Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 27 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 23

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 12 de Abril de 2016

SUMARIO                                              


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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 39, 44 Y 55 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera.

Para presentar el dictamen, interviene la Senadora María Elena Barrera Tapia, a nombre de las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera.

Para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, intervienen los Senadores Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del PVEM; y Miguel Ángel Chico Herrera, del grupo parlamentario del PRI.

Para su discusión en lo general, interviene la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se remite a la Cámara de Diputados.




























 

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

APERTURA

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: (11:51 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los Senadores.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 78 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario.

Se abre la sesión del martes 12 de abril, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
SIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

 

En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y siete minutos del día jueves siete de abril de dos mil dieciséis, encontrándose presentes ochenta y siete ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del cinco de abril de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que informa que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 9 al 15 de abril de 2016, para realizar visitas de Estado a la República Federal de Alemania y al Reino de Dinamarca.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 2º de la Ley General de Asentamientos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley General de Turismo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 19 y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva tomó protesta a la ciudadana Hilda Ceballos Llerenas como Senadora de la República.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de abril de 2016.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de febrero de 2016.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

La Senadora Marcela Guerra Castillo, a nombre propio y de las Senadoras Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y de la Ley de la Policía Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a las  Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, a nombre propio y de los Senadores Joel Ayala Almeida, Angélica Araujo Lara, Isaías González Cuevas, Jesús Casillas Romero, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar y Diva Gastélum Bajo, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con     proyecto de Decreto que adiciona el artículo 213 Ter al Código Penal Federal y el artículo 207 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 6; 14, fracción I; 19, fracción V; y 36, fracción VII de la Ley General de Desarrollo Social.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 13, 51, 53, y 69 de la Ley General de Educación.- Quedó de primera lectura.Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Para presentar el dictamen, hizo uso de la palabra el Senador Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los Senadores: Jorge Aréchiga Ávila del PVEM; Raúl Morón Orozco del PRD; y Daniel Amador Gaxiola del PRI. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Graciela Ortiz González se integraría al Diario de los Debates. En la discusión, intervinieron los Senadores: Erika Ayala Ríos del PRI, a favor; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor; Sofío Ramírez Hernández del PRI, a favor; y Zoé Robledo Aburto del PRD, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 88 votos a favor y 2 en contra. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

(Dictamen  a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General de Salud.- Para presentar el dictamen, hizo uso de la palabra la Senadora Sonia Rocha Acosta, por las comisiones. En la discusión intervinieron los Senadores: Armando Neyra Chávez del PRI, a favor; y Adolfo Romero Lainas del PRD, a favor. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván se integraría al Diario de los Debates. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 71 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

(Iniciativa)

Se recibió de diversos Senadores y Senadoras, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para el Control de Cannabis; se derogan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal; y se agrega el inciso k) en el artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Salud, de Gobernación; de Seguridad Pública; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 49 de la Ley General de Desarrollo Social.- El dictamen en sentido negativo, sin discusión, fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de los registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a los titulares de las secretarías de medio ambiente de las entidades federativas en donde haya presencia o tránsito de la mariposa monarca a apoyar los proyectos ciudadanos en favor de su conservación y protección.- En la discusión intervinieron los Senadores: Jesús Priego Calva del PRI, a favor; y Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN, a favor. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

La Presidencia emitió un pronunciamiento, a nombre de la Mesa Directiva, sobre el Día Mundial de la Salud.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de consejero honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone el procedimiento para ocupar el cargo de magistrado electoral local de la Ciudad de México y de los Estados de Querétaro y Tabasco.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Comunicación)

Se recibió de las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; de los Senadores Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Salud; Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional; y Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el Informe con los resultados y conclusiones principales de los trabajos de las audiencias públicas, realizadas a propósito del análisis y debate relativo al posicionamiento de México ante la próxima sesión especial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas.- Se instruyó su publicación en la Gaceta.

(Proposiciones)

La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer las medidas de control y supervisión y endurecer las sanciones para evitar que los centros de verificación vehicular incurran en irregularidades o actos de corrupción; asimismo, instrumente un programa para agilizar el flujo vehicular, mejorar la eficiencia del transporte público y se optimicen los recorridos del Metro.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De los Senadores integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con punto de Acuerdo en relación a la construcción de la planta de producción de la empresa KIA Motors México, S.A de C.V., en el municipio de Pesquería, en el estado de Nuevo León.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Del Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los poderes ejecutivo y judicial, así como a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a liberar al Dr. José Manuel Mireles y a los integrantes de los grupos de autodefensas a los cuales se les hayan violado sus derechos procesales y humanos.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo relativo al fomento del turismo productivo en Chiapas.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

De los Senadores Martha Tagle Martínez y Luis Sánchez Jiménez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a determinar el no ejercicio de la acción penal de la averiguación previa con número 1215/ueidaple/le/i/2015 y promueva inmediatamente el sobreseimiento; así como la libertad absoluta al ciudadano Paulo Jenaro Díez Gargari, quien ha acreditado plenamente que no tuvo participación en el delito que se le persigue.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a enviar un informe sobre los principales resultados de las acciones implementadas para la prevención, atención y diseminación de la tuberculosis en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Silvia Guadalupe Garza Galván, Francisco Búrquez Valenzuela, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a revertir las modificaciones que han endurecido el programa Hoy no Circula, toda vez que a lo largo de dos décadas ha demostrado ser una política pública ineficaz para bajar los índices de contaminación ambiental, así como llevar a cabo diversas acciones que contribuyan a mejorar la calidad del aire en la ciudad.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informes adicionales, derivados de la presentación de los Precriterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal del 2017.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Jesús Priego Calva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a actualizar y dar una mayor difusión al simulador de seguros para automóviles, que permita a los usuarios comparar las opciones que se ofrecen en el mercado.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General del estado de Coahuila a esclarecer los hechos ocurridos el 31 de marzo del 2016 en la autopista Premier Rosita-Allende y en donde dos personas perdieron la vida.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría de Protección Ecológica del gobierno del estado de Guerrero a llevar a cabo un diagnóstico del impacto ambiental que están generando las empresas mineras en Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Río, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta a la SAGARPA, a la Financiera Rural, al Bancomext y a PROMEXICO a desarrollar un programa de fomento a la producción, industrialización, comercialización y exportación y consumo de nuez pecana mexicana.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público a considerar los recursos económicos necesarios para la adquisición de la vacuna contra el dengue, así como a detallar la metodología para la aplicación de la misma y sus alcances.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador constitucional del Estado libre y soberano de México a declinar la puesta en vigor de la Ley que regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a realizar una investigación pronta y expedita en relación a la veracidad de las acciones y avances en materia de calidad de aire y cambio climático presentadas en los informes de la Secretaría del Medio Ambiente de la entidad durante la presente administración.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe detallado sobre los ingresos generados por concepto de multas derivadas de la implementación del nuevo Reglamento de Tránsito.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Oaxaca a realizar una auditoría integral a los recursos destinados para la construcción de los “Elementos del Proyecto del Centro Cultural y de Convenciones de la entidad”, debido a diversas irregularidades en la asignación de contratos y la adjudicación de licitaciones, así como el incumplimiento en el cronograma de obra, falta de licencias de construcción e inconsistencias en la evaluación de impacto ambiental.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a garantizar el cumplimiento de las categorías de participación en las disciplinas deportivas de natación, de racquetbol y de pentatlón moderno, previstas en la convocatoria del evento multideportivo de carácter nacional denominado Olimpiada Nacional 2016 publicada el 30 de octubre de 2015 por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

 

De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Iris Vianey Mendoza Mendoza y Luisa María Calderón Hinojosa, con punto de Acuerdo que exhorta titular del poder ejecutivo del estado de Michoacán a resolver por la vía institucional y pacífica el conflicto generado por la construcción del proyecto Ciudad Mujer, y se respete el derecho constitucional de la libertad de expresión.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional del Agua a informar cuál es la cantidad de agua que se ha aplicado a los campos exploratorios donde se ha realizado la práctica de la fractura hidráulica.- Se turnó a la Comisión de Energía.

(Efemérides)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Mundial de la Salud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Salud.- Se insertó en el Diario de los  Debates.

 

El Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Salud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Salud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Salud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, remitieron efeméride sobre el Día Mundial de la Salud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio en Rwanda.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Salud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 97 aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con diez minutos y citó a la siguiente el martes doce de abril a las once horas.

 

Fin de la Sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIÓN

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibió una comunicación del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, por la que informa de su reunión con la Jefa de Políticas Públicas, México, Centroamérica y El Caribe de Google, el pasado 5 de abril.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibió del Tribunal Superior Agrario, oficio con su informe de labores, correspondiente al año 2015.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Remítase copia a las Comisiones de Reforma Agraria y de Justicia.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Agraria.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Túrnese a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Asimismo, la Colegisladora remitió un Acuerdo por el que se exhorta a las comisiones de la Cámara de Senadores a dictaminar el proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, recibido el 10 de diciembre de 2014.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Remítase a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: También la Cámara de Diputados, remite una comunicación por la que se informa de modificaciones en la integración de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia a la Junta de Coordinación Política.





 

En el apartado de iniciativas, tiene la palabra la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, para presentar a nombre propio y de los Senadores Jesús Casillas Romero, Mariana Gómez del Campo Gurza, Luz María Beristain Navarrete, Graciela Ortiz González y Marcela Guerra Castillo, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, a nombre propio y de los Senadores Jesús Casillas Romero, Mariana Gómez del Campo Gurza, Luz María Beristain Navarrete, Graciela Ortiz González y Marcela Guerra Castillo)

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Las recientes emergencias atmosféricas que hemos vivido en la zona metropolitana más importante del país, la más poblada, ponen en el centro de la atención social y gubernamental a la calidad del aire como el problema más relevante en las ciudades, pero lamentablemente no es el único problema, tengo que decir que lo que estamos presenciando, permítanme la expresión, es una guerra en torno al espacio público.

Necesitamos prevenir, reducir y eliminar todas las problemáticas que ponen en riesgo la salud de las personas, y para ello se han impulsado a lo largo de la historia diferentes adiciones a la Ley General de Salud en materia de tabaquismo, control de sobrepeso, de obesidad, de bebidas alcohólicas, estas últimas, por ejemplo, ampliaron la intención y actuación para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol.

Se incorporaron una serie de acciones, incluso de coordinación con otras leyes del orden federal que también atienden esta problemática, y se estableció claramente la coordinación entre los gobiernos federales, estatales y municipales, que es uno de los grandes retos de nuestras zonas metropolitanas, cómo lograr una coordinación efectiva para que a partir de recursos presupuestarios, no basta solamente la voluntad, se desarrollen políticas públicas en la materia.

Por tratarse de un asunto que impacta la salud y la seguridad, deberíamos preguntarnos también, por eso les hablo de esta guerra sobre el espacio público, ¿cuántos accidentes viales le quitan la vida o propician alguna discapacidad a quienes transitan diariamente? Les voy a dar algunos datos a nivel mundial,, cada año se registran 1.3 millones de muertes a causa de accidentes viales, casi el total de la población de Aguascalientes, por citar un ejemplo. La mitad de las personas que mueren por esta razón son usuarios vulnerables en la vía pública; es decir, peatones, ciclistas y motociclistas.

En México, el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, CONAPRA, señaló que al año se registran 1.2 millones de personas con algún tipo de discapacidad provocados por accidentes de tránsito.

En este contexto, la Organización Mundial de la Salud advirtió que de no tomarse las medidas necesarias, hacia 2030, los accidentes de tránsito podrían convertirse, ojo con este dato, en la séptima causa de muerte a nivel nacional.

La falta de seguridad vial en nuestro país, como en muchas partes del mundo, se ha convertido en un problema de salud pública al que debemos otorgar la atención, la importancia que requiere, porque además de los millones de muertes ocasionados, también es un problema que impacta en la economía.

De acuerdo con el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, y estos son datos de 2013. Los accidentes viales le cuestan a nuestro país alrededor de 150,000 millones de pesos, estamos hablando del 1.7 por ciento del Producto Interno Bruto. Estos recursos podrían realmente invertirse en el cuidado de la salud, en una movilidad sustentable y, desde luego, en vialidades mucho más democráticas. Qué puede haber más democrático que un espacio público al que todos podemos tener acceso, yo imagino pocas cosas.

Hace seis años la ONU estableció el decenio 2011-2020 como la década de acción para la seguridad vial. El objetivo es que realmente podamos generar conciencia a nivel mundial sobre este problema e intensificar el diseño y la implementación de políticas públicas que nos permitan atenderlo.

En noviembre de 2015, se llevó a cabo la Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre la Seguridad Vial en Brasil, donde a tan sólo cinco años de cumplir las metas del decenio, se hizo un llamado enfático señalando la obligación de obtener resultados mucho más eficaces, que apliquen leyes en materia de vialidad y de tránsito, así como a generar las medidas de prevención necesarias para producir efectos a largo plazo.

En este sentido, mis compañeras y compañeros Jesús Casillas, Mariana Gómez del Campo, Luz María Beristain, Graciela Ortiz, Marcela Guerra y su servidora, consideramos necesario modificar y adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de seguridad vial, toda vez que dicha norma tiene como propósito reglamentar el derecho a la protección de la salud.

Esta iniciativa que ponemos hoy a su consideración tiene varios objetivos:

Primero, generar las bases para mitigar y prevenir un problema de salud pública que, debemos reconocer, va en franco crecimiento.

Segundo, coadyuvar en el cumplimiento de los compromisos internacionales y nacionales del Estado mexicano en materia de accidentes de tránsito, pero también en materia de lesiones.

Es fundamental fortalecer las políticas públicas impulsadas por el gobierno federal a través del CONAPRA, así como la coordinación efectiva, como ya les decía, entre las entidades federativas, los municipios y, desde luego, la Federación.

Es claro que la protección a la salud implica la coordinación, colaboración y corresponsabilidad del sector público, y que por eso consideramos ampliar la normatividad en torno a los accidentes viales y de tránsito, no tendría por qué ser la excepción.

De aprobarse esta propuesta en el contexto rumbo a la Conferencia Hábitat III, también abonaríamos a que en octubre próximo, que se lleva a cabo la Cumbre Mundial de Hábitat, México pueda presentarse en Quito con avances sustanciales en la legislación, que contribuya a lograr que nuestras ciudades sean más seguras, pero también mucho más excluyentes.

La política de segundos pisos que hemos venido teniendo, la verdad es profundamente excluyente, hay que tener un vehículo, hay que poder pagar un peaje, y eso no lo pueden hacer la mayoría de las personas en nuestro país.

Compañeras y compañeros, aprovecho este espacio para reiterarles la invitación a la Reunión Regional para América Latina y El Caribe, que se llevará a cabo en la ciudad de Toluca, en la capital de mi estado, los próximos días 18, 19 y 20 de abril, donde por primera vez en este proceso rumbo a la Cumbre Mundial de Hábitat, las y los legisladores tenemos un papel fundamental.

Hemos sido convocados formalmente para participar en una de las mesas de diálogo, de donde saldrá la Declaración de Toluca, que se presentará en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible.

La seguridad vial, compañeras y compañeros, como muchos otros, es un tema que no puede regatearse, es literalmente un asunto de vida o muerte, un asunto que impacta la calidad de vida de millones de personas.

Espero que tengan a bien considerar esta propuesta que hoy ponemos a su consideración.

Gracias, señora Presidenta.

Iniciativa

La suscrita, Senadora ANA LILIA HERRERA ANZALDO a nombre propio y de las y los Senadores: JESÚS CASILLAS ROMERO; MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA; LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE; GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ y MARCELA GUERRA CASTILLO, todos integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 numeral 1 fracción I; 164 numerales 1,2 y 5; 169 y 175 del Reglamento del Senado, sometemos a consideración de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD; con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La salud entendida como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Bajo este principio, el derecho a la salud tiene como finalidad la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana así como la protección y el acercamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social1.

Reglamentar el derecho a la protección de la salud es el propósito primordial de la Ley General de Salud la cual se ha fortalecido en diferentes aspectos con la incorporación de reformas que plantean obligaciones y acciones que son correlativas al disfrute de la salud y que se han destinado a la prevención de focos de alerta que pueden ser atendidos con oportunidad, a fin de evitar un riesgo mayor y latente para las personas. Un ejemplo de ello son las reformas y adiciones legislativas en materia de:

1. Tabaquismo (Decreto publicado el 30 de mayo de 2008);

2. Control de sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimenticia (Decreto publicado el 14 de octubre de 2015);

3. Bebidas Alcohólicas (Decreto publicado el 20 de abril de 2015);

4. Cambio Climático (Decreto publicado el 8 de abril de 2013);

5. Cosméticos (Decreto publicado el 7 de junio de 2011) o;

6. Bebidas alcohólicas (Decreto publicado el 20 de abril de 2015).

Todas estos Decretos respondieron a un problema y riesgo a la salud, algunas de ellas representaron, y aún lo hacen, cifras alarmantes de muertes. Por lo que es en esta visión que el legislador se propuso realizar reformas dirigidas a la individualización del (los) problema (s) así como a la construcción de la cultura de la prevención, siendo este último uno de los ejes principales para el cumplimiento a lo establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

En este tenor, haré referencia a la esencia de dos Decretos que por sus objetivos y conformación legal ayudarán a explicar la intención de la presente iniciativa.

El primero al que nos referimos es el Decreto del 20 de mayo de 2008 en materia de tabaquismo, el cual tuvo como finalidad prestar atención a un problema de salud pública que día a día se agrava por la naturaleza adictiva y mortal del tabaco; para su fundamentación legislativa, sirvió de argumento señalar que el 20 por ciento2 de las muertes se debía a su consumo3; Uno de los ejes coadyuvantes en la conducción de la Reforma, fue el compromiso adquirido por México en el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), que establecía como “imprescindible” contar con Leyes y reglamentos eficaces para prevenir y aplicar medidas legislativas, ejecutivas y/o administrativas en la elaboración de políticas e instrumentos apropiados que redujeran y controlaran el consumo, la adicción así como la exposición al humo del tabaco4.

La construcción de ese Decreto brindó una gran aportación legal, pues configuró la expedición de la Ley General para el Control del Tabaco con el objeto específico de establecer el control sanitario de los productos del tabaco y la protección de las personas en la exposición al humo.

Este marco jurídico fue concebido como una Ley coadyuvante de la Ley General de Salud la cual sigue normando supletoriamente las disposiciones no contenidas y mantiene el marco legal y supremacía normativa correspondiente, así como las actuaciones derivadas de la concurrencia entre la Federación y las Entidades Federativas; es decir, la Ley General de Salud mantiene la rectoría en torno a la salud pero cuenta con una Ley secundaria que le permite regular específicamente un problema de salud pública; este esquema legislativo será interesante explorar en un segundo paso de protección entorno a la materia de este proyecto, los accidentes de tránsito.

Un segundo ejemplo legislativo, que como se mencionó anteriormente, servirá para justificar la intención de la Iniciativa, a fin de alejar la percepción de que pueda tratarse de un propósito factible de resolverse (únicamente) desde la esfera de las políticas públicas, para sí considerarlo como un modelo de integración legislativa con políticas públicas; lo encontramos en el Decreto publicado en el 20 de abril de 2015 en materia de bebidas alcohólicas.

Ese Decreto amplió la intención y actuación para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, primero estableciendo una definición de “uso nocivo”, lo que le siguió a la atención del alcoholismo, la prevención de enfermedades derivadas del mismo y la protección de la salud a terceros y de la sociedad5, pues bajo el argumento  de que a nivel mundial se registraban 3.3 millones de defunciones atribuibles al alcohol, y que este era el causante de 200 enfermedades y trastornos posibles a las personas relacionadas con su consumo, el legislador decidió regular de forma específica el alcoholismo y adicciones para evitar el incremento de un problema de salud pública .

Se creó el Consejo Nacional contra las Adicciones encargado de promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por las adicciones6.

Se incorporó a la Ley General de Salud una serie de acciones en materia de atención y prevención, incluso de coordinación con otras leyes de orden Federal que también definen el tema (aunque con diferentes propósitos) como lo es el Código Civil Federal, y no menos importante, se establecieron medidas para prevenir sobre los riesgos a grupos vulnerables, como fomentar las acciones de difusión de la información sobre el uso nocivo del alcohol. Finalmente instituyó claramente la coordinación de los Gobiernos Federal, de las Entidades Federativas y de los Municipios para que a partir de recursos presupuestarios disponibles desarrollen políticas y programas en la materia.

La necesidad de darle vida a ese Decreto, según lo explicaron las comisiones dictaminadoras fue generar una nueva estrategia de prevención y de actuación en las políticas públicas bajo un fundamento de 5 razones cruciales por las que el alcohol era (y aún es) una urgente prioridad de salud pública: 1) muertes relacionadas con el alcohol; 2) consumo de alcohol; 3) patrones de consumo de alcohol; 4) trastornos por el uso de alcohol; 5) el alcohol es el principal factor de riesgo para la carga de morbilidad7.

En este contexto y a efecto de poner en perspectiva la importancia del proyecto que hoy presentamos, es fundamental conocer los siguientes datos en materia de accidentes de viales / tránsito:

• A nivel mundial cada año, se registran 1.3 millones de personas que mueren a causa de accidentes viales, casi el total de la población del Estado de Aguascalientes8.

• A nivel mundial se registra por año que entre 20 y 50 millones de personas sufren lesiones en las vialidades9, por ponerlo en perspectiva se diría que la mitad de los habitantes de nuestra Nación sufrirán lesiones por transitar en vialidades10

• La Organización Mundial de la Salud ha señalado que  los accidentes de tránsito causan al año la muerte de 1.25 millones de personas a nivel mundial y advirtió que de no tomar las medidas necesarias, para 2030, los accidentes de tránsito se conviertan en la séptima causa de muerte11.

• El 48% de las muertes que se producen en el mundo por accidentes de tránsito ocurren en personas entre 15 y 44 años.

• En 2009 México ocupaba el 7° Lugar en muertes por accidentes de tráfico, mismo que se ha mantenido hasta 201512.

• En 2010, se registraron en el País 24 mil muertes por accidentes viales.

• En 2012 la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición estimó que 1.4 millones de personas se lesionaron en el tránsito, es decir, 1.2% de la población de México y un total de 320 mil 496 personas fueron hospitalizadas por la misma causa13.

• Para 2015, el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA), señala que al año se registran 1.2 millones de personas con algún tipo de discapacidad por siniestros de tránsito14.

Las cifras y los datos revelan de manera objetiva el riesgo permanente de perder la vida por un accidente vial, el derecho a la salud como derecho humano, implica que el Estado se encuentre obligado a intervenir de forma activa, en la construcción de políticas públicas y reformas legales encaminadas a satisfacer una necesidad pública15, por lo que este proyecto de Decreto busca actualizar y fortalecer la regulación para la prevención de accidentes y lesiones, incluyendo aquellas que se originan por el tránsito.

Como se ha mencionado anteriormente la protección a la salud implica la coordinación, colaboración y corresponsabilidad  de los sectores público (en los tres órdenes de Gobierno) y social, ampliar la normatividad en torno a los accidentes viales / de tránsito no es la excepción para la aplicación de regla de protección.

El Poder Legislativo ya ha señalado anteriormente que el sistema de normas jurídicas de derecho social busca regular los mecanismos y acciones para lograr la protección a la salud y para que este sea un bien tutelado.

Es por ello que se tiene en cuenta que la salud y seguridad vial en nuestro país implica la coordinación y corresponsabilidad de distintas instancias y Gobiernos (Federal, Estatal y Municipal), instancias que han logrado llevar a cabo campañas y acciones propias en torno a los accidentes de tránsito, enfocadas principalmente al uso de vehículos de automotores, por lo que se busca ampliar la coordinación y corresponsabilidad de protección a todos lo que usan la calle y las vías, a todos los que transitamos.

Es importante señalar que la prevención y reducción de accidentes de tráfico implica la observancia de todas las leyes en la materia, por lo cual no podemos separar, en este caso, la regulación de tránsito (que implica los límites de velocidad, infracciones por beber en estado etílico, el uso de celulares mientras se conduce o las señalizaciones propias de las vías de tráfico), de acciones que impulsen y promuevan la conciencia de peatones, ciclistas e incluso automovilistas en torno en los riesgos a  su salud.

El uso de las vialidades en México  se ha dado de manera inequitativa, en ella conviven peatones, comerciantes ambulantes, bicicletas; todos comparten y luchan por espacios en condiciones desiguales con los vehículos motorizados; ciertamente esta problemática también corresponde al diseño urbanístico en el que vivimos.

La Academia Nacional de Medicina en este referente es muy clara, señala que  cuando se construye una carretera o vía rápida, se dividen espacios, el traslado de un lado a otro no puede realizarse con facilidad a pie o en bicicleta, en países de bajos ingresos las avenidas suelen separar las zonas densamente pobladas y la necesidad de movilidad de un punto a otro se dificulta al no contar con la infraestructura ideal de pasos peatonales que lo permitan, es entonces cuando los peatones, se vuelven el sector más vulnerable en el tráfico urbano16.

La concepción actual de accidente, ha dejado de lado la particularidad de que en todos los casos sucede de manera fortuita, súbita e imprevisible, para ser  entendido como un hecho que  subyace de la característica de ser un evento previsible y por completo prevenible17, concepto en el que situaremos a los accidentes viales y de tránsito, que han sido considerados los de mayor impacto a la salud de las personas.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que un accidente de tránsito implica una coalición o un incidente en el que se ve implicado al menos un vehículo en movimiento en una vía pública o privada y cuando menos una persona resulta muerta o lesionada”18.En la Ley General de Salud entiende por accidente el hecho súbito que ocasione daños a la salud, y que se produzca por la concurrencia de condiciones potencialmente prevenibles.

Si seguimos con lo anterior, confirmamos que la prevención de accidentes implica tomar medidas para mitigar las causas que producen el evento, por ejemplo la construcción e espacios para peatones y ciclistas, mejoramiento de la iluminación, inclusión de señalamientos y que estos sean uniformes; Estas acciones se han llamado prevención primaria, se mencionan en esta propuesta como una meta legislativa de concurrencia en otras materias.

La Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, la Fundación de la Federación Internacional del Automóvil y la Alianza Mundial para la Seguridad Vial, entorno a los traumatismos / lesiones causadas por el tránsito han indicado que:

1. Es necesario caminar seguro.

2. Las lesiones causadas por el tránsito se marginan del programa acción sanitaria tanto a nivel mundial como nacional.

3. Se debe generar una coordinación de acción para la Seguridad Vial.

Por lo que debemos ser firmes en que la seguridad vial más que un tema de moda, es una prioridad de atención legislativa y pública.

En 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020. México fue uno de los 110 países que participaron en la proclamación, se comprometió con el objetivo de estabilizar y, posteriormente, reducir al 50% las muertes por accidentes de tránsito durante 10 años, es decir poder evitar: 1) 60 mil muertes; 2) 120 mil discapacidades y 3) 3 millones 500 mil hospitalizaciones; lo cual podría generar un ahorro de 350 mil millones  de pesos en costos19.

En este sentido México ha generado las herramientas mediáticas para hacer frente a la prevención (en temporadas) de accidentes viales, ha tenido claro desde la administración que la promoción de la salud tiene por objeto crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población y propiciar en el individuo las actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de la salud individual y colectiva20

En 2011 se creó el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes cuya se establece en un Reglamento Interior, en el que encontramos al Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA), como unidad administrativa de la Secretaría de Salud y que es responsable de dirigir la política nacional en materia de prevención de lesiones ocasionadas por accidentes21.

Solo por mencionar un breve antecedente, recordaremos que en 2006 se estipuló la creación del Centro Nacional para la prevención de accidentes con el objetivo de implementar y dar a conocer ante las instancias públicas, sociales y privadas las estrategias e intervenciones diseñadas con base en las mejores prácticas, nacionales e internacionales sustentadas en la evidencia científicas y aquellas sometidas el pleno del Centro Nacional para la Prevención de Accidentes, tendiente a disminuir la morbilidad y mortalidad provocada por accidentes en las entidades federativas22.

Si bien hay esfuerzos importantes en la materia, es prioritario fortalecer las instituciones para dar cumplimiento a los compromisos internacionales y nacionales en materia de accidentes de tránsito y lesiones, se busca fortalecer al Consejo y su Secretariado en un marco legal superior. Es por ello que se propone en esta iniciativa adicionar la Ley General de Salud a efecto de otorgar al CONAPRA mayor certeza legal a su actuación y permanencia en la atención de este problema de salud pública que se ha argumentado.

Actualmente el CONAPRA está conformado por23:

Administración Pública y dependencias

Organismos

Secretaría de Salud
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secretaría de Economía
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Cruz Roja Mexicana
Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud
Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial
International Traffic Safety Data and Analysis Group
Banco Mundial

En el mismo tenor, se pretende establecer las responsabilidades que el CONAPRA tendrá en la protección a la salud y prevención de accidentes, responsabilidades que ya han sido avaladas y ejecutadas con anterioridad pero mandatadas desde un manual de actuación.

En este proyecto se definirá de manera precisa  que el quehacer en materia de  prevención y atención de accidentes no se regulen en conjunto con las enfermedades transmisibles tal como se señala actualmente en la Ley General de Salud; Por lo que se hace indispensable establecer en la legislación el funcionamiento del Secretariado Técnico de CONAPRA, que tiene como misión contribuir a reducir la mortalidad que generan los accidentes con base en el conocimiento científico y técnico, a través de la coordinación de acciones de rectoría en las áreas de promoción de la seguridad, prevención de riesgos y atención médica oportuna y de calidad, la particularidad de sus objetivos, así como la atención de salud pública que implican los accidentes.

Lo anterior, consideramos, fortalece a nivel nacional las acciones que internacionalmente se promueven a favor de la salud en vialidades y a las cuales México se ha comprometido. En noviembre de 2015, se llevó a cabo la Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre la Seguridad Vial en Brasil, la cual tuvo como eje una de las metas que se tiene dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la seguridad vial. La Conferencia fue particularmente enfática en el llamado a tan solo cinco años de cumplir las metas del Decenio, señalando la obligación de obtener resultados eficaces, que conlleven a promulgar y aplicar leyes en materia de vialidad y tránsito y generar las medidas de prevención necesarias para producir efectos a largo plazo24.

El último propósito de la iniciativa, a fin de ampliar la prevención y el control de accidentes, es incorporar el término lesiones, en el entendido de que se encuentran en la línea entre la causa y el efecto /accidente y enfermedad. Con esto se debe aclarar que existen diferentes tipos de lesiones cuyo origen no necesariamente es atribuible a la seguridad vial, por lo que lo referente a estos casos ha permanecido en el mismo sentido, sin que la iniciativa vulnere o limite la protección ya establecida en la Ley.

Las lesiones son un daño a la salud, y solo se encuentran definidas por el Código Penal Federal en el artículo 288 de la siguiente manera: “Bajo el nombre de lesión, se comprende no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deja huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa externa”.

Se coincide con la Academia Nacional de Medicina que los términos accidentes y lesiones no son sinónimos, el primero puede existir sin que suceda el segundo, y en tal efecto el segundo puede prevenirse aun cuando exista el primero25. Por ejemplo en un choque vehicular  derivado de un frenado brusco, el copiloto puede tener un esguince cervical; ciertamente se trata de un accidente cuando hablamos del impacto entre los vehículos y hablaremos de una lesión cuando nos referimos al copiloto; sin embargo la lesión conlleva a diferentes escenarios, si el copiloto tenía puesto el cinturón de seguridad o si el conductor que frena iba alcoholizado, por ejemplo. 

En materia de Salud, se ha hecho desde la investigación teórica una clasificación respecto de las lesiones, las cuales pueden ser valoradas de acuerdo a la especificidad técnica a través de las normas que se expidan en la materia. Sin embargo sí partimos de la afirmación de que también las lesiones pueden ser prevenibles, encontramos la importancia de incorporarlas a la legislación en el sentido que se señala en la presente iniciativa.

El impacto de las lesiones es innumerable pues cuando una persona se encuentra bajo este supuesto,  tenemos que tener en consideración que no solo se afecta al sujeto lesionado, se causa un reajuste económico a su familia a consecuencia de los costos de tratamiento o de la misma pérdida de productividad e ingreso familiar. Si bien no se cuentan con estimaciones concretas de los costos económicos que representan las lesiones, la OMS en 2010 señalaba que los accidentes de tránsito costaban a los países aproximadamente un 3% de su producto interno bruto, cifra que puede elevarse al 5% en algunos países de ingresos bajos y medios26.

La iniciativa en comento pretende desde la particularidad del problema generar las estrategias base para mitigar y prevenir un problema de salud pública que va en incremento. Cumplir con la máxima de protección para las personas el derecho a la vida, a la salud, debe ser factor y compromiso con los acuerdos internacionales signados; debe ser motivo para fortalecer la colaboración administrativa e institucional, para  generar las políticas públicas para la prevención y control de accidentes y lesiones.

De aprobarse la iniciativa que se presenta contribuiremos en el corto y largo plazo a la protección de la salud de las personas. Generar la regulación en torno a los accidentes de tránsito y las lesiones es un propósito que: SÍ salva vidas y previene discapacidades.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Único. Se modifica la fracción XVI del artículo 3º, la fracción I y el último párrafo del artículo 133;  adiciona la fracción XVII del artículo 3º; la fracción VI del artículo 111, la fracción IV del artículo 133 recorriéndose las subsecuentes; los artículos 163 Bis; 163 Ter y 163 Quáter; todos de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I  a la XV Bis. …

XVI. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles;

XVII. La prevención y control de accidentes y lesiones;

Artículo 111. La promoción de la salud comprende:

I. a la IV;

V. Fomento Sanitario, y

VI. Control de accidentes de tránsito adoptando medidas y promoviendo estrategias para prevenirlos.

Artículo 133.- En materia de prevención y control de enfermedades y accidentes, y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes laborales y de seguridad social en materia de riesgos de trabajo, corresponde a la Secretaría de Salud:

I. Dictar las normas oficiales mexicanas para;

a) La prevención y el control de enfermedades y

b) La prevención y el control de accidentes y lesiones.

II. …;

III. ...;

IV. Establecer los programas y actividades que estime necesario para la prevención y control de accidentes y lesiones así como los referentes a la seguridad vial, y

V. Promover la colaboración de las instituciones de los sectores público, social y privado, así como de los profesionales, técnicos y auxiliares para la salud y de la población en general, para el óptimo desarrollo de los programas y actividades a que se refieren las fracciones II, III y IV.

Artículo 163.La acción en materia de prevención y control de accidentes comprende:

I.  a la VI.

Para la mayor eficacia de las acciones a las que se refiere este artículo, se creará el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, dependiente de la Secretaría de Salud, del que formarán parte representantes de los sectores público, social y privado.

163 Bis. El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, se integrará de manera honorífica por:

I. Titular de la Secretaría de Salud;

II. Representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

III. Representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

IV. Representante de la Secretaría de Educación Pública;

V. Representante de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social;

VI. Representante de la Procuraduría General de la República;

VII. Representante del Instituto Mexicano del Seguro Social;

VIII. Representante del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales delo Trabajadores del Estado;

IX. Representante del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;

X. Representante del Consejo Nacional de Gobernadores;

XI. Representante de la Conferencia Nacional de Municipios;

XII. Dos representantes de los sectores social y privado, cuyas actividades se relacionen con el objeto del Consejo.

163 Ter: El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes coadyuvará en el diseño e impulso la Estrategia Nacional de Seguridad Vial, para lo cual se buscará ampliar y consolidar:

I. La capacidad de gestión de la seguridad vial;

II. Las bases para el establecimiento de las acciones, programas y políticas públicas en materia de movilidad segura y equitativa para los usuarios vulnerables;

III. La prevención y reducción de lesiones y discapacidades por accidentes de tránsito;

IV. Las acciones que permitan reorientar el comportamiento de los usuarios de las vialidades incidiendo en los factores de riesgo que propician la ocurrencia de accidentes y lesiones de tránsito;

V. La atención del trauma y de los padecimientos agudos mediante la mejora de los servicios de atención médica pre-hospitalaria y hospitalaria, y

VI. La capacitación e investigación en seguridad vial.

La Estrategia Nacional de Seguridad vial será emitida por los titulares de las Secretarias de Salud y de Comunicaciones y Transportes de acuerdo a las disposiciones establecidas en esta Ley y en la Ley orgánica de la Administración Pública, Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal así como en otras disposiciones generales aplicables.

163 Quáter. El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes será dirigido por un Secretariado Técnico, el cual será responsable de:

I. Definir las políticas, lineamientos y programas encaminados a la prevención de accidentes y lesiones.

II. Aprobar, revisar y en su caso actualizar las políticas y estrategias en materia de prevención de lesiones ocasionadas por los accidentes, a nivel nacional, así como coordinar las de nivel estatal.

III. Establecer convenios de coordinación, colaboración o concertación previa autorización de la Secretaria, que propicien, impulsen, fortalezcan, las políticas y estrategias en materia de prevención de accidentes y lesiones.

IV. Asesorar a los responsables de los Consejos Estatales para la Prevención de Accidentes y lesiones en la elaboración de los programas, la implementación de estrategias y la evaluación de sus resultados.

Artículo 164.- La Secretaría de Salud coordinará sus actividades con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social así como con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en general, con las dependencias y entidades públicas y con los gobiernos de las entidades federativas, para la investigación, prevención y control de los accidentes y lesiones.

La Secretaría de Salud deberá realizar convenios con los gobiernos de las entidades federativas para determinar los exámenes psicofísicos integrales que se practicarán como requisito previo para la emisión o revalidación de licencias de conducir; para establecer medidas encaminadas a la movilidad segura, así como para la prevención y reducción de lesiones o discapacidades provocadas por accidentes de tránsito.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Secretaría de Salud realizará una campaña de conocimiento sobre movilidad segura y la prevención de salud a peatones y ciclistas en materia de accidentes de tránsito, que incluya la concientización de la las señalizaciones viales ya establecidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el marco de las reformas del presente Decreto y de las atribuciones conferidas en esta Ley.

TERCERO. La Secretaría de Salud emitirá la norma en materia de prevención y control accidentes y lesiones en materia de tránsito a más tardar 90 días a partir de la publicación de este Decreto.

CUARTO. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el ámbito de su competencia, contemplará en la realización del Manual de Señalización Vial y Dispositivos de seguridad para peatones y usuarios de transporte no motorizado aplicables a los entornos urbano y rural.

Senado de la República; Ciudad de México, el 12 de abril de 2016.

Suscriben

Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.- Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Marcela Guerra Castillo.

1 Ley General de Salud, artículo 1º y 2º.

2 El dato porcentual corresponde al periodo 2007-2008 periodo en que se dictamino el decreto.

3 Dictamen a Discusión del proyecto de Decreto que expide la Ley General para el Control del Tabaco y deroga y reforma diversas disposiciones de la Ley general de Salud- Cámara de Senadores 26 de febrero de 2008.

4 Dictamen a Discusión Cámara de Diputados publicado el 6 de diciembre de 2007.

5 Dictamen  de la Cámara de Diputados respecto de la Minuta del Proyecto de Decreto por el que se Reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Bebidas Alcohólicas, publicado el 20 de noviembre de 2014.

6 Ibidem

7 Dictamen  de la Cámara de Diputados respecto de la Minuta del Proyecto de Decreto por el que se Reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Bebidas Alcohólicas, publicado el 20 de noviembre de 2014.

8 El estado de Aguascalientes tiene una población de 1 millon 312 mil 544 personas, según el reporte de INEGI 2015. Información disponible en:  http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P

9 Seguridad vial. Cruz Roja. Disponible en:
http://www.planetaj.cruzrojamexicana.org.mx/pagnacional/secciones/Juventud/Contenido/PlanetaJ/seguridad_vial.htm

10 En la encuesta Intersecretarial 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se contaron 119 millones 530 mil 743 habitantes en México. Cifra disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P

11 Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/es/

12 Información disponible en: http://elpoderdelconsumidor.org/transporteeficiente/ocupa-mexico-septimo-lugar-mundial-de-accidentes-viales-y-segundo-en-america-latina/

13 La Seguridad Vial en México. Análisis y propuesta. Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat.

14 CONAPRA información con cifras de 2015.
http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Reglas_Oro2015_Web.pdf

15 Ordoñez, Jorge. “El derecho a la Salud en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia. Apuntes para la definición de un contenido esencial de este derecho en la jurisprudencia mexicana”. Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/transparencia/lists/becarios/attachments/62/becarios_062.pdf

16 Hijar, Martha Cecilia. “Los Accidentes como problema de Salud Pública en México”. Academia Nacional de Medicina / México en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 2014, pág. 12-14.

17 Hijar, Martha Cecilia. “Los Accidentes como problema de Salud Pública en México”. Academia Nacional de Medicina / México en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 2014.

18 Seguridad Peatonal. Manual de Seguridad vial para instancias decisorias y profesionales. Organización Mundial de la Salud en colaboración con FIA Foundation, Global Road Safety y el Banco Mundial.

19 Secretaría de Salud. Decenio 2011-2020. http://conapra.salud.gob.mx/Interior/decenio_accion_SV.html

20 Ley General de Salud, Artículo 110.

21 Fuente: http://conapra.salud.gob.mx/Nosotros/Quienes_Somos.html

22 Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5264646&fecha=17/08/2012

23 Fuente: http://www.conapra.salud.gob.mx/Interior/Perfil_Accidentes_Estado.html

24 Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre Seguridad Vial.
http://www.paho.org/cub/index.php?option=com_content&view=article&id=517:segunda-conferencia-mundial-de-alto-nivel-sobre-seguridad-vial-&Itemid=422

25 Hijar, Martha Cecilia. “Los Accidentes como problema de Salud Pública en México”. Academia Nacional de Medicina / México en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 2014, pág. 4-5

26 Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/es/

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Herrera Anzaldo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, las compañeras quieren suscribir la iniciativa. Solicito a la Secretaría tome nota de los Senadores que quieran suscribir la presente iniciativa.





