Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Viernes 23 de junio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 28

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 26 de Abril de 2016

SUMARIO                                              


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RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS

(Dictámenes a discusión)

Se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, África, que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Víctor Manuel Treviño Escudero, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República Democrática Federal de Etiopía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las Repúblicas de Djibouti, Mozambique, Democrática del Congo, Federal de Somalia, de Sudán del Sur y de Zambia. Para presentar el dictamen, interviene la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores. Rinde protesta de ley.





RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS

(Dictámenes a discusión)

Se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República de Chile. Para presentar el dictamen, intervienen las Senadoras Gabriela Cuevas Barrón, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores y Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe. Se inserta intervención del Senador Jorge Toledo Luis. Rinde protesta de ley.



Se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Francisco Agustín Arroyo Vieyra, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República Oriental del Uruguay y Representante Permanente de México ante la Asociación Latinoamericana de Integración. Para presentar el dictamen, intervienen las Senadoras Gabriela Cuevas Barrón, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores y Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe. Se inserta intervención del Senador Jorge Toledo Luis. Rinde protesta de ley.

























ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HECHO EN WASHINGTON, D.C., EL 18 DE DICIEMBRE DE 2015

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes. Intervienen al respecto los Senadores Marcela Guerra Castillo, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte; Gabriela Cuevas Barrón, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores; Javier Lozano Alarcón, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Comunicaciones y Transportes; Juan Gerardo Flores Ramírez, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Manuel Bartlett Díaz, Angélica de la Peña Gómez, Raúl Aarón Pozos Lanz y Layda Sansores San Román. Se remite al Ejecutivo Federal.




























COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)

Se aprueba el dictamen suscrito por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México y Estados Unidos de América a informar sobre las acciones de monitoreo, acceso a la información y, en su caso, inspección que se ha realizado para garantizar la calidad del agua, a partir del derrame de sustancias tóxicas el 5 de agosto de 2015, en el Arroyo Ánimas en el estado de Colorado, Estados Unidos de América, que es un afluente del Río Colorado. Se inserta intervención de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.






























































































 

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

APERTURA

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: (11:49 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y los señores Senadores.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 93 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. Se abre la sesión del martes 26 de abril, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y tres minutos del día jueves veintiuno de abril de dos mil dieciséis, encontrándose presentes ochenta y seis ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del diecinueve de abril de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión de Defensa Nacional su Programa de trabajo del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, su proyecto de Calendario anual de reuniones ordinarias y de su Junta Directiva del    Primer Año de la LXIII Legislatura y el Acta de su primera reunión ordinaria, celebrada el 19 de noviembre de 2015.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, Lisbeth Hernández Lecona e Isidro Pedraza Chávez, el informe de su participación en los trabajos del IV Encuentro de Planificación de Actividades en el marco de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe, celebrado en Cartagena de Indias, Colombia, del 6 al 8 de abril de 2016.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, oficio con el que remite los siguientes documentos: “La Educación Obligatoria en México. Informe 2016” y su Informe Anual de Gestión 2015.- Se remitieron a la Comisión de Educación.

 

Se recibió de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, oficio con el que remite el Documento ejecutivo sobre los resultados del “Diagnóstico nacional de la percepción de la población sobre la práctica de la tortura”.- Se remitió a las Comisiones de Justicia, de Gobernación y de Derechos Humanos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Considerado de urgente resolución, se sometió a consideración de la Asamblea. La Presidencia informó que la Cámara de Diputados aplicó modificaciones en los artículos 23, 24, 28, 46, 52, 55, 91, 99, 174, 202 y en los Transitorios Tercero y Cuarto, por lo que la discusión sólo podría referirse a esos artículos reformados, como lo establece la fracción e) del artículo 72 constitucional. En la discusión intervinieron los Senadores: Martha Tagle Martínez; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD; y Laura Angélica Rojas Hernández del PAN; Lisbeth Hernández Lecona del PRI; y Manuel Bartlett Díaz del PT. El proyecto de Decreto fue aprobado por 75 votos a favor y 4 en contra. Se remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adiciona un Título Séptimo con un Capítulo Único y los artículos 145, 146 y 147 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, acuerdo por el que se integra la Delegación Permanente ante el Parlamento Latinoamericano.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 112 de la Ley de Migración.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto, recorriéndose el subsecuente en su orden, del artículo 46 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 104 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 120 de la Ley General de Vida Silvestre.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el   que se reforma el párrafo primero del artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIV al artículo 19 y se recorre la subsecuente de la Ley de Vivienda.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Ley de Vivienda.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917.- Quedó de primera    lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación; de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 24 Ter a la Ley General de Educación.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; de Puertos; de Aeropuertos; y Reglamentaria del Servicio Ferroviario.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea quince dictámenes que proponen desechar los siguientes proyectos de Decreto:

1. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 268 BIS 1 de la Ley General de Salud.- Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.

2. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar el artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

3. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar el artículo 22 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

4. De las Comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar los artículos 15 y 216 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

5. De las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

6. De las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar el artículo 21-B de la Ley Federal de Radio y Televisión.

7. De las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transporte; de Cultura; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión.

8. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con dos proyectos de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de acceso a internet.

9. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar los artículos 20 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

10. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios    Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

11. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, y con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, en relación con el proyecto de Decreto para reformar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

12. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios    Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

13. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos; y con opinión de la Comisión Especial de Desarrollo Metropolitano, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

14. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios    Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

15. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar los artículos 27, 28 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los quince dictámenes por el que se proponen desechar diversos proyectos de Decreto, sin discusión, fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de los registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

(Acuerdos de la Mesa Directiva)

Se recibió un acuerdo de la Mesa Directiva, por el cual se comunica al titular del Poder Ejecutivo Federal el vencimiento del plazo previsto en el artículo 15 de la Ley de Petróleos Mexicanos para que el Senado de la República ratifique a un Consejero Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.- Quedó de enterado.

 

Se recibió un acuerdo de la Mesa Directiva, por el cual se comunica al titular del Poder Ejecutivo Federal el vencimiento del plazo previsto en el artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética para que el Senado de la República designe un Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.- Quedó de enterado.

 

El Presidente de la Mesa Directiva decretó un receso para dar paso a la Sesión Solemne en la que se recibió la visita del Señor David Carter, Presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelandia.

 

(RECESO)

(SESIÓN SOLEMNE)

 

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la sesión ordinaria.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, África, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano José Octavio Tripp Villanueva como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República Árabe de Egipto, concurrente ante la República de Sudán, Estado de Eritrea, República Árabe de Siria y la República de Chad.-Para presentar el dictamen intervino la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Sin discusión, el acuerdo fue aprobado por 86 votos a favor. El embajador rindió su protesta de ley.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Carlos Manuel Sada Solana como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América.- Para presentar los dictámenes de la región de América del Norte intervinieron las Senadoras: Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; y Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. En la discusión intervinieron los Senadores: Layda Sansores San Román del PT, en contra; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor; Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Manuel Bartlett Díaz del PT; Luz María Beristain Navarrete del PRD, a favor; Miguel Barbosa Huerta del PRD; y Víctor Hermosillo y Celada del PAN, a favor. El acuerdo fue aprobado por 87 votos a favor y 5 abstenciones. El embajador rindió su protesta de ley.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Marcos Augusto Bucio Mújica como Cónsul General de México en El Paso, Texas, Estados Unidos de América.

2. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Héctor Eduardo Velasco Monroy como Cónsul General de México en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América.

Sin discusión, los Acuerdos fueron aprobados por 58 votos a favor, 32 en contra y 1 abstención. Los funcionarios rindieron su protesta de ley.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, diez dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones  Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Marcela Celorio Mancera como Cónsul General de México en San Diego, California, Estados Unidos de América.

2. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Francisco Javier Díaz de León como Cónsul General de México en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América.

3. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Emilio Rabasa P. Gamboa, como Cónsul General de México en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América.

4. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Francisco de la Torre Galindo como Cónsul General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América.

5. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Ricardo Santana Velázquez como Cónsul General de México en Nogales, Arizona, Estados Unidos de América.

6. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Claudia Franco Hijuelos como Cónsul General de México en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América.

7. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana María de los Remedios Gómez Arnau como Cónsul General de México en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos de América.

8. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Gemi José González López como Cónsul General de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América.

9. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Ana Berenice Díaz Ceballos Parada como Cónsul General de México en Vancouver, Columbia Británica, Canadá.

10. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Diego Antonio Gómez Pickering como Cónsul General de México en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de América.

Sin discusión, los acuerdos fueron aprobados por 100 votos a favor. Los funcionarios rindieron su protesta de ley.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones  Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Margarita Pérez Villaseñor como Cónsul General de México en Sao Paulo, Brasil.

2. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Jesús Alberto López González como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Trinidad y Tobago y, en forma concurrente, ante las Repúblicas de Barbados y Surinam, así como Representante Permanente de México ante la Asociación de Estados del Caribe (AEC), con sede en Puerto España, Trinidad y Tobago.

Para presentar los dictámenes de la región de América Latina y el Caribe intervinieron las Senadoras: Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; y Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. Los acuerdos fueron aprobados por 93 votos a favor y 1 abstención. Los funcionarios rindieron su protesta de ley.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Enrique Martínez y Martínez  como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Cuba.- En la discusión, para referirse al nombramiento del Embajador en Cuba intervinieron los Senadores: Manuel Humberto Cota Jiménez del PRI, a favor; y Manuel Bartlett Díaz del PT. El acuerdo fue aprobado por 73 votos a favor, 11 en contra y 5 abstenciones. El funcionario rindió su protesta de ley.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Jaime Virgilio Nualart Sánchez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Reino de Tailandia, concurrente con la República Democrática Popular Lao.

2. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano José Gerardo Traslosheros Hernández como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Nueva Zelandia y, en forma concurrente, ante el Estado Independiente de Samoa, Reino de Tonga y Tuvalu.

3. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Carlos Ignacio Giralt Cabrales como Cónsul General de México en Guangzhou, República Popular China.

4. Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Damián Martínez Tagüeña, como Cónsul General de México en Hong Kong, República Popular China.

Para presentar los dictámenes de la región Asia-Pacífico intervinieron los Senadores: Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; y Daniel Ávila Ruiz, por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. En la discusión intervino el Senador José Ascención Orihuela Bárcenas del PRI, a favor. Los acuerdos fueron aprobados por 74 votos a favor. Los funcionarios rindieron su protesta de ley.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud; y se reforma el párrafo tercero del artículo 195 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud; de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo.- La Presidencia    informó que se dio primera lectura al dictamen el pasado 15 de diciembre de 2015. Para presentar el dictamen, hicieron uso de la palabra los Senadores: Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales; y Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. El Presidente de la Mesa  Directiva, informó que las Comisiones dictaminadoras hicieron llegar propuesta de modificación al dictamen, en votación económica la Asamblea autorizó integrar la propuesta al proyecto de Decreto, para su discusión. En la discusión intervinieron los Senadores: Gabriela Cuevas Barrón del PAN, a favor; Ana Gabriela Guevara Espinosa del PT, a favor; Jorge Aréchiga Ávila del PVEM, a favor; y Angélica de la Peña Gómez del PRD, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 85 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

PRESIDE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un acuerdo por el que se modifica el acuerdo por el que se creó la Comisión Especial para el Diagnóstico y Reflexión sobre el texto que conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado el 14 de diciembre de 2015, para ampliar el plazo para la realización de la Consulta Nacional y el Debate Democrático Constitucional.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un acuerdo por el que se modifica la integración de Comisiones.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Dictamen de Primera Lectura)

Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Quedó de Primera lectura.

(Excitativas)

El Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.- La Presidencia emitió la excitativa correspondiente.

 

El Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- La Presidencia emitió la excitativa correspondiente.

(Iniciativas)

La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De los Senadores René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón, Carlos Alberto Puente Salas, Enrique Burgos García, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Miguel Romo Medina, Lisbeth Hernández Lecona y Roberto Albores Gleason, a nombre de los Senadores integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Sonia Mendoza Díaz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un capítulo V denominado "Uso indebido de Información sobre las Actividades de Seguridad Pública" al Título Décimo "Delitos contra la Seguridad Pública" y adiciona el artículo 164 Ter del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 6 y la fracción i del artículo 65 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, del Código Civil Federal y del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora Sonia Mendoza Díaz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se crea el capítulo III denominado "Usurpación de Identidad" en el Título Decimoctavo denominado "Delitos contra la Paz y Seguridad de las Personas" del Código Penal Federal y se adiciona el artículo 287 BIS para tipificar a nivel nacional el delito de usurpación de identidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Sonia Mendoza Díaz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura a realizar las investigaciones competentes a efecto de determinar si con la construcción del inmueble ubicado en la calle de Patriotismo 883, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, hubo afectación al patrimonio artístico, arquitectónico y cultural de la Ciudad de México y, en su caso, implementen las acciones para que se sancionen a los responsables.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Alejandra Roldán Benítez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo con relación a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Tlaxcala.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a intervenir urgentemente y detener el deterioro de los humedales del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a causa de actividades humanas.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Manuel Cárdenas Fonseca, con punto de Acuerdo por el que se recomienda a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a concluir con el proceso de armonización de sus leyes en materia de transparencia.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a redoblar los esfuerzos que realizan en el estado de Campeche y se implemente de manera prioritaria el Programa de Empleo Temporal y se promuevan programas que impulsen la economía y hagan frente a la situación de crisis que enfrenta dicho estado.- Se turnó a la Comisión de Fomento Económico.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a realizar diversas acciones para solucionar la problemática en torno a los Centros de Transferencia Modal, a fin de mejorar la calidad y seguir impulsando la renovación de los mismos.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a diseñar y fortalecer los planes y programas para la atención a pacientes con fibrosis quística.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno a presentar un informe sobre las acciones y proyectos que se han realizado en el Tiradero Bordo Poniente destinados a reducir los riesgos ambientales tanto a la atmósfera como a las aguas subterráneas de la entidad.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a publicar un Decreto para que se regularicen los automóviles usados de procedencia extranjera que se encuentren en territorio nacional, con el objeto de ordenar la flota vehicular en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Hilda Ceballos Llerenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación, así como al Consejo Nacional de Población del Gobierno Federal a llevar a cabo una amplia campaña de prevención y concientización sobre los embarazos en la adolescencia, facilitando el acceso a los métodos de prevención en la población menor de 19 años.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Carmen Izaguirre Franco, Carmen Dorantes Martínez, Hilda Ceballos Llerenas y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar el diseño e implementación de una estrategia nacional de prevención y atención del asma y las alergias, a fin de disminuir el impacto de estos padecimientos en la población.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a   implementar políticas de prevención de cáncer de piel en los niveles de educación básica y media superior.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Erika Ayala Ríos, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, José María Martínez Martínez y Adolfo Romero Lainas, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a suscribir el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a los jefes delegaciones a fomentar, promover y respetar el Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, debido a diversas irregularidades identificadas en la circulación de vehículos oficiales del Gobierno de la Ciudad, a fin de mejorar la calidad del aire en el Valle de México y prevenir la concentración de ozono y partículas suspendidas.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Cultura y de Educación y al Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura del Gobierno de la República a implementar acciones de fomento a la lectura entre nuestros niños, jóvenes y adultos.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos estatales a realizar acciones afirmativas en favor de los jefes de familia solos.- Se turnó a la Comisión De la Familia y Desarrollo Humano.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas a implementar las acciones necesarias, a efecto de prevenir y evitar el acoso sexual hacia las mujeres en el transporte público.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno de la República a llevar a cabo una amplia campaña de comunicación para difundir las características de una alimentación sana y balanceada que sea la base de la prevención de enfermedades crónicas entre la población.- Se turnó a la Comisión de Salud.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Madre Tierra.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre la conmemoración del 102 aniversario de la Defensa del Puerto de Veracruz por los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y el pueblo de Veracruz.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Madre Tierra.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del  grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Madre Tierra.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Madre Tierra.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre la Semana Mundial del Suelo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día de la Educadora.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el cuarto centenario de la muerte de Don Miguel de Cervantes Saavedra.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciocho horas con nueve minutos y citó a la siguiente el martes veintiséis de abril a las once horas.

 

Fin de la Sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIÓN

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibió una comunicación de las Senadoras Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, María Elena Barrera Tapia y Sonia Mendoza Díaz, con la que remiten el informe de su participación en el 60° Periodo de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrado del 14 al 18 de marzo de 2016, en la sede la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Esta Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite la propuesta de nombramiento del ciudadano Guillermo Valls Esponda como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años improrrogables.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.





 



 

AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibió un oficio de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, con su informe anual de actividades correspondientes al ejercicio 2015.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Remítase dicho informe a las Comisiones de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales.







 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Arturo Zamora Jiménez, para presentar a nombre propio y del Senador Carlos Romero Deschamps, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y se adiciona el Código Penal Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL CAPÍTULO XI DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES, DENOMINADO “DE LOS DELITOS EN MATERIA DEL TRATAMIENTO INDEBIDO DE DATOS PERSONALES”, Y SE ADICIONA UN TÍTULO VIGÉSIMO SÉPTIMO AL LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DENOMINADO “DELITOS CONTRA LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS”

(Presentada por el Senador Arturo Zamora Jiménez, a nombre propio y de los Senadores Carlos Romero Deschamps y Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, señora Presidenta.

La iniciativa que presento a esta Asamblea, constituye un compromiso del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y una deuda indispensable del Congreso de la Unión con la sociedad, pues su materia consiste en la propuesta de regulación sobre uno de los fenómenos delictivos que con mayor frecuencia y gravedad aqueja a los particulares, a las instituciones que conforman el sector empresarial, así como al sector bancario y al sector financiero, me refiero al comúnmente denominado “robo de identidad o usurpación de identidad”.

Esta actividad genera un tremendo perjuicio a las víctimas, es una actividad nociva, un fenómeno reprensible, porque genera todo tipo de conductas que van encaminadas al uso indebido de tarjetas de crédito o débito fabricadas por los propios delincuentes en base a datos de identidad usurpada, a la compra en línea o pago de servicios con cargo a tarjetas adulteradas, a la apertura de crédito personal o automotriz con cargo a la víctima, transmisión ilícita de propiedades inmobiliarias, altas de personas ajenas ante el Servicio de Administración Tributaria para que sea la víctima quien resulte responsable de evasión de impuestos, y demás conductas análogas que siempre terminarán por perjudicar severamente el patrimonio o la esfera de derechos de las víctimas y ocasionalmente de terceras personas.

Recientemente la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros dio a conocer que durante el año 2011 atendió 4 mil quejas por presunto robo de identidad, cifra que se elevó a 10 mil durante 2015 y precisó que en todo el sistema bancario mexicano se presentaron 59,250 quejas por eventos de esta misma naturaleza.

Es previsible que el robo de identidad a este momento llegue anualmente a una serie de conductas que acumulan más de 100 mil casos; en perjuicio, por supuesto, de todas estas actividades financieras vinculadas a servicios que representaron aproximadamente 762 millones de pesos de afectación durante el año 2014, mientras que en el año 2015 aumentó este fenómeno a un daño patrimonial de 976 millones de pesos, ello sin tomar en consideración el altísimo impacto económico de otros eventos delictivos.

Por otro lado, estimadas amigas y amigos, debemos reconocer que hasta la fecha hay varias iniciativas que han sido presentadas en ambas Cámaras con el objeto de tipificar en la legislación penal federal el delito denominado genéricamente como “robo de identidad”.

Son varios los esfuerzos y reconocimientos que se han venido realizando a lo largo y ancho de estos últimos años en ambas Cámaras, incluyendo una iniciativa que un servidor presentó y que sí se convirtió en una reforma que adicionó el Código Penal Federal.

En este contexto, la iniciativa que en este momento estamos presentando el Senador Carlos Romero Deschamps y un servidor, pretende recoger las experiencias más exitosas de tipificación de este tipo de delitos habidas en el mundo, a efecto de establecer en el Código Penal Federal, tipos penales que verdaderamente contribuyan a la supresión de todas estas conductas, cuyo bien jurídico tutelado es precisamente el derecho fundamental a la protección de la vida privada y de los datos personales, mismo que se encuentra declarado y reconocido en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es importante destacar que en el Código Penal Federal, en los artículos 234 a 252, tipifica varias figuras que definen como delito numerosas conductas de falsedad, en las que el bien jurídico protegido es justamente la fe pública y presunción de legitimidad que deben tener todos los documentos oficiales o privados. Sin embargo, en ninguna parte de dicha legislación se establece un modelo delictivo o un tipo penal que establezca claramente que tenga por objeto proteger como bien jurídico los datos de identidad de las personas, de tal suerte que ninguno de estos modelos penales de falsedad, puede tener aplicación típica a las conductas que implican la usurpación de datos de identidad.

Por tanto, igualmente debe advertirse que si bien a las conductas en estudio se les ha denominado genérica y eufemísticamente como robo de identidad, cierto es también que las conductas de que se ocupará esta iniciativa nada tienen en común con el robo, pues siendo los datos personales de identidad un atributo de la personalidad, su misma inmaterialidad hace que su apropiación material sea imposible. Únicamente admitiremos la expresión robo de identidad para describir un problema que preocupa a la sociedad, pero sin que esta expresión tenga mayor implicación en la tipología penal que se propondrá.

Tampoco utilizaremos genéricamente el término suplantación de identidad, ya que esta expresión solamente es aplicable a dos conductas de entre la gran variedad de delitos en estudio, la cual se materializa cuando ilícitamente una persona se hace pasar por otra persona.

Considero por tanto que hablar de delitos contra la identidad de las personas es la expresión más adecuada; y en este sentido también considero que los nuevos tipos penales que se proponen en la presente iniciativa son los mínimos que requiere nuestra sociedad para dar una respuesta adecuada a este fenómeno delictivo, ya que todos ellos en lo individual se ocupan de definir y castigar conductas tan novedosas como el phishing, término con que se denomina a la obtención fraudulenta de datos de identidad por parte de los delincuentes, quienes se hacen pasar ante la víctima como una persona confiable; el “skimming” que consiste en la clonación de tarjetas de crédito o débito, a través del dispositivo llamado skimmer, el cual consiste en un aditamento que se inserta en la ranura para la tarjeta en el cajero automático, el cual tiene una cámara para captar en video cuando el usuario teclea el número de identificación personal, o bien, también las conductas correspondientes al hackeo precisamente por la piratería informática o “hacking” la cual consiste en detectar la vulnerabilidad de las bases de datos en línea para apropiarse de ellas, y el “pharming” que consiste en sembrar páginas web falsas pero idéntificas a las páginas confiables de los usuarios, para que en ellas las víctimas entreguen de buena fe sus datos de identidad, mismos que después serán utilizados por los delincuentes de muy diversas maneras.

Ahora bien, por lo general los ilícitos relacionados con la identidad de las personas nunca se materializan como un delito aislado; en realidad se trata de un fenómeno que en la teoría se conoce como “delito medial”, entendiendo éste como aquella conducta primaria cuya comisión resulta necesaria e indispensable para la comisión de un delito secundario o final, el cual puede ser robo, fraude, falsificación, etcétera.

Por esa razón consideramos muy importante dejar claro que todas las conductas a que se refiere esta iniciativa se corresponden con delitos independientes que acuden en concurso real con los demás delitos, sin que pueda operar la figura de subsunción. Esto significa que cada uno de los comportamientos tiene una tipología diferente y tendrá una sanción diferente que se puede acumular a su autor.

Es cierto que en nuestro derecho positivo existe una Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, en cuyo texto se contiene un Capítulo XI que previene figuras delictivas que tutelan penalmente la tenencia y tratamiento indebido de los datos personales.

También es cierto que en la Ley General en Materia de Delitos Electorales se contempla una disposición específica sobre este tipo de utilización del padrón electoral, en el caso de que el padrón electoral sea sustituido y que finalmente, en este supuesto, como lo tipifica claramente la Ley General en Materia de Delitos Electorales, establece para los funcionarios de partidos políticos la pena de 4 a 9 años de prisión cuando ellos sustraen, utilizan, manipulan o difunden el padrón electoral del Instituto Nacional Electoral, que corresponde su administración al Registro Federal de Electores.

En ese contexto es que se ha preparado la presente iniciativa para modificar el Código Penal Federal e incluir en su Libro Segundo un nuevo Título Vigésimo Séptimo, destinado a tipificar penalmente las conductas ilícitas que atenten genéricamente contra la identidad de las personas a partir de la obtención ilícita, o bien el uso y la transmisión indebida de información relacionada con la identidad de las personas.

En cuanto a las penas aplicables, la presente iniciativa propone límites mínimos y máximos que permitan al delincuente menos peligroso obtener el beneficio de condena condicional en su primer participación delictiva; sin embargo, en las conductas que implican una mayor peligrosidad o un nivel mayor de daño social, se han dispuesto penalidades que van de los cinco a los doce años de prisión, lo cual impedirá que estos delincuentes reciban indulgencias por parte de la sociedad que agraviaron.

Es importante señalar que los suscritos consideramos adecuado, desde el punto de vista de la técnica legislativa, continuar con la tradición parlamentaria de adicionar nuestro Código Penal Federal con las nuevas conductas penales de que se ocupa esta iniciativa, en lugar de abonar a la interpolación de leyes penales, ya que consideramos que es nuestro Código Penal Federal donde deben concentrase y aglutinarse las figuras delictivas que son competencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter, a nombre del Senador Carlos Romero Deschamps y de un servidor, a la consideración de esta Honorable Asamblea, la iniciativa con proyecto de por el que se deroga el Capítulo XI de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, denominado “De los Delitos en Materia del Tratamiento Indebido de Datos Personales", y se adiciona un Título Vigésimo Séptimo al Libro Segundo del Código Penal Federal, denominado “Delitos contra la identidad de las personas".

Esta es una contribución, sin duda alguna, que consideramos importante para poder entender, poder prevenir y poder sancionar oportunamente todas las conductas que conllevan el daño que precisamente se realiza, no solamente al patrimonio de las personas, sino el uso indebido de la identidad de las personas y la manipulación de datos que deben mantenerse bajo la salvaguarda de las autoridades, como es el caso más reciente de este descubrimiento que se acaba de realizar en torno a el listado nominal, que está en la salvaguarda del Registro Federal de Electores y donde finalmente pone en gran peligro la tranquilidad y la seguridad de muchos millones de mexicanos.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Zamora Jiménez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Solicito a la Secretaría dé lectura a las iniciativas inscritas y los turnos que les corresponden.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Doy lectura a las iniciativas:

Del Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, inciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Código Civil Federal, del Código Penal Federal y de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Presentada por el Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI)

El que suscribe, Senador ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto al Pleno del Senado de la República la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN PÁRRAFO TERCERO, AL ARTÍCULO 25, LA FRACCIÓN II BIS DEL ARTÍCULO 28  DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 315 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL; Y EL ARTÍCULO 335 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, en materia de otorgamiento de alimentos a adultos mayores.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) indican un cambio paulatino, pero irreversible en el envejecimiento poblacional. De 1970 a 2010 la población adulta mayor pasó de 1.8 a 7.0 millones, lo que implicó un aumento de más de 1.7 millones de personas en este segmento de la población por cada década. [*]

La esperanza de vida es el principal factor que incide en el aumento de las tasas de envejecimiento. Hoy en día, la esperanza de vida después de los 65 años es de 18.3 años para mujeres y 16.8 para hombres; se estima que para el 2050 la esperanza de vida después de los 65 años sea de 19.6 años para mujeres y 17.8 para hombres.

El cambio demográfico que se está presentado en nuestro país representa un reto para la sociedad en su conjunto; el envejecimiento de la población requiere un esfuerzo adicional de las  instituciones del Estado para responder adecuadamente a las necesidades de la población adulta mayor en México.

Los servicios de salud y atención especial, seguridad social, movilidad, empleo, vivienda adecuada, ingresos y protección jurídica, son algunos de los elementos que se deben tomar en cuenta para la formulación de políticas eficaces para enfrentar los múltiples retos que se avecinan.

En la presente década, se espera que la población mayor de 65 años alcance en 2020 10.1 millones de personas; en 2030 se prevé que la población adulta mayor oscile en 15.7 millones; en 2040 la aceleración del envejecimiento poblacional llegará a 22.5 millones de personas y en el 2050 tendremos en el país 28.5 millones de personas con edad superior a los 65 años. [*]

Para entender con mayor precisión éste cambio demográfico se emplea el índice de envejecimiento, el cual se define como como el número de personas envejecidas mayores de 65 años por cada 100 menores de 15 años. Esta cifra relaciona los dos extremos de las edades, dando cuenta del balance entre generaciones.

De esta manera el índice de envejecimiento nos muestra que en la actualidad existen 21.4 adultos mayores de 65 años por cada 100 jóvenes; en 2020 se estima una proporción de 35.2 adultos mayores por cada 100 jóvenes; en 2030 habrá una intersección entre la población jóvenes y adultos, puesto que habrá 50.7 personas envejecidas por cada 100 jóvenes; finalmente, en 2050 tendremos una población envejecida con 129.4 adultos mayores por cada 100 jóvenes. [*]

Es impórtate precisar que el índice de envejecimiento será mayor si se toma en cuenta la población adulta mayor de 60 años, toda vez que, de acuerdo a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, las personas que cuenten con 60 años o más de edad y tengan su domicilio en territorio nacional es considerada persona adulta mayor, y por ende tendrá garantizados los derechos y beneficios que el Estado otorga. [*]

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), corroboran que la población mayor de 60 años suman 11.7 millones de personas, lo que representa 9.7% de la población. Del total de adultos mayores estimado para el año en comentó, el 31.5% están en la etapa de prevejez que va de 60 a 64 años; el 41% se encuentran en vejez funcional de 65 a 74 años; 12.3% está en vejez plena de 75 a 79 años y 15.1 se encuentra en vejez avanzada ya que supera los 80 años de edad. [*]

En este tenor conviene destacar que la población adulta mayor, producto de los estilos de vida diferenciados y dependiendo del ámbito socioeconómico en el que se desarrollen, tienen diferentes necesidades y carencias que no han sido atendidas de manera satisfactoria, por lo que a éste grupo poblacional podemos categorizarlo como grupo vulnerable.

Conforme avanza la edad, después los 60 años, se hace evidente la perdida de capacidades motrices y cognoscitivas, y por ende crecen las necesidades y cuidados hacia este grupo poblacional, sin embrago su situación dista mucho de ser la plasmada en los diferentes ordenamientos jurídicos que protegen sus derechos y promueven una vejez con dignidad y bienestar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que más del 20% de la población mayor de 60 años sufre de algún trastorno mental o neuronal. En México, para 2012, del total de egresos hospitalarios por trastornos mentales y del comportamiento en los adultos mayores, 13.5% es por demencia no especificada, 13.2% por trastornos mentales y del comportamiento debido al uso del alcohol y 12.3% por trastornos depresivos. [*]

De estas enfermedades mentales, la depresión que sufren los adultos mayores tiene una señal de alerta, puesto que no se diagnostica adecuadamente o se considera erróneamente como consecuencia natural del proceso, por ende sólo el 15% de quienes la padecen reciben tratamiento adecuado.

La secretaria de salud define a la depresión como una alteración del estado de ánimo en la que predominan síntomas de tristeza patológica, decaimiento o irritabilidad, entre otros. Es de destacar que la depresión de los adultos mayores se presenta con mayor intensidad en los inicios de la vejez y en menor medida en la vejez plena, así 43 de cada 100 adultos mayores de 65 a 74 años la padecen y sólo 11 de cada 100 la presentan después de los 74 años. [*]

En materia de empleo, los adultos mayores se encuentran en franca vulneración laboral. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el 50% de los adultos mayores se emplea por su cuenta o trabaja de manera informal, el 35% que se encuentra empelado sólo gana un salario mínimo, el 16% trabaja sin recibir remuneración alguna, y el 49% no recibe prestaciones por parte de su empleador. [*]

La seguridad social es otra carencia de la población adulta mayor. La Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) levantada en 2013, sólo una cuarta parte de los adultos mayores se encuentran pensionados (26.1%). Por lo tanto, el 74% de la población adulta mayor no cuenta con pensión ni jubilación para hacer frente a la última etapa de su vida. [*]

La violencia es otra de las aristas que se hace presente en el núcleo poblacional mayor de 60 años. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (ENDIREH 2011) el 45% de los adultos declaró haber sufrido algún tipo de violencia en su hogar o proveniente de sus familiares.

Los adultos mayores, sufren de discapacidad producto de deterioro físico y enfermedades crónicas degenerativas, mismas que limitan el desarrollo de sus actividades diarias. En México del total de personas con algún tipo de discapacidad, el 51.4% son adultos mayores.

De los cuales 71% tiene dificultad para caminar, moverse, subir o bajar; el 32.1% tiene dificultades para ver; el 21.8% necesita aparato auditivo; el 4.4% tiene problemas de atención o aprender cosas sencillas, y el 2.1% incapacidades relacionadas con enfermedades mentales.

En cuanto a las condiciones de las viviendas que habitan los adultos mayores, en muchos casos no guardan los requerimientos de higiene, comodidad, seguridad y equipamiento. El 17.7% de los adultos mayores vive en hacinamiento, 3.4% habitan en viviendas que carecen de piso, el 2% habita en casa de desecho o de cartón y el 1.4% lo hace en chozas de barro, bambú o lamina. Por lo que hace a las carencias de servicios, el 20.7% de los adultos mayores cocina con leña o carbón en su hogar, el 9% residen en viviendas sin drenaje y el 8.5% carece de servicio de agua potable entubada. [*]

Como se puede observar, a través de los indicadores socio demográficos antes descritos,  la población adulta mayor guarda una aposición social desfavorable, la cual se traduce en limitaciones y carencias de diversos tipos para este sector poblacional, cuya situación es incompatible con los derechos tutelados en el artículo 5º de la Ley De Los Derechos de Las Personas Adultas Mayores.[*]

Planteamiento del problema

El Estado y la familia son los actores fundamentas para garantizar que se cumplan en el amplio contexto social los derechos de las personas adultas mayores, y así puedan disfrutar de una vida digna, con equidad, autorrealización, participación e inclusión en la vida pública.
La familia tiene una obligación social mandatada por ley; deberá velar en todo momento por el bienestar e inclusión de los adultos mayores en la sociedad, así como proporcionarle los satisfactores básicos para un desarrollo pleno.

La función social de la familia queda debidamente explicitada en el artículo 9 de la Ley De Los Derechos de Las Personas Adultas Mayores:

“Artículo 9o. La familia de la persona adulta mayor deberá cumplir su función social; por tanto, de manera constante y permanente deberá velar por cada una de las personas adultas mayores que formen parte de ella, siendo responsable de proporcionar los satisfactores necesarios para su atención y desarrollo integral y tendrá las siguientes obligaciones para con ellos:

I. Otorgar alimentos de conformidad con lo establecido en el Código Civil;

II. Fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la persona adulta mayor participe activamente, y promover al mismo tiempo los valores que incidan en sus necesidades afectivas, de protección y de apoyo, y

III. Evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos”. [*]

Se entiende que la familia, personas adultas vinculadas por parentesco, deben otorgar alimentos bajo las disposiciones del código civil. La ley no especifica cual, se entiende dependiendo del ámbito de aplicación éste puede ser Federal o del ámbito de las entidades federativas.

Los familiares están obligados a convivir con sus adultos mayores propiciando protección, apoyo y relaciones afectivas. Deben ser integrados plenamente a las actividades propias del hogar familiar y deben ser partícipes de las mismas.

La familia se convierte en órgano vigilante para cuidar que sus integrantes no cometan actos de discriminación, abuso, explotación,  violencia o actos jurídicos que pongan en peligro sus personas, bienes y derechos.

A grandes rasgos podemos decir que los familiares de los adultos mayores están obligados jurídica y socialmente a otorgar alimentos, a incluirlos plenamente en sus actividades con afecto y protección, y vigilar que no se comentan actos que violenten sus derechos y pongan en riesgo su vida y patrimonio.

Sin embrago, tenemos que reconocer que la vulneración social de los adultos mayores lamentablemente comienza desde el hogar y las relaciones familiares. Por lo tanto, la función social de la familia hacia los adultos mayores aún tiene una larga brecha que cerrar.

Situación de los adultos mayores en sus hogares y su entorno familiar

Los adultos mayores pasan situaciones adversas en el hogar o en su seno familiar, la falta de ingresos económicos suficientes para el bienestar de sus integrantes es el primer problema a enfrentar. De los 6.4 millones de hogares identificados en el último censo poblacional habitaba un adulto mayor, al menos, en cada uno de ellos.  Del total de hogares, en 4.5 millones habitan adultos mayores sin jubilación y los restantes 1.9 millones de hogares cuentan con integrantes que reciben pensión o jubilación.

Los hogares con adultos mayores  que no reciben pensión o jubilación tienen un ingreso corriente de 2,506. 68 pesos, mientras que los hogares con adultos mayores pensionados tienen un ingreso corriente de 4,475 pesos, promedio precipita. Con estos ingresos, el 81%  de los hogares con adultos mayores sin jubilación tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar, que incluye canasta básica de alimentos, bienes y servicios básicos. En cuanto a los hogares con adultos mayores pensionados o jubilados, el 36% vive en condiciones inferiores a la línea de bienestar. [*]  Por ende, se puede concluir que en la mayoría de hogar, donde habita por lo menos un adulto mayor, se vive bajo la línea de bienestar.

Adentrarnos en las condiciones de vida específicas de los adultos mayores, sus problemas, su perspectiva de vida, sus temores, sus deseos, no sólo requiere de indicadores demográficos y económicos. Se requiere de un ejercicio social más amplio, de acercamiento personal, para evaluar y medir los rezagos de este subsector poblacional.

La Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México. “Resultados sobre personas adultas mayores” (ENADIS 2010), es la muestra de un ejercicio que busca conocer y comprender las dimensiones de la discriminación hacia los grupos más desprotegidos, en este caso las personas adultas mayores.

La discriminación no es un acto aislado, discriminar a un adulto mayor por su estado físico, de salud, edad, condición social, económica, religiosa, apariencia o cualquier otra condición, trasciende a la persona misma para convertirse en un problema colectivo, donde se carece de reconocimiento, igualdad y respeto hacia un grupo particular imposibilitando su desarrollo pleno.

La ENADIS 2010 destaca que la discriminación hacia la población adulta mayor se ha presentado de manera histórica, constante y sistemática, esta discriminación niega derechos, inhibe el acceso a oportunidades de bienestar e incrementa de manera preocupante la brecha de desigualdad social de este sector poblacional.

Uno de los primeros rasgos de desigualdad se percibe en el porcentaje de adultos mayores que trabaja para mantener a su familia y para cubrir sus gastos, puesto que el 57% es el sostén de la economía familiar; así 4 de cada 10 hombres trabajan para sostener a su familia y 1 de cada 10 mujeres también lo hicieron. [*]

Lo anterior no significa que las mujeres adultas mayores no contribuyan al sostén de la familia, sino que el 49% de ellas manifestó no tener un empleo remunerado pero se dedican de tiempo completo al trabajo del hogar. Se entiende que las mujeres siguen presentando los mayores niveles de desigualdad, ya que además de trabajar, no reciben ningún salario por el mismo.

La dependencia económica de los adultos mayores es una constante, 6 de cada 10 manifiesta recibir ayuda de otro familiar para poder subsistir. Sólo 2 de cada 10 señalan recibir pensión y 1 de cada 10 recibe rentas o ingreso de negocio. Así mismo, tenemos adultos mayores que viven de pedir limosna, cantar en transporte público, pago en especie y comercio informal.

La percepción sobre el respeto de los derechos de los  adultos mayores es ambivalente, puesto que  mayoritariamente se sostiene que es importante que se respeten, pero a la vez más del 50% señala conocer que estos no se respetan.  En México, las personas adultas mayores son consideradas el cuarto grupo poblacional vulnerable por discriminación. El 30% de la población general considera que no se respetan en nada sus derechos y otro 30% opinó que sus derechos se respetan poco. La edad, en sí misma es un causa de discriminación en nuestro país, el 25% de la población señala haber sentido que sus derechos le son negados a consecuencia de su edad o vejez.

La población adulta mayor en 80% considera que deben tomarse en cuenta sus opiniones en las decisiones  familiares, sin embrago el 30% manifiesta sentir que sus derechos no se respetan. Tenemos que señalar que el 12 % expresó que no es necesario que se les tome en cuenta.

Los principales problemas que enfrentan los adultos mayores, de acuerdo a su realidad y su percepción son: falta de trabajo, deficiente atención de salud y discapacidad, discriminación, intolerancia, desatención gubernamental, falta de apoyo familiar e inseguridad. Sobre estos tópicos el 90% señaló que es muy difícil conseguir trabajo, el 66% opina que es muy difícil recibir apoyos del gobierno, más del 60% describe su estado de salud de regular a malo, el 50% refiere sólo recibe atención medica en parte, no recibe la necesario o no tiene atención médica, y en caso de enfermedad el 20% es atendida por alguien diferente a su esposo, hijos o hijas, destacando que el 6.5% no es ayudada por nadie.

Cuando enfrentan una enfermedad señalan ser causa de problemas en la economía familiar, en las relaciones familiares y en la distribución de tareas.

Las actividades de recreación y esparcimiento no forman parte de la vida diaria de los adultos mayores. El 38.8% no pasa tiempo con sus amigos; el 67.6% no se reúne con sus compañeros de trabajo; el 31.6% no acude con otros a la iglesia; el 37% no se reúne convecinos; el 20 no visita, ni es visitado por parientes; y el 71.6% no realiza actividades deportivas con otros en alguna organización.

De análisis precedente podemos inferir que la función social de la familia para proteger al adulto mayor no se ha cumplido, puesto que no se les otorgan los alimentos necesarios, se le excluye de la vida familiar y social y no se les protege contra acciones que menoscaben su salud física, bienes y derechos. 

Apoyo asistencialista gubernamental

“En los países desarrollados, el ingreso por concepto de pensión o jubilación es la principal fuente de ingreso durante la vejez. De hecho, entre los factores que influyen en la decisión de los individuos de retirarse del mercado laboral se encuentra el tener acceso a la seguridad social y contar con un seguro de salud una vez que se deja de trabajar”. [*]

En México, al igual que gran parte de Latinoamérica las personas adultas mayores participan de manera más activa en la economía, al contrario de los que sucede en países desarrollados. En México la tasa de participación es de 58.3%, en Chile es de 53.3% y Colombia con el 61.5%, estas cifras son superiores a las que se presentan en países como Francia, España o estados unidos, con porcentajes de 4.4%, 5.5% y 31.5%, respectivamente. [*]

Las altas tasas de participación de la población adulta mayor en la economía obedecen al carente sistema de pensiones actual, al ingreso insuficiente que reciben los que cuentan con esta prestación y en menor medida a la edad requerida para gozar del estatus de jubilación.  Ante esta situación, los gobiernos se ven en la necesidad de impulsar políticas públicas asistencialistas que ayuden a contener la compleja problemática social que vive éste sector poblacional.

Como bien hemos señalado líneas arriba, la carencia o insuficiencia de recursos económicos para dotarse de los bienes básicos, en México se han creado programas de apoyos económicos para personas adultas mayores a partir de los 65 años. Estos programas se hacen efectivos a través de transferencias económicas mensuales de manera individual para los beneficiarios.

El gobierno federal ha hecho un gran esfuerzo para asistir con recursos económicos a millones de personas que carecen de un haber de retiro o algún tipo pensión. Actualmente se instrumenta el Programa Pensión para Adultos Mayores de 65 años en adelante, otorgando apoyos económicos para todos los mexicanos por nacimiento, con una residencia mínima de 25 años en el país, y que no reciban pensión mayor a 1,092 pesos.

La principal modalidad de apoyo económico directo son entregas bimestrales de 580 pesos por mes, es decir 1,160 peso bimestrales por adulto mayor registrado en el padrón activo de beneficiarios. Al cierre de 2015 se tienen registrados 5.5 millones de adultos mayores, y en periodo de 2014-2015 fueron incorporados  479 mil personas más al padrón de beneficiarios.

Como se puede apreciar, los programas de apoyos económicos para adultos mayores son sólo un alivio temporal, pues dichas trasferencias monetarias son inferiores al valor mensual de la línea de bienestar por persona, cuya canasta urbana asciende a 2, 717 pesos y la canasta rural a 1,757 pesos. Por ello, resulta necesario el involucramiento de los familiares por parentesco para que cumplan con su función social. [*]

Macro jurídico actual

Ya hemos apuntado que el artículo 9 de la Ley de Los Derechos de las Personas Adultas Mayores obliga a la familia a cumplir con una función social, la cual queda contenida en tres deberes: otorgar los alimentos conforme al código civil, incluir a los adultos mayores a la vida familiar, brindándoles protección y afecto, y convertirse en órganos vigilantes de su bienestar físico,  del ejercicio pleno de sus derechos y la salvaguarda de su patrimonio.

En cuanto al otorgamiento de alimentos, en Código Civil Federal estipula lo siguiente:

“Artículo 301.- La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez derecho de pedirlos. Artículo 304.- Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres.

A falta o por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado.

Artículo 305.- A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos de padre y madre; en defecto de éstos, en los que fueren de madre solamente, y en defecto de ellos, en los que fueren sólo de padre.

Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto grado”. [*]

El otorgamiento de alimentos se sustenta en una regla de reciprocidad; la persona que da alimentos, tiene derecho de pedirlos. Nótese que la disposición civil señala pedir alimentos no recibirlos.

De conformidad con el artículo 304 del Código Civil, los hijos están obligados a dar alimentos a los padres, a falta o imposibilidad de  estos, lo estarán los descendientes más próximos en grado. Cuando hay falta o imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos de padre y/o madre, y si hubiere imposibilidad de todos los anteriores, la obligación de dar alimentos recaerá en los parientes colaterales de cuarto grado,  señala el artículo 305.

Ahora bien, el artículo 308 del citado ordenamiento civil, señala lo que debe entenderse por alimentos; estos comprenden comida, vestido, habitación, y asistencia en casos de enfermedad. Por tanto, el otorgamiento de alimentos no es literal, las familias están obligadas a brindar una serie de servicios básicos para con los adultos mayores.

Los deudores alimentarios cumplen con su obligación si incorporan al adulto mayor a la vida familiar, pero invariablemente ya sea por convenio o sentencia determinará los alimentos que deben ser proporcionados dependiendo de las posibilidades de quien debe darlos y las necesidades de quien debe recibirlos.

Asimismo, destaca que el Instituto Nacional de la Personas Adultas Mayores (INAPAM), institución creada para promover y proteger los derechos y la inclusión social de los adultos mayores, no tenga la potestad jurídica para pedir aseguramiento de alimentos, cuando ésta debe ser una de sus principales funciones,  como se puede constatar en el artículo 315.

Sobre el tema de sanciones para aquellas personas que abandonen a un adulto mayor o incumplan con su obligación de proporcionarles alimentos, no figuran de manera clara en el Código Penal Federal, lo cual no quiere decir que bajo el marco penal actual quienes ejerzan violencia contra los  adultos encuentren en una posición favorable dentro de la ley.

Dentro del TITULO DECIMONOVENO, Capítulo VII, denominado “abandono de personas” se tipifica el artículo 335 el abandono de niños; en el artículo 336 el abandono e hijos y cónyuges y en al artículo 336 Bis se sanciona al que dolosamente se coloque en insolvencia económica para evadir el cumplimiento de obligaciones alimentarias.

“Artículo 335.- Al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, sí no resultare daño alguno, privándolo, además, de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido.

Artículo 336.- Al que sin motivo justificado abandone a sus hijos o a su cónyuge, sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia, se le aplicarán de un mes a cinco años de prisión, o de 180 a 360 días multa; privación de los derechos de familia, y pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente por el acusado.

Artículo 336 Bis.- Al que dolosamente se coloque en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá pena de prisión de seis meses a tres años. El juez resolverá la aplicación del producto de trabajo que realice el agente a la satisfacción de las obligaciones alimentarias de éste”. [*]

De esta manera, los adultos mayores encontrarían protección bajo el artículo 336 Bis, siempre y cuando el obligado alimentario, mienta sobre su situación económica para incumplir con la obligación de otorgarle alimentos.

Por otro lado, del mismo Título, el Capitulo Octavo, denominado “Violencia Familiar” se tipifican las diversas conductas y actos constitutivos de violencia familiar:

“Artículo 343 Bis. Comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, a alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar.

A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado.

Artículo 343 Ter. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con seis meses a cuatro años de prisión al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona”. [*]

Es importante destacar que, bajo estas disposiciones, los integrantes de una familia que violenten de manera económica, física, patrimonial y psicológica  a los adultos mayores pueden ser sujetos de penas que van seis meses a cuatro años de prisión. Asimismo, se equipara el delito de violencia familiar para  cualquier persona que teniendo la obligación de proteger o cuidar a un adulto mayor no lo haga.

Sobre la obligación de la familia para otorgar alimentos existe la jurisprudencia resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la contradicción de tesis 19/2008-PS [*]  , “ALIMENTOS PARA ASCENDIENTES. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE TENER EN CUENTA PARA DETERMINAR SI PROCEDE SU PAGO CUANDO LOS RECLAMAN DE SUS DESCENDIENTES”, señala que los ascendientes que demandan alimentos de sus descendientes, no tienen en su favor una presunción legal de necesitarlos, ni el juez deberá tomar esa presunción para resolver en dicho sentido, al contrario de lo que ocurre con los menores de edad, en cuyos casos el juez si está obligado a tomar la presunción de necesidad alimentaria del menor.

Tratándose de adultos mayores, “éstos deben acreditar en el juicio los elementos de su acción (el entroncamiento, su necesidad y la posibilidad del que debe darlos), sin perjuicio de que del material probatorio aportado se pueda desprender una presunción humana de la necesidad alimentaria”.

Bajo esta jurisprudencia, los jueces están obligados a aplicar las reglas generales de los juicios civiles, prestando atención a cada caso concreto para determinar si la necesidad existe o no existe y si de  las pruebas aportadas puede desprenderse la presunción humana de que los ascendientes necesiten los alimentos reclamados.

Finalmente, “el hecho de que no proceda partir de una presunción general de necesidad de alimentos en todos los casos de ascendientes actores, no impide al Juez operar con presunciones humanas derivadas directamente de los hechos y particularidades del caso que tiene ante sí”.

Como podemos observar, existe un marco jurídico que protege el ejercicio de los derechos de la personas adultas mayores, uno de esos derechos es el de recibir alimentos por parte de su familia, sin embrago es necesario avanzar en la procuración y el efectivo cumplimiento de tales disposiciones.

Objetivo de la iniciativa 

El maltrato hacia las personas adultas mayores se entiende como el daño físico, emocional, sexual o patrimonial ejercido por un familiar o quién es responsable del su cuidado y bienestar. Estas conductas pueden ser por acción u omisión, intencionales o no, pero de acuerdo a las condiciones socioeconómicas, diferentes encuestas e indicadores que muestran la situación real de éste grupo vulnerable, el maltrato que sufren es reiterado y sistemático.

Los adultos mayores necesitan mayores garantías jurídicas que operativicen en los hechos el pleno ejercicio de sus derechos y se cumpla con la obligación social de la familia en la otorgación de alimentos, inclusión en la vida familiar y cuidado personal y patrimonial.
En abono a la resolución de esta compleja problemática, que es multifactorial y que amerita un gran trabajo social, se propone adicionar un párrafo tercero, al artículo 25 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para que el instituto rector de la política nacional en materia de los adultos mayores actué en  representación jurídica, cuando éstos así lo soliciten, en la protección de sus derechos, en la presentación de denuncias y en la demanda de los satisfactores básicos que por obligación debe proporcionar la familia.

De igual manera se adiciona, la fracción II Bis del artículo 28 facultando al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores para brindar atención adecuada y oportuna a las familias sobre su obligación social hacia los adultos mayores, asimismo actuar como instancia de mediación y acuerdo entre el adulto mayor y la familia.

Por lo que hace al Código Civil Federal, se adiciona la fracción VI del artículo 315, mediante la cual se faculta Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores para ejercer acción en materia de aseguramiento de alimentos ante la autoridad competente.

Finalmente, en aras de armonizar las anteriores modificaciones, se adiciona artículo 335 bis del Código Penal Federal, para tipificar como conducta delictiva el abandono de personas adultas mayores, imponiendo sanciones de seis meses  a tres años de prisión y de 100 a 250 días de multa a quién o quienes abandonen a un adulto mayor en situación de enfermedad y/o sin posibilidad procurarse comida, vestido y habitación.

Con estas reformas se fortalece la labor del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores en beneficio de la población adulta mayor, toda vez que tendrán en dicho instituto una representación jurídica adecuada y oportuna; en materia civil se faculta al instituto para ejercer acción sobre aseguramiento de alimentos ante los juzgados correspondientes; y se protege la integridad física y económica creando el tipo penal para abandono de personas adultas mayores.

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, propongo ante el Pleno del Senado de la República, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adicionan un párrafo tercero, al artículo 25, la fracción II Bis del artículo 28  de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; la fracción VI del artículo 315 del Código Civil Federal; y el artículo 335 bis del Código Penal Federal.

PRIMERO. Se adicionan un párrafo tercero, al artículo 25 y la fracción II Bis al artículo 28  de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 25.-…

Actuará en representación jurídica de los adultos mayores, cuando éstos así lo soliciten, en la protección de sus derechos, en la presentación de denuncias y en la demanda de los satisfactores básicos que por obligación debe proporcionar la familia.

Artículo. 28.-…

I.- a II.-…

II. Bis. Fungir como instancia de mediación y acuerdo entre el adulto mayor y la familia en relación al otorgamiento de alimentos, brindando atención adecuada y oportuna para ambas partes.

III.-… a XXX.

SEGUNDO. Se adiciona la fracción VI del artículo 315 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 315.- Tienen acción para pedir el aseguramiento de los alimentos:

I.-… a V.-…

VI. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

TERCERO. Se adiciona el artículo 335 bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 335.-…

Artículo 335 Bis. A quien abandone un adulto mayor en estado de enfermedad y/o sin posibilidad de procurarse comida vestido y habitación, se le impondrá una pena de seis a tres años de prisión y  multa de 100 a 250 días.

Transitorios

Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, el 26 de abril de 2016.

Sen. Óscar Román Rosas González.

[*]  Ham Chande, Roberto. Diagnóstico socio-demográfico del envejecimiento en México, en: “La Situación Demográfica en México 2011”. Consejo Nacional de Población. 2011. P. 142.
[*]  Ídem.
[*]  Ibídem. P.143.
[*]  Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Cámara de Diputados. (2016) Disponible en:http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245.pdf.
[*]  INEGI. “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DE DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD”. 2014. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2014/adultos0.pdf
[*]  Ídem.
[*]  Ídem.
[*]  Ídem.
[*]  Ídem.
[*]  Ídem.
[*]  De manera enunciativa los derechos protegidos son: I. De la integridad, dignidad y preferencia;II. De la certeza jurídica; III. De la salud, la alimentación y la familia;IV. De la educación;V. Del trabajo;VII. De la participación;VIII. De la denuncia popular yIX. Del acceso a los Servicios.
[*]  Ley de los Derechos de las Personas Adultas MayoresOp.Cit.
[*]  SEDESOL. Diagnóstico del Programa Pensión para Adultos Mayores. 2013. P.27. Disponible en:http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/dgap/diagnostico/Diagnostico_PAM_2013.pdf
[*]  Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México. “Resultados sobre personas adultas mayores” (ENADIS 2010). INAPAM-CONAPRED. Disponible en:
[*]  SEDESOL. Op. Cit. P.17.
[*]  Ídem.
[*]  CONEVAL. EVOLUCIÓN DE LAS ​LÍNEAS DE BIENESTAR Y DE LA CANASTA ALIMENTARIA. Actualizado a febrero de 2016. Disponible en:  http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx
[*]  Código Civil Federal. Consultado Abril de 2016. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_241213.pdf
[*]    Código Penal Federal. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_120116.pdf
[*]  Ídem.
[*]  Suprema Corte de Justicia de la Nación. CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2008-PS. “ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO”. Número de registro: 21674 Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Tomo XXX, Agosto de 2009 Página: 10. Disponible en:http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Ejecutorias/21674.pdf





 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Soberanía:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PÁRRAFO SEGUNDO, con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35, fracciones I y II, consagra el derecho de los ciudadanos a votar y ser votado.

El ejercicio de este derecho solo puede ser pensado en un estado democrático, o en proceso de la edificación de su democracia. Sin lugar a dudas, la democracia se debe construir con el esfuerzo de todos los integrantes de la sociedad, y junto con ello los elementos fundamentales que constituyen el voto, así como los instrumentos normativos que permitirán garantizar el pleno ejercicio de este derecho.

Así pues, la ciudadanía requiere de garantías en sus procesos electorales a partir de las instituciones responsables de organizar y vigilar que los procesos se desarrollen respetando el estado de derecho; uno de los instrumentos normativos establecidos para hacer respetarlos es el establecimiento de delitos que conllevan sanciones de privación de la libertad, para aquellos que los cometan.

En nuestro país, en el transcurso de su historia los delitos electorales han estado tipificados en diversos ordenamientos jurídicos especiales, ya que son conductas antisociales que afectan de manera directa y profunda a la sociedad al momento de hacer valer su derecho constitucional de votar y ser votado.

Cabe recordar que un delito, de acuerdo con el artículo 7 del Código Penal Federal, es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Ahora bien, un delito electoral, de acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República, es aquella acción u omisión que lesiona o pone en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atenta contra los principios del voto, que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible1.

De acuerdo con esta definición, cualquier persona puede cometer un delito electoral como: funcionarios electorales, funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizadores de campañas, ministros de culto religioso, y ciudadanos en general.

Durante las últimas dos décadas, el Poder Legislativo Mexicano han puesto mayor interés en la creación del marco jurídico específico que permita garantizar con mayores elementos el derecho de todos los mexicanos a votar y ser votado.

Principales Antecedentes legislativos en materia electoral

En agosto de 1990, el Código Penal Federal se adicionó con un Título Vigesimocuarto, Capítulo Único, que comprendía los artículos del 401 al 410, al cual se denominó “Delitos Electorales y en Materia del Registro Nacional de Ciudadanos”2, incorporándose a la legislación penal federal, por vez primera, un paquete de tipos penales electorales con la finalidad de garantizar el ejercicio del derecho a votar y ser votado.

A partir de entonces, la legislación penal federal se ha ido reformando en el sentido de incrementar algunas sanciones e incluir nuevas conductas delictivas dotadas de sanción penal.

Sin duda alguna la adición del Título Vigesimocuarto constituye un gran esfuerzo y un avance significativo que garantiza y mejora las condiciones de la contienda electoral, sin embargo cabe señalar que solo se ha reformado significativamente en dos momentos, el primero mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 1994, en el cual se incrementaron algunas sanciones e incluyeron elementos normativos punibles vinculados a la violación del secreto del voto, compra de votos, entre otros y, el segundo momento, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996, en el que se adicionaron nuevas conductas delictivas, además de contemplarse la figura del servidor público, y de separarse la regulación de los funcionarios partidistas y de los candidatos.

El Código Penal de referencia, vigente, prevé el mismo título y capítulo, destinado a regular los delitos electorales, del artículo 401 al 413.

La regulación penal en la materia representa por sí misma, avances importantes, pero no han sido suficientes para un mejor proceso electoral. En ese sentido, otra reforma trascendente fue: la reforma al artículo 73, fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el DOF del 10 de febrero de 2014, a través de la cual se otorgan facultades expresas al Congreso de la Unión para expedir leyes generales en materia electoral que establezcan cuando menos tipos penales y sus sanciones; así como la expedición de la Ley General en Materia de Delitos Electorales publicada mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014,con el objetivo de establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de  gobierno.

Al revisar los dos ordenamientos jurídicos de referencia, vigentes, sobresale que, La Ley General en Materia de Delitos Electorales, retoma las conductas y sanciones previstas por el Código Penal Federal en materia electoral, y agrega nuevas conductas y penas, encaminadas a ampliar el espectro de protección del derecho al ejercicio del voto. Asimismo, se observa que contempla sanciones similares para los ciudadanos, funcionarios partidistas o candidatos, funcionarios electorales y servidores públicos, así como también las conductas delictivas que pueden ser realizadas por cualquier persona en los procesos electorales, las cuales siguen afectando de manera directa los valores fundamentales de la sociedad e impiden el libre ejercicio de sus derechos.

En el contexto jurídico vigente, y en el contexto social actual, las contiendas electorales recientes han evidenciado la necesidad de realizar mejoras al marco jurídico penal en materia electoral; tanto constitucional como legal, toda vez que se presentaron nuevamente diversas conductas delictivas que siguen impidiendo el libre ejercicio de los derechos electorales de los ciudadanos, y que a pesar de estar previstas y sancionadas por la ley electoral, vuelven a quedar impunes debido a la falta de penas ejemplares que impidan a quienes cometen el delito, evadir la aplicación de las sanciones, valiéndose de las lagunas legales y deficiencias de la ley.

Datos estadísticos de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE)3, de la Procuraduría General de la República, revelan que durante las contiendas electorales realizadas entre 2014 y 2015 las conductas que más se denunciaron en las averiguaciones previas fueron: Alteración del Registro Federal de Electores, Compra de votos e intimidación mediante uso de violencia,   destrucción, alteración o suministro ilegal de materiales o documentos públicos electorales, condicionamiento de servicios públicos y programas  gubernamentales.

Todas estas constituyen conductas totalmente reprochables que no deberían de presentarse en la sociedad actual, máxime a sabiendas de que se cuenta con un sistema jurídico electoral que las prevé y sanciona penalmente.

La información es preocupante, pero se vuelve alarmante al conocerse que las conductas delictivas van en aumento; la consecuencia, un proceso electoral quebrantado.

La FEPADE registró durante el 2014-2015 un aumento del 700% en el número de averiguaciones previas iniciadas por obstaculización o intimidación, en comparación con el 2012.

Lo anterior evidencia de quienes cometen dichas conductas, el descaro de sus actos y el conocimiento de las deficiencias de la ley para evadirse de su aplicación; si los delitos electorales hubiesen estado tipificados como graves, impidiendo a los infractores de la ley la obtención de beneficios procesales, sin lugar a dudas la comisión de dichos delitos sería mucho menor.

En este ámbito, estoy convencido de la necesidad de agravar los delitos electorales como un mecanismo de eficacia en la disminución de su comisión. De esta manera aquellas personas que cometan cualquiera de los delitos electorales previstos y sancionados por la ley, como hasta ahora lo han hecho, no podrán gozar de su libertad durante la investigación del delito, ni tampoco podrán hacerse acreedores a diversos beneficios procesales previstos en la ley; en otras palabras no podrán evadir de manera mañosa la aplicación y sanción de la misma, y se harán acreedores de manera ejemplar, a una sanción tanto económica como de privación de su libertad.

Actualmente muchos de los que cometen alguno de los delitos electorales logran evadir la privación de su libertad, y en muchas ocasiones el pago de una multa onerosa, lo que lejos de inhibir la comisión del delito fomenta su realización en aquellas personas que dolosamente buscan alterar el estado de derecho y/u obtener un beneficio mediante los resultados de las elecciones.

Implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales

Con la implementación de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, así como del sistema Acusatorio Adversarial (reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2008 y con iniciación de vigencia paulatina en cada uno de los estados de la república mexicana, y en el ámbito federal a partir del 29 de abril de 2016), se genera una nueva expectativa de avance y progreso de convivencia social, y de protección y certeza jurídica en los procedimientos penales.

La importancia de esta reforma en el sistema penal electoral, es la aplicación de este nuevo código a nivel estatal y federal, es decir que toda persecución de delitos electorales se efectuara por este nuevo Código que se rige por principios fundamentales que buscan asegurar el acceso a la justicia a los ciudadanos, y lo más importante proteger los derechos de cada uno de ellos.

A diferencia del anterior Código Federal de Procedimientos Penales que establecía expresamente los delitos considerados como graves, el nuevo Código Nacional incorpora una visión mixta, es decir, prevé expresamente en su artículo 150, fracción I, que se califican como delitos graves los delitos señalados como de prisión preventiva oficiosa en este Código o en la legislación aplicable, y además le da el mismo calificativo de delitos graves a aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de prisión.

Artículo 150. Supuesto de caso urgente.

Sólo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona, siempre y cuando concurran los siguientes supuestos:

I. Existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión. Se califican como graves, para los efectos de la detención por caso urgente, los delitos señalados como de prisión preventiva oficiosa en este Código o en la legislación aplicable así como aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de prisión;

II y III. …

Los delitos previstos en la fracción I de este artículo, se considerarán graves, aún tratándose de tentativa punible.

Nos encontramos en una sociedad de constantes cambios y transformaciones, y los datos estadísticos recientes nos muestran la poca eficacia de la ley en la aplicación de las sanciones en materia electoral, así como el incremento en la comisión de los delitos en esta misma materia. De ahí, la necesidad de reformar y perfeccionar nuestro sistema jurídico electoral para garantizar el derecho constitucional de votar y ser votado.

En este sentido, con la presente propuesta de reforma, que se presenta a través de dos iniciativas; una constitucional (la presente) y una legal, se pretende otorgar la categoría de delitos electorales graves, a aquellas conductas delictivas que de manera reiterada se han venido cometiendo, e incrementando, durante los últimos procesos electorales en el ámbito federal, principalmente.

Como ya se expuso, de esta manera aquellas personas que cometan cualquiera de los delitos electorales previstos y sancionados por la ley, no podrán gozar de su libertad durante la investigación del delito, ni tampoco podrán hacerse acreedores a diversos beneficios procesales previstos en la legislación penal que les permite, en muchos casos, evadir la privación de la libertad. En otras palabras no podrán evadir de manera mañosa la aplicación y sanción de la misma, y se harán acreedores de manera ejemplar, a una sanción tanto económica como de privación de su libertad.

Con estas modificaciones estoy seguro que estaremos fortaleciendo nuestro marco jurídico electoral y estaremos contribuyendo en el fortalecimiento de nuestro sistema democrático y el libre ejercicio del derecho constitucional  a votar y ser votado.

Recordemos que de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, los delitos electorales tienen como cometido tutelar el voto libre y secreto y evitar presiones, coacciones o conductas que alteren la voluntad popular. Al mismo tiempo tienen como cometido que la voluntad popular no se altere, por circunstancias que modifiquen el resultado electoral, como consecuencia de conteos irregulares, alteraciones a la documentación electoral o fraudes burdos.

Por todo lo anterior, refiriéndome de manera específica a los delitos electorales considerados como graves por el Código Nacional de Procedimientos Penales, encontramos los previstos en los artículos 11, 14, 15 y 20 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a saber:

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

I. Coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición;

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.

Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo;

III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado;

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores;

V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política,

VI. Se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la información que le sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con funciones de fiscalización.

Artículo 14. Se impondrá prisión de dos a nueve años, al precandidato, candidato, funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que aproveche fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción III del artículo 11 de esta Ley.

Artículo 15. Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando  exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley.

La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral.

Artículo 20. Se impondrá de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que durante el procedimiento de consulta popular:

I. Coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que voten o se abstengan de votar por una opción dentro de la consulta popular;

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a favor de una opción dentro de la consulta popular.

Al respecto cabe mencionar que la gravedad de dichos delitos fue considerada a partir de las penas que se contemplan, sin analizar algún otro factor.

En ese sentido, si bien es cierto que la pena prevista para los delitos, por sí misma se refiere a la gravedad del delito y a la reprochabilidad de la sociedad; hoy en día es necesario tomar otros factores como los datos estadísticos que reflejan cuales conductas delictivas se cometen reiteradamente e incluso se han incrementado, por lo que se hace necesario hacer modificaciones legislativas para sancionarlas eficazmente e inhibir su realización.

A partir de este razonamiento, con las reformas constitucional y legal que ahora se proponen, se plantea sumar al conjunto de delitos electorales actualmente considerados como graves, por esta regla aritmética de la pena, los previstos en los artículos7 fracciones de la III a la XXI, 8 fracciones de la II a la VI y de la VIII a la XI, 9, 11, y 13 fracción II, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, bajo la consideración de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, mismos que actualmente prevén lo siguiente:

Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

I. Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley;

II. Vote más de una vez en una misma elección;

III. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo;

IV. Obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales; introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien, introduzca boletas falsas; obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto.

La pena se aumentará hasta el doble cuando se ejerza violencia contra los funcionarios electorales;

V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos;

VI. Retenga durante la jornada electoral, sin causa justificada por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos;

VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma.

Si la conducta especificada en el párrafo anterior es cometida por un integrante de un organismo de seguridad pública, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en el presente artículo.

De igual forma, se sancionará a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición;

VIII. Solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto;

IX. Vote o pretenda votar con una credencial para votar de la que no sea titular;

X. Organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto;

XI. Se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda o suministre de manera ilegal, en cualquier tiempo, materiales o documentos públicos electorales.

Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado o con violencia, se aumentará la pena hasta en un tercio más. Si éste se realiza por una o varias personas armadas o que porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad más;

XII. Se apodere, destruya, altere, posea, adquiera, comercialice o suministre de manera ilegal, equipos o insumos necesarios para la elaboración de credenciales para votar.

Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado o con violencia, se aumentará hasta un tercio de la pena. Si éste se realiza por una o varias personas armadas o que porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad;

XIII. Obstaculice o interfiera el traslado y entrega de los paquetes y documentos públicos electorales;

XIV. Impida la instalación o clausura de una casilla. Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad, con independencia de las que correspondan por la comisión de otros delitos;

XV. Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos;

XVI. Realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado que atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso de los electores a la casilla.

Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad, con independencia de las que correspondan por la comisión de otros delitos;

XVII. Sin causa justificada por la ley, abra los paquetes electorales o retire los sellos o abra los lugares donde se resguarden;

XVIII. Por sí o interpósita persona, proporcione fondos provenientes del extranjero a un partido político, coalición, agrupación política o candidato para apoyar actos proselitistas dentro de una campaña electoral;

XIX. Expida o utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados;

XX. Usurpe el carácter de funcionario de casilla, o

XXI. Provea bienes y servicios a las campañas electorales sin formar parte del padrón de proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo.

Artículo 8. Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario electoral que:

I. Altere en cualquier forma, sustituya, destruya, comercialice o haga un uso ilícito de documentos relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores;

II. Se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral;

III. Obstruya el desarrollo normal de la votación sin mediar causa justificada;

IV. Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos o materiales electorales;

V. No entregue o impida la entrega oportuna de documentos o materiales electorales, sin mediar causa justificada;

VI. Induzca o ejerza presión, en ejercicio de sus funciones, sobre los electores para votar o abstenerse de votar por un partido político, coalición o candidato;

VII. Instale, abra o cierre una casilla fuera de los tiempos y formas previstos por la ley de la materia, la instale en lugar distinto al legalmente señalado, o impida su instalación;

VIII. Expulse u ordene, sin causa prevista por la ley, el retiro de la casilla electoral de representantes de un partido político o de candidato independiente u observadores electorales legalmente acreditados o impida el ejercicio de los derechos que la ley les concede;

IX. Permita que un ciudadano emita su voto a sabiendas de que no cumple con los requisitos de ley o que se introduzcan en las urnas ilícitamente una o más boletas electorales;

X. Divulgue, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados, o

XI. Realice funciones electorales que legalmente no le hayan sido encomendadas.

Artículo 9. Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario partidista o al candidato que:

I. Ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, el día de la elección o en alguno de los tres días anteriores a la misma;

II. Realice o distribuya propaganda electoral durante la jornada electoral;

III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales;

IV. Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la misma sin mediar causa justificada, o con ese fin ejerza violencia sobre los funcionarios electorales;

V. Divulgue, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados;

VI. Impida la instalación, apertura o clausura de una casilla, así como el escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales;

VII. Se abstenga de rendir cuentas o de realizar la comprobación o justificación de los gastos ordinarios o gastos de eventos proselitistas de campaña de algún partido político, coalición, agrupación política nacional o candidato, una vez que hubiese sido legalmente requerido;

VIII. Durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral, solicite votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación;

IX. Oculte, altere o niegue la información que le sea legalmente requerida por la autoridad electoral competente, o

X. Utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados.

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición;

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.

Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo;

III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado;

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores;

V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, o

VI. Se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la información que le sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con funciones de fiscalización.

Artículo 13. Se impondrá de sesenta a doscientos días multa y prisión de tres a siete años, a quien:

I. Por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores o participe en la expedición ilícita de una o más credenciales para votar con fotografía.

A quien por sí o a través de terceros solicite, promueva, traslade, subsidie, gestione, contrate servicios o bienes para que una o más personas proporcionen documentos o información falsa al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores, se les impondrá hasta una mitad más de la sanción que les corresponda conforme al primer párrafo de este artículo.

A quien por sí o a través de terceros, mediante amenaza o promesa de empleo, paga o dádiva, o promesa de entrega de cualquier tipo de recurso o bien, solicite o promueva que una o varias personas entreguen información falsa al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores, se les impondrá hasta una mitad más de la sanción que les corresponda conforme al primer párrafo de este artículo;

II. Altere, falsifique, destruya, posea, use, adquiera, comercialice, suministre o transmita de manera ilegal, archivos o datos de cualquier naturaleza, relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores.

En caso de que se trate de servidor público, funcionario partidista, precandidato o candidato el que intervenga en la comisión de las conductas prohibidas en el presente artículo, la punibilidad se incrementará hasta un tercio más.

Todo lo expuesto anteriormente, a partir de las consideraciones, los argumentos y datos estadísticos señalados, donde se muestra la reiterada comisión de determinadas conductas delictivas en materia electoral, y el crecimiento de las mismas durante los últimos comicios electorales, justifican la presente iniciativa de reforma constitucional.

Adiciones al Código Nacional de Procedimientos Penales.

En ese sentido la propuesta también contempla adicionar el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 167, para establecer como “delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa” y por lo tanto delitos graves, en términos de lo previsto por el artículo 150 fracción I, del mismo ordenamiento, los previstos en los artículos 7 fracciones de la III a la XXI, 8 fracciones de la II a la VI y de la VIII a la XI, 9, 11, y 13 fracción II, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, tal y como se expone a continuación:

Artículo 167. Causas de procedencia.

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código.

En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva.

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:

I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323;

II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis;

III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis;

IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126;

V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128;

VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;

VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero;

VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145;

IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis;

X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero.

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en los artículos 7 fracciones de la III a la XXI, 8 fracciones de la II a la VI y de la VIII a la XI, 9, 11, y 13 fracción II, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad.

Adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo.

Bajo los mismos criterios y consideraciones, para que exista certeza, congruencia y efectiva aplicación de las normas jurídicas en la materia, resulta primordial hacer las modificaciones a nuestro sistema jurídico, a partir de la Ley Suprema.

El artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé:

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Es decir, la constitución establece los casos en los cuales el juez oficiosamente ordenará la prisión preventiva, entre los cuales hace referencia explícita a los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

En ese sentido, con la presente iniciativa se propone establecer en la Constitución la obligación del juez de ordenar la prisión preventiva oficiosa, además de las hipótesis que actualmente contempla, los de naturaleza electoral.

A continuación presentamos un cuadro comparativo que muestra el texto vigente y el texto de la propuesta:

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(Texto vigente)

Propuesta de adición

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, y los de naturaleza electoral.

Con la presente iniciativa estaremos consolidando las facultades del Congreso de la Unión para legislar en las leyes secundarias, en tratándose de determinar los delitos considerados como graves en materia electoral.

Reforma y adición a la Ley General en Materia de Delitos Electorales

Finalmente, y con el mismo espíritu que motiva la presente iniciativa de reforma, paralelamente se presenta una iniciativa que propone reformar la Ley General en Materia de Delitos Electorales, artículos 3,donde se conceptualiza lo que se entenderá por servidor público, y 11,donde se tipifican como delitos electorales determinadas conductas cometidas por servidores públicos, Lo anterior, con la finalidad de considerar como servidores públicos para efectos de la tipificación de las conductas previstas en el artículo 11, aquéllas personas que, sin tener dicha calidad, actúen bajo las órdenes, supervisión o aquiescencia de los primeros.

Dicha propuesta atiende, principalmente, a que en los hechos los datos estadísticos de la propia FEPADE, revelan que existe un porcentaje importante de Averiguaciones Previas en las que se denuncia la intervención de servidores públicos que presuntamente participan o han participado en el condicionamiento de programas sociales a cambio del voto de los beneficiarios, sin embargo, en ocasiones, quien lleva a cabo el condicionamiento de dichos programas no tiene la calidad de servidor público, es decir, se trata de personas contratadas de manera temporal, o bien de líderes comunitarios que actúan bajo la aquiescencia de los servidores públicos para coaccionar, presionar o condicionar el voto en el contexto de un proceso electoral.

Lamentablemente muchas de estas conductas quedan sin ser sancionadas.

Para perfeccionar la ley y sancionar a quienes cometen dichas conductas tipificadas como delitos, la propuesta en comento sugiere una reforma que equipare como servidor público a las personas que actúen en coordinación con los servidores públicos para ejecutar estos delitos electorales.

A continuación presentamos un cuadro comparativo que muestra el texto vigente y el texto de la propuesta que se plantea:

Ley General en Materia de Delitos Electorales
(Texto vigente)

Propuesta de adición

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. … a IV. …

V. Servidor Público: La persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o local centralizada, organismos descentralizados federales o locales, empresas de participación estatal mayoritaria federales o locales, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos federales o locales, en las legislaturas federal o locales y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en los poderes judiciales federal o locales o Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, o que manejen recursos económicos federales o locales, así como en los organismos a los que la Constitución, las constituciones locales o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal otorguen autonomía.

También se entenderá como servidores públicos a los funcionarios o empleados de la administración pública municipal y delegacional;

 

 

 

VI a XIV

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. … a IV. …

V. Servidor Público: La persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o local centralizada, organismos descentralizados federales o locales, empresas de participación estatal mayoritaria federales o locales, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos federales o locales, en las legislaturas federal o locales y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en los poderes judiciales federal o locales o Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, o que manejen recursos económicos federales o locales, así como en los organismos a los que la Constitución, las constituciones locales o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal otorguen autonomía.

También se entenderá como servidores públicos a los funcionarios o empleados de la administración pública municipal y delegacional;
Asimismo, serán considerados servidores públicos las personas que careciendo de las calidades a que se refieren los párrafos anteriores, actúen de conformidad, en complicidad, con autorización, o bajo la aquiescencia de aquellos.

VI a XIV

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público o a la persona que actuando bajo las instrucciones o aquiescencia de estos:

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PÁRRAFO SEGUNDO:

Único. Se adiciona el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo, para quedar como sigue:

Artículo 19. …

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, y los de naturaleza electoral.

TRANSOTORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, el 26 de abril de 2016.

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.

1 FISCALIA EMPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES
http://www.fepade.gob.mx/delitos.

2 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN http://www.dof.gob.mx/

3 FISCALIA ESPECIAIZDA PARA LA ATENCIÓN DE DELITO ELECTORLES
http://www.fepade.gob.mx/documentos.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley sobre Aeronaves y Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia, que se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY SOBRE AERONAVES Y SISTEMAS DE AERONAVES PILOTEADAS A DISTANCIA

(Presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY SOBRE AERONAVES Y SISTEMAS DE AERONAVES PILOTADAS A DISTANCIA, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El desarrollo tecnológico ha motivado la innovación en el ámbito de aeronaves no tripuladas conocidos como UAS por sus acrónimos en inglés (Unmaned Aerial Vehicle); los cuales se basan en novedad tecnológicas aeroespaciales de última generación dando origen a las aeronaves o sistemas de aeronaves pilotadas a distancia conocidas como RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) o Drones.

Los RPAS están diseñadas a operar sin piloto a bordo; son capaces de sostenerse en vuelo de acuerdo a sus formas aerodinámicas pilotadas por medios de control a través de sistemas electrónicos. Un sistema RPAS lo conforman la aeronave (RPA), la estación de control en tierra, los medios y enlaces necesarios para el control de vuelo.

Este tipo de aeronaves han sido tema de preocupación y discusión desde 1944, cuando se firma el Convenio de Chicago -en el que México forma parte-. En esos años la preocupación se centraba en el ámbito militar. Sin embargo, la revolución tecnológica ha contribuido en los últimos años al progreso de la aviación civil permitiendo la reducción considerable del costo de adquisición de RPAS y por ende su uso y operación con los consiguientes riesgos a la seguridad aérea, seguridad a las personas y los bienes.

La implementación de RPAS se visualiza como una gran oportunidad para realizar y facilitar una amplia gama de funciones en diversas áreas de la vida cotidiana de los ciudadanos. Por ejemplo, han sido utilizados recientemente para operaciones de rescate, como en la reciente tragedia de Nepal o el accidente de German Wings en los Alpes franceses; en la investigación de incendios; control de derrames tóxicos; vigilancia de erupciones volcánicas; prospección pesquera, geodésica, fotografía y filmación desde la altura, y por todos es conocido el extraordinario interés en el ámbito logístico y de las empresas de ingeniería.

Cabe señalar que, la aviación civil tradicionalmente se ha basado en la noción de que un piloto dirige la aeronave generalmente con tripulación a bordo y pasajeros o en su caso con carga. Ahora bien, que una aeronave sea pilotada a control remoto plantea importantes retos tanto técnicos como operacionales y cuyo impacto se está evaluando en estos momentos por la Organización de Aviación Civil Internacional (AOCI).

El objetivo de la AOCI al tratar los RPAS es proporcionar el marco normativo internacional mediante lineamientos y recomendaciones (SARPS), con el apoyo de procedimientos para servicios de navegación aérea (PANS) y otros textos de orientación para que a nivel internacional los RPAS se operen de manera segura, armonizada y fluida comparable con las operaciones de aviación tradicional. Ahora bien, la AOCI estima presentar a los Estados miembros los primeros borradores de la normatividad en 2018.

Ante este nuevo escenario varios países han emitido normatividad de carácter transitorio en materia de RPAS para hacer frente a este tipo de retos, tales como: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Croacia, República Checa, Chile, Chipre, Dinamarca, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Emiratos Árabes, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Irlanda, Israel, Islandia, Italia, Japón, Kenia, Latvia, Lituania, Luxemburgo, Macao, Malasia, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Oman, Países Bajos, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, Rumania, Suecia, Suiza, Tailandia, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia y Zimbabue.

Cabe resaltar los casos del Reino Unido y España. El Reino Unido en su Ley de Aviación Civil (Air Navegation Order 2009) contempla los RPAS en los artículos 166, 167 y 242, además de emitir lineamientos específicos -desde mayo de 2002 (CAP 722-Unmanned Aircraft System Operations in UK Airspace-Guidance)- que han sido reformados de manera constante, su última modificación fue en marzo de 2015. Por su parte, España mediante la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, el legislador estatal, en el ejercicio de su competencia exclusiva, aprovechó para regular el uso de aeronaves civiles pilotadas por control remoto (RPAS).

Ante este nuevo escenario la Dirección General de Aeronáutica Civil emitió la Circular Obligatoria CO AV-23/10 R2 que establece los requerimientos para operar un Sistema de Aeronave Pilotada a Distancia (RPAS) el 8 de abril de 2015, al no existir normas mexicanas que regularán el aprovechamiento, uso y operación de los RPAS muy similar a lo que realizó Australia con su Circular de Asesoramiento CASR-101-3 en 2002. Sin embargo, Australia tiene un número relativamente pequeño de aeropuertos y no sufre de un congestionado espacio aéreo (lo que es mucho más simple de evaluar que México), y sin dudas representa el primer esfuerzo por regular los RPAS.

No obstante, consideramos que este esfuerzo por parte de la Autoridad Aeronáutica es un parte aguas en nuestro país para fomentar la explotación y aprovechamiento de los RPAS; por ello se debe considerar establecer un régimen específico aplicable a estas aeronaves y sistemas de aeronaves y por ende las actividades aéreas desarrolladas por ellas y que podrá ser complementada cuando OACI emita la normativa estandarizada.

El objetivo de la presente iniciativa de Ley es establecer, por un lado, los requerimientos para operar RPAS de hasta 150 kilogramos de peso máximo de despegue; y por el otro, fomenta su aprovechamiento, uso y operación en el territorio mexicano. La innovación tecnológica de RPAS se debe comprender en dos enfoques:

1. En el sector privado, donde se usa cada vez más este tipo de tecnología, ya sea por cuestiones científicas o bien por cuestiones de trabajo aéreo como suplemento a su actividad de trabajo, y

2. Los RPAS tienen la característica de poder ser armados a diseño de cada operador de RPAS. Es decir, los operadores de RPAS pueden innovar tecnológicamente sus propios RPAS, mejorarlos o adaptarlos a sus necesidades.

La innovación es untema central de la agenda del crecimiento y el desarrollo en el mundo, en particular de México, por ejemplo, un RPAS sencillo podría no contar con tecnología geoespacial por decisión del fabricante pero un individuo con conocimientos básicos de RPAS puede añadirlo. El país cuenta actualmente con varias empresas que ofrecen diferentes tipos de RPAS desde sencillos hasta lo que ellos llaman “profesionales”; pero además, ofrecen cursos no sólo para operar diferentes tipos de RPAS, sino también para armar RPAS, mapeo y levantamiento de datos en 3D o bien fotografía y video.

Por ello, esta iniciativa es pertinente y cuyo sustento parte de las fracciones XVII, XXIX-F y XXIX-O del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta iniciativa establece los requisitos para que toda persona física o moral que opere RPAS sea por diseño y/o fabricación nacional o extranjera. Al mismo tiempo que, considera a las organizaciones que ofrecen servicios de reparación y mantenimiento, establece como requisito que los operadores cuenten con un seguro de responsabilidad civil con cobertura a terceros.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY SOBRE AERONAVES Y SISTEMAS DE AERONAVES PILOTADAS A DISTANCIA.

ARTÍCULO ÚNICO.-Se expide la Ley sobre Aeronaves y Sistemas de Aeronaves Pilotados a Distancia:

LEY SOBRE AERONAVES Y SISTEMAS DE AERONAVES PILOTADAS A DISTANCIA

Título I
Disposiciones Generales

Capítulo I
Alcances y Ámbito de Aplicación

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y operación de las aeronaves y sistemas pilotadas a distancia (en adelante RPAS) para garantizar la seguridad operacional de todos los demás usuarios del espacio aéreo así como la seguridad de las personas y bienes en el territorio mexicano.

Artículo 2. La presente Ley es de observancia general y de aplicación a los RPAS, a su aeronavegabilidad, a sus operaciones y al personal que las pilote o ayude al piloto a ejercer sus funciones.

Esta Ley no es de aplicación a los RPAS:

I. Cuyo peso máximo de despegue sea más de 150 kilogramos.

II. Para actividades y operaciones militares, policiales, patrullas fronterizas, marítimas y similares.

III. Para servicios de aduanas, búsqueda y rescate, lucha contra incendios o similares.

IV. Globos libres no tripulados.

V. Aeronaves o sistemas autónomos.

Los RPAS señalados en las fracciones anteriores se sujetarán a las disposiciones de tránsito aéreo de la Ley de Aviación Civil y demás ordenamientos de la materia.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Aeromodelo. Aeronaves, capaces de sostenerse en la atmósfera, no susceptibles de llevar una persona a bordo.

II. Aeronave autónoma. Aeronave no tripulada que no permite la intervención del piloto en la gestión del vuelo.

III. Aeronave no tripulada. Aeronave distinta a volar sin piloto a bordo.

IV. Aeronave pilotada a distancia (RPA). Aeronave que no lleva a bordo un piloto a los mandos. Subcategoría de las aeronaves no tripuladas. Apto para el traslado de cosas, y destinado a desplazarse en el espacio aéreo, en el que se sustenta por reacciones del aire con independencia del suelo.

V. Autoridad Aeronáutica. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

VI. Estación de piloto remoto. Estación en la cual el piloto remoto dirige el vuelo de una aeronave no tripulada.

VII. Espacio aéreo segregado. Espacio aéreo de dimensiones especificadas asignado a usuarios específicos para su uso exclusivo.

VIII. Miembro de la tripulación remoto. Miembro de la tripulación, titular de una licencia, encargado de tareas esenciales para la operación de una aeronave pilotada a distancia durante el tiempo de vuelo.

IX. NOTAM (Notice to Airmen). Aviso distribuido por medio de telecomunicaciones que contiene información relativa al establecimiento, condición o modificación de cualquier instalación aeronáutica, servicio, procedimiento o peligro, cuyo conocimiento oportuno es esencial para el personal encargado de las operaciones de vuelo.

X. Observador de RPAS. Miembro de la tripulación remoto quien, mediante observación visual de la aeronave pilotada a distancia, ayuda al piloto remoto en la realización segura del vuelo.

XI. Operación autónoma. Una operación durante la cual una aeronave pilotada a distancia vuela sin intervención de piloto en la gestión del vuelo.

XII. Operación con visibilidad directa visual (VLOS). Operación en la cual el piloto a distancia u observador RPA mantiene contacto visual directo con la aeronave para dirigir su vuelo y satisfacer las responsabilidades de separación y anticolisión.

XIII. Pilotada a distancia. Control de una aeronave desde una estación de piloto que no está a bordo de la aeronave.

XIV. Piloto a los mandos. Persona que manipula los mandos de vuelo de una aeronave y es responsable de la trayectoria del vuelo de la misma.

XV. Sistema de aeronave no tripulada. Aeronave y sus elementos conexos que operan sin piloto a bordo.

XVI. Sistema de aeronave pilotada a distancia. Conjunto de elementos configurables integrado por una aeronave pilotada a distancia, sus estaciones de piloto remoto conexas, los necesarios enlaces de mando y control y cualquier otro elemento de sistema que pueda requerirse en cualquier punto durante la operación de vuelo.

XVII. Transferencia. Acción de trasladar el control del pilotaje de una estación de piloto remoto a otra.

XVIII. Uso recreativo o deportivo. Operación de RPAS por diversión, esparcimiento, placer o pasatiempo o con fines terapéuticos y sin otro motivo. Por lo que no se considera uso recreativo o deportivo las siguientes actividades:

A. La fotografía o filmación sin consentimiento o autorización de terceros, incluidos sus bienes o pertenencias.

B. La observación, intromisión o molestia en la vida y actividades de terceros.

C. La realización de actividades similares al trabajo aéreo.

XIX. Uso de Trabajo Aéreo. Operación de RPAS denominadas también de trabajos técnicos o científicos; los RPAS son utilizados para actividades especializadas de manera enunciativa más no limitativa, actividades de investigación y desarrollo, tratamientos aéreos y fitosanitarios, levantamientos aéreos, fotografía, vigilancia, publicidad aérea, emisiones de radio y televisión.

XX. Uso comercial. Operaciones de RPAS en los que se entrega o promete una remuneración, compensación económica o contraprestación de valor con respecto del vuelo o del objeto del vuelo.

Artículo 4. La clasificación de los RPAS  se realizará conforme a su peso máximo de despegue y por su uso, y será:

I. RPAS Micro. Aeronaves pilotadas a distancia de peso máximo al despegue de hasta 2 kilogramos.

II. RPAS Ligero. Aeronaves pilotadas a distancia de peso al despegue de más de 2kilogramos hasta 10 kilogramos.

III. RPAS Pequeños. Aeronaves pilotadas a distancia de peso al despegue de más de 10 kilogramos hasta 25 kilogramos.

IV. RPAS Medianos. Aeronaves pilotadas a distancia de peso al despegue de más de 25 kilogramos hasta 150 kilogramos.

V. RPAS Grandes. Aeronaves pilotadas a distancia de peso al despegue de más de 150 kilogramos.

Capítulo II
De las Generalidades para todas las Clasificaciones y Tipos de RPAS

Artículo 5. El uso, aprovechamiento y operación de los RPAS se sujetarán al ámbito de aplicación de la presente Ley en tanto no exista convenio internacional que indique lo contrario y deberá realizarse conforme a las previsiones establecidas en esta Ley, dentro de los espacios aéreos segregados previamente autorizados por la Autoridad Aeronáutica.

A falta de disposición expresa, se aplicará:

I. La Ley de Aviación Civil;

II. La Ley de Vías Generales de Comunicación;

III. La Ley General de Bienes Nacionales;

IV. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y

V. Los Códigos de Comercio; Civil Federal y Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 6. Toda persona o entidad que requiera subcontratar los servicios de RPAS deberá contratarlos con persona física o moral que cuente con la autorización de la Autoridad Aeronáutica.

Artículo 7. El uso y operación de los RPAS exige que su diseño y características permitan que el piloto tenga la capacidad de intervenir en el control del vuelo, con independencia de que se trate de operaciones de uso recreativo, comercial o trabajo aéreo.

Durante toda la operación de RPAS deberá mantenerse visibilidad directa y continua por el piloto y por el observador.

Artículo 8. Los RPAS operarán exclusivamente en horario diurno y en condiciones meteorológicas visuales que permitan su operación segura. Está prohibida su operación nocturna.

La Autoridad Aeronáutica podrá conceder autorizaciones nocturnas conforme lo establecen los artículos 39, 40, 41, 42, 43 y 44 de la presente Ley.

Artículo 9. Sera responsabilidad del operador de RPAS, durante la fase de despegue o lanzamiento y aterrizaje o recuperación de la aeronave, asegurar que de acuerdo a las características del RPAS no se produzca riesgos en la operación y garantizar que la trayectoria de vuelo en todas sus fases permita salvar cualquier obstáculo y personas que no estén involucradas en la operación, con un margen vertical de 20 metros y con una separación horizontal de 30 metros.

Los RPAS estarán obligados a operar a una altura máxima de 122 metros sobre el nivel del suelo.

Los RPAS no podrán ser operados a más de 43 metros de altura sobre el nivel del suelo debajo de un espacio aéreo controlado o dentro de un radio de 5 kilómetros del centro geométrico de la pista de un aeródromo.

Artículo 10. Será responsabilidad del operador de un RPAS, cuidar la distancia con otros RPAS operando en el área y coordinarse entre sí.

El operador de un RPAS deberá considerar que debe ceder el paso a cualquier aeronave tripulada en las diferentes fases del vuelo, así como mantener su propia distancia con otras aeronaves.

El operador de RPAS deberá respetar los límites de velocidad establecidos en el respectivo Reglamento conforme su clasificación de RPAS y las especificaciones  establecidas por la Autoridad Aeronáutica.

Artículo 11. Toda persona física o moral que pretenda operar un RPAS deberá contar con una autorización expedida por la Autoridad Aeronáutica.

Quedan exceptuadas de lo establecido en el párrafo anterior los RPAS que estén clasificados como RPAS Micro y RPAS Ligero con uso recreativo o deportivo y conforme a las condiciones previstas en los artículos 27, 28, 29, y 30 de esta Ley.

Artículo 12. La operación de un RPAS será responsabilidad de quienes la lleven a cabo o faciliten, incluyendo la responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan provocar a terceros durante sus operaciones.

Ningún miembro de la tripulación remota participará en su operación bajo los efectos del alcohol o drogas.

Artículo 13. Los propietarios u operadores de RPAS están obligados a contratar un seguro de responsabilidad por los daños a terceros que pudieran ocasionar su aprovechamiento, uso y operación. Las coberturas de riesgos no podrán ser inferiores a las establecidas por la Autoridad Aeronáutica.

Artículo 14. Los operadores de RPAS deberán contar con un manual de operaciones y un sistema de gestión de riesgos adecuado para operar, que incluya la información e instrucciones necesarias para su operación con seguridad y eficacia.

De manera enunciativa más no limitativa el manual de operaciones y sistema de gestión deberá considerar lo siguiente:

I. Procedimientos para el despegue y aterrizaje.

II. Procedimientos de ruta.

III. Procedimientos ante la eventual pérdida de enlace con los datos de control.

IV. Procedimientos para abortar ante la eventual falla de un sistema crítico.

V. Procedimientos para evaluar la zona de operación.

VI. Procedimientos para la identificación de riesgos y peligros potenciales y para su mitigación.

VII Identificación de los responsables de la operación y del todos los miembros de la tripulación remota (pilotos/observadores).

VIII. Requisitos para la calificación de los pilotos remotos y observadores.

Artículo 15. Sin perjuicio a lo establecido en esta Ley, toda persona o entidad involucrada en la operación de RPAS, deberá dar cumplimiento a todo requisito legal, tributario, municipal, sanitario, medioambiental o de seguros que exijan las entidades públicas en las normas respectivas.

Artículo 16. El operador de RPAS es responsable de respetar todas las Leyes, Reglamentos y demás normatividad federal o local relacionadas con Seguridad Nacional, Seguridad Pública, Protección de Datos Personales, Propiedad Intelectual, entre otras.

Artículo 17. Los RPAS con identificación o registro extranjero u operadores extranjeros con fines de trabajo aéreo y comercial deberán de solicitar permiso a la Secretaria de la Defensa Nacional en cumplimiento al artículo 29 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 18. Los RPAS deberán contar con medidas adecuadas para su protección contra actos de interferencia ilícita, conforme a la reglamentación de la Autoridad Aeronáutica.

Artículo 19. El tiempo total de vuelo en un RPAS no podrá exceder el 80% de la total autonomía establecida por el fabricante, no pudiendo durar el vuelo más de 60 minutos o lo establecido en las especificaciones técnicas por el fabricante.


Capítulo III
De las Restricciones Generales

Artículo 20. Queda prohibido el aprovechamiento, uso y operación de los RPAS para transportar:

I. Mercancías peligrosas.

II. Sustancias prohibidas por Ley.

III. Armas o explosivos.

Artículo 21. Ningún operador puede dejar caer y/o proyectar cualquier objeto o material que pueda causar daño a cualquier persona o propiedad, aunque tenga paracaídas.

La transferencia del mando y control del RPAS a otro operador no podrá efectuarse con la aeronave en vuelo.

Artículo 22. Se prohíbe la operación de RPAS desde vehículos en movimiento, salvo autorización previamente otorgada por la Autoridad Aeronáutica conforme lo establecen los artículos 39, 40, 41, 42, 43 y 44 de la presente Ley.

Artículo 23. Se prohíben las operaciones de vuelos en zonas prohibidas, restringidas o peligrosas establecidas por la Autoridad Aeronáutica, en espacios aéreos controlados, corredores visuales y helicorredores sin importar la clasificación y uso de RPAS.

I. Vuelos de prueba de producción y de mantenimiento por fabricantes u organizaciones dedicadas al mantenimiento de RPAS.

II. Vuelos de demostración no abiertos al público, dirigidos a grupos cerradas de asistentes a un determinado evento o de clientes potenciales de un fabricante u operador de RPAS.

III. Vuelos de prueba necesarios para demostrar que la operación u operaciones proyectadas con los RPAS pueden realizarse con seguridad.

Excepto que cuenten con autorización de vuelos previamente otorgada por la Autoridad Aeronáutica previa coordinación con los Servicios de Tránsito Aéreo conforme lo establecen los artículos 39, 40, 41, 42, 43 y 44 de la presente Ley.

Artículo 24. Ningún RPAS podrá operar a una distancia menor de un kilometro del límite lateral de un helicorredor, ni tampoco a menos de 500 metros del límite lateral de un helipuerto salvo excepción otorgada conforme a lo establecido en los artículos 39, 40, 41, 42, 43 y 44 de la presente Ley.

Artículo 25.El operador durante la operación de un RPAS no podrá:

I. Poner en riesgo la vida de las personas.

II. Poner en riesgo la propiedad pública o privada.

III. Vulnerar los derechos de otras personas en su privacidad y su intimidad.

IV. Vulnerar los derechos de propiedad intelectual.

V. Operar en forma descuidada o temeraria que ponga en riesgo a otras aeronaves en tierra, agua o aire.

VI. Operar en las áreas donde se combate un incendio.

Artículo 26. Los RPAS no podrán operar sobre zonas densamente pobladas o aglomeraciones de personas ni realizar vuelos acrobáticos salvo autorización previamente otorgada por la Autoridad Aeronáutica conforme lo establecen los artículos 39, 40, 41, 42, 43 y 44 de la presente Ley

Se prohíbe la operación simultánea de más de un RPAS por la misma estación de piloto a la vez.

TÍTULO II
RÉGIMEN DE RPAS CONFORME SU CLASIFICACIÓN Y USO.
CAPÍTULO I
LOS RPAS MICRO Y SU USO

Artículo 27. Los RPAS MICRO podrán operar en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, municipios, pueblos, comunidades o lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre, en espacio aéreo no controlado, más allá del alcance visual del piloto, dentro del alcance de la emisión por radio de la estación de control y a una altura no mayor de 122 metros sobre la superficie y a una distancia horizontal del piloto al mando de no más de 457 metros.

La realización de los vuelos estará condicionada a la emisión de un NOTAM para informar de la operación al resto de los usuarios del espacio aéreo de la zona en que ésta vaya a tener lugar.

Artículo 28. Los RPAS MICRO deberán operarse a una distancia de separación de 9.2 kilómetros de cualquier aeropuerto controlado, salvo que cuente con autorización de la Autoridad Aeronáutica conforme lo establecido en los artículos 39, 40, 41, 42, 43 y 44 de la presente Ley de esta Ley.

La distancia en este supuesto es de 3.7 kilómetros de cualquier aeródromo no controlado y de 0.9 kilómetros de cualquier helipuerto.

La velocidad operacional será establecida en el Reglamento por la Autoridad Aeronáutica.

CAPÍTULO II
LOS RPAS LIGERO Y SU USO

Artículo 29. Los RPAS LIGERO podrán operar sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, municipios, pueblos, comunidades o lugares habitados o reuniones de personas al aire libre, en espacio aéreo no controlado, dentro del alcance visual del piloto, a una distancia horizontal máxima del piloto de 100 metros y a una altura máxima de 120 metros sobre la superficie en zonas acotadas para ello, o en otro caso, manteniendo una distancia mínima de seguridad de 150 metros respecto de edificios u otro tipo de estructuras y de 50 metros respecto de personas que no estén bajo control del operador, sujeto a las autorizaciones que correspondan por razones de seguridad pública.

Artículo 30. Los RPASLIGERO de uso recreativo o deportivo no requieren de autorización debiendo operar dentro de lo establecido en los artículos del 5 al 26, así como las siguientes:

I. Operar dentro de Clubes de Aeromodelismo autorizados por la Autoridad Aeronáutica.

II. Cumplir con los requerimientos y limitaciones de operación bajo los cuales se rige dicho club.

III. Operar en espacio definidos para la utilización del mismo club.

IV. El operador del RPAS debe contar con conocimientos aeronáuticos apropiados para operarlo.

V. No podrán realizar operaciones sobre personas a una altura menor de 152 metros.

Artículo 31. Los RPAS LIGERO de uso de trabajo aéreo y comercial además de cumplir con los artículo del 5 al 26, deberán:

I. Contar con registro y placa de identificación.

II. Contar con una póliza de seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros.

III. Contar con autorización de Operación de la Autoridad Aeronáutica.

El Registro de RPAS LIGERO de uso de trabajo aéreo y comercial se realizará ante la Dirección General Adjunta de Transporte y Control Aeronáutico de la Autoridad Aeronáutica.

CAPÍTULO III
DE LOS RPAS PEQUEÑOS

Artículo 32. Los RPASPEQUEÑO podrán operar más allá del alcance visual del piloto, dentro del alcance de la emisión por radio de la estación de control, en espacio aéreo no controlado, siempre que cuenten con sistema que permitan a su piloto detectar y evitar a otros usuarios del espacio aéreo. En caso contrario, los vuelos de alcance visual solamente podrán tener lugar en espacio aéreo segregado al efecto.

Artículo 33. Los RPAS PEQUEÑO de uso recreativo o deportivo no requieren de autorización debiendo operar dentro de lo establecido en los artículo 5 al 26, así como las siguientes:

I. Operar dentro de Clubes de Aeromodelismo autorizados por la Autoridad Aeronáutica.

II. Cumplir con los requerimientos y limitaciones de operación bajo los cuales se rige dicho club.

III. Operar en espacio definidos para la utilización del mismo club.

IV. El operador del RPAS debe contar con conocimientos aeronáuticos apropiados para operarlo.

V. No podrán realizar operaciones sobre personas a una altura menor de 152 metros.

Artículo 34. Los RPAS PEQUEÑO de uso de trabajo aéreo y comercial además de cumplir con los artículos 5 al 26, deberán:

I. Contar con registro y placa de identificación.

II. Contar con una póliza de seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros.

III. Contar con autorización de Operación de la Autoridad Aeronáutica.

El Registro de RPAS PEQUEÑO de uso de trabajo aéreo y comercial se realizará ante la Dirección General Adjunta de Transporte y Control Aeronáutico de la Autoridad Aeronáutica.


CAPÍTULO IV
DE LOS RPAS MEDIANO Y GRANDE

Artículo 35. Los RPAS MEDIANO y GRANDE podrán operar más allá del alcance visual del piloto, dentro del alcance de la emisión por radio de la estación de control, en espacio aéreo no controlado, siempre que cuenten con sistema que permitan a su piloto detectar y evitar a otros usuarios del espacio aéreo. En caso contrario, los vuelos de alcance visual solamente podrán tener lugar en espacio aéreo segregado al efecto.

Artículo 36. Los RPAS MEDIANO y GRANDE de uso recreativo o deportivo no requieren de autorización debiendo operar dentro de lo establecido en los artículos 5 al 26, así como las siguientes:

I. Operar dentro de Clubes de Aeromodelismo autorizados por la Autoridad Aeronáutica.

II. Cumplir con los requerimientos y limitaciones de operación bajo los cuales se rige dicho club.

III. Operar en espacio definidos para la utilización del mismo club.

IV. El operador del RPAS debe contar con conocimientos aeronáuticos apropiados para operarlo.

V. No podrán realizar operaciones sobre personas a una altura menor de 152 metros.

Artículo 37. Los RPAS MEDIANOS Y GRANDES de uso de trabajo aéreo y comercial además de cumplir con los en los artículo 5 al 26, y deberán:

I. Contar con registro y placa de identificación.

II. Contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

III. Contar con autorización de Operación de la Autoridad Aeronáutica.

IV. Contar con aprobación de Tipo de RPAS.

El Registro de RPAS MEDIANOS y GRANDES de uso de trabajo aéreo y comercial se realizará ante la Dirección General Adjunta de Transporte y Control Aeronáutico de la Autoridad Aeronáutica.

Artículo 38. Los RPAS MEDIANA y GRANDE destinadas a la realización de actividades de lucha contra incendios y o búsqueda y rescate, solamente podrán operar con las condiciones y limitaciones establecidas en su certificado de aeronavegabilidad emitido por la Autoridad Aeronáutica, en espacio aéreo no controlado.

Si así se contempla en dicho certificado, podrán operar más allá del alcance visual del piloto, dentro del alcance de la emisión por radio de la estación de control, en espacio no controlado, siempre que cuenten con sistemas que permitan a su piloto detectar y evitar a otros usuarios del espacio aéreo. En caso contrario, los vuelos de alcance visual del piloto solamente podrán tener lugar en espacio aéreo segregado al efecto.

TÍTULO III
DE LA AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN DE VUELO, REGISTRO, MATRICULACIÓN Y TRIPULACIÓN

CAPÍTULO I
DE LA AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN DE VUELOS ESPECIALES

Artículo 39. La Autoridad Aeronáutica podrá conceder autorizaciones especiales para la operación de vuelos previa coordinación con los Servicios de Tránsito Aéreo por la operación de estos siempre que lo requiera la naturaleza de la operación y se establezcan medidas de seguridad apropiadas.

Artículo 40. Los RPAS en espacio aéreo controlado solamente podrán realizarse, previa autorización y acreditación ante la Autoridad Aeronáutica mediante la presentación de un estudio aeronáutico de seguridad, que estará sujeto a la aceptación por aquélla, que demuestre que la operación que se pretende realizar es segura, con la autorización de los Servicios de Tránsito Aéreo.

Artículo 41. Como excepción a lo dispuesto en los artículos 22, 23, 25, 26 y 28, la autorización de operación de vuelo especificará las condiciones o limitaciones aplacibles a las operaciones, incluidas las relativas a las aéreas de operaciones y el uso de espacio aéreo.

Artículo 42. A la solicitud para obtener la autorización de operación de vuelo se acompañará la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el los artículos 39, 40 y 41; así como la documentación que justifique que el RPAS es capaz de realizar de forma segura los vuelos propuestos, junto con las condiciones o restricciones que se consideren necesarias a tal efecto y el método que se vaya a emplear para el control de configuración del RPAS, de manera que se garantice que cumple las condiciones establecidas.

Artículo 43. En el caso de que los vuelos a realizar requieran la utilización de espacio aéreo segregado, la autorización de operación de vuelo especial podrá condicionarse  a la obtención de la correspondiente autorización para el uso del espacio segregado que se pretenda utilizar.

En este caso la Autoridad Aeronáutica emitirá la autorización de operación de vuelo especial, previa comprobación de la suficiencia de la documentación presentada, por un período de un año. Transcurrido el plazo de la autorización sin haberse completado los vuelos previstos, deberá solicitarse una nueva autorización de operación de vuelo especial.

Artículo 44. La autorización de operación de vuelo y la especial quedarán sin efecto cuando se incumplan las limitaciones y condiciones aplicables; así como en el caso de que se introduzcan cambios al RPAS.

CAPÍTULO II
DEL REGISTRO Y APROBACIÓN DE TIPO DE RPAS

Artículo 45. Los RPAS deberán inscribirse en un registro especial público organizado y administrado por la Autoridad de Aeronáutica.

La Autoridad Aeronáutica establecerá los requisitos para obtener la certificación de Tipo de RPAS, así como la vigencia y sus las condiciones de cancelación, suspensión o revocación.

Los RPAS MICRO, LIGERO y PEQUEÑO para uso recreativo o deportivo quedan exceptuadas de los requisitos de inscripción.

Artículo 46. En el registro especial de RPAS deberán inscribirse:

I. Los certificados de matrícula o placa de identificación.

II. Nombre de los miembros de la tripulación.

III. Declaración de responsabilidad solidaria, la que resulta necesaria solamente cuando hay más de una persona o entidad involucrada en la operación del RPAS, ya sea como propietario, operador o contratante de servicios.

IV. Las pólizas de seguro de responsabilidad civil.

V. Demás requisitos que establezca la Autoridad Aeronáutica.

CAPÍTULO IV
DE LA MATRICULACIÓN DE RPAS

Artículo 47. Los RPAS deberán llevar una placa de identificación o matricula inalterable fijada a su estructura que indique:

I. Su identificación;

II. Su número de serie o manufactura;

III. Nombre y domicilio del propietario;

IV. Nombre y domicilio del operador;

La estación de piloto remoto llevará inscrita la individualización de los RPAS que desde esa estación se controle.

CAPÍTULO IV
MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN REMOTA

Artículo 48. Para ser miembro de la tripulación remota de RPSA PEQUEÑA, MEDIANA y GRANDE, deberán ser mayores de quince años, y en caso de que su edad fructue entre esta y dieciocho años de edad, deberán estar supervisados directamente por un mayor de edad, quien será responsable por los actos y omisiones que se comentan durante el vuelo, así como cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley.

Los mayores de edad que sean miembros de la tripulación remota de RPSA PEQUEÑA, MEDIANA y GRANDE, serán responsable por los actos y omisiones que se comentan durante el vuelo, así como cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley.

El uso y operación será responsabilidad de quienes la lleven a cabo o faciliten, incluyendo la responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan provocar a terceros durante sus operaciones.

Artículo 49. Los miembros de la tripulación remota de RPAS para uso comercial y de trabajo aéreo deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Ser mayores de edad;

II. Contar con el certificado de registro por la Autoridad Aeronáutica.

III. Contar con el certificado de aeronavegabilidad por la Autoridad Aeronáutica.

IV. Contar con certificado médico aprobatorio por un hospital público, que dé cuenta de su aptitud visual y auditiva como así también de su motricidad fina.

V. Acreditación mediante evaluación por parte de la Autoridad Aeronáutica el conocimiento de la normatividad vigente.

VI. Declaración de responsabilidad solidaria, la que resulta necesaria solamente cuando hay más de una persona o entidad involucrada en la operación del RPAS, ya sea como propietario, operador o contratante de servicios.

VII. Acreditación mediante evaluación por parte de la Autoridad Aeronáutica su aptitud para usar y operar en forma segura el tipo de aeronave o sistema para el cual solicite la autorización.

No será excepción al otorgamiento de la autorización la visión con corrección, monocular o el daltonismo como tampoco la limitación de la aptitud ambulatoria, siempre que resulten adecuadas para operación segura.

El certificado médico deberá ser acreditado cada 2 años.

Artículo 50. Todo miembro de la tripulación remota de RPAS deberá adoptar las medidas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento del vehículo aéreo o sistema antes de iniciar su aprovechamiento, uso y operación.

En los RPAS el piloto a los mandos es responsable de su condición y maniobra.

Artículo 51. Los RPAS en cuanto respecta al uso del espectro radioeléctrico deberán cumplir con la reglamentación vigente establecida por la autoridad competente en materia de radiocomunicaciones.

TÍTULO III
DE LA AUTORIDAD AERONÁUTICA

CAPÍTULO ÚNICO
AUTORIDAD AERONÁUTICA

Artículo 52. La Autoridad Aeronáutica es la autoridad responsable de regular y fiscalizar las operaciones aéreas en el territorio mexicano, sus aguas jurisdiccionales, el espacio aéreo que lo cubre y los espacios aéreos extraterritoriales, cuando por convenios internacionales se acuerde que dichos espacios se encuentran bajo jurisdicción de nuestro país.

Artículo 53. La Autoridad Aeronáutica realizará las actuaciones que estime pertinentes a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y aplicará, en caso de incumplimiento o infracciones, el régimen de faltas aeronáuticas vigente.

Artículo 54. Hasta tanto se establezca la normatividad definitiva y los procesos de autorización de operaciones de vuelos incluidos los especiales, la Autoridad Aeronáutica determinará las condiciones específicas de operación que garanticen niveles aceptables de Seguridad Operacional.

TÍTULO IV
DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE RPAS

CAPÍTULO ÚNICO
ORGANIZACIONES DE DISEÑO Y DE PRODUCCIÓN

Artículo 55. Cualquier organización que solicite una autorización de operación de vuelos especial para un RPAS deberá demostrar su capacidad para asumir la responsabilidad inherente a dicha autorización, mediante la titularidad de una aprobación como organización de diseño emitida por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), Administración Federal de Aviación (FAA), Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC)o por la propia Autoridad Aeronáutica.

Artículo 56. Cualquier persona física o moral que ofrezca servicios de mantenimiento y reparación de RPAS PEQUEÑOS, MEDIANOS y GRANDES aun justificando que el RPA es de diseño simple, incluyendo el nivel de autonomía, tipo de radioenlace y características de los sistemas deberá acreditar ante la Autoridad Aeronáutica lo siguiente:

I. Elaborar, desarrollar y proporcionar un manual o protocolos en donde se describa su funcionamiento, mantenimiento, inspección y reparación a los niveles adecuados y específicos del RPAS.

II. Establecer sobre la base de las instrucciones del fabricante o adaptadas, según sea el caso, al tipo de operaciones a realizar, programa de mantenimiento adecuado para garantizar su aeronavegabilidad continuada del sistema del que forma parte, incluida la estación de control.

III. Demás requisitos establecidos por la Autoridad Aeronáutica.

Artículo 57. La realización del mantenimiento de RPAS además de poder llevarlo a cabo el fabricante, se autoriza a personas morales que ofrezcan sus servicios pero deberán estar acreditadas ante la Autoridad Aeronáutica.

El propio operador de RPAS podrá realizar el mantenimiento siempre que haya recibido la capacitación adecuada del fabricante o de persona moral autorizada por la Autoridad Aeronáutica.

TÍTULO V
RESPONSABILIDAD CIVIL Y SANCIONES.

CAPÍTULO I
RESPONSABILIDAD CIVIL

Artículo 58.Los miembros de la tripulación remotos de RPAS son responsables civiles directos de los daños que cause la aeronave y por la operación de la misma, desplegando sus efectos en ámbitos tales como ambiental, la privacidad, intimidad, derecho a la propia imagen, propiedad intelectual, alteración del espectro radioeléctrico.

Artículo 59. En tanto por convenios internacionales no se emita normativa específica de RPAS, en México será la Autoridad Aeronáutica quien fije con precisión las coberturas, límites cuantitativos y primas de las pólizas que deben contratar los operadores de RPAS.

CAPÍTULO II
SANCIONES

Artículo 60. Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley cometidas por los miembros de la tripulación serán sancionadas por la Autoridad Aeronáutica de acuerdo con lo siguiente:

I. Cuando los RPAS no ostenten la matrícula, o cuando éstas se encuentren alteradas o modificadas sin autorización de la Autoridad Aeronáutica;

II. Por carecer de los certificados de matrícula, o cuando tales documentos estén vencidos;

III. Por no estar registrados ante la Autoridad Aeronáutica;

IV. Por carecer del seguro de responsabilidad civil de terceros;

V. Por incumplimiento a los artículos 20 al 26 de la presente Ley;

VI. Por incumplimientos a los artículos del 5 al 19;

VII. Por operar sin seguridad y equipo de auxilio que corresponda;

VIII. Por operar sin hacer uso de las instalaciones y de los servicios de tránsito destinados para RPAS, así como Servicio de Tránsito Aéreo, radioayudas, meteorología, entre otros;

IX. Por operar de manera negligente y temeraria el RPAS;

X. Impedir el tránsito o la circulación en los aeródromos, aeropuertos y helipuertos por causas imputables al operador de RPAS;

XI. No efectuar la reparación y mantenimiento de los RPAS que afecten la seguridad y eficiencia de éste.

La infracción prevista en la fracción IX o la reincidencia en las conductas previstas en las fracciones I a VII del presente artículo, serán consideradas como graves para efectos de su sanción.

Artículo 61. Las infracciones a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas por la Autoridad Aeronáutica con una multa de cien a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización diario vigente.

Artículo 62. Las infracciones que se generen por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 60, son independientes de las del orden civil o penal que procedan.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Autoridad Aeronáutica contará con un plazo de 120 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para emitir el Reglamento a que se refiere esta Ley y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar en un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Así como, las adecuaciones y modificaciones de aquellas disposiciones administrativas que posibiliten la materialización del mismo.

TERCERO. Esta Ley será complementada al emitirse la normativa estandarizada por la Organización de Aviación Civil Internacional (AOCI) para garantizar la seguridad operacional de todos los demás usuarios del espacio aéreo así como la seguridad de las personas y bienes en el territorio mexicano.

Dado en el Senado de la República, el 26 de abril 2016.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.





 

De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal y de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, que se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DE LA LEY ORGÁNICA DE SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL Y DE LA LEY DE  TRANSPARENCIA Y DE FOMENTO A LA COMPETENCIA EN EL CRÉDITO GARANTIZADO

(Presentada por la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM)

La suscrita, Senadora NINFA SALINAS SADA, Senadora de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República; someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, LA LEY ORGÁNICA DE SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL Y LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DE FOMENTO A LA COMPETENCIA EN EL CRÉDITO GARANTIZADO, al tenor la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene como objeto incorporar al marco jurídico la figura de Hipoteca Pensionaria, que consiste en el otorgamiento de financiamiento a las personas mayores de 65 años a fin de complementar los gastos para acceder a una vida digna, colocando como garantía el inmueble donde habitan, siempre y cuando sea de su propiedad, con la obligación por parte del acreditante de otorgar una ministración periódica vitalicia.

RETOS DEL SISTEMA FINANCIERO

Partimos de la consideración de que la Reforma al Sistema Financiero, aprobada por el Congreso de la Unión en noviembre de 2013, derivó en un sistema bancario sólido, en crecimiento y con índices de capitalización cercano al 15%, lo que sitúa a México por debajo de los índices de Estados Unidos, China, Chile, Perú, entre otros.

La Reforma Financiera ha alentado la competencia y permite que personas y entes productivos dispongan de un mayor y más barato crédito; le ha dado al sistema financiero mexicano un marco prudencial robusto, que ha generado condiciones de estabilidad y certidumbre, a pesar del contexto global y ante escenarios de alta volatilidad.

Hoy, podemos decir que México tiene una banca estable, que opera bajo un marco de regulación y supervisión sólido, acorde a las mejores prácticas internacionales, que la dota de estabilidad y le permite mitigar riesgos.

En la recién concluida 79° Convención Bancaria, llevada a cabo los días 10 y 11 de marzo de este año, se dio a conocer que el financiamiento interno al sector privado como proporción del PIB se ubicó en 31% como proporción del PIB, un incremento de más de 5% en los últimos 3 años. De mantenerse este dinamismo, se alcanzará la meta fijada en el PRONAFIDE de que el crédito al sector privado represente más del 40% del PIB en el 2018.

Otros datos de relevancia que se anunciaron en dicha Convención y que muestra el dinamismo de la banca son los siguientes:

• Los índices de capitalización y de liquidez de corto plazo alcanzaron el 15% y el 167%, respectivamente, por encima de los requerimientos de liquidez internacionales establecidos en Basilea III;

• En el último año la cartera total de crédito de la banca múltiple creció casi 15%, 3 veces por encima del crecimiento del PIB;

• Todos los segmentos crecieron a doble dígito, destacando el crédito al sector privado que creció en 12.9% en términos reales; es decir, 5.2 veces más que el PIB;

• El crédito otorgado a las microempresas, creció en términos reales en 17.6%;

• La competencia favoreció la disminución de las tasas de interés en todos los productos crediticios y hoy son las más bajas de la historia, destacándose los créditos hipotecarios y los otorgados al sector productivo;

• Las comisiones cobradas por cliente se han reducido en un 30% en promedio durante los últimos ocho años;

• Se han logrado doce años consecutivos con índices de morosidad por debajo del 4%;

• El 2015 cerró la cartera vencida con un porcentaje menor al 3%;

• La cobertura de infraestructura bancaria llega ya al 98% de la población, lo que implica un aumento de 13% en los últimos cinco años;

• El porcentaje de adultos con una cuenta de ahorro formal aumentó de 35.5% en 2012 a 44.1% en 2015;

• El número de adultos con algún producto de crédito formal pasó de 19.3 a 22.1 millones de 2012 a 2015;

• El porcentaje de adultos con un seguro privado subió de 22.0% a 24.8% del 2012 al 2015.

Estos datos muestran que la banca está haciendo bien su trabajo y afrontando los retos con eficiencia.

Sin embargo, a pesar de los logros, la Banca todavía tiene diversas asignaturas pendientes de cumplir.

Una de esas asignaturas es en materia de inclusión financiera, que ofrezca soluciones a las necesidades de la población y que canalice recursos a mayores sectores productivos, grupos y personas.

Los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015 muestran que el número de adultos con cuentas de ahorro se incrementó de 35% a 44% y el mayor avance se dio en mujeres que habitan localidades rurales.

Son cifras positivas, pero también nos muestran que más de la mitad de la población no tiene una cuenta en una institución formal.

Pero existe un grupo que padece en mayor medida la falta de acceso al sistema financiero, que es el segmento de los adultos mayores quienes, al no contar en muchas ocasiones con una fuente de ingresos, les resulta difícil adquirir un crédito. A ellos, por su condición de vulnerabilidad, deberían enfocarse estrategias de inclusión financiera.

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS ADULTOS MAYORES EN MÉXICO

No hay duda de que el país se encuentra en una fase avanzada del proceso de transición demográfica, lo que implica que la población de mayor edad continuará creciendo tanto en términos absolutos como relativos.

El INEGI señala que el ámbito global presenta una tendencia caracterizada por un proceso de envejecimiento con mayor dinámica en los países desarrollados, donde la población mayor de 60 años llega a representar el 23.3% del total, mientras que en los países en desarrollo alcanza el 12%.1

Por su parte el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), señala que en 2050, uno de cada cinco habitantes en el planeta (21.2%) tendrá 60 años o más: en las regiones desarrolladas llegará al 32% y en las menos desarrolladas será de 19.5%.

En México, este proceso se hizo evidente a partir de la última década del siglo pasado, pues la proporción de niños y jóvenes ha ido disminuyendo mientras que la participación relativa de adultos mayores aumentó en ese periodo de 6.2 a 9.7%, pronosticándose que en 2050 se incremente a 21.5%. Hoy, 9.4% de los mexicanos tiene más de 65 años, cuando en la década de los 50 este índice era del 5%.

En el Reporte “Estadísticas a Propósito del Día Internacional de las Personas de Edad”, de fecha 25 de septiembre de 2014, el INEGI señala que “El número de adultos mayores duplicó su monto en las últimas décadas, pasando de 5 a 11.7 millones de 1990 a 2014” y, de acuerdo a las proyecciones de población que estima CONAPO, para 2025 y 2050 el monto de adultos mayores aumentará a 17.2 y 32.4 millones, respectivamente.

Según el INEGI, de las personas de 60 años y más que se estimaron para 2014, 31.5% están en una etapa de prevejez (60 a 64 años); 41.1% se encuentran en una vejez funcional (65 a 74 años); 12.3% está en una vejez plena (75 a 79 años) y 15.1% transita por una vejez avanzada (80 años y más).2

Como vemos, el tema del envejecimiento demográfico nos plantea retos mayores pues conforme avanza la edad, se hace evidente la pérdida gradual de capacidades motrices y cognoscitivas. Es inevitable que las personas vayan perdiendo sus capacidades físicas y mentales, por el deterioro físico y enfermedades crónico- degenerativas, que ocasionan dificultades para desarrollar actividades de la vida diaria de manera independiente.

El mayor problema es que en el país sólo uno de cada cuatro adultos mayores de 60 años recibe una pensión y seis de cada 10 mexicanos mayores de 65 años no están en ningún sistema de retiro que garantice una pensión en la vejez y por tanto, carece de los recursos económicos para satisfacer sus necesidades básicas.3

Según datos del CONEVAL, en 2014 el número de adultos mayores con jubilación o pensión representaba el 27.8%; el 34.2% recibían pensión a través de un programa asistencial, (algunos de quienes reciben pensión también reciben asistencia social); y el 43.5% no recibían pensión ni del sistema de seguridad social, ni de algún programa asistencial. El monto promedio de las pensiones para ese año fue de $4, 557.23 pesos y el ingreso promedio mensual por programas asistenciales $497.57 pesos.4

Habría que destacar que muchos adultos mayores viven solos, principalmente mujeres, situación que los(as) hace más vulnerables tanto en el aspecto emocional como en la forma en que obtienen los recursos necesarios para subsistir. Información de la encuesta ENIGH 2012, confirma esta situación: en 60% de los hogares unipersonales el jefe del hogar es una mujer, condición que disminuye a un 21.7 y 35.7% en los hogares nucleares y ampliados, respectivamente.

En estas condiciones, resulta que la seguridad económica, la manera en cómo enfrentarán los retos de ingreso para alimentación y vivienda o cómo solventarán afectaciones de salud, se vuelve una preocupación constante. Circunstancia que se complica en la medida que aumenta la edad y la discapacidad, ya que no existen plazas laborales adecuadas para su condición.

Este segmento poblacional necesita alternativas para afrontar sus problemas físicos y emocionales sin preocupaciones del tipo financiero, durante la última etapa de sus vidas cuando ya no pueden trabajar y han dejado de tener ingresos.

Ni las pensiones del sistema de seguridad social, ni los programas asistenciales resultan suficiente para tener un nivel de vida digno. Para las personas que no cuentan con ninguno de éstos apoyos, su vulnerabilidad resulta mayor viéndose más afectadas en su desarrollo y calidad de vida.

Ante esta situación considero que este es el momento de las soluciones, después la atención a este grupo vulnerable podría ser más difícil y costosa, tanto para el Estado como para las propias familias.

Por eso es que la presente iniciativa busca brindar una alternativa a los adultos mayores para complementar su ingreso de manera tal que puedan satisfacer sus necesidades básicas de vivienda, alimentación, vestido y salud.

Sin duda, hay adultos mayores que durante su vida productiva se hicieron de un patrimonio; la aprobación de esta iniciativa les daría la oportunidad de convertir su vivienda en ingresos líquidos, hasta su fallecimiento, sin necesidad de abandonarla. Esto es lo que se plantea, a través de la incorporación de la figura conocida como Hipoteca Inversa, llamada en otros países Hipoteca Reversible y que, para México propongo denominar Hipoteca Pensionaria, a fin de clarificar su objetivo.

La necesidad de financiamiento en la vida de estas personas es fundamental y, la Hipoteca Pensionaria, representaría una opción para que puedan complementar los gastos que les permitan vivir una vejez con dignidad.

LA HIPOTECA INVERSA EN DIVERSOS PAÍSES

La hipoteca Inversa es una figura que desde hace décadas es utilizada por los adultos mayores en diversos países para lograr tener una vida digna en la vejez, pues le ofrece la conversión de su patrimonio en recursos líquidos.

Se trata de un instrumento financiero que permite a quienes requieran disponer de liquidez, utilizar los bienes de su patrimonio, sin perder la propiedad.

Es decir que, mientras un crédito hipotecario se solicita normalmente para la compra de un inmueble (inmueble que constituirá la garantía), en el caso de la hipoteca pensionaria, quien la solicita ya es propietario del bien inmueble y lo que busca es percibir una cantidad liquida.

En España se le denomina Hipoteca Inversa; en Francia se conoce como Hipoteca Vitalicia; en Japón, se ofrece hasta los 80 años, combinada con una pensión vitalicia voluntaria a partir de esa edad; en Estados Unidos existen diversos productos financieros con las características de la hipoteca inversa, pero es la Hipoteca de Conversión del Valor Acumulado de la Vivienda (Home Equity Conversion Mortgage, HECM), respaldadas por el Gobierno Federal, la que representan el 90% del mercado.

En el Reino Unido se denominan Lifetime Mortgage (Hipoteca Inversa); aún en Canadá, país con una estructura demográfica en equilibrio, con pensiones cuantiosas, precios bajos de la vivienda, suele utilizarse este producto financiero. Existe también esta figura, con características específicas y en diversas modalidades, en Australia y Nueva Zelanda, entre otros.5

En cada uno de los países este instrumento tiene características distintas, pero sus elementos básicos son comunes:

- Se trata de un instrumento al que no pueden acceder todo tipo de persona, sino solamente aquellas que son adultos mayores, propietarias de un bien inmueble sobre el que no existan adeudos o éstos sean muy bajos.

- El adulto mayor puede hipotecar su casa a través de este instrumento financiero y a cambio recibirán un pago que puede ser único o una serie de pagos periódicos temporales o vitalicios que no deberán restituirse al acreedor a menos que se decida vender el bien, haya cambio de residencia o fallezca el dueño del inmueble y éste no tenga algún familiar dependiente económico sobreviviente que habite en el mismo lugar.

- Generalmente el monto máximo del crédito está dado por el valor del inmueble hipotecado y la expectativa de vida del solicitante.

- Mientras esté vivo él, o su beneficiario, puede seguir habitando la propiedad, aun cuando la cantidad de recursos entregada por el acreedor sea una proporción muy elevada del valor del inmueble hipotecado; pero cuando fallece, los herederos deberán pagar el préstamo, es decir, si quieren conservar la propiedad deben pagar todo el dinero del que dispuso el adulto mayor o su beneficiario, más intereses.

DIFERENCIAS DE LA HIPOTECA INVERSA CON OTROS FIGURAS QUE OTORGAN CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA

Existen diversas figuras con la que se lograría el objeto de brindar liquidez a quienes otorgan en garantía su inmueble, cada uno tiene su propia naturaleza y efectos jurídicos, que son muy distintos a lo que se propone en esta iniciativa de hipoteca pensionaria.

En el mercado existen diversas modalidades en las que se otorga un crédito a través de un Contrato de Mutuo con Interés y Garantía Hipotecaria.

Algunos de estos actos jurídicos, que menciona Francisco José Visoso del Valle6 son los siguientes:

- Enajenación de la nuda propiedad con reserva de usufructo vitalicio. Mediante esta figura el acreditado conserva su vivienda, y puede convertir parcialmente su valor en liquidez. La desventaja es que implica la enajenación de la propiedad, no obstante conservar su uso y disfrute “por lo tanto, a su fallecimiento este derecho se extingue y sus herederos no tendrán posibilidad alguna de preservar el inmueble”; además el monto del crédito se considera a partir de la expectativa de vida del solicitante y no del valor comercial del inmueble. A la muerte del Usufructuario el inmueble pasa a ser propiedad del acreedor, “Si el usufructuario sobrevive escasos meses a la celebración del contrato, habrá realizado un acto jurídico sensiblemente perjudicial a su patrimonio”, dice Visoso.

- Donación de la nuda propiedad con carga al donatario de sufragar los gastos de alimentos del donante. Con esta figura, también se traslada la propiedad y se considera la supervivencia del donante; además, el donatario deberá pagar por el ISR derivado de la enajenación.

- Contrato de renta vitalicia. De igual forma se traslada la propiedad del inmueble, los impuestos del ISR deben cubrirse y, como en los casos anteriores, si la muerte sobreviene a los pocos meses, resulta en detrimento del contratante.

- Contrato de arrendamiento. Permite conservar el inmueble y resuelve problema de flujo, pero se obliga a dejar el inmueble y al correspondiente pago de impuestos por los ingresos recibidos.

El mercado no regulado ofrece también crédito simple, recibiendo en garantía los documentos que avalan la propiedad del inmueble.

En fin, las opciones para aquellos que requieren una cantidad importante de recursos y que además cuentan con un bien raíz para respaldar la operación son variadas, pero todas representan un alto riesgo de pérdida de patrimonio, pues son préstamos que se otorgan con un interés de entre 36% y 50% anual, sin considerar otros gastos y comisiones, con el agregado que no son supervisados por ninguna entidad reguladora.

Podemos concluir que las ventajas de la figura de hipoteca pensionaria, sobre los productos de financiamiento existentes en el mercado, son evidentes, entre estas podemos mencionar:

- La hipoteca pensionaria permite a los adultos mayores disponer del valor de su casa, sin necesidad de venderla, sin obligación de desalojarla y con la opción de rentarla.

- El propietario de la vivienda puede complementar sus ingresos para la satisfacción de sus necesidades, mediante la conversión en liquidez de un activo fijo.

- Desde el punto de vista de los herederos, les permite la posibilidad de que parte de la vivienda se transmita en herencia, si el propietario fallece en un plazo corto o si la vivienda es revalorada;

- Se reduce la posibilidad de herencias intestadas;

- Se incentiva la regularización de las propiedades;

- Se promueve una mayor disponibilidad de viviendas en el mercado inmobiliario, favoreciendo los procesos de valorización.

Otras ventajas están en relación con las circunstancias particulares de cada persona, basta con considerar las ventajas que representaría para una persona mayor que vive en soledad o un adulto mayor con enfermedad crónica que necesita medicinas y cuidados contantes; o un adulto en abandono.

Lastimosamente, son muchos los casos e hipótesis que pueden presentarse, y con este instrumento los adultos mayores podrían afrontar la carencia de dinero y reducir su condición de vulnerabilidad. Con el agregado que quienes otorgarían el crédito serian instituciones autorizadas y supervisadas por un ente regulador.

A nivel local, las entidades federativas han empezado a incorporar la figura de hipoteca inversa en su legislación local, como es el caso del Estado de México y la propuesta del estado de Jalisco, con la limitante de que se da a través de un contrato entre particulares o entidades que no tienen la supervisión que se necesita para proteger a un grupo vulnerable como son los adultos mayores.

Por tanto, un marco jurídico adecuado para la hipoteca pensionaria es una necesidad tanto para los adultos mayores como para lograr una mayor inclusión financiera.

PROPUESTA LEGISLATIVA

En razón de las consideraciones anteriores se propone modificar la siguiente legislación:

- Código Civil Federal

- Ley de Instituciones de Crédito

- Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, y

- Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado

MODIFICACIONES AL CODIGO CIVIL

En el Código Civil Federal se incorpora un Capítulo para regular la figura de la Hipoteca Pensionaria, siendo sus características principales las siguientes:

- Se constituye para garantizar el crédito que se otorga a una persona con edad igual o mayor de 65 años

- El crédito es utilizado para complementar los gastos del solicitante, considerando alimento, vestido y cuidado de su salud.

- La hipoteca pensionaria solo podrá constituirse sobre el inmueble propiedad del pensionista, que sea su vivienda habitual y que se encuentre libre de gravámenes.

- Solamente podrán otorgar este crédito las entidades financieras del Sistema Financiero Mexicano, autorizadas y sujetas a supervisión, y los Institutos de Seguridad Social.

- Es requisito esencial que el solicitante sea asesorado en todo momento respecto al objeto del crédito, condiciones, términos y riesgos, por agente autorizado e independiente de la entidad a la que se solicite el crédito.

- En cuanto al monto del crédito, éste se determinará  con base al precio de mercado y la expectativa de vida del solicitante

- El pensionario podrá asignar beneficiario, que podrá ser su cónyuge, concubina o concubinario de edad igual o superior a 63 años.

- El avalúo deberá ser realizado por peritos valuadores autorizados por la Sociedad Hipotecaria Federal y el pensionista puede solicitar en un periodo de cada tres años, un nuevo avalúo, a fin de actualizar la plusvalía del inmueble, la cuantía de la obligación principal y el monto de las disposiciones. El costo del avalúo será a cargo del pensionista.

- A fin de agilizar, en su caso, la ejecución de la garantía, el acreedor podrá solicitar al pensionista otorgamiento de testamento público abierto en que instituya herederos y albacea.

- El pensionista o, en su caso, su beneficiario, habitará de forma vitalicia el inmueble y solo podrá darlo en arrendamiento para uso habitacional y con la autorización del acreedor.

- El pensionista se obliga a conservar el inmueble en condiciones iguales a la firma del contrato; y a estar al corriente en el pago del impuesto predial y demás servicios;

- El pensionista deberá contratar póliza de seguro por daños, por el tiempo que dure la obligación.

- El crédito no se extinguirá aún y cuando el pensionista dispusiere del límite total garantizado con hipoteca pensionaria.

- A efecto de recibir aportaciones periódicas hasta su fallecimiento, o en su caso, el de su beneficiario, el pensionista podrá contratar seguro de rentas vitalicias y/o seguro de sobrevivencia.

- En caso de no contratar o no estar vigentes los seguros y el pensionista hubiere dispuesto de la totalidad del crédito, el acreedor continuará ministrando al pensionista las parcialidades periódicas pactadas y, a su fallecimiento, la obligación podrá ser cubierta con la masa hereditaria, hasta donde sea necesario.

- La deuda del principal y los intereses solo serán exigible por el pensionario y la garantía ejecutable, hasta el fallecimiento del pensionista o, si así se hubiera estipulado, de su beneficiario y únicamente por el monto dispuesto.

- Los intereses que se generen será únicamente sobre las cantidades dispuestas por el pensionista o, en su caso, su beneficiario y se capitalizaran anualmente.

- Al fallecimiento del pensionista o, en su caso, de su beneficiario, sus herederos podrán pagar la totalidad del crédito adeudado más los intereses generados pero no podrá ser por un periodo mayor a 3 meses a partir del fallecimiento, si no lo hicieran, la garantía será ejecutable.

En cuanto a las disposiciones del crédito por parte del pensionista, se establece que se dará en parcialidades que le ministre el acreedor y que, en todo caso, podrá autorizar retiros mayores cuando se presenten situaciones extraordinarias como una enfermedad grave o accidente que ponga en riesgo la vida del pensionista o su beneficiario; o, ante la necesidad de reparar la vivienda. Estas disposiciones no excederán de un evento cada tres años.

Al igual que en una garantía hipotecaria normal, el bien sobre el que se constituya hipoteca pensionaria no podrá ser transmitido o dividido por el pensionista, sin la autorización expresa del pensionario. En caso de incumplimiento el acreedor puede declarar vencido y exigir el pago del adeudo a menos que se sustituya la garantía a su satisfacción.

Se prevé que en caso de que el pensionario deje de ministrar puntualmente hasta dos disposiciones, el pensionista podrá demandar la rescisión del contrato y exigir daños y perjuicios o la pena convencional pactada, debiendo tenerse la deuda como liquidada pero no exigible, y no generará más intereses.

MODIFICACIONES A LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Es indudable que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable cuyos intereses deben ser protegidos y es de suponerse que, con una regulación apropiada y supervisada, la hipoteca pensionaria será un instrumento atractivo para este sector.

Por tal razón es que se modifica la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de establecer que la falta de ministración de las parcialidades periódicas pactadas por los créditos garantizados con hipoteca pensionaria, a cien o más pensionistas, que en su conjunto alcancen un monto superior o equivalente a dos millones de UDI´s, será motivo para que el ente regulador pueda revoquen la autorización.

El supuesto es análogo para el caso en que la entidad no pague en las ventanillas de dos o más de sus sucursales los retiros de depósitos bancarios de dinero que efectúen sus clientes, y el proceso que se sigue para el caso de la falta de ministración relacionado con la hipoteca pensionaria es el mismo que se establece en la Ley.

Por otro lado, aunque como se ha mencionado en estos considerandos, las medidas prudenciales han fortalecido y dado solidez al sistema financiero, se considera que para el caso de que una institución se encuentre en proceso de liquidación, la Sociedad Hipotecaria Federal, será la que se subrogue la obligación de ministrar a los pensionistas las parcialidades acordadas con el acreedor, hasta en tanto se cedan o transfieran los derechos a otra Institución.

MODIFICACIONES A LA LEY DE SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL

Con el fin de que las Hipotecas Pensionarias puedan ser garantizadas con financiamientos que otorgue la Sociedad Hipotecaria Federal, se incluye a estas como parte de su objeto y a fin de intervenir en caso de que sea necesario para mantener en equilibrio el mercado inmobiliario.

MODIFICACIONES LEY DE TRANSPARENCIA Y DE FOMENTO A LA COMPETENCIA EN EL CRÉDITO GARANTIZADO

Con el propósito de promover la competencia en el otorgamiento de créditos garantizados con hipoteca pensionaria y a fin de que los solicitantes gocen de las mayores garantías y transparencia, se establece como objeto de esta Ley el de regular las actividades y servicios financieros para el otorgamiento de Crédito que tenga como fin complementar los gastos de las necesidades básicas de adultos mayores.

Por tanto, se equipara el concepto de Hipoteca Pensionaria, al de Crédito Garantizado.

Con base a los anteriores fundamentos y motivaciones, someto a consideración de la Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, LA LEY ORGÁNICA DE SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL Y LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DE FOMENTO A LA COMPETENCIA EN EL CRÉDITO GARANTIZADO

PRIMERO. Se adiciona un Capítulo IV denominado “De la Hipoteca Pensionaria” y recorrer el actual CAPÍTULO IV denominado “De la Extinción de las Hipotecas” al TITULO DECIMOQUINTO y, se adicionan los artículos 2939 Bis, 2939 Ter, 2939 Quater, 2939 Quinquies, 2939 sexies, 2939 septies, 2939 octies, 2939 nonies, 2939 decies, 2939 undecies, 2939 duodecies, 2939 terdecies, 2939 quaterdecies y 2939 quindecies, al CÓDIGO CIVIL FEDERAL, para quedar como sigue:

Capítulo IV
De la Hipoteca Pensionaria

Artículo 2939 Bis. Se entenderá por hipoteca pensionaria aquella constituida para garantizar el crédito otorgado a persona física, con edad igual o mayor de 65 años, destinado a complementar los gastos para acceder a los satisfactores necesarios para una vida digna, considerando alimento, vestido y cuidado de su salud.

Artículo 2939 Ter. La hipoteca pensionaria solamente podrá constituirse sobre el inmueble propiedad del pensionista, que sea su vivienda habitual y que se encuentre libre de gravámenes.

Artículo 2939 Quater. El crédito garantizado con hipoteca pensionaria solo podrá otorgarse por entidades financieras del Sistema Financiero Mexicano, autorizadas y sujetas a supervisión, y por Institutos de Seguridad Social.

El solicitante deberá ser asesorado en todo momento respecto al objeto del crédito, condiciones, términos y riesgos, por agente autorizado por las autoridades correspondientes, que deberá ser independiente de la entidad a la que se solicite el crédito.

Artículo 2939 Quinquies. El tutor podrá constituir hipoteca pensionaria para garantizar las necesidades económicas a favor de persona incapaz, con la debida autorización judicial y en los términos del presente capítulo.

Artículo 2939 Sexies. La cuantía de la obligación principal, se determinará considerando, entre otros aspectos, el avalúo del inmueble, a precio de mercado, y la expectativa de vida del solicitante y/o, en su caso, de su beneficiario, que podrá ser su cónyuge, concubina o concubinario de edad igual o superior a 63 años.

El avalúo deberá ser realizado por peritos valuadores autorizados por la Sociedad Hipotecaria Federal.

A efecto de actualizar la plusvalía del inmueble, la cuantía de la obligación principal y el monto de las disposiciones, el pensionista podrá solicitar cada tres años un nuevo avalúo. El costo del avalúo será a cargo del pensionista.

El pensionario podrá solicitar al pensionista otorgamiento de testamento público abierto en que instituya herederos y albacea.

Artículo 2939 Septies. El pensionista o, en su caso, su beneficiario, habitará de forma vitalicia el inmueble gravado con hipoteca pensionaria. El arrendamiento, parcial o total del inmueble, solo podrá otorgarse para uso habitacional y en los términos del artículo 2914 de este Código, sin que se afecte la naturaleza propia de la hipoteca pensionaria.

El pensionista deberá conservar el inmueble en condiciones iguales a la firma del contrato; estar al corriente en el pago del impuesto predial y demás servicios; también, deberá contratar póliza de seguro por daños, por el tiempo que dure la obligación.

Artículo 2939 Octies. El bien sobre el que se constituya hipoteca pensionaria no podrá ser transmitido o dividido por el pensionista, sin la autorización expresa del pensionario. El incumplimiento de esta obligación le conferirá el derecho al pensionario de declarar vencido anticipadamente el total del adeudo y exigible a la fecha, a menos que se sustituya la garantía en forma bastante e igual a la anterior, en un plazo de seis meses.

Artículo 2939 Nonies. El pensionista dispondrá del importe del crédito mediante parcialidades periódicas. De manera extraordinaria, cuando se acredite enfermedad grave o accidente que ponga en riesgo la vida del pensionista o su beneficiario o, ante la necesidad imperiosa de reparar la vivienda, el pensionario podrá autorizar al pensionista la disposición de hasta cinco parcialidades, sin exceder de un evento cada tres años.

El crédito no se extinguirá aún y cuando el pensionista dispusiere del límite total garantizado con hipoteca pensionaria.

A efecto de recibir aportaciones periódicas hasta su fallecimiento, o en su caso, el de su beneficiario, el pensionista podrá contratar seguro de rentas vitalicias y/o seguro de sobrevivencia.

En caso de no contratar o no estar vigentes los seguros señalados en el párrafo anterior, y haber dispuesto de la totalidad del crédito garantizado con hipoteca pensionaria, el pensionario continuará ministrando al pensionista las parcialidades periódicas pactadas. En este caso, el cumplimiento de la obligación se atendrá a lo dispuesto en los artículos 2964 y 2981 de este Código.

Artículo 2939 Decies. Los intereses que se generen será únicamente sobre las cantidades dispuestas por el pensionista o, en su caso, su beneficiario y se capitalizaran anualmente.

La hipoteca pensionaria constituida garantizará los intereses que se generen hasta que sea pagada totalmente la deuda principal, por lo que no será aplicable lo establecido en el artículo 2915 de este Código.

Artículo 2939 Undecies. La deuda del principal y los intereses solo serán exigibles por el pensionario y la garantía ejecutable, hasta el fallecimiento del pensionista o, si así se hubiera estipulado, de su beneficiario y únicamente hasta por las cantidades que se hubieran dispuesto.

Artículo 2939 Duodecies. Para el caso de que el pensionario deje de ministrar puntualmente hasta dos disposiciones, el pensionista podrá demandar la rescisión del contrato y exigir daños y perjuicios o la pena convencional pactada, debiendo tenerse la deuda como liquidada pero no exigible, y no generará más intereses.

El pensionista podrá, en este caso, constituir nueva hipoteca sobre el mismo inmueble, teniendo la nueva hipoteca prelación respecto de la anterior.

Artículo 2939 Terdecies. El pensionista podrá en todo momento hacer pago anticipado, sin penalización alguna, de la totalidad del monto adeudado más sus intereses.

En las cancelaciones, anticipadas o no, que se produzcan como consecuencia del fallecimiento del pensionista, la entidad acreedora no tendrá derecho a percibir cantidad alguna en concepto de penalización.

Artículo 2939 Quaterdecies. Al fallecimiento del pensionista o, en su caso, de su beneficiario, sus herederos podrán pagar la totalidad del crédito adeudado más los intereses generados, en el plazo de gracia estipulado, que no podrá ser menor a 3 meses a partir del fallecimiento.

Transcurridos tres meses después del fallecimiento del pensionista, sin que los herederos efectúen el pago, la garantía será ejecutable.

Artículo 2939 Quindecies. Para el cálculo de los honorarios notariales de las escrituras de constitución, subrogación, novación modificativa y cancelación de la hipoteca pensionaria, se estará a lo dispuesto por la normatividad correspondiente.

SEGUNDO. Se adiciona un sub inciso  iii) al inciso b) de la fracción VI. del artículo 28; se adiciona una fracción IV, y se modifica el último párrafo del artículo 173 de la LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, para quedar como sigue:

Artículo 28.-

I. a V…..

VI….

a)…

i)…

ii)…

b) …

i) …

ii) …

iii) No ministren a cien o más pensionistas las parcialidades periódicas pactadas por los créditos garantizados con hipoteca pensionaria, que en su conjunto alcancen el monto citado en el primer párrafo de este inciso.

VII. a VIII…

Artículo 173….

I. a III…

IV. Tratándose de crédito garantizados con hipoteca pensionaria no serán aplicables las fracciones I. y III. de este artículo y la Sociedad Hipotecaria Federal se subrogará la obligación de ministrar a los pensionistas las parcialidades acordadas con el acreedor, hasta en tanto se den los supuestos establecidos en el artículo 186.

Con excepción de las operaciones enunciadas en la fracción IV, no se aplicará lo previsto en este artículo a aquellas operaciones que sean objeto de transferencia conforme a los artículos 194 o 197 de esta Ley.

TERCERO. Se modifica el párrafo segundo del artículo 2. de la LEY ORGÁNICA DE SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, para quedar como sigue:

Artículo 2o….

Asimismo, podrá garantizar financiamientos a hipotecas pensionarias y los relacionados con el equipamiento de conjuntos habitacionales.

CUARTO. Se modifica el artículo 1. y la fracción II del artículo 3, de la LEY DE TRANSPARENCIA Y DE FOMENTO A LA COMPETENCIA EN EL CRÉDITO GARANTIZADO, para quedar como sigue:

Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular las actividades y servicios financieros para el otorgamiento de Crédito Garantizado, para la adquisición, construcción, remodelación o refinanciamiento destinado a la vivienda, y el otorgado para complementar los gastos de las necesidades básicas de adultos mayores, con la finalidad de asegurar la transparencia en su otorgamiento y fomentar la competencia.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I….

II. Crédito Garantizado. El crédito que otorguen las Entidades con garantía real, ya sea a través de hipoteca, hipoteca pensionaria, prenda, caución bursátil, fideicomiso de garantía o de cualquier otra forma, destinado a la adquisición, construcción, remodelación o refinanciamiento relativo a bienes inmuebles. Para efectos de esta definición, las operaciones que realicen las Entidades sujetas a la modalidad de compraventa con reserva de dominio, arrendamiento con opción de compra, compraventa en abonos, se equiparan al Crédito Garantizado y tendrán el mismo tratamiento que otorga la presente Ley.

III. a XI….

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 26 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Ninfa Salinas Sada.

1  Véase “Estadísticas a propósito del día internacional de las Personas de Edad. INEGI, septiembre de 2014.

2 Véase INEGI BOLETÍN DE PRENSA NÚM. 524/15.

3 Boletín “VULNERABLE, LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN MÉXICO”. UNAM-DGCS. Ciudad Universitaria. 4 de marzo de 2016.

4 CONEVAL, en Hernández Licona Gonzalo. Adultos Mayores: Ingresos Pensiones y Programas Sociales.

5 Véase Diseño de Hipotecas Inversas en el mercado español, Sánchez Álvarez Isidro, López Ares Susana y Quiroga García Raquel. Instituto de Mayores y Servicios Sociales. España, marzo de 2007.

6 Visoso del Valle, Francisco José, Apertura de Crédito con Garantía Hipotecaria Inversa, Porrúa, México, 2012.





 

De la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de prevención de riesgos y daños ante el uso de sustancias psicoactivas, que se turna a las Comisiones Unidas de Salud; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS ANTE EL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

(Presentada por la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez)

La suscrita, Senadora MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ integrante de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 8, fracción I, 76, 164, 169, 172 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS ANTE EL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El uso de sustancias que alteran los estados de conciencia ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad, con fines diversos: ritual, cultural, médico, terapéutico, social, recreacional, esta misma historia nos señala que el consumo de drogas o sustancias psicoactivas no va a desaparecer.

De acuerdo al Informe Mundial sobre las Drogas 2014 UNODC, se estima que en el año 2012, entre 162 y 324 millones de personas (entre 3.5% y el 7.0% de la población mundial), habían utilizado alguna droga ilícita al menos una vez en el último año, principalmente sustancias del grupo del cannabis, opioides, cocaína o estimulantes tipo anfetamínico. En poblaciones de entre 15 y 65 años de edad, los hombres son dos o tres veces más propensos al uso de sustancias que las mujeres, con algunas especificidades por país.1

Contar con información diagnóstica que contenga datos estadísticos confiables es fundamental para la toma de decisiones y la definición de política pública. Desafortunadamente, en México en materia de uso y abuso de sustancias psicoactivas, aún hoy día no hay metodologías uniformes que permitan el diseño de indicadores claros y confiables para realizar un verdadero seguimiento a la situación.

Pese a lo anterior, si se cuentan con algunos datos oficiales, con respecto al consumo de drogas ilegales en el último año, la encuesta del 2011 encontró un porcentaje similar al de 2008, 1.5% con prevalencias bajas de consumo en lo general. De la misma manera, la marihuana fue la sustancia ilegal de mayor consumo 1.3% en el último año, seguida por la cocaína y los inhalables con porcentajes similares 0.4% y 0.3% respectivamente2.

De acuerdo a la encuesta nacional de consumo de sustancias en estudiantes de bachillerato y secundaria, la prevalencia alguna vez de consumo de cualquier droga en los estudiantes de secundaria y bachillerato es de 18.6% para los hombres y de 15.9% para las mujeres, de manera que la prevalencia total de consumo es de 17.2%.

Para el caso del alcohol, el consumo en adolescentes de 12 a 17 años en la prevalencia de alguna vez pasó de 35.6% a 42.9%, en el último año de 25.7% a 30.0% y en el último mes de 7.1% a 14.5%. Esta misma tendencia se observó en los hombres y en las mujeres, especialmente en el consumo del último mes ya que se incrementó en el caso de ellos de 11.5% a 17.4% y en ellas de 2.7% a 11.6%3.

Estos datos sobre drogas ilícitas y alcohol son muestra de la urgente necesidad de hacer diagnósticos para poder dar atención al uso de sustancias en la población en general; que brinden pistas sobre las medidas más adecuadas en aras de una verdadera prevención de los riesgos y daños ante el uso de sustancias.

Como se observa el consumo de alcohol es mayor que el de cualquier otra sustancia ilícita. No obstante, su uso no se criminaliza ni penaliza, al contrario de otras sustancias como la marihuana que si bien no es inocua, no deriva en daños tan severos a la salud como el alcohol. Esta distinción no se puede justificar científicamente y representa una violación de los derechos humanos, en especial el derecho a la igualdad, sin distinción de raza, pensamiento, identidad u otras prácticas que conformen el derecho a la personalidad. Cuando se trata de atender a las personas que usan drogas, es conveniente que se evite la estigmatización, y se atienda en términos libres de prejuicios morales, que sean respetuosos de los derechos humanos, y precisos respecto a las circunstancias y los objetivos de la atención.

El uso de drogas es ampliamente condenado en nuestra sociedad. Y no hay nadie que acepte o promueva el uso por parte de menores, y el consenso más bien está en  disuadir prácticas de riesgo en ese grupo que puede presentar vulnerabilidad y requiere de una protección especial por el Estado. Pero es muy importante reconocer que la infancia y los niños son reconocidas como sujetos de derechos que deben ser escuchados y poder participar de las decisiones que el Estado genere para ellos. Lamentablemente, existe dependencia y uso problemático entre menores y lo anterior es algo que se debe tomar en cuenta al legislar e intentar resolver ese problema en particular.

Para poder diseñar una política de prevención de riesgos y daños relacionados con el consumo de sustancias, es importante tener en claro distinciones conceptuales clave. Uso, abuso y dependencia son tres términos distintos. Uso no es necesariamente abuso. Según el Informe mundial sobre las drogas 2015, “más de 1 de cada 10 consumidores de drogas es un consumidor problemático que sufre trastornos ocasionados por el consumo de drogas o drogodependencia”.4 Es decir, el usuario que no presenta consumo nocivo es mayor. Aunque el uso de una sustancia psicoactiva implica riesgos en mayor o menor medida, el uso no necesariamente implica daños, y por lo tanto no necesariamente implica uso nocivo, abuso o uso problemático. Ninguna de estas conductas ameritan ser condenadas moralmente, y mucho menos por el Estado.

Asimismo, aunque la dependencia a una sustancia psicoactiva implica riesgos, no necesariamente es un daño en sí. La dependencia es una condición orgánica de la persona, que puede ser valorada en términos científicos y por supuesto médicos y terapéuticos. La dependencia puede propiciar la repetición de un uso nocivo, y por lo tanto representar un factor de riesgo adicional, pero como condición del organismo no es por sí misma un daño, y mucho menos una condición que amerite ser juzgada o tratada penalmente.  Al respecto, abunda la documentación en ciencias médicas y en ciencias antropológicas sobre dependencia, en contextos terapéuticos controlados que brindan un beneficio significativamente mayor que el perjuicio o los daños que puedan haber relacionados con el uso necesario -o no- y reiterado que genera la sustancia.

El extendido hábito cotidiano de beber café como parte de la rutina matutina es otro ejemplo de dependencia a una sustancia psicoactiva -en este caso, un estimulante de producción y comercio lícitos- sin daños considerables, aunque puede ameritar atención como factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, como problemas cardíacos y de hipertensión.

Por otro lado, no es necesario que haya dependencia para que el uso sea nocivo o problemático. El consumo en exceso de alcohol durante una ocasión, aunque no se padezca de alcoholismo, así como el riesgo de un brote psicótico por uso de alucinógenos como el LSD, son dos ejemplos ampliamente documentados de usos nocivos o abusos donde no necesariamente hay dependencia. Los usos nocivos sin dependencia son también objeto de atención desde las políticas públicas.

Los servicios públicos, en su contacto con las personas, especialmente las que están en condición de mayor vulnerabilidad, no deben restar calidad moral por el hecho de existir un uso de sustancias psicoactivas. Quien usa una droga, lícita o ilícita, no comete delito alguno por el hecho de usarla, y el uso de drogas no menoscaba los derechos humanos5.

Esta iniciativa plantea que, en materia de salud ante la realidad del uso de sustancias psicoactivas, el objetivo de la atención es la prevención de riesgos y daños, y no la condena moral por el uso o la dependencia. Prevenir riesgos y daños es, prevenir la promoción, el acceso no regulado, y el uso no médico de sustancias de abuso.

Prevenir riesgos y daños es, en población donde ya hay uso, hablar sin prejuicios morales y con base en evidencia sobre los riesgos y los daños a la salud física, mental y social. Ante la realidad del uso de sustancias prevenir riesgos y daños es reducir, en colaboración con la persona que recibe el servicio, los riesgos derivados de su uso particular de sustancias psicoactivas: riesgos tales como adquirir o agravar padecimientos de salud mental, enfermedades transmisibles y enfermedades no transmisibles, y la ocurrencia de percances accidentales.

La gravedad del riesgo de un uso, con o sin dependencia, es determinada por factores tales como las características de la sustancia en cuestión, las condiciones de la salud física y mental de la persona, y la práctica en particular, por ejemplo la vía de administración.

Prevenir riesgos y daños es propiciar la eventual abstención cuando la situación lo amerita, y contando con la voluntad de quien usa.

Prevenir riesgos y daños es considerar el uso de drogas como un factor de riesgo. La dependencia también es un factor de riesgo. Otros factores de riesgo que incrementan los riesgos por consumo de drogas son, ser menor de edad, padecer de problemas preexistentes de salud física o mental, la falta de acceso a servicios básicos, y la exclusión social.

No obstante, las personas que usan drogas siguen siendo excluidas, criminalizadas y estigmatizadas, incluso en su contacto con las autoridades policiacas y con los servicios de salud.

Algunos datos al respecto; de 2006 a 2014 fueron detenidas 453,069 personas por delitos contra la salud por instancias federales. De estas 175,993 fueron detenidas por posesión y 156,189 por consumo, que equivalen al 73% de Delitos contra la salud; de 2012 a 2014, fueron detenidos en 19 Estados 73,992 personas por delitos contra la salud. Personas que consumen sustancias son detenidas por la policía y llevadas al MP, y muchas incluso son encarceladas6.

La ubicación geográfica de México lo convierte en un país de origen, tránsito y destino de drogas, lo cual va de la mano con los altos niveles de criminalidad que se viven actualmente.

Sin embargo el gobierno mexicano, se ha pronunciado afirmando que:

“La política de drogas de México es integral. Concede gran importancia a observar los principios de responsabilidad común y compartida y de equilibrio entre las medidas para reducir la oferta y la demanda, además que busca privilegiar los derechos humanos desde un enfoque preventivo y de salud pública. Es decir, la política de drogas es mucho más que la persecución de delitos relacionados con la producción, tráfico o venta de drogas ilícitas, ya que en los esfuerzos nacionales se eslabonan medidas desde la salud pública, la procuración de justicia y el fomento al desarrollo7.

Lo que afirma el gobierno mexicano no se ve reflejado en la realidad, por el contrario, diversos especialistas han dicho ya que en la política de drogas en nuestro país predomina un enfoque prohibicionista del que se desprende la idea de: “un mundo libre de drogas” y la “guerra o combate contra las drogas”, política que ha sido sumamente cuestionada sobre su efectividad respecto a logro de los objetivos que dice perseguir.

La discusión sobre qué alternativas serían las más idóneas respecto a las sustancias psicoactivas -legalizar o regular desde un enfoque de salud y no únicamente desde el de seguridad pública- no es asunto menor, sobre todo si tomamos en consideración que existen multiplicidad de sustancias y que el fenómeno de la dependencia, uso nocivo o problemático es multifactorial. 

Sin duda esa será una discusión que continuará, empero, independientemente de esa discusión, corresponde al Estado la obligación de garantizar el derecho a la salud de la ciudadanía, incluida la promoción de la salud física y mental, así como la prevención, la reducción de riesgos y daños y la atención ante el uso de sustancias; en este orden de ideas el sistema de salud debe garantizar que aquellas personas con uso nocivo o problemático puedan acceder al tratamiento y rehabilitación de calidad con pleno respeto a sus derechos humanos desde un enfoque científico y libre de prejuicios morales.

Cualquier modificación legal en materia de drogas requiere de construir una verdadera política de prevención, información y educación que permita a los potenciales usuarios de éstas, y a los que ya lo son, contar con un apoyo desde el Estado que respete sus derechos y los ayude a tomar decisiones informadas frente a este fenómeno. De este modo, es imprescindible transmitir a la sociedad el mensaje de que el fenómeno de las drogas no puede ser reducido a un problema de seguridad pública ni de efectividad policíaca o militar. Nadie puede pedir, de forma realista, que las corporaciones policíacas impidan con éxito que las personas consuman drogas. La sociedad y la ciudadanía deben hacerse responsables de sus propias decisiones como personas adultas, mientras que, desde el Estado debemos extremar las medidas preventivas e informativas entre todos, en particular entre la niñez y la juventud.

El enfoque de reducción de daños se entiende como un conjunto de intervenciones preventivas, sanitarias y sociales, que tienen por finalidad minimizar los riesgos por el uso sustancias psicoactivas, fármacos, o psicotrópicos, así como reducir los daños que se puedan derivar del uso nocivo o problemático. Estas intervenciones acercan recursos necesarios para generar entornos apropiados que fortalecen los factores de protección y reducen los riesgos y daños asociados al uso. La presente iniciativa pretende por un lado proponer nuevos términos para el acercamiento al tema de los usos, los usos nocivos o problemáticos y la dependencia a sustancias, centrando la atención en la persona; agrega definiciones que buscan coadyuvar a desestigmatizar a las personas que usan drogas, aclarando que no todo uso es problemático o nocivo, no todo uso implica dependencia a sustancias y de igual manera, puede haber uso problemático o nocivo sin que haya dependencia.

Modifica el nombre del Capítulo IV Programa contra la Farmacodependencia, a Programa para la prevención de riesgos y daños ante el uso de sustancias psicoactivas. Una denominación alternativa podría derivarse del nombre del Capítulo II correspondiente al alcohol, para quedar como sigue: Programa para la Prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo de sustancias psicoactivas y de la atención a la farmacodependencia.

Otro  cambio consiste en tipificar en el artículo 192 bis conductas y circunstancias, en lugar de personas, para evitar la discriminación y la estigmatización de las personas que usan drogas o sustancias psicoactivas, y para facilitar entre las partes involucradas el acuerdo de los objetivos a alcanzar de la atención brindada tanto a la usuaria o el usuario, como a las personas que le rodean.

Además el término “Detección temprana” es ampliado en su definición, para incluir la detección de una multiplicidad de factores de riesgo, tales como la exclusión social, la presencia de conductas antisociales, o la presencia previa de padecimientos en la salud mental, y no solamente la detección de un primer consumo. El uso de sustancias psicoactivas es un riesgo de abuso, especialmente en población menor de edad, pero detectarlo sin atentar contra los derechos a la vida privada puede representar un riesgo de abuso a los derechos humanos de quien usa. Hay procedimientos menos intrusivos para detectar el posible uso de drogas, que es solo uno de varios factores de riesgo detectables para lograr intervenciones más efectivas de prevención, tratamiento e inclusión social.

La propuesta elimina de este apartado el término “narcóticos”, ya que considera que el termino más adecuado de acuerdo a la terminología de salud es sustancias psicoactivas,  además de contribuir a reforzar el abordaje de la prevención reducción y tratamiento desde el enfoque de salud.

Por último modifica el artículo 199 del Código Penal Federal, para armonizar lo que a términos de la ley general de salud refiere en materia de uso de sustancias. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS ANTE EL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma la fracción XXI del artículo 3; el párrafo C del artículo 13, la fracción III del artículo 112; la denominación del Capítulo IV del Título Décimo Primero; los artículos 191; 192, 192 Bis, 192 ter, 192 quater, 192 quintus, 192 sextus, 193 Bis; la fracción II, III, IV, VIII del artículo 473, el artículo 478 y 481, se deroga el segundo párrafo del artículo 193 bis.; todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I a XX...

XXI. La prevención de riesgos y daños ante el uso de sustancias psicoactivas y la atención integral del uso, abuso, y dependencia a dichas sustancias;

XXI a XXVIII

Artículo 13.- La competencia entre la Federación y las Entidades Federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A. (...)

B. (...)

C. Corresponde a la Federación y a las Entidades Federativas la prevención de riesgos y daños ante uso de sustancias psicoactivas, la atención integral de su uso, abuso, y dependencia y la persecución de los delitos contra la salud, en los términos del artículo 474 de esta Ley.

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I y II ...

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, activación física para la salud, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de riesgos y daños asociados al uso de sustancias psicoactivas, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
Programas Contra las Adicciones

Capítulo IV
Programa para la prevención de riesgos y daños ante el uso de sustancias psicoactivas

Artículo 191.- La Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa para la prevención de riesgos y daños ante el uso de sustancias psicoactivas, a través de las siguientes acciones:

I. La prevención, tratamiento, rehabilitación y reducción de riesgos y daños asociados ante el uso de sustancias psicoactivas.

II. La educación sobre los riesgos y daños asociados al uso, abuso y dependencia a sustancias psicoactivas;

III. La educación e instrucción a la familia y a la comunidad sobre la forma de reconocer los factores de riesgo y protección ante el uso de sustancias y adoptar las medidas oportunas para su prevención, reducción de daños y tratamiento.

La información que reciba la población deberá estar basada en estudios científicos, ética y derechos humanos y alertar de manera clara sobre los efectos, riesgos y daños físicos y psicológicos del consumo de éstas, pero además alentar un trato digno y respetuoso hacia las personas que usan sustancias psicoactivas.

Artículo 192.- La Secretaría de Salud elaborará un programa nacional para la atención integral de la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reducción de riesgos y daños ante el uso, el abuso, y la dependencia de sustancias psicoactivas, y lo ejecutará en coordinación con dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos de las Entidades Federativas.

Este programa establecerá los procedimientos y criterios para la prevención, reducción de riesgos y daños, tratamiento y en su caso rehabilitación de uso nocivo de sustancias psicoactivas; será de observancia obligatoria para los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional y en los establecimientos de los sectores público, privado y social que realicen actividades preventivas, de tratamiento y de control de las adicciones y la farmacodependencia.

Las campañas de información y sensibilización que reciba la población deberán estar basadas en estudios científicos, con enfoque de derechos humanos y alertar de manera adecuada sobre los efectos y daños físicos y psicológicos del consumo de estupefacientes y psicotrópicos.

De conformidad con los términos establecidos en el programa nacional para la prevención, reducción de daños, tratamiento del uso nocivo de sustancias psicoactivas y la farmacodependencia, los gobiernos de las entidades federativas serán responsables de:

I. Promover y llevar a cabo campañas permanentes de información y orientación al público, para la prevención y la reducción de daños de estupefacientes y psicotrópicos; y

II. Proporcionar información, brindar la atención médica y los tratamientos que se requieran a las personas que usan estupefacientes y psicotrópicos.

Artículo 192 bis.- Para los efectos del programa nacional se entiende por:

I. Dependencia: presentación de signos o síntomas de dependencia a sustancias psicoactivas, estupefacientes, psicotrópicos o fármacos;

II. Uso: Consumo o utilización de sustancias psicoactivas, estupefacientes o psicotrópicos, haya o no dependencia, haya o no uso nocivo;

III. Uso nocivo, abuso o uso problemático: Uso que causa o contribuye a causar daños en la salud de quien usa o de quienes le rodean.

IV. Suspensión del abuso de sustancias psicoactivas: Proceso mediante el cual la persona con uso nocivo o problemático de sustancias participa en forma voluntaria en la superación de su uso nocivo o problemático con el apoyo del entorno comunitario en la identificación y solución de problemas comunes que lo provocaron.

V. Atención médica: Al conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud;

VI. Detección temprana: Corresponde a una estrategia de prevención primaria y secundaria que tiene como propósito identificar el riesgo de uso nocivo de sustancias psicoactivas a fin de aplicar medidas preventivas y terapéuticas de carácter médico, psicológico y social lo más temprano posible;

VII. Prevención: El conjunto de acciones dirigidas a evitar o reducir el uso o el uso nocivo o problemático de sustancias psicoactivas, así como los riesgos sanitarios, sus consecuencias físicas, psíquicas, económicas, familiares y sociales;

VIII. Atención a factores de riesgo y de protección: El conjunto de acciones dirigidas a identificar y reducir, en las poblaciones y en las personas, los factores que incrementan el riesgo de uso y dependencia problemáticos, tales como la exclusión social, así como a identificar y fortalecer los factores de protección que reducen este riesgo, tales como la promoción de la salud y el fortalecimiento del tejido social.

IX. Reducción de daños: conjunto de políticas, programas y prácticas no coercitivas e incrementales, orientadas a evitar o reducir situaciones de riesgo, mejorar o limitar los riesgos y daños asociados al uso de sustancias psicoactivas.

X. Tratamiento: El conjunto de acciones que tienen por objeto eliminar el uso o reducir los riesgos y daños que implican el uso y abuso de sustancias, abatir los padecimientos asociados al consumo, e incrementar el grado de bienestar físico, mental y social, tanto del que usa, abusa o depende de esas sustancias, como de su familia;

XI. Investigación en materia de uso, dependencia, uso nocivo o problemático de sustancias, tiene por objeto determinar las características y tendencias del problema, así como su magnitud e impacto en lo individual, familiar y colectivo; construyendo las bases científicas para la construcción de políticas públicas y los tratamientos adecuados para los diversos tipos y niveles de usos de sustancias; respetando los derechos humanos y su integridad, y

XIII. Sustancias psicoactivas o que alteran la conciencia: Son aquellas sustancias de origen natural o sintético que cuando se consumen por cualquier vía, tienen la capacidad de generar un efecto directo sobre el sistema nervioso central, que está compuesto por el cerebro y la médula espinal, ocasionando cambios específicos a sus funciones. Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las percepciones.

Artículo 192 Ter.- En materia de prevención se ofrecerá a la población un modelo de intervención temprana que partiendo de la atención a factores de riesgo y de protección, considere desde la prevención y promoción de una vida saludable, hasta el tratamiento ambulatorio de calidad, el programa nacional fortalecerá la responsabilidad del Estado, principalmente de la Secretaría de Salud, ofreciendo una visión integral y objetiva del uso nocivo o problemático de sustancias para:

I. Desarrollar campañas de educación para prevención del uso nocivo o problemático de sustancias psicoactivas, con base en esquemas novedosos y creativos de comunicación que permitan la producción y difusión de mensajes de alto impacto social, con el fin de atender los factores de riesgo y fortalecer los factores de protección, reforzar los conocimientos de daños y riesgos asociados al uso de sustancias psicoactivas, especialmente dirigirá sus esfuerzos hacia los sectores identificados como de alto riesgo, a través de centros de educación básica;

II. Coordinar y promover con los sectores público, privado y social, las acciones para prevenir el uso nocivo o problemático de sustancias psicoactivas, con base en la información y en el desarrollo de habilidades para proteger, promover, restaurar, cuidar la salud individual, familiar, laboral, escolar y colectiva;

III. Proporcionar atención integral a grupos de alto riesgo en los que se ha demostrado, a través de diversas investigaciones y estudios, que, por sus características biopsicosociales, tienen mayor probabilidad de uso, abuso o dependencia a sustancias psicoactivas, y

IV. Realizar las acciones de prevención necesarias con base en la percepción de riesgo de consumo de sustancias en general, la sustancia psicoactiva de uso; las características de los individuos, los patrones de uso y abuso; los problemas asociados a las drogas; así como los aspectos culturales y las tradiciones de los distintos grupos sociales

Artículo 192 Quáter.-Para el tratamiento de la dependencia y el uso nocivo o problemático de sustancias psicoactivas, las dependencias y entidades de la administración pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales, deberán crear centros especializados en tratamiento, atención, y rehabilitación, con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a los derechos humanos, a la integridad y a la libre decisión de la persona usuaria de sustancias.

La ubicación de los centros se basará en estudios rigurosos del impacto de las adicciones en cada región del país y deberá:

I. Crear un padrón de instituciones y organismos públicos y privados que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de dependencia y uso nocivo o problemático de sustancias psicoactivas, que contenga las características de atención, condiciones y requisitos para acceder a los servicios que ofrecen, y

II. Celebrar convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales de los sectores social y privado, y con personas físicas que se dediquen a la prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de dependencia y uso nocivo o problemático de sustancias psicoactivas, con el fin de que quienes requieran de asistencia, puedan, conforme a sus necesidades, características, posibilidades económicas, acceder a los servicios que todas estas instituciones o personas físicas ofrecen.

Artículo 192 Quintus.- La Secretaría de Salud realizará procesos de investigación en materia de dependencia, uso y uso nocivo o problemático de sustancias psicoactivas para:

I. Determinar las características y tendencias del uso y uso problemático de sustancias psicoactivas, así como su magnitud e impacto en lo individual, familiar y colectivo;

II. Contar con una base científica que permita diseñar e instrumentar políticas públicas eficaces en la materia;

III. Evaluar, el impacto de los programas preventivos, de reducción de daños, así como de tratamiento y rehabilitación, estableciendo el nivel de costo-efectividad de las acciones, tomando como base, entre otros, indicadores que reflejen el enfoque de  derechos humanos;

IV. …

V. …
VI. Realizar convenios de colaboración a nivel internacional que permita fortalecer el intercambio de experiencias novedosas y efectivas en la prevención, reducción de riesgos y daños, y tratamiento, así como el conocimiento y avances sobre la materia, y

VII. En toda investigación en que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad, la protección de sus derechos humanos y su bienestar.

(…)

Artículo 192 Sextus.- El proceso de superación de la dependencia o el uso nocivo o problemático de sustancias psicoactivas debe:

I. Fomentar la participación comunitaria y familiar en la prevención, reducción de daños, y tratamiento, en coordinación con las autoridades locales, y las instituciones públicas o privadas, involucradas en los mismos, para la planeación, programación, ejecución y evaluación de los programas y acciones;

II. …

III. Reconocer a las comunidades terapéuticas, para el tratamiento y rehabilitación del uso nocivo o problemático de sustancias, en las que sin necesidad de internamiento, se pueda hacer posible la reinserción social, a través del apoyo mutuo, y

IV. Reconocer la importancia de los diversos grupos de ayuda mutua, que ofrecen servicios gratuitos en apoyo a personas con uso nocivo o problemático de sustancias psicoactivas  en recuperación, con base en experiencias vivenciales compartidas entre los miembros del grupo, para reducir o eliminar el uso nocivo o problemático de sustancias.

Artículo 193 Bis.- Cuando el centro o institución reciba reporte del no ejercicio de la acción penal, en términos del artículo 478 de esta Ley, las autoridades de salud deberán brindar la atención a la persona en los términos del programa de prevención de riesgos y daños ante el uso de sustancias psicoactivas

Se deroga

Artículo 473. Para los efectos de este capítulo se entenderá por:

I. Comercio: la venta, compra, adquisición o enajenación de algún narcótico;

II. Dependencia o farmacodependencia: presentación de signos o síntomas de dependencia a sustancias psicoactivas, estupefacientes, psicotrópicos o fármacos; de los previstos en los artículos 237 y 245, fracciones I a III, de esta Ley

III. Persona con uso nocivo o uso problemático: Toda persona que presenta un uso de  sustancias psicoactivas, estupefacientes, psicotrópicos o fármacos que daña su salud o la de quienes le rodean;

IV. Usuaria/o: Toda persona que consume o utilice estupefacientes o psicotrópicos y que puede o no presentar signos o síntomas de dependencia;

V. Narcóticos: los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen esta Ley, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia;

VI. Posesión: la tenencia material de narcóticos o cuando éstos están dentro del radio de acción y disponibilidad de la persona;

VII. Suministro: la transmisión material de forma directa o indirecta, por cualquier concepto, de la tenencia de narcóticos,

VIII. Tabla: la relación de narcóticos y la orientación de dosis máximas de consumo personal previstas en el artículo 479 de esta Ley.

Artículo 478.- El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo anterior, en contra de aquella persona usuaria o con uso nocivo o problemático de sustancias y posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para su consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción II del artículo 475 de esta Ley.

La autoridad ministerial informará a la persona usuaria la ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención del uso nocivo o problemático de sustancias psicoactivas.

El Ministerio Público hará reporte (…)

Artículo 481.- El Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto identifique que una persona relacionada con un procedimiento es una persona con uso nocivo o problemático de sustancias psicoactivas, deberá informar de inmediato y, en su caso, dar intervención a las autoridades sanitarias competentes, para los efectos del tratamiento que corresponda.

En todo centro de reclusión se prestarán servicios de tratamiento y rehabilitación a personas con uso nocivo o problemático de sustancias psicoactivas.

Para el otorgamiento de la condena condicional o del beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a que se le haya considerado persona con uso nocivo o problemático de sustancias psicoactivas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforma el artículo 199; del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 199.- El Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto conozca que una persona relacionada con algún procedimiento por los delitos previstos en los artículos 195 o 195 bis, es una persona con uso nocivo o problemático de sustancias psicoactivas, deberá informar de inmediato y, en su caso, dar intervención a las autoridades sanitarias competentes, para los efectos de facilitación del tratamiento que corresponda. En todo centro de reclusión se prestarán servicios de rehabilitación a personas con uso nocivo o problemático de sustancias psicoactivas. Para el otorgamiento de la condena condicional o del beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo al uso nocivo o problemático de sustancias psicoactivas.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de abril de 2016.

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.

1 Encuesta Nacional de Consumo de drogas en Estudiantes, 2014. Comisión Nacional contra las Adicciones, COANDIC, Documento PDF, en URL:
http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/investigacion/ENCODE_DROGAS_2014.pdf

2 Encuesta Nacional de consumo de drogas en estudiantes 2014,
http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/investigacion/ENCODE_DROGAS_2014.pdf

3 Encuesta Nacional de Adicciones 2011, en URL:
http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ENA_2011_ALCOHOL.pdf

4 Informe mundial sobre las drogas 2015. Resumen Ejecutivo. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

5 Declaración Universal de Derechos Humanos. También: “Guía Legal de Usuarios de Drogas”, Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas, AC.

6 Catalina Pérez Correa; ponencia: “Procesamiento de los delitos contra la salud en México” Ciudad de México, marzo, 2016.

7 Informe de la Situación de los derechos humanos en México, Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf





 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en materia de Delitos Electorales y del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES Y DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Soberanía:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES; Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 3 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES; Y 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CON LA SIGUIENTE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35, fracciones I y II, consagra el derecho de los ciudadanos a votar y ser votado.

El ejercicio de este derecho solo puede ser pensado en un estado democrático, o en proceso de la edificación de su democracia. Sin lugar a dudas, la democracia se debe construir con el esfuerzo de todos los integrantes de la sociedad, y junto con ello los elementos fundamentales que constituyen el voto, así como los instrumentos normativos que permitirán garantizar el pleno ejercicio de este derecho.

Así pues, la ciudadanía requiere de garantías en sus procesos electorales a partir de las instituciones responsables de organizar y vigilar que los procesos se desarrollen respetando el estado de derecho; uno de los instrumentos normativos establecidos para hacer respetarlos es el establecimiento de delitos que conllevan sanciones de privación de la libertad, para aquellos que los cometan.

En nuestro país, en el transcurso de su historia los delitos electorales han estado tipificados en diversos ordenamientos jurídicos especiales, ya que son conductas antisociales que afectan de manera directa y profunda a la sociedad al momento de hacer valer su derecho constitucional de votar y ser votado.

Cabe recordar que un delito, de acuerdo con el artículo 7 del Código Penal Federal, es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Ahora bien, un delito electoral, de acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República, es aquella acción u omisión que lesiona o pone en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atenta contra los principios del voto, que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible1.

De acuerdo con esta definición, cualquier persona puede cometer un delito electoral como: funcionarios electorales, funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizadores de campañas, ministros de culto religioso, y ciudadanos en general.

Durante las últimas dos décadas, el Poder Legislativo Mexicano han puesto mayor interés en la creación del marco jurídico específico que permita garantizar con mayores elementos el derecho de todos los mexicanos a votar y ser votado.

Principales Antecedentes legislativos en materia electoral

En agosto de 1990, el Código Penal Federal se adicionó con un Título Vigesimocuarto, Capítulo Único, que comprendía los artículos del 401 al 410, al cual se denominó “Delitos Electorales y en Materia del Registro Nacional de Ciudadanos”2, incorporándose a la legislación penal federal, por vez primera, un paquete de tipos penales electorales con la finalidad de garantizar el ejercicio del derecho a votar y ser votado.

A partir de entonces, la legislación penal federal se ha ido reformando en el sentido de incrementar algunas sanciones e incluir nuevas conductas delictivas dotadas de sanción penal.

Sin duda alguna la adición del Título Vigesimocuarto constituye un gran esfuerzo y un avance significativo que garantiza y mejora las condiciones de la contienda electoral, sin embargo cabe señalar que solo se ha reformado significativamente en dos momentos, el primero mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 1994, en el cual se incrementaron algunas sanciones e incluyeron elementos normativos punibles vinculados a la violación del secreto del voto, compra de votos, entre otros y, el segundo momento, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996, en el que se adicionaron nuevas conductas delictivas, además de contemplarse la figura del servidor público, y de separarse la regulación de los funcionarios partidistas y de los candidatos.

El Código Penal de referencia, vigente, prevé el mismo título y capítulo, destinado a regular los delitos electorales, del artículo 401 al 413.

La regulación penal en la materia representa por sí misma, avances importantes, pero no han sido suficientes para un mejor proceso electoral. En ese sentido, otra reforma trascendente fue: la reforma a al artículo 73, fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el DOF del 10 de febrero de 2014, a través de la cual se otorgan facultades expresas al Congreso de la Unión para expedir leyes generales en materia electoral que establezcan cuando menos tipos penales y sus sanciones; así como la expedición de la Ley General en Materia de Delitos Electorales publicada mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014,con el objetivo de establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno.

Al revisar los dos ordenamientos jurídicos de referencia, vigentes, sobresale que, La Ley General en Materia de Delitos Electorales, retoma las conductas y sanciones previstas por el Código Penal Federal en materia electoral, y agrega nuevas conductas y penas, encaminadas a ampliar el espectro de protección del derecho al ejercicio del voto. Asimismo, se observa que contempla sanciones similares para los ciudadanos, funcionarios partidistas o candidatos, funcionarios electorales y servidores públicos, así como también las conductas delictivas que pueden ser realizadas por cualquier persona en los procesos electorales, las cuales siguen afectando de manera directa los valores fundamentales de la sociedad e impiden el libre ejercicio de sus derechos.

En el contexto jurídico vigente, y en el contexto social actual, las contiendas electorales recientes han evidenciado la necesidad de realizar mejoras al marco jurídico penal en materia electoral, toda vez que se presentaron nuevamente diversas conductas delictivas que siguen impidiendo el libre ejercicio de los derechos electorales de los ciudadanos, y que a pesar de estar previstas y sancionadas por la ley electoral, vuelven a quedar impunes debido a la falta de penas ejemplares que impidan a quienes cometen el delito, evadir la aplicación de las sanciones, valiéndose de las lagunas legales y deficiencias de la ley.

Datos estadísticos de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE)3, de la Procuraduría General de la República, revelan que durante las contiendas electorales realizadas entre 2014 y 2015 las conductas que más se denunciaron en las averiguaciones previas fueron: Alteración del Registro Federal de Electores, Compra de votos e intimidación mediante uso de violencia, destrucción, alteración o suministro ilegal de materiales o documentos públicos electorales, condicionamiento de servicios públicos y programas gubernamentales.

Todas estas constituyen conductas totalmente reprochables que no deberían de presentarse en la sociedad actual, máxime a sabiendas de que se cuenta con un sistema jurídico electoral que las prevé y sanciona penalmente.

La información es preocupante, pero se vuelve alarmante al conocerse que las conductas delictivas van en aumento; la consecuencia, un proceso electoral quebrantado.

La FEPADE registró durante el 2014-2015 un aumento del 700% en el número de averiguaciones previas iniciadas por obstaculización o intimidación, en comparación con el 2012.

Lo anterior evidencia de quienes cometen dichas conductas, el descaro de sus actos y el conocimiento de las deficiencias de la ley para evadirse de su aplicación; si los delitos electorales hubiesen estado tipificados como graves, impidiendo a los infractores de la ley la obtención de beneficios procesales, sin lugar a dudas la comisión de dichos delitos sería mucho menor.

En este ámbito, estoy convencido de la necesidad de agravar los delitos electorales como un mecanismo de eficacia en la disminución de su comisión. De esta manera aquellas personas que cometan cualquiera de los delitos electorales previstos y sancionados por la ley, como hasta ahora lo han hecho, no podrán gozar de su libertad durante la investigación del delito, ni tampoco podrán hacerse acreedores a diversos beneficios procesales previstos en la ley; en otras palabras no podrán evadir de manera mañosa la aplicación y sanción de la misma, y se harán acreedores de manera ejemplar, a una sanción tanto económica como de privación de su libertad.

Actualmente muchos de los que cometen alguno de los delitos electorales logran evadir la privación de su libertad, y en muchas ocasiones el pago de una multa onerosa, lo que lejos de inhibir la comisión del delito fomenta su realización en aquellas personas que dolosamente buscan alterar el estado de derecho y/u obtener un beneficio mediante los resultados de las elecciones.

Implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales

Con la implementación de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, así como del sistema Acusatorio Adversarial (reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2008 y con iniciación de vigencia paulatina en cada uno de los estados de la república mexicana, y en el ámbito federal a partir del 29 de abril de 2016), se genera una nueva expectativa de avance y progreso de convivencia social, y de protección y certeza jurídica en los procedimientos penales.

La importancia de esta reforma en el sistema penal electoral, es la aplicación de este nuevo código a nivel estatal y federal, es decir que toda persecución de delitos electorales se efectuara por este nuevo Código que se rige por principios fundamentales que buscan asegurar el acceso a la justicia a los ciudadanos, y lo más importante proteger los derechos de cada uno de ellos.

A diferencia del anterior Código Federal de Procedimientos Penales que establecía expresamente los delitos considerados como graves, el nuevo Código Nacional incorpora una visión mixta, es decir, prevé expresamente en su artículo 150, fracción I, que se califican como delitos graves los delitos señalados como de prisión preventiva oficiosa en este Código o en la legislación aplicable, y además le da el mismo calificativo de delitos graves a aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de prisión.

Artículo 150. Supuesto de caso urgente

Sólo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona, siempre y cuando concurran los siguientes supuestos:

I. Existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión. Se califican como graves, para los efectos de la detención por caso urgente, los delitos señalados como de prisión preventiva oficiosa en este Código o en la legislación aplicable así como aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de prisión;

II y III. …

Los delitos previstos en la fracción I de este artículo, se considerarán graves, aún tratándose de tentativa punible.

Nos encontramos en una sociedad de constantes cambios y transformaciones, y los datos estadísticos recientes nos muestran la poca eficacia de la ley en la aplicación de las sanciones en materia electoral, así como el incremento en la comisión de los delitos en esta misma materia. De ahí, la necesidad de reformar y perfeccionar nuestro sistema jurídico electoral para garantizar el derecho constitucional de votar y ser votado.

En este sentido, la presente iniciativa tiene como finalidad tipificar como delitos electorales graves, aquellas conductas delictivas que, de manera reiterada, se han venido cometiendo e incrementando durante los últimos procesos electorales en el ámbito federal, principalmente.

Como ya se expuso, de esta manera aquellas personas que cometan cualquiera de los delitos electorales previstos y sancionados por la ley, no podrán gozar de su libertad durante la investigación del delito, ni tampoco podrán hacerse acreedores a diversos beneficios procesales previstos en la legislación penal que les permite, en muchos casos, evadir la privación de la libertad. En otras palabras no podrán evadir de manera mañosa la aplicación y sanción de la misma, y se harán acreedores de manera ejemplar, a una sanción tanto económica como de privación de su libertad.

Con estas modificaciones estoy seguro que estaremos fortaleciendo nuestro marco jurídico electoral y estaremos contribuyendo en el fortalecimiento de nuestro sistema democrático y el libre ejercicio del derecho constitucional  a votar y ser votado.

Recordemos que, de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, los delitos electorales tienen como cometido tutelar el voto libre y secreto y evitar presiones, coacciones o conductas que alteren la voluntad popular. Al mismo tiempo tienen como cometido que la voluntad popular no se altere, por circunstancias que modifiquen el resultado electoral, como consecuencia de conteos irregulares, alteraciones a la documentación electoral o fraudes burdos.

Por todo lo anterior, refiriéndome de manera específica a los delitos electorales considerados como graves por el Código Nacional de Procedimientos Penales, encontramos los previstos en los artículos 11, 14, 15 y 20 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a saber:

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

I. Coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición;

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.

Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo;

III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado;

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores;

V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, VI. Se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la información que le sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con funciones de fiscalización.

Artículo 14. Se impondrá prisión de dos a nueve años, al precandidato, candidato, funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que aproveche fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción III del artículo 11 de esta Ley.

Artículo 15. Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando  exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley.

La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral.

Artículo 20. Se impondrá de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que durante el procedimiento de consulta popular:

I. Coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que voten o se abstengan de votar por una opción dentro de la consulta popular;

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a favor de una opción dentro de la consulta popular.

Al respecto cabe mencionar que la gravedad de dichos delitos fue considerada a partir de las penas que se contemplan, sin analizar algún otro factor.

En ese sentido, si bien es cierto que la pena prevista para los delitos, por si misma se refiere a la gravedad del delito y a la reprochabilidad de la sociedad; hoy en día es necesario tomar otros factores como los datos estadísticos que reflejan cuales conductas delictivas se cometen reiteradamente e incluso se han incrementado, por lo que se hace necesario hacer modificaciones legislativas para sancionarlas eficazmente e inhibir su realización.

A partir de este razonamiento, en la presente iniciativa se propone sumar al conjunto de delitos electorales actualmente considerados como graves, por esta regla aritmética de la pena, los previstos en los artículos 7 fracciones de la III a la XXI, 8 fracciones de la II a la VI y de la VIII a la XI, 9, 11, y 13 fracción II, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, bajo la consideración de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, mismos que actualmente prevén lo siguiente:

Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

I. Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley;

II. Vote más de una vez en una misma elección;

III. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo;

IV. Obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales; introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien, introduzca boletas falsas; obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto.

La pena se aumentará hasta el doble cuando se ejerza violencia contra los funcionarios electorales;

V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos;

VI. Retenga durante la jornada electoral, sin causa justificada por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos;

VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma.

Si la conducta especificada en el párrafo anterior es cometida por un integrante de un organismo de seguridad pública, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en el presente artículo.

De igual forma, se sancionará a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición;

VIII. Solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto;

IX. Vote o pretenda votar con una credencial para votar de la que no sea titular;

X. Organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto;

XI. Se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda o suministre de manera ilegal, en cualquier tiempo, materiales o documentos públicos electorales.

Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado o con violencia, se aumentará la pena hasta en un tercio más. Si éste se realiza por una o varias personas armadas o que porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad más;

XII. Se apodere, destruya, altere, posea, adquiera, comercialice o suministre de manera ilegal, equipos o insumos necesarios para la elaboración de credenciales para votar.

Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado o con violencia, se aumentará hasta un tercio de la pena. Si éste se realiza por una o varias personas armadas o que porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad;

XIII. Obstaculice o interfiera el traslado y entrega de los paquetes y documentos públicos electorales;

XIV. Impida la instalación o clausura de una casilla. Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad, con independencia de las que correspondan por la comisión de otros delitos;

XV. Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos;

XVI. Realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado que atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso de los electores a la casilla.

Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad, con independencia de las que correspondan por la comisión de otros delitos;

XVII. Sin causa justificada por la ley, abra los paquetes electorales o retire los sellos o abra los lugares donde se resguarden;

XVIII. Por sí o interpósita persona, proporcione fondos provenientes del extranjero a un partido político, coalición, agrupación política o candidato para apoyar actos proselitistas dentro de una campaña electoral;

XIX. Expida o utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados;

XX. Usurpe el carácter de funcionario de casilla, o

XXI. Provea bienes y servicios a las campañas electorales sin formar parte del padrón de proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo.

Artículo 8. Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario electoral que:

I. Altere en cualquier forma, sustituya, destruya, comercialice o haga un uso ilícito de documentos relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores;

II. Se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral;

III. Obstruya el desarrollo normal de la votación sin mediar causa justificada;

IV. Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos o materiales electorales;

V. No entregue o impida la entrega oportuna de documentos o materiales electorales, sin mediar causa justificada;

VI. Induzca o ejerza presión, en ejercicio de sus funciones, sobre los electores para votar o abstenerse de votar por un partido político, coalición o candidato;

VII. Instale, abra o cierre una casilla fuera de los tiempos y formas previstos por la ley de la materia, la instale en lugar distinto al legalmente señalado, o impida su instalación;

VIII. Expulse u ordene, sin causa prevista por la ley, el retiro de la casilla electoral de representantes de un partido político o de candidato independiente u observadores electorales legalmente acreditados o impida el ejercicio de los derechos que la ley les concede;

IX. Permita que un ciudadano emita su voto a sabiendas de que no cumple con los requisitos de ley o que se introduzcan en las urnas ilícitamente una o más boletas electorales;

X. Divulgue, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados, o

XI. Realice funciones electorales que legalmente no le hayan sido encomendadas.

Artículo 9. Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario partidista o al candidato que:

I. Ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, el día de la elección o en alguno de los tres días anteriores a la misma;

II. Realice o distribuya propaganda electoral durante la jornada electoral;

III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales;

IV. Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la misma sin mediar causa justificada, o con ese fin ejerza violencia sobre los funcionarios electorales;

V. Divulgue, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados;

VI. Impida la instalación, apertura o clausura de una casilla, así como el escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales;

VII. Se abstenga de rendir cuentas o de realizar la comprobación o justificación de los gastos ordinarios o gastos de eventos proselitistas de campaña de algún partido político, coalición, agrupación política nacional o candidato, una vez que hubiese sido legalmente requerido;

VIII. Durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral, solicite votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación;

IX. Oculte, altere o niegue la información que le sea legalmente requerida por la autoridad electoral competente, o

X. Utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados.

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición;

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.

Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo;

III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado;

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores;

V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, o

VI. Se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la información que le sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con funciones de fiscalización.

Artículo 13. Se impondrá de sesenta a doscientos días multa y prisión de tres a siete años, a quien:

I. Por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores o participe en la expedición ilícita de una o más credenciales para votar con fotografía.

A quien por sí o a través de terceros solicite, promueva, traslade, subsidie, gestione, contrate servicios o bienes para que una o más personas proporcionen documentos o información falsa al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores, se les impondrá hasta una mitad más de la sanción que les corresponda conforme al primer párrafo de este artículo.

A quien por sí o a través de terceros, mediante amenaza o promesa de empleo, paga o dádiva, o promesa de entrega de cualquier tipo de recurso o bien, solicite o promueva que una o varias personas entreguen información falsa al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores, se les impondrá hasta una mitad más de la sanción que les corresponda conforme al primer párrafo de este artículo;

II. Altere, falsifique, destruya, posea, use, adquiera, comercialice, suministre o transmita de manera ilegal, archivos o datos de cualquier naturaleza, relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores.

En caso de que se trate de servidor público, funcionario partidista, precandidato o candidato el que intervenga en la comisión de las conductas prohibidas en el presente artículo, la punibilidad se incrementará hasta un tercio más.

Todo lo expuesto anteriormente, a partir de las consideraciones, los argumentos y datos estadísticos señalados, donde se muestra la reiterada comisión de determinadas conductas delictivas en materia electoral, y el crecimiento de las mismas durante los últimos comicios electorales, justifican la presente iniciativa.

Adiciones al Código Nacional de Procedimientos Penales.

En ese sentido se propone adicionar el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 167, para establecer como “delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa” y por lo tanto delitos graves, en términos de lo previsto por el artículo 150 fracción I, del mismo ordenamiento, los previstos en los artículos 7 fracciones de la III a la XXI, 8 fracciones de la II a la VI y de la VIII a la XI, 9, 11, y 13 fracción II, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, tal y como se expone a continuación:

Artículo 167. Causas de procedencia.

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código.

En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva.

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:

I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323;

II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis;

III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis;

IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126;

V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128;

VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;

VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero;

VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145;

IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis;

X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero.

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en los artículos 7 fracciones de la III a la XXI, 8 fracciones de la II a la VI y de la VIII a la XI, 9, 11, y 13 fracción II, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad.

Adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo.

Bajo los mismos criterios y consideraciones y con la finalidad de armonizar nuestro marco jurídico desde la Ley Suprema, se plantea reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 19, párrafo segundo, que actualmente prevé:

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Se trata de establecer en la Constitución la obligación del juez de ordenar la prisión preventiva oficiosa, además de las hipótesis que actualmente contempla, los de naturaleza electoral.

A continuación presentamos un cuadro comparativo que muestra el texto vigente y el texto de la propuesta que se plantea:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(Texto vigente)

Propuesta de adición

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y  circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y  circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la       nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, y los de naturaleza electoral.

Naturalmente esta propuesta de reforma constitucional se presentará por separado, en virtud del procedimiento legislativo previsto para reformarla.

Reforma y adición a la Ley General en Materia de Delitos Electorales

Finalmente, y con el mismo espíritu que motiva la presente iniciativa de reforma, se propone reformar la Ley General en Materia de Delitos Electorales, artículos 3, donde se conceptualiza lo que se entenderá por servidor público, y 11,donde se tipifican como delitos electorales determinadas conductas cometidas por servidores públicos, Lo anterior, con la finalidad de considerar como servidores públicos para efectos de la tipificación de las conductas previstas en el artículo 11, aquéllas personas que, sin tener dicha calidad, actúen bajo las órdenes, supervisión o aquiescencia de los   primeros.

Esta propuesta atiende, principalmente, a que en los hechos los datos estadísticos de la propia FEPADE, revelan que existe un porcentaje importante de Averiguaciones Previas en las que se denuncia la intervención de servidores públicos que presuntamente participan o han participado en el condicionamiento de programas sociales a cambio del voto de los beneficiarios, sin embargo, en ocasiones, quien lleva a cabo el condicionamiento de dichos programas no tiene la calidad de servidor público, es decir, se trata de personas contratadas de manera temporal, o bien de líderes comunitarios que actúan bajo la aquiescencia de los servidores públicos para coaccionar, presionar o condicionar el voto en el contexto de un proceso electoral.

Lamentablemente muchas de estas conductas quedan sin ser sancionadas.

Para perfeccionar la ley y sancionar a quienes cometen dichas conductas tipificadas como delitos, la propuesta en cuestión sugiere una reforma que equipare como servidor público a las personas que actúen en coordinación con los servidores públicos para ejecutar estos delitos electorales.

A continuación presentamos un cuadro comparativo que muestra el texto vigente y el texto de la propuesta que se plantea:

Ley General en Materia de Delitos Electorales
(Texto vigente)

Propuesta de adición

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. … a IV. …

V. Servidor Público: La persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o local centralizada, organismos descentralizados federales o locales, empresas de participación estatal mayoritaria federales o locales, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos federales o locales, en las legislaturas federal o locales y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en los poderes judiciales federal o locales o Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, o que manejen recursos económicos federales o locales, así como en los organismos a los que la Constitución, las constituciones locales o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal otorguen autonomía.

También se entenderá como servidores públicos a los funcionarios o empleados de la administración pública municipal y delegacional;

 

 

 

 

VI a XIV

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. … a IV. …

V. Servidor Público: La persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o local centralizada, organismos descentralizados federales o locales, empresas de participación estatal mayoritaria federales o locales, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos federales o locales, en las legislaturas federal o locales y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en los poderes judiciales federal o locales o Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, o que manejen recursos económicos federales o locales, así como en los organismos a los que la Constitución, las constituciones locales o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal otorguen autonomía.

También se entenderá como servidores públicos a los funcionarios o empleados de la administración pública municipal y delegacional;

Asimismo, serán considerados servidores públicos las personas que careciendo de las calidades a que se refieren los párrafos anteriores, actúen de conformidad, en complicidad, con autorización, o bajo la aquiescencia de aquellos.

VI a XIV

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público o a la persona que actuando bajo las instrucciones o aquiescencia de estos:

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES; Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 3 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES; Y 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES:

Artículo Primero. Se reforma el artículo 11 párrafo primero, y se adiciona el artículo 3, fracción V, con un párrafo tercero, a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 3.

I. … a IV. …

V. Servidor Público: La persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o local centralizada, organismos descentralizados federales o locales, empresas de participación estatal mayoritaria federales o locales, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos federales o locales, en las legislaturas federal o locales y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en los poderes judiciales federal o locales o Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, o que manejen recursos económicos federales o locales, así como en los organismos a los que la Constitución, las constituciones locales o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal otorguen autonomía.

También se entenderá como servidores públicos a los funcionarios o empleados de la administración pública municipal y delegacional;

Asimismo, serán considerados servidores públicos las personas que careciendo de las calidades a que se refieren los párrafos anteriores, actúen de conformidad, en complicidad, con autorización, o bajo la aquiescencia de aquellos.

VI. a XIV. …

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público o a la persona que actuando bajo las instrucciones o aquiescencia de estos:

I. … a VII. …

Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con un nuevo párrafo séptimo, y se recorre el actual, para quedar como sigue:

Artículo 167.

I. a XI. ...

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en los artículos 7 fracciones de la III a la XXI, 8 fracciones de la II a la VI y de la VIII a la XI, 9, 11, 13 fracción II, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

TRANSOTORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, el 26 de abril de 2016.

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.

1 FISCALIA EMPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES
http://www.fepade.gob.mx/delitos.

2 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN http://www.dof.gob.mx/

3 FISCALIA ESPECIAIZDA PARA LA ATENCIÓN DE DELITO ELECTORLES
http://www.fepade.gob.mx/documentos.





 

De la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga el artículo 158 del Código Civil Federal, que se turna a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA EL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene el objetivo de derogar el artículo 158 del Código Civil Federal ya que el mismo tiene un contenido discriminatorio al establecer que la mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados 300 días después de la disolución del anterior, mientras que para el hombre no existe alguna limitación sobre el tema.

Esto, en su momento se trató de una medida de precaución para evitar un divorcio en caso de embarazo, sin embargo, hoy esto puede resolverse de manera fácil y rápida con una prueba que puede adquirirse en una farmacia, por lo que esta medida resulta ofensiva para una mujer. Además, se trata de una disposición que contraviene el sentido del artículo 4º de nuestra Constitución que a la letra señala que hombre y mujer son iguales ante la Ley, adicionalmente, también va en contra de lo establecido en el artículo primero en materia de derechos humanos y discriminación.

La discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, por ello, como legisladores debemos mantener un compromiso constante de trabajo para actuar de manera consecuente a estos principios. La discriminación puede obedecer a distintas causas, pero el resultado siempre es el mismo: la negación del principio de igualdad y la violación de derechos fundamentales.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado que la discriminación es un acto donde se da un trato de inferioridad a personas o a grupos, a causa de su origen étnico o nacional, religión, edad, género, opiniones, preferencias políticas y sexuales, condiciones de salud, discapacidades, estado civil u otra causa.

La igualdad es uno de los valores más importantes reconocidos a nivel internacional cuya importancia radica en que garantiza derechos y limita privilegios, favoreciendo el desarrollo igualitario de la sociedad.

Desde 1979, en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer marco un eje de compromiso en la comunidad mundial para erradicar aquellas conductas que violentarán los derechos de las mujeres y fomento la creación de nuevas políticas encaminadas a conseguir la paridad de género, pero fue apenas hasta 1997 cuando las Naciones Unidas adoptaron la incorporación de una perspectiva de género, por lo tanto aún existen múltiples legislaciones en todo el planeta que carecen de este enfoque, de acuerdo con ONU MUJERES, a pesar de que 143 países de 195 garantizan la igualdad entre hombres y mujeres, aún existe discriminación directa o indirecta en muchos ámbitos, a través de leyes, políticas, estereotipos y prácticas sociales.

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, la discriminación por género es una situación que desafortunadamente prevalece en nuestro país, por ello, ha desarrollado un llamado permanente para seguir mecanismos para evitar procesos discriminatorios que concurren en el campo del derecho civil mexicano, entre ellos el del matrimonio.

Resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010indican que para un 10% de la población femenina en nuestro país, la discriminación constituye uno de los mayores problemas para las mujeres, y un 7.7% considera que son las problemáticas relativas a las relaciones entre géneros, uno de los mayores obstáculos para gozar plenamente de sus derechos.

En ese sentido, las mujeres han vivido distintas formas de discriminación que limitan el ejercicio de sus derechos y sus libertades, mismas que se basan en la vigencia de un conjunto de estereotipos y prácticas sexistas que desvalorizan lo femenino y a las mujeres como grupo poblacional.

Debemos reconocer que la composición familiar está teniendo sustanciosos cambios en los últimos años, por ende, el matrimonio ha replanteado los roles entre hombres y mujeres dentro del mismo, sin embargo, las mujeres continúan viviendo distintas formas de discriminación que les limitan del ejercicio de sus derechos y libertades.

Además, este mismo mes, el Coordinador de la Comisión de los Derechos Humanos de la CONAGO, ha mencionado la intención de promover la homologación de la legislación canalizada a la defensa de las mujeres y atender las recomendaciones internacionales, situación, ante la cual, la presente iniciativa contribuye a generar leyes que empoderen a la población femenina.

Es por ello, que resulta indispensable la instrumentación de una política nacional actualizada que fomente la igualdad sustantiva entre ambos sexos, asegurando e incorporando la perspectiva de género de acuerdo con las buenas prácticas internacionales y el marco jurídico nacional.

En un Estado de derecho debe distinguirse únicamente por faltas y omisiones de los ciudadanos, no por el género al que pertenecen, pues esto resulta discriminatorio y contrario al sentido de una sociedad con valores de equidad y criterios progresistas en el desarrollo de políticas y programas.

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS

TEXTO VIGENTE
CÓDIGO CIVIL FEDERAL

PROPUESTA

Artículo 158.- La mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la disolución del anterior, a menos que dentro de ese plazo diere a luz un hijo. En los casos de nulidad o de divorcio, puede contarse este tiempo desde que se interrumpió la cohabitación.

Se deroga.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se DEROGA el artículo 158 del Código Civil Federal, para quedar de la forma siguiente:

Código Civil Federal

Artículo 158. Derogado

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el 26 de abril de 2016.

Suscribe

Sen. María de los Ángeles Verónica González Rodríguez.





 

De la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de regulación del uso personal médico y científico del cannabis, que se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; de Gobernación; de Seguridad Pública; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE REGULACIÓN DEL USO PERSONAL, MÉDICO Y CIENTÍFICO DEL CANNABIS

(Presentada por la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez)

La suscrita, Senadora MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ integrante de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 8, fracción I, 76, 164, 169, 172 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE REGULACIÓN DEL USO PERSONAL, MÉDICO Y CIENTÍFICO DEL CANNABISal tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Generar las bases legales para una política alternativa hacia las drogas, desde una perspectiva de salud pública y de respeto a los derechos humanos, es una causa que se inscribe en el conjunto de los movimientos sociales que aspiran a una sociedad más libre, igualitaria y democrática. Con esta convicción he convocado a un grupo de especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil a trabajar y proponer acciones legislativas que transformen la política hacia las drogas en México1.
El paradigma prohibicionista como base de la actual política de drogas en México.

La política que en la actualidad impulsa el gobierno mexicano, es una política ineficiente, costosa y violatoria de los derechos humanos. La racionalidad de esta “guerra contra las drogas” responde al paradigma prohibicionista que sustenta sus principios en lograr la “abstinencia” como una conducta adecuada y universal frente a las drogas, así como a insistir utópicamente en  la idea de una “sociedad libre de drogas”. El pensamiento prohibicionista no se hace cargo de la historia ni de la diversidad cultural y desdeña un dato de nuestra realidad, -o como bien dice Savater-: “que todas las sociedades han conocido el uso de las drogas”. El prohibicionismo traducido a política pública ha implicado, por lo tanto, atacar la oferta: suprimir el cultivo, la producción, el procesamiento, el tráfico, la distribución, la comercialización y el uso de un conjunto de sustancias declaradas ilegales. El principal promotor de esta política prohibicionista a nivel mundial, ha sido los Estados Unidos de Norteamérica. En nuestro país, las acciones de esta política se han orientado fundamentalmente a:

a) La erradicación de los cultivos ilícitos.

b) El desmantelamiento de grupos de narcotraficantes.

c) La militarización de la lucha antidrogas.

d) La extradición de nacionales hacia los Estados Unidos.

e) La subestimación de iniciativas pro-legalización de las drogas.

En relación con la erradicación de cultivos. Desde de finales de 2000 a la fecha no se ha incrementado significativamente ni la erradicación de cultivos ilícitos en el país ni el decomiso de enervantes. Para ello, solo basta con contrastar las tablas comparativas de los informes presidenciales en la materia, de la gestión de Vicente Fox con la de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto:

Esfuerzo Nacional en la Lucha contra el Narcotráfico1/

Año2/

Erradicación de cultivos ilícitos de Marihuana

Aseguramientos

 

Hectáreas2/

Toneladas

2000

31 061.4

2 050.8

2001

28 735.1

1 839.4

2002

30 774.9

1 633.3

2003

36 585.3

2 247.8

2004

30 852.5

2 208.4

2005

30 856.9

1 795.7

2006

30 161.5

1 902.1

2007

23 315.7

2 213.4

2008

18 660.2

1 684.0

2009

16 703.5

2 094.7

2010

18 581.4

2 313.4

2011

13 430.3

1 798.9

2012

9 164.7

1 310.7

2013

5 364.2

971.9

2014

5 806.8

883.3

2015p/

2 532.9

558

1/ Cifras actualizadas por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la PGR.
2/ El periodo de Tiempo comprende los 2 últimos sexenios y la mitad del sexenio en curso
Durante el periodo Presidencial de Vicente Fox de 2000 a 2006 el combate al narcotráfico no se realizó en colaboración con otras instancias.
p/ Cifras preliminares. Para 2015 datos preliminares al 31 de julio.
Fuente: Procuraduría General de la República.

Del 1 de septiembre de 2014 al 31 de julio de 2015, fueron destruidos 36,934 plantíos de marihuana, equivalentes a 4,625.9 hectáreas, 5.2% más que lo reportado en el mismo periodo anterior y de acuerdo al Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia se registraron 18,647 detenidos por delitos contra la salud y conexos2.

En relación con la política de “desmantelamiento de los grupos de narcotraficantes en México”, hay dudas, sobre a quién se ha favorecido con estas acciones. El actual gobierno reporta que en su administración se han realizado 86,520detenciones de presuntos delincuentes.

Esfuerzo Nacional en la Lucha contra el Narcotráfico1/

Detenidos2/

Año

Total por Año

Nacionales

Extranjeros

2012

28 813

28 483

330

2013

19 723

19 346

377

2014

27 077

26 631

446

2015p/

10 907

10 696

211

Total

86 520

85 156

1 364

1/ Cifras actualizadas por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la PGR.
2/ Se refiere a los detenidos por la Comisión de Delitos Contra la Salud, que comprende la posesión, producción, transporte, tráfico, comercio y suministro.
p/ Cifras preliminares. Para 2015 datos preliminares al 31 de julio.
Fuente: Tercer Informe de Gobierno http://www.presidencia.gob.mx/tercerinforme/

El papel directo de las fuerzas armadas en el combate a las drogas tampoco ha significado un avance para reducir el fenómeno. “De septiembre del 2014 a julio del 2015 las Fuerzas Armadas realizaron 256,774 operaciones de vigilancia del territorio, espacio aéreo y mares nacionales, con un despliegue en promedio mensual de 121,274 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la de Marina Armada de México (Semar)3.

De acuerdo con el informe Situación de los Derechos Humanos en México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH del 2015, entre 51 y 52 personas son asesinadas violentamente todos los días en promedio, lo que representaría un aumento del 6% en comparación con 2014.

En audiencia pública sobre denuncias de ejecuciones extrajudiciales en México realizada en octubre de 2015, organizaciones de la sociedad civil indicaron que por cada elemento militar fallecido, murieron 18.7 civiles.

Los daños colaterales van más allá de las muertes de civiles, pues la violación de derechos humanos y; vergonzosos casos como la violación de mujeres en poblaciones donde se han asentado cuarteles militares han sido el sello de estas administraciones.

Tampoco se observa que la política de extradición de México hacia los Estados Unidos de presuntos narcotráficantes, disuada la violencia que se vive en el país; la justicia no ha incrementado su eficacia y el impacto sobre la demanda ha sido nulo.

Por último, a pesar del llamado del Ejecutivo y del Legislativo a debatir sobre la legalización de las drogas en el país, no se observan acciones claras desde el gobierno para propiciar el intercambio de ideas y el diálogo inteligente. Por el contrario, se insiste en la “guerra contra las drogas” como “la” respuesta y se estigmatiza a los consumidores sin ofrecer alternativas y recursos para la atención de las adicciones.

La SEGOB continuó la instrumentación del esquema de coordinación y cooperación interinstitucional para la fusión de inteligencias especializadas del Estado Mexicano, a fin de identificar, prevenir, desactivar y contener riesgos y amenazas a la seguridad nacional. Dicho esquema integra las capacidades y recursos de SEDENA, SEMAR, PGR, Policía Federal (PF) y CISEN.

“En los primeros tres años de gobierno, se han invertido más de 392 mil millones de pesos en acciones de prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos, a nivel nacional, en el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia4, de los cuales 7,700 millones de pesos corresponden al Programa Nacional de Prevención del Delito.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el uso personal de la marihuana.

Por todo lo anterior y, en contraste con la política de drogas con elevados costos en materia de derechos humanos para México, resulta esperanzador la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el uso personal de la marihuana.

Como fue ampliamente conocido, durante el 2014, un grupo de personas y la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, SMART AC, promovieron Juicio de Amparo Indirecto (Número 237/2014) en contra de la negativa de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) de expedirles una autorización que les permitiera el consumo personal -y regular con fines meramente lúdicos o recreativos- del estupefaciente cannabis sativa (índica y americana, su resina preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol) en conjunto conocidos como “marihuana”. También solicitaron una autorización para ejercer los derechos correlativos al “autoconsumo” de marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, empleo, uso y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana, excluyendo expresamente los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma.5 En dicha demanda de amparo, los quejosos argumentaron en síntesis: la indebida restricción de los derechos fundamentales a la identidad personal, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación y libertad individual, todos en relación con el principio de dignidad humana, así como del derecho a la disposición de la salud6. Y alegando la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud.

Al respecto, la Primera Sala de la SCJN, después de un extenso análisis, que comprendió, la discusión y deliberación profunda del libre desarrollo de la personalidad y la aplicación de un test de proporcionalidad, concedió el amparo para que la COFEPRIS, otorgará a los quejosos la autorización a que hacen referencia los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud, concluyendo que: 

“…resultan inconstitucionales los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos -sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente “cannabis” (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico “THC” (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, declaratoria de inconstitucionalidad que no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros. En ese sentido, este derecho no podrá ser ejercido frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización”7.

Para arribar a la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos antes mencionados, resulta relevante exponer el análisis que el Ministro ponente Arturo Saldívar realiza en el Engrose de la resolución del Amparo 237/2014 del Sistema de prohibiciones administrativas en relación con el cannabis. A continuación el extracto del mencionado análisis:

“Las fracciones XXI y XXII del artículo 3º de la ley General de Salud establecen que son materia de salubridad general tanto la prevención del consumo como el control sanitario de “estupefacientes” y “substancias psicotrópicas”. En este sentido, de conformidad con el artículo 194 se entiende por “control sanitario” al conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y, en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones que realiza la Secretaría de Salud sobre el proceso, uso, importación y exportación de diversas substancias y objetos, entre los que se encuentran los estupefacientes y los psicotrópicos. En específico, el control sanitario respecto de estupefacientes y substancias psicotrópicas se encuentra regulado dentro de los capítulos V y VI del Título Décimo Segundo de la Ley General de Salud, así como en el capítulo III del Título Segundo del Reglamento de Insumos para la Salud. Al respecto, la ley contempla un listado para determinar qué substancias debían considerarse como estupefacientes y qué substancias como psicotrópicos (artículos 234 y 245). Y determina que todo acto relacionado con estupefacientes o psicotrópicos, o cualquier producto que los contuviera, requiere de una “autorización” de la Secretaría de Salud y sólo puede otorgarse con fines médicos y/o científicos (artículos 235 y 247, respectivamente). En esta línea, también existe una prohibición expresa para otorgar la autorización anteriormente señalada respecto de determinados estupefacientes y psicotrópicos (artículos 237 y 248). Efectivamente, de conformidad con los artículos 235 y 247, así como con el artículo 44 del Reglamento de Insumos para la Salud, cualquier persona que pretenda sembrar, cultivar, elaborar, preparar, acondicionar, adquirir, poseer, comerciar, transportar, prescribir médicamente, suministrar, emplear, usar, consumir y, en general, realizar cualquier acto relacionado con las sustancias listadas en los artículos 234 y 245 de la Ley General de Salud, o con cualquier producto que los contenga, deberá contar con una “autorización” de la Secretaría de Salud y solamente podrá realizar dichas acciones si las mismas tienen fines médicos y/o científicos.”

“Los últimos párrafos de los artículos 235 y 247 establecen que la autorización para la realización de actos relacionados con estupefacientes o substancias psicotrópicas se encuentra supeditada a que éstos exclusivamente tengan fines “médicos y/o científicos”, sin incluir la posibilidad de que la marihuana pueda ser utilizada con fines “lúdicos o recreativos”. Y, los numerales 237 y 245, en relación con el artículo 248, establecen una prohibición expresa que impide de forma tajante que la Secretaría de Salud expida autorizaciones para el uso recreativo de la marihuana. Es importante señalar que si bien el artículo 478 de la Ley General de Salud, en relación con el artículo 479, señala que el Ministerio Público no ejercerá acción penal en contra de quien posea hasta cinco gramos de marihuana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación  ha interpretado que dicha disposición contiene una excluyente de responsabilidad, lo que únicamente significa que en esos casos no debe aplicarse la pena a quien haya cometido el delito en cuestión, pero no consagra de ninguna manera una autorización o un derecho al consumo personal. Y dichos preceptos no permiten de ningún modo la realización de las otras actividades correlativas al autoconsumo, como siembra, cultivo, cosecha, preparación, transporte, etc.  No obstante, los artículos 478 y 479 no forman parte del “sistema de prohibiciones administrativas” sino del “sistema punitivo” previsto en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal en relación con el control de estupefacientes y psicotrópicos. La SCJN únicamente se pronunció en contra de los numerales que configuran el “sistema de prohibiciones administrativas”, entre los cuales evidentemente se encuentran los artículos 235 último párrafo; 237; 245 fracción I; 247 último párrafo y 248 de la Ley General de Salud. En relación con este “sistema de prohibiciones administrativas” la SCJN se pronunció por la inconstitucionalidad aduciendo una vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad”.8

Los artículos señalados conforman un “sistema de prohibiciones administrativas” y que son parte del marco regulatorio previsto en la Ley General de Salud sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos. De acuerdo al análisis de la SCJN, éste sistema de prohibiciones administrativas: constituye un obstáculo jurídico para poder realizar lícitamente todas las acciones necesarias para poder estar en posibilidad de llevar a cabo el autoconsumo de marihuana (siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etc.).

Los argumentos que sustentan la decisión del Alto Tribunal, básicamente son dos:

1. El libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que deriva del derecho a la dignidad, que a su vez está previsto en el artículo 1º constitucional y se encuentra implícito en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro país. Por lo tanto la elección de alguna actividad recreativa o lúdica es una decisión que pertenece indudablemente a la esfera de autonomía personal que debe estar protegida por la Constitución.

2. La prohibición de consumir marihuana para fines lúdicos, así como las acciones necesarias para llevar a cabo el autoconsumo (siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etc) no constituye una medida idónea para proteger la salud y orden público, pues resulta restrictiva al libre desarrollo de la personalidad.

En este sentido, la Primera Sala de la SCJN expone los “elementos que podrían constituir una medida alternativa a la prohibición absoluta del consumo lúdico y recreativo de marihuana tal como está configurada por el “sistema de prohibiciones administrativas”: (i) limitaciones a loslugares de consumo; (ii) prohibición de conducir vehículos o manejar aparatos o sustancias peligrosas bajo los efectos de la sustancia; (iii) prohibiciones a la publicitación del producto; y (iv) restricciones a la edad de quienes la pueden consumir.9

Es decir, serían medidas que estarían orientadas sólo al limitar el consumo de marihuana en determinadas circunstancias y que paralelamente comprenderían la implementación de políticas públicas educativas y de salud.

Tras la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha sentado la urgente necesidad de trascender el paradigma prohibicionista que impera en materia de política de drogas. Y se obliga a los actores del Estado a repensar la política pública en materia de drogas, para trascender el enfoque de seguridad pública a un enfoque  de salud y de pleno respeto a los derechos humanos. Un enfoque donde el libre desarrollo de la personalidad, la cobertura a una gran variedad de acciones y decisiones conectadas directamente con el ejercicio de la autonomía individual y con el reconocimiento de la capacidad de las personas para tomar sus propias decisiones y hacerse responsable de sus consecuencias, deberá ser el núcleo de la nueva política de drogas en nuestro país.

Por una política integral hacia las drogas: las propuestas de la sociedad civil

Desde el ámbito de la sociedad civil se han generado varias propuestas: para algunos lo importante es quitarle el carácter militar a la lucha contra la droga e invertir en políticas de seguridad que fomenten la especialización de grupos bien equipados para enfrentar al crimen organizado, en la misma medida en que se avanza en la regulación de algunas drogas, como la marihuana. Para otros, el enfoque más bien debe centrarse en el pleno respeto a los derechos de los consumidores, la reducción del daño y en generar las condiciones para atender desde el ámbito de la salud el consumo problemático de estupefacientes. No obstante la diversidad de enfoques, desde la sociedad civil, se comparte la aspiración de recuperar el sentido común y apostar por aquella política que privilegia: la justicia, la equidad, la salud, los derechos humanos, la educación y el empleo.

El fenómeno de las drogas no puede ser reducido solo a un problema de seguridad pública ni de efectividad policíaca o militar. Las personas adultas son responsables de sus propias decisiones mientras que, desde el Estado debemos extremar las medidas preventivas e informativas entre todos, en particular entre la niñez y la juventud. La política alternativa hacia las drogas que se propone desde la sociedad civil considera:

-No criminalizar el consumo. El consumo personal no debe ser materia penal.

-No penalizar a los cultivadores

-No criminalizar la pobreza.

-Combatir la discriminación y exclusión.

-Políticas públicas que prioricen la reducción de riesgo y de daño.

-Trabajar en propuestas de justicia que consideren la proporcionalidad de las penas.

-Detener la erradicación forzosa de cultivos ilícitos al mismo tiempo que se proponen cultivos alternativos en el campo.

-Finalmente, propiciar la regulación modulada de las drogas, basada en la ciencia, ética y el respeto de los derechos humanos.

Como ya se ha hecho mención, para una transformación cualitativa de nuestra legislación nacional y hacia una nueva política se requiere de un enfoque de salud y de derechos humanos, donde la información, la libertad y la responsabilidad son las divisas de una sociedad democrática que aprende a convivir con las drogas. 

Los Clubes Sociales Cannabicos

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia coloca al legislativo en la obligación de atender la urgente necesidad de regular empero, desde un nuevo enfoque, ya no desde el miedo, como había venido haciéndose tradicionalmente en el tema de drogas y sustancias prohibidas, sino desde los derechos humanos. Esto implica que hay que regular para el individuo en vez del Estado.

En este sentido, la resolución de la SCJN deja en claro que existe una sobre-regulación de la cannabis que no refleja la evidencia científica o empírica de los daños asociados a su consumo. Aunado a lo anterior los debates organizados por el Congreso de la Unión han colocado en la mesa de debate de manera firme que nadie quiere uso de marihuana por  menores de edad, pero que el derecho al consumo responsable por adultos es algo es un primer paso para ganar terreno y acabar con la guerra contra las drogas.

Si bien una constante de la política prohibicionista es la violación de los derechos humanos, la discusión de la Corte se centró en los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la salud y, como lo explicamos párrafos arriba, pero no abre la puerta al comercio abierto de cannabis.

La propuesta que se presenta con esta iniciativa captura este sentir y aborda el tema desde un enfoque de salud y reducción de riesgos y daños; no sólo desde una perspectiva económica y práctica para resolver la oferta y la demanda. Ni el Estado ni las y los usuarios apuestan por un incremento en el consumo de personas que usan cannabis, y el límite de la libertad de los consumidores debe respetar los derechos de terceros que no desean tener contacto con esta sustancia.

Si bien el tema de cannabis es sólo una pieza de la prohibición más amplia de sustancias, en aras de garantizar espacios seguros para el consumo, en otros países como España se ha utilizado el modelo de Club Social de Cannabis, este tipo de agrupaciones de personas es un ejemplo que ha logrado proporcionar un espacio para la asociación y el consumo seguro de esta sustancia. Estos modelos sin fines de lucro y financiados por cuotas personales presentan un punto intermedio entre la legalización completa y la prohibición total, pero además sirven para brindar asesorías y comunidades de apoyo lejos de la clandestinidad, con lo cual aquellas personas con problemas de abuso pueden pedir y recibir ayuda más fácilmente.

En esa misma línea, se busca reducir los riesgos y daños asociados al abuso y violaciones de derechos humanos hacia usuarios causado por los problemas de posesión y portación. Como lo han señalado activistas y especialistas, los cinco gramos que la ley permite en la actualidad es una cifra que no refleja la realidad del mercado o las necesidades de los usuarios. El ejemplo más claro es la unidad de venta, que suele ser en onzas. Se han establecido dos onzas como medida de consumo personal, pero se reconoce que puede haber casos médicos donde se requiera crecer, usar y portar mayor cantidad. Esto refleja también la lógica del reciente caso en la Suprema Corte de Justicia colombiana donde se estableció que el límite de portación debe ser el que el usuario -en especial el dependiente- requiera.

Como han señalado los activistas mexicanos en tema del cannabis, #TocaRegular pero no basta si no se hace con #DerechosHumanos.

La presente iniciativa pretende abonar a una mejor regulación de los usos personales, médicos y científicos del cannabis desde un enfoque de salud pública y de derechos humanos. Se requiere que tanto la sociedad como los tres poderes del Estado asuman la corresponsabilidad de reducir los riesgos y daños asociados al consumo de drogas.

Contempla la modificación de diversas disposiciones Ley General de Salud, principalmente los artículos ya señalados por la SCJN en el fallo de la Primera Sala; deroga los artículos 237 y 248 el último párrafo de los Artículos 235, 247; se elimina de fracción I del artículo 245 el Tetrahidrocannabinol (THC).

Se adiciona un Capítulo V BIS Cannabis, al Título Décimo Segundo para regular en materia de cannabis con más de 2% de THC en todas sus variedades conocidas comúnmente como “marihuana”, ya sea sativa, índica, ruderalis e híbridas, su resina, aceite, semillas y productos derivados, para usos de investigación, científicos y medicinales, otorgándole a la Secretaría de Salud facultades para:

Emitir lineamientos y criterios generales para el desarrollo de investigación científica, médica y social en la materia.

• Promover la investigación científica, médica y social

• Expedir licencias para la siembra, cultivo, cosecha, fabricación, producción distribución y transporte

• Coordinar todas las acciones relativas a la regulación de los productos de cannabis.

En materia de uso personal propone el cultivo privado individual y colectivo. Para el cultivo privado colectivo o asociado propone la figura de Clubes Sociales Cannábicos, que se define como: una asociación de personas mayores de edad con necesidades médicas y personales declaradas que se conforman en un circuito cerrado sin fines de lucro, de cultivo-producción-consumo, en un espacio colectivo privado y seguro de reducción de riesgos, que se basa en el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas que consumen cannabis.

En los Clubes Sociales se contempla el consumo personal con fines lúdicos y medicinales.

La secretaría de salud abrirá un registro de Clubes Cannábicos mandatado en el segundo transitorio del presente decreto, a los Clubes no se permitirá el acceso de menores de edad y si esto sucediere se cerraran; no tienen fines de comercialización y su finalidad primordial es el autoabastecimiento y que usuarias y usuarios de cannabis cuenten con un lugar seguro para el consumo. Además deberán contar con información sobre reducción de riesgos y daños asociados.

Se prohíbe realizar publicidad, directa o indirecta, promoción, o patrocinio de cualquier tipo de evento de cualquier producto de cannabis para uso personal.

Para el caso del cáñamo, este se define como la planta de cannabis que contiene menos de 2% de THC; por lo que se considera carente de cualquier propiedad psicoactiva, en concordancia con lo establecido en el artículo 28, numeral 2 de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes respecto el uso industrial, por ende se regirá por la fracción V del artículo 245 de Ley General de Salud.

Cabe señalar que además se corrige de manera importante la definición de cannabis para no sólo diferenciar el cáñamo industrial, cuyo uso es permitido por las convenciones internacionales de drogas, sino que elimina un nombre no científico, la “cannabis americana”, e incluye la variedades faltantes, como la ruderalis, para una mejor regulación.

En concordancia con las modificaciones a los artículos señalados en la Ley General de salud se propone reformar el artículo 198 del Código Penal Federal eliminando de la lista de vegetales y sustancias la marihuana y reduciendo la pena a seis meses, en casos de que concurran todas las características descritas en el primer párrafo del artículo y hasta de seis años cuando eso no ocurra pero tampoco sea con los fines descritos en la fracción I y II del artículo 194 del mismo código.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, propongo ante esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE REGULACIÓN DEL USO PERSONAL, MÉDICO Y CIENTÍFICO DEL CANNABIS.

ARTÍCULO PRIMERO: Se derogan último párrafo del artículo 235 y artículo 247, los artículos 237 y 248; se modifican las fracciones I y IV del  artículo 245; el artículo 279, se adicionan un Capítulo V BIS al Título Décimo Segundo, la fracción XI al artículo 375; todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 235.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a:

I. a VI.

Se deroga

Artículo 237.-Se deroga.

CAPÍTULO V BIS
Cannabis

243 Bis 1: En materia de cannabis con más de 2% de THC en todas sus variedades conocidas comúnmente como “marihuana”, ya sea sativa, índica, ruderalis e híbridas, su resina, aceite, semillas y productos derivados, para usos de investigación, científicos y medicinales, la Secretaría de Salud contará con las siguientes facultades:

I. Emitir lineamientos y criterios generales para el desarrollo de investigación científica, médica y social en la materia.  

II. En coordinación con las instancias competentes promover la investigación científica, médica y social respecto a la cannabis, basada en la ética y los derechos humanos, con la finalidad de coadyuvar a garantizar el máximo estándar de salud y dignidad de las personas.

III. Expedir licencias para la siembra, cultivo, cosecha, fabricación, producción distribución y transporte acorde a los lineamientos y criterios aplicables.

IV. Determinar a través de disposiciones de carácter general sobre la información que los fabricantes deben proporcionar a las autoridades correspondientes y al público acerca de los productos del cannabis.

V. Almacenar existencias que no se encuentren en poder de fabricantes de productos derivados de cannabis.

VI. Coordinar todas las acciones relativas a la regulación de los productos de cannabis.

VII. Las demás que sean necesarias para poder hacer efectivos los usos científicos, de investigación y medicinales de la cannabis, en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 243 Bis 2: Para fines de uso personal, las personas mayores de 18 años podrán cultivar cannabis de manera privada, individual o colectivamente.

Artículo 243 Bis 3: El cultivo privado individual se realizará en un espacio con superficie máxima de tres metros cuadrados.

Artículo 243 Bis 4: El cultivo privado asociado o colectivo se realizará por medio de Clubes Sociales Cannábicos que se registrarán ante la Secretaría de Salud de acuerdo al artículo 371 Bis de esta Ley.

Artículo 243 Bis 5: Se entiende por Club Social Cannábico, una agrupación de personas mayores de edad con necesidades médicas y personales declaradas que se conforman en un circuito cerrado sin fines de lucro, de cultivo-producción-consumo, en un espacio colectivo privado y seguro de reducción de riesgos, que se basa en el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas que consumen cannabis.

Artículo 243 Bis 6: Los Clubes Sociales Cannábicos deberán:

I. Contar con un número de socios flexible, no menor al necesario para encontrar un equilibrio entre producción, inversión y trabajo para el autoabastecimiento de sus integrantes.

II. Cultivar cuantas plantas sean necesarias para garantizarla cantidad de consumo personal de 60 gramos o 2.12 onzas mensuales de flor, por cada socio o socia; o bien su equivalente en derivados: hashish, resinas, extractos, comestibles, tinturas, etc. En casos de necesidad médica, esta cantidad podrá aumentar de manera razonable.

III. Proporcionar servicios de información mínima sobre reducción de riesgos y daños, relacionados con el consumo de cannabis. Tales como:

i. Educación para el consumo seguro y responsable.

ii. Criterios para identificación de uso nocivo o problemático.

iii. Orientación sobre instituciones de salud que puedan brindar atención en esos casos.

IV. Tener un espacio privado para el consumo de las y los socios.

V. Prohibir intercambio de dinero por cannabis o derivados y financiar todas sus operaciones por medio de las cuotas de los socios.

VI. Elegir democráticamente entre los asociados el liderazgo y administración de la asociación.

Artículo 243 Bis 7.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia se permitirá el acceso de menores de edad a los Clubes Sociales Cannábicos. La violación a esta disposición será motivo de cierre del Club.

Artículo 243 Bis 8.- Para los efectos de esta ley se entiende por cáñamo la planta de cannabis que contiene menos de 2% de THC; por lo que se considera carente de cualquier propiedad psicoactiva, en concordancia con lo establecido en el artículo 28, numeral 2 de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes respecto el uso industrial, por ende se regirá por la fracción V del artículo 245 de esta ley.

Artículo 243 Bis 9.- Queda prohibido realizar toda forma de publicidad, directa o indirecta, promoción, o patrocinio de cualquier tipo de evento de cualquier producto de cannabis para uso personal no medicinal y por cualesquiera de los diversos medios de comunicación.

Artículo 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:

I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son:

Denominación
Común Internacional

Otras Denominaciones
Comunes o Vulgares

Denominación
Química

DE CATINONA

 

MEFEDRONA

NO TIENE

4- METILMETCATITONA

(-)--aminopropiofenona.

2-methylamino-1ptolylpropan-1-one

 

 

 

SE ELIMINA

THC

Tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas.

(…)

(…)

 

Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las sustancias señaladas en la relación anterior y cuando expresamente lo determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus precursores químicos y en general los de naturaleza análoga.

II a V (…)

Artículo 247.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con substancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, queda sujeto a:

I. …VI

Se deroga.

Artículo 248.- Se deroga.

Artículo 479.- Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su consumo personal cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado   siguiente:


Tabla de Orientación de Cantidades Máximas de Consumo Personal

Narcótico

Dosis máxima de consumo personal

Opio

2 gr.

Diacetilmorfina o Heroína

50 mg.

Cannabis Sativa, Indica o Mariguana

(se elimina)

Cocaína

500 mg.

Lisergida (LSD)

0.015 mg.

MDA,
Metilendioxianfetamina

Polvo, granulado o cristal

Tabletas o cápsulas

40 mg.

Una unidad con peso no mayor a 200 mg.

MDMA, dl-34-metilendioxi-n-dimetilfeniletilamina

40 mg.

Una unidad con peso no mayor a 200 mg.

Metanfetamina

40 mg.

Una unidad con peso no mayor a 200 mg.

Artículo 371 Bis.- En el caso de los Clubes Sociales Cannábicos en los términos de los artículos 243 Bis 4, 243 Bis 5, 243 Bis 6, 243 Bis 7  se inscribirán en el registro que para tal efecto abra la Secretaría de Salud.

(…)

(…)

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforma el primer párrafo del artículo 198; del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 198.- Al que dedicándose como actividad principal a las labores propias del campo, siembre, cultivo o coseche plantas de (se elimina marihuana), amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares, por cuenta propia, o con financiamiento de terceros, cuando en él concurran escasa instrucción y extrema necesidad económica, se le impondrá prisión de uno a seis meses.

Igual pena se impondrá al que en un predio de su propiedad, tenencia o posesión, consienta la siembra, el cultivo o la cosecha de dichas plantas en circunstancias similares a la hipótesis anterior.

Si en las conductas descritas en los dos párrafos anteriores no concurren las circunstancias que en ellos se precisan, la pena será de hasta las dos terceras partes de la prevista en el artículo 194, siempre y cuando la siembra, cultivo o cosecha se hagan con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en las fracciones I y II de dicho artículo. Si falta esa finalidad, la pena será de dos a seis años de prisión.

(…)

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Secretaría de Salud abrirá un registro de Clubes Sociales Cannábicos en un plazo no mayor a 180 días posteriores a la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la H. Cámara de Senadores, el 26 de abril de 2016.

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.

1 Colaboraron en la elaboración de esta iniciativa las siguientes organizaciones: AMECA, B Cannábica, Cáñamo, Colectiva Ciudad y Género A.C, Instituto Mexicano del Cannabis, La Dosis y Xochipilli y otras personas especialistas en el tema.

2 Tercer informe de gobierno 2015,  apartado Resultados del Esfuerzo Nacional Contra el Narcotráfico en URL:http://www.presidencia.gob.mx/tercerinforme/

4 El dato corresponde al presupuesto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, 2014 y 2015.

5 Cuaderno de amparo *****, fojas 68-69.

6 Demanda de amparo, fojas 13-76.

7 Engrose. Páginas 82 y 83.

8 Engrose. Página 23, 24 y 25.

9 Engrose. Página 72.





 

Del Senador José Antonio Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 130 y 132 de la Ley del Seguro Social, que se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 130 Y 132 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por el Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del PRI)







 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 123, Apartado A, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora SONIA ROCHA ACOSTA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 169 y 172; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 123, APARTADO A FRACCIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en materia de derechos laborales e interés superior del menor, al tenor de la siguiente:

La protección y respaldo que tenemos en nuestra Constitución, debe garantizar los Derechos Humanos en todos y cada uno de los numerales establecidos en ella. Nuestra Ley Suprema en su artículo primero establece el reconocimiento de los derechos humanos a todas las personas que se encuentran en territorio mexicano.

Que conforme al artículo cuarto de Nuestra Carta Magna, El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Que es una necesidad crear licencia de paternidad a las familias para el mejor desarrollo del menor.

Que Las primeras horas de vida del recién nacido son un período especialmente sensible, esencial para sentar las bases de todo su desarrollo posterior ya que, el nacimiento supone la transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina del bebé. Así, el postparto inmediato es un período crítico y extremadamente sensible para el recién nacido, ya que el paso a la vida extrauterina supone cambios respiratorios, circulatorios y en la forma de alimentarse para el bebé.

Que el desarrollo afectivo es la base del desarrollo físico, social y cognitivo del bebé. La afectividad del bebé comienza a desarrollarse inmediatamente después del parto, en las primeras horas de vida. El vínculo afectivo entre los padres y el bebé engloba todos los lazos emocionales que se establecen entre ambos.

Es así que el progreso del vínculo afectivo es un mecanismo de la naturaleza que promueve a reproducción y protección de la especie. Además, es esencial para el desarrollo del bebé, pues activa las capacidades de atención y cuidado de los padres hacia el hijo.

Que este contacto también es muy beneficioso para los padres, pues les orienta hacia la satisfacción de las necesidades de su bebé y el cuidado. Permite que su instinto natural se active y les guíe en la crianza.

Que Los beneficios del contacto humano pueden ser especialmente importantes para bebés prematuros o con un peso bajo al momento del nacimiento. El contacto humano saludable y positivo para bebés.

Que el contacto humano reduce los niveles de la hormona del estrés, cortisol, en el cuerpo de un recién nacido, lo que lleva a mejores patrones del sueño en la infancia y la tendencia a ser menos temeroso o es por eso que surge la necesidad del contacto físico entre un recién nacido y sus padres, lo que aumenta los sentimientos de unión entre miembros de una nueva familia.

Que es de gran importancia la presencia y participación del padre durante el embarazo, ya que beneficia la vinculación con el hijo o hija por nacer, además de la relación con la madre.

Que el padre y madre deben establecer una buena comunicación desde el comienzo y definir funciones en relación con el menor que está por nacer, comprometiéndose y enfocado en generar un buen ambiente para el bebé, en el cual éste pueda desenvolverse con naturalidad y desarrollarse adecuadamente.

Que datos de la OMS arrojan que la mortalidad materna es inaceptablemente alta. Cada día mueren en todo el mundo unas 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto por lo que el recién nacido queda desprotegido en sus primeros días sin poder tener contacto directo con uno de los padres.

Así, el interés superior del niño o niña indica que las sociedades y gobiernos deben de realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que éstos puedan vivir y desplegar sus potencialidades.

Ante este escenario, es imprescindible que el Estado Mexicano actúe y tome medidas vanguardistas con el fin de brindar certeza y protección desde la Carta Magna para que, Por lo anteriormente expuesto, se presenta la:

INICIATIVA DE REFORMA DEL ARTÍCULO 123, APARTADO A, ADICIONANDO UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA ESTABLECER PERIODO POR PATERNIDAD; PRESENTADA POR LA SENADORA SONIA ROCHA ACOSTA.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el 123, apartado A, FRACCIÓN V, ADICIONANDOLE UN SEGUNDO PARRAFO, para quedar como sigue:

Artículo 123.Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas.

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los menores de dieciséis años;

III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas.

IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos.

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos.

Los hombres gozarán en las misas circunstancias de un periodo de licencia por paternidad el cual será equivalente al periodo que goza la mujer durante el embarazo y después del parto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de abril de 2016.

Sen. Sonia Rocha Acosta.





 

Del Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley General de Educación, que se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD)

El que suscribe, RAÚL MORÓN OROZCO, Senador de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN,  en materia de derecho a la educación, al esparcimiento, a  la cultura, a la actividad física y al deporte, de este sector de la población, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el transcurso del tiempo ha emergido  una preocupación creciente por el análisis y estudio de las personas mayores desde distintos ámbitos y perspectivas. Se ha pasado de un planteamiento basado en necesidades y déficit (que consideraba a las personas mayores sujetos pasivos), a otro fundamentado en derechos y capacidades, rescatando la igualdad de trato y oportunidades en todos los aspectos de la vida.

A pesar de que la ciencia médica y la gerontología actualmente están difundiendo una imagen más positiva de las capacidades físicas y cognoscitivas del adulto mayor, mucha gente sigue pensando que esta etapa significa decaimiento biológico patológico y la pérdida de la capacidad intelectual, incluso ciertas ramas de las ciencias sociales lo consideran  como persona dependiente e incapaz de mantenerse a sí misma. Tales conceptos negativos siguen dominando la opinión pública y la creación de las políticas.

En nuestra sociedad, no son pocas las personas mayores, que por desinformación viven ancladas en un modelo deficitario de vejez, orientado en el modelo médico tradicional que conceptualiza a la vejez en términos de déficit y desvinculación, pero, por el contrario, existe otra inmensa mayoría que vive su vejez, desde el modelo de desarrollo, la que considera a la vejez, como una etapa más de la vida, plena de posibilidades.

En este sentido, se ha reconocido que la educación puede jugar un papel vital al permitirles a este sector de la población  seguir siendo independientes, mantenerse al tanto de las transformaciones de la sociedad y vivir una vida más plena. Por lo que podemos afirmar que “La educación de personas adultas puede contribuir mucho apoyando un envejecimiento activo y próspero”.

Así las cosas la educación tradicional, sin lugar a dudas, está en deuda con las personas mayores,  de ahí que en los últimos años los investigadores han buscado nuevas formas de enseñanza aprendizaje acordes a las necesidades y condiciones de este sector,  las que se inscriben como educación para la actividad, educación a lo largo de la vida; nuevas estructuras en las que cuentan los espacios donde crecer, crear y recrear, comunicarse, transmitir sus experiencias, continuar con la formación personal, aprendiendo y enseñando.

Por tal motivo al diseñarse e implementarse los programas educativos, es necesario que se apliquen los nuevos conceptos del envejecimiento activo y próspero, así como la imagen positiva acerca de las personas de edad y sus contribuciones a la sociedad, éste es el marco en el que se inscribe la presente iniciativa.

La educación como derecho.

Toda persona, incluso a  la que  sociedad margina por tener una determinada edad o dependencia, debe tener la oportunidad de seguir desarrollando su personalidad y construyendo su vida por necesidad y derecho.

Junto a las limitaciones que suelen aparecer ante el ineludible paso de los años, existe una serie de capacidades y potencialidades que han de ser descubiertas o simplemente valoradas. Es decir, debemos centrar nuestra atención en la persona independientemente de los demás factores que la rodean y considerarla como expresaba Heidegger “un proyecto inacabado” que siente la necesidad de auto realizarse a lo largo de toda su vida a partir de lo que es y tiene.

Las personas de edad poseen un conjunto de habilidades de aprendizaje de sus experiencias previas y no son educandos menos activos o menos motivados que la gente joven. Los estudios que se han hecho sobre la capacidad de aprendizaje demuestran que no existe ninguna disminución importante en la capacidad de aprendizaje antes de los 75 años. La mayoría de las personas de edad puede lograr altos niveles de capacidad intelectual. Su capacidad para aprender no disminuye, ni necesariamente permanece estática.

En algunos casos incluso puede aumentar la capacidad para aprender. La enfermedad a veces puede ser un obstáculo para el aprendizaje, pero esto no necesariamente siempre tiene que ser el caso. Actualmente la mayoría de las personas de edad se encuentra bastante bien de salud; y ciertas dificultades, tales como los problemas de la vista, pueden superarse con bastante facilidad.

El reconocer el aprendizaje previo también significa reconocer la riqueza y la sabiduría de las experiencias vividas. No basta con que a las personas mayores se les brinde acceso a los servicios existentes: es igualmente importante crear entornos educativos que reconozcan y apoyen todo tipo de aprendizaje y todo tipo de experiencia previa.

Podemos situar en esta categoría la teoría de la continuidad, la cual propugna el continuo desarrollo del individuo, incluyendo su adaptación a situaciones externas negativas, el punto de partida se centra en la alta probabilidad de asociación entre el pasado, el presente y el futuro, en contra de la ruptura que suponen otras teorías y perspectivas. A partir de esta idea de continuidad y desarrollo a lo largo de toda la vida se apuesta por un envejecimiento activo, donde la actividad mental es la protagonista.

El diagnóstico sobre la sociedad de este nuevo siglo trae consigo la demanda de una educación que prepare a las gentes a vivir en la sociedad del presente, y sobre todo, en la del futuro. Tres criterios justifican la necesidad de una educación a lo largo de la vida: económico, sociocultural y educativo.

La educación permanente no puede defenderse exclusivamente como un medio de adaptación del trabajador a los requerimientos del empleo. Por ello, la educación y la formación a lo largo de la vida aparecen también como una dimensión social. El aumento de la esperanza de vida, provoca la aparición de más tiempo libre y mejor calidad de vida. Esta opción requiere una oferta de actividades educativas variadas a fin de continuar y ampliar el desarrollo de los ciudadanos en la sociedad.

Así, al intentar dar respuesta a las nuevas demandas, vamos siendo conscientes que la vida de las personas como afirma Heidegger es un “proyecto inacabado” que se desarrolla a lo largo de toda su existencia, por lo que necesitamos de una educación con mayúsculas, es decir, integral, humana y continúa.

La educación en y con las personas mayores encuentra aquí su razón de ser. Las nuevas demandas de la amplia cúspide de la pirámide poblacional estimulan el paso de la educación entendida como formación para unas etapas determinadas, a una nueva visión de la educación como proyecto vital a lo largo de la vida.

La educación como necesidad.

Gracias a las aportaciones de la Filosofía y la Antropología podemos ver al ser humano en cuanto “proyecto inacabado”, necesitado de una continua realización humano-social. Los mayores, como cualquier otra persona, no dejan de ser en su esencia personas y necesitan de la educación como proceso que les permita elaborarse, realizarse y formarse a sí mismo dentro del entramado social y de acuerdo con unos criterios lógicos y éticos.

Partimos de entender la vejez en perspectiva educativa con palabras de García Hoz, como una etapa vital “que es la culminación, la plenitud de la vida humana, época de experiencia y sabiduría esencial, de alegría y lucha, de esperanzas”. A partir de esta nueva visión de la vejez como etapa fructífera y siguiendo las palabras pronunciadas por el Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. Kofi Amnam, en el discurso de apertura de la II Asamblea General sobre el Envejecimiento, celebradas en Madrid en abril de 2002, estimamos que “… las personas de edad no son una categoría aparte. Todos envejecemos algún día, si tenemos ese privilegio. Por lo tanto, no consideremos a la persona de edad un grupo aparte, sino como lo que nosotros mismos seremos en el futuro. Reconozcamos que todas las personas de edad son personas individuales, con necesidades y capacidades particulares y no un grupo en el que todos son iguales porque son viejos”.

En este sentido, hemos de destacar que creemos en la posibilidad de que la Educación con los adultos mayores, despierte nuevas posibilidades y capacidades de encaminar al propio sujeto hacia metas de autorrealización y desarrollo personal y social. No estaríamos haciendo justicia si olvidamos que los mayores tienen un campo fértil de construcción, de cultura y nuevos proyectos equivalentes o superiores a cualquier otra edad, siempre y cuando se les faciliten los cauces de expresión

En el ámbito educativo se identifican  distintos modelos de concepción y acciones a partir de la diversidad de manifestaciones y actitudes hacia la persona mayor  en los diferentes periodos históricos.

1. Modelo de asistencia. Predomina el modelo de las deficiencias aunque no manifiesta situación de rechazo. Su objetivo primordial es intentar satisfacer las necesidades. Desde el punto de vista educativo, el objetivo que resume gran parte de los esfuerzos realizados en esta línea es el "mantenerles ocupados" muchas veces sin contar con sus intereses, necesidades y opiniones y, frecuentemente también, sin planteamientos pedagógicos mínimamente estructurados y planificados, ya que era escaso el sentido educativo.

2. Modelo de participación. Desde este modelo se apoyan los intereses del mayor, pues se pretende una integración desde su propia perspectiva. Se considera que otorgándole un papel activo y participativo en la sociedad y en el desarrollo de su persona es posible la prevención de conductas deficitarias, por lo que es sujeto de formación para mejorar, compensar y mantener niveles de perfeccionamiento individual.

Es así como  originariamente, estas políticas se centraron únicamente en las carencias, en los aspectos deficitarios, descuidando la totalidad del ser y en cierto modo, aletargando las capacidades de las personas. En general, han tenido como meta paliar las necesidades, e incluso la discriminación social de este sector poblacional, estableciendo principalmente sistemas de atención sanitaria y de seguridad social. Ambos han buscado proteger a las personas de edad contra la enfermedad y la miseria de manera casi exclusiva, como si allí se agotaran todas las posibilidades de acción.

El modelo en el que se sustenta la presente iniciativa es el modelo de autorrealización y expresión. En él la educación juega un importante papel. Ya no se trata de divertir o entretener al mayor, ni de mantenerle ocupado sin más, sino que las propuestas (socioeducativas) sirvan de vehículo al individuo independientemente de la edad cronológica, consiguiendo así mantener niveles normales de desarrollo, a partir de considerar sus características y necesidades fisio-biológicas, de pensamiento, de motricidad y de aprendizaje, por eso en esta iniciativa se impulsa  el enfoque de adulto mayor que plantea la gerontología, pero se suma la necesidad de conocer y atender el aspecto mental y emocional del adulto mayor a través del estudio de la disciplina de la psicogerontología, así como  los métodos, técnicas y recursos didácticos para apoyar la enseñanza aprendizaje de estas personas desde el enfoque de la pedagogía gerontológica.

Así, la educación a lo largo de la vida ha de plantearse como proyecto eminentemente activo, participativo y constructivo, a través del cual se disciplinan expectativas, optimizan capacidades, se fomenta la libertad y autonomía.

Desde hace bastantes décadas se recoge la educación como un derecho. La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de la ONU (1948) expresa en su artículo 26 que todos tenemos derecho a la educación, señalando algunas de las características que le son propias: supone el desarrollo personal integral, juicios de valor y el perfeccionamiento como componente utópico.

Por su expresión se desprende la extensión a valores fundamentales (paz, amistad, tolerancia), una concepción de la educación como proceso que abarca a toda la persona, durante toda la vida, como ser humano, y sin excepción de edad, estado biológico y social.

Para nuestra  Constitución mexicana, la participación en el ejercicio educativo es un derecho que corresponde a la totalidad de los mexicanos sin prejuicio de edad o estado biológico. De esta manera existe un mandato constitucional  que viene a reconocer el interés de la educación a cualquier nivel y estructura humana.

Fue en el Plan Viena en el que se abordó por primera ocasión el derecho a la educación de la persona adulta mayor, desde un enfoque de derechos, y por lo tanto debe ser conceptualizada y atendida por los estados desde un enfoque de la teoría de la continuidad y del modelo de participación, lo que se promueve por medio de la presente iniciativa.

Es así como hoy se afirma que es  insuficiente el simple suministro de acceso a la educación. Las personas de edad necesitan programas de aprendizaje específicos, distintos a las oportunidades de educación abiertas destinadas a ciudadanos más jóvenes. Asimismo debe considerarse que la enseñanza no debe ser vista sólo para los participantes mayores adultos como destinatarios, sino también con y mediante su participación.

El hecho de que a las personas mayores con frecuencia se les considere dependientes y faltas de iniciativa y determinación, puede conducir a que los programas de educación se conciban de manera condescendiente, de arriba a abajo, sin dar a los educandos ninguna oportunidad de fijar sus propias prioridades y tomar sus propias decisiones, por eso se propone que se les permita una participación activa como educandos y a través de sus agrupaciones para evaluar y participar en la política y planes educativos.

Por tal motivo, es decisivo afirmar que el derecho a la educación es un derecho humano para todos. La educación para la persona adulta mayor tiene que convertirse en un compromiso por parte del Estado y de toda institución, ´por lo que debe convertirse en una prioridad de los gobiernos y cumplir con los compromisos asumidos a nivel internacional en esta materia.

Esta iniciativa está sustentada en el contenido del derecho a la educación y a la cultura que establece la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de San José, asimismo las recomendaciones hechas por los organismos de Naciones Unidas, mismas que se presentan a continuación.

Observaciones generales.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en materia de Derecho a la educación y a la cultura.

El párrafo 1 del artículo 13 del Pacto reconoce el derecho de toda persona a la educación. En el caso de las personas mayor este derecho debe contemplarse en dos direcciones distintas y complementarias: a) derecho de las personas de edad a beneficiarse de los programas educativos, y b) aprovechamiento de los conocimientos y de la experiencia de las personas mayores en favor de las generaciones más jóvenes

Respecto a la primera, los Estados Partes deberían considerar: a) las Recomendaciones contenidas en el principio 16 de las Naciones Unidas sobre las personas de edad: "Las personas de edad deberán tener acceso a programas educativos y de formación adecuados" y, en consecuencia, facilitarles, de acuerdo con su preparación, aptitudes y motivaciones, el acceso a los distintos niveles del ciclo educativo, mediante la adopción de medidas adecuadas para facilitarles la alfabetización, educación permanente, acceso a la universidad, etc., y b) la Recomendación Nº 47 del Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento en la que, de acuerdo con el concepto de la UNESCO sobre educación permanente, promulgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se recomienda promover programas para personas mayores no estructurados, basados en la comunidad y orientados al esparcimiento, con el fin de desarrollar su sentido de autosuficiencia, así como la responsabilidad de la comunidad respecto de las personas de edad, programas que deben contar con el apoyo de los gobiernos nacionales y de las organizaciones internacionales.

En lo que se refiere al aprovechamiento de los conocimientos y de la experiencia de las personas mayores, a que se hace referencia en el capítulo referente a la educación del Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, se destaca el importante papel que todavía en la actualidad desempeñan las personas mayores y los ancianos en la mayoría de las sociedades, ya que son los encargados de transmitir la información, los conocimientos, las tradiciones y los valores y que no debe perderse esta importante tradición. Por ello, el Comité valora especialmente el mensaje contenido en la Recomendación Nº 44 de dicho Plan: "Deben establecerse programas de educación en los que las personas de edad sean los maestros y transmisores de conocimientos, cultura y valores espirituales".

En los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 15 del Pacto se señala el compromiso de los Estados Partes de reconocer el derecho de toda persona a participar en la vida cultural y a gozar del progreso científico y de sus aplicaciones. A este respecto, el Comité encomienda a los Estados Partes que tomen en consideración las recomendaciones contempladas en los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, en particular el principio 7: "Las personas de edad deberán permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que afecten directamente a su bienestar y poder compartir sus conocimientos y pericias con las generaciones más jóvenes"; y el principio 16: "Las personas de edad deberán tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad".

En esta misma línea, la Recomendación Nº 48 del Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento insta a los gobiernos y a las organizaciones internacionales a apoyar programas encaminados a lograr un mayor y más fácil acceso físico a instituciones culturales y recreativas (museos, teatros, salas de conciertos, cines, etc.).

La Recomendación Nº 50 pone el acento en la necesidad de que los gobiernos, las ONG y los propios interesados (es decir, las personas mayores) desplieguen esfuerzos tendientes a superar imágenes estereotipadas negativas que presenten a las personas mayores como personas que padecen problemas físicos y psicológicos, que son incapaces de funcionar independientemente y que no desempeñan ningún papel ni tienen ningún valor para la sociedad. Estos esfuerzos en los que deben colaborar los medios de comunicación y las instituciones educacionales son necesarios e indispensables para lograr una sociedad que abogue por la efectiva integración de las personas mayores.

Finalmente, en lo que se refiere al derecho a gozar del progreso científico y de sus aplicaciones, los Estados Partes deberían tener en cuenta las Recomendaciones Nos. 60, 61 y 62 del Plan de Acción Internacional de Viena y hacer esfuerzos por promover la investigación en los aspectos biológico, mental y social y las formas de mantener la capacidad funcional y evitar y retrasar la aparición de las enfermedades crónicas y las incapacidades. A este respecto, se recomienda la creación, por los Estados, las organizaciones intergubernamentales y las ONG, de instituciones especializadas en la enseñanza de la gerontología, la geriatría y la psicología geriátrica en los países en que no existan dichas instituciones.

Consejo económico y social de la ONU.

Observación general Nº 21 Derecho de toda persona a participar en la vida cultural (artículo 15, párrafo 1 a), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturas)

Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos y, al igual que los demás, son universales, indivisibles e interdependientes. Su promoción y respeto cabales son esenciales para mantener la dignidad humana y para la interacción social positiva de individuos y comunidades en un mundo caracterizado por la diversidad y la pluralidad cultural.

El derecho de toda persona a participar en la vida cultural se encuentra íntimamente relacionado con los otros derechos culturales consagrados en el artículo 15, como el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones (art. 15, párr. 1 b)); el derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora (art. 15, párr. 1 c)); y el derecho a la indispensable libertad para la investigación científica y la actividad creadora (art. 15, párr. 3). El derecho de toda persona a participar en la vida cultural está también intrínsecamente vinculado al derecho a la educación (arts. 13 y 14), por medio de la cual los individuos y las comunidades transmiten sus valores, religión, costumbres, lenguas y otras referencias culturales, y que contribuye a propiciar un ambiente de comprensión mutua y respeto de los valores culturales.

El derecho de toda persona a participar en la vida cultural está reconocido también en el párrafo 1 del artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: "Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad". Otros instrumentos internacionales se refieren al derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las actividades culturales1; al derecho a participar en todos los aspectos de la vida cultural; al derecho a participar plenamente en la vida cultural y artística; al derecho de acceso a la vida cultural y participación en ella; y al derecho a participar, en igualdad de condiciones que las demás, en la vida cultural. Contienen también importantes disposiciones a este respecto instrumentos relativos a los derechos civiles y políticos; a los derechos de las personas pertenecientes a minorías a disfrutar de su propia cultura, a profesar y practicar su propia religión, y a utilizar su propio idioma, en privado y en público, y a participar efectivamente en la vida cultural; a los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus instituciones culturales, tierras ancestrales, recursos naturales y conocimientos tradicionales, y al derecho al desarrollo.

A juicio del Comité, la cultura es un concepto amplio e inclusivo que comprende todas las expresiones de la existencia humana. La expresión "vida cultural" hace referencia explícita al carácter de la cultura como un proceso vital, histórico, dinámico y evolutivo, que tiene un pasado, un presente y un futuro.

El concepto de cultura no debe entenderse como una serie de expresiones aisladas o compartimientos estancos, sino como un proceso interactivo a través del cual los individuos y las comunidades, manteniendo sus particularidades y sus fines, dan expresión a la cultura de la humanidad. Ese concepto tiene en cuenta la individualidad y la alteridad de la cultura como creación y producto social.

Elementos del derecho a participar en la vida cultural. La plena realización del derecho de toda persona a participar en la vida cultural requiere de la existencia de los siguientes elementos, sobre la base de la igualdad y de la no discriminación: a) La disponibilidad es la presencia de bienes y servicios culturales que todo el mundo pueda disfrutar y aprovechar, en particular bibliotecas, museos, teatros, salas de cine y estadios deportivos; la literatura, incluido el folclore, y las artes en todas sus manifestaciones; espacios abiertos compartidos esenciales para la interacción cultural, como parques, plazas, avenidas y calles; dones de la naturaleza, como mares, lagos, ríos, montañas, bosques y reservas naturales, en particular su flora y su fauna, que dan a los países su carácter y su biodiversidad; bienes culturales intangibles, como lenguas, costumbres, tradiciones, creencias, conocimientos e historia, así como valores, que configuran la identidad y contribuyen a la diversidad cultural de individuos y comunidades.

De todos los bienes culturales, tiene especial valor la productiva relación intercultural que se establece cuando diversos grupos, minorías y comunidades pueden compartir libremente el mismo territorio. b) La accesibilidad consiste en disponer de oportunidades efectivas y concretas de que los individuos y las comunidades disfruten plenamente de una cultura que esté al alcance físico y financiero de todos, en las zonas urbanas y en las rurales, sin discriminación.

Es fundamental a este respecto dar y facilitar a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a quienes viven en la pobreza acceso a esa cultura. Comprende también el derecho de toda persona a buscar, recibir y compartir información sobre todas las manifestaciones de la cultura en el idioma de su elección, así como el acceso de las comunidades a los medios de expresión y difusión. c) La aceptabilidad implica que las leyes, políticas, estrategias, programas y medidas adoptadas por el Estado parte para el disfrute de los derechos culturales deben formularse y aplicarse de tal forma que sean aceptables para las personas y las comunidades de que se trate.

A este respecto, se deben celebrar consultas con esas personas y comunidades para que las medidas destinadas a proteger la diversidad cultural les sean aceptables. d) La adaptabilidad se refiere a la flexibilidad y la pertinencia de las políticas, los programas y las medidas adoptados por el Estado parte en cualquier ámbito de la vida cultural, que deben respetar la diversidad cultural de las personas y las comunidades. e) La idoneidad se refiere a la realización de un determinado derecho humano de manera pertinente y apta a un determinado contexto o una determinada modalidad cultural, vale decir, de manera que respete la cultura y los derechos culturales de las personas y las comunidades, con inclusión de las minorías y de los pueblos indígenas.

El Comité considera que los Estados partes en el Pacto están obligados a prestar especial atención a la promoción y protección de los derechos culturales de las personas mayores. El Comité subraya el importante papel que las personas mayores siguen teniendo en la mayoría de las sociedades, debido a su capacidad creativa, artística e intelectual, ya que son los encargados de transmitir la información, los conocimientos, las tradiciones y los valores culturales.

Por ello, el Comité asigna especial importancia al mensaje contenido en las recomendaciones 44 y 48 del Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, que pide que se establezcan programas de educación en los que las personas de edad sean los maestros y transmisores de conocimientos, cultura y valores espirituales y alienta a los Estados y las organizaciones internacionales a que apoyen programas encaminados a facilitar el acceso físico de las personas mayores a instituciones culturales (como museos, teatros, salas de conciertos y cines).

En consecuencia, el Comité insta a los Estados partes a que tengan en cuenta las recomendaciones formuladas en los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, en particular el Principio 7, en el sentido de que las personas de edad deberían permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación y aplicación de las políticas que afecten directamente a su bienestar y compartir sus conocimientos y pericias con las generaciones más jóvenes, así como el Principio 16, que afirma que las personas de edad deberían tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad.

Derecho a la actividad física y al deporte.

El envejecimiento se acompaña de un conjunto de efectos que disminuyen la aptitud y el rendimiento físicos, muchos de los cuales resultan de la disminución de la actividad motora, lo que genera deterioro en la salud del adulto mayor.

Las principales enfermedades que presenta este sector de la población son diabetes mellitus, enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, enfermedades del hígado, enfermedades como hipertensión y neumonía.

Para mejorar la salud del adulto mayor es fundamental la prevención de enfermedades fomentando hábitos saludables de alimentación y actividad física.

Conforme a la Ley General de Cultura Física y Deporte; la actividad física se refiere a los actos motores propios del ser humano, realizados como parte de sus actividades cotidianas. En la misma línea, define el deporte como la actividad física, organizada y reglamentada que tiene por finalidad preservar y mejorar la salud física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual.

El deporte para los adultos mayores hace referencia a la práctica metódica de ejercicios físicos realizados por este sector. Para poder aplicarlo, es necesario adecuar los espacios públicos con actividades deportivas, al tiempo de equipararles con instalaciones que posean un diseño universal y permitan la accesibilidad y optimo desempeño físico del adulto mayor, evitando riesgos.

Los derechos de las apersonas mayores contenidos en diversos instrumentos internacionales, impone a los Estados partes tres tipos o niveles de obligaciones: a) la obligación de respetar; b) la obligación de proteger y c) la obligación de cumplir. La obligación de respetar requiere que los Estados partes se abstengan de interferir, directa o indirectamente, en el disfrute del derecho a participar en la vida cultural. La obligación de proteger exige que los Estados partes adopten medidas para impedir que otros actores interfieran con el derecho a participar en la vida cultural. Por último, la obligación de cumplir requiere que los Estados partes adopten las medidas adecuadas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias, de promoción y de otra índole, destinadas a la plena realización del derecho consagrado en el párrafo 1 a) del artículo 15 del Pacto.

Considerando lo señalado anteriormente,  esta iniciativa se propone con el objeto de armonizar los derechos de las personas adultas mayores contenidas en nuestra legislación mexicana con las disposiciones internacionales y con las recomendaciones del Consejo económico y Social y del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU.

En este sentido y considerando que actualmente, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores no contiene  un apartado en el que se establezcan  las directrices para implementar una política pública focalizada a este sector en materia de actividad física y deporte, por tal motivo se propone se reforme el artículo 5 para adicionar una fracción IV Ter, así como se adicione la fracción IV ter al artículo 17, y el  artículo 17 Ter.

Con el objeto de fortalecer el marco jurídico que regula el derecho de los adultos mayores en materia de educación, esparcimiento y cultura, se propone reformar el inciso a), de la fracción V del artículo 5; la fracción II del artículo 17 y la fracción II y III del artículo 17 Bis; asimismo adicionar un incis c a la fracción IV del artículo 5, una fracción II Bis al artículo 17; las fracciones que van de la IX a la Xv del artículo 17, fracciones V, VI del artículo 17, Bis; y las fracciones XV Bis al artículo 7 y IX Bis, IX Ter, IX uáter y IX Quintus e artículo 14 de la Ley General de Educación.

De igual forma y con el objeto de establecer el marco jurídico para garantizar el ejercicio del derecho a la educación de los adultos mayores y cumplir con las recomendaciones emitidas por el Comité y el Consejo Económico y social de la ONU, se propone adicionar al artículo 7 de la Ley General de Educación, las fracciones  IX Bis, Ter, Quater y Quintus.

Como legisladores, es nuestro deber generar las medidas legislativas para el respeto en el ejercicio del derecho a la educación, el esparcimiento, la cultura y la actividad física y el deporte, a través del fortalecimiento del marco jurídico existente en esta materia.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa de:

DECRETO

Artículo Primero.

Se reforman: la fracción IV en su inciso a) del artículo 5, así como la fracción  II del artículo 17; la fracción II y III del artículo 17 Bis, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Se adiciona: el inciso c) de la fracción IV, lafracción IV Bis y IV Ter todas del artículo 5; asimismo se adicionanlas fracciones II Bis, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo 17; las fracciones V y VI del artículo 17 Bis, el artículo 17 Ter, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I al III…

IV. De la educación:

a. A recibir de manera preferente el derecho a la educación que señala el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el artículo 17 de esta Ley, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, de forma gratuita, pública, integral y sin discriminación.

b. …

c. A participar en los programas educativos públicosexistentes en todos lostipos, niveles, servicios y modalidades, y a compartir sus conocimientos y experiencias con todas las generaciones.
IV Bis. De la cultura, recreación y esparcimiento.

La persona mayor tiene derecho a su identidad cultural, a participar en la vida cultural y artística de la comunidad, al disfrute de los beneficios del progreso científico y tecnológico y de otros productos de la diversidad cultural, así como a compartir sus conocimientos y experiencias con otras generaciones, en cualquiera de los contextos en los que se desarrolle.

IV Ter. Derecho  a la actividad física y al deporte.

La persona mayor tiene derecho a la  actividad física y al deporte apropiado para su edad.

Las instituciones públicas encargadas de promover el deporte y los gobiernos federal, estatal y municipal, impulsarán programas deportivos adecuados a las condiciones y necesidades de la persona adulta mayor y generarán las condiciones de accesibilidad a las instalaciones deportivas para el ejercicio de este derecho.

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública, garantizar a las personas adultas mayores:

I. …

II. La formulación de programas educativos de licenciatura y posgrado en geriatría, gerontología, psicogerontologia, en todos los niveles de atención en salud, así como de atención integral a las personas adultas mayores dirigidos a personal técnico profesional. También velará porque las instituciones de educación superior e investigación científica incluyan la geriatría en sus currícula de medicina, así como la gerontología y psicogerontología, en las demás carreras pertenecientes a las áreas de salud y ciencias sociales;

II Bis. Promover la investigación en los aspectos biológico, mental, emocional y social y las formas de mantener la capacidad funcional y evitar y retrasar la aparición de las enfermedades crónicas y las incapacidades en el adulto mayor, así como las recomendaciones científicas, tecnológicas y de innovación necesarias, al sector salud, para la instalación de unidades especiales en los hospitales públicos para su atención integral.

III  …

VIII…

IX. Promover el desarrollo de programas y materiales didácticos adecuados y accesibles para la persona mayor que atiendan sus necesidades, preferencias, aptitudes, motivaciones e identidad cultural;

X. Promover la educación y formación de la persona mayor en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) para minimizar la brecha digital, generacional y geográfica e incrementar la integración social y comunitaria;

XI. Diseñar e implementar programas públicos y gratuitos de alfabetización y postalfabetización dirigidos a la persona mayor y, en especial, de las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad; En aquellos casos en los que se registren casos de discapacidad en adultos mayores, deberán implementarse de igual forma programas dirigidos a la educación especial.

XII. Implementar un programa de incentivos, mediante acciones de reconocimiento y estímulo por sus  aportaciones;
XIII. Implementar un  programas de becas de estudio destinados a personas adultas mayores, tanto para carreras, cursos de extensión, seminarios, talleres o cualquier otra actividad académica, cuando éstos no sean de carácter público y gratuito.

XIV. Promover la  integración del adulto mayor a los programas educativos adecuados para ellos, para beneficiar la convivencia entre generaciones y la satisfacción de sus inquietudes intelectuales y culturales, y

XV. Promover la participación de las organizaciones de personas mayores en la planificación y realización de proyectos educativos y de divulgación científica y tecnológica.

Artículo 17 Bis. Corresponde a la Secretaría de Cultura, garantizar a las personas adultas mayores:

I. …

II. El acceso preferencial, gratuito o con descuentos especiales a eventos culturales que promuevan las instituciones públicas o privadas, previa acreditación de edad. Así como el acceso  de la persona mayor a los bienes y servicios culturales, en formatos y condiciones asequibles;

III. Programas culturales y concursos en los que participen exclusivamente personas adultas mayores, en las que pueda desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, para su beneficio y para el enriquecimiento de la sociedad como agente transmisor de valores, conocimientos y cultura, otorgando a los ganadores los reconocimientos y premios correspondientes;

IV. …

V. La participación en la formulación y aplicación de políticas que afecten directamente a su derecho de acceso a la cultura, así como  en la planificación, realización y divulgación de proyectos  culturales;

VI. Acceso a incentivos, mediante acciones de reconocimiento y estímulo, por los aportes de la persona mayor a las diferentes expresiones artísticas y culturales;

Deberán permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que afecten directamente a su bienestar y poder compartir sus conocimientos, experiencias, habilidades y pericias con las generaciones más jóvenes.

17 Ter. Corresponde a la Secretaría de Educación por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte:

I. Impulsar la formación de personal calificado, la construcción y adecuación de unidades deportivas e instalaciones adecuadas para la práctica de actividades físicas y del deporte, que permitan la accesibilidad del adulto mayor, ya sea con fines competitivos, de esparcimiento o rehabilitación;

II. Promover el desarrollo de actividades deportivas que tengan en cuenta las condiciones, los intereses y las necesidades de la persona mayor, con el objeto de mejorar su salud y calidad de vida en todas sus dimensiones, su autorrealización, independencia, autonomía e inclusión en la comunidad;

III. Implementar encuentros y competencias deportivas en las que participen exclusivamente personas adultas mayores, en las que pueda desarrollar y utilizar su potencial físico, otorgando a los ganadores los reconocimientos y premios correspondientes;

IV. La persona mayor podrá participar en el establecimiento, gestión y evaluación de dichos servicios, programas o actividades.

Artículo Segundo.

Se adiciona la fracción XV Bis al artículo 7 así como las fracciones IX Bis, IX Ter, IX Quáter y IX Quintus al artículo 14, de la Ley General de Educación.

Artículo 7o.-La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I a la XV…

XV Bis. Promover el conocimiento y respeto a los derechos del adulto mayor para erradicar los estereotipos negativos de que son objeto y promover la valorización del proceso de envejecimiento y la vejez.

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I al IX…

IX Bis. Incorporar en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos,  contenidos relativos al proceso de envejecimiento, al respeto a los derechos del adulto mayor, al respeto y la valorización de las personas adultas mayores, a fin de contribuir a la eliminación de los prejuicios, maltrato, exclusión y discriminación contra la vejez. En este caso, deberá promover además, conjuntamente con las Secretarías de Salud y Desarrollo Social, Centros de Atención Integral contra cualquier tipo de violencia o discriminación de los Adultos Mayores.

IX Ter. Promover  programas, cursos y actividades académicas que fortalezcan la enseñanza y aprendizaje de los adultos mayores, acordes a las características propias de esta etapa y a las competencias que requieran desde el enfoque de una educación para la vida; Asimismo, incluir en los Planes y Programas de estudio de la educación normal e instituciones de formación para docentes, la Licenciatura en Educación para Adultos y especialmente para Adultos Mayores.

IX Quáter. Promover la aplicación de métodos, técnicas y recursos didácticos acordes a las condiciones de aprendizaje del adulto mayor, con sustento en los elementos aportados por la pedagogía gerontológica, incluyendo un modelo pedagógico para la educación especial de los adultos mayores.

IX Quintus. Promover programas de educación en los que el adulto mayor sea el maestro, para beneficiar la convivencia entre generaciones y la satisfacción de sus inquietudes intelectuales y culturales.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República,
el 26 de abril de 2016.

Sen. Raúl Morón Orozco.





 

De los Senadores Martha Angélica Tagle Martínez, María del Pilar Ortega Martínez, Fernando Yunes Márquez, Alejandro Encinas Rodríguez y Manuel Bartlett Díaz, iniciativa con proyecto de Decreto que adicional la fracción VII al artículo 41 y reforma el artículo 102, Apartado A, cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 41 Y REFORMA EL ARTÍCULO 102, APARTADO A, CUARTO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los Senadores Martha Angélica Tagle Martínez, María del Pilar Ortega Martínez, Fernando Yunes Márquez, Alejandro Encinas Rodríguez y Manuel Bartlett Díaz)

La Suscritas, MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ y los suscritos FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ y MANUEL BARTLETT DÍAZ integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 41 Y REFORMA EL ARTÍCULO 102, APARTADO A, CUARTO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La gobernabilidad democrática es condición esencial para el desarrollo económico y social, en este sentido las instituciones son un recurso de legitimidad, una especie de dique de contención que limita incertidumbres, estructuran o influyen en comportamientos, esto solo es posible en la medida en que los actores políticos las respeten y el grado de confianza que la ciudadanía acuñe en ellas.

De acuerdo a la contingencia política, el contexto económico y social, los Estados crean las instituciones a fin de solucionar problemas de acción colectiva, reducir costos de transacción, disminuir incentivos de corrupción, facilitar flujos informacionales, anticipar las sombras del futuro transparentando los retornos, y distribuyendo las capacidades en forma más equitativa.

No obstante la creación y mantenimiento de las instituciones pone en peligro el equilibrio y la estabilidad del sistema político. En situaciones de equilibrio múltiple, las instituciones ejercitan un grado considerable de autonomía e independencia.

Uno de los episodios en la historia de nuestro país, en el cual el sistema político pretendió eliminar uno de los males endémicos del régimen autoritario y dar los primeros pasos hacia un régimen democrático se gestó desde el año de 1994; la necesidad de contar con un órgano administrativo confiable que vigilara y organizara las elecciones federales en un marco de independencia frente al partido hegemónico.

En enero de 1994 la incipiente estabilidad política, social y económica del país perecía: un levantamiento armado, la sensación general de zozobra y la crisis económica, eran elambiente bajo el cual se realizaban las elecciones federales de agosto.

La recepción que el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) había dado a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) era el punto de ignición sobre el cual el Instituto Federal Electoral anodino, debía organizar su primera elección presidencial.

Con las elecciones presidenciales en puerta, el entonces Secretario de Gobernación y Presidente del Consejo General del IFE, el Doctor Jorge Carpizo, se encontró ante una situación de gran desconfianza por parte de los integrantes de los partidos políticos y ciudadanos consejeros que integraban el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE). Diversas sospechas sobre la validez del Padrón Electoral y las credenciales que se habían distribuido a los ciudadanos para ejercer su voto minaban el actuar del también presidente del IFE.

Uno de los instrumentos para propiciar un clima de confianza no solo electoral, sino también social y político que garantizara la estabilidad económica fue el Acuerdo Político Nacional: “Pacto para la Paz, la Democracia y la Justicia”, que propugnaba entre sus objetivos, el contar con un proceso electoral con apego al marco legal y credibilidad en el mismo.

Mediante el Pacto para la Paz, la Democracia y la Justicia, los ocho candidatos para la elección presidencial postulados por los distintos partidos políticos, asumieron el compromiso de generar un entorno respetuoso con la democracia y la transparencia que debe imperar en los comicios.

Dentro de los compromisos pactados, se acordaba el nombramiento de un Fiscal Especializado que diera seguimiento a los delitos electorales de reciente creación y reforma en el Código Penal Federal. Aunado a lo anterior, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, con el propósito de concretar las intenciones del documento antes citado, suscribió un Acuerdo General en el mes de marzo del mismo año, en el que se encomendaba al Presidente de dicho Consejo General la promoción ante la Procuraduría General de la Republica, para la creación de una Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales, a la cual se le dotara de autonomía técnica y de gestión, con los recursos humanos y materiales necesarios para la persecución de los delitos electorales.

El 19 de Julio de 1994, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, atendiendo al Pacto y al Acuerdo antes mencionados, emitió un Decreto Presidencial por el que reformaron y adicionaron diversos artículos al Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, integrando esencialmente en el artículo 1° de dicho ordenamiento a la "Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, con autonomía técnica para conocer de las denuncias referidas a esos delitos, integrar las averiguaciones previas correspondientes, ejercitar la acción penal en su caso, intervenir en los procesos respectivos hasta su conclusión, y en los juicios de amparo y cualesquiera otros procedimientos conexos”1.

El Decreto del Ejecutivo establecía también un mecanismo para el nombramiento del titular de la Fiscalía, aunque tres días antes de la publicación del Decreto, de marras el Procurador General de la República había comunicado el nombramiento del primer “Fiscal Especial para la Atención de los Delitos Electorales”, por lo que el mecanismo publicado no fue observado; lo que requirió meses más tarde ante el señalamiento del Partido de la Revolución Democrática, que los restantes partidos políticos consintieran y aceptarán el nombramiento del fiscal hecho por el Procurador General de la República.

Aún con la premura de la puesta en marcha de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales para la elección de 1994, y a pesar de no existir registro de actas circunstanciadas, se iniciaron ese año 550 averiguaciones previas, sin que se conociera el resultado de las mismas. Pero el dato en sí, pese a ser el primero obtenido, sintetizaba el esfuerzo institucional a desplegar para la adecuada atención de las denuncias en esta materia.

Fue el 27 de agosto de 1996 cuando la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales obtuvo su nombre actual, a través del Decreto publicado por el titular del Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación, que modificaba el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

A lo largo de estos años la estructura orgánica de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ha sido modificada, más por razones presupuestales y de un eventual cálculo de las cargas de trabajo, que por un diseño institucional en función  de una atención pronta y expedita a las denuncias en la materia, que concluya en la sanción que corresponda a quienes violentan el marco normativo penal en material electoral. La Fiscalía a lo largo de todos estos años no ha contado con la estructura orgánica, los recursos humanos y materiales para la procuración de justicia en materia electoral.

El 28 de abril de 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República, en el que se   actualizó el objetivo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a saber:

“Procurar justicia en Materia Electoral Federal y del Registro Nacional de Ciudadanos con una actuación profesional, honesta, eficaz, imparcial apegada a la legalidad, que dignifique al servidor público y genere confianza y credibilidad del ciudadano; al garantizar los principios de certeza, imparcialidad, legalidad, independencia y objetividad, que deben regir la función pública, asegurar el ejercicio libre del sufragio y el respeto a los derechos humanos, así como utilizar los avances científicos y tecnológicos en la lucha contra quienes pretendan entorpecer el logro del Estado Democrático de Derecho.”

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma Constitucional en materia político-electoral que en su artículo 102 en el apartado A establece que: el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República, órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios2. Al tiempo establece que contará con dos fiscalías especializadas, una de ellas en materia de delitos electorales; estableciendo en el Artículo Décimo Octavo Transitorio de esa reforma el mecanismo mediante el cual, el Senado de la República nombraría a los titulares de esas fiscalías, conteniendo la posibilidad de objetar los mismos el Ejecutivo Federal.

Posteriormente, el 23 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, entre otras leyes en la materia, la Ley General en Materia de Delitos Electorales que actualiza los tipos penales que los ciudadanos, servidores públicos, partidos o candidatos pueden cometer, las penas, establece competencias (artículo 21) y establece la necesaria coordinación entre los diferentes niveles de gobierno (artículo 24), para proteger el desarrollo de los procesos electorales y de participación ciudadana.

En otro tenor, y a lo largo de los más de veinte años de existencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, se puede observar que las averiguaciones previas iniciadas entre 1994 a 2015, si las agrupamos por décadas, en la que cada una de ellas incluye dos elecciones presidenciales, casi se triplicaron. Sin que haya correspondencia con la estructura orgánica para atender la demanda que conlleva el investigar, prevenir y conocer de los delitos en materia electoral; al contrario, como ya señalamos esta ha quedado sujeta a vaivenes presupuestales y a la idea de que la concurrencia de los procesos electorales locales disminuye el trabajo de la Fiscalía, más que a la magnitud de las denuncias presentadas por ciudadanos, los representantes de los partidos políticos o el Instituto Nacional Electoral, y que es preciso atender de manera pronta y expedita.

PERIODO

AVERIGUACIONESPREVIAS

1994-2004

5,242

2005-2015

15,989

TOTAL

21,231

Con base en: Informe a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Cien días de gestión institucional. Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. S/F. Informe Mensual de Actividades. Diciembre de 2015. Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales.

La FEPADE, en relación con sus recursos humanos, cuenta actualmente con 287 plazas distribuidas en tres Direcciones Generales. Al inicio de sus funciones, llegó a contar con 348 plazas y cinco Direcciones Generales. Contradictoriamente y con el paso del tiempo se redujo una quinta parte de su personal y el 40% de su estructura. Este hecho contrasta con los avances que el sistema electoral ha tenido, para perfeccionar la persecución de los delitos electorales.

Es importante subrayar que a partir de la reforma electoral del 2014 se ha expresado una tendencia totalmente distinta respecto al motivo u origen de las averiguaciones  previas en la materia. En el2014, el 96.6% de las averiguaciones previas estaban asociadas a delitos referentes a la alteración del Registro Federal de Electores, previstas en el Código Penal Federal; en el 2015 las alusivas a los tipos penales configurados en la nueva Ley General en Materia de Delitos Electorales representaron el 35%. Es claro que la ampliación de los tipos penales y el fortalecimiento de las atribuciones de la Fiscalía van a traducirse tanto en un número mayor de averiguaciones previas iniciadas, como en un cambio cualitativo respecto al delito que se denuncia, lo que sin duda va a requerir de un esfuerzo institucional y que hoy en día no se cuenta con las condiciones necesarias para su adecuado cumplimiento.

En la FEPADE sucede algo similar a lo que ocurre en el Instituto Nacional Electoral; la reforma electoral de 2014 estableció nuevas funciones y atribuciones que están exigiendo una reformulación en su organización interna, que implica recursos humanos, económicos y materiales. La Fiscalía en comento de igual manera tiene que desplegar una coordinación permanente y ágil con las instituciones electorales de los Estados: como los Organismos Públicos Locales Electorales, los Tribunales Electorales y las Fiscalías Electorales Locales.

Adicionalmente cada vez que el Instituto Nacional Electoral ejercita su facultad de atracción respecto a los procesos electorales locales de manera instantánea la FEPADE tiene injerencia. El ejercicio de esta facultad por parte del Consejo General del INE se está convirtiendo en una tendencia que no expresa la intención del legislador al momento de la aprobación de las Leyes en la materia y que impacta en el funcionamiento de la Fiscalía.

La prevención y persecución del delito, responsabilidad de la Fiscalía Especializada para la atención de los Delitos Electorales, ha contado con exiguos recursos presupuestales durante la última década para el adecuado cumplimiento de su función, así se puede apreciar en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO FEPADE
(Millones de pesos)
2006-2016

AÑO

PRESUPUESTO FEPADE

GASTO ELECTORAL*INE-TEPJF-FEPADE

2006

135.91

8397.83

2007

120.58

5857.76

2008

108.18

7435.4

2009

117.9

10559

2010

130.64

7771.55

2011

106.57

9387.26

2012

129.41

12896.58

2013

142.01

9695.25

2014

152.01

10430.49

2015

152.34

16431.25

2016

170.83

 

*El gasto electoral no incluye las prerrogativas de los partidos políticos.

Paradójicamente y contrario a lo que debería suceder, en 2015, cuando la FEPADE asume mayores responsabilidades resultantes de la reforma electoral del 2014 y es cuando tiene la menor participación porcentual en el llamado gasto electoral: el .9% del total. Es sintomático que su segundo dato de menor participación en el gasto electoral, sea en la elección presidencial de 2012, con el 1%.

El año 2007 es cuando obtuvo su mayor participación en el gasto electoral: el 2%. Resulta que cuando son años de elecciones la institución responsable de prevenir y perseguir los delitos penales en la materia es cuando obtiene menores recursos presupuestales, con respecto a las demás instituciones que participan en el proceso electoral. Bajo esas condiciones es posible concluir que existe una política deliberada por limitar la acción de la FEPADE.

Desde su creación, la FEPADE ha sido una institución fundamental para la democracia mexicana, toda vez que ha sido un factor inhibidor de conductas antidemocráticas.3

En el diseño de las instituciones electorales, dada su importancia para garantizar la legalidad y legitimidad de quienes en turno ejercen el poder político como mandato de la voluntad popular, y con el objetivo de garantizar a la ciudadanía y a los partidos políticos, instituciones confiables que hagan valer los principios rectores de la función electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; es que se ha recurrido a dotarlos de plena autonomía en el cumplimiento de sus responsabilidades legales.

Empero, la FEPADE es la única institución electoral que desde su creación no cuenta con autonomía para cumplir con las funciones constitucionales que se le han encomendado, que se traduce en insuficiencia de personal e insumos adecuados para el desempeño de sus actividades, aunado  a la imposibilidad de establecer sus propias directrices institucionales.

En los nombramientos de autoridades electorales lo que prevalece es la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; para que los mismos no interfieran en sus decisiones y la imparcialidad sea un hecho real.

Por ello es que proponemos ir más allá de la reforma de febrero de 2014 y separar de la Fiscalía General de la República a la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales.

El avance en materia democrática implica mayor responsabilidad en el diseño de las instituciones encargadas de organizar e implementar los mecanismos de limpieza transparencia y confiabilidad en los comicios. Las reformas al marco electoral forman parte de este esfuerzo, sin embargo de manera paralela existen nuevos fenómenos que ponen en riesgo los procesos electorales: la infiltración y participación activa o pasiva del crimen organizado en los procesos electorales, que puede ir desde el uso de recursos de  procedencia ilícita, lavado de dinero, hasta la compra o financiamiento de candidaturas, recordemos lo dicho por el Dr. Belisario Betancourt: Cuidado con el crimen porque puede llegar al poder de manera democrática.

Ante este tipo de fenómenos el andamiaje electoral de las instituciones encargadas tanto administrativas como de procuración en impartición de justicia, deben contar con la capacidad, el personal técnico y operativo para cumplir con su función.

En este sentido la FEPADE, tiene un papel preponderante al sancionar las conductas que incidan negativamente en el adecuado desarrollo de la función electoral, tanto de manera preventiva a través de mayores y mejores herramientas jurídicas en la investigación y procuración de justicia y con ello cumplir con los principios democráticos del Estado Constitucional de derecho.

La Fiscalía en comento no debe ser guiada por intereses partidistas o situaciones coyunturales, el estricto apego a la legalidad debe ser la constante, por ello dotar de autonomía evitaría cualquier tipo de injerencia gubernamental o de otra índole que pueda afectar el adecuado funcionamiento de dicho órgano.

Considerando que dicha autonomía es una vía para incrementar la calidad de la democracia en nuestro país, erradicando la corrupción e impunidad en materia electoral, garantizando con ello que quienes ejerzan los poderes públicos de la nación resulten de procesos apegados a las leyes en la materia, y que quienes así no lo hagan sean procesados, juzgados y sentenciados conforme a la ley.

Al tiempo consideramos que debido a las múltiples reformas que en materia electoral se han realizado a la Constitución y sobre todo al considerarla como el instrumento de reivindicación de carácter social, en al ánimo de no extender más el texto de nuestra Norma Suprema, la presente iniciativa se suma a la propuesta de varios académicos y expertos en Derecho Constitucional, para reformar exclusivamente la disposición de la que es objeto la presente iniciativa y en los transitorios la previsión de organización y funcionamiento de dicho órgano

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 41 Y REFORMA EL ARTÍCULO 102, APARTADO A, CUARTO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Único. Se reforma el artículo 41 Constitucional, adicionando una fracción VII y se reforma el artículo 102, apartado A cuarto párrafo, para quedar como sigue:

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía…

I-VI…

VII. La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales es la responsable de investigar, prevenir y perseguir los delitos electorales. La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales es un Órgano Público Autónomo dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios.

El Fiscal Especializado para la Atención de los Delitos Electorales durará en su encargo nueve años, será designado y removido por el Senado de la República conforme los términos que regule la ley en materia.

El Fiscal será el responsable de su dirección y la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los organismos públicos locales y las fiscalías especiales en la materia de los Estados de la República. La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos, ministerios públicos y de vigilancia.

Contará con un órgano interno de control que se desempeñará con autonomía técnica y de gestión, tendrá a cargo la fiscalización de todos los ingresos y egresos de la Fiscalía.

Artículo 102.

A. El Ministerio Público de la Federación…

I-VI…

La Fiscalía General contará, al menos con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de embate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República. El nombramiento y remoción de (l) los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley, si el Senado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción.



B …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. La reforma al presente artículo entrará en vigor al día siguiente de la publicación del Presente Decreto.

El Congreso de la Unión deberá expedir la ley que regirá al órgano autónomo denominado Fiscalía General para la Atención de Delitos Electorales, dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

La Ley establecerá las directrices y mecanismos que habrán de regir a la Fiscalía, incluyendo los recursos presupuestales que no deberá ser menos del tres por ciento asignado a la Fiscalía General de la República; contendrá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos, el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, pasarán a formar parte del Órgano Autónomo; sin menoscabo de los derechos laborales.

Tercero. El titular que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria de Órgano Autónomo, permanecerá  hasta que termine el periodo de encargo en 2018.

Cuarto. El titular de la Fiscalía será nombrado y removido por el voto de dos terceras partes del Senado de la República.

Cuarto. Se deroga cualquier ordenamiento que contravenga al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de abril de 2016.

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Fernando Yunes Márquez.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.- Sen. Manuel Bartlett Díaz.

Notas.

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Ackerman, Jhon. “Sistemas de elección 2012: en busca de equidad y legalidad” Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México en colaboración con el Instituto Belisario Domínguez. México 2011.

• Ugalde Calderón, Filiberto Valentín. “Órganos Constitucionales Autónomos”. Instituto de Investigaciones Jurídicas [En línea]. [Consultado: 16 de Febrero de 2016]. Disponible en la web: http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/29/Filiberto%20Valent%C3%ADn%20Ugalde%20Calder%C3%B3n.pdf

• Vargas Valdez, José Luis. “Crimen Organizado, Narcotráfico y Delitos Electorales. Fortaleciendo el  Blindaje” en Sistemas de elección 2012: en busca de equidad y legalidad”. Ackerman, Jhon. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México en colaboración con el Instituto Belisario Domínguez. México 2011.

1 Diario Oficial de la Federación [En línea]. [Consultado: 16 de Febrero de 2016]. Disponible en la web: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4716753&fecha=19/07/1994

2 Disposición que será vigente al momento en que se aprueben las normas secundarias por el Congreso de la Unión y este haga la declaratoria expresa de la entrada en vigor de la autonomía constitucional.

3 Woldenberg, José, “Los órganos electorales ante el reto de 2003”, Los retos de la justicia penal electoral 2003, México, Inacipe, 2002, p. 15.





 

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero de la fracción XII del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DE LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Presentada por las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI)







 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 232 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)







 

De la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 410 E del Código Civil Federal, que se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 410 E DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 410 E DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Iniciativa tiene el objetivo de adicionar un párrafo al artículo 410 E del Código Civil Federal, con la intención de ampliar los requisitos de adopción internacional para conocer la situación jurídica de toda persona que intenta adoptar.

Desde la década de los 60´s el número de adopciones internacionales se ha incrementado de manera constante y de igual manera, los avances internacionales que tienen como finalidad proteger a los infantes de situaciones que contravengan el sentido puro de la adopción, en donde se pretende que los menores encuentren un hogar para desarrollarse plenamente.

Sin embargo, en la actualidad se siguen presentando cientos de casos en todo el mundo donde se realizan adopciones con fines de abuso, explotación o trata. La falta de legislación encaminada a priorizar los intereses de los niños y niñas, los pocos requisitos impuestos, los procedimientos burocráticos y  las múltiples debilidades sistemáticas que persisten, dan lugar a malas prácticas en la materia, coerción, manipulación de sus padres biológicos e incluso falsificación de documentos y soborno a las autoridades, dando facilidades para las redes de trata y cientos de personas que no son apropiadas para adoptar.

Por lo tanto, lo expresado en esta iniciativa, pretende solidificar el marco jurídico y ejercitar las disposiciones establecidas en la Convención de los Derechos del Niño además de recoger los principios y normatividad del Convenio de la Haya en Protección del Niño y la Cooperación en materia de Adopción Internacional de 1993, fijando la postura que debe tomar la autoridad y la responsabilidad que tiene el Estado para promover adopciones lícitas y fructíferas en beneficio de la vida de los menores, garantizando la protección de su esfera de derecho en su más amplio sentido.

En la actualidad, es necesario homologar la legislación en torno a la protección de los derechos fundamentales, proteger y salvaguardar estos derechos es obligación de un Estado social y democrático, comprometido con generar políticas progresistas, por ello, existe una necesidad urgente por reivindicar los medios de protección existente para los menores, debido al incremento en el cruce de fronteras y la posición geográfica de nuestro país, que lo pone en medio de múltiples rutas de migración e inmigración.

En esta dirección, siempre deberá ser el interés del menor el que prevalezca sobre el deseo legítimo y humano de tener un hijo por parte de quien desee adoptar, siendo la protección a la infancia una responsabilidad pública, objeto de una política global que garantice el bienestar de los infantes y les permita gozar de sus derechos individuales y sociales.

De acuerdo con el documento “Innocentidigest” elaborado por  UNICEF, la adopción internacional presenta aún varios factores de riesgo, tan solo se estima que existen alrededor de 40 millones de menores sin registro provenientes de los países más pobres o aquellos que están en constante conflicto bélico, muchos más, producto del secuestro de bebes y otros, resultado de la adopción comercial, práctica en donde se alteran documentos y se vicia el procedimiento por medio de sobornos.

Sin embargo, el mismo informe considera que las normas internacionales tienen en cuenta a la adopción internacional como una solución aceptable para garantizar la vida de plena de niños y niñas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en su país de origen y carecen del entorno familiar que procuré del infante, pero solo es viable la adopción cuando existen los mecanismos adecuados que inhiban las barrearas anteriormente mencionadas, por lo que se recomienda que el Estado genere una base jurídica sólida que prevenga los abusos en la materia, donde no existan lagunas legales o ambigüedades, ya que en el contexto, se regula la adopción en términos muy generales pero no se abunda en muchos otros campos necesarios que se involucran en el tema de forma directa o indirecta, tal como la revisión de los antecedentes de la parte adoptante.

Ante esta situación México debe estar a la vanguardia y generar leyes convergentes que protejan a los niños y niñas garantizando en todo momento sus derechos fundamentales de acuerdo con las últimas disposiciones internacionales y la normativa nacional, tal como la reciente Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS

TEXTO VIGENTE
CÓDIGO CIVIL FEDERAL

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 410 E.- La adopción internacional es la promovida por ciudadanos de otro país, con residencia habitual fuera del territorio nacional; y tiene como objeto incorporar, en una familia, a un menor que no puede encontrar una familia en su propio país de origen. Esta adopción se regirá por los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y, en lo conducente, por las disposiciones de este Código.

 

 

 

 


Las adopciones internacionales siempre serán plenas.

La adopción por extranjeros es la promovida por ciudadanos de otro país, con residencia permanente en el territorio nacional. Esta adopción se regirá por lo dispuesto en el presente Código.

Artículo 410 E.- La adopción internacional es la promovida por ciudadanos de otro país, con residencia habitual fuera del territorio nacional; y tiene como objeto incorporar, en una familia, a un menor que no puede encontrar una familia en su propio país de origen. Esta adopción se regirá por los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y, en lo conducente, por las disposiciones de este Código.

Toda persona que intente la adopción internacional deberá acreditar mediante documentación oficial que no cuenta con antecedentes penales por algún delito que homologado a la legislación nacional sea considerado como grave. Asimismo, el juez de lo familiar girará oficio a las policias nacionales e internacionales para dilucidar la existencia de alguna alerta sobre la persona que trata de adoptar.

Las adopciones internacionales siempre serán plenas.

La adopción por extranjeros es la promovida por ciudadanos de otro país, con residencia permanente en el territorio nacional. Esta adopción se regirá por lo dispuesto en el presente Código.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se ADICIONA el artículo 410 E del Código Civil Federal, para quedar de la forma siguiente:

Código Civil Federal

Artículo 410 E.- La adopción internacional es la promovida por ciudadanos de otro país, con residencia habitual fuera del territorio nacional; y tiene como objeto incorporar, en una familia, a un menor que no puede encontrar una familia en su propio país de origen. Esta adopción se regirá por los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y, en lo conducente, por las disposiciones de este Código.

Toda persona que intente la adopción internacional deberá acreditar mediante documentación oficial que no cuenta con antecedentes penales por algún delito que homologado a la legislación nacional sea considerado como grave. Asimismo, el juez de lo familiar girará oficio a las policías nacionales e internacionales para dilucidar la existencia de alguna alerta  sobre la persona que trata de adoptar.

Las adopciones internacionales siempre serán plenas.

La adopción por extranjeros es la promovida por ciudadanos de otro país, con residencia permanente en el territorio nacional. Esta adopción se regirá por lo dispuesto en el presente Código.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,
el 26 de abril de 2016.

Suscribe

Sen. María de los Ángeles Verónica González Rodríguez.





 

De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Hilda Ceballos Llerenas, Erika Ayala Ríos, Jesús Casillas Romero, Daniel Amador Gaxiola y Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal, para crear el “Fondo de Aportaciones para el Acceso a la Información Pública, la Transparencia y la Protección de Datos Personales”, que se turna las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, PARA CREAR EL “FONDO DE APORTACIONES PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LA TRANSPARENCIA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES”

(Presentada por los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Hilda Ceballos Llerenas, Erika Ayala Ríos, Jesús Casillas Romero, Daniel Amador Gaxiola y Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del PRI)







 

Del Senador César Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador César Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del PAN)







 

De la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción II Ter al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, que se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA     LA FRACCIÓN II TER AL ARTÍCULO 170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN II TER AL ARTÍCULO 170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Iniciativa tiene el objetivo de adicionar una fracción al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se establecen los derechos de las madres trabajadoras, con la intención de tipificar la reproducción asistida como un procedimiento al cual se tiene derecho a una licencia especial como si se tratara de un embarazo o adopción como lo contempla en la actualidad dicha Ley.

A lo largo de la urbe mundial, desde principios de la década de los 80´s se han multiplicado el número de clínicas especializadas que llevan a cabo el método de la fecundación in vitro y traslado de embrión. En nuestro país las fecundaciones extracorpóreas son una realidad como resultado de la necesidad de dar tratamiento a los problemas de la reproducción humana.

Desde los orígenes de estos procedimientos han existido problemas de interpretación y aplicación jurídica en distintos niveles, a los cuales se han tenido que enfrentar médicos, abogados, parejas y muy particularmente en el ámbito laboral pues esta figura no se encuentra tipificada en la Ley.

Desde la perspectiva del derecho a la salud, en la Ley General de Salud se encuentran los objetivos de la planificación familiar, así como el apoyo y fomento de la investigación en materia de anticoncepción, infertilidad humana y biología de la reproducción humana; asimismo, la regulación específica respecto de los procedimientos de fertilización asistida atañen a la normatividad aplicable a la disposición de órganos y tejidos, sin embargo, nuestra legislación sigue careciendo de elementos de carácter administrativo para estos casos.

Nuestra sociedad requiere mayor dinámica en este ámbito; una de las últimas reformas a la Ley General de Salud, incluyó presupuestos para la utilización de técnicas de reproducción asistida, con la inclusión del concepto de células germinales como aquellas células reproductoras masculinas y femeninas capaces de dar origen a un embrión, así como el concepto del preembrión, que se considera como el producto de la concepción hasta el término de segunda semana de gestación.

En pocas palabras, se ha trabajado en normar la parte correspondiente a la investigación, pero los problemas ahora comienzan a surgir en las esferas sociales, donde el individuo se involucra como parte de un proceso de reproducción asistida, tales como en el ámbito laboral.

Esto sin duda es de gran relevancia para nuestro país, pues se trata de un mercado que comprende ya aproximadamente 52 clínicas, hospitales o consultorios que llevan a cabo estos procedimientos, de los cuales 50 son privados y sus costos puede alcanzar cientos de miles de pesos.

Distintos especialistas han señalado que nuestros hábitos de vida y la tendencia de acudir con retraso a la paternidad están disminuyendo significativamente, en nuestro país el INEGI ha presentado distintos indicadores que confirman esta conducta y el impacto negativo que las mismas tienen en nuestra capacidad de reproducción.

Hay estudios que muestran que en nuestro país en el 2012 se realizaron alrededor de 82 mil procedimientos de reproducción asistida, incluso el “Análisis del Mercado de Infertilidad en México 2013”, muestra que nuestro país cuenta con avanzadas técnicas de reproducción asistida y procesos tecnológicos de vanguardia.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que 3 de cada 10    parejas en México padecen infertilidad. Esta es una realidad que trasciende al ámbito laboral cuando quien se somete a este tipo de técnicas es una empleada a la cual se despide.

Aquí nace el espíritu de la presente reforma, al plantear las consecuencias legales que puede tener para el empresario el despido de una empleada en tratamiento de reproducción asistida, ya que nuestra legislación laboral no concede alguna protección especial a este grupo.

El principio de igualdad y no discriminación se encuentran establecidos en nuestra Constitución y legislación laboral. Carece de validez un despido de una trabajadora embarazada o cuyo contrato se encuentre suspendido por maternidad durante el embarazo, lactancia o enfermedades causadas por el mismo.

Sin embargo, aquí se plantea la pregunta acerca de qué sucede cuando la trabajadora no está embarazada y se está sometiendo a un tratamiento de fertilidad. La protección por embarazo debe aplicarse a una trabajadora que esté participando en un proceso de reproducción asistida no solamente desde que le transfieren óvulos fecundados, que es cuando tiene la consideración de embarazada a los efectos de la protección que la ley concede.

La presente reforma abre la posibilidad de aplicar la protección genérica por discriminación por sexo al despido de una trabajadora en tratamiento de reproducción asistida si la decisión del patrón se basa en la participación de la mujer en dicho tratamiento. Sólo las mujeres pueden someterse a este proceso y se vulneraría el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres si se despidiera a una mujer porque se somete a un proceso de fecundación in vitro.

Es evidente que con esta propuesta damos un paso adelante para evitar que la realidad rebase a nuestras leyes, buscando tener respuestas antes que nuestras mujeres trabajadoras en esta situación tengan que llegar a la desafortunada experiencia de resolver su condición en un tribunal.


CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS

 TEXTO VIGENTE
LEY FEDERAL DEL TRABAJO

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. a II Bis. (…)

 

 

 

III. a VII. (…)

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. a II Bis. (…)

II Ter. A una licencia especial por haberse sometido a procedimientos o técnicas de reproducción medicamente asistidos durante el tiempo que la prescripción médica lo indique,

III. a VII. (…)

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se ADICIONA la fracción II Ter al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar de la forma siguiente:

Ley Federal del Trabajo

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. a II Bis. (…)

II Ter. A una licencia especial por haberse sometido a procedimientos o técnicas de reproducción medicamente asistidos durante el tiempo que la prescripción médica lo indique,

III. a VII. (…)

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,
el 26 de abril de 2016.

Suscribe

Sen. María de los Ángeles Verónica González Rodríguez.





 

Del Senador Félix González Canto, del grupo parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III y se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por el Senador Félix Arturo González Canto, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Senador de la República, FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 numeral I y II, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Se encuentra presente en sus principales tratados. El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos, y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías, tales como discapacidades, religión, sexo, raza, color, preferencias sexuales, y así sucesivamente.

La no discriminación es indispensable para avanzar en la construcción de sociedades más justas, solidarias, igualitarias y libres de los daños, conflictos y retrocesos que ésta implica para las personas y sociedades que la sufren.

El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Al ser, la no discriminación, un requisito fundamental para la vigencia de la igualdad obliga a los Estados a implementar acciones que erradiquen las condiciones que generan y reproducen la discriminación.

Pese a los esfuerzos por erradicar la discriminación, uno de los grupos poblacionales que continúan sufriéndola, son las personas con discapacidad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud1 más de mil millones de personas, que equivalen al 15% de la población mundial padecen alguna forma de discapacidad, cifra que irá en aumento debido al envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas, entre otras causas.

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2012) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 6.6% de la población del país reporta tener una discapacidad. Siendo los adultos mayores quienes muestran una mayor concentración de personas con discapacidad, de forma tal que representan el 51.4% del universo de la población con esta condición, los adultos representan el 33.7%, los jóvenes el 7.6%; y, los niños el 7.3% de las personas con discapacidad.

El fenómeno de la discapacidad siempre ha acompañado a los seres humanos, forma parte de la condición humana, puede afectar a cualquier persona de muchas maneras durante su ciclo de vida. Existen personas con discapacidad que la tienen desde el nacimiento y otras que la adquieren durante su vida, ya sea por accidente, enfermedad, proceso de envejecimiento o un hecho violento.

El INEGI ha reportado que2 la enfermedad o la edad avanzada son las principales causas para todos los tipos de discapacidad considerados. Los problemas relacionados con el nacimiento ocupan el segundo lugar en las discapacidades del habla y comunicación (31.8%) y en los emocionales y mentales (18.1%); el 14.1% de las discapacidades relacionadas con mover las extremidades superiores se deben a accidente, y 16.2% en el caso de las extremidades inferiores.

Si bien es cierto que las personas con discapacidad forman parte de un grupo población que enfrenta múltiples complicaciones para gozar de todos sus derechos humanos, también se deben de reconocer los esfuerzos que ha hecho el Estado mexicano para avanzar en la protección de los derechos y en el combate contra la discriminación de las personas con discapacidad.

Bajo ese contexto se puede mencionar que en nuestro país en el año 2001 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para adicionar un párrafo tercero al artículo 1º y prohibir toda discriminación motivada, entre otras cosas, por las capacidades diferentes, término que fue sustituido en 2006 por el de las discapacidades.

En 2003 se crearon la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social, avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad.

En 2005, se expidió la Ley General de las Personas con Discapacidad, la cual tuvo el propósito de garantizar que dichas personas tuvieran igual acceso a la educación, la salud, el empleo, los servicios sociales, la vivienda, el transporte público, la protección de la ley y los procedimientos políticos de adopción de decisiones. Pese a la ley las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social. No se debe perder de vista que de acuerdo al Programa Nacional de Derechos Humanos, de 2005 a 2012 aumentó el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de personas con discapacidad por violación a sus derechos humanos3.

En 2007, México ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, comprometiéndose a elaborar y poner en práctica leyes y políticas públicas para asegurar a este grupo poblacional los derechos reconocidos en ese instrumento internacional, así como de abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación.

El reto que asumió el Gobierno Mexicano fue el de sensibilizar sobre las personas con discapacidad para lograr una sociedad incluyente, derivado de la ratificación de esta Convención, en 2011 se publicó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, misma que trató de armonizar la otrora Ley General de las Personas con Discapacidad con la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual representó un gran avance dado que se establecieron diversos mecanismos para la creación de entornos incluyentes.

Un aspecto fundamental que incorporó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad es el relativo a la educación inclusiva, entendido por ella la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos, lo cual es de suma importancia debido a que el asegurar la educación a los niños, adolescentes y jóvenes discapacitados lleva aparejada una mejora en su calidad de vida puesto que -como a cualquier persona- la educación les permite obtener conocimientos indispensables para el desarrollo de múltiples habilidades, así como para su interacción social, cultural y económica. Además de que desde la perspectiva económica, la educación de una persona discapacitada hace de ella una persona productiva que no tiene necesariamente que depender de su familia o del Estado durante toda la vida.

La educación es un derecho inalienable de toda persona, a ningún niño, niña, adolescente o joven se le puede negar este derecho por razones de discapacidad, lamentablemente la historia y las estadísticas demuestran que las personas con discapacidad son uno de los grupos poblacionales con más dificultades para acceder a la educación, aún persisten barreras físicas, sociales y culturales que obstaculizan su ingreso y tránsito a través del sistema educativo.

El INEGI ha señalado que de acuerdo con el Censo 2010, la población con discapacidad de 3 a 29 años de edad se encuentra en desventaja frente a su contraparte sin discapacidad, ya que mientras 45 de cada 100 asisten a la escuela, entre las personas sin discapacidad lo hacen 56, siendo mayor el porcentaje de personas con discapacidad que asisten en zonas urbanas que en la rurales (47.3% frente a 40.2% respectivamente).

Para 2014 la brecha de diferencia entre personas en edad de estudiar que asisten a la escuela se amplió, dado que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 20144 (ENADID, 2014) muestra que el 46.5% de la población con discapacidad de 3 a 29 años asiste a la escuela, frente al 60.5% de la población sin discapacidad.

El Censo 2010 también nos permitió observar que del conjunto de población con discapacidad en edad escolar (de 3 a 29 años), los que tienen mayor asistencia escolar se ubican en los que presentan dificultad para ver (53.2%), poner atención o aprender (51.8%), escuchar (47.1%), hablar o comunicarse (44.8%), y los que menos, aquellos con limitaciones para caminar o moverse (39.4%), atender el cuidado personal (29.4%) y mentales (28.9%). De forma tal que las personas con limitaciones cognitivas y de movilidad son quienes tienen más restringido el acceso a la educación.

El porcentaje de asistencia escolar por tipo de discapacidad también tuvo un retroceso, según lo señalado por la ENADID 2014, ya que el porcentaje de quienes asisten a la escuela con dificultad para ver disminuyó al 42.5%, en el caso de poner atención o aprender al 36.5%, en lo relativo a las discapacidades para hablar y comunicarse al 27.5%; finalmente las personas que tienen discapacidad para mover o usar sus brazos y manos, bañarse, vestirse o comer y lo relacionado a problemas emocionales o mentales presentan las mismas proporciones de asistencia a la escuela con un 10.9% para cada uno.

Respecto de la aptitud para leer y escribir el Censo 2010 reportó que 34.1% de las personas con discapacidad de 6 a 14 años de edad no sabe leer y escribir; porcentaje tres veces superior al de la población sin discapacidad de la misma edad (10.3%) lo que reafirma las dificultades de acceso a la educación para los niños con discapacidad, porcentajes que casi no tuvieron ningún cambio en la ENADID 2014.

Es importante mencionar que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad tuvo la virtud de dedicar un capítulo a la educación, en específico el artículo 12 de la Ley establece una serie de acciones para que la Secretaría de Educación Pública promueva el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional, destacándose las siguientes tres acciones:

I. Establecer en el Sistema Educativo Nacional, el diseño, ejecución y evaluación del programa para la educación especial y del programa para la educación inclusiva de personas con discapacidad;

II. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado;

III. Establecer mecanismos a fin de que las niñas y los niños con discapacidad gocen del derecho a la admisión gratuita y obligatoria así como a la atención especializada, en los centros de desarrollo infantil, guarderías públicas y en guarderías privadas mediante convenios de servicios. Las niñas y niños con discapacidad no podrán ser condicionados en su integración a la educación inicial o preescolar;

Sin duda, estas acciones deben favorecer el que cada vez más niños, niñas, adolescentes y jóvenes accedan a la educación, sin embargo, considerando que el acceso a la educación es uno de los derechos fundamentales del ser humano y lo coloca en ventaja social respecto a aquellas personas que no lo tienen, estimo pertinente incorporar dentro de las acciones que debe emprender la Secretaria de Educación Pública para promover el derecho a la educación de las personas con discapacidad, el establecer que las niñas y niños con discapacidad no podrán ser condicionados en su integración a la educación inicial y básica.

El prohibir el condicionamiento a la integración de las niñas, niños y adolescentes a la educación básica radica en la importancia de que adquieran toda una serie de conocimientos básicos indispensables para el desarrollo de múltiples habilidades, así como para su integración social, cultural y económica y de que los niños y adolescentes con discapacidad necesitan tanta educación como sus pares.

Cabe mencionar que esta reforma está en consonancia con la reforma aprobada por el Senado de la República el 19 de abril del presente a la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva.

Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON  DISCAPACIDAD.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción III y se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 12.- …

I. …

II. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado.

Las niñas y niños con discapacidad no podrán ser condicionados en su integración a la educación inicial y básica;

III. Establecer mecanismos a fin de que las niñas y los niños con discapacidad gocen del derecho a la admisión gratuita y obligatoria así como a la atención especializada, en los centros de desarrollo infantil, guarderías públicas y en guarderías privadas mediante convenios de servicios;

IV. a XIV. …

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de abril de 2016.

Sen. Félix Arturo González Canto.

1 Véase Organización Mundial de la Salud. Discapacidad y salud. Nota descriptiva No 352, Diciembre de 2015, consultada en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/es/ el 2 de abril de 2016

2 INEGI. Estadísticas a propósito del día internacional de las personas con discapacidad. p.-5, México, 2015, consultada en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/discapacidad0.pdf, el 2 de abril de 2016

3 Ver Programa Nacional de Derechos Humanos, disponible en
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343071&fecha=30/04/2014

4 Véase INEGI, Estadísticas a propósito del día internacional de las personas con discapacidad. disponible en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/discapacidad0.pdf





 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San Román, Sonia Rocha Acosta, Martha Elena García Gómez, Luisa María Calderón Hinojosa, Laura Angélica Rojas Hernández, Zoé Robledo Aburto, Juan Carlos Romero Hicks, Jorge Luis Lavalle Maury, Luis Fernando Salazar Fernández, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Héctor Larios Córdova, Francisco Salvador López Brito, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Raúl Gracia Guzmán y José de Jesús Santana García, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración, que se turna a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Presentada por los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San Román, Sonia Rocha Acosta, Martha Elena García Gómez, Luisa María Calderón Hinojosa, Laura Angélica Rojas Hernández, Zoé Robledo Aburto, Juan Carlos Romero Hicks, Jorge Luis Lavalle Maury, Luis Fernando Salazar Fernández, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Héctor Larios Córdova, Francisco Salvador López Brito, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Raúl Gracia Guzmán y José de Jesús Santana García)







 

De la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

(Presentada por la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La reciente reforma en materia de Telecomunicaciones trajo cambios fundamentales en el estilo de vida de nuestras y nuestros ciudadanos; fueron cambios que con el apoyo del poder mediático ha mostrado no haber tocado los intereses estructurales de los grandes consorcios televisivos de nuestro país, pero si impactó sustancialmente en el bolsillo de nuestra sociedad que se ha visto obligada a adquirir equipos de nueva tecnología a causa del llamado “apagón analógico”.

Es cierto que podemos hacer distintos balances sobre quien gana y quien pierde, sin embargo, la discusión central debe enfocarse al interés superior de nuestros ciudadanos respetando de manera irrestricta su derecho a la información.

Este derecho tiene como objeto la tutela y delimitación a obtener y difundir ideas, opiniones y hechos notables por medio de fuentes propias o por medios de comunicación social u otros que la evolución pueda concebir. Se trata de una norma predominante de derecho público que constituye un derecho fundamental, ordinario y formulado en las Constituciones y leyes fundamentales de los países, mismos que desarrollan normas que constituyen el núcleo de la información.

El llamado “apagón analógico”, nace en mayo de 2005 cuando el órgano ejecutivo y legislativo de la Unión Europea, la Comisión Europea, consideró necesaria la transición de las emisiones de televisión análoga a las emisiones de tecnología digital, con la finalidad de optimizar el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico en beneficio de los usuarios. 

Con estas acciones se permite que el espacio radioeléctrico sea utilizado con mayor eficacia, originando mayor calidad en la emisión y recepción de datos en telecomunicaciones y radiodifusión; asimismo, permite un bajo consumo eléctrico, lo que representa un ahorro de energía positivo para el medio ambiente. En pocas palabras, el uso de emisiones digitales otorga a los usuarios mayor calidad de audio y video, así como acceso a mayores servicios interactivos.

A partir de esta propuesta, el llamado “apagón analógico” ha sido puesto en práctica por diversos países en todo el mundo, ya sea en proyectos de transición por etapas, o bien, en proyectos de transición total denominados switch-off. La mayoría de los países europeos ya han concluido con el apagón analógico, mientras que algunos países de Asia y América Latina se encuentran en proceso de adoptarlo por completo.

De acuerdo con la Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información del INEGI, apenas el 25.8 por ciento de los hogares del país cuenta con televisor digital, mientras el 69 por ciento tiene equipos analógicos. En otras palabras, si afirmamos que el televidente es el objeto primario de los cambios tecnológicos, entonces apenas 1 de cada 4 hogares se encontraba en condiciones de acceder de manera plena a su derecho a la información.

Por ello, en septiembre del año 2010, el Gobierno Federal emitió el Decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la televisión digital terrestre, donde se establece que el apagón analógico deberá concretarse antes del 31 de diciembre de 2015.

Dicho Decreto, junto con la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones de junio de 2013, han tenido como finalidad aprovechar el espacio radioeléctrico para incrementar la competencia y ofrecer mejores servicios a la población.

Para el cumplimiento de estos objetivos antes de la fecha límite establecida en el decreto, el Ejecutivo Federal ha generado políticas públicas, estrategias y programas de trabajo que faciliten la transición a la señal digital, entre las que destaca la entrega de televisiones digitales y decodificadores a hogares donde habiten personas con escasos recursos.

El 13 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre”, donde se mencionan los mecanismos y requisitos para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregue hasta 10 millones de televisiones digitales a familias de escasos recursos, quienes serán seleccionadas con base al padrón de beneficiarios de programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social.

En este sentido, la Secretaría de Desarrollo Social notificó a las personas que serán objeto de la entrega de televisores, lo que marca el inicio del procedimiento ante una empresa particular contratada para tal efecto.

Es importante aclarar que esta acción ha sido concebida como una “estrategia de telecomunicaciones” y no como un programa, por lo tanto, dado el impacto que ha tenido en cuanto a garantizar el derecho a la información de nuestra población es necesario establecer estos criterios en la norma del ramo, como lo propone la presente Iniciativa.

La idea central de la propuesta es que, dados los constantes cambios tecnológicos, podamos garantizar una Estrategia permanente sustentada en una perspectiva de derechos para que los hogares puedan acceder a la información que se transmite con eficiencia, calidad y, sobre todo, bajo la tutela del Estado.

Es prudente señalar que uno de los objetivos de la Reforma en Telecomunicaciones es la universalidad, entendida como el acceso igualitario de la población a las tecnologías de la comunicación, ampliando así los derechos humanos de libertad de expresión y acceso a la información.

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS

TEXTO VIGENTE
LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 2.Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general.

En la prestación de dichos servicios estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

El Estado, al ejercer la rectoría en la materia, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación y garantizará la eficiente prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y para tales efectos establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de
dichos servicios.

 

 

Artículo 2.Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general.

En la prestación de dichos servicios estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, las condiciones sociales y económicas, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

El Estado, al ejercer la rectoría en la materia, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación y garantizará el derecho a la información de las y los ciudadanos, bajo la eficiente prestación de servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, además establecerá programas permanentes de apoyo para facilitar el acceso a nuevas tecnologías de comunicación a las familias con la intención de generar condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se REFORMA el artículo 2 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar de la forma siguiente:

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Artículo 2. Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general.

En la prestación de dichos servicios estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, las condiciones sociales y económicas, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

El Estado, al ejercer la rectoría en la materia, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación y garantizará el derecho a la información de las y los ciudadanos, bajo la eficiente prestación de servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, además establecerá programas permanentes de apoyo para facilitar el acceso a nuevas tecnologías de comunicación a las familias con la intención de generar condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,
el 26 de abril de 2016.

Suscribe

Sen. María de los Ángeles Verónica González Rodríguez.





 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, que se turna a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

(Presentada por la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN)

La suscrita, Senadora ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 169, 172; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6, EN SU PÁRRAFO 1; 7, PÁRRAFO 1; 232 PÁRRAFOS 3 Y 4; 233 PÁRRAFO 1; 234, PÁRRAFO 1; 241, PÁRRAFO 1, INCISO A) Y SE ADICIONA AL ARTÍCULO 3, PÁRRAFO 1, EL INCISO I) Y SE RECORRE EL MISMO PARA CONVERTIRSE EN J), TODOS DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, PÁRRAFO 4; Y 5, PÁRRAFO 1 INCISO R), AMBOS DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde tiempos memorables muchas mujeres han luchado por alcanzar espacios dentro de la vida nacional de sus países, han dado los primeros pasos, han surcado los caminos, han dejado huella en la historia y desde esos tiempos no hemos descansado por seguir participando activamente, buscando la adquisición de poder e independencia, rumbo a la igualdad que debe existir entre hombres y mujeres.

Por ello, desde las reformas constitucionales en materia político-electoral, se hizo mención de la importancia de las mujeres en la política, buscado que los partidos políticos estén obligados a que el cincuenta por ciento de sus candidaturas a Diputados Federales, Senadores y Diputados locales deban ser para mujeres.

En consecuencia se busca que se garantice que la formula este compuesta por el mismo género, evitando así la simulación que atenta contra esa igualdad política que tanto se busca.

Ahora bien,  tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se reconocen además del principio de igualdad, el derecho de todos los y las ciudadanas de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser electas en elecciones periódicas, autenticas, realizadas por sufragio universal.

El incremento del número de mujeres en el ejercicio del poder y la toma de decisiones, todavía se ve muy limitada, pues a veces se considera que la participación de la mujer en la política es para llenar un espacio, cumplir con una cuota, o bien quitarles espacios a los hombres; por el contrario es compartir la toma de decisiones para que juntos tanto hombres como mujeres podamos ser corresponsables de un verdadero desarrollo y avance de la democracia.

Además, desde que la mujer participa en la política, ya se abordan en nuestro país temas como el interés superior de los menores, contra la trata de personas, ley de deudores alimentarios, de la política social, el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, la igualdad entre mujeres y hombres, entre otros.

En efecto, la participación de las mujeres en la política es innegable y en nuestras manos está que se dé, que demostremos que nuestro compromiso con las mujeres es un hecho concreto, una acción real y no sólo la parte de un discurso políticamente correcto.

Hemos constatado cómo cada vez más se imparten cursos para ampliar y fortalecer el liderazgo de las mujeres desde los partidos políticos, desde los institutos nacionales e internacionales, en contraste vemos que ese derecho humano que las mujeres tenemos de ejercer nuestra participación política para ser votadas, a veces se ve limitado a las decisiones copulares de los partidos o en algunos momentos sometida a impugnaciones y resoluciones del Tribunal Federal Electoral.

Para respetar los principios democráticos, cuando se tomen las decisiones de candidaturas, de liderazgo, de representación política, es necesario que esos derechos políticos de las mujeres claramente estén expuestos en la ley para que se hagan ineludibles, inquebrantables y obligatorios.

Así evitar casos de violencia política contra las mujeres, los cuales van desde obligarlas a competir en distritos o alcaldías en los que no tienen posibilidades de ganar una elección, el uso de frases denigrantes en contra de las mujeres, hasta el asesinato de la víctima para evitar que acceda a un cargo de elección popular.

Necesitamos que la paridad de género sea efectiva, no declarativa, además deben establecerse mecanismos para garantizar el cumplimiento de esta paridad, bajo una serie de acciones afirmativas y medidas en contra de la discriminación. Para lograr la equidad de género entre hombres y mujeres, se debe eliminar todos aquellos obstáculos que impidan a las mujeres ejercer sus derechos político electorales de manera plena y libre.

Si bien es cierto que desde nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41 fracción I, segundo párrafo se señala que: “Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir en la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.”

En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su Libro Segundo referente a la integración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión y de las entidades federativas, así como de los ayuntamientos, se encuentra el Título Primero que señala la participación de los ciudadanos en las elecciones y en su capítulo de los derechos y obligaciones establece en su artículo 7 párrafo 1, que votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular.

Que también es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres, para tener acceso a cargos de elección popular.

En el Libro Quinto donde se habla de los procesos electorales, en su Título Segundo relacionado con los actos preparatorios de la elección federal, en el Capítulo III, respecto del artículo 232 párrafo 3, se indica que los partidos políticos promoverán y garantizaran la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

En el mismo artículo en su párrafo 4, se menciona que el Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad fijando al partido el plazo improrrogable para la sustitución de las mismas, en caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.

Por otra parte en el artículo 233, encontramos que de la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros mandata en la Constitución y en esta Ley.

Así mismo en el artículo 234 se señala que las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista. En este mismo capítulo en el artículo 241, donde se señala que para la sustitución de candidatos, los partidos políticos y coaliciones lo solicitarán por escrito al Consejo General, observando disposiciones, como la señalada en el inciso a) de ese mismo artículos en donde se propone que dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán sustituirlos libremente, debiendo observar las reglas y el principio de paridad entre los géneros establecido en el párrafo 3 del artículo 232.

Mencionados la paridad de género, pero a que nos referimos cuando hacemos alusión de esa expresión, debemos considerar que la misma refiere a la promoción de igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y bienestar de las mujeres, es decir se quiere construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a la representación política en los ámbitos de toma de decisiones.

Ahora bien en todos los artículos mencionados se hace referencia a la paridad de género a que están obligados tantos partidos políticos, como autoridades con la finalidad de asegurar la igualdad que debe existir entre ambos géneros, sin embargo, no es suficiente la expresión paridad entre los géneros, se requiere que en la ley se establezca con mayor precisión a que nos referimos con paridad de género y como garantizamos esa paridad. Asimismo se deben realizar la misma precisión en la Ley General de Partidos Políticos.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se Reforman los artículos 6, en su párrafo 1; 7, párrafo 1; 232 párrafos 3 y 4; 233 párrafo 1; 234, párrafo 1; 241, párrafo 1, inciso a) y se adiciona al artículo 3, párrafo 1, el inciso i) y se recorre el mismo para convertirse en j), todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 3.

1. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

a) a g). …

h) Organismos Públicos Locales: Los organismos púbicos electorales de las entidades federativas;

i) Paridad de géneros: el mismo valor para hombres y mujeres, los mismos derechos y oportunidades para acceder a la representación política, y

j) …

Artículo 6.

1. La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio corresponde al Instituto, a los Organismo Públicos Locales, a los partidos políticos postulando un cincuenta por ciento de cada género de sus candidatos. El instituto emitirá las reglas a las que se sujetarán las campañas de promoción del voto que realicen otras organizaciones.

2. …

Artículo 7.

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos postular un cincuenta por ciento de sus candidaturas para cada género, con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para tener acceso a todos los cargos de elección popular.

2. a 4 . …

Artículo 232.

1. y 2. …

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, y en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, propondrán un cincuenta por ciento de sus candidaturas para cada género.

4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda el cincuenta por ciento de un mismo género, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.

5. …

Artículo 233.

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a Diputados como de Senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto, deberán integrarse con el cincuenta por ciento para cada género, salvaguardando así la paridad entre los géneros mandatada en la Constitución y en esta Ley.

Artículo 234.

1. Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y cada lista que se proponga deberá estar integrada por el cincuenta por ciento de cada género y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista.

Artículo 241.

1. Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos y coaliciones  lo solicitarán por escrito al Consejo General, observando las siguientes disposiciones:

a) Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán sustituirlos libremente, debiendo observar el cincuenta por ciento de sus candidaturas para cada género, así como las reglas y el principio de paridad entre los géneros establecido en el párrafo 3 del artículo 232 de esta Ley;

b) y c). …

ARTÍCULO SEGUNDO. Se Reforman los artículos 3, párrafo 4; y 5, párrafo 1 inciso r), ambos de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:

Artículo 3.

1. a 3. …

4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a Legisladores Federales y locales. Estos deberán ser objetivos y asegurar el cincuenta por ciento de sus candidaturas para cada género, en condiciones de igualdad.

5. …

Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) a q). …

r) Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a Legisladores Federales y Locales, mediante la propuesta del cincuenta por ciento de sus candidaturas para cada género;

s) a u). …

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las Legislaturas de las Entidades Federativas, deberán adecuar la legislación local electoral, conforme a las reformas y adición aquí realizada, dentro de un término de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

TERCERO. Los partidos políticos deberán tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento al presente decreto.

Dada en el Senado de la República, el 26 de abril de 2016.

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.





 

De la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 323 Bis y 323 Ter del Código Civil Federal, que se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 323 BIS Y 323 TER DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 323 BIS Y 323 TER DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Iniciativa tiene el objetivo de reformar los artículos 323 Bis y 323 Ter del Código Civil Federal con el objetivo de ampliar el concepto de violencia familiar, especificando sus formas y establecer de manera tácita la prohibición de la violencia hacia un menor incluso bajo el argumento de que se trata de algún tipo de educación bajo usos y costumbres.

Vivimos en un país cuyos indicadores en materia de violencia muestran que es una conducta presente en la vida diaria de gran parte de la población; la guerra contra el narcotráfico, el crimen, los robos, abusos, secuestros, etc., forman parte de las noticias cotidianas, pero además existe un tema menos publicitado pero igual de importante: la violencia familiar.

Esta es una problemática de gran relevancia porque a pesar de que se genera en un entorno privado entre los integrantes de la misma, sus consecuencias transcienden el núcleo familiar y afectan a la sociedad, transformándose así, en un asunto del Estado que involucra la administración y procuración de justicia, además de un conjunto de acciones firmes y objetivas en diversos sectores, tanto en el ámbito legislativo como en el judicial, en materia de educación, salud, desarrollo social y otras más, que pretendan combatir este tipo de violencia.

De acuerdo con UNICEF, esta conducta nociva impacta en la deserción escolar, causa un número importante de muertes en la población infantil y es un factor determinante en el engrosamiento de filas de pandillas y organizaciones delictivas que reclutan a jóvenes, niños y niñas que viven en un hogar desquebrajado.

En este sentido, es importante abordar a la violencia familiar en todas sus formas, ya que si bien se suele pensar solo en el daño generado entre parejas, también están involucrados los menores, los discapacitados e incluso los adultos mayores que formen parte del entorno familiar o que vivan dentro del mismo hogar, debido a que las estructuras jerárquicas y relaciones disparejas de poder que se dan en la familia, son nichos propicios para la generación de este fenómeno social.

Datos del INEGI con aval de UNICEF señalan que en nuestro país, uno de cada tres hogares presenta alguna forma de violencia familiar, siendo para el 72% de estos hogares, una conducta recurrente. Por otra parte, la Encuesta Nacional sobre Violencia Intrafamiliar muestra que en un 32% de los hogares estas acciones se presentan en viviendas dirigidas por hombres. 

El documento “Vulnerabilidad a la violencia doméstica”, publicado en la “Revista Internacional de Estadística y Geografía” menciona que a este tipo de violencia son ampliamente vulnerables una gran cantidad de hogares debido a la situación de vulnerabilidad que experimentan los individuos por ocupar una posición subordinada en la familia, asimetrías de edad, capacidades o género.

Lo que se traduce en millones de adultos mayores, mujeres, menores y discapacitados que día a día enfrentan conductas que violentan sus derechos y atentan contra su integridad física o mental, generando secuelas para toda la vida.

Por ello es indispensable que este tipo de violencia no siga la tendencia institucional que pretende invisibilizarla o suele contrastarla con otro tipo de manifestación del mismo fenómeno, sin que las autoridades correspondientes generen soluciones viables que reduzcan los indicadores tan alarmantes que se presentan en nuestro país.

La adopción de un enfoque integral y multidisciplinario que permita abordar la complicada tarea de crear familias, comunidades y Estados libres de violencia no sólo son una necesidad, sino una responsabilidad del Estado mexicano.

La igualdad y protección de los derechos de cada miembro de la familia es elemental para garantizar el goce de los derechos fundamentales de todos por igual, pero también para permitir que todos los integrantes de la misma puedan gozar de una vida plena.

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS

 TEXTO VIGENTE
CÓDIGO CIVIL FEDERAL

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 323 bis.- Los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros les respeten su integridad física y psíquica, con objeto de contribuir a su sano desarrollo para su plena incorporación y participación en el núcleo social. Al efecto, contará con la asistencia y protección de las instituciones públicas de acuerdo con las leyes.

 


Artículo 323 ter.- Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar.

 

Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como las omisiones graves, que de manera reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física, psíquica o ambas independientemente de que pueda producir o no lesiones; siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio y exista una relación de parentesco, matrimonio o concubinato.

 

Artículo 323 bis.- Se considera violencia familiar a todo acto intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro fuera del domicilio familiar, y que tiene por efecto causar daño. Los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros les respeten su integridad física y psíquica, con objeto de contribuir a su sano desarrollo para su plena incorporación y participación en el núcleo social. Al efecto, contará con la asistencia y protección de las instituciones públicas de acuerdo con las leyes.

Artículo 323 ter.- Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar, y que puede ser cualquiera de las siguientes clases:

I. Violencia física: Es todo acto intencional en donde se utiliza alguna parte del cuerpo, objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de otra persona.

II. Violencia psicoemocional: Todo acto u omisión consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, abandono o actitudes devaluatorias que provoquen en quien las recibe alteración auto cognitiva y auto valorativa de su autoestima o en alguna de sus estructuras       psíquicas.

III. Violencia económica: Son actos que implican el control de ingresos, apoderamiento de bienes de la otra parte, retención, menoscabo, destrucción o desaparición de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos de la pareja o de un integrante de la familia. Así como el incumplimiento de las obligaciones alimentarias  por parte de la      persona que tiene obligación de cubrirlas, y

IV. Violencia sexual: Todo acto sexual que vulnere la libertad sexual o bien comentarios o insinuaciones sexuales no deseados.

En ningún caso como forma de educación o formación sustentada en usos y costumbres se justifica el ejercicio de la violencia hacia un menor.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:


PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 323 Bis y 323 Ter del Código Civil Federal, para quedar de la forma siguiente:

Código Civil Federal

Artículo 323 bis.- Se considera violencia familiar a todo acto intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro fuera del domicilio familiar, y que tiene por efecto causar daño. Los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros les respeten su integridad física y psíquica, con objeto de contribuir a su sano desarrollo para su plena incorporación y participación en el núcleo social. Al efecto, contará con la asistencia y protección de las instituciones públicas de acuerdo con las leyes.

Artículo 323 ter.- Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar, y que puede ser cualquiera de las siguientes clases:

I. Violencia física: Es todo acto intencional en donde se utiliza alguna parte del cuerpo, objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de otra persona.

II. Violencia psicoemocional: Todo acto u omisión consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, abandono o actitudes devaluatorias que provoquen en quien las recibe alteración auto cognitiva y auto valorativa de su autoestima o en alguna de sus estructuras psíquicas.

III. Violencia económica: Son actos que implican el control de ingresos, apoderamiento de bienes de la otra parte, retención, menoscabo, destrucción o desaparición de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos de la pareja o de un integrante de la familia. Así como el incumplimiento de las obligaciones alimentarias  por parte de la persona que tiene obligación de cubrirlas, y

IV. Violencia sexual: Todo acto sexual que vulnere la libertad sexual o bien comentarios o insinuaciones sexuales no deseados.

En ningún caso como forma de educación o formación sustentada en usos y costumbres se justifica el ejercicio de la violencia hacia un menor.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,
el 26 de abril de 2016.

Suscribe

Sen. María de los Ángeles Verónica González Rodríguez.





 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Presentada por la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN)

La suscrita, Senadora ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 169, 172; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los ARTÍCULOS 3O., FRACCIÓN II; 8O.; 9O., FRACCIÓN III; 10, FRACCIONES I, VI, VII Y IX; 22, FRACCIONES I Y VII; 26; 28, FRACCIONES XIV Y XXIII, Y SE ADICIONA AL ARTÍCULO 30, EL INCISO L; TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Consejo Nacional de Población estima que para el 2030, en México habrá más adultos mayores que jóvenes menores de 15 años y para el 2050, un 30 por ciento de la población tendrá más de 60 años, por lo que es sumamente importante promover una cultura de envejecimiento en nuestro país. Ante este panorama tenemos que ir preparándonos a un cambio, es decir, estamos en tiempo para pensar de manera diferente y reconocer que en unos años México enfrentará el rápido envejecimiento de su población.

En el 2010 los adultos mayores de 70 años sumaron 5.1 millones; en 2015 fueron 7.1 millones y en 2050 la cifra será de 18.4 millones, pero no solo el crecimiento de la población será en nuestro país, sino que la Organización Mundial de la Salud estima que la población mundial está envejeciendo rápidamente, entre 2015 y 2050 la proporción de la población mundial mayor de 60 años se multiplicará casi por dos, pasando del 12% al 22%, en números absolutos el aumento previsto es de 900 millones a 2,000 millones de personas mayores de 60 años, lo cual significa un reto global muy grande, puesto que la esperanza de vida ha incrementado 10 años más, pero existen mayores padecimientos dentro de este rango de edad.

En nuestro país hay millones de mexicanos que llegan al final de su vida productiva con las manos y en condiciones inaceptables de vulnerabilidad y sin una jubilación o pensión lo que significa que 3 de cada 10 adultos es decir el 28.2 por ciento (2.2 millones).

No basta la situación económica por falta de ingresos, por la que están pasando nuestros adultos mayores, también se conoce que la Secretaría de Salud, asegura que la prevalencia nacional de demencia y deterioro cognitivo, principalmente de Alzheimer, representa una cifra mayor a 6 por ciento en las personas mayores de 60 años. Asimismo es importante la cifra de casos de osteoporosis, depresión, lesiones por caída, trastornos nutricionales, problemas de salud bucal, así como de pérdida de visión y audición, entre muchos otros males.

Sumando a lo anterior la percepción negativa que tienen los adultos mayores sobre sí mismos, al considerarse improductivos, en decadencia, sin recursos, viviendo los trastornos propios de su edad, como la disminución de sus funciones y la presencia de enfermedades, que les va quitando su independencia, aunado a esto en una etapa en que van viviendo la pérdida del trabajo, de la pareja, de los amigos, de los hijos porque emigran, y este elemento psicológico agrava su condición afectiva.

Al considerar que la parte afectiva de nuestros adultos mayores debe ser una prioridad dentro de la Ley, pues no es tolerable que además de la pobreza, sin atención médica, sin empleo, todavía se padezca de la falta del trato afectivo que contribuye al bienestar emocional de nuestros adultos mayores.

Sabemos que el ser humano por naturaleza necesita de afecto, cariño, estima, estimulación emocional, sensaciones que ayuden a que se le haga sentir bien, tanto en el lado emocional, como en el sentimental, y espiritual.

Las necesidades afectivas son un conjunto de sensaciones emocionales que ayudan alimentar, que no se pueden tocar ni agarrar, pero que se sienten en el lado más profundo de uno mismo, que nos hace sentirnos vivos, comprender nuestra naturaleza y la esencia de la vida, y la finalidad de nuestra existencia. Lo importante es saber diferenciar y no confundir esas necesidades afectivas, para no crear malas interpretaciones, ni confusiones en el estado de las personas.

Ahora bien, reconociendo que la salud es el estado óptimo del individuo, un estado de bienestar emocional que le permite hacer el mejor uso de sus facultades físicas, mentales y emocionales.

En la citada Ley se hace alusión a la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. Sin hacer mención del bienestar emocional, ese que para quienes son expertos es importante en la vida del ser humano, mencionan que las emociones son energía en movimiento.

Un estado  de bienestar emocional nos permite enfrentar de una manera efectiva los retos que nos ofrece la vida, aunque también hay emociones que nos causan daño, como la depresión y que nos llevan a malgastar nuestros recursos, y en el peor de los casos, usarlas en contra de aquellos que nos rodean y aun en contra de nosotros mismos.

Independientemente de los esfuerzos que se hacen por apoyar a nuestros adultos mayores en mejorar su situación económica, de salud, de no discriminación, es necesario darle importancia al bienestar emocional que es el que, más se requiere en esta etapa de la vida del ser humano, quien detrás de una larga vida activa y después de los logros alcanzados sean muchos o pocos tiene que empezar a adaptarse a la nueva realidad, al deterioro paulatino de sus órganos y funciones asociadas a los mismos, que con el paso del tiempo ocurre en todo ser vivo hasta llegar a la muerte.

Así también como se señala en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la Mesta Nacional México Incluyente, tiene un objetivo que nos  invita  a transitar a hacía una sociedad equitativa e incluyente, conforme a la estrategia que requiere articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población, a través de la línea de acción que estimula fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas mayores, para garantizar su calidad de vida en materia de salud, alimentación, empleo vivienda, bienestar emocional y seguridad social, además de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de nuestros adultos mayores.

Por otra parte, aprovecho para realizar algunas otras precisiones a las disposiciones encargadas de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores y con la finalidad de fortalecer al órgano encargado de la planeación y el diseño específico de las políticas públicas anuales que permitan la ejecución transversal a favor de las personas adultas mayores, es que propongo que la Secretaría de Turismo también se sume al órgano directivo con el ánimo de fortalecerlo respecto de las opiniones, estrategias y recursos que pueda aportar en materia de recreación turística, tal como lo señala la presente Ley en su artículo 23.

Por otra parte, con motivo de la reforma política de la Ciudad de México, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero del año en curso, el decreto por el cual se otorga un nuevo rango constitucional a la Ciudad de México y fenece la figura del Distrito Federal, y a pesar de que el artículo Transitorio Décimo Cuarto, establece que a partir de la entrada en vigor del mismo, todas las referencias en la Constitución General de la República y demás ordenamientos jurídicos que se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México, y así como en el decreto de dicha reforma se sustituyó las menciones al Distrito Federal por el de la Ciudad de México, considero que en congruencia con la reforma constitucional  aprobada, homologar respecto de esta Ley de los Derechos de las Personas Adultas, adecuar en lo conducente las referencias hechas en la misma respecto del Distrito Federal por el de la Ciudad de México. En ese tenor es que considero indispensable hacer algunos cambios legislativos a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

ARTÍCULO ÚNICO. Se Reforman los artículos 3o., fracción II; 8o.; 9o., fracción III; 10, fracciones I, VI, VII y IX; 22, fracciones I y VII; 26; 28, fracciones XIV y XXIII, y se Adiciona al artículo 30, el inciso l; todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 3o.. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. …

II. Asistencia social. Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental, bienestar emocional y social de personas en estado de necesidad, desprotección, o desventaja física, bienestar emocional y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

III. a XI. …

Artículo 8o. Ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún espacio público o privado por razón de su edad, género, estado físico, situación económica, identidad étnica, creencia religiosa, política o condición social.

Artículo 9o. La familia de la persona adulta mayor deberá cumplir su función social; por tanto, de manera constante y permanente deberá velar por cada una de las personas adultas mayores que formen parte de ella, siendo responsable de proporcionar los satisfactores necesarios para su atención y desarrollo integral y tendrá las siguientes obligaciones para con ellos:

I. …

II. …

III. Evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación, abuso físico, psíquico o sexual, explotación, aislamiento, engaño, abandono, lesiones, descuido o negligencia, violencia y actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos.

Artículo 10. Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

I. Propiciar las condiciones para un mayor bienestar físico, emocional y mental a fin de que puedan ejercer plenamente sus capacidades en el seno de la familia y de la sociedad, incrementando su autoestima y preservando su dignidad como ser humano;

II. a V. …

VI. Promover la solidaridad y la participación ciudadana para consensar programas y acciones que permitan su incorporación social, bienestar emocional y alcanzar un desarrollo justo y equitativo;

VII. Fomentar en la familia, el Estado y la Sociedad, una cultura de aprecio a la vejez para lograr un trato digno, favorecer su revalorización y su plena integración social, así como procurar una mayor sensibilidad, conciencia social, respeto, solidaridad y convivencia entre las generaciones con el fin de evitar toda forma de discriminación, violencia, explotación, aislamiento, abandono, engaño, olvido, por motivo de su edad, género, estado físico, mental, emocional o condición social.

VIII. …

IX. Impulsar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores observando el principio de equidad de género, por medio de políticas públicas, programas y acciones a fin de garantizar la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades de hombres y mujeres así como la revalorización del papel de la mujer y del hombre en la vida social, económica, política, cultural, deportiva y familiar así como la no discriminación individual y colectiva hacia la mujer.

X. a XX. …

Artículo 22. Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, garantizar a las personas adultas mayores:

I. Los servicios de asistencia y orientación jurídica en forma gratuita, en especial aquellos que se refieren a la seguridad de su patrimonio, en materia de alimentos ybienes inmuebles, y testamentaria;

II. a VI. …

VII. El establecimiento de los programas asistenciales de apoyo a las familias para que la falta de recursos no sea causa de separación o abandono  de las personas adultas mayores, y

VIII. …

Artículo 26. El Instituto tendrá su domicilio legal en la Ciudad de México, y ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional.

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:
I. a XIII. …

XIV. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, de las anomalías que se detecten durante las visitas realizadas a los lugares que se mencionan en la fracción anterior, deberá también hacer del conocimiento público dichas anomalías.

XV. a XXII. …

XXIII. Promover la coordinación de acciones y programas que realicen otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos estatales y municipales y de la Ciudad de México, que tengan como destinatarios a las personas adultas mayores, buscando con ello optimizar la utilización de los recursos materiales y humanos y evitar la duplicidad de acciones;

XXIV. a XXX. …

Artículo 30. El Consejo Directivo es el órgano de gobierno del Instituto y responsable de la planeación y el diseño específico de las políticas públicas anuales que permitan la ejecución transversal a favor de las personas adultas mayores. Estará integrado por los titulares de las siguientes dependencias:

a. …

b. …

c. …

d. …

e. …

f. …

g. …

h. …

i. …

j. Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

k. Secretaría de Cultura, y

l. Secretaría de Turismo.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 26 de abril de 2016.

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.





 

De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Miguel Barbosa Huerta y Fernando Yunes Márquez, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO D) A LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Miguel Barbosa Huerta y Fernando Yunes Márquez)

La suscrita, ANGELICA DE LA PEÑA GÓMEZ, y los suscritos MIGUEL BARBOSA HUERTA y FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, Senadora y Senadores de la República a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, presentamos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO D) A LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (PARA LA CREACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS PERICIALES, COMO ÓRGANO PÚBLICO AUTÓNOMO), al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las ciencias forenses como auxiliares del derecho penal y del derecho procesal penal son las responsables de exponer científicamente, las pruebas necesarias a través de la emisión de peritajes en las diversas disciplinas. Un factor fundamental es que los dictámenes periciales siempre estén basados en una ciencia ya que se inicia con hechos reales, que deben estudiarse con conocimientos científicos sistematizados, tanto deductiva como inductivamente, en las materias y especialidades que sean requeridas partiendo de un planteamiento general hasta llegar a uno particular, de forma clara, precisa, congruente y coherente. Los peritos deben valorar las evidencias imparcialmente, aplicando criterios técnico-científicos que sean reproducibles, repetibles, con confiabilidad absoluta y sin dejarse influenciar por el medio que les rodea.

A partir de la inminente entrada en vigor en todo país del nuevo sistema de justicia penal de carácter acusatorio y adversarial, se hace necesaria no sólo la capacitación de jueces, fiscales, defensores, sino también de los servicios periciales y, por tanto en la forma de obtener, incorporar y rendir la llamada prueba pericial.

Se trata pues de una cuestión medular para la producción de elementos claves que son determinantes para la resolución de un procedimiento penal. Baste recordar que en un sistema acusatorio moderno y garantista la prueba pericial ha dejado de ser un burocrático escrito, para transformarse en el testimonio que el propio profesional debe rendir frente a las y los jueces. –si el perito no rinde declaración en juicio, no puede haber prueba pericial-.

El nuevo sistema establece diversos principios de actuación, entre ellos el de la libertad probatoria, ahora, las pruebas no pertenecen al tribunal, sino a la parte que las ofrece y es esta la encargada de llevar a cabo lo necesario para que dichas pruebas se desahoguen de manera adecuada, generando convicción en el ánimo del juzgador.

Por tanto uno de los retos fundamentales para las y los profesionales encargados de la actividad pericial lo es sin duda la oralidad. La mayor parte de quienes desempeñan actualmente esta actividad no están habituados para exponer su dictamen en un juicio oral. Su informe rendido ante juez debe pasar por el examen y el contra examen de las partes; la o el perito deberán someterse a cuestionamientos sobre su trayectoria profesional y cuestiones relativas al dictamen realizado.

Un perito es por tanto, toda persona que interviene en el procedimiento cuando se requieren conocimientos específicos para el examen de personas, hechos u objetos. Pero el concepto de perito, en términos generales, se refiere a personas calificadas en razón de su ciencia, técnica, oficio o conocimiento especializado en arte; idoneidad que debe acreditar por medio de título o dominio reconocido en el medio en que actúa, en relación con la materia que versa.

Sin embargo, es de suma importancia recordar que el éxito de la labor pericial reside en la forma en el método que utilizan y las técnicas que emplean. Si la perito o el perito no realizan su trabajo con una rigurosa metodología, las conclusiones pueden arrojar resultados erróneos. Por ello, no es posible apresurar la labor pericial, como tampoco lo es el manipular, condicionar, aleccionar, inducir o desviar el resultado de su estudio.

La implementación del sistema penal acusatorio privilegia la prueba científica, pero trae aparejada una transformación radical de los Servicios Forenses en México que han permanecido tradicionalmente en un plano secundario, al margen de la asignación de presupuestos y programas prioritarios, creando con esto un gran desafío para el actuar pericial.

Por tanto los Servicios Periciales son una institución fundamental en el nuevo sistema penal acusatorio y por tanto, debe consolidarse como el pilar técnico científico de la investigación, por lo que en el Congreso de la Unión estamos obligados a dotar de las herramientas indispensables para que el personal que se desempeña en las actividades periciales pueda hacer frente a los retos para una mejor procuración y administración de justicia en México.

No está por demás señalar a manera de ejemplo que los laboratorios de criminalística, en algunos estados de la república, presentan un atraso tecnológico considerable, lo que hace que los resultados obtenidos no presenten la certeza probabilística requerida por la ciencia. Equipos fuera de uso por falta de presupuesto para el mantenimiento adecuado, y otros se encuentran en plena obsolescencia tecnológica.

Otro factor importante a destacar en la problemática actual, es la falta de unidad de criterios que existe en la profesionalización de los expertos en diversas materias, ya que los programas de formación de peritos profesionales o técnicos, no están homologados a nivel nacional, lo que genera una formación desarticulada y es importante señalar que en ocasiones ni siquiera existen estos programas de formación y que los peritos ingresan a las instituciones de procuración de justicia sin tener una formación inicial, ni programas profesionales de reclutamiento y selección; no existen, en gran parte de las instituciones, programas de carrera que los incentive a mantenerse dentro de la procuración de justicia.

Aunado a lo anterior, en la actualidad todavía no se establecen con debida claridad los programas de certificación pericial que como está señalado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es de carácter obligatorio y debe ser otorgada por los Centros de Control de Confianza, con base en las normas de competencia laboral, donde el perito demuestre su aptitud para desempeñar las funciones inherentes a su cargo, es importante manifestar que a nivel federal, ya existen en el ámbito pericial normas de competencia, sin embargo se desconoce si ya existen acuerdos a nivel nacional para que su aplicación se dé en todas las entidades federativas o bien si ya las instituciones estatales de procuración de justicia cuentan con normas de competencia profesional que permitan certificar en el corto plazo a sus peritos.

En relación a la acreditación de los laboratorios forenses, que garanticen la aplicación de estándares internacionales para la obtención de resultados confiables, son en la actualidad escasos los esfuerzos en esta materia y solamente podríamos mencionar que algunos laboratorios se encuentran en proceso de acreditar algunas especialidades y otros incluso desconocen los beneficios del procedimiento de acreditación, que está basado en estándares de buenas prácticas a nivel internacional y que seguramente al entrar en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, será un tema fundamental para la defensa de los dictámenes periciales y por ende el valor probatorio de la prueba científica en el sistema de justicia penal acusatorio.

En ese sentido proponemos dotar al Congreso de la Unión de las atribuciones para que pueda expedir la Ley que instituya el Instituto Nacional de Servicios Periciales, como órgano público constitucionalmente autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de plena independencia para dictar sus informes.

Al contar con un organismo constitucional autónomo en materia de servicios periciales, se podrán unificar los recursos humanos, materiales y de infraestructura operativa, lo que permitirá una orientación del personal de acuerdo a las necesidades de cada entidad; la adquisición de equipo especializado y la capacitación especializada en cada una de las materias periciales y su certificación por competencias o materia de especialización, lo cual evitará discrecionalidad en el desempeño de las actividades.

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración del Pleno la siguiente.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO D) A LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ÚNICO. Se adiciona un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estado Unidos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I a XX …

XXI. Para expedir:

a) a c) …

d) Para expedir la ley que instituya el Instituto Nacional de Servicios Periciales, como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con capacidad técnica, científica, profesional e independencia para desarrollar sus trabajos y dictar sus informes.

..

TRANSITORIO

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación relativa al Instituto Nacional de Servicios Periciales por virtud del presente Decreto al artículo 73, fracción XXI, inciso d), dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del mismo.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 26 de abril de 2016.

Suscriben

Sen. Angélica de la Peña Gómez.- Sen. Miguel Barbosa Huerta.- Sen. Fernando Yunes Márquez.





 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto del Decreto por el que se reforman la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se turna a las Comisiones Unidas de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY PARA IMPULSAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA NACIONAL Y LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Presentada por el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD)







 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria del Artículo 127 Constitucional, y reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 127 CONSTITUCIONAL, Y REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD)







 

De los Diputados José de Jesús Zambrano Grijalva y Guadalupe Hernández Alcalá, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para reconocer las cualidades terapéuticas de la cannabis y establecer incentivos para fomentar la investigación y la producción de suplementos alimenticios hechos a base de cannabis no psicoactivo, que se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; de Gobernación; de Seguridad Pública; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA RECONOCER LAS CUALIDADES TERAPÉUTICAS DE LA CANNABIS Y ESTABLECER INCENTIVOS PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y LA PRODUCCIÓN DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS HECHOS A BASE DE CANNABIS NO PSICOACTIVO

(Presentada por los Diputados José de Jesús Zambrano Grijalva y Guadalupe Hernández Alcalá, del grupo parlamentario del PRD)

De los Diputados JOSÉ DE JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA Y GUADALUPE HERNÁNDEZ ALCALÁ, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para reconocer las cualidades terapéuticas de la cannabis y establecer incentivos para fomentar la investigación y la producción de suplementos alimenticios hechos a base de cannabis no psicoactivo.

Planteamiento del Problema

En el centro de las diversas iniciativas que se han presentado en el Congreso para reformar la Ley General de Salud en materia de Cannabis medicinal, se encuentra la necesidad de reconocer en la Ley las cualidades terapéuticas de la Cannabis, así como fomentar la producción no importación de medicamentos hechos a base de cannabis. No obstante, ha faltado hacer énfasis en un aspecto que es fundamental para que en nuestro país se impulse la investigación científica y el desarrollo de suplementos alimenticios hechos a base de cannabis no psicoactivo, el cual tiene cantidades mínimas de tetrahidrocannabinol inferiores a 1% (uno por ciento).

Los tratamientos a base de cannabis no psicoactivo con cantidades mínimas de THC han resultado muy exitosos para el tratamiento de la epilepsia refractaria y el mejor ejemplo de su eficacia es el tratamiento que recibe la pequeña Grace, con un aceite que está hecho a base de cannabis no psicoactivo y que solo contiene 0.49% de THC. Por esa razón, en la presente iniciativa queremos proponer el reconocimiento de las cualidades terapéuticas de la cannabis, el fomento a la producción medicamentos, así como también la regulación de la cannabis no psicoactiva para que estemos en capacidad de abarcar un amplio espectro de pacientes que necesitan allegarse de tratamientos a base de cannabis psicoactiva y de cannabis no psicoactiva.
Argumentos

Nos encontramos en un momento crucial en el que se ha generado un consenso internacional y un reconocimiento en torno a los enormes costos  que ha tenido la política de drogas a nivel mundial.

Hay coincidencia en que se han invertido muchos esfuerzos en una política que no consiguió los objetivos que se propuso y descuidó un área muy importante respecto al progreso científico y la protección de la salud.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4º, que “…toda persona tiene derecho a la protección de la salud… “y los legisladores tenemos la responsabilidad de lograr que ese precepto constitucional se cumpla. En ese sentido es que presentamos esta iniciativa para que se reconozcan las cualidades terapéuticas de la Cannabis, para fomentar la investigación científica, los experimentos clínicos y la producción de medicamentos y suplementos alimenticios a base de cannabis, así como eliminar de nuestro marco jurídico todas las prohibiciones relativas a la cannabis en cuanto a la producción, preparación, acondicionamiento, posesión, adquisición, importación y prescripción médica de tratamientos a base de cannabis.

Conocedores de los preceptos que establecen las Convenciones Internacionales de Estupefacientes signadas por nuestro país, como la Convención Única de Estupefacientes expedida en 1961 y enmendada por el protocolo de 1972, así como con la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 y estando plenamente conscientes de los preceptos que establece el Régimen Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que nos rige, ponemos a consideración de este Congreso, una propuesta que plantea regular la cannabis para fomentar la investigación científica, el uso médico, así como para  establecer competencias a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad General para que ejecuten las medidas de fiscalización, vigilancia y control sanitario de la producción de los preparados y medicamentos a base de cannabis.

La presente iniciativa contiene una propuesta de reforma que abarca una regulación de amplio espectro en materia de cannabis para uso exclusivamente terapéutico.  

Se plantea clasificar dos tipos de especies de cannabis sátiva y diferenciarlas  por su contenido de Tetrahidrocannabinol, principal sustancia psicoactiva de la planta.

La cannabis psicoactiva, puede llegar a contener más de 10% de tetrahidrocannabinol, mientras que la cannabis no psicoactiva, contiene menos de 1% de tetrahidrocannabinol. No obstante, ambas plantas tienen importantes cualidades terapéuticas.

La regulación internacional que existe en diversos países de la Unión Europea y en otros países de América como Uruguay, Estados Unidos y Canadá para la producción de la cannabis no psicoactiva, plantea lineamientos particulares de control que se distinguen de la normatividad que se establece para la cannabis psicoactiva de uso medicinal. En esta iniciativa planteamos que se clasifiquen los dos tipos de plantas y se establezca una regulación específica para la cannabis médica y  otra distinta para la cannabis no psicoactiva con fines terapéuticos para producir suplementos alimenticios bajo el control de la Secretaría de Salud.

Fundamento

Por lo expuesto, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Único. Se adicionan las fracciones IX y X  del artículo 17, el artículo 284 bis; Se reforma el artículo 234, el primer párrafo del artículo 237, así como los artículos 243, 245 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 17.- Compete al Consejo de Salubridad General:

I. - VII.- (…)

VIII. Analizar las disposiciones legales en materia de salud y formular propuestas de reformas o adiciones a las mismas.

IX. Establecer lineamientos para promover la investigación y el desarrollo de medicamentos huérfanos, así como suplementos alimenticios a base de cannabis no psicoactiva, destinados al tratamiento de las enfermedades poco frecuentes.

X. Establecer lineamientos para promover la investigación científica dela cannabis psicoactiva con fines terapéuticos, y

XI.- Las demás que le correspondan conforme a la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley.

Artículo 234....

1. ACETILDIHIDROCODEINA.
2. ACETILMETADOL (3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptano)
3. ACETORFINA (3-0-acetiltetrahidro- 7?-(1-hidroxi-1-etilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina) denominada también 3-0-acetil-tetrahidro- 7? (1-hidroxi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina y, 5 acetoxil-1,2,3, 3_, 8 9-hexahidro-2? (1-(R) hidroxi-1-metilbutil)3-metoxi-12-metil-3; 9?- eteno-9,9-B-iminoctanofenantreno (4?,5 bed) furano.
4. ALFACETILMETADOL (alfa-3-acetoxi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptano).
5. ALFAMEPRODINA (alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4- propionoxipiperidina).
6. ALFAMETADOL (alfa-6-dimetilamino-4,4 difenil-3-heptanol).
7. ALFAPRODINA (alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina).
8. ALFENTANIL (monoclorhidrato de N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5- oxo- 1H-tetrazol-1-il) etil]-4-(metoximetil)-4-piperidinil]-N fenilpropanamida).
9. ALILPRODINA (3-alil-1-metil-4-fenil-4- propionoxipiperidina).
10. ANILERIDINA (éster etílico del ácido 1-para-aminofenetil-4- fenilpiperidin-4-carboxilíco).
11. BECITRAMIDA (1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4- (2-oxo-3- propionil-1-bencimidazolinil)-piperidina).
12. BENCETIDINA (éster etílico del ácido 1-(2-benciloxietil)-4- fenilpiperidin-4-carboxílico).
13. BENCILMORFINA (3-bencilmorfina).
14. BETACETILMETADOL (beta-3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4- difenilheptano).
15. BETAMEPRODINA (beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4- propionoxipiperidina).
16. BETAMETADOL (beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol).
17. BETAPRODINA (beta-1,3,dimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina).
18. BUPRENORFINA.
19. BUTIRATO DE DIOXAFETILO (etil 4-morfolín-2,2-difenilbutirato).
20. CANNABIS sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas,que contenga Tetrahidrocannabinol (THC) en cantidad igual o superior a 1%.
21. CETOBEMIDONA (4-meta-hidroxifenil-1-metil-4- propionilpiperidina) ó 1-metil-4-metahidroxifenil-4- propionilpiperidina).
22. CLONITACENO (2-para-clorobencil-1-dietilaminoetil-5- nitrobencimidazol).
23. COCA (hojas de). (erythroxilonnovogratense).
24. COCAINA (éster metílico de benzoilecgonina).
25. CODEINA (3-metilmorfina) y sus sales.
26. CODOXIMA (dehidrocodeinona-6-carboximetiloxima).
27. CONCENTRADO DE PAJA DE ADORMIDERA (el material que se obtiene cuando la paja de adormidera ha entrado en un proceso para concentración de sus alcaloides, en el momento en que pasa al comercio).
28. DESOMORFINA (dihidrodeoximorfina).
29. DEXTROMORAMIDA ((+)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(1- pirrolidinil)-butil] morfolina) ó [+]-3-metil-2,2-difenil-4- morfolinobutirilpirrolidina).
30. DEXTROPROPOXIFENO (? -(+)-4 dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2 butanol propionato) y sus sales.
31. DIAMPROMIDA (n-[2-(metilfenetilamino)-propil]-propionanilida).
32. DIETILTIAMBUTENO (3-dietilamino-1,1-di-(2’-tienil)-1-buteno).
33. DIFENOXILATO (éster etílico del ácido 1-(3-ciano-3,3- difenilpropil)-4-fenilpiperidín-4-carboxílico), ó 2,2 difenil-4- carbetoxi-4-fenil) piperidin) butironitril).
34. DIFENOXINA (ácido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4- fenilisonipecótico).
35. DIHIDROCODEINA.
36. DIHIDROMORFINA.
37. DIMEFEPTANOL (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol).
38. DIMENOXADOL (2-dimetilaminoetil-1-etoxi-1,1-difenilacetato), ó 1-etoxi-1-difenilacetato de dimetilaminoetiloódimetilaminoetildifenil-alfaetoxiacetato.
39. DIMETILTIAMBUTENO (3-dimetilamino-1,1-di-(2’-tienil)-1-buteno).
40. DIPIPANONA (4,4-difenil-6-piperidín-3-heptanona).
41. DROTEBANOL (3,4-dimetoxi-17-metilmorfinán-6 ?,14-diol).
42. ECGONINA sus ésteres y derivados que sean convertibles en ecgonina y cocaína.
43. ETILMETILTIAMBUTENO (3-etilmetilano-1,1-di(2’-tienil)-1- buteno).
44. ETILMORFINA (3-etilmorfina) ódionina.
45. ETONITACENO (1-dietilaminoetil-2-para-etoxibencil-5- nitrobencimidazol).
46. ETORFINA (7,8-dihidro-7 ?,1 (R)-hidroxi-1-metilbutil 06-metil-6- 14-endoeteno- morfina, denominada también (tetrahidro-7 ?;-(1-hidroxi- 1-metilbutil)-6,14 endoeteno-oripavina).
47. ETOXERIDINA (éster etílico del ácido 1-[2-(2-hidroxietoxi) etil]-4-fenilpiperidín-4-carboxílico.
48. FENADOXONA (6-morfolín-4,4-difenil-3-heptanona).
49. FENAMPROMIDA (n-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida) ó n- [1-metil-2- (1-piperidinil)-etil] -n-fenilpropanamida.
50. FENAZOCINA (2’-hidroxi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfán).
51. FENMETRAZINA (3-metil-2-fenilmorfolina 7-benzomorfán ó 1,2,3,4,5,6-hexahidro-8-hidroxi 6-11-dimetil-3-fenetil-2,6,-metano- 3-benzazocina).
52. FENOMORFAN (3-hidroxi-n-fenetilmorfinán).
53. FENOPERIDINA (éster etílico del ácido 1-(3-hidroxi-3- fenilpropil) 4-fenilpiperidín-4-carboxílico, ó 1 fenil-3 (4-carbetoxi- 4-fenil- piperidín)-propanol).
54. FENTANIL (1-fenetil-4-n-propionilanilinopiperidina).
55. FOLCODINA (morfoliniletilmorfinaó beta-4- morfoliniletilmorfina).
56. FURETIDINA (éster etílico del ácido 1-(2-tetrahidrofurfuriloxietil)- 4-fenilpiperidín-4-carboxílico).
57. HEROINA (diacetilmorfina).
58. HIDROCODONA (dihidrocodeinona).
59. HIDROMORFINOL (14-hidroxidihidromorfina).
60. HIDROMORFONA (dihidromorfinona).
61. HIDROXIPETIDINA (éster etílico del ácido 4- meta-hidroxifenil-1 metil piperidín-4-carboxílico) ó éster etílico del ácido 1-metil-4-(3- hidroxifenil)-piperidín-4-carboxílico.
62. ISOMETADONA (6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-hexanona).
63. LEVOFENACILMORFAN ( (-)-3-hidroxi-n-fenacilmorfinán).
64. LEVOMETORFAN ( (-)-3-metoxi-n-metilmorfinán).
65. LEVOMORAMIDA ((-)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(1- pirrolidinil)-butil]-morfolina), ó (-)-3-metil-2,2 difenil-4- morfolinobutirilpirrolidina).
66. LEVORFANOL ( (-)-3-hidroxi-n-metilmorfinán).
67. METADONA (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanona).
68. METADONA, intermediario de la (4-ciano-2-dimetilamino-4, 4- difenilbutano) ó 2-dimetilamino-4,4-difenil-4-cianobutano).
69. METAZOCINA (2’-hidroxi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfán ó 1,2,3,4,5,6, hexahidro-8-hidroxi-3,6,11,trimetil-2,6-metano-3- benzazocina).
70. METILDESORFINA (6-metil-delta-6-deoximorfina).
71. METILDIHIDROMORFINA (6-metildihidromorfina).
72. METILFENIDATO (éster metílico del ácido alfafenil-2-piperidín acético).
73. METOPON (5-metildihidromorfinona).
74. MIROFINA (miristilbencilmorfina).
75. MORAMIDA, intermediario del (ácido 2-metil-3-morfolín-1, 1- difenilpropano carboxílico) ó (ácido 1-difenil-2-metil-3-morfolín propano carboxílico).
76. MORFERIDINA (éster etílico del ácido 1-(2-morfolinoetil)-4- fenilpiperidín-4-carboxílico).
77. MORFINA.
78. MORFINA BROMOMETILATO y otros derivados de la morfina con nitrógeno pentavalente, incluyendo en particular los derivados de n-oximorfina, uno de los cuales es la n-oxicodeína.
79. NICOCODINA (6-nicotinilcodeína o éster 6-codeínico del ácido-piridín-3-carboxílico).
80. NICODICODINA (6-nicotinildihidrocodeína o éster nicotínico de dihidrocodeína).
81. NICOMORFINA (3,6-dinicotinilmorfina) ó di-éster-nicotínico de morfina).
82. NORACIMETADOL ((+)-alfa-3-acetoxi-6-metilamino-4,4- difenilbeptano).
83. NORCODEINA (n-demetilcodeína).
84. NORLEVORFANOL ( (-)-3-hidroximorfinan).
85. NORMETADONA (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-hexanona) ó i, 1-difenil-1-dimetilaminoetil-butanona-2 ó 1-dimetilamino 3,3-difenil-hexanona-4).
86. NORMORFINA (demetilmorfinaó morfina-n-demetilada).
87. NORPIPANONA (4,4-difenil-6-piperidín-3hexanona).
88. N-OXIMORFINA
89. OPIO
90. OXICODONA (14-hidroxidihidrocodeinona ódihidrohidroxicodeinona).
91. OXIMORFONA (14-hidroxidihidromorfinona) ódihidroxidroximorfinona).
92. PAJA DE ADORMIDERA, (PapaverSomniferum, PapaverBracteatum, sus pajas y sus semillas).
93. PENTAZOCINA y sus sales.
94. PETIDINA (éster etílico del ácido 1-metil-4-fenil-piperidin-4- carboxílico), o meperidina.
95. PETIDINA intermediario A de la (4-ciano-1 metil-4- fenilpiperidinaó 1-metil-4-fenil-4-cianopiperidina).
96. PETIDINA intermediario B de la (éster etílico del ácido-4- fenilpiperidín-4-carboxílico o etil 4-fenil-4-piperidín-carboxílico).
97. PETIDINA intermediario C de la (ácido 1-metil-4-fenilpiperidín- 4-carboxílico).
98. PIMINODINA (éster etílico del ácido 4-fenil-1-(3- fenilaminopropil)-piperidín-4-carboxílico).
99. PIRITRAMIDA (amida del ácido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(1- piperidín) -piperidín-4-carboxílico) ó 2,2-difenil-4-1 (carbamoil-4- piperidín)butironitrilo).
100. PROHEPTACINA (1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxiazacicloheptano) ó 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxihexametilenimina).
101. PROPERIDINA (éster isopropílico del ácido 1-metil-4- fenilpiperidín-4-carboxílico).
102. PROPIRAMO (1-metil-2-piperidino-etil-n-2-piridil-propionamida)
103. RACEMETORFAN ( (+)-3-metoxi-N-metilmorfinán).
104. RACEMORAMIDA ((+)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(1- pirrolidinil)-butil] morfolina) ó ((+)-3-metil-2,2-difenil-4- morfolinobutirilpirrolidina).
105. RACEMORFAN ((+)-3-hidroxi-n-metilmorfinán).
106. SUFENTANIL (n-[4-(metoximetil)-1-[2-(2-tienil)etil]-4- piperidil] propionanilida).
107. TEBACON (acetildihidrocodeinonaóacetildemetilodihidrotebaína).
108. TEBAINA
109. TILIDINA ((+)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3- ciclohexeno-1-carboxilato).
110. TRIMEPERIDINA (1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina); y

...

...

Artículo 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio  preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana y sus derivados, cuyo contenido de tetrahidrocannabinol, sea igual o superior a 1%, papaversomniferum o adormidera, papaverbactreatum y erithroxilónnovogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones. La cannabis sativa, índica y americana o marihuana, así como sus derivados, queda exceptuada de la prohibición tratándose exclusivamente de  fines médicos y científicos, de conformidad con lo que establece esta Ley.

(…)

Artículo 243.- Los preparados que contengan acetildihidrocodeína, codeína, destropropoxifeno, dihidrocodeína, etilmorfina, folcodina, nicocodina, corcodeína y propiram; así como tetrahidrocannabinol en cantidad igual o superior a 1% (uno por ciento), que formen parte de la composición de especialidades farmacéuticas, estarán sujetos, para los fines de su preparación, prescripción y venta o suministro al público, a los requisitos que sobre su formulación establezca la Secretaría de Salud.

Artículo 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:

I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son:

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

TENOCICLIDINA TCP 1-[1-(2-tienil) ciclohexil]-piperi-dina.

CANABINOIDES K2

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

II. (...)

III.- Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública, y que son:

(…)

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(…)

TEMAZEPAM

Tetrahidrocannabinol en sus isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas, en cantidad igual o superior a 1%.

TETRAZEPAM

TRIAZOLAM

ZIPEPROL

ZOPICLONA

Y sus sales, precursores y derivados químicos.

Otros:

(…)
(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

IV.- (…)

V.- (…)

284 Bis. La Secretaría de Salud facilitará la importación de materias primas o productos terminados que no cuenten con registro sanitario a los pacientes que tienen enfermedades poco frecuentes con afecciones crónico-degenerativas para que tengan la posibilidad de acceder a los tratamientos que les prescriban sus médicos y puedan gozar de los tratamientos cuya calidad, seguridad y eficacia haya sido probada en otros países, para lo cual se deberá facilitar la autorización y las exenciones fiscales necesarias.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, el 20 de abril de 2016.

Suscriben,

Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva.- Dip. Guadalupe Hernández Alcalá.

Son todas las iniciativas, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Esta Presidencia ratifica los turnos que ha leído la Secretaría. Las comisiones recibirán las notificaciones que formalicen los turnos.





 

En otro apartado del Orden del Día, tenemos dictámenes para primera lectura, entre ellos tenemos un proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal y se adiciona el Código Penal Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL; Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXXV, XXXVI Y XXXVII Y UN QUINTO PÁRRAFO Y SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 225 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)



Informo a la Asamblea que las Comisiones de Justicia; de Derechos Humanos; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, entregaron propuestas de modificación. La propuesta se refiere a los artículos 3, 6, 7, 15, 22, 29, 135 y 153 y a los Transitorios Primero, Segundo, Sexto, Séptimo, Octavo y Décimo del proyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal y al artículo 225 del Código Penal Federal.

Asimismo, se agrega un Transitorio Único, para marcar el momento de entrada en vigor de los proyectos de Decreto, mismas que someteremos a su consideración.

El texto correspondiente está a su disposición en el monitor de sus escaños. En su momento consultaremos a la Asamblea, si acepta incorporar la propuesta de modificación y, en su caso, el dictamen se pondrá a discusión con las modificaciones incorporadas. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, y de esa forma se tiene por cumplida la primera lectura.





 

Dé cuenta la Secretaría con los otros dictámenes para primera lectura:

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Doy cuenta, señora Presidenta.

Tenemos los siguientes dictámenes de primera lectura.

De las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS

(Dictamen de primera lectura)







 

Tres, de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, con los siguientes proyectos de Decreto:

Por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 150, un segundo párrafo al artículo 151 y un Artículo Transitorio a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 150, UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 151 Y UN ARTÍCULO TRANSITORIO A LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Dictamen de primera lectura)







 

Por el que se reforma el artículo 116 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Dictamen de primera lectura)







 

Por el que se reforman los artículos 5o., 6o. y 29 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el artículo 23 de la Ley Agraria.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5o., 6o. Y 29 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY AGRARIA

(Dictamen de primera lectura)







 

De las Comisiones Unidas de Salud; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Segunda, con el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para Prevenir el Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos de Conducta Alimentaria.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE NUTRICIÓN, SOBREPESO, OBESIDAD Y OTROS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

(Dictamen de primera lectura)







 



 

De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 21 de septiembre de cada año, como el “Día Nacional de la Lucha Libre y el Luchador Profesional Mexicano”

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO, COMO “EL DÍA NACIONAL DE LA LUCHA LIBRE Y DEL LUCHADOR PROFESIONAL MEXICANO”

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera fue turnada para su estudio y Dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 21 de septiembre de cada año, como "El Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano" presentada por el Senador  Jesús Casillas Romero y  las Senadoras Ana Gabriela Guevara Espinoza, Ivonne Liliana Álvarez García, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Anabel Acosta Islas.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de la iniciativa descrita y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa referida y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta.

IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

I. En sesión celebrada el 12 de abril de 2016, la Mesa Directiva turnó a estas Comisiones Unidas para su estudio y Dictamen la iniciativa, presentada por el Senador  Jesús Casillas Romero y las Senadoras Ana Gabriela Guevara Espinoza, Ivonne Liliana Álvarez García, Lilia Guadalupe Merodio Reza, y Anabel Acosta Islas.

II. El 12 de octubre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reconoce que toda persona tiene derecho a la Cultura Física y a la práctica del Deporte.

III. El 21 de septiembre de 1933, se fundó la Empresa Mexicana de Lucha Libre, hoy conocida como Consejo Mundial de Lucha Libre.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Los miembros integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Estudios Legislativos, Primera procedieron al estudio de la iniciativa presentada efectuando múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en las misma, tomando en consideración para la realización del presente Dictamen el contenido y objetivo planteado por los Senadores promoventes a través de la exposición de motivos, mediante la cual se desprende la necesidad de Decretar un día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano, que coincida con el día de la fundación de la Empresa Mexicana de Lucha Libre, hoy conocida como Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Los Senadores promoventes exponen que la Lucha Libre es uno de los deportes más emblemáticos de México, que Por más de ocho décadas, ha sido uno de los pasatiempos más populares de nuestro país, siendo un espectáculo que se encuentra arraigado en la historia, en la cultura y en las tradiciones de los mexicanos.

Señalan que a decir de la mayoría de los especialistas, quienes consideran a la Lucha Libre como un arte y una fiesta en donde se conjugan elementos míticos, simbólicos y lingüísticos, mismos que representan el folclore mexicano.

Refieren que la Lucha Libre es más que un espectáculo, ya que también es una actividad productiva, turística y generadora de centenares de empleos, lo que permite a vendedores, fabricantes de máscaras, restauranteros, maestros sastres, acomodadores, meseros y expendedores, obtener un ingreso seguro.

Argumentan que la Lucha Libre es cultura, espectáculo y recreación, lo que la convierte en el deporte nacional por excelencia de México pues parte de la historia recreativa e idiosincrática de nuestro país no podría entenderse sin el pancracio y sus enigmáticos luchadores.

En ese mismo tenor manifiestan que a nivel internacional la lucha libre, es una industria admirada por su misticismo, su colorido y sus habilidades; basta mencionar que en Japón es un deporte que se admira y se respeta por sus grandes acrobacias.

Refieren que en países como España, Alemania, Francia, el Reino de Mónaco, Brasil, Guatemala, entre otras naciones hermanas, reconocen a la Lucha Libre mexicana como una de las más importantes del mundo.

Resaltan que una de las características más importantes de la Lucha Libre mexicana es la batalla eterna en donde se disputa el bien contra el mal, mediante la utilización de máscaras en la que interpretan una amplia diversidad de personajes que los convierten en ídolos sin rostro que entregan en cada espectáculo lo mejor de sí.

Así mismo, refieren que este deporte cuenta con organizaciones que congregan a centenares de luchadores en retiro y que se encuentran en activo.

Dado que los gremios de luchadores, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y sus contratos colectivos, brindan toda la asistencia social para que cuenten una vida digna.

Por otra parte reconocen que la Lucha Libre es un deporte de contacto que tiene muchos riesgos a la integridad física de los luchadores, por lo que la carrera del luchador tiene muchos altibajos pues la realidad ha demostrado que el pancracio, así como puede llevar al éxito a un luchador, facilitándole las diversas actividades de su vida laboral y en familia, también puede conducir al fracaso.

Exponen que en la actualidad la Lucha libre es una industria cultural que ha sabido transformarse a lo largo del tiempo ya que los luchadores son los protagonistas del misticismo que han marcado a épocas y generaciones enteras de mexicanos.

Por lo que la industria de Lucha Libre y sus principales leyendas se han consolidado gracias a la difusión que han tenido en los medios de comunicación y, en gran medida, por su exposición en el denominado "cine de luchadores".

Consolidando la idea de que La Lucha libre es de gran aporte a las diversas manifestaciones de la cultura nacional, a través del cine, radio, televisión, revistas e historietas, además de lo relativo a las máscaras, capas, rituales y  gritos de su desarrollo del deporte espectáculo.

Finalmente concluyen que durante tres décadas se ha dado espacio muy importante en esta actividad a la participación de las mujeres, y se ha demostrado que es un deporte de gran relevancia nacional.

Con base en lo anteriormente mencionado señalamos las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

Con relación a la iniciativa motivo del presente Dictamen, quienes integramos de manera plural éstas Comisiones que dictaminan, coincidimos con la argumentación de los promoventes respecto de la aportación a la cultura mexicana por parte de una actividad como lo es la Lucha libre mexicana.

Reconocemos a la lucha libre como uno de los deportes más emblemáticos de nuestro país por su alto significado y aporte cultural en la sociedad mexicana.

Consideramos que este deporte nacional, se concibe en la actualidad como una disciplina  formativa que va más allá de la preparación física formal, pues su práctica cotidiana constituye un proceso de aprendizaje permanente que promueve la disciplina técnica, la salud corporal, la habilidad física, la versatilidad y la adaptabilidad mediante prácticas imaginativas y creativas que estimulan la autodisciplina, la coordinación y el trabajo en equipo.

Ya que prepararse para su práctica requiere de una acción metódica, progresiva y continua que ayude al luchador a desarrollar y a mantener sus facultades físicas, intelectuales y morales, desde su primer enfrentamiento.

Estamos ciertos de que asistir a presenciar la lucha libre es factor de identificación local y nacional así como de integración familiar, social y comunitaria.

En ese contexto coincidimos con lo expuesto por los promoventes reconociendo que la Lucha Libre es más que un espectáculo, pues  representa toda una actividad generadora de toda una industria económica en el ámbito comercial y turístico capaz de permitir a una gran número de familias nacionales, el obtener un ingreso seguro.

Siendo, por otra parte, aplaudible y ampliamente reconocido el que Instituciones como el Consejo Mundial de Lucha Libre, congreguen una parte significativa de esta gran familia que representa la lucha libre mexicana, siempre en la búsqueda de mejores y mayores oportunidades de desarrollo de los ídolos del pancracio nacional.

Por todo lo anterior, los integrantes de las Comisiones que Dictaminan, al hacer el estudio y análisis de cada uno de los argumentos presentados, nos congraciamos de ofrecer a una disciplina como lo es la Lucha libre una fecha calendario que permita todos aquellos que la practican, promueven, difunden y viven día a día la adrenalina del pancracio nacional, consolidar a esta especialidad deportiva como parte del patrimonio intangible, popular y cultural de la sociedad mexicana.

Una vez expuestos los antecedentes, el contenido de las propuestas y consideraciones, estimamos oportuno señalar las siguientes:

IV. CONCLUSIONES

Primera. La iniciativa presentada por el Senador  Jesús Casillas Romero y  las Senadoras Ana Gabriela Guevara Espinoza, Ivonne Liliana Álvarez García, Lilia Guadalupe Merodio Reza, y Anabel Acosta Islas, ha sido considerada y valorada favorablemente por los miembros de estas Comisiones que dictaminan.

Segunda.- La declaración del Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano, contribuirá a que se reconozca a la Lucha Libre y en especial a los luchadores como parte del patrimonio intangible, popular y cultural de México.

Tercera.- El declarar en nuestro país un Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano,  será una muestra de la actitud dispuesta por parte de los poderes públicos, al reconocer a todas aquellas mujeres y hombres que debajo de sus personajes desarrollan una vida en familia, productiva, que inculcan a las

nuevas generaciones de mexicanos los anhelos de éxito y superación, que promueven los valores fundamentales de llevar una vida saludable a través del deporte.

Cuarta.- Con la aprobación de la iniciativa presentada se reconocerá de nueva cuenta el esfuerzo del Estado mexicano por el pleno desarrollo  y reconocimiento del derecho constitucional  a la Cultura Física y a la práctica del Deporte.

Como resultado de los razonamientos expuestos, las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Primera someten a la consideración del Pleno de éste Senado de la República, el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO “EL DÍA NACIONAL DELA LUCHA LIBRE Y DEL LUCHADOR PROFESIONAL MEXICANO”

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el 21 de septiembre de cada año, como "El Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano".

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, el 21 de abril de 2016.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.





 



 

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES

(Dictamen de primera lectura)







 



 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Defensa Nacional, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos fuera de los límites del país, a fin de que participen en la competencia “Fuerzas de Comando 2016”, que se llevará a cabo del 30 de abril al 13 de mayo del 2016, en Lima, República del Perú.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA PERMITIR LA SALIDA DE ELEMENTOS DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAÍS, A FIN DE QUE PARTICIPEN EN LA COMPETENCIA “FUERZAS DE COMANDO 2016”, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2016, EN LIMA, REPÚBLICA DEL PERÚ

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes para primera lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los alumnos del sexto semestre de la carrera de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, invitados por la Senadora Sonia Mendoza Díaz. Agradecemos su visita en este Senado de la República.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Asimismo, damos la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la preparatoria del Colegio Carmen Sallés, Cuernavaca, Morelos, invitados por el Senador Miguel Ángel Chico Herrera, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.

¡Sean ustedes bienvenidos!





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Puertos, de Aeropuertos y Reglamentaria del Servicio Ferroviario, en materia de infraestructura de transporte.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, DE PUERTOS, DE AEROPUERTOS Y REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señora Presidenta.

El dictamen que nos ocupa, modifica tres leyes: la de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; la de Aeropuertos y la Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Consiste en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, previamente al otorgamiento de una nueva concesión y prórroga de una existente, envíe a la Secretaría de Hacienda una evaluación de la rentabilidad económica de los proyectos de infraestructura de transporte que pretenda concesionar.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá emitir su opinión favorable en un periodo de 30 días, si trascurrido ese periodo no la emite se considerará favorable, es decir, aplica la afirmativa ficta, dicho de manera clara, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya no podrá otorgar una concesión, ni prorrogar alguna existente sin la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda. Aunque no se dice explícitamente, se deduce de esta iniciativa que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no está otorgando concesiones en las mejores condiciones y sin asegurar la viabilidad financiera de los proyectos.

Y quiero demostrar esto leyendo las auditorias de la Auditoria Superior de la Federación que hace a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Cuenta Pública 2014, que es la más reciente revisada.

Al 31 de diciembre de 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó 46 títulos de concesión, 22 concesiones contaron con la autorización de la Secretaría y 24 fueron impuestas unilateralmente por la Secretaría de Comunicaciones.

La Auditoria Superior de la Federación señala que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes carece de facultades para determinar el cobro de aprovechamientos a favor del gobierno federal, ya que está facultad corresponde exclusivamente a la Secretaría de Hacienda, según lo dictan los artículos 31, fracciones XI y XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; el artículo 38, fracción XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el artículo 10 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de ese año y el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación.

En consecuencia, la Auditoria Superior de la Federación finca responsabilidades administrativas sancionatorias contra servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones que establecieron contraprestaciones en 29 títulos de concesión, sin tener facultades para ello.

En el artículo 6o., tercer párrafo de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, se establece que las concesiones que se otorguen para construir, operar, explotar, conservar y mantener caminos y puentes federales, así como sus prórrogas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá obtener el registro en la cartera de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de estos proyectos.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación constató que durante el año fiscal 2014, la Secretaría de Comunicaciones autorizó modificaciones a varios títulos de concesión que no están en el registro de la cartera de inversiones, no están en el Fonadin ni menciona cuáles. Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación promovió el fincamiento de responsabilidades sancionatorias a funcionarios que autorizaron estas modificaciones indebidas en cada una de las concesiones, además, deja claro que tratándose de concesiones y prórrogas que se otorguen al amparo de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal debe de cumplir el artículo 34, fracciones II y III de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece la obligación de obtener el registro en la cartera de inversiones, cosa que no ocurrió en estas concesiones.

Lo mismo en derechos de vía, la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones en la administración de recursos desviados para la liberación de derechos de vía por ejemplo, dice que: la cláusula décimo séptima, del título de la concesión de la autopista Tihuatlán-Tuxpan, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, estableció como condición a la concesionaria pagar o poner a disposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes recursos para el costo de la liberación de vía, recursos de los bancos de materiales necesarios para la ejecución de las obras y un 7 por ciento del costo total de la obra para cubrir los costos del proyecto ejecutivo y estos recursos fueron depositados en un fideicomiso que se llama “Fondo de liberación del derecho de vía, estudios y proyectos, supervisión y otros de carreteras concesionadas”, el cual, este fideicomiso, es hechizo, no existe en la lista de los fideicomisos registrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además la Auditoría Superior de la Federación constató que el Director General de Títulos de Concesión era familiar del analista del fideicomiso que recibió 434 mil pesos de salario en ese año. Encontró, además, pólizas pagadas por 14.2 millones de pesos por servicios de transportes aéreos, o sea, por pagos de aviones, pero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no constató la contratación de este servicio aéreo, tampoco supo qué personal recibió el servicio y no se pudo vincular este gasto con los fines del fideicomiso.

Este fideicomiso es hechizo, por lo tanto, y para colmo, la Auditoría Superior de la Federación encuentra incongruente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sea responsable de la liberación de derechos de vía, ya que está concesionando justamente el servicio de derechos de vía.

Para desarrollar esta infraestructura, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pidió en el año 2016 un presupuesto de 2,264 millones de pesos para adquirir derechos de vía de 47 proyectos que se desarrollarán bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas. Por eso, esta ley es sumamente importante porque permite regular perfectamente los derechos de vía.

Lo más novedoso de este dictamen es que modifica el tercer párrafo del artículo 6o., y el tercer párrafo, fracción I del artículo 6o. Bis de esta ley; de tal manera que deja, específicamente, que tratándose de concesiones en materia de caminos, puentes, autotransportes y servicios ferroviarios, los recursos que se utilicen para la liberación de los derechos de vía deberán considerarse dentro de los costos totales del proyecto que se trate. Esto es absolutamente correcto, toda vez que dichos costos son inherentes al proyecto, no hay razón para dejarlos fuera y, por lo tanto, deben ser considerados para su evaluación financiera, sin importar que dichos costos corran por cuenta del gobierno o de los concesionarios.

En el caso de los proyectos en los cuales involucran recursos públicos en numerario, es decir, en efectivo, se deberán registrar en la cartera de programas y proyectos de inversión que administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como todos los demás.

No hay ninguna razón para que los proyectos de inversión sí se registren, unos sí y otros no, debido a que todos implican erogaciones que deben contemplarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Aunque esta disposición ya está contenida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no está por demás que se especifique en las leyes relacionadas al tema que hoy se propone modificar.

También se propone establecer de manera expresa que la Secretaría de Hacienda, a propuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, deberá establecer las contraprestaciones que deben pagar los concesionarios por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos del dominio público de la nación o de la prestación de servicios públicos.

Es muy importante señalar esta disposición porque ya existe en otros ordenamientos legales.

Si se hace ahora explícito es para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha respetado los ordenamientos de la ley, y por eso, tampoco sobra incluirlos en estas disposiciones para evitar excusas de cualquier índole.

Consideramos que es procedente la aprobación de esta iniciativa ya que limita la discrecionalidad y la falta de respeto a la ley en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha venido otorgando diversas concesiones.

Finalmente diría que esta modificación sería de sobra si se castigará, si se sancionará, si hubiera un paquete anticorrupción aprobado que modificara estas cuestiones y pudiera sancionar a los que no respetan las leyes, en este caso a los servidores públicos sancionados por la Auditoría Superior de la Federación, pero sigue habiendo una total impunidad y por eso es necesario que se modifiquen las leyes que aquí se proponen; de otro modo si no se autorizan tampoco el paquete anticorrupción, 87,211 observaciones que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación en los últimos años, se seguirán acumulando quedando cubiertas con el manto de impunidad a los funcionarios que incurren en corrupción como lo vemos en todas las auditorías practicadas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Padierna Luna. Está a discusión en lo general el dictamen.

Se concede el uso de la palabra al Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Con su venia, miembros de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores:

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo para que nuestra economía sea más competitiva a nivel mundial, se requieren reglas claras, se requiere una política en materia de infraestructura adecuada que incremente la capacidad productiva del país abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo de nuestra población.

Es por ello, que la importancia en la aprobación de este dictamen, versa no solamente en la inversión de infraestructura nacional, sino también en la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad del país en el mercado internacional, a través de mejores prácticas, a través de políticas modernas que nos permitan que las cosas en México se hagan, sin burocracias, de manera eficiente y transparente.

En el dictamen que analizamos el día de hoy, se propone que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice una evaluación sobre la rentabilidad económica de los proyectos de infraestructura de transporte, como caminos, puentes, puertos, aeropuertos y servicios ferroviarios. La rentabilidad económica sugiere que los ingresos monetarios susceptibles de ser generados contra los costos de realización del proyecto, es decir, que los costos del proyecto sean equiparables a los ingresos futuros.

Esta evaluación debe estar apegada a la realidad económica del proyecto de que se trate, por ello los recursos que se utilicen para la liberación de los derechos de vía, deberán considerarse como dentro de los costos totales de los proyectos, con esto logrando un gran avance en la transparencia, en la eficiencia y en la simplificación de los procesos.

Con la rentabilidad económica, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá una opinión favorable, que sirva de requisito para el otorgamiento de las concesiones de las que se trate o, en su caso, de una prórroga de la misma.

Con esta obligación, se otorga a los concesionarios solamente a aquellos proyectos que resulten económicamente viables, se genera un esquema de transparencia, un esquema sin burocracia en donde se agilice en temas en donde el sector empresarial se vea beneficiado.

En este sentido, en el caso de concesiones de infraestructura de transporte que requieran recursos federales como parte de su financiamiento, deberán registrarse en la cartera de programas y proyectos de inversión que integra la administración por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Con estas reformas se permitirá al gobierno federal fomentar la participación de manera transparente de un sector empresarial enfocado a los proyectos que detonen desarrollo en infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria y ferroviaria.

Es así que a través de esta reforma comprendida en este dictamen, daremos seguridad a nuestro país, daremos modernidad a nuestras reglas, daremos transparencia a los ciudadanos para que todos los proyectos en materia de infraestructura de comunicaciones y transportes, estén alineados a la política de planeación, pero también a esta nueva exigencia por parte de los ciudadanos mexicanos.

Por lo anterior, en el Partido Verde estamos convencidos que con esta reforma se permitirá a un México transparente, a un México que avance con un rumbo claro, un rumbo correcto, un rumbo que le dé certeza al capital privado, así como transparencia a los ciudadanos.

Es por todo esto, que los legisladores del Partido Verde estamos a favor de este dictamen, y así votaremos a favor de él.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias, por su atención.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Melgar Bravo.

Al no haber más oradores registrados, ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 86 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Puertos, de Aeropuertos y Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Informo a la Asamblea que tenemos inscritos para discusión 9 dictámenes que proponen ratificar al mismo número de nombramientos de personal diplomático.

Para organizar la discusión de esos dictámenes, la Mesa Directiva acordó separar el debate en cuatro grupos: uno por cada una de las regiones geográficas a las que corresponden los nombramientos de Embajadores y Cónsules; es decir, la discusión y votación será conjunta para todos los nombramientos de Embajadores y Cónsules conforme a cada región geográfica.

La protesta será igualmente conjunta de Embajadores y Cónsules por cada zona.

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, África, que contiene punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Víctor Manuel Treviño Escudero, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República Democrática Federal de Etiopía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las Repúblicas de Djibouti, Mozambique, Democrática del Congo, Federal de Somalia, de Súdan del Sur y de Zambia. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día para su conocimiento.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS

(Dictámenes a discusión)

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Doy lectura al dictamen:



Es todo, señora Presidenta.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. En consecuencia, está a discusión el dictamen.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, señora Presidenta.

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y Relaciones Exteriores, África, sometemos a consideración del Pleno el dictamen por el que se ratifica el nombramiento expedido por el Presidente de la República a favor del ciudadano Víctor Manuel Treviño Escudero como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República Democrática Federal de Etiopía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las Repúblicas de Djibouti, Mozambique, Democrática del Congo, Federal de Somalia, de Sudán del Sur y de Zambia.

África ha sido una región históricamente azotada por la guerra, la colonización, el hambre y la pobreza, no obstante, es importante en la geopolítica actual, tanto por sus recursos naturales como la presencia y potencial económico en la región reflejada, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto total de los miembros de la Unión Africana.

Por otro lado, la situación de los derechos humanos es un tema que ha estado en tela de juicio en la región, en gran parte derivado a las dictaduras militares que se han instaurado a través de los años, por lo que es un área de oportunidad en el ámbito multilateral para dar continuidad a la labor de nuestro país en su promoción y defensa.

El día de ayer tuvimos la comparecencia del ciudadano Víctor Manuel Treviño Escudero y entre otras cosas reflexionamos sobre la importancia de que México cuente con una presencia mucho más activa en África.

En esta ocasión esta Embajada tendrá mayores concurrencias, tendrá mucho más tareas, y por supuesto los retos no son menores, no solamente en materia económica, educativa o cultural, sino también insistimos en la promoción de los derechos humanos.

Existe ya una historia con algunos de estos países, con Etiopía, por ejemplo, contamos con una relación, no tan cercana como quisiéramos, pero es una relación que ha ido avanzando con el resto de las repúblicas que se mencionan, con Djibouti, con Mozambique, Democrática del Congo, Federal de Somalia, de Sudán del Sur y de Zambia, es mucha la presencia de México que hace falta.

No estamos ahí ni económica ni diplomáticamente, no estamos ahí tampoco como una prioridad para estos países, sin embargo, la reflexión que hicimos en las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, África, es que México tiene que estar, y por eso la labor del ciudadano Víctor Manuel Treviño Escudero se convierte en una labor fundamental, porque hoy más que nunca se requiere del liderazgo de México en África, se requiere llevar el nombre de nuestro país, de los bienes que producimos, de los deportistas que también tenemos nosotros por presumir y qué aprender de allá.

Son muchas las tareas, pero la decisión que tomamos en las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, África, es que el ciudadano Víctor Manuel Treviño Escudero cuenta con la capacidad, las credenciales, la preparación y el talento para representar dignamente los intereses de las y los mexicanos y, por supuesto, poner en alto el nombre de nuestro país.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Cuevas Barrón.

No habiendo más oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del dictamen.



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 80 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Víctor Manuel Treviño Escudero como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República Democrática Federal de Etiopía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las Repúblicas de Djibouti, Mozambique, Democrática del Congo, Federal de Somalia, de Sudán del Sur y de Zambia. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Víctor Manuel Treviño Escudero, por lo que solicito a los Senadores Margarita Flores Sánchez, Gabriela Cuevas Barrón, Luz María Beristain Navarrete, Juan Gerardo Flores Ramírez, María del Carmen Izaguirre Francos y Víctor Hermosillo y Celada, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Ruego a la Secretaría registrar el voto a favor del Senador Martínez, en la anterior votación.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Solicito respetuosamente a la Asamblea ponerse de pie para el acto de protesta.

(Todos de pie)

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Ciudadano Víctor Manuel Treviño Escudero: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República Democrática Federal de Etiopía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las Repúblicas de Djibouti, Mozambique, Democrática del Congo, Federal de Somalia, de Sudán del Sur y de Zambia, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El Ciudadano Víctor Manuel Treviño Escudero: ¡Sí, protesto!

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Si así no lo hiciere, que la Nación de lo demande.

¡Felicidades, señor Embajador Víctor Manuel Treviño Escudero!

A nombre del Senado de la República le deseo éxito en su encargo.

Solicito a la comisión designada acompañe al señor Embajador cuando desee retirarse de este salón de sesiones.





 

Pasamos a la discusión de dos dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte, que proponen la ratificación de personal diplomático.

Debido a que los dictámenes están publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, Solicito a la Secretaría dé cuenta de ellos.
El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Doy cuenta con los dictámenes:

Por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Juan Mauricio Toussaint Ribot, como Cónsul General de los Estados Unidos Mexicanos en San José, California, Estados Unidos de América.







 

Y por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier, como Cónsul General de los Estados Unidos Mexicanos en Toronto, Ontario, Canadá.



Son todos los dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario.





 

Adicionalmente, esta Mesa Directiva recibió un dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace a favor del ciudadano Carlos García de Alba Zepeda, como Cónsul General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza se incluya en el Orden del Día.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se incorpora al Orden del Día el asunto referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se incorpora el asunto referido al Orden del Día, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario.



Como se les informó al inicio, pasamos a la discusión conjunta de los tres dictámenes.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros:

Dando continuación a las ratificaciones sometidas ante el Pleno de esta Soberanía el pasado jueves, las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, sometemos a su consideración tres nuevos dictámenes por el que se propone la ratificación de tres nombramientos expedidos por el Presidente de la República para encabezar dos representaciones consulares en los Estados Unidos de América y una más en Canadá.

El primero de los casos es del ciudadano Juan Mauricio Toussaint Ribot como Cónsul General de México en San José, California, en los Estados Unidos; el segundo, Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, como Cónsul General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos; y el tercero, Porfirio Thierri Muñoz Ledo Chevannier, como Cónsul General de México, en Toronto, Ontario, Canadá.

La relación de México con América del Norte es sin duda la más relevante para nuestra política exterior, tanto por los aspectos geopolíticos como por el intercambio comercial que existe. Estados Unidos de América y Canadá son, respectivamente, el primer y el segundo socio comercial de México.

El comercio con esa región incrementó con la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1993, y desde entonces ha crecido cada año y se espera que con el recién firmado Acuerdo de Asociación Transpacífico pueda crecer aún más.

No obstante, otros aspectos de la relación no se han visto tan beneficiados, es más fácil que puedan cruzar bienes o servicios la frontera a que un ser humano pueda obtener una visa y esto sin duda plantea nuevos desafíos para nuestra relación con ambos países.

En el caso de los Estados Unidos si bien, el intercambio comercial es más de 1 millón de dólares por minuto, y más de 1 millón de personas cruzan todos los días la frontera. La realidad es que aún hay mucho por trabajar y los consulados, tanto de San José como de Los Ángeles, no son la excepción ya que ambos concentran importantes comunidades de mexicanos.

En el caso de Los Ángeles, hablaba el ciudadano Carlos Eugenio García de Alba hace unos minutos en su comparecencia del número tan importante, no sólo de connacionales que viven ahí, sino incluso de los más de 440 mil mexicanos que podrían ser elegibles para votar únicamente en Los Ángeles.

Si a ello le sumamos también el potencial en San José y en los distintos espacios donde México tiene comunidades tan importantes, la labor no sólo de protección a nuestros connacionales o de promoción de la imagen de México resultan indispensables pero no son suficientes.

Lo que esperamos hoy de los consulados de nuestro país es que, no descuiden en ningún momento nuestros connacionales, por supuesto que deben luchar por mejorar la imagen de nuestro país, pero también y de manera muy importante deben buscar que ese trabajo sea un trabajo cotidiano, que implique la defensa y promoción de los derechos humanos de nuestros connacionales, que implique también involucrarse en hacer valer el derecho a la identidad, en hacer valer un empoderamiento real de las comunidades de mexicanos que pasen por aprender el idioma y segundo muy importante por registrarse para votar.

En tanto las comunidades de mexicanos no ejerzan el voto en los Estados Unidos seguirá habiendo Donalds Trumps en cada elección y seguirán habiendo campañas de odio que parezcan rentables.

Hoy lo que pedimos en las comisiones unidas a ambos cónsules de ser ratificados por este Pleno, es precisamente ello, que en todo momento estén atentos a las necesidades de nuestros connacionales, desde aquellos que han sido sentenciados a muerte, aquellos que han muerto a manos de la policía, aquellos que también se ven amenazados al cruzar la frontera, y por supuesto, de manera muy importante, lo hemos subrayado durante las comparecencias, el trabajo por nuestros niños, niñas y adolescentes migrantes que hoy más que nunca requieren de un gobierno, no aquel que esté feliz de deportarlos a las 72 horas, requieren de un gobierno que realmente vele por lo que dice la legislación mexicana, por el interés superior de esas niñas, niños y adolescentes.

En el caso del Consulado en Toronto, en Ontario, Canadá, si bien las tareas son distintas, la promoción que debe hacerse de México también es muy importante.

Hay que recordar que en el caso canadiense mucho se ha hablado de retirar el requisito de la visa, pero palabras van y vienen, a la fecha no se ha concretado levantar esta restricción de visa para los mexicanos.

Es importante que desde los consulados, y en especial el Consulado de México en Toronto, se haga una labor importante de concientización por el número de congresistas de esta región y, por supuesto, se deje muy clara la relación que existe entre México y Canadá no sólo como socios comerciales sino también de manera muy importante en programas que ya tienen que ver con facilitarle la vida a las personas, y uno de ellos, muy exitoso, ha sido el Programa de Trabajadores Temporales de Campesinos.

La propuesta que tenemos las comisiones unidas es la de ratificar estos tres nombramientos, consideramos que los tres, tanto el ciudadano Juan Mauricio Toussaint Ribot, Carlos Eugenio García de Alba Zepeda y Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier, cumplen con la capacidad, la preparación y el talento para representar a nuestro país y, por supuesto, también para luchar por nuestros connacionales.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Cuevas Barrón.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Marcela Guerra Castillo, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

La rotación que están llamados a tener los integrantes del Servicio Exterior Mexicano de la mano de una estrategia de la región para América del Norte, explican la reunión que las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte sostuvimos el día de ayer para escuchar y conocer sobre los planes de trabajo y acciones concretas a implementar por parte de los ciudadanos Juan Mauricio Toussaint Ribot, designado Cónsul General de México en San José, California; de Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier, designado como Cónsul General de México en Toronto, Ontario, Canadá; y de Carlos García de Alba Zepeda, designado Cónsul General de México en Los Ángeles, California.

Paso a referirme brevemente a cada uno de estos nombramientos para compartir con todos ustedes los contenidos relevantes de sus comparecencias.

En el caso de San José, California, el Embajador Toussaint Ribot subrayó que San José es la tercera ciudad más poblada de California y la décima de Estados Unidos. Cuenta esta ciudad con una población de 986,320 habitantes, de donde casi un tercio son de origen mexicano, y de ellos, 100,000 nacieron en México.

La importancia de San José radica, sin duda, en que es un espacio conocido como el ecosistema por excelencia a nivel mundial en el ámbito de la innovación, el emprendimiento y la tecnología en las que empresas como Facebook, Apple, Google, Hewlett-Packard y otras de magnitud generan una derrama económica de más de 500 mil millones de dólares al año, lo que significa más de volumen comercial que realiza México con Estados Unidos.

Estas oportunidades para promover intercambios educativos y ejecución de prácticas profesionales de nuestros estudiantes en este sistema, son prioritarias para nuestro país, y así lo reconoció el Embajador Toussaint.

San José, California, puede inspirar mucho a los jóvenes mexicanos y a todos aquellos que desean emprender negocios y detonar pequeñas empresas.

En materia de protección y empoderamiento de los mexicanos, nosotros los legisladores no dejamos de insistir en hacerle saber al embajador sobre esta necesidad de proveer información a nuestros paisanos y asimismo la documentación requerida para que puedan impulsar la doble nacionalidad y el ejercicio de sus derechos políticos, los de propiedad y los laborales. En la misma lógica, le encomendamos al Cónsul designado la tarea de realizar un trabajo eficaz e inmediato para lograr la cuestión de todos los mexicanos en esa circunscripción.

Finalmente y dada la experiencia de Toussaint Ribot en los sectores de energía, le hemos solicitado se intensifique con California la cooperación en esta materia. Por eso solicitamos que voten a favor este nombramiento.

Pasamos a Toronto, Ontario. Sabemos que el Embajador Muñoz Ledo Chevannier, sabrá aprovechar la infraestructura institucional que los mexicanos y canadienses hemos construido en 72 años de relaciones bilaterales.

Es de todos conocido que los principales mecanismos con los que contamos los mexicanos y canadienses son la alianza México-Canadá.

Que con más de 12 años de existencia constituye un excelente foro en el que el gobierno, empresas y otros actores destacados dialogamos sobre temas específicos que contribuyen a impulsar una relación sólida.

Cabe recordar que Canadá cuenta con 3 mil empresas que están ubicadas en nuestra República Mexicana y también se genera una gran actividad económica entre los 2 países por parte de esas empresas.

Otro de los mecanismos sofisticados y con resultados mutualmente benéficos es el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, el PTAT, que por más de 40 años es considerado símbolo y modelo de cooperación que ha permitido un flujo de migración ordenada, legal y segura de más de 300 mil trabajadores mexicanos.

Estos mecanismos, acompañados del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y la actualización del mismo a través del Tratado de Asociación Transpacífico, TPP, ofrecen a México y Canadá oportunidades importantes para continuar trabajando en todas las agendas en las que ambos países coincidimos y las que nuestros pueblos se benefician.

La provincia de Ontario concentra más del 70 por ciento del comercio entre Canadá y México, y en ella habitan por lo menos 33 mil o casi 34 mil mexicanos, que sumados a los 7 mil que habitan en la provincia de Manitoba, demandan de nuestro consulado general actos de documentación y acciones de protección específicas.

Aprovecho también para decir que Ontario alberga más de 80 mil empresas, incluyendo más de un tercio de las 500 principales del país. Se busca con esto promover relaciones económicas, comerciales y financieras.

Nos compartió el Embajador Muñoz Ledo sobre su proyecto de promover la plena inserción de los migrantes al sistema bancario y apoyar las iniciativas comunitarias tendientes a la canalización de remesas a proyectos productivos en los lugares de origen y estimular así el desarrollo económico de las zonas marginadas de México.

Ahora, por último, me referiré al designado Cónsul para los Ángeles, California. La representación más grande México en el extranjero, en el que coexisten mexicanos que requieren apoyo, información y acompañamiento.

Es afortunado saber que la legislatura local, es decir, de Los Ángeles ha venido trabajando iniciativas de leyes que son amigables para la migración en general y para nuestros connacionales en particular.

Y hago reconocimiento al Senador Kevin de León, un connacional, que hace muchos años obtuvo la doble nacionalidad, y hoy por hoy es el Presidente del Senado en California. Él es un gran impulsor de estas iniciativas.

No obstante, el Embajador Carlos García de Alba nos ha comunicado que se han presentado casos de presupuestos mexicanos contra los que se han realizado crímenes de odio. Ante esta situación habrá que desplegarse una gran estrategia de comunicación y protección a fin de que no hayan tragedias que podamos lamentar y que se pueda comunicar claramente que sí se eliminarán todos los inmigrantes no autorizados de California.

El estado perdería, si esto sucediera, 301 mil millones de dólares en la actividad económica de empleo, caería en un 20 por ciento; se perderían 3.6 millones de empleos, por eso es urgente el empoderamiento, el de impulsar la binacionalidad, el de proveer de todo lo necesario para que los mexicanos puedan tener el acceso a su documentación desde un acta de nacimiento hasta una autorización o un certificado para credencial de manejar.

Estamos decididos en la Comisión de América del Norte a impulsar una agenda de empoderamiento para las comunidades de mexicanos en el vecino país.

Confiamos también en la trayectoria y experiencia de Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, para actuar de inmediato en favor de México y de los intereses de los mexicanos en Los Ángeles, en donde nuestras exportaciones ascendieron a 41 mil millones de dólares en el año 2014.

Con estas propuestas y con una sólida trayectoria diplomática que respaldan a Toussaint Ribot, a Muñoz Ledo Chevannier y a García de Alba Zepeda, las comisiones reunidas, el día de ayer y el día de hoy, decidimos ratificar el nombramiento de los tres funcionarios, en este día solicito atentamente a todas las Senadoras y Senadores reunidos en este Pleno a aprobar estos nombramientos porque garantizan una representación de México en San José, California; en Toronto, Canadá y en Los Ángeles, California.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Guerra Castillo.

En virtud de que no hay más oradores inscritos, consultaremos al Pleno si autoriza que la votación de los tres dictámenes se realice de manera conjunta.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que en una sola votación nominal se desahoguen los tres dictámenes de nombramientos de personal diplomático de la región de América del Norte.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se  realice una sola votación conjunta para los nombramientos de personal diplomático de la región de América del Norte. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal de los tres dictámenes en un solo acto.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes del Programa de Liderazgo CIMA y Sinergia de la Universidad Anáhuac México-Norte, invitados por el Senador Teófilo Torres Corzo.

¡Bienvenidos al Senado de la República!





 

Sonido en el escaño del Senador Fernando Torres Graciano.

El Senador Fernando Torres Graciano: (Desde su escaño) Gracias, señor    Presidente.

En tanto se lleva la votación quisiera aprovechar para hacerle una solicitud como Presidente de la Mesa Directiva, por supuesto, de ver la posibilidad de guardar un   minuto de silencio en memoria del ex Senador Ricardo Torres Origel, que el           pasado domingo falleció de un infarto, y que fue un legislador federal, Diputado federal, Senador con una trayectoria importante, pero sobre todo, que tuvo también una trayectoria y fue vicepresidente, incluso, de la Mesa Directiva en este Senado     mexicano.

Entonces, si fuera posible, mucho se lo agradeceré.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Por supuesto, Senador Torres Graciano.

En lo que concluye la votación, ruego a la Asamblea ponerse de pie para brindar un minuto de silencio por el fallecimiento del ex Senador Ricardo Torres Origel.

MINUTO DE SILENCIO

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Descanse en paz don Ricardo Torres Origel.

Continúa abierto el sistema electrónico de votación.



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 81 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobados los puntos de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Juan Mauricio Toussaint Ribot, como Cónsul General de los Estados Unidos Mexicanos en San José, California, Estados Unidos de América.

Se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier, como Cónsul General de los Estados Unidos Mexicanos en Toronto, Ontario, Canadá.

Y se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, como Cónsul General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América. Comuníquense.

Procederemos, en consecuencia, a tomar la protesta conjunta de los Cónsules.

En el salón contiguo a este recinto se encuentran los señores Juan Mauricio Toussaint Ribot, Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier y Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, por lo que solicito a los Senadores Marcela Guerra Castillo, María del Pilar Ortega Martínez, Fidel Demédicis Hidalgo, Jorge Aréchiga Ávila y Víctor Hermosillo y Celada, los inviten a pasar hasta este recinto y los acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Solicito respetuosamente a la Asamblea ponerse de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El Senado de la República acaba de ratificar los nombramientos que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera en su favor de la siguiente manera:

Juan Mauricio Toussaint Ribot, como Cónsul General de los Estados Unidos Mexicanos en San José, California, Estados Unidos de América.

Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier, como Cónsul General de los Estados Unidos Mexicanos en Toronto, Ontario, Canadá.

Y Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, como Cónsul General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América.

En consecuencia, ciudadanos Juan Mauricio Toussaint Ribot, Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier y Carlos Eugenio García de Alba Zepeda: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?.

Los Ciudadanos Juan Mauricio Toussaint Ribot, Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier y Carlos Eugenio García de Alba Zepeda: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.

¡Felicidades, señores Cónsules!

Solicito a la comisión designada acompañe a los señores Cónsules cuando deseen retirarse de este recinto.

Pueden tomar asiento.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los alumnos de la Licenciatura en Administración Financiera de la Universidad de Guanajuato, Campus Salvatierra, invitados por el Senador Manuel Bartlett Díaz.

¡Sean bienvenidos al Senado de la República!





 

Pasamos a la discusión de tres dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, que proponen la ratificación de personal diplomático. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día.

Dé cuenta la Secretaría con el contenido de los mismos.

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS

(Dictámenes a discusión)

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, me permito dar cuenta con los dictámenes:

Por el que se ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República de Chile.







 

Por el que se ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal, a favor del ciudadano Francisco Agustín Arroyo Vieyra, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República Oriental del Uruguay y Representante Permanente de México ante la Asociación Latinoamericana de Integración.







 

Por el que se ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Fernando Eutimio Ortega Bernés, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante la República de Paraguay.



Son todos los dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Pasamos a la discusión conjunta de los dictámenes.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, para presentar a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, los dictámenes.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En esta ocasión presentamos los nombramientos dictaminados por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, nombramientos hechos por el Presidente de la República, que tienen que ver con las embajadas en Chile, Paraguay, Uruguay y nuestra representación permanente ante la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI.

Los nombramientos en estos dictámenes que se propone ratificar son el del ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Chile; del ciudadano Fernando Eutimio Ortega Bernés como Embajador de México en Paraguay; y del ciudadano Francisco Agustín Arroyo Vieyra como Embajador de nuestro país en la República Oriental del Uruguay y Representante Permanente de México ante la ALADI.

Tras haber escuchado puntualmente estas tres comparecencias, las comisiones dictaminadoras emitimos nuestros votos a favor, porque consideramos que los tres nombramientos son perfiles adecuados, capacitados, con la preparación y el compromiso para representar a nuestro país y a las y los mexicanos.

En el caso de Chile, éste ha sido un país no sólo hermano del pueblo de México sino también un importante socio, con Chile compartimos espacios en la OCDE, compartimos también espacios ahora en las negociaciones del TPP y, por supuesto, el muy importante hermanamiento que significa la Alianza del Pacífico.

Por qué no también recordar la cercanía que ha tenido Chile con este Senado mexicano, tanto en las reuniones interparlamentarias, en los distintos foros en los que participamos e incluso teniendo un evento la Presidenta Michelle Bachelet con Senadoras hace apenas unos meses.

Las relaciones entre México y Chile se encuentran en un gran momento; sin embargo, el Embajador de México en Santiago deberá propiciar el mantenimiento de ese buen estado, pero también encontrar cuáles son esos nuevos desafíos que lleven a la relación entre nuestros países a un nivel cada vez más estrecho.

Los nuevos desafíos entre México y Chile, sin duda no pasan únicamente por el comercio, sino por el correcto seguimiento, implementación de la Alianza del Pacífico y, por supuesto, porque logremos una integración cada vez más cercana en cada una de las metas que nos hemos propuesto precisamente a través de este mecanismo de la Alianza del Pacífico.

En el caso de Chile, la propuesta del Presidente de tener al ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero como nuestro embajador, sin duda es un nombramiento adecuado que cuenta con la trayectoria, con la experiencia, con una historia en el Servicio Exterior Mexicano lleno de logros y que nos da mucho gusto poder ratificar.

En el caso de Paraguay, éste es un país situado en el corazón de América del Sur, y que en los últimos años ha atravesado por tensos momentos políticos, no obstante ha impulsado reformas importantes como las leyes de responsabilidad fiscal sobre el gasto público y el déficit fiscal, y de la alianza público-privada sobre la falta de infraestructura en el territorio.

Este año México y Paraguay, celebran los 185 años de la firma del Tratado de 1831, el tratado de amistad que marcó el inicio de una rica e histórica cercanía que se ha fortalecido con el tiempo.

Con Paraguay priva un diálogo fluido, existen coincidencias y un interés conjunto de colaboración a favor de la región.

No tenemos la menor duda en las comisiones dictaminadoras que el nombramiento del ciudadano Fernando Ortega Bernés como Embajador de México en Paraguay, es un nombramiento acertado, que conoce las características de Paraguay y que tiene pleno interés por representar a los intereses de México.

Uno de los retos que se planteó con mayor énfasis durante su comparecencia, fue lograr que los empresarios mexicanos puedan competir en igualdad de circunstancias que los empresarios de países de Mercosur o del mismo Paraguay. Asimismo la tarea política no será menor, así como también renovar nuestras fortalezas en sectores como la automotriz, lo agroalimentario, el industrial.

En el caso de Uruguay, es una economía que pareciera chica, pero es un socio importante de México. Con Uruguay tenemos un Tratado de Libre Comercio, un tratado que además al inicio de nuestra presencia en este Senado de la República, tuvimos oportunidad de ampliar, además importantes logros y diálogo político.

Uruguay se ha destacado, y hay que decirlo, como uno de los grandes ejemplos de la región como país que ha logrado incrementar el índice de desarrollo humano, el índice de oportunidad humana y el índice de libertad económica.

En este sentido será fundamental conocer las experiencias de Uruguay de cómo lograr una transformación tan pronta. Tiene una población mucho menor a la de México, es impresionante la serie de reformas que se han emprendido y que hoy empiezan a implementar.

Un caso que encontramos como posible ejemplo de cooperación parlamentaria, tiene que ver precisamente con la regulación del comercio de la cannabis, tema que empezó en Uruguay hace tiempo como regulación y que hoy se empieza a implementar, mientras nosotros lo empezaremos a debatir.

La representación de México en la ALADI también es una representación importante para buscar, promover y regular el comercio recíproco entre los países de la región. Nadie puede negar el liderazgo de México en nuestra región, México tiene una voz fuerte, tiene liderazgo, tiene compromiso y tiene mucho que aportar a cada uno de los países.

Cada uno de nuestros representantes en América Latina y El Caribe, debe ser precisamente representante de ese liderazgo, de llevar las mejores causas de México, de apoyar como región en la solución a los problemas conjuntos como el combate a la pobreza, al narcotráfico, al crimen organizado, al flujo de armas.

El diálogo que podamos tener con América Latina y El Caribe será fundamental para enfrentar nuestros propios problemas.

El nombramiento del ciudadano Francisco Arroyo Vieyra como embajador de nuestro país tanto en la República Oriental del Uruguay, como Representante Permanente de México ante la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, resulta importante; hay que recordar que se trata de un ex legislador con experiencia política, con una importante trayectoria y con quien estamos seguros que tendremos una oportunidad para trabajar de cerca y tener una frecuente rendición de cuentas.

Para finalizar, me gustaría dirigirme a quienes de ser ratificados, asumirán un papel como representantes de México en el exterior y es precisamente eso, serán representantes del Estado mexicano en su totalidad.

Por lo tanto exhortamos a que en el ejercicio de sus funciones guarden una estrecha relación de colaboración con el Senado de la República y nos mantengan informados sobre los avances y desafíos que enfrenten en sus adscripciones.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Cuevas Barrón.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

En Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe se discutieron estos tres nombramientos diplomáticos para ratificar el día de hoy al Embajador de México en la República de Chile, Rubén Beltrán Guerrero; para Embajador de México en la República Oriental del Uruguay y Representante Permanente ante la Asociación Latinoamericana de Integración, el ciudadano Francisco Arroyo Vieyra; y para Embajador de México en la República del Paraguay, al ciudadano Fernando Ortega Bernés.

Primero quisiera comenzar con Chile. Para el grupo parlamentario del PAN, como lo hemos reiterado en varias ocasiones y sé también que se han sumado legisladores de otros partidos políticos, el tema de la rendición de cuentas y la transparencia es fundamental durante la gestión de nuestros cónsules y nuestros embajadores, es muy importante darle seguimiento a su trabajo diplomático y poder contar con mayores elementos para el análisis de la política exterior ejercida por el Ejecutivo Federal.

Yo quiero compartirles que el Embajador Rubén Alberto Beltrán Guerrero, un   diplomático con una gran trayectoria en la Cancillería y que se desempeñó desde 2013 hasta hace unos días como Embajador de México en la Federación de Rusia, destacó durante su comparecencia su labor en materia de rendición de cuentas y  entregó a nosotros un informe de cada una de sus actividades en la representación diplomática mexicana en Moscú y enfatizó, insisto, su compromiso con la     transparencia.

Desde el Senado de la República nos hemos pronunciado a favor de contar con embajadores y cónsules con experiencia diplomática para representar los intereses del Estado mexicano en el exterior.

Particularmente nos congratulamos con la designación de Beltrán Guerrero, pues es un funcionario con una trayectoria amplia, quien ha fungido como Subsecretario para América Latina y El Caribe, cargo desde el cual impulsó 11 visitas de Jefes de Estado y de gobierno a México, el caso de Argentina, Belice, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay, y la celebración de casi 30 reuniones de trabajo con sus homólogos en América Latina y El Caribe. Con esto quiero decirles que es muy importante y estratégico para México que un personaje como el Embajador Beltrán pueda llegar a una Embajada tan importante.

Ustedes saben el trabajo arduo que hemos hecho desde este Senado de la República de seguimiento a la Alianza del Pacífico. Yo estoy segura que el Embajador nos ayudará a que podamos seguir trabajando con el Poder Legislativo de ese país.

La relación de México y Chile es cercana, fuerte, tiene muchos puntos de coincidencia. En 1988 firmamos un Tratado de Libre Comercio que permitió que el comercio se incrementara en promedio 16.9 por ciento anual. En 2006 ambos países firmaron el acuerdo de asociación estratégica que estrechó la cooperación política y económica en la que se incluye la participación de la sociedad civil.

La relación comercial es importante. Según la Secretaría de Economía, Chile se posicionó como el vigésimo socio comercial de México a nivel global y el tercero en América Latina y El Caribe en 2015; Chile es el vigésimo segundo inversionista en México a nivel mundial, el tercero de Sudamérica y el sexto en América Latina y el Caribe.

Este año el comercio bilateral se ubicó en 3,341.8 millones de dólares, cifra 5.7 menor a la registrada en 2014 y contamos con una balanza comercial para México de 381 millones de dólares.

Insisto, socio estratégico, Estados parte de la Alianza del Pacífico, lo que representa el 36 por ciento de la población, el 37 por ciento del PIB, el 52 por ciento de las exportaciones y atrae el 44 por ciento de la inversión extranjera directa de América Latina y El Caribe.

Además, ambos países suscribieron el Acuerdo de Asociación Transpacífico, cuyos efectos en el intercambio comercial bilateral y en el marco de la Alianza del Pacífico debemos estudiar detenidamente.

Quiero compartirles además que Chile es el país de Sudamérica con quien mantenemos un diálogo parlamentario muy activo, esperamos en próximos meses poder llevar a cabo nuestra siguiente reunión interparlamentaria.

Y aprovecho también el espacio para decir que hay 13 instrumentos pendientes a raíz de la visita de la Presidenta Michelle Bachelet a México que no han sido enviados a este Senado de la República, hacemos un llamado a la Cancillería, instrumentos en materia de salud, de turismo, de seguridad, de educación, protección de áreas costeras, entre otros.

Pasamos con Paraguay. El ciudadano Fernando Ortega Bernés cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector público, se ha desempeñado en el Departamento de Evaluación de la Secretaría de Pesca Federal, en el Programa de Abasto Rural de Conasupo, ha sido Diputado Local y líder de la Gran Comisión del Honorable Congreso de Campeche, Alcalde del municipio de Campeche, también, Senador de la República y gobernador constitucional del estado de Campeche.

Paraguay es un actor destacado a nivel global. Tras la crisis política en el año 2012, Paraguay se reinsertó a los organismos regionales e internacionales con un mayor protagonismo. Es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Paraguay está a favor de la reforma al Consejo de Seguridad y considera necesario mejorarla.

Nuestra relación bilateral Paraguay-México, les comparto que celebran este año 185 años de la firma del Tratado Bilateral de Amistad, el cual marcó el inicio de una rica e histórica amistad y cercanía que se ha ido fortaleciendo con el tiempo.

Paraguay se ubicó como el décimo octavo socio comercial de México en América Latina, así como el vigésimo socio exportador y 16 socio proveedor en la región.

Según la Secretaría de Economía, Paraguay ocupa el lugar número 76 en cuanto a inversión en México a nivel mundial y el lugar número décimo sexto de América Latina y El Caribe.

Ahora pasamos a Uruguay. La propuesta para esta Embajada es el ciudadano Francisco Arroyo Vieyra, todos lo conocemos, también ex Senador de la República, ha tenido una gran trayectoria, sobre todo, dentro del Poder Legislativo, sabemos que sabe y conoce por demás la diplomacia parlamentaria.

Estoy segura que vamos a fortalecer nuestra relación con este país, porque don Francisco Arroyo Vieyra va a ser un gran embajador en la República Oriental del Uruguay; estoy segura además, que con todas las herramientas y toda la experiencia, no nada más en la parte académica sino en la parte profesional, lo van a llevar a que México pueda fortalecer, insisto, esta relación bilateral tomando en cuenta que Uruguay es un socio y amigo con el que se ha mantenido un diálogo político fluido, apelando las posiciones comunes de apoyo en el plano regional y multilateral. Ambos países firmaron un Acuerdo de Asociación Estratégica en 2009 que impulsó la relación bilateral comercial al incrementarse en 24.4 por ciento.

En 2015 Uruguay ocupó el número 50 como socio comercial de México a nivel mundial y el lugar número 16 entre los países de América Latina y El Caribe.

Actualmente Uruguay funge como observador de la Alianza del Pacífico y yo espero que próximamente podamos estar celebrando también la entrada del Uruguay en esta Alianza del Pacífico.

Quiero compartir también que está pendiente, no hemos tenido oportunidad de tener una reunión interparlamentaria con Uruguay, temas tan importantes como la regulación de cannabis, espero que podamos estarlo discutiendo más adelante.

El Sistema Nacional Anticorrupción, sería fundamental sostener una reunión con ellos que nos permita conocer su experiencia en ambas materias.

No quisiera cerrar sin compartirles que desafortunadamente pasaron casi 7 meses sin titular en la Embajada de Chile, cuando es un socio estratégico para México. La de Uruguay pasó casi un año sin un jefe de misión, cuando, insisto, tiene grandes lecciones que podemos aprender de ellos. Habría que cuidar estos detalles y seguir haciendo lo necesario para fortalecer el liderazgo de México en la región de América Latina y El Caribe.

Agradezco también a la Senadora Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, tuvimos una excelente coordinación para que se llevaran a cabo estas comparecencias y también a cada uno de los integrantes de estas Comisiones.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

Se insertan intervenciones del Senador Jorge Toledo Luis.

El Senador Jorge Toledo Luis: Intervenciones. Con el permiso de la Presidencia.

(En relación al nombremiento de Rubén Alberto Beltrán Guerrero)



(En relación al nombremiento de Francisco Agustín Arroyo Vieyra)



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Alguna otra intervención? Al no haber más oradores inscritos, consultaremos a la Asamblea si se autoriza que en una sola votación nominal desahoguemos los tres dictámenes de forma conjunta.

Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que en un solo acto desahoguemos la votación de los tres dictámenes.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con gusto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se realice una sola votación conjunta para los nombramientos del personal diplomático de la región América Latina y El Caribe. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los tres dictámenes.



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 94 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobados los puntos de Acuerdo.

En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República de Chile.

Se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Francisco Agustín Arroyo Vieyra, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República Oriental del Uruguay y Representante Permanente de México ante la Asociación Latinoamericana de Integración.

Y se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Fernando Eutimio Ortega Bernés, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante la República de Paraguay. Comuníquense.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, si me permite hacer una corrección a los resultados de la votación.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Adelante.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Expresaron su voto a favor los Senadores Salvador Vega Casillas, Ismael Hernández Deras y Patricio Martínez García, los tres en el sentido a favor.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Dé enterado.

Procederemos ahora a tomar la protesta conjunta de los embajadores.

En el salón contiguo a este Recinto se encuentran los señores Rubén Alberto Beltrán Guerrero, Francisco Agustín Arroyo Vieyra y Fernando Eutimio Ortega Bernés, por lo que solicito a los Senadores María Hilaria Domínguez Arvizu, Luisa María Calderón Hinojosa, Raúl Morón Orozco, Juan Gerardo Flores Ramírez, Hilda Ceballos Llerenas, Fernando Torres Graciano, Carlos Manuel Merino Campos y Lisbeth Hernández Lecona, los inviten a pasar a este recinto y los acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Solicito respetuosamente a la Asamblea ponerse de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Señores ciudadanos, el Senado de la República acaba de ratificar los nombramientos que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a su favor, de la siguiente manera:

Rubén Alberto Beltrán Guerrero, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República de Chile.

Francisco Agustín Arroyo Vieyra, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República Oriental del Uruguay y Representante Permanente de México ante la Asociación Latinoamericana de Integración.

Y Fernando Eutimio Ortega Bernés, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante la República de Paraguay.

En consecuencia, les pregunto: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Los Ciudadanos Rubén Alberto Beltrán Guerrero, Francisco Agustín Arroyo Vieyra y Fernando Eutimio Ortega Bernés: ¡Sí protesto!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.

¡Muchas felicidades, señores Embajadores!

Solicito a la comisión designada acompañe a los señores Embajadores cuando deseen retirarse de este recinto.





 

Pasamos a la discusión de tres dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, que proponen la ratificación de personal diplomático. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el contenido de los mismos.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, doy cuenta con los dictámenes:

Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Marco Antonio García Blanco, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Serbia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la República de Macedonia.







 

Por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano José Arturo Trejo Nava, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en Rumania.







 

Y por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Miguel Malfavón Andrade, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en Irlanda.



Son todos los dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Están a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, para presentar los dictámenes a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El papel diplomático que México despliegue en Europa, debe tener como una de sus prioridades el fortalecer las relaciones comerciales que se han venido estableciendo con países como Irlanda, pero no sólo eso, a la par se debe contribuir para que en el viejo continente, sobre todo en los países con menor desarrollo económico y político, impere una política exterior no belicista, donde los temas centrales sean la seguridad internacional, el desarme y el mantenimiento de la paz, los derechos humanos, la cooperación para el desarrollo, los asuntos regionales, el comercio y la cooperación económica internacional, así como la migración y el medio ambiente.

Fundamentalmente en Europa del Este, la mira debe estar puesta en la contribución de la estabilización política, económica y social de la región, la integración de los nuevos Estados de la Unión Europea y otros organismos internacionales, el enjuiciamiento de crímenes de guerra, así como combatir el nacionalismo, la división religiosa, la carga histórica de conflictos e invasiones bélicas, los rezagos económicos, entre otros factores que han impedido que estos países se puedan implementar con una política exterior que permita establecer fuertes vínculos con México.

En este sentido, los nuevos Embajadores que hoy estamos por ratificar, deberán poner en marcha una política exterior de altura, dando cuenta de las particularidades de cada nación a que son enviados, anteponiendo los principios del derecho internacional y el posicionar a México como un socio estratégico y un aliado de estas naciones en sus respectivos procesos políticos, económicos y culturales.

Irlanda. El año pasado se cumplieron 40 años de que se establecieron las relaciones entre Irlanda y México.

Los lazos entre ambas naciones se fueron fortaleciendo desde entonces con grandes intercambios culturales y académicos, pero fue hasta 1991 cuando se abrió la Embajada Mexicana en Dublín.

La relación entre México e Irlanda no es tan endeble como su alejamiento geográfico nos diría.

No olvidemos la influencia que un connotado revolucionario irlandés tuvo para nuestra lucha independentista, Guillen de Lampart, personaje que pese a haber sido relegado en la historia, luchó por la liberación de indios y esclavos de la Nueva España.

México e Irlanda comparten luchas y retos. La agenda entre ambos países se compone de temáticas trascendentales que tienen incidencia en esferas multilaterales como la defensa de los derechos humanos, el desarme, desarrollo, nutrición y alimentación, así como promover un mayor intercambio comercial equilibrado.

En este escenario la Embajada de México en Irlanda tiene ante sí una enorme labor para dar seguimiento y hacer efectiva una ambiciosa agenda bilateral.

México es el primer socio comercial de Irlanda en Latinoamérica, un logro que sin duda debe maximizarse para que nuestros intercambios comerciales, así como los culturales, formen parte imprescriptible de nuestras respectivas políticas internacionales.

Esos y muchos otros desafíos tendrá que afrontar Miguel Malfavón Andrade, como titular de la Embajada de México en Irlanda, quien con su vasta experiencia diplomática, sobre todo en varias circunscripciones europeas, seguramente estará a la altura del encargo.
Hemos confiado en él y en él deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad.

Rumania. Rumania no ha atravesado por la mejor situación política en los últimos cuatro años, pese a su adhesión formal a la Unión Europea en el año 2007. Sin embargo, el actual gobierno rumano está dando ejemplares señales de apertura hacia latitudes hasta antes desconocidas para ese país.

El año pasado altos funcionarios del gobierno rumano realizaron visitas a países de Asia y América Latina para fortalecer las consultas bilaterales y los mecanismos de acción en materia económica que promueven y estrechan los lazos bilaterales con los países de esas regiones.

Entre esos países se encuentra México, donde esperamos con Rumania un nuevo dinamismo comercial que mejore el intercambio entre ambos países hasta hoy incipiente.

Ahí tenemos el mecanismo de consultas políticas bilaterales y el Comité Mexicano-Rumano en contra del narcotráfico, la farmacodependencia y sus delitos conexos, mecanismos creados desde el año 2012 y coordinados por la PGR y el Ministerio Interior Rumano.

Así como en el marco del 80 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Rumania, y ante los pendientes que existen para estrechar el diálogo bilateral, desde las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, consideramos que es idónea la designación de José Arturo Trejo Nava como nuevo Embajador de México en Rumania, miembro del Servicio Exterior Mexicano, que desde hace más de 35 años y con vasta experiencia diplomática en otras Embajadas, así como al frente de la dirección para Europa Oriental de la dirección general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Esperamos que desde el primer día de su encargo en la Embajada de México, en Bucarest, el ciudadano Trejo Nava realice todas las gestiones necesarias para concretar la sexta reunión de mecanismos de consultas políticas entre ambos países, consolidando a través de mecanismos, como éste, el diálogo político, identificando las áreas de oportunidad para maximizar nuestros intercambios comerciales, culturales y académicos con México.

Serbia y en concurrencia ante Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Macedonia. Desde principios de la década de los 90’s y hasta hoy, la región de los Balcanes es un centro de sinnúmero y supervivientes políticos que, por su complejidad histórica y cultura, han tenido un gran impacto para ser el epicentro de muchos de los grandes cambios de la geopolítica mundial contemporánea.

No ha sido garantía de estabilidad, así como tampoco lo ha sido el mantenimiento de una política de exigencias, de independencia de las regiones como Kosovo.

En ese marco de no intervención, la Embajada de México en Serbia debe fungir como un acompañante de los loables procesos por los cuales la justicia penal e internacional ha sancionado los crímenes de guerra cometidos en la ex Yugoslavia, procesos que indudablemente contribuyeron a sanar las heridas de una etapa sombría que hasta ahora sigue impidiendo la transición de estos países hacia una nueva etapa de reconstrucción social y política.

Hasta en tanto se llegue a una solución pacífica entre Serbia y Kosovo, México debe contribuir a generar condiciones de diálogo sin mayor injerencia, limitándose a emitir posicionamientos responsables conforme a los principios de derecho internacional ante las resoluciones de la ONU y la Corte Internacional de Justicia.

Las relaciones bilaterales con Serbia, que se remontan a las establecidas en Yugoslavia desde el año 1946, tienen que conducirse de tal forma que la presencia de México en este país sea un factor de cambio político, pacífico y de hermanamiento diplomático, con independencia de los choques políticos e internos que han caracterizado a ese país.

Los problemas de integración política, económica y territorial que imperan en toda la zona Balcánica impiden comenzar con un diagnóstico político que no sea desde la situación que se ha generado, sino desde el nacimiento de nuevos Estados nacionales, como Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Macedonia.

Al igual que Serbia, el gran reto de estos países es fortalecer los vínculos con la Unión Europea, lograr la integración del país a la OTAN, la normalización de sus relaciones con los países vecinos y su plena inserción con los organismos internacionales.

En este contexto, la noble relación bilateral entre México y estos países, establecida apenas en el 2001 con Bosnia y Macedonia, y en 2007 con Montenegro, debe participar desde el ámbito del respeto y la colaboración mutua. México debe representar para países como Bosnia, Herzegovina, Montenegro y Macedonia, un aliado en el complejo proceso de consolidación política y económica.

La Embajada de México en Serbia, con la concurrencia en estos países, debe iniciar el proceso histórico para generar inversión recíproca entre ambos países, inexistente en la actualidad, así como para superar el déficit comercial que se mantiene con estas economías.

Estos son algunos de los desafíos que deberá afrontar Marco Antonio García Blanco, a quien en estas Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, propone su ratificación como Embajador de México en Serbia, concurrente con Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Macedonia.

El perfil y la experiencia de Marco Antonio García Blanco permiten que su trabajo como Embajador sea con enorme compromiso y responsabilidad, que supone representar a nuestro país en la región de los Balcanes.

33 años trabajando en la Secretaría de Relaciones Exteriores ocupando diversos cargos, entre ellos el de la Embajada en países con conflictos, y muchos otros más que tuvieron que ver en el caso como la ex Yugoslavia, sin duda, son un activo que el nuevo Embajador García Blanco tiene a su favor para tratar de ubicar a México como un actor relevante dentro de los procesos de integración y transición de estos países.

Agradezco a todos mis compañeros y compañeras Senadoras de las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, así como a su presidenta, por el comprometido trabajo que han tenido en estas comparecencias de Embajadores y Cónsules.

Por llegar a este momento en el cual podemos estar cerrando un nuevo proceso de ratificaciones del personal diplomático, ahora la tarea es darle puntual seguimiento a su trabajo, porque la representación de México en el extranjero demanda un alto sentido de responsabilidad y de rendición de cuentas, la tarea más difícil apenas comienza.

¡Felicidades a los nuevos Embajadores!

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Hernández Lecona.

Se concede el uso de la palabra al Senador Rabindranath Salazar, para presentar a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, los dictámenes que están a discusión.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Con el permiso de la Presidencia.

Es preciso señalar que si bien es cierto, en algunas ocasiones hemos sido críticos con algunas propuestas de representaciones en el exterior, para el caso que nos ocupa el día de hoy, de estas tres representaciones, contamos con tres propuestas de mucha, mucha experiencia.

En relación con Rumania cabe destacar que en el año 2015 se conmemoraron 80 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y este país, las cuales iniciaron oficialmente el 20 de julio del año 1935.

Desde su adhesión a la Unión Europea, en el año 2007 Rumania se ha vuelto un socio comercial cada vez más importante para México, el comercio bilateral se quintuplicó alcanzando los 487 millones de dólares para el año 2014, México y Rumania actualmente cuentan con una cooperación sectorial principalmente en las industrias automotriz, siderúrgicas y energéticas.

En cuanto a Irlanda, la historia de las relaciones bilaterales es relativamente reciente, el gobierno de México estableció relaciones diplomáticas con Irlanda el 21 de agosto de 1975, aunque, naturalmente antes de esta fecha los principios de política exterior compartidos por ambos países se reflejaban ya en los diferentes foros internacionales.

Hasta agosto de 1991, fecha en la que se abrió la Embajada residente en Dublín, las relaciones entre ambos países corrieron a cargo de nuestra representación ante el Reino Unido.

En términos generales, las relaciones bilaterales entre los dos países se ha caracterizado por su respeto, amistad y franqueza, habiéndose ampliado y fortalecido en gran medida gracias a la voluntad política de ambos gobiernos y particularmente a través de las visitas de alto nivel que se han efectuado en los últimos años.

La política exterior de la ex Yugoslavia, uno de los países fundadores del movimiento de Países No Alineados, identificado por la defensa de los intereses de los países en desarrollo, permitió que hubiera coincidencia con México en el tratamiento de diversos temas de la agenda internacional y que la relación bilateral fuera muy positiva.

Actualmente las relaciones bilaterales entre México y Serbia se caracterizan por el respeto y la cordialidad, así por una gran simpatía de la población serbia por nuestro país.

Tras la disolución de la Unión Serbia y Montenegro, la República de Serbia se constituyó como Estado sucesor de la extinta Yugoslavia, manteniendo su representación diplomática en nuestro país, lo que ha permitido la continuidad de los contactos políticos bilaterales y de cooperación con la región.

Por lo anterior, es un placer saber que nuestras representaciones diplomáticas en estos países estarán en manos de diplomáticos que provienen del Servicio Exterior Mexicano, quienes además de contar con muchos años de experiencia han recibido condecoraciones gracias a su impecable desempeño en el extranjero.

Tal es el caso del ciudadano José Trejo Nava, designado como Embajador para Rumania, quien se ha desempeñado ante el Reino Unido, Reino de Arabia Saudita, Embajador en Belice, Jefe de Cancillería en las Embajadas de México en Alemania y Rusia; Cónsul en Berlín; y encargado de la sección y política de la Embajada de México en Alemania. Quien además recibió por parte del gobierno de Belice la Orden de Distinción de Belice en reconocimiento a su labor.

Para el nombramiento como Embajador de México ante Irlanda se designó al ciudadano Miguel Malfavón Andrade, quien se ha desempeñado como Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como Director General Adjunto de Protocolo, Consejero en la Representación Permanente de México ante las organizaciones nacionales con sede en Ginebra.

Consejero en la Embajada de México en Sudáfrica, y Consejero Diplomático Adjunto en la Presidencia de la República, además de recibir las siguientes condecoraciones:

En España, la Orden de Isabel La Católica, grado de Encomienda.

En Francia, Orden de Legión de Honor, Grado Comendador.

En Portugal, Orden de Infante, Don Enrique Gran Oficial.

En Reino Unido, Orden del Imperio Británico, Grado Oficial.

En cuanto al ciudadano Marco Antonio García Blanco, quien fue designado como Embajador ante Serbia, concurrente ante Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la República de Macedonia, también cuenta con una amplia experiencia diplomática.

Ha sido Embajador de México en Nigeria, y concurrente con Benín, Burkina Faso, Camerún, Ghana, Guinea, Liberia y Sierra Leona.

Ha sido asesor del embajador en misión especial para asuntos del Caribe, Cónsul Titular de México en Tucson, Arizona, Estados Unidos; Cónsul Titular de México en San Pedro Sula, Honduras, y Jefe de Cancillería con rango de Ministro en las Embajadas de México en Bolivia, Argentina, Uruguay y Venezuela.

Entre otras actividades, es autor y compilador de publicaciones sobre temas internacionales y conferencista.

Como se puede observar, contamos con tres diplomáticos de carrera sumamente preparados y con amplia experiencia y trayectoria, por lo que estamos seguros que nuestro país estará bien representado en estas Embajadas.

Quiero agradecer a mis compañeras y compañeros Senadores de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; así como de Relaciones Exteriores, por su activa participación en estas ratificaciones, que sin duda pondrán muy en alto la representación de nuestro país en el exterior.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Salazar Solorio.

No hay más oradores inscritos. Consultaremos a la Asamblea si autoriza que en un solo acto desahoguemos la votación de los tres dictámenes que se han presentado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que en un solo acto desahoguemos la votación de los tres dictámenes.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se realice una sola votación conjunta para los nombramientos de personal diplomático de la región de Europa. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal de los tres dictámenes en un solo acto.



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 95 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobados los puntos de Acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Marco Antonio García Blanco, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Serbia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la República de Macedonia.

Se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano José Arturo Trejo Nava, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en Rumania.

Se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Miguel Malfavón Andrade, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en Irlanda. Comuníquense.

Procederemos a tomar la protesta conjunta de los Embajadores.

En el salón contiguo se encuentran presentes los Embajadores Marco Antonio García Blanco, José Arturo Trejo Nava y Miguel Malfavón Andrade, por lo que solicito a las Senadoras y Senadores Ismael Hernández Deras, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Rabindranath Salazar Solorio, Jorge Aréchiga Ávila y Lisbeth Hernández Lecona, los inviten a pasar a este recinto y los acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, Morelos, invitados por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona. Agradecemos su visita al Senado.

¡Sean bienvenidos!

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Solicito a la Asamblea ponerse de pie para el acto de protesta.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Señores Embajadores, el Senado de la República acaba de ratificar los nombramientos que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a su favor de la siguiente forma:

Marco Antonio García Blanco, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Serbia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante Bosnia, Herzegovina, Montenegro y la República de Macedonia.

José Arturo Trejo Nava, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en Rumania.

Miguel Malfavón Andrade, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en Irlanda.

En consecuencia, les pregunto: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente los respectivos cargos que se les han conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Los Ciudadanos Marco Antonio García Blanco, José Arturo Trejo Nava y Miguel Malfavón Andrade: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.

¡Muchas felicidades, señores Embajadores!

Solicito a la comisión designada acompañe a los señores Embajadores hasta en tanto decidan retirarse de este recinto.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 47-K a la Ley Federal de Sanidad Vegetal, en materia de envases de plaguicidas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47-K A LA LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. ¿Algún orador desea intervenir?

Tiene el uso de la palabra el Senador Gerardo Flores, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente. Con la venia de la Mesa Directiva.

En efecto, se trata de una adición de un artículo 47-K a la Ley Federal de Sanidad Vegetal.

Es un dictamen que comprende una propuesta que presenté para implementar un sistema permanente de reducción de riesgos de contaminación, mediante la recolección de envases vacíos de plaguicidas.

Ello con la finalidad de fortalecer las buenas prácticas agrícolas, proteger los recursos naturales y prevenir riesgos de daño en la salud animal, humana y al medio ambiente.

De acuerdo con la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, el manejo incorrecto de los envases de plaguicidas es peligroso para los seres humanos y para el medio ambiente, puesto que existe el riesgo de que puedan ser reutilizados para almacenar agua y alimentos, lo que podría provocar envenenamientos.

Además, los envases abandonados en la naturaleza pueden generar contaminación en los suelos y en las fuentes subterráneas de agua.

En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud sugiere que un esquema o   programa de manejo de envases vacíos, debe asegurar, al menos tres aspectos   básicos:

1. Que los envases sean descontaminados directamente después de que su contenido haya sido utilizado.

2. Que se prevenga el uso inadecuado de envases vacíos.

3. Que sea fácil para los usuarios de los envases regresar o retornar los envases vacíos que desechen al programa o esquema de manejo.

En México nos enfrentamos precisamente al problema de reutilización de los contenedores de plaguicidas, los cuales en ocasiones son tirados en los canales de  riego, ríos, arroyos, zanjas, brechas, barrancas, campo abierto y, en otros casos, quemados o enterrados generando focos de contaminación al medio ambiente y representando un problema para la salud de las personas, los vegetales y los     animales.

Actualmente la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica, ha realizado importantes avances en la materia mediante el Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos y afines, conocido como: “Conservemos un campo limpio”.

En 2014, mediante este programa se recolectaron 3 mil 110 toneladas de envases vacíos, un esfuerzo que, desde luego, hay que reconocer.

Sin embargo, estimaciones extraoficiales señalan que en nuestro país se generan aproximadamente 5 mil 500 toneladas de envases de plaguicidas al año, lo que nos muestra que aún existen retos importantes en la materia para lograr una recolección al 100% a nivel nacional.

A eso se suma que actualmente se encuentran cerrados 12 de los 77 centros de acopio de estos envases vacíos, debido a la falta de recursos, perjudicando la recolección en estados como Chiapas, Coahuila, Jalisco, Tamaulipas y Tlaxcala.

Adicionalmente, es de destacar que la mayoría de los centros de acopio no se encuentran bien equipados, lo que dificulta llevar a cabo un adecuado manejo de los envases.

Como ya señalé, el reto que plantea esta situación no es menor, los envases vacíos de plaguicidas son residuos peligrosos y, por ello, es indispensable avanzar hacia la recolección al 100%, pues es necesario garantizar que las acciones encaminadas al manejo y disposición final de estos residuos tengan continuidad. Cuestiones que con esta reforma estoy convencido podemos resolver.

Compañeras y compañeros Senadores, por estas razones, los invito a que voten a favor de este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Flores Ramírez.

¿Algún otro orador desea intervenir?

En virtud de que no hay más oradores inscritos, ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del dictamen, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación.

Les recuerdo que al tratarse de un dictamen que consta de un solo artículo, se está votando en lo general y en lo particular en el mismo acto.



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 85 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 47-K a la Ley Federal de Sanidad Vegetal. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en materia de registros de nacimiento extemporáneos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo cual está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Es motivo de enorme alegría para las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores presentar este dictamen, el cual es producto del esfuerzo, no únicamente de las y los Senadores que lo hemos firmado, sino fundamentalmente de la sociedad civil organizada, y en concreto de la Be Foundation.

Es por ello que quiero hacer un especial reconocimiento a todas las fuerzas políticas representadas en la Comisión de Relaciones Exteriores con quienes organizamos foros, eventos, discusiones y, finalmente, llegamos a este momento.

La labor incansable y la preocupación de BeFoundation que ha venido realizando desde algunos años respecto a la situación que viven miles de connacionales que residen en los Estados Unidos y que no pueden regularizar su situación migratoria por carecer de documentos que acrediten su nacionalidad mexicana.

La motivación de BeFoundation, la cual compartimos los Senadores que suscribimos la iniciativa que originó este dictamen, es garantizar el derecho humano a la identidad de todos los mexicanos, residan o no en nuestro país.

Uno de los mayores obstáculos para que este derecho humano pueda ser garantizado es el problema del subregistro de nacimientos, es decir, la enorme cantidad de personas que nacen en México pero que no son registradas dentro de los plazos que establece la ley, omisión que se vuelve doblemente grave cuando estas personas migran a otro país con la intención de residir ahí y se encuentran con la dificultad de no poder acceder al registro de su nacimiento extemporáneo porque las autoridades consulares no tienen facultades para expedir este tipo de documentación.

Precisamente esa es la esencia de esta propuesta, facultar a las autoridades consulares para poder expedir actas y registros de nacimiento extemporáneos a favor de todos aquellos solicitantes mexicanos que no tienen cómo acreditar su identidad por carecer del elemento mínimo para ello.

Si bien el problema del subregistro de nacimientos lo hemos tratado de combatir a través de la reciente reforma constitucional al artículo 4o., el derecho a la identidad de los mexicanos residentes en otros países, entre ellos los millones radicados en los Estados Unidos, requeriría de mayores mecanismos para que la autoridad mexicana, encargada de velar por los derechos de los mexicanos que se encuentran fuera del país, es decir, los consulados, pudieran ser partícipes de esta nueva garantía y estar facultados para expedir por sí mismos las actas de extemporánea requeridas por los solicitantes, sin necesidad de que estos se vean en la necesidad onerosa y riesgosa de regresar a México para realizar el trámite correspondiente ante el juez del Registro Civil competente en sus comunidades.

Esto es, hoy estamos por extender el derecho humano a la identidad, consagrado en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, no reduciendo esta garantía únicamente a su ejercicio dentro de los límites de nuestro país, sino llevándolo, además, al campo de las atribuciones consulares.

Compañeras y compañeros Senadores, es necesario que desde el Senado de la República continuemos implementando medidas que hagan efectivo el derecho a la identidad de todos los mexicanos, la prueba de ciudadanía que otorga el Acta de Nacimiento no es un requisito menor, pues es un requisito indispensable para trabajar, por ejemplo, en el sector formal, abrir una cuenta bancaria, obtener un crédito, heredar propiedades, entre muchos otros.

Los últimos registros contabilizan más de 7 millones de personas que no cuentan con un registro de nacimiento, esto dentro del territorio nacional, y por ese sólo hecho no es posible que puedan gozar y ejercer derechos fundamentales básicos.

En México, y particularmente en entidades federativas como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, más del 40% de los recién nacidos no son registrados, ya sea por factores culturales, administrativos o económicos, sin contar con un registro o acta de nacimiento simplemente se es invisible a la luz de las instituciones que brindan bienes o servicios.

Y por si esto fuera poco, si imaginamos uno de estos mexicanos carentes de registro de un Acta de Nacimiento que además migra, es expuesto a una doble invisibilidad.

La intención el día de hoy es pedirles, compañeras y compañeros, que seamos sensibles con lo que sucede con miles de paisanos que se encuentran radicando en los Estados Unidos, que hagamos más fácil para los cónsules expedirles las actas de nacimiento de manera que el migrante ya no sea invisible en su propio país ni tampoco en el país al que desea migrar.

Cifras extra oficiales del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, señalan que el 30% de los 6.5 millones de mexicanos indocumentados en los Estados Unidos, esto es, casi 2 millones de connacionales radicando en los Estados Unidos, tienen problemas registrales.

Esta condición tan apremiante es lo que BeFoundation ha llamado "la doble invisibilidad", una condición de vulnerabilidad en la que se ubican millones de migrantes mexicanos que carecen de la documentación mínima y que hoy tendremos la oportunidad de abrir, por fin, una solución.

La intención con esta reforma, compañeras y compañeros, es que a partir de su aprobación y de que concluya el proceso legislativo, los cónsules de nuestro país tengan plenas facultades conforme al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para expedir actas de nacimiento extemporáneas.

Con ello serán miles y probablemente incluso hasta millones de mexicanos que puedan gozar de un derecho humano tan elemental como es el derecho a la identidad.

Muchas gracias a todas las compañeras y compañeros que desde el principio que empezamos a trabajar con BeFoundation esta reforma, han sido solidarios, han estado al tanto del proceso y sobre todo lo han impulsado en sus respectivas bancadas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Cuevas Barrón.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Marcela Guerra Castillo, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, señor Presidente. Honorable  Asamblea:

El objeto de la reforma es la de facultar a los jefes de Oficinas Consulares a que hagan funciones de juez de Registro Civil, que se expidan actas de registro civil a favor de mexicanos con domicilio fuera del territorio nacional, incluyendo Actas de Nacimiento de los que no fueron registrados en su oportunidad conforme a las disposiciones aplicables.

La Secretaría de Relaciones Exteriores podrá entonces celebrar convenios de coordinación con entidades federativas para establecer acciones conjuntas que permitan el adecuado cumplimiento de estas funciones del Registro Civil en Oficinas Consulares.

En días pasados, y hoy mismo, hablamos precisamente del tema del empoderamiento de los mexicanos en el exterior. No se puede concebir un empoderamiento si no hay una documentación y si ni siquiera se cuenta con una identidad, identidad que permita el ejercicio absoluto de los derechos, identidad que permita la existencia de una persona frente al Estado, los datos sobre el derecho de la identidad.

La identidad jurídica es elemental para el respeto y el reconocimiento de todo derecho humano.

De acuerdo con la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en su proyecto de modelo de legislación para los Registros Civiles en América Latina, derivado de un diagnóstico hecho en el año 2008, la identidad se define como aquellos atributos que permiten individualizar a una persona respecto a las demás, y tiene como elementos el nombre propio, los apellidos, la fecha y el lugar de nacimiento.

De acuerdo con el Foro de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, el derecho de identidad consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades, así como su pertenencia a un Estado.

El niño o niña adquieren identidad jurídica desde el momento en que se reconocen en el Registro Civil, y con ello su pertenencia en un Estado, un territorio, una sociedad y una familia.

A 22 años de la ratificación del pasado 21 de septiembre de 1990 por parte del gobierno mexicano, de la Convención sobre los Derechos del Niño, aún existe un gran rezago en la garantía y acceso al derecho de la identidad en México.

Prueba de ello, el Banco Interamericano de Desarrollo tuvo un financiamiento muy considerable para fortalecer todas las oficinas del Registro Civil a lo largo y ancho de la República.

El subregistro de nacimientos, es decir, aquellos nacimientos que son registrados en años posteriores al que ocurren, así como la indocumentación o falta de documentos de identificación o cédulas de identidad, limitan los derechos de las personas en términos de servicios como educación, salud y otros programas sociales.

El subregistro de nacimientos en México alcanzó una tasa del 14.2 por ciento en el año 2008, mientras que la tasa de indocumentación es prácticamente desconocida en todos aquellos países de la región, de acuerdo con el boletín de la CEPAL y la UNICEF.

Por eso este dictamen que estamos votando hoy, es de suma importancia para el ejercicio de los derechos.

Respecto a este problema, la población más afectada siguen siendo los más de 6.5 millones de niños y niñas sin certificado de nacimiento y que hoy se encuentran en estado de desventaja para ejercer sus derechos más básicos como es la educación o la salud.

Por ello está obligado al cumplimiento de plena satisfacción el derecho de la identidad reconocido en las distintas convenciones, tratados internacionales, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Declaración Universal de los    Derechos del Hombre, el derecho a la identidad en la legislación nacional, porque  México ha adquirido el compromiso de garantizar los derechos humanos en leyes tales como la Constitución y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Aplaudimos hoy este día importante donde consideramos definitivamente el poder dar y otorgar el empoderamiento para que niños y niñas existan frente al Estado, para que les sean dotados, especialmente en los consulados, todos aquellos documentos de los cuales son sujetos de derechos y de obligaciones también.

Mi voto será a favor y así pido que todos ustedes lo hagan.

Es cuanto y muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Guerra Castillo.

Se inserta intervención de la Senadora Graciela Ortiz González.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No hay más oradores inscritos, en consecuencia, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del dictamen.

Les recuerdo que el dictamen se trata de un solo artículo, con lo cual la votación se hará en lo particular y en lo general en un mismo acto.



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 76 votos a favor; cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en materia de formación en derechos humanos para diplomáticos.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo cual la discusión será en lo general y en lo particular en un mismo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Todo esfuerzo legislativo, por hacer efectivo el mandato del artículo 1o. constitucional, relativo a la obligación de todas las autoridades para proteger, promover, garantizar y respetar los derechos humanos, debe ocupar un lugar prioritario en nuestra agenda, porque sólo de esta forma estaremos construyendo un marco jurídico sistemático, integral, sólido, siempre con miras a realizar dichas acciones y satisfacer los grandes objetivos de un Estado democrático y constitucional de derecho.

La reforma constitucional de junio de 2011 es categórica en ese sentido, pues obliga a todas las autoridades a ubicar los derechos humanos por encima de cualquier otro aspecto coyuntural.

La minuta que hoy discutimos forma parte de esa labor, y tiene un valor muy especial porque es receptiva a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los mexicanos que salen de nuestro país, se ven expuestos a violaciones a sus derechos humanos, y legítimamente esperan que las representaciones consulares de México sean una verdadera garantía para defender la esfera de derechos que todos los mexicanos tenemos reconocidos, independientemente del lugar en el que nos encontremos.

Es en ese plano en el que la autoridad diplomático-consular debe jugar un papel de suma importancia para constituirse como el garante de los derechos fundamentales de los mexicanos que se encuentran fuera del país.

Como siempre lo hemos pensado, no basta con crear la institución garante, sino lo más importante es poner el acento en quiénes la integran, en el perfil, y en la experiencia de personas que le dan vida a ese órgano, reflexión que hemos hecho en la Comisión de Relaciones Exteriores en cada una de nuestras comparecencias.

La rama diplomático-consular es una de las áreas de acción del Estado mexicano donde mayores aptitudes se requieren en los funcionarios públicos que la hacen posible para afrontar los diversos retos que supone la representación de México en el extranjero, sobre todo, cuando hay que velar por los derechos humanos de nuestros connacionales.

Para todos los funcionarios mexicanos, conocer de derechos humanos rebasa un simple requisito curricular o de adorno, sino que se convierte en un elemento sin el cual simplemente no podemos hablar de capacidades para ejercer la función pública, y que es una capacitación plena en derechos, no significa una acumulación de conocimientos teóricos sin aplicabilidad y eficiencia práctica.

Que un funcionario público conozca y comprenda el lugar que le ocupan los derechos humanos como el motivo y eje de su actividad, significa que el funcionario aprende no solamente de prácticas y protocolos en esta materia, sino que al mismo tiempo está siendo parte de un proceso de sensibilización y de toma de conciencia sobre el valor de la persona humana.

El caso de un funcionario consular diplomático no es la excepción, porque sus obligaciones para representar los intereses de nuestro país, y de ejecutar la política exterior de México se subordinan a la más grande obligación del Estado mexicano, la cual es precisamente proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas.

Bajo esa lógica, la propia Ley del Servicio Exterior Mexicano establece las obligaciones específicas de los miembros del Servicio Exterior Mexicano para promover y salvaguardar los intereses nacionales ante los Estados extranjeros, y en los organismos y reuniones internacionales en los que participe México, así como proteger de conformidad con los principios y normas del derecho internacional la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero, y ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones.

Esta vital labor requiere de funcionarios altamente capacitados tanto en la diplomacia propiamente dicha como en aptitudes para hacer efectivas estas obligaciones con los derechos humanos.

No es suficiente con asumir el cargo y establecer un compromiso con el cumplimiento de estas obligaciones.

Lo que hoy exigen los estándares internacionales, es que todos ellos vengan precedidos por la garantía de idoneidad y capacitación previa en la persona que ostenta el cargo.

Con esta reforma no se desestima el trabajo que viene realizando el Instituto Matías Romero, donde ya se han contemplado requisitos de ingreso y programas de estudio, donde figuran las materias de derecho constitucional, internacional y de los derechos humanos.

Sin embargo, la profesionalización del servicio exterior exige ir más allá de la instrucción previa, pues se debe completar con la comprobación plena de esos conocimientos, sobre todo cuando se está por ingresar a la rama diplomático-consular.

Hasta que no se cuente con una norma obligatoria para que los aspirantes a la rama diplomático-consular acrediten conocimientos en derechos humanos, la obligación de defenderlos cuando sea el momento en que los aspirantes ocupen posiciones dentro de la estructura consular diplomática, se mantendría endeble, y no podría considerarse como la garantía que debería fungir para la salvaguarda de los derechos humanos de las y los mexicanos.

En los procesos para la ratificación de Embajadores y Cónsules, hemos exigido a los comparecientes experiencia, conocimientos y una prospectiva de trabajo idónea para atender las exigencias de la legación que serían enviados. Pero todas esas exigencias quedarían vacías si el postulante no cuenta con una noción sobre el contenido y alcance de las normas en materia de derechos humanos.

De ahí, que previamente la participación en estos procesos de ratificación en el Senado de la República resulta absolutamente sano que al menos los perfiles de carrera del Servicio Exterior Mexicano cuenten en toda su formación y se les exija para promoción en la estructura diplomática, acreditar conocimientos en la materia más importante para un Estado de derecho.

La situación de los derechos humanos en México se acerca a un punto de crisis, como lo han señalado en repetidas ocasiones distintas organizaciones internacionales, ahí están las recomendaciones.

La actitud de rechazo al gobierno federal ante estos cuestionamientos, nos lleva a preguntarnos si requerimos de todavía una mayor capacitación en los altos funcionarios.

Lo cierto es que al menos en el caso del Servicio Exterior Mexicano, con esta reforma estamos coadyuvando para implementar un requisito que permita tener plena certeza sobre su capacitación previa, que en derechos humanos debe tener su personal, no dejando esta encomienda en manos de funcionarios ajenos y omisos ante situaciones críticas, como la que atravesamos en México en materia de protección y defensa de los derechos humanos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Cuevas Barrón.

Informo a la Asamblea que se recibió un posicionamiento a favor del dictamen de la Senadora Graciela Ortiz González. Insértese en el Diario de los Debates.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



Sonido en el escaño de la Senadora Marcela Guerra.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Si me permite, por favor, entregar en este momento también el posicionamiento para que sea registrado.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Con mucho gusto, se recibe el posicionamiento de la Senadora Marcela Guerra Castillo. Insértese en el Diario de los Debates de forma íntegra.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Alguna otra intervención?

En virtud de que no hay más oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del dictamen.

Les recuerdo que se trata de un dictamen de un solo artículo, con lo cual la votación será en un solo acto en lo general y en lo particular por supuesto.



La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 81 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Compañeros Senadores, hago de su conocimiento que la Mesa Directiva ha acordado rectificar el turno de diversos asuntos.

Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea de las rectificaciones.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy cuenta con las rectificaciones de turno:

Al proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales, recibido este día, se rectifica en su turno para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

A la iniciativa con proyecto de Decreto que deroga el Título Décimo y agrega un Título Vigésimo Séptimo del Código Penal Federal, presentada por el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, el 12 de abril de 2016.

A la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, presentada por los Senadores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, el 12 de abril de 2016.

A la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 213 del Código Penal Federal y el artículo 207 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales, presentada por el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, el 7 de abril de 2016.

Y a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Título Décimo del Código Penal Federal, en materia de corrupción de las y los servidores públicos, presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, el 10 de septiembre de 2015.

Las cuatro iniciativas se rectifican en su turno para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Tenemos también la rectificación de turno a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Senador Fernando Mayans Canabal, el 17 de marzo de 2016, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se confirman las rectificaciones de turno leídas por la Secretaría.

Las comisiones recibirán las rectificaciones correspondientes y los nuevos turnos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, que contiene proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 42 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de reinserción social de agresores.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que el dictamen consta de un solo artículo, por lo cual la discusión será en lo general y en lo particular en un solo acto.

Informo a la Asamblea que la Senadora Graciela Ortiz González envió a la Mesa Directiva su posicionamiento a favor del dictamen. Insértese en el Diario de los Debates.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se intervención de la Senadora Marcela Guerra Castillo)

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Intervención. Con el Permiso de la Presidencia



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión. Al no haber oradores inscritos, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del dictamen.



La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 71 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.