Los medicamentos pueden resultar benéficos o dañinos, terapéuticos o tóxicos, según quién, cuándo, cuánto, cómo y con qué fin los consuma. En ese sentido, diversos estudios han demostrado que en México existe un nuevo problema en torno al abuso de los psicofármacos o medicamentos legales.

Las amas de casa, los adultos mayores, los indígenas, y las personas desocupadas, están presentando dependencia a alguna sustancia psicotrópica; especialmente hacia el uso de los tranquilizantes, estimulantes y pastillas para dormir.

De acuerdo con el Estudio sobre consumo de sustancias psicoactivas en adultos mayores en la Ciudad de México 2012, realizado por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz,45 entre los adultos mayores existe un uso y abuso de drogas controladas fuera de toda prescripción médica.

Resulta preocupante que 4 de cada 100 adultos mayores aceptó que ha usado medicamentos legales, destacando los opiáceos, tranquilizantes, sedantes y barbitúricos, lo que da cuenta del incremento del uso de estas sustancias en dicho sector de la población.

El artículo Consumo de drogas psicotrópicas y capacidades de autocuidado en mujeres de Tepic, Nayarit, publicado en la Revista de Enfermería Global,46 indica que entre las mujeres amas de casa hay una incidencia del uso de estas sustancias del 1 por ciento, siendo los más comunes los tranquilizantes. Dicha publicación concluye que el consumo de drogas psicotrópicas en las mujeres se ha agravado en los últimos años, debido a factores económicos, socioculturales, las responsabilidades y los problemas familiares.

El Estudio sobre Sintomatología Psiquiátrica y Consumo de Sustancias de Abuso en Personas con Discapacidad de la Ciudad de México,47 señala que:

1 de cada 10 jóvenes sufre de adicciones a los barbitúricos y a los medicamentos controlados.

El Estudio sobre los patrones de consumo de sustancias psicoactivas en población indígena residente y originaria de la Ciudad de México, realizado por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, señala que este sector poblacional tiene una incidencia al consumo de sustancias controladas de 2 de cada 100 personas.48

Las anteriores cifras nos demuestran que el consumo de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes pueden convertirse en un problema de salud pública, si no se hace algo al respecto.

Actualmente en México se está teniendo acceso a medicamentos que contienen sustancias psicotrópicas que no están regulados por las leyes. De acuerdo con la CONADIC existen en promedio 60 nuevas sustancias, medicamentos de diseño, que están circulando libremente por todo el país.
Productos que se utilizan para elaborar Nuevas Sustancias Psicoactivas, y que actualmente no se encuentran regulados en las leyes mexicanas.

a. Ácido antranílico:

b. Ácido fenilacético;

c. Benzaldehído;

d. Cloruro de Bencilo;

e. Dimetilamina;

f. Fenil acetil carbinol;

g. Metilamina;

h. Nitroetano;

i. Nitrometano;

j. N-metilformamida;

k. Piperidina;

l. Trimetilamina;

m) Ácido fórmico;

n) Ácido hipofosforoso;

o) Ácido yodhidríco;

p) Fósforo rojo;

q) Yodo.

También quedan incluidos en esta categoría los productos que sean o contengan estas substancias, las sales, sus derivados e isómeros ópticos.

Se consideran sales y derivados del ácido fenilacético los siguientes:

SALES DEL ÁCIDO FENILACÉTICO

a) Fenil acetato de potasio

b) Fenil acetato de sodio

ÉSTERES Y DERIVADOS DEL ÁCIDO FENILACÉTICO

01. Feniletanol;

02. Fenilacetaldehído;

03. Fenil acetato de alilo;

04. Fenil acetato de amilo;

05. Fenil acetato de p-anisilo;

06. Fenil acetato de bencilo;

07. Fenil acetato de butilo;

08. Fenil acetato de metil butilo (isopentilo) (isoamilo);

09. Fenil acetato de ciclohexilo;

10. Fenil acetato de cinamilo;

11. Fenil acetato de citronelilo;

12. Fenil acetato de etilo;

13. Fenil acetato de eugenilo;

14. Fenil acetato de feniletilo;

15. Fenil acetato de fenilpropilo

16. Fenil acetato de geranilo;

17. Fenil acetato de guayacilo;

18. Fenil acetato de hexilo;

19. Fenil acetato de isobutilo;

20. Fenil acetato de isoeugenilo

21. Fenil acetato de isopropilo;

22. Fenil acetato de linalilo;

23. Fenil acetato de L-mentilo;

24. Fenil acetato de metilo;

25. Fenil acetato de nerilo;

26. Fenil acetato de octilo;

27. Fenil acetato de paracresilo;

28. Fenil acetato de propilo;

29. Fenil acetato de rodinilo;

30. Fenil acetato de santalilo;

31. Fenil acetato de trans-2-hexenilo;

32. Fenil acetato de furfurilo;

33. Fenil acetato de heptilo;

34. Fenil acetato de nonilo;

35. Fenil acetato de tert-butilo;

36. Fenil acetato tetrahidrofurilo;

37. Fenil acetato de 3-hexenilo;

38. Cloruro de fenilacetilo;

39. Fluoruro de fenilacetilo;

40. Bromuro de fenilacetilo; y

41. 2-Fenil acetamida

Fuente: Consejo Nacional contra las Adicciones, CONADIC.

En este sentido la importancia de contar con un Centro Especializado, el cual pueda llevar a cabo las investigaciones de estas nuevas sustancias para su control y de esta forma evitar que sean suministradas de forma inadecuada y puedan derivar en un problema de salud pública.

La dependencia a las sustancias psicotrópicas y estupefacientes constituyen un problema de salud pública que se ha extendido en todo el país, al punto que muchas personas la consideran como algo absolutamente normal e inofensivo, y que ya ha pasado a formar parte de sus hábitos cotidianos. Así lo demuestran los citados estudios, que señalan el uso y abuso de los antidepresivos, los tranquilizantes y las pastillas para dormir.

Por lo general, muchas personas las emplean sin respetar las dosis señaladas e incluso mezclándolas con otros medicamentos y alcohol, lo cual, además de representar un daño a la salud también puede ocasionar daños a terceros. Por ejemplo, es recurrente que las personas bajo los efectos de los medicamentos psicoactivos provoquen accidentes viales y otros de mayor gravedad como incendios en los hogares.

Los legisladores no podemos ser omisos ante esta situación. Es nuestra responsabilidad atender esta problemática para evitar que aumente, tal y como está sucediendo en Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil, Alemania y Holanda. De allí, también la importancia de contar con el Centro de Investigación de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes, CISPE, a efecto de tener más información sobre los causas y efectos del consumo no controlado de los medicamentos estupefacientes y psicotrópicas.

Adicionalmente a las problemáticas antes señaladas, no podemos omitir un debate que ha surgido en los últimos meses, el cual no solamente está relacionado con temas estrictamente de salud, sino también de seguridad pública, readaptación social y de tipo penal; y que es la posibilidad de aumentar la cantidad permitida de posesión de la marihuana para uso personal y que no constituya en un delito.

Coincidimos con la postura de la Comisión Nacional Contra las Adicciones, CONADIC, cuando señala que el consumo de las sustancias psicoactivas debe verse como un problema de salud pública y no como un asunto de seguridad o política criminal.

Necesitamos cambiar nuestra legislación a efecto de ampliar los gramos que un mexicano puede poseer para su consumo personal.

En las Audiencias Públicas para las Alternativas a la Regulación de la Marihuana organizadas por el Congreso de la Unión, también se manifestó en este sentido.

En la Mesa 3, sobre la Regulación en relación con la política criminal y el sistema penitenciario, el Consejo Técnico expresó el consenso sobre la necesidad de cambiar el actual modelo que está basado en inhibir el consumo de marihuana a través de penas privativas de la libertad, es decir, un modelo que criminaliza a los consumidores y adictos, por ello cuestionan los límites de posesión personal establecidos a nivel federal. Señalan que entre los beneficios de aprobar un incremento en los límites de posesión de marihuana permitida, se reducirá la población encarcelada y se lograrían aplicar tratamientos a farmacodependientes.

La necesidad de aumentar la cantidad de posesión de marihuana permitida, radica en que 60% por ciento de la población carcelaria a nivel federal, está ahí por delitos contra la salud, de los cuales 32% fueron detenidos por transporte y 28% por posesión de drogas.

Es un tema que también debemos de revisar, debido a que en las cárceles del país el 41% de los convictos por delitos contra la salud, se encuentran allí por la posesión del enervante y otras sustancias que no sobrepasan el valor en el mercado negro de los 500 pesos.

A continuación se hace una descripción de los estándares internacionales sobre el gramaje que una persona puede portar. De acuerdo con el portal http://www.gob.mx/debatemarihuana, de la Presidencia de la República, son los siguientes:

País

Gramaje

Uruguay controla la comercialización, producción y distribución de la marihuana, al mismo tiempo que promueve información, prevención y educación en su uso.

El cultivo reducido en casa está autorizado hasta seis plantas y en asociaciones que no excedan hasta 45 miembros.

Una persona (únicamente ciudadanos o residentes) pueden comprar hasta 40 gramos al mes de marihuana, y se expiden permisos para productoras quienes venden la marihuana al gobierno, el precio lo fija un instituto estatal y se prohíbe el cultivo, producción y venta no autorizada ni registrada ante el instituto.

En Rusia, la producción, venta, compra y consumo es ilegal.

El cultivo de más de 20 plantas de marihuana es considerado como una cantidad grande y por lo tanto puede llegar a una persecución penal. Una persona puede tener en su posesión hasta 6 gramos de marihuana. De más 6 a 100 gramos de marihuana se considera una ofensa criminal y el castigo varía entre multas y dos años de prisión.

En Colombia el consumo está prohibido por la Constitución, aunque con base en la doctrina de la dosis de aprovisionamiento, la Suprema Corte ha sostenido que portar marihuana para el consumo no está penalizado. Sin embargo, la posesión simple sí está tipificada como delito.

Se puede cultivar hasta 20 plantas de marihuana por persona y es legal portar hasta 20 gramos para consumo personal.

El pasado 22 de diciembre de 2014 el Presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto que legaliza y regula la producción, comercialización y exportación de cannabis para uso terapéutico en Colombia. Se contempla la emisión de licencias para la posesión de semillas de cannabis y cultivo para fines médicos y científicos.

En Perú, “la posesión de drogas para uso propio no es punible en cantidades que no excedan a ciertos límites establecidos para cada droga o se encuentre en posesión de dos o más tipos de sustancias”

Para la marihuana es de 8 gramos.

Se estima que el 60 por ciento de las detenciones por cargos de drogas están relacionados con el uso o posesión simple. De acuerdo al Código Penal se considera un delito el tráfico de drogas, la comercialización o cultivo así como forzar a otros a plantar o procesar drogas.

Se distingue entre el tráfico y la comercialización al por menor de hasta 100 gramos de marihuana. Las penas por venta a pequeña escala son de uno a ocho años de prisión. El gobierno actual ha propuesto una estrategia más global basada en la articulación entre las políticas de control de la oferta y un modelo de desarrollo sostenible como alternativa”.

En España la posesión de drogas para consumo propio nunca ha estado perseguido penalmente.

Recientemente la posesión y consumo en lugares públicos ha estado perseguido y es considerado como una falta administrativa que se sanciona con una multa o tratamiento.

A pesar de la regulación nacional, Cataluña creó un enfoque integral de tratamiento de drogas con el fin de reducir los daños a la población. Se crearon los Clubes Sociales de Cannabis (CSC) únicamente para los usuarios adultos registrados.

La tenencia de plantas destinadas al consumo tampoco perseguido penalmente. Si bien no existe una normativa específica sobre el número de plantas que puede tener una persona para autoconsumo, se limita el aprovisionamiento de cannabis a aproximadamente tres gramos diarios por persona.

En Ecuador, de 2008 a 2015 se llevaron a cabo una serie de reformas. Pasó de una de las leyes más punitivas de América Latina a la declaración de Amnistía para los traficantes de pequeña escala y la aprobación del Código Orgánico Integral Penal.

Como resultado, miles de personas fueron liberadas de prisión y el cultivo para consumo personal se ha despenalizado. A principios de 2015, el Congreso de la Nación comenzó a debatir el proyecto de Ley Orgánica de Prevención de Drogas y Uso y Consumo de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización.

Este proceso de discusión concluyó con una nueva ley que, si bien distingue entre cuatro tipos de participación en la actividad de tráfico (mínima, mediana, alta y gran escala) endurece las sanciones por microtráfico.

La posesión simple y para uso está tipificadas como delito, pero cuando la posesión de marihuana es para consumo y menor a 10 gramos no es sancionada.

En Malasia, la Ley de Drogas Peligrosas de 1952 regula la importación, exportación, manufactura, venta y uso de drogas.

Esta ley prevé la pena de muerte obligatoria para personas culpables de narcotráfico con posesión de más de 200 gramos de marihuana. De 2008 a 2010 se determinaron 77 sentencias de muerte por esta causa.

“Las penas por posesión de marihuana en Malasia van desde multas, rehabilitación obligatoria o encarcelamiento”. La cantidad permitida para uso personal es de 15 gramos.

En los Estados Unidos de Norteamérica desde hace algunos años se ha venido propiciando la regulación y despenalización de la marihuana. En la actualidad, varios estados permiten su uso médico y recreativo.

En California el uso terapéutico de la cannabis es legal mientras se cuente con receta médica. A partir de 2001 se considera como una infracción la posesión de hasta 28 gramos de marihuana y la multa por ello asciende hasta a 100 dólares.

En Colorado, la venta, posesión, uso, producción, distribución y cultivo personal de la marihuana es legal bajo ciertas condiciones. De hecho es legal fumar cannabis en público.

El permiso de consumo está limitado a mayores de 21 años y solo puede venderse 28 gramos a cada residente y 7 gramos a no residentes.

De acuerdo a la “Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato", especificada en el artículo 479 de la Ley General de Salud, se pueden poseer hasta 5 gramos de marihuana. En ese sentido, consideramos conveniente modificarlo, a efecto de elevar la cantidad que una persona puede portar para su consumo personal. Motivo por el cual proponemos que sea 28 gramos de Cannabis Sativa, Indica o Marihuana.

De acuerdo con el CONADIC, con 28 gramos de marihuana se podrían hacer un promedio de 14 cigarros o carretes49; dicha cantidad no constituye un consumo problemático de la marihuana, y sería compatible con lo permitido en otros países a nivel internacional.

¿Por qué 28 gramos?

Se propone que la dosis adecuada que una persona puede transportar, guardar y poseer sea de 28, bajo las siguientes consideraciones:

La duración de los efectos del cannabis depende de la  pureza de la dosis, de la vía de administración y de la forma de consumo.
Cuando se fuma, sus efectos son inmediatos y duran aproximadamente de 1 a 4 horas.

Inhalada pueden mantenerse hasta por 4 horas.

Si se ingiere en un alimento o bebida el inicio de los efectos es más lento generalmente inicia entre media hora y una hora con una duración de hasta 4 horas.50

La actual política restrictiva y punitiva en torno a los diferentes usos de la marihuana, en especial para los fines médicos y terapéuticos, debe revisarse a efecto de encontrar alternativas regulatorias eficientes y que redunden en el beneficio de los mexicanos que desgraciadamente padecen enfermedades que pueden ser atendidas con estos medicamentos como es el caso de la Grace Elizalde.

Esta iniciativa es compatible con la postura que fijó el Presidente Enrique Peña Nieto a nombre del Estado mexicano en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Problema Mundial de las Drogas 2016, UNGASS, el pasado 19 de abril.

Cabe destacar que desde el año, 2012, Colombia, Guatemala y México solicitaron convocar a esta Sesión Especial de la Asamblea General sobre el Problema Mundial de las Drogas, para revisar la estrategia internacional en relación al tema, pero sobre todo, definir soluciones alternas, desde una perspectiva de Derechos Humanos, prevención y salud pública, que ponga como prioridad el bienestar de las personas.

Durante su participación, el Presidente propuso lo siguiente:

Primero. El problema mundial de las drogas exige que la comunidad internacional refrende el principio de responsabilidad común y compartida, mediante una cooperación internacional más intensa y efectiva.

Segundo. Es necesario reforzar el frente común ante la delincuencia organizada transnacional, para cerrar espacios a sus operaciones financieras y delitos conexos. Hay que intensificar la cooperación entre los gobiernos y ampliar el intercambio de información y acciones conjuntas, para desmantelar las organizaciones delincuenciales.

Tercero. Se requiere de una mayor coordinación y colaboración entre las propias agencias especializadas del sistema de las Naciones Unidas, con el fin de abordar todos los aspectos del problema mundial de las drogas.

Cuarto. Las políticas públicas y acciones derivadas de la política internacional sobre las drogas, deben estar alineadas con los esfuerzos en favor del desarrollo sostenible, de la Agenda 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los encaminados a resolver el problema mundial de las drogas, deben ser complementarios y reforzarse entre sí.

Quinto. Se deben atender los daños sociales relacionados con el mercado ilícito de drogas. Para aquellas comunidades vulneradas por el crimen organizado, se necesita una prevención integral de la violencia, de la exclusión y del debilitamiento del tejido social.

Hay que apoyar a las comunidades afectadas con alternativas educativas, laborales y recreativas, que fortalezcan la inclusión y la cohesión social. En especial, se deben crear alternativas productivas en aquellas localidades donde se siembran estupefacientes; por ejemplo, con la reconversión de cultivos y esquemas internacionales de agricultura por contrato.

Sexto. Ante las limitaciones del paradigma prohibicionista, se debe atender el tema mundial de las drogas desde la perspectiva de los Derechos Humanos. Este cambio de fondo, implica modificar el enfoque eminentemente sancionador, para ubicar a las personas, sus derechos y su dignidad.

Séptimo. El consumo de drogas debe atenderse esencialmente, como un problema de salud pública, toda vez que constituye una amenaza para el desarrollo pleno de las personas, especialmente de niños y jóvenes.

La adicción a las drogas debe atenderse con mecanismos de prevención y soluciones terapéuticas integrales, no con instrumentos penales, que criminalizan a los consumidores y dañan el desarrollo de su personalidad.

Octavo. En los delitos relacionados con las drogas, se deben privilegiar penas proporcionales y alternativas al encarcelamiento, que incorporen también una perspectiva de género.

Noveno. Se deben sumar esfuerzos internacionales, para prevenir el consumo de drogas, mediante una campaña orientada a niños y jóvenes, a nivel global. Proteger a los miembros más vulnerables de las sociedades, garantizando que conozcan los efectos nocivos asociados al consumo de estupefacientes y psicotrópicos.

Décimo. Se debe asegurar la disponibilidad y un mejor acceso de las sustancias controladas para fines médicos y científicos; evitando al mismo tiempo, su desviación, uso indebido y tráfico. Esta propuesta se deriva del amplio debate nacional sobre el uso de la marihuana, al que convocó el Gobierno de México, con expertos, académicos y representantes de la sociedad civil.

La iniciativa es de enorme importancia para la salud pública en nuestro país, y la cual se puede resumir en los siguientes aspectos:

1. Autorizar el uso médico y terapéutico de la marihuana;

Reforma al artículo 103, para autorizar que los médicos puedan prescribir tratamientos medicinales y terapéuticos a base de las sustancias activas de la marihuana.

Reforma al artículo 237, con la finalidad de permitir el uso de los medicamentos a base de la cannabis sativa, indica y americana o marihuana.

Reforma al artículo 245, a efecto de reclasificar a los Cannabinoides Sintéticos y el Tetrahidrocannabidol, como sustancias que tienen algún valor terapéutico, pero que constituyen un problema grave para la salud pública, debido a que actualmente están clasificados como sustancias psicotrópicas con escaso o nulo valor terapéutico.

Reforma al artículo 247, para que la Secretaría de Salud autorice el uso del Tetrahidrocannabidol y los isómeros ∆6A (10A), ∆6A (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas, de manera expresa con fines médicos, terapéuticos y de investigación.

2. Crear el Centro de Investigación de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes, CISPE.

Se reforma el artículo 96 y se adiciona un Título Quinto Ter, con los artículos 103 Ter, 103 Ter 1, 103 Ter 2 y 103 Ter 3, a afecto de crear el CISPE, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, que tenga por objeto:

Llevar a cabo de manera sistemática y de acuerdo a estándares nacionales e internacionales, el análisis farmacobiológico de las sustancias psicotrópicas y estupefacientes autorizadas por el Sistema Nacional de Salud.

Generación de un panorama epidemiológico a través de un registro permanente y un análisis clínico periódico para el control de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

Elaboración de estudios clínicos y básicos con diagnósticos enfocados a generar información científica que coadyuve al mejoramiento de las políticas públicas de control, evaluación, desarrollo, suministración, importación, prescripción y cualquier uso médico y terapéutico de las sustancias psicotrópicas y estupefacientes empleadas por el sistema nacional de salud, sin perjuicio de las competencias conferidas a otras dependencias y entidades de la administración pública.

3. Aumentar el gramaje permitido de la posesión de la marihuana para consumo personal.

Se reforma el artículo 479, a efecto de aumentar la dosis máxima permitida de consumo personal e inmediato de la marihuana. Actualmente se permite hasta 5 gramos y la propuesta es incrementarla a 28 gramos, con el propósito de descriminalizar el consumo personal del enervante sin que esto constituya un riesgo de generar consumo problemático de dicha sustancia.

Con 28 gramos de marihuana se pueden elaborar aproximadamente 14 cigarrillos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que vengo a esta Honorable Asamblea a proponer la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 96, 103, 191, 237, 245, 247 y 479; y se adiciona un Titulo Quinto Ter y los artículos 103 Ter, 103 Ter 1, 103 Ter 2 y 103 Ter 3 para quedar como sigue:

Artículo 96.- La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que contribuyan:

I al VI…

VII. Al conocimiento de las propiedades terapéuticas, médicas, de investigación científica de los psicotrópicos y estupefacientes, sus usos para atender diversos padecimientos y alternativas para la reducción de daños.

Artículo 103.- En el tratamiento de una persona enferma, el médico podrá utilizar recursos terapéuticos o de diagnóstico bajo investigación cuando exista posibilidad fundada de salvar la vida, restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del paciente, siempre que cuente con el consentimiento informado por escrito de éste, de su representante legal, en su caso, o del familiar más cercano en vínculo, y sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos que determine esta ley y otras disposiciones aplicables.

Los médicos podrán prescribir tratamientos médicos y terapéuticos a base de las sustancias activas, isómeros y los derivados de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, siempre y cuando se hayan agotado todos los tratamientos medicinales y terapéuticos científicamente comprobados y autorizados por el Sistema Nacional de Salud; o cuando a consideración del médico sea lo más adecuado para la atención del padecimiento; o bien el paciente, los familiares o los apoderados legales en caso de menores, lo soliciten y el médico así lo considere.

TITULO QUINTO TER
Centro de Investigación de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes

Artículo 103 Ter. Se crea el Centro de Investigación de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes (CISPE), organismo público desconcentrado de la Secretaría de Salud, el cual se regirá con base en lo dispuesto en la presente Ley y en su Reglamento Interior, así como en los demás ordenamientos legales aplicables.

Tiene por objeto realizar de manera sistemática y de acuerdo a estándares nacionales e internacionales, el análisis farmacobiológico de las sustancias psicotrópicas y estupefacientes autorizadas por el Sistema Nacional de Salud; la generación de un panorama epidemiológico a través de un registro permanente y un análisis clínico periódico para el control de sustancias psicotrópicas y estupefacientes; y la realización de estudios clínicos y básicos con diágnosticos enfocados a generar información científica que coadyuve al mejoramiento de las políticas públicas de control, evaluación, desarrollo, suministración, importación, prescripción y cualquier uso médico y terapéutico de las sustancias psicotrópicas y estupefacientes empleadas por el sistema nacional de salud, sin perjuicio de las competencias conferidas a otras dependencias y entidades de la administración pública.

Artículo 103 Ter 1. El Centro para el cumplimiento de su objeto tendrá las siguientes atribuciones:

Realizar investigaciones científicas que permitan conocer las propiedades terapéuticas y médicas de las sustancias psicotrópicas y estupefacientes;

Promover estudios para determinar las causas y el impacto que generan las sustancias psicotrópicas y estupefacientes en los ámbitos personal, familiar, escolar, laboral y económico;

Colaborar con las autoridades de salud  en la elaboración de protocolos para el control y evaluación de la suministración de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en los pacientes;

Colaborar con investigadores e instituciones públicas y privadas para ampliar el conocimiento de las propiedades terapéuticas y médicas de las sustancias psicotrópicas y estupefacientes;

Realizar periódicamente foros de consulta para conocer las opiniones e inquietudes de los diversos actores que intervienen en la materia;

Coordinarse con las organizaciones investigadoras, especialistas y otras instituciones que persigan los mismos fines;

Investigar los efectos secundarios del uso no controlado y sin prescripción de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

Celebrar convenios de coordinación y colaboración con las autoridades y dependencias públicas vinculadas con las funciones de control y evaluación de las sustancias psicotrópicas y estupefacientes, a efecto de compartir información y coadyuvar en la generación de políticas públicas y programas de gobierno;

Prevenir a las autoridades de salud sobre las sustancias psicotrópicas y estupefacientes que no estén prohibidas en el Artículo 245 de esta Ley, y que podrían constituir un grave problema de salud pública.

Intercambiar conocimientos y experiencias para mejorar las políticas de control de los psicotrópicos y estupefacientes.

Organizar programas de capacitación y profesionalización en materia de investigación, control y evaluación en el uso de los psicotrópicos;

Hacer públicas sus investigaciones, estudios y sondeos;

Salvaguardar los datos personales y la confidencialidad de las personas sujetas de protocolos de investigación;

Promover y difundir los servicios que preste el Centro de Investigación de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes;

Participar en la promoción de programas específicos en la materia;

Coadyuvar con la Secretaria de Salud y el Consejo de Salubridad General en el ámbito de su competencia; y

Las demás que le señalen esta ley y otros ordenamientos legales.

Artículo 103 Ter 2. Dentro del Centro de Investigación de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes se contará con Comité de Bioética que oriente el uso correcto de los psicotrópicos y estupefacientes.

Artículo 103 Ter 3. La estructura orgánica, la organización administrativa y el funcionamiento del Instituto se determinarán en el Reglamento Interior que expida el Ejecutivo Federal.

Artículo 191.- La Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra la farmacodependencia, a través de las siguientes acciones:

I. La prevención y el tratamiento de la farmacodependencia y, en su caso, la rehabilitación de los farmacodependientes;

II. La educación sobre los efectos del uso de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras susceptibles de producir dependencia, así como sus consecuencias en las relaciones sociales y;

III. La educación e instrucción a la familia y a la comunidad sobre la forma de reconocer los síntomas de la farmacodependencia y adoptar las medidas oportunas para su prevención y tratamiento.

La información que reciba la población deberá estar basada en estudios científicos y alertar de manera clara sobre los efectos y daños físicos y psicológicos del consumo de estupefacientes y psicotrópicos. Para cumplir con este propósito se consultará al Centro de Investigación de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes

Artículo 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.

Esta prohibición no será de aplicación a las modalidades de importación y portación de medicamentos a base de cannabis sativa, indica americana o marihuana y sus cannabinoides, así como los diferentes usos que el sistema nacional de salud determine para la prescripción médica y suministro en pacientes.

La Secretaría de Salud emitirá los lineamientos para el uso de cannabis sativa, índica americana o marihuana, sus cannabinoides y demás derivados con fines médicos y terapéuticos, y las normas oficiales para la importación y control de los medicamentos producidos con base en sus sustancias activas.

Artículo 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:

I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son:


Denominación
Común Internacional

Otras Denominaciones
Comunes o Vulgares

Denominación
Química

 

 

 

CATINONA

MEFEDRONA

NO TIENE

4- METILMETCATITONA

(-)-a-aminopropiofenona.

2-methylamino-1ptolylpropan-1-one

NO TIENE

DET

n,n-dietiltriptamina

NO TIENE

DMA

dl-2,5-dimetoxi-a-metilfeniletilamina.

NO TIENE

DMHP

3-(1,2-dimetilhetil)-1-hidroxi-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H dibenzo (b,d) pirano.

NO TIENE

DMT

n,n-dimetiltriptamina.

BROLAMFETAMINA

DOB

2,5-dimetoxi-4-bromoanfetamina.

NO TIENE

DOET

d1-2,5-dimetoxi-4-etil-a-metilfeniletilamina.

(+)-LISERGIDA

LSD, LSD-25

(+)-n,n-dietilisergamida-(dietilamida del ácido d-lisérgico).

NO TIENE

MDA

3,4-metilenodioxianfetamina.

TENANFETAMINA

MDMA

dl-3,4-metilendioxi-n,-dimetilfeniletilamina.

NO TIENE

MESCALINA (PEYOTE; LO-PHOPHORA WILLIAMS II ANHALONIUM WILLIAMS II; ANHALONIUM LEWIN II.

3,4,5-trimetoxifenetilamina.

NO TIENE

MMDA.

dl-5-metoxi-3,4-metilendioxi-a-metilfeniletilamina.

NO TIENE

PARAHEXILO

3-hexil-1-hidroxi-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6h-dibenzo [b,d] pirano.

ETICICLIDINA

PCE

n-etil-1-fenilciclohexilamina.

ROLICICLIDINA

PHP, PCPY

1-(1-fenilciclohexil) pirrolidina.

NO TIENE

PMA

4-metoxi-a-metilfenile-tilamina.

NO TIENE

PSILOCINA, PSILOTSINA

3-(2-dimetilaminoetil)
-4-hidroxi-indol.

PSILOCIBINA

HONGOS ALUCINANTES DE CUALQUIER VARIEDAD BOTANICA, EN ESPECIAL LAS ESPECIES PSILOCYBE MEXICANA, STOPHARIA CUBENSIS Y CONOCYBE, Y SUS PRINCIPIOS ACTIVOS.

fosfato dihidrogenado de 3-(2-dimetil-aminoetil)-indol-4-ilo.

NO TIENE

STP, DOM

2-amino-1-(2,5 dimetoxi-4-metil) fenilpropano.

TENOCICLIDINA

TCP

 

 

SE ELIMINA

 

 

SE ELIMINA

 

NO TIENE

 

TMA

 

dl-3,4,5-trimetoxi--metilfeniletilamina.

PIPERAZINA TFMPP

NO TIENE

1,3- trifluoromethylphenylpiperazina

PIPERONAL O HELIOTROPINA

ISOSAFROL

SAFROL

CIANURO DE BENCILO

Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las sustancias señaladas en la relación anterior y cuando expresamente lo determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus precursores químicos y en general los de naturaleza análoga.

II.- Las que tienen algún valor terapéutico, pero constituyen un problema grave para la salud pública, y que son:

AMOBARBITAL
ANFETAMINA
BUTORFANOL
CANNABINOIDES SINTÉTICOS
CICLOBARBITAL
DEXTROANFETAMINA (DEXANFETAMINA)
FENETILINA
FENCICLIDINA
HEPTABARBITAL
MECLOCUALONA
METACUALONA
METANFETAMINA
NALBUFINA
PENTOBARBITAL
SECOBARBITAL
TETRAHIDROCANNABINOL, LOS SIGUIENTES ISÓMEROS: ∆6A (10A), ∆6A (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) Y SUS VARIANTES ESTEREOQUÍMICAS.

Y sus sales, precursores y derivados químicos.

III-V…

Artículo 247.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con substancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, queda sujeto a:

I. Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos;

II. Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

III. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General y;

IV. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia;

V. (Se deroga)

VI. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.
Los actos a que se refiere este Artículo sólo podrán realizarse con fines médicos, y científicos, y requerirán, al igual que las substancias respectivas, autorización de la Secretaría de Salud.

Quedan exentas de estas restricciones el Tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ∆6A (10A), ∆6A (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas cuando su uso tenga propósitos médicos, terapéuticos y de investigación, para los cual será necesaria la autorización de la Secretaría de Salud.

Artículo 479.- Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente:

Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato

Narcótico

Dosis máxima de consumo personal e inmediato

Opio

2 gr.

Diacetilmorfina o Heroína

50 mg.

Cannabis Sativa, Indica o Mariguana

28 gr.

Cocaína

500 mg.

Lisergida (LSD)

0.015 mg.

MDA,
Metilendioxianfetamina

Polvo, granulado o cristal

Tabletas o cápsulas

40 mg.

Una unidad con peso no mayor a 200 mg.

MDMA, dl-34-metilendioxi-n-dimetilfeniletilamina

40 mg.

Una unidad con peso no mayor a 200 mg.

Metanfetamina

40 mg.

Una unidad con peso no mayor a 200 mg.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los efectos del Título Quinto Ter, referente al Centro de Investigación de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud, contará con un plazo máximo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para poner en funcionamiento el Centro, así como para emitir las disposiciones aplicables a su funcionamiento y organización interna.

ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá prever en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos necesarios para la operación del Centro de Investigaciones de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes previsto en el Título Quinto Ter.

ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Salud emitirá las normas oficiales mexicanas a que deberán sujetarse las modalidades de importación, portación, prescripción médica, suministro y control de los medicamentos con fines terapéuticos que contengan cannabis sativa, indica americana o marihuana y sus cannabinoides.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 LOZANO, Indalecio,Uso Terapéutico del Cannabis Sativa, Universidad de Granada, España 200.

2 BAGSHAW, S. Medicinal efficay of cannabinoids and marijuana. A comprehensive review od the literature. Journal of Palliative. pág. 11-122.

3 Ramos y Fernández, Cannabinoides: propiedades químicas y aspectos metabólicos. España 200. pp. 72-75 

4 Ramos y Fernández… ob cit.

5 W. B. O'Shaughnessy, Antique Cannabis Book, disponible en:
http://antiquecannabisbook.com/chap1/Shaughnessy.htm

6 Schievenini Stefanoni, José, La prohibición de la marihuana en México, 1920-1940, Querétaro, Octubre 2012, pp 55-60

7 Steinherz, Karen y Vissing Thomas, Efectos médicos de la marihuana sobre el cerebro, 21st Century Science & Technology, Vol 10, No. 4, 1997

8 http://www.narconon.org/es/informacion-drogas/marihuana/historia-marihuana.html

9 García Vallejo, Juan, Historia de la Marihuana en México, solo 500 años, Gaceta Cannábica, Marzo 2010

10 Organización de las Naciones Unidas, Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, pp 5-6, disponible en: https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/1961-Convention/convention_1961_es.pdf

11 Organización Mundial de la Salud, El Uso de la Cannabis, Ginebra 1971, pp 7-9, 14-15, 22-23 y 39-41, disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/38596/1/WHO_TRS_478_spa.pdf

12 Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, Informe Mundial sobre las Drogas, Viena. 2015. p.9.

13 Consejo Económico y Social, Sumplemento Número 8. Cap. I, Secc. C. (2009) p. VIII.

14 El Problema de las Drogas en América: Estudios, Drogas y Salud Pública. Organización de los Estados Americanos, 2012. P.17- 30.

15 El Problema de las Drogas en América: Estudios, Drogas y Salud Pública. Organización de los Estados Americanos, 2012. P.17- 30.

16 Informe Mundial Sobre las Drogas (Resumen). Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2014) p.3

17 Informe Mundial sobre las Drogas 2013. Organización de los Estados Americanos. p. 20-30.

18 Amparo en Revisión 237/2014. Quejosos y recurrentes: Josefina Ricaño Bandala, Armando SantaCruz González, José Pablo Girault Ruíz, Juan Francisco Torres Landa y Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, A.C.,  disponible en
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=164118

19 Ibídem.

20 Ibidem, p. 77.

21 Presidencia de la República, disponible en: http://www.gob.mx/presidencia/prensa/instalo-el-presidente-enrique-pena-nieto-el-sistema-nacional-de-proteccion-integral-de-ninas-ninos-y-adolescentes

22 http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=552085&idFC=2015

23 http://www.gob.mx/presidencia/prensa/la-marihuana-no-esta-legalizada-en-mexico-gobierno-de-la-republica

24 Rebeca Calzada. Regímenes legales del cannabis alrededor del mundo, disponible en http://www.espolea.org/actividades-de-drogas/regimenes-legales-del-cannabis-en-el-mundo

25 http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica.

26 Respuesta a la petición ciudadana en relación al tratamiento (CDB) ingrediente activo de Cannabidiol, Consejo de Salubridad General,
<http://www.porgrace.org.mx/uploads/8/7/2/7/8727772/5._respuesta_de_ssa_a_padre.pdf> Consultado el 10 de febrero de 2016.

27 En medio de la guerra contra las drogas, una niña de 8 años lucha por acceder a marihuana medicinal en México, Comunicado de Prensa,  31 de agosto de 2015
<http://us1.campaign-archive2.com/?u=ee68f3f3cb6b8aac30ed7f686&id=86548ac6eb&e=[UNIQID]>

28 Suspensión definitiva por parte del Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en DF, Expediente 1482/2015-II. <http://www.senado.gob.mx/marihuana/Documentos/01_Seguridad_y_Justicia/Textos%20legislativos%20-%20sentencias/Mexico/Sentencia_Interlocutora_Graciela_Elizalde_Benavides.pdf> Consultado el 10 de febrero de 2016.

29 Revisese https://codigof.mx/reitera-cofepris-apoyo-a-la-nina-grace-para-tratamiento-a-base-de-cannabis/

30 Ibíd. P. 13

31 Proceso Regulatorio de los Medicamentos en México, COFEPRIS, disponible en
< http://www.senado.gob.mx/marihuana/index.php

32 http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=169538

33 Ibídem.

34 Ibídem.

35 Disponible en
<http://www.mucd.org.mx/recursos/Contenidos/Nuestraspublicaciones/documentos2/InformeCannabisMedical-plaincover.pdf>

36 Decreto 2476, 22 de diciembre de 2015, por el cual se reglamentan los aspectos de quer tratan los artículos 3, 5, 6, y 8 de las Ley 30 de 1989.
<http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%202467%20DEL%2022%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202015.pdf>  Consultado el 15 de febrero de 2016.

37 Ibíd, p. 4

38 Elaboración propia con datos de 23 Legal Medical Marijuana States and DC, Laws, Fees, and Possession Limits,  < http://medicalmarijuana.procon.org/view.resource.php?resourceID=000881>

39 http://www.senado.gob.mx/marihuana/Documentos/memorias/AUDIENCIAS-PUBLICAS-MARIHUANA-3.pdf

40 Proceso Regulatorio de los Medicamentos en México, ibíd.

41 Informe Final de las Audiencias Públicas para las Alternativas de Regulación de la Marihuana,  p.102.

42 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5411543&fecha=14/10/2015

43 http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/nueva_vida/prevad_cap3.pdf

44 Citado en Elisardo Becoña, Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos, Cuadernos de Medicina psicosomática y psiquiátrica de enlace Revista Iberoamericana de Psicosomatica, disponible en: file:///D:/Documentos/Downloads/Dialnet-TrastornosRelacionadosConSustanciasYTrastornosAdic-4803011.pdf

45 Estudio sobre consumo de sustancias psicoactivas en adultos mayores en la Ciudad de México, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de La Fuente Muñiz, México, 2013, disponible en
http://www.adultomayor.cdmx.gob.mx/images/pdf/EstudiosGeriatria/Estudiosobreconsumodesustanciaspsicoactivasenadultosmayores.pdf.

46 Disponible en http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1695-61412015000100004&script=sci_arttext

47 Disponible en http://www.indepedi.cdmx.gob.mx/documentos/not_2710.pdf

48 Disponible en
http://www.cicad.oas.org/oid/pubs/Mexico%202015%20CONSUMO%20POB%20IND_%20SIN%20MARCAS.pdf

49 http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/cecas/qro/anud39_anfeta.pdf

50 http://papeldigital.info/tendencias/2015/04/18/01/paginas/012.pdf





 

De la Senadora Amelia Torres López, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo del artículo 29 constitucional, que se turna las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Amelia Torres López, del grupo parlamentario del PAN)

La suscrita, AMELIA TORRES LÓPEZ, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, somete a consideración de ésta H. Asamblea, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8 fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México como en cualquier Estado democrático, han quedado establecidos en su Constitución Política los principios normativos y catálogo de derechos que en primer  lugar reconocen a cualquier persona el pleno ejercicio de derechos denominados como humanos y que buscan garantizar, entre otras cosas, la dignidad y sano    desarrollo de quienes se encuentren en cualquier lugar de su territorio; en segundo lugar, establece la estructura política que sostendrá el aparato gubernamental de la nación. Es también el texto constitucional un importante medio de control del poder público opuesto a los gobernados, pues se desprenden de él las garantías y medios de control que pueden ser invocados para así limitar los actos de quienes fungen como servidores públicos.

Son éstas las bases en los que se cimienta el estado de derecho que existe en la actualidad y que se erigen, en comunión con las disposiciones contenidas en los tratados internacionales ratificados por el Senado de la República como la ley suprema de la Unión.

Así, observamos que el artículo 1º de la Constitución establece:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece

Si bien el texto de la Constitución reconoce desde su primer artículo el derecho de toda persona de gozar de los derechos humanos, introduce también el supuesto en el que éstos pueden ser sujetos a una restricción o suspensión, misma que deberá desarrollarse primeramente en el marco jurídico constitucional y de manera pormenorizada atendiendo los procedimientos que la ley reglamentaria establezca.

La suspensión o restricción de derechos y garantías implica desde luego, uno de los actos más importantes en cualquier país que sustente su vida cotidiana en un orden jurídico; se trata del despojo temporal de ciertos derechos ya otorgados en aras de un interés superior justificado, ya sea para proteger a la población de un grave peligro o al mismo Estado, y en términos mal redactados o ambiguos puede dar lugar a la arbitrariedad de los actos de los gobernantes contra la población y a la desmesura que ha caracterizado a los regímenes autoritarios

En nuestro país los fundamentos de la suspensión o restricción de derechos y garantías se encuentran en el artículo 29 constitucional y de manera acertada el constituyente de 1917 y posteriormente el permanente les ha relacionado con reglas o principios que deberán ser observados durante el procedimiento, acotando con ello la posibilidad de un escenario normativo no deseado.

En primera instancia, se establecen de manera enunciativa los supuestos de procedencia que versan únicamente en: “Artículo 29.los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto,”; asimismo se establece un contrapeso entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo al conceder facultades al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente para aprobar la restricción o suspensión que declare el Poder Ejecutivo y finalmente se consagran las modalidades del acto, que establece el citado artículo deberán ser: “… por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona”.

No obstante de encontrarse limitado el acto de la suspensión o restricción de derechos y garantías en la Constitución, a la fecha no contamos con una ley reglamentaria del artículo 29 que disponga el procedimiento específico a seguir en estos casos, empero, durante la legislatura pasada diversos senadores emprendieron la loable tarea de redactar un proyecto de ley reglamentaria que actualmente se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados.

Las iniciativas han surgido también desde el Poder Ejecutivo, como la que se presentó en este Senado de la República el día 22 de octubre de 2013, que demuestran los muchos esfuerzos de dotar a nuestro sistema jurídico de un cuerpo normativo integral que nutra al procedimiento de suspensión y restricción de derechos y garantías que cada vez es más necesario.

En efecto, en nuestra historia reciente ya ha ocurrido la suspensión de derechos constitucionales o bien, las entonces llamadas garantías individuales. El 2 de junio de 1942, encontrándose México frente a un panorama internacional bélico derivado de la Segunda Guerra Mundial, se declaró en estado de guerra contra las naciones de Alemania, Italia y Japón y el mismo día el Ejecutivo Federal determinó suspender diversas garantías individuales en la totalidad del territorio nacional y para todos los habitantes de la República1.

Atendiendo a los supuestos de procedencia que señala el artículo 29 constitucional, muchos pueden ser las causas que lleven a la perturbación grave de la paz pública, o a un estado de grave peligro o conflicto, uno de ellos es la violencia generalizada.

Se debe reconocer que la coyuntura a la que se enfrenta México actualmente no ha quedado ajena a la violencia, ni en el ámbito nacional ni en el internacional, lo que ha justificado una vez más, casi de manera imperiosa, a que se revise, evalúe, actualice y en última instancia, se expidan nuevas leyes que aseguren un procedimiento de suspensión o restricción de derechos y garantías acorde a los nuevos estándares de derechos humanos. Resulta entonces prudente y natural que en días recientes se observen esfuerzos legislativos como los citados en párrafos anteriores que pugnan por iniciativas de ley que busquen remediar el problema.

La violencia sistemática y generalizada es un fenómeno que debe ser entendido como un problema social que se arraiga y evoluciona, que necesita ser atendido desde una perspectiva multidisciplinaria, con atención integral para las comunidades identificadas como mayormente vulnerables.

En México la violencia se ha incrementado durante la presente administración, como lo muestran datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública2 que indican que se han cometido 57 mil 410 homicidios dolosos en la República tan solo en los primeros 32 meses del presente sexenio, así como 47 mil 988 averiguaciones previas y víctimas por homicidio doloso en el mismo periodo de tiempo, que representa un incremento del 43.9 por ciento comparado con la administración anterior.

Al respecto es importante mencionar el caso del estado de Michoacán que durante los años 2013 y 2014 vivió una seria crisis de ingobernabilidad agudizada por las constantes ausencias del Gobernador Fausto Vallejo Figueroa debido a problemas de salud, la proliferación de grupos de delincuencia organizada,  la formación de grupos de autodefensas, elementos que tuvieron a la entidad al borde de un estado fallido de derecho, así como a la población en grave peligro.

En el contexto internacional no se percibe tampoco un panorama libre de violencia, recientemente hemos sido testigos de eventos trágicos como los atentados terroristas que se ha atribuido la organización Estado Islámico contra las ciudades de París y Bruselas. Asimismo, en noviembre del año pasado, se divulgó un video, presuntamente de la misma organización, en la que se incluye a nuestro país en una lista de naciones enemigas y por lo tanto objetivo del Estado Islámico.

Los acontecimientos que desde el exterior pudieran representar amenazas a la seguridad nacional merecen que las autoridades mexicanas evalúen con toda seriedad el alcance de las mismas y en consecuencia adopten las medidas de seguridad necesarias.

A pesar de los retos expuestos en los párrafos anteriores, mucho ha cambiado en México desde la última vez que se suspendieron garantías individuales en 1942, tal vez uno de los aspectos más importantes es que hoy en día contamos con una firme base constitucional que coloca a la protección de derechos humanos y al principio pro persona como un nuevo paradigma en el que se busca la mayor protección jurídica posible, observando las normas más benéficas, incluso si provienen de tratados internacionales.

Hoy también contamos con un organismo constitucional autónomo dedicado a la protección de los derechos humanos que debe ser necesariamente involucrado y consultado en situaciones que vulneren o que puedan vulnerar derechos humanos de cualquier persona, pues representa el principal fin para el que fue creado. México debe promover constantemente el fortalecimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos -en adelante CNDH- pues con ello se refrendan los compromisos jurídicos que motivaron la reforma constitucional de junio de 2011 y los tratados y convenciones suscritas.

Es importante mencionar que ante la eventual puesta en marcha de un procedimiento de suspensión o restricción de derechos y garantías en la actualidad, nuestro país debe ser acorde a esta nueva visión jurídico-constitucional de protección a los derechos humanos e implementar todas las herramientas y contrapesos de los que dispone, así como ampliar el propio procedimiento que actualmente es estrictamente atendido por los 3 poderes de la Unión y soslaya la labor de los organismos autónomos, que si bien, no deben entorpecer la actividad urgente del Ejecutivo, en efecto pueden coadyuvar a fin de garantizar el pleno ejercicio de aquéllos derechos que el propio artículo 29    constitucional y normas contenidas en tratados internacionales establecen como inviolables, aun encontrándonos frente a un decreto de suspensión o restricción de derechos.

Es precisamente el espíritu de la presente iniciativa vincular directa e inmediatamente la importante función de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como máximo organismo autónomo especializado en protección de derechos humanos de nuestro país, a todo procedimiento de suspensión o restricción de derechos o garantías que haya     sido decretado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Legislativo, por lo que se propone la adición de un último párrafo al artículo 29 constitucional con la siguiente redacción:

Artículo 29. …

A partir de la aprobación de la restricción o suspensión, el Congreso de la Unión o alguna de sus Cámaras podrán solicitar la intervención inmediata de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el lugar que haya quedado delimitado, a fin de verificar el pleno reconocimiento de los derechos a los que se refiere el segundo párrafo del presente artículo y de aquéllos que no hayan sido objeto de restricción, e informar en cuanto a la completa y efectiva restitución de los derechos y garantías al momento de haber cesado la restricción o    suspensión.

Consideramos que la iniciativa contiene las siguientes virtudes:

1. Se crea un contrapeso directamente vinculado a los actos del Poder Ejecutivo

El procedimiento de restricción o suspensión de derechos y garantías constitucional vigente se encuentra -como se ha reiterado- acertadamente acotado a diversos presupuestos de procedencia, y a la aprobación o supervisión de los diferentes Poderes de la Unión, sin embargo, es un procedimiento cuya naturaleza es esencialmente del Poder Ejecutivo, pues como se advierte en su nombre, es a quien corresponde la ejecución de los actos que revisten la dirección y administración del Estado, es también el Poder que se encuentra al mando de las fuerzas armadas por lo que es natural que sea éste quien en casos de extrema urgencia haga frente a las amenazas graves para la población y para la Nación.

La función del Congreso de la Unión en el procedimiento de suspensión o restricción se refiere a aprobar el decreto enviado por el Ejecutivo, conceder las autorizaciones que estime necesarias para que éste haga frente a la situación y decretar el fin de la restricción. Lo anterior configura un contrapeso pero únicamente en cuanto a las decisiones formalmente procesales que dan inicio podrían dar fin al acto, es decir, nuestro Congreso verifica las razones vertidas por el Ejecutivo y entonces decide si lo autoriza, de hacerlo, se le habrán conferido facultades extraordinarias para hacer frente a la situación y en la que no tendrá más limitantes que aquéllas que la propia norma fundamental ha establecido en cuanto a la inviolabilidad de ciertos derechos y garantías. En otras palabras, una vez aprobado el decreto la función del Congreso disminuye radicalmente para dar lugar a las acciones del Ejecutivo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación representa otro contrapeso cuya función se deposita en revisar de oficio e inmediatamente los decretos expedidos por el Ejecutivo para pronunciarse sobre su constitucionalidad y validez, esto es nuevamente, acertado pues se verifica que toda norma emitida por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión se encuentre armonizada con los límites constitucionales.

Es intención de la presente iniciativa, agregar un contrapeso más, no en los actos que procesalmente inician o extinguen el procedimiento de suspensión o restricción, sino propiamente durante el desarrollo del procedimiento.

Actualmente no basta con crear normas que en apariencia se encuentren vinculadas con los estándares de protección a derechos humanos si no se les relaciona con organismos reales, efectivos y eficaces a fin de obtener resultados visiblemente óptimos, de lo contrario la norma creada no trasciende a la realidad.

Se propone introducir la importante función de la CNDH como observador e investigador en la zona directamente afectada por el decreto y vigilar que en efecto y en todo momento las acciones reales de los elementos del Poder Ejecutivo se apeguen a los límites que establece nuestra Constitución y a lo estrictamente aprobado por el Congreso. Con ello se crea un escenario que  permite conocer la situación real en materia de derechos humanos en la región delimitada, se busca disminuir drásticamente la ejecución de abusos por parte de la autoridad, brindar asistencia directa e inmediata en la zona afectada y a la población en general y finalmente, contar con un balance real de los actos realizados por las autoridades y si éstos se sustentan en el decreto y autorizaciones aprobadas o revisadas por el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

2. Se vincula desde el inicio un procedimiento en materia de derechos humanos a un organismo autónomo y especializado

Dos de las grandes ventajas de contar con organismos constitucionales autónomos es en primer lugar que éstos “no se adscriben a los poderes tradicionales del Estado3 lo que permite tengan un margen amplio de operación y la imparcialidad de cualquier corriente ideológica en sus actividades.

En segundo lugar que fueron creados ex profeso para cumplir con una determinada labor en virtud del grado de especialización que tengan en alguna materia en específico y que por ende son organismos cuya opinión debe ser valorada.

Como se menciona en líneas anteriores, el procedimiento que aborda la presente iniciativa se encuentra íntimamente ligado al reconocimiento de derechos humanos, pues son algunos de estos derechos los que se pretenderá restringir, por lo que se considera idóneo y hasta natural, vincular las funciones de la CNDH desde el momento inmediato que ha comenzado la vigencia del decreto, dado que el grado de especialización de sus integrantes brindaría un panorama completo de la gravedad de la situación, y revisaría la proporcionalidad a la que se encuentran obligadas las autoridades por el artículo 29 constitucional desde un punto de vista imparcial.

No se pretende tampoco exagerar las facultades de la Comisión, ni propiciar obstáculos para la consecución de los fines que el Ejecutivo legítimamente planteé a fin de solucionar la perturbación que originó el acto, pues el organismo autónomo únicamente podría actuar de acuerdo a las atribuciones que la Constitución y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en particular su artículo 6, le han conferido, y que se circunscriben a conocer e investigar de oficio presuntas violaciones de derechos humanos, formular recomendaciones públicas no vinculatorias, impulsar la observancia de los derechos humanos en el país, elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos y de manera especial a investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el Gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las Legislaturas de las Entidades Federativas, entre otros.

Si bien es cierto ya se encuentra en la Ley de la CNDH la facultad, incluso de oficio, para conocer hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, es cierto también que resulta importante incluirla en rango constitucional para los efectos específicos del artículo 29 y con ello, lograr la jerarquía normativa necesaria para vincular a la CNDH en este procedimiento en particular, cuya importancia se ha enfatizado a lo largo de la exposición.

3. Se privilegian y fortalecen procedimientos de prevención para combatir violaciones a derechos humanos

En el mismo sentido que el numeral anterior, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su artículo 6, fracción XI, le confiere la facultad de “elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos”; con ello se reconoce la importancia de abordar el combate a la violación de derechos humanos desde varias perspectivas como es la difusión de información, la enseñanza de éstos en el ámbito nacional, la asistencia institucional, etc.

Lamentablemente las medidas preventivas no han bastado, México es el país que más violaciones a derechos humanos denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos4 -en adelante CIDH-.

Tan solo en 2014, de 1758 peticiones recibidas de los países que integran la Organización de los Estados Americanos, 500 procedían de nuestro país y en 2015 de un total de 2164 peticiones, 849 eran de origen mexicano, esto es el máximo histórico que nuestro país ha alcanzado desde 2006. En relación a medidas cautelares otorgadas por la CIDH al Estado mexicano se contabilizan un total de 11 en el año pasado, superando las 6 del 2014 y únicamente 3 de 2013.

Casos como el de Tlatlaya, Ayotzinapa, las agresiones sistemáticas a periodistas y a defensores de derechos humanos y las desapariciones forzadas han mermado la confianza de la sociedad en las autoridades y han dramatizado un problema que al día de hoy se presenta grave.

Si se hace una lectura a las atribuciones más importantes de la CNDH, se observa claramente que las medidas preventivas son casi nulas, y que por el contrario, el organismo conoce de la mayoría de los asuntos hasta que recibe una queja o conoce de oficio algún hecho en el que la violación a algún derecho humano ya se consumó.

La intención de la presente iniciativa es por el contrario, reforzar los mecanismos preventivos de la CNDH y con ello evitar graves violaciones a derechos humanos en el marco de una restricción o suspensión de derechos y garantías, agregando expresamente en el artículo 29 la facultad del Congreso de la Unión, o de alguna de sus Cámaras para solicitar de inmediato la intervención de ese organismo a fin de verificar el pleno reconocimiento del catálogo de derechos humanos que han quedado fuera de cualquier acto restrictivo y además, informar al Congreso de la Unión, si aquéllos derechos que fueron restringidos o garantías que hayan sido suspendidas, fueron restituidas una vez que el decreto haya cesado.

Estaríamos ante un supuesto en el que no se han cometido violaciones a derechos humanos aun pues el procedimiento de restricción recién comenzaría, y que permitiría a la CNDH fortalecer su presencia en la zona, estudiar integralmente la evolución del hecho que haya motivado el decreto, el actuar proporcional de las autoridades, evaluar si existe abuso de autoridad, asistir a la población, todo ello a fin de que se respeten los derechos humanos de todas las personas y evitar en lo absoluto violaciones a éstos.

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con el siguiente proyecto de:

DECRETO QUE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 29. …

A partir de la aprobación de la restricción o suspensión, el Congreso de la Unión o alguna de sus Cámaras podrán solicitar la intervención inmediata de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el lugar que haya quedado delimitado, a fin de verificar el pleno reconocimiento de los derechos a los que se refiere el segundo párrafo del presente artículo y de aquéllos que no hayan sido objeto de restricción, e informar en cuanto a la completa y efectiva restitución de los derechos y garantías al momento de haber cesado la restricción o suspensión.

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, el 27 de abril de 2016.

Sen. Amelia Torres López.

1 El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de junio de 1942; puede ser consultado en: http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4520929&fecha=02/06/1942&cod_diario=192636

2 Las estadísticas consultadas se encuentran en el portal electrónico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; consultado en: http://www.estadisticadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.mx/mondrian/testpage.jsp

3 Cárdenas Gracia, Jaime. Una Constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo orden constitucional. UNAM, México, 1996. p. 244.

4 Catálogo de estadísticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consultada en: http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html





 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, que se turna las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA

(Presentada por el Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM)







 

De las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, María del Carmen Izaguirre Francos, Carmen Dorantes Martínez, Hilda Ceballos Llerenas y María Elena Barrera Tapia, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 23 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Presentada por las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, María del Carmen Izaguirre Francos, Carmen Dorantes Martínez, Hilda Ceballos Llerenas y María Elena Barrera Tapia)

Las que suscriben, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, ERIKA AYALA RÍOS, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, ANABEL ACOSTA ISLAS, MARÍA DEL CARMEN IZAGUIRRE FRANCOS, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, HILDA CEBALLOS LLERENAS y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del pleno la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El estado democrático moderno es aquel que, respeta y hace respetar la ley, reconoce la pluralidad política y recoge la crítica, alienta a la sociedad civil y promueve la eficacia en sus relaciones con las diversas organizaciones políticas y sociales.

En este sentido, una figura que ha dado respuesta a las exigencias de un México cada vez más consciente y exigente de sus derechos es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Al respecto, la figura del ombudsman en el país tiene sus orígenes mucho antes de la creación de la CNDH, sin embargo fue el 13 de febrero de 1989, dentro de la Secretaría de Gobernación, que se crea la Dirección General de Derechos Humanos.

Un año después, en junio de 1990, nace por decreto presidencial la Comisión Nacional de Derechos Humanos, constituyéndose como un Organismo desconcentrado de dicha Secretaría1. Posteriormente, mediante una reforma Constitucional se adiciona el apartado B del artículo 102, elevando a la CNDH a rango Constitucional y bajo la naturaleza jurídica de un Organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Finalmente fue en el año de 1999 que dicho Organismo Nacional se constituyó como una Institución con plena autonomía de gestión y presupuestaria, modificándose la denominación a la actualmente vigente.

Esta reforma, junto con la reforma de derechos humanos de 2011, constituyó un gran avance en la función del Ombudsman en México, ya que le permitió cumplir con su función de proteger y defender los Derechos Humanos de todos los mexicanos.

Debe entenderse con claridad que para todos los efectos la CNDH no está subordinada a autoridad alguna, adopta sus decisiones con plena independencia y cuenta con los recursos humanos y materiales para el desempeño de sus funciones. Sin embargo, el Poder Legislativo no puede permanecer pasivo ante las funciones que desarrollan los Organismos Constitucionalmente Autónomos, que en muchas ocasiones han sido motivo de críticas, al no poseer los perfiles o capacidades requeridas para las atribuciones por realizar.

Actualmente, la CNDH posee seis Visitadores Generales que se encargan de distintas temáticas; los cuales conforme a la legislación vigente son designados por el Presidente en turno con apego a los requisitos establecidos en el artículo 23 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tienen dentro de sus facultades el recibir, admitir o rechazar las quejas; iniciar a petición de parte o de oficio la investigación de las quejas e inconformidades sobre denuncias de violación a los derechos humanos; realizar las actividades necesarias para solucionar las violaciones de derechos humanos que por su propia naturaleza así lo permitan y otras más que establece la Ley en la materia.

Entonces resulta de suma relevancia la labor que realizan las y los Visitadores Generales en la protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos consagrados tanto en nuestra Constitución como en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte.

A lo largo de los años, han existido dudas sobre la intervención del Poder Legislativo en procesos de designación, especialmente a la luz de la interpretación al respecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto quedó de manifiesto en el proceso de creación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en la cual se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y que planteó el problema del nombramiento de los comisionados que integrarían el mismo.

En este sentido, se optó por establecer una nueva forma que respetara el principio de la división de poderes pero permitiera su colaboración, sin vulnerar la Constitución y su interpretación por el máximo tribunal del país. Esta nueva figura implicó la posibilidad de que el Senado objetara la designación que hiciere el Ejecutivo, sin menoscabo de las facultades Constitucionales que le otorga la fracción II del artículo 89 de la Carta Magna.

De tal suerte, la presente iniciativa pretende, mediante la adición propuesta, que la Cámara de Senadores tenga la facultad de objetar las designaciones que hace el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de los Visitadores Generales, lo cual a diferencia de una ratificación no significa la injerencia ni intervención entre diversos poderes, sino una sana colaboración, en la cual el titular de la CNDH pueda ser advertido por los representantes del Pacto Federal sobre la falta de idoneidad de cualquier persona que llegue a un cargo tan relevante en la vida nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Único: Se reforma el artículo 23 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para quedar como sigue:

Artículo 23.- Los Visitadores Generales de la Comisión Nacional deberán reunir para su designación, los siguientes requisitos:

I.- a la IV.- …

La Cámara de Senadores podrá objetar dicha designación por mayoría, y cuando se encuentre en receso por la Comisión Permanente, con la misma votación. En todo caso, la instancia legislativa tendrá treinta días para resolver, vencido este plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderá como no objetado la designación del Presidente.

TRANSITORIO

Único: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Erika Ayala Ríos.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. María del Carmen Izaguirre Francos.- Sen. Carmen Dorantes Martínez.- Sen. Hilda Ceballos Llerenas.- Sen. María Elena Barrera Tapia.





 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, que se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN)

El que suscribe, RAÚL GRACIA GUZMÁN, Senador de la República en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1, 2 y 5 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 280 DE LA LEY GENERAL DE SALUD RECORRIENDO EL ACTUAL EN SU ORDEN Y SE ADICIONA AL ARTÍCULO 421 BIS REFERENTE A LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS EL ARTÍCULO 280 DEL MISMO ORDENAMIENTO; A FIN DE PROHIBIR LA FABRICACIÓN E IMPORTACIÓN DE BARNICES, LACAS, TINTES, ESMALTES, SELLADORES O REVESTIMENTOS Y PINTURAS ARQUITECTÓNICAS, TAMBIÉN LLAMADAS DE USO DECORATIVO O DEL HOGAR Y OBRA, CON CONTENIDO DE PLOMO, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. La Organización Mundial de la Salud señala que el plomo es un metal toxico presente en la corteza terrestre, su uso generalizado ha creado en muchas partes del mundo importantes problemas a la salud y ha originado contaminación al medio ambiente, asimismo señala que:

Entre las principales fuentes de contaminación ambiental destacan la explotación minera, la metalurgia, las actividades de fabricación y reciclaje y, en algunos países, el uso persistente de pinturas y gasolinas con plomo. Más de tres cuartes partes del consumo mundial de plomo corresponden a la fabricación de baterías de plomo-ácido para vehículos de motor”.

Sin embargo, este metal también se utiliza en muchos otros productos, como pigmentos, pinturas, material de soldadura, vidrieras, vajillas de cristal, municiones, esmaltes cerámicos, artículos de joyería y juguetes, así como en algunos productos cosméticos y medicamentos tradicionales. También puede contener plomo el agua potable canalizada a través de tuberías de plomo o con soldadura a base de este metal. En la actualidad, buena parte del plomo comercializado en los mercados mundiales se obtiene por medio del reciclaje.

Los niños de corta edad son especialmente vulnerables a los efectos tóxicos del plomo, que puede tener consecuencias graves y permanentes en su salud, afectando en particular al desarrollo del cerebro y del sistema nervioso. El plomo también causa daños duraderos en los adultos, por ejemplo aumentando el riesgo de hipertensión arterial y de lesiones renales. En las embarazadas, la exposición a concentraciones elevadas de plomo puede ser causa de aborto natural, muerte fetal, parto prematuro y bajo peso al nacer, y provocar malformaciones leves en el feto.1(Salud, 2016)

2. Datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la Nota descriptiva N°379 Intoxicación por plomo y salud, en agosto de 2015 señala  que:

El plomo es una sustancia tóxica que se va acumulando en el organismo afectando a diversos sistemas del organismo, con efectos especialmente dañinos en los niños de corta edad.

Se estima que en los niños la exposición al plomo causa cada año 600 000 nuevos casos de discapacidad intelectual.

La exposición al plomo se cobra cada año un total estimado de 143 000 vidas, registrándose las tasas más altas de mortalidad en las regiones en desarrollo. Alrededor de la mitad de la carga de morbilidad asociada a la intoxicación por plomo se      concentra en la Región de Asia Sudoriental de la OMS, en tanto que la Región del Pacífico Occidental y la Región del Mediterráneo Oriental acaparan una quinta parte cada una.

El plomo se distribuye por el organismo hasta alcanzar el cerebro, el hígado, los riñones y los huesos y se deposita en dientes y huesos, donde se va acumulando con el paso del tiempo. Para evaluar el grado de exposición humana, se suele medir la concentración de plomo en sangre. No existe un nivel de exposición al plomo que pueda considerarse seguro. La intoxicación por plomo es totalmente prevenible.(Salud, 2016)

3. Dentro de las principales Fuentes y vías de exposición al plomo la OMS señala que se encuentran las siguientes:

La inhalación de partículas de plomo generadas por la combustión de materiales que contienen este metal (por ejemplo, durante actividades de fundición, reciclaje en condiciones no seguras o decapado de pintura con plomo, o al utilizar gasolina con plomo); la ingestión de polvo, agua o alimentos contaminados (por ejemplo, agua canalizada a través de tuberías de plomo o alimentos envasados en recipientes con esmalte de plomo o soldados con este metal).

Otra posible fuente de exposición al plomo es el uso de determinados productos cosméticos y medicamentos tradicionales. Los niños de corta edad son particularmente vulnerables porque, según la fuente de contaminación de que se trate, llegan a absorber una cantidad de plomo entre 4 y 5 veces mayor que los adultos. Por si esto fuera poco, su curiosidad innata y la costumbre, propia de su edad, de llevarse cosas a la boca, los hace más propensos a chupar y tragar objetos que contienen plomo o que están recubiertos de este metal (por ejemplo, tierra o polvo contaminado o escamas de pintura con plomo). Esta vía de exposición es aún mayor en los niños con pica (ansia persistente y compulsiva de ingerir sustancias no comestibles), que pueden arrancar, y luego tragar, por ejemplo, escamas de pintura de las paredes, los marcos de las puertas o los muebles.(Salud, 2016)

4. Otro de los riesgos que representa el plomo en las pinturas y en otros elementos químicos y objetos es que cualquier grado de exposición al mismo puede ser toxico y peligroso, es decir no se necesita tener una gran exposición al plomo una persona para poder causar daños a su salud. La alianza Mundial para eliminar el uso del plomo en las pinturas en su plan de actividades del 24 de agosto de 2012 señala que: “el plomo es un metal tóxico y ningún grado de exposición al mismo puede considerarse seguro para los niños. Puede tener graves consecuencias para la salud humana tales como lesiones cerebrales permanentes y daños persistentes del sistema nervioso, así como problemas renales, sanguíneos y reproductivos. Los niños menores de seis años y las mujeres embarazadas (cuyo feto puede verse expuesto) son particularmente vulnerables”.2(Plomo, 2012)

5. En lo que respecta al aspecto económico, el uso de plomo en la pintura conlleva costos económicos tanto directos como indirectos, entre ellos figuran los costos a la salud y la pérdida de productividad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calculado que el plomo es el origen del 0,6% de la carga mundial de morbilidad y que causa cada año unos 600 000 nuevos casos de niños con discapacidad intelectual. Por el contrario, se ha comprobado que el costo económico de eliminar el uso del plomo en muchas pinturas es bajo, y numerosas fábricas ya han reformulado con buenos resultados sus productos para evitar la incorporación intencionada de plomo. (Plomo, 2012)

La Red Internacional de Eliminación de los Contaminantes Orgánicos en su informe “Eliminar la pintura con plomo: protege la salud de los niños” muestra que:

La exposición generalizada al plomo daña a la sociedad como un todo, debido a que impone una carga extra al sistema educativo nacional, eleva el costo nacional asociado con tasas más altas de criminalidad y encarcelamientos, y reduce la productividad total nacional de la fuerza de trabajo. Un estudio reciente que investigó el impacto económico de la exposición infantil al plomo en las economías nacionales de todos los países de ingresos bajos y medios calculó una carga acumulativa total de costos de 977 mil millones de dólares internacionales por año. El estudio consideró los efectos en el desarrollo neurológico de los niños expuestos al plomo, medidos de acuerdo a la reducción del puntaje de CI, y estableció una correlación entre la reducción del puntaje de CI en los niños causada por exposición al plomo con la reducción de la productividad económica a lo largo de la vida, expresada de acuerdo a la capacidad para tener ingresos a lo largo de la vida. Este estudio, también hace referencia a los costos que se tienen registrados por la exposición a pinturas con contenido con plomo.

El estudio identificó varias fuentes distintas de exposición infantil al plomo, siendo la pintura con plomo una de las fuentes principales.

Desglosada según regiones, la carga económica de la exposición infantil al plomo, según lo calculó este estudio, es la siguiente:

• Africa: $134.700 millones en pérdidas económicas, o 4,03% del Producto Interno Bruto (PIB).

• América Latina y el Caribe: $142.300 millones en pérdidas económicas, o 2,04% del PIB.

• Asia: $699.900 millones en pérdidas económicas, o 1,88% del PIB3 (Contaminantes, 2016).

Sin duda, las consecuencias del uso del plomo en las pinturas es una práctica que pone en riesgo la salud de las personas que se encuentran en contacto con las pinturas y artículos que contienen plomo, también genera un daño al medio amiente y a la economía.

CONSIDERACIONES

I. La Red Internacional de Eliminación de los Contaminantes Orgánicos, señala que a finales del siglo pasado muchos países industrializados comenzaron a modificar su espera jurídica con la intención de regular y poner controles al contenido de plomo en las pinturas interiores y exteriores de hogares, escuelas y otras instalaciones ocupadas por niños. Para reducir los impactos negativos que produce el uso excesivo del plomo en las pinturas, no menos importante fueron los controles a las pinturas para juguetes que contenían plomo, ya que los juguetes y las pinturas con las que estaban recubiertos eran peligros y añade:

La base de estas medidas regulatorias fueron los hallazgos científicos y médicos que sindicaban a la pintura con plomo como una fuente importante de exposición de los niños al plomo, y que mostraban que la exposición infantil al plomo causa daños graves, especialmente a los niños de seis años o menos. (Contaminantes, 2016)

II. En relación a las Declaraciones internacionales referentes al plomo en la pintura, el párrafo 57 del Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible señala que:

57. Eliminar gradualmente el plomo de las pinturas y de otras fuentes a que están expuestos los seres humanos; trabajar para prevenir, en particular, el contacto de los niños con el plomo y mejorar los esfuerzos de vigilancia y supervisión y el tratamiento del saturnismo.

La Resolución II/4/B del segundo periodo de sesiones de la Conferencia Internacional sobre Gestión de los Productos Químicos referente al plomo en la pintura. Apoya el establecimiento de una alianza mundial que promueva la eliminación del plomo en las pinturas, asimismo Invita al programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y a la Organización Mundial de la Salud a contribuir a la Alianza con sus recursos disponibles para erradicar el plomo en las pinturas, lo expone de la siguiente manera:

Reconociendo la Resolución de Dakar relativa a la eliminación del plomo en las pinturas, aprobada por el Foro Intergubernamental sobre Seguridad de los Productos Químicos en su sexto periodo de sesiones, celebrado en Dakar del 15 al 19 de septiembre de 2008, Reconociendo los progresos que ha logrado la Alianza en favor de combustibles y vehículos menos contaminantes en la eliminación del plomo en los combustibles para automotores a nivel mundial,

1. Apoya el establecimiento de una alianza mundial que promueva la eliminación del plomo en las pinturas como una contribución importante para la aplicación del párrafo 57 del plan de Aplicación delas decisiones dela Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y el Enfoque Estratégico;

2. Invita a todos los interesados directos a asociarse a la alianza mundial y, si procede, a comprometerse a aportar recursos financieros o en especie o conocimientos especializados para la elaboración y ejecución delas actividades de la alianza;

3. Pide a la alianza mundial que apruebe un mandato sobre la base del proyecto de mandato presentado a la Conferencia Internacional sobre gestión de los Productos Químicos en su segundo periodo de sesiones y prepare un plan de actividades que incluya hitos claros de los adelantos alcanzados en el camino hacia la eliminación del plomo en las pinturas, en las esferas siguientes:

a) Concienciación acerca de la toxicidad del plomo para la salud humana y el medio ambiente, y la existencia de alternativas;

b) Orientación y asistencia para detectar posibilidades de exposiciones al plomo;

c) Asistencia a la industria (fabricantes, mayoristas y minoristas);

d) Programas de prevención para reducir la exposición;

e) Promoción de marcos reglamentarios nacionales;

4. Invita al programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y a la Organización Mundial de la Salud a que, dentro de sus mandatos respectivos y con los recursos disponibles, preste servicios de secretaría a la alianza mundial;

5. Invita a la alianza mundial a que informe sobre los progresos realizados en la primera reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta y a la Conferencia Internacional sobre Gestión de los Productos Químicos en su tercer periodo de sesiones.4(Ambiente, 2016)

III. Dentro del seguimiento y evaluación del plan de actividades de la alianza mundial para eliminar el uso de plomo en las pinturas se establecía que para el 2015, 70 países o más ya habrían adoptado leyes que prohíban o regulen de manera eficiente el uso del plomo en las pinturas, para prohibir la exposición de los niños a ese metal.

IV. México, tiene un importante retraso en la regulación del uso de plomo en las pinturas, en la Ley General de Salud el plomo no está prohibido, a pesar de los daños que produce a la salud. Si bien es cierto la norma NOM-003-SSA1-1993. "salud ambiental. requisitos sanitarios que debe satisfacer el etiquetado de pinturas, tintas, barnices, lacas y esmaltes" y la norma NOM-004-SSA1-1993. "salud ambiental. limitaciones y requisitos sanitarios para el uso de monoxido de plomo (litargirio), oxido rojo de plomo (minio) y del carbonato básico de plomo (albayalde)" son normas que ayudan a regular el uso de plomo en las pinturas, sin embargo, el manejo de este metal debe ser prohibido en su totalidad por los daños que ocasiona al medio ambiente y a la salud humana principalmente a los grupos más vulnerables.

V. Como Senadores de la República, considero de gran importancia ser sensibles a los acontecimientos sociales que afectan nuestra sociedad y ser la voz de quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo. El plomo en las punturas barnices, lacas, tintes, esmaltes, selladores o revestimentos y pinturas arquitectónicas, llamadas de uso decorativo o del hogar y obra, con contenido de plomo, debe ser prohibido ya que pone en riesgo la salud humana y el medio ambiente, lo anterior debe ser de manera inmediata. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 280 de la Ley General de Salud recorriendo el actual en su orden y se adiciona al artículo 421 BIS referente a las Sanciones Administrativas el artículo 280 del mismo ordenamiento.

Artículo 280.- Queda prohibida la fabricación e importación de barnices, lacas, tintes, esmaltes, selladores o revestimentos y pinturas arquitectónicas, también llamadas de uso decorativo o del hogar y obra, con contenido de plomo.

Artículo 281.- La Secretaría de Salud emitirá las normas oficiales mexicanas de protección para el proceso, uso y aplicación de los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas.

Artículo 282.- …

Artículo 421 bis. Se sancionará con multa equivalente de doce mil hasta dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 100, 122, 126, 146, 166 Bis 19, 166 Bis 20, 205, 235, 254, 264, 280, 281, 289, 293, 298, 325, 327 y 333 de esta Ley.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de abril de 2016.

Suscribe

Sen. Raúl Gracia Guzmán.

 

1Organización Mundial de la Salud Nota descriptiva N°379 en:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs379/es/ revisión hecha el 25 de abril de 2016.

2Alianza Mundial para la Eliminar el uso del plomo en la pintura plan de actividades en http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/business_plan_es.pdf?ua=1 revisión hecha el 25 de abril de 2016.

3Red Internacional de Eliminación de los Contaminantes Orgánicos “Eliminar la pintura con plomo: protege la salud de los niños” Campaña mundial de IPEN para la eliminación de la pintura con plomo octubre 2013.

4 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Organización Mundial de la Salud Marco de operaciones Alianza Mundial para Eliminar el Uso del Plomo en la Pintura Marzo de 2011 en: http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/framework_es.pdf revisión hecha el 26 de abril de 2016.

Fuentes consultadas
Ambiente, P. d. (26 de abril de 2016). Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Organización Mundial de la Salud Marco de operaciones Alianza Mundial para Eliminar el Uso del Plomo en la Pintura Marzo de 2011. Obtenido de Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Organización Mundial de la Salud Marco de operaciones Alianza Mundial para Eliminar el Uso del Plomo en la Pintura Marzo de 2011: http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/framework_es.pdf

Contaminantes, R. I. (26 de abril de 2016). “Eliminar la pintura con plomo: protege la salud de los niños” Campaña mundial de IPEN para la eliminación de la pintura con plomo. Obtenido de “Eliminar la pintura con plomo: protege la salud de los niños” Campaña mundial de IPEN para la eliminación de la pintura con plomo.

Plomo, A. M. (24 de agosto de 2012). Alianza Mundial para la Eliminar el uso del plomo en la pintura plan de actividades. Obtenido de Alianza Mundial para la Eliminar el uso del plomo en la pintura plan de actividades: http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/business_plan_es.pdf?ua=1

Salud, O. M. (25 de abril de 2016). Intoxicación por plomo y salud Nota descriptiva N°379. Obtenido de Intoxicación por plomo y salud Nota descriptiva N°379 : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs379/es/





 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 479 de la Ley General de Salud y el párrafo tercero del artículo 195 del Código Penal Federal, que se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; de Gobernación; de Seguridad Pública; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 479 DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 195 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 479 DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 195 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El consumo de drogas, sus consecuencias sociales y sus impactos a la salud, son temas de gran interés para diversos sectores de la población, entre ellos, los Senadores de la República, quienes tenemos la facultad constitucional de proponer y aprobar leyes de observancia general para la sociedad.

Existen diversos estudios clínicos básicos y epidemiológicos, nacionales e internacionales, que nos ayudan a ponderar los patrones de consumo, las dimensiones de la población, su extensión, el consumo problemático y la ingesta  excesiva, sin embargo, no existen los estudios químicos, de calidad, que nos permitan dimensionar claramente la problemática.

A pesar de ello, después de haber tomado en consideración los periodos de aumento en el consumo de drogas, e identificar geográficamente a su potencial mercado; es posible asegurar que el uso de drogas ha aumentado en nuestro país y con ello, la proporción de la sociedad que se ve involucrada en alguno de sus efectos.

El debate en torno a la portación del gramaje permitido de marihuana, ha estado dominado por diversas posturas restrictivas y punitivas, lo cual, lejos de regular y prevenir su ingesta, hace de esta actividad una acción irregular, ilícita y hasta peligrosa. Ante este panorama, se deben proponer y aprobar modificaciones al marco jurídico vigente a fin de atender desde una perspectiva de salud pública y derechos humanos.

Los diversos foros de análisis en torno a la marihuana, organizados por el Congreso de la Unión y el Gobierno Federal, permiten dilucidar que existen los consensos políticos suficientes, para elevar los umbrales previstos en la Ley General de Salud, debido a que 5 gramos no constituye una dosis básica pero sí representa un riesgo de acceso y permanencia al mercado ilícito de la marihuana.

Para dimensionar esta problemática, basta mencionar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones, desde el año 1988, la marihuana ha sido una de las principales sustancias consumidos en el país, superior a la cocaína, inhalables, anfetaminas y alucinógenos.

En sintonía con la misma encuesta, 1.5% de los mexicanos de 12 a 65 años ha consumido algún tipo de droga ilegal, de ellos, 1.2% usó marihuana. Fue el rango de edad de 18 a 34 años, el que reportó un mayor consumo, 2.5% dijo que usó algún tipo de droga en el último año.

Las autoridades Mexicanas, tienen registradas a por lo menos 5.7 millones de consumidores de marihuana, de los cuales. Por su parte, la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, informa que son los hombres quienes más consumen este tipo de productos.

Lamentablemente, el acceso es temprano a estas sustancias, así lo deja ver la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, reveló que al menos 30 mil 500 niños de 5o y 6o reportaron haber consumido marihuana, inhalado solventes o probado alguna otra sustancia prohibida con intención de drogarse1.

En el marco de un Estado Constitucional de Derecho, Garante de Libertades, penalizar la posesión por encima de  5 gramos para consumo personal carece de solidez argumentativa, sin embargo existen tesis que tratan de legitimarlo:

Argumento “Perfeccionista”

• Tiene como objetivo penalizar la posesión para que los individuos adopten modos de vida decente (No contempla la salud física o psicológica).

Argumento “Parternalista”

• El Estado ejerce acción penal, a través de la normatividad jurídica, para prevenir que un individuo se haga daño a sí mismo.

Argumento de la “Defensa Social”

• Supuesto en el que la acción del individuo trasciende los límites permitidos de la moral y pasa a una afectación a terceros, ante ello, debe actuar el Estado para sancionar estas conductas.

Argumento “Democrático”

• El consumidor, es un individuo incapaz de contribuir con su trabajo y esfuerzo al bienestar de los demás, tal situación se refleja en una menor calidad de vida democrática de la sociedad2.

No obstante, la restricción, como sistema de control no sólo ha demostrado sus limitaciones para regular el consumo, además ha generado y agravado fenómenos de criminalidad, inseguridad y problemas de salud pública. En consecuencia, apremia transitar a un régimen regulatorio que implique límites sin vulnerar los derechos para los consumidores y los terceros.

Definición

La marihuana es producida a partir de la planta Cannabis sativa y es utilizada de las siguientes maneras:

a) La hierba de cannabis formada por hojas secas y las flores en cigarros “churros” o “porros”.

b) La resina de cannabis que es la secreción prensada de la planta “hachís”.

c) El aceite de cannabis que es una mezcla resultante de la destilación o la extracción de los ingredientes activos de la planta.

El ingrediente activo de la marihuana es el delta-9-tetrahidrocanabinol (THC) que se encuentra principalmente en las flores y las hojas. Aunque el THC es el principal componente, la cannabis contiene por lo menos 489 componentes químicos de los cuales al menos 70 son cannabinoides.

El THC estimula a los receptores cannabinoides (RCB) de las neuronas para generar sus efectos psicoactivos. Los RCB son parte del sistema endocannabinoide que es una red de comunicación en el cerebro involucrado en el desarrollo y función cerebral. Los efectos del THC son parecidas a las que producen las sustancias químicas que normalmente ocurren en el cerebro llamadas cannabinoides endógenos o endocannabinoides.

Por sus efectos a nivel del sistema nervioso central, la marihuana se clasifica como un depresor3

Usos y efectos

María Elena Medina Mora, Ex-Directora de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría, señala que existe evidencia del beneficio de la cannabis sativa en el tratamiento de espasmos, condiciones de dolor, problemas de movimiento, asma y glaucoma4.

Sumada a esta postura, la Doctora Gady Zabicky Sirot, sostiene que la Cannabis cuenta con propiedades terapéuticas…“con sus alcaloides cannabinoides, es la planta medicinal más antigua, efectiva e inocua”. Por sus usos putativos es utilizada como psicofármaco, antirreumático (modulador inmunológico) y antihertensivo ocular en el glaucoma de ángulo cerrado. Además también se recomienda en tratamientos como analgésico y antipirético, antiemético y orexigénico, y en Transtornos neurológicos5.

En términos de sus propiedades terapéuticas sí se cuenta con un consenso científico de su utilidad como antihemético, analgésico, moderador de la presión intraocular, antieccemático e inductor del apetito para padecimientos como anorexia y bulimia, a pesar de ello, es necesario continuar realizando estudios epidemiológicos, farmacobiólogos y de bioética para comprobar dichas propiedades y sus beneficios para un tratamiento adecuado desde una perspectiva de derechos humanos.

El valor económico del mercado de la cannabis

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estiman que el mercado de la cannabis alcanza a nivel mundial montos superiores a los 140 mil millones de dólares. Estados Unidos concentra el 42.9% de total del mercado.

Las actividades comerciales en México de este producto, generan una derrama económica anual que supera los 140 millones de dólares, teniendo a las exportaciones como una de las actividades más fructíferas, debido a que representan una ganancia de por lo menos 40 millones de dólares anuales al crimen organizado.

A pesar de estas ganancias, el fondo de inversión “Privateer Holdings”, señala que el mercado de la cannabis en México tiene un valor potencial de por lo menos mil 700 millones de dólares, tomando en cuenta el uso medicinal y recreativo.

Lo anterior significa que únicamente la marihuana para uso medicinal, tiene un potencial de entre 600 y 700 millones de dólares, en tanto que su uso recreativo podría llegar a generar ganancias superiores a los mil millones de dólares.

Frente a estas cifras, me indigna que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alerte que a partir de los 10 años los niños mexicanos sean susceptibles a ser integrados en la cadena productiva del crimen organizado y tráfico de estupefacientes. 

Aunado a esta preocupación, se suma la atención a migrantes, ya que se ha notificado que niños no acompañados y adolescentes centroamericanos, son secuestrados para ser ingresados a los grupos criminales, donde son utilizados para vigilar casas de seguridad, como narcomenudistas o mulas en el transporte de estas sustancias.

Marco Jurídico Vigente

La Ley General de Salud, establece que una persona puede llevar consigo hasta 5 gramos de cannabis sativa, índica y americana o marihuana, esto significa que la portación superior a esta medida, es suficiente para que un sujeto sea presentada ante el Ministerio Público y se determine el ejercicio de la acción penal.

Además, el artículo 195 del Código Penal Federal, señala que “La posesión de narcóticos podrá ser investigada, perseguida y, en su caso sancionada por las autoridades del fuero común en los términos de la Ley General de Salud, cuando se colmen los supuestos del artículo 474 de dicho ordenamiento”.

También establece que “cuando el inculpado posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla prevista en el artículo 479 de la Ley General de Salud, en cantidad igual o superior a la que resulte de multiplicar por mil las ahí referidas, se presume que la posesión tiene como objeto cometer alguna de las conductas previstas en el artículo 194 de este código”6.

Esto deja claro que las políticas emprendidas frente al consumo por parte de las autoridades, estigmatizan y persiguen a los consumidores, clasificándolos como pequeños traficantes de productos ilícitos, ante la comisión de estos actos, son procesados y confinados ante el sistema penitenciario nacional, es decir, son excesivas ante las características imperantes en el país.

Para no continuar criminalizando el consumo de cannabis, necesitamos erradicar viejos y arraigados estigmas sobre el fenómeno y contar con información seria y confiable, en el que, el adicto sea sujeto de protección para ser considerado como una persona con problemas de consumo.

Dosis para uso personal

La dosis para uso personal es la cantidad de cannabis sativa, índica y americana o marihuana que una persona posee, transporta, guarda y porta para uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo.

Entre los principales países, que contemplan esta figura en su marco jurídico, destacan:

Uruguay

• El cultivo reducido en casa está autorizado hasta seis plantas y en asociaciones que no excedan hasta 45 miembros.

• Una persona (únicamente ciudadanos o residentes) pueden comprar hasta 40 gramos al mes de marihuana, y se expiden permisos para productoras quienes venden la marihuana al gobierno, el precio lo fija un instituto estatal y se prohíbe el cultivo, producción y venta no autorizada ni registrada ante el instituto.

Rusia

• El cultivo de más de 20 plantas de marihuana es considerado como una cantidad grande y por lo tanto puede llegar a una persecución penal. Una persona puede tener en su posesión hasta 6 gramos de marihuana. De más 6 a 100 gramos de marihuana se considera una ofensa criminal y el castigo varía entre multas y dos años de prisión.

Colombia

• Se puede cultivar hasta 20 plantas de marihuana por persona y es legal portar hasta 20 gramos para consumo personal.

• El pasado 22 de diciembre de 2014 el Presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto que legaliza y regula la producción, comercialización y exportación de cannabis para uso terapéutico en Colombia. Se contempla la emisión de licencias para la posesión de semillas de cannabis y cultivo para fines médicos y científicos.

Perú

• Para la marihuana es de 8 gramos, se estima que el 60 por ciento de las detenciones por cargos de drogas están relacionados con el uso o posesión simple. De acuerdo al Código Penal se considera un delito el tráfico de drogas, la comercialización o cultivo así como forzar a otros a plantar o procesar drogas.

• Se distingue entre el tráfico y la comercialización al por menor de hasta 100 gramos de marihuana. Las penas por venta a pequeña escala son de uno a ocho años de prisión. El gobierno actual ha propuesto una estrategia más global basada en la articulación entre las políticas de control de la oferta y un modelo de desarrollo sostenible como alternativa.

España

• La tenencia de plantas destinadas al consumo tampoco perseguido penalmente. Si bien no existe una normativa específica sobre el número de plantas que puede tener una persona para autoconsumo, se limita el aprovisionamiento de cannabis a aproximadamente tres gramos diarios por persona.

Ecuador

• La posesión simple y para uso está tipificadas como delito, pero cuando la posesión de marihuana es para consumo y menor a 10 gramos no es sancionada.

Malasia

• “Las penas por posesión de marihuana en Malasia van desde multas, rehabilitación obligatoria o encarcelamiento”. La cantidad permitida para uso personal es de 15 gramos7.

Es claro que a nivel internacional, existe un impulso para el aumento del gramaje, del porte o la tenencia para el consumo, y su persecución debe estar canalizada a los grupos criminales  quienes son los que lesionan y vulneran los bienes jurídicos tutelados, como la salud.

Por ejemplo, en Chile, se aprobó una serie de reformas a la norma 20.000 sobre el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, para permitir que los ciudadanos en la vía pública puedan potar un máximo de 10 gramos para consumo privado en mayores de 18 años de edad.

En California el uso terapéutico del cannabis es legal siempre y cuando se cuente con una receta médica y se permite una portación de hasta 28 gramos; en Colorado la venta, posesión, uso, producción, distribución y cultivo personal es legal y sólo pueden venderse 28 gramos a cada residente y 7 a los no residentes.8

La presente reforma tiene por objeto, modificar la cantidad máxima de portación de cannabis sativa, indica y americana o marihuana para consumo inmediato establecida en la tabla del artículo 479 de la Ley General de Salud, la cual pasaría de 5 a 28 gramos.

Al aprobarse se reorientaría la política que criminaliza el consumo de la marihuana y con ello, se coadyuvaría en el fomento al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad, la intimidad y la libertad de conciencia, además de prevenir un consumo problemático de la cannabis.

Esta propuesta, se suma al consenso mostrado en la las Audiencias Públicas para las Alternativas de regulación de la Marihuana realizadas por el Congreso de la Unión, en relación a aumentar la dosis máxima permitida de consumo personal de marihuana, sin que esto pueda generar un problema de adicción.

De igual manera, abunda a resolver de fondo una de las preocupaciones manifestadas durante el “debate nacional sobre el uso de la marihuana”, que es el número considerable de personas que al momento de ser detenidas por las autoridades, estos, no toman en consideración el contexto en el que se desarrolla la acción, lo cual tiene como desenlace un aumento significativo de las personas que están sentenciadas por la portación de drogas con gramaje un poco superior al permitido.

Se propone que la dosis adecuada que una persona puede transportar, guardar y poseer sea de 28 gramos, conforme a estándares internacionales. Aunado a ello, en las Audiencias Públicas para las Alternativas de Regulación de la Marihuana, se hizo énfasis en que en el contexto actual, ya no es correcto criminalizar a quienes la consumen, tomando como ejemplo la política utilizada en Portugal, en la que se pueden portar hasta 28 gramos y seguirlo considerando como consumo personal, cantidad que dista de los 5 gramos permitidos por la Ley General de Salud en México. Este gramaje es favorable en la disminución del comportamiento criminal que se vincula específicamente con la marihuana.

Como resultado de diversas investigaciones, entrevistas y encuestas como la publicada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE): “Primera Encuesta a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social, publicada en 20129”, es posible concluir que:

• Al menos 70% de los delitos contra la salud en Centros Federales, entre 2006 y 2014, fueron por posesión de marihuana.

• 6 de cada 10 internos están sentenciados por delitos contra la salud; de ellos, 58.7% fueron sentenciados por delitos relacionados con la marihuana.

• Una irregularidad identificada en relación a la portación del gramaje permitido, es que son detenidos en flagrancia, sin una investigación previa y sin mecanismos que permitan comprobar que portan cantidades superiores a las permitidas, es decir, se vulnera el derecho constitucional del debido proceso.

• Se transgrede el principio de proporcionalidad, entre conducta y sanción, aplicado en los delitos de drogas, donde se contraviene el precepto establecido en el párrafo primero del artículo 22 de la Constitución Federal, relativo a que “toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado”.

• A partir del cruce de datos que realizaron investigadores del CIDE con los Centros de Readaptación, se concluyó que 10.2% de la población en reclusión en centros federales estaba sentenciada únicamente por conductas relacionadas con “consumir” o “traer consigo” marihuana.10

• Esta criminalización, sobrecarga al sistema penitenciario nacional, lo que entre otras cuestiones, deriva en hacinamiento. La mayor parte de los detenidos por narcomenudeo en la Ciudad de México son consumidores, en 7 de cada 10 casos los detenidos portaban marihuana para su consumo personal pero en dosis mayores a las autorizadas por la Ley11.

A partir de estas directrices, se propone que la cantidad de porte para consumo individual sea de 28 gramos.

1. Consumo personal / fines de narcotráfico

A estas circunstancias se incorporan otras como la dosificación y la operación de alguna negociación, además de los criterios de justicia y realidad situacional.

Por lo anterior, es oportuno proponer una serie de medidas con la finalidad de reducir los daños causados por el consumo de marihuana. Entre otras acciones, resulta conveniente aumentar el gramaje permitido, frente a las políticas para reprimirlo que han dado cuenta de su poca eficiencia.

En torno a esta propuesta, existen posturas muy claras, como las del Comisionado Nacional contra las Adicciones, quien recientemente se pronunció a favor de que se reforme el marco normativo a fin de aumentar la cantidad de droga que se puede poseer.

Entre los beneficios de esta iniciativa, destaca que los centros penitenciarios del país, de manera paulatina, dejarán de tener jóvenes consumidores y en sus instalaciones estarán sólo personas que transgredieron el marco jurídico o participaron en la comisión de algún hecho antijurídico grave, es decir, los centros penitenciarios serán para delincuentes y no para los que consumen marihuana, incluso si se trata de una persona con un consumos problemático, debido a que éste debe ser tratado desde una perspectiva de salud pública y no penal.

Otra arista importante a considerar, es el costo que representa para el sistema penitenciario nacional, el mantenimiento de cada uno de los internos. Desde esta perspectiva, existen fuertes incongruencias debido a que un problema de salud como la adición, no es tratada como tal y sí desde el sentido penal.

Con los cambios propuestos, México transitará a escenarios de descriminalización de los adictos a la marihuana, lo cual permitirá que el Estado mexicano y sus instituciones, lleven a cabo programas de salud, tendientes a identificar, prevenir y atender de manera oportuna a estas personas y sus padecimientos, ya que al tratarlos como adictos y no como narcotraficantes, fomentará que los detenidos sean canalizados a programas sociales y de salud.

La presente propuesta busca reorientar la política que criminaliza el consumo de la marihuana, al plantear un gramaje superior permitido en la legislación vigente, con lo cual se abundaría a maximizar un consumo no problemático.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero.- Se reforma la tabla del artículo 479 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 479.-...

Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato

Narcótico

Dosis máxima de consumo personal e inmediato

Opio

2 gr.

Diacetilmorfina o Heroína

50 mg.

Cannabis Sativa, Indica o Mariguana

28 gr.

Cocaína

500 mg.

Lisergida (LSD)

0.015 mg.

MDA,
Metilendioxianfetamina

Polvo, granulado o cristal

Tabletas o cápsulas

40 mg.

Una unidad con peso no mayor a 200 mg.

MDMA, dl-34-metilendioxi-n-dimetilfeniletilamina

40 mg.

Una unidad con peso no mayor a 200 mg.

Metanfetamina

40 mg.

Una unidad con peso no mayor a 200 mg.

Artículo Segundo. Se reforma el párrafo tercero del artículo 195 de Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 195.-...

Cuando el inculpado posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla prevista en el artículo 479 de la Ley General de Salud, en cantidad igual o superior a la que resulte de multiplicar por mil las ahí referidas y en el caso de la cantidad establecida para la Cannabis Sativa, Indica o Mariguana no podrá ser superior o igual a 5 kilogramos, se presume que la posesión tiene como objeto cometer alguna de las conductas previstas en el artículo 194 de este código.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/investigacion/ENCODE_DROGAS_2014.pdf

2 http://www2.juridicas.unam.mx/marihuana-caso-mexico/wp-content/uploads/2016/02/Libro_-Foro_cannabis.pdf

3 http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/informe_mariguana.pdf

4 http://www2.juridicas.unam.mx/marihuana-caso-mexico/wp-content/uploads/2016/02/Libro_-Foro_cannabis.pdf

5 http://www2.juridicas.unam.mx/marihuana-caso-mexico/wp-content/uploads/2016/02/Libro_-Foro_cannabis.pdf

6 http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/8.htm?s=

7 http://www.gob.mx/debatemarihuana

8 http://www.gob.mx/debatemarihuana

9 https://publiceconomics.files.wordpress.com/2013/01/encuesta_internos_cefereso_2012.pdf, consultado el 12 de abril de 2016.

10 http://www.nexos.com.mx/?p=28051#ftn3

11 http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/17/mexico/1452989579_226755.html





 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 3o. y se reforma el artículo 119 de la Ley General de Salud, que se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII BIS AL ARTÍCULO 3o. Y SE REFORMA LA FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 119 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, Senador de la República del Congreso General de la Unión en la LXIII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII BIS AL ARTÍCULO 3O. Y SE REFORMA LA FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 119 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El cáncer se origina cuando las células en el cuerpo comienzan a crecer en forma descontrolada. Las células en casi cualquier parte del cuerpo pueden convertirse en cáncer y pueden extenderse a otras áreas del cuerpo.

Respecto del cáncer de piel, las radiaciones ultravioleta, y en particular las solares, provocan todos sus principales tipos: el carcinoma baso celular, el carcinoma espino celular y el melanoma1.

La piel es el órgano más grande del cuerpo que tiene diferentes funciones entre las que destacan:

• Recubre los órganos internos y ayuda a protegerlos de lesiones.

• Sirve de barrera a los gérmenes, como las bacterias.

• Evita la pérdida excesiva de agua y de otros líquidos.

• Ayuda a controlar la temperatura corporal.

• Protege el resto del cuerpo de los rayos ultravioleta (UV).

• Ayuda al cuerpo a producir vitamina D.

La piel tiene tres capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. Siendo en las células de la epidermis -la capa superior- donde se presentan los principales tipos de cáncer mencionados.

Los cánceres de células basales y de células escamosas son por mucho los más comunes de cáncer de piel. Ambos cánceres se detectan principalmente en las partes del cuerpo expuestas al sol, tales como la cabeza y el cuello. Estos cánceres se relacionan fuertemente con la exposición solar que haya tenido una persona a lo largo de su vida.

Aunque estos tipos de cáncer de piel tienen una probabilidad mucho menor de propagarse a otras partes del cuerpo, resulta importante encontrarlos y tratarlos a tiempo ya que de no ser atendidos, pueden crecer más e invadir los tejidos y órganos cercanos.

Por su parte, los melanomas son cánceres que se originan de los melanocitos, las células que producen el pigmento marrón que le da a la piel su color. Los melanomas pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero son más propensos a comenzar en ciertas áreas. El sitio más común en los hombres es en el torso (pecho y espalda). En las mujeres, las piernas son la parte donde se presentan con más frecuencia. El cuello y el rostro son otros sitios comunes donde se origina el melanoma.

Los melanomas no son tan comunes como los cánceres de piel de células basales y de células escamosas, pero pueden ser mucho más graves. Al igual que el cáncer de células basales y de células escamosas, el melanoma es casi siempre curable en sus etapas iniciales. No obstante, si no se atiende, el melanoma tiene una probabilidad mucho mayor de propagarse a otras partes del cuerpo (donde es muy difícil de tratar).

La exposición a la radiación ultravioleta (UV) es el factor de riesgo principal para la mayoría de los cánceres de piel. La luz solar es la fuente principal de la radiación ultravioleta. Las lámparas y camas bronceadoras también son fuentes de radiación ultravioleta. Las personas que se exponen mucho a los rayos UV procedentes de estas fuentes tienen un mayor riesgo de cáncer de piel2.

Hay tres tipos principales de rayos UV:

• Los rayos UVA envejecen a las células de la piel y pueden dañar el ADN de estas células. Estos rayos están asociados al daño de la piel a largo plazo tal como las arrugas, pero también se considera que desempeñan un papel en algunos tipos de cáncer. La mayoría de las camas bronceadoras emiten grandes cantidades de UVA que según se ha descubierto aumentan el riesgo de cáncer de piel.

• Los rayos UVB tienen un poco más de energía que los rayos UVA. Estos rayos pueden dañar directamente al ADN de las células de la piel, y son los rayos principales que causan quemaduras de sol. Asimismo, se cree que causan la mayoría de los cánceres de piel.

• Los rayos UVC tienen más energía que otros tipos de rayos UV, pero no penetran nuestra atmósfera y no están en la luz solar. No son normalmente una causa de cáncer de piel.

Tanto los rayos UVA como los UVB pueden dañar la piel y causan cáncer de piel, la potencia de los rayos UV que llega al suelo depende de un número de factores, tales como:

• Hora del día: los rayos UV son más potentes entre 10 a.m. y 4 p.m.

• Temporada del año: los rayos UV son más potentes durante los meses de la primavera y el verano. Este es un factor menos importante cerca del ecuador.

• Distancia desde el ecuador (latitud): la exposición a UV disminuye a medida que se aleja de la línea ecuatorial.

• Altitud: más rayos UV llegan al suelo en elevaciones más altas.

• Formación nubosa: el efecto de las nubes puede variar, ya que a veces la formación nubosa bloquea a algunos rayos UV del sol y reduce la exposición a rayos UV, mientras que algunos tipos de nubes pueden reflejar los rayos UV y pueden aumentar la exposición a los rayos UV. Lo que es importante saber es que los rayos UV pueden atravesar las nubes, incluso en un día nublado.

• Reflejo de las superficies: los rayos UV pueden rebotar en superficies como el agua, la arena, la nieve, el pavimento, o la hierba, lo que lleva a un aumento en la exposición a los rayos UV.

El grado de exposición a la luz ultravioleta que una persona recibe depende de la intensidad de los rayos, del tiempo que la piel ha estado expuesta y de si ésta ha estado protegida con ropa o bloqueador solar.

Las personas que viven en áreas donde están expuestas todo el año a la luz solar intensa tienen un mayor riesgo de cáncer de piel. Pasar mucho tiempo a la intemperie por motivos de trabajo o recreación sin protegerse con ropa y bloqueador solar aumenta el riesgo.

Las quemaduras frecuentes en la niñez pueden aumentar el riesgo de algunos tipos de cáncer de piel muchos años o incluso décadas después, ya que la exposición al Sol es acumulativa, esto significa que el daño que causamos en cada exposición queda ‘grabado’ en la memoria o genes de las células. Con el paso del tiempo se manifiesta el daño en la piel en diversos síntomas como la aparición de manchas, arrugas, queratosis solares y, en el peor de los casos, el cáncer de piel.

Por lo anterior, expertos aseguran que la infancia es el periodo idóneo para establecer hábitos que aprendan los pequeños para protegerse ante la radiación solar, ya que el 80% de la radiación solar que recibimos a lo largo de nuestra vida se adquiere en la infancia y la adolescencia por ser la época en la que realizamos más actividades al aire libre.

Al respecto, la Fundación Mexicana para la Dermatología (FMD) reveló que la exposición solar diaria que reciben los niños durante los descansos en la escuela asciende a 47% por lo que recomienda disminuir las actividades al aire libre en los periodos centrales del día y fomentar que los estudiantes se mantengan bajo la sombra así como el uso de bloqueador y ropa que cubra las extremidades para reducir la exposición a la radiación ultravioleta de manera directa.

Debido a la relación causal de la radiación solar con el cáncer de piel, en diversas partes del mundo se han establecido campañas orientadas a reducir su impacto sobre poblaciones susceptibles.

La incidencia de cáncer de la piel está aumentando en todo el mundo conforme la gente de piel blanca va en busca del sol para broncearse sin caer en la cuenta de los riesgos que ello entraña. Sarah Cumberland y Claudia Jurberg informan sobre la manera como Australia y el Brasil están haciendo frente a este problema de salud3.

Brasil:

Durante los diez últimos años, en un día de noviembre más de 1500 médicos se lanzan a las calles y las playas del Brasil para sumarse a la lucha contra el cáncer de piel. La Campaña Nacional para Prevenir el Cáncer de Piel, de periodicidad anual, moviliza a los brasileños para que concurran a alguno de los millares de consultorios ambulantes habilitados en tiendas de campaña que se colocan en las playas y las plazas principales de centenares de ciudades de todo el país para hacerse un examen de la piel y aprender más acerca de cómo prevenir este tipo de neoplasia.

En 2008, la campaña, organizada por la Sociedad Brasileña de Dermatología, atrajo a más de 40 000 personas, lo que representó un aumento de 40% con respecto al año precedente. Según una encuesta efectuada el 8 de noviembre de 2008, el día en que se llevó a cabo la campaña de ese año, más de 27 000 personas (62,3%) que habían sido examinadas dijeron que habían asistido porque se habían enterado de la campaña en los medios de comunicación. Las noticias y reportajes que destacaban la importancia de los exámenes regulares de la piel se transmitieron por la radio, la televisión, la prensa escrita y la Internet en todo el país.

A 10% de las personas que asistieron se les diagnosticó algún tipo de cáncer de piel. De los casos identificados el día de la campaña en 2008, 3000 eran carcinomas de células basales (que no son melanocíticos) y 354 eran melanomas malignos, la forma más mortal de este tipo de neoplasia, la mayoría de quienes asistieron ese día (65,4%) confesaron que se exponían al sol sin protegerse.

Las cifras de incidencia del cáncer en ese país no son más que cálculos aproximados porque no se registran estos datos para toda la población. «El Instituto Nacional del Cáncer solo recibe datos de 28 localidades, situadas principalmente en la capital del país. De estas, tan solo 17 han facilitado datos en los dos últimos años.

Australia.

En opinión de Craig Sinclair, director del Centro de Prevención del Cáncer del Consejo contra el Cáncer de Victoria (Australia), entre los factores que han contribuido al aumento de las tasas de cáncer de piel destacan el aumento del tiempo de ocio de que disponen los habitantes de lugares con niveles elevados de radiaciones ultravioleta, la expansión de la industria de equipos de bronceado artificial y el papel que desempeña la moda.

Las mejores campañas son las que se llevan a cabo en Australia, el país que tiene la máxima incidencia de melanoma en el mundo. La educación del público acerca de la prevención del cáncer de piel comenzó en el estado de Victoria en los años ochenta con unos anuncios televisados en los que un personaje de animación, Sid theSeagull (Sid Gaviota), promovía el mensaje: «¡Ponte una camiseta, úntate protector solar y encasquétate un sombrero!» A partir de entonces, un programa nacional llamado SunSmart ha difundido mensajes de educación del público y ha propugnado por que se realicen cambios ambientales y de políticas en las escuelas, los centros de trabajo y los gobiernos locales.

Una encuesta realizada en abril de 2008 reveló que la campaña televisiva nacional del gobierno australiano había cambiado las actitudes y el comportamiento de los adolescentes, sobre todo porque redujo la preferencia por broncearse y aumentó el uso de sombreros y filtro solar, según informa Suzanne Dobbinson, del Centro de Investigaciones Conductuales en relación con el Cáncer del Consejo contra el Cáncer de Victoria. «Las campañas constantes en los medios de comunicación de masas han ejercido un efecto considerable en la reducción de las quemaduras solares y han mejorado el comportamiento por lo que se refiere a protegerse de la luz del sol [en Australia]», afirma Sinclair. «También hay indicios positivos de que las campañas de protección contra la exposición al sol han disminuido la incidencia de melanoma en los grupos de menor edad.»

El profesor Michael G. Kimlin, director del Laboratorio de Investigaciones AusSun, de la Universidad Tecnológica de Queensland, atribuye el éxito de las campañas al sólido respaldo del gobierno y la comunidad. «Los australianos conocen muy bien los factores de riesgo vinculados con el cáncer de piel. Las tasas de esta neoplasia han disminuido en el país gracias a los mensajes de salud bien planificados y ejecutados. Aun así, hay algunos indicios de que puede haber un aumento en ciertos grupos de menor edad, de modo que ha llegado el momento de aplicar nuevas estrategias.» En la actualidad, los anuncios australianos están aplicando tácticas intimidatorias, como por ejemplo mostrar la extirpación quirúrgica de un melanoma en la espalda de una joven de 22 años o un anuncio en el periódico que muestra el cadáver de un hombre con unos lunares en el pecho que forman el perímetro de una pistola e invita a los lectores a enlazar los puntos para descifrar el mensaje: «No hacerte examinar los lunares puede ser un suicidio».

Las experiencias brasileña y australiana demuestran que la campaña nacional aliada con los medios de comunicación es un instrumento esencial de la lucha contra el cáncer de piel.

En nuestro país, el cáncer de piel ocupa el segundo lugar en frecuencia y aunque hace algunos años, era común en personas mayores de 50 años, hoy, debido a la mayor exposición que se tiene al sol y la costumbre de asistir a camas de bronceado, es posible observar la enfermedad en personas que cursan la tercera década e incluso desde los 18 años de edad, con los grandes costos que esto implica.

Respecto de los costos que genera esta enfermedad, la FMD estima que en el sector privado el tratamiento para un cáncer de piel tipo Melanoma, puede costar hasta 500 mil pesos al año (debido a que es más peligroso y complejo para tratar), pero si se diagnostica a tiempo, el costo se reduce entre 10 y 50 mil pesos.

Dicha estimación económica se fundamenta en los costos de la terapia, que incluye quimioterapia y medicamentos para mitigar los efectos secundarios comunes asociados con el tratamiento; además, de las inversión en transporte que el paciente empleará al centro hospitalario y que incluso puede englobar el precio de hoteles u otro alojamiento en caso de ser necesario.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de piel es el más frecuente en los seres humanos, pues cada año se diagnostican dos millones de nuevos casos en el mundo. En México esta enfermedad ocupa el primer lugar de incidencia entre los hombres y el tercero entre las mujeres, ello debido principalmente a la falta de hábitos de protección solar de la piel.

Un estudio realizado por la FMD arrojó que en un día de actividades recreativas (durante el fin de semana o las vacaciones), el 36% de los pacientes atendidos tienen la costumbre de permanecer expuestos al sol durante más de dos horas; el 48% se expone al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde; sólo 28% de la población tiene el hábito de aplicarse un bloqueador solar; y durante un día de exposición solar, solo el 8% tiene la costumbre de aplicarse bloqueador más de dos veces al día.De ahí la urgencia de impulsar una cultura de la prevención, con el uso de bloqueador, gorros, sombreros y ropa que cubra las extremidades, entre otras medidas de protección de radiación solar.

Por su localización geográfica México es un país que recibe dosis elevadas de radiación UV la mayor parte del año, por ello es necesario que las autoridades mexicanas inicien Campañas Nacionales de información sobre el Cáncer de piel, como en otros países donde se tiene la conciencia de que esta enfermedad es un problema de salubridad general, y por ende se requiere de políticas públicas enfocadas principalmente en la prevención de los efectos negativos de la exposición solar en la población.

Urgen las acciones nacionales encaminadas al fomento de hábitos de protección a la radiación solar en todos los grupos de población pero principalmente en los niños y adolescentes como una estrategia para disminuir la alta incidencia del cáncer de piel en nuestro país, por lo que se propone que la prevención, atención y control del cáncer de piel provocado por la radiación solar sea considerado como materia de salubridad general dentro de la Ley General de Salud como parte de los efectos nocivos de los factores ambientales de la salud humana.

Con esto se espera que tanto las autoridades federales como locales en materia de salud en sus respectivos ámbitos de competencia formulen programas de prevención del cáncer de piel.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción XIII Bis al artículo 3o. y se reforma la fracción I Bis del artículo 119 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- …

I. … a XIII. …

XIII Bis. La prevención y el control del cáncer de piel provocado por la radiación ultravioleta.

XIV. … a XXVIII. …

Artículo 119. …

I.

I Bis. Formular programas para la prevención, atención y control de los efectos nocivos del ambiente en la salud que consideren, entre otros, aspectos del la radiación ultravioleta y el cambio climático.

II. … a IV….

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República,
el 27 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.

1 Cáncer, Organización Mundial de la Salud, http://www.who.int/cancer/prevention/es/

2 ¿Qué es la radiación ultravioleta?, American CancerSociety.

3 De Australia a Brasil, los amantes de broncearse al sol deben tener cuidado, Organización Mundial de la Salud,  http://www.who.int/bulletin/volumes/87/8/09-030809/es/





 

Del Senador Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social y el artículo 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que se turnan a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 201 Y 205 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y EL ARTÍCULO 196, FRACCIÓN IV DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Presentada por el Senador Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del PRI)

ENRIQUE BURGOS GARCÍA, Senador de la República del Honorable Congreso de la Unión a la LXIII Legislatura Federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, párrafo 1, fracción I, 164, párrafo 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta H. Cámara de Senadores para efecto del proceso legislativo ordinario, la presente INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 201 Y 205 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, Y EL ARTÍCULO 196, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, en materia del servicio de guardería para los hijos de trabajadores varones, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hoy la igualdad entre los géneros demanda que ese principio sea una realidad genuina y cotidiana. Muchas personas han luchado en los últimos tiempos por el objetivo de que las mujeres alcancen no sólo los mismos derechos que los hombres en el orden jurídico, sino en términos de su disfrute efectivo. Reconocemos esa lucha y que la misma se encuentra inacabada, pero en un trayecto de buen éxito.

Lo anterior no impide que se observen algunos espacios de nuestro orden jurídico en los que también se requiere, primero el reconocimiento en la norma y luego su implementación efectiva, el acceso a determinadas prerrogativas de personas del sexo masculino, que en razón del diseño de esas normas están excluidos de sus beneficios por su condición de varones.

Esta iniciativa se enfoca de manera particular a la revisión del acceso de los trabajadores varones al servicio de guardería para sus hijos en las instituciones de seguridad social de nuestro país, particularmente las que se desprenden para los trabajadores que ven regidas sus relaciones laborales por el apartado A y por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Hoy el servicio de guardería para los trabajadores del apartado A del artículo 123 Constitucional, se brinda a los hijos de las madres trabajadoras y a los hijos de los padres trabajadores que tengan la condición de viudos o a quienes se les haya conferido la custodia de sus hijos menores de edad por determinación judicial. Es menester considerar el acceso a dicho servicio, sin ceñirse a las dos condiciones referidas, para los hijos de los padres trabajadores.

Al respecto, resulta pertinente citar dos previsiones relevantes de nuestra Ley Fundamental aplicables a esta materia. Así, en el párrafo quinto del artículo 1º Constitucional se dispone lo siguiente:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Por otro lado, en el primer párrafo del artículo 4º Constitucional se dispone lo siguiente:

El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y desarrollo de la familia.”

Realizamos las citas anteriores porque recogen puntualmente el espíritu que campea en nuestra Norma Suprema con relación al principio de igualdad entre los géneros, prohibiéndose cualquier distinción motivada por el género o por el estado civil de las personas que pudieran atentar contra su dignidad humana y esté dirigida a menoscabar sus derechos como tales.

Como es ampliamente conocido por esta H. Asamblea, en el artículo 123 Constitucional se establecen los sustentos de los sistemas de seguridad social para los trabajadores que rigen su relación laboral por el apartado A o por el apartado B de ese precepto. En efecto, en el ordenamiento supremo se señala lo siguiente:

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo, conforme a la ley.

“El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de manera general, todo contrato de trabajo:

“I. a XXVIII. …

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.”

“XXX. y XXXI. …

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

“I. a X. …

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

“a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

“b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

“d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.

“e) Se establecerán centros de vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.

“f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por otros conceptos.

“Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se distrae citado fondo se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos.

“XII. a XIV. …”

Es de reconocerse que conforme a lo dispuesto por el artículo 123 Constitucional, si bien en el apartado A no se establece distingo alguno en virtud del género para tener acceso al servicio de guarderías en el sistema de seguridad social, en el apartado B se hace el señalamiento del acceso a la prestación para las mujeres trabajadoras.

Sin embargo, esta última circunstancia no es óbice para mencionar que lo dispuesto por la fracción XI del apartado B de dicho precepto Constitucional se refiere específicamente al establecimiento de “bases mínimas” para la organización de la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado. Es decir, que la consideración de la legislación secundaria puede, a partir de ellas, establecer nuevas disposiciones dentro del espíritu de la Norma Suprema.

Hechos los señalamientos anteriores, corresponde ahora traer a la consideración de esta Honorable Asamblea las previsiones hoy vigentes en la Ley del Seguro Social y en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia del servicio de guarderías.

Así, en la Ley del Seguro Social, se establecen las siguientes disposiciones relevantes. La primera se ubica en el Capítulo I del Título Segundo, denominado “Del Régimen Obligatorio”, y las dos siguientes forman parte de la Sección Primera, denominada “Del Ramo de Guarderías” del Capítulo VII, intitulado “del Seguro de Guarderías y de las Prestaciones Sociales”:

“Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de:

“I. a IV. …

“V. Guarderías y prestaciones sociales.”

“Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

“Este beneficio se podrá extender a los asegurados que por resolución judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor, siempre y cuando estén vigentes en sus derechos ante el Instituto y no puedan proporcionar la atención y cuidados al menor.

“El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y vespertino pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna.”

“Artículo 205. Las madres aseguradas, los viudos, divorciados o los que judicialmente conserven la custodia de sus hijos, mientras no contraigan nuevamente matrimonio o se unan en concubinato, tendrán derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta Ley y en el reglamento relativo.

“El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y vespertino, pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna.”

Por su parte, en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se establecen las siguientes disposiciones relevantes. La primera se ubica en el Título Primero, denominado “De las Disposiciones Generales” y la segunda y la tercera se ubican en el Capítulo X, titulado “De los Servicios Sociales y Culturales” de su Título Segundo, denominado “Del Régimen Obligatorio”:

“Artículo 4. Se establecen con carácter obligatorio las siguientes prestaciones y servicios:

“I. y II. …

“III. Servicios sociales, consistentes en:

“a) a c) …

“d) Servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil;

“IV. …”

“Artículo 195. El Instituto atenderá de acuerdo con esta Ley a las necesidades básicas del Trabajador y su familia a través de la prestación de servicios que contribuyan al apoyo asistencial, a la protección del poder adquisitivo de sus salarios, con orientación hacia patrones racionales y sanos de consumo.”

“Artículo 196. Para los efectos del artículo anterior, el Instituto, de acuerdo con las posibilidades financieras del Fondo de servicios sociales y culturales, proporcionará a precios módicos los servicios sociales siguientes:

“I. a III. …

“IV. Servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil, y

“V. …”

Toda vez que en el último de los ordenamientos invocados no se hace referencia específica al servicio de guarderías, se estima pertinente hacer mención del vigente Reglamento de los Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aprobado mediante Acuerdo 44.1331.2012 de su Junta Directiva, en cuyo artículo 1 se contiene su objeto, el cual es “regular los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil de conformidad con lo previsto en los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso c) de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos y 4, fracción III, inciso d), 196, fracción IV, y 199 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y demás disposiciones jurídicas aplicables.”

Al efecto, en el artículo 4 de este Reglamento se establece que el servicio en cuestión se prestará por el Instituto a través de la estancia, estancia contratada y servicios a través de organizaciones de la sociedad civil, a fin de brindar una formación integral enmarcada en un sistema inclusivo e igualitario, que salvaguarde en todo momento el interés superior de los niños y las niñas. En lo que atañe a esta iniciativa de Decreto, se estima relevante citar de manera expresa lo que refiere la fracción XIX del artículo 2 del Reglamento, en el sentido de que se entiende como personas beneficiarias, a:

“Las madres trabajadoras y, por excepción, los padres trabajadores que se hayan divorciado, queden viudos o que por cualquier otra circunstancia tengan a su exclusivo cargo la custodia legal del niño o la niña, siempre que lo acrediten en términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.

De la transcripción que se ha realizado de las disposiciones de la Ley del Seguro Social, podemos desprender que se ha establecido una distinción entre las madres trabajadores y los padres trabajadores, con relación al acceso de sus hijos o hijas al servicio de guardería, pues en tanto para la mujer trabajadora no existe mayor señalamiento que la imposibilidad de proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, para los hombres trabajadores se requiere que sean viudos, divorciados o titulares judicialmente de la custodia de sus hijos, o adicionalmente que se haya determinado por mandato judicial que tienen el ejercicio de la patria potestad y la custodia de un menor.

Esta distinción se estima incompatible con las previsiones expresas de nuestra Constitución que ya se han citado, así como contrarias a su espíritu.

Ahora bien, por lo que toca a disposición vigente en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, si bien la previsión constitucional aplicable se refiere a las madres trabajadoras, dicha Ley no contiene previsión específica en torno a la organización del servicio de guarderías o servicio de atención para el bienestar y desarrollo infantil, ni con relación al acceso de las y los trabajadores al mismo. Dicha determinación está presente en el Reglamento de los Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el cual también está presente la distinción en el acceso a la prestación para los hijos o hijas de las madres trabajadoras y de los padres trabajadores; estos últimos pueden solicitar el servicio para un menor de edad -por excepción- si se trata de divorciados, viudos o titulares de la custodia legal de un menor de edad en su primera infancia.

Como ha podido observarse, las disposiciones legales de nuestros sistemas de seguridad social derivados de los apartados A y B del artículo 123 constitucional, excluyen a los trabajadores derechohabientes del servicio de guardería para sus hijas e hijos menores de edad, salvo en las condiciones específicas ya referidas. Esto implica una disminución en el acceso normativo a la protección de la familia y al principio del interés superior del menor.

Adicionalmente, establece una presunción en el sentido de que las esposas de los padres trabajadores que no sean viudos, divorciados o tengan a su cargo -por mandato judicial- la custodia de sus hijas o hijos durante su primer infancia, deberán dedicarse necesariamente atender el cuidado de dichos menores de edad.

En este orden de ideas, es pertinente citar la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), ratificada por nuestro país el 23 de marzo de 1981, en cuyo artículo 11, párrafo 2, se dispone lo siguiente:

“Artículo 11. …

“2. Los Estados Partes adoptarán las medidas adecuadas para fomentar la provisión de los servicios sociales de apoyo necesarios que permitan a los padres combinar las obligaciones familiares con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente promoviendo la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños.”

Del párrafo transcrito se advierte que el Estado Mexicano se ha comprometido a adoptar medidas que permitan armonizar los ámbitos familiar y laboral, mencionándose de manera expresa a “los padres” y no solamente a las madres trabajadoras, reconociéndose así la responsabilidad de ambos sexos en el ámbito familiar, como una expresión de la igualdad entre los géneros.

Hoy es evidente que han quedado atrás los tiempos en los cuales el trabajador era el único proveedor de la familia. Ahora es más frecuente que tanto hombres como mujeres realicen actividades laborales para contribuir al sustento y beneficio de sus hogares, pues en las más de las ocasiones no basta con que uno sólo de los cónyuges sea económicamente activo. En esta tesitura, resulta un aliciente poder contar con el servicio de guardería para los menores de edad en su primera infancia. En ocasiones, puede suceder que sólo uno de los padres disfrute de los beneficios de la seguridad social y, por tanto, pueda hacer ejercicio de ese derecho. En ello, estimo, radica la importancia de expandir el derecho al servicio de guardería para todos los hombres trabajadores, sin establecer condicionamientos a que sean viudos, divorciados o detenten judicialmente la custodia de los menores.

En el México actual muchas madres se han integrado a la población económicamente activa, sea por sus legítimas aspiraciones de desarrollo personal y profesional, por fortalecer los ingresos del núcleo familiar o por cualquier otra razón. No podemos desconocer que en muchos casos, se trata de empleos que no traen aparejado el acceso a algún sistema de seguridad social, pues algunos se encuentran en la llamada economía informal y otros constituyen esfuerzos de autoempleo. En estos casos, la realidad es que la mujer trabajadora no accede al seguro de guardería. La posibilidad de reconocer ese derecho a todos los hombres trabajadores puede coadyuvar al bienestar de muchas familias.

Los cuidados infantiles no solamente aportan bienestar para las familias, sino que la correcta estructuración de las políticas públicas en todo este tema también puede redituar beneficios a la sociedad, como se menciona en análisis efectuados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), dado que sin la prestación del servicio de guardería, los padres de familia encuentran mayor dificultad para participar en actividades de la población económicamente activa, lo que puede reflejarse en mayor gasto en prestaciones sociales, disminución de ingresos fiscales, menor crecimiento y desperdicio de recursos humanos.

Por otro lado, deseo referir que la discriminación implícita para los trabajadores de nuestro Senado la República, con relación a la prestación del servicio de guardería que se da a las trabajadoras de esta Cámara, motivó la emisión de una Tesis Aislada de Jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito en la actual Décima Época, bajo el registro: 2004128, del rubro y tenor siguientes:

“TRABAJADORES OPERATIVOS DE BASE DE LA CÁMARA DE SENADORES. LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES A ÉSTOS, ASÍ COMO LOS LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL APOYO ECONÓMICO PARA EL SERVICIO DE GUARDERÍA, EDUCACIÓN ESPECIAL Y/O CUIDADOS DEL MENOR, AL ESTABLECER UN TRATO DESIGUAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES, VIOLAN EL DERECHO A LA IGUALDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

“La reglas para otorgar prestaciones a los trabajadores operativos de base de la Cámara de Senadores, así como los lineamientos que regulan el apoyo económico para el servicio de guardería, educación especial y/o cuidados del menor, violan el derecho a la igualdad previsto en el artículo 4º de la Constitución General de la República, pues establecen, entre otras cuestiones, que las madres trabajadoras de base de la referida Cámara, tendrán derecho a la prestación del Servicio del Centro Infantil o al otorgamiento de un apoyo económico para guardería externa y, que se aceptará la inscripción de los hijos de padres trabajadores que presten sus servicios en dicha institución, cuando su estado civil sea de divorciado, soltero o viudo y acrediten haber obtenido la custodia de sus hijos, situación que implica un trato desigual entre el hombre y la mujer, ya que las aludidas reglas generan un derecho a favor de la madre por su sola condición de mujer y, únicamente, por excepción, ese derecho corresponde al padre. En estos casos, la autoridad responsable no sólo debe respetar la igualdad entre el hombre la mujer consagrada en el citado artículo 4º, sino también el interés superior del menor, buscando lo que menos le perjudique y ponderando sus necesidades en materia de educación y ayuda escolar.

“PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA  ENEL DISTRITO FEDERAL.

“Amparo directo 15 38/2012 (cuaderno auxiliar 270/2013). Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 8 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Villeda Ayala. Secretario: Juan Luis Morales Castro.”

Como se observa de la tesis transcrita, en el ámbito de nuestro Poder Judicial de la Federación se establece un importante precedente en la materia, pues se señala que esta prestación que se otorga únicamente a las mujeres trabajadoras, resulta contraria al derecho a la igualdad entre los géneros previsto en el artículo 4º de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos. Ese criterio judicial constituye un elemento adicional para impulsar la modificación que se plantea a los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social y a la fracción IV del artículo 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Por otro lado, no pasa inadvertido al suscrito que el planteamiento contenido en la presente iniciativa tiene implicaciones en la disposición de recursos que sustentan los servicios de guarderías de los sistemas de seguridad social a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con base en las aportaciones que previene sus respectivos ordenamientos legales rectores.

En ese sentido y de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, estoy cierto de que en su oportunidad las Comisiones Dictaminadoras competentes solicitarán al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados la valoración del impacto presupuestario y, si así lo estiman conveniente, la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la elaboración del proyecto de dictamen.

Es precisamente en ese orden de consideraciones que la iniciativa plantea un régimen transitorio que difiere la entrada en vigor de la reforma planteada a los 365 días posteriores a la publicación del Decreto correspondiente, a fin de que las instituciones a cargo de su ejecución tengan oportunidad de realizar los estudios y cálculos que les corresponden, sobre la base de que a la luz de las previsiones de nuestra Constitución, el derecho al servicio de guarderías debe corresponder también a los hombres trabajadores, sin ninguna distinción discriminatoria.

En virtud de lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esa Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 201 Y 205 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN MATERIA DEL SERVICIO DE GUARDERÍA PARA LOS TRABAJADORES.

Artículo Primero.- Se reforman el primer párrafo del artículo 201 y el primer párrafo del artículo 205 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo a los trabajadores y las trabajadoras derechohabientes de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera instancia, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

Artículo 205. Las trabajadoras y los trabajadores derechohabientes tendrán derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta Ley y en el reglamento relativo.

Artículo Segundo.- Se reforma la fracción IV del artículo 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 196.

I. a III.

IV. Servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil.

Este servicio se prestará a las madres trabajadoras y a los padres trabajadores, en los términos del Reglamento respectivo.

V.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto se publicará en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor a los 365 días siguientes de su publicación.

Artículo Segundo.- Durante los 120 días posteriores a la publicación del presente Decreto, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado realizarán los estudios y cálculos inherentes a la demanda y costos financieros de la prestación del servicio de guardería o de atención para el bienestar y desarrollo infantil a que se refieren las leyes que los rigen, y formularán los planteamientos y previsiones necesarios para el cumplimiento del mismo al momento de su entrada en vigor.

Artículo Tercero.- La Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado revisará el Reglamento de los Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil a la luz del contenido del presente Decreto y dispondrá que las modificaciones necesarias entren en vigor el día referido en el Artículo Primero Transitorio.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 27 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Enrique Burgos García.





 

De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Manuel Bartlett Díaz, Miguel Barbosa Huerta, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, María del Pilar Ortega Martínez, Marcela Torres Peimbert, Silvia Guadalupe Garza Galván, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Héctor David Flores Ávalos, Jorge Luis Lavalle Maury, Fernando Yunes Márquez y Juan Gerardo Flores Ramírez, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, que se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

(Presentada por los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Manuel Bartlett Díaz, Miguel Barbosa Huerta, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Ernesto Cordero Arroyo, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, María del Pilar Ortega Martínez, Marcela Torres Peimbert, Silvia Guadalupe Garza Galván, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Héctor David Flores Ávalos, Jorge Luis Lavalle Maury, Fernando Yunes Márquez y Juan Gerardo Flores Ramírez)

Los suscritos, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, MANUEL BARTLETT DÍAZ, LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, ERNESTO RUFFO APPEL, ERNESTO CORDERO ARROYO, DANIEL ÁVILA RUIZ, PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, MARCELA TORRES PEIMBERT, SILVIA GARZA GALVÁN, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, HÉCTOR FLORES ÁVALOS, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ y GERARDO FLORES de distintos grupos parlamentarios de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Servicio Exterior Mexicano es el cuerpo diplomático facultado por el Estado mexicano para instrumentar la Política Exterior de nuestro país y está compuesto por Embajadores, Cónsules, Ministros, Consejeros, Secretarios y Personal Administrativo sujetos a las decisiones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entre sus acciones están promover y salvaguardar los intereses nacionales ante los estados extranjeros; proteger la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero; velar por el prestigio del país en el exterior; promover el conocimiento de la cultura nacional en el exterior; y coadyuvar a la mejor inserción económica de México en el mundo. Sin embargo parecería que la prioridad en los últimos años ha sido el cuidado y protección de los migrantes   mexicanos dejando en segundo plano la promoción de los intereses y el prestigio de nuestro país.

La imagen de nuestro país en el mundo es voluble y se ajusta a la coyuntura, por ejemplo; después de la Independencia se veía una nación débil a la cual se podía intimidar y hasta saquear; al término de la Revolución teníamos un país frágil económica, política y socialmente; con el milagro mexicano de la posguerra la percepción mejoró por el crecimiento sostenido en la mitad del Siglo XX; inmediatamente la inestabilidad económica y la falta de democracia fueron los símbolos de las últimas décadas hasta el año 2000; con la alternancia se procuró modificar el tono de las decisiones en materia de Política Exterior acorde con la nueva dinámica política, pero la violencia del crimen organizado empañaron los esfuerzos por construir la imagen de una nación moderna. Hoy la corrupción y la impunidad estigmatizan a México a pesar de tener el potencial de convertirse en una de las grandes naciones del Siglo XXI.

En los últimos meses la percepción de nuestro país ha caído, por la falta de una estrategia y rumbo definido, el retraso en implementar cambios en materia de política exterior y por las diatribas en el proceso electoral en Estados Unidos. Esta situación da como resultado que algunos dichos difamatorios y xenófobos de actores clave en el extranjero se propaguen fácilmente y se impregnen en el discurso público, con el potencial de orientar a la sociedad y a los tomadores de decisiones en contra de los intereses de nuestro país.

El pasado 5 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que el Embajador Miguel Basáñez dejaría la representación de México en Washington y en su lugar quedaría quien en ese momentos e desempeñaba como Cónsul en Los Ángeles, Carlos Manuel Sada, además se hizo público que el Subsecretario para América del Norte, Carlos Pérez Verdia dejaría su lugar a Paulo Carreño, coordinador de Marca País y medios internacionales de la Presidencia de la República. En ambos casos el objetivo de la Cancillería es: “implementar una estrategia de comunicación, relaciones públicas, contacto con comunidades y promoción de México en Estados Unidos para combatir expresiones xenófobas con datos duros e información”.

La sociedad de nuestro país no sólo está atenta a la protección de los derechos humanos de nuestros connacionales, también desea que nuestra nación tenga más influencia, por ejemplo: el 61% de los mexicanos piensa que tener una participación activa en asuntos mundiales es mejor para el futuro de México; el 51% piensa que el comercio debe utilizarse para que nuestra país incremente su influencia en el mundo; el 66% está a favor de invertir más recursos en abrir Embajadas y Consulados; el 65% está a favor de aumentar nuestra participación en organismos internacionales; el 81% está de acuerdo en que haya más caminos y puentes que nos conecten con las regiones de América del Norte y América Latina para fomentar la integración; y más del 60% cree que la inversión extranjera y el comercio son benéficos para la economía mexicana.

Actualmente México tiene 81 Embajadas, 67 Consulados y 7 Misiones Permanentes ante organismos internacionales en el mundo, colocándose como una de las naciones con más representaciones a nivel global, es por ello que esta propuesta busca que el brazo diplomático de nuestros país tenga un mayor impacto y en consecuencia resultados que mejoren la imagen de México en el exterior.

En el cuadro a continuación se detalla las modificaciones que dan cuenta de la propuesta de modificación en la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Dice

Debe decir

ARTÍCULO 2.-  Corresponde al Servicio Exterior:

I. al V. …

VI. Velar por el prestigio del país en el exterior;

 

VII. al VIII. …

IX. Recabar en el extranjero la información que pueda ser de interés para México, y difundir en el exterior información que contribuya a un mejor conocimiento de la realidad nacional;

ARTÍCULO 2.-  Corresponde al Servicio Exterior:

I. al V. …

VI. Ejercer su influencia con actores locales, públicos, privado, legisladores y en la sociedad civil para fortalecer el prestigio del país en el exterior;
VII. al VIII. …

IX. Recabar en el extranjero la información que pueda ser de interés para México, y asegurarse de difundir en el exterior información que contribuya a un mejor conocimiento de la realidad nacional y refleje una imagen positiva;

X. Responder oportuna y eficazmente ante coyunturas adversas a los intereses de México.

ARTÍCULO 44.- Corresponde a los jefes de oficinas consulares:

I. al VII. …

 

 

ARTÍCULO 44.- Corresponde a los jefes de oficinas consulares:

I. al VII. …

VIII. Promover en el discurso público los intereses y una imagen positiva de México.

México no solo tiene la capacidad para incidir con mayor firmeza en otras naciones en beneficio de los intereses de nuestra sociedad, también tiene la obligación de influir en las condiciones en las que millones de mexicanos en el extranjero viven.

Hoy no hay un lugar en el mundo en donde no haya mexicanos, incluso desafortunadamente en los últimos atentados ha habido víctimas mexicanas; Túnez, Egipto, Paris y Bruselas son pruebas de la pertinencia de que exista una representación cerca de connacionales, no solo para atender las primeras necesidades, sino también para fomentar un mejor ambiente político, social y económico en las naciones donde los nuestros compatriotas viven.

Para Ana María Salazar la Política Exterior debe ser pragmática, “defender los intereses del estado mexicano y de sus ciudadanos”. Para Gabriel Guerra Castellanos “debe representar el avance y el fortalecimiento del país y representar en todo momento el interés nacional”; y Luis de la Calle dice que “el principal objetivo de las relaciones exteriores debe ser el desarrollo del país”. En todos los casos se vislumbra un México con la oportunidad de convertirse en una potencia mundial por su localización geográfica, demografía, recursos naturales, participación en organismos internacionales y su integración regional.

La diplomacia activa del Estado Mexicano históricamente ha dados buenos resultados a nuestros connacionales y a la sociedad mundial, solo véanse los siguientes casos:

Defensa de Etiopia.

Nuestro país se manifestó abiertamente en contra de la invasión italiana, El representante de México ante la Organización de Naciones Unidas en ese entonces, Isidro Fabela, manifestó su rechazo a las acciones “imperialistas” de la potencia en contra del país africano.

Guerra Civil Española.

El gobierno de Lázaro Cárdenas abrió las fronteras de nuestro país a los españoles que huían de la guerra civil en España, salvando miles de vidas y promoviendo el crecimiento de México con la llegada de talento en todas las áreas.

Visado mexicano en la Segunda Guerra Mundial.

En 1938 el Embajador de México en Francia, Gilberto Bosques, es pieza fundamental para salvar la vida de alrededor de 30 mil refugiados entre 1938 y 1942, entre ellos judíos y cientos de alemanes del genocidio nazi.

TLCAN.

El acercamiento, negociación, firma y ratificación, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, impulsó a México a abandonar la resistencia a participar en los procesos de decisión internos de Estados Unidos y Canadá, para emprender una muy intensa y exitosa campaña de cabildeo en Washington.

La Política Exterior tiene como brazos ejecutores a sus misiones diplomáticas (Embajadas y Consulados) y estos deben ejercer una influencia más profunda en las naciones donde se encuentran, superando la primera necesidad que significa la protección de nuestros connacionales legales e ilegales, la promoción cultural y la proyección turística para avanzar en el empoderamiento.

México con la estrategia adecuada a través de sus representaciones debe ser capaz de incrementar el prestigio del país, asegurar que en el discurso público se refleje una imagen positiva y reaccionar oportunamente antes las adversidades. Es insuficiente para el peso específico de nuestra nación que solo se dediquen a los trámites burocráticos, ya que pueden ser quienes llenen el vacío informativo en el debate mundial sobre nuestro país y coadyuvar en la importante tarea de la promoción de la nación en beneficio de nuestra sociedad.

Desde la Ley del Servicio Exterior Mexicano integrando los elementos propuestos en la presente iniciativa, alejamos el riesgo de seguir escuchando señalamientos ofensivos, denigrantes y xenófobos como los recibidos en los últimos meses con las expresiones de Donald Trump, evitándonos el costo de que decaiga aún más la percepción que se tiene de nosotros, entre algunos sectores de la sociedad internacional.

Según el estudio American’s views toward Mexico Miradas de los estadounidenses sobre México, elaborado por el Chicago Council on Global Affairs y el Woodrow Wilson Center, en 2013 la percepción sobre nuestro país arrojó el punto más bajo en las opiniones de los estadounidenses sobre una nación desde 1994, la encuesta preguntó el sentir de la población respecto a diversas naciones en una escala de 0 a 100, donde 0 responde a un sentimiento desfavorable o muy frío, 50 a uno neutral y 100 a un sentimiento favorable y cálido. México recibió una puntuación de 43 en ese termómetro. A nivel mundial no gozamos de la mejor imagen, ya que en 2014 The Anholt-GfK Roper Nation Brands Index realizó un estudio en donde de cincuenta naciones analizadas, México estaba en el lugar 31, siendo el campo político o de gobierno el más perjudicial para su imagen, seguido de la percepción de sus exportaciones y el de oportunidades para inversión.

Según el ranking Marca País 2015 de la consultora Future Brand, actualmente México se ubica en el lugar 55, perdiendo cuatro lugares con respecto a la posición en la medición de 2014, incluso por debajo de naciones como Perú, Chile,  Brasil, Puerto Rico, Costa Rica y Panamá. De acuerdo a la misma fuente cuando se califica a un país los encuestados valoran la posibilidad de visitarlo y hacer negocios frente a otros, “por esto decimos que la gente tiene una percepción del país más fuerte que el promedio en seis dimensiones relacionadas con ‘estatus’ y ‘experiencia’. En otras palabras, lo perciben igual de fuerte en aspectos relacionados con calidad de vida, valores y empresas que en su cultura, historia, turismo y sello ‘Made in’.”

La imagen y percepción de nuestro nación es tan importante como la protección de los mexicanos fuera de las fronteras, y aunque el mensaje al exterior depende en gran medida de los resultados de política interna, la diplomacia tiene la obligación de instrumentar medidas más contundentes para prevenir, influir y en su caso revertir escenarios desfavorables a los intereses de la sociedad. Entendiendo que una percepción positiva de México y su población da como resultado:

• Buen trato a nuestros connacionales.

• Acercamiento entre las sociedades.

• Incremento de las inversiones recíprocas.

• Colaboración profunda.

• Alianzas políticas.

• Mayor circulación de personas y productos.

• Integración regional.

Brasil es un caso que representa los polos opuestos de la percepción, por un lado durante el mandato de Luiz Inácio Lula da Silva se experimentó un crecimiento importante derivado de la demanda de materias primas y de la producción de petróleo, en ese momento la imagen de la nación sudamericana se encontró en su punto más alto, incluso logró conseguir las sedes para organizar la Copa Mundial de Fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos para este año, sin embargo el día de hoy la situación es contraria consecuencia de la corrupción y ante la posibilidad de un juicio político en contra de Dilma Rousseff. En ambos escenarios el país es fundamentalmente el mismo, pero es destacable la estrategia diplomática que supo vender positivamente a los brasileños en el mundo hace una década.

Cuando se tiene una imagen negativa de una nación y de su población inevitablemente se crean reticencias y en el peor de los casos acciones discriminatorias. Las naciones de Medio Oriente, África, algunas de Asia y de América Latina son ejemplos de como a lo largo de la historia la percepción incide en la acción entre personas y entre países por lo tanto es fundamental que nuestra diplomacia vigile con mayor tenacidad ese aspecto.

Desde hace un par de décadas resulta impostergable replantear nuestra manera de ver el mundo, de nuestro papel en él y de las definiciones en política exterior, para que nuestras representaciones tengan una mayor actividad participando decididamente a favor de los intereses de México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO UNICO. Se reforma la fracción VI, IX y se adiciona la X del artículo 2, asimismo se adiciona la fracción VIII del artículo 44, todas de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 2.-  Corresponde al Servicio Exterior:

I. al V. …

VI. Ejercer su influencia con actores locales, públicos, privados, legisladores y en la sociedad civil para fortalecer el prestigio del país en el exterior;

VII. al VIII. …

IX. Recabar en el extranjero la información que pueda ser de interés para México, y asegurarse de difundir en el exterior información que contribuya a un mejor conocimiento de la realidad nacional y refleje una imagen positiva;

X. Responder oportuna y eficazmente ante coyunturas adversas a los intereses de México.

ARTÍCULO 44.- Corresponde a los jefes de oficinas consulares:

I. al VII. …

VIII. Promover en el discurso público los intereses y una imagen positiva de México.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal deberá reformar el Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano para adecuarlo a las disposiciones de este Decreto en un plazo no mayor a 150 días posteriores a su entrada en vigor.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 27 de abril de 2016.

Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Manuel Bartlett Díaz.- Sen. Miguel Barbosa Huerta.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo.- Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Héctor David Flores Ávalos.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Fernando Yunes Márquez.- Sen. Juan Gerardo Gerardo Flores.

Son todas las iniciativas, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria.

Esta Presidencia ratifica los turnos que ha leído la Secretaría. Las comisiones recibirán las notificaciones que formalicen los turnos.





 

En otro apartado del Orden del Día tenemos dictámenes para primera lectura.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con ellos.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura:

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, adoptado en la ciudad de Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014.

PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL ACUERDO DE MARRAKECH POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, ADOPTADO EN LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA, EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014

(Dictamen de primera lectura)







 

De las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 55 del Código Civil Federal y se reforma el segundo párrafo del artículo 389 Bis de la Ley General de Salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 389 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA
ADOLESCENCIA; DE SALUD; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Salud; y de Estudios Legislativos, de la Honorable Cámara de Senadores, de la LXII Legislatura, les fue turnada para su análisis y dictamen la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 55 del Código Civil Federal, 230 del Código Penal Federal y 389 bis de la Ley General de Salud.

Las Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 135, 136, 137, 178, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 191 y 192 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la siguiente:

METODOLOGÍA

Las Comisiones responsables del análisis y dictamen de la minuta que nos ocupa, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe

I. En el capítulo denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite legislativo dado a la minuta referida.

II. En el apartado titulado “Contenido de la Minuta” se hace una breve referencia de las motivaciones y alcances de la misma.

III. En la parte de “Consideraciones”, las y los integrantes de las Comisiones Unidas expresan los argumentos y razones con los cuales se sustenta el sentido del presente.

I. ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada el 14 de octubre de 2014, el Diputado David Pérez Tejada Padilla, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 55 del Código Civil Federal y 230 del Código Penal Federal, siendo turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen correspondiente. Posteriormente, el 26 de noviembre de 2014, en términos del artículo 83 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el iniciador presentó una adenda a la iniciativa de mérito, que incluía reforma al segundo párrafo del artículo 389 bis de la Ley General de Salud.

2. Con fecha 28 de abril de 2015, fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el Dictamen de la iniciativa referida en el numeral que antecede, siendo remitido a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

3. Con fecha 29 de abril de 2015, en sesión plenaria del Senado de la República se recibió la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 55 del Código Civil Federal, 230 del Código Penal Federal y 389 bis de la Ley General de Salud.

4. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla, mediante oficio número DGPL-2P3A.-4484, a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, para su estudio y resolución.

5. Con fecha 30 de abril de 2015, la Mesa Directiva del H. Senado de la República, mediante oficio DGPL-2P3A.-4593, acordó ampliar e turno del proyecto de Decreto en comento, para quedar turnado a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondientes.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

En la minuta, objeto del presente dictamen, se propone la imposición de las sanciones administrativas previstas en el artículo 417 de la Ley General de Salud -esto es, amonestación, multa, clausura temporal o definitiva, parcial o total, incluso arresto hasta por 36 horas- a:

• Directores o encargados de la administración de sanatorios particulares o del Estado, donde se haya registrado el parto, que omitan hacer las declaratorias de nacimiento correspondientes ante el juez del Registro Civil.

• Profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria competente  que nieguen la expedición o entrega del certificado de nacimiento o de cualquier otro documento que permita el registro del menor ante la autoridad civil.

Al respecto se formula la siguiente reforma normativa:

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

 

 

Código Civil Federal

 

 

Artículo Primero.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 55 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

 

 

Artículo 55.- Tienen obligación de declarar el nacimiento, el padre y la madre o cualquiera de ellos, a falta de éstos, los abuelos paternos y, en su defecto, los maternos, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que ocurrió aquél.

Artículo 55 (…)

Los médicos cirujanos o matronas que hubieren asistido al parto, tienen obligación de dar aviso del nacimiento al Juez del Registro Civil, dentro de las veinticuatro horas siguientes. La misma obligación tiene el jefe de familia en cuya casa haya tenido lugar el alumbramiento, si éste ocurrió fuera de la casa paterna.

(…)

Si el nacimiento tuviere lugar en un sanatorio particular o del Estado, la obligación a que se refiere el párrafo anterior, estará a cargo del Director o de la persona encargada de la administración.

Si el nacimiento tuviere lugar en un sanatorio particular o del Estado, la obligación a que se refiere el párrafo anterior, estará a cargo del Director o de la persona encargada de la administración. El incumplimiento a las obligaciones anteriores se sujetará a las sanciones administrativas establecidas en el artículo 417 de la Ley General de Salud.

Recibido el aviso, el Juez del Registro Civil tomará las medidas legales que sean necesarias a fin de que se levante el acta de nacimiento conforme a las disposiciones relativas.

(…)

 

 

Código Penal Federal

 

 

Artículo Segundo.- Se reforma la fracción II del artículo 230 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

 

 

Artículo 230.- Se impondrá prisión de tres meses a dos años, hasta cien días multas y suspensión de tres meses a un año a juicio del juzgador, a los directores, encargados o administradores de cualquier centro de salud, cuando incurran en alguno de los casos siguientes:

Artículo 230 (…)

I.- Impedir la salida de un paciente, cuando éste o sus familiares lo soliciten, aduciendo adeudos de cualquier índole;

I (…)

II.- Retener sin necesidad a un recién nacido, por los motivos a que se refiere la parte final de la fracción anterior;

II.- Retener sin necesidad a un recién nacido, por los motivos a que se refiere la parte final de la fracción anterior;

III.- Retardar o negar por cualquier motivo la entrega de un cadáver, excepto cuando se requiera orden de autoridad competente.

III (…)

La misma sanción se impondrá a los encargados o administradores de agencias funerarias que retarden o nieguen indebidamente la entrega de un cadáver, e igualmente a los encargados, empleados o dependientes de una farmacia, que al surtir una receta sustituyan la medicina, específicamente recetada por otra que cause daño o sea evidentemente inapropiada al padecimiento para el cual se prescribió.

(…)

Ley General de Salud

 

 

Artículo Tercero.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 389 Bis  de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

 

 

Artículo 389 Bis.- El certificado de nacimiento se expedirá para cada nacido vivo una vez comprobado el hecho. Para tales efectos, se entenderá por nacido vivo, al producto de la concepción expulsado o extraído de forma completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo, que después de dicha separación respire o dé cualquier otra señal de vida como frecuencia cardiaca, pulsaciones de cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta.

Artículo 389 Bis (…)

El certificado de nacimiento será expedido por profesionales de la medicina o personas autorizadas para ello por la autoridad sanitaria competente.

El certificado de nacimiento será expedido por profesionales de la medicina o personas autorizadas para ello por la autoridad sanitaria competente, sin que por motivo alguno éstos puedan negar la expedición o entrega del certificado de nacimiento o de cualquier otro documento que permita el registro del menor ante la autoridad civil competente. El incumplimiento a las obligaciones anteriores se sujetará a las sanciones establecidas en el artículo 417 de esta Ley.

 

Transitorio

 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Salud y de Estudios Legislativos, son competentes para emitir el dictamen correspondiente de la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 55 del Código Civil Federal, 230 del Código Penal Federal y 389 Bis de la Ley General de Salud.

SEGUNDA. Abocadas al análisis de las enmiendas contenidas en la minuta citada, las Comisiones Unidas exponen las siguientes consideraciones específicas:

Reforma el tercer párrafo del artículo 55 del Código Civil Federal.

En relación con la modificación del tercer párrafo del artículo 55 del Código Civil Federal, para que directores o encargados de la administración de sanatorios particulares o del Estado, donde se haya registrado el parto, omisos en el cumplimiento de hacer las declaratorias de nacimiento correspondientes ante el juez del Registro Civil1, sean sancionados administrativamente de acuerdo con el artículo 417 de la Ley General de Salud, estas Comisiones Dictaminadoras consideran que, de presentarse, dicha acción sería contraria al texto

Constitucional donde se establece que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, por lo que la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento (octavo párrafo del artículo cuarto2 de la Carta Magna).

Derecho a la identidad comprendido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes -específicamente en el Capítulo Tercero del Título Segundo-, donde se precisa que la falta de documentos probatorios que la acrediten no será obstáculo para garantizarles todos sus derechos3.

De esta manera, desde su nacimiento, tienen derecho a contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primer copia certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables (fracción I, artículo 19).

También, a contar con nacionalidad, con apego a las disposiciones constitucionales y los instrumentos internacionales correspondientes; a conocer su filiación y origen; a preservar su identidad, incluidos su nombre, nacionalidad y pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares (fracciones II, III y IV, artículo 19).

Al respecto, entre las recomendaciones4 vertidas por el Comité de los Derechos del Niño, derivadas de la presentación del 4º y 5º Informe Consolidado de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, el pasado junio, en lo concerniente al registro de nacimientos, se señala que:

28. El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para asegurar el registro universal de nacimiento, incluyendo la implementación de las reformas legales necesarias y adoptando los procedimientos requeridos a nivel estatal y municipal. Deben existir oficinas de Registro Civil o unidades móviles disponibles en todas las unidades de maternidad, en los principales puntos de tránsito de migrantes y en las comunidades donde niñas y niños nacen con parteras tradicionales.

En suma, apelando al principio del interés superior de la niñez, es plausible la aplicación de sanciones administrativas previstas en el artículo 417 de la Ley General de Salud, a directivos o encargados de nosocomios públicos o privados que incumplan la obligación de dar aviso de los nacimientos al juez del Registro Civil dentro del plazo fijado.

Reforma al tercer párrafo del artículo 389 Bis de la Ley General de Salud.

Al examinar la importancia de la expedición del certificado de nacimiento -como constancia para la comprobación o información de determinados hechos- por cada nacido vivo5, para estas Comisiones Unidas resulta pertinente que en la legislación quede asentado que no debe esgrimirse pretexto alguno para ello, considerando que esta misma normativa establece que para fines sanitarios deben extenderse éstos, al igual que los prenupciales, de defunción, muerte fetal6, entre otros.

Asimismo, se subraya que dicho documento, u otro para los mismos fines, constituye condición necesaria requerida por las autoridades del Registro Civil a efecto de declarar el nacimiento7 de una persona.

Aunado a lo anterior, los certificados señalados sólo serán válidos, para las autoridades judiciales o administrativas, si se extienden en los modelos que apruebe la Secretaría de Salud, de conformidad con las normas oficiales mexicanas que la misma emita8

Subrayamos que un registro eficaz, cierto e integral de los nacidos vivos redunda en elementos informativos cualitativos y cuantitativos fiables, a nivel nacional, orientados a diseñar y formular una mejor planeación en el ámbito de la salud y en beneficio de la sociedad, y en particular a este sector poblacional que registra un comportamiento aún dinámico.

En ese tenor, el tercer párrafo del artículo 392 de la Ley General de Salud, vigente, señala que corresponde a:

La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y los Servicios Estatales de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la normatividad que se expida para tal efecto, llevarán a cabo acciones necesarias para la implementación de los certificados a que se refiere este Título, incluyendo las relacionadas con la captura, generación e intercambio de la información relacionada con la expedición de dichos certificados y de acuerdo a lo dispuesto por el Título Sexto.

Título Sexto, que se refiere a la información para la salud, ceñida a las disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, por lo que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias (…) captarán, producirán y procesarán la información necesaria para el proceso de planeación, programación, presupuestación y control del Sistema Nacional de Salud, así como sobre el estado y evolución de la salud pública9.

Por tanto, para estas Comisiones Unidas es viable que los profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria competente que se nieguen a expedir o entregar certificados de nacimiento o de cualquier otro documento que permita el registro del menor ante la autoridad civil, sean sujetos de las sanciones administrativas establecidas en el artículo 417 de la Ley General de Salud, a fin de que puedan ser amonestados, multados o arrestados, toda vez que potencialmente pondrían en riesgo a los recién nacidos, de ser víctimas de diversos delitos como sustracción, traslados o retenciones ilícitas, trata, etcétera.

TERCERA. Por último, cabe destacar que durante la discusión plenaria, en la Cámara de origen, del dictamen de la iniciativa base y su adenda, se aceptaron modificaciones al mismo, a efecto de eliminar las sanciones penales propuestas por el iniciante. Al respecto se consideró que de esa manera se evitaría que el registro de los menores ante la autoridad civil fuese problemático y con demora.

Por tal motivo y por técnica legislativa, se elimina del Decreto, lo correspondiente al artículo 230 del Código Penal Federal, actualmente vigente, en razón de que no implica ninguna reforma.

En razón de lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, sin objeción alguna respecto a la minuta en comento, someten a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 55 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 55 (…)

(…)

Si el nacimiento tuviere lugar en un sanatorio particular o del Estado, la obligación a que se refiere el párrafo anterior, estará a cargo del Director o de la persona encargada de la administración. El incumplimiento a las obligaciones anteriores se sujetará a las sanciones administrativas establecidas en el artículo 417 de la Ley General de Salud.

(…)

Artículo Segundo. Se reforma el segundo párrafo del artículo 389 Bis  de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 389 Bis (…)

El certificado de nacimiento será expedido por profesionales de la medicina o personas autorizadas para ello por la autoridad sanitaria competente, sin que por motivo alguno éstos puedan negar la expedición o entrega del certificado de nacimiento o de cualquier otro documento que permita el registro del menor ante la autoridad civil competente. El incumplimiento a las obligaciones anteriores se sujetará a las sanciones establecidas en el artículo 417 de esta Ley.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
COMISIÓN DE SALUD
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

1 Recibido el aviso, el Juez del Registro Civil tomará las medidas legales que sean necesarias a fin de que se levante el acta de nacimiento conforme a las disposiciones relativas (cuarto párrafo del artículo 55)

2 El 17 de junio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que adicionó el párrafo octavo al artículo 4º Constitucional, que incorporó el derecho de toda persona a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Reforma que cumplimenta la obligación prevista en los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativos al nombre, nacionalidad y la preservación de la identidad.

3 Último párrafo del artículo 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

4 Comité de los Derechos del Niño;  III. Principales motivos de preocupación y recomendaciones; C. Derechos y libertades civiles (arts. 7, 8, y 13-17); Registro de nacimiento; junio 8, de 215.

5 Artículo 389 Bis.- El certificado de nacimiento se expedirá para cada nacido vivo una vez comprobado el hecho. Para tales efectos, se entenderá por nacido vivo, al producto de la concepción expulsado o extraído de forma completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo, que después de dicha separación respire o dé cualquier otra señal de vida como frecuencia cardiaca, pulsaciones de cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta (primer párrafo)

6 Artículo 389.- Para fines sanitarios se extenderán los siguientes certificados: I. Prenupciales; I Bis. De nacimiento; II. De defunción; III. De muerte fetal, y IV. De exportación a que se refieren los artículos 287 y 288 de esta ley, y V. Los demás que se determinen en esta ley y sus reglamentos (Ley General de Salud)

7 Artículo 389 Bis 1.- El certificado de nacimiento será requerido por las autoridades del Registro Civil a quienes pretendan declarar el nacimiento de una persona, con las excepciones que establezcan las disposiciones  Generales aplicables (Ley General de Salud)

8 Artículo 392 de la Ley General de Salud.

9 Artículo 104 de la Ley General de Salud.





 

De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE ORGANIZACIONES GANADERAS

(Dictamen de primera lectura)







 

De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 121 Y 135 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Segunda de la LXIII Legislatura fue turnada para su estudio y Dictamen, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Estas Comisiones, con fundamento en el artículo 73 fracción XXIX–J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de las iniciativas descritas y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta.

IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

I. En sesión celebrada el 19 de abril de 2016, la Mesa Directiva turnó a estas Comisiones Unidas para su estudio y Dictamen la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Cultura Física y Deporte.

II. El 7 junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cultura física y Deporte.

III. El 30 de enero de 2007 publicó en el  Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se aprueba la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, adoptada en París, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el diecinueve de octubre de dos mil cinco.

IV. El 20 de Junio de 2007 publicó en el  Diario Oficial de la Federación, el Decreto Promulgatorio de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, adoptada en la ciudad de París, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el diecinueve de octubre de dos mil cinco.

Los miembros integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Segunda; procedieron al estudio de la minuta turnada, efectuando múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en sus consideraciones, tomando en cuenta el siguiente:

OBJETO DE LA MINUTA

El objetivo de la minuta remitida por la colegisladora, es el que mediante reformas  a los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, actualizar la normatividad en materia de control de sustancias prohibidas en el deporte, con la finalidad de armonizar en la legislación deportiva lo establecido en el Código Mundial Antidopaje, como marco jurídico internacional reconocido y vinculante, derivado de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte.

Con base en lo anteriormente mencionado, señalamos las siguientes:

CONSIDERACIONES

Con relación a la minuta motivo del presente Dictamen y de conformidad con las consideraciones expuestas, el objeto de la misma es el de actualizar la Ley General de Cultura Física y Deporte a fin de establecer expresamente, que el Comité Nacional Antidopaje sea la única autoridad facultada para la recolección de muestras biológicas y para iniciar la gestión de investigación de resultados analíticos adversos y/o atípicos e infracciones no analíticas descritas en el Código Mundial Antidopaje, así como para llevar a cabo el procedimiento disciplinario hasta su terminación, el cual concluirá con el pronunciamiento de la resolución respectiva.

La Colegisladora consideró que la Ley General de Cultura Física y Deporte tiene por objeto establecer las bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de concurrencia y tiene, entre otras, la finalidad de promover las medidas necesarias para prevenir y erradicar el uso de sustancias y métodos no reglamentarios que pudieran derivarse del dopaje.

Señaló que la propuesta de reformar el artículo 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, tendrá como objetivo el para fortalecer al laboratorio central nacional y denominarlo como Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje, así como señalar como única autoridad facultada para recolectar y enviar muestras biológicas a dicho laboratorio nacional al Comité Nacional Antidopaje.

Argumentó que con la reforma a dicho artículo, además de cumplir con los compromisos asumidos por México ante la Agencia Mundial Antidopaje, se permitirá que el Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje, que actualmente es considerado como uno de los 7 mejores en América, conserve su acreditación y certificación, evitando con ello, que deportistas mexicanos realicen sus exámenes de dopaje en el extranjero.

Resaltó que las propuestas de reformas a los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte obedecen a que la Agencia Mundial Antidopaje consideró que las Organizaciones Nacionales Antidopaje deben ser instancias independientes de otras organizaciones deportivas, considerando como un conflicto de interés el caso de que las federaciones nacionales sean las que realizan la gestión de resultados antidopaje, la toma de decisión y las resoluciones de los asuntos, tal y como se encuentra previsto en nuestra legislación actual.

Que a efecto de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, se encuentre en posibilidad de actualizar la normatividad relativa a la lucha contra el dopaje, armonizándola con las disposiciones de carácter internacional que se encuentran vigentes, es necesario modificar la Ley General de Cultura Física y Deporte.

En ese sentido las Comisiones dictaminadoras reconocemos que la eliminación del dopaje en el deporte depende en parte de la progresiva armonización de normas y prácticas antidopaje y de la cooperación en el plano nacional e internacional, lo que desde luego ha estado en el interés de este poder legislativo; basta resaltar que la actual Ley General de Cultura Física y Deporte, motivo dela presente reforma, entro en vigor en el mes de junio del año 2013 contemplando ya en su estructura un capítulo específico y destinado al control de sustancias y métodos no reglamentarios en el deporte.

En ese mismo tenor y de conformidad con el artículo 118 de la misma Ley, en dicho precepto se declara de interés público la prohibición del consumo, uso y distribución de sustancias farmacológicas potencialmente peligrosas para la salud y de métodos no reglamentarios destinados a aumentar artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o a modificar el resultado de la competiciones.

Es por ello y aun cuando la UNESCO adoptó la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte en 2005 y nuestro país la ratificó hasta 2007, el marco jurídico en la materia, vigente en ese momento, ya contemplaba una serie de acciones para combatir estas prácticas nocivas tanto para la salud del deportista como para la propia actividad deportiva.

En ese sentido reconocemos firmemente que en el ámbito deportivo, recurrir a sustancias y métodos prohibidos para aumentar de manera ilegal el rendimiento en una competencia, supone una violación de los principios éticos del deporte, además de minar gravemente la salud e integridad de los deportistas, traicionar la confianza del público y las reglas del juego limpio de iguales.

No obstante consideramos que válidamente se puede afirmar que el dopaje constituye, hoy en día, el mayor peligro que se cierne sobre los fundamentos de la competencia deportiva profesional, mismo que hoy  en día representa una seria amenaza a la actividad deportiva amateur.

Asimismo estamos conscientes que uno de los logros más importantes hasta la fecha en la lucha contra el dopaje en el deporte ha sido la redacción, la aceptación y adopción de un conjunto uniforme de normas antidopaje: el Código Mundial Antidopaje.

El Código es el documento central que facilita el marco para las políticas, normas y reglamentos antidopaje en el seno de las organizaciones deportivas y de las autoridades públicas. Funciona conjuntamente con cuatro Estándares Internacionales que tienen por objetivo armonizar las organizaciones antidopaje en varios ámbitos: controles, laboratorios, autorizaciones de uso terapéutico y la Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos.

Es por ello que quienes integramos de manera plural estas Comisiones que dictaminan reconocemos la importancia de mantener actualizados el marco legal, a fin de brindar las herramientas y elementos legales apropiados a las instituciones encargadas de su correcta aplicación.

Asimismo consideramos conveniente resaltar que derivado de las presentes reformas a la Ley General de Cultura Física y Deporte el órgano representante del Gobierno Federal en la materia  y encargado de su aplicación, deberá cumplimentar lo hoy establecido con la respectiva actualización del reglamento de la misma, así como con la elaboración de un manual de procedimientos sancionatorios para las respectivas infracciones establecidas.

En razón de lo anterior, a fin de dar una mayor claridad al cumplimiento de las normas internacionales en la materia, hemos acordado promover las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo Federal y remitidas mediante el Dictamen propuesto por la colegisladora a efecto de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, se encuentre en posibilidad de actualizar la normatividad relativa en la lucha contra el dopaje.

Con base en los antecedentes y consideraciones expuestas, los integrantes de las Comisiones Unidas que dictaminan, coincidiendo en la necesidad de aprobar la minuta propuesta, formulamos las siguientes:


CONCLUSIONES

Primera.- Las reformas propuestas por la colegisladora han sido consideradas y valoradas favorablemente por los miembros de estas Comisiones que dictaminan.

Segunda.- Con las reformas planteadas se fortalecerá la tarea del Comité Nacional Antidopaje, conforme a lo establecido en el Código Mundial Antidopaje, viéndose fortalecida su gestión de establecer y promover mecanismos propios para una correcta y eficaz información, investigación, difusión, divulgación y sobre control del uso de sustancias prohibidas en el deporte.

Tercera.- Las Comisiones dictaminadoras reconocemos que la eliminación del dopaje en el deporte depende en parte de la progresiva armonización de normas y prácticas antidopaje y de la cooperación en el plano nacional e internacional, lo que desde luego se logra a partir de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte que por medio de la adecuación al marco jurídico en la materia, se ratifica el compromiso de nuestro país, en al ámbito del deporte organizado.

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de estas Comisiones de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos Segunda, como resultado del estudio y análisis de la minuta turnada, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 121 Y 135 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 121. El Comité Nacional Antidopaje será la única autoridad facultada para recolectar muestras biológicas e iniciar la gestión de investigación, para los resultados analíticos adversos y/o atípicos y también para las infracciones no analíticas descritas en el Código Mundial Antidopaje. Asimismo, dará inicio y seguimiento al procedimiento disciplinario hasta su terminación, pronunciando la resolución respectiva, en los términos establecidos en el Código referido en el presente párrafo.

Artículo 135. El laboratorio central antidopaje denominado Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje, tendrá carácter nacional en tanto no exista otro homologado en el país. El Comité Nacional Antidopaje deberá enviar a dicho laboratorio o en su caso al laboratorio homologado, para su análisis, todas las muestras biológicas que recolecte en los eventos deportivos y competiciones de carácter nacional e internacional que se realicen en el país.

Cuando se trate de eventos internacionales y la autoridad de gestión de los resultados tenga el carácter internacional, se deberá observar el mandato del Código Mundial Antidopaje.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Senado de la República, el 21 de abril de 2016.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA





 

Cuatro de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera, que contiene los siguientes proyectos de Decreto:

Por el que se reforma la denominación del Título Sexto y se adiciona un Capítulo III al mismo, denominado “De la Protección contra el Maltrato”, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO SEXTO Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO III AL MISMO, DENOMINADO “DE LA PROTECCIÓN CONTRA EL MALTRATO” DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera de la LXIII Legislatura del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen una minuta con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Estas Comisiones, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 113, 117, 135, 150, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance que tenía la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan su resolución.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 6 de octubre de 2014, la Presidencia de la Cámara de Senadores recibió de la Colegisladora la minuta con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la minuta a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

3. Las y los integrantes de las Comisiones Unidas aprobaron el presente Dictamen.


CONTENIDO DE LA MINUTA

En virtud del contexto que viven las personas adultas mayores en donde se enfrentan a diversas barreras para lograr su plena integración en la sociedad, así como a factores como la violencia o maltrato que vulneran su integridad e impiden el ejercicio pleno de sus derechos humanos, la Minuta propone en primer término   modificar la actual denominación del Título Sexto de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores adicionando “De la protección contra el maltrato…” y establecer en el referido Título un Capítulo III bajo el título “De la protección contra el maltrato”.

Lo anterior, con la finalidad de establecer que las personas adultas mayores serán protegidas contra actos u omisiones que puedan afectar sus derechos y su salud física o mental, para lo cual la Federación, los estados y el gobierno del Distrito Federal sancionarán el maltrato y la violencia contra las personas adultas mayores, los actos abusivos de poder u omisión intencional, dirigidos a dominar, someter o agredir de manera física, verbal, psicológica o económica dentro o fuera del domicilio familiar, por personas que tengan o hayan tenido o no relación de parentesco.

CONSIDERACIONES

1.- La Red Internacional para la Prevención del Abuso contra el Anciano (INPEA), define al maltrato hacia las personas adultas mayores como “la acción única o repetida, o la falta de medidas apropiadas, que causa daño o angustia a una persona mayor y que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual les produzca daño a angustia”.

Para el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el maltrato hacia el adulto mayor suele presentarse en cualquier entorno (casa, vecindario, instituciones, etc.), en el que se desenvuelve, y clasifica dicho de la siguiente manera:

• Físico: cualquier acto no accidental que provoque daño corporal, dolor o deterioro físico, producido por fuerzas físicas;

• Psicológico: el que, de manera intencional, produce angustia, desvalorización o sufrimiento, mediante actos verbales y no verbales;

• Abuso sexual: cualquier contacto sexual no consentido;

• Abandono: deserción del individuo que ha asumido el papel de cuidador;

• Explotación financiera: medidas u omisiones que afectan la sobrevivencia del adulto mayor, y

• Estructural: la deshumanización del trato hacia el adulto mayor por parte de quienes laboran en las oficinas gubernamentales y en los sistemas de atención médica, que los discrimina y margina de la seguridad y el bienestar social, incumpliendo leyes y normas sociales.

2.- De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2014 en México la población de personas mayores de 60 años es de 11.7 millones, lo que representa 9.7 por ciento de la población total.

Basado en estos datos, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ha señalado que de ellos el 43% de los adultos mayores se encuentran en situación de pobreza multidimensional, la cual se define como la situación de una persona cuando presenta carencia de al menos uno de sus derechos relacionados con el desarrollo social, y además sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades.

De igual forma, existen cifras que nos muestran que en México se estima una prevalencia de entre el 8.1 y el 18.6% de adultos mayores que sufren algún tipo de maltrato o abuso familiar.

3.- En México, aún y con el trabajo realizado a favor de la integración de las personas adultas mayores, enmarcado en el diseño de políticas públicas y reformas legislativas, se continúa observando discriminación, la cual se da desde el núcleo familiar en donde en muchas ocasiones se presentan situaciones de despojo de sus bienes, inclusive de los recursos económicos que reciben ya sea por la contraprestación de una vida de trabajo (pensión) o por algún apoyo de política pública, en virtud de que por su condición en muchas ocasiones no son capaces de poder ejercer sus derechos y al ser dependientes, son mayormente vulnerables a padecer un abuso.

Lo anterior, es una situación reiterada que de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, asciende a 1.7 millones de personas adultas mayores el número de víctimas de algún tipo de maltrato o violencia, cifra que sólo se tiene en estimaciones debido a la dificultad que representa a los adultos mayores dar a conocer esta situación a la autoridad.

En esa virtud, es necesario que el Estado Mexicano refuerce sus estrategias y promueva que desde sus organismos se pueda establecer una estrategia para coadyuvar con el citado sector poblacional en la defensa del cumplimiento íntegro y cabal de sus derechos.

Lo anterior adquiere mayor relevancia cuando observamos que la población mundial ha cambiado de manera importante, ya que entre el año de 1950 y el año 2010, la esperanza de vida pasó de los 46 a los 68 años de edad, y está previsto que ésta aumente hasta los 81 años para fines de este siglo. Lo anterior nos lleva a prever que para el año 2050 en el mundo habrá más personas mayores de 60 años que niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, que a nivel nacional el proceso de envejecimiento es notorio dado que el número de adultos mayores duplicó su monto en las últimas décadas, pasando de 5 a 11.7 millones de 1990 a 2014, hasta llegar a 42 millones en el 2050, con lo que cada vez se hace más notorio el cambio de la curva demográfica.

4.- Las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera, coinciden con el planteamiento de la minuta en estudio, en el sentido de que en México, las personas adultas mayores aún son víctimas de maltrato en franca violación a  sus derechos humanos, los cuales están consagrados en nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales de los que México es parte.

Por lo anterior, se estima viable apoyar el espíritu de la reforma con el objetivo de establecer en Ley, la obligación de la federación, los estados y el gobierno del Distrito Federal de sancionar el maltrato y la violencia contra las personas adultas mayores, los actos abusivos de poder u omisión intencional, dirigidos a dominar, someter o agredir de manera física, verbal, psicológica o económica dentro o fuera del domicilio familiar, por personas que tengan o hayan tenido o no relación de parentesco.

Senadoras y Senadores que integramos las Comisiones dictaminadoras estamos convencidos que la erradicación del maltrato hacia las personas adultas mayores debe ser una política que impulse el Estado y que se refleje en todos los ámbitos de nuestra sociedad, ya que sólo con el fomento de valores de respeto y con un enfoque de derechos humanos que tenga como punto de partida la sociedad, se podrá tener un real cambio de cultura que induzca la cultura del envejecimiento y promueva que las personas adultas mayores se integran a la sociedad en condiciones de igualdad con el respeto pleno a sus derechos humanos.

Es por lo anteriormente expuesto, que las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera:

RESUELVEN

ÚNICO.- Es de aprobarse la minuta con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la denominación del Título Sexto y se adiciona un Capítulo III al mismo, denominado “De la Protección contra el Maltrato”, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Título Sexto
De la Protección contra el Maltrato y de las Responsabilidades y Sanciones

Capítulos I. y II. ...

Capítulo III
De la Protección contra el Maltrato

Artículo 51. Las personas adultas mayores serán protegidas contra actos u omisiones que puedan afectar sus derechos y su salud física o mental.

La federación, los estados y el gobierno del Distrito Federal sancionarán el maltrato y la violencia contra las personas adultas mayores, los actos abusivos de poder u omisión intencional, dirigidos a dominar, someter o agredir de manera física, verbal, psicológica o económica dentro o fuera del domicilio familiar, por personas que tengan o hayan tenido o no relación de parentesco.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 1 de marzo de 2016.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA





 

Por el que se reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Dictamen de primera lectura)







 

Por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 10 y la fracción III al artículo 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 10 Y LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Dictamen de primera lectura)







 

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de la Ley General de Educación y del Código Penal Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)







 

Dos de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda, que contienen los siguientes proyectos de Decreto:

Por el que se adiciona la fracción XII, pasando al actual a ser XIII del artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII, PASANDO LA ACTUAL A SER XIII DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Dictamen de primera lectura)







 

Por el que se adiciona una fracción XXI al artículo 10 y un segundo párrafo a la fracción II del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 10 Y UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Dictamen de primera lectura)







 

De las Comisiones Unidas de Salud; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de reproducción asistida.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
DE DERECHOS HUMANOS;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos de la LXII Y LXIII Legislaturas de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fueron turnadas para su estudio y dictamen siete Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la de la Ley General de Salud, así como la que crea la Ley de Reproducción Humana Asistida.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de las Iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de las Iniciativas y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 23 de octubre de 2012, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativa, que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Reproducción Humana Médicamente Asistida.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 20 de diciembre de 2012, las y los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez; Ernesto Javier Cordero Arroyo; José Rosas Aispuro Torres; Jorge Luis Lavalle Maury; Fernando Torres Graciano; César Octavio Pedroza Gaitán; María del Pilar Ortega Martínez; Javier Corral Jurado; Salvador Vega Casillas; María Marcela Torres Peimbert; Daniel Gabriel Ávila Ruiz; José María Martínez Martínez; Víctor Hermosillo y Celada; Adriana Dávila Fernández; Silvia Guadalupe Garza Galván; Ernesto Rufo Appel; Roberto Gil Zuarth; Francisco Domínguez Servién; Fernando Yunes Márquez; Sonia Mendoza Díaz; Francisco de Paula Búrquez Valenzuela; Raúl Gracia Guzmán; Carlos Mendoza Davis; Martín Orozco Sandoval; Francisco García Cabeza de Vaca; Francisco Salvador López Brito; Juan Carlos Romero Hicks y Héctor Larios Córdoba integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; las y los Senadores Miguel Romo Medina, María Cristina Díaz Salazar y Manuel Cavazos Lerma, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; las y los Senadores Fernando Enrique Mayans Canabal, Víctor Manuel Camacho Solís; Isidro Pedraza Chávez; Dolores Padierna Luna; Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Adán Augusto López Hernández y Angélica de la Peña Gómez; integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; la Senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; las Senadoras Martha Palafox Gutiérrez; Ana Gabriela Guevara Espinoza y Layda Sansores San Román integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrantes de la LXII Legislatura, presentaron una Iniciativa por la que se crea la Ley General de Reproducción Humana Asistida y a su vez reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Reproducción Humana Asistida.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

3.- Con fecha 14 de enero de 2013, mediante Oficio No. DGPL-1R1A.-45, la Mesa Directiva del Senado de la República, comunicó a la Comisión de Salud, sobre la decisión del Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, de retirar su firma de la Iniciativa anterior en comento, de fecha 20 de diciembre de 2012.

4.- Con fecha 28 de febrero de 2013, las y los Senadores María Cristina Díaz Salazar, Miguel Romo Medina, Braulio Manuel Fernández Aguirre, Armando Neyra Chávez, Hilda Esthela Flores Escalera, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la Senadora Martha Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron Iniciativa, que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Reproducción Humana Médicamente Asistida.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

5.- Con fecha 30 de abril de 2013, los Senadores Angélica de la Peña Gómez y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron Iniciativa, que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Reproducción Humana Asistida.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

6.- Con fecha 8 de mayo de 2013, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, relativo a la Reproducción Humana Médicamente Asistida.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

7.- Con fecha 27 de octubre de 2015, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Reproducción Médicamente Asistida.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

8.-Con fecha 10 de diciembre de 2015, las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; la Senadora María Elena Barrera Tapia, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Reproducción Humana asistida.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

9.- Con fecha 14 de diciembre de 2015, mediante Oficio No. DGPL-1P1A.-5599, Mesa Directiva acordó ampliar el turno de la Iniciativa propuesta con fecha 10 de diciembre de 2015, a la Comisión de Derechos Humanos, para su estudio y análisis.

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

1.- Del análisis derivado de la PRIMERA Iniciativa se desprende que la Senadora María Cristina Díaz Salazar,proponente, plantea una propuesta que reforma el artículo 313 de la Ley General de Salud, para que la Secretaría de Salud, sea la instancia competente, en materia de regulación y el control sanitario, de la aplicación de técnicas de reproducción humana médicamente asistida, acreditadas científicamente.

Asimismo se pretende la adición de un Capítulo III Bis, al Título Cuarto de la Ley General de Salud y los artículos 342 Ter y 342 quáter, con lo que se define por una parte la infertilidad y por otra, la reproducción humana asistida, tal como se plantea en el siguiente:

REFORMAS Y ADICIONES PROPUESTAS

ARTÍCULO ÚNICO: SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUED EN MATERIA DE REPRODUCCIÓN HUMANA MÉDICAMENTE ASISTIDA.

TITULO CUARTO
Donación, Trasplantes, Reproducción Humana Médicamente Asistida y Pérdida de la Vida.

CAPITULO 1
Disposiciones Comunes

Artículo 313 …

I …

II …

III …

IV …

V …

VI. La regulación y el control sanitario de la aplicación de técnicas de reproducción humana médicamente asistida y acreditadas científicamente.

CAPITULO I. a III…

CAPITULO III Bis
Reproducción Humana Médicamente Asistida

Artículo 342 Ter: La infertilidad es la incapacidad de la pareja para lograr un embarazo después de un año de relaciones sexuales sin la utilización de algún método de planificación familiar, provocando diversas repercusiones psicológicas y sociales e impidiendo ejercer el derecho a formar una familia.

Artículo 342 Quater: La reproducción humana asistida pretende garantizar el derecho de las parejas de procrear con técnicas y procedimientos médicos científicos para lograr la concepción, la cual deberá ser realizada por profesionales de las disciplinas para la salud con el entrenamiento especializado que establezcan las disposiciones reglamentarias correspondientes y en los establecimientos médicos acreditados y registrados por la Secretaría de Salud. Los criterios y lineamientos que deberán ser cumplidos por todas las instituciones y profesionales del Sistema Nacional de Salud serán definidas en la Norma Oficial Mexicana emitida por la Secretaría de Salud en la materia.

2.-Por lo que respecta a la SEGUNDA Iniciativa, la senadora proponente, Maki Esther Ortiz Domínguez y demás senadores suscritos, plantean una propuesta por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y se crea la Ley General de Reproducción Humana Asistida, que consta de 6 títulos y 103 artículos.

Dicha propuesta tiene como objetivos:

Reconocer la necesidad de establecer y consagrar parámetros legales, en la materia, para su desarrollo, investigación y certeza jurídica de los pacientes.

Establecer normas para el funcionamiento de los centros donde se realicen técnicas de fertilización humana asistida, entre otras.

Se define y defiende al embrión.

Prohíbe las prácticas eugenésicas, toda forma de comercialización de embriones, la producción de híbridos o quimeras, el uso de embriones con fines de experimentación, entre otros.

Faculta a la autoridad sanitaria correspondiente, es el caso de la Secretaría de Salud, para autorizar la práctica de las técnicas y tecnologías resultantes de una nueva disciplina científica; una vez constatada su evidencia científica y clínica.

Crea el Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida y el Comité de Reproducción Humana Asistida que será dependiente de la Comisión Nacional de Bioética.

Contiene un capítulo de “Sanciones administrativas” que incluyen amonestación; multa; clausura temporal o definitiva; y arresto hasta por 36 horas. Así como un capítulo de “Delitos” y sanciones, entre ellas, a quien disponga de células germinales o embriones para fines distintos a lo previsto en la ley le impone de cinco a ocho años de prisión y multa de cien a 700 días de salario mínimo general vigente. A quien importe, exporte, posea, aísle, cultive, transporte, almacene, distribuya, contamine, deseche o realice actos de fertilización con células germinales o embriones humanos, se le aplicará de tres a 12 años de prisión y multa equivalente de 200 a mil días de salario mínimo. Asimismo sanciona hasta con 14 años de prisión y 15 mil días de salario la comercialización de embriones; y hasta con ocho años de prisión a quien insemine a una mujer sin su consentimiento.

3.- En la TERCERA Iniciativa del análisis, los senadores proponentes, María Cristina Díaz Salazar, Miguel Romo Medina, Braulio M. Fernández Aguirre, Armando Neyra Chávez, Hilda Esthela Flores Escalera y Martha Elena Barrera Tapia, plantean reformas a la Ley General de Salud, que otorgan la facultad para regular y controlar la aplicación de técnicas de reproducción asistida, científicamente acreditadas, a la Secretaría de Salud.

Asimismo, pretende insertar las definiciones de “fertilización” y de “Técnicas de reproducción humana médicamente asistida”. Regula la autorización de los establecimientos que lleven a cabo dichas técnicas, requisitos para su aplicación, entre otras disposiciones, tal como se establece en la siguiente:

REFORMAS Y ADICIONES PROPUESTAS

Artículo Único: SE REFORMAN los artículos 13, apartado A. fracción II; 17 bis; la denominación del Título Décimo Cuarto; 313 fracciones II y III; 314 fracción VIII; 315 fracciones III y IV; 319; 466; así mismo SE ADICIONAN la fracción XXVII Bis 1 al 3°; la fracción IV al 313; las fracciones VIII Bis y XII Bis al 314; la fracción V al 315; un Capitulo III Bis al Título Décimo Cuarto; y un artículo 462 Bis I; de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. ala XXVII Bis …

XXVII Bis 1.- El control sanitario de la reproducción humana médicamente asistida.

XXIX. a la XXXI. …”

Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

I.…

II. En las materias enumeradas en las fracciones I, III, V, VI, XVII Bis, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXVII Bis 1 y XXIX, del artículo 3o. de esta Ley, organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en coordinación con dependencias y entidades del sector salud;

III. a la X. …

B. …

I. a la VII. …



Artículo 17 bis.- La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas y XXVII Bis 1, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

...

I. a XIII. ...”

Título Décimo Cuarto
Donación, Trasplantes, Técnicas de Reproducción
Humana Médicamente Asistida y Pérdida de la Vida

Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud:

I. …

II.…

III.…

IV. La regulación y el control sanitario de la aplicación de las técnicas de reproducción humana médicamente asistida.

Artículo 314.- Para efectos de este título se entiende por:

I. a VII. …

VIII. Embrión, al producto de la concepción o fertilización, a partir de éstas, y hasta el término de la duodécima semana gestacional;

VIII Bis. Fertilización, a la conjugación de las células germinales femenina con la masculina con la consiguiente fusión del material genético, mediante el auxilio de técnicas de reproducción humana médicamente asistida;

IX. a XII. …

XII Bis.- Técnicas de reproducción humana médicamente asistida, a aquellas técnicas biomédicas, que facilitan o sustituyen, los procesos biológicos naturales que se desarrollan durante la procreación humana, o la implantación del embrión en el útero a través de la manipulación directa en el laboratorio, entre las que se encuentran la inseminación artificial, la fecundación in vitro con transferencia de embriones y la transferencia intratubárica de células germinales, la inyección intracitoplasmática de espermatozoides y todas aquellas que impliquen la creación de un embrión y que se determinen como tales por la Secretaría de Salud mediante disposiciones de carácter general;

XIII. a XVII. …

Artículo 315.- Los establecimientos de salud que requieren de autorización sanitaria son los dedicados a:

I. a IV. …

IV. Los bancos de sangre y servicios de transfusión, y

V. La aplicación de técnicas de reproducción humana médicamente asistida.
Artículo 319.- Se considerará disposición ilícita de órganos, tejidos, células, embriones y cadáveres de seres humanos, aquella que se efectúe sin estar autorizada por la Ley.

Capítulo III Bis
Técnicas de reproducción humana médicamente asistida

Artículo 342 Bis. Las técnicas de reproducción humana médicamente asistida sólo podrán llevarse a cabo en los establecimientos autorizados para su aplicación, siempre que existan posibilidades razonables de éxito y que su aplicación no suponga riesgo para la salud física o mental de la mujer o la posible descendencia.

Artículo 342 Bis 1. Para tener acceso a las técnicas de reproducción humana médicamente asistida deberán cumplirse los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad con plena capacidad de ejercicio;

Tener impedimento para procrear de manera natural;

Otorgar su consentimiento informado, en los términos previstos por la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, y

Si se tratara de mujer casada o en concubinato, se requerirá además, el consentimiento por escrito del cónyuge o del concubinario, según sea el caso, en los términos previstos por la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Los cónyuges o concubinos que nunca hayan tenido hijos tendrán preferencia en la aplicación de las técnicas de reproducción humana médicamente asistida.

Artículo 342 Bis 2. Previo al inicio de la aplicación de alguna de las técnicas de reproducción humana médicamente asistida, el médico tratante deberá:

I. Recomendar la adopción como alternativa;

II. Agotar toda posibilidad de tratamiento que pueda permitir la concepción de forma natural;

III. Tomar en cuenta las circunstancias particulares en cada uno de los cónyuges o concubinos, tales como su edad, su historial clínico y las posibles causas de esterilidad o infertilidad;

IV. Elaborar un diagnóstico preimplantacional;

V. Elaborar un diagnóstico genotípico, y

VI. Recabar la constancia escrita mediante la cual los solicitantes otorguen su consentimiento informado en los términos de la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 342 Bis 3. Queda prohibida:

I. Toda forma de comercialización de embriones;

II. La práctica de implantes interespecíficos;

III. La escisión embrionaria precoz;

IV. La producción de híbridos o quimeras;

V. La producción e implantación de más de tres embriones;

VI. La implantación simultánea de embriones no provenientes de la misma pareja, y
VII. Cualquier tipo de práctica eugenésica, la clonación y cualquier otra no prevista por la ley que atente contra la dignidad humana.

La Fracción III, salvo que se encuentre en peligro la vida de la mujer gestante y de conformidad con la normatividad jurídica aplicable.

Artículo 373.- Requieren de licencia sanitaria los establecimientos a que se refieren los artículos 198, 315, 319, 329 y 330.

Artículo 462 Bis 1- Al que contravenga cualquiera de las obligaciones establecidas en las fracciones II, III, IV, V y VI del artículo 342 Bis 2 de esta Ley, se le impondrá de cinco a doce años de prisión y multa equivalente de doscientos a mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará, además, suspensión de cuatro a seis años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de reincidencia.

4.- La CUARTA Iniciativa, la Senadora Angélica de la Peña Gómez y el Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, plantean una propuesta que adiciona un Capítulo VI Bis al Título Tercero con los artículos 71 bis al 71 bis 28 a la Ley General de Salud,  para regular la Reproducción Humana Asistida. 

Propone al igual que otras propuestas, requisitos para acceder a las técnicas de reproducción asistida, destaca también que debe ser la Secretaría de Salud quien emita las normas a las que debe sujetarse el uso de las técnicas de reproducción asistida, así como las relativas a la obtención, conservación, traslado, manejo y disposición de las células germinales y óvulos fertilizados. Los establecimientos en los que se practiquen técnicas de reproducción asistida deberán contar con licencia sanitaria. 

Dicha propuesta prohíbe: la comercialización de células germinales y óvulos fertilizados; las transferencias de óvulos fertilizados entre seres humanos y otras especies con fines reproductivos; la clonación con fines reproductivos, y la producción de híbridos o quimeras con fines reproductivos.

Establece que previo al inicio de la aplicación de alguna de las técnicas de reproducción humana asistida, se deberá llevar a cabo una evaluación completa del estado de salud de la persona receptora, y en su caso, donante involucradas en el procedimiento, con el propósito de brindarles la mejor opción terapéutica, así como la consejería genética necesaria en caso de enfermedades cromosómicas o de transmisión hereditaria.

También propone que sea la Secretaría de Salud quien coordine un Registro Nacional, que se encargue de: integrar y actualizar los datos de las personas receptoras, donantes, mujeres héterogestantes y las fechas de los procedimientos respectivos, además de la recaudación de datos y estadísticas relacionadas a dicho fin.

Se faculta a la Secretaría de Salud a llevar el control sanitario de los bancos dedicados a la disposición de células germinales, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Finalmente, establece sanciones en la materia.

5.-La QUINTA Iniciativa propuesta por la Senadora María Cristina Díaz Salazar,incluye como materia de salubridad general, el control sanitario de la reproducción humana médicamente asistida y le otorga a la Secretaría de Salud, la facultad de regular y llevar el control sanitario de la aplicación de las técnicas de reproducción humana médicamente asistida.

Así mismo, incluye en la Ley la definición de “Fertilización”, entendiéndola como la conjugación de las células germinales femenina con la masculina con la consiguiente fusión del material genético, mediante el auxilio de técnicas de reproducción humana médicamente asistida; asimismo, la definición de “Técnicas de reproducción humana médicamente asistida”, tal como se indica en la siguiente:

REFORMAS Y ADICIONES PROPUESTAS

Artículo Único: SE REFORMAN los artículos 13, apartado A. fracción II; 17 bis; la denominación del Título Décimo Cuarto; 313 fracciones II y III; 314 fracción VIII; 315 fracciones III y IV; 319; así mismo SE ADICIONAN la fracción V Bis  al 3°; la fracción IV al 313; las fracciones VIII Bis y XII Bis al 314; la fracción V al 315 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a la V…

V Bis.- El control sanitario de la reproducción humana médicamente asistida.

VI a la XXXI. …”

Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

II. En las materias enumeradas en las fracciones I, III, V, VI, XVII Bis, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, V Bis y XXIX, del artículo 3o. de esta Ley, organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en coordinación con dependencias y entidades del sector salud;

III. a la X. …

B. …

I. a la VII.

C. …

Artículo 17 bis.- La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres, y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas y V Bis, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

...

I. a XIII. ...”

Título Décimo Cuarto
Donación, Trasplantes, Técnicas de Reproducción Humana Médicamente Asistida y Pérdida de la Vida

Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud:

I. …

II. La regulación sobre cadáveres, en los términos de esta Ley; y

III. Establecer y dirigir las políticas en salud en materia de donación y trasplantes de órganos, tejidos y células, para lo cual se apoyará en el Centro Nacional de Trasplantes, y en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, y

IV. La regulación y el control sanitario de la aplicación de las técnicas de reproducción humana médicamente asistida.

Artículo 314.- Para efectos de este título se entiende por:

I. a VII. …

VIII. Embrión, al producto de la concepción o fertilización, a partir de éstas, y hasta el término de la duodécima semana gestacional;

VIII Bis. Fertilización, a la conjugación de las células germinales femenina con la masculina con la consiguiente fusión del material genético, mediante el auxilio de técnicas de reproducción humana médicamente asistida;

IX. a XII. …

XII Bis.- Técnicas de reproducción humana médicamente asistida, a aquellas técnicas biomédicas, que facilitan o sustituyen, los procesos biológicos naturales que se desarrollan durante la procreación humana, o la implantación del embrión en el útero a través de la manipulación directa en el laboratorio, entre las que se encuentran la inseminación artificial, la fecundación in vitro con transferencia de embriones y la transferencia intratubárica de células germinales, la inyección intracitoplasmática de espermatozoides y todas aquellas que impliquen la creación de un embrión y que se determinen como tales por la Secretaría de Salud mediante disposiciones de carácter general;

XIII. a XVII. …

Artículo 315.- Los establecimientos de salud que requieren de autorización sanitaria son los dedicados a:

I. a II. ...

III. Los bancos de órganos, tejidos y células, y

IV. Los bancos de sangre y servicios de transfusión, y

V. La aplicación de técnicas de reproducción humana médicamente asistida.”

Artículo 319.- Se considerará disposición ilícita de órganos, tejidos, células, embriones y cadáveres de seres humanos, aquella que se efectúe sin estar autorizada por la Ley.

6.- En la SEXTA Iniciativa del análisis, la Sen. Cristina Díaz Salazar, establece que la reproducción humana asistida tiene por objetivo garantizar el derecho de las personas de procrear con técnicas y procedimientos médicos científicos para lograr un embarazo. Los servicios de reproducción humana asistida deberán ser prestados por profesionales de la salud que cuenten con el entrenamiento especializado, en los establecimientos médicos autorizados por la Secretaría de Salud.

Señala que la Secretaría de Salud emitirá la Norma Oficial Mexicana a la que deberá sujetarse la prestación de los servicios de reproducción humana asistida.

Establece que se entenderá por gestante sustituta a la mujer que, sin ánimo de lucro, otorga su consentimiento para que se transfiera a su útero uno o varios óvulos fertilizados para su desarrollo hasta el nacimiento del producto. La gestación por sustitución como parte de los medios para llevar a cabo servicios de reproducción humana asistida se regulará por las disposiciones aplicables de los ordenamientos civiles locales.

8.- Finalmente, la SÉPTIMA Iniciativa en análisis, propuesta por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, además de los objetivos planteados en la propuesta anterior, busca mayor certeza de los profesionales de la salud que apliquen y promuevan este procedimiento de reproducción humana, con la finalidad de que brinden la información suficiente a los solicitantes y, en su caso, a la persona gestante, con la finalidad de que los interesados en el mismo, otorguen el consentimiento libre y debidamente informado.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

Del precepto antes mencionado se deriva el sistema de disposiciones jurídicas de derecho social, que buscan regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para llevar a cabo este bien jurídico tutelado.

B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, se entiende por salud, el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, definición que también fue adoptada por la legislación mexicana, mediante adición publicada en el Diario Oficial de la Federación, desde el pasado 04 de diciembre de 2013, establecida en el Artículo 1º Bis, de la Ley General de Salud.

A su vez la salud reproductiva, se define como “un estado general de bienestar físico, mental y social. Es la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin riesgos de procrear y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo”.

Como bien lo señala el Fondo de Población de las Naciones Unidas, México, UNFPA, la salud sexual y de la reproducción, constituye un derecho de hombres y mujeres.

Los derechos reproductivos por una parte, se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente sobre el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos, a disponer de la información y de los medios necesarios para ello; además del derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.

Al respecto la UNFPA, México destaca los siguientes:

Derecho a la salud sexual y de la reproducción: como componente de la salud general, a lo largo de todo el ciclo vital de las personas.
Derecho a adoptar decisiones con respecto a la procreación: incluidos la elección voluntaria del cónyuge, la formación de una familia y la determinación del número, el momento de nacer y el espaciamiento de los propios hijos; y el derecho de tener acceso a la información y los medios necesarios para ejercer una opción voluntaria.

Derecho a condiciones de igualdad y equidad de hombres y mujeres: a fin de posibilitar que las personas efectúen opciones libres y con conocimiento de causa en todas las esferas de la vida, libres de discriminación por motivos de género.

Derecho a la seguridad sexual y de la reproducción: incluido el derecho a estar libres de violencia y coacción sexual y el derecho a la vida privada.

En armonía con lo anterior, el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su fracción segunda, que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”.

En armonía con lo anterior, la Ley General de Salud contempla un Capítulo VI Servicios de Planificación Familiar, dentro del Título Tercero sobre la Prestación de los Servicios de Salud, que establece diversas estrategias relacionadas con la materia, con la finalidad de que las personas, puedan allegarse de la información suficiente que les permita decidir oportunamente, el momento adecuado para procrear.

En el mismo tenor, la Norma Oficial Mexicana, NOM 005-SSA2-1993, de los Servicios de Planificación Familiar, tiene por objeto, “uniformar los principios, criterios de operación, políticas y estrategias para la prestación de los servicios de planificación familiar en México, de tal manera que dentro de un marco de absoluta libertad y respeto a la decisión de los individuos y posterior a la consejería, basada en la aplicación del enfoque de salud reproductiva, pueda realizarse la selección adecuada, prescripción y aplicación de los métodos anticonceptivos, así como también la identificación, manejo y referencia de los casos de infertilidad y esterilidad, y con ello acceder a mejores condiciones de bienestar individual, familiar y social”.

C. La medicina reproductiva que comenzó en 1978 con Louise Brown, en Inglaterra, actualmente es un recurso para el tratamiento de personas con infertilidad.

Derivado de la problemática de salud, diversos países se dieron a la tarea de regular e implementar estrategias con la finalidad de auxiliar a través de las tecnologías de la salud y avances científicos, a las parejas con infertilidad que se ven impedidas para procrear.

A nivel mundial, el tema se ha discutido de manera amplia, ejemplo de ello, es la Unión Europea, donde cada país de manera particular tomó una decisión en particular sobre el tema, ya sea con 1) Legislación específica sobre las técnicas de reproducción asistida, 2) Mediante decretos o leyes que reglamentan aspectos generales de las técnicas de reproducción asistida de tipo administrativo, 3) Mediante recomendaciones de tipo médico-ético emitidas por asociaciones de profesionales médicos, entre otras variantes1.

Sin embargo, dicho tema se ha discutido y regulado paulatinamente desde su creación, con la finalidad de evitar daños en la salud de las personas o actos que atenten contra la dignidad humana.

D. En 2008, de acuerdo con un estudio denominado Reproducción asistida, género y derechos humanos en América Latina, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, se destaca que dentro de las técnicas y servicios que contribuyen a la salud reproductiva, se encuentran los métodos reproductivos médicamente asistidos que incluyen tecnologías diseñadas para tratar la infertilidad, con lo que se logró una alternativa para que las parejas con infertilidad, tuvieran la posibilidad de procrear.

En el mismo, se estima que en el mundo, entre el 15 y el 20% de las parejas en edad fértil, padecen algún problema de infertilidad, que equivale a que una de cada cinco parejas se ven impedidas de procrear, por motivos de salud. Se enfatiza que lo anterior representó en 2003 a nivel mundial, un estimado de 186 millones de parejas de países en desarrollo, que padecían problemas de infertilidad, donde el 40% es por causas masculinas, otro 40% por causas femeninas y un 20% se desconoce las causas.

Al respecto la legislación federal en México, en armonía con los avances a nivel internacional, establece a través de la Norma Oficial Mexicana NOM 005-SSA2-1993, De los Servicios de Planificación Familiar, lo correspondiente a la identificación, manejo y referencia de los casos de infertilidad y esterilidad. Con lo anterior, se establece además que en caso de que la causa de esterilidad o infertilidad de la pareja no pueda ser resuelta en el primero o segundo nivel de atención a la salud, se debe referir a los servicios especializados en el tratamiento de la esterilidad e infertilidad.

En conjunto con lo anterior, el Reglamento de la Ley General de la Salud en Materia de Investigación para la salud, establece en su artículo 56, que “la investigación sobre la fertilización asistida sólo será admisible cuando se aplique a la solución de problemas de esterilidad que no se puedan resolver de otra manera…” y define la fertilización asistida en su artículo 40, fracción XI, como “Aquella en que la inseminación es artificial (homóloga o heteróloga) e incluye la fertilización in vitro.”

Al respecto, también existe una Guía de Práctica Clínica, sobre el Diagnóstico de la pareja infértil y tratamiento con técnicas de baja complejidad, donde en primer término, se define la infertilidad, “como la incapacidad de lograr el embarazo después de tener relaciones sexuales regularmente, sin el uso de métodos anticonceptivos durante un año. Además se destaca en dicha Guía, que las técnicas para el manejo de la infertilidad de baja complejidad, son aquéllas que comprenden hiperestimulación ovárica controlada, seguimiento de crecimiento folicular, relaciones sexuales programadas o inseminación intrauterina de semen, con la finalidad de dar solución al problema de salud, entre otras recomendaciones.

D. No obstante, la legislación actual, no representa en México un precedente suficiente que regule las prácticas de reproducción asistida que den certeza jurídica a los pacientes.

Actualmente la problemática que se deriva de una omisión en la norma, al respecto de procedimientos como las técnicas de reproducción asistida, puede originar diversos supuestos que perjudiquen la salud de las personas involucradas e incluso que atenten contra la dignidad humana.

Ejemplo de ello, van desde los elevados costos que dicha práctica implica en el ámbito privado, toda vez que actualmente en el sector público, dicho servicio solo se ofrece en el Instituto Nacional de Perinatología, en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE y en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en comparación con la demanda, hasta la manipulación de material genético, con fines diferentes a los que tienen que ver con evitar la carga genética de alguna enfermedad propia del género, entre otros problemas y abusos derivados de una mala praxis.

Por ello se está ante una regulación mínima frente al universo, tanto de clínicas que ofrecen procedimientos de reproducción asistida, que son alrededor de 75 las que están certificadas de acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, como de pacientes que buscan acceder a estos servicios.

E. Derivado de lo anterior y en aras de regular las técnicas de reproducción asistida, que en la actualidad son cada vez más cotidianas, es que a partir del presente, se busca fortalecer la legislación para dar certeza jurídica a los pacientes y garantizar la dignidad humana.
Por ello, de las siete Iniciativas enunciadas, propuestas para dicho fin, se conjuntó lo más importante, con el fin de regular la reproducción asistida en el marco de la Ley General de Salud y lograr una legislación federal, de la siguiente manera:

PROYECTO DE DECRETO

COMENTARIOS

Artículo 3o.- …

I. a IV Bis 2. …

V. La planificación familiar y la reproducción asistida;

VI. a XXVIII.

La propuesta es coincidente con las propuestas de fecha 20-DIC-2012; 28-FEB-2013 y 08-MAY-2013.

Artículo 17 bis.-La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley, incluyendo los dedicados a la reproducción asistida; XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

I. a VII. …

VIII. Ejercer el control y la vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos y tejidos y sus componentes y células de seres humanos, incluyendo aquellos actos de disposición de gametos relativos a la reproducción asistida;

IX. a XIII. …

La propuesta es coincidente con las propuestas de fecha 28-FEB-2013 y 08-MAY-2013.

Titulo Tercero
Capítulo VI Bis
“Reproducción Asistida”

La propuesta es coincidente con las propuestas de fecha 27-OCT-2015 y 10-DIC-2015.

Artículo 71 bis 1. Para efectos de esta Ley, se entiende por:

Embrión: Producto de la división del cigoto hasta el fin del estadio embrionario, es decir, ocho semanas después de la fecundación;

Reproducción Asistida: Reproducción lograda a través de la inducción de ovulación, estimulación ovárica controlada, desencadenamiento de la ovulación, con técnicas de reproducción asistida, inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con semen del esposo, pareja o un donante, y

Técnicas de Reproducción Asistida: Todos los tratamientos o procedimientos que incluyen la manipulación, tanto de ovocitos, como de espermatozoides o embriones humanos, para el establecimiento de un embarazo.

La propuesta es coincidente con las propuestas de fecha 20-DIC-2012; 28-FEB-2013 y 08-MAY-2013.

Artículo 71 bis 2.-Los requisitos que deberán cumplir los establecimientos de salud y el personal que realice servicios de reproducción asistida, se sujetarán a las disposiciones administrativas que para tal efecto emita la Secretaría de Salud.

La propuesta es coincidente con la propuesta de fecha 23-OCT-2012;

Artículo 71 bis 3.- Toda persona que requiera de un tratamiento de reproducción asistida deberá tener la indicación médica para ello, así como:

I. Ser mayor de 18 años, con plena capacidad de ejercicio;

II. Otorgar su consentimiento informado por escrito, así como contar con el de las personas involucradas en la aplicación de la técnica para lograr el embarazo;

III. Gozar de bienestar físico y mental;

IV. Cumplir con los requisitos señalados en el protocolo del establecimiento para la atención médica donde se lleve a cabo el tratamiento de reproducción asistida, y

V. Los demás requisitos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.

La propuesta es coincidente con las propuestas de fecha 20-DIC-2012; 28-FEB-2013 y 10-DIC-2015.

Artículo 71 bis 4.- Los embriones sólo pueden ser generados con la finalidad de lograr el embarazo.

La propuesta es coincidente con las propuestas de fecha 20-DIC-2012; 27-OCT-2015 y 10-DIC-2015.

Artículo 71 bis 5.- Queda prohibido:

Cualquier tipo de práctica eugenésica;

La clonación;

Los implantes interespecíficos, ya sea con fines reproductivos o de investigación;

La escisión embrionaria precoz;

La producción de híbridos o quimeras;

La producción y utilización de embriones con fines de experimentación;

El implante simultáneo de embriones no provenientes de la misma pareja;

La implantación de más de tres embriones en cada ciclo; ;

La selección de sexo con fines no terapéuticos, y

Cualquier otra práctica de reproducción asistida que atente contra las disposiciones jurídicas en la materia.

La propuesta es coincidente con las propuestas de fecha 20-DIC-2012; 28-feb-2013; 30-ABR-2013; 13-OCT-2015 y 10-DIC-2015.

Artículo 71. Bis 6. La Secretaría de Salud contará con un Registro Nacional de Reproducción Asistida, cuyo funcionamiento estará sujeto a las disposiciones generales que para tal efecto emita dicha dependencia, las cuales deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

La propuesta es coincidente con las propuestas de fecha 20-DIC-2012 y 30-ABR-2013.

Artículo 71. Bis 7. Las técnicas de reproducción asistida, sólo podrán aplicarse cuando los solicitantes, encuentren impedimento para procrear.

La propuesta es coincidente con las propuestas de fecha 23-OCT-2012; 20-DIC-2012 y 28-FEB-2013.

Artículo 313.- …

I. El control y la vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos, tejidos y células de seres humanos, incluyendo aquellos actos de disposición de gametos relativos a la reproducción asistida, en los términos establecidos por esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

II. y III. …

IV. Emitir las disposiciones de carácter general que permitan la homologación de los criterios de atención médica integral en la materia;

V. Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y con los gobiernos de las entidades federativas, campañas permanentes de concientización sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células para fines de trasplantes, así como de sangre y sus componentes para efectos de transfusiones y otros usos terapéuticos, y

VI. La regulación y el control sanitario de la reproducción asistida.

La propuesta es coincidente con las propuestas de fecha 23-OCT-2012; 20-DIC-2012; 28-FEB-2013; 30-ABR-2013 y 08-MAY-2013.

Artículo 314.- …

I. a VII. …

VIII.Se deroga.

IX. a XXVI. …

XXVII. Trazabilidad, a la capacidad de localizar e identificar los órganos, tejidos, sus componentes y células, en cualquier momento desde la donación y, en su caso, hasta el uso terapéutico, procesamiento o destino final;

XXVIII. Hemoderivados, los productos obtenidos de algunos componentes sanguíneos, especialmente el plasma, mediante procesos fisicoquímicos o biológicos, para aplicación terapéutica, diagnóstica, preventiva o en investigación, y

XXIX. Gametos,células sexuales masculinas, espermatozoides, y femeninas, óvulos producidos por las gónadas, testículos y ovario respectivamente.

SIN COMENTARIOS

Artículo 315.- …

I. a II. …

III. Los bancos de órganos, tejidos, células incluyendo gametos;

V. La disposición de células troncales;

VI. Los establecimientos de medicina regenerativa, y

VII. La reproducción asistida.


La propuesta es coincidente con las propuestas de fecha 20-DIC-2012; 30-ABR-2013; 08-MAY-2013 y 03-FEB-2015.

Artículo 319.- Se considerará disposición ilícita de órganos, tejidos, células, incluyendo gametos, embriones y cadáveres de seres humanos, aquella que se efectúe sin estar autorizada por la Ley.

La propuesta es coincidente con las propuestas de fecha 28-FEB-2013 y 08-MAY-2013.

Artículo 373.- Requieren de licencia sanitaria los establecimientos a que se refieren los artículos 198 y 315 de esta Ley; cuando cambien de ubicación, requerirán de nueva licencia sanitaria.

La propuesta es coincidente con las propuestas de fecha 28-FEB-2013; 30-ABR-2013; 27-OCT-2015 y 10-DIC-2015.

Artículo 421 Quáter. Se sancionará con multa equivalente de dieciséis mil hasta quinientos mil veces la unidad de medida y actualización, a quien realice alguna de las conductas previstas en los artículos 71 bis 5 y 319 de esta Ley.

La propuesta es coincidente con las propuestas de fecha 20-DIC-2012; 30-ABR-2013 y 13-oct-2015.

Artículo 462. …

I. Al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, células, incluyendo gametos, embriones, cadáveres o fetos de seres humanos;

II. Al que comercie o realice actos de simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de órganos, tejidos, incluyendo la sangre, células, incluyendo gametos, embriones, cadáveres, fetos o restos de seres humanos;

III. …

IV. A los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o la procuración ilegal de órganos, tejidos y células o el trasplante de los mismos;

IV Bis. A los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o la procuración ilegal de gametos y embriones;

V. a VII. …
En el caso de las fracciones III, IV, IV Bis, V y VI se aplicarán al responsable, además de otras penas, de cinco a diez años de prisión. Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de reincidencia.

La propuesta es coincidente con las propuestas de fecha 20-DIC-2012 y 28-FEB-2013.

Artículo 466.- Al que sin consentimiento de una mujer, o aun con él, si ésta fuere menor o incapaz, realice en ella alguna técnica de reproducción asistida se le aplicará prisión de uno a tres años, si no se produce el embarazo como resultado de la inseminación; si resulta embarazo, se impondrá prisión de dos a ocho años.

Se deroga.

La propuesta es coincidente con las propuestas de fecha 20-DIC-2012.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El Presente Decreto entrará al vigor al día siguiente hábil al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal contará con un plazo que no excederá 180 días contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Decreto para emitir las disposiciones reglamentarias del presente Decreto.

TERCERO. Dentro del plazo de ciento veinte días contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, todas las instituciones que brinden servicios y unidades autorizadas de reproducción asistida comunicarán a las autoridades sanitarias el número total de embriones que mantengan, procedentes de técnicas de reproducción, iniciados antes de la entrada en vigor de estas reformas, así como la información disponible sobre su estado.

CUARTO. La creación del Registro Nacional de Reproducción Asistida estará sujeta a la asignación de los recursos presupuestales correspondientes.

QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan la presente Ley.

 

F. Es importante destacar sobre el anterior, que a pesar de que diversas propuestas señalan los términos “medicamente o humana”, para nombrar la Reproducción Asistida, estas Comisiones dictaminadoras consideran que cualquiera de los anteriores sería redundante, toda vez que las técnicas son en seres humanos, por ser reformas en la Ley General de Salud y porque las técnicas de reproducción asistida necesariamente deberán ser llevadas a cabo por profesionales de la salud, además de ello, a nivel internacional el término aceptado es el de Reproducción Asistida.

Así mismo, consideramos pertinente destacar que el Artículo 71 Bis 3 que establece que: “Toda persona que requiera de un tratamiento de reproducción asistida deberá tener la indicación médica para ello,…”, tiene como objeto asegurar el fin de la reproducción asistida, que es que la procreación llegue a término de manera exitosa, de tal manera que a partir de la indicación médica, el profesional de la salud, valida que la persona que se someterá al procedimiento en cuestión, está libre de la presencia de infecciones, padecimientos de tipo genético o congénito, o bien, alguna malformación del útero, o hipertensión, por ejemplo, que puedan comprometer no sólo el procedimiento, sino la salud y la vida misma del solicitante.

Finalmente, por lo que respecta a las prohibiciones establecidas en el Artículo 71 bis 5, estas Comisiones dictaminadoras consideramos importante, hacer especial mención, sobre la fracción VII, que prohíbe: “El implante simultáneo de embriones no provenientes de la misma pareja”, de la cual se desprende que la realización de un implante simultáneo de embriones no provenientes de la misma pareja, contravendría el fin de la presente reforma que es la procreación, toda vez que dicha implantación contendría una doble carga genética, con mayor posibilidad de rechazo natural por parte del sistema inmunológico de la mujer que lo reciba, de tal manera que la viabilidad del procedimiento, disminuye y aumenta la probabilidad de aborto por dicha complicación. Así mismo, la realización del procedimiento, va de la mano con la indicación médica antes señalada, toda vez que resulta contradictorio por una parte, asegurarse de las condiciones de salud para llevar a cabo el procedimiento, y por otra parte, se dañe con una doble carga genética que pone en riesgo la probabilidad de éxito del procedimiento en cuestión.

En este tenor de ideas es imperante la regulación de la Reproducción Asistida, por lo que las Comisiones Unidas de Salud, Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, estiman que la materia de las Iniciativas en comento es de trascendencia, por ello se realiza un solo dictamen que considera los siete proyectos de ley y reformas,  por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente Proyecto de Decreto en comento, con modificaciones:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA.

ÚNICO. Se reforma la fracción V del Artículo 3º, se reforma el primer párrafo y fracción VIII del Artículo 17 Bis, se reforma la fracción I, IV y V y se adiciona la fracción VI, todas del Artículo 313, se deroga la fracción VIII y se adiciona la fracción XXIX del Artículo 314, se reforman las fracciones III, V y VI y se adiciona la fracción VII del Artículo 315, se reforma el párrafo primero del Artículo 319, se reforma el Artículo 373, se adiciona el Artículo 421 Quáter, se reforman el primero y el último párrafos, las fracciones I y II y se adiciona la fracción IV Bis todos del Artículo 462, se reforma el primer párrafo y se deroga el segundo párrafo, ambos del artículo 466 y se adiciona al Título Tercero, un Capítulo VI Bis denominado “Reproducción Asistida” que comprendido del Artículo 71 Bis 1 al 71 Bis 7, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- …

I. a IV Bis 2. …

V. La planificación familiar y la reproducción asistida;

VI. a XXVIII.

Artículo 17 bis.-La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley, incluyendo los dedicados a la reproducción asistida; XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

I. a VII. …

VIII. Ejercer el control y la vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos y tejidos y sus componentes y células de seres humanos, incluyendo aquellos actos de disposición de gametos relativos a la reproducción asistida;

IX. a XIII. …

Título Tercero

Capítulo VI Bis
“Reproducción Asistida”

Artículo 71 bis 1. Para efectos de esta Ley, se entiende por:

I. Embrión: Producto de la división del cigoto hasta el fin del estadio embrionario, es decir, ocho semanas después de la fecundación;

II. Reproducción Asistida: Reproducción lograda a través de la inducción de ovulación, estimulación ovárica controlada, desencadenamiento de la ovulación, con técnicas de reproducción asistida, inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con semen del esposo, pareja o un donante, y

III. Técnicas de Reproducción Asistida: Todos los tratamientos o procedimientos que incluyen la manipulación, tanto de ovocitos, como de espermatozoides o embriones humanos, para el establecimiento de un embarazo.

Artículo 71 bis 2.- Los requisitos que deberán cumplir los establecimientos de salud y el personal que realice servicios de reproducción asistida, se sujetarán a las disposiciones administrativas que para tal efecto emita la Secretaría de Salud.

Artículo 71 bis 3.- Toda persona que requiera de un tratamiento de reproducción asistida deberá tener la indicación médica para ello, así como:

I. Ser mayor de 18 años, con plena capacidad de ejercicio;

II. Otorgar su consentimiento informado por escrito, así como contar con el de las personas involucradas en la aplicación de la técnica para lograr el embarazo;

III. Gozar de bienestar físico y mental;

IV. Cumplir con los requisitos señalados en el protocolo del establecimiento para la atención médica donde se lleve a cabo el tratamiento de reproducción asistida, y

V. Los demás requisitos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 71 bis 4.- Los embriones sólo pueden ser generados con la finalidad de lograr el embarazo.

Artículo 71 bis 5.- Queda prohibido:

Cualquier tipo de práctica eugenésica;

La clonación;

Los implantes interespecíficos, ya sea con fines reproductivos o de investigación;

La escisión embrionaria precoz;

La producción de híbridos o quimeras;

La producción y utilización de embriones con fines de experimentación;

El implante simultáneo de embriones no provenientes de la misma pareja;

La implantación de más de tres embriones en cada ciclo;

La selección de sexo con fines no terapéuticos, y

Cualquier otra práctica de reproducción asistida que atente contra las disposiciones jurídicas en la materia.

Artículo 71. Bis 6. La Secretaría de Salud contará con un Registro Nacional de Reproducción Asistida, cuyo funcionamiento estará sujeto a las disposiciones generales que para tal efecto emita dicha dependencia, las cuales deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 71. Bis 7. Las técnicas de reproducción asistida, sólo podrán aplicarse cuando los solicitantes, encuentren impedimento para procrear.

Artículo 313.- …

I. El control y la vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos, tejidos y células de seres humanos, incluyendo aquellos actos de disposición de gametos relativos a la reproducción asistida, en los términos establecidos por esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

II. y III. …

IV. Emitir las disposiciones de carácter general que permitan la homologación de los criterios de atención médica integral en la materia;

V. Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y con los gobiernos de las entidades federativas, campañas permanentes de concientización sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células para fines de trasplantes, así como de sangre y sus componentes para efectos de transfusiones y otros usos terapéuticos, y

VI. La regulación y el control sanitario de la reproducción asistida.

Artículo 314.- …

I. a VII. …

VIII. Se deroga.

IX. a XXVI. …

XXVII. Trazabilidad, a la capacidad de localizar e identificar los órganos, tejidos, sus componentes y células, en cualquier momento desde la donación y, en su caso, hasta el uso terapéutico, procesamiento o destino final;

XXVIII. Hemoderivados, los productos obtenidos de algunos componentes sanguíneos, especialmente el plasma, mediante procesos fisicoquímicos o biológicos, para aplicación terapéutica, diagnóstica, preventiva o en investigación, y

XXIX. Gametos,células sexuales masculinas, espermatozoides, y femeninas, óvulos producidos por las gónadas, testículos y ovario respectivamente.

Artículo 315.- …

I. a II. …

III. Los bancos de órganos, tejidos no hemáticos y células, incluyendo gametos;

V. La disposición de células troncales;

VI. Los establecimientos de medicina regenerativa, y

VII. La reproducción asistida.

Artículo 319.- Se considerará disposición ilícita de órganos, tejidos, células, incluyendo gametos, embriones y cadáveres de seres humanos, aquella que se efectúe sin estar autorizada por la Ley.

Artículo 373.- Requieren de licencia sanitaria los establecimientos a que se refieren los artículos 198 y 315 de esta Ley; cuando cambien de ubicación, requerirán de nueva licencia sanitaria.

Artículo 421 Quáter. Se sancionará con multa equivalente de dieciséis mil hasta quinientos mil veces la unidad de medida y actualización, a quien realice alguna de las conductas previstas en los artículos 71 bis 5 y 319 de esta Ley.

Artículo 462. Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mila diecisiete milveces la unidad de medida y actualización:

I. Al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, células, incluyendo gametos, embriones, cadáveres o fetos de seres humanos;

II. Al que comercie o realice actos de simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de órganos, tejidos, incluyendo la sangre, células, incluyendo gametos, embriones, cadáveres, fetos o restos de seres humanos;

III. …

IV. A los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o la procuración ilegal de órganos, tejidos y células o el trasplante de los mismos;

IV Bis. A los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o la procuración ilegal de gametos y embriones;

V. a VII. …

En el caso de las fracciones III, IV, IV Bis, V y VI se aplicarán al responsable, además de otras penas, de cinco a diez años de prisión. Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de reincidencia.

Artículo 466.- Al que sin consentimiento de una mujer, o aun con él, si ésta fuere menor o incapaz, realice en ella alguna técnica de reproducción asistida se le aplicará prisión de uno a tres años, si no se produce el embarazo como resultado de la inseminación; si resulta embarazo, se impondrá prisión de dos a ocho años.

Se deroga.

TRANSITORIOS

PRIMERO.  El Presente Decreto entrará al vigor al día siguiente hábil al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.  El Ejecutivo Federal contará con un plazo que no excederá 180 días contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Decreto para emitir las disposiciones reglamentarias del presente Decreto.

TERCERO. Dentro del plazo de ciento veinte días contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, todas las instituciones que brinden servicios y unidades autorizadas de reproducción asistida comunicarán a las autoridades sanitarias el número total de embriones que mantengan, procedentes de técnicas de reproducción, iniciados antes de la entrada en vigor de estas reformas, así como la información disponible sobre su estado.

CUARTO. La creación del Registro Nacional de Reproducción Asistida y demás erogaciones que se generen con la entrada en vigor del presente Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado de la Secretaría de Salud.

QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan la presente Ley.

1 Regulación de la reproducción asistida en el ámbito europeo. Derecho Comparado; Vega M. Vega J, Martínez Baza P.; Cátedra de Medicina Legal. Universidad de Valladolid, Cuadernos de Bioética 1995/1º.




 

De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se declara la segunda semana de noviembre de cada año como la Semana Nacional para Prevenir el Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO LA SEMANA NACIONAL PARA PREVENIR EL SOBREPESO, LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen de dos Iniciativas con proyectos de Decreto por los que se declara la Semana Nacional para prevenir el Sobrepeso y la Obesidad.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de las Iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de las Iniciativas y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 18 de noviembre de 2015, las Senadoras Anabel Acosta Islas, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lisbeth Hernández Lecona, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Juana Leticia Herrera Ale, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; la Senadora María Elena Barrera Tapia, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y el Senador Rabindranath Salazar Solorio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se declara la segunda semana del mes de noviembre de cada año, como la “Semana Nacional para Prevenir el Sobrepeso y la Obesidad”.

Con la misma fecha, en sesión Plenaria de la Cámara, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.
2. Con fecha 03 de diciembre de 2015, las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Lilia Guadalupe Merodio Reza, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se declara el 30 de noviembre de cada año, como el “Día Nacional de los Trastornos de la Conducta Alimentaria”.

Con la misma fecha, en sesión Plenaria de la Cámara, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS.

1. La propuesta presentada el pasado 18 de noviembre de 2015, propone declarar Semana Nacional para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad. Al respecto propone lo siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO LA SEMANA NACIONAL PARA PREVENIR EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD.

Artículo único.-EL Honorable Congreso de la Unión declara la segunda semana de noviembre de cada año como la Semana Nacional para Prevenir el Sobrepeso y la Obesidad.

Transitorios

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

2. La propuesta presentada el pasado 13 de diciembre de 2015, propone el Día Nacional de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Al respecto propone lo siguiente:

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- El Honorable Congreso de la Unión declara, el día 30 de Noviembre de cada año, como el “Día Nacional de los Trastornos de la Conducta Alimenticia”.

TRANSITORIO:

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos; hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de sobrepeso y obesidad.

B. El sobrepeso y la obesidad se han traducido en un problema grave para la salud pública, en todo el mundo. Datos de la Organización Mundial de la Salud marcan que,tan solo en 2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 600 millones eran obesos.La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, y cada año mueren, como mínimo, 2,8 millones de personas a causa tan solo de estos dos padecimientos. Aunque anteriormente se consideraba un problema confinado a los países de altos ingresos, en la actualidad la obesidad también es prevalente en los países de ingresos bajos y medianos.

C. El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.Así mismo cabe resaltar que la obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Pero además de estos mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultad respiratoria, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos de enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos psicológicos.

D. En este tenor debemos destacar el concepto de salud según la Organización Mundial de la Salud en la que se plantea que: es el estado completo de bienestar físico y social que tiene una persona.

Aunado a lo anterior debemos decir que en nuestro país el sobrepeso y la obesidad es un tema sumamente prioritario que se ha traducido en una epidemia y que día a día se enquista más en nuestra sociedad, desafortunadamente focalizada en nuestros menores.

Desde la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) 2006, la cual reveló que el sobrepeso y la obesidad continuaban en aumento, en todas las edades, regiones y grupos socioeconómicos, fue que se colocó entre los problemas de salud pública más importantes en México.Así mismo la ENSANUT 2012, reportó para la población en edades de los 5 a los 11 años, la prevalencia en 2012 fue de 34.4% (19.8% de sobrepeso y 14.6% de obesidad), lo que equivale a aproximadamente 5,664,870 infantes con sobrepeso u obesidad en nuestro país, 36.9% niños y 32% niñas. El 35% de los adolescentes con sobrepeso u obesidad, lo cual equivale a 6,325,131 personas que van desde los 12 a los 19 años, 35.8% son mujeres y 34.1% son hombres. Y los adultos, donde el 69.4% son mujeres con sobrepeso y obesidad contra el 73% que son hombres con el mismo problema. En el caso de los adultos, la prevalencia más alta se presentó en el grupo de edad de 40 a 40 años en hombres y de 50 a 59 años en las mujeres.

Es por ello que se han venido realizando acciones específicas, como lo es la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, presentada por el Gobierno Federal, el 31 de octubre de 2013, con el objetivo de promover la prevención y control de la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2 y las enfermedades no transmisibles.

E. Al margen cabe decir que nuestro país tiene una prevalencia que va en aumentos de sobrepeso, obesidad y diabetes, a tal magnitud que hoy en día uno de cada tres niños y siete de cada diez adultos, tiene sobrepeso y obesidad.

Por otro lado, hoy en día la prevalencia es mayúscula en diabetes ya que en adultos mayores de 20 años representa alrededor de 14 %, y representa más de 87 mil muertes al año.

Un problema no menor son los costos que representan estos trastornos de conducta alimentaria en la diabetes mellitus tipo 2 atribuible al sobrepeso y obesidad se gasta entre 83 y 99 mil millones de pesos al año, esto incluye los costos de tratamiento médico, las perdidas en ingreso por morbilidad y mortalidad.

F. Las consecuencias más comunes del sobrepeso y la obesidad son las enfermedades cardiovasculares, cardiopatía y accidentes cerebrovascular; diabetes; hipertensión; hiperlipidérmias; hernia; cardiomegalia; infartos; venas varicosas; embolia pulmonar; los trastornos del aparato locomotor, en especial la osteoartitis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones y algunos cánceres como el endometrio, de mama y colon.

Además de estos riesgos futuros, los niñas, niños y adolescentes que padecen sobrepeso y obesidad, sufren dificultad respiratoria, mayor riesgo de fracturas e hipertensión y presentan marcadores tempranos de enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos psicológicos. En este tenor de ideas cabe señalar que de acuerdo con el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), existen 400 mil niños menores de 15 años que sufren de diabetes “Tipo 1” o “Tipo 2”.El problema se presenta en niños y niñas de entre 6 y 7 años de edad a causa de la obesidad, originada básicamente por una inadecuada nutrición y falta de actividad física.

G. Una causa y efecto que conlleva la obesidad es la DIABETES, la cual impacta en el número de defunciones por año, existe una tendencia creciente en las tasas de mortalidad en ambos sexos, con más de 60 mil muertes y 400,000 casos nuevos anuales, es decir cada hora se diagnostican 38 nuevos casos y cada dos horas mueren 5 personas por complicaciones relacionadas con la enfermedad.

Como podemos ver el problema es mayúsculo, es por ello que estas comisiones dictaminadoras consideran conveniente que exista una semana nacional para la prevención del sobrepeso y la obesidad sin embargo para generalizarlo se considera viable abrirlo también a los trastornos de la conducta alimentaria. Ello significa que se toma en cuenta la iniciativa que marca solo un día, ya que con un decreto que conlleve a que en nuestro país no solo se tenga aun día sino toda una semana de concientización para emprender acciones específicas en todo el país con el fin de que se pueda prevenir el sobrepeso, la obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Con ello se considera que se da un paso más para ir erradicando y combatiendo de frente este grave problema de salud pública que hoy en día lacera nuestra sociedad.

H. Por lo anterior es que estas comisiones que dictaminan consideran prudente plasmar la siguiente tabla:

1. Iniciativa- 18 de noviembre de 2015



Artículo único.-
EL Honorable Congreso de la Unión declara la segunda semana de noviembre de cada año como la Semana Nacional para Prevenir el Sobrepeso y la Obesidad.

A favor con modificaciones

Artículo único.-EL Honorable Congreso de la Unión declara la segunda semana de noviembre de cada año como la Semana Nacional para Prevenir el Sobrepeso, la Obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.

2. Iniciativa- 13 de dicimbre de 2015

ÚNICO.- El Honorable Congreso de la Unión declara, el día 30 de Noviembre de cada año, como el “Día Nacional de los Trastornos de la Conducta Alimenticia”.

Se incluirá en la propuesta de la Semana Nacional. Ya que es preferible tener más tiempo de concientización para que en todo el país se realicen acciones y estrategias claves para la prevención de estos trastornos alimenticios.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO LA SEMANA NACIONAL PARA PREVENIR EL SOBREPESO, LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA.

ÚNICO. EL Honorable Congreso de la Unión declara la segunda semana de noviembre de cada año como la Semana Nacional para Prevenir el Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Son todos los dictámenes de primera lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.





 

Tenemos la discusión de dictámenes, en sentido negativo, que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado. Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día.

En consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos que se refieren a los dictámenes negativos.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura a los dictámenes:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

(Dictamen a discusión)



(Intervención de la Senadora Sonia Rocha Acosta)







 

Doy lectura al segundo dictamen:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)







 

Doy lectura al tercer dictamen:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A  las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; de Estudios Legislativos, Segunda durante la LXII Legislatura  fue turnada para su estudio y Dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción XII del artículo 4, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de la iniciativa descrita y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta.

IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

I. En sesión celebrada el 28 de abril del 2015, la Mesa Directiva turnó a estas Comisiones Unidas para su estudio y Dictamen la iniciativa, presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.

II. El 1 de enero de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Los miembros integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; de Estudios Legislativos Segunda procedieron al estudio de la iniciativa presentada,  efectuando razonamiento sobre la aplicación de los conceptos contenidos en la misma, tomando en consideración para la realización del presente Dictamen el contenido y objetivo planteado por su promovente.

Es por ello que estas Comisiones dictaminadoras procedieron al estudio de la misma y análisis correspondiente en los términos del presente dictamen.

Conforme a la exposición  de motivos, el objetivo de la iniciativa es el de plantear  ejes fundamentales para los jóvenes emprendedores pretendiendo que el Instituto Mexicano de la Juventud, en su carácter de organismo rector de la política sectorial facilite la incubación de células empresariales como incentivo para el desarrollo de las ideas que muchos de nuestros jóvenes planean y buscan llevar a cabo.

Se expone que uno de los principales fines que persiguen los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), es dar a niños y jóvenes un buen comienzo en la vida, por lo que, muchos Estados se esfuerzan cada vez más por incorporar las opiniones de los jóvenes en su trabajo y en las políticas, a fin de mejorar su presente y su futuro, e incentivando la incorporación del sector hacia actividades laborales con el objetivo de combatir la grave situación de desempleo que se vive alrededor del mundo a causa de las políticas de estabilidad macroeconómica que benefician el desempeño inflacionario por encima de la generación de empleos y el mejoramiento salarial.

Refiere que el 85 por ciento de los jóvenes ocupados no gana más de 6 mil pesos al mes y apenas una cuarta parte de los empleos formales que se crearon en el último año fueron para ellos, por lo que en consecuencia, la mayoría recurre a la informalidad.

Argumenta que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), han coincidido en que la situación laboral de los jóvenes poco ha cambiado tras la crisis de 2009, pues la economía no crece y no se está invirtiendo lo necesario para generar nuevos empleos.

Señala que de acuerdo con la Encuesta de Competencias Profesionales 2014 del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), la tasa de desocupación en México para jóvenes de 15 a 24 años en 2013 fue de 9%, contra 4% en adultos de 25 años.

En ese mismo tenor manifiesta que, a pesar de que existe una estructura institucional que apoya a emprendedores a través del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) y 250 incubadoras en el país, lo cierto es que el sector requiere una mayor atención y cuidado para poder llegar de manera efectiva hacia los sectores que mayores necesidades tienen.

Con base en lo anteriormente mencionado señalamos la siguiente:

III. CONSIDERACIONES

Con relación a la iniciativa motivo del presente Dictamen, quienes integramos éstas Comisiones que dictaminan, hemos convenido señalar que hemos considerado la revisión de  las atribuciones de instancias como el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) ) órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial, objeto en el que están implícitos las jóvenes y los jóvenes del país.

De la revisión señalada es de observarse que las propuestas motivo del presente dictamen contravienen los Programas de Emprendedores y Financiamiento, a cargo del INADEM invadiendo las atribuciones específicas que en esa materia le corresponden a dicha dependencia y, por ende, a la Secretaría de Economía.

Hemos de resaltar que el Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno del Instituto Nacional del Emprendedor, prevé en su numeral 6, fracción VI que es facultad de su Presidente: “Coordinar con las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, así como con los organismos del sector privado, académico y social, el cumplimiento en cada de una de sus competencias, de las decisiones tomadas para el desarrollo de la competitividad de la MIPYME, en relación con la política nacional de apoyo a las MIPYMES y los emprendedores”.

Por lo que consideramos no pertinente que el IMJUVE por sí solo promueva el diseño, implemente y ejecute programas de esquemas de emprendimiento e incubación de negocios, con la asignación de fondos a capital perdido, ya que estaría contraviniendo las atribuciones específicas que en esa materia le corresponden al INADEM, pues su Dirección General de Programas de Emprendedores y Financiamiento, tiene como objetivo apoyar a emprendedores, entre los que se encuentran las y los jóvenes, a través de un esquema integral basado en cuatro líneas de acción: Fomento; Fondeo; Alto Impacto y Cultura Financiera. A través del Sistema Nacional de Garantías, impulsa nuevos esquemas de financiamiento, promoviendo con ello: El acceso a fuentes de financiamiento (inclusión financiera); Profundización, esto es, generando mejores condiciones en los productos de crédito, ya sea en los plazos de pago o tasas de interés; Fondo Mutual Sectorial, para el acompañamiento en política industrial.

Por lo que en esta tesitura, el INADEM es el que tiene la atribución de coordinarse con el IMJUVE, en su caso, a efecto de diseñar un programa de apoyo en la materia para las y los jóvenes en lo particular; además de que los esquemas y los programas de emprendimiento e incubación de negocios, forman parte medular de la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, lo cual ya está a cargo del INADEM.

Por las consideraciones expresadas y toda vez que la reforma propuesta a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, ya se encuentra prevista en otros ordenamientos vigentes específicos en la materia, quienes integramos de manera plural estas Comisiones Unidas señalamos las siguientes:

IV. CONCLUSIONES

Primera. La iniciativa presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, ha sido considerada y valorada no favorable por los miembros de estas Comisiones que dictaminan.

Con la conclusión del análisis en cuestión, los integrantes de las Comisiones Unidas que dictaminan, de conformidad con lo anteriormente expuesto y fundamentado sobre la iniciativa, motivo del presente Dictamen, nos permitimos someter a consideración de ésta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Primero. No es de aprobarse la iniciativa presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, con proyecto de Decreto que reforma la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Senado de la República, el 12 de abril de 2016.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

Son todos los dictámenes, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: En consecuencia, están a discusión. No habiendo quién haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto iniciados en esta Cámara.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los Acuerdos que desechan proyectos de Decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobados los Acuerdos. Comuníquese. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, que contiene punto de Acuerdo por el que el Senado se congratula por la adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible por parte de México, en el marco de la 70 sesión de la Asamblea General de la ONU.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al dictamen, señora Presidenta.



(Intervención de la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara)



(Intervención de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván)



(Intervención del Senador Jorge Aréchiga Ávila)



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

En virtud de que no hay reservas ni discusión, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal un informe sobre las aportaciones de México a la negociación y adopción del Acuerdo de París.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al dictamen, señora Presidenta.



(Intervención de la Senadora Marcela Guerra Castillo)



(Intervención de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván)



(Intervención del Senador Jorge Aréchiga Ávila)



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

No habiendo discusión, consulte la Secretaría a la Asamblea, si es de aprobarse el punto de Acuerdo.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobado el Acuerdo. Comuníquense.





 

Tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, que contiene punto de Acuerdo por lo que el Senado se congratula por la elección de México para ocupar la Presidencia de la 34 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y El Caribe durante el periodo 2016-2017.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con gusto, señora Presidenta. Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: En consecuencia, está a discusión.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Sin duda que cualquier mexicano o mexicana se sentiría orgulloso de que su país fuese tomado en cuenta para presidir una conferencia tan importante como es la 34 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

Sin embargo, tenemos que decirlo con mucho pesar, un reconocimiento internacional de tanta importancia tiene que tener bases sólidas para adquirirlo, y si no se tienen esas bases sólidas entonces pareciera que hay favoritismo de quienes hacen la designación.

De las cuestiones que se tienen que tomar en cuenta para hacer esta designación, está la importancia de que se reconozca el esfuerzo de los encargados de ejecutar la diplomacia mexicana para cumplir con ello, con el compromiso internacional de México de fortalecer las políticas públicas y las acciones para erradicar el hambre y la pobreza de América Latina y el Caribe.

Si nosotros revisamos cifras, sin duda que no entendemos cómo es que México se le está asignando está responsabilidad. Somos de los primeros lugares en el mundo en obesidad infantil, somos el único país de América Latina que no ha reducido sus niveles de pobreza, más del 50% de nuestros niños están en la pobreza; más de 30 millones de nuestros compatriotas están en pobreza alimentaria, más de 10 millones de nuestros infantes están en esta misma condición, todos los días se nos mueren en un promedio de 30 personas por desnutrición, y entonces, ¿cuáles son los méritos?

¿Cuáles son las políticas públicas que el gobierno de la República ha implementado para abatir este terrible flagelo que es el hambre?

¿La Cruzada Contra el Hambre?

Revisemos lo que dice el Coneval con respecto a este tema. La Cruzada contra el Hambre es un modelo asistencialista, el propio secretario de la Sagarpa plantea que está en contra del asistencialismo, y le dijimos en su momento coincidimos con usted, lo que tenemos que impulsar para erradicar el hambre en México es la producción social de alimentos.

Entonces, compañeros Senadores, habría que preguntarle a los que hicieron esta designación: ¿a cuáles políticas públicas se refieren que se están aplicando en México para erradicar el hambre?

Damos los resultados: Tenemos miles, millones de niños que hacen cuando mucho una comida al día, y aquí más de uno se ha llenado la boca diciendo que al modificar tal o cual ley estamos impulsando las buenas costumbres para la alimentación.

Déjenme decirles, como educador, que las buenas costumbres para la alimentación no se aprenden en los libros de texto, las buenas costumbres para la alimentación no se aprenden en una explicación que un profesor le dé a un niño de qué debe o qué no debe  comer, no se aprenden en una clase de nutrición, las buenas costumbres para la alimentación se adquieren de la práctica concreta.

Por eso seguiremos insistiendo en que no va a haber educación de calidad si no es el desayuno escolar la primera actividad en las escuelas públicas de este país.

Entonces sí, el día que logremos eso el profesor le explicará al niño que la ingesta que hizo tiene vitaminas, tiene micronutrientes, tiene minerales, tiene calcio, tiene toda una serie de elementos que requiere el organismo para desarrollarse, y le tendrá que poner en contraposición lo que representa comerse unas papas fritas sobresaturadas de grasa y una Coca Cola, y entonces el niño irá haciendo la valoración y cuando crezca pues odiará la Coca Cola y amará intensamente la buena comida.

Por eso estamos en contra de este punto de que el Senado se congratule por este nombramiento, porque no tiene un sustento ético.

La ética surge a partir de cumplir con las obligaciones que tiene el gobierno con la sociedad, y digámoslo sinceramente, compañeros, lo que hay en lugar de ética es violencia institucional contra la población de este país, porque no se vale que más de 30 de nuestros compatriotas se estén muriendo todos los días de desnutrición; incluso, por ahí, El Universal hace algunos meses sacó un dato escalofriante, el hambre mata más mexicanas y mexicanos que la delincuencia organizada, solamente que como las muertes por hambre son silenciosas, solo lo sabe la familia, la población no se entera y no ha prendido el foco de alerta.

Pero esa es la realidad de este país, por eso, porque no tiene fundamentos éticos, porque no tiene políticas públicas que sustenten de verdad la lucha contra el hambre, estamos en contra de este nombramiento.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Se inserta intervención de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se inserta intervención de la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara.

La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se inserta intervención de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se inserta intervención del Senador Manuel Humberto Cota Jiménez.

El Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión del Distrito Federal, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a informar sobre la tala de árboles y destrucción de áreas verdes en la zona de conservación ecológica de Santiago Tepalcatlalpan en la Delegación Xochimilco.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al dictamen, señora Presidenta.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro del dictamen.

La Senadora Layda Sansores San Román: Gracias, señora Presidenta. Senadoras y Senadores: "Fieles y adorables curules que siempre están presentes":

Sí, quiero hablar sobre el tema de la tala de árboles, porque es un tema muy sensible ya para los ciudadanos de la Ciudad de México, no sólo es en Xochimilco, en Tlalpan, donde se menciona.

Aquí las denuncias están todos los días.

Mancera es mejor conocido como "Mancerra" por ciudadanos indignados. Esto viene de man-hombre y cerra, del que corta, el que divide, y "Mancerra" es el gran talador que llegó para talar un proyecto de 20 años que habían convertido en la Ciudad de México en la más democrática del país, con las mayores prestaciones de bienestar social y con una sociedad, una ciudadanía muy participativa que era consultada en temas controvertidos. Hoy son invisibles para él.

De pronto apareció armado con machete y macana y no había tomado protesta el 1º de diciembre, y ya estaba reprimiendo a los ciudadanos para congraciarse con Peña Nieto, el gobierno federal ni se ensució las manos, no detuvo a nadie, él hizo todo el trabajo sucio, encarceló a decenas de inocentes y tiene la marca indeleble de la sangre del profesor KuyKendall, a quien dejó morir sin brindarle jamás ayuda.

Impidió que la protesta contra la reforma energética llegara al Zócalo, pero eso sí, le prestó la Plaza Cívica a Peña para que la usara como estacionamiento para sus cuates especiales en su informe privado y además de reprimir a estos ciudadanos pacíficos que protestaban por la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa; a golpes quiere detener también a los vecinos que protestan por la instalación de parquímetros o que están protestando por la tala indiscriminada de árboles.

La contaminación ambiental no va a resolverse castigando a los ciudadanos que no usan sus coches y se lanzan a la calle a desafiar el insuficiente transporte eléctrico. Se espera un plan integral de su parte, abandonó los trolebuses eléctricos y son escasas las unidades que dan servicio.

Suárez del Real, de Morena, en la Asamblea proponía que con eliminar lo superfluo de la Asamblea de Representantes, se podía ahorrar lo suficiente para comprar mil RTP, pero lo rechazaron.

Los microbuses no son verificados, no se ha movido una sola industria. El nuevo Reglamento de Tránsito obliga a circular con más lentitud y eso también contamina.

Es incongruente y estúpido que hable de combatir la contaminación ambiental, que ha llegado a sus máximos históricos, talando árboles a diestra y siniestra de una manera frenética.

Ahora me están hablando los vecinos que están por José María Rico, talando y perforando, no para, pero eso sí, se saca una foto sembrando arbustitos. ¡Hay que chulada!

Para las obras viales ha derribado cientos de árboles y está talando 300 de Xochimilco, más 300 más de Barranca del Muerto para el deprimido de Mixcoac; pero ya había talado otros mil árboles, árboles centenarios, palmeras, fresnos; es deprimente, en verdad lo que está haciendo sin ninguna conciencia y responsabilidad social, que por cierto, la empresa encargada de esta obra del deprimido, es la misma que defraudó a este Senado, el cual sigue inconcluso con esos elevadores que dan vergüenza y que obligan a ser discriminado, si no eres Senador, no puedes entrar al elevador, solamente para los refinados Senadores, y el público, que esperen las horas que sean. Además, es una obra riesgosa, pues compromete los ríos entubados y podría ocasionar daños a las colonias vecinas.

Hay una denuncia de Porfirio Muñoz Ledo el día de antier, donde habla también de cómo se le ha dado tanta fuerza y facilidades a todas las inmobiliarias, es la lana, señores, es la mochada lo que está detrás y no le importa la calidad de vida de los vecinos.

Mencionaban las compañeras Senadoras del PRI en su punto de Acuerdo de marzo, que se benefició con la construcción de las Torres Mítikah y Manacar, en detrimento de 25 mil metros cuadrados de áreas verdes, expertos proponen otras soluciones.

Pero él no se detiene siquiera a escucharlos, él camina indiferente con los oídos cerrados y los bolsillos abiertos.

Qué manera de dilapidar el capital político con el que ganó ampliamente las elecciones, la ambición por el poder y el dinero lo han desfigurado, todo lo que puede lo privatiza, vende espacios públicos para negocios privados, tiene un signo de pesos en la mirada, nadie se explica por qué la mitad de los parquímetros y de las fotomultas son para una compañía privada.

Hay quienes se preguntan: "¿De quién chon el negocio multimillonario?"

Gracias a la ciudadanía se impidió convertir la Avenida Chapultepec en una gran plaza comercial, o sea, otro negocito del señor "Mancerra".

El nuevo Reglamento de Tránsito no es para evitar que los ciudadanos tengan menos accidentes, sino para que le engorde su cochinito para su campaña presidencial que lo tiene obsesionado y desquiciado. Si su casa Mancera la tiene como tiene a la Ciudad de México, ha de ser un chiquero.

Hoy con la reforma política pretende convertir a los ciudadanos en súbditos. Mancera es la peor administración, desde que la izquierda tomó el poder, y le encantan los disfraces, a veces trae su túnica de independiente o se pone un antifaz de un bebé-izquierda, pero no puede ocultar su ineptitud y el Peña que lleva dentro.

Hoy los dos compiten por ser el más impopular, Peña le gana sólo por un copete, Mancera se ha convertido en el más peligroso contaminante ambiental y social de esta ciudad.

Exigimos que ni un árbol más sea derribado, que se consulte a los ciudadanos y se explore con los académicos y los expertos toda las posibilidades antes de derribar estos árboles.

"Mancerra", nadie te enseñó a respetar a estos seres vivos que embalsaman el aire y son el canto de la ciudad. Talar un árbol es un crimen, es causar nuestra propia destrucción, los árboles crecen en la tierra, pero hay que amarlos.

Ojalá un día podamos decir como Octavio Paz: "Creció en mi frente un árbol. Creció hacia adentro". Defendámoslos como parte nuestra.

Gracias, señor Presidente.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Sansores San Román.

Recibimos la intervención por escrito del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, el cual se integra al Diario de los Debates.

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Tiene el uso de la palabra la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, para referirse al punto de Acuerdo.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señora Presidenta.

Primero que nada quiero darle las gracias al Senador Mario Delgado Carrillo y a las Senadoras y Senadores de la Comisión del Distrito Federal por este dictamen.

En realidad estamos viviendo una gran crisis, pero no me refiero a la que ya conocemos, la crisis ambiental, estamos viviendo una crisis de conciencia, no estamos cambiando nuestros patrones de conducta y es necesario hacerlo.

La misma Comisión Ambiental de la Megalópolis a través de la Cofepris mencionan que hay alrededor de 22 mil muertes asociadas a la contaminación y que desde hace meses hemos estado declarando que necesitamos proteger a nuestros mejores aliados, que son los árboles, y que la calidad del aire de la Ciudad de México no es buena; y bueno, pues llegó la contingencia ambiental y no podemos nosotros estar esperanzados a tener una veladora prendida para que haya aire y se lleve toda la porquería que nosotros mismos generamos y que está en el ambiente, que está en el aire.

Necesitamos tener políticas públicas respaldadas en cuestiones técnicas, necesitamos que las direcciones y Secretarías de Medio Ambiente estén las instrucciones respaldadas técnica y científicamente, que no sean decisiones políticas o de acuerdo al calendario electoral, necesitamos entender y hacer conciencia todos.

Cuando hablo de lo que estamos viviendo, no me refiero solamente a la Ciudad de México, por eso menciono a la Comisión Ambiental de la Megalópolis; también me refiero a los estados de: México, Puebla, Hidalgo, Morelos, a los que conforman la megalópolis, porque cada uno de ellos pone su granito de arena, precisamente, en esta mala calidad del aire, y que tenemos que entender que necesitamos cambiarla.

Me refiero a que nuestros mejores aliados son los árboles que capturan CO2, dióxido de carbono, y que gracias a sus raíces permiten que haya recargas en los mantos  acuíferos.

Ya basta de esta política pública de estar talando y talando para construir y construir. Ya lo dijo el Papa en la encíclica "Laudato si", ya basta que los seres humanos, que los seres que habitamos este planeta cada día vivamos más entre bloques, cemento, metal y vidrio, necesitamos espacios públicos, necesitamos áreas verdes.

La Delegación Xochimilco, de todas las delegaciones de la Ciudad de México es la que tiene más áreas de conservación, y necesitamos que así sigan estas áreas de conservación, por ningún motivo podemos seguir talando árboles.

Hoy desafortunadamente presento este punto de Acuerdo porque me doy cuenta que se talaron más de 300 árboles para la construcción de un centro comercial Walmart; qué lamentable que sus directivos, que tienen estas políticas de construcción no aprendan o deseen convivir precisamente con más árboles, convivir en esa construcción con áreas verdes.

Necesitamos cambiar, pero cambiar de consciencia todos, sí, por supuesto, el gobierno, pero también cada uno de nosotros.

Así es que le doy las gracias a la Comisión del Distrito Federal por este resolutivo favorable y también un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México a estar más sensible, más pegada a la ciudadanía, que si bien es cierto, esta ciudad es enorme y es un esfuerzo lo que se hace. Necesitamos estar con decisiones más técnicas, más apegadas.

Todo esto que ustedes ven que está pasando, es precisamente porque ya hace muchos años se dejó de operar debidamente el programa ProAire, Programas de Gestión para Mejorar para la Calidad del Aire, y que uno de sus rubros era el Hoy No Circula.

Tenemos que verlo de manera integral, tenemos que ver del manejo integral y adecuado de los residuos sólidos urbanos, tan solo eso el Estado de México y esta ciudad, sí, el 30 por ciento lo generan, de toda la basura del país, aquí se genera el 30 por ciento, por lo tanto hay más de 10 mil toneladas de dióxido de carbono en el aire gracias a esto y 400 de metano.

Tenemos que ver que la transición debe ser en un transporte público barato, eficiente, eficaz y limpio. No hay transiciones a medias, necesitamos ir al transporte eléctrico completo, y así cada uno de los rubros para tratar de que se consolide de manera integral, ver este problema.

Así es que, compañeros, si ustedes me permiten y con el afán de que también tenga oportunidad la parte de la Secretaría, la parte del Gobierno de la Ciudad de México, de venir a conversar con nosotros, quiero proponer un tercer resolutivo, si me lo permiten, donde, diga lo siguiente:

"TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México a reunirse con la  Comisión del Distrito Federal de esta Soberanía para exponer las acciones que la dependencia a su cargo ha realizado para salvaguardar las áreas de conservación ecológica, áreas naturales protegidas y las demás áreas verdes de la Capital del país".

Este resolutivo es muy importante, porque hay más predios, está Montes Apalaches, pero también está Parque Reforma Social, y así si nos vamos rumbo a la carretera a Toluca vamos a encontrar también la gran tala que se está llevando en Santa Fe.

Así es que les propongo este tercer resolutivo, que me apoyen, compañeras y compañeros, para que la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México venga a platicar con nosotros y que nos dé qué políticas públicas está aplicando para salvaguardar las áreas de valor ambiental tan importantes aquí y en todo el país.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.



Intervención



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Garza Galván.

En virtud de que la Senadora Garza Galván propone un tercer resolutivo, habiéndolo explicado ampliamente desde la tribuna, y habiéndolo entregado a esta Mesa Directiva, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse este nuevo resolutivo.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta a discusión la propuesta de la Senadora Garza Galván. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Senadora, únicamente estamos consultado si se acepta a discusión.

Ahora tendrá usted la palabra para que se discuta todo el punto de Acuerdo.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Señora Presidenta, sí se acepta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria.

Tiene la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, para hablar sobre el punto de Acuerdo con este tercer resolutivo incluido a discusión.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señora Presidenta.

Primero, en realidad yo no estaba anotada para este punto de Acuerdo, pero como integrante de la Comisión del Distrito Federal votamos a favor del resolutivo anterior, no está mal lo que acaba de proponer la Senadora del PAN, porque nadie puede estar a favor de que se talen árboles, y ni estos 300 árboles, ni ningún otro en ninguna parte del país; nosotros lo discutimos en la comisión y, en efecto, solicitamos a las autoridades de la Ciudad de México información suficiente sobre las medidas, primero, las consideraciones que tuvo para aceptar esta tala de árboles y segundo, las medidas para conservar los bosques, los árboles que son los pulmones que tiene la ciudad y que debemos preservarlos más allá de cualquier otra consideración.

Sé que hay muchas acciones que está haciendo el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y que puede haber respuestas; no me gusta el tono en el cual se refirió aquí una Senadora hacia la administración capitalina porque además revuelve muchos temas que no tienen que ver con el punto específico que se discutió en la Comisión del Distrito Federal en relación a la tala de árboles, que estamos solicitando se nos informe las causas y también las medidas para conservar en adelante los árboles de la Ciudad de México.

Pero también nosotros quisiéramos agregar que en todas partes de México están ocurriendo estos actos y que debemos poner alerta, ya que de acuerdo a un estudio de la UNAM, 500 mil hectáreas de bosques y selvas se pierden cada año.

Entonces, no hay que poner el foco en 300 árboles, hay que poner el foco en las 500 mil hectáreas de bosques y selvas que cada año pierde nuestro país, ese es un asunto muy grave, y unas se deben, por ejemplo, a la quema de zonas forestales donde se pierden miles de hectáreas de áreas verdes y de bosques. Otras se deben a la quema de bosques que a veces son las industrias, la industria del papel, la industria del mueble, las que provocan mucho esta deforestación y hay estados como Chiapas, Tabasco, Veracruz, Michoacán donde muy recurrentemente se está presentando esta situación, pero aquí se ha mencionado el tema del medio ambiente como si fuera un asunto exclusivamente de la Ciudad de México, de las autoridades del Distrito Federal y no lo es así.

De acuerdo a la normatividad en México, el cuidado del medio ambiente es responsabilidad, primero, de todas y de todos; el mejoramiento de nuestra calidad de aire en correlación con la protección a las salud es un tema que nos involucra tanto a las autoridades como a la sociedad en general, y por ello es muy importante que generemos este tipo de discusiones, pero para analizar cuáles son las medidas que se tienen que impulsar de una manera integral y coordinada para hacer frente a la crisis ambiental por la que atraviesa la megalópolis, no solamente la Ciudad de México.

Se han solicitado, se han acordado, se han determinado o se han tomado decisiones administrativas que no han permitido hacerse en toda la megalópolis, solamente es en la Ciudad de México donde se están instrumentando estas medidas, estos programas, estas políticas y acciones que permitan enfrentar el problema de la contaminación ambiental.

Pero el análisis debería de hacerse para toda la comisión que ordena a todos los estados conurbados, los cuales no están implementando estas medidas y, sin embargo, hacia ellos nadie dirige un solo comentario.

Lamentablemente hoy la mayoría de las decisiones emergentes se han concentrado en este espacio que es la generosa Ciudad de México, mientras que otros estados, a pesar de que la Comisión del Medio Ambiente ha dictado medidas, programas y actos de intervención en toda la megalópolis y son obligatorias para todas las partes, solamente se han implementado en la Ciudad de México.

Esa es la parte positiva y la parte negativa es que la responsabilidad, a pesar de que cae en todos solamente se pone el foco en una de las autoridades.

La salud de todos los que habitamos y trabajamos o transitamos en esta ciudad y por las entidades de la Zona del Valle de México es corresponsabilidad de todas las autoridades de la zona megalopolitana y también de toda la sociedad de esta megalópolis.

Más allá de discursos, de pronunciamientos políticos, debemos presionar a todas las instancias de la Ciudad de México, de los estados de la zona megalopolitana y las autoridades federales para que todos se involucren, todos sientan y adopten medidas urgentes e inmediatas que redunden en una intervención inmediata para evitar la deforestación de nuestro país y para evitar la contaminación en la zona megalopolitana.

Insisto, debemos preocuparnos por 300 árboles, pero más debemos estar preocupados por las 500 mil hectáreas de bosques que cada día se pierden en nuestro país.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Senadora Layda Sansores, sonido en su escaño.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta. Para hacer algunos comentarios a la intervención de mi compañera, muy estimada.

Que yo sólo hablé de dos temas, por si acaso se refería a mí.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Quiere desde su escaño, quiere tomar la tribuna.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Desde aquí, desde mi escaño.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Adelante, Senadora Sansores San Román.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Que sólo hablé de dos temas que es responsable el señor Mancera, como represor y como talador, y de represor porque así se estrenó el 1 de diciembre y se dieron continuamente estas acciones, en una de ellas en donde jóvenes amigos en la marcha Ayotzinapa, allí en el Zócalo, se vivió una de las más brutales represiones que me ha tocado estar presente.

Entonces, solicitamos hablar con él, no para quejarnos, sino para hacer propuestas de cómo evitar que la policía pudiera generar lo que pudo convertirse en una masacre al correr la gente en el Zócalo y poder quedar muchos aplastados. Nunca nos dio oídos, ese es el señor Mancera de respetuoso con los Senadores.

Entonces hoy es el momento de decirlo públicamente porque tiene que ver también con el talar, talas a derechos humanos, talas a árboles, y no son 300, ojalá que fueran 300 nada más y que los resembrara como había prometido.

Fuimos a hacer un recorrido personalmente para ver en dónde estaban sembrando los arbolitos. Mentira, siembran unos cuantos y los que pueden, no hay un plan, no hay una planeación porque no es lo que le interesa.

Y sí, tiene razón mi compañera, hay que pensar también en la deforestación nacional, pero eso no exonera al señor Mancera de estos actos frenéticos sin fundamento que hacen pensar que lo único que le interesa son las inmobiliarias, son las que le van aportar recursos para no sé qué.

Entonces por eso es nuestra queja muy sentida, tan sólo la obra del deprimido se va a llevar 3 mil árboles en una sola zona. Ahorita en otra colonia están talando 300, en otra 200, en Xochimilco 300, que saque la sumadora; pero es el acto, la falta de respeto a lo que es vida. Y por el otro lado, están sacrificando a los ciudadanos a que no usen sus coches, y no sirve para nada porque la contaminación ambiental sigue igual, que nos presente un plan de cómo combatir la contaminación.

Gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Sansores San Román.

Sonido en el escaño del Senador Demédicis Hidalgo.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Para rectificación de hechos, de lo que está comentando mi amiga, la Senadora Layda Sansores.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Tiene la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Sin duda que la represión la tenemos que condenar venga de donde venga. Hemos luchado toda nuestra vida para evitar que se criminalice la protesta social.

Cuando se hace la ley sobre el terrorismo, por supuesto que la votamos en contra, porque precisamente es el ingrediente que lleva en sus artículos la criminalización de la protesta social, pero yo lo digo respetuosamente, no sé en cuantas represiones haya estado presente mi compañera Layda, a lo mejor han sido pocas por eso sostiene que de las más brutales que haya visto.

Pudimos observar, no estuvimos presentes, pero pudimos observar en las imágenes televisivas que sí fue un acto reprobable, coincidimos en eso con ella. En lo que no coincidimos es en que sea una de las más brutales, lo que pasó ahí es cosa de niños con lo que pasó en México en 1968, esa sí fue una represión brutal que todavía cada 2 de octubre se recuerda en este país como uno de los actos más brutales de un Estado en contra de su población y, en este caso, de manera concreta, en contra de la población estudiantil.

Represiones brutales la de los maestros normalistas o los estudiantes normalistas de Corpus Christi en 1971, esa sí fue una represión brutal, muchos compañeros ofrendaron su vida para seguir abonando al movimiento democrático de este país; represión brutal la de los campesinos de Aguas Blancas, esa sí es una represión brutal; represión brutal la de El Charco en Guerrero, también, esa sí es una represión brutal; represión brutal la de Acteal en Chiapas y muchas otras que, reitero, comparadas con ésta que se señala como la represión más brutal en que han participado nuestras compañeras, pues sí.

Desde aquí hacemos un llamado fraterno al señor Mancera, al Jefe de Gobierno, para que priorice el diálogo.

La gente de izquierda prioriza el diálogo por encima de cualquier posibilidad de reprimir. Entonces, en ese sentido, yo digo que hay que llamar a las cosas por su nombre.

Si hubo represión, la reprobamos.

Hacemos este llamado enérgico al ciudadano Jefe de Gobierno para que actos de represión como ése no vuelvan a darse.

Pero hay que seguir señalando actos como estos que he mencionado, para que en México no se vuelvan a repetir.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores, por favor.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Para alusiones personales que ha externado el compañero Fidel.

Sé que él es un luchador social y yo no sé de qué tamaño deben ser las represiones para luchar contra ellas, si fue chiquita, si fue medianita, de qué tamaño le gusta para que uno se oponga a que haya represión, sea como sea y del color que sea.

La del Zócalo fue muy grave porque no tenía sentido, porque la plaza ya estaba prácticamente desalojada, y fue realmente algo muy impactante que me tocó vivir, pero que no es la primera, he vivido muchas más de las que él se imagina.

De cualquier manera creo que la condena a la represión debe ser contra la represión, sea del tamaño que sea, y no que quieran defender a su jefe usando argumentos que no tienen fundamento.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Sansores San Román.

Sonido en el escaño del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, por favor.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Muchas gracias.

Ahí coincidimos, compañera Layda Sansores, la represión se debe condenar, lo dije, venga de donde venga.

No podemos aplaudirle a alguien que utiliza la fuerza bruta para someter a un ciudadano que está inconforme por situaciones que le lastiman. Podrán condenar las formas, pero nunca las causas.

Lo que pasó con Ayotzinapa es una situación que avergüenza al país, y lo seguiremos señalando en todos los foros nacionales e internacionales, donde estemos.

Pero sí es importante señalar que yo no defiendo a nadie, que no tengo compromiso en ese sentido con nadie, que hay de actos a actos.

Qué bueno que no hubo desgracias que lamentar. Qué lamentable que un gobierno como el de la Ciudad de México haya tenido esa desafortunada actuación.

Gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo con la modificación aceptada.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo con la modificación aceptada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Justicia, con punto de Acuerdo por el que se aprueba el nombramiento expedido a favor del ciudadano Guillermo Valls Esponda como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años improrrogables.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

NOMBRAMIENTO COMO MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al punto resolutivo del dictamen:

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO;
Y DE JUSTICIA

H. ASAMBLEA:

Con fecha 22 de abril de 2016, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Enrique Peña Nieto, presentó ante esta H. Cámara de Senadores, a fin de someter a su consideración, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y en los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de nombramiento del C. Guillermo Valls Esponda como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años improrrogables.

Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 113; 117; 174; 177, párrafo 2; 229; 230, fracción III; 232; 239, numeral 3; 241; 242; 243 y 245 del Reglamento del Senado de la República, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de la propuesta de referencia y conforme a las deliberaciones que del mismo realizamos sus integrantes reunidos en Pleno, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

1. Con fecha 22 de abril de 2016, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Enrique Peña Nieto, sometió a consideración de esta Cámara de Senadores, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y en los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de nombramiento del C. Guillermo Valls Esponda como magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años improrrogables.

2. En sesión ordinaria de fecha26 de abril de 2016, mediante oficio No. DGPL-2P1A.-4090, la Mesa Directiva de este H. Senado de la República, dispuso que la propuesta de nombramiento citada con antelación se turnara a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia.

3. Como parte de los trabajos de análisis de la propuesta de nombramiento, estas Comisiones Unidas invitamos a comparecer al C. Guillermo Valls Esponda, con el objeto de valorar sus conocimientos y trayectoria profesional sobre la materia, la cual se llevó a cabo el día 26 de abril de 2016.

4. En reunión de trabajo, los integrantes de estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, revisamos el contenido de la citada propuesta de nombramiento, a fin de expresar nuestras observaciones y comentarios a la trayectoria profesional que ha desempeñado para fundamentar e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

Someter a la consideración de esta H. Soberanía, la propuesta de nombramiento del C. Guillermo Valls Esponda, como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años improrrogables.

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

En la propuesta del Ejecutivo Federal, se expone que de acuerdo con nuestro orden jurídico, se ha previsto en diversos ordenamientos legales la intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el nombramiento de ciertos servidores públicos, con objeto favorecer la integración de ciudadanos en las instituciones públicas, con excelentes perfiles profesionales y con vocación de servicio comprobada, que aporten valor agregado a la respuesta institucional con respecto a los conflictos que resuelve dicho Tribunal.

En términos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, corresponde al Ejecutivo Federal la facultad de seleccionar a los profesionistas en derecho que reúnan, a su consideración, las capacidades y aptitudes para desempeñar la alta responsabilidad de una magistratura en dicho Tribunal y nombrarlos con la aprobación de la H. Cámara de Senadores, y en los recesos de ésta, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión

De esta forma, la ciudadanía tendrá la seguridad de que aquellas personas que se avoquen a la resolución de los asuntos competencia del Tribunal, cuentan con la calidad profesional que implica un nombramiento que se ha perfeccionado con la intervención de dos de los Poderes de la Unión.

En la propuesta del Ejecutivo se señala que el pasado 10 de diciembre de 2015 el Senado designó como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ciudadano Javier Laynez Potisek, quien previo a la designación se desempeñaba como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por lo que debe ser resuelta la vacante que actualmente tiene ese órgano jurisdiccional para mantener el adecuado funcionamiento de ese Tribunal administrativo.

En virtud de lo anterior, el Ejecutivo Federal somete a consideración de esta Cámara de Senadores el nombramiento del C. Guillermo Valls Esponda como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

El C. Guillermo Valls Esponda es Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Iberoamericana; cuenta con  Maestría en Derecho por la Boston University School of Law (Boston, Massachusetts de los Estados Unidos de América); así como un Master Interuniversitario en Analista de Inteligencia impartido por las Universidades Carlos III y Rey Juan Carlos I, (Madrid, España); es candidato a Doctor en Derecho por la Universidad Complutense (Madrid, España). Asimismo, cuenta con las especialidades en Derecho Económico y Corporativo, Amparo y Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana, y Diplomado en Impuestos Internacionales, impartido conjuntamente por el ITAM y DukeUniversity. Además cursó el Programa de Política y Administración Tributaria Comparada, impartido por la John F, Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard.

En el ámbito profesional cuenta con amplia trayectoria en el sector público federal, en la Procuraduría General de la República se desempeñó como Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías, así como Agregado Legal para Europa con sede en Madrid, España (2005 a 2011).

En la Secretaría de la Función Pública fungió como Titular del Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (2003 a 2005).

En el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ocupó el cargo de Administrador de Normatividad de Comercio Exterior en la Administración General Jurídica (2001-2003); y de 1999 a 2001 fungió como Director de Planeación y Desarrollo en la Secretaría de Gobernación, adscrito a la Oficialía Mayor de dicha dependencia. De enero de 2013 a la fecha, se desempeña en el cargo de Administrador General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria (SAT). El Ministerio del Interior del Reino de España le otorgó la condecoración “Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco”.

En la iniciativa privada se ha desempeñado como consultor en materia de Control y Gestión Pública y asociado en el Despacho Baker & McKenzie, entre otros cargos en dependencias públicas e instancias privadas.

Es Coautor del libro Pago Referenciado, editado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Impartió la materia Derecho Administrativo III en la Facultad de Derecho de la UNAM en el año de 2005.

IV. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 113; 117; 174; 177, párrafo 2; 229; 230, fracción III; 232; 239, numeral 3; 241; 242; 243 y 245 del Reglamento del Senado de la República estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, resultamos competentes para dictaminar la propuesta de nombramiento descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas coincidimos en que la consolidación de un Estado democrático en México requiere necesariamente el profesionalismo y la ética de los servidores públicos encargados de impartir justicia; por ello, la cuidadosa elección y selección de los mejores ciudadanos para tan importante tarea, impacto positivamente en la confianza ciudadana en sus instituciones y en la solución eficaz de los conflictos competencia de ese Tribunal.

TERCERA. Estas Comisiones Unidas, realizamos un exhaustivo análisis del expediente del C. Guillermo Valls Esponda, propuesto como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años improrrogables, del cual se desprendió, que él es mexicano por nacimiento, y no haber adquirido otra nacionalidad; encontrarse en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; ser mayor de treinta y cinco años de edad; contar con notoria buena conducta; ser Licenciado en Derecho con título registrado, expedido con diez años de anticipación a su nombramiento y contar como mínimo con ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa, por lo que cumple con los requisitos exigidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para desempeñar el cargo de Magistrado de dicho Tribunal.

CUARTA. Estas Comisiones Dictaminadoras, consideramos necesario resaltar que del historial y expediente del C. Guillermo Valls Esponda, se desprenden datos que acreditan que en su trabajo se han observado los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, honestidad y eficiencia, por su trayectoria profesional ha sido reconocido en diversas ocasiones, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, no cuenta con antecedentes sobre denuncias o quejas que reflejen presuntas violaciones cometidas en el desempeño de sus actividades.

QUINTA. Como parte de los trabajos de análisis de la propuesta de nombramiento, estas Comisiones Unidas invitamos a comparecer al C. Guillermo Valls Esponda, con el objeto de valorar sus conocimientos y trayectoria profesional sobre la materia, el día 26 de abril de 2016.

Asimismo, dicha reunión tuvo la finalidad de garantizar el derecho de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, con el objeto de que el C. Guillermo Valls Esponda, expusiera ante los integrantes de estas Comisiones Unidas, aquellos elementos que considerara pertinentes, a fin de acreditar su aptitud para la responsabilidad jurisdiccional que le ha sido conferida.

Derivado de lo anterior, los integrantes de las Comisiones Unidas realizamos diversos cuestionamientos al compareciente respecto a su trayectoria profesional, para conocer cómo será su actuación, de ser aprobado, en la Sala Superior de Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En dicha comparecencia, los integrantes de las Comisiones Unidas, deliberamos y resolvimos que el C. Guillermo Valls Esponda, satisface plenamente el perfil adecuado para ser Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años improrrogables, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento, conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas que suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del C. Guillermo Valls Esponda, como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años improrrogables, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

SEGUNDO. Tómese la protesta de Ley al ciudadano del resolutivo anterior, a efecto de que esté en aptitud de desempeñar el cargo de Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los términos expuestos.

Dado en la sala de Comisiones del H. Senado de la República, a 26 de abril de 2016.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
COMISIÓN DE JUSTICIA

Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: En consecuencia, está a discusión el dictamen.

Tiene la palabra el Senador José Francisco Yunes Zorrilla, por la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, señora Presidenta.

Saludando con mucho respeto a las Senadoras y a los Senadores esta tarde.

Les propongo un dictamen a su consideración, proveniente de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Justicia del Senado de la República.

Un dictamen que analizó y valoró la propuesta del Ejecutivo Federal, en favor del ciudadano Guillermo Valls Esponda para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años.

Tuvimos en sesión de comisiones unidas la oportunidad de escuchar en comparecencia al ciudadano Valls Esponda.

Tuvimos en está ocasión el encuentro para que pudiese defender sus tesis y dejar constancia de su idoneidad para ocupar este cargo de vital importancia en el sistema fiscal y administrativo.

Sobre todo cuando este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa va a ocupar una función particularmente especial, en el contexto de la reforma constitucional ya votada, en el marco de combate a la pobreza y de afianzamiento de una arquitectura en favor de la transparencia en el ejercicio del servicio público.

Ahí, las Senadoras y los Senadores, tuvieron la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre estos temas.

Se tocaron asuntos sobre cómo generar condiciones de mayor eficiencia en este Órgano Colegiado de Impartición de Justicia se tocaron temas sobre la nueva dinámica que tiene que ver con los juicios en líneas. Con el nuevo mandato constitucional que surge a partir de las reformas en derechos humanos y que implica la nueva participación en las sentencias de estas consideraciones y particularmente, como ya lo mencioné, ¿cuál va a ser el papel?, y ¿cómo, como magistrado se estaría ejercitando para poder cumplir con estas nuevas responsabilidades?

La presencia y presentación de la propuesta del Ejecutivo Federal en la persona del ciudadano Guillermo Valls Esponda dejó franca simpatía en la mayoría de los Senadores y de las Senadoras que conforman estas comisiones.

Primero, por su curriculum académico, un abogado con posgrados, con maestría y con estudios de doctorado, particularmente en materias de carácter fiscal.

Además de que tiene una amplia y muy importante trayectoria en el sector público, en la impartición de justicia. Por ejemplo, en la Procuraduría General de la República se desempeñó como Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías; en la Secretaría de la Función Pública, fungió como titular del Órgano Interno de Control del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; en el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tuvo a su cargo el de Administrador de Normatividad de Comercio Exterior en la Administración General Jurídica del periodo 2001 al 2003 y, posteriormente, fungió como Director de Planeación y Desarrollo en la Secretaría de Gobernación, adscrito a la Oficialía Mayor de dicha dependencia.

Desde enero de 2013 y hasta la fecha, desempeñó el cargo de Administrador General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria.

Nos queda claro que cumple con una formación académica puntual, orientada hacia el ejercicio de las funciones administrativas y fiscales, como también nos queda claro que en el desempeño de su función como servidor público se destacó por su honestidad y por su honorabilidad, que son premisas que el Senado de la República debe puntualmente atender sin ningún tipo de duda y sin ningún tipo de dilación.

Por eso es que ponemos a consideración del análisis, de las Senadoras y los Senadores, de esta Asamblea este dictamen, pidiéndoles de manera acomedida que pudieran respaldarlo y así respaldar la propuesta del Ejecutivo Federal en la persona del maestro Guillermo Valls Esponda para fungir como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Yunes Zorrilla.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de ex regidores del municipio de Tepic, Nayarit, invitados por el Senador Manuel Humberto Cota Jiménez,

¡Sean ustedes bienvenidos!

Asimismo damos la más cordial bienvenida a un grupo de representantes de la Unión Nacional de Sindicatos del Colegio de Bachilleres, invitados por el Senador José María Martínez Martínez, agradecemos su visita a este Senado de la República.

¡Bienvenidos!

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señora Presidenta.

El Ejecutivo Federal envió a este Senado de la República la propuesta de nombramiento del ciudadano Guillermo Valls Esponda como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

La propuesta tiene como objetivo suplir el sitio que dejó vacante el ex magistrado Javier Laynez Potisek, quien el pasado 10 de diciembre fue ratificado como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como sabemos, la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción elevó a rango constitucional al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como un órgano con plena autonomía, encargado de dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares; imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

Según el diseño institucional, la Sala Superior de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa será integrada por 16 magistrados y podrá actuar en pleno o en secciones; una de estas secciones ha de encargarse de lo relativo de las responsabilidades administrativas. La Constitución no precisa si quienes actualmente forman parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrán formar parte de esta tercera sección que tiene funciones bien importantes, y hay un candado que ha sido propuesto tanto por el PAN como por el PRD para que esto no ocurra así.

El ciudadano Guillermo Valls Esponda, propuesto por el Ejecutivo Federal, cumple, en efecto, los requisitos formales para ocupar el cargo, así como con la formación y la experiencia requeridas, como constatamos en su hoja de vida, donde consta que de enero de 2013 a la fecha se desempeña como Administrador General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria y antes fuera coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías en la Procuraduría General de la República, así como Agregado Legal en Europa, con sede en Madrid.

Aunque no están contenidos en su hoja de vida oficial, algunos datos de la trayectoria y relaciones del señor Valls Esponda merecen nuestra atención y nos llevan a preguntarnos si no estamos frente a la posibilidad de que se configure un conflicto de intereses.

En México el estado de derecho es débil; resulta ampliamente aceptado que el respeto a la ley brilla muchas veces por su ausencia y que el acceso a la justicia es desigual.

Debe reconocer que el principio de división de poderes ha tenido algunos avances, como el hecho mismo de que la designación de ministros de la Suprema Corte y de los órganos se dé a propuesta de una terna enviada por el Presidente o bien deba ser ratificada por este Senado de la República.

Sin embargo, los análisis de los expertos y un buen número de trabajos académicos nos dan cuenta de las dificultades que aún entrañan formas de nombramiento y promoción que tienden a coartar la autonomía de los jueces, debido a que acceder y ascender, debido a que su ascenso depende de la buena voluntad del Presidente, de los legisladores o de su ámbito de acción de los gobernadores, lo cual acarrea que intervengan criterios e intereses políticos, y que incluso se llegue a la designación por la vía de cuotas partidistas.

Como agregado de la PGR en Europa, el ciudadano propuesto tuvo a su cargo indagar las propiedades del ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, en Francia, tema que como todos sabemos quedó en total impunidad.

Maricarmen Valls, otra de las hermanas del propuesto, aparece como suplente en el año 2009 del entonces Diputado del PAN Roberto Gil Zuarth. La señora Valls, hermana del propuesto, está casada, a su vez, con el Secretario Técnico de esta Mesa Directiva del Senado de la República, Carlos Alberto Lezama Fernández del Campo que, a su vez, fue colocado por el Presidente del Senado, Gil Zuarth, este nombre aparece también en los activos de una empresa FGZ Estrategias, una consultoría que compartió o comparte domicilio con otra empresa de la que fuera socio el hoy Presidente del Senado.

Sabemos que además del parentesco político, el ciudadano propuesto guarda una relación de compadrazgo con el Secretario Técnico de esa Mesa Directiva del Senado, Lezama Fernández del Campo, porque son compadres, pero también son cuñados.

En las decisiones de los órganos legislativos no se debe imperar, de ninguna manera, el cálculo político, ni éste debe sobreponerse al interés de la nación.

Tener jueces o magistrados cuyas expectativas sean verse favorecidos por otros poderes del Estado en el desarrollo de sus carreras propicia comportamientos que vulneran la integridad, e independencia que la Constitución demanda de órganos como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En un estado de derecho sólido, el Poder Judicial es la última garantía de resolución de conflictos controvertidos en contiendas jurídicas, en decisiones sobre la aplicación de normas.

No es mediante la negociación, el compadrazgo, el amiguismo, ni alentando y cerrando los ojos frente a evidentes conflictos de interés como lograremos que México consolide un sistema de justicia realmente independiente, eficaz, confiable, ágil y accesible.

Por estas razones y otras es que el PRD, en su conjunto, votará en contra de este nombramiento.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muy brevemente, señora Presidenta.

Simplemente para señalar que a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde, que desde luego votaremos a favor del dictamen que señala la idoneidad de Guillermo Valls Esponda para ocupar el cargo de Magistrado en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Tiene una amplia experiencia en los temas que ocupan este Tribunal. No tenemos la gran duda de que hará un gran papel y, por eso, el grupo parlamentario del Partido Verde votará a favor de este dictamen.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Flores Ramírez.

Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del dictamen.

Sonido en el escaño del Senador Héctor Larios, por favor.

Estamos en votación, Senador.

El Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Sí. Gracias, señora Presidenta.

Este nombramiento fue turnado ayer por la Mesa Directiva, y hoy está sujeto a votación.

Yo lo único que pediría es que se respete el Reglamento del Senado, el cual establece en el artículo 97 que las decisiones sobre personas, son en votación de cédula.

Me parece que tenemos que respetar, cuando menos, los procedimientos.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Senador Larios Córdova, comentarle que es una ratificación, viene ya con un dictamen establecido en ratificación de la persona indicada.



La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy cuenta con el resultado de la notación, señora Presidenta.

Conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 83 votos a favor, 15 en contra y 6 abstenciones.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria.

Aprobado el punto de Acuerdo.

En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Guillermo Valls Esponda como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años improrrogables. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Guillermo Valls Esponda, por lo que solicito a las y los Senadores Marco Antonio Olvera Acevedo, Fernando Yunes Márquez, Jorge Aréchiga Ávila, Marco Antonio Blásquez Salinas y Pablo Escudero Morales, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de protesta.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Les pido a las Senadoras y Senadores ponerse de pie para la toma de protesta.

(Todos de pie)

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Ciudadano Guillermo Valls Esponda: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El Ciudadano Guillermo Valls Esponda: ¡Sí, protesto!

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señor Valls Esponda!

A nombre del Senado de la República le deseamos éxito en su encargo.

Solicito a la comisión designada acompañe al señor Magistrado cuando desee retirarse del salón.

El Senador Luis Fernando Salazar solicita registrar su voto a favor del dictamen que acabamos de aprobar, tome nota la Secretaría y registre su voto, por favor.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal y se adiciona el Código Penal Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL; Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXXV, XXXVI Y XXXVII Y UN QUINTO PÁRRAFO Y SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 225 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Yunes Márquez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

El Senador Fernando Yunes Márquez: Con su venia, señora Presidenta. Señoras y señores Senadores:

Hoy es un día en que este Senado de la República cambiará el paradigma del sistema penitenciario mexicano.

Esta Cámara de Senadores dará el primer paso para cambiar la vida de miles de personas que se enfrentan todos los días a la oscuridad y a las sombras que implican nuestras cárceles.

La Ley Nacional de Ejecución Penal nació como una reserva de ley en nuestra Constitución el 18 de junio de 2008, se gestó en las propuestas de las Senadoras Pilar Ortega y Adriana Dávila, en las iniciativas de las Senadoras Angélica de la Peña, Cristina Díaz y Roberto Gil Zuarth y en las ideas complementarias de los Senadores Omar Fayad y Miguel Romo Medina.

Tres iniciativas que sirvieron…

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: ¡Permítame, señor Senador!

Pido, por favor, a la Asamblea poner atención en la presentación del dictamen que estamos discutiendo.

Continúe, Senador Yunes Márquez.

El Senador Fernando Yunes Márquez: Gracias, señora Presidenta.

Tres iniciativas que sirvieron de base y fundamento para el enorme trabajo técnico que este Senado realizó durante tres años.

Quisiera agradecer al Presidente de la Mesa Directiva del Senado, al Senador Roberto Gil Zuarth quien encabezó junto con las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, María Cristina Díaz Salazar y Graciela Ortiz González los trabajos de dictaminación para lograr el proyecto de ley que hoy presentamos.

En la elaboración de esta ley nacional también participaron organizaciones de la sociedad civil y dependencias del gobierno federal, en especial la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Seguridad, Ia SETEC. Agradezco también al cuerpo técnico de las comisiones dictaminadoras.

El dictamen que se pone a su consideración sobre la Ley Nacional de Ejecución Penal consta de 207 artículos desarrollados en 6 títulos, así como 12 artículos que conforman su régimen transitorio.

De manera general establece las normas, principios y reglas para regular con base en los derechos de las personas sentenciadas las normas que habrán de observarse durante el internamiento por prisión preventiva así como la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial.

También establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y los medios para lograr la reinserción social.

Con este nuevo ordenamiento estamos modificando el modelo previsto en la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, un ordenamiento jurídico que data de 1971. Se aleja este nuevo modelo de la vieja escuela penitenciaria de readaptación social para transformarse en uno de reinserción social.

Se establece claramente un sistema penitenciario que deja de ser el centro de convivencia y desarrollo de la delincuencia o como comúnmente se dice, "la escuela del crimen".

El presente dictamen se desarrolla sobre los cinco ejes de reinserción social que se encuentran establecidos en el artículo 18 de nuestra Ley Fundamental, el respeto a los derechos humanos, el trabajo y la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, estos principios constitucionales funcionarán como directrices del sistema penitenciario mexicano; estar privado de la libertad no significa estar privado de la vida, de la igualdad y de la dignidad.

Este proyecto señala también que el desarrollo del debido procedimiento penitenciario ante las autoridades de ejecución y la actuación de los sujetos que intervienen en él, de acuerdo a sus respectivos derechos y atribuciones se regirán por lo establecido en la Constitución, tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte y en esta ley.

En lo conducente a los estándares internacionales y por los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y reinserción social. Bajo este supuesto se sientan las bases para que se transforme en un sistema que asegure el cumplimiento de la pena de prisión sin menoscabo de la dignidad y desarrollo de las personas.

Uno de los aspectos más relevantes para generar el cambio de paradigma en el sistema penitenciario es sin duda el reconocimiento de la persona privada de la libertad como sujeto de derechos y no más como un reo o prisionero; todo ello conlleva una gran transformación en la operación de un complejo sistema penitenciario, es decir, el desarrollo de acciones jurídicas administrativas basadas en derechos que actúan como límites y bases para su funcionamiento.

Por ello, se establece que en lo relativo a la ubicación de las personas privadas de la libertad en un centro penitenciario, cualquier que este sea, se procederá de manera inmediata a una separación en la cual las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres, tendrán acceso a derechos específicos de su género, así como de condiciones especiales de niñas y niños que nazcan en los centros penitenciarios.

Las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas y las personas en reclusión preventiva y de ejecución de sentencias por delincuencia organizada serán sujetas a medidas de seguridad especiales.

Se regula también lo relativo a las obligaciones de las personas privadas de su libertad, los derechos de las personas sentenciadas que gozan de libertad condicionada, así como las obligaciones de las personas sentenciadas que hayan obtenido alguna medida de libertad condicional.

Para lo anterior, se establece la existencia de un plan de actividades que será diseñado con plena participación de la persona sentenciada en el que ya no será exclusivamente el trabajo el único incentivo que tenga para lograr su desarrollo con obtención de beneficios, sino que por el contrario, este estará diseñado de acuerdo a su condición.

Es por esto que en el capítulo de trabajo se reconocen nuevas modalidades de empleo para que las personas privadas de la libertad tenga la posibilidad de desempeñar una actividad productiva a través del autoempleo, a cuenta de terceros por contratación, o bien, a través de actividades productivas para fines del sistema de reinserción.

En este diseño normativo pueden encontrarse las diferentes opciones por las que una persona privada de la libertad puede optar de acuerdo a sus preferencias ocupacionales.

Otro punto relevante son los procesos de justicia restaurativa, en los cuales podrán participar la víctima u ofendido, el sentenciado o la comunidad afectada con el objeto de identificar las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, coadyuvando a su reintegración.

Finalmente, se brindarán servicios post penales con el objeto de fomentar la creación y promoción de espacios de orientación, apoyo y desarrollo personal, laboral, cultural, educativo, social y de capacitación de todas las áreas relacionadas con los ejes establecidos en la Constitución, en razón de facilitar la reinserción social aunado a la promoción de la aceptación del externado.

De igual manera se establecerá una coordinación entre la Federación y las entidades federativas para el óptimo cumplimiento de los objetivos de la reinserción. El Estado en su conjunto será responsable de la reinserción social de los sentenciados.

En esta ley se reglamenta también lo referido a los ingresos, visitas, revisiones personales y entrevistas en los centros penitenciarios; asimismo, se regula lo pertinente a las revisiones en los mismos tales como las revisiones a las celdas, el registro de la revisión, sustancias u otros objetos prohibidos, el uso de fuerza, entre otros.

Otro de los aspectos destacables de esta ley, es la figura de los observadores que fungirán como coadyuvantes en el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, lo cual implica un gran avance dado que no sólo los organismos protectores de derechos humanos podrán ingresar a los centros penitenciarios para velar por los derechos, sino también la sociedad civil acreditaba experta en la materia.

También se regula lo relativo a la salud y los servicios de atención médica dentro de los centros penitenciarios, así como de las actividades físicas y deportivas, la educación, la capacitación para el trabajo.

Se establece el modelo de libertad condicionada en el cual el juez de ejecución podrá conceder a la persona sentenciada el beneficio de libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico.

La ley contempla la libertad anticipada que consiste en que el juez de ejecución podrá determinar el beneficio de libertad que consistirá en la extinción de la pena de prisión y el beneficio de la libertad al sentenciado, siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones.

Finalmente, el apartado de los artículos transitorios tiene como finalidad implementar este nuevo paradigma del Sistema Penitenciario Mexicano y establece una temporalidad de cuatro años para su implementación total.

Nuestras cárceles nunca más serán nidos de violación a los derechos humanos que nuestra Constitución garantiza. Con esta ley dotarán a nuestras cárceles de seguridad tanto a los internos como a la población en general y con ello evitaremos tragedias, como han sucedido en fechas anteriores.

Señoras y señores Senadores, el Estado constitucional cimienta su estructura en el respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas; nuestras cárceles son el reflejo de nivel cultural, democrático y social que tenemos como país.

Si México está cambiando cambiémoslo en su conjunto.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Yunes Márquez.

Tome nota la Secretaría del voto en contra del Senador Zoé Robledo, en el anterior dictamen, por favor.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señora Presidenta. Señoras Senadoras; señores Senadores:

El proyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal que hoy ponemos a su consideración, constituye el fruto del trabajo colectivo de más de tres años en que las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; de Gobernación; y de Estudios Legislativos nos dimos a la tarea de diseñar uno de los proyectos legislativos más trascendentes después de las reformas constitucionales en materia penal y de derechos humanos del 2008 y del 2011, respectivamente.

Con esta ley buscamos transformar radical y estructuralmente las bases sobre las que se sustenta el sistema penitenciario de nuestro país, y establecemos las directrices mínimas que habrán de seguirse a partir de su entrada en vigor para garantizar el cumplimiento del mandato constitucional que nos obliga a transitar del viejo enfoque de la readaptación social hacia el nuevo paradigma garantista de la reinserción social.

En este contexto, la promulgación de una ley única en materia de ejecución penal representa una oportunidad invaluable para transformar los parámetros de ingobernabilidad de los centros de privación de libertad en un estado de derecho, garantizando que el régimen de internamiento sea llevado a cabo en condiciones de vida digna y segura para todas las personas, lo cual no sólo abona al respeto de los derechos humanos de quienes se encuentran privados de su libertad, sino también genera valiosos incentivos para que estas personas se reintegren en la sociedad con base a la reinserción social.

Actualmente el internamiento deja en una situación de extrema vulnerabilidad a las personas privadas de la libertad frente a la discrecionalidad, la corrupción, la indiferencia, los abusos de poder y la falta de capacidad gubernamental para remontar el control de Estado y hacer frente a los autogobiernos y cogobiernos que prevalecen en prácticamente la inmensa mayoría de los centros de privación de libertad del país.

De acuerdo con lo documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, el sistema penitenciario nacional enfrenta una grave crisis derivada de la falta de una adecuada política nacional que atienda los grandes rubros que constitucionalmente se deben observar y cumplir.

Todas y todos estamos más que conscientes de esta situación y debemos asumir la parte de responsabilidad que nos corresponde. Por lo tanto, el presente proyecto tiene como base fundamental establecer las normas que habrán de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial.

También, establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, así como regular los medios para lograr la reinserción social, siempre teniendo como base los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.

Pretendemos dotar de herramientas a las autoridades competentes para generar condiciones de gobernabilidad, redefinir las facultades y asignar nuevas atribuciones para los distintos órganos implementadores, así como mejorar y agilizar los procedimientos y contenidos normativos que permitan a las distintas instituciones del Estado cumplir con sus respectivas responsabilidades constitucionales.

Entre los desafíos y para el respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad, se establece como primer lugar la necesidad de reestructurar y replantear la forma en que el Estado se constituye en garante directo de sus derechos.

La tutela de estos derechos humanos requiere de una sola ley que integre un verdadero parámetro de protección para las personas que se encuentran en estos centros de privación de libertad.

De igual forma, es responsabilidad de cada sociedad garantizar que la privación o restricción de la libertad no cause más limitaciones a los derechos o a las condiciones de las personas que la viven, que aquéllas que la propia ley establece, o que sean consecuencia de la resolución judicial.

Es deber del Estado tratar justamente y respetar la libertad humana, garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en virtud de una sentencia y colaborar con su reinserción a la sociedad una vez que haya cumplido con ésta.

Estamos convencidas y convencidos de la necesidad de articular una concepción holística del respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, que parte de la siguiente premisa:

Las personas privadas de la libertad también tienen derechos y el Estado es su garante directo.

Comprender esta premisa no es fácil, precisamente por el fracaso del Estado que no ha sabido otorgar las directrices para la reinserción de quienes cometen algún delito y lastiman a sus víctimas y también lastiman a la sociedad.

De ahí que nuestra principal preocupación haya sido desde el principio, la creación de un diseño legal cimentado en un sólido régimen de derechos y obligaciones, y en una adecuada interpretación del mandato constitucional relativo a la reinserción social como un fin y no como un medio.

Lo anterior significa, señoras y señores, un verdadero cambio de paradigma a partir del cual el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción a la sociedad de las personas privadas de su libertad como requisito indispensable para la restitución plena de derechos y libertades de las personas que hayan sido objeto de limitaciones precisamente a esos derechos y a esas libertades como consecuencia de una sanción penal.

Con esta ley damos paso a un marco regulatorio equilibrado y apropiado para la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, procesadas y sentenciadas.

Fortalecemos los mecanismos de control por parte de los jueces de ejecución, y garantizamos la posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil y los organismos públicos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos puedan ingresar y llevar a cabo visitas a los centros de privación de libertad a fin de poder constatar las condiciones de internamiento y coadyuvar en la vigencia y el respeto a los derechos de las personas privadas de su libertad.

En este sentido conviene tener presente la gran cantidad de personas, casi el 40% total de la población penitenciaria, que se encuentran privadas de su libertad en calidad de procesadas, sujetas y víctimas del abuso de la prisión preventiva en nuestro país, y sin que hasta el momento se les haya dictado una sentencia. Eso es realmente un problema.

Muchas de estas personas, si el nuevo sistema penal tuviera los niveles de vigencia que todas y todos deseamos, podrían y deberían estar enfrentando su proceso en libertad.

Particular mención merece lo relativo al régimen de derechos de mujeres privadas de su libertad, especialmente el régimen de mujeres privadas de su libertad que viven con niñas y niños al interior de los centros penitenciarios.

En esta ley visibilizamos a las niñas y a los niños invisibles, e incorporamos derechos y procedimientos que deben ajustarse a su principio rector de sus derechos, que es el interés superior de la niñez.

Generamos un sistema de corresponsabilidad institucional que obliga a diversas autoridades a coordinarse para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, y definimos obligaciones precisas para que las autoridades penitenciarias en el ámbito local y federal, estén sujetas al control judicial y vean disminuidos los enormes márgenes de discrecionalidad e impunidad con que están acostumbrados a operar.

Al respecto, es oportuno destacar que la autoridad penitenciaria estará obligada a mantener una base de datos de personas privadas de la libertad, con la información de cada persona que ingrese al sistema penitenciario.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el Sistema Único de Información Criminal, definido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La autoridad penitenciaria deberá mantener también un expediente médico y un expediente único de ejecución penal de cada persona que ingresa al sistema penitenciario.

De la misma manera, la autoridad penitenciaria estará obligada a establecer los registros fidedignos necesarios con información precisa respecto al centro penitenciario.

En cuanto a la intervención del Ministerio Público en el procedimiento de ejecución penal, se le asigna la obligación de garantizar el resguardo del respeto a los derechos humanos de las personas que tengan interés en la ejecución de las sentencias y de las disposiciones legales relativas al cumplimiento de las mismas.

Cabe subrayar que el juez de ejecución, que es uno de los cambios más importantes en esta ley, dará trámite a los procedimientos que correspondan a la ejecución de sentencia para dar cumplimiento al fallo emitido por el juez de control o tribunal de Enjuiciamiento en los términos establecidos por esta ley, por el código y demás leyes penales aplicables.

Se establece el acceso a la formulación de peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria, por las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas por la misma.

Es necesario señalar que dichas peticiones podrán impugnar hechos, actos u omisiones de las condiciones de internamiento.

De acuerdo con el principio del debido proceso, las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta ley, a fin de que en la autoridad penitenciaria declare la existencia de una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, si fuera el caso, la subsanación de dicha afectación.

En el Capítulo de Procedimiento Jurisdiccional, se establecen las reglas del procedimiento, cómo participarán las partes y la regulación de cada etapa procesal; los criterios básicos durante las audiencias, así como los plazos para la resolución y ejecución de la misma.

Destacamos que el sistema por el cual se sustanciarán las acciones y recursos judiciales, será el sistema acusatorio y oral y se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad.

Finalmente y no por ello menos importante, es pertinente mencionar que se regula lo relativo al acceso a la salud y a la educación dentro de los centros penitenciarios, así como todo lo correspondiente a la promoción de actividades físicas, deportivas, culturales y laborales.

En suma, las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, ponemos a su consideración un dictamen que cumple a cabalidad con los altos estándares internacionales y refrenda la vigencia de una máxima garantista expresada de manera por demás correcta y oportuna por Luigi Ferrajoli, dice: "El derecho penal define lo que no está permitido lesionar, ni con el delito ni con la pena":

Antes de solicitar de manera atenta su voto a favor del presente dictamen, no quiero dejar pasar la oportunidad, en primerísimo lugar para mencionar el reconocimiento de nuestros secretarios técnicos, los cuatro de las cuatro comisiones.

Me parece que hicieron un trabajo realmente pertinaz, docto, serio, que es necesario distinguir y es necesario aplaudir.

No seríamos, en la conclusión de este dictamen, de manera efectiva, tan eficientes en la presentación y finalmente la consideración a partir de que pedimos su voto, sin el trabajo de nuestros cuatro secretarios.

También quiero agradecer la participación de distintas organizaciones no gubernamentales, de distintos expertos, particularmente le quiero dar las gracias al maestro Miguel Sarre, con mucho cariño; a las madres de la Plaza Luis Pasteur, a México Evalúa, a Reinserta, A.C, a Documenta, A.C, Alto al Secuestro y a México SOS.

Muchas gracias a ustedes por su atención.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Con su venia, señora Presidenta del Senado. Honorable Asamblea:

El proceso de dictaminación de la Ley Nacional de Ejecución Penal ha sido uno de los más intensos e interesantes que hemos llevado a cabo en la Comisión de Gobernación.

El presente dictamen ha sido elaborado mediante un proceso de tres años en los que han intervenido organizaciones de la sociedad civil, mismas que mencionó oportunamente la Senadora Angélica de la Peña, por académicos destacados, expertos, autoridades de las diversas áreas del gobierno federal y la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.

Quiero destacar que en este proyecto hemos trabajado desde el mes de marzo de 2013, primero en la construcción de una iniciativa entre los Senadores Roberto Gil, Presidente hoy del Senado; Angélica de la Peña y la de la voz.

Posteriormente convocamos a un proceso de discusión y análisis a través de mesas de trabajo donde hubo una gran participación de las organizaciones de la sociedad civil, y representantes de la Setec, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación.

Secretarios Técnicos de las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, como es Julio Rivera, Eduardo Muñiz, Luis Felipe Nava, Gabriel Delgadillo, y desde luego la participación de Jaime Rivera.

Así también la participación muy importante de los Senadores Roberto Gil Zuarth, Arely Gómez, Manuel Camacho, que en paz descanse, Benjamín Robles Montoya, Omar Fayad Meneses, María del Pilar Ortega, Luisa María Calderón, Angélica de la Peña, Graciela Ortiz, incluyendo a la de la voz.

A todos ellos, a todos los compañeros, secretarios técnicos y asesores, y a mis amigos Senadores, reconozco especialmente su dedicación sobre este tema que es de la mayor trascendencia e importancia para México.

Quienes participamos de este proceso teníamos un fin común: la expedición de una ley que sentara las bases para el tratamiento de las personas privadas de la libertad, que modifique y enfoque los votos del régimen penitenciario actual: los vicios.

Con todo esto, sabemos hoy en día las condiciones de encierro de los centros penitenciarios que da lugar a violaciones sistemáticas a derechos humanos como consecuencia de los vicios en un sistema de cumplimiento de penas que privilegien encierro y obstaculicen e desarrollo personal.

Ante esta realidad, y con la urgencia de cumplimentar el sistema de justicia penal, construimos la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Esta ley tiene por objeto establecer las normas que habrán de observarse durante el internamiento por prisión preventiva en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial condenatoria.

En ellas se establecen los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, así como condiciones normativas que permitan una verdadera reinserción social de las personas privadas de su libertad.

Se establece claramente un sistema penitenciario que deje de ser el centro de convivencia y desarrollo de la delincuencia comúnmente conocido como "escuela del crimen".

Se sientan las bases para establecer un sistema que asegure el cumplimiento de la pena de prisión sin menoscabo a la dignidad y desarrollo de las personas sobre la base de los principios, garantías y derechos humanos.

Para ello se prevé la homologación del procedimiento de ejecución con el fin de dar trámite a la ejecución de sentencias e iniciar con el cumplimiento al fallo emitido por el juez de control o el tribunal de enjuiciamiento.

Dicho procedimiento está regido esencialmente por los principios de debido proceso aunado a la implementación de protocolos emitidos por la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, con el fin de garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, permitiendo al Estado el cumplimiento de sus obligaciones de manera eficaz en esta materia.

La autoridad penitenciaria habrá de realizar un expediente de ejecución integrado por registros con información precisa y actualizada de la resolución no privativa de la libertad, las resoluciones que recaigan en las peticiones, los procedimientos judiciales y los documentos que tengan un efecto en la situación jurídica de la persona.

Entre los aspectos más relevantes para generar el cambio de paradigma en el sistema penitenciario están: el reconocimiento de la persona privada de la libertad como sujeto de derechos y no más como reo o prisionero, ya superado así en la norma constitucional.

Especialmente se desarrollan los cinco ejes de reinserción social:

Primero. Respeto a los derechos humanos.

Segundo. Trabajo y capacitación para el mismo.

Tercero. Educación.

Cuarto. Salud.

Quinto. Deporte.

Esto, para que las personas privadas de la libertad no sientan una merma mayor en su desarrollo, que aquella que derive estrictamente de la sanción punitiva.

Lo anterior, con la finalidad de generar un equilibrio entre la sanción y el establecimiento de una vida plena al cumplir la pena impuesta y reinsertarse en la sociedad.

Un cambio relevante en el sistema, es el establecimiento de un plan de actividades que será diseñado con plena participación de la persona sentenciada, de acuerdo con su condición, en el que el trabajo ya no será exclusivamente único incentivo que tenga para lograr su desarrollo o la obtención de beneficios.

Es por esto que en el Capítulo de Trabajo, se reconocen nuevas modalidades de empleo, para que la persona privada de la libertad tenga la posibilidad de desempeñar una actividad productiva a través del autoempleo, a cuenta de terceros por contratación, o bien, a través de actividades productivas para fines del sistema de reinserción.

Destaca un aporte fundamental en esta ley referente a las mujeres y, sobre todo, a quienes siendo madres tienen a sus hijos viviendo en prisión.

De acuerdo con los derechos de los niños y las niñas, se estableció que durante el tiempo que los hijos vivan con sus madres en los centros penitenciarios, la autoridad deberá proveerles de medios y espacios dignos para lograr su desarrollo y que no tengan una merma mayor en su crecimiento.

Esto, con el fin de proteger a los llamados "niños invisibles".

Como uno de los puntos más sobresalientes de la presente ley, está el apartado relativo a la justicia terapéutica. Esto representa un beneficio de la sustitución de la ejecución de la pena, que determinará el juez de ejecución y tendrá como finalidad propiciar la rehabilitación e integración de las personas sentenciadas, relacionadas con el consumo de sustancias, bajo la supervisión del juez de ejecución logrando la reducción de los índices delictivos.

Otro punto relevante es un proceso de justicia restaurativa, en los cuales podrá participar la víctima u ofendido, el sentenciado o la comunidad afectada, con el objeto de identificar las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, coadyuvando a su reintegración.

La ley contempla también la integración de servicios pospenales, con el objeto de fomentar la creación y promoción de espacios de orientación, apoyo y desarrollo personal, laboral, cultural, educativo, social y de capacitación, a efecto de facilitar la reinserción social, aunada a la promoción para aceptación de la persona externada.

Se prevé para ello, que la autoridad penitenciaria y demás autoridades corresponsables, firmen convenios de colaboración con instituciones del sector público y privado para prestar funciones relacionadas con los servicios pospenales y así canalizar a las personas liberadas y a su familia y facilitar su reinserción social.

Existirá de manera importante una coordinación entre la Federación y las entidades federativas para el óptimo cumplimiento de los objetivos de la reinserción.

Destaco, que posterior al acuerdo de las comisiones, los presidentes de las mismas hemos acordado presentar un documento con modificaciones que no cambian sustancialmente el proyecto, pero que servirán para dar mayor claridad a los fines de las leyes.

Dichas modificaciones impactan de la siguiente manera:

En los artículos 3 y 7, a efecto de integrar a las Secretarías de Gobernación y de Cultura, como corresponsables para los fines de esta ley.

El artículo 6, a efecto de que la autoridad penitenciaria procure la sustentabilidad de los centros penitenciarios.

El artículo 15, para modificar la aceptación de arraigo domiciliario o resguardo en propio domicilio.

Al artículo 22, es el efecto de esclarecer que la policía penitenciaria estará a cargo de la Policía Federal o de las instituciones de seguridad pública o de las entidades federativas.

El artículo 29, a efecto de que el Inegi realice la Encuesta Nacional sobre Personas Privadas de Libertad con cargo a su presupuesto.

Al artículo 135, a efecto de esclarecer el procedimiento para la tramitación y resolución de la apelación.

A los Artículos Primero y Segundo Transitorios, a efecto de establecer con claridad el inicio de vigencia de la ley, a través de una implementación progresiva de acuerdo con las obligaciones de cada una de las áreas encargadas de ellos.

A los Artículos Sexto y Séptimo Transitorios, a efecto de garantizar la adecuada implementación, de acuerdo con los presupuestos aprobados y subsecuentes que para ello se destinen.

Al Octavo Transitorio, a efecto de establecer un máximo de cuatro años para cumplir con la obligación de capacitación y formación de los operadores del sistema, así como de contar plenamente con la infraestructura para su debida implementación.

Al Artículo Décimo Transitorio, a efecto de adecuar el porcentaje de posesión de cannabis sativa, indica o marihuana, de manera que el procedimiento de excarcelación proceda en razón de los acuerdos que en esta materia determine el Congreso de la Unión, derivado de las iniciativas que se han presentado por diversos legisladores y por el Poder Ejecutivo.

Se integra un artículo transitorio al resolutivo segundo del Decreto, ya que se ha omitido el mismo.

Por lo anteriormente expuesto, estamos pidiendo a las Senadoras y a los Senadores, el apoyo para este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

Solicito a la Secretaría registre el voto a favor de la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, en el dictamen relativo a la ratificación del Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Aprovecho el espacio para saludar la presencia de representantes del Centro de Investigaciones Estratégicas, Sahib Quirán, de Turquía, quienes asisten a una reunión de trabajo con la Comisión de Reforma del Estado, invitados por los Senadores José María Martínez Martínez, y Patricio Martínez.

¡Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos!

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Graciela Ortiz González, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos.

La Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señor Presidente.

Vengo en nombre de la Comisión de Estudios Legislativos a presentar, al igual que mis compañeros Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos, Angélica de la Peña; mi compañera Presidenta de la Comisión de Gobernación, la Senadora Cristina Díaz Salazar y, desde luego, del Presidente de la Comisión de Justicia, el licenciado Fernando Yunes, el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal.

A mí me parece que éste es un momento, de contarse con la aprobación del Pleno de este Senado de la República, para que las Senadoras y los Senadores nos sintamos satisfechos.

Uno de los grandes debates en materia doctrinaria en derecho penal, ha sido en México la reinserción social, la rehabilitación de quienes en algún momento dado, por cualquier motivo, cometieron un ilícito, cometieron un delito y fueron juzgados y sentenciados, buscando con ello aplicar lo que el derecho establece, una sanción de pena corporal para aquellos quienes infringieron la ley.

Pero parte de nuestro sistema de derecho penal es que aparejada a la sanción, vaya también, lo que es más importante, la búsqueda de la reinserción de quienes cometieron un delito al concluir su pena para que puedan verdaderamente incorporarse a la vida social en mejores condiciones.

Y esto, por mucho que lo aprendimos en las facultades de derecho, quienes por ahí pasamos, la verdad es que la realidad nos muestra otra cosa, no hay reinserción social en México, y no la hay, porque aunque está establecida de manera doctrinaria, no tenía, el Estado mexicano y la sociedad misma, los instrumentos, los criterios jurídicos, la normatividad, la regulación apropiada para que esto se cumpla.

De tal manera que a mí me da muchísimo gusto estar el día de hoy haciendo la presentación de este cuerpo legal, que está a consideración de ustedes, porque me parece que dentro de los muy variados y múltiples aspectos positivos que integramos a esta Ley Nacional de Ejecución Penal, que por limitación de tiempo no voy a agotar en esta presentación y que además han sido ampliamente presentados por quienes ya me han precedido en la tribuna. Solamente voy a referirme a algunas cuestiones que me parecen trascendentales para lo que estamos buscando aprobar a través del voto favorable de todos ustedes.

Esta ley tiene por objeto establecer las normas que habrán de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y también en las medidas de seguridad impuestas, como consecuencia de una resolución judicial, así como tiene también por fin, por objeto, regular los medios para lograr esto, con lo que empecé mi participación, esto que es un anhelo y un deseo de toda sociedad, una verdadera reinserción social sobre la base de los principios, las garantías y los derechos consagrados en la Constitución, tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y por supuesto en esta ley.

Es incuestionable que aquellas personas que están sujetas al cumplimiento de una condena, o bien, sujetas a proceso en espera de que se dicte la sentencia correspondiente, se encuentran bajo la tutela del Estado, y en este sentido, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, y como tal, asume deberes específicos de respeto y garantía de los derechos fundamentales de quienes estén en esta condición, lo que trae consigo la responsabilidad especial, la necesidad de asegurar, de garantizar que la privación de la libertad sirva a ese propósito, de sancionar, pero también de reinsertar hacia la sociedad.

En observancia al artículo 18 de la Constitución, la ley que estamos proponiendo aprobar establece, a la luz de la reforma constitucional de 2011, en materia de derechos humanos, la organización, la administración y operación del sistema penitenciario sobre la base del respeto, justamente del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios idóneos no exhaustivos, pero sí idóneos para procurar la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad, y buscar, en consecuencia, que no se vuelva a delinquir.

Es restituir la posibilidad de la persona de insertarse en la sociedad y también de darle la garantía a la sociedad de que a través de esta pena esa persona ha quedado reincorporada.

En este orden de ideas, disponemos en la ley que el desarrollo del debido procedimiento penitenciario ante las autoridades de ejecución se rija por principios que son fundamentales: los principios de dignidad, de igualdad, de legalidad, de debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y desde luego el de reinserción social.

Como ustedes saben, desde que se inicia la privación de la libertad, se suspenden o se restringen algunos de los derechos de los reclusos. No obstante, otros se conservan como el derecho a la vida y la integridad corporal, el derecho a la autonomía de la voluntad, a la dignidad personal, a la igualdad y a la no discriminación, los derechos de familia y aquellos relativos a la legalidad y a la seguridad jurídica.

En este proyecto que presentamos, incluso, se adquieren o se fortalecen otros derechos como el derecho al trabajo, el derecho a la capacitación para el trabajo, el derecho a la educación, a la protección de la salud y al deporte.

Y esta ley lo que busca es que no permitamos que a las personas en situación de cárcel, sin importar si ya han sido condenados o si todavía están esperando a que se les dicte sentencia, se les invisibilice, se les silencie o dejen de ser parte de la sociedad por su sola situación jurídica.

¿Cuántas veces estamos atentos, como sociedad, a todo el proceso que se sigue en el caso de una actuación delictiva?

Y una vez que han sido sentenciados, que han sido condenados, que han sido enviados a cumplir su pena corporal, realmente nos olvidamos de qué sucede con ellos y no nos importa y no queremos como sociedad saber qué sucede tras las rejas y tras las gruesas paredes de una cárcel.

Desde la perspectiva de que no basta con reconocer derechos en las leyes, en el proyecto de esta ley nacional, se han establecido de manera puntual los mecanismos procesales y procedimentales, tanto administrativos como jurisdiccionales para protegerlos.

De tal forma que los centros penitenciarios no sean espacio de contagio del crimen, ni de violaciones a los derechos humanos, sino que se conviertan en sitios en los que se respeten los derechos humanos de las personas y se provea una alternativa real de reinserción a la sociedad.

Una oferta equilibrada de actividades asociativas y constructivas, y no aflictivas, favorece sin duda en el recluso un estilo de vida autónomo y respetuoso de la ley una vez puesto en libertad.

Más concretamente, la adquisición de competencias profesionales, experiencia laboral e instrucción, constituyen elementos fundamentales para esa reinserción apropiada de los reclusos tras su puesta en libertad.

Por ello, en el proyecto se establece, y lo quiero subrayar, el plan de actividades como la organización de los tiempos y espacios en que cada persona privada de la libertad realizará sus actividades laborales, educativas, culturales, de protección a la salud, deportivas, personales y de justicia restaurativa de conformidad con el régimen y organización de cada centro.

En cuanto a la ubicación de las personas privadas de la libertad se dispone, y ya se dijo aquí, lo subrayo solamente porque me parece que es de destacarse, que las mujeres compurguen sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres, que las personas procesadas y sentenciadas ocupen instalaciones distintas y que las personas en reclusión preventiva y en ejecución de sentencia por delincuencia organizada, o sujetas a medidas especiales de seguridad, se destinen a centros especiales.

Esa gradualidad que se le da a quien comete un delito de acuerdo a la gravedad del mismo, me parece que es fundamental en la búsqueda de esa debida reinserción.

En este sentido, se establece lo relacionado con la clasificación de áreas dentro del centro penitenciario, los servicios, los protocolos, la atención médica, las mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos, lo relativo a las personas privadas de la libertad por delincuencia organizada y aquellos que requieran medidas especiales de seguridad.

Tratándose de personas indígenas, la educación que se les imparta deberá ser bilingüe y acorde a su cultura para conservar y enriquecer sus lenguas, y la instrucción deberá ser proporcionada por maestros o profesores que comprendan su lengua.

Sin embargo, también el derecho en esta ley reconoce que hay conductas mucho más graves que las otras y que, en consecuencia, deben de tener un manejo y un tratamiento diferente.

Estas conductas delictivas, aquellas que lastiman significativamente el orden social y la tranquilidad de las personas, por lo cual se ha buscado en otros ordenamientos de tipo penal la imposición de sanciones estrictas a aquellas personas que lesionen o pongan en peligro los bienes jurídicos más valiosos para el ser humano, en este proyecto de ley establecemos tajantemente, en consecuencia, que no gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas.

El Programa de Justicia Terapéutica es un beneficio de la sustitución de la ejecución de la pena que determina el juez de ejecución por delitos patrimoniales sin violencia, cuya finalidad es propiciar la integración de las personas sentenciadas relacionadas también con el consumo de sustancias bajo la supervisión del juez de ejecución para lograr la reducción de los índices delictivos.

Establecemos, además, que en la ejecución de sanciones penales puedan llevarse procesos de justicia restaurativa para identificar las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así, a cómo coadyuvar en la reintegración de la víctima u ofendido y del sentenciado a la comunidad y la recomposición del tejido social que es lo que más nos importa.

Amigas y amigos Senadores, yo quisiera concluir mi intervención agradeciendo profundamente, reconocimiento más que agradecer, el trabajo que han llevado a cabo las comisiones primigenias, sus mesas directivas y de manera muy especial los cuerpos técnicos que han colaborado para que el día de hoy podamos presentar ante ustedes lo que me parece es una ley que habrá de ser muy útil para lograr ese viejo anhelo que se dio en la discusión doctrinaria de lograr una verdadera reinserción social de quienes han delinquido.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senadora Ortiz González.

Solicito a la Secretaría registre el voto a favor del Senador José María Martínez Martínez, en el dictamen relativo a la ratificación del Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Como les fue anunciado ayer al darle primera lectura del dictamen, las comisiones dictaminadoras entregaron propuestas de modificación a los artículos 3, 6, 7, 15, 22, 29, 135 y 153, y a los Transitorios Primero, Segundo, Sexto, Séptimo, Octavo y Décimo del proyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal y la adición de un Artículo Transitorio Único de todo el Decreto, mismas que someteremos a consideración.

El texto correspondiente está a su disposición en el monitor de sus escaños.



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre al texto del dictamen.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que las modificaciones se integren al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones a los artículos que fueron autorizados por la Asamblea.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento del Senado, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales serán en orden creciente.

Esta Presidencia informa que se recibió el posicionamiento del Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el dictamen que nos ocupa. El Senador Carlos Alberto Puente Salas se encuentra en una reunión en la Junta de Coordinación Política. El posicionamiento se insertará en el Diario de los Debates.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Dolores Padierna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Dolores Padierna Luna: En primer lugar, reconocer ampliamente el trabajo de las comisiones, principalmente de sus presidentas.

Ésta que estamos aprobando es una buena ley y a mí me da muchísimo gusto que se haya avanzado con el consentimiento de la gente. Se consultó a las organizaciones sociales, estuvieron académicos, se consultó a las autoridades administrativas en varios niveles, se hizo un trabajo como se construyen las buenas leyes.

¡Mis felicitaciones a las presidentas, especialmente a Angélica de la Peña!

De acuerdo a las cifras oficiales, la tasa de personas que se encuentran privadas de su libertad ha aumentado considerablemente en las últimas dos décadas, por ejemplo, en el año 2010 había 206 personas encarceladas por cada 100 mil habitantes. Cuando en 1995 tan sólo había 102 personas por cada 100 mil habitantes, es decir, que en apenas 15 años el número de personas internas se duplicó.

En este contexto habría que preguntarnos: ¿La situación en materia de seguridad, así como en materia de procuración e impartición de justicia ha mejorado?, ¿la población se siente más segura?, ¿la incidencia delictiva ha disminuido?

La respuesta, evidentemente es no.

No es un secreto que en México durante años se ha practicado abiertamente o se ha puesto en práctica por parte del Poder Legislativo, desde donde se ha pretendido atender el problema recurriendo al derecho penal, al incremento de delitos y a las penas, solamente sin atender las verdaderas causas estructurales de la violencia y el crimen.

De acuerdo a los datos que se tienen disponibles, enviar a una persona a la cárcel puede suponer, en no pocas ocasiones, empujarlos hacia una carrera delictiva ascendente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que cuando las cárceles no reciben la atención o los recursos necesarios su función se distorsiona, en vez de proporcionar protección se convierten en escuelas de delincuencia y comportamiento antisocial que propician reincidencia en vez de rehabilitación.

El proyecto de dictamen de Ley Nacional de Ejecución Penal que se presenta, tiene grandes avances que permiten concretar el urgente y necesario cambio de paradigma del sistema nacional penitenciario, pues permite transitar de un sistema obsoleto y violatorio de derechos humanos a un sistema que busca la rehabilitación de las personas privadas de su libertad en el marco del respeto a los derechos humanos.

El proyecto ha venido siendo trabajado desde el año 2013 y es resultado de la participación de Senadoras y Senadores, de la academia de representantes de la sociedad civil, del Poder Judicial de la Federación, de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de Justicia Penal, etcétera, así como el órgano desconcentrado para la readaptación social de la Secretaría de Gobernación, principalmente.

Sin duda, este dictamen representa un avance muy importante, aunque hay que advertir que las condiciones en las cuales se encuentran principalmente los sectores de vulnerabilidad a los cuales esta ley contiene, y las presidentas no se refirieron a ellos, y yo voy a enfocarme mejor a argumentar en el contenido que tiene esta ley en favor de los derechos y los principios de igualdad que tienen varios grupos sociales.

Uno de estos, son los grupos con discapacidad. La situación en la que se encuentran actualmente las personas discapacitadas, por ejemplo, las psicosociales o las inimputables, ya ha sido también señalada por el Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en su visita realizada a México en 2014, quien indicó que la mayoría de las personas con discapacidades que se encuentran en el sistema penitenciario no están en centros adecuados para su     correcto tratamiento y que se albergan en sectores reducidos de las prisiones, en condiciones de insalubridad y hacinamiento, lo que agrava sus necesidades específicas de salud.

También hizo énfasis sobre la carencia de instalaciones, recursos y personal necesario para capacitarlos y brindar un tratamiento digno, pues se observó que las personas internas con discapacidad psicosocial, viven casi todo el día encerradas, a veces en aislamiento y en condiciones inhóspitas.

El dictamen aprobado en esta materia considera, en el artículo 4, que es de manera transversal, que:

Deberá respetarse el derecho a la igualdad en que se incluye la prohibición de la discriminación motivada, entre otras cosas, por las discapacidades.

Establece la obligación de las autoridades de velar para que en caso de que las personas con discapacidad o inimputabilidad, deban proveerse ajustes razonables al procedimiento cuando son requeridos, así como en el diseño universal de las instalaciones, para una adecuada accesibilidad.

Son elementos enunciativos que en sí mismos representan un avance muy importante para atender a la población penitenciaria en condiciones de discapacidad.

Faltará esperar que las autoridades penitenciarias en cada nivel de gobierno, implementen las medidas que dice esta ley y las conviertan en política pública concreta. Sólo así se garantizarán los derechos humanos de estas personas.

En relación a las personas de la comunidad lésbico-gay, en México 6 de cada 10 personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero recluidas en cárceles, han sido víctimas de diferentes tipos de abusos. Son los más vulnerables entre los vulnerables, advierte el informe de violencia contra las personas lésbico-gay, lesbianas, transgénero, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

De acuerdo al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a partir de la información oficial presentada por los Estados y las organizaciones de la sociedad civil en 25 países, incluido México, las personas lésbico-gay enfrentan un riesgo mayor de violencia sexual y otros actos de violencia y discriminación a manos de otras personas privadas de su libertad o del personal de seguridad.

El reporte informa que en los espacios de reclusión ocurren abusos reiterados, pues los hombres gay y las mujeres trans pueden ser víctimas de servidumbre forzada por parte de otros internos, o son obligados a servicios sexuales.

En países como México, además, las mujeres trans regularmente son albergadas en pabellones para hombres.

En el dictamen aprobado en comisiones se hace un esfuerzo muy importante por incorporar de forma general el derecho a la igualdad y no discriminación, y señala de forma general la necesidad de tomar medidas para que nadie sea víctima de violencia, que tengan acceso a visitas y derecho a la salud, entre otras.

Sin embargo, la población lésbico-gay y transgénero refiere que se tomen medidas específicas para garantizar sus derechos, lo cual correspondería a las autoridades penitenciarias de los tres órdenes de gobierno:

Respetar la identidad de género en tanto que factor determinante para la ejecución de una pena carcelaria, evitando la encarcelación de personas trans en cárceles que guarden relación con su identidad de nacimiento y no la que la persona exprese.

Aplicar un sistema de clasificación que reconozca las necesidades especiales de protección de las personas homosexuales, bisexuales y transexuales.

Tomar en consideración los deseos e inquietudes de las personas reclusas durante su alojamiento.

No ubicar a los reclusos homosexuales, bisexuales y transexuales en dormitorios o celdas junto con reclusos que puedan significar un riesgo para su seguridad.

Garantizar que no exista discriminación en la calidad del alojamiento dado a los grupos homosexuales, bisexuales y transexuales, entre muchas otras señaladas.

Finalmente, en el caso de las mujeres, en este dictamen se desarrollan medidas específicas que deberán adoptarse en el caso de las mujeres durante una visita de familia, o las mujeres que son madres, tengan derecho a recibir a sus hijos.

Hay medidas específicas que en general se deben de tomar en cuenta por el sistema penitenciario durante sus procedimientos, más allá de si las mujeres son madres o no lo son, como la atención ginecológica y realización de estudios periódicos, a fin de prevenir enfermedades, como el cáncer cervicouterino y de mama.

El establecimiento de medidas específicas para prevenir la violencia sexual y mecanismos para la atención de los casos en que lleguen a presentarse, y asegurarse que la capacitación para el empleo no se fomente la reproducción de los roles de género, sino que permita generar las competencias necesarias para autoemplearse y generar recursos que le permitan mantenerse como las mujeres lo decidan.

Si apostamos a que el Senado o el Congreso de la Unión legisle un marco normativo que sea acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Esta Ley Nacional de Ejecución Penal es un buen ejemplo, podría ser esta una buena ley, así la denominamos nosotros y nosotras en el PRD.

Esta es una buena ley, y tener una buena ley es algo de celebrarse.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Layda Sansores San Román, para dar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

La Senadora Layda Sansores San Román: Señor Presidente; compañeras y compañeros:

Hasta el día de ayer pensé que iba a decir aquí las palabras más conciliadoras que hubiese pronunciado durante esta legislatura.

Estaba muy emocionada en el momento que se aprobó por unanimidad el dictamen.

Y me dije yo, esta ley bien puede convertirse en el recordatorio de que este Senado, sí es capaz de dictaminar leyes bajo un modelo incluyente en el que la sociedad civil estuvo siempre presente.

Un Senado que tiene la sensibilidad para hacer consensos más allá de siglas partidistas cuando se lo propone.

Y pensé que, incluso, habían resistido el último embate porque todavía en la víspera hubo el forcejeo con aquel fantasma que habita en los castillejos y que siempre se aparece en las vísperas de la aprobación de los dictámenes.

Pero se aprobó, y cuetes, fuegos artificiales, todos felices, las sociedades, las organizaciones civiles celebraban.

Pero antier llegó el fantasma en forma de addendum, que no es más que un atropello a la investidura legislativa, como decían mis compañeras Angélica y Cristina.

Comenzó a discutirse desde el 2013, y Hacienda se aparece a puerta cerrada un día antes para dar el machetazo.

Deja claro que el gobierno de Peña no está dispuesto a invertir un solo peso en su implementación, porque todas esas modificaciones que acaban de entrar que ustedes oyeron, al artículo no que sé qué, al artículo no sé cuánto y al transitorio.

Que nadie sabe ni de que se trata, no es más que decir, que no hay dinero para ley, y que se va a implementar hasta dentro de cuatro años, como quien dice, hágase la justicia y la Ley Nacional de Ejecución Penal, en los bueyes de mi vecino.

A Peña Nieto no le interesan los derechos humanos y eso queda evidente, y es un cínico; entonces, saluda con sombrero ajeno, es que no podría mocharse unos dolaritos de esos que depositó, cash en los Panamá-Papers, porque todos sabemos que el señor de la Casa Blanca y el señor Higa, son dos personas distintas, pero sólo una verdadera.

Voy a votar a favor, como creo que lo harán mis compañeros, porque se valora el esfuerzo de varios años de quienes integran las comisiones.

El reconocimiento a quienes las encabezaron.

El Senador Gil Zuarth no era aún Presidente de esta Cámara, era el Presidente de la Comisión de Justicia.

Y a él le reconocen las organizaciones sociales que hizo la puerta grande para que entraran a dar sus puntos de vista, y el Senador Yunes tuvo la sensibilidad de mantenerla abierta.

En esa ley hay párrafos completos que dejó plasmada la sociedad civil con su experiencia que fueron totalmente respetados.

Angélica de la Peña, Cristina Díaz que lograron armonizar sin prisas, sin fast track novedosos puntos de vista encontramos.

Pero sobre todo voy a votar a favor, porque esta ley va a quedar como un testimonio de la fuerza, de la perseverancia de una sociedad civil organizada que pone toda su pasión para lograr sus objetivos, voto por esos Miguel Sarre, tan sencillo, siempre tan discreto que nadie cuanto él aporta, por lo que documenta, por México Evalúa, por Reintegra y cuántas organizaciones que aparecen en el marco de la ley dándole el crédito que merecen.

Hoy se multiplican en un acto de sobrevivencia ante gobiernos indiferentes a la justicia y a los derechos humanos, que a pesar de todo, sí tiene motivos para celebrar.

Varios son los logros que se esperan a partir de esa ley, aquí lo han dicho con mucha claridad todos mis compañeros, y voy a resaltar hoy que los penales que se convirtieron en los calabozos oscuros del medievo ya van a ser observados por ojos judiciales, que además van a tener músculo, eran de los aspectos que más interesaba a las organizaciones civiles; y van a tener también en los reclusorios los ojos de la sociedad civil, y los ojos del Inegi, no hay dinero, pero están los ojos por delante, y se tendrá un mejor sistema de información penitenciaria que será pública.

Todos sabemos, y aquí lo han dicho, los penales son mafias que están perfectamente coordinadas con las mafias de afuera, del gobierno, que tienen parceladas las cárceles, y donde cada quien cobra y se compra la parcela para después poder explotarla.

Es verdaderamente lamentable, porque además quienes pagan, son los más pobres.

Entonces, creo que esto es un avance, habrá que darle seguimiento, los recursos necesarios, los recursos siempre necesarios para que el fruto germine, pero uno le apuesta a que esta sociedad civil no claudica, y que finalmente se va a lograr el objetivo.

A esta sociedad civil que se mueve y que nos conmueve reiterarle nuestro reconocimiento, porque creo que, pues me siento muy desalentada de un gobierno decadente, siempre pienso en estos jóvenes, en estas organizaciones que surgen en medio de tanta oscuridad, se convierten en aurora que prometen, y son flor nacida en tierra árida.

Muchas gracias compañeros, y permítanme hacer un anuncio, no está aquí el señor Gil Zuarth, espero que no va a votar, pero hoy sí hay que hacerle un reconocimiento, ha sido una lucha de los trabajadores de Fonatur, los más humildes de la Cámara, porque tuvieran un aumento en su salario, y lo van a tener por una gestión fundamentalmente de Gil Zuarth, de la Mesa Directiva, de la Junta de Coordinación.

Sé que aquí todos participan y hay que agradecérselos y valorarlos por esta sensibilidad, tendrán 8.6 por ciento de aumento, 500 pesos de vales, y algo que me parece muy importante, porque cada presidente ha aportado algo en su tiempo, el Senador Cordero les hizo el comedor para que no siguieran comiendo adentro de los baños.

El Senador Cervantes les hizo los más lujosos y dignos vestidores que no tenemos ni los Senadores, y eso me llena de orgullo.

Pero hoy, además de tener un nuevo comedor, van a tener comida por 5 pesos, podrán comer dignamente, creo que son pasos que se están dando y pues es una convocatoria, hay que tratarlos con mucho amor, creo que es tarea de todos, a cada uno que encuentren en el camino, el aliento para quienes con amor nos sirve.

Gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Sansores San Román.

Se concede el uso de tribuna a la Senadora Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Sin duda la reforma constitucional de 2008 que revolucionó el sistema penal en nuestro país, planteó un rediseño integral a nuestro sistema de justicia. A partir de entonces, también tenemos que reconocer que la discusión legislativa en torno a este sistema se ha centrado fundamentalmente en los aspectos procedimentales desde la investigación inicial hasta el juicio oral pasando por los medios de impugnación.

Sin embargo, no ha sido así, en lo que constituye el último eslabón del sistema acusatorio.

No debemos olvidar que éste es justamente el de la ejecución de las sanciones penales y el de la reinserción social, puesto que la mencionada reforma reconoció, incluso, en su exposición de motivos y partes considerativas, dentro de la discusión legislativa, que no habían sido considerados los centros de privación de libertad como un rubro sustantivo o relevante, ni en las agendas legislativas, ni en las políticas de asignación de recursos, ni en la política criminal en lo general.

En ese momento se reconoció también que las prisiones eran vistas como un gasto que siempre sería deseable evitar, y que dicha posición, además, ha provocado a lo largo del tiempo que las prisiones se conviertan en lugares donde sistemáticamente se violan los derechos humanos de quienes están ahí como internos.

Un escenario de inseguridad jurídica, un escenario de violación a derechos humanos.

En ese momento tan trascendental donde cambiamos el sistema penal acusatorio, se reconoció que las prisiones han funcionado como espacios totalitarios y excluyentes, lo que permitía presuponer que no se lograba durante su estancia una verdadera readaptación social, por lo que en su lugar se transitó a partir de esta reforma del 2008 a un nuevo objetivo consistente en lograr una reinserción social.

En diversos diagnósticos que ya se han señalado en esta tribuna, emitidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que han servido como referente respecto a la situación que guarda el sistema penitenciario de nuestro país, se han hecho visibles las deficiencias de los centros penitenciarios entre los que siguen destacando el hacinamiento, la falta de actividades laborales, la capacitación para el trabajo, la falta de personal de seguridad y custodia, así como la prevención y atención de incidentes violentos, la falta de un programa de prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria, falta de higiene, falta de manuales de procedimientos para el ingreso, traslado de internos, uso de la fuerza, visita íntima o familiar.

El último de estos diagnósticos emitido por la CNDH en 2015, refiere que ocurrieron dos mil 110 incidentes, de los cuales mil 142 ocurrieron en centros de reinserción social y 968 en centros federales de readaptación social.

En este esquema destaca que el acontecimiento violento con mayor número de incidencia corresponde a las riñas; en segundo lugar, a los desórdenes; en tercer lugar, homicidios; en cuarto lugar, abusos; quinto lugar, suicidios; y, sexto lugar, motines.

En este entorno es que no podemos hablar de un sistema acusatorio sin una reforma integral al sistema de ejecución de sanciones y a nuestro sistema penitenciario a través de una nueva concepción de este concepto de reinserción social que claramente quedó establecido en nuestra Constitución.

Como bien lo señala la exposición de motivos del presente dictamen, el nuevo modelo de justicia penal tiene como uno de sus principios fundamentales, el de democratizar la etapa de la ejecución de las sanciones penales, bajo la óptica del debido proceso penal y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los sentenciados y de quienes están en estos centros de privación de libertad.

Siendo importante tener presente que este individuo, privado de su libertad, no deja sus derechos fundamentales por ingresar a un centro de esta naturaleza, puesto que éstos son inherentes a su persona, y hay que reconocer también, que es el Estado quien debe garantizar que esta persona, privada de su libertad, tenga, cuente con las adecuadas garantías y condiciones de vida, pues se encuentran bajo su custodia y bajo su responsabilidad.

Por tal razón, el 8 de octubre de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 73 constitucional, que mandata al Congreso de la Unión la expedición de una ley de ejecución de sanciones única en todo el territorio nacional, bajo la premisa de la seguridad jurídica, de un procedimiento de ejecución de sanciones expedito, eficaz y eficiente, que reduzca la confrontación de criterios, que se aplique de manera uniforme en todo el país y en condiciones de igualdad para la persona privada de su libertad y demás intervinientes en el procedimiento.

Es por ello, que a casi tres años de distancia, se pone a consideración de este Pleno este producto legislativo.

Debiendo hacer también un reconocimiento a los legisladores que participaron activamente en la elaboración de este dictamen, a los Presidentes de la Comisión de Justicia, en su momento, al Senador Roberto Gil, y actualmente al Presidente Fernando Yunes; a la Senadora Graciela Ortiz, a la Senadora Angélica de la Peña y a la Senadora Cristina Díaz, que como presidentas de las comisiones codictaminadoras participaron de manera activa en la elaboración del dictamen que finalmente se votó en comisiones.

Este Decreto tiene por objeto establecer las normas que deberán observarse durante el internamiento por prisión preventiva, por ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas, como consecuencia de una resolución judicial.

Asimismo, el de establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regular los medios para lograr la reinserción social.

Dentro de las principales aportaciones de esta ley, encontramos una regulación detallada a los distintos ejes, sobre los que se desarrollará el sistema de reinserción social, pasando por la educación, el trabajo, la capacitación, la salud, el deporte y el respeto a los derechos humanos.

También se establecen como principios rectores del sistema penitenciario, la dignidad, la igualdad, la legalidad, el debido proceso, la transparencia, la confidencialidad, la publicidad, la proporcionalidad y la reinserción social, por supuesto.

Se establece una prohibición absoluta para que cualquier interno pueda acudir ante las instituciones públicas y privadas y protección a derechos humanos, es decir, la prohibición va en el sentido de que no se impida el derecho de estos a acudir ante estas instancias de protección a derechos humanos.

Las mujeres privadas de la libertad tendrán acceso a los derechos específicos de su género, así como a condiciones especiales para quienes son madres y en el caso de niñas y niños que nazcan dentro de los centros penitenciarios.

Se establece también la prohibición del trato involuntario de mujeres embarazadas o de mujeres privadas de la libertad, cuyas hijas o hijos vivan con ellas en el centro penitenciario.

En el caso de las personas con discapacidad que se encuentren privadas de la libertad al momento de su ingreso, la autoridad penitenciaria estará obligada a proveer todos los medios necesarios, mismos que incluyen traductores e intérpretes para la debida comprensión de las normas disciplinarias del centro penitenciario.

La persona privada de su libertad podrá solicitar al juez de ejecución un permiso extraordinario de salida, cuando justifique enfermedad terminal, fallecimiento de un pariente consanguíneo en línea ascendiente o descendente en primer grado, cónyuge, concubino o socio conviviente.

En caso de personas sujetas a prisión preventiva, deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en el centro penitenciario más cercano al lugar donde se esté llevando a cabo su proceso.

El centro penitenciario en todo momento deberá realizar a las personas privadas de la libertad, un examen médico antes, durante y después del cumplimiento de una medida disciplinaria de aislamiento.

En el caso de aislamiento temporal, no será motivo de restricción o impedimento para la comunicación con el defensor. Asimismo las mujeres embarazadas y madres que conviven con sus hijas e hijos al interior del centro penitenciario, no les será aplicado este aislamiento.

Finalmente, quisiera destacar el tema fundamental de la justicia terapéutica, misma que se constituye como un beneficio de la sustitución de la ejecución de la pena, por los delitos patrimoniales sin violencia que son cometidos bajo el influjo de una sustancia o con el fin de obtenerlas y cuya finalidad será propiciar la rehabilitación e integración de las personas sentenciadas bajo la supervisión del juez de ejecución para lograr la reducción de los índices delictivos.

Es por lo anterior, que el nuevo paradigma del sistema de ejecución de sanciones y de reinserción social, constituye un tema que debe ser tratado desde una óptica integral, sobre la base de los principios que enarbolan el sistema penal acusatorio.

Es por lo cual, nuestro grupo parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor del presente dictamen, ya que representa un paso importante en el debido proceso de ejecución penal, y es necesario en este sentido, hacer hincapié en que la ley impondrá diversas y variadas obligaciones a los operadores de este sistema, por lo que no basta la expedición de esta ley, sino que es necesaria una respuesta institucional de quienes tienen a su cargo el sistema penitenciario mexicano, para que a partir de su actuación se cristalicen las bases y principios de esta ley, y es necesario también señalar que nosotros como legisladores tendremos también que vigilar el adecuado cumplimiento e ir realizando los ajustes o adecuaciones necesarias que el sistema requiera, con base en su aplicación.

Es por ello que hoy solicitamos a este Pleno el voto a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señora Presidenta.


PRESIDENCIA DE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Ortega Martínez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Ismael Hernández Deras, del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Ismael Hernández Deras: Con su permiso, señora Presidenta.

El grupo parlamentario del PRI tiene claro que legislar hoy y siempre es pensando en el futuro de México.

Nos queda muy claro que lo hacemos a partir de un diagnóstico serio, responsable de cada uno de los temas.

Y actualmente, los centros penitenciarios del país tienen desafíos enormes de problemas añejos, rezagados y nuevos problemas por la nueva dinámica en que hoy vive la sociedad: sobrepoblación, falta de educación, falta de atención médica, falta de capacitación para el trabajo y para la vida, por mencionar solamente algunos de ellos.

De acuerdo a uno de los diagnósticos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en un estudio de 104 centros penitenciarios, existen deficiencias en la clasificación entre los procesados y los sentenciados. Además de esos 104, a 92 se les identificó falta de actividades laborales, instrumentos adecuados para la capacitación para la vida, y reitero también, para el trabajo.

En esta identificación de la problemática, de los 104 de este estudio, en 71 de ellos se detectaron la existencia de privilegios y la comisión de prácticas por parte del personal que podrían identificarse se vulnera la integridad de los reclusos y el ejercicio pleno de los derechos humanos y de las garantías individuales.

En este contexto, los Senadores del PRI no somos omisos, no somos indiferentes, al contrario, como partido en el gobierno dispusimos siempre la mejor buena voluntad para ir asegurando y provocar un marco jurídico que garantice respeto a los derechos humanos, que procure una verdadera reinserción social y que garantice también espacios para el desarrollo integral de las hijas y de los hijos de las mujeres en reclusión.

Nuestro sistema penitenciario sin duda que debe de aspirar a consolidar una organización efectiva relativa al tratamiento de los reclusos con dignidad, con igualdad, con legalidad y proporcionalidad para que realmente puedan tener una auténtica reinserción social.

Compañeras y compañeros Senadores, sin duda que se han dado pasos importantes para la transformación de nuestro marco jurídico normativo, en materia de derechos humanos en las reformas constitucionales del 2008 y del 2011, se sentaron bases importantes para un nuevo sistema de justicia penal acusatorio.

Quedó atrás el modelo inquisitorio y se incorporaron mecanismos para asegurar el pleno goce de los derechos humanos como el control de la convencionalidad y el reconocimiento también.

En el PRI nos queda claro que los tratados internacionales que suscribe México son parte de la respuesta en esta nueva ley.

Continuamos como Estado mexicano dando respuestas a miles y a millones de familias mexicanas.

El cambio, sin duda, que es la marca provocada en éste y en estos años.

Se establecen normas que se habrán de observar durante el internamiento por prisión preventiva en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de un resolución judicial, entre sus beneficios destaca que: prohíbe tajantemente la implementación de medidas disciplinarias que impliquen trato cruel, degradante e inhumano contrario al respeto de los derechos humanos de los reclusos y de las reclusas, además protege, fomenta y asegura el principio del interés superior de la niñez, a implementar condiciones adecuadas de vida y para recibir educación, atención médica especializada para las niñas y niños.

En el caso de las reclusas que viven con sus hijos, el nuevo instrumento jurídico instituye derechos específicos como recibir un trato adecuado pertinente y de calidad en la custodia, registro y salud para procurar un nivel de vida digno a los menores de edad, esto significa que ellos tendrán asegurados una atención médica obstétrico, ginecológica y pediátrica antes, durante y después del parto.

El grupo parlamentario del PRI, sin duda que votará a favor de esta ley debido que habrá de coadyuvar a la instauración de un nuevo régimen de seguridad pública y a innovar un sistema de reinserción social acorde con la realidad que vive México y a las problemáticas que hoy deberemos de atender para los mexicanos.

Votaremos en sentido afirmativo, ya que con su instrumentación de esta ley también se armoniza nuestra legislación con los compromisos, reitero, que tenemos a nivel internacional y de tutela efectiva, del ejercicio también y disfrute de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad.

En el PRI estamos convencidos de que la nueva ley está acorde a los principios, garantías y derechos garantizados en los tratados a nivel internacional y también, sin duda, de los que forman parte y se establecen en la Constitución general de los mexicanos, esta nueva ley es una nueva respuesta del Estado mexicano, de este Senado siempre pensando en un cambio y una nueva ley con una gran sentido humano, la verdadera reinserción social por la que todos hoy en su aprobación, sin duda, mandaremos el mensaje del compromiso con los temas fundamentales que le preocupan a millones de familias mexicanas.

¡Enhorabuena a las comisiones y a los grupos técnicos y a todos y cada uno de los elementos de la sociedad civil que participaron!

México tiene una nueva respuesta del Congreso mexicano.

¡Enhorabuena!

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Hernández Deras.

Está a discusión en lo general el dictamen. Tiene el uso de la palabra la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.

Al no encontrarse en el salón del Pleno, tiene la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, a favor, hasta por cinco minutos.

Al no encontrarse el Senador, tiene la palabra el Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano: Con el permiso de la Presidencia.

Velar por las condiciones de seguridad pública, los intereses de la nación y de la sociedad, es una labor que todo estado de derecho democrático debe respaldar y asegurar, bajo esa tesitura es necesario continuar los cambios que se han impulsado a través de diversas reformas a la legislación nacional en materia de sistema de justicia penal.

Para consolidar el desarrollo político, económico, social de la nación y la transformación del sistema penal en México, se necesita trabajar integralmente en la armonización de la legislación, pero también en la instrumentación de la misma.

Para la transformación de las instituciones involucradas en el sistema de justicia, es necesario contar con un modelo que contribuya a abatir la impunidad y la corrupción, esclarecer los hechos delictivos, proteger al inocente, reparar los daños causados por el delito y lograr una verdadera reinserción de los sentenciados.

Actualmente en el país existen 393 instalaciones penitenciarias con una capacidad instalada para albergar a poco más de 200 mil internos, por lo que se estima que existe una sobrepoblación nacional de 48 mil 907 espacios en 213 cárceles, lo que hace que las prisiones mexicanas sean centros de reclusión inhumanos.

Por lo anterior, el país necesita no sólo trabajar en leyes que garanticen un debido proceso, el sistema penitenciario también requiere de atender objetivos primordiales como la reinserción social, aunque estamos de acuerdo con el dictamen que se somete a consideración; no queremos votar sin hacer una reflexión sobre el sistema penal de nuestro país.

La primera de las consideraciones tiene que ver con los fines de la pena, la pena no es para castigar, el fin de las sanciones penales, además de restaurar los derechos de las víctimas y ofendidos, es reinsertar a la sociedad a los sujetos activos de los delitos.

La distinción entre delincuente y sentenciado tampoco debe ser trivial. Al adoptar el término actual, la Constitución permite la posibilidad de que haya personas inocentes en los centros penitenciarios, de ahí que se debe buscar reinsertar a quienes, en efecto, se ha demostrado su culpabilidad en esa sentencia.

Para ello, además de valorar los casos donde resulta necesaria la prisión preventiva, se requeriría que todos los procesados en donde no exista cosa juzgada tengan plenos derechos políticos, puedan votar y ser votados.

Sabemos que el artículo 38, fracción II de la Constitución, impide lo que aquí señalamos, pero también es verdad que el artículo 20 del mismo ordenamiento estipula la presunción de inocencia: "todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario".

En este sentido, porqué a alguien que se presume inocente se le limita en el goce de sus derechos políticos plenos. Me parece que la restricción constitucional del artículo 38, fracción II, es contraria a los derechos humanos y al propio artículo 20 de la Carta  Magna, por ello es necesario mantener un debate serio acerca de que el sistema penal de nuestro país no tuviese un fin puramente punitivo y, en cambio, debiera velar para  que los códigos penales regulen y promuevan las sanciones alternativas a la de     prisión, y sólo por delitos sumamente graves debe sancionarse con reclusión a las personas.

De esta manera, la limitación de la prisión preventiva debe ser una excepción y no la regla general. Las personas deben tener en principio, como derecho, el poder ser juzgados en libertad, y salvo en el caso de los delitos graves a que se refiere el artículo 19 de la Constitución, ser procesados en prisión.

En esta tesitura resulta una imperiosa necesidad de revisar el catálogo de los delitos graves en la legislación adjetiva penal para reducir el número de delitos graves y dar mayores garantías al principio de presunción de inocencia.

A pesar de que la reinserción social del sentenciado es un criterio fundamental del mandato constitucional de nuestro sistema penitenciario, no hay evidencia de que permita dar cuenta de que esto se esté cumpliendo.

En 2012, casi 16% de los sentenciados fueron reincidentes, lo que significa que su paso por los centros penitenciarios no los disuadió de cometer nuevos actos delictivos.

En algunas entidades federativas las cifras de reincidencia son notoriamente altas, la Ciudad de México, por ejemplo, reportó una tasa de reincidencia del 35.2%; en Colima y Yucatán las tasas fueron superiores a 20%, lo que significa que el sistema no está funcionando.

Resulta indispensable aprobar una ley para la reinserción social de los reos que haya purgado sanciones penales, para que al salir de prisión no se les impida el trabajo, la educación o la integración familiar. Por eso estimamos que el requisito que en la mayoría de empleos imponen para contratar a un trabajador, de exigir la carta de no antecedentes penales, es contraria a los derechos humanos.

Esta Ley Nacional de Ejecución Penal tiene por objeto establecer las normas que habrán de observarse durante el internamiento por prisión preventiva en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, así como establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regular los medios para lograr la reinserción social.

Sin embargo, es necesario dejar constancia de que estamos en contra de cualquier privatización de los servicios que se presentan en los centros penitenciarios del país. El monopolio del Estado debe ser preservado y, en consecuencia, debe cumplir con su obligación frente a la sociedad.

El Estado tiene que brindar al interno adecuadas garantías y condiciones de vida, pues se encuentran bajo su custodia, no se puede eximir de la doble responsabilidad que tienen con la sociedad, hay que garantizar la reinserción del sentenciado, pero también dar la certeza a la población de que esa persona no volverá a delinquir y contribuirá a forjar el bien común para este país.

En este sentido, con base en las consideraciones que han sido expuestas, el voto del grupo parlamentario del Partido del Trabajo será a favor del presente dictamen, sin dejar en claro que nosotros votamos en comisiones un proyecto por unanimidad y en donde nos damos cuenta que se metió un addendum hace 24 horas, y les voy a leer el transitorio sexto como estaba, como lo votamos, y posteriormente cómo va a quedar.

Sexto Transitorio.- "La Cámara de Diputados, las Legislaturas locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, deberán destinar los recursos necesarios para el desarrollo de las acciones que deban realizarse para la implementación de lo dispuesto por la presente ley, en términos de lo dispuesto por el Artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008".

Y ahora va a quedar así:

Sexto Transitorio.- "Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para el Poder Judicial Federal, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se cubrirán con cargo a sus presupuestos para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. Asimismo, las entidades federativas deberán realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta ley".

Ha sido un trabajo en donde reconozco a los presidentes de las comisiones, a sus equipos técnicos, a las organizaciones no gubernamentales, a la sociedad en general, pero con estas disposiciones nuevas que metieron, creo que no se va a poder lograr esta ley.

Los estados no tienen recursos, los estados están endeudados y ahora les cargan el financiamiento para llevar a cabo esta pura, blanca y noble ley que se elaboró con mucho trabajo.

Entonces, se los dejo para que lo chequen.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Partido Acción Nacional.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias. Con su permiso, señora Presidenta.

Quiero felicitar a los presidentes de las comisiones, a la Senadora Cristina Díaz, a la Senadora Graciela Ortiz, al Senador Fernando Yunes, a la Senadora Angélica de la Peña y en especial a la Senadora Pilar Ortega, a todo su equipo de trabajo, su equipo técnico, pero también a las Senadoras y Senadores que conformamos estas comisiones, porque son muchísimas horas de trabajo y mucho tiempo dedicado.

¡Muchas felicidades por este dictamen!

También quiero agradecerles haber aprobado favorablemente mis reservas que presenté en comisiones.

El presente dictamen servirá para buscar terminar con la violencia, la corrupción, la tortura y los tratos crueles, degradantes e inhumanos que imperan en los centros penitenciarios.

Con la presente ley se establecen las normas que habrán de observarse durante el internamiento por prisión preventiva en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; se establecen los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, así como regular los medios para lograr la reinserción social.

Todo lo anterior sobre las bases de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

Pero necesitamos promover ante la Cámara de Diputados, dos de los recursos suficientes para que la presente ley no quede como letra muerta y se pueda garantizar que las mujeres compurguen sus penas en lugares separados destinados a los hombres; que las personas procesadas y sentenciadas ocupen instalaciones distintas; los derechos de las mujeres embarazadas o para aquellas internas que tienen sus bebés con ellas, atención médica, obstétrica, ginecológica, pediátrica y alimentación adecuada, por mencionar algunos.

El sistema penitenciario tendrá su base en el respeto de los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para procurar la reinserción a la sociedad de la persona sentenciada, y procurar que no vuelva a delinquir.

En las instalaciones de los centros penitenciarios se deberá mantener la seguridad, tranquilidad e integralidad de las personas privadas de la libertad, del personal y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de éstas, y también deberán de ser sustentables.

Ya hay un centro penitenciario, por ejemplo, en Durango que está trabajando estas partes de ser sustentable y que es digno de mencionarlo como ejemplo.

El juez de ejecución podrá conceder a la persona sentenciada el beneficio de la libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico.

Es importante señalar, que dicho beneficio no podrá ser en delitos de trata de personas y delincuencia organizada.

Y adelanto que también la próxima Ley de Tortura debe por ningún motivo dar dicho privilegio.

El juez de ejecución podrá determinar el beneficio de la libertad anticipada que consistirá en la extinción de la pena de prisión y el beneficio de la libertad al sentenciado.

Se establece que en la ejecución de sanciones penales puedan llevarse procesos de justicia restaurativa, en los que la víctima u ofendido, el sentenciado y, en su caso la comunidad afectada en el libre ejercicio de su autonomía participe en forma individual o conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, con el objeto de identificar las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como coadyuvar en la reintegración de la víctima u ofendido y del sentenciado a la comunidad, y la recomposición del tejido social.

Por economía parlamentaria, señora Presidenta, solicito sea inscrito en el Diario de los Debates el presente posicionamiento de forma completa.

Por su atención, muchas gracias.

Intervenciones



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Garza Galván.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Cárdenas Fonseca, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia.

Hay que renovar votos.

Hay que recuperar la esperanza.

Sin embargo, haciendo un reconocimiento pleno al trabajo aquí realizado, pareciera ser que donde todos son culpables, todos son inocentes.

Y me resisto a que esto, más allá de las múltiples bondades que ya fueron referidas por quienes me antecedieron en el uso de la voz y que las hago propias, hay cosas que a los mexicanos les preocupan en el día a día y que no alcanzan a entender el porqué de la situación que hoy estamos viviendo.

El dictamen no trae un diagnóstico cierto o verdadero de cuál es el estado que guardan los centros penitenciarios.

Sí, que bueno que con esta iniciativa nos estemos planteando un sinfín de eventos, de criterios y de conceptos que debíamos de haber tenido contemplados desde hace mucho tiempo y no a partir de la modificación del artículo 1o. constitucional y los tratados internacionales.

Yo espero que no sea letra muerta. Yo espero que no se convierta en un gatopardismo en el tiempo y el espacio. Ya se planteó aquí, dan cuatro años. No tiene fuente de financiamiento.

Obligan a los organismos y a las dependencias obligadas a que hagan una readecuación programática y presupuestal del ejercicio del gasto, cuando ya de suyo, tanto en el orden federal como en el orden estatal, hay una presión al gasto enorme y hay un incumplimiento a la obligación legal de gasto en muchos otros conceptos.

Cuando advertí las modificaciones, aplaudí unas, como la del Décimo Transitorio, pero me preocuparon otras como que la Secretaría de Hacienda se exima de participar en los órganos que tenía contemplada en un principio el planteamiento de dictamen.

¿En dónde queremos parar?

Por un lado vemos que el orden del gobierno federal que es par como orden de gobierno, de los órdenes de gobiernos estatales y bien con competencias diferentes; a la hora que son concurrentes cae el tema de donde todos son culpables, todos son inocentes.

Ustedes lo viven en sus estados, a mí me pasó en Sinaloa, un secretario de seguridad pública, al que tuve que sacar en los periódicos, que yo le donaba el equipo bloqueador de señales de teléfonos móviles, batallamos 7 meses para hacerlo comparecer, y cuando compareció, dijo que hacía 6 meses se habían dado cuenta que estaba descompuesto, pero que con el presupuesto del año entrante, iban a comprar uno nuevo.

Eso es lo que lastima, la cadena de valor delincuencial no se va a resolver nada más diciendo, los queremos separados, por género, por edad, por clasificación de delito.

Advierto, mi reconocimiento al trabajo realizado, pero en el día a día, ¿qué pasa?

La disposición que tiene la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, simplemente en este evento, de que sean empresas ajenas autónomas para evitar la comunicación, siguen funcionando los mecanismos de comunicación con los que están internos, con los que están externos para recibir órdenes con mandas de trabajo, y en muchos de los casos qué pasa, insisto en el día a día.

Acabamos de tener un problema muy serio en el estado de Nuevo León, y linchan al gobernador.

Pero, alguien se preguntó, ¿cuántos custodios hay ahí en ese penal del orden federal?

Y nadie dice nada.

O alguien se preguntó, ¿quién es la autoridad competencial para determinar si alguien es apto o no para ser celador o administrador de uno de estos centros?

Es el orden federal, no son los órdenes estatales, no es el orden de los estados. Pues más allá del planteamiento conceptual de este proyecto de dictamen que hoy someten a nuestra consideración y que estaremos a favor del mismo.

Muchos de ustedes fueron gobernadores, porqué quienes integran la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario no se ganan un voto de confianza de parte del legislativo, con pequeñas cosas y disposiciones que ya están y que son de aplicación obligatoria, no opcional, y no lo hacen, es evidente lo aquí reiterado, de que a pesar de que les den cuatro años, muy probablemente vivamos en el gerundio y en el transitivo, ando y endo, y nos lleve 10, 15, 20 años.

Sin embargo, no podemos ser omisos para no plantearnos un renovado voto de confianza. Simplemente lo que también habría que decirles a quienes estén en la ejecución, en la operación y en la cotidianeidad que quién de parte del Legislativo va a ser el órgano garante para que disposiciones que ya están, las cumplan, y para que si no las cumplen verdaderamente se les aplique sanción por negligencia, omisión o incompetencia.

Acaban de darle destino a más de 230 mil millones de los remanentes de las remesas y de las reservas, entre otros conceptos de las reservas internacionales, lo de la remesa, y a las entidades federativas no les tocó ni un centavo, porque la reforma a la ley de presupuesto no lo contempló, y eso que es parte de la renta nacional, debería de ser parte también de las entidades federativas, porque disponer de la manera en que se dispuso quitando la posibilidad de fuente de pago, y generando la obligación de readecuación programática y presupuestal, pudiéramos estar en la eventualidad de que las entidades federativas se acusaran incompetentes con las finanzas públicas que hoy presentan, y ya no digamos la mezcla de presos, de recluidos o de sentenciados, y ya no digamos qué pasa con tantas fugas, de hace 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y la de este año, y a la sociedad no se le dice con claridad quiénes están sujetos a proceso por incurrir en posibles conductas que pudieran tipificarse, inclusive, de delitos penales.

Voy a favor en esta consideración.

Gracias. Muy amablemente me llaman al tiempo, estoy tratando de ayudar a que tengamos más tiempo para que lleguen a acuerdos en otros temas.

De esta suerte, a mis compañeros legisladores, a mis amigas legisladoras, les pido muy respetuosamente, jamás volver a apoyar una iniciativa por noble que parezca, si en la realidad que nos enfrenta no está participando la fuente de pago, porque de otra suerte, esto es mentira.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Cárdenas Fonseca.

Tiene el uso de la palabra el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Partido del Trabajo, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias. Muy buenas tardes.

Suplico a la Presidenta de la Asamblea me tenga la tolerancia correspondiente, debido a que en este posicionamiento voy a incluir la explicación de algunas reservas que presento al dictamen, lo que supongo, va a redundar en economía parlamentaria.

En primer lugar, me permito hacer un reconocimiento tanto a quienes presentaron las iniciativas como a los legisladores que nos entregaron a consideración este dictamen.

Es bien sabido, que una de las mayores injusticias en nuestro país se registra en los reclusorios.

En opinión de la mayoría de la ciudadanía, en lugar de ser centros orientados a la reinserción social, se han convertido en auténticas escuelas del crimen. Desde ahí se planean y cometen delitos como la extorsión, por ejemplo.

Sobre el dictamen, desde luego, coincido en garantizar el respeto y observancia de los derechos humanos de las personas recluidas.

Sin embargo, creo que es necesario hacer ajustes a la ley que se nos plantea para garantizar que las condiciones propicias se den en la materia de la reinserción social.

No creo que con nuestros impuestos se deba suministrar a quienes infringieron la ley, artículos, por ejemplo, para la recreación. Por ello, en un acto de elemental justicia y para mantener el equilibrio entre víctimas y victimarios, considero que debemos suprimir el concepto de gasto de recreación, que se nos propone en la fracción XXV del glosario contenido en el artículo 3.

Por otra parte, quiero decirles que en Baja California estamos muy familiarizados con la importancia de los reclusorios. Contamos con uno de los reclusorios más conflictivos del mundo, el llamado Centro Penitenciario de La Mesa, también conocido como "El Pueblito".

De ahí que estoy bien consciente de que para mantener el gobierno de los centros a cargo de las autoridades penitenciarias y no propiciar que caiga en manos de las personas en reclusión, se deben tomar una serie de medidas contundentes.

A las personas en reclusión les debe quedar bien claro que están compurgando una pena, no son vacaciones. No tengo ningún inconveniente en que se reconozcan todos los derechos compatibles con dicha situación.

No obstante, veo que en el dictamen se nos propone un ordenamiento donde no está puesto el énfasis suficiente en los deberes de las personas en reclusión hacia la autoridad del centro. El personal penitenciario y sus compañeros también privados de la libertad.

Me preocupa, le voy a llamar de manera elegante, la debilidad de los preceptos relativos a las obligaciones de las personas recluidas, pues, lo que hemos visto en materia penal en este país, nos ha enseñado que así como se han de reconocer los derechos humanos de las personas en reclusión, también se deben establecer con toda claridad cuáles son sus deberes.

No olvidemos que en las cárceles hay homicidas, sicarios, violadores y asaltantes, entre otros, los cuales desde que se levantan y hasta que concilian el sueño, están pensando cómo apoderarse del gobierno del centro de reclusión para continuar destruyendo las vidas de las personas y familias productivas.

Por ello, me permito poner a consideración de ustedes una serie de modificaciones que enumero:

En el artículo 4, propongo que además de los principios plasmados, que sin duda benefician a las personas recluidas, se agregue el principio de responsabilidad para que los internos sepan que deben acatar las instrucciones, desde luego legítimas, que les dé la autoridad del centro de reclusión, el personal de custodia y la plantilla técnica.

Me llama mucho la atención lo dispuesto en el último párrafo del artículo 9, en el sentido de que las limitaciones de derecho sólo podrán imponerse cuando se tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas o seguras.

Creo que también se debe limitar el derecho a recibir visitas, a raíz de una infracción que haya cometido una persona en reclusión.

A diario, en todos los centros de reclusión del país, desde la más sencilla cárcel municipal que alberga una docena de personas, porque todavía hay centros de este tipo en el país, hasta los enormes centros federales, se libra una cruda batalla entre la autoridad y el personal del centro, por un lado, y las personas recluidas, por otro, que buscan imponer su negra voluntad.

Las autoridades tratan de imponer la voluntad de la ley con miras a lograr la reinserción social y los internos buscan hacerse del autogobierno para imponer su ley y violar derechos humanos del resto de la población.

En este contexto, a lo largo de los años, la experiencia ha mostrado que una herramienta eficaz para mantener el orden en los centros penitenciarios y evitar motines, homicidios o toma de rehenes, es el uso racional de la visita, en particular de la visita familiar.

El interno, y hay que conocer la sicología de éstos, y hay que hablar con quienes administran estos centros de detención y estos reclusorios, mide a las autoridades y comienza por faltas menores a los reglamentos. Si percibe que no hay ninguna respuesta por parte de la autoridad, entonces toma fuerza para cometer faltas mayores, y lo que es peor, para relacionarse con otros internos y apoderarse del control del penal, en perjuicio de los débiles.

Por ello, creo que debemos modificar el último párrafo del artículo 9, que no permite limitar derechos de los internos para el efecto de que se pueda suspender, hasta por una vez a la semana, la visita íntima o familiar, como resultado de la imposición de una medida disciplinaria.

El dictamen lo más que permite, muy amable el dictamen, es que se suspenda la visita por una hora.

Aproximadamente el 80% de los 207 artículos analizados y que integran la nueva ley, reiteran en diversos tonos, los derechos de las personas recluidas, y sólo en un precepto se habla de manera específica de sus obligaciones y ello sin que se establezca de manera clara cuál es la sanción por incumplimiento del reglamento.

Por ello, me permito proponer un último párrafo al artículo 11, a fin de que el incumplimiento tenga consecuencias, en particular el negarse a cumplir las instrucciones del personal del centro, lo cual pueda desde luego dar lugar a la aplicación de medidas disciplinarias.

Por otra parte, se establece como función de la autoridad penitenciaria el autorizar el acceso a particulares y autoridades. Creo que se debe agregar: "siempre y cuando cumplan con los requisitos para tal efecto".

La relación de los familiares con la autoridad del centro de reclusión, tiende a ser conflictiva, por ello debe clarificarse que el acceso no es indiscriminado, sino que los particulares y visitantes deben, en principio, reunir requisitos para evitar que ingresen al reclusorio para planear o preparar y hasta cometer desde adentro nuevos ilícitos.

Un reclusorio, es una micro sociedad de alta explosividad. La violencia está latente a cada instante en los pasillos, talleres y patios. Quien lo contrario piense, no tiene la menor idea de lo que analiza, por ello la ley debe contar con un precepto similar al de la suspensión de garantías.

Si nuestra máxima ley, que es la Constitución, contiene disposiciones para atender momentos críticos, por mayoría de razón, un ambiente altamente conflictivo debe contener un precepto similar.

El reciente motín en el Penal de Topo Chico, nos hace abrir los ojos. Me parece que si dejamos la ley como viene en el dictamen, simplemente no se habría podido segregar a las cabecillas que lanzaron el motín; no se les habría podido poner un aislamiento, a menos que se siguiera un proceso en el cual hubiera abundancia de pruebas respecto de su conducta delictiva.

Quiero decirles que con mucho trabajo votaré a favor este dictamen, con mucho trabajo. Creo sencillamente que un centro de reclusión es materia de especialistas en la materia, es materia de personas que conocen, entienden y dominan lo que es, llamémosle como es: "Un Reclusorio".

Un país que no educa, un país que no previene, un país que no se preocupa por la procuración e impartición de justicia, un país que no tiene justicia social no puede con leyes y disposiciones, reinsertar a quienes compurgan una pena.

Con mucha pena votaré a favor. Gracias.

La Presidente Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Blásquez Salinas.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señora Presidenta, con su venia. Compañeras y compañeros Senadores:

Primero una sincera felicitación a mi compañera Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, por este extraordinario trabajo.

Al compañero Yunes, Presidente de la Comisión de Justicia, y a todos los integrantes de la misma, por supuesto también a la de Angélica.

A la compañera Cristina, Presidenta de la Comisión de Gobernación, y a todos los integrantes.

A la compañera Graciela, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos.

Efectivamente, está demostrándose con esta ley que lo que señalaba Morelos, era necesario para que surgiera una buena ley. Creo que esta ley se va a votar por unanimidad y va a ser de las pocas que se van a votar por unanimidad en esta estancia que tenemos en el Senado.

Morelos decía: "Que para que surgiera una buena ley, había que llamar a la Junta de Sabios", es decir, a las personas que más conocieran sobre el tema, sobre la ley que pretendía construirse.

Aquí, ya más de uno mencionó los personajes que desfilaron en el Senado de la República para hacer sus aportaciones, para dar sus opiniones, para orientar el trabajo legislativo en un sentido que esta Ley Nacional de Ejecución Penal tuviera como su elemento motivador la defensa de los derechos humanos.

En ese sentido, compañeros Senadores, los que están privados de su libertad, por ese hecho pierden algunos derechos, como sus derechos políticos, pero no pierden su estatus de derechos humanos, es decir, tienen derecho a la alimentación, y aquí se les garantiza; tienen derecho a la salud, y aquí se les garantiza; tienen derecho al trabajo, y aquí se les garantiza; tienen derecho a un trato digno, y en la ley se les garantiza.

Pero tenemos que decirlo, esta ley por supuesto que era urgente que se aprobara, y era urgente porque todos sabemos que el sistema penitenciario está en crisis, ya aquí el Senador Blásquez Salinas menciona el caso de Topo Chico, bueno, ese es uno de tantos, en Morelos ha habido incontables fugas que se dan en colusión con los que ahí trabajan.

Esto plantea que el sistema penitenciario ahora tiene ese problema gravísimo de la corrupción, si no El Chapo Guzmán no se hubiese fugado, tiene el problema gravísimo de la violación sistemática de los derechos humanos de los que ahí están recluidos, el tráfico de estupefacientes, todo mundo sabe que ahí se vende droga, pero los responsables de erradicar este mal de los penales se hacen como que no ven y como que no oyen, por eso los autogobiernos que existen en los penales tienen éxito, porque hay complicidades vergonzantes entre estos criminales que ahí están y quienes de manera oficial dirigen los penales como directores o como miembros de la dirección de ahí y los responsables de los sistemas carcelarios a nivel estatal y a nivel nacional en abuso permanente del poder.

Yo voy a aprobar con mucho gusto y con mucho ánimo esta ley porque cuando menos en su espíritu pretende acabar con los vicios y conductas que hoy privan en todas las cárceles de nuestro país, sean federales o sea estatales, tutela los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, reconoce a las personas privadas de la libertad como lo que son, seres humanos y se les garantiza ese estatus, que es una de las partes más importantes.

Todos sabemos que las cuestiones de salud en esos penales son infames y que efectivamente quien vino a mencionar aquí que si no se invierte en el tema de salud en los penales, esta ley puede terminar siendo una letra muerta.

Por eso es importante, y lo señalaremos, más importante, que en el PEF debe de garantizarse el recurso concreto para este tipo de asuntos y en los presupuestos estatales exactamente lo mismo, garantizando el derecho a la salud, el derecho a la educación que va desde la alfabetización hasta ir concluyendo grados, hasta licenciatura, creo que eso es muy importante, no hay reinserción si no se tiene garantizado el derecho a la educación, y lo digo desde mi visión de educador.

La educación bilingüe para indígenas que ahí están recluidos, la oportunidad de aprender un oficio y que esta escuela del crimen que se dice que son las cárceles se vaya eliminando a partir de que los que están privados de la libertad tengan garantizado el derecho a la salud, tengan garantizado el derecho a la educación, tengan garantizado el derecho a la capacitación y a la formación en algún oficio, y tengan derecho al trabajo.

En el tema del Artículo Sexto Transitorio, desde mi visión queda insuficiente como está planteado, no vamos a proponer reforma, solamente dejaremos para el Diario de los Debates desde nuestra visión como debe de ser.

Dice el Artículo Sexto Transitorio.- La Cámara de Diputados, las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México deberán destinar recursos necesarios para el desarrollo de las acciones que deban realizarse para la implementación de lo dispuesto por la presente ley, es decir, algo ambiguo.

En la Ley General de Educación, cuando se hizo aquella reforma después del 92 se dijo: "y los maestros tendrán garantizado un salario profesional".

Ese salario profesional jamás se alcanzó, se dijo: "y se asigna el 8% del Producto Interno Bruto para la educación, como lo mandata la UNESCO" y eso tampoco se ha logrado. El 1% para la investigación y eso tampoco se ha logrado, no hay garantía de que esto que está plasmado en el Artículo Sexto Transitorio se logre.

Por eso, lo dejamos ahí y creemos que lo más correcto es que en el PEF, y en los presupuestos estatales, esto quede perfectamente señalado.

El artículo 10, creo que en las condiciones que está nuestro país, con el 62% de la población con algún tipo de pobreza, con 30 millones de nuestros compatriotas en pobreza alimentaria, el beneficio de la libertad anticipada, sobre todo en un tema como es el robo famélico o el robo por hambre que no rebase los 80 salarios mínimos vigentes, bueno, yo creo que es un beneficio que ayudará a muchos que delinquieron porque tenían hambre y no les quedaba otra opción: o robaban o se morían de desnutrición.

Qué bueno que las comisiones, que ya señalamos, tuvieron a bien generar este beneficio de la libertad anticipada.

Y el otro tema, que tiene que ver con los consumidores de marihuana, también muchos están ahí porque no son traficantes o narcotraficantes, simplemente cayeron en un vicio, como es el alcohol, y ese vicio, lo agarraron en un momento determinado y ese vicio los tiene en la cárcel.

Yo creo que se tiene que revisar de manera puntual cada uno de estos casos para que también no se vayan a dejar salir delincuentes.

Por último decirles, compañeros Senadores, nada se cambia por Decreto, se tiene que tener la voluntad política para impulsar las transformaciones que mandata esta ley. El Senado, lo queremos decir fuerte, ha hecho el trabajo en sus comisiones, en el debate aquí en el Pleno, y lo vamos a ver ahorita en la votación.

Corresponde ahora al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos estatales de los estados tener la voluntad política para que las cárceles dejen de ser escuelas del crimen y se conviertan en centros de reflexión y reinserción social de quienes, por circunstancias de la vida, violaron la ley.

Y para que esto suceda estas personas privadas de su libertad tienen que empezar por ser tratados como lo que son, seres humanos.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Se inserta intervención de la Senadora Marcela Guerra Castillo.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señora Presidenta, sí se encuentra suficientemente discutido.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria.

Se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

Informo a la Asamblea que han quedado reservados los siguientes artículos:

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, los artículos 3, 4, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 30, 33, 39, 40 y 59.

El Senador Zoé Robledo Aburto, el artículo 36.

La Senadora Martha Tagle, los artículos del 169 al 189.

¿Algún Senador más que quiera reservar otro artículo?

Se cierra el registro de artículos reservados.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 114 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal y se reforma el Código Penal Federal.

Tome nota la Secretaría del voto del Senador Emilio Gamboa, a favor del dictamen.

Las reservas del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a los artículos 3, 4, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 30, 33, 39, 40 y 59 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, fueron explicadas en su intervención anterior.



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de admitirse las reservas presentadas.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten las propuestas presentadas por el Senador Blásquez Salinas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten las propuestas, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los artículos quedan en los términos del dictamen y se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Tome nota la Secretaría del voto de la Senadora Dolores Padierna, ¿a favor del dictamen?

A favor del dictamen.

Se concede la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al artículo 36.

Ruego a las señoras Senadoras y Senadores, no se retiren del salón de sesiones porque en breve tomaremos otra votación nominal.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Primero, sin duda, soy de los que celebro este dictamen, el trabajo de las comisiones de mucho tiempo, un trabajo puntual y esmerado. Y lo celebro porque uno de los temas que era importante para los Senadores, para organizaciones de la sociedad civil, para mucha gente, es el de los niños invisibles.

Los niños invisibles que son todos aquellos menores que o nacieron en la cárcel, o tienen menos de tres años y viven en la cárcel con sus mamás.

Hoy, en esta ley, el artículo 36 que habla justamente sobre mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos. Eso ya los empieza a ser visibles.

Pero pensemos en esos 549 niños, repito, la mayoría menores de tres años, que ahí están, que allí viven en los centros penitenciarios, que acompañan a sus madres que están cumpliendo condenas.

Ellos también reclaman derechos, el principal, el derecho de ser niños. Reclaman nuestra solidaridad. Reclaman, y con justa razón, el derecho a ser felices.

El año pasado publicamos aquí en el Senado de la República este libro, "El anuario de los niños invisibles", que más que un libro es un anuario, como los que seguramente muchos de ustedes tuvieron en la secundaria o en la primaria.

Y lo retrata así como son, pequeñitos, inocentes que el destino les jugó la mala pasada de tener que empezar su vida sin conocer la libertad.

Y las preguntas al ver estos rostros y estos testimonios, son inevitables, ¿Cómo vive un niño en la cárcel?, ¿sabrá distinguir un niño entre la libertad y la falta de ella?, ¿sentirá nostalgia por las rejas una vez que salga de allí?, ¿extrañará la libertad si no la    conoce?

¿Cuáles serán sus sentimientos con la sociedad que lo puso en esa condición y muchas veces no le prestó los suficientes medios para su desarrollo en la etapa más importante, que es el desarrollo temprano?

Al leer algunos de los testimonios que están aquí, como el de Rodrigo que en un dibujo pone, ese niño soy yo, soy un monstruo de dos cabezas, es una cabeza con otra cabeza, porque me voy a dibujar a mí mismo, gordito es un monstruo, y el grande soy yo, porque me visto como monstruo, lo hice para que espante, para que espante, hice mis manos grandes.

Niños que no debemos abandonar; y no los está abandonando este dictamen, sino que debo decirlo, los toma en cuenta.

Por eso mi reserva es muy simple, lo único que plantea es una modificación a la fracción segundo, cuando dice, entre los derechos que tendrán las mujeres privadas de la libertad, que tienen hijos:" a que su hija o hijo disfruten del más alto nivel de salud".

Creo que todos estarán de acuerdo con eso.

Hay una palabra que a mí me incomoda que dice: "a que su hija o hijo disfrute el más alto nivel posible de salud". Posible de salud.

Miren, no hay más de 27 centros penitenciarios en donde pueden estar estos niños, poderles prestar los más altos niveles de salud, sería un momento alto y digno del  Estado mexicano, proteger al más indefenso de los seres humanos que pueda haber quizá en México, y que es un niño que está en la cárcel por circunstancias de la vida.

Hablaría muy bien de nosotros, para qué le ponemos que lo más alto posible, si es una cuestión presupuestaria y ya hay un diagnóstico de la Cámara de Diputados que dice cuánto podría costar prestarle servicios de salud, guarderías, en fin, todo lo que necesita un niño; y la verdad que no es tanto para el Estado mexicano, son 53 mil pesos al año, multiplíquenlos por los 539 niños, son cerca de 24 millones de pesos anuales, los gobiernos de los estados se gastan eso en dos días en publicidad gubernamental.

Entonces, creo que si quitamos la palabra "posible" hacemos un compromiso mayor, no dejarlos en la indefensión de lo que alcance; porque eso significa posible, es lo que tengamos en Hacienda, los recursos que podamos otorgarles. Para qué dejar esa mala señal, esa manchita en un dictamen que ha salido tan bien, que es tan noble, que ha alcanzado tantos consensos.

Pero eso les pediría, quitemos la palabra "posible", hagamos cosas extraordinarias por estos niños, no posibles, no chiquitos, no nos quedemos en lo chiquito, lo mínimo, vamos a lo mayor, no son muchos, son 500.

Si no podemos atender a estos niños como si fueran nuestros hijos, entonces algo tenemos que replantearnos en nuestro papel de representantes populares.

Yo los invito, quitemos esa palabrita "posible". A mí me incomoda, espero que a ustedes también.

Al ser un tema muy relevante, por lo menos para mí, señor Presidente, le pediría, con el apoyo de cinco senadores, que haga esta votación de tipo nominal para que aparezca en la pantalla y voten todas y todos.

Les agradezco mucho, ojalá apoyemos a estos niños y quitemos una palabra que no le hace daño al dictamen, y solamente establece el nivel y la envergadura de lo que queremos hacer con esa ley.

Felicidades nuevamente a las comisiones dictaminadoras.

Es cuanto, gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Hay cinco Senadores que acompañan la solicitud de votación nominal?

Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por dos minutos para recoger la votación nominal sobre la admisión de la reserva presentada por el Senador Zoé Robledo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, derivado del resultado de la votación, no se admite a discusión.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El artículo 36 queda en los términos del dictamen y se reserva para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, para referirse a los artículos del 169 al 189 del proyecto de ley.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señor Presidente.

Sin duda, no puedo evitar sumarme a los reconocimientos por el trabajo realizado en las comisiones unidas y a quienes estuvieron empujando este dictamen, que además es muy importante sacarlo en este momento justo un poco antes de la entrada en vigor del Sistema de Justicia Acusatorio.

Sin embargo, me parecía también muy importante poner en la discusión un tema que está incluido en este dictamen y que forma parte de las discusiones que en el Senado no hemos dado; y porque no lo hemos dado, me parece que no debería estar en el proyecto del dictamen de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y me refiero al Capítulo de Justicia Terapéutica.

La política de prevención de riesgos y daños relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, así como la atención integral al uso nocivo o problemático de las mismas, no debería formar parte del catálogo de medidas penales.

En el discurso pronunciado por el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, en la apertura de la Sesión Especial de la Asamblea General sobre el Problema Mundial de las Drogas, se propuso un decálogo a la comunidad internacional, y en el punto 7 menciona y cito:

"El consumo de drogas debe atenderse esencialmente como un problema de salud pública, toda vez que constituye una amenaza para el desarrollo pleno de las personas, especialmente de nuestros niños y jóvenes. La adicción a las drogas debe atenderse con mecanismos de prevención y soluciones terapéuticas integrales, no con instrumentos penales que criminalizan a los consumidores y dañan el desarrollo de su personalidad".

Hasta aquí la cita de lo presentado por Enrique Peña Nieto en Nueva York.

Para el diseño de la política integral de atención a dependencias, se hace necesario revisar algunos conceptos: consumo o uso, abuso y dependencia. Son tres términos distintos. El consumo per se no es necesariamente abuso.

Según el Informe Mundial Sobre las Drogas 2015, más de 1 de 10 consumidores de drogas es un consumidor problemático que sufre trastornos ocasionados por el consumo de drogas o drogo-dependencia; es decir, el usuario que no presenta consumo nocivo es mayor. Aunque el uso de una sustancia psicoactiva implica riesgos en mayor o menor medida, el consumo no necesariamente implica daños, por ende, tampoco implica uso nocivo, abuso o uso problemático.

Asimismo, aunque la dependencia a una sustancia psicoactiva implica riesgos, no necesariamente es un daño en sí. La dependencia es una condición orgánica de la persona que puede ser valorada en términos científicos y, por supuesto, médicos y terapéuticos.

La dependencia puede propiciar la repetición de un uso nocivo y por lo tanto representar un factor de riesgo adicional, pero con visión del organismo, no es por sí misma un daño y mucho menos una condición que amerite ser juzgada o tratada penalmente.

Al respecto, abunda la documentación en ciencias médicas y en ciencias antropológicas sobre la dependencia en contextos terapéuticos controlados que brindan un beneficio significativamente mayor, que en el perjuicio o los daños que pueda haber relacionados con el uso necesario o no, y reiterado que genera la sustancia.

Hay una serie de argumentos de por qué el consumo de las drogas y el uso de las drogas no tienen que tratarse como un asunto penal, ni verse como una alternativa a la justicia.

Una modalidad de justicia terapéutica en nuestro país han sido los llamados tribunales para el tratamiento de adicciones. En el caso de México, en el estado de Nuevo León, es un ejemplo de su implementación y los resultados no son muy halagadores.

De enero de 2009 a mayo de 2012 se admitieron 103 casos, 68 de ellos por uso problemático de alcohol, y la mayoría por violencia familiar y accidentes. En tres años y medio de operación sólo se registraron 18 egresos certificados del programa, sólo 18 personas.

Por lo anterior, es necesario contar con evidencia que sustente la viabilidad de poder implementar estos programas, antes de incluirlos en la legislación que posteriormente sentará los marcos para la definición de la política pública.

Por falta de tiempo no presentaré toda la reserva, pero solicito al Presidente de la Mesa Directiva, pueda ser incluida en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señor Presidente.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que las reservas fueron exhaustivamente expuestas por la Senadora Tagle Martínez, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de admitirse.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten las propuestas presentadas por la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten las propuestas, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los artículos del 169 al 189 del proyecto de ley se mantienen en los términos del dictamen.

Agotadas la reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación de los artículos 3, 4, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 30, 33, 36, 39, 40, 59, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 y 189 del Proyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal, en los términos del dictamen.

Tome nota la Secretaría del voto, en sentido afirmativo, de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez.

Está abierto el sistema, Senador Flores.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 91 votos a favor, 3 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, quedan aprobados los artículos 3, 4, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 30, 33, 36, 39, 40, 59, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 y 189 del proyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal; y se adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo y se reforma tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación; de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 24 Ter a la Ley General de Educación, sobre actividad física.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 24 TER A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del PAN, para referirse al dictamen.

La Senadora Marcela Torres Peimbert: Con su venia, señor Presidente.

Para ejercer efectivamente un derecho humano se requiere previamente de facultades físicas, intelectuales y morales para poder ejercerlo.

La educación, así como la salud, son derechos humanos primarios, porque sin ellos es imposible hacer valer ningún otro derecho.

El 21 de noviembre de 1978, la educación física y el deporte se elevaron a rango de derecho humano por la UNESCO.

El Estado mexicano tardó más de 30 años en reconocer en la legislación nacional la cultura física y el deporte como un derecho humano.

Fue hasta la reforma constitucional del 12 de octubre de 2011 cuando se incorporó a la cultura física y a la práctica del deporte como un derecho fundamental de toda persona, dejando al Estado la responsabilidad de su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

De esta manera se impuso una serie de exigencias a los responsables políticos para transformar la legislación, las políticas públicas y el contexto social en general para hacer exigible este derecho humano.

Muy a pesar de todas las normas e instrumentos internacionales, el problema de la salud más grave para los mexicanos en la primera mitad de este siglo será la obesidad, a partir de ella se originan múltiples padecimientos crónicos que son previsibles y que pueden evitarse modificando diversos aspectos relacionados con los hábitos diarios.

La mala noticia, como lo hemos dicho en múltiples ocasiones en esta misma tribuna, es que México ya es el país con el índice más alto de obesidad infantil en el mundo; la buena noticia es que estamos implementando estrategias que pueden mejorar la salud de los mexicanos.

En anteriores ocasiones se han promovido en este Senado medidas graduales y complementarias para mejorar la calidad de la salud.

Cuando se planteó la iniciativa antiobesidad que pretendía disminuir el consumo de productos azucarados se bosquejó en conjunto una serie de medidas, tanto legislativas como de política pública, que reforzarían el combate a este grave problema de salud pública, que pone en riesgo la salud y la vida de millones de niñas y niños mexicanos, que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Pediatría rondan los 4.5 millones de infantes.

Me parece necesario, en el marco de esta aprobación, recapitular las medidas que en conjunto sociedad civil y el Congreso de la Unión hemos logrado sacar adelante, las medidas regulatorias que incluían medidas que desincentivaban el consumo de productos nocivos para la salud, la revisión de la publicidad de comida hipercalórica en horarios infantiles en la televisión, la restricción de alimentos hipercalóricos en planteles educativos, artículos 24 Bis y Sexto Transitorio de la Ley General de Educación, en el marco de las reformas secundarias en materia educativa, garantizar que todos los planteles educativos cuenten con bebederos de agua potable.

A estas medidas que se encuentran en marcha el día de hoy, se suma ésta que aprobamos en la Comisión de Educación, y que va dirigida hacia el incremento de actividad física en las escuelas mexicanas.

La numeralia en el tema nos indica que sólo el 4 por ciento de la población mexicana declara hacer deporte en su tiempo libre, los problemas de inactividad en México fueron evidenciados con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en 2012, en la que 58.6 de los niños y adolescentes entre 10 y 14 años refieren no haber hecho alguna actividad física formal durante los últimos 12 meses previos a la encuesta; 38 por ciento de estos niños realizó tan sólo una actividad física formal; y sólo el 2 por ciento de nuestros infantes declaran haber hecho tres actividades deportivas formales en los últimos 12 meses.

En el ámbito internacional, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 60 por ciento de la población en el mundo no realiza la actividad física recomendada para tener un cuerpo saludable, la misma organización, la OMS, señala que el sedentarismo y la no actividad física causa 2 millones de muertes al año, siendo el cuarto factor de riesgo de mortalidad mundial y el 6 por ciento de las muertes en la esfera  global.

Atendiendo a tan contundentes cifras, el Senado de la República hoy responde a las obligaciones internacionales, a la evolución legislativa nacional y a las demandas del nuevo entorno social. Por ello, considera que es necesario reformar la Ley General de Educación para salvaguardar el derecho humano a la cultura física y el deporte desde un enfoque multidisciplinario del desarrollo.

De esta forma, se instrumentan incrementos a la actividad física que se realiza en las escuelas como detonante para una vida personal y social armónica.

Aprobamos un dictamen que busca establecer, a través de la adición de un artículo 24 Ter, que la Secretaría de Educación Pública expida lineamientos para establecer esquemas que aumenten la actividad física de los educandos.

A un día de finalizar este periodo ordinario de sesiones, hemos cumplido nuestros primeros objetivos, pero nuestro esfuerzo no ha hecho más que comenzar la prevención y la procuración de mejores política públicas para el mejor acceso a la salud, deben ser la prioridad para abatir la obesidad y sus males derivados que ponen en riesgo el bienestar futuro de niñas, niños y jóvenes en nuestro país.

Esta es la oportunidad de crear condiciones propicias para que las siguientes generaciones crezcan más saludables, con mejores hábitos que beneficien su estado de salud, con conciencia de la necesidad de una buena alimentación, del ejercicio físico constante y de una permanente cultura de revisión médica preventiva.

Sólo así garantizaremos que las niñas, niños y jóvenes sanos de hoy sean las y los mexicanos fuertes del mañana.

La Comisión de Educación y su Presidente, el Senador Juan Carlos Romero Hicks, han mostrado una firme voluntad para forjar una educación integral sobre todas las aristas que mejoren las condiciones de vida de las nuevas generaciones, incluyendo las nuevas condiciones de salud, recreación y cultura física.

Quiero agradecer a los compañeros de la Comisión de Educación, pero en particular a su Presidente, al Senador Juan Carlos Romero Hicks, por impulsar siempre propuestas que ponen en el centro el interés superior de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

Termino esta intervención recordándoles, compañeros, que en un país tan diverso como el nuestro, la cultura física y el deporte proporcionan un espacio para la cohesión de sueños, pasiones y esfuerzos en la construcción de un México más humano.

Esperamos contar con su voto a favor.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Torres Peimbert.

Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En las últimas décadas los hábitos y estilos de vida de las niñas y niños han cambiado radicalmente.

Si antes los pequeños destinaban una buena parte del tiempo a actividades dinámicas al aire libre, ahora dedican muchas horas a actividades mucho más sedentarias.

Como consecuencia de estos hábitos sedentarios, en los últimos años ha llamado la atención la aparición cada vez más temprana de enfermedades que antes estaban reservadas para las personas mayores.

Entre los trastornos derivados del estilo de vida, los más visible son el sobrepeso y la obesidad, ambos trastornos que se caracterizan por un desequilibrio entre el ingreso de calorías en el cuerpo provenientes de los alimentos y el gasto de calorías a través de la actividad física.

Esta situación ha generado una serie de enfermedades convertidas en un problema de salud pública. Durante la infancia y la juventud la educación física en la escuela ofrece una excelente oportunidad de aprender y practicar una serie de destrezas que contribuyen potencialmente a mejorar la condición física y la salud a lo largo de toda la vida.

La práctica de deportes infantiles es, además, un apoyo para el proceso educativo y la escolarización adecuada. Está demostrado que los niños que practican deportes y se divierten jugándolos son más sociales, suelen concentrarse más en la escuela y tienen un mejor rendimiento intelectual.

Por tal motivo, la UNESCO, por medio de la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, declaró a la educación física y al deporte como derechos humanos que deben ser ejercidos como parte de la educación permanente para el desarrollo humano y la calidad de vida. De ahí que en el plano internacional se han desarrollado una serie de acciones encabezadas por la UNESCO para afianzar el carácter universal y obligatorio de la educación física.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, en sus recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud, concluye que para lograr los beneficios para la salud física y mental, los niños de 5 a 17 años deben acumular un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa.

En nuestro país el fomento de la cultura física y el deporte se dio a través de la reforma constitucional del 12 de octubre de 2011, la cual incorporó la cultura física y la práctica del deporte como un derecho fundamental de toda persona, dejando al Estado la responsabilidad de su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

De esta manera, este nuevo andamiaje normativo impuso una serie de exigencias a los responsables políticos para transformar la legislación, las políticas públicas y el contexto social en general, para hacer exigible este derecho humano.

Por su parte, la Ley General de Cultura Física y Deporte establece una relación bidireccional entre la educación y la cultura física; establece una estrecha relación con la Secretaría de Educación Pública para fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte como medio importante para el desarrollo de cada persona y de la sociedad mexicana en general.

Derivado de lo anterior y atendiendo a las responsabilidades internacionales, a la evolución legislativa nacional y a las demandas del nuevo entorno social, los integrantes de las comisiones dictaminadoras consideramos que una nueva forma de atender la salud, implica un planteamiento para impulsar y promover la cultura física en los planteles educativos como factor fundamental del desarrollo armónico e integral del ser humano.

Por tal motivo, solicitamos su voto para aprobar la reforma a la Ley General de Educación que se presenta por medio del presente dictamen.

La salud escolar es un asunto de Estado, un desafío para la sociedad en el contexto de las nuevas formas de vida extremadamente sedentarias y en las que la actividad física y la cultura del deporte no deben estar en segundo plano.

Confiamos en que esta reforma contribuirá en el objetivo de dar alternativas a los estudiantes mexicanos para enfrentar la opresión contra su salud física y psicológica, que implica vivir un momento histórico en el que la actividad deportiva no puede ser un lujo.

Por su atención, muchas gracias.


PRESIDENCIA DE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Morón Orozco.

Tiene el uso de la palabra el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva, de la Presidenta Rosa Adriana Díaz Lizama, Senadora por el estado libre y soberano de Yucatán, mi paisana.

Es un gusto estar en esta máxima tribuna hablando a favor de este artículo 24 Ter a la Ley General de Educación. Y es un gusto y es un honor porque como Secretario de la Comisión de Juventud y Deporte aquí en el Senado de la República, conjuntamente con mis compañeros Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte en el Senado, también hablamos a favor y avalamos esta reforma a la Ley General de Educación.

No me queda la menor duda que el deporte en las escuelas es de beneficio para todos los niños y jóvenes de este país; y va a ser en beneficio, porque cuando nuestros hijos y los jóvenes de México practican deporte, los alejamos de las adicciones, las drogas, del alcoholismo.

Por eso un servidor, conjuntamente con mis compañeros de la Comisión de Juventud y Deporte, estamos a favor de esta reforma a la Ley General de Educación.

Pero aún más, con esta reforma, promoviendo y fomentando el deporte entre nuestros niños y jóvenes en las escuelas, vamos a ayudar a nuestros niños y jóvenes con problemas de salud.

Por ponerles un ejemplo, mi Estado, Yucatán, es una de las entidades federativas con mayor índice de obesidad infantil a nivel nacional, y por eso con mayor razón los legisladores que somos de Yucatán, vamos a aprobar esta reforma a la Ley General de Educación, porque necesitamos jóvenes y niños yucatecos que estén bien de salud, y con el deporte seguramente va a ser posible.

Así que comentarles, para finalizar, que estamos a favor de este dictamen y vamos a votar en sus términos.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Ávila Ruiz.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señora Presidenta. Con su venia. Compañeros Senadores:

Este artículo 24 Ter cobra mucha relevancia, a partir de los datos que han venido a dar aquí los Senadores Marcela, Daniel y Raúl, en el sentido de que en nuestro país ya es el primer lugar en el tema de obesidad infantil.

En foros internacionales tan importantes como la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición y Malnutrición, celebrado en la sede de la FAO en la ciudad de Roma, en noviembre de 2014, este tema fue tratado como uno de los temas importantes para corregir las causas de mortalidad infantil; y se señalaba de parte de los especialistas de la Organización Mundial de la Salud, que una de las causas que motivaba la obesidad era la malnutrición y la otra el sedentarismo, y que si no se atacaban estas dos causas, difícilmente la población infantil tendría un futuro cierto.

En México, la situación es dramática, y es dramática por lo que aquí hemos estado insistiendo en relación al tema de la pobreza alimentaria.

A esto hay que sumarle las condiciones que ya la OCDE señala en el sentido de que en México más del 50 por ciento de las escuelas de nuestro país está en condiciones no aptas para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la negación de la autoridad educativa a nivel nacional para incrementar las horas de educación física.

Pero aunque así lo hiciera, tenemos un problema en un porcentaje altísimo de nuestras escuelas, la exposición directa de nuestros niños ante el deterioro de la capa de ozono de los rayos ultravioleta e infrarrojos que generan no sólo deshidratación, que generan no sólo insolación, sino que están generando problemas gravísimos como el cáncer de piel.

Y entonces, hoy cuando un profesor de educación física, entre las diez de la mañana y una de la tarde, que está impartiendo o pretende impartir sus clases de educación física y medimos la temperatura y el rayo del sol y las condiciones en que se encuentra, es un crimen tener a los niños en esas condiciones haciendo educación física.

Más de una vez los que visitamos escuelas, los profesores nos han invitado, lo   invitamos Senador a que haga usted abdominales aquí en la plancha a 40 grados de temperatura, a que se siente usted en la plancha y empiece a hacer abdominales o haga lagartijas.

Pues imagínense a 40 grados de temperatura las planchas de las canchas de deportes en las escuelas del país, pues sabemos que la piel se quema con facilidad y que, en el caso de las lagartijas, son ámpulas en las manos y en el caso de sentar a los niños en el sol, los exponemos a las hemorroides, y a otro tipo de situaciones.

Entonces, para poder aplicar este artículo que es bien intencionado, que busca que haya menos obesidad infantil en México, es necesario, seguiremos insistiendo, fortalecer a un presupuesto a la educación pública del país, que no le hagamos recortes; se le acaban de hacer 4 mil millones de pesos de recorte a la educación pública del país, las posibilidades de mejorar la infraestructura sin duda que se reducen.

Compañeros Senadores, de todos modos hay que votar esto a favor y ojalá salga por unanimidad, que se vea la buena voluntad del Senado de la República para mejorar el marco legal, que es nuestra obligación, y que se vea la buena voluntad del Ejecutivo Federal que donde quiera que ama a los niños, pero en la práctica los somete a situaciones graves de enfrentarse con un problema que es el calor insoportable donde no hay infraestructura educativa.

Por su atención, muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Informo a la Asamblea que se recibió el texto de la intervención de la Senadora Graciela Ortiz González, que se integrará en el Diario de los Debates.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se inserta intervención del Senador Jorge Aréchiga Ávila.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



(Posicionamiento del grupo parlamentario del PRI)



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: No habiendo más oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 90 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 24 Ter a la Ley General de Educación. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Ley de Vivienda, sobre la titularidad de la Comisión Intersecretarial de Vivienda.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE VIVIENDA

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley de Vivienda.

Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les confieren el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2; 117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley de Vivienda.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 3 de marzo de 2016, los Senadores María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, y Víctor Hermosillo y Celada integrantes de diversos grupos parlamentarios, presentaron la iniciativa con proyecto de Decreto, mediante el cual se reforma el artículo 33 de la Ley de Vivienda.

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen correspondientes.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa afirma el derecho a la vivienda como una garantía constitucional establecida en el artículo 4° de nuestra Carta Magna que permite el disfrute del acceso a una vivienda digna y decorosa de toda familia mexicana.

Señala que la reforma en materia de derechos humanos de 2011 permitió que el país ingresara a un nuevo bloque de derechos reconocidos por la Constitución, lo cual amplió el catalogo que protege el Estado Mexicano.

El derecho a la vivienda se encuentra reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales asegurando que los estados deberán realizar todas las medidas necesarias para que la gente pueda acceder a una vivienda adecuada.

Considera que en nuestro país, la Ley de Vivienda estipula varios órganos como la comisión Nacional de vivienda, el Consejo Nacional de Vivienda y la Comisión Intersecretarial de Vivienda, los cuales son organismos encargados de ejecutar y hacer valer la Política Nacional de Vivienda y el Programa Nacional de Vivienda en orden a que toda familia pueda disfrutar de un hogar digno y decoroso.

En este sentido, enfatiza que la Comisión Intersecretarial de Vivienda es la instancia del Ejecutivo Federal encargada de garantizar el cumplimiento de planes y programas de fomento a la vivienda, señala que esta se regula, entre otros, en los artículos 32 y 33 de la Ley de Vivienda.

Indica que la Comisión en la Ley es presidida por el titular del Ejecutivo Federal, pero en el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 se coloca al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano como presidente de la misma.

Considera que programáticamente la Comisión se encuentra presidida por el SEDATU y pese a no entrar en un conflicto directo ya que el mismo Ejecutivo Federal puede determinar a quién delegar dicha función, es necesario uniformar las normas relativas a la presidencia de la Comisión.

Agrega que en casos similares de Comisiones Intersecretariales de otros ramos se encuentran presididas por la Secretaría especializada en la materia, destacando las comisiones intersecretariales que se encuentran en la Ley General de Desarrollo Social, Ley General del Cambio Climático, Ley General de Turismo, Ley General de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Expresa que a fin de homologar la Comisión Intersecretarial de Vivienda con las demás comisiones intersecretariales del orden jurídico nacional, la iniciativa pretende establecer explícitamente que en la Ley de Vivienda que la Comisión será presidida por el Ejecutivo Federal a través del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

El proyecto de Decreto que se acompaña a la iniciativa, es del tenor literal siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE VIVIENDA.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Ley de Vivienda para quedar como sigue:

ARTÍCULO 33.- La Comisión Intersecretarial será presidida por el titular del Ejecutivo Federal, a través del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano o por quien éste designe y estará integrada por los titulares de las siguientes secretarías de estado:

I a XI…

….

….

….

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Las Comisiones dictaminadoras reafirman el derecho a disfrutar de una vivienda adecuada reconocido y protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que incluye seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, gastos soportables, condiciones de habitabilidad y asequibilidad, adecuación cultural y requiere situarse en un lugar accesible.

SEGUNDA. Las Comisiones que dictaminan estiman pertinente reiterar que las funciones respecto al bienestar general de la población en aprovechamiento del territorio nacional, el ordenamiento de la propiedad y la expansión de los asentamientos humanos eran funciones que anteriormente se atribuían a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de la Reforma Agraria.

Derivado del crecimiento acelerado de la población y de las complejas necesidades que tienen los ámbitos rurales y urbanos, el legislador general estimó pertinente modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a fin de crear una nueva Secretaría encargada de la política integral de ordenamiento territorial, fungiendo como máxima autoridad en coordinación con las esferas estatales y municipales para formular políticas en materia de asentamientos humanos, regularización de la propiedad agraria, la regulación de territorios en general, el desarrollo urbano, la planeación y control de zonas metropolitanas y ciudades, el desarrollo de vivienda y la planeación habitacional.

La creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano el 2 de enero de 2013 atendió a la planificación, coordinación, administración y ejecución de políticas públicas en materia de ordenamiento territorial, donde se ha incluido el aseguramiento de una vivienda digna, la certeza jurídica de la tenencia de la tierra, el desarrollo rural y urbano, la prevención de asentamientos humanos en zonas de riesgo, movilidad urbana, la consolidación de ciudades compactas e incluyentes, y el uso eficaz del suelo.

Para poder realizar una política armónica e integral de vivienda como base del ordenamiento territorial se incorporaron atribuciones en materia de vivienda y desarrollo territorial a la nueva Secretaría por lo que se consideró que organismos como la Comisión Nacional de Vivienda fueron sectorizados a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.

En este orden de ideas es pertinente enfatizar las atribuciones conferidas a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:

Artículo 41.- A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen:

a) El crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población;

b) La regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva reconoce en los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal, los terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que sean propiedad de asociaciones de usuarios y de otras figuras asociativas con fines productivos;

c) El desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios;

d) La planeación habitacional y del desarrollo de vivienda; y

e) El aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país;

II. Aplicar los preceptos agrarios del artículo 27 constitucional, así como las leyes agrarias y sus reglamentos, en lo que no corresponda a otras dependencias, entidades u otras autoridades en la materia;

III. Administrar el Registro Agrario Nacional;

IV. Conducir los mecanismos de concertación con las organizaciones campesinas;

V. Conocer de las cuestiones relativas a límites y deslinde de tierras ejidales y comunales;

VI. Resolver las cuestiones relacionadas con los problemas de los núcleos de población ejidal y de bienes comunales, en lo que no corresponda a otras dependencias o entidades, con la participación de las autoridades estatales y municipales;

VII. Cooperar con las autoridades competentes a la eficaz realización de los programas de conservación de tierras y aguas en los ejidos y comunidades;

VIII. Ejecutar las resoluciones y acuerdos que dicte el Presidente de la República en materia agraria, en términos de la legislación aplicable;

IX. Administrar los terrenos baldíos y nacionales y las demasías, así como establecer los planes y programas para su óptimo aprovechamiento;

X. Planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo criterios de desarrollo sustentable, conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, y coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos de las entidades federativas y municipales para la realización de acciones en esta materia, con la participación de los sectores social y privado;

XI. Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades;

XII. Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de suelo urbano y el establecimiento de provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de población, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, y con la participación de los diversos grupos sociales;

XIII. Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano y metropolitano, y apoyar su ejecución, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como de los sectores social y privado, a efecto de que el desarrollo nacional en la materia se oriente hacia una planeación sustentable y de integración;

XIV. Fomentar la organización de sociedades cooperativas de vivienda y materiales de construcción, en coordinación con las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía;

XV. Planear, diseñar, promover, apoyar y evaluar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y urbano, así como para la vivienda, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes, de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales;

XVI. Apoyar los programas de modernización de los registros públicos de propiedad;

XVII. Facilitar las acciones de coordinación de los entes públicos responsables de la planeación urbana y metropolitana en las entidades federativas y municipios cuando así lo convengan;

XVIII. Proyectar y coordinar, con la participación que corresponda a los gobiernos de las entidades federativas y municipales, la planeación regional del desarrollo;

XIX. Elaborar los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo Federal, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como autorizar las acciones e inversiones convenidas en el marco de lo dispuesto en la fracción que antecede, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XX. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado;

XXI. Aportar diagnósticos y estudios al Consejo Nacional de Población en materia de crecimiento demográfico y su impacto en el ámbito territorial;

XXII. Ejercitar el derecho de expropiación por causa de utilidad pública en aquellos casos no encomendados a otra dependencia; y

XXIII. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

De la misma manera el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, hace referencia a la materia de vivienda como atribución y función de la Secretaría:

En materia de vivienda, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, le corresponde la planeación habitacional; la previsión de reservas para el desarrollo de vivienda; promover y concertar programas en esta materia y; planear, diseñar, apoyar y evaluar mecanismos para su financiamiento.

Para ello es necesario contar con un nuevo modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector; a mejorar y regularizar la vivienda urbana; así como a construir y mejorar la vivienda rural y que cumpla los fines establecidos en la Ley de Vivienda, como lo es la nueva Política Nacional de Vivienda presentada el pasado 11 de febrero de 2013, por el Presidente de la República.

La vivienda es un área prioritaria para el desarrollo social y nacional. Sus características como la calidad, el espacio y el acceso a servicios básicos, son consideradas como indicadores para la definición, identificación y medición de la pobreza, de conformidad con la Ley General de Desarrollo Social. Estas facultades en materia agraria, de vivienda y de ordenamiento territorial, deben aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda.

Además de lo anterior, en el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, publicado el 30 de abril de 2014, se reitera la correspondencia de atribuciones en materia de vivienda a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano:

Adicionalmente, conforme al artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), entre otras atribuciones, la de impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen el desarrollo de vivienda; asimismo, como coordinadora sectorial agrupa a la CONAVI y otras entidades cuya actuación incide en materia de vivienda para que, desde una óptica preferentemente urbana, la vivienda se convierta en motor del desarrollo humano, económico y productivo del país. Para ello, la vivienda se debe insertar en un entorno de ciudad, sin soslayar la responsabilidad de atender a las familias, rurales y urbanas, acentuando los beneficios colectivos de contar con ciudades competitivas, compactas, sustentable y ordenadas, ofreciendo certidumbre jurídica.

Bajo esta óptica es pertinente concluir que el ramo de vivienda se encuentra sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano como máxima autoridad en el ordenamiento territorial cuya base es la vivienda.

TERCERA. Estas Comisiones Unidas destacan que la Comisión Intersecretarial a la que hace referencia la presente Iniciativa se encuentra regulada por la Ley de Vivienda en el Capítulo V del Título Tercero, definiéndola como:

ARTÍCULO 32.- La Comisión Intersecretarial será la instancia de carácter permanente del Ejecutivo Federal que tendrá por objeto garantizar que la ejecución de los programas y el fomento de las acciones de vivienda, se realice de manera coordinada a fin de dar cumplimiento a la Política Nacional de Vivienda.

El desarrollo de sus integrantes, atribuciones, modos de función y obligaciones se encuentran detallados posteriormente en los artículos 33, 34, 35, 36 y 37, destacando su integración que se conformará por los titulares de varias secretarías de Estado:

I. Desarrollo Social;

II. Hacienda y Crédito Público;

III. Medio Ambiente y Recursos Naturales;

IV. Energía;

V. Economía;

VI. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

VII. Comunicaciones y Transportes;

VIII. Educación Pública;

IX. Trabajo y Previsión Social;

X. Salud, y

XI. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Dicha Comisión Intersecretarial, a raíz de la reforma de 2013, de manera programática es presidida como primus inter pares por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en concordancia con lo señalado por los proponentes, por lo que la presente reforma homologa los ordenamientos de la materia, tal y como se hace en Comisiones Intersecretariales de otros ramos de acuerdo a los expresado en la exposición de motivos de la Iniciativa.

CUARTA. Por estos motivos, las Comisiones Unidas coinciden con las argumentaciones y el objetivo de la Iniciativa que se dictamina, consistente en que la Comisión Intersecretarial de Vivienda sea presidida por el titular del Ejecutivo Federal a través del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, lo cual homologa la presidencia de la Comisión Intersecretarial y se ajusta a tesituras programáticas para facilitar el trabajo y el desarrollo pleno de la Comisión Intersecretarial, en favor de una mejor ejecución de los programas y el fomento a las acciones de vivienda a nivel nacional.

En este orden de ideas se destaca que el titular del Ejecutivo Federal seguirá siendo el responsable de presidir la Comisión Intersecretarial, sólo que esta función se ejercerá a través del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como una forma de facilitar y mejorar los trabajos realizados en la Comisión Intersecretarial.

En tal virtud, las Comisiones que dictaminan consideran pertinente indicar los cambios que realiza el Proyecto de Decreto propuesto a la Ley de Vivienda, modificaciones que se pueden advertirse en el cuadro comparativo siguiente:

Texto vigente de la Ley de vivienda:

Proyecto de Decreto propuesto:

 

 

ARTÍCULO 33.- La Comisión Intersecretarial será presidida por el Titular del Ejecutivo Federal o por quien éste designe y estará integrada por los titulares de las siguientes secretarías de estado:

 

I a XI…
….
….
….

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Ley de Vivienda para quedar como sigue:

ARTÍCULO 33.- La Comisión Intersecretarial será presidida por el Titular del Ejecutivo Federal, a través del Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano o por quien éste designe y estará integrada por los titulares de las siguientes secretarías de estado:

I a XI…
….
….
….

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

IV. TEXTO NORMATIVO

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE VIVIENDA.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Ley de Vivienda para quedar como sigue:

ARTÍCULO 33.- La Comisión Intersecretarial será presidida por el titular del Ejecutivo Federal, a través del Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano o por quien éste designe y estará integrada por los titulares de las siguientes secretarías de estado:

I a XI…

….

….

….

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 7 de abril de 2016.

COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.


Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

La Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

El dictamen que hoy nos ocupa y sometemos a consideración de las Comisiones Unidas de Vivienda; y Estudios Legislativos, Primera, tiene por objeto que la Comisión Intersecretarial prevista por la Ley de Vivienda, sea presidida por el Ejecutivo Federal a través del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Con la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, desde el año de 2013, se atiende la planificación, coordinación, administración y ejecución de las políticas públicas en materia de ordenamiento territorial, donde también se incluyó el aseguramiento de una vivienda digna, la certeza jurídica de la tenencia de la tierra, el desarrollo rural y urbano, la prevención de asentamientos humanos en zonas de riesgo, la movilidad urbana, la consolidación de ciudades compactas e incluyentes y el uso eficaz del suelo.

Para poder realizar una política armónica e integral de vivienda como base en el ordenamiento territorial, se incorporaron atribuciones en materia de vivienda y desarrollo territorial a la nueva Secretaría, por lo que se consideró que organismos como la Comisión Nacional de Vivienda fueran sectorizados a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuya actuación incide en materia de vivienda para que desde una óptica preferentemente urbana, la vivienda se convierta en el motor de desarrollo urbano, económico y productivo del país.

En este sentido, sabemos que el ramo de vivienda se encuentra sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como máxima autoridad en el ordenamiento territorial cuya base es la vivienda.

Actualmente, la Ley de Vivienda prevé varios órganos como la Comisión Nacional de Vivienda, el Consejo Nacional de Vivienda y la Comisión Intersecretarial de Vivienda, que son organismos encargados de ejecutar y hacer valer la política nacional de vivienda y el Programa Nacional de Vivienda.

De estos organismos depende que efectivamente todas las reformas y políticas en materia de ordenamiento territorial y vivienda se puedan aplicar, ellos ejercen y vigilan las acciones necesarias para la procuración de espacios habitables, transformando leyes áridas en casas, hogares, terrenos y ciudades tangibles, donde convivan las familias.

La conformación de la Comisión Intersecretarial de Vivienda, la cual es la instancia permanente del Ejecutivo Federal, es la que garantiza que la ejecución de los programas y el fomento de las acciones de vivienda se hagan de una manera coordinada de acuerdo al Plan Nacional de Vivienda.

En específico, la Comisión Intersecretarial ha tenido grandes avances en los trabajos que ha realizado para generar desarrollos certificados de vivienda, integrando un grupo de trabajo permanente para la promoción de los mismos.

Es por ello que con este dictamen que sometemos a su consideración se pretende establecer explícitamente en la Ley de Vivienda que la Comisión Intersecretarial de Vivienda será presidida por el titular del Ejecutivo Federal, por medio del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Vivienda.

Por su apoyo y consideración, muchísimas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Barrera Tapia.

Pasamos a la discusión del dictamen en lo general.

Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Con su permiso, señora Presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a pronunciarme a favor del dictamen que ahora se discute. Se trata, debo decirlo, de un texto sencillo, claro y muy simple sobre el que no debería haber mayor discusión.

En el dictamen, como puede verse, se señala que la Comisión Intersecretarial de Vivienda será presidida ahora por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, conocida por su acrónimo como la Sedatu.

Esta modificación deriva de adaptar a este texto las últimas modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en las cuales se reconoce que esta dependencia debe concentrar las facultades que anteriormente estaban conferidas a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de la Reforma Agraria; y esto es derivado del resultado que se ha tenido en el crecimiento acelerado de la población y a las complejas necesidades que ello conlleva en los ámbitos urbano y rural.

No obstante lo anterior, y pese a la sencillez de este texto, que no existe mayor controversia, me parece necesario llamar la atención de esta Asamblea para voltear los ojos a un tema que ha sido básicamente desatendido. Se trata del concepto de ordenamiento territorial, este concepto de ordenamiento territorial, además constituye un aspecto fundamental de la competencia, no solamente de la Comisión Intersecretarial de Vivienda que ahora cambia de Presidencia, sino de la dependencia misma que asume esa titularidad.

La figura del ordenamiento territorial no es nueva en nuestro país. Desde luego, como seguramente ustedes saben, apareció por primera vez en la regulación en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, posteriormente se dio en el caso de asentamientos humanos y finalmente se recogió la legislación federal en materia de turismo.

En todos estos ordenamientos el punto central es el mismo, tener la capacidad de ordenar el territorio a partir de un diagnóstico que nos arroje claridad sobre la vocación, sobre el destino y sobre los riesgos que se presentan en la utilización del territorio.

Esta información es fundamental porque constituye la principal herramienta para la toma de decisiones; y esta toma de decisiones evidentemente además debe empatar con la jurisdicción que le corresponde, no solamente al gobierno federal, que sería el caso, sino también a las jurisdicciones locales, me refiero concretamente a los municipios y al estado.

Sin embargo, al día de hoy se detecta un avance mínimo en la materia, y hay que decirlo, y yo sí quiero compartir esta preocupación a esta Asamblea, hay un avance mínimo, se tiene la herramienta y no se utiliza.

En materia, por ejemplo, de turismo es prácticamente nula; y en materia de asentamientos humanos es un avance relativamente bajo, para decirlo así, inacabado.

El tema no es menor, déjenme decirlo, porque esta figura, la del ordenamiento territorial, permite ordenar y encauzar adecuadamente el aprovechamiento del territorio nacional y el ordenamiento de la propiedad, y ambos conceptos son derechos fundamentales de todos los mexicanos.

Es una figura, además, que quienes hemos tenido la oportunidad de analizarla, consideramos que es innovadora en términos de la manera de ordenar desde una legislación general ciertas capacidades que están en el ámbito de los municipios.

Esto se explica porque a través del ordenamiento territorial se regula un proceso que debe detallar con transparencia y con información cuáles son las decisiones que está tomando el municipio en ejercicio de sus facultades constitucionales, es decir, no limita, ni reduce las facultades constitucionales de los municipios, sino los obliga a transparentar y a informar adecuadamente cada una de las decisiones que se están tomando en esta materia, me refiero a la materia del ordenamiento del territorio.

De manera que el ordenamiento territorial es un instrumento que si bien no garantiza, sí ayuda de manera muy clara a transparentar, a fundamentar y de alguna manera, a comprobar la racionalidad de las medidas tomadas por las autoridades de la materia.

De manera que el Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías, primero de la Sedatu, después de la Secretaría de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente , y después de la de Turismo, tiene en estas Comisiones Intersecretariales, y de manera particular en la figura del ordenamiento territorial, una herramienta extraordinaria para contribuir al desarrollo y aprovechamiento ordenado del territorio nacional, ahí está el instrumento legal en la mesa, ya lo tiene el gobierno, ojalá se ponga en marcha y ojalá no se desperdicie.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Flores Ávalos.

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara.

La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Solamente para solicitarle, atentamente, entregué a Servicios Parlamentarios mi posicionamiento referente a este tema, al igual que lo hice en el tema del día de ayer, entonces, solamente para dejar asentado, y si permitiera, por favor, que se integrara el texto íntegro al Diario de los Debates.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Claro que sí, Senadora. Pido a la Secretaría registre la intervención de la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara en el Diario de los Debates de forma íntegra.

La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 94 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Ley de Vivienda. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Yunes Márquez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado, hasta por diez minutos.

El Senador Fernando Yunes Márquez: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros:

La riqueza más grande de México se encuentra en sus niñas, niños y adolescentes, garantizar sus derechos y el acceso a la justicia es un deber ético y un compromiso permanente del Estado mexicano. Tanto la sociedad como las autoridades tenemos la responsabilidad de crear las condiciones propicias para que cada niña, niño y adolescente se desarrolle en un ambiente adecuado que le permita realizarse plenamente.

La actuación de las instituciones, tribunales y autoridades encargadas de la aplicación del sistema penal para niñas, niños y adolescentes debe orientarse siempre a proteger el interés superior del menor hacia lo que resulte más benéfico y conveniente para el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades.

Si bien la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que tienen derecho a participar, a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia, lo cierto es que al día de hoy se requiere de un marco normativo que resuelva los asuntos en que se encuentran implicados los adolescentes señalados como posibles responsables a través del proceso acusatorio y oral.

Por ello, resulta de gran trascendencia el dictamen que el día de hoy someto a su consideración por el cual se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Se trata de una ley nacional que representa un cambio de paradigma que deja atrás la concepción tutelar, instituyendo un sistema garantista de protección integral de los derechos.

Ahora bien, para entender el fenómeno de los adolescentes que cometen delitos es preciso tener en cuenta los problemas sociales a los que se enfrentan. En México las situaciones de exclusión, pobreza y desigualdad debilitan los mecanismos de protección de los núcleos familiares, de las sociedades y de las instituciones, motivando que los adolescentes no cuenten con oportunidades de desarrollo, abandonen la escuela a temprana edad, se involucren en conductas delictivas, que consuman drogas o cometan conductas violentas.
Ante esta problemática se debe destacar que se han logrado algunos avances.

En el año 2005 se implementó una reforma que creó un sistema de justicia penal juvenil garantista de acuerdo con los derechos del niño denominado Sistema Integral de Justicia para Adolescentes; sin embargo, años después de su aprobación existen numerosos retos para la adecuada y efectiva implementación de un sistema penal de justicia para los adolescentes.

Por ello, el 3 de junio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional a los artículos 18 y 73 que facultan al Congreso para expedir una Ley Nacional sobre Justicia para Adolescentes, tomando en cuenta que no se trata sólo de establecer un proceso con todas las garantías, sino también desarrollar un sistema que ofrezca a los adolescentes oportunidades reales de asumir su responsabilidad frente a la comisión de hechos tipificados como delito, y desde mi punto de vista, lo más importante, encontrar opciones de vida que les permitan desarrollar todas sus capacidades y potencialidades de una manera positiva y de esta forma lograr una verdadera reinserción social.

El dictamen que hoy presento ante ustedes, compañeras y compañeros Senadores, consta de 266 artículos divididos en cinco libros.

El Libro Primero establece las reglas generales y principios que norman el sistema integral de justicia para adolescentes, así como los derechos que son propios de ese sector poblacional en el ámbito de la justicia penal.

De igual forma se regulan las facultades de las autoridades especializadas en materia de justicia penal para adolescentes y que en su esencia conforman el sistema integral de justicia establecido en el artículo 18 de nuestra Constitución Política.

En cuanto a los principios rectores, el dictamen atiende al principio de oralidad, en tanto eje rector de los nuevos procesos penales al principio de publicidad, con apego a las limitaciones sobre protección de la identidad e integridad psíquica del menor de edad, a fin de salvaguardar el derecho del menor de edad a la privacidad, al principio de contradicción con base en el equilibrio ante el derecho de quien esté en la posibilidad jurídica de contradecir al menor de edad y la necesidad de protegerlo de situaciones que le generen condiciones de apremio por sus eventuales repeticiones innecesarias.

Atiende también al principio de concentración o realización de todos los actores necesarios para concluir el juicio con la finalidad de proteger los derechos del adolescente evitando propiciar situaciones de angustia para éste.

El Libro Segundo prevé los mecanismos y soluciones alternas para las controversias que puedan derivar en un acuerdo reparatorio.

Por su parte, en el Libro Tercero se establecen los procedimientos para adolescentes, los supuestos bajo los cuales se considera que se comete un hecho tipificado como delito, así como los criterios para determinar los grados de responsabilidad.

Se trata de disposiciones que regulan la organización y competencia, el proceso especial para adolescentes, la naturaleza de sus plazos, normas de actuación y de procedimiento que delimitan la duración del proceso para los adolescentes y sus etapas, el sentido y alcance que se concede al órgano jurisdiccional para imponer a la persona adolescente medidas cautelares como instrumentos para conservar la materia del proceso o evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad misma.

El Libro Cuarto, intitulado "Ejecución de Medidas", que prevé todas las acciones destinadas a asegurar el cumplimiento y lograr el fin que se persigue, así como lo relativo al trámite y resolución de los incidentes.

El Libro Quinto, denominado "Prevención Social de la Violencia", que precisa el conjunto de políticas, estrategias y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como combatir las causas que lo propicien.

Compañeras Senadoras y Senadores, la aprobación de esta ley aportará un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la comisión de participación en un delito que tengan entre 12 y 18 años de edad.

Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que les son reconocidos a los menores de edad.

No quiero dejar de agradecer a la Senadora Martha Elena García Gómez por su participación en la elaboración de este dictamen, a la Senadora Angélica de la Peña Gómez y a la Senadora Graciela Ortiz González, así como a todas las Senadoras y Senadores que participaron activamente en la construcción del presente dictamen.

Es por ello, compañeros Senadores es que les pido acompañen el presente dictamen en materia de justicia para adolescentes con su voto a favor para que dotemos a nuestras autoridades de las herramientas necesarias para impartir justicia bajo los más altos estándares internacionales y para que cada niña, niño y adolescente de México alcance su pleno potencial.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Yunes Márquez.

Solicito a la Secretaría registre el voto a favor del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, en el dictamen por el que se reforma el artículo 33 de la Ley de Vivienda.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señora Presidenta. Señoras y señores Senadores:

Estamos prácticamente a unos pasos ya de concretar un proceso largo de una determinación que desde el 2005 queda inscrito en el Diario Oficial de la Federación para transitar de un sistema tutelar, doctrina tutelar, a un sistema garantista inscrito en el debido proceso legal que define, en el artículo 18 de nuestra Constitución, todos los parámetros dogmáticos de un nuevo sistema de justicia penal para adolescentes.

La definición de adolescencia es muy importante porque deja y sigue considerando como inimputables niñas y niños menores de 12 años de edad, y de entre 12 y 14, ya como adolescentes, no van privados de su libertad, quedan al amparo de la asistencia social en la eventualidad de que se vean involucrados en alguna comisión de delito para que puedan recibir un tratamiento en externamiento, para que puedan seguir su reintegración a partir de lo que se determine desde la autoridad de la asistencia social.

Falta trabajar esa parte, es muy importante la coadyuvancia de todas las autoridades. Y lo que tiene esta ley es que va de la mano con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene un preámbulo importante que nos permite lograr que tengamos una visión integral del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes para que podamos prevenir las situaciones de involucramiento en delitos, pero también lograr un resarcimiento, una restitución de sus derechos.

La presente ley tiene por objeto establecer un sistema integral de justicia penal para las y los adolescentes en todo el país, garantizar sus derechos humanos cuando se impute o resulten responsables de la comisión de hechos tipificados como delito, establece los principios rectores del sistema integral de justicia penal para adolescentes, además de las bases y los requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias que caracterizan a este sistema.

Determina las medidas de sanción correspondiente a quienes se les compruebe la comisión de un delito señalado por las leyes penales siempre estando inscrito en la franja de edad de entre 12 años cumplidos y la privación de libertad a partir de los 14 años cumplidos y menos de 18 años de edad.

Se establece también que las instituciones, órganos y autoridades deben ser especializados, así como delimita y distribuye sus atribuciones y funciones para aplicar cada una de las normas que están inscritas en este sistema.

Establece los procedimientos de ejecución, medidas de sanción y los relativos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución de las medidas y además determina los mecanismos de cumplimiento, sustitución y terminación de las medidas sancionadoras.

Yo quiero enunciar la importancia de lo que hemos decidido en esta ley para que pueda garantizarse que tenemos todo un sistema de autoridades, instituciones y tribunales encargados de la procuración y la impartición de justicia, y que contemplan dos aspectos que nos parece relevante señalar.

El primero que tiene que ver con qué operadores, es decir, Ministerios Públicos, policías, guías, juzgadores, defensores, personal de los centros de detención, entre otros, tengan capacitación especial en la materia.

Y segundo, que en espacios físicos que estos y estas ocupan y lo tengan para su destino de modo exclusivo, haya la atención desde este enfoque de justicia.

Por ello resulta muy importante señalar que desde la perspectiva de los derechos fundamentales de los adolescentes, el Estado mexicano tiene la obligación de contar con una estructura no sólo física, sino también humana, que se encuentre diseñada para atender los asuntos propios de esta materia.

En la actualidad esta especialización en términos ideales conlleva a contar con instituciones exclusivas ciertamente, que sean excluyentes tanto en sus instalaciones como en el personal que labora en ellas y comprende desde la primera intervención de la autoridad y los sitios de detención de las y los adolescentes, hasta la solución de la controversia.

Quiero destacar cuáles son los principios rectores de este nuevo sistema:

Por supuesto el interés superior de la niñez.

La protección integral de los derechos de la persona adolescente.

La integralidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos de las personas adolescentes.

La prohibición de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

No discriminación e igualdad sustantiva.

La aplicación favorable que tiene que ver con que no se podrán imponer a las personas adolescentes medidas graves, ni de mayor duración a las que corresponderían por los mismos hechos de un adulto.

Hemos decidido poner como última sanción de cinco años para la franja entre 16 y menos de 18 años.

Además, tenemos que olvidar la mínima intervención subsidiariedad, así como la responsabilidad, la justicia restaurativa y, por supuesto, los principios generales del procedimiento, la especialización como una de las características fundamentales del sistema, la legalidad, aplicar la ley más favorable, presunción de inocencia, reintegración social y familiar de la persona adolescente, reinserción social como el principio fundamental que está inscrito en el artículo 18 constitucional, medidas de privación de la libertad como una medida extrema y por el menor tiempo posible.

Estas medidas de privación de libertad se utilizarán de manera excepcional y sólo se podrán imponer a adolescentes mayores de 14 años por los hechos constitutivos de delito que esta misma ley está señalando en un catálogo que se pone a consideración de ustedes por un tiempo determinado y, por supuesto, con la duración más breve que proceda, la celeridad procesal, así como la protección de la intimidad de la y el adolescente, confidencialidad y privacidad.

En los tribunales donde se lleve el proceso oral, estos deben ser claramente privados y no podrán tener acceso al público.

Registro de procesos, la garantía de la detención, como garantías que la ley tiene que otorgar a todas estas personas menores de 18 años de edad.

Prohibición de incomunicación, información a la persona adolescente respecto de la situación de su detención que refiere a la acusación, el juzgamiento y, por supuesto, a lo que tiene que ver con la imposición de la medida.

En la defensa técnica especializada igualmente es preponderante la presencia y acompañamiento de una persona responsable o una persona en la que confíe.

Estamos tomando todas las previsiones para que en la eventualidad de cualquier situación siempre haya una persona cerca del adolescente que le permita tener confianza y enfrentar las situaciones que le está imputando la autoridad, derecho a ser escuchado.

Quiero destacar ajustes razonables al procedimiento, que tiene que ver con que en todo caso en que el adolescente tenga alguna discapacidad, podrá solicitar para sí o por medio de su defensor, un ajuste razonable al procedimiento para asegurar su efectiva y plena participación.

Y finalmente otro de los principios importantes tiene que ver con abstención de declarar.

En fin, todos estos derechos que derivan de estos principios rectores de este nuevo sistema de justicia penal para adolescentes, nos permite asegurar, sobre todo a partir de que haya los recursos disponibles para que los centros de privación de libertad que se encuentran en las 32 entidades federativas sean revisados de manera puntual, que tengan todas las condiciones acordes para que los adolescentes no solamente ejerciten sus derechos y puedan tener una verdadera reinserción, sino sobre todo se tenga presente que el Estado es responsable porque son personas menores de edad.

Lo que nos importa con la reinserción social es que no sigan el camino de la delincuencia.

Lo que nos importa es que el Estado restituya los derechos que les han sido negados; y cualquiera que sea la situación personal o familiar del adolescente, siempre la autoridad tiene que tomar en cuenta todos estos principios para lograr que puedan ser reinsertados y tengan posibilidades de un proyecto de vida y, por supuesto, el desarrollo de todas sus potencialidades.

Felicito de manera puntual a la Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, con quien también trabajamos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su compromiso con el tema.

Por supuesto también a la Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, que nos acompañó en toda la discusión del dictamen.

Y claro, también al Presidente de la Comisión de Justica, que junto con la Comisión de Derechos Humanos, hoy estamos finalmente presentando después de años de ausencia de una ley que integre este mosaico que tenemos de 32 proyectos distintos legislativos en cada una de las entidades, tengamos finalmente un solo sistema nacional que integre también el de la Federación.

Muchas gracias a ustedes por toda su atención.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Solicito a la Secretaría registre el voto del Senador Isidro Pedraza, que está presente en el salón de sesiones, en el dictamen anterior en el que se reforma el artículo 33 de la Ley de Vivienda y en el que reforma el artículo 24 Ter a la Ley General de Educación.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Elena García Gómez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

La Senadora Martha Elena García Gómez: Con su venia, señora Presidenta. Senadoras y Senadores:

A nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, vengo a fundamentar el dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

En primera instancia, quiero reconocer el trabajo de las Comisiones de Justicia, de Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos.

Por supuesto, al Senador Fernando Yunes Márquez, a la Senadora Angélica de la Peña Gómez y a la Senadora Graciela Ortiz González, en el proceso de dictaminación de la legislación en materia de justicia para adolescentes, así como a todos los actores involucrados en el mismo.

La necesidad de que exista una ley nacional sobre este sistema de justicia ha sido uno de los grandes retos, considerando que en la actualidad no existe unificación en los criterios que aplican los diferentes sistemas en las entidades federativas.

Este sistema que requiere de especialización, tiene que ser capaz de brindar a los adolescentes la oportunidad de asumir su responsabilidad frente a la comisión de un hecho señalado como delito; además de buscar opciones que le permitan desarrollar sus capacidades de una materia positiva.

Un tema a destacar es el cambio de concepción como sujetos de derechos a niñas, niños y adolescentes. Este cambio de paradigma de un proteccionista a garantista fue de los grandes logros de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada por el Congreso de la Unión.

Esta ley obliga al Congreso a armonizar la legislación secundaria, por lo que es necesario observar el sistema de justicia penal para adolescentes.

Al respecto, es de su conocimiento la reciente reforma constitucional, la cual mandata a la Federación y a las entidades federativas para que establezcan, en el ámbito de sus competencias, un sistema integral de justicia para los adolescentes que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad.

Además, se establece que este proceso de justicia para adolescentes será acusatorio y oral y, finalmente, se faculta al Congreso para expedir la legislación única en materia procedimental penal de mecanismos alternativos, de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes que regirán en la República en el orden federal y en el fuero común.

En ese sentido es que las comisiones dictaminadoras nos dimos a la tarea de analizar las propuestas presentadas al respecto, una de ellas inscrita por una servidora, observando los principios rectores del interés superior de la niñez y de la especialización.

Previo a ello se llevaron a cabo diversos foros y audiencias en las que participaron las autoridades, especialistas, académicos y las organizaciones de la sociedad civil quienes aportaron elementos para la elaboración del dictamen.

En primera instancia dentro de las aportaciones de dichos foros en la visualización de que éste, un sistema integral que requiera de una atención multidisciplinaria al tratarse de personas adolescentes.

Otras aportaciones que se tomaron en consideración fueron la sistematización del modelo de justicia para adolescentes en las entidades federativas, favorecer la concurrencia entre los niveles de gobierno, así como la reinserción efectiva del adolescente a su núcleo familiar y respetar los derechos especiales que tienen los adolescentes.

Cabe mencionar que un punto constante en el análisis es el énfasis en las medidas de sanción no privativas de libertad de acuerdo al principio de mínima intervención que debe regir para las personas adolescentes, así como las disposiciones relativas a las autoridades especializadas del sistema tales, como ministerios públicos, juez de control, juez de juicio oral, juez de ejecución, magistrados, defensores públicos, facilitadores de mecanismos alternativos y el de la autoridad administrativa de ejecución de medidas.

El resultado del análisis y discusión es una legislación integrada por disposiciones generales, las reglas activas al ámbito de la aplicación y objeto, los principios y derechos en el procedimiento para adolescentes, así como un capítulo encargado de regular competencias de las autoridades, instituciones y órganos encargados de la aplicación del instrumento.

No puedo dejar de mencionar que para la implementación de este sistema integral de justicia penal para adolescentes en las entidades federativas se deberá tener muy presente el tema presupuestal, es decir, los recursos económicos y humanos necesarios para su efectiva operación.

Esperemos la voluntad política para la asignación del presupuesto suficiente para la implementación de esta ley, para evitar que sucedan, como en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual obliga expresamente a los diferentes órdenes de gobierno a asignar recursos para cumplir con su objeto; sin embargo, al día de hoy, uno de los grandes retos es la asignación presupuestaria.

Finalmente, quiero expresar mi reconocimiento a los equipos técnicos de las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, por su arduo trabajo para que esta ley sea posible.

Asimismo, también agradecer a las organizaciones de la sociedad civil por su apoyo constante como Institución Renace, Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra, A. C., el Instituto de Justicia Procesal Penal, la Red por los Derechos de la Infancia en México, el Centro de Colaboración Cívica, a expertos en la materia como el maestro Carlos Ríos Espinoza, el doctor Daniel González, el doctor Carlos Piter, la maestra María Malto Rodríguez, la Maestra Susana Camacho y la licenciada Cristina Reyes, y por supuesto a la secretaria técnica del consejo de coordinación para la implementación del sistema de justicia penal y a UNICEF México.

En el Senado de la República tenemos el compromiso de analizar y discutir este dictamen con la mayor responsabilidad y considerando las opiniones de todos los involucrados.

Es importante mencionar que el tema de justicia para adolescentes es una asignatura pendiente, es por ello que será de suma relevancia la aprobación de la legislación en la materia, cumpliendo también con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la reforma constitucional al respecto.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora García Gómez.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Graciela Ortiz González, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, desde su escaño.

La Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Solamente para declinar mi participación y hacer un reconocimiento, a través de este medio, a las presidentas y presidentes de las comisiones que estuvieron trabajando con un gran compromiso y con una gran intensidad para que llegásemos a este momento.

Le haremos entrega del documento para que quede inserto en el Diario de los Debates y agradecer profundamente a quienes participaron, a las Senadoras y Senadores, para que pudiéramos presentar hoy un cuerpo normativo de avanzada.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Ortiz González.

Solicito a la Secretaría inserte el texto íntegro de la intervención en el Diario de los Debates.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron un paquete de propuestas de modificación, mismas que someteremos a su consideración.

El texto correspondiente está a su disposición en el monitor de sus escaños y propone modificaciones a los artículos 2, 15, 23, 46, 52, 53, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 77, 81 y 124 y la adición de un Título Cuarto con un Capítulo Único denominado "Del Reconocimiento de la Función Preventiva de la Comunidad", que incluye el artículo 264.

También propone modificaciones a los Artículos Primero y Décimo Tercero Transitorios; y a la adición de un Artículo Décimo Sexto Transitorio.



Si la Asamblea acepta las modificaciones propuestas, la discusión del articulado será con las modificaciones incorporadas.

El texto correspondiente está disponible en el monitor de sus escaños. En consecuencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre al texto del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se autoriza por el Pleno de los Senadores.

En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones a los artículos que fueron autorizados por la Asamblea.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales serán en orden creciente.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México, nos hizo llegar su intervención, la cual pido a la Secretaría se inserte en el Diario de los Debates de manera íntegra.

El Senador Carlos Alberto Puentes Salas: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Tiene la palabra la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, para presentar posicionamiento del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros:

El dictamen que se presenta a nuestra consideración, es resultado del trabajo de muchas personas que durante muchos meses estuvieron dando forma a esta ley, logrando integrar una perspectiva de derechos humanos y de justicia restaurativa.

Estos dos enfoques representan un importante avance en la construcción de legislaciones y políticas públicas para las y los adolescentes que incurren en la comisión de algún delito.

En este sentido, mi voto es a favor del presente dictamen, por las siguientes razones:

En primer lugar, porque integra la visión de la justicia restaurativa y esto representa una forma de entender y afrontar los conflictos, la violencia y los delitos, que busca atender, principalmente, sus consecuencias, procurando la reparación emocional, material y simbólica del daño y el restablecimiento de las relaciones humanas y sociales afectadas.

La justicia restaurativa promueve la responsabilidad y participación activa de todos los involucrados y afecta, de algún modo, la persona infractora a la víctima, sus familias, funcionarios públicos y miembros de la comunidad.

En un sentido más estricto, la justicia restaurativa para adolescentes es una manera de tratar con niños y adolescentes en conflicto con la ley, con la finalidad de reparar el daño individual y social causado por el delito cometido.

Para ello se requiere la participación activa del adolescente, la víctima y, de ser el caso, otros individuos y miembros de la comunidad.

Las prácticas restaurativas como la mediación, las conferencias, los círculos, etcétera, que están contenidos en este dictamen, representan la concreción de esta visión armónica con los derechos humanos, visión que debe adaptarse a los contextos culturales, jurídicos e institucionales de cada lugar.

Se puede utilizar en forma preventiva en la escuela o comunidad, evitando que los conflictos deriven en violencia o en delitos, y también cuando éstos sucedan.

La justicia restaurativa para adolescentes trabaja sobre la responsabilidad del infractor, tomando en cuenta la necesidad de atender las consecuencias de su comportamiento, realizando actos reparadores en favor de la víctima y la comunidad; a comprender las causas y efectos de este comportamiento en los demás; a disculparse con la víctima y ofrecer acciones de reparación, y a comprometerse con un programa que ayude a reintegrarse en la comunidad y evitar futuras infracciones; buscar que el infractor se haga responsable de las consecuencias de su acto, procurando que en el encuentro con la víctima haya una reconciliación basada en la restitución del daño y el perdón, y busca también que se restituya el vínculo social, procurando la reintegración del infractor en la comunidad, fortaleciendo así el sentimiento de seguridad quebrantado.

De acuerdo a cifras de instancias internacionales, como la OCDE, y de instancias nacionales, como el Inegi, el 23 por ciento de los adolescentes entre 15 y 17 años no tienen acceso a los servicios educativos, mientras que un 35 por ciento de jóvenes cuyas edades van de los 17 a los 24 años, no alcanzan a obtener un empleo que les reditúe más de dos salarios mínimos al mes.

Dadas las condiciones de violencia social, de captación de las y los jóvenes por parte de los grupos de la delincuencia organizada y de la marginación que viven los jóvenes en nuestro país, el Estado mexicano tiene la obligación de establecer un sistema de atención integral para las y los jóvenes que por cualquier circunstancia se encuentren en la comisión de algún ilícito o algún delito que adicionalmente se encuentren en alguna condición de vulnerabilidad.

El problema en nuestro país es que cada vez más y más jóvenes optan por inclinarse a llevar a cabo actividades ilícitas.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, en nuestro país el 60.5 por ciento de los delitos son cometidos por jóvenes, además de que el homicidio se convirtió en una principal causa de muerte.

Por ello, resulta fundamental que esta nueva legislación mantenga esa visión restaurativa y de promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las y los jóvenes de nuestro país, pues mantener la visión de castigo y olvido, que hasta hoy se mantiene en muchos esquemas de atención para los infractores juveniles, sólo ha producido un aumento exponencial en la comisión de delitos juveniles.

La procuración e impartición de justicia en nuestro país tiene que cambiar y pronto, y este dictamen representa una buena medida inicial para lograr rediseñar todo el esquema notablemente punitivo que se mantiene hasta nuestros días.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora González Rodríguez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Pilar Ortega Martínez, del Partido Acción Nacional, para el posicionamiento de su grupo.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señora Presidenta. Señoras y señores legisladores:

Debo hacer, primero que nada, un reconocimiento a las presidentas y presidentes de las comisiones dictaminadoras que hoy hacen posible, con un trabajo de mucho tiempo, que finalmente presentemos ante ustedes este proyecto de dictamen para su votación en el Pleno, y que representa un avance fundamental en la construcción de un sistema de justicia democrático y garantista, me refiero por supuesto al Presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes; a la Senadora Martha Elena García, Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia a la Senadora Graciela Ortiz, de la Comisión de Estudios Legislativos; y a la Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

Es muy importante el instrumento legislativo que hoy ponemos a su consideración.

Y entre los antecedentes inmediatos a este proyecto, se encuentra principalmente la reforma constitucional, primero la de 2005, en la cual se elimina el anterior modelo tutelar que permeaba respecto de los adolescentes en conflicto con la ley penal, para pasar a un modelo garantista con jueces especializados en justicia para adolescentes, lo que permite tener una defensa adecuada y ser juzgados por autoridad distinta a los que los acusan por la realización de un hecho que la ley señala como delito.

Posteriormente, en 2008, la reforma constitucional que hace transitar a la justicia penal de un modelo mixto al modelo acusatorio, predominantemente oral, deja de lado incluir de forma expresa a la justicia para personas adolescentes, aprobándose apenas hace unos meses el régimen constitucional, el sistema acusatorio con la técnica predominantemente oral para la justicia para adolescentes.

Hoy daremos un paso más con la aprobación de este proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en un contexto complicado, porque de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2014 estados como Jalisco, Puebla o San Luis Potosí, el porcentaje de Agencias del Ministerio Público especializadas en adolescentes era apenas del 1 por ciento.

En otros estados como Tabasco, Querétaro, Ciudad de México, Nayarit, Oaxaca, Michoacán, Durango, Chiapas y Yucatán, apenas del 1.1 y 3 por ciento contaban con estas agencias del Ministerio Público especializadas.

Nuevo León es el estado que contaba con más de 9 por ciento de Agencias del Ministerio Público especializadas en adolescentes.

Y también, de acuerdo con el Inegi, durante 2014 las Agencias del Ministerio Público locales especializadas en adolescentes conocieron asuntos relacionados con 49 mil 51 menores de edad que fueron imputados por algún delito.

En este momento, el mayor porcentaje correspondía a los delitos de lesiones, daño a la propiedad, diferentes modalidades de robo y narcomenudeo.

En relación con los órganos jurisdiccionales, el mismo Inegi mencionó que sólo el 2 por ciento de los 4 mil 861 órganos jurisdiccionales que existen en el país, se encuentran especializados en adolescentes.

En la Ciudad de México, hasta 2014 se contaba con 15 juzgados de esta naturaleza.

El Inegi reportó también que al 2014, a nivel constitucional, había 978 funcionarios adscritos a los 96 órganos jurisdiccionales especializados en justicia para adolescentes del fuero común. Esta cifra representa el 2.18 por ciento del total de funcionarios judiciales.

De ahí, entre otros datos, vemos la necesidad de transformar a la justicia para adolescentes a través del establecimiento de mecanismos que cumplan con los estándares previstos en nuestra Constitución, instrumentos internacionales y leyes generales relacionadas con la impartición de justicia.

Es preciso hacer notar que esta ley, este proyecto que se pone a su consideración, es un proyecto integral del sistema de justicia para adolescentes, pues incorpora no sólo aspectos procedimentales, procesales o de medidas para los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también establece el andamiaje necesario para concretar un régimen exhaustivo y complejo basado en un proceso acusatorio y oral con los principios propios del sistema, como son la publicidad, la contradicción, la concentración, la continuidad e inmediación con las adecuaciones y excepciones propias del sistema especializado de justicia para adolescentes.

Este sistema estará compuesto por ministerios públicos, órganos jurisdiccionales, defensores públicos, facilitadores de mecanismos alternativos, autoridades administrativas y policías de investigación cuyos integrantes deberán tener perfiles especializados e idóneos sobre el conocimiento y habilidades en la materia.

Si bien la presente ley refiere que el procedimiento para adolescentes tendrá las etapas que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, las que se refieren a la investigación, a la etapa intermedia y la de juicio, lo cierto es que plantea procedimientos adicionales, así como salidas alternas que permiten concluir el procedimiento a través de capítulos que contienen las formas de terminación anticipada y los mecanismos alternativos de solución de controversias, con el objeto de iniciar a la brevedad la reinserción y la reintegración social del adolescente que haya entrado en conflicto con la ley penal. Es muy destacable la prevalencia de este principio de reinserción social a lo largo de esta ley.

Con este propósito es necesario subrayar que la ley concentra instituciones como los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso, la mediación o los procedimientos y ejecución de sanciones, que en la justicia para personas mayores de 18 años están dispersas en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales u otros ordenamientos.

Lo anterior tiene como objeto que tanto estas instituciones como sus operadores tengan un mismo enfoque de atención y de conocimientos especializados en la justicia para adolescentes, aspectos propios de un verdadero sistema integral que dirija sus esfuerzos en el mismo sentido constitucional de la reinserción y reintegración social de los adolescentes que entren en conflicto con la ley penal.

La ley hace énfasis en las formas de terminación anticipadas de una solución al conflicto antes de la sentencia, pues precisamente estas son un medio para lograr minimizar los efectos negativos que la imposición de una medida pudiera tener en la vida futura de la persona adolescente.

Esta ley busca que a través de aspectos como garantizar sus derechos, posibilitar su desarrollo personal, escuchar y tomar en cuenta su opinión, involucrar a la persona adolescente en la elaboración de su plan individualizado de actividades y el fomento de los vínculos familiares y sociales, se potencialice su desarrollo personal y se evite, en la medida de lo posible, que el proceso al que se ha sometido la persona adolescente genere un efecto negativo en ella y que, por el contrario, el sistema logre que la persona adolescente tenga un proyecto de vida que le permita desarrollarse personalmente.

Este sistema de justicia para adolescentes establece un régimen especializado, cuya finalidad es que los adolescentes puedan reencauzar su propósito en el establecimiento de un proyecto de vida; no obstante, dicho sistema debe tener elementos que le permitan evaluar los avances y aciertos del sistema, así como las necesidades a través de los mecanismos ciertos de información sobre su funcionamiento y resultado.

Quiero señalar que en la confección de este instrumento hubo muchas horas de debate, que el debate no fue fácil, pero que sí hubo generosidad de las Senadoras y Senadores que conformaron esas comisiones dictaminadoras para que al final pudiéramos generar un instrumento que nos satisface, porque contiene los elementos fundamentales para lograr la adecuada reinserción social de los adolescentes que por diversas causas han entrado en conflicto con la ley, y por eso estamos muy satisfechos de este producto legislativo que hoy se pone a consideración del Pleno.

En su momento haremos un planteamiento de algunas adecuaciones a la propuesta que esperamos sean votadas y que tienen que ver solamente con cuestiones de forma, pero en términos generales este proyecto legislativo tiene grandes alcances y seguramente será una pieza fundamental en la confección del nuevo sistema penal que México requiere y que el país nos demanda para lograr la plena justicia en México.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Ortega Martínez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Marcela Guerra Castillo, para posicionar a nombre del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, señora Presidenta. Honorable Asamblea:

La reforma al artículo 18 constitucional en México es el resultado de un proceso complejo que impacta la realidad nacional, la cual permitió trascender el concepto de readaptación social, pero también facultar al Congreso de la Unión para homologar los sistemas en materia de justicia penal para adolescentes a nivel nacional con el sistema de justicia penal acusatorio. Existen diversas posturas respecto a si se debe considerar la justicia para adolescentes como parte de un sistema penal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sentencia de la acción de inconstitucionalidad 37/2006, resolvió que se debe de considerar como un sistema de responsabilidad penal especial.

La reforma constitucional de abril de 2015, en los artículos 18 y 73, otorgó al sistema integral de justicia para adolescentes los mismos principios básicos del sistema penal acusatorio.

El Estado tiene la obligación de proteger los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley bajo la óptica de su condición de personas en desarrollo, es decir, la protección debe de ser más amplia y garantista a diferencia de las personas mayores de edad.

La reciente reforma constitucional mandata a la Federación y a las entidades federativas a establecer, en el ámbito de sus competencias, un sistema integral de justicia para las y los adolescentes, aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación de un hecho que la ley señale como delito y que tengan 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad.

Por su parte, la implementación del sistema procesal penal acusatorio es una profunda reforma del sistema de justicia; en nuestro país es una política de Estado transversal que requiere el concurso y compromiso no sólo de los tres Poderes de la Unión y de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, sino también de todos los actores relevantes de la sociedad mexicana.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el carácter sistemático de la justicia juvenil deriva de la comprensión de diversas facetas como la prevención, la procuración de justicia, la impartición de justicia, el tratamiento o ejecución de la medida, la investigación, planificación, formulación y evaluación de las políticas que incidan en la materia.

Así, la justicia para los adolescentes en nuestro país debe de atender necesariamente un sistema integral congruente con este artículo 18 constitucional, con medidas que respeten el debido proceso y que promueva la justicia alternativa y restaurativa, y que disponga del internamiento como medida extrema, es decir, los adolescentes no deben de ir a la cárcel salvo una medida, un delito grave cometido.

Así, de igual forma en los procedimientos seguidos contra los adolescentes debe de atenderse el principio de interés superior del menor, esto implica que las instituciones, los tribunales y las autoridades encargadas de aplicar el sistema penal para adolescentes deben de maximizar su esfera de derechos. En este orden, México ha signado sendos instrumentos internacionales que ya los nombraron aquí algunas Senadoras.

Sin duda, esta nueva legislación integra mecanismos que nos permiten seguir avanzando en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, para que cada niño o niña alcance su pleno potencial.

Pero destacadamente en materia de justicia penal para adolescentes, se uniforman los criterios que permiten responder de una forma adecuada cuando un adolescente ha cometido un delito.

En ese sentido, el sistema integral de justicia para adolescentes establece como una garantía el debido proceso legal, en el que se contemple tanto la reinserción social como la familiar del adolescente. También mecanismos especializados para atender la justicia penal para adolescentes y determinar instancias especializadas de procuración de justicia.

Ya la oradora que me antecedió en el uso de la palabra las ha enumerado, están en la página, bueno, vienen muy claramente en el dictamen, y el proyecto de ley pone énfasis en las medidas y sanciones no privativas de la libertad de acuerdo al principio de mínima intervención que debe de regir para los adolescentes, observando nuestra Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

Se incorporan enunciados normativos que garantizan el respeto de los derechos humanos de la persona adolescente e implican la imposición de límites a los actos de autoridad al señalar lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, y lo que deben también hacer. Enunciados que prohíben el arraigo como medida precautoria en el caso de las personas adolescentes, determina su protección especial cuando esté detenida y sea menor a los 12 años.

Asimismo, se establecen normas que comprenden las formas de terminación de la investigación, del no ejercicio de la acción penal, del archivo temporal o de la aplicación de los criterios de oportunidad conforme a los cuales, cuando se trate de conductas atribuidas a adolescentes que no lesionen o pongan gravemente en riesgo el bien jurídico tutelado y que se consideran como parte del proceso de su desarrollo y formación, el Ministerio Público podrá prescindir de la acción penal.

En ese sentido, y como lo he dicho antes, en el sistema integral de justicia para adolescentes, que hoy aprobaremos, impera el debido proceso, así como la intervención mínima de la subsidiariedad de la aplicación de sanciones, pero consideramos también que es importante el equilibrio que debe de existir en un sistema entre la justicia para adolescentes y los derechos de las víctimas.

El desafío, entonces, compañeras y compañeros, será que el Estado deberá de capacitar a los operadores de la justicia. Estamos frente a una gran ley, que hoy vamos a aprobar, pero, repito, el desafío será el de la capacitación de estos operadores, y para ello debemos, no nosotros, sino los Diputados, destinar presupuestos directos para esa capacitación de los operadores de justicia, porque no tengo duda que estamos ante un cuerpo normativo que será una herramienta importante para el gobierno y para nuestra sociedad.

Muchas gracias.

El PRI, por supuesto, estará a favor de este dictamen.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Marcela Guerra.

Pasamos a la discusión en lo general.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar hizo llegar a esta Mesa Directiva el texto de su intervención, por lo que solicito a la Secretaría lo inserte en el Diario de los Debates.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



Tiene la palabra la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señora Presidenta.

Sin duda es muy importante reconocer el gran trabajo que nos ha llevado a que el día de hoy estemos presentando el dictamen de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Requirió, sin duda, de un trabajo arduo desde hace mucho tiempo, pero también hubo una voluntad expresa por parte de las comisiones a quienes se les encargó el dictamen, para que pudiera salir en tiempo y forma.

Por eso agradecer y reconocer, sin duda, a la Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, la Senadora Martha Elena García, por su trabajo y voluntad para sacar este dictamen; del Senador Yunes, Presidente de la Comisión de Justicia; de la Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; y de la Senadora Graciela Ortiz, de Estudios Legislativos, por la voluntad para que saliera este dictamen.

También hay que reconocer el trabajo y visión en todo momento de las diferentes instituciones y dependencias de gobierno, particularmente de la Setec, del Secretario Ejecutivo de Sistema Nacional de protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, de la PGR, así como del Poder Judicial.

Pero también no podríamos dejar de reconocer el gran trabajo que la sociedad civil organizada hizo. Desde hace mucho tiempo estuvieron participando en foros con propuestas, y muy particularmente varios Senadores sirvieron de conducto para presentar una iniciativa de la Ley de Justicia para Adolescentes, pero en realidad era una iniciativa de la sociedad civil organizada que se tomó como base para poder tener este dictamen.

Por eso mi reconocimiento y agradecimiento a las organizaciones Renace, Reintegra, Instituto de Justicia Procesal Penal, la REDIM, el Centro de Colaboración Cívica y a expertos como el maestro Carlos Ríos Espinosa, doctor Daniel González, la licenciada Alma Meneses Bernal, la maestra Paula Ramírez, la maestra Violeta Maltos, la maestra Susana Camacho y la licenciada Cristina Reyes Ortiz.

Hoy nos encontramos en el dictamen de justicia penal para adolescentes.

Es importante decir que desde que se aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, nos encontramos en el Estado mexicano ante el gran reto de cambiar no solamente la ley, sino la percepción cultural que existe, la visión tutelarista con respecto a niñas, niños y adolescentes. Esta visión tutelarista que circunscribía solamente a las personas más jóvenes dentro