 

de las Senadoras y los Senadores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

(Presentada por la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de las Senadoras y los Senadores de los grupos parlamentarios del PAN y del PRD)

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a presentar esta propuesta a nombre de los grupos parlamentarios Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, y es una propuesta que se inserta dentro de los esfuerzos que se están haciendo por construir la reforma secundaria en materia del Sistema de Combate a la Corrupción.

Como ustedes saben, uno de los pilares en que descansará este Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, será la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Tal Fiscalía será la instancia responsable de investigar, prevenir y conocer de los delitos en materia de corrupción.

Es relevante porque además la propia Constitución le da esta relevancia puesto que, derivado de la reforma política publicada el 10 de febrero de 2014, el Constituyente ordena la creación de una Fiscalía General de la Nación y con ello dota de autonomía al Ministerio Público, pero previene que dentro de esta Fiscalía se establezcan dos Fiscalías Especializadas; una en materia de combate a la corrupción y otra en materia de persecución a los delitos electorales.

Esta propuesta ya se está analizando y me refiero a la Ley de la Fiscalía, y Acción Nacional, en su momento, presentó una iniciativa que está en comisiones. Sin embargo el propio Constituyente establece que estas dos Fiscalías Especializadas, en tanto surja la Fiscalía General, deberán crearse a través de la designación directa del Senado de la República, es decir, lo que pretendía el Constituyente es que independientemente del plazo en que se formara la Fiscalía General, estas dos Fiscalías Especializadas sí entraran en brevedad a formar parte de la vida jurídica.

Por ello uno de los aspectos medulares y relevantes es la construcción de un sistema de combate a la corrupción en materia penal, y esto tendrá su eficacia y éxito derivado del éxito que tenga esta figura, la Fiscalía de Combate a la Corrupción.

Por ello, lo que hoy estamos planteando es que se haga una modificación a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para que se establezcan con claridad las atribuciones y el marco de actuación que tendrán estas dos Fiscalías Especializadas que previene la Constitución: una, la Fiscalía en materia de combate a la corrupción y la otra, la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales.

Ustedes saben que uno de los temas más importantes que tenemos que atender en este Sistema Nacional Anticorrupción tiene que ver con el ámbito del derecho penal, que va más allá de la imposición de sanciones administrativas puesto que por su gravedad estas conductas implicarían penas incluso privativas de la libertad.

Por ello es muy delicada la función que desarrollará este Fiscal Anticorrupción que aún no ha sido designado por el Senado, pero para ello es importante que el mismo tenga un marco de actuación que le dé solidez, fortaleza e independencia técnica y operativa para desarrollar su función.

Ese es el objetivo de la propuesta que hoy venimos a poner a su consideración.

Sólo como preámbulo señalaré algunos datos que se publican en el estudio realizado por el CIDE y el IMCO denominado “México: Anatomía de la Corrupción”:

El estudio refiere que de 444 denuncias presentadas entre los años 1998 a 2012, es decir, un lapso de 15 años, tan sólo se consignaron 7, esto equivale al 1.6 por ciento.

Por otro lado se destaca, en este estudio, que en el Censo de Impartición de Justicia del IMCO se estima que tan sólo el 2 por ciento de los delitos cometidos por servidores públicos derivan en penas privativas de libertad.

Otro dato importante es que entre 2000 y 2013 en México estuvieron en funciones un total de 63 gobernadores, de los cuales a pesar de que 41 fueron señalados por actos de corrupción, tan sólo 16 fueron investigados y tan sólo 4 fueron procesados y encontrados culpables.

Es decir, los datos nos indican un estado de impunidad en lo que hace a la materia penal en materia de combate a la corrupción.

Es por ello que esta propuesta lo que pretende justamente es dotar a las instituciones de los mecanismos y herramientas necesarias para realizar está función de persecución, investigación de los delitos en materia de corrupción y esta iniciativa lo que de alguna manera establece como aspectos relevantes es lo siguiente:

Se establece que está fiscalía estará dotada de independencia técnica, me refiero a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, técnica y operativa para investigar, prevenir y conocer los delitos en materia de corrupción.

Se propone que cuente con una estructura regional a través de la creación de unidades administrativas distribuidas en regiones dentro del territorio nacional para el seguimiento de las investigaciones.

Se prevé que cuenten con una estructura funcional de recursos humanos suficiente para el debido cumplimiento de sus funciones.

Se propone que cuente con los recursos presupuestales necesarios para el desarrollo de sus funciones, para lo cual se diseña un mecanismo que asegure que está fiscalía contará con un presupuesto designado desde la propia ley, y que no podrá ser inferior en los subsecuentes ejercicios presupuestales, y mandatamos que sea la Cámara de Diputados quien asegure que esto se cumpla.

Se hace referencia al mecanismo de nombramiento y remoción previsto por la Constitución.

Y se establecen los requisitos para ser Fiscal Especializado, equiparándose al mismo en jerarquía administrativa a la actual figura de sub-procurador.

De manera similar se establece un marco también de actuación para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, dotada también de independencia técnica y operativa para investigar, prevenir y conocer de los delitos en materia electoral.

Se propone que cuente con una estructura regional y con una estructura funcional de recursos humanos suficiente para el cumplimiento de sus funciones.

También se hace referencia a un mecanismo que le permita tener un presupuesto marco para el desarrollo de su función y que éste tenga también una obligatoriedad de cumplimiento dentro de la propia Procuraduría.

Estos son los aspectos más relevantes de esta propuesta que, como les comentaba anteriormente, tiene como objetivo fundamental que la institución denominada “Fiscalía Anticorrupción” nazca a partir de la designación que realice este Senado, con las herramientas y con la estructura suficiente y necesaria para combatir la comisión de conductas ilícitas que derivan en actos de corrupción, y que se constituye como un pilar fundamental dentro del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora Ortega Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda para quedar homologada a los otros proyectos que existen sobre la materia.





 

Se concede el uso de la tribuna al Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que deroga el Título Décimo y agrega un Título Vigésimo Séptimo al Código Penal Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA EL TÍTULO DÉCIMO Y AGREGA EL TÍTULO VIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días compañeras y compañeros:

Hace unos días comentaba el Senador Romero Hicks que buscaba algunos Senadores que hablaran poco, entonces voy a tratar de cubrir la expectativa siendo más que    breve.

No voy a profundizar en el tema de la corrupción y el problema que representa para el país, ya ha sido abordado en exceso y creo que lo hemos debatido. Sin embargo quiero poner a su consideración lo que es una iniciativa para la reforma del Código Penal Federal en lo que hasta hoy se entiende como delitos de servidores públicos.

Los delitos de servidores públicos debilitan la estructura institucional en todos los niveles, y ha puesto al descubierto la amplia red de complicidades que existen, al impedir su sanción de manera concurrente.

El Sistema Nacional Anticorrupción que hoy estamos debatiendo en sus leyes secundarias, su potencia radica en gran parte, en la posibilidad de generar sanciones efectivas.

Lo que estamos proponiendo es un catálogo de delitos más amplio y efectivo, con mayores posibilidades de sancionar a los corruptos.

El tránsito hacia nuevos ordenamientos, se deriva de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción de 2015.

Hay que reconocer que esta reforma privilegió los consensos de los partidos y la sociedad civil.

Hoy los mexicanos exigen que los corruptos sean castigados de manera contundente, como verdaderamente lo merecen, no sólo por su traición al cargo, sino por la honestidad que deberían de haber ostentado hacia todo el país.

El contenido de esta iniciativa atiende de manera precisa las recomendaciones internacionales de las que México ha participado, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

En lo particular, debemos referir que en nuestro derecho positivo no contempla los delitos de corrupción, sino que sólo atiende los delitos cometidos por servidores públicos.

Los actos de corrupción en el servicio público son sancionados con un marco legal interpretativo y vulnerable; así encontramos que la Encuesta Nacional de Calidad Gubernamental 2013 realizada por el Inegi señala que se realizaron 7.4 millones de actos de corrupción en México, de los cuales únicamente se sancionaron a 12 mil funcionarios, de los cuales solo 140 de ellos llegaron a prisión.

Sí, en este mar de corrupción solo hubo 140 funcionarios sancionados con pena  corporal.

Esta cifra nos da claridad de que la expectativa del ciudadano no se está cumpliendo, toda vez que los corruptos, gozan de impunidad.

El objeto de esta iniciativa es inhibir que los servidores públicos o las personas, físicas o morales, cometan delitos de corrupción, y en caso de que lo hagan, tengan un tipo penal específico, mediante el cual puedan recibir una sanción adecuada a los delitos cometidos, con las consecuencias debidas.

Atendiendo a las razones que se exponen a partir de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrada en Mérida, se infiere que el delito establece una relación directa entre el sector público y el privado, o de manera específica entre varios individuos coludidos para un beneficio propio.

La propuesta considera que es un servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en cualquier área de la administración pública centralizada o de la Ciudad de México, organismos descentralizados, empresas de participación estatal, organizaciones y sociedades similares a estas como fideicomisos públicos, órganos constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión o los Poderes Judicial, Federal, Judicial de la Ciudad de México, o que manejen recursos económicos federales. Esto es un catálogo mucho más amplio.

A partir de esto se construye un catálogo de delitos que considera no solamente los delitos que están en el Código Penal Federal actual, considera el de las convenciones pero también las iniciativas ya presentadas en materia de responsabilidad de los servidores públicos de los tres partidos y también la Iniciativa Ciudadana.

No voy a describir todos delitos y las sanciones por la obviedad del tiempo, pero lo que sí podemos decir es que este catálogo es más amplio e incluyente.

La propuesta es parte del paquete de iniciativas del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que más allá del mandato constitucional creo que es un compromiso aprobarlo como una exigencia de la sociedad para que los corruptos sean verdaderamente castigados.

Quiero finalizar dando cuenta que en iniciativa la presento a nombre de los Senadores Barbosa Huerta, Encinas Rodríguez, Torres Peimbert, De la Peña Gómez, Rojas Hernández, Romero Hicks, Tagle Martínez, Padierna Luna, Robledo Aburto, Ríos Piter, Hernández Ruiz, Ortega Martínez, Ruffo Appel y Hermosillo y Celada, quienes estamos participando en esta dinámica de la construcción de leyes de combate a la corrupción.

Es muy importante que integremos esta materia del Código Penal Federal, toda vez que si no lo incluimos en el paquete anticorrupción, tendremos una legislación sin la posibilidad de sanciones efectivas.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Fernández Fuentes. Túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Tiene el uso de la palabra, desde su escaño, la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 7 y 11 de la Ley de Migración.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 7 Y 11 DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Presentada por la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Estamos solicitando se incluya en el artículo 7 que toda persona tenga derecho, conforme a las normas internacionales a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, especialmente en el caso de los niños, ya que no se les concede un debido proceso, sólo menos del 1 por ciento es escuchado, los demás son encarcelados.

Esto es grave, porque de acuerdo a las encuestas o a las pláticas que se han tenido con ellos, vienen huyendo de amenazas de sus países, y prácticamente la mitad de ellos podría tener acceso a las condiciones, a los criterios para poder solicitar protección internacional.

Por eso, creemos que ésta es una iniciativa muy importante.

Y nada más aquí a insistir, nosotros creemos que debemos ser parte del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, que en estos momentos está reunido, pero que tuvo a bien no invitarnos, a pesar de que hicimos el exhorto, presentamos un punto de Acuerdo, porque si se invita a la Cámara de Diputados, ¿por qué no a la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado? ¿Por qué no puede formar parte de este Consejo Consultivo? Creo que los quieren siempre a modo y no aceptaron nuestra insistencia de participar.

El señor Roque Villanueva está al frente, pues ni modo, nos llegó la “Roqueseñal”, esperemos que rectifiquen.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, Senadora integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, por el Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 76 fracción I de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8.1 fracción II, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República; presento a esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 7° Y 11 DE LA LEY DE MIGRACIÓN, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cada año, decenas de miles de niños viajan desde América Central a México, la mayoría procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras. Sin duda, muchos niños emigran sólo por razones económicas y no cumplen los requisitos para ser reconocidos como refugiados o recibir otras formas de protección internacional contra la devolución a sus países de origen; estos niños pueden ser devueltos a sus países de origen de una manera que cumpla con el derecho internacional y mexicano.

Sin embargo, los que huyen de amenazas contra su vida y seguridad constituyen casi la mitad de este grupo, y estos menores pueden cumplir con los criterios para poder solicitar protección internacional, ha estimado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Al igual que Edgar, muchos de los niños con los que hablamos nos dijeron que se marcharon para escapar de la violencia y la inseguridad generalizadas. Escuchamos testimonios de niños que salieron en busca de seguridad, con o sin sus padres u otros familiares, después de que ellos o sus familias fueran presionados para unirse a pandillas locales, amenazados con violencia sexual y explotación, secuestrados, sometidos a la extorsión, o tras sufrir violencia doméstica. En algunos casos, los niños se marcharon después de que sus abuelos u otras personas mayores a cargo de su cuidado murieran, o porque temían que no habría nadie que cuidara de ellos en sus países de origen cuando estos parientes muriesen.

Por ley, México ofrece protección a los refugiados, así como a otros que podrían afrontar amenazas contra su vida o su seguridad en caso de regresar a sus países de origen. Datos del gobierno mexicano sugieren, sin embargo, que menos del uno por ciento de los niños que son detenidos por las autoridades migratorias de México son reconocidos como refugiados o reciben otro tipo de protección formal en el país.

Las normas internacionales exigen una audiencia justa para cada solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.1 La evaluación de las solicitudes presentadas por niños requiere tomar en cuenta las bases específicamente infantiles para la protección internacional. En el contexto de América Central, esto incluye las maneras en que los niños son “blanco” de las pandillas. Los niños no acompañados o separados deberían recibir representación legal u otro tipo de asistencia a la hora de presentar una solicitud de asilo.

Los niños nunca deberían ser detenidos como medida de control migratorio; las normas internacionales urgen a los Estados a “poner fin rápida y completamente a la detención de los niños a causa de su situación migratoria”. El cumplimiento de esta norma no significa que México deba permitir que los niños no acompañados y separados deambulen libremente por el país; por el contrario, México tiene la obligación de proporcionarles protección y cuidados adecuados.

Sobre el papel, la ley y los procedimientos mexicanos reflejan, en muchos aspectos, las normas internacionales. Cuando los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), la agencia de inmigración de México, lidian con niños, los agentes de protección a la infancia del INM deberían evaluar sus potenciales necesidades de protección. Si bien la Ley de Migración de México requiere la detención de los inmigrantes adultos indocumentados, esa misma regulación exige que los niños sean transferidos a refugios operados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), encargados de la protección de los menores en México.

Además, según la legislación mexicana, cualquier funcionario del INM o del gobierno que reciba una solicitud verbal o por escrito de asilo de un migrante de cualquier edad debe remitirla a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la agencia de refugiados de México. Los niños y los adultos que no son detenidos por agentes del INM y que, en su lugar, presentan sus solicitudes de condición de refugiados directamente a la COMAR, no son detenidos mientras las peticiones estén pendientes. Los niños no acompañados, los menores y adultos que solicitan el reconocimiento de la condición de refugiado y los migrantes de cualquier edad que son víctimas de un delito grave en México también pueden solicitar al INM una visa humanitaria, un estatus que les permite vivir y trabajar en México durante un año y que puede renovarse indefinidamente.

Human Rights Watch llevó a cabo varias misiones de investigación en 2015 para examinar cómo México está aplicando su propia legislación y las normas internacionales en su trato a los migrantes procedentes de América Central, especialmente los niños.2

Nuestra investigación encontró grandes discrepancias entre la ley de México y la forma en que se aplica. Niños que podrían cumplir los criterios para recibir asilo afrontan múltiples obstáculos a la hora de presentar su solicitud desde el momento en que son detenidos por el INM. Tal y como nos aseguró un funcionario del ACNUR, “el mayor problema en México no es el procedimiento [de asilo] en sí, sino el acceso al procedimiento”.

El primer problema es que los agentes del INM no informan a los niños migrantes de su derecho a solicitar el reconocimiento como refugiados. Un estudio de 2014 del ACNUR, así como nuestras propias entrevistas y las investigaciones de grupos que trabajan con solicitantes de asilo y migrantes, incluyendo el Centro Fray Matías de Derechos Humanos, “La 72 y Sin Fronteras”, revelaron que dos tercios de los niños indocumentados centroamericanos en México no son informados por los agentes del INM de sus derechos. Como norma, estos oficiales tampoco informan a los niños de que pueden solicitar visas humanitarias, otra obligación de acuerdo con la ley mexicana.

El segundo es que las autoridades gubernamentales no evalúan adecuadamente a los niños migrantes para determinar si sus solicitudes de asilo son viables. Agentes del INM, incluidos los oficiales de protección a la infancia, rara vez cuestionan activamente a los niños acerca de sus razones para emigrar. Una adecuada evaluación de los niños migrantes revelaría que muchos cumplen criterios válidos para ser reconocidos como refugiados.

En tercer lugar, está la falta de asesoría jurídica y otro tipo de asistencia para la mayoría de los niños que solicitan el reconocimiento de su condición de refugiados, a menos que tengan la suerte de ser representados por una de las escasas organizaciones no gubernamentales que prestan asistencia jurídica a los solicitantes de asilo. Los procesos de resolución de las solicitudes no están diseñados en el interés superior de los niños y con frecuencia les resultan confusos.

Un cuarto obstáculo, tal vez el más desafiante, es la práctica de detener a todos los niños migrantes en condiciones carcelarias. A pesar de que la ley mexicana establece que los niños migrantes deben ser transferidos a refugios operados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y que sólo pueden ser detenidos bajo circunstancias excepcionales, la detención de los niños migrantes es la norma, de acuerdo con nuestras entrevistas y las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el ACNUR y distintas ONG.

En total, más de 35 mil niños estaban detenidos en centros de inmigración en 2015, más de la mitad de los cuales eran niños no acompañados. Incluso aquellos con la suerte de ser transferidos por los agentes del INM a centros del DIF experimentaron alguna forma de detención. En la mayoría de los centros del DIF los niños no asisten a las escuelas locales, no tienen visitas supervisadas a jardines infantiles, parques o iglesias, ni tienen ningún otro tipo de interacción con la comunidad. A menos que necesiten atención médica especializada, permanecen dentro de las cuatro paredes del refugio las 24 horas del día, siete días a la semana, durante el tiempo que dure su estancia.

La detención, nunca apropiada para los niños, es particularmente problemática para aquellos que quieren solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Los niños reportaron que los agentes del INM les dijeron que la simple solicitud de asilo resultaría en la prolongación de su detención, ya fuera en instalaciones administradas por el INM o en los centros del DIF, mientras sus casos eran evaluados. “Nos contaron sobre situaciones en que niños y padres decidieron no presentar una solicitud, o retirarla, porque no querían permanecer encerrados”. El ACNUR y otros grupos informaron sobre hallazgos similares.

Algunos niños permanecieron en centros de detención migratoria durante un mes o más, y aquellos que deciden ejercer su derecho a apelar las decisiones adversas en sus solicitudes de asilo pueden permanecer recluidos durante seis meses o más.

Estos problemas constituyen graves obstáculos para los niños que cumplen criterios válidos para ser reconocidos como refugiados. En los casos en que la presión indirecta sobre las personas es tan intensa que las lleva a creer que no tienen acceso al procedimiento de asilo y ninguna alternativa práctica que no sea volver a un país donde corren grave riesgo de ser perseguidas, o donde su vida y seguridad corren peligro, estos factores combinados pueden constituir una “devolución constructiva”, una práctica prohibida en virtud del derecho internacional.

Por otra parte, en los casos en que los niños son “blanco” de pandillas o tienen temores fundados de que sufrirán violencia u otros abusos de derechos humanos en sus países de origen, es casi seguro que su retorno no sea en su interés superior. Eso mismo es cierto en los casos en que los parientes en sus países de origen no pueden o no quieren cuidar de los niños. La devolución de niños, en estas circunstancias, incumple las obligaciones de México de proteger a los niños y asegurar que sus acciones persiguen su interés superior.

También vimos algunas buenas prácticas por parte de las autoridades mexicanas. En el norte de México, los niños no acompañados parecían ser rápida y rutinariamente alojados en refugios gestionados por el DIF, en lugar de centros de detención operados por el INM.

Los funcionarios del DIF en todos los centros de México que visitamos demostraron una sólida comprensión de la legislación sobre los derechos de los niños de México, y oímos hablar de casos en que habían identificado y transferido a niños con posibles necesidades de protección internacional a la COMAR. También nos contaron otras experiencias positivas con otros funcionarios mexicanos, como el caso en que un agente de policía llevó a una familia a un refugio para inmigrantes, otro en que un oficial prestó ayuda a un niño de 15 años que había sido abandonado por el guía al que había pagado para que le ayudara en su travesía por México, o el de un agente del INM que meticulosamente aconsejó a un joven de 17 años sobre su derecho a presentar una solicitud de asilo.

A pesar de que, desafortunadamente, estas experiencias no sean la norma para la mayoría de los niños que entran en contacto con los agentes del INM, estas excepciones demuestran que México es capaz de cumplir con sus obligaciones internacionales y las exigencias de sus propias leyes en lo relativo al trato de niños y adultos de América Central que huyen de la violencia en sus países de origen.

El apoyo del gobierno de Estados Unidos (EU) a la capacidad de México de aplicar medidas de control a la migración aumentó después de mediados de 2014, cuando empezó a llegar a EU un número sin precedentes de niños no acompañados y familias con niños desde América Central.

El Secretario de Seguridad Nacional de EU, Jeh Johnson, elogió al gobierno de México por tomar “medidas importantes para interceptar el flujo de migrantes ilegales procedentes de Centroamérica con destino a Estados Unidos”. Si el objetivo de la política estadounidense era “interceptar el flujo” transfiriendo las responsabilidades del control inmigratorio a las autoridades de México, tal y como sugieren las declaraciones del Secretario Johnson y otros funcionarios estadounidenses, tuvieron éxito durante el resto de 2014 y gran parte de 2015.

Las aprehensiones por parte de EU de niños no acompañados procedentes del “Triángulo Norte” disminuyeron durante este período, mientras que las detenciones por parte de México aumentaron, lo que sugiere que EU logró convencer a México para que asumiera un papel más activo en el control de la inmigración a lo largo de su frontera con Guatemala.3

CONSIDERACIONES

Considerando que el Estado mexicano, debe garantizar que los niños migrantes tengan un acceso efectivo a los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado, incluyendo la provisión de asesoría jurídica y otro tipo de asistencia adecuada en la preparación y la presentación de sus solicitudes;

Considerando que el Estado mexicano, debe ampliar la capacidad de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, incluyendo su activa presencia en la frontera sur;

Considerando que el Estado mexicano, tiene el derecho de controlar sus fronteras y detener a las personas que ingresan en el país de forma irregular, incluidos los niños. Sin embargo, los niños migrantes no deben en ningún caso permanecer en detención carcelaria;

Considerando que el Estado mexicano, debe hacer un mayor uso de las alternativas a la detención carcelarias ya previstas en la legislación mexicana, en particular, mediante la ampliación de la capacidad de los centros del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y otorgando discreción al sistema para colocar a niños no acompañados en las instalaciones más adecuadas, incluidas las instituciones abiertas o los centros comunitarios;

Considerando que el Estado mexicano, debe proporcionar protección y cuidados adecuados a los niños no acompañados y separados de varias maneras, ya sea colocando a los niños con familias o en centros de gestión pública o privada;

Considerando que encerrar a los niños en establecimientos penitenciarios viola las normas internacionales.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 7° Y 11 DE LA LEY DE MIGRACIÓN, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 7. La libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional tendrá las limitaciones establecidas en la Constitución, los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la presente Ley.

Toda persona tiene derecho conforme a las normas internacionales, a tener una audiencia justa, para solicitar su reconocimiento de la condición de refugiado.

Artículo 11. En cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el derecho al debido proceso, así como a presentar quejas en materia de derechos humanos, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables.

En los procedimientos aplicables a niñas, niños y adolescentes migrantes, se tendrá en cuenta su edad y se privilegiará el interés superior de los mismos.

Las niñas y niños nunca deben ser detenidos o permanecer en situación carcelaria como medida de control migratorio.

LEY DE MIGRACIÓN

DICE

DEBE DECIR

Ley de Migración

Artículo 7. La libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional tendrá las limitaciones establecidas en la Constitución, los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la presente Ley.

Artículo 11. En cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el derecho al debido proceso, así como a presentar quejas en materia de derechos humanos, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables.

En los procedimientos aplicables a niñas, niños y adolescentes migrantes, se tendrá en cuenta su edad y se privilegiará el interés superior de los mismos.

Ley de Migración

Artículo 7.

(…)

 

 

 

Toda persona tiene derecho, conforme a las normas internacionales, a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, mediante un proceso justo garantizando su derecho al debido proceso.  

Artículo 11.

(…)

 

 

 

Las niñas, niños y adolescentes nunca deben ser detenidos o permanecer en situación carcelaria como medida de control migratorio.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación;

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el Senado de la República, el 12 de abril de 2016.

Suscribe

Sen. Layda Sansores San Román.

1 ¿Quién es Refugiado?  De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, un refugiado es una persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él”.  http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/refugiados/quien-es-un-refugiado/

2 Entrevistamos a 61 niños migrantes, más de 100 adultos y representantes del ACNUR y otras organizaciones no gubernamentales. No pudimos reunirnos con altos funcionarios del departamento de aplicación y cumplimiento del INM, a pesar de múltiples solicitudes de entrevistas. Sin embargo, sí nos reunimos con funcionarios gubernamentales de la COMAR y el DIF, altos funcionarios del departamento de regularización del INM, así como con el funcionario del INM a cargo de la estación migratoria de la agencia en Acayucan, Veracruz.

3 Human Rights Watch, Informe “Puertas cerradas: El fracaso de México en la protección de niños refugiados y migrantes de América Central. https://www.hrw.org/es/node/287758/ (31 de marzo de 2016)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Sansores San Román. Túrnese la presente iniciativa a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, para presentar a nombre de propio y de las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, a nombre propio y de las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Presento el día de hoy, a nombre propio y de un grupo de compañeras, una iniciativa al artículo 44 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La violencia en contra de las mujeres y niñas es un hecho que ha caminado fuertemente y que las estadísticas reflejan cómo las estrategias que hemos implementado no han logrado eliminar y erradicar uno de los fenómenos que más ofende a nuestra sociedad. La violencia puede ser pública, privada, en cualquier ámbito lo padecen muchas mujeres.

El Inegi tiene datos muy reveladores en donde hablan acerca de la violencia que se ejerce en contra de las mujeres de 15 años en adelante, de 25 a 40, de 40 en adelante, pero todas tienen un común denominador que tiene que ver entre el 63 y el 70 por ciento de que las mujeres han referido a un acto violento en contra de sus vidas.

México ha adoptado mecanismos internacionales, ha hecho todo un marco jurídico más adecuado, hay estrategias, Decretos que el Ejecutivo Federal ha promovido como es el tema de que hoy la alerta de género no es letra muerta, aunque los resultados no son los que estamos esperando.

Las convenciones tanto de la CEDAW como la de “Belém Do Pará”, tienen un compromiso hacia nuestro país que tenemos que atender. Y hoy esta propuesta que presento a su consideración tiene que ver con que las medidas de protección que tienen a favor las mujeres no han sido totalmente eficaces.

Tenemos todavía en nuestra Comisión un debate muy fuerte acerca de las medidas de protección que requerimos para la seguridad y la vida libre de violencia de las mujeres.

Hoy estamos proponiendo, como lo ha hecho Estados Unidos con mucho éxito y España, un banco de datos, que tiene que ver con agresores de la violencia en contra de las mujeres. No se trata de violentar los datos personales de mujeres y hombres. Se trata de tener datos claros acerca de sentencias definitivas, y subrayo la expresión de sentencias definitivas, porque este banco tendrá una relación muy estrecha, muy conjunta con el Poder Judicial.

Se trata de que a partir de este banco de datos, de esta base de datos, podamos eliminar y revisar, tener a la mano, las y los agresores que podamos tener de violencia en contra de las mujeres, no solamente estamos hablando de la relación entre parejas, entre matrimonio, se puede dar, y hay datos muy interesantes acerca de la violencia que han ejercido algunas hijas e hijos sobre derechos sucesorios, o lo que tiene que ver con pensión alimenticia, no lo estamos encasillando solamente al tema de mujeres exactamente en una relación sentimental o laboral, sino que vamos más allá y consideramos muy pertinente poderlo alcanzar.

Por eso, ésta es la reforma a la fracción III del artículo 44 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia, y la propuesta es como sigue:

“Integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres; asimismo, coadyuvar con el Poder Judicial de la Federación y Poderes Judiciales de los estados, a fin de proporcionar información sobre agresores que tengan sentencia firme en casos de violencia contra las mujeres conforme a los tipos y modalidades previstas en la ley”.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora Gastélum Bajo. Túrnese a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Migración.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE MIGRACIÓN

(Presentada por la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Muchas gracias, señor Presidente.

El modelo que hoy presentamos está basado en una alerta de género creada debido a que Honduras, El Salvador y nuestro país están ubicados entre los 5 países de mayor crecimiento en la tasa de los feminicidios.

El 22 de agosto de 2010 México vivió una de las imágenes, en cuestión de masacres, más grandes dentro del territorio nacional, en un rancho ubicado en San Fernando, Tamaulipas, cerca de la frontera con Texas, fueron encontrados 72 migrantes asesinados, de los cuales 14 eran mujeres y 58 hombres de Centro y Sudamérica.

Esta noticia circuló por todo México e incluso llegó a darse a conocer en algunas partes del mundo como un hecho de gran magnitud y violencia, además de que México es paso de miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos que pueden pasar por lo mismo que pasaron esos 72 migrantes.

En los últimos meses hemos escuchado acerca de la crisis de migrantes que viven en Europa, fenómeno desatado que hemos visto en las imágenes desgarradoras y que han circulado en las noticias y en las redes sociales y hemos visto que en algunos Estados han dejado estar a miles de migrantes y refugiados. Pero también hemos observado cómo en otros países han cerrado sus fronteras y han rechazado y expulsado a millones de migrantes que buscan escapar de la guerra que se vive en su país.

Como Senado nos pronunciamos ante dicha crisis, mientras nuestros ojos se mantuvieron en Europa, en México la situación no ha mejorado.

Como es bien conocido y durante varias décadas México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes que buscan una mejor calidad de vida en México o en mayoría de los Estados Unidos, la mayor parte de estos migrantes son indocumentados que vienen de Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y de algunos países de Sudamérica. Esta ruta con el paso del tiempo se ha vuelto una de las vías más difíciles por las tienen que transitar, ya que el aumento de la violencia en nuestro país ha afectado también la forma considerable al migrante, ya sea documentado o indocumentado.

En los últimos años, el crimen organizado se vuelve uno de los principales peligros por los que puede cruzar un migrante en su camino hacia los Estados Unidos, ya que la ruta de las drogas casi siempre es la misma que han usado los migrantes durante muchas décadas, pues estas vías no son vigiladas por los agentes de seguridad del Estado.

Durante su viaje, los migrantes, están expuestos a los abusos de la policía, de agentes migratorios, militares, tratantes, traficantes de personas y bandas delictivas; en el mejor de los casos pueden ser detenidos y expulsados de regreso a su país, pero también pueden sufrir extorsión, golpes, violencia sexual, secuestros, víctimas de trata y de tráfico, y asesinatos.

Ante la reciente crisis en materia migratoria debido al aumento de la violencia en nuestro país, es por lo que considero necesario implementar acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia en contra de los migrantes, ya sea documentados o indocumentados. Servidores públicos estatales y federales deben de tomar medidas inmediatas para proteger a los migrantes de actos de violencia, incluyendo la provisión de un accionar policial efectivo en las áreas donde se sabe que los migrantes sufren extorsión y abusos físicos.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Senadora Guevara Espinoza, me permite.

Una solicitud, por favor, a todos los integrantes de este Senado, si son tan amables de poner atención a la exposición de esta iniciativa.

Y una amable y atenta solicitud. ¡Les damos la bienvenida!, a profesionales deportistas de la lucha libre, también al Senador Casillas Romero, si es tan amable de permitirnos seguir desarrollando esta sesión con el orden correspondiente.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett Díaz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Me adivinó usted el pensamiento, después de 10 minutos de estarle pidiendo la palabra. Hay que meter orden en este salón. Está hablando una Senadora de nuestra fracción.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Con todo gusto, Senador Bartlett Díaz.

Continúe con el uso de la palabra, Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza.

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Gracias, señor Presidente.

Tales medidas deben incrementar el acceso a los migrantes a la protección y la justicia. Es importante que los funcionarios se abstengan de criminalizar a las y los migrantes; al entrar en México sin permiso legal, los migrantes irregulares se vuelven invisibles, y el patrón de abusos que sufre este colectivo vulnerable a manos de los agentes de migración, queda oculto, debido a que el Estado no actúa con diligencia debida para prevenir y castigar los abusos.

En los últimos años, los controles migratorios en la frontera de los Estados Unidos se han recrudecido. El desvío de flujos migratorios a zonas más inseguras para evadir dichos controles y la contratación más frecuente de traficantes y tratantes de personas, pone en peligro de la vida de los migrantes indocumentados, especialmente la de los niños y las niñas que deciden cruzar la frontera sin compañía, los cuales pueden sufrir accidentes, asfixia, deshidratación o heridas graves; ser enganchados a redes del crimen organizado, ser sometidos a explotación sexual o laboral, sufrir maltrato por parte de las instancias encargadas del retorno en el momento de la repatriación o perder la vida en el momento del tránsito y cruce; además de los riesgos que enfrentan, interrumpen sus estudios regulares, lo cual frena las posibilidades de desarrollo y, por supuesto, no disfrutan de derechos básicos como el derecho a la alimentación, a la salud, a la vida familiar, entre otros.

Por lo tanto, quiero poner a consideración del Pleno de este Honorable Senado de la República, la propuesta de reforma a los artículos 18, 20, 27, 28, 30 y la adición de un Capítulo denominado: “De la alerta migratoria” a la Ley de Migración, cuyo objetivo fundamental es la de facultar a la Secretaría de Gobernación, para que pueda declarar acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia contra los migrantes en un territorio determinado, ya que sea ejercida por individuos o por la propia comunidad, denominada “Alerta Migratoria”, misma que garantiza la seguridad de las y los migrantes, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades que agravia sus derechos humanos.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Guevara Espinoza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: (Desde su escaño) ¿Me permite la palabra, señor Presidente?

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Sonido en el escaño del Senador Héctor David Flores Ávalos.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para preguntarle a la Senadora Guevara Espinoza, si me permite adherirme a su iniciativa.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Senadora Guevara Espinoza, ¿está usted de acuerdo?

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: (Desde su escaño) Con gusto, señor Senador.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: (Desde su escaño) Gracias, Senadora Guevara Espinoza.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Senadora Martínez Elizondo, ¿para el mismo efecto?

Sonido en el escaño de la Senadora Martínez Elizondo.

La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Igualmente, pedirle a la Senadora si me deja suscribir.

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: (Desde su escaño) Desde luego, Senadora Martínez Elizondo.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Claro que sí. Así han dado su anuencia a Servicios Parlamentarios para que tome nota. Muchas gracias.





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración     Pública Federal, para crear la Secretaría para la Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PARA CREAR LA SECRETARÍA PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia. Señoras y señores Senadores:

Hemos insistido, en diversas ocasiones, en la importancia de que pueda lograrse la inclusión en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal una instancia con funciones de autoridad que pueda dotar de todos los insumos políticos, las directrices que son necesarias para que podamos lograr que nuestro país resuelva todos los estragos que tenemos de un sistema patriarcal que ha llevado a la discriminación a las mujeres por su condición de género en su vida cotidiana, pero particularmente es importante enfatizar también en que no ha habido de manera puntual, perseverante, instalada, una política sistematizada, metodológica, que pueda impactar realmente a la resolución, a la eliminación, y yo diría de manera más puntual, a la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y contra las niñas.

México ha firmado prácticamente todos los tratados internacionales que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, además de otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, pero particularmente lo que hoy motiva la presentación de esta iniciativa con proyecto de Decreto, es precisamente lograr que el Instituto Nacional de las Mujeres deje de ser esta instancia normativa, como lo dice su ley, para que se transforme en la Secretaría para la Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres.

Ya hay tres entidades federativas que han transformado el Instituto Estatal de las  Mujeres en Secretarías inscritas en el gabinete de los gobiernos estatales, ahora  estamos sobreviviendo, por desgracia, de manera contumaz distintas situaciones de violencia contra las mujeres que indican que a pesar de que tengamos leyes   importantes en materia de derechos humanos de las mujeres, hay una cruenta violencia que también debe preocuparnos, no verlo de manera coyuntural cada uno de estos casos que hoy son conocidos desde las redes sociales, que han motivado inclusive que en el propio Senado de la República presentemos distintos puntos de Acuerdo para llamar la atención de las autoridades locales frente a distintos fenómenos que están inscritos, insisto, en algunas expresiones que violentan a las mujeres desde distintos derechos humanos.

De tal manera que hoy la iniciativa que presentamos, y esperemos que el gobierno de la República, y particularmente el Presidente de la República vea con buenos ojos esta reiteración de la importancia de que el Instituto Nacional de las Mujeres se transforme en una Secretaría con funciones de autoridad que pueda dotar realmente de políticas transversales desde la perspectiva de género con otras instancias, con otras Secretarías, con otros gobiernos locales y municipales para realmente tener políticas públicas, acciones gubernamentales que estén inscritas, insisto, en lograr la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres.

Lograr la implementación de las distintas leyes que hemos aprobado, que están en vigor, para que ahora lo asuman las instituciones, la administración pública y las haga plausibles, puedan impactar al trabajo cotidiano político que desde las instituciones deben sustentar la aplicación de estas leyes y, por supuesto, tengamos la posibilidad real de que empecemos a transformar en serio nuestras sociedades para que no existan estas diversas formas de discriminación que nos motivan cada día sí y el siguiente también, y el que viene igual, y que prácticamente estamos dando una respuesta, insisto, en la coyuntura a cada uno de estos hechos.

Hoy estamos simplemente tomando en consideración las recomendaciones del comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, que le insiste al Estado mexicano de que tome medidas profundas, serias, estructurales para que se pueda resolver la discriminación contra las mujeres y contra las niñas.

Termino señalando que esta preocupación simplemente la sustento en situaciones que hoy vemos de manera lamentable, jóvenes, algunos inclusive adolescentes, involucrados en hechos deleznables, señalados como posibles perpetradores de violación contra otras adolescentes, contra otras jóvenes, el problema no es menor, el problema es    mayúsculo y lo único que tenemos que hacer es revisar si están funcionando las instituciones que hemos creado, que en su momento fueron oportunas, que fueron necesarias, fueron un avance importante en este adelanto de las mujeres al que nos obligan los tratados internacionales, pero que hoy a todas luces observamos que se han quedado rezagadas.

De tal manera que de eso trata esta iniciativa que estamos poniendo a la consideración de ustedes para que sea turnada a las comisiones, y ojalá que hoy sí logremos pueda ser aprobado de manera afirmativa.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias por su atención.

Iniciativa

La suscrita, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA CREAR LA SECRETARÍA PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres es un principio general, un derecho de aceptación universal reconocido tanto en la legislación nacional como en diversos instrumentos internacionales. Este principio hace referencia a los derechos y responsabilidades que como seres humanos tenemos todas las personas e implica dar las mismas condiciones, trato y oportunidades a todas las personas sin distinción de origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La visión del desarrollo humano basada en la noción de capacidades requiere como primera condición la igualdad de oportunidades. Esto significa que la acción pública puede y debe garantizar que las personas tengan acceso a un conjunto equitativo de opciones de vida, sin importar las limitaciones individuales o del contexto y con ello la posibilidad de elegir con conocimiento y libertad.

En materia de derechos humanos, la igualdad no es un hecho sino un valor establecido ante el reconocimiento de la diversidad, valor que obliga al estado a tomar todas las medidas necesarias para eliminar todas las formas de discriminación. En otras palabras, la igualdad, desde la perspectiva de los derechos humanos, no es una mera declaración de un deseo, ni tampoco una constatación de un hecho real sino un derecho humano que el Estado debe reconocer, proteger y garantizar a a todas las personas

Para distinguir esta forma de entender la igualdad de la igualdad entendida como semejanza, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (COCEDAW) la denomina  igualdad sustantiva. Sin embargo, es importante tener presente que desde un marco de derechos humanos, la igualdad, con o sin apellidos, no es la exigencia de trato idéntico sino que es la que se logra con la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres a través de las acciones del Estado. La igualdad sustantiva se refiere precisamente a la igualdad en derechos, es decir,  no es otra cosa que la idéntica titularidad, protección y garantía de los mismos derechos fundamentales independientemente del hecho, e incluso precisamente por el hecho, de que las y los titulares somos entre sí diferentes.

El COCEDAW fue quien generó el concepto de igualdad sustantiva, en su Recomendación General N° 25 de 20041, hasta entonces, se habían usado conceptos como igualdad real, igualdad efectiva, igualdad de facto o igualdad de hecho y/o formales para referirse a la concreción de las disposiciones legales sobre la igualdad entre mujeres y hombres.

En opinión del COCEDAW un enfoque jurídico o programático puramente formal, no es suficiente para lograr la igualdad de hecho entre mujeres y hombres, que el Comité interpreta como igualdad sustantiva. Además, la Convención requiere que las mujeres tengas las mismas oportunidades desde un primer momento y que dispongan de un entorno que les permita conseguir la igualdad de resultados. No es suficiente reconocer a las mujeres un trato idéntico al de los hombres. También deben tenerse en cuenta las diferencias biológicas que hay entre las mujeres y los hombres y las diferencias que la sociedad y la cultura han creado.

En ciertas circunstancias será necesario que haya un trato no idéntico de mujeres y hombres para equilibrar esas diferencias. El logro del objetivo de la igualdad sustantiva también exige una estrategia eficaz encaminada a corregir la representación insuficiente de las mujeres y una redistribución de los recursos y el podersobre estos. La igualdad de resultados es la culminación lógica de la igualdad sustantiva o de facto. Estos resultados pueden ser de carácter cuantitativo o cualitativo, es decir que pueden manifestarse en que, en diferentes campos, las mujeres disfrutan de derechos en proporciones casi iguales que los hombres, en que tienen los mismos niveles de ingresos, en que hay igualdad en la adopción de decisiones y la influencia política y en que las mujeres viven libre de actos de violencia.”

Hoy en día es el principal desafío para la validez de los Derechos Humanos, ya que más de la mitad de la población no ha logrado el reconocimiento total de sus derechos, ni se han construido las condiciones jurídicas y materiales que permitan el ejercicio de los mismos, por lo que la igualdad entre mujeres y hombres, aunado a la igualdad de oportunidades son un imperativo ético y un mandato de ley en nuestro país.

Latinoamérica es la región en la que por primera vez en todo el mundo se adoptaron leyes para acelerar la igualdad de facto entre mujeres y hombres en la representación parlamentaria con la pionera ley de cupos en la Argentina en 1991.

En estos últimos veinte años, hemos sido testigas y testigos de la ampliación sostenida de derechos y libertades fundamentales de las mujeres; de la elaboración o modificación de constituciones que garantizan el principio de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres; de la adopción generalizada de leyes de igualdad y sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de todo tipo de violencia, incluyendo la violencia feminicida; de la institucionalización de mecanismos para el adelanto de las mujeres y de sistemas de coordinación interinstitucional para la formulación e implementación de políticas públicas sensibles al género en distintas esferas del desarrollo; de la creciente asignación de recursos públicos para promover la igualdad; y, de manera particular, hemos presenciado la adopción de medidas especiales de carácter temporal, también conocidas como acciones afirmativas o medidas de acción positiva, como las leyes de cuotas, para garantizar una mayor participación política de las mujeres, principalmente en los puestos de representación popular y de toma de decisiones.

En suma, podemos ver indicios de un tránsito desde las acciones afirmativas -en que la región fue pionera- hacia la democracia paritaria, entendiendo la paridad como “…uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las de las mujeres”, así se acordó en el Consenso de Quito, en el marco de la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en el 2007.2

Indudablemente, en la región ha habido una ampliación sin precedentes de los derechos de las mujeres y de la igualdad formal. Todos los países, sin excepción alguna, han ratificado a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), asumiendo el compromiso de garantizar que las mujeres participen, en igualdad de condiciones y oportunidades en las decisiones políticas, económicas, sociales y culturales. Concretamente, son compromisos para asegurar que las mujeres conozcan y ejerzan el derecho a votar y ser votadas, para que puedan co-decidir en todos los niveles acerca de cuestiones que les afectan, así como para erradicar la violencia en su contra, el analfabetismo, la falta de autonomía económica, el difícil acceso a sus derechos sexuales y reproductivos y la extensa vigencia del trabajo no remunerado, la pobreza y la inseguridad. El avance registrado fue progresivo y sostenido desde los años noventa. Varias de las medidas adoptadas han sido la clave para esta mejora en la presencia de mujeres en todos los espacios de poder público, tanto a nivel nacional como local; entre ellas, las medidas especiales de carácter temporal, como las cuotas, han sido centrales.

La igualdad sustantiva según lo indica la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en consonancia con lo que establece la CEDAW obliga a eliminar la discriminación que, por su condición de género, impide a las mujeres el goce de los mismos derechos y oportunidades.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003) define la discriminación como “toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, talla pequeña, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”.

El año 2011 se aprobó la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos que incorporó a nuestro sistema normativo los tratados internacionales suscritos y ratificados por el país, que equipara a los mismos a la norma constitucional. Conjuntamente, establece la obligatoriedad de parte de todas las y los servidores públicos a promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos.

La reforma constitucional en materia de Derechos Humanos representa un reto para la Administración Pública Federal, ya que es necesario tomar en cuenta para la construcción de la política pública y acciones los Derechos Humanos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, así como las observaciones formuladas por instancias internacionales a nuestro país con el fin de lograr el cumplimiento y la observancia de los Derechos Humanos en nuestro territorio para todas las personas.

En la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer se determinó que la tarea principal de los mecanismos para el adelanto de las mujeres es “prestar apoyo en la incorporación de la perspectiva de igualdad de géneros en todas las esferas de política y en todos los niveles de gobierno”. Para obtener un funcionamiento eficaz de éstos se recomiendan “mecanismos o procesos institucionales que agilicen, la planificación descentralizada, la aplicación y vigilancia”, así como capacidad de incidencia en las políticas de gobierno.

El COCEDAW encomia al Estado mexicano por el fortalecimiento del Instituto Nacional de las Mujeres como su mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres, aunque exhortó a poner énfasis en “la atención y promoción de la implementación y evaluación de las políticas en los tres niveles de gobierno existentes en el país”.

Los mecanismos para el adelanto de las mujeres, tienen por mandato impulsar la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas de estado. Como antecedentes en nuestro país encontramos:

El Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo dentro del Consejo Nacional de Población (CONAPO), creado en 1980, el cual planteó un conjunto de iniciativas específicas orientadas a promover el mejoramiento de la condición social de las mujeres.

Posteriormente, en el año de 1985 se instaló la Comisión Nacional de la Mujer (CONMUJER), a fin de coordinar las actividades y proyectos sectoriales en la materia; la Comisión preparó la participación de México en la Tercera Conferencia Mundial de la Mujer, en Nairobi, realizada en 1986.

Como respuesta a los compromisos asumidos en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, el Gobierno de México formula el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000 (PRONAM), como una instancia normativa y coordinadora de políticas en torno a las mujeres mexicanas, cuyo objetivo principal fue impulsar la formulación, el ordenamiento, la coordinación y el cumplimiento de los programas y acciones gubernamentales e incorporar a las diversas organizaciones sociales que trabajan con, por y para las mujeres.

En 1998 se crea la Coordinación General de la CONMUJER, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y responsable de instrumentar el PRONAM.

Con el propósito de contar con atribuciones claramente definidas, con disponibilidad de recursos suficientes y con la capacidad y competencia para influir en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas nacionales, la CONMUJER se transformó en el año 2001 en el Instituto Nacional de las Mujeres, creado desde la ley como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha aunque los avances en la institucionalización de la perspectiva de género en la Administración Pública Federal son importantes, resultan incipientes, y que no se cuenta con la implementación de acciones afirmativas, ni medidas de seguimiento y evaluación, en ese sentido, recomendó fortalecer los mecanismos públicos (institutos, comisiones, secretarías, coordinaciones) responsables de promover la equidad de género y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y trato y el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación activa en el país.

Si bien, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), ha venido trabajando por cerca de 15 años en la promoción y fomento de las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, aún las mujeres no logramos la igualdad sustantiva respecto a los hombres en nuestro país. Por ello, se considera indispensable elevar al INMUJERES al nivel de una Secretaría de Estado, a efecto de que se le considere en las instancias más altas de gobierno y dotarle así de autoridad y de recursos suficientes tanto humanos como presupuestales.

Ante este panorama es necesario cambiar la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de las Mujeres a una Secretaría para la Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres dotada de atribuciones para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión en la materia de igualdad de género; así como, con atribuciones específicas que permitan avanzar en la consecución de una política nacional de respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres.

La importancia de que el INMUJERES se transforme en una Secretaría radica primordialmente en la necesidad de que se consoliden los preceptos legislativos, con las acciones gubernamentales implementadas en el país para lograr la igualdad entre mujeres y hombres; a través de una entidad que cuente con las facultades necesarias para formular las políticas públicas gubernamentales para el desarrollo pleno de las mujeres durante todo su ciclo de vida; facilitarles su acceso en condiciones de igualdad al goce de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; y, para la erradicación de la discriminación y la violencia por condición de género.

España, Panamá, Chile, Argentina, Paraguay, Colombia, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Brasil, Cuba, República Dominicana, Costa Rica, son algunosde los Estados que cuentan ya, con una Secretaría o con un ministerio de la mujer. Es momento de que pasemos de la actividad normativa a la programática, dando atribuciones y facultades ejecutivas al órgano encargado de conducir la política de género en nuestro país para que tenga funciones de autoridad y se logre institucionalizar y tranversalizar la perspectiva de género en todas las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal.

En el caso de nuestro país, el pasado mes de diciembre de 2015, el Congreso del Estado de Michoacán aprobó el cambio de nombre de la Secretaría de la Mujer a la Secretaría de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, la cual tendrá el objetivo de diseñar y coordinar una amplia estrategia que combata las graves situaciones de desigualdad en ese Estado.

Por estas razones presento a la consideración de esta Honorable Soberanía la iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un noveno párrafo al artículo 26 recorriéndose los subsecuentes; se adiciona un artículo 32 Bis y se deroga la fracción XXV del artículo 27, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 26

Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

...

...

...

...

...

...

...

Secretaría para la Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos.

I, XXIV...;

XXV. Se deroga.

XXVI a XXXII...

Artículo 32 Bis. A la Secretaría para la Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Formular y definir políticas públicas gubernamentales para el desarrollo pleno de las mujeres durante todo su ciclo de vida; facilitarles su acceso en condiciones de igualdad al goce de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; y, para la erradicación de la discriminación y la violencia por condición de género;

II. Promover, proteger y difundir el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y de las niñas consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados en la materia de los cuales el Estado mexicano sea Parte;

III. Promover, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y de no discriminación contra las mujeres; igualdad entre mujeres y hombres; y, de erradicación de violencia contra las mujeres, procurando fomentar la participación de la sociedad;

IV. Dar seguimiento y evaluar la incorporación de la perspectiva de género y no discriminación en el Plan Nacional de Desarrollo, programación y presupuesto de egresos de la federación;

V. Vigilar y monitorear la incorporación de la perspectiva de género y no discriminación en las políticas públicas y en la elaboración de programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos; así como, en las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal. De igual manera, vigilar la incorporación de la perspectiva de género en el programa anual de cada Dependencia y Entidad de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal; así como, de los sectores en general vinculados con estos instrumentos, para la ejecución de sus programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos;

VI. Formular, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres y el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como evaluar periódica y sistemáticamente la ejecución de los mismos;

VII. Diseñar, elaborar, aplicar y evaluar los instrumentos de la política de igualdad entre mujeres y hombres, en el marco de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres; así como, coordinar el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

VIII. Establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades en los tres niveles de gobierno para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas que se establezcan en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres y el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

IX. Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en coordinación con las demás autoridades integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;

X. Presidir el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres;

XI. Formular las Normas Oficiales Mexicanas en materia de derechos de las mujeres e igualdad de género;

XII. Propiciar, participar y en su caso, evaluar en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la firma y cumplimiento de los instrumentos acordados en el ámbito internacional y regional, relacionados con los derechos humanos de las mujeres, la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres;

XIII. Difundir, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas con gobiernos o entidades de otros países o con organismos internacionales relacionados con los derechos humanos de las mujeres la igualdad de género y no violencia contra las mujeres;

XIV. Promover entre los tres Poderes de la Unión y la sociedad, acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población femenina y la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, en los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural;

XV. Establecer vínculos de colaboración con las Cámaras de Diputados y del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para impulsar acciones legislativas que garanticen el acceso equitativo y no discriminatorio al desarrollo, y la tutela de sus derechos humanos;

XVI. Establecer relaciones permanentes con las autoridades responsables de la procuración de justicia y de la seguridad pública de la Federación y Entidades Federativas, para proponer medidas de prevención contra cualquier forma de discriminación y violencia contra las mujeres;

XVII. Concertar y suscribir acuerdos de colaboración con organismos gubernamentales, no gubernamentales, públicos y privados, nacionales e internacionales y con la banca multilateral, para el desarrollo de proyectos que beneficien a las mujeres;

XVIII. Actuar como órgano rector para la capacitación y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y privado, en materia de igualdad de género; no discriminación y no violencia contra las mujeres, cuando así lo requieran;

XIX. Ejecutar y promover acciones para el reconocimiento y la visibilidad pública de las mujeres, así como, para la difusión a nivel nacional e internacional de las actividades que las benefician;

XX. Realizar y promover estudios e investigaciones para instrumentar un sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad;

XXI. Promover y administrar las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e instituciones públicas; organizaciones privadas y sociales; organismos internacionales y regionales; gobiernos de otros países y particulares interesados en apoyar el logro de la igualdad de género; así como, impulsar la cooperación nacional e internacional, para el apoyo financiero y técnico en la materia de igualdad de género, de conformidad con las disposiciones aplicables;

XXII. Emitir informes de evaluación periódica para dar cuenta de resultados en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres; del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y; del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;

XXIII. Establecer normas oficiales para el desarrollo de estadísticas de las   políticas públicas desagregadas por sexo y edad, en todas las entidades gubernamentales;

XXIV. Representar al Gobierno Federal en materia de derechos humanos de las mujeres, igualdad de género, no discriminación y erradicación de la violencia contra las mujeres ante los gobiernos estatales, municipales y de la Ciudad de México y sus delegaciones políticas, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales; y,

XXV. Las demás que le expresamente señalen leyes y reglamentos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se abroga la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2001. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley Orgánica de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un año contando a partir de la entrada en vigor del mismo.

TERCERO. El patrimonio y los recursos materiales con los que actualmente cuenta el Instituto Nacional de las Mujeres pasarán a formar parte del patrimonio de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer.

CUARTO. La Cámara de Diputados en cada uno de los ejercicios fiscales relativos destinará los recursos suficientes para el funcionamiento de la Secretaría en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

QUINTO. El personal del Instituto Nacional de las Mujeres que pase a formar parte del personal de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer, en ninguna forma resultará afectado en los derechos que haya adquirido, en virtud de su relación laboral con la Administración Pública Federal. Si por cualquier circunstancia algún grupo de trabajadoras o trabajadores resultare afectado con la aplicación de esta Ley, se dará intervención, previamente, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

SEXTO. Los asuntos y trámites administrativos que con motivo de este Decreto deban pasar del Instituto Nacional de las Mujeres a la Secretaría para la Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer, permanecerán en el último trámite que hubieren alcanzado.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 12 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Angélica de la Peña Gómez.

1 Recomendación General N° 25 (30° periodo de sesiones, 2004) sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, referente a medidas especiales de carácter temporal

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora De la Peña Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de deportistas y profesionales de la lucha libre, invitados por el Senador Jesús Casillas Romero. Destaco la presencia de los luchadores Brazo de Oro, Atlantis, Shocker, Blue Panther, Dragón Rojo, Hechicero, Último Guerrero, La Máscara, Hefesto, Rey Escorpión, Mephisto y Cráneo.

¡Sean ustedes bienvenidos a este recinto, y muchas felicidades!





 

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 81 de la Ley de Hidrocarburos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 81 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS

(Presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

El gas natural es el segundo energético más relevante del país, pues representa el 43.2 por ciento del consumo primario de energía. Es el energético más utilizado en la industria, que lo utiliza en 38.5 por ciento; en la generación de electricidad, que se le utiliza en un 80.3 por ciento, de ahí la enorme importancia de contar con un suministro suficiente, continuo y económico.

México es un gran productor de gas natural, pero el volumen extraído aún no alcanza para satisfacer la demanda y debe recurrir a las importaciones en un 40 por ciento. El precio del gas natural importado se ha orientado a la baja desde que se desplomaron los precios del petróleo.

El gas natural producido en México debe venderse al precio internacional, es decir, también debería de tender a la baja de acuerdo con las disposiciones también establecidas por la Comisión Reguladora de Energía.

La fórmula del precio toma como referencia la cotización observada en el sur de Estados Unidos, en Texas, y ese precio se emplea para fijar los precios de venta de primera mano que aplica Pemex, es un criterio que permite maximizar la contribución fiscal de Pemex a costa, ciertamente, de los consumidores.

El último día de 2015, en plenas vacaciones navideñas, la Comisión Reguladora de Energía decidió cambiar la metodología para determinar los precios máximos de venta de primera mano, y los nuevos precios comenzaron a aplicarse a partir de marzo de 2016.

En razón de este cambio de metodología, el precio del gas natural aumentó 27.2 por ciento al pasar de 35.61 pesos a 45.29 pesos por cada Gigajoule. La cotización en la denominada ciudad Pemex es muy importante porque se utiliza para fijar el precio del gas en la mayor parte del territorio nacional.

El precio en Reynosa, Tamaulipas, también interviene en la fórmula de precios porque allí es el principal punto de internación del gas importado. En ese estado fronterizo el gas se vendió en 42 pesos con 20 centavos por cada Gigajoule en marzo, cuando era de 37 pesos con 15 centavos en febrero, lo que significa un incremento de 13.2 por ciento.

Del otro lado de la frontera sólo aumentó 5 por ciento, aquí cabe preguntarse, ¿por qué esta inmensa diferencia entre uno y otro precio? Por una decisión que debe de ser explicada, sin duda alguna, por la Comisión Reguladora de Energía y por la Secretaría de Energía, dado que es un duro golpe a la economía de los industriales, de los comerciantes, los artesanos, los prestadores de servicios y, sobre todo, de los hogares que consumen este combustible.

Cuando aprobaron la reforma energética se prometió que el precio de todos los energéticos bajarían, pero ahora vemos que está ocurriendo lo contrario. Justo por la reforma energética los precios del sector están aumentando en el sureste del país, que ya subió el precio del gas natural en 30 por ciento. A pesar de la tendencia, el precio del gas importado es a la baja.

Rosanety Barrios, la titular de la Unidad de Políticas de Transformación Industrial de la Secretaría de Energía, dijo al periódico Reforma el 23 de marzo, que el aumento se debe a que ahora se le reconocen a Pemex los costos de transporte del gas importado, ya que antes no se le reconocían y por eso no se reflejaba en los precios al consumidor final.

Si estas afirmaciones son ciertas, entonces Pemex ha estado subsidiando a los consumidores desde hace años con cargo a las finanzas de la empresa.

Aquí vale preguntar, ¿quién autorizó estos subsidios durante tanto tiempo y por qué no figura en los estados financieros de la empresa? ¿Y cuánto dinero ha perdido Pemex en esta operación? ¿Y por qué la Comisión Reguladora de Energía le reconoce costos que antes no le reconocía? ¿Y por qué justo ahora?

Barrios, también dijo que el cambio de metodología incentivaría la creación de competidores de Pemex en la comercialización. Si esto es cierto, entonces vale la pena preguntar, ¿para quién trabaja la funcionaria de la Secretaría de Energía? Porque el Estado es quien le paga, pero ella sirve al sector privado.

Se trata entonces de obligar a Pemex a encarecer el gas para que sus competidores lo den más barato y vacíen de clientes a Pemex.

¿No es ésta una competencia desleal impuesta arbitrariamente por los funcionarios que a toda costa quieren quebrar a Pemex?

La Comisión Reguladora de Energía, por su lado, justifica el cambio de metodología por varios argumentos: Uno es que está aplicando el décimo transitorio de la Ley de Hidrocarburos que nosotros en esta iniciativa proponemos regularlo para que esto ya no ocurra.

Dice la CRE que ordena continuar sujetando las ventas de primera mano del gas natural, a los principios de regulación asimétrica. Dicho en términos llanos, manipular los precios, pero siempre en contra de Pemex: primero los suben para luego bajarlos y decir que la competencia funciona. Los suben para que Pemex no tenga clientes, pero los regulan o los bajan en una regulación asimétrica para que los clientes sean de las petroleras privadas.

Otro argumento es que la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, establece entre otras cosas, proteger los intereses de los usuarios.

La pregunta aquí es: ¿Con un aumento de 30 por ciento en los precios al gas natural, se está protegiendo el interés de los usuarios?

Otro argumento es que el nuevo marco legal y regulatorio emanado de la reforma energética, genera un cambio en la organización y en el funcionamiento de la industria del gas natural, que implica la necesidad de diseñar una nueva metodología de precios máximos de ventas de primera mano que contemple estos cambios.

Es decir, ¿los cambios en la organización y funcionamiento de la industria del gas natural derivan necesariamente en un aumento indiscriminado de precios?

La CRE considera necesario expedir esta nueva metodología argumentando varias cosas: la mayor participación de agentes económicos en el mercado del gas natural; que las ventas de primera mano del gas natural reflejen las condiciones del mercado competitivo y el costo de oportunidad; evitar que exista el arbitraje de precios entre las distintas zonas del país; incentivar la mayor producción nacional posible de gas, etcétera.

¿El encarecimiento del gas es una condición para que todo esto que dice la Comisión Reguladora de Energía ocurra?

Evidentemente que no, y luego dice en muchas palabrerías que se buscó un artilugio, en pocas palabras, para subir el precio del gas que vende Pemex, todo ello como medida asimétrica para favorecer a los privados, y que la Comisión Reguladora de Energía decidió elevar su estimación del costo de transporte en el sur de Estados Unidos, de 0.065 a 0.2505 dólares por millón por cada BTU. Es una fórmula donde equivale a un increíble aumento de 285 por ciento.

La Comisión Reguladora de Energía argumentó que el estimado anterior, este incremento de 285 por ciento que, ahora permite la nueva metodología, resulta del costo del transporte que incurría, antes incurría Pemex Gas Petroquímica Básica en 2013, pero que ya no era adecuado, y que este nuevo precio estimado por la CRE, reflejaba mejor la contratación y utilización eficiente, lo digo entre comillas, del uso del transporte y que por eso se incrementa en un 285 por ciento, lo cual es ilógico, absurdo y también insostenible técnicamente.

Que la nueva metodología es aplicable únicamente a Pemex, ya que la CRE emitió otra metodología a los privados, o sea que las empresas privadas que se dediquen a importar gas natural, podrán vender el gas natural al precio que les plazca y la Comisión Reguladora de Energía está estimando que lo van a bajar para que ellos tengan más clientes, lo cual nada lo asegura.

Y al contrario, los privados pueden poner el precio que les plazca y seguramente va a ser más alto para obtener mayor ganancia, porque al final de cuentas están controlados por la Secretaría de Energía y la CRE, los precios que pueda dar Pemex.

Por ello es importante y explicable que los industriales estén analizando ampararse contra este precio abusivo y la gente que usa el gas natural, porque una cosa son las petroleras y otra cosa es toda la industria que utilice el gas natural como un insumo, y le están aumentando el precio del gas y es correcto que los industriales estén acudiendo a este amparo.

Nosotros aquí en el Senado, por otra parte, a la gente del consumo domiciliario que también se está viendo afectada por este incremento del gas natural, les proponemos ampararse.

Y aquí nosotros vamos a tener a disposición de público, a los abogados expertos en amparos para que no aplique esta insensata regulación de la Comisión Reguladora de Energía, pero estamos proponiendo una reforma al artículo 81 de la Ley de Hidrocarburos para establecer la obligación de la Comisión Reguladora de Energía, a entregar al Congreso de la Unión un informe detallado en el cual pueda fundamentar las decisiones, explicando elementos técnicos y jurídicos que toma en cuenta.

También establecer la obligación de la CRE, que realice los análisis de impacto sobre los entes regulados y la población en general de cada decisión que ella tome, y transparentar mediante la publicación de su sitio de Internet todo un informe y un análisis del impacto, principalmente en las modificaciones que proponemos a la Ley de Hidrocarburos.

Es cuanto, muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora Padierna Luna. Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Apartado C al artículo 123 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN APARTADO C AL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La iniciativa que vengo a poner a su consideración tiene como objetivo establecer en el artículo 123 de nuestra Carta Magna, el supuesto de “Emergencia Laboral”, situación que debe de ser declarada por el Congreso de la Unión, cuando los indicadores oficiales muestren que en un periodo consecutivo de 18 meses, la economía no genera empleo suficiente y de calidad para satisfacer la demanda de nuestra población.

De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, toda persona tiene derecho al trabajo, pues se trata de un derecho humano que es base para la realización de otros derechos y para acceder a una vida digna, por ende, los estados tienen la obligación de garantizar a la sociedad la oportunidad de elegir y aceptar libremente un trabajo, en condiciones equitativas y satisfactorias.

Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 123 de nuestra Constitución, sin embargo, tiene la particularidad de referirse únicamente al trabajo asalariado en donde media un contrato.

La Organización Mundial del Trabajo, ha señalado que en los últimos años a nivel mundial, existen signos de debilidad y bajo crecimiento económico, situación que ha llevado a una desaceleración de la economía, en consecuencia, al aumento en las tasas de desempleo.

Distintos organismos internaciones calculan que al término del presente año en nuestro país, habrá 2.4 millones de personas desempleadas y se estima que en el 2017 esta cifra no disminuirá, sino que se mantendrá a la alza.

Esta situación llevaría la tasa de desempleo para 2016 a 4.1 por ciento, mientras que para 2017, oscilaría en un 4 por ciento.

A esto debemos sumar que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, nuestro país se ubicó entre los que han reportado mayor incremento en la tasa de desempleo, en contraste con la baja de la mayoría de países que integran dicho organismo.

Hacia 2015, la tasa de desempleo en nuestro país fue de 4.4 por ciento, situación que no refleja una realidad que viven todos los días nuestros ciudadanos y que coincide con la opinión de la OCDE, en el sentido de que durante los últimos dos años nuestro país se encuentra con niveles al alza en cuestión de desempleo.

Esta situación y la precariedad en la contratación laboral son elementos que forman parte de un escenario poco alentador que cada día se vive en nuestro país, y que muchas veces llega a ser simulado bajo un discurso que muestra un desempeño del mercado laboral alejado de la realidad.

Es necesario que los principios fundamentales del derecho del trabajo se preserven porque constituyen cimientos a la estructura que sostiene y promueve la justicia social.

En opinión del Banco Mundial, el complejo entorno económico y la globalización de las políticas monetaria y fiscal, han creado un escenario en donde 205 millones de personas a nivel mundial están oficialmente desempleadas; situación que nos da una problemática que pareciera no tener fin, debido a que los responsables de las políticas no están seguros de cómo crear puestos de trabajo y mucho menos que estos sean suficientes y de calidad.

El Banco de México anticipó que para este año la cantidad de nuevos empleos no cubrirá el millón 200 mil personas que cada año se incorporan al mercado laboral.

Se calcula que apenas una de cada dos mexicanas que requieran encontrar un empleo, podrán obtenerlo, obligando a muchas personas a laborar en el sector informal.

Un Estado que asume el derecho al trabajo en su marco constitucional debe velar por la generación de empleos, particularmente cuando la economía se encuentra en sus peores momentos.

Es inconcebible que un Estado no asuma esta tarea, pues se trata del ingreso de millones de familias, justificar la pérdida del empleo para la viabilidad de una política fiscal es condenar a una parte importante de nuestra población a quedar desprotegida y sin sustento alguno.

Desde 1917 nuestro país fue ejemplo de justicia social, nuestra Constitución dio la pauta a la creación de una legislación más progresista y completa en materia laboral, donde las viejas estructuras fueron renovadas para establecer las bases en donde se impondría al Estado la responsabilidad de cuidar la condición justa y libre de los hombres frente a la economía y el capital.

Estos principios que incluyen la estabilidad y continuidad en el trabajo reduciendo al mínimo los riesgos del trabajador a quedar sin empleo o ser despedido injustificadamente deben adaptarse a la nueva realidad que vivimos como sociedad.

Con la presente iniciativa se propone la declaración de la emergencia en materia laboral, lo que llevaría a la prohibición de despidos y cesantías sin causa tanto en el sector público como en el privado. Con esto buscamos proteger el trabajo en sus diversas formas, para lo cual se adoptan un conjunto de políticas que operarán durante un periodo determinado.

Esta iniciativa es una salvaguarda de excepción en beneficio de los trabajadores, sujeto que merece debida y especial tutela por parte del derecho del trabajo, así como el más amplio y profundo respaldo por parte de nosotros como sus representantes.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN APARTADO C AL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Iniciativa tiene como objetivo establecer en el artículo 123 de nuestra Carta Magna, el supuesto de “Emergencia Laboral”, situación que debe ser declarada por el Congreso de la Unión cuando los indicadores oficiales muestren que en un periodo consecutivo de 18 meses, la economía no genera empleo suficiente y de calidad para satisfacer la demanda de nuestra población.

De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, toda persona tiene derecho al trabajo pues se trata de un derecho humano que es base para la realización de otros derechos y para una vida digna; los Estados tienen la obligación de garantizar a la sociedad la oportunidad de ganarse la vida por medio del trabajo libremente elegido y aceptado, bajo condiciones equitativas y satisfactorias.

En nuestra Constitución este derecho se encuentra establecido en el artículo 123, y tiene la particularidad de referirse al trabajo asalariado, en donde media un contrato que, entre otras cosas, establece prestaciones y condiciones laborales.

Pese a este respaldo jurídico, la Organización Mundial del Trabajo, ha señalado que a nivel mundial existen signos de debilidad y bajo crecimiento económico, situación que lleva a una desaceleración de la economía a nivel mundial, lo que lleva sin equívoco al aumento en las tasas de desempleo.

Se calcula que al término del presente año, en nuestro país existan 2.4 millones de desempleados, sin que exista una disminución en el 2017 pues se calcula que para ese año se mantengan al alza dichas cifras. Esta situación llevaría la tasa de desempleo para 2016 en un 4.1 por ciento, mientras que para 2017 oscilaría en un 4 por ciento.

A esto debemos sumar que, de acuerdo con la OCDE, nuestro país se ubicó entre los que han reportado mayor incremento en la tasa de desempleo, en contraste con la baja de la mayoría de países integrantes del organismo.

En 2015 la tasa de desempleo en nuestro país fue de 4.4 por ciento, situación que no refleja una realidad que viven todos los días nuestros ciudadanos y que coincide con la opinión de la OCDE en el sentido de que durante los últimos dos años nuestro país se encuentra con niveles al alza en cuestión de desempleo.

Esta situación y la precariedad en la contratación laboral son elementos que forman parte de un escenario poco alentador que cada día se vive nuestro país, y que muchas veces llega a ser simulado bajo un discurso que muestra un desempeño del mercado laboral alejado de la realidad.

Es necesario que los principios fundamentales del derecho del trabajo se preserven porque constituyen cimientos a la estructura que sostiene y promueve la justicia social.

En opinión del Banco Mundial, el complejo entorno económico y la globalización de las políticas monetaria y fiscal han creado un escenario donde 205 millones de personas a nivel mundial están oficialmente desempleadas, situación que no da una problemática que pareciera no tener fin, debido a que los responsables de las políticas no están seguros de cómo crear puestos de trabajo y mucho menos, que estos sean suficientes y de calidad.

El Banco de México anticipó que para este año, la cantidad de nuevos empleos no cubrirá al millón 200 mil personas que cada año se incorporan al mercado laboral; se calcula que apenas 1 de cada 2 mexicanos que requerirán encontrar un empleo podrán obtenerlo, obligando a muchas personas a laborar en el sector informal.

La Organización Internacional del Trabajo, en el informe “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo- Tendencias 2016” señaló que el entorno global es complicado en el mundo del trabajo, sobre todo para las economías emergentes, resultado de la crisis financiera mundial, la volatilidad de los flujos de capital, las persistente disfunción de los mercados y la insuficiente demanda mundial, situación que afecta a las empresas y desincentivan las inversiones, dando lugar a la ocupación temporal o informal, creando a su vez, un enorme reto a atender para conseguir el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Un Estado que tiene incorporado el derecho al trabajo en su marco constitucional debe garantizarla generación de empleos, muy particularmente cuando la economía se encuentra en sus peores momentos. Es inconcebible no asumir esta tarea, pues se trata del ingreso de millones de familias; justificar la pérdida del empleo para la viabilidad de una política fiscal es condenar a una parte importante de nuestra población a quedar desprotegida y sin sustento alguno.

Desde 1917, nuestro país fue ejemplo de justicia social, la Revolución Mexicana dio la pauta a la creación de una legislación más progresista y completa del mundo en materia laboral, donde las viejas estructuras fueron renovadas para establecer las bases en donde se impondría al Estado la responsabilidad de cuidar la condición justa y libre de los hombres frente a la economía y el capital.

Entre los principios que se establecieron, quedaron asentados, entre otros, el de estabilidad y continuidad en el trabajo, con el fin de asegurar y proteger jurídicamente la permanencia y continuidad del vínculo laboral, reduciendo el riesgo al trabajador de quedar sin empleo o ser despedido injustificadamente.

Tras varias décadas, debemos aterrizar estos preceptos a una nueva realidad, es urgente atender esta problemática que difícilmente cambiará sino se ejecutan y articulan las políticas necesarias para garantizar este derecho fundamental.

Por medio de esta iniciativa se propone la declaración de la emergencia en materia laboral y la prohibición de despidos y cesantías sin causa, tanto en el sector público como en el privado. El objetivo que persigue la iniciativa es la protección del trabajo en sus diversas formas para lo cual se adoptan un conjunto de medidas legales que operarán durante un período determinado.

La adopción de medidas como las propuestas en esta iniciativa, se erigen en una salvaguarda de excepción en beneficio de los trabajadores, el sujeto por excelencia que merece debida y especial tutela por parte del Derecho del Trabajo así como el más amplio y profundo respaldo por parte de los representantes del pueblo.

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS

TEXTO VIGENTE
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PROPUESTA DE ADICIÓN

Artículo 123.Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. (…)

I. hasta XXXI. (…)

B. (…)

I. hasta XIV. (…)

Artículo 123.Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. (…)

I. hasta XXXI. (…)

B. (…)

I. hasta XIV. (…)

C. Cuando, de acuerdo con los indicadores oficiales, la economía del país se encuentre en una situación en la que su desempeño no satisfaga la demanda de empleo de la población, el Congreso de la Unión llevará a cabo la declaratoria de “Emergencia Laboral”, situación en la que se desarrollarán políticas y acciones destinadas a la superación de dicha condición, mismas que observarán, al menos lo siguiente:

I. Se suspenderán los despidos y cesiones de contratos tanto en el sector público como en el privado, durante un periodo de 18 meses a partir de la declaratoria,

II. Se dará preferencia al impulso del empleo para jóvenes profesionistas,

III. Establecimiento de un régimen universal de Seguro de Desempleo, cuya cuantía no podrá ser inferior al doble del monto de la Línea de Bienestar Mínimo del mes en curso, conforme a lo calculado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 

III. Se establecerá un régimen especial de sanciones a aquellos empleadores que incumplan el acuerdo de despido sin causa imputable a los mismos,

IV. La suspensión de esta declaratoria únicamente podrá llevarse a cabo tras una amplia consulta con Entidades Gubernamentales, Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresarios y Académicos, en donde se determine que dicha situación ha quedado superada conforme una evaluación de impacto entre la población.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se ADICIONA un apartado C a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la forma siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. (…)

I. hasta XXXI. (…)

B. (…)

I. hasta XIV. (…)

C. Cuando, de acuerdo con los indicadores oficiales, la economía del país se encuentre en una situación en la que su desempeño no satisfaga la demanda de empleo de la población, el Congreso de la Unión llevará a cabo la declaratoria de “Emergencia Laboral”, situación en la que se desarrollarán políticas y acciones destinadas a la superación de dicha condición, mismas que observarán, al menos lo siguiente:

I. Se suspenderán los despidos y cesiones de contratos tanto en el sector público como en el privado, durante un periodo de 18 meses a partir de la declaratoria,

II. Se dará preferencia al impulso del empleo para jóvenes profesionistas,

III. Establecimiento de un régimen universal de Seguro de Desempleo, cuya cuantía no podrá ser inferior al doble del monto de la Línea de Bienestar Mínimo del mes en curso, conforme a lo calculado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 

III. Se establecerá un régimen especial de sanciones a aquellos empleadores que incumplan el acuerdo de despido sin causa imputable a los mismos,

IV. La suspensión de esta declaratoria únicamente podrá llevarse a cabo tras una amplia consulta con Entidades Gubernamentales, Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresarios y Académicos, en donde se determine que dicha situación ha quedado superada conforme una evaluación de impacto entre la población.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 12 de abril de 2016.

Suscribe

Sen. María de los Ángeles Verónica González Rodríguez.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora González Rodríguez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a alumnos y profesores de la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca, invitados por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.

¡Sean ustedes bienvenidos!





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

(Presentada por la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez)

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señor Presidente.

29 de enero de 2015. La precandidata a la diputación federal por el Partido Acción Nacional en Morelos, Gabriela Pérez Cano, sufrió un ataque en su domicilio. Durante el hecho los agresores se llevaron objetos de valor y documentos importantes, además dejaron el mensaje “abandona la candidatura”, a través de la agresión a su hijo de 14 años.

8 de marzo de 2015. El Instituto Nacional de las Mujeres se suma a la indignación que provocó el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, cuando el 8 de marzo “Día Internacional de las Mujeres”, manifestó que, las mujeres, -cito- “Están rebuenas todas para cuidar niños, atender la casa para cuando uno llega”.

10 de marzo del 2015. En la máxima expresión de violencia política, la precandidata del PRD, Aída Nava, fue hallada decapitada en las inmediaciones del poblado de Tecoanapa, un día después de haber sido secuestrada durante un acto político.

30 de abril de 2015. Aparecen mantas en Hermosillo, Sonora, con la frase: “Las mujeres como las escopetas, cargadas y en un rincón”, en alusión a la participación de las mujeres en la política.

12 de mayo de 2015. La candidata a la alcaldía de Ecatepec por el Partido del Trabajo, Jessica Salazar, denunció que ha sido víctima de agresiones y amenazas, y que tuvo un intento de secuestro el 11 de mayo en la colonia Alboradas de Aragón.

13 de mayo de 2015. La candidata a Diputada por el Partido de la Revolución Democrática en Guerrero, Silvia Romero Suárez, quien fue secuestrada el día 12 de mayo por la tarde, fue liberada por sus captores un día después. Ella se encontraba en campaña electoral por municipios de Arcelia y Tlapehuala cuando fue interceptada.

14 de mayo de 2015. Condenan el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de las Mujeres el secuestro que sufrió la candidata a Diputada por el PRD en el estado de Guerrero, Silvia Romero. También denunciaron que la violencia de género es una práctica que se está llevando en nuestro país.

19 de mayo de 2015. Denuncian la agresión que sufrieron dos brigadistas del equipo de campaña de la candidata a la presidencia municipal de Cuernavaca, Maricela Velázquez Sánchez, los cuales fueron detenidos y golpeados por policías del mando único cuando repartían propaganda electoral.

11 de julio de 2015. La candidata del Partido Acción Nacional a la alcaldía del municipio de Reforma, en el estado de Chiapas, Yesenia Alamilla Vicente, fue interceptada, detenida y golpeada por un grupo de encapuchados cuando se dirigía a la vecina entidad de Tabasco. Los agresores le dijeron que la golpiza era un mensaje del candidato del Partido Verde, Herminio Valdez Castillo.

24 de julio de 2015. Una candidata del Partido Acción Nacional en el estado de Chiapas, denunció que fue víctima de violación sexual el día 27 de junio en su casa en el municipio de Reforma. Compañeras afirmaron que fue agredida por participar en las elecciones, ya que su agresor lo dijo: “Esto le pasa por estar en la planilla”.

2 de enero de 2016. La presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota, fue asesinada en su domicilio un día después de haber asumido el cargo.

25 de febrero de 2016. Amenazan a precandidata del PAN a la alcaldía de Aguascalientes, Hilda Medina Macías, y dejan en la puerta de su casa una corona de muerto.

Estos son ejemplos de lo que les sucede a las mujeres en la política, no importa el partido, no importa la localidad, es una situación por la que hoy en día las mujeres que estamos en la política estamos viviendo.

Y en el Senado de la República tenemos dos años sin avanzar en la dictaminación que por fin tipifique el acoso y la violencia política en razón de género.

Algo estamos haciendo mal.

El objetivo de la presente iniciativa es colocar en la picota pública la violencia política contra las mujeres como un fenómeno que viven al acceder y ejercer sus derechos políticos, exponiendo las prácticas enraizadas y prevalecientes que en torno al género se traducen en interseccionalidad, reforzando comportamientos sociales y políticos discriminatorios que debilitan nuestra democracia.

No omito manifestar que en materia de violencia política se han realizado múltiples aportes durante la LXII y LXIII Legislatura en el Senado de la República.

Entre otros, se encuentran las iniciativas presentadas por las Senadoras Lucero Saldaña, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Adriana Dávila Fernández, Martha Elena García Gómez, Angélica de la Peña Gómez, María del Pilar Ortega Martínez y Marcela Torres Peimbert.

Al tiempo, en la Colegisladora, las Diputadas Arlet Mólgora Glover y Maricela Contreras Julián, integrantes de la presente legislatura, se han sumado a dicha problemática.

Segura estoy que cada una de las propuestas presentadas enriquecerán y perfeccionarán los ordenamientos jurídicos que hagan efectiva la participación de las mujeres en la vida política sin violencia, en el entendido que derechos humanos y democracia van de la mano.

La presencia de las mujeres es indispensable para fortalecer nuestra democracia, de no ser así, estamos creando un sistema artificial, de anomia, y con ello un Estado fallido.

La política constituye uno de los ámbitos sustantivos en el que se expresa la situación de desigualdad entre mujeres y hombres, sus dispositivos y estructuras restringen el derecho de las mujeres para acceder y participar de la misma manera que los hombres en los espacios de toma de decisiones y en general en todos aquellos ámbitos clave de poder, determinantes en la definición del interés colectivo de la sociedad.

Así, la desigualdad de género es uno de los grandes dilemas de la democracia mexicana, que no sólo afecta a las mujeres sino a la sociedad en su conjunto, toda vez que la democracia implica inclusión, la ciudadanía hace posible que las personas se conviertan en sujetos políticos, actores en la vida pública, participando en los espacios de la toma de decisiones y claves del poder que determinan el interés público, al tiempo que guarda un vínculo con los derechos reconocidos por el Estado y su ejercicio, por lo que el déficit de la presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones públicas da cuenta de una inminente crisis de representación y con ello de legitimidad en nuestro sistema político, y es preciso recalcar acá, que efectivamente las mujeres hemos logrado acceder a los espacios de representación, particularmente en el ámbito legislativo.

Falta mucho qué decir por el Poder Ejecutivo y el Judicial, pero se trata también de que las mujeres podamos acceder a la toma de decisiones ejerciendo plenamente nuestros derechos en una vida libre de violencia y aportando desde nuestra visión, lo que corresponde a la democracia en México.

La lucha por el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres ha visibilizado la discriminación estructural que se encuentra enquistada en las instituciones y la cultura política.

Por ello, compañeras y compañeros Senadores, es que esta mañana presento esta iniciativa, que entre otras cuestiones, retoma todas las buenas prácticas propuestas por el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres que recientemente presentaron en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas.

En el Ejecutivo están haciendo su trabajo para atender la violencia política contra las mujeres.

Les pregunto si debemos esperar más para que el Legislativo haga lo propio.

Muchas gracias.

Iniciativa

La Suscrita, MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La violencia se ha abordado desde diferentes disciplinas científicas, en Ciencia Política, implica realizar un vasto derrotero entre la conformación del Estado, la teoría del mismo y del poder.

De acuerdo al filósofo Thomas Hobbes, en su obra El Leviatan (1651), el Estado surge de la necesidad de un poder superior al de los hombres que viven en el llamado “estado de naturaleza”, cada hombre es el encargado de velar por su seguridad, y ante esta necesidad de contar con un poder que ordene la convivencia humana y que les proporcione el ansiado sentimiento de seguridad, los hombres  renuncian a su poder individual para concentrarlo en un solo ente.

Así, el Estado nace cuando cada hombre en un contrato no determinado otorga a este ente llamado Estado, el uso de la violencia, reservando en todo momento la facultad para reclamarlo cuando el Estado fracase en su misión primordial.

Sin embargo, una de las principales afirmaciones de Hobbes es el reconocimiento de la capacidad de los seres humanos de identificar sus propios límites y dar origen a un sistema de poder, que impedirá que por medio de la fuerza el Estado de naturaleza continúe imponiéndose.

Por su parte Max Weber define en El Político y el Científico (1918): “El Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el territorio es un elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima”.

Tanto Thomas Hobbes y Max Weber, filósofos de distintas corrientes de pensamiento y en diferentes etapas de la historia, aluden a la violencia en la conformación de Estado, ya sea como un elemento del estado de naturaleza que atenta contra la convivencia pacífica y armónica de la comunidad o como un elemento que solo el Estado es capaz de monopolizar.

Para aterrizar la idea sobre el concepto de violencia, la filósofa Hanna Arendt en su obra intitulada “Sobre la Violencia” (1963), hace un análisis sobre el papel predominante que la violencia ha tenido en cada uno de los acontecimientos que han marcado a la humanidad. Arendt la define de la siguiente manera:

“La violencia no es sino la más flagrante manifestación de poder. Toda la política es una lucha por el poder; el último género de poder es la violencia1

Por su parte el filósofo francés Michel Foucault2, en su teoría sobre el poder, ubica al género como un dispositivo de este que opera produciendo desigualdades; a esto podemos añadir lo que Hanna Arendt cita en torno a la violencia en el terreno político donde liga al poder con esta:

Poder, corresponde a la capacidad humana, no simplemente para actuar, sino para actuar concertadamente. El poder no es propiedad de un individuo; pertenece a un grupo y sigue existiendo mientras que el grupo se mantenga unido”.

Así más allá de ser una ecuación violencia y poder, podemos hablar como un binomio que ha prevalecido desde los inicios de la acepción del Estado y que desde sus orígenes ha estado monopolizado por una elite androcentrista.

Así Foucault ve al género como dispositivo de poder que realiza la producción y regulación de las relaciones de poder entre varones y mujeres, aunque el poder esté en todas partes, el dispositivo de género opera, de maneras distintas, subordinando las mujeres.

Esta teoría del poder se contrapone a la visión androcentrista que permaneció desde el origen del Estado, pero que se agudizó en la constitución del Estado surgido de la Ilustración,3 el movimiento político‐filosófico desarrollado en el siglo XVIII a través del cual se reconocieron como atributos exclusivamente masculinos la razón, la igualdad, la individualidad y la autonomía de los sujetos (Sánchez, en Beltrán y Maquieira, 2001:17).

Según la teoría de género este período es una de las raíces de la desigualdad en la participación política de las mujeres. Así, el proyecto ilustrado no permitió la inclusión de las mujeres en el pacto social, de tal manera que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) reafirmó la exclusión de las mujeres como titulares de derechos, negándoles la categoría de ciudadanas y, por ende, los derechos inherentes a dicha condición.

La filosofía de la Ilustración puso en entredicho la calidad de humanas de las mujeres, toda vez que sus planteamientos expresaban que su “minoría moral” les impedía formar parte de la ciudadanía y, por tanto, ser sujetas de derechos y deberes jurídicos y políticos4 (Canterla, 2002: 19‐20). Al excluirlas del estatus de individuos, se les privó de la participación en el mundo público de la igualdad, el consenso, la convención y el pacto social (Pateman, 1996:31‐32). Así, se sentaron las bases de la política como un ámbito pensado y definido a partir de normas, mecanismos y prácticas consideradas propiamente masculinas.

La dicotomía entre lo público y lo privado situó a mujeres y hombres en una división sexual del trabajo caracterizada por la definición de jerarquías, disparidades y relaciones de poder entre los géneros. Lo masculino se impuso sobre lo femenino a través de la oposición de los roles, actividades, capacidades, actitudes y motivaciones definidas como “intrínsecas” de mujeres y hombres (Sánchez, en Beltrán y Maquieira, 2001); todo ello se tradujo en múltiples dimensiones de desigualdad y expresiones de discriminación hacia las mujeres en el acceso, uso y control de oportunidades, adopción de decisiones, manejo de recursos y de servicios, así como en la falta del reconocimiento de sus derechos.

La exclusión del género femenino del espacio público motivó una serie de cuestionamientos y críticas para exigir el reconocimiento pleno de la ciudadanía femenina. Entre las pioneras de dicha exigencia destacó Olympe de Gouges, quien propuso una constitución en la que mujeres y hombres fuesen considerados igualmente ciudadanos, partícipes en el contrato social. En su Declaración de los Derechos de la Mujer y Ciudadana (1791) exigía para las mujeres los derechos inalienables de libertad e igualdad proclamados por la Revolución Francesa.5 Se trató del primer documento en el que se exigió el voto femenino, así como la igualdad de derechos y deberes para la mujer y el hombre a través de la equiparación de todos los seres humanos ante la ley.

Por su parte, Mary Wollstonecraft escribió: Vindicaciones de los derechos de la mujer (1792), texto en el cual se defendían los derechos de las mujeres, su libertad y autonomía individual y se exigía que las leyes del Estado se usaran para terminar con las tradiciones de subordinación femenina, a través de un sistema de educación igualitaria para mujeres y hombres.

La aspiración de igualdad entre mujeres y hombres expresada en estas reivindicaciones retomaba los principios de la Ilustración y los ampliaba a la población femenina, centrando su exigencia en el reconocimiento a la ciudadanía e igualdad de las mujeres, así como su derecho a participar en los asuntos considerados del interés público. De esta forma, las mujeres empezaron a reclamar para sí mismas y sus congéneres los beneficios, derechos y responsabilidades monopolizados por el mundo masculino.

La igualdad jurídica de mujeres y hombres parte de la premisa de que la asignación igual de los derechos fundamentales para todas las personas elimina per se los obstáculos para que cada individuo desarrolle sus capacidades en las distintas esferas de la vida. Bajo este supuesto el sufragio sería pensado como una prerrogativa cuyo disfrute es igual para toda la ciudadanía (mujeres y hombres), al ser un derecho universal que no distingue las diferencias individuales o colectivas, diferencias sociales o de grupo, así como las desigualdades en términos de riqueza, estatus y poder.

Al respecto, diversas autoras como Moller, 1996; Phillips, 1996; Young, 1996; y Astelarra, 2002; han planteado que la participación política, definida como un derecho universal, se basa en la idea de “la homogeneidad”, traducida en los principios de imparcialidad y objetividad de la ley, los cuales buscan trascender las situaciones e intereses particulares–de tal manera que mujeres y hombres, en tanto sujetos políticos, tendrían la misma capacidad de participar en el ámbito de la política.

Dado lo anterior, el limitar y controlar el poder ha sido una labor constante desde la construcción y evolución del Estado, en el que la violencia ha sido un instrumento para ejercer el dominio del hombre sobre el hombre.

Donde el género, entendido como construcción histórica, que edifica una pauta de expectativas y creencias sociales, sobre lo que se considera propio de cada sexo, ha invisibilizado a las mujeres. Sin embargo, en la conformación del Estado mexicano, los conflictos sociales y la constante movilización social han dado el carácter reconstructor y consolidación al Estado actual, los movimientos en defensa y reconocimiento de los derechos de las mujeres no son ajenos a esto.

Desde la reforma constitucional de 1953 que reconoció a las mujeres el derecho al sufragio, y con ello su incursión en el espacio público, se ha hecho evidente que las mujeres han enfrentado una serie de obstáculos, que limitan el ejercicio de sus derechos políticos y las sitúa en desventaja frente a los hombres, al participar en la vida pública del país.

La política constituye uno de los ámbitos sustantivos en el que se expresa la situación de desigualdad entre mujeres y hombres. Sus dispositivos y estructuras restringen el derecho de las mujeres para acceder y participar de la misma manera que los hombres en los espacios de toma de decisiones y, en general, en todos aquellos ámbitos clave de poder, determinantes en la definición del interés colectivo de la sociedad.

El reconocimiento del derecho al sufragio femenino se ha constituido como necesario, pero no suficiente, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres y acceso a los espacios de poder, dado que no se ha logrado superar las desventajas derivadas de su condición y posición de género,6 a las cuales se suman otras, como: la etnia, la edad, el grupo social de pertenencia, etcétera, pese a que dispongan formalmente de idéntico estatus de ciudadanía con respecto a los hombres.

La desigualdad de género es uno de los grandes dilemas de la democracia mexicana, que no solo afecta a las mujeres sino a la sociedad en su conjunto, toda vez que la democracia implica inclusión; la ciudadanía hace posible que las personas se conviertan en sujetos políticos, actores en la vida pública, participando en los espacios de la toma de decisiones y claves del poder que determinan el interés público, al tiempo que guarda un vínculo intrínseco con los derechos reconocidos por el Estado y su ejercicio, por lo que el déficit de la presencia de las mujeres en los espacios de adopción de decisiones públicas da cuenta de una inminente crisis de representación y con ello de  legitimidad en nuestro sistema político.

Sin embargo, la lucha por el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres, ha visibilizado la discriminación estructural que se encuentra enquistada en las instituciones y la cultura política, en respuesta a esto, comenzaron a concebirse acciones afirmativas.

En nuestro país, las cuotas de género en materia electoral se introdujeron para lograr un equilibrio de género en las asambleas políticas; estas cuotas asumen principalmente dos formas: cuotas legisladas (o legales) y cuotas de partidos. Las cuotas de género legisladas se han introducido ahora en casi 60 países en el mundo. En aproximadamente 50 países más, algunos partidos políticos representados en el parlamento han introducido las cuotas de partidos en sus estatutos (http://www.quotaproject.org). Este desarrollo ha tenido lugar principalmente en los últimos 15 años después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer de Beijing en 1995. Las cuotas de género en materia electoral, por lo tanto, representan uno de los cambios más innovadores en la legislación electoral nacional en las épocas recientes7

En este sentido, las cuotas de género han contribuido para obtener hoy en día, una mayor representación descriptiva en los órganos legislativos federales, pero los cambios no han sido tan evidentes en los cargos de representación en el ámbito estatal y municipal, así como en los espacios de toma de decisiones en el ejecutivo y judicial.

Este cambio en la política de igualdad vía las acciones afirmativas está respaldado por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) adoptada por las Naciones Unidas (ONU), que establece que los países que la han suscrito tienen que informar con regularidad su avance. También está respaldado por las Conferencias Mundiales para las Mujeres de la Organización para las Naciones Unidas y la Plataforma de Acción de Beijing.

Dentro de los 12 objetivos de la Plataforma de Acción de Beijing, adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial para las Mujeres en 1995, se formuló la necesidad de lograr la igualdad de acceso de las mujeres y la total participación en las estructuras de poder y en la toma de decisiones.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará (sitio de su adopción en 1994), define la violencia contra las mujeres, establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca a la violencia como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación dentro de la sociedad.

En Octubre de 2015 el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém Do Pará (OEA) emitió la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres,  en la que se reconoce:

Que tanto la violencia, como el acoso políticos contra las mujeres, pueden incluir cualquier acción, conducta u omisión entre otros, basada en su género, de forma individual o grupal, que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos, conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los hombres;

Que es responsabilidad del Estado, ciudadanía, partidos políticos, organizaciones sociales y políticas, sindicatos, desarrollar cambios normativos y culturales dirigidos a garantizar la igualdad sustantiva de mujeres y hombres en el ámbito político,

Que el problema de la violencia y el acoso políticos contra las mujeres pone de manifiesto que el logro de la paridad política en democracia no se agota con la adopción de la cuota o de la paridad electoral, sino que requiere de un abordaje integral que asegure por un lado, el acceso igualitario de mujeres y hombres en todas las instituciones estatales y organizaciones políticas, y por otro, que asegure que las condiciones en el ejercicio están libres de discriminación y violencia contra las mujeres en todos los niveles y espacios de la vida política.

Aunado a ello la Corte Interamericana de Derechos Humanos8 ha reconocido que la violencia basada en género es una forma de discriminación en contra de las mujeres.

Ante tal situación y derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que entró en vigor en junio de 2011, colocó en el centro de la actuación del Estado mexicano la protección y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por éste. Por ello, se trata de una reforma que impacta de manera sustantiva en la labor de todas las autoridades del país, toda vez que deben hacer efectiva la aplicación de la totalidad de las obligaciones reconocidas constitucionalmente.9

Con esto se concibió un nuevo control de convencionalidad, aunado a la responsabilidad de legislar bajo los principios pro persona, no regresión, y armonización legislativa en el marco jurídico nacional.

Así dentro del Corpus Iuris Interamericano en materia de Derechos Humanos de las mujeres encontramos los siguientes:

• Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer- Convención de Belem do Pará.

• Estatuto de la Comisión Interamericana de Mujeres.

• Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer.

• Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer.

• Reglamento de la Comisión Interamericana de Mujeres.

•Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer.

Violencia Política de Género

Los obstáculos que las mujeres tienen que librar para decidir participar en el ámbito político son diversos, no obstante, las mujeres que han llegado a los espacios de toma de decisión se han unido para promover mejores condiciones y abrir paso a las que vienen atrás de ellas, el logro de la paridad en el nivel constitucional fue fundamental, lo preocupante es el incremento de la violencia de género que trajo consigo ese avance, y vale la pena hacer hincapié en que se trata de un asunto de violencia de género, ya que, esta violencia hacia las mujeres es por ser mujeres y tiene un impacto que les afecta  desproporcionadamente10; esta violencia es claramente un acto de discriminación, que mantiene a las mujeres en situación de subordinación limitando su acceso a mejores oportunidades, educativas, laborales y de desarrollo para acceder a una mejor calidad de vida.

El proceso electoral de 2015 visibilizó, prácticas comunes y frecuentes al interior de los partidos políticos y en las contiendas electorales, que denotan la gravedad de la situación de violencia hacia las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, este hecho urgió a diferentes instancias a realizar propuestas, así el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) presentaron recientemente el Protocolo para Atender Violencia Política contra las Mujeres.

Dicho protocolo es un gran avances pues, acorde a los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de la prevención, la atención resulta de suma importancia pues garantizar una investigación eficaz y el acceso a la justicia para evitar la impunidad de lo contrario se envía el mensaje de que “la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación  social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres”.11

Entendamos que el Estado de derecho, implica efectividad de los derechos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales que México ha suscrito, de no ser así, no estamos abonando a una democracia sustantiva, solo colocamos una espada de Dámocles en cada una de las mujeres que ejercen su derecho a votar y ser votadas.

Datos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales arrojan que durante el proceso electoral 2014-2015 se registraron ocho casos de violencia política (contra mujeres y contra instituciones electorales). De ellos, cuatro son en contra de autoridades electorales, tres en contra de candidatas o mujeres cercanas a los candidatos y una en contra de una ciudadana.

La violencia política ha estado presente en la lucha y ejercicio de los derechos de las mujeres, podemos remontarnos a 1923 donde Elvia Carrillo Puerto, la primera Diputada local en el estado de Yucatán, renunció a su cargo dado que fue amenazada de muerte.

En los recientes procesos electorales podemos mencionar los siguientes:

29 Enero 2015. La precandidata a la Diputación Federal por el Partido Acción Nacional (PAN) en Morelos, Gabriela Pérez Cano, sufrió un ataque en su domicilio. Durante el hecho los agresores se llevaron objetos de valor y documentos importantes, además dejaron el mensaje “Abandona la candidatura” a través de la agresión a su hijo de 14 años.

8 Marzo 2015. El Instituto Nacional de las Mujeres se suma a la indignación que provocó el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid cuando el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, manifestó que las mujeres “están re buenas todas para cuidar niños, atender la casa, para cuando uno llega…”

10 Marzo 2015. En la máxima expresión de violencia política, la precandidata por el PRD, Aída Nava, fue hallada decapitada en las inmediaciones del poblado de Tecoanapa, un día después de haber sido secuestrada durante un acto político.

30 Abril 2015. Aparecen mantas en Hermosillo Sonora con la frase: “las mujeres como las escopetas, cargadas y en un rincón” en alusión a la participación de las mujeres en política.

12 Mayo 2015. La candidata a la alcaldía de Ecatepec por el Partido del Trabajo (PT), Jessica Salazar denunció que ha sido víctima de agresiones y amenazas y que tuvo un intento de secuestro el pasado 11 de mayo en la colonia Alboradas de Aragón, donde un comando armado de 13 sujetos la agredió de manera física y verbal y dos de sus colaboradores resultaron heridos.

13 Mayo 2015. La candidata a diputada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) en Guerrero, Silvia Romero Suárez, quien fue secuestrada el día 12 de mayo por la tarde, fue liberada por sus captores un día después. Ella se encontraba en campaña electoral por los municipios de Arcelia y Tlapehuala cuando fue interceptada.

14 Mayo 2015. Condenan  El Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto de Nacional de la Mujeres, el secuestro que sufrió la candidata a diputada por el PRD en el estado de Guerrero, Silvia Romero; también denunciaron que la violencia de género es una práctica que se está llevando en nuestro país.

19 Mayo 2015. Denuncian la agresión que sufrieron dos brigadistas del equipo de campaña de la candidata a la presidencia municipal de Cuernavaca, Maricela Velázquez Sánchez, los cuales fueron detenidos y golpeados por policías del Mando Único cuando repartían propaganda electoral.

11 de julio de 2015. La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía del municipio de Reforma, en el estado de Chiapas, Yesenia Alamilla Vicente, fue interceptada, detenida y golpeada por un grupo de encapuchados cuando se dirigía a la vecina entidad de Tabasco. Los agresores le dijeron que la golpiza era un mensaje del candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Herminio Valdez Castillo.12

24 Julio 2015. Una Candidata del Partido Acción Nacional en el estado de Chiapas, denunció fue víctima de violación sexual el pasado 27 de junio en su casa en el municipio de Reforma. Compañeras afirmaron que fue agredida por participar en las elecciones ya que su agresor lo dijo: “eso le pasa por estar en la planilla”13.

2 de Enero 2016. La presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota fue asesinada en su domicilio un día después de haber asumido el cargo.

25 de Febrero 2016. Amenazan a precandidata del PAN a la alcaldía de Aguascalientes, Hilda Medina Macías. Dejan en la puerta de su casa, una corona de muerto.

Así, el objetivo de la presente iniciativa es colocar en la picota pública la violencia política contra las mujeres como un fenómeno que viven al acceder y ejercer sus derechos políticos, exponiendo las prácticas enraizadas y prevalecientes que en torno al género se traducen en interseccionalidad, reforzando comportamientos sociales y políticos discriminatorios que debilitan nuestra democracia.

En el entendido que Derechos humanos y democracia van de la mano, la presencia de las mujeres es indispensable para fortalecer nuestra democracia, de no ser así estamos creando un sistema artificial, anomia y con ello un Estado fallido.

No omito manifestar que en materia de violencia política se han realizado múltiples aportes durante la LXII y LXIII Legislatura en el Senado de la República, entre estos se encuentran las Iniciativas presentadas por las Senadoras: Lucero Saldaña Pérez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Adriana Dávila Fernández, Martha Elena García Gómez, Angélica de la Peña Gómez, María del Pilar Ortega Martínez y María Marcela Torres Peimbert.

En la LXII y en el transcurso de la LXIII Legislatura en la colegisladora las y los siguientes Diputadas y Diputados han presentado iniciativas: Mariana Dunyaska García Rojas, Martha Lucía Mícher Camarena, Amalia García Medina, Aleida Alavez Ruiz, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Julisa Mejía Guardado, Joaquina Navarrete Contreras y los diputados Agustín Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Arlet Mólgora Glover y Maricela Contreras Julián.

Segura estoy que cada una de las propuestas presentadas enriquecerán y perfeccionarán los ordenamientos jurídicos que hagan efectiva la participación de las mujeres en la vida política sin violencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, Y REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA.

Artículo Primero. Se adiciona al Título II un nuevo Capítulo V denominado “De La Violencia Política” se adicionan dos nuevos artículos 21 y 22 recorriéndose en el orden los subsiguientes Títulos; se adiciona una fracción al artículo 36, se adicionan las fracciones XII y XIII al artículo 47; se adiciona una nueva Sección Décima Primera intitulada del Instituto Nacional Electoral, adicionando un artículo 48 Bis, fracciones I, II, III y  IV, recorriéndose en el orden los artículos subsiguientes, para quedar como sigue:

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,

Título II Modalidades de Violencia

Capítulo V
De la Violencia Política

Artículo 21.- Violencia política: Incluye cualquier acción, conducta u omisión, que basada en elementos de género, tenga por objeto o resultado menoscabar, anular, obstaculizar o restringir el reconocimiento o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, su participación en asuntos públicos, o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

Artículo 22. Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, el Instituto Nacional Electoral, la Procuraduría General de la República mediante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales y demás integrantes del Sistema, coordinarán las acciones e instrumentos interinstitucionales que permitan avanzar en materia de violencia política contra las mujeres.

Se recorren los subsecuentes.

ARTÍCULO 36.- El Sistema se conformará por los titulares de:

I - IX…

X. El Instituto Nacional Electoral.

XI - XIII…


Sección Novena
De la Procuraduría General de la República

ARTÍCULO 47.- Corresponde a la Procuraduría General de la República:

I.- XI…

XII. Promover, garantizar y proteger el ejercicio de los derechos humanos de las personas víctimas y ofendidas en casos de violencia política contra las mujeres.

XIII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.

Sección Décima Primera
Del Instituto Nacional Electoral

ARTÍCULO 48 BIS. Corresponde al Instituto Nacional Electoral:

l. Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra de las mujeres,

II. Garantizar la igualdad sustantiva y el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres,

III. Realizar difusión permanente en los medios de comunicación respecto a las conductas, acciones u omisiones que conllevan a la violencia política, la prevención, formas de denuncia y conciencia sobre la erradicación de la violencia política en contra de las mujeres,

IV. Capacitación sobre violencia política contra las mujeres a: simpatizantes, militantes, precandidatas, precandidatos, candidatas, candidatos de los partidos políticos o independientes, a funcionarias y funcionarios de mesas directivas en jornada electoral y personal que labora en los Organismos locales electorales y el Instituto Nacional Electoral,

V. Las demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Se recorren las subsecuentes.

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XV al artículo 3, se adiciona una fracción XXII al artículo 7; se adiciona una fracción XI al artículo 9; se adiciona una fracción VII al artículo 11 y se reforma el artículo 16 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I - XIV…

XV. Violencia Política: Incluye cualquier acción, conducta u omisión, que basada en elementos de género, tenga por objeto o resultado menoscabar, anular, obstaculizar o restringir el reconocimiento o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, su participación en asuntos públicos, o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

I - XXI…

XXII. Ejerza violencia política contra las mujeres.

Artículo 9. Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario partidista o al candidato que:

I - X…

XI. Ejerza violencia política contra las mujeres.

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

I-VI…

VII. Ejerza violencia política contra las mujeres.

Artículo 16. Se impondrán de cien hasta quinientos días multa a los ministros de culto religioso que, en el desarrollo de actos propios de su ministerio, o a quien en el ejercicio del culto religioso, presionen el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, o ejerzan violencia política.

Artículo tercero. Se adiciona un inciso l) al numeral 1 del artículo 4, se reforman los incisos b) y o) del numeral 1 del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos.

Artículo 4.

1. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

a) - k)…

l. Violencia Política: Incluye cualquier acción, conducta u omisión, que basada en elementos de género, tenga por objeto o resultado menoscabar, anular, obstaculizar o restringir el reconocimiento o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, su participación en asuntos públicos, o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a)…

b) Abstenerse de recurrir a la violencia política contra las mujeres, y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno;

c) - n ) …

o) Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que implique violencia política contra las mujeres, denigre a las instituciones y a los partidos políticos o que calumnie a las personas;

p) - u)…

Artículo Cuarto. Se reforma el numeral 2 del artículo 247, se reforma el inciso f) del numeral 1 correspondiente al artículo 380, se reforma el inciso i) del numeral 1 correspondiente al artículo 394, se adiciona un nuevo inciso n) del numeral 1 del artículo 443 recorriéndose los subsecuente, se adiciona un nuevo inciso f) al numeral 1 del artículo 445 recorriéndose los  subsecuentes, se adiciona un nuevo inciso ñ) al numeral 1 del artículo 446 recorriéndose los subsecuentes, se adiciona un nuevo inciso e) al numeral 1 del artículo 447 recorriéndose los subsecuentes, se adiciona un nuevo inciso e) al numeral 1 del artículo 452 recorriendo se los subsecuentes de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 247.

1…

2. En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, deberán abstenerse de cualquier conducta que implique violencia política contra las mujeres, de expresiones que calumnien a las personas. El Consejo General está facultado para ordenar, una vez satisfechos los procedimientos establecidos en esta Ley, la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión contrarios a esta norma, así como el retiro de cualquier otra propaganda.

3 - 4…

Artículo 380.

1. Son obligaciones de los aspirantes:

a) - e)…

f) Abstenerse de cualquier conducta que implique violencia política contra las mujeresproferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que denigre a otros aspirantes o precandidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas;

g) - i)…

Artículo 394.

1. Son obligaciones de los Candidatos Independientes registrados:

a) - h)...

i) Abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que denigre a otros candidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas, o cualquier conducta que implique violencia política contra las mujeres.

j) - o)… 

Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

a) - m)...

n) El incumplimiento de las obligaciones  en materia de violencia política contra las mujeres

o) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley.

Artículo 445.

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:

a) - e)…

f) Cualquier conducta que implique violencia política contra las mujeres.

g) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

Artículo 446.

1. Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos Independientes a cargos de elección popular a la presente Ley:

a) - n)

ñ) Cualquier conducta que implique violencia política contra las mujeres.

o) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 447.

1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, a la presente Ley:

a) - d)…

e) Cualquier conducta que implique violencia política contra las mujeres.

f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

Artículo 452.

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de los concesionarios de radio y televisión:

a) - d)…

e) Cualquier conducta que implique violencia política contra las mujeres.

f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. La reforma al presente artículo entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto.

Segundo. Los Poderes Legislativos de las entidades federativas contarán con un plazo de 180 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar la armonización y homologación legislativa a las que se refieren las disposiciones de esta ley.

Dado en la H. Cámara de Senadores, el día 12 de abril de 2016.

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.

1 Arendt, Hanna. “Sobre la Revolución”. Alianza Editorial Madrid, 2005, Página 48.

2 García, María Ines. Foucault y el poder. México. D.F. 2002. UAM-Xochimilco.

3 La Ilustración se originó en Europa, particularmente en Francia e Inglaterra durante el siglo XVIII. Este movimiento reivindicó una nueva ideología que buscaba iluminar al mundo (“Siglo de las Luces”), a través del uso sistemático de la razón

4 Hubo honrosas excepciones de hombres que se manifestaron en contra de la exclusión de las mujeres de la esfera pública y del contrato social, tal fue el caso del constitucionalista  alemán Von Hippel, el filósofo francés Nicolás de Condorcet y el politólogo inglés John Stuart Mill

5 La propuesta de Olympe de Gouges fue calificada por los hombres de la clase política de su tiempo como subversiva, motivo por el cual fue guillotinada.

6 UNIFEM (2007) señala que la condición de las mujeres hace referencia a las características socio‐ económicas que configuran sus niveles materiales de vida; mientras que la posición de las mujeres alude a su ubicación social con relación a los hombres, medida en términos de diferencias de oportunidades entre ambos en el acceso diferenciado al poder político, a los recursos productivos etcétera. Por tanto, trabajar en torno a la condición y posición de las mujeres significa introducir cambios sustantivos en las estructuras y factores sociales que determinan la discriminación hacia las mujeres y la desigualdad de género en los distintos ámbitos de la sociedad

7 “Cuotas de Género. Visión Comparada”. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en línea. México 2013, dirección URL:
http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/Salida%20Libro%20Tribunal%20para%20web_0.pdf

8 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Veliz Franco y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de Mayo de 2014. Serie C No. 277, párrafo 207.

9 Mac-Gregor, Eduardo. “Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Control difuso de Constitucionalidad y Convencionalidad”. Página Coedición: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (OACNUDH) y Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). México. 2013

10 SEMINARIO: VIOLENCIA POLÍTICA: LA TRANSGRESIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES Ponencia: Protección Judicial de la Violencia Política, Ma. Del Carmen Alanís. 12 de octubre de 2015.

11 CoIDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México, párrafo 400. Ponencia Magistrada Alanís Figueroa, 12 de 0ctubre de 2015.

12 CIMAC. “Caso Yesenia refleja agudización de violencia política de género” En línea México, 22 de Julio de 2015 , dirección URL: http://www.cimacnoticias.com.mx/node/70262

13 ¡Basta de violencia política hacia las mujeres! En línea. México. Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. A.C. En línea México. Dirección URL: http://bajoelmicroscopio.org/basta-de-violencia-politica-hacia-las-mujeres/

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora Tagle Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Tiene la palabra el Senador Jesús Casillas Romero, para presentar a nombre propio y de los Senadores Ana Gabriela Guevara Espinoza, Ivonne Liliana Álvarez García, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el 21 de septiembre de cada año, como el “Día Nacional de la Lucha Libre y el Luchador Profesional Mexicano”.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO, COMO “EL DÍA NACIONAL DE LA LUCHA LIBRE Y DEL LUCHADOR PROFESIONAL MEXICANO”

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, a nombre propio y de las Senadoras Ana Gabriela Guevara Espinoza, Ivonne Liliana Álvarez García, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Anabel Acosta Islas)

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente.

Nuevamente saludar a todos los profesionales de la lucha libre, a los deportistas de todo el país, en la persona de los luchadores que amablemente nos acompañan esta tarde, representados por Brazo de Oro y algunos luchadores más, sean nuevamente bienvenidos.

La lucha libre es uno de los deportes más emblemáticos de México, es un espectáculo que se encuentra arraigado en la historia, en la cultura y en las tradiciones prácticamente de todos los mexicanos. Por más de ocho décadas ha sido uno de los pasatiempos más populares de nuestro país.

La mayoría de los especialistas consideran que la lucha libre es un arte, una fiesta en donde conjugan elementos míticos, simbólicos, lingüísticos que representan el folclor mexicano. En los cuadriláteros conviven personajes que encarnan a demonios y a deidades, a la muerte, protagonistas místicos, a alebrijes, a fuerzas naturales, a excéntricos animales majestuosos.

La también considerada por especialistas como la más honesta de las simulaciones, es un espectáculo donde se combinan la comedia, el teatro, la actuación, las llaves y los vuelos. Los luchadores se preparan físicamente y pocas veces lo hacen en las mejores condiciones.

La lucha libre es más que un espectáculo, también es una actividad productiva, turística y generadora de centenares de empleos. Esta actividad permite a vendedores, a fabricantes de máscaras, a restauranteros, a maestros sastres, acomodadores, meseros y expendedores, tener un ingreso seguro cada semana.

La lucha libre, los luchadores profesionales, se han popularizado a tal grado que hay empresas que ofrecen tours turísticos, tanto a visitantes como a extranjeros. Buscan este servicio, el cual, entre otras cosas, ofrece una transportación segura a la Arena México, o en Guadalajara, a la Arena Coliseo.

Podemos decir que la lucha libre es cultura, espectáculo y recreación, lo que la convierte en el deporte nacional por excelencia en México.

La historia recreativa y la idiosincrasia de nuestro país, no podrá entenderse sin el pancracio y sus enigmáticos luchadores.

Para Héctor Villarreal, especialista en temas culturales, la lucha es una representación mística en la que están en disputa los símbolos del bien y el mal, en el que se ponen en escena los valores de la sociedad personificados como héroes y villanos, que la mayoría de las veces se convierten en ídolos, en héroes de los niños, de los jóvenes.

En la lucha libre las porras juegan un papel determinante a través de gritos, ruidos, abucheos, chiflidos y recriminaciones. Los aficionados muestran su simpatía por uno u otro luchador. Las porras es lo que le da vida a la lucha libre.

A nivel internacional, es una industria admirada por su misticismo, su colorido y sus habilidades. Basta mencionar que en Japón es un deporte que se admira y se respeta por sus grandes acrobacias. España, Alemania, Francia, Reino Unido, Brasil, Guatemala, entre otras naciones hermanas, reconocen la lucha libre mexicana como una de las más importantes del mundo.

Son, los luchadores, los objetos más preciados para muchos jóvenes y para muchos niños, las máscaras son los objetos más preciados de los luchadores, que al verse desposeídos de ellas, pierden parte de su personalidad, aunque sea momentáneamente, vuelven a resurgir como ídolos una y otra vez, con un rostro y nombres propios, dejan el anonimato de aquel personaje para convertirse en ellos mismos, en los seres humanos que son de la vida real.

Cuando un luchador apuesta su máscara o su cabellera, implica que ha llegado el momento cumbre de su trayectoria, ya que se está jugando su propia identidad, y aquello que lo ha hecho importante y reconocible.

El ganador se cubre de gloria y se posiciona en la cumbre, mientras que el perdedor muerde el polvo y ve cómo su carrera va en declive.

Este deporte cuenta con organizaciones que congregan a centenares de luchadores en retiro y que se encuentran en activo.

Los gremios de luchadores, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y sus contratos colectivos, brindan toda la asistencia social para que cuenten con una vida digna.

Por desgracia también debemos recalcar que hay muchos luchadores independientes o retirados que carecen de apoyos y seguridad social, lo cual, entre otras cosas, los hace vulnerables ante cualquier eventualidad económica, de salud, o incluso familiar, o que simplemente no tengan los recursos para atender los padecimientos que sufre cualquier deportista de alto rendimiento, por ejemplo, es de admirarse que un luchador puede realizar hasta cinco presentaciones por semana.

La lucha libre es un deporte de contacto que tiene muchos riesgos a la integridad física de los propios luchadores.

Basta recordar que muchos han perdido la vida por malas caídas o golpes fuertes, algunos de ellos como Sangre India, Oro, Espectro, Caos, y el más reciente, El Hijo del Perro Aguayo, que hay otros, algunos luchadores que también sufren de lesiones que los dejan incapacitados o los dejan fuera de esta actividad por un tiempo prolongado.

La carrera del luchador tiene muchos altibajos. La realidad nos muestra el pancracio, así como puede llevar al éxito a un luchador, facilitándole las diversas actividades de su vida laboral y en familia, también puede conducir al fracaso.

La historia de la lucha libre ha registrado grandes peleas máscara contra máscara, cabellera contra cabellera, y máscara contra cabellera, la cual ha dado alegrías y emociones a varias generaciones de aficionados en todo el país.

Reconocemos a todas aquellas mujeres y hombres que debajo de sus personajes desarrollan una vida en familia, productiva, que inculcan a las nuevas generaciones de mexicanos los anhelos de éxito y superación, que promueven los valores fundamentales de llevar una vida saludable a través del deporte.

Es un homenaje a todos los luchadores rudos, técnicos y exóticos, a los seres humanos que por décadas han traído muchas alegrías al pueblo de México.

Es un deporte noble que ha significado para los mexicanos de escasos recursos ascender de nivel social y, con ello, brindar oportunidades para sus familias, es, en ese sentido, que planteamos que sea un día de júbilo nacional el día que sirva a la reflexión para tratar de buscar apoyos sociales para los luchadores que se encuentran en situación vulnerable, en la tercera edad o en condición de abandono familiar.

Es por eso que los Senadores Ana Gabriela Guevara Espinoza, Ivonne Liliana Álvarez García, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, y el de la voz, acudimos a esta Honorable Soberanía a efecto de proponer el siguiente proyecto de Decreto:

Único.- El Honorable Congreso de la Unión declara el 21 de septiembre de cada año como el “Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano”.

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por su atención, muchas gracias.

¡Nuevamente bienvenidos!

Iniciativa



El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Casillas Romero. Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño de la Senadora Pineda Gochi. ¿Es para sumarse a la iniciativa?

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño) Sí. Pedirle al Senador Casillas Romero, que me permita sumarme a esta relevante propuesta y, sobre todo, que adicional a todo lo que ha hecho, la lucha libre muestra la alegría colectiva que tiene el pueblo mexicano y que ha sido reconocido en el ámbito internacional.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Tome nota la Secretaría de los Senadores que desean sumarse a esta iniciativa, si es tan amable.





 

Informo a la Asamblea que derivado de la recepción de una iniciativa propuesta por ciudadanos de la que se dio cuenta al Pleno el pasado 25 de febrero, se remitió al Instituto Nacional Electoral la documentación entregada por los firmantes para comprobar la cobertura del requisito establecido por la fracción IV del artículo 71 constitucional, en cuanto al número mínimo de firmas de acuerdo al proyecto.

El Instituto Nacional Electoral remitió el informe de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por lo que afirma que el número de ciudadanos solicitantes, representados por el señor Juan Dabdoub Giacoman, que proponen proyecto de Decreto para reformar el artículo 4o. constitucional, cumple debidamente con el requisito de firmas.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo que marca el inciso d) del artículo 132 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Iniciativa Ciudadana con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4o. constitucional, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de la Familia y Desarrollo Humano; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por ciudadanos, representados por el señor Juan Dabdoub Giacoman)







 

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la incorporación del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Secretario. El dictamen está disponible en el monitor de sus escaños.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 39, 44 Y 55 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

(Dictamen de primera lectura)



En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita la lectura del mismo.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, señor Secretario. Queda de primera lectura.





 

En otro apartado de nuestra agenda, tenemos dictámenes para primera lectura.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Doy cuenta con los dictámenes.

De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 9 y 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 9 Y LAS FRACCIONES XI Y XII DEL ARTÍCULO 17 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII AL MISMO ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

(Dictamen de primera lectura)







 

De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV DEL ARTÍCULO 245 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 30 de Abril de 2015, las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena barrera Tapia, integrantes de la LXIII Legislatura, presentaron iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 254 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, en sesión Plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Dicha Iniciativa propone reformar la fracción III del artículo 245 de la Ley General de Salud, para eliminar la Risperidona de las sustancias consideradas en la fracción III del artículo 245 (las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública) de la Ley General de Salud.

Las proponentes mencionan que la eliminación de la Risperidona del artículo 245 de la Ley General de Salud permitirá una considerable facilitación y simplificación de la adquisición de la misma, y se dispondría de mejor abasto. Ello beneficiando a muchos pacientes con enfermedades como la esquizofrenia, espectro autista entre otros.

Por ende plasman el siguiente proyecto de decreto:

ÚNICO: Se excluya de la lista de medicamentos considerados en el artículo 245 de la Ley General de Salud la Risperidona.

III. CONSIDERACIONES

A.  Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. Sabemos que la salud mental es un tema que aqueja a nuestra sociedad, la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que la salud mental es el “bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación”.

Las enfermedades mentales son uno de los problemas de salud pública más importantes en México. Se estima que el 28.6 por ciento de la población presenta en algún momento de su vida un padecimiento relacionado con la salud mental, el cual puede ir desde los más leves, como la depresión estacionaria, hasta padecimientos altamente complejos. Dichas enfermedades se presentan tanto en niños como en adultos mayores. Asimismo, son presentadas como morbilidades asociadas a otras (la depresión causada por una enfermedad mortal) y pueden presentarse con morbilidades independientes, cuyo desarrollo en la persona desencadena, a su vez, morbilidades asociadas (discapacidad motriz presentada como resultado de la esquizofrenia).

Todos estos padecimientos son crónicos y algunos se encuentran dentro de las primeras diez enfermedades más discapacitantes. En el caso de la esquizofrenia, 82 por ciento de los pacientes presenta una recaída después del primer episodio psicótico y 78 por ciento presenta una segunda recaída a lo largo de 5 años. Es por ello que se recomienda tratamiento farmacológico de mantenimiento de por vida para aquellos pacientes con más de dos episodios psicóticos en 5 años.

C. El impacto que puede tener una enfermedad mental abarca todos los ámbitos de la vida de una persona: sus relaciones interpersonales con familiares y amigos; el papel que desempeña en su comunidad y frente a sus pares; su capacidad de conseguir y retener un trabajo digno; su capacidad de tomar decisiones conscientes e independientes respecto a su patrimonio; su capacidad de aprender; su capacidad de elección y autodeterminación; su capacidad de tener una vida sexual plena, entre muchos otros.

D. Los avances de la medicina, han permitido generar medicamentos que ayudan a que las personas con esta condición puedan controlar la enfermedad, controlar sus síntomas e integrarse plenamente a la sociedad.

E. En este tenor de ideas cabe enfatizar que la Risperidona es una sustancia con beneficios importantes en el tratamiento de pacientes con esquizofrenia, entre otras enfermedades mentales, y en el tratamiento de los síntomas en niños con espectro autista. Dicha sustancia es un medicamento antipsicótico de “segunda generación” que actúa sobre los sistemas cerebrales de neurotransmisión de dopamina y serotonina, y no de “primera generación” que únicamente tienen efecto en dopamina.

Otro beneficio de gran importancia para los pacientes, derivado de la Risperidona, es el escaso número de efectos secundarios que genera. Uno de los principales frenos para la continuidad de un tratamiento de esquizofrenia en pacientes que utilizaban medicamentos de primera generación era que los efectos secundarios de éstos se presentaban de tal índole que el paciente rehuía tomar su medicina, lo que ocasionaba el abandono del tratamiento, el regreso de la sintomatología y de las consecuencias nocivas en la vida de la persona.

F. Sin embargo, a pesar de los beneficios de dicho fármaco es frecuente que la disponibilidad del medicamento en farmacias sea mucho menor a la demanda. Un factor que influye en el desabasto es el hecho de que la Risperidona sea considerada como una sustancia psicotrópica en la Ley General de Salud, de acuerdo al catálogo enunciado en su artículo 245 en la fracción III que son aquellas sustancias psicotrópicas que tienen valor terapéutico  pero constituyen un problema para la salud pública.

Este hecho se traduce en un problema para la salud y economía del paciente, ya que está clínicamente demostrado que si un paciente con esquizofrenia tiene un buen nivel de apego a su tratamiento, el gasto por recaídas psiquiátricas se reduce considerablemente. Cada día de hospitalización psiquiátrica repercute en un gasto considerable, considerando que ésta puede llegar a ser de 30 días. Un paciente que no está controlado debidamente por falta de medicamento puede presentar varias recaídas psicóticas al año (hasta tres o cuatro).

G. Cabe señalar que como ejemplo encontramos a la olanzapina, un medicamento utilizado en el tratamiento de la esquizofrenia y trastorno bipolar, misma que no es considerada sustancia psicotrópica en la Ley General de Salud, factor que ha redundado en beneficios importantes en materia de disponibilidad para los pacientes que experimentan el desorden bipolar. En el caso de la risperidona, los pacientes con esquizofrenia enfrentan un desabasto importante en las farmacias, debido a que ésta sí se considera sustancia psicotrópica en su fracción III del art. 245.

H. La Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, “Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones”, menciona que una sustancia psicoactiva o psicotrópica es aquella que tiene la posibilidad de dar origen a una adicción. En la revisión de la normativa internacional (FDA, Food and DrugAdministration; Emea, European Medicines Agency; DEA, DrugEnforcementAdministration; y NIDA, NationalInstitute of Drug Abuse) no se tienen considerados a los antipsicóticos atípicos como sustancias potencialmente abusivas o que generen dependencia.

Cabe enfatizar que las guías de tratamiento de esquizofrenia nacional e internacionales, recomiendan a los antipsicóticos atípicos como primera línea de tratamiento y en ninguna de ellas hace referencia al riesgo de abuso o dependencia.

Por otra parte, se señala que la coadministración de la misma y el alcohol no es usual, ya que la risperidona no es una sustancia que los usuarios de droga consuman ni por su efecto adictivo ni para contrarrestar los efectos de las mismas drogas.

K. Al respecto estas Comisiones Dictaminadoras señalan que se coincide con los beneficios de la Risperidona y que con el acceso fácil de esta sustancia por parte del paciente, podría prevenir la principal causa para la recaída psicótica que es la pobre adherencia terapéutica, tanto al medicamento como al seguimiento clínico.

Sin embargo, es preocupante el hecho de pretender quitar de la lista de psicotrópicos que tienen valor terapéutico y que la propia ley menciona que constituyen un grave problema para la salud pública, a esta substancia.

Por ello se enfatiza que esta sustancia es un fármaco antipsicótico, que tiene efectos adversos de tipo motor, que ocurren como resultado del bloqueo de los receptores 5HT2A de serotinina y D2 de dopamina, en la parte posterior de los ganglios basales, como mínima incidencia de síntomas extrapiramidales, no asociado al desarrollo de agranulocitosis, y forma parte del Cuadro Básico y Catálogo de insumos del sector salud, para el tratamiento de la esquizofrenia y trastornos esquizoafectivos. Asimismo , es un medicamento que puede ocasionar efectos serios a nivel motor/neurológico y otro tipo de eventos como alteraciones hormonales por el incremento en la liberación de prolactina, efectos de riesgo desde el punto de vista metabólico, como predisposición a diabetes mellitus, y otros efectos secundarios, como daño o lesión permanente a los ganglios basales con la consecuente presencia de movimientos involuntarios irreversibles, y ganancia de peso, por lo que se requiere que sea prescrito bajo la vigilancia médica.

Por lo anterior dado que la Risperidona presenta las complicaciones señaladas, no puede ser eliminada por completo del artículo 245 de la Ley General de Salud, como lo plasma la Iniciativa incumbencia de este dictamen, pues aun cuando otros medicamentos como la ziprasidona, quetiapina, aripiprazol, paliperidona y sertindol que están indicados al igual que la risperidona como anti psicotrópicos para el tratamiento de la esquizofrenia y otros trastornos mentales, son sustancias que no se encuentran en el artículo 245, la COFEPRIS determinó que dichos medicamentos se adquieren con receta conforme lo establece el artículo 226, fracción IV de la misma Ley.

Por último se considera que la risperidona es un medicamento que debe ser dirigido y monitoreado por médicos especialistas, sin embargo al no constituir un problema de adicción, ni utilizarse para la síntesis de sustancias con potencial abuso o dependencia, se sugiere en lugar de eliminarla, cambiarla  de fracción quedando en la IV en el propio artículo 245 de la Ley General de Salud, para considerarse como aquellas que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública,  tal como se plasma a  continuación.

LGS

INICIATIVA

PROPUESTA DE COMISIONES.

Artículo 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:

I. A II…

III. III.- Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública, y que son:

PINAZEPAM
PRAZEPAM
PSEUDOEFEDRINA
QUAZEPAM
RISPERIDONA
TEMAZEPAM
TETRAZEPAM
TRIAZOLAM
ZIPEPROL
ZOPICLONA

Y sus sales, precursores y derivados químicos.

Otros:

IV…

 

 

 

 

 

 

 

 

V…

Artículo 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:

I. A II…

III. III.- Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública, y que son:

PINAZEPAM
PRAZEPAM
PSEUDOEFEDRINA
QUAZEPAM
RISPERIDONA
TEMAZEPAM
TETRAZEPAM
TRIAZOLAM
ZIPEPROL
ZOPICLONA

Y sus sales, precursores y derivados químicos.

Otros:

IV…

 

 

 

 

 

 

 

 

V…

Artículo 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:

I. A II…

III. Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública, y que son:

PRAZEPAM
PSEUDOEFEDRINA
QUAZEPAM
RISPERIDONA
TEMAZEPAM
TETRAZEPAM
TRIAZOLAM
ZIPEPROL
ZOPICLONA

Y sus sales, precursores y derivados químicos.

 

Otros:

IV.- Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública, y son:

PIPRADROL
PROMAZINA
PROPILHEXEDRINA
RISPERIDONA
SERTRALINA
SULPIRIDE
TETRABENAZINA

Y sus sales, precursores y derivados químicos.

V…

G. Un reto importante es lograr que la población conserve la salud mental, depende en gran parte, de la realización exitosa de acciones de política pública para prevenir, tratar y rehabilitar a las personas que padecen alguna enfermedad mental. Es por ello que las comisiones dictaminadoras están a favor con modificaciones de la iniciativa en comento.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV DEL ARTÍCULO 245 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Único.- Se reforman las fracciones III y IV del artículo 245 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 245.-

I. a II. …

III.-

BENZODIAZEPINAS:

ACIDO BARBITURICO (2, 4, 6 TRIHIDROXIPIRAMIDINA)
ALPRAZOLAM
AMOXAPINA
BROMAZEPAM
BROTIZOLAM
CAMAZEPAM
CLOBAZAM
CLONAZEPAM
CLORACEPATO DIPOTASICO
CLORDIAZEPOXIDO
CLOTIAZEPAM
CLOXAZOLAM
CLOZAPINA
DELORAZEPAM
DIAZEPAM
EFEDRINA
ERGOMETRINA (ERGONOVINA)
ERGOTAMINA
ESTAZOLAM
1- FENIL -2- PROPANONA
FENILPROPANOLAMINA
FLUDIAZEPAM
FLUNITRAZEPAM
FLURAZEPAM
HALAZEPAM
HALOXAZOLAM
KETAZOLAM
LOFLACEPATO DE ETILO
LOPRAZOLAM
LORAZEPAM
LORMETAZEPAM
MEDAZEPAM
MIDAZOLAM
NIMETAZEPAM
NITRAZEPAM
NORDAZEPAM
OXAZEPAM
OXAZOLAM
PEMOLINA
PIMOZIDE
PINAZEPAM
PRAZEPAM
PSEUDOEFEDRINA
QUAZEPAM
TEMAZEPAM
TETRAZEPAM
TRIAZOLAM
ZIPEPROL
ZOPICLONA

Y sus sales, precursores y derivados químicos.

Otros:

ANFEPRAMONA (DIETILPROPION)
CARISOPRODOL
CLOBENZOREX (CLOROFENTERMINA)
ETCLORVINOL
FENDIMETRAZINA
FENPROPOREX
FENTERMINA
GLUTETIMIDA
HIDRATO DE CLORAL
KETAMINA
MEFENOREX
MEPROBAMATO
TRIHEXIFENIDILO.

IV.-

GABOB (ACIDO GAMMA AMINO BETA HIDROXIBUTIRICO)
ALOBARBITAL
AMITRIPTILINA
APROBARBITAL
BARBITAL
BENZOFETAMINA
BENZQUINAMINA
BIPERIDENO
BUSPIRONA
BUTABARBITAL
BUTALBITAL
BUTAPERAZINA
BUTETAL
BUTRIPTILINA
CAFEINA
CARBAMAZEPINA
CARBIDOPA
CARBROMAL
CLORIMIPRAMINA CLORHIDRATO
CLOROMEZANONA
CLOROPROMAZINA
CLORPROTIXENO
DEANOL
DESIPRAMINA
ECTILUREA
ETINAMATO
FENELCINA
FENFLURAMINA
FENOBARBITAL
FLUFENAZINA
FLUMAZENIL
HALOPERIDOL
HEXOBARBITAL
HIDROXICINA
IMIPRAMINA
ISOCARBOXAZIDA
LEFETAMINA
LEVODOPA
LITIO-CARBONATO
MAPROTILINA
MAZINDOL
MEPAZINA
METILFENOBARBITAL
METILPARAFINOL
METIPRILONA
NALOXONA
NOR-PSEUDOEFEDRINA (+) CATINA
NORTRIPTILINA
PARALDEHIDO
PENFLURIDOL
PENTOTAL SODICO
PERFENAZINA
PIPRADROL
PROMAZINA
PROPILHEXEDRINA
RISPERIDONA
SERTRALINA
SULPIRIDE
TETRABENAZINA
TIALBARBITAL
TIOPENTAL
TIOPROPERAZINA
TIORIDAZINA
TRAMADOL
TRAZODONE
TRAZOLIDONA
TRIFLUOPERAZINA
VALPROICO (ACIDO)
VINILBITAL.

Y sus sales, precursores y derivados químicos.

V.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIÓN DE SALUD.
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.





 

Y de las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes para primera lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, señor Secretario.

Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, quedan de primera lectura.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de enfoque de discapacidad en el principio de diversidad.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura al anterior dictamen. Quienes estén porque se le dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se le dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura del dictamen, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, señor Secretario. Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras corrigieron un error de captura de la Cámara de Diputados, por lo que hace a la frase inicial del artículo 3 que en la minuta recibida se anota como “respecto a la diversidad”; y la forma correcta es “respeto a la diversidad”, lo cual no altera lo aprobado por la Colegisladora.

En virtud de que el dictamen consta de un solo artículo, está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Graciela Ortiz González, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, en términos de lo dispuesto del artículo 196 del Reglamento del Senado.

La Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

A nombre de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, voy a presentarles a ustedes el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.

Vengo a este Pleno solicitándoles su respaldo para la reforma que estamos sometiendo a su consideración, a la Ley General de Desarrollo Social, en materia de discapacidad.

La ley establece el término de capacidades diferentes, lo cual lleva a pensar en determinadas características sobresalientes y que, incluso, se podría pensar en una diferencia en cuanto al uso de las capacidades humanas.

El término de discapacidad, por el contrario, da un sentido de totalidad a algo que es solamente una característica o cualidad, ésta constituye la imposibilidad o limitación en el desempeño de funciones en el ámbito físico o sociocultural.

La discapacidad, en su más pura concepción, constituye el resultado a nivel funcional de una deficiencia, pero está en función de la respuesta que la sociedad brinde a la persona ante esta situación e involucra, esto es lo que más importa, a la sociedad, porque es donde se desenvuelven las personas, una sociedad que buscamos sea incluyente, por lo que al no ser congruente una ley secundaria con lo establecido en la Constitución no estamos protegiendo plenamente lo que el Constituyente quiso incluir.

Al hablar de capacidades diferentes estamos hablando de entes del derecho positivo, de personas del derecho positivo totalmente diferentes. Esta confusión de terminología traería como consecuencia una exclusión en todos los ámbitos para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que no pudieran desarrollarse física o intelectualmente, derecho que está consagrado en la Constitución y, más aún, un derecho, valga la redundancia, de derecho internacional donde la ONU no hace discriminación alguna, y se refiere este término en su significado más humano, considerándola como una persona con una capacidad limitada o disminuida, pero jamás inferior.

Atendiendo a esta necesidad y a los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país, se establece ya en nuestra Carta Magna la protección a las personas con discapacidad, donde se muestra claramente la voluntad del Constituyente de proteger a las personas con algún tipo de discapacidad, que de ninguna manera se deben considerar como capacidades diferentes, como se refiere a ellas erróneamente la Ley General de Desarrollo Social.

Es por eso que buscamos, mediante su apoyo y su voto a favor, que esta reforma que estamos planteando a ustedes y que consideramos de vital importancia, se homologue en la ley a nuestra Carta Magna, un término acorde a las personas con   algún tipo de limitación al referirse a ellas, con todo respeto y dignidad, como discapacidad.

Estamos solicitando por tanto su respaldo y su apoyo para esta reforma que estamos poniendo a su consideración.

Y si no tiene inconveniente, señor Presidente, habría de presentar de una buena vez la segunda reforma que están planteando también las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, con un proyecto de Decreto para modificar los  artículos 6, 14, fracción I; 19, fracción V; y 36, fracción VII de la Ley General de Desarrollo Social.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Adelante, Senadora Ortiz González.

La Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, señor Presidente.

Estamos hablando entonces de una reforma a la Ley General de Desarrollo Social.

Aquí lo que estamos buscando las comisiones que ya votamos a favor de esta reforma, es que consideremos y hagamos vigente que en algunos de los compromisos adquiridos por México está uno que me parece sustancial, el de generar condiciones para erradicar la pobreza y la desigualdad, mejorar el acceso físico y económico de todos los mexicanos en todo momento a alimentos suficientes, nutricionalmente adecuados e inocuos, entre otros.

Por ello y dado el compromiso internacional adquirido el 7 de abril del año 2000, se reformó nuestra Constitución adicionándole un tercer párrafo en el artículo 4o., y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27, para establecer el derecho de las niñas y los niños a la satisfacción de sus necesidades de alimentación.

Es así y con el ánimo de instrumentar lo establecido en la reforma constitucional, que el 20 de enero de 2004 se crea la Ley General de Desarrollo Social, en la que se establece una política social que conduzca al Estado regulando la asignación de las aportaciones federales, la exigibilidad de los derechos sociales contenidos en el cuerpo de la ley, coordinación intersectorial e intergubernamental, definición y medición de la pobreza y evaluación de la política y programas sociales, traduciéndose en el fomento de la economía popular.

Sin embargo, y a pesar de lo dispuesto en esta reforma constitucional, se consideró que no era suficiente el derecho a la alimentación, sino que ésta también debe ser una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad para el mejor desarrollo del ser humano.

Por ello surge la necesidad de establecerla de manera más específica y el 13 de octubre de 2011 se adiciona el tercer párrafo al artículo 4o., elevando a rango constitucional el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

En el Plan Nacional de Desarrollo el gobierno federal no es omiso a lo que ya está establecido en la Constitución, tampoco es omiso a los compromisos adquiridos en el ámbito internacional y busca garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población; esto es, asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los individuos en condiciones de extrema pobreza o con carencia alimentaria severa, donde la vía es construir oportunidades productivas a través de los programas públicos.

El gobierno federal materializa a través de los mecanismos diseñados para tal fin el respeto a sus políticas sociales, transitando hacia una sociedad equitativa e  incluyente.

Por eso estamos de acuerdo con la Colegisladora, y las comisiones consideramos la necesidad de que la norma específica sea congruente con lo establecido en nuestra Carta Magna, impulsando para ello esta modificación a la Ley General de Desarrollo Social, en materia de alimentación, en sus artículos 6; 14, fracción I; 19, fracción V; y 36, fracción VII, para establecer que la alimentación deberá ser nutritiva y de calidad.

Compañeras y compañeros, les solicitamos ante la sensibilidad mostrada en temas tan importantes como éste para el desarrollo de nuestros niños, su apoyo y respaldo en este Pleno del Senado de la República.

Muchísimas gracias por permitirme hacer uso de la palabra para presentar a nombre de las integrantes de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, estas dos reformas que buscan, a través de su respaldo, mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias a usted, Senadora Ortiz González.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Jesús Casillas Romero, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Desarrollo Social, en términos de lo establecido por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente.

Acudo a nombre de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y Estudios Legislativos, a presentar este dictamen a la minuta con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de discapacidad.

Como antecedente, hay que recordar que el pasado 4 de diciembre de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el dictamen que modifica el párrafo tercero del artículo 1o. constitucional.

A partir de esa modificación, se reconoció que el término adecuado es “discapacidades” para referirse a las condiciones que enfrenta un determinado grupo de la población y que, a partir de ese momento, se reconoce que el término “capacidades diferentes” es arcaico, confuso e inapropiado.

Con este precedente, surge la propuesta de adecuación del término: “capacidades diferentes”, que los sustituye por el más adecuado que es el de “discapacidad”.

Lo anterior atiende el hecho de que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que el término adecuado para referirse a este grupo de la población es el de las personas con discapacidad, entendiendo que la discapacidad no es un atributo, sino una situación.

Además, permite armonizar el término que ya se utiliza en el artículo 1o. de nuestra Constitución y que es utilizado en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Es un cambio que, aunque pareciera sencillo, tiene implicaciones muy grandes. No podemos olvidar que la prevalencia de la discapacidad en México es del 6 por ciento; es decir, más de 7.2 millones de mexicanas y mexicanos tienen está condición por lo menos, según las estadísticas del año 2014.

Y la inclusión de estas personas no puede avanzar si en nuestras leyes seguimos reproduciendo términos equivocados que no corresponden a la realidad que deseamos construir.

Por eso, compañeras y compañeros, los integrantes de estas comisiones les pedimos su respaldo y voto a favor de este dictamen que, sin duda, marcará el inicio de lo que deben ser los términos que utilicemos para estas personas que merecen, no solamente nuestro respeto, nuestro reconocimiento, sino también nuestro esfuerzo para que salgan adelante y tengan las mismas posibilidades y oportunidades que tenemos todos los mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Casillas Romero.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Parte de este dictamen es la reforma al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social; y parecería menor, pero quiero decirles que no es una cosa menor.

¿De qué se trata aparentemente? De cambiar sólo un término, “capacidades diferentes” por “discapacidad”. Pareciera no importante.

Yo les quiero decir que la definición, conceptualización del lenguaje que utilizamos para denominar a las cosas, a los hechos o a las personas es de la mayor importancia. No es una cosa menor.

El lenguaje que usamos estereotipa o discrimina, o bien, el lenguaje define, conceptualiza y reconoce la naturaleza y el alcance de los hechos, de las cosas y del significado que le damos a las personas a las que nos referimos o de las que hablamos.

Por ello, hoy deseo compartir con ustedes, compañeros Senadores, algunos conceptos de terminología que, además tienen que ver con el alcance y el impacto de esta reforma, personas con discapacidad, modificarla, o como decía, a personas con capacidades diferentes, que incluso estuvo en la Constitución por desgracia y afortunadamente ya se cambió.

Cuando decimos personas con discapacidad, siempre debemos usar persona y después discapacidad.

Quiero decirles que yo escucho candidatos, regidores, Diputados federales, Senadores, de todo, los escucho en campaña acercarse a decir: yo estoy comprometido con las personas con capacidades diferentes y voy a trabajar.

Lo primero que tendríamos que hacer es conocer de qué estamos hablando, porque además pensamos que está bien dicho, que quizás se oye bonito, pero cuando nos referimos a las personas con discapacidad debemos usar, primero la palabra persona y después la palabra, discapacidad.

Porque la discapacidad es una condición de vida, no es la persona.

Primero somos personas, la discapacidad, es una condición que puede tenerse o no, es incorrecto decir capacidades diferentes, porque diferenciamos.

Nosotros, las personas con discapacidad no les decimos personas sin discapacidad diferentes, no los diferenciamos, porque nosotros tenemos claro que no hay una sola huella dactilar igual a otra; sabemos que no hay una persona igual a la otra; y la discapacidad es una condición de vida que puede tener o no la persona, pero no es la persona. Por eso es importante esta conceptualización.

Y también preguntar, así como no hay una huella dactilar igual a otra, asimismo no hay un ser humano igual a otro, ¿por qué diferenciarnos?

Si todos los seres humanos somos diferentes, creer que capacidades diferentes es lindo, se escucha bonito, cariñoso, o es hablarnos con cierto afecto, es una rotunda equivocación, es un error en el lenguaje que excluye y diferencia.

Cuando usamos diferentes, nos están diferenciando. Por eso es importante esta pequeña reforma, pero de gran trascendencia e impacto, porque la manera como nos expresamos es la condición que les damos a las personas.

Es correcto, y aprovecho este momento y la circunstancia para compartir con ustedes aspectos del lenguaje que son correctos o incorrectos.

Sí es correcto decir: persona con discapacidad; no es correcto: persona con capacidades diferentes o especiales, discapacitados, inválidos, disminuidos, impedidos, paralíticos, deficientes o minusválidos.

Sí es correcto decir: persona con discapacidad motriz; no es correcto: minusválido, incapaz, impedido, paralítico, inútil o cojo.

Es correcto decir: persona con discapacidad auditiva; no es correcto: sordomudo, sordito y todos los diminutivos, aunque piensen que se escuche bonito.

Es correcto decir: persona con discapacidad visual, persona ciega o de baja visual; no es correcto invidente, cieguito o cualquier diminutivo; persona con discapacidad intelectual es lo correcto; no es correcto retraso mental, mongol, tonto, tarado, deficiente o anormal; es correcto persona con discapacidad psicosocial; no es correcto loco, loquito o demente.

La condición de discapacidad no se sufre ni se padece. Cuando se refieren a las personas con discapacidad que sufren discapacidad, yo quiero decirles a ustedes y en general a la nación:

¿Quién les ha dicho que sufrimos?

¿Por qué nos estereotipan que sufrimos?

Tener una discapacidad no es motivo de sufrir, tener una discapacidad es una condición que nos tocó vivir en la vida; así es la vida y depende de nosotros salir adelante, echarle ganas y decidir lo que queremos o no queremos hacer de nuestras vidas.

Sufrir es una condición que acepta el ser humano.

La gente sufre por amor y desamor, porque lo abandona la esposa, el marido, porque lo quieren o no lo quieren, porque tiene el trabajo que desea o no desea. La gente sufre por lo que le da su gana sufrir. Nosotros sufrimos por lo que nos da también nuestra gana sufrir, pero no quiere decir que tener una discapacidad nos condicione a sufrir.

Por eso es importante que cuando nos refiramos, utilicemos el lenguaje adecuado a las personas con discapacidad, no nos digan que sufrimos, y esto lo hablo a la nación entera, dejen que nosotros decidamos si queremos sufrir o no por nuestra discapacidad; si queremos sufrir o no, como sufren las demás personas, por lo que quieren y asumen sufrir.

La discapacidad no es un sinónimo de problemas, es una característica, condición de vida de millones de personas, de 650 millones de personas en el mundo; y en México del 10 por ciento de la población o hasta más, según la Organización Mundial de la Salud.

Por eso esta conceptualización y esta reforma que hoy les presentamos es de la mayor importancia, porque significa la oportunidad de hablar con el lenguaje correcto, que no discrimine y excluya.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora De la Torre Valdez.

Al no haber más oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinto minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 91 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor Secretario. Queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 6, 14, 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de alimentación nutritiva y de calidad.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6; 14, FRACCIÓN I; 19, FRACCIÓN V; Y 36, FRACCIÓN VII DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor Secretario. La Senadora Graciela Ortiz González ha presentado a nombre de las comisiones este dictamen en su pasada intervención, por lo tanto, está a discusión en lo general.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor de este dictamen.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente, con su venia. Compañeras y compañeros Senadores:

Actualmente en México padecemos distintos problemas de salud a causa de una mala alimentación. Cuando es excesiva deriva en obesidad y sobrepeso; y si es deficiente provoca desnutrición y la falta de micro nutrimentos.

La última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición reveló que el 2.8 por ciento de los menores de cinco años de edad presentan bajo peso, el 13.6 por ciento talla baja y el 1.6 por ciento desnutrición aguda. Sin duda, son estadísticas que ponen en evidencia la magnitud de este gran problema.

En el año 2011 se modificó el artículo 4o. de la Constitución Política, en la que se adicionó un párrafo en el que establece que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; el Estado se compromete a garantizarlo con la finalidad de asegurar que la población tenga acceso a una alimentación nutritiva y así poder enfrentar y superar la crisis alimentaria en nuestro país, principalmente de aquellos sectores más vulnerables del país.

Para garantizar el cumplimiento de este mandato constitucional, es indispensable la aprobación del presente dictamen que incorpora a la Ley General de Desarrollo Social el concepto de alimentación nutritiva y de calidad a la Política Nacional de Desarrollo Social.

Con este cambio, el gobierno debe considerar a la alimentación nutritiva y de calidad como parte fundamental en la aplicación de los programas en la definición de políticas públicas por parte del Estado mexicano. Es una reforma que armoniza los compromisos contraídos en la Declaración de Roma y brinda a nuestra población el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad.

En el Partido Revolucionario Institucional apoyamos el presente dictamen y reconocemos también los esfuerzos llevados a cabo por el gobierno federal para mejorar la alimentación de la población. Un compromiso que se plasmó desde el inicio de esta administración con la implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Quiero hacer mención también que en México seremos sede, en el mes de noviembre, con el Frente Parlamentario contra el Hambre, donde parlamentarios de América Latina y El Caribe, que estamos interesados por el combate al hambre, estaremos llevando a cabo foros de discusión y de análisis para que en todas las legislaciones de los Estados sea un derecho constitucional y que tengamos las leyes secundarias respectivas. Seguramente estaremos en los próximos meses ya votando la ley secundaria, derivada del artículo 4o. constitucional, en materia de alimentación, porque no queremos que ninguna persona se vaya a dormir sin alimento. Queremos que haya esa calidad en la alimentación sana y nutritiva.

Es por eso, compañeras y compañeros, que la aprobación del presente dictamen coadyuvará a fortalecer la instrumentación de este programa en beneficio de las y los mexicanos, en especial de los grupos con mayor vulnerabilidad social y económica del país.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Hernández Lecona.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a alumnos de la carrera de derecho de la Universidad Interamericana de Cuernavaca, Morelos, invitados por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

¡Bienvenidos sean todas y todos ustedes!

Tiene el uso de la tribuna el Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hablar de este dictamen, que encierra un tema importante que tiene que ver con la alimentación en este país; para muchos es un gran problema el tema de la alimentación, para una minoría es un problema resuelto; para la gran mayoría implica más del 80 por ciento del salario el tema de la alimentación por el nivel de ingreso que tenemos en nuestro país.

Hoy la Comisión de Desarrollo Social, plantea un tema de una reforma a la Ley General de Desarrollo Social para modificar los artículos 6, 14, fracción I; 19 la fracción V; y 36, fracción VII; y el propósito es armonizar, como ya lo dijo la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, la Ley de Desarrollo Social con la Constitución.

Ya ha sido argumento de en qué año se modificó nuestra Constitución y esto obliga a que tengamos que establecer los mismos contenidos.

Pero no es sólo una obligación literal de establecer en la ley que tiene que asegurarse el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

Esta reforma va encaminada a que se garantice el derecho humano a una alimentación adecuada y que se fortalezca con acciones, porque se reconoce que la alimentación balanceada permite que se establezca y se garantice la alimentación nutritiva y saludable. Estamos dando el paso a un compromiso que se hizo con los electores.

Yo les pido, compañeras y compañeros, el respaldo a esta modificación, que además es una propuesta vieja que estaba ya ahí en la Comisión de Desarrollo Social.

Gracias, compañeras y compañeros.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Pedraza Chávez.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor de este dictamen.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Nuevamente el Senado de la República hace el trabajo, es decir, al hacer la reforma a esta ley e incorporar un concepto tan importante como la alimentación nutritiva y de calidad, se está adecuando lo que señala el párrafo tercero del artículo 4o. que a la letra dice:

“Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.

Y cuando digo que el Senado hace su trabajo, me refiero a que esta modificación legal, igual que muchas otras, estoy convencido que se va a quedar en letra muerta.

Una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser, es decir, una cosa son los ideales y otra cosa es la práctica cotidiana de esos ideales.

En días pasados, el gobierno de la República anunció que va a haber recortes presupuestales en tres áreas que son fundamentales para la vida del ser humano y, en consecuencia, para el desarrollo de la sociedad.

Anunció que se recortaría a la Secretaría de Educación Pública en programas fundamentales como las escuelas de calidad.

Anunció que se haría un recorte a la Secretaría de Salud.

¡Imagínense!

Y anunció que se haría un recorte a la Sagarpa, es decir, a la Secretaría encargada de la producción de alimentos.

Por un lado, el Senado de la República, en el artículo 6 de esta ley, está hablando de que son derechos la alimentación nutritiva y de calidad; es un derecho, es decir, no hay otra posibilidad más que cumplirlo.

Y sinceramente yo les pregunto, compañeros Senadores, ¿el Estado mexicano, el gobierno actual, está haciendo posible este derecho plasmado en el párrafo tercero del artículo 4o. constitucional? Evidentemente no.

El último informe de la Cepal dice que: México es el único país de América Latina que no ha reducido sus niveles de pobreza.

También sostiene la Cepal en su informe, que de 117 millones de personasque tiene este país, 63 tienen algún tipo de pobreza; y que de esos 63 millones, 30 millones están en pobreza alimentaria, es decir, que hacen cuando mucho una comida al día.

Y la pregunta es: ¿De qué ha servido la famosa Cruzada Nacional contra el Hambre?

Hemos sostenido y seguiremos sosteniendo que no es con asistencialismo como vamos a hacer efectivos estos derechos, que tenemos que impulsar la producción social de alimentos, pero esto parece que no le surte efecto al gobierno, porque si ya no les da el pescado, entonces seguramente en materia electoral se reducirán sus posibilidades de acceder al poder.

Y aquí la pregunta es: ¿Quieren mantenerse en el poder a costa de medrar con el hambre de los mexicanos o realmente quieren el poder para aliviar el terrible sufrimiento que tiene nuestro pueblo, producto de la hambruna?

Este recorte a estas áreas fundamentales plantea que lo que menos le interesa a este gobierno es el bienestar, un estado de bienestar para los mexicanos.

Desde aquí convocamos al ciudadano Presidente de la República a que en el Presupuesto de Egresos 2017, en su proyecto, incorpore una partida especial para hacer efectivo el derecho a la alimentación nutritiva y de calidad; a que incorpore en su proyecto de presupuesto una partida especial para que, efectivamente, se supere la pobreza y los mexicanos puedan tener acceso a la alimentación nutritiva y de calidad y que las políticas públicas de este gobierno se orienten en ese sentido.

De lo contrario, compañeras Senadoras y Senadores, esto quedará en letra muerta, el hambre seguirá cabalgando sin control a lo largo y ancho de nuestra Nación, y lo que vamos a aprobar el día de hoy quedará, disculpen el término, como un sueño guajiro.

Qué bueno que ya se incorporó a la ley. Ojalá y el Ejecutivo Federal ahora haga su trabajo e incorpore a sus políticas públicas asuntos que tengan que ver con la erradicación del hambre en nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Primero aplaudir la iniciativa de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, en el sentido de una iniciativa que tiene que ver con la calificación de los alimentos en México, que me parece muy oportuno y pertinente, porque nosotros como legisladores, y no me refiero a recientemente, sino ya en legislaturas anteriores, hemos tenido diversos debates para calificar todos los alimentos que, de una u otra forma procesados, se venden o se vendían en las escuelas públicas y privadas, que además estos alimentos han causado y causan problemas y trastornos metabólicos a nuestros hijos y a las familias mexicanas.

Por eso tenemos los altos índices de obesidad en nuestro país, que nos lleva a la penosa calificación de ser, en la obesidad infantil el número uno, y en algunas zonas del país nos llevan también a la desnutrición.

Entonces, me parece muy correcto el poner el derecho a la alimentación nutritiva y de calidad en la Ley General de Desarrollo Social; y creo que, además, viene a concluir o a cristalizar las legislaciones que tienen que ver con la eliminación de alimentos chatarra o procesados, que ya se ha legislado, como ya lo dije hace rato, de muchas formas; y que además, también compromete a los productores de alimentos procesados a incluir ingredientes nutritivos, vitamínicos en todos los alimentos que están en nuestro país.
¿Qué quiero decir con esto?

Que cuando estuvimos legislando el tema de los alimentos chatarra, es decir, procesados, muchísimos empresarios, dueños de las líneas de producción, no voy a decir marcas, ni mucho menos porque no es el caso, vinieron en ese entonces a la Cámara de Diputados a convencerlos de que abandonáramos esa idea de legislar en torno a lo que tenía que ver con los refrescos, lo que tenía que ver con el contenido calórico, lo que tenía que ver con una serie de cosas.

Entonces, lo que nosotros empezamos a impulsar fue el poder sensibilizar a los dueños de los medios de producción de estos alimentos, para que cambiaran líneas de producción, no completas, sino simple y sencillamente que fueran evolucionando hacia un esquema de producción de alimentos nutritivos y con alto índice de harinas ricas en vitaminas y en minerales, en una serie de cosas que pudieran ayudar a nuestros hijos en las escuelas.

Todo esto a mí me parece que resulta, esta reforma protectora y garantiza los derechos humanos básicos de nuestra población con el propósito de crear una conciencia y definir el tipo de alimento que necesitamos. Ya no sólo me refiero a las escuelas, sino en todos los ámbitos de la vida diaria.

Esto nos viene como legisladores, a estar recordando que primero son los derechos de la población, en este caso la alimentación; y me refiero también a las cifras del Coneval que aquí ya citaron algunos de mis compañeros, que tienen que ver también con el  fenómeno o el problema de la pobreza vinculado directamente a la calidad de la alimentación.

Mi exhorto y mi voto será, por supuesto, a favor.

Gracias, señora Presidenta.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Guerra Castillo.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida y hace un reconocimiento a atletas por su destacada trayectoria y clasificación a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, quienes están presentes en esta sesión, invitados por la Comisión de Juventud y Deporte, encabezada por el Senador Carlos Alberto Puente Salas, y los menciono en este orden:

Nuria Lidon Diosdado García, de nado sincronizado; Karen Faride, de nado sincronizado; Joana Betzabe Jiménez García, de nado sincronizado; Daniel Gómez Tanamachi, de esgrima; Tania Karina Arrayales Macías, de esgrima; y nuestros grandes deportistas Juan José Pacho Burgos, quien fue coach de béisbol, un gran atleta yucateco; Adriana Loftus Martínez, entrenadora de nado sincronizado y Jorge Castro Rea, Presidente de la Federación Mexicana de Esgrima.

¡Sean ustedes bienvenidos, al Senado de la República!

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Muchas gracias, señora Presidenta.

Yo coincido con el Senador Demédicis Hidalgo, en que por decreto no se acaba el hambre, ni se va a generar alimento en la mesa de cada uno de los mexicanos, pero sí celebro que en la ley nos obliguen a hablar de una alimentación nutritiva y de calidad, porque creo que no se trata de prohibir.

En la prohibición o en el impuesto a los alimentos con alto contenido calórico, quien más se perjudicó en su propio gasto es la gente que no tiene más que para comprar lo que está al día y no está cerca de su entorno la alimentación nutritiva y sana que pueda comprar. Así que ellos siguen comprando galletas, siguen comprando refrescos.

Lo que tenemos que hacer es incentivar, y con este dictamen que integra la alimentación nutritiva y de calidad, se puede generar un círculo virtuoso. Creo que esto es lo que más vale en el dictamen, que a la alimentación se califica de nutritiva y de calidad, porque puede generarse un círculo virtuoso alrededor de esta necesidad.

Hay muchos pequeños productores para quienes las legumbres, las verduras, los alimentos que ellos pueden producir, no tienen ningún valor. En cambio, puede reorientarse la política de la propia Sagarpa, provocar que los pequeños productores vuelvan a sembrar alimentos nutritivos que tienen que venderse en fresco y que se genere también una cadena de valor, de tal forma que haya compras en lo local, en las escuelas, en los municipios, en los Cereso, en todos los lugares públicos que tienen que proveer de alimentación.

Que se generen estos círculos virtuosos, que haya productos que completan la canasta, que son las verduras que tienen vitaminas, hierro, y que hagan que podamos tener esta oportunidad.

No creo que se trate, y no es discusión de este momento, de aumentar el gasto en la Secretaría, sino de reorientarlo, de generar cadenas de valor, de generar asociaciones, de proponer y apoyar la agricultura familiar, que es un compromiso que todos tenemos, y que en lo local pueda empezarse a generar este círculo virtuoso que hará que las niñas, niños, mamás y papás puedan tener una alimentación nutritiva en frescos.

Que haya una reorientación de la propia Sagarpa para que no sean proyectos aislados, que tienen poca vida los que se estén generando, sino proyectos que vinculen a comunidades, que vinculen a distintos productores y que tengan a los compradores y a los consumidores a la mano para que no sean los más pobres, los más alejados, los que a pesar de los decretos siguen teniendo obesidad, los que siguen consumiendo lo que no es fresco, porque es lo único que está a la mano.

Ojalá que podamos entrarle a la reforma de la Ley de Agricultura, para que podamos hacer factible, posible y obligada la generación de estos círculos virtuosos.

Por esto nuestro grupo parlamentario va a estar también a favor de esta reforma a la Ley de Desarrollo Social.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Calderón Hinojosa.

En virtud de que no hay otros oradores registrados, ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



El Secretario Senador Octavio Pedroza Gaitán: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 82 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman los artículos 6; 14, fracción I; 19, fracción V; y 36, fracción VII de la Ley General de Desarrollo Social. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Compañeros Senadores, pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 39, 44 Y 55 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario)

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

La Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

El Infonavit es una institución creada para los trabajadores y conformada también para los trabajadores.

Uno de los mayores beneficios que busca el Infonavit es dar certeza y accesibilidad al derecho humano, que aspira cualquier hombre y mujer, de poder tener una vivienda.

En este orden de ideas y para fortalecer a la clase trabajadora, ustedes recordarán el esfuerzo que se ha hecho para brindarles un mejor salario, y que no se encuentre, por decirlo así, amarrado como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas o reguladas por la ley.

Por lo que el 27 de enero de este año, se publicó en el Diario Oficial que se declaraban reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

La referida reforma tuvo por objeto evitar que el salario mínimo continuara siendo la unidad de cuenta utilizada a nivel nacional, permitiendo que los incrementos al salario mínimo no perjudiquen en ningún momento a los trabajadores causando aumentos en costos y pagos para ellos, buscando que el salario realmente adquiera un nuevo carácter con mayor poder adquisitivo.

La reforma en pro de los trabajadores prioriza que el salario mínimo sólo se utilice como remuneración básica para el trabajador, desindexándolo en la Constitución y posteriormente en las demás leyes, a fin de sustituirlo con una nueva Unidad de Medida y Actualización, el UMA, la cual fungirá como unidad de cuenta, índice, base media o referencia para las obligaciones y supuestos del sistema jurídico nacional.

Ésta es una medida que fortalece al salario mínimo permitiendo que se sienten las bases para establecer una política que recupere el poder adquisitivo de los salarios.

Con ello se busca que el salario mínimo esté vinculado con el crecimiento de la productividad nacional y no se utilice para indexar precios, lo cual había sido un freno para el crecimiento del valor de los salarios mínimos.

No hay duda, fortalecer los salarios es fortalecer también a nuestra clase trabajadora.

En dicho Decreto de reforma constitucional, se establece que en las leyes se deberá sustituir el salario mínimo por la nueva Unidad de Medida y Actualización.

Sin embargo, en materia de créditos esta sustitución no es una tarea sencilla, por lo que con esta iniciativa los créditos de Infonavit que se encuentren firmados en veces de salarios mínimos, así se mantendrán y no perderán sus condiciones, apoyados en sus ventajas para los acreditados, resaltando que las disposiciones transitorias de la reforma constitucional continúan un mecanismo de protección para ellos y en caso de incrementos sustanciales al salario mínimo, es decir, los créditos que se encuentren firmados en veces salarios mínimos, se actualizarán anualmente con el incremento que resulte menor entre el salario mínimo y la UMA.

Además, con la aprobación de este dictamen que nos ocupa, se refuerza la viabilidad financiera de largo plazo para este Instituto, el cual, en su carácter de organismo de seguridad social tiene también el compromiso de crear las condiciones adecuadas que apoyen y fortalezcan a los trabajadores de nuestro país, bajo los mecanismos de solidaridad, de redistribución e integralidad, tomando en cuenta las condiciones también de la propia economía nacional, siendo entonces de vital importancia para el Instituto salvaguardar este derecho de los trabajadores y cumplir con el mandato legal que le ha sido encomendado.

Establecer un sistema de financiamiento que les permita, por un lado, otorgar crédito barato y suficiente para la adquisición de viviendas, higiénicas y adecuadas, así como el otorgamiento de los rendimientos del salario a la Subcuenta de Vivienda.

Compañeras y compañeros: El dictamen que estoy presentando ante ustedes, es una reforma necesaria, mandatada desde la Constitución Política, para beneficiar a los trabajadores; es una aportación para los más de 50 millones de trabajadores que cotizan a este Instituto.

El Infonavit es una institución de los trabajadores para los trabajadores.

Por eso hoy los invito a votar a favor de este dictamen, a votar a favor del fortalecimiento del Instituto, a votar a favor de todos y cada uno de los trabajadores mexicanos.

Muchísimas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Barrera Tapia.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento del Senado, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales serán en orden creciente y por un tiempo de diez minutos cada uno.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores, buenas tardes.

Una de las máximas aspiraciones de todos los mexicanos es que los esfuerzos de toda la vida de trabajo se reflejen en la adquisición de una vivienda que dé tranquilidad a nuestras familias.

Sin embargo, para materializar este derecho constitucional de toda persona a una vivienda digna y decorosa, se requieren políticas públicas que permitan que el gobierno acompañe a los trabajadores y tengan derecho a créditos hipotecarios con montos, plazos y tasas de interés adecuadas.

Por ello, una de las instituciones que ha sido pilar de la seguridad social en México es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, que desde hace ya más de cuatro décadas ha apoyado la adquisición y mejora de las viviendas.

El pasado 27 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de reforma constitucional que permitirá que el salario mínimo deje de ser usado como una referencia para la determinación de pagos en todo el país.

La desindexación del salario mínimo tiene la mayor de las relevancias en el ámbito de competencias del Infonavit, pues no se debe perder de vista que anteriormente los créditos eran otorgados en base a los salarios mínimos.

Bajo este contexto, el dictamen que nos envían las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera, tiene la finalidad de dar cumplimiento a la reciente reforma constitucional, antes referida, en materia de desindexación del salario mínimo.

La reforma propuesta responde a la necesidad de eliminar las referencias del salario mínimo como medida para evitar impactos financieros en el Infonavit, asegurando que los rendimientos mínimos de las Subcuentas de Vivienda de los trabajadores sean un reflejo de rendimiento de sus activos y se generen sanos niveles de rentabilidad.

Además de beneficiar las finanzas del Infonavit, tenemos la certeza de que la desindexación del salario mínimo sea en pro de los trabajadores. Esta medida contribuirá a establecer una política de repercusión del poder adquisitivo de los salarios mínimos, que ha sufrido depreciación desde la década de los 80’s.

Por último, en el régimen transitorio del proyecto de Decreto, se prevé que los contratos vigentes celebrados previamente por el Infonavit podrán seguir utilizando como referencia el salario mínimo, salvo que las partes acuerden lo contrario. Esto permitirá que las instituciones que otorguen créditos a la vivienda y los trabajadores deudores de los mismos no sufran problemas financieros a causa de la situación de las unidades de medida.

Es por ello que los Senadores del Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen que reforma la Ley del Infonavit, en virtud de que representan diversos beneficios para el propio Instituto y para los trabajadores mexicanos.

Es cuanto, señora Presidenta.

Gracias, compañeros.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Aréchiga Ávila.

Se concede el uso de la palabra al Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: Gracias, con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

El gobierno de la República ha impulsado, desde el inicio de la actual administración, una política vigorosa para garantizar que todas las mexicanas y mexicanos accedan a una vivienda digna y decorosa.

En este sentido, el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, recoge los objetivos fundamentales de la política nacional en esta materia, la cual establece un nuevo modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector, mejorar y regularizar la vivienda urbana y construir y mejorar la vivienda en el campo.

El dictamen que hoy discutimos está en concordancia con la reforma en materia de desindexación del salario mínimo, cuyo objetivo primordial es desvincular del salario mínimo a la función que adquirió como unidad de cuenta para diferentes efectos legales y económicos.

Dicha reforma establece que el salario mínimo sólo debe utilizarse como remuneración básica para el trabajador y ser sustituido por una nueva Unidad de Medida y Actualización, UMA, que fungirá como unidad de cuenta, índice, base media o referencia para las obligaciones y supuestos del sistema jurídico nacional.

La reforma que hoy analizamos resulta de la mayor trascendencia para millones de trabajadores y para el desarrollo de nuestro país.

Coincidimos en la necesidad de modificar los artículos de la Ley del Infonavit, que hace referencia al salario mínimo, para evitar algún impacto financiero negativo en este noble Instituto y, por ende, en las familias mexicanas.

Esta reforma es técnicamente viable y socialmente necesaria. Entre sus principales bondades se encuentran las siguientes:

Permitir armonizar la Ley del Infonavit con los cambios constitucionales que aprobamos recientemente, que sin duda darán viabilidad ante escenarios adversos.

Permite evitar que en un escenario de alta inflación no se amenace la estabilidad financiera del Instituto.

Beneficiará a más de 18 millones de trabajadores activos y cotizando en todo el territorio nacional.

La labor del Infonavit para desarrollar y promover vivienda digna en favor del bienestar de los mexicanos ha sido trascendental.

Entre septiembre del año 2014 y agosto del año pasado, el Instituto otorgó 655 mil 460 créditos en beneficio de igual número de familias, para financiar la adquisición de viviendas, impulsar nuevos esquemas de renta, mejoramiento y ampliación y atender nuevos segmentos de nuestros trabajadores.

Nuestra Carta Magna establece en su artículo 4o. el derecho de una vivienda digna y decorosa. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, indica que los Estados miembros deben realizar las medidas suficientes y necesarias para que todas las personas puedan acceder a una vivienda adecuada.

Compañeras y compañeros legisladores: Sin duda las modificaciones propuestas por el presente Decreto garantizan el sano balance financiero del Infonavit, en beneficio de todos sus derechohabientes actuales y los que contratarán en un futuro.

En el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional nos posicionamos a favor de esta relevante reforma, porque estamos seguros que coadyuvará al mejoramiento sistemático del bienestar de los trabajadores y las familias en todo el país.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Chico Herrera. Está a discusión en lo general el dictamen.

Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen, se ha inscrito la Senadora Angélica Araujo Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a favor del dictamen. En consecuencia, se le concede el uso de la palabra, señora Senadora.

La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes. Compañeras y compañeros Senadores:

El dictamen que hoy discutimos es de gran trascendencia, como ya se ha señalado, para garantizar la estabilidad financiera del más grande emisor hipotecario del país.

Se modifican diversas disposiciones, en particular los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, para armonizar esta legislación con la reforma constitucional, en materia de desindexación del salario mínimo.

Es oportuno recordar que esta reforma tuvo por objeto evitar que el salario mínimo continuara siendo la unidad de cuenta utilizada a nivel nacional, una situación que limitaba su incremento por estar indexado a diversos montos, a cuotas, en la legislación tanto federal como local.

Con la reforma que hoy discutimos se estipula un esquema que garantiza derechos y obligaciones recíprocas para el Infonavit, y así mantener el equilibrio financiero del Instituto.

Lo anterior significa que en todo momento el rendimiento mínimo garantizado del pasivo estará en concordancia con el rendimiento generado por el activo, para generar con esto sanos niveles de rentabilidad.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, es una institución muy importante para el Estado mexicano, cuyo objetivo, como aquí se ha señalado, consiste en coadyuvar a materializar uno de los derechos humanos más importantes para el ser humano, como lo es el derecho humano a una vivienda adecuada.

Sólo para darles unas cifras. En el 2014, el Infonavit otorgó más de 396 mil créditos hipotecarios, lo que representó un 75 por ciento del total de los créditos hipotecarios que se ofertaron en nuestro país.

De igual manera, el Infonavit ejerció 296 mil acciones para el mejoramiento de las viviendas de los mexicanos.

La importancia de la reforma a discusión radica en que, a través de estos cambios que aquí estamos plasmando, evitaremos un eventual desequilibrio financiero de este Instituto al integrar los cambios en materia de desindexación del salario mínimo.

Con la presente reforma se busca armonizar el destino de los derechos y obligaciones de este Instituto, que dicho sea de paso, es el Instituto que atiende a más de 50 millones de trabajadores derechohabientes, entre los que se encuentran activos y los que hoy están inactivos.

De no llevar a cabo estos cambios, corremos el riesgo de que el Infonavit pierda la estabilidad financiera ante escenarios de alta inflación.

Así que, en síntesis, se trata de una medida de prevención y de rentabilidad que traerá beneficios concretos para los trabajadores y, sobre todo, para sus familias.

Es un cambio de vital importancia, sobre todo si tomamos en cuenta que en los próximos 20 años, se puede suponer que habrá un déficit o una demanda de vivienda para más de 10 millones de familias y de personas en nuestro país.

El objetivo que perseguimos es claro: brindar certeza jurídica, estabilidad, tranquilidad y estabilidad al Instituto, pero sobre todo a los derechohabientes, que son realmente a quienes el Instituto rinde cuentas.

Así que, compañeras y compañeros, si bien es cierto que el derecho humano a la vivienda está consagrado en legislaciones nacionales e internacionales, también lo es que existen todavía áreas de oportunidad para poder asegurar una vivienda adecuada para millones de mexicanos que aún necesitamos atender.

El asunto que hoy está a nuestra consideración es producto de un análisis técnico muy riguroso, el cual permitió generar un consenso entre todas las fuerzas políticas que aquí están representadas.

Así que, a partir de estas consideraciones, yo quisiera decirles que a nombre del grupo parlamentario del PRI, nosotros estaremos votando a favor, y pedimos, por supuesto, también a todos ustedes, el voto a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias, compañeros.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Araujo Lara.

En virtud de que no hay otros oradores registrados ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 83 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

EXCITATIVAS

Compañeros Senadores: A petición del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, esta Presidencia emitirá atentas excitativas a comisiones sobre diversos proyectos presentados.

Uno, que reforma la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentado el 24 de marzo de 2015.

El senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, párrafo 1, inciso g) y 122 párrafo 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 8º, fracción III y 214, párrafo 2 del Reglamento del Senado presenta excitativa para que se elabore el dictamen favorable a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE EN MATERIA DE PROTECCIÓN A DEPORTISTAS DE COMBATE, la cual se turnó el 24 de marzo de 2015 a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda; con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 19 de marzo se cumplió el primer aniversario de la muerte de quien en vida llevara el nombre de Pedro Aguayo Ramírez, también conocido en el mundo de la lucha libre como “El Hijo del Perro Aguayo”. Con el propósito de evitar nuevos fallecimientos en los deportes de combate, el suscrito presentó una iniciativa con proyecto de decreto para introducir en la Ley General de Cultura Física y Deporte una preceptiva de carácter preventivo. En la Exposición de Motivos se manifestó lo siguiente:

En la medida que las justas deportivas de contacto intensifican su perfil como espectáculos de difusión masiva al ser transmitidas a públicos densos, la exigencia de exposición al riesgo se eleva al grado de colocar a los contendientes en una situación de auténtico peligro. Los fallecimientos recientes tanto de boxeadores como de luchadores son muestra evidente de la peligrosa combinación de los deportes de contacto con altos requerimientos de realismo crudo en las transmisiones. La cauda de atletas que pierden la vida o terminan en una silla de ruedas exige la adopción de medidas legislativas que salvaguarden su dignidad como personas en el ejercicio de su profesión.”

A los pocos días de su presentación ante el Pleno, el Presidente y los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte tuvieron a bien recibir a miembros destacados de los deportes de combate, entre los que participaron varios campeones mundiales, junto con altos directivos de asociaciones de box y lucha libre que apoyaron la iniciativa y destacaron los beneficios que traería al elevar el nivel de seguridad de los atletas.

Por ello, con el propósito de elevar el nivel de seguridad de los atletas en deportes de combate en nuestro país es que me permito solicitar se proceda al estudio, análisis y aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION XXX RECORRIENDOSE LA ACTUAL FRACCION XXX DEL ARTICULO 30ASI COMO EL CAPITULO VI BIS INTEGRADO POR LOS ARTICULOS DEL 144 BIS AL 144 QUATER DEL TITULO QUINTO DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.

Artículo Único.- Se adiciona la fracción XXX recorriéndose la actual fracción XXX del artículo 30 así como el Capítulo VI Bis integrado por los artículos del 144 Bis al 144 Quater del Título Quinto de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 30…

XXX. Vigilar la observancia de las normas de protección a los participantes en deportes de combate y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes, y

XXXI. Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales o reglamentarias determinen.

Capítulo VI Bis

De la Protección a Deportistas de Combate.

Artículo144 Bis. En los deportes de combate profesional se aplicará un protocolo que garantice el máximo nivel de seguridad de los contendientes. Los jueces o árbitros, los entrenadores o managers, los organizadores del eventoasí como los médicos asignados al mismo, las Sociedades Recreativo-Deportivas y cualquier persona que bajo cualquier título obtenga un beneficio económico directo o indirecto con motivo de los combates tienen el deber de garantes sobre la vida y no actualización de discapacidades permanentes de los contendientes en función de las obligaciones y actividades a su cargo en términos del protocolo.

Artículo 144 Ter. El protocolo será elaborado por la CONADE con opinión de las Asociaciones Deportivas Nacionales que correspondan, los Órganos Estatales, del Distrito Federal y Municipales de Cultura Física y Deporte y las asociaciones de los deportistas de combate.

Corresponde a los Órganos Estatales y del Distrito Federal de Cultura Física y Deporte vigilar la aplicación del protocolo.

Artículo 144 Quater. Los organizadores del evento recreativo-deportivo de combate deberán garantizar la atención médica integral y, en su caso, indemnización a sus familias o dependientes económicos para el caso de actualización de los riesgos a que están expuestos los deportistas de combate.

Para el caso de incumplimiento de esta obligación, los ingresos del evento en que se actualice algún riesgo sobre la vida o produzca una incapacidad permanente de los contendientes quedan afectos al pago de las indemnizaciones de ley. El contrato por efecto del cual los deportistas participen en el evento recreativo-deportivo será título ejecutivo para exigir esta prestación.

TRANSITORIOS

UNICO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, el 12 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.





 

Y otros, presentados los días 25 de marzo y 8 de abril de 2014; y 18 de noviembre de 2015, sobre protección y seguridad a periodistas.

El Senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, párrafo 1, inciso g) y 122 párrafo 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 8º, fracción III y 214, párrafo 2 del Reglamento del Senado presenta excitativa para que se elabore el dictamen favorable a las iniciativas que se mencionan en este escrito; con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Sociedad Interamericana de Prensa concluyó su reunión, la cual tuvo lugar en la República Dominicana. Se abordaron distintos temas propuestos por periodistas de todo el continente. Al hacer el análisis de la situación del periodismo en general y de la libertad de expresión en particular en los diversos países, lamentablemente México volvió a preocupar. Nuestro país sigue representando un foco de alarma para la Sociedad Interamericana de Prensa. En México se registra una agresión a periodistas cada 22 horas. La organización también informó lo siguiente:

"Todos los casos tienen algo en común: la ausencia de protección y respuesta del Estado, ya sea por el desempeño inexistente u opaco de las instituciones, sumado a que son servidores públicos quienes componen la mayor proporción de perpetradores, con 165, en comparación con 35 del que crimen organizado y 34 de partidos políticos en 2015 … En un ambiente de guerra como el que se vive en Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Coahuila y en la mayor parte de los estados, la tarea de la prensa resulta sumamente molesta para los gobiernos estatales y municipales".

Con el propósito de contener el cúmulo de ataques a los periodistas y los medios de comunicación y revertir la crisis de la libertad de expresión, el suscrito quien funge como Presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones en contra de Periodistas y Medios de Comunicación ha presentado ante el Pleno del Senado un paquete de iniciativas tanto constitucionales como a leyes secundarias. Ha propuesto que el Mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas se eleve al rango de organismo constitucional autónomo. También que el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión sea nombrado por el Senado de la República al igual que las relativas a los delitos electorales y la anticorrupción. Finalmente, se ha propuesto que en la agenda nacional de riesgos dela Comisión de Seguridad Nacional se incluyan los ataques a los medios de comunicación, ya que su incidencia reiterada implica una amenaza a la integridad y permanencia del Estado Mexicano.

Por ello, en razón de la situación de vulnerabilidad de las y los periodistas y los medios de comunicación, el suscrito se permite solicitar se haga, con toda atención, una excitativa a las comisiones a las que han sido tomadas las iniciativas aludidas, publicadas en la Gaceta del Senado con fechas 8 de abril y 25 de marzo de 2014, así como 18 de noviembre de 2015 para el efecto de que procedan a su dictaminación favorable.

Ciudad de México, el 12 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.





 

Informo a la Asamblea que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en el Orden del Día se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los sectores con mayor vulnerabilidad en el país es el relativo a los empleados domésticos. Se trata de un sector integrado mayoritariamente por mujeres, las cuales de manera cotidiana se enfrenta a situaciones en el que la discriminación, la falta de seguridad social y el acceso a un salario digno es una práctica recurrente.

En nuestro país, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México las personas que trabajan en las labores del hogar suman un millón 966 mil 196 personas, de las cuales 91 por ciento son mujeres (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo).

Ese sector genera 3 mil 61 millones de pesos; sin embargo, ese trabajo está catalogado como informal y normalmente no cuenta con seguro médico ni prestaciones de ley.

Ello significa que el trabajo del hogar está feminizado y es mayor el grado de vulnerabilidad de las mujeres que lo realizan. La situación crítica de la economía, de las condiciones de empleo y el desempleo en el país orillan a las personas trabajadoras del hogar a aceptar el salario y las condiciones del empleador. El trabajo doméstico es aislado y prácticamente invisible. Esto facilita la desprotección y la vulnerabilidad de las personas que trabajan en este ámbito.

Actividades como son la limpieza de la casa y labores como cocinar, planchar o cuidar enfermos o niños constituyen parte de la economía de los hogares, difícilmente esas tareas tienen un salario digno. La mayoría de los pagos para las trabajadoras del hogar se encuentra debajo del salario mínimo, pues trabajan jornadas de más de doce horas por una paga que va de 300 a 600 pesos a la semana.

A pesar de los magros salarios, es una de las actividades más socorridas para el ingreso de las mujeres, pues de acuerdo con cifras oficiales, una de cada 10 que tiene una actividad remunerada es empleada doméstica.

Otra situación que afecta directamente a este sector tiene que ver con una serie de malos tratos y abusos que atentan contra la dignidad humana y la discriminación que conlleva por su apariencia, su edad, su condición socioeconómica y su pertenencia étnica.

Parte del problema  sobre su invisibilidad es que el contexto cultural dominante, se ha reproducido socialmente el estereotipo de que las mujeres en general, y las personas trabajadoras del hogar en particular, “saben” hacer este trabajo, que lo han aprendido a lo largo de los años y que es “lo normal”. El trabajo del hogar no ha logrado una dimensión propia, ni se reconoce socialmente como trabajo; persiste la representación social de las personas trabajadoras del hogar como “colaboradoras” que son “parte de la familia”, que no tienen derechos sino obligaciones para el hogar que la “cobija”. Esto ha contribuido a que la población no las vea como sujetos de derechos, y expresa que la discriminación contra las mujeres está engranada en desigualdades e inequidades estructurales entre hombres y mujeres.

De acuerdo al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, la expresión trabajadora del hogar o trabajadora doméstica designa a toda persona que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación laboral. El término trabajadora o trabajador del hogar es sinónimo de trabajadora o trabajador doméstico.

Este Convenio y la Recomendación 201 sientan la base normativa para la promoción y protección de los derechos humanos de millones de trabajadoras y trabajadores del hogar. En este documento se garantiza la protección laboral mínima que deben tener las y los trabajadores domésticos, en igualdad de condiciones con las demás personas trabajadoras, y deja un margen de flexibilidad considerable para su aplicación.

Por tanto, la iniciativa que se presenta, busca hacer congruente la legislación laboral con este tratado internacional, Inicialmente se propone cambiar la denominación del Capítulo XII de la Ley Federal del Trabajo denominado trabajadores domésticos por el de trabajo en el hogar.

Proponemos establecer expresamente que la jornada laboral sea de ocho horas y que por cada semana de trabajo deberán designarse por lo menos dos días de descanso con goce de salario, En caso de que dichos días fuesen trabajados el pago deberá ser cubierto en las mismas condiciones que establece la Ley Federal del Trabajo.

Al margen de otras prestaciones que se pudieren pactar entre las partes, se establece que las personas trabajadoras del hogar cuenten invariablemente con las prestaciones relativas a vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso a la seguridad social, y aguinaldo.

Se establece una cláusula para prohibir la contratación de niñas, niños y adolescentes menores de 15 años para este tipo de actividades.

Asimismo se proponen una serie de mecanismos tendientes a salvaguardad la integridad de los empleados del hogar como son el acceso a una actividad libre de violencia o de tratos crueles, inhumanos o degradantes; el respeto a su identidad cultural, su lengua, su ropa tradicional y la participación en sus actividades comunitarias en sus días de descanso.

Finalmente se propone que el patrón provea de ropa de trabajo sin costo alguno, considerando como mínimo dos mudas o, en caso de existir acuerdo entre las partes sobre el uso de uniforme, proporcionar dos conjuntos al año.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

ÚNICO. Se reforma la denominación del Capítulo XII para denominarse “Del Trabajo en el Hogar”, los artículos 331, 332, 333, 336, las fracciones I, II y III del artículo 337; la fracción I del artículo 338, 340 y 342; se adicionan los artículos 331, 333; 334; las fracciones IV, V, VI,  VII y VIII al artículo 337; todos de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:
LEY FEDERAL DEL TRABAJO

CAPITULO XIII

DEL TRABAJO EN EL HOGAR

Artículo 331.- Son trabajadoras y trabajadores del hogar las personas que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al lugar donde habitan una persona o familias.

El trabajo en el hogar deberá ser acordado entre las partes contratantes en cuanto a sus modalidades, tareas, prestaciones y condiciones de pago.

Queda prohibida la contratación para el trabajo en el hogar de niñas, niños y adolescentes menores de 15 años de edad.

Artículo 332.- No son trabajadores del hogar y en consecuencia quedan sujetos a las disposiciones generales o particulares de esta Ley:

I y II …

Artículo 333. La jornada de trabajo no podrá exceder del límite de ocho horas diarias dispuesto por esta ley. En el caso de las personas trabajadores del hogar que habitan en donde prestan sus servicios deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, además de un descanso mínimo diario de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas.

Por cada semana de trabajo deberán designarse por lo menos dos días de descanso con goce de salario, En caso de que dichos días fuesen trabajados el pago deberá ser cubierto en las mismas condiciones que establece esta ley.

Artículo 334.-, Salvo lo expresamente pactado, la comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación. Para los efectos de esta Ley, los alimentos y habitación se estimarán equivalentes al 50% del salario que se pague en efectivo.

Los alimentos destinados a las personas que trabajan en el hogar serán de la misma calidad y cantidad de los destinados al consumo del patrón.

Sin menoscabo de otras prestaciones que se pudieren pactar entre las partes, las personas que trabajan en el hogar contarán invariablemente con las siguientes prestaciones:

a) Vacaciones,

b) Prima vacacional,

c) Pago de días de descanso,

d) Acceso a la seguridad social, y

e) Aguinaldo, en los términos de esta ley.

Para el disfrute de sus vacaciones, los trabajadores y trabajadoras del hogar, quedarán relevados de cualquier actividad subordinada con su patrón y en caso contrario, el patrón está obligado a proporcionárselas por el tiempo completo que conforme a su antigüedad en el servicio les corresponda en los términos de esta ley.

Queda obligado el patrón a darles de alta en el seguro social, en los términos de su ley y reglamentos.

Artículo 336. Los trabajadores del hogar tienen derecho a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido, preferiblemente en sábado y domingo.

Mediante acuerdo entre las partes podrá acordarse la acumulación de los medios días en periodos de dos semanas, pero habrá de disfrutarse de un día completo de descanso en cada semana.

Artículo 337.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Guardar consideración a los trabajadores del hogar, absteniéndose de todo trato cruel, inhumano o degradante;

II. Proporcionar al trabajador del hogar habitación cómoda e higiénica, alimentación sana y suficiente y condiciones de trabajo que aseguren la vida y la salud;

III. El patrón deberá cooperar para la instrucción general del trabajador del hogar, de conformidad con las normas que dicten las autoridades correspondientes;

IV. Generar un ambiente libre de violencia, abuso u hostigamiento sexual;

V. Proporcionar los medios, instrumentos y dispositivos electrónicos necesarios para el desarrollo de la actividad laboral bajo condiciones de seguridad, salubridad y funcionalidad;

VI. Contar con el personal necesario y proveerlo del equipo de protección, o en su caso vestimenta, para el desempeño de trabajo sin costo alguno y en número suficiente, al menos cada 6 meses;

VII. Evitar exponer al trabajador del hogar a desarrollar actividades que impliquen un conocimiento técnico cuya ausencia ponga en peligro la salud o integridad física;

VIII. Respetar la identidad, usos y costumbres de trabajadores de origen indígena.

Artículo 338.- Además de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, en los casos de enfermedad que no sea de trabajo, el patrón deberá:

I. Pagar al trabajador del hogar el salario que le corresponda hasta por un mes;

II a III …

Artículo 340.- Los trabajadores del hogar tienen las obligaciones especiales siguientes:

I a II …

Artículo 342.- El trabajador del hogar podrá dar por terminada en cualquier tiempo la relación de trabajo, dando aviso al patrón con ocho días de anticipación.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 12 de abril de 2016.

Suscribe

Sen. María de los Ángeles Verónica González Rodríguez.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN     Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, María del Carmen Izaguirre Francos, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia)

Las que suscriben, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, ERIKA AYALA RÍOS, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, ANABEL ACOSTA ISLAS, MARÍA DEL CARMEN IZAGUIRRE FRANCO, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA Y REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SALUD POST-REPRODUCTIVA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La menopausia es un proceso normal en la vida de las mujeres, en la que existen varios cambios hormonales que culminan con la desaparición de la menstruación.

La menopausia se presenta generalmente entre los 45 y 55 años de edad. En México se calcula que en promedio se presenta entre los 48 y 50 años de edad. Si los síntomas se presentan antes de los 40 años de edad, se considera que se trata de una falla ovárica prematura y se deben buscar otras causas.

Se requiere que pasen 12 meses sin que se presente un periodo menstrual para considerar que se ha establecido la menopausia de manera definitiva.

Varios años antes, las mujeres suelen tener alteraciones menstruales y otros síntomas sin que se cumpla el criterio formal de los 12 meses sin menstruación. A este periodo se le llama “perimenopausia” y en algunos casos empieza desde los 35 a 40 años de edad.

En muchas ocasiones el diagnóstico se hace de manera retrospectiva, cuando se ha cumplido ya un año sin menstruar.

Considerando importante, antes de continuar, definir los conceptos, pues en ocasiones hemos visto usarlos de forma incorrecta, inclusive por médicos y/o personal de salud y hasta con faltas ortográficas y de dicción:

• Climaterio: Comprende el periodo durante el cual se pasa de la vida reproductiva a la no reproductiva, o sea, que señala una transición, dividiéndose en tres etapas:

1. Pre-menopausia,

2. Peri-menopausia, y

3. Pos-menopausia.

• Premenopausia: comprende desde el inicio de los síntomas climatéricos hasta la menopausia.

• Menopausia: después de 12 meses de amenorrea continua.

• Posmenopausia: periodo entre 5 y 10 años subsiguientes a la ocurrencia de la menopausia.

La presencia de los síntomas es suficiente para considerar que una mujer se encuentra en la perimenopausia o menopausia y pocas veces se requiere de estudios adicionales para corroborar el diagnóstico. El perfil hormonal puede ser de utilidad en algunos casos.

Aunque no es necesario tener un perfil hormonal para diagnosticar la menopausia, si pueden ser necesarios otros estudios para determinar si hay otras alteraciones asociadas a la menopausia, como osteoporosis o elevaciones de los niveles de colesterol.

Ya que se trata de un proceso normal y no de una enfermedad, no se recomienda que todas las mujeres reciban tratamiento. La mayoría puede tolerar los síntomas sin problemas y éstos desaparecen con el tiempo.

Sin embargo, algunas mujeres pueden tener muchas molestias, toleran poco los síntomas o tienen alguna otra enfermedad o complicación que requiere de un tratamiento.

En estos casos se pueden emplear estrógenos a dosis bajas para disminuir los síntomas. A estos tratamientos se les llama “Terapia de reemplazo hormonal” y pueden mejorar muchos de los síntomas.

Desafortunadamente, no todas las pacientes pueden tomar estos tratamientos ya que tienen riesgos y efectos secundarios. Solo deben ser indicados por un médico después de haber examinado a la paciente.

Los medicamentos naturistas y otros tratamientos también suelen contener estrógenos, por lo que no es recomendable iniciarlos sin la supervisión de un médico.

Se recomienda que el tratamiento hormonal dure el menor tiempo posible y en general se indica por un promedio de 2 a 5 años.

Algunas otras alteraciones pueden requerir un tratamiento adicional, como la elevación del colesterol, la depresión severa o la osteoporosis, por lo que su médico debe mantenerla en vigilancia.

El climaterio y la menopausia se consideran dentro de los procesos psicofisiológicos, de causa endocrina, mediados por el estrés y con manifestaciones severa de éste, tales como irritabilidad, alteraciones del sueño, frecuencia cardíaca acelerada, dolores de cabeza, necesidad de tranquilizadores o hipnóticos, signos de ansiedad (sudor, temor, agitación) y depresión (olvido, tristeza, astenia, etcétera), entre otros.

Con este enfoque, se hace evidente lo importante que resulta la labor preventiva, dirigida, en lo fundamental, hacia la limitación, y cuando sea posible, hacia la eliminación de estresores físicos y psicofisiológicos. La detección de estos agentes causales de estrés por el médico, deberá realizarse con un enfoque sistémico, conociendo al individuo y al medio donde vive.

Por otra parte, es de todos conocidos que el cáncer ginecológico está entre las causas más frecuentes de muerte en la población femenina y algunos de ellos como el adenocarcinoma de endometrio y el de mama aparecen con mayor frecuencia en las edades perimenopáusicas.

Otras manifestaciones son:

• Síntomas vaginales: causados por la vaginitis atrófica responden a la administración de estrógenos. Se deben considerar otras causas de irritación y exudado vaginales, y cualquier hemorragia genital posmenopáusica requiere evaluación a fondo.

• Síntomas urinarios: la micción imperiosa, la incontinencia de urgencia, la infección recidivante del tracto urinario inferior y la incontinencia de esfuerzo mejoran muchas veces con la administración de estrógenos. Sin embargo, antes de atribuir los síntomas a deficiencia estrogénica se deben excluir la infección del tracto urinario y otros procesos.

• Hemorragia anormal: la hemorragia irregular es común durante los años previos a la menopausia y puede considerarse un fenómeno normal. La mayoría de las mujeres presentan ciclos anovulatorios conforme declina la función ovárica, pero también existen otras muchas causas de hemorragia irregular. Es necesaria una evaluación en las mujeres con más de 40 años de edad que experimentan intervalos entre las reglas.

• Síntomas psicológicos: la administración de estrógeno puede mejorar los síntomas psicológicos leves, pero en los casos apropiados se recurrirá a evaluación diagnóstica especializada y terapia no hormonal. Por ejemplo, resulta improbable que la depresión mayor responda a los estrógenos solos y en general se consideran indicados los antidepresivos y la psicoterapia.

• Atención preventiva: además de considerar la terapia hormonal sustitutiva, la atención preventiva durante el climaterio comprende otras muchas intervenciones. Se recomiendan los frotis de Papanicolaou, la autoexploración de las mamas y la exploración mamaria realizada por el médico. La práctica de ma-mografías. El cribado de hipertensión, cáncer colorrectal e hipercolesterolemia, las inmunizaciones y el consejo respecto a dieta, ejercicio, tabaco, alcohol y medidas de seguridad y prevención contra las enfermedades de transmisión sexual.

• Osteoporosis: está claro que los estrógenos ayudan a estabilizar la densidad ósea y reducen la pérdida mineral ósea en las mujeres menopáusicas. Los estrógenos disminuyen el riesgo de fractura de cadera en hasta el 50%, para ser eficaces.

La presencia de factores de riesgo conocidos para osteoporosis influye en las decisiones sobre terapia hormonal sustitutiva. En algunas mujeres la medición de la densidad ósea mediante densitometría puede facilitar la decisión.

• Enfermedad cardiovascular: la enfermedad cardíaca coronaria es la principal causa de muerte en las mujeres de EE.UU. y una causa importante de morbididad. Los estudios de observación demuestran una reducción sustancial del riesgo de enfermedad cardíaca coronaria.

En suma, el climaterio debe ser atendido medicamente, es una etapa de la vida de la mujer que requiere atención médica y que con frecuencia se usa con términos peyorativos, cuando se presenta una carga psicoemocional que lleva cambios de carácter, pudiendo llegar a la depresión, problemas de tipo sexual en el que se ven afectadas las relaciones sexuales de la pareja por los cambios endocrinos y anatómicos de la mujer, lo que conlleva frecuentemente a la baja autoestima y la percepción de cambios en la esfera afectiva de su pareja e incluso de la familia.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos al Pleno de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se adiciona una fracción V Bis 1 al artículo 3º. Y un capítulo VI Ter al título tercero, todos ellos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3º. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

I a V…

V Bis. La salud post-reproductiva;

VI a XXVIII…

Título tercero
Prestación de los Servicios de Salud

Capítulo VI Ter Servicios de Salud Post-reproductiva

Artículo 71 Bis 9. La salud post-reproductiva es el periodo que continúa al periodo reproductivo, el cual antecede a la menopausia o andropausia y la sucede hasta aproximadamente los 60 años.

La prestación de los servicios de salud post-reproductiva para todas las personas es de carácter prioritario y tiene la finalidad de garantizar los servicios adecuados, para procurar un bienestar físico y mental.

Artículo 71 Bis 10. La Salud post-reproductiva comprende:

I. Atención de la perimenopausia y post-menopausia y,

II. Prevención, diagnóstico, tratamiento y control de los padecimientos que afectan a los órganos reproductivos en esta etapa, y,

III. Prevención, diagnmóstico, tratamiento y control de la osteoporosis y los riesgos de otros padecimientos que se presentan en esta etapa.

Artículo Bis 11. La Secretaría de Salud promoverá el cuidado integral para preservar la calidad de vida en esta etapa.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 12 de abril de 2016.

Atentamente,

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Erika Ayala Ríos.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. María del Carmen Izaguirre Francos.- Sen. Carmen Dorantes Martínez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar una exhaustiva investigación utilizando todos los medios a su alcance para determinar el origen de los recursos del ciudadano Juan Armando Hinojosa Cantú, los cuales fueron identificados en empresas, fideicomisos y donaciones constituidas por la firma Mossack Fonseca en paraísos fiscales y, de ser el caso, ante la identificación de infracciones y delitos fiscales, inicien las acciones legales pertinentes. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, Senadora de la República integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, fracción II, 72, numeral 1, fracción XIII, 231, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, fracción I y numeral 2 previstos en el Reglamento del Senado de la República someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A SU ÓRGANO DESCONCENTRADO, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN UNA EXHAUSTIVA INVESTIGACIÓN UTILIZANDO TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA DETERMINAR EL ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL C. JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTÚ, LOS CUALES FUERON IDENTIFICADOS EN EMPRESAS, FIDEICOMISOS Y DONACIONES CONSTITUIDAS POR LA FIRMA MOSSACK FONSECA EN PARAÍSOS FISCALES Y DE SER EL CASO, ANTE LA IDENTIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y DELITOS FISCALES INICIEN LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES.

CONSIDERACIONES

El pasado 3 de abril se publicó la filtración de 11.5 millones de documentos que implican a políticos, empresarios, deportistas y artistas a nivel mundial en negocios instaurados en paraísos fiscales, la documentación fue entregada anónimamente al periódico alemán SüdduetscheZeitung quien a su vez lo compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), colectivo de 190 periodistas de más de 65 países realizó una puntual investigación de la documentación descubriendo un entramado de negocios secretos realizados por allegados a jefes de estado, políticos y demás personalidades.1

De dicha investigación se desprenden nombres de “notables mexicanos” como: Alfonso de Angoitia Noriega, Vicepresidente de Grupo Televisa; Ricardo Salinas Pliego, Presidente de TV Azteca y Juan Armando Hinojosa Cantú, presidente de Grupo Higa, protegido del Presiente Enrique Peña Nieto.

Debe destacarse al contratista predilecto de la administración Peñista, el presidente de Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa Cantú, quien es reconocido por ser el constructor y facilitadorde la residencia de 7 millones de dólares, conocida como la Casa Blanca o la denominada casa de Malinalco propiedad del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, además de su conocida fortuna con las licitaciones públicas, basta citar el Hangar Presidencial.

Se calcula que el patrimonio del empresario tuvo un incrementoestimado en 800 millones de dólares desde que Enrique Peña Nieto fue Gobernador del Estado de México.

Es el caso, que de filtración en comento, se precisa que a un mes de la investigación iniciada por la Secretaría de la Función Pública por el “posible conflicto de interés del Presidente”, el empresario predilecto, Juan Armando Hinojosa Cantú, realizó donativos en favor de su madre y suegra, consistentes en 5 empresas con cuentas registradas en bancos extranjeros y realizó movimientos por la cantidad de 100 millones de dólares a paraísos fiscales a través del despacho de operaciones financieras Mossack Fonseca en Panamá.

Con los elementos obtenidos por la investigación internacional, en particular los publicados por Aristegui Noticias, las operaciones del empresario se desarrollaron de la siguiente manera:

• El 15 de noviembre de 2015, Juan Armando Hinojosa Cantú donó 5 empresas a su madre.

• La constitución de dichas empresas se localizó en paraísos fiscales.

• Las sociedades tenía cuentas registradas en sucursales bancarias en Estados Unidos, tales como: CreditSuisse, JP Morgan y USB Morgan.

• El 27 de abril de 2015, la firma D'Orleans Bourbon & Associates constituyó dos fideicomisos en Nueva Zelanda a nombre de Dora Patricia Cantú Moreno, designando como beneficiarias a las hijas del empresario.

• La firma D'Orleans Bourbon & Associates contrató los servicios de Mossack Fonseca, para instaurar empresas en países considerados países fiscales, es decir, aquellos países con un esquema tributario próspero para empresas extranjeras.

• En ese sentido la firma Mossack Fonseca creó las empresas KhunoInvestments y StitchingKhuno Management, en Londres y Ámsterdam, respectivamente, con la finalidad de crear una fachada que imposibilitaría conectar a Juan Armando Hinojosa Cantú con dichos negocios.

• De igual forma y a efecto de reforzar las barreras para relacionar a Armando Hinojosa, se creó un tercer fideicomiso ahora a nombre de María Teresa Cubría Cavazos,suegra del empresario.

• Se conoce que Hinojosa Cantú trasfirió 100 millones de dólares en complicadas operaciones diseñadas por la firma Mossack Fonseca.

Por todo lo anterior, resulta innegable que el señor Juan Armando Hinojosa Cantú, íntimo amigo del Presidente Peña, no sólo se dedica a construir obras con sobreprecio, a obtener licitaciones directas y donar fastuosas casas.

Hoy, gracias a la comunidad internacional, prensa mundial, tenemos conocimiento de que el empresario predilecto también posee una imperiosa necesidad por ocultar empresas y dinero, utilizando paraísos fiscales que históricamente han sido recurridos por personalidades a nivel mundial para encubrir los actos ilegales y/o de corrupción que generaron sus riquezas.

Los mexicanos merecen una rigurosa investigación que esclarezca no sólo la posible evasión fiscal, sino también el origen de los recursos de Armando Hinojosa, pues resulta inexplicable que este “empresario estrella” beneficiado con recursos del pueblo mexicano se dé el lujo de escoger a quien paga impuestos, y extrañamente esconder su patrimonio mientras era investigado por un conflicto de interés con el titular del Poder Ejecutivo, sería ingenuo creer que esto es sólo una coincidencia.

En ese tenor, por todo lo anteriormente expuesto, se proponen los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a su órgano desconcentrado, Servicio de Administración Tributaria, para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen una exhaustiva investigación utilizando todos los medios a su alcance para determinar el origen de los recursos del C. Juan Armando Hinojosa Cantú, los cuales fueron identificados en empresas, fideicomisos y donaciones constituidas por la firma Mossack Fonseca en paraísos fiscales.

SEGUNDO.- Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a su órgano desconcentrado, Servicio de Administración Tributaria, con la finalidad que de ser el caso, ante la identificación de infracciones y delitos fiscales inicien las acciones legales pertinentes.

Ciudad de México, el 12 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Layda Sansores San Román.

1 https://panamapapers.icij.org/




 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo para solicitar a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados continúe con las audiencias públicas en torno a la Ley General de Aguas y realice foros de debates públicos incluyentes y plurales con la presencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos internacionales. Se turna a la Cámara de Diputados.

El que suscribe Senador FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS CONTINÚE CON LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS EN TORNO A LA LEY GENERAL DE AGUAS, Y REALICE FOROS DE DEBATES PÚBLICOS INCLUYENTES Y PLURALES CON LA PRESENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

Con fecha 20 de marzo del año 2015, la Comisión de Recursos Hidráulicos presidida por el Dip. Gerardo Gaudiano Rovirosa, durante la LXII Legislatura, informó por escrito a los integrantes de la referida comisión, que la Mesa Directiva envió oficio Número DGPL-2P3A.-2406, con fecha 18 de marzo del año 2015, donde entrega un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para emitir un mensaje a la Cámara de Diputados en reconocimiento por el aplazamiento de la votación del dictamen de la Ley General de Aguas, y exhorta a la Comisión de Recursos Hidráulicos a crear un foro de debate público incluyente con la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentado por la Senadora Ana Gabriela Guevara del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

En dicho punto de acuerdo emitido por el Senado de la República, en sus resolutivos, exhorta a la Cámara de Diputados a:

Primero, Conformar una campaña de comunicación social equitativa sobre pros y contras del dictamen en cometo;

Segundo, crear un formato de exposición de ponencias amplio que convoque a instituciones y especialistas de toda naturaleza y

Tercero, incluir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dado que uno de los núcleos del dictamen en comento es la posible lesión de los derechos humanos por el derecho al agua.

Es importante señalar que en el mes de abril del año 2015, el Congreso del Estado de Morelos “exhorto a la Cámara de Diputados a desechar el dictamen de la Ley General de Aguas presentado en la LXII Legislatura, por regular acciones privatizadoras del vital líquido”.

En ese mismo mes de abril del año pasado, nosotros, los Senadores enviamos a la Cámara de Diputados punto de acuerdo mediante el cual diversas personas del Estado de Veracruz se manifiestan en contra de la Privatización del derecho humano al agua y la violación del derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

El Diputado Presidente Gerardo Gaudiano pidió licencia y se separo de la Comisión tomando el cargo la Dip. Angélica Melchor Ocampo, el 30 de abril del año 2015, la diputada nunca convocó a la Comisión de Recursos Hidráulicos a reunión plenaria ordinaria como lo señala el numeral 4 del artículo 146 del Reglamento de la Cámara de Diputados donde obliga a las comisiones sesionar por lo menos una vez al mes, aún en los recesos y suspendió las audiencias sin consentimiento de la Junta de Coordinación Política.

Las Audiencias Públicas estaban trabajando por mandato de la Junta de Coordinación Política instruyendo a las Comisiones de Agua Potable y Saneamiento y Recursos Hidráulicos a realizar dichas audiencias “por el tiempo que sea necesario”, espacios de discusión, de debate; anunciadas el 10 de marzo del año 2015, por diversos medios de comunicación como en los periódicos: El Sol de México, Pág. 1-5, Excelsior Pág. 2, Reforma Pág. 1°, Índigo Pág. 9, La Jornada Pág. 1-3, entre Otros. Además, es muy lamentable que se quitará la información de las Audiencias Públicas de los 9 Foros Regionales, el trabajo y documentos de las más de 60 mesas técnicas de trabajo que realizó la Comisión de Recursos Hidráulicos y todo el trabajo Legislativo de los integrantes que se había publicado en el Micrositio de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXII Legislatura.

Es importante señalar que, en el mes de marzo el anterior Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos Gerardo Gaudiano, sostuvo dos audiencias públicas con investigadores de la UNAM y con la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, donde los primero vertieron argumentos interesantes respecto de la regulación de un acaparamiento en recursos hídricos del país, motivando un daño a la economía nacional y con tintes privatizadores. Los segundos especialistas, señalaron la inconstitucionalidad del dictamen en comento, vulnerando los artículos 27, 124 entre otras disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también realizó junto con los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos durante la LXII Legislatura 9 Foros Regionales titulados “El Agua un Derecho Humano y Fundamental en México”, en los Estados de Tabasco, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, y cinco en la Cámara de Diputados en San Lázaro, Ciudad de México, los referidos legisladores realizaron también más de 60 mesas técnicas de trabajo con especialistas, investigadores, académicos, asociaciones civiles, universidades, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, legisladores locales de diferentes entidades federativas, empresarios y público en general, incluso trabajaron una iniciativa titulada de “Ley General de Agua e Infraestructura Hidráulica”. Trabajo que se llegó a documentar vía micrositio de la citada comisión.

Existe una gran inquietud e incertidumbre que me han transmitido, ciudadanos, asociaciones civiles, académicos, investigadores, organismos internacionales y legisladores, en dictaminar la Ley General de Aguas, a través de la Cámara de Diputados en esta actual legislatura, sin un análisis serio y debate plural e incluyente, la opacidad ha despertado mi interés al saber que actualmente “no se ha dado continuidad con las audiencias públicas en torno a la citada Ley”.

El suscrito en este acto, reactiva el procedimiento legislativo al retomar los argumentos del Senado de la República para fomentar la cultura democrática en torno al análisis, discusión y debate de la iniciativa de la Ley General de Aguas, porque se debe construir la posibilidad de un debate incluyente, abierto, ampliamente difundido, que analice pros y contra del dictamen de la Ley General de Aguas emitido por las Comisiones de Agua Potable y Saneamiento y Recursos Hidráulicos durante la LXII Legislatura, y así abrir la oportunidad de hacer los cambios pertinentes al dictamen, ya con una posible inclusión de los señalamientos y aportaciones de todas las personas que participaron en los foros y mesas de trabajo, así como las organizaciones sociales, empresas, académicos, investigadores e instituciones, como la ya referida Comisión Nacional de Derechos Humanos y organismos internacionales como la ONU.

Por ello, debemos generar un debate incluyente y serio, de amplia difusión para que la mayor parte de los mexicanos estén informados.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República, exhorta a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados a que se continúen con las Audiencia Públicas en torno a la Ley General de Aguas y se realicen foros de debates públicos incluyentes y plurales con la presencia de de todas las personas físicas, empresas, organizaciones sociales e investigadores, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Organismos Internacionales.

 Segundo.- El Senado de la República, exhorta a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados a que se realice una campaña de comunicación social equitativa sobre pros y contras del dictamen suspendido en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados; dado que uno de los núcleos del dictamen en comento es la posible lesión de los derechos humanos por el derecho al agua.

Tercero.- El Senado de la República, exhorta a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados a elaborar un dictamen de la Ley General de Aguas que incluya todas y cada una de las iniciativas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios, se consideren los resultados vertidos en los 9 Foros Regionales y más de 60 mesas de trabajo técnico que se realizaron durante la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados por la Comisión de Recursos Hidráulicos y los resultados de las audiencias públicas solicitas en el presente punto de Acuerdo.

Dado en el Senado de la República, el 12 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal.





 

De Senadores del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a tomar en consideración, en la emisión de sus resoluciones y sentencias, la necesidad de verificar la autenticidad de los datos contenidos en las cédulas de apoyo ciudadano de los candidatos independientes. Se turna a la Comisión de Gobernación.







 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria a realizar una investigación fiscal exhaustiva a todas las personas, físicas y morales de nacionalidad mexicana, que aparecen en la investigación periodística “Panama Papers” y se finque o deslinde responsabilidad por cualquier tipo de irregularidad o delito de naturaleza fiscal o por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.







 

Del Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral a vigilar que durante el proceso electoral en curso los institutos locales garanticen imparcialidad, transparencia y equidad para todos los candidatos a cargos de elección popular. Se turna a la Comisión de Gobernación.







 

De la Senadora María del Carmen Izaguirre Francos, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a reforzar las campañas informativas sobre las medidas que la ciudadanía debe tomar ante las altas temperaturas que se presentan en el país. Se turna a la Comisión de Salud.

Quien suscribe, MARÍA DEL CARMEN IZAGUIRRE FRANCOS, Senadora de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

En los últimos años, en nuestro país se ha consolidado una cultura de prevención ante los distintos fenómenos naturales, en este sentido, las instituciones del Estado Mexicano cuentan con la capacidad operativa para prevenir y mitigar los riesgos ante cualquier desastre natural o accidente de gran magnitud, situación que ha permitido salvar millones de vidas y garantizar la seguridad de las y los mexicanos.

Las altas temperaturas pueden representar un riesgo para la salud, en virtud que de acuerdo a su intensidad puede ocasionar las siguientes condiciones:

• Agotamiento por calor (deshidratación), este caso se presenta por la exposición al   calor irradiado por el sol y la incapacidad del organismo para, eliminar el calor   excedente que ocasiona un aumento de la temperatura corporal e insuficiencia de múltiples órganos. Entre sus principales signos o síntomas, se encuentran los siguientes: astenia, adinamia, cefalea, náusea, taquicardia, temperatura corporal de 40 a 41ºC; piel caliente, seca y enrojecida, confusión mental, mucosas secas, saliva filante y llanto sin lágrimas.

• Golpe de Calor, es provocado por la exposición a temperaturas elevadas de manera generando la incapacidad del cuerpo de disipar el calor y regular la temperatura corporal. Sus principales signos o síntomas, son: temperatura corporal mayor o igual a 41ºC, piel seca y congestionada, cefalea, fatiga, sed, náuseas, vómito, somnolencia, espasmos musculares, convulsiones y pérdida de la conciencia. En casos extremos puede provocar la muerte.

• Quemadura Solar, la exposición directa a la luz solar puede provocar quemaduras en la piel de segundo y tercer grado, en algunos casos con uno o más de los siguientes signos y/o síntomas: edema de la piel, eritema, dolor local, aumento de la temperatura corporal, vesículas, ampollas.1

Para dimensionar la magnitud de esta problemática, basta mencionar que la onda de calor causó la muerte de más de 55 mil personas en Europa en año 2010 y más de 3 mil 500 perecieron en India y Pakistán entre mayo y junio de 2015.2

Datos de la Secretaría de Gobernación, señalan que en los meses de abril y julio se presentan el mayor número de pérdidas humanas por las altas temperaturas. Además durante mayo y julio se presentan temperaturas superiores a los 40 grados.3

De acuerdo a la clasificación de ondas cálidas, las temperaturas entre 34 a 39.9 grados representan un alto grado de peligro; mientras que temperaturas mayores a 40 grados son consideradas como un peligro muy alto.

Información del Sistema Meteorológico Nacional, señala que un sistema de alta presión que predomina en gran parte de México generará ambiente de cálido y se prevén temperaturas superiores a 40 grados en diez entidades del país: Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán; mientras que en cinco estados se pronostican temperaturas de 35 a 40 grados: Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos y Quintana Roo.

Ante este contexto de temperaturas cálidas extremas resulta apremiante, redoblar las acciones y esfuerzos coordinados entre los tres órdenes de gobierno para salvaguardar la salud de los mexicanos.

Además de las acciones institucionales, también es necesario que la población tome todas las medidas que sean necesarias para evitar las afectaciones provocadas por las altas temperaturas, tales como: no realizar actividades físicas intensas bajo el sol, hidratarse constantemente, usar lentes de sol, gorra o sombrero, utilizar bloqueador solar (mínimo f15), evitar comer alimentos en la vía pública, solo por mencionar algunas medidas.

El Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos que la cultura de la prevención ante los fenómenos naturales extremos, permiten mitigar los riesgos y consecuencias que éstos pueden generar a la población, por ello consideramos que las instituciones del Estado Mexicano y la población no deben escatimar esfuerzos para evitar riesgos ante las altas temperaturas que actualmente se presentan en el país.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República se exhorta exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas, para que en ámbito de sus respectivas atribuciones refuercen las campañas informativas sobre las medidas que la ciudadanía debe tomar ante las altas temperaturas que se presentan en el país.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 12 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. María del Carmen Izaguirre Francos.

1 Temperaturas naturales extremas, Dirección General de Epidemiología, Secretaria de Salud, 2012.
<http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/infoepid/vig_epid_manuales/29_2012_Manual_Temp_Extremas_vFinal_27sep12.pdf> Consultado el 4 de abril de 2016.

2 Onda de Calor Peligro para la Salud, < http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/317-INFOGRAFAQUONDACONELCALOR.PDF > Consultado el 4 de abril de 2016.

3 ¡Qué onda con el calor! 10 recomendaciones para días de altas temperaturas!, <http://www.gob.mx/segob/articulos/que-onda-con-el-calor-10-recomendaciones-para-dias-de-altas-temperaturas?es>  Consultado el 4 de abril de 2016.





 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula con la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, por la aprobación de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA Y JUAN CARLOS ROMERO HICKS, Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometoa consideración de esta Soberaníala siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA CON LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, POR LA APROBACIÓN DE LA LEY DE AMNISTIA Y RECONCILIACIÓN NACIONAL, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. De acuerdo con los datos de Amnistía Internacional, hasta marzo del año 2014, las manifestaciones en Venezuela, habían dejado un saldode al menos 39 muertes, más de 550 personas heridas por balas (de fuego y de goma) y 2,157 detenidos, de los cuales tan solo 66 han sido liberados incondicionalmente. Actualmente, 41 personas continúan detenidas arbitrariamente, en relación con la ola de protestas violentas. Entre los detenidos, 27 son civiles y 14 son funcionarios policiales y de la Fuerza Armada nacional Bolivariana (FANB).

Tras las manifestaciones iniciadas en febrero de 2014, el Gobierno venezolano señaló a Leopoldo López como responsable de los “actos de violencia y de la muerte de tres jóvenes”, imputándole cargos de “terrorismo, homicidio, instigación pública, daños a la propiedad y asociación para delinquir”; más tarde, se le acusó de fugarse para evitar enfrentar a la justicia venezolana, por lo que elementos de grupos parapoliciales allanaron las instalaciones del partido Voluntad Popular [del que es líder] sin una orden judicial.

En octubre de 2014, ZeidRa’ad Al Hussein, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU pidió directamente la libertad del preso político.

Ese mismo año, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señaló que no encontró justificación para el arresto y encontró que el derecho de Leopoldo López para ser presentado ante un Tribunal fue violado. El Grupo afirmó que el proceso en su contra fue por sus posiciones políticas, por lo que su detención es considerada como arbitraria.

Incluso Amnistía Internacional, en un comunicado fechado el 4 de enero de 2016, exhortó a la Asamblea Nacional que juramentó el 5 de enero, a “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la libertad inmediata e incondicional de los presos de conciencia, y de cualquier persona que enfrente procesos judiciales basados únicamente en cargos motivados políticamente, no sustentados en evidencias sólidas y fehacientes”.

3. Para el 31 de diciembre de 2015 Venezuela cerró el año con 91 presos políticos más 19 en prisión domiciliaria (casa por cárcel), de acuerdo al sitio Venezuela Werness; por su parte el Foro Penal Venezolano reporta hasta el momento 77 personas detenidas por motivos políticos, subclasificándolos a su vez en: detenidos por manifestarse (28), detenidos por uso de redes sociales (3), rebelión civil (2), rebelión militar (19) y otros (25).

Dentro de los principales opositores actualmente recluidos se encuentran:

• Leopoldo López: Líder del ala radical de la oposición, este economista de 44 años con maestría en Harvard fue condenado a casi 14 años de cárcel acusado de incitar a la violencia en las protestas contra el gobierno que dejaron 43 muertos y 878 heridos en 2014, con una iniciativa conocida como "La Salida".

• Antonio Ledezma: El alcalde de Caracas, de 60 años, fue detenido en febrero de 2015, acusado de conspiración y asociación para delinquir. Tres meses después obtuvo el beneficio del arresto domiciliario por razones de salud, luego de ser operado de una hernia inguinal.

• Daniel Ceballos: Este ingeniero de 32 años fue destituido por el Tribunal Supremo de Justicia como alcalde de San Cristóbal -capital del estado Táchira (sur), fronterizo con Colombia- en marzo de 2014, acusado de desacatar una orden judicial para contener las manifestaciones.

• Manuel Rosales: El excandidato presidencial de 63 años, que enfrentó a Chávez en los comicios de 2006, fue detenido en octubre pasado en Maracaibo, capital del estado Zulia (oeste), a las puertas de un avión que lo llevó a Venezuela tras seis años de exilio en Perú.

El gobierno venezolano  emprendió una serie de acciones contra la posición, por medio de la Contraloría General de la República al inhabilitar a una serie de funcionarios entre los que se encuentran: Manuel Rosales: exgobernador del estado Zulia, Enzo Scarano : exalcalde del municipio San Diego, María Corina Machado: exparlamentaria, Pablo Pérez: exgobernador del estado Zulia, entre otros.

Adicionalmente, existen exiliados políticos en todo el mundo. En Estados unidos los exiliados venezolanos se concentran en la ciudad de Doral, en  condado Miami-Dade, al sur de Florida. Según el censo de 2010, en Estados Unidos residen 259 mil venezolanos de forma legal, pero otros datos hablan de una población cercana a los 500 mil.

3. La amnistía es una figura jurídica legítima que permite poner fin a la persecución y al castigo penal respecto de determinados delitos, con la finalidad de crear condiciones propicias para la participación de todos los sectores en los asuntos públicos; ésta ya ha Amnistía ya ha sido utilizada en Venezuela: en 1994, Hugo Chávez Frías fue beneficiado de ella pues cumplía una condena de prisión por el fallido golpe de Estado de 1992. Además en el año 2000, la Asamblea Nacional dictó la Ley de Amnistía General, cuyos beneficiados fueron personas involucradas en dicho intento de golpe de Estado.

Cabe señalar que el artículo 187, numeral 5, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala que corresponde a la Asamblea Nacional el decreto de amnistías.El artículo 29 de la Constitución señala que la amnistía encuentra como límites materiales los delitos de lesa humanidad, la violación de los derechos humanos y los crímenes de guerra.

En las elecciones de diciembre de 2015, una de las propuestas de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), fue la aprobación de una ley de amnistía para liberar a los presos políticos que el régimen de Nicolás Maduro mantiene en prisión con procesos penales viciados.Diferentes organizaciones no gubernamentales de Venezuela participaron en la redacción de esta iniciativa.

La Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional fue ingresada formalmente a la Asamblea Nacional el pasado 5 de febrero por la MUD, contando con la asistencia de familiares de los presos políticos. La primera discusión se llevó a cabo el pasado martes 16 de febrero, en ella se consideró la exposición de motivos y se evaluaron sus objetivos, alcance y viabilidad, a fin de determinar la pertinencia de la ley, y se discutió el articulado en forma general. La Ley de Amnistía fue aprobada por mayoría.

Siguiendo lo establecido por el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea, la ley fue estudiada por la Comisión Permanente de Política Interior, la cual emitió un dictamen que envió al Pleno para su discusión; en esta fase, la Ley se redujo de 45 a 29 artículos.

El 29 de marzo de 2016, se llevó a cabo la segunda discusión del proyecto de ley, analizando artículo por artículo en un debate que duró más de 6 horas y que fue transmitido en vivo por la televisión abierta y por plataformas como Youtube.

El texto de la ley señalan que pueden ser beneficiadas todas aquellas personas imputadas, procesadas y condenadas por hechos considerados delitos y que han sido perseguidos políticamente desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigor. Esta ley contempla amnistía para todos los delitos comunes que hayan sido tergiversados e imputados por móviles políticos y aplicados a las víctimas de persecución política por la participación de estas en actos realizados de acuerdo a las libertades políticas establecidas en la Constitución.

CONSIDERACIONES

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

3. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X, que es facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

4.Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que nadie puede ser detenido arbitrariamente (artículo 9) y que toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que nadie puede ser sometido a una detención o prisión arbitraria y debe ser presentado sin demora delante de un juez (artículo 9); que toda persona privada de la libertad debe ser tratada humanamente y con el debido respeto a su dignidad (artículo 10); que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial; además, que toda persona acusada de un delito tiene derecho a la presunción de inocencia (artículo 14); y que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones teniendo derecho a la libertad de expresión (artículo 19).

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República se congratula conla Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, por la aprobación de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, y expresa su solidaridad con el pueblo venezolano en su búsqueda de un ambiente político plural en el que se respete el Estado de Derecho, así como los derechos humanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 12 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.





 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno federal y particularmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, a llevar a cabo una exhaustiva investigación a las y los involucrados en el escándalo denominado “Panama Papers” dado a conocer por la prensa internacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El suscrito Senador RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67 numeral uno inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO FEDERAL Y PARTICULARMENTE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, A LLEVAR A CABO UNA EXHAUSTIVA INVESTIGACIÓN A LAS Y LOS INVOLUCRADOS EN EL ESCÁNDALO DENOMINADO “PANAMA PAPERS” DADO A CONOCER POR LA PRENSA INTERNACIONAL, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Se considera como “paraiso fiscal” a aquel país o región del mundo cuya legislación que rige el manejo, traslado, disposición, resguardo y mantenimiento de recursos económicos se encuentra en total opacidad, fuera del alcance de mecanismos de vigilancia e investigación por parte de autoridades financieras y penales tanto de un país como de índole internacional, libres de cargas impositivas y de gravámenes, lo que no permite que instituciones de vigilancia y seguridad puedan detectar con eficiencia y eficacia el movimiento financiero de quienes utilizan este modus operandi para salvaguardar estos recursos.

En estos casos, la legislación del país donde se encuentra, se vuelve uno de los principales factores propiciatorios pues favorece enormemente las condiciones para el desarrollo de sus actividades e incluso, opera bajo la complicidad o la complacencia del Estado donde se encuentra, generándose una relación de conveniencia mútua y encontrando en el camino de la ilicitud y la opacidad, en la suma de una legislación carente de transparencia y un ambiente de corrupción institucional, un esquema perverso de ganar-ganar.

Desde finales de la década de los años sesenta, el uso de estas regiones aumentó como consecuencia de la necesidad de quienes de forma ilícita, requerían nuevas maneras de resguardar los bienes y recursos obtenidos, casi siempre, al margen de la ley; en su utilización concursan varios delitos denominados “de cuello blanco” como el lavado de dinero o la utilización y operación de recursos de procedencia ilícita, lo que sumado a las grandes cantidades que se mueven bajo esta modalidad, involucra a muchas personas de los más diversos niveles y genera pérdidas millonarias para los países.

Estas zonas libres de vigilancia y del control estatal e internacional son utilizadas lo mismo por delincuentes de gran escala que por personas directamente vinculadas al quehacer gubernamental, pasando por empresarios, prestanombres e intermediarios; en la utilización y aprovechamiento de paraísos fiscales observamos con ironía una verdadera democratización de conductas delictivas de cuello blanco, pues no es extraño que en alguna región o incluso en la misma institución de esta naturaleza se encuentren resguardados al mismo tiempo los recursos ilícitos de algún ex mandatario tal vez electo en su momento bajo un esquema democrático y plural, el de alguno de los narcotraficantes más sanguinarios y el de algún empresario con el mejor gusto y comportamiento social.

Lamentablemente la operación y mecanismos bajo los que estos paraísos fiscales desarrollan sus actividades se encuentra varios pasos adelante de las unidades de inteligencia, agencias nacionales e internacionales de investigación y aunque estas últimas han buscado eficientar su labor a partir de que los gobiernos de los países han adoptado Convenciones Internacionales en la materia y ajustado sus legislaciones internas, todavía es complejo desentramar las redes financieras desde su origen, el problema radica en que, cuando se conoce o se sabe de un escándalo en el uso ilícito de recursos, son los medios de comunicación los que se enteran de primera mano, casi siempre a partir de filtraciones, traiciones o la imprudencia de algún involucrado.

El pasado domingo 03 de abril, se dio a conocer la filtración de más de 11 millones de documentos que hicieron llegar al diario alemán Sueddeutsche Zeitung, en donde se involucra a importantes figuras mundiales del sector empresarial, político, deportivo y cultural; en lavado de dinero, elusión de sanciones y evasión de impuestos a través del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca.

Debido a la cantidad de información, Sueddeutsche Zeitung tuvo que compartir los documentos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), por lo que cerca de 107 medios de comunicación de 76 países han analizado y difundido la información, entre los que destacan el portal Aristegui Noticias y la revista Proceso.

Ésta es por mucho, la filtración más grande:

“Para hacerse una idea de la magnitud de la filtración, si los documentos filtrados por WikiLeaks fueran la población de la ciudad estadounidense de San Francisco, los Panamá Papers equivaldrían a la población de India”.1

Durante varios meses, el periódico alemán recibió 11.5 millones de documentos que revelan como los ricos y poderosos usan los paraísos fiscales para ocultar su riqueza, e involucran a 12 jefes de Estado y más de 60 de sus familiares, entre otras personalidades, según información de la BBC.

Los documentos abarcan un período que va de la década de 1970 a lo que va del año 2016 e involucran a 214.000 entidades. Lo que coincide con la fecha de creación del Grupo Mossack Fonseca, en 1977, “líder global en servicios integrales de carácter legal y fiduciario”, como se autodefinen en su sitio web. Desde entonces, bancos de talla internacional como el suizo UBS o el británico HSBC han trabajado con Mossack Fonseca para gestionar los activos offshore (opacos) de sus clientes.

Los servicios offshore, datan de la década de los 60, se refieren a la gestión, registro, conducción y operación de una entidad en un país extranjero, a menudo con la obtención de beneficios financieros, legales y fiscales. “Una compañía offshore es una compañía incorporada para el propósito de operar fuera del país donde está registrada o el lugar de residencia de sus directores, accionistas y beneficiarios…El establecimiento de estas compañías incorporadas se realiza en los llamados paraísos fiscales, que son territorios que se caracterizan por sus regímenes tributarios favorables para los ciudadanos o empresas no residentes”2.

Las ventajas que ofrecen los paraísos fiscales son la exención total o reducción significativa en el pago de impuestos y el secreto bancario. Además permiten a los empresarios eludir el pago de impuestos y otras restricciones, como las laborales, mercantiles y administrativas, que les imponen sus propios países.

Como es de esperar, este tipo de actividades afectan en mayor medida a los países en vías de desarrollo, tal es el caso de América Latina en donde las contribuciones tributarias de las personas más adineradas suelen ser bajas en relación con el monto de su riqueza. “En nuestra región el 10% más rico posee el 71% de la riqueza y tributa sólo el 5,4% de su renta, según un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).3

En países desarrollados, como Estados Unidos y algunas naciones europeas la contribución de los más acaudalados es del 14,2% y más del 20% respectivamente.

En América Latina dicha contribución apenas alcanza el 10% en algunos países, y en la gran mayoría es del 1% y 3% de su ingreso bruto. Precisamente de ahí la gran afectación a la economía de las naciones pues prácticamente los grandes intereses económicos no generan renta mas que para sí mismos.

Entre los nombres más relevantes a nivel mundial que figuran en los documentos, se encuentran: Vladímir Putin, quien aunque no figura directamente en los documentos sí lo hacen amigos del mandatario que se han beneficiado con contratos y concesiones públicas; Sigmundur David Gunnlaugsson, primer ministro islandés y su mujer; Mauricio Macri, el presidente argentino, junto con su padre y uno de sus hermanos; Salmán bin Abdulaziz, rey de Arabia Saudí; Petro Poroshenko, multimillonario y presidente ucraniano; Pilar de Borbón, hermana de Juan Carlos y tía del rey Felipe VI; Micaela Domeq, esposa del comisario europeo de Clima y Energía y exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete; Leonel Messi, jugador del FC Barcelona; Michel Platini, expresidente de la UEFA; Iván Zamorano, exjugador del Real Madrid, de la selección chilena y del América de México; Pedro Almodóvar, director de cine; y el actor hollywoodense Jackie Chan; entre otros4.

La reacción de los diversos países involucrados no se ha hecho esperar, por su parte el primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, renunció al cargo, dos días después de filtrarse los #PanamaPapers, que lo vinculaban a una empresa en un paraíso fiscal. Lo anterior se produce después de que 22,000 personas se manifestaran en el centro de Reikiavik para pedir su renuncia. Asimismo, las cuatro fuerzas de la oposición plantearon formalmente en el Parlamento un voto de censura contra el jefe del Gobierno.

En nuestro país, se menciona dentro de la lista negra a Juan Armando Hinojosa, propietario de grupo Higa, contratista favorito del sexenio e involucrado en el escándalo de la Casa Blanca. Según #PanamaPapers, Hinojosa ha obtenido contratos por $750 millones de dólares del gobierno mexicano.

De acuerdo con información del portal Aristegui Noticias, medio que participó en el análisis de los documentos, Armando Hinojosa transfirió al menos $100 millones de dólares, utilizando los nombres de su madre y su suegra a través de compañías creadas por Mossack Fonseca.

De igual forma, se mencionan en dichas filtraciones a  la empresa Altos Hornos de México, la cual es considerada la mayor acerera mexicana; esta empresa, bajo el  argumento de una crisis de producción debido a la importación de acero de China a precios más baratos, la empresa redujo su planta. En 2009 negó el pago de utilidades a sus trabajadores, alegando pérdidas, sin embargo, ese mismo año, tres directivos adquirieron un departamento valuado en más de 2.6 millones dedólares en la costa de Nayarit; la operación la realizaron a través de Carlyle Technologies, una empresa que crearon en Panamá a través del despacho Mossack Fonseca.

Asimismo, Altos Hornos de México anunció este año que no habrá reparto de utilidades, y que además habrá nuevos despidos. Con esta declaración mantiene amordazadas a las familias obreras, mientras que sus directivos y socios utilizan empresas offshore para la compra de lujosos departamentos. Estos hechos evidencian la inequidad y la corrupción que manejan estas grandes empresas, quienes utilizan mecanismos fiscales para esconder sus fortunas, deslocalizar sus ganancias, evadir el pago de impuestos donde generan sus riquezas yse desligan del reparto de utilidades en menoscabo de sus trabajadores, generando así que los pobres se hagan más pobres y los ricos más ricos.

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria mediante un comunicado de prensa de fecha 03 de abril de 2016 informó lo siguiente:

“Con relación a la reciente publicación de información periodística sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales, el Servicio de Administración Tributaria de México abrirá revisión, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México…La información publicada se revisará ante la evidencia de la información institucional existente, con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, a fin de iniciar el ejercicio de las facultades de Ley”.5

Mientras estas filtraciones llenan las planas de los diarios de ciurculación más importantes del mundo, este Senado de la República no puede ser ajeno a los acontecimientos pues en la lista dada a conocer, se encuentran conocidos personajes de la vida pública nacional que, con independencia de que deban aclarar su situación, debe tomarse por parte de las autoridades mexicanas las mas enérgicas medidas y en su caso, sanciones ejemplares a fin de que nadie se coloque por encima de la ley.

Como todos sabemos, estamos por iniciar la discusión de todo un andamiaje en materia de combate a la Corrupción, en este sentido el mejor mensaje que el Gobierno Federal puede mandar a la sociedad es no esperar a que la legislación sea emitida y ejercer con total y absoluta firmeza su facultad investigadora y sancionadora hasta sus últimas consecuencias.

El escándalo #PanamaPapers no cesará en tanto no se tomen las medidas por parte de las autoridades de nuestro país, por ello las y los senadores comprometidos con la legalidad, la honestidad y la defensa de las instituciones democráticas que nos dan solidez y gobernabilidad, seremos reiterativos y vigilantes del actuar de la autoridad pues un asunto de escala mundial como este no puede dejarse de lado y se deberá actuar a fondo, en la investigación, la persecución y la sanción a las y los delincuentes de cuello blanco, sea cual sea su origen, filiación o vínculo.

En virtud de lo antes expuesto, se tiene a bien presentar ante esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se solicita la comparecencia del titutal del Servicio de Administración Tributaria y del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ante esta Soberanía para que rindan un informe pormenorizado de las acciones y los avances en la investigacióna las y los involucrados en el escándalo denominado “panama papers”, así como de los resultados de la misma y en su caso, si hubiere relación con la posible comisión de actos delictivos, se indique las acciones que han emprendido en conjunto con la Procuraduría General de la República.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 12 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Rabindranath Salazar Solorio.

1 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160405_economia_internacional_tecnologia_panama_  papers_filtracion_mossack_fonseca_suddeutsche_informacion_encriptada_lb

2 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_que_es_men

3 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_economia_panama_papers_pago_impuestos_ ricos_pobres_ms

4 http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/04/actualidad/1459758071_497979.html

5 http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales/Paginas/com2016_040.aspx





 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a elaborar estrategias que apoyen a los trabajadores y productores de café del estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

El que suscribe Senador SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno, la presente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La roya del café ha ocasionado un gran daño al sector cafetalero, esta situación, de acuerdo con la Asociación Nacional del Café (Anacafé), ha llevado a incrementar las importaciones del grano; para este año se estima que las adquisiciones lleguen a 3 millones de sacos, es decir, por primera vez se comprará más que el total de la producción nacional, la cual se calcula será de 2.3 millones de sacos.1

En el Senado de la República, se han hecho diversos exhortos para atender el combate a esta plaga que afecta a las zonas cafetaleras de Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí, situación que ha sido atendida por la SAGARPA.

Sin embargo, en el caso del Estado de Guerrero, la devastación que la roya causó en los cafetales de las zonas de Atoyac, La Montaña y Costa Chica, ha hecho que los cafeticultores tengan que emigrar a otros estados.

Las localidades de La Pintada, San Vicente de Jesús, El Paraíso, San Vicente de Benítez y Río Santiago, que conforman la zona cafetalera atoyaquense, se encuentran entre las más afectadas, y el pronóstico para el desarrollo de los cultivos es sombrío para el presente y a corto plazo, ya que se espera que tarden al menos tres años en que los cafetaleros puedan reponerse.

A lo anterior, se suma la información difundida por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), dependiente de la SAGARPA, de que las condiciones climáticas actuales son favorables para la reinfección de las hojas jóvenes del nuevo ciclo productivo.2

Con base en lo anterior, la situación de los cafeticultores guerrerenses se considera crítica, por lo que han reiterado su solicitar a las autoridades federales de acciones para contrarrestar los graves daños que les ha ocasionado la plaga de la roya.

En el caso específico de La Pintada, después de la reconstrucción por la tragedia que enfrentaron, ahora afrontan la crisis económica ocasionada por la pérdida de la producción cafetalera.

Los cafeticultores de La Pintada refieren que el café es la única actividad económica de la comunidad y que en la zona se siembran un mil 200 hectáreas, pero en 2015 se perdió el 70 por ciento de las plantaciones, unas 840 hectáreas.3

Bajo este escenario, es necesario que las instancias gubernamentales incrementen los programas de fertilizantes y de otorgamiento de químicos que   combatan el hongo de la roya; asimismo, que se lleven a cabo programas de empleo temporal, apoyos financieros, así como un fondo de contingencia para enfrentar la    crisis.

Entregas de paquetes cafetaleros, para realizar la renovación de las plantaciones, así como los paquetes tecnológicos que les permitan seguir la tradición de seguir produciendo uno de los mejores cafés del país.

Por lo anteriormente expuesto, el que suscribe integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicita a esta Soberanía se considere la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a la creación de un Fondo de Contingencia en favor de los cafetaleros del Estado de Guerrero para mitigar las afectaciones a productores y trabajadores cafetaleros afectados por el hongo de la roya.

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a implementar un programa de apoyo con un enfoque integral para los cafetaleros del Estado de Guerrero, para la recuperación de los cafetales afectados por el hongo de la roya.

Tercero.- Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a implementar estrategias de programas sociales que impacten directamente en la economía de los trabajadores cafetaleros y sus familias, quienes están siendo gravemente afectados por los daños en los cultivos  de café, por el hongo de la roya.

Cuarto.- Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, a ejecutar políticas públicas en beneficio de los cafetaleros del Estado de Guerrero, que están siendo afectados por el hongo de la roya.

Quinto.- Se exhorta a la SAGARPA, SEDESOL y SEDATU a informar a esta soberanía de los programas y acciones encaminados a apoyar a los trabajadores y productores cafetaleros del Estado de Guerrero afectados por el hongo de la roya.

Dado en el salón de sesiones, el 12 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Sofío Ramírez Hernández.

1 http://www.inforural.com.mx/la-alerta-roja-roya-obliga-aumentar-la-importacion-cafe/?mc_cid=e1bf5a3d3c&mc_ eid=ad1b25bfc9, (visitado 30-03-2016)

2 Idem

3 https://guerrero.quadratin.com.mx/La-Pintada-enfrenta-crisis-economica-se-perdio-la-produccion-de-cafe/ (visitado (25-03-2016)





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al órgano de gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a efecto de conocer las acciones implementadas y por implementar en relación con la contingencia ambiental y la mala calidad del aire en la Megalópolis. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La suscrita Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE URGENTE, POR EL CUAL SE CITA A COMPARECER AL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS, INTEGRADO POR EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LOS GOBERNADORES DEL ESTADO DE MÉXICO, HIDALGO, MORELOS, PUEBLA Y TLAXCALA, ANTE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DISTRITO FEDERAL, SALUD Y CAMBIO CLIMÁTICO DE ESTE SENADO DE LA REPÚBLICA, A EFECTO DE CONOCER LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS Y POR IMPLEMENTAR EN RELACIÓN CON LA CONTINGENCIA AMBIENTAL Y LA MALA CALIDAD DEL AIRE EN LA MEGALÓPOLIS, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El abandono de los compromisos y acciones del Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire, del cual el programa Hoy No Circula es apenas uno de los mecanismos de intervención para mejorar la calidad del aire y disminuir las emisiones contaminantes en la zona metropolitana del Valle de Mexico, tiene a la Ciudad de México en la situación de crisis atmosférica más grave desde los años noventas.

Durante el presente año, la Comisión Ambiental de la Megalópolis y el Gobierno de la Ciudad de México, han implementado acciones que podríamos calificar como ineficaces, ya que durante años hubo abandono de acciones de fondo para mejorar la calidad del aire y en cambio se optó – entre otras acciones negativas- por la destrucción masiva de árboles en la Ciudad de México.

La corrupción en centros de verificación es otraafectación directa a la calidad del aire, debido a la corrupción de las autoridades ambientales de la Ciudad de Mexico que solapan y toleran los malos manejos de hologramas "vendidos" y equipos con ineficentecalibración.

La tolerancia en la falta de aplicación de medidas de control en gasolineras, denotan el fracaso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Ejemplo de lo anterior es que al momento no se han dado a conocer las gasolineras y las estaciones de gas L.P.  que han dejado de dar servicio por decretarse la contingencia ambiental Fase 1 y no contar con los sistemas de recuperación de vapores.

El programa de sustitución de flotillas de vehículos utilitarios y de carga se perdió hace años, generando entre otras cuestiones que la Ciudad de México cuente con vehículos que brindan servicios públicos obsoletos y contaminantes. Es importante señalar que lo mismo ocurre con el sistema de transporte concesionado, ya que existen concesionarios en rutas caóticas que cuentan con parques vehiculares que no cumplen con las normas ambientales de emisiones. En resumen el transporte público es deficiente e ineficiente.

La desactualización del sistema de semaforización impide una circulación fluida, aunada al Reglamento de Tránsito que no valoró las externalidades de reducción en la velocidad y eficiencia de combustión de los vehículos,lo que ha producido graves efectos en la calidad del medio ambiente.

La invasion de zonas peatonales (banquetas) por comercio "ambulante" fijo y semifijo que obstruyen la circulación y favorecen la clandestinidad y comercio de mercancía de procedencia ilícita generan tráfico, ya que obliga a los peatones a caminar por el arroyo vehícular, incidiendo en amplias zonas de congestionamiento vial con obvios efectos adversos a la calidad del aire.

Se ha promovido y tolerado el desarrollo de sistemas de publicidad con vehículos con anuncios que transitan por la ciudad entorpeciendo el tránsito, mecanismo que no debería de existir pero que el Gobierno de la Ciudad de México tolera y favorece por sus esquemas de corrupción. (Convoyes de 4 a 6 vehículos con anuncios comerciales que circulan lentamente por avenidas), aunque sean vehículos a gas, sus efectos en el incremento de congestionamiento vial hacen de ellos mecanismos de mercadotecnia que no deben de existir en la Ciudad de México.

La Direccion General de Calidad del Aire y Registro de Emisión y Transferencia de Contaminantes (DGCARETC) de SEMARNAT, debe de disponer de información sobre la Cédula de Operación Anualde la industria asentada en el Valle de México, que permita implementar acciones preventivas y de control de la contaminación ambiental.

El resultado del colapso ambiental de la Ciudad de México se lo debemos a las malas decisiones no únicamentedel Gobierno local actual, sino también de las pasadas administraciones que se fueron alejando de las acciones ambientales, para dedicarse a acciones meramente electorales.

Es importante recordar que en el último informe sobre cambio climático del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), se menciona que de los 36 países que en su conjunto emiten 90% de emisiones mundiales de dióxido de carbono, México se localiza en la posición 12, reportando que en el 2010 emitió 748,252 Gigagramos (Gg), equivalente a 26 millones de toneladas anuales de CO2.

La contaminación atmosférica urbana aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía, bronquitis y asma; así como crónicas, tal y como son el cáncer del pulmón y las enfermedades cardiovasculares. De conformidad con información de la Organización Mundial de la Salud se calcula que en el mundo suman 1.3 millones de personas que mueren en un año a causa de la contaminación atmosférica urbana; más de la mitad de esas defunciones ocurren en los países en desarrollo. En México existen 22 mil muertes prematuras y 23 mil ingresos hospitalarios asociados a enfermedades por la mala calidad del aire.

De conformidad con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, los costos de salud derivados de la contaminación del aire ascienden a más de 1,600 millones de pesos cada año, esa cantidad podría financiar poco más de 25 kilometros de Metrobús, equivalente al 92% de la linea uno.

La medición correspondiente al año 2014 realizada por la Organización Internacional C40 revela que el sector transporte es responsable del 52% de las emisiones de dioxido de carbono en la Ciudad de México.

En la Ciudad de México hay 1 vehículo por cada 2 habitantes; si consideramos que existen casi 9 millones de habitantes, podemos afirmar que hay alrededor de 5 millones de vehículos en uso. Cada vehículo es utilizado en promedio por 1.5 personas, lo que ocasiona que la Ciudad de México sea la Ciudad con más tráfico en el mundo.

Al cierre de 2015, el anteriormente llamado Distrito Federal tuvo un nivel de congestión vehicular de aproximadamente 59%, lo cual es 4 puntos porcentuales más que el año previo, ello de acuerdo con el tiempo extra en viajes, en comparación con un día con tránsito ligero. En 2010, el indicador se encontraba en 57%. Es decir, el año pasado, una persona hacía en promedio 59% más de tiempo en un viaje con tráfico, frente a uno sin congestión vehicular.

Una encuesta realizada por la empresa “Dinamia” señala que 90% de los encuestados no ha visto beneficios por obras viales como el segundo piso; mientras que 49% de quienes viajan al Distrito Federal en transporte público tardan entre 1 y 2 horas, 20% entre 2 y 3 horas, e incluso un 8% aseguró emplear más de 3 horas al día en transportarse.

Los altos niveles de contaminación que vivimos son multifactoriales; es decir que no podemos señalar que como única causa el uso del automóvil particular, ya que otro problema esel manejo de los residuos sólidos en la Ciudad de México. Cada día se producen 12,600 toneladas de basura; esto es alrededor del 20% de la que se genera en todo el territorio nacional.

En conjunto, el Estado de México y la Ciudad de México son responsables del 30% de la basura que produce más de 10,000 toneladas de dióxido de carbono y más de 400 toneladas de metano, ambos gases sumamente contaminantes y además responsables del cambio climático. Mientras esto ocurre, en el país únicamente se recicla alrededor del 11% de la basura.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis es un organismo de coordinación política entre el Gobierno Federal y los Gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala que tiene como objeto implementar acciones para proteger y mejorar el medio ambiente. Fue creada a través de un convenio de coordinación publicado el 03 de octubre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación y cuenta con un órgano de gobierno, una coordinación ejecutiva, un comité científico asesor y miembros de carácter eventual.

Su autoridad máxima es su órgano de gobierno que se encuentra integrada por el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los Gobernadores del Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Ante la situación de contingencia en la calidad del aire la promovente considera urgente y necesario contar con una reunión de trabajo en el Senado de la República con el órgano de gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a efecto de conocer que acciones se van a implementar a corto y largo plazo para mejorar el medio ambiente y en partiuclar la calidad del aire, tema que aparentemene estaba resuelto y cuya situación crítica no había alcanzado los niveles que hoy estamos padeciendo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: El Senado de la República, con fundamento en el artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 266 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, cita a comparecer al órgano de gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, integrado por el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los Gobernadores del Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, ante las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Distrito Federal, Salud y Cambio Climático de este Senado de la República, a efecto de conocer las acciones implementadas y por implementar en relación con la contingencia ambiental y la mala calidad del aire en la Megalópolis.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 12 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Ambiental de la Megalópolis y a los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas que conforman la Megalópolis a realizar las acciones necesarias a fin de resolver la situación ambiental de la Zona Metropolitana. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El que suscribe Senador JORGE LUIS LAVALLE MAURY, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los dispuesto en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 87 numeral 5, 95 numeral 1, y 276 numeral 1 fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS Y TITULARES DEL PODER EJECUTIVO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CONFORMAN LA MEGALÓPOLIS, A QUE SE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE RESOLVER LA SITUACIÓN AMBIENTAL DE LA ZONA METROPOLITANA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Ciudad de México actualmente la cuarta más poblada del mundo y en proporción una de las más contaminadas, presentó en los últimos días crisis ambientales que nos recordaron la vulnerabilidad del equilibrio ecológico cada vez más irrespetado por todos los que contribuimos de manera directa o indirecta en que se rompa la relación entre el ser humano y su entorno.

La contaminación atmosférica en la Ciudad de México es un problema latente el cual ha registrado diversas crisis en lo que va de los últimos diez años, situación que fue atendida con políticas que en poco han contribuido a la disminución de la contaminación, desde que se empezó el monitoreo sistemático de la calidad del aire (en 1986) no se ha registrado un solo año que se cumpla las concentraciones de ozono con los límites permitidos.

El Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, puesto en marcha desde 1990 de forma permanente, se creó con el objetivo de disminuir la tasa de emisión contaminante que generan los automotores en mal estado operativo, identificables a través de pruebas que detectan las emisiones de CO2 por encima de los límites permisibles, dicha prueba se realiza en los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares “Verificentros” que son vigilados por los Centros de Inspección y Vigilancia Ambiental Remota, la cual opera con 1,924 cámaras en los 81 Verificentros, desde 2013.

Con una inversión de 4 millones de pesos, el Gobierno de la Ciudad de México, confió en que éste fuera un instrumento para reducir la corrupción que impera en esos centros, sin que exista actualmente indicadores de que esto haya ocurrido, puesto que la percepción general de la población es que con la llamada “mordida” los carros particulares que no acrediten el examen de inspección ambiental, pueden obtener la calcomanía 20” que les permite conducir todos los días de la semana, a cambio de 100 o 200 pesos.

Esta política también incluyó, que 38 patrullas de vigilancia ambiental circularan en la ciudad a fin de identificar de forma aleatoria a aquellos autos que circulen sin haber pasado la verificación, ya que cuentan con equipos portátiles para medir las emisiones contaminantes. Con una inversión de 30 millones de pesos, la administración capitalina adquirió 38 patrullas, un jeep, una camioneta y 5 motocicletas, todos ellos con cámaras de video que trasmiten al mismo Centro de Inspección y Vigilancia Ambiental Remota (CIRAV).

Que según el Programa para Mejorar la Calidad del Aire 2011-2020 de la ZMVM, los habitantes del Distrito Federal y área metropolitana en promedio viven la mitad de los días del año respirando aire cuya composición excede el valor del límite horario establecido en la Norma Oficial Mexicana para el ozono.

La Norma Oficial Mexicana que regula las emisiones de gases es la NOM-041-SEMARNAT-2006, que el 6 de febrero de 2014, tuvo un proyecto de modificación planteada por el Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible, dado que la norma vigente posibilitó el control y registro de las emisiones de fuentes móviles, que sirvieron de base para los Programas de Verificación Vehicular Obligatoria (PVVO), cuya aplicación data de hace más de 30 años.

Dicha Norma requiere su actualización considerando, que las fuentes móviles emisoras a la atmosfera (vehículos automotores) se han incrementado con una tasa de 7.7%, llegando alrededor de 30 millones de unidades, las cuales circulan a nivel nacional, siendo esta tasa superior al PIB 3.5% anual e incluso a la tasa de población nacional que es 2%.

Que a la fecha, el Gobierno del Distrito Federal ha destinado cuantiosas inversiones con cargo a la sociedad mexicana para la creación de infraestructura de autotransporte público y privado, programas de verificación vehicular, costos privados por la implementación del Hoy no Circula, exenciones fiscales (y menor recaudación para invertir en transporte público menos contaminante) por cobro del impuesto a la tenencia vehicular y la adquisición de bicicletas para movilidad urbana en zonas no populares y a pesar de ello se siguen presentando y agravando los problemas de contaminación urbana en deterioro de la salud de 19 millones de mexicanos. Que existe una percepción generalizada del fracaso de la política ambiental y de transporte en materia de prevención y mitigación de contaminantes atmosféricos elevando el riesgo a la salud humana de niños, adultos mayores y a la población en general del Valle de México.

De todos es sabido que la contaminación genera grandes afectaciones a la salud humana, el deterioro de la calidad del aire puede en muchos casos percibirse con facilidad al causar irritación de los ojos, garganta, y ser la causa de enfermedades graves causadas por la exposición continua a los contaminantes.

Tanto la Organización Mundial de la Salud 8OMS), la Agencia Europea de Medio Ambiente o la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU (EPA)-, reconocen que la inhalación de contaminantes, especialmente de partículas finas, representa un aumento de riesgo de defunción prematura. Este cambio tan importante, comenzó con el análisis de los efectos agudos, o a corto plazo, de los incrementos de la contaminación atmosférica. Con el tiempo, y los resultados de estudios posteriores, se sabe que los efectos debidos a la exposición crónica (efectos a largo plazo), pueden ser considerablemente más importantes en términos de reducción de la esperanza de vida y morbilidad crónica.1

Dentro de los principales afectaciones a la salud que suceden por contaminante son:

Partículas en Suspensión (PM) - Las PM afectan a más personas que cualquier otro contaminante y sus principales componentes son los sulfatos, los nitratos, el amoníaco, el cloruro sódico, el carbón, el polvo de minerales y el agua. Las PM consisten en una compleja mezcla de partículas líquidas y sólidas de sustancias orgánicas e inorgánicas suspendidas en el aire. Las partículas se clasifican en función de su diámetro aerodinámico en PM10 (partículas con un diámetro aerodinámico inferior a 10 µm) y PM2.5 (diámetro aerodinámico inferior a 2,5 µm). Estas últimas suponen mayor peligro porque, al inhalarlas, pueden alcanzar las zonas periféricas de los bronquiolos y alterar el intercambio pulmonar de gases.

Sus efectos sobre la salud son el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como de cáncer de pulmón. En los países en desarrollo, la exposición a los contaminantes derivados de la combustión de combustibles sólidos en fuegos abiertos y cocinas tradicionales en espacios cerrados aumenta el riesgo de infección aguda en las vías respiratorias inferiores y la mortalidad por esta causa en los niños pequeños; la polución atmosférica en espacios interiores procedente de combustibles sólidos constituye también un importante factor de riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón entre los adultos. La mortalidad en ciudades con niveles elevados de contaminación supera entre un 15% y un 20% la registrada en ciudades más limpias. Incluso en la UE, la esperanza de vida promedio es 8,6 meses inferior debido a la exposición a las PM2.5 generadas por actividades humanas.

Dióxido de Nitrógeno (NO2)- Estudios epidemiológicos han revelado que los síntomas de bronquitis en niños asmáticos aumentan en relación con la exposición prolongada al La disminución del desarrollo de la función pulmonar también se asocia con las concentraciones de NO2 registradas (u observadas) actualmente en ciudades europeas y norteamericanas.

Dióxido de Azufre (SO2) - Puede afectar al sistema respiratorio y las funciones pulmonares, y causa irritación ocular. La inflamación del sistema respiratorio provoca tos, secreción mucosa y agravamiento del asma y la bronquitis crónica; asimismo, aumenta la propensión de las personas a contraer infecciones del sistema respiratorio. Los ingresos hospitalarios por cardiopatías y la mortalidad aumentan en los días en que los niveles de SO2 son más elevados. En combinación con el agua, el SO2 se convierte en ácido sulfúrico, que es el principal componente de la lluvia ácida que causa la deforestación.

Ozono (O3) - El exceso de ozono en el aire puede producir efectos adversos de consideración en la salud humana. Puede causar problemas respiratorios, provocar asma, reducir la función pulmonar y originar enfermedades pulmonares. Actualmente se trata de uno de los contaminantes atmosféricos que más preocupan en Europa. Diversos estudios europeos han revelado que la mortalidad diaria y mortalidad por cardiopatías aumentan un 0,3% y un 0,4% respectivamente con un aumento de 10 µg/m3 en la concentración de ozono.

Cada uno de los contaminantes provoca afectaciones a corto y a largo plazo a la salud, ahora bien, las decisiones que ha tomado el gobierno capitalino han sido en razón de preservar la salud de quienes habitan zona. Lo Estados Colindantes con la capital se han sumado para formar la llamada Megalopolis conformada por el Estado de México, Puebla, Morelos, Hidalgo y la Ciudad de México, que toman acciones coordinadas en pala lograr beneficios comunes en diversos temas como lo puede ser seguridad, turismo o como en esta ocasión crisis ambiental.

Con el anunció tomada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) el pasado 30 de marzo de 2016, se reducirá de manera temporal el flujo vehicular independientemente del holograma que se haya obtenido en la verificación, conforme al color de la calcomanía y su terminación en un horario restrictivo de 5 de la mañana a las 10 de la noche; se exceptuaron entre otros el uso de motocicletas, vehículos eléctricos o de servicio público. Tras esta decisión, se han sumado diversas opiniones que cuestionan el alcance de éstas medidas, su razón y su impacto.

Algunas instituciones como el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México, detalla que no se incluyeron disminuciones en las industrias que usan solventes, ya que intervienen en la formación de ozono, por otro lado el Centro Mario Molina, en 2014, evaluó el impacto del Programa Hoy No Circula,a petición del gobierno capitalino, concluyó que a pesar del esfuerzo que se ha realizado y dado las concentraciones de algunos contaminantes (ozono, PM10 Y PM2,5) la gestión de la calidad del aire requiere de nuevas estrategias y ajustes en las políticas actuales.

Dentro de las recomendaciones complementarias que dicho estudio arrojó, además de la regulación del transporte público, escolar y empresarial, la planeación urbana o la extensión de las ciclovias, se propuso dado que se conoce la movilidad urbana que existan rutas “exprés” con paradas definidas en las horas pico y el envío de la mayor cantidad de las unidades disponibles para llevar a la población a su destino, disminuyendo su flujo en horarios en los que no existe mayor movilidad.

Dado lo anterior y en virtud de que las políticas que se han desarrollado últimamente y puesto que son temporales, se cuestiona que sucederá una vez que termine esta crisis, ya que la población y la cantidad de vehículos seguirá siendo la misma e incluso más, que acciones hacen falta por tomar y que complementen o modifiquen las acciones emprendidas por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y que ya generaron un costo en el equipamiento de los verificentros y patrullas ambientales.

Con los escasos resultados por ésta implementación, la solución que se requiere no es temporal, es una definitiva que verdaderamente represente la disminución de la contaminación, puesto que nadie discute que la salud es el bien que se debe garantizar, sin embargo resulta insuficiente que esta medida pueda realmente significar un avance en el combate a la contaminación.

La siembra de árboles no ha sido apoyada, incluso su deforestación ha sido una constante en el Gobierno Capitalino y sus alrededores, la operación de las fábricas que rodean a la ciudad a pesar de su cumplimiento a las normas oficiales mexicanas, operan muchas de ellas bajo esquemas que contaminan en horarios que no deberían, el mal estado del transporte público que no es la opción para quienes dejarán su auto descansando, la pésima pavimentación de las vías que atraviesan la ciudad, topes y más topes, banquetas de todos los anchos y desniveladas, y un sinfín de problemas que abonan a que la situación de movilidad se vea afectada.

Los verificentros no han solucionado el asunto y con sólo 38 patrullas ecológicas que han demostrado ser más corruptas que las de tránsito, el problema no cesará. En los últimos 20 años, la Ciudad de México se ha llenado de segundos pisos, de una nueva línea del metro defectuosa y de nuevas líneas de metrobus con paradas tan continuas que es mejor caminar que subirse; todo ha sido enfocado a un sector de la población que reclama poder trasladarse en unidades limpias, seguras y de fácil acceso, es decir a la población económicamente activa que hace de la capital su centro de negocio o su lugar de trabajo.

En razón de lo anterior, se requiere tanto al titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Ambiental de la Megalópolisy a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, principalmente al jefe capitalino de la Ciudad de México, ya que su vasta experiencia en el tema no ha rendido los resultados esperados, en este sentido en este periodo temporal de uso restrictivo del automóvil, y con todos los estudios realizados en torno al tema, y con las críticas y opiniones que se han generado y las cuales se deben escuchar, con el uso de nuevas tecnologías, se planee una solución permanente, lógica y que involucre a todos los quienes habitan en la capital, dado que todos somos parte del problema, todos debemos ser parte de la solución.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, proponemos a esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Ambiental de la Megalópolis y titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas que la conforman y en particular al jefe capitalino de la Ciudad de México, que cuenta con negativas experiencias con relación al tema, y cuyas acciones preventivas en políticas ambientales han sido insuficientes, a fin de que las decisiones tomadas no afecten a la ciudadanía la cual hace un esfuerzo por preservar un ambiente sano en la Ciudad de México.

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Ambiental de la Megalópolis y titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas que la conforman,a que se apliquen con contundencia los mecanismos de medición de la contaminación, sin que medie la corrupción tanto en los verificentros como en las visitas de inspección a las industrias, a fin de que la región metropolitana del país cuente con una calidad de aire adecuada.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 12 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.

1 http://www.ecodes.org/salud-calidad-aire/201302176117/Impactos-sobre-la-salud-de-la-contaminacion-atmosferica#sthash.fla5ZJ7R.dpuf




 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a enviar un informe sobre los resultados obtenidos en materia de prevención y promoción de salud bucal. Se turna a la Comisión de Salud.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las enfermedades bucales constituyen uno de los principales problemas de salud pública que se presentan con mayor frecuencia en toda la población, sin distinción de edad o nivel socio-económico, se manifiestan desde los primeros años de vida, además, sus secuelas pueden producir efectos de orden funcional, sistémico y estético por el resto de vida de las personas afectadas.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el porcentaje de escolares que presentan caries dental alrededor del mundo oscila entre el 60% y 90%; entre el 15 y el 20% de la población de 35 a 44 años ha perdido por lo menos un diente, y el 30% de la población mundial mayor de 65 años no tiene dientes naturales.

En México, de acuerdo al Programa Nacional de Salud, no solo las niñas y los niños son afectados por enfermedades bucales, somos un país con alta incidencia y prevalencia de estos padecimientos, sobresaliendo, como en el resto del mundo, la caries dental con un 90% y la enfermedad periodontal con un 70% de la población afectada.

Este padecimiento se encuentran entre las cinco de mayor demanda de atención en los servicios de salud, situación que puede derivar en ausentismo escolar y laboral.

Desde la década de los setenta se comenzaron a instrumentar acciones en las escuelas de educación básica de nuestro país para el cuidado de la salud bucal. A partir de 1998, la Secretaría de Salud lleva a cabo las Semanas Nacionales de Salud Bucal con el fin de disminuir la incidencia y prevalencia de las enfermedades bucales que afectan a las niñas y niños.

Actualmente, la Secretaría de Salud cuenta con el Programa de Salud Bucal cuya misión es disminuir la carga de la morbilidad bucal en la población, a través de medidas para establecer, fortalecer y vigilar, políticas, estrategias y programas estatales e institucionales, así como evaluar las condiciones de la salud bucal y ampliar equitativamente la atención odontológica con ética, calidad y eficiencia para mejorar la calidad de vida de la población1.

Las niñas y los niños son los más vulnerables, razón por la cual es importante que se realicen campañas continuas sobre la importancia de la salud bucal y la relevancia de tener buenos hábitos de higiene y alimentación, además, de programas que permitan atender este problema.

María Cristina Sifuentes Valenzuela, secretaria Académica de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México señala que los problemas de salud bucodentales son multifactoriales y la resolución requiere un tratamiento integral interdisciplinario y multidisciplinario, además, es necesario trabajar en la concientización y una cultura de la prevención porque la población sólo se atiende cuando la enfermedad está avanzada.

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hemos impulsado y aprobado una serie de instrumentos legislativos que han tenido como prioridad fomentar la buena salud de la población, y en especial de los infantes, por esta razón sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a enviar un informe a esta Soberanía sobre los resultados obtenidos en materia de prevención y promoción de salud bucal; asimismo, se exhorta a las autoridades de salud y de educación de las entidades federativas para que en el marco se de sus atribuciones, lleven a cabo acciones para promover, prevenir y proteger la salud bucal de los alumnos de educación básica.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 12 de abril de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.

1 http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/portada_bucal.html




 

De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que explique los motivos por los cuales desde el gobierno federal no se ha diseñado e implementado una estrategia integral para promover la imagen de México en los Estados Unidos de América, así como para la protección de los mexicanos que residen en ese país. Se turna a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

Los suscritos, Senadores GABRIELA CUEVAS BARRON y JUAN CARLOS ROMERO HICKS, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 8 numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DE LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, PARA QUE EXPLIQUE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES DESDE EL GOBIERNO FEDERAL NO SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UNA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA PROMOVER LA IMAGEN DE MÉXICO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, ASÍ COMO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS MEXICANOS QUE RESIDEN EN ESE PAÍS.

CONSIDERACIONES

1. En los últimos meses, incluso previo al inicio formal del proceso electoral para elegir al nuevo Presidente de los Estados Unidos, las campañas electorales internas del Partido Republicano se han caracterizado por la aparición de expresiones abiertamente xenófobas y despectivas hacia la inmensa comunidad de mexicanos que reside en aquel país.

Ha sido especialmente el precandidato Donald Trump, quien ha basado su estrategia de campaña en el uso de un discurso racista, anti-migrante, al punto de queha acusado a los migrantes mexicanos de ser delincuentes y violadores, y ha adelantado que de ser elegido Presidente de su país, implementará medidas radicales en contra de México, como por ejemplo, construir un muro en la frontera sur, deportar a los miles migrantes indocumentados, endurecer las leyes migratorias, el aumento de las tasas a las visas de trabajo, entre otras.

2. Frente a los innumerables ataques de Trump en contra de México, la respuesta del Gobierno Federal no ha sido la esperada,pues ha carecido de la decisión y la fuerza requeridas. Los comentarios ante medios de comunicación del titular del Ejecutivo Federal comparando a Trump con líderes fascistas como Hitler y Mussolini1, por más que denoten un gesto de reprobación del Presidente de la República respecto al perfil político del precandidato republicano, no pueden considerarse un posicionamiento político serio del Gobierno Federal, pasando a no ser más que una cuestión anecdótica y sin efectos concretos.

Del lado de la Cancillería, se hanexpresado preocupaciones por las declaraciones de dicho personaje,considerándolas como dañinas, sin embargo, al día de hoy no se ha delineado, o al menos no se conoce, de una verdadera estrategia política de contención, no solamente ante Trump, sino frente a toda la maquinaria mediática que lo respalda.

La canciller Ruiz Massieu ha manifestado que “no podemos responder (a Trump) con descalificaciones o con adjetivos”2; eso es cierto,pero lo que no ha seguido a estas palabras es el dar a conocer los puntos finos de una verdadera estrategia integral para contrarrestar el daño que las campañas internas en el partido republicano están generando para la imagen de México en Estados Unidos y para la protección de los derechos de los millones de mexicanos residentes en ese país.

Precisamente con este tipo de declaraciones se vislumbra la tibieza en las palabras del Ejecutivo Federal para dar la cara a favor de los mexicanos ante los innumerables improperios originados del discurso xenófobo de Trump y sus simpatizantes. Y si las palabras no han sido las esperadas, mucho menos hemos contado con acciones diplomáticas claras y contundentes.

3. La designación del C. Carlos Sada para encabezar nuestra Embajada en Washington, D.C., es considerado como un primer paso, aunque quizás tardío, para comenzar  a dar visos de una nueva estrategia del Gobierno Federal para colocarse como un verdadero límite a los embates racistas de los precandidatos Trump y Cruz, y sus nefastas implicaciones para polarizar a un país con millones de mexicanos residiendo en su territorio.

No obstante, el cambio en la embajada que se propone apenas constituye una de muchas decisiones que el Poder Ejecutivo debe tomar para darle el giro necesario que requiere la política bilateral entre México y Estados Unidos, que si bien siempre debe adquiriruna posiciónprioritaria, dada la enorme cantidad de puntos de intercambio cultural, económico y político que tenemos ambas naciones,bajo las circunstancias electorales actuales a las que hemos hecho referencia, exige redoblar esfuerzos para enaltecer la imagen de México y generar un clima de protección a nuestros connacionales avecindados en los Estados Unidos.

Y más allá de la coyuntura, el cambio de estrategia que podría darse derivado del arribo del nuevo embajador de México en Washington, donde precisamente tendrá como uno de sus principales objetivos actuar en lo inmediato en contra del fenómeno Trump, lo cierto es que su tarea trasciende a la gran cantidad de áreas en las cuales se requiere una presencia importante de nuestra representación diplomática para ser partícipe en la transición del poder presencial que, con independencia del candidato que salga con la victoria, deberá tomar en cuenta a México dentro de su agenda nacional e internacional.

4. Estamos convencidos de que la presencia que México está teniendo en el discurso de las campañas electorales ultraconservadoras en Estados Unidos ha resultado en un retroceso para la imagen de nuestro país, no sólo dentro de los grupos conservadores estadounidenses, sino también frente al mundo.

Es por ello que se vuelve urgente que la imagen de México sea reivindicada a través de una política exteriorrepresentada en Estados Unidos, responsable y valiente, quedestaque las ventajas y beneficios que para esa nación tieneel mantener una fuerte relación con nuestro país. Nuestros paisanos mexicanos residentes en Estados Unidos, y la misma lógica económica en la cual México tiene dependencia de su vecino del norte, necesitande la actuación de nuestras autoridades diplomáticas para resaltar que, lejos de construir muros y barreras, lo que la relación bilateral pide es que se promueva la apertura de más puentes para el diálogo, la cooperación regional y el comercio.

Para ello necesitamos de una política exterior en materia migratoria que favorezca la adecuada protección de los derechos de nuestros connacionales, el mejoramiento de la atención que prestan las representaciones consulares, así como optimizar las condiciones para que los funcionarios de éstas, sean generadores de un bienestar entre la comunidad México-Americana.

5. Bajo esas previsiones, para este Senado de la República resulta impostergable indagar más allá de las declaraciones mediáticas de la titular de la Cancillería y conocer puntualmente en qué consiste lo que ha dado a llamar la Secretaría de Relaciones Exteriores en días pasados como una “nueva estrategia objetiva” para mejorar la relación entre México y Estados Unidos.

De existir esa estrategia objetiva, y no meros dichos, siguiendo el espíritu constitucional y democrático que debe imperar en nuestro sistema político, el Senado de la República debe buscar ser partícipe activamente en el diseño, planeación e implementación de tales estrategias que México, como Estado, tomará ante el panorama antes mencionado.

Un diálogo abierto de este Senado de la República con la Cancillería se vuelve necesario, sobre todo si existe la referida estrategia diplomática, más allá del recambio en la titularidad de la embajada en Washington y en la Secretaría para América del Norte, porque los nuevos funcionarios que ocupen tales cargos solamente serán una parte más de lo que debería ser el rediseño de la política mexicana ante los cambios políticos vertiginosos que se gestan en los Estados Unidos.

Contar con documentos, metodologías, prioridades, rutas, y todos aquellos componentes de una política exterior renovada, tal y como lo anunció la Cancillería recientemente, es un aspecto urgente que en este Senado de la República se debe conocer, no solamente para dar cuenta de dicha estrategia, sino también para iniciar el correspondiente proceso de revisión y seguimiento de la misma.

Por ello, resulta urgente que sea la propia Secretaria de Relaciones Exteriores quien cumpla con su responsabilidad de informar a esta Soberanía sobre los términos en que consistiría esta supuesta estrategia de política exterior, así como también para que explique los motivos por los cuales se postergó tanto tiempo el diseño de la misma por parte del Gobierno Federal.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República cita a comparecer a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que explique los motivos por los cuales durante la actual Administración Federal no se ha diseñado e implementado una estrategia integral para promover la imagen de México en los Estados Unidos de América, así como para la protección de los mexicanos que residen en ese país.

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe a esta Soberanía, como parte de la comparecencia a que se refiere el resolutivo anterior, en qué consiste el cambio de estrategia anunciado recientemente por la Cancillería para mejorar el papel de la función diplomática de México en los Estados Unidos.

Senado de la República, el 12 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Gabriela Cuevas Barron.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.

1 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160307_mexico_estados_unidos_pena_nieto_donald_trump_ab

2 http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=583914&idFC=2016





 

Asimismo, hago de su conocimiento que las efemérides inscritas en la agenda del día de hoy se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial del Parkinson”.

H. ASAMBLEA:

La enfermedad de Parkinson es un trastorno degenerativo del sistema nervioso central, crónica e invalidante que pertenece a un grupo de afecciones conocidas como trastornos del movimiento. Persiste durante un extenso período de tiempo, y es progresiva, lo que significa que sus síntomas empeoran con el tiempo.

Por su incidencia el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa (detrás del Alzheimer) más común del mundo y está muy relacionada con el envejecimiento debido a que es más común en personas mayores de 60 años.

En esta enfermedad, a medida que las células nerviosas (neuronas) en partes del cerebro se deterioran o mueren, se puede empezar a notar problemas con el movimiento, como temblores, rigidez en las extremidades o en el tronco, o problemas de equilibrio.Al volverse estos síntomas más pronunciados, las personas pueden tener dificultad para caminar, hablar o completar otras tareas sencillas, por ello que se considere una enfermedad invalidante.

En México no hay estadísticas en torno al número total de enfermos de Parkinson, sin embargo, la Universidad de Guadalajara estima que en nuestro país existen más 500 mil personas con esta enfermedad.

Las vicisitudes a las que se enfrentan los pacientes del párkinson y sus familias son bastante complejas y llenas de obstáculos. De no detectarse y tratarse con oportunidad, puede representar el fin de la vida laboral y el costo económico que esto conlleva, así como las dificultadespara adaptarse y readaptarse a esta discapacidad, puescon el Parkinson se va perdiendo primero el dominio sobre el cuerpo y después sobre los demás aspectos de la vida. Sin duda, una situación bastante difícil.

Lo peor es que a la fecha no existe cura para esa enfermedad.

Por ello, muy importante las acciones que puedan implementarse para combatir y palear síntomas. Sobre este respecto, la Organización Mundial de la Salud declaró en 1997, el 11 de abril, como Día Mundial del Párkinson, por coincidir con el aniversario de James Parkinson, neurólogo británico que en 1817, padeció, descubrió y describió los síntomas de lo que en aquel tiempo llamó parálisis agitante y que hoy conocemos como enfermedad del párkinson.

Desde entonces se conmemoran en ese día actos públicos de interés general que pretenden difundir la realidad de este padecimiento y sensibilizar a la sociedad en general. Algo sumamente importante, sobre todo para la familia de un paciente, atentos a que existen estudios que refieren que el factor emocional juega un papel significativo en la disminución de los síntomas del párkinson, de manera que se asegura que las muestras de afecto permiten a los enfermos liberar dopamina, neurotransmisor que participa en el control de movimientos, estado de ánimo, memoria y aprendizaje, lo que les propicia una mejoría en su salud.

También, la Secretaría de Salud señala que el nivel de investigación que se lleva a cabo sobre el Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas es muy alto y permite presagiar avances definitivos en los próximos años, aunque el problema sigue siendo un reto para la ciencia.

Por ello, definitivamente un día muy oportuno para reflexionar sobre la importancia de tomar conciencia sobre este indeseable padecimiento, de invertir y continuar con las investigaciones para alcanzar una cura, de fortalecer las estrategias para la formación de capital humano capacitado para atender el problema y que profesionales y ciudadaníaconozcamos más sobre esta afección.

Por ello, en el marco de la conmemoración del “Día Mundial del Párkinson”, un reconocimientomuy especial a todas aquellas personas que padecen esta enfermedad, a su esfuerzo y al de sus familias por apoyarles a salir adelante, como también, a los investigadores y profesionales de la salud que día a día se esfuerzan por encontrar una cura, palear sus síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Dado en la Ciudad de México, el 12 de abril de 2016.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, sobre el aniversario luctuoso del poeta Francisco González Bocanegra.

Aniversario luctuoso Francisco González Bocanegra 11 de Abril

El día lunes 11 de Abril se conmemoro el aniversario luctuoso del poeta Mexicano Francisco González Bocanegra, quien sería reconocido principalmente por los versos compuestos al Himno Nacional Mexicano, dicho reconocimiento seria otorgado al ganar un concurso que había hecho el gobierno mexicano, que dentro de 25 poetas participantes, resultó ganador.

Francisco González Bocanegra nació el 8 de enero de 1824, en San Luis Potosí, hijo de Francisca Bocanegra y Villalpando y de  José María González Yáñez, su Padre era de nacionalidad española, militar al servicio del ejército realista, su madre era nativa de Pinos, Zacatecas; hermana de José María Bocanegra, quien fue ministro de Relaciones Exteriores en el gabinete de don Vicente Guerrero.

Sus padres se dedicaron al comercio y gracias a este oficio familiar tuvieron una desahogada posición económica  mediante el cual permitió que su hijo Francisco pudiera dedicarse al cultivo de las letras.En el año de 1827 la familia González Bocanegra  se vieron obligados abandonar el país e irse a la Ciudad de Cádiz, España, debido a que en México se decretó la “Ley de Expulsión de los Españoles”.

Años después la familiadel joven poeta regresó a San Luis Potosi, México en donde Francisco González Bocanegra terminaría sus estudios y se dedicaría al comercio para que años más tarde viajara a la ciudad de México, donde publica sus primeros poemas y trabajaría como administrador general de caminos y director del Diario Oficial.

Mientras permaneció en la capital del país, el joven escritor encontró centros de reunión literaria, donde entabló amistad con destacados  literatos y periodistas, y fue en ese periodo que comenzó a escribir versos aunque pocas veces los publicó.

Más tarde Antonio López de Santa Anna realizó un concurso en el cual convocaba a escribir las estrofas del Himno Nacional, en el cual el poeta fue reconocido al ganar el primer lugar.

En la composición original del Himno Nacional destaca por tener estrofas consideradas a incitar al pueblo a la guerra. Así que los versos de su poema junto con la música de Jaime Nunófueron declarados himno patrio el día 9 de febrero de 1854 y cantado por primera vez el 15 de septiembre en el Teatro Santa Anna.

Francisco González Bocanegra murió el 11 de abril de 1861, en la Ciudad de México sepultando sus restos en el panteón de San Fernando y más adelante trasladados al panteón de Dolores.

En 1932 por acuerdo presidencial sus restos fueron depositados en la Rotonda de los Hombres Ilustres, pero diez años más tarde ser colocados en una urna, con el fin de recibir un homenaje póstumo en la Plaza de la Constitución.  Finalmente el 11 de octubre de 1942 sus restos fueron inhumados y colocados de manera definitiva en la Rotonda de los Hombres Ilustres.

Bocanegra fue uno de los poetas de mayor renombre y el autor de los versos de nuestro Himno Nacional.

Ciudad de México, el 12 de Abril de 2016.

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, sobre el “Día Internacional de la Infancia Callejera”.

EFEMÉRIDE

12 DE ABRIL DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA CALLEJERA

La población callejera es un grupo social diverso, conformado por niñas, niños, personas jóvenes, mujeres,  familias, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otras con diversos problemas de salud y adicciones. En general el término se refiere a toda persona o grupos de personas con o sin relación entre sí, que subsisten en la calle o el espacio público utilizando recursos propios y precarios para satisfacer sus necesidades elementales. El término “poblaciones callejeras” se usa para nombrar “a quienes comparten la misma red social de sobrevivencia y en conjunto han gestado una cultura callejera.”

Una definición más amplia incluye no sólo al status de la vivienda sino a la condición general que conlleva un fenómeno asociado al fenómeno de la pobreza extrema en las ciudades, siendo preciso puntualizar que se trata de un grupo poblacional que se caracteriza por ser heterogéneo en su composición, teniendo en común la extrema pobreza, los vínculos familiares quebrados o fragilizados, y la inexistencia de vivienda convencional regular, factores que obligan a estas personas a buscar espacios públicos (calles, veredas, plazas, puentes, etc.) y áreas degradadas (edificios, coches abandonados, etc.) como espacio de vivienda y subsistencia, de manera temporal o permanente, utilizando para pernoctar lugares administrados institucionalmente como albergues, o casas de asistencia, además de diferentes tipos de viviendas provisorias.

El fenómeno de la población en situación de calle o callejera, es expresión de la pobreza extrema en el ámbito de lo urbano. Conforman uno de los grupos más excluidos y vulnerados, a pesar de tener los mismos derechos humanos que la población en general.

La sociedad mexicana sigue aún sin reconocer a las poblaciones callejeras como sujetos de derecho y somos testigos con frecuencia de casos en donde estas personas de todas las edades –desde niños y jóvenes, hasta adultos mayores, y en diferentes partes país, son discriminadas, abusadas, violentadas y criminalizadas.

Continúan al margen de las políticas públicas gubernamentales, prueba de ello es que no existen datos estadísticos oficiales sobre este grupo poblacional que permitan un diagnóstico de la situación.De acuerdo con un censo efectuado en 1995 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la oficina del Distrito Federal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-DF), se lograron contabilizar 13 mil 373 niños y niñas menores de 18 años en situación de calle en el área metropolitana, de los cuales 85 por ciento eran varones y 15 por ciento mujeres.

Sobre el inicio de su vida en la calle, el 60 por ciento de los niños y niñas encuestados comentaron que inició entre los 10 y 14 años; 40 por ciento entre los 5 y 9 años.Cuatro de cada 10 niños y niñas encuestados argumentaron malos tratos al interior de la familia como la principal razón de estar en la calle. Los principales riesgos que ellos mismos reportaron son el maltrato de la gente, 28 por ciento,y la extorsión de policías,20 por ciento.

Aunque el tema de la discriminación contra las poblaciones callejeras no debe ser reducido a su aspecto económico, cabe destacar que de acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (2010), la riqueza es el factor que más provoca divisiones entre la gente. Sin importar el nivel socioeconómico, seis de cada 10 personas encuestadas consideran que lo que más divide a la gente en México es la riqueza.

Conapred reconoce que es imperativo generar información estadística para la generación de políticas públicas para la atención de las poblaciones callejeras, tomando en cuenta el enfoque de derechos humanos así como para redoblar esfuerzos para eliminar prejuicios y estigmas.

El derecho a la no discriminación se encuentra consagrado tanto en la legislación local como internacional; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos en ella y en los tratados internacionales de los cuales México sea parte; que se encuentra prohibida toda discriminación, basada en cualquier motivo, que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

No obstante la legislación a favor del trato igualitario y digno para todas las personas, la discriminación y el estigma continúan, razón por la cual éste representa un grupo en situación de vulnerabilidad y su condición amerita que el Estado adopte medidas afirmativas que permitan a estas poblaciones ejercer sus derechos humanos en condiciones de equidad con el resto de la población.

El Estado mexicano ratificó en septiembre de 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y asumió el compromiso vinculante de este instrumento internacional, pese a ello, las instituciones del Estado mexicano tienengrandes pendientes e importantes oportunidades para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos detodas y todos sin importar la edad o la condición social.
El Comité de los Derechos del Niño ha emitido al gobierno mexicano diversas recomendaciones respecto de esta población:

68. […] el Comité expresa la preocupación del aún alto número de niños de la calle (sic) en el Estado Parte, de laausencia de investigación comparativa, y de las escasas medidas tomadas para prevenir este fenómeno y paraproteger a estos niños. Particularmente, el Comité lamenta la violencia a la cual los niños son sometidos por lapolicía y otros (CRC/C/MEX/CO/3, junio 2 de 2006).

69. El Comité recomienda que el Estado Parte consolide sus esfuerzos para proporcionar ayuda a los niños de lacalle (sic), incluyendo cuidado médico; servicios de reintegración para el abuso físico, sexual y de sustancias y desalud mental; servicios para la reconciliación con las familias; y educación, incluyendo la capacitación vocacional yde habilidades para la vida; y tome medidas para prevenir la violencia contra niños de la calle y para proteger susderechos […] (CRC/C/MEX/CO/3, junio 2 de 2006).

Es así que los derechos humanos, especialmente el cumplimiento de los derechos de la infancia, obliga a unajuste de los modelos institucionales de atención, demanda una adecuada definición del presupuesto y evaluacióndel impacto social que alcanza el gasto público en infancia. Es una oportunidad para el cambio de prácticassociales, aunque por ahora parece una mera utopía ante la ausencia de mecanismos eficaces de transparencia yrendición de cuentas.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014 y entró en vigor al día siguiente, establece la obligación de las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales de adoptar medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico y discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apatridia, o bien relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.

Sin embargo y muestra de la invisibilidad de esta población es los constantes operativos, que se llevan a cabo en las diversas entidades del país, para ocultar la existencia de ellos. Días antes de la llegada del papa Francisco a la Ciudad de México, personas en situación de calle, asentadas sobre las principales vías que recorrió el pontífice, fueron desalojadas de acuerdo con un reporte de la organización El Caracol y la Red por los Derechos de la Infancia en México.

La relatora sobre Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa María Ortiz, señaló en ocasión de su visita a México en octubre de 2014, que se deben “implementar programas adecuados y coordinados para garantizar que esta población, una de las más vulnerables de México, tenga un acceso efectivo a ejercer sus derechos humanos de acceso a la justicia, a la protección de la familia, a la educación, a la salud, entre otros.”

En el marco del 146° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se llevó a cabo la Audiencia sobre la “Violencia, discriminación y limpieza social en contra de poblaciones callejeras en México” en la cual representantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Alianza Mexicana Poblaciones Callejeras y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informaron a este organismo internacional sobre las diversas formas de discriminación, violencia y “limpieza social ”contra esta población.

Se informó a la CIDH que el fenómeno social conocido como "niños de la calle" ha evolucionado ante la omisión del Estado Mexicano para convertirse en poblaciones callejeras. Alicia Vargas, de la Alianza Mexicana Poblaciones Callejeras, resaltó que desde los años 70 años sobreviven en las calle niñas, niños, jóvenes, ancianos, mujeres y familias a quienes se han violado un conjunto de derechos, viviendo un estado de exclusión social y quienes son invisibles ante las instituciones. “Las políticas empleadas buscan resolver caso por caso y las manifestaciones visibles del problema, pero no atienden las causas estructurales. Se caracterizan por ser reactivas y asistenciales”.

Las políticas y programas desarrollados después de las primeras observaciones por parte del Comité de los Derechos del Niño en 1994, en las cuales llamaban al Estado mexicano a atender la situación del aumento de la presencia de la población infantil en las calles, no ha respondido de fondo a la problemática ya que las acciones han tenido un corte asistencialista y no de prevención y modificación de las estructuras que obligan a niñas y niños a habitar en las calles.

El carente interés de las autoridades, estatales y federales, por contabilizar a las poblaciones callejeras, en especial a la infantil, representa una gran traba toda vez que se invisibiliza su existencia y se omiten datos que servirían para crear programas acertados en atención y reintegración de estas poblaciones, sin que se limite algún derecho de las y los infantes. Es urgente identificar las necesidades de la población y reestablecer el tejido social que prevenga la salida de niñas y niños a las calles.

La infancia callejera, representa una enorme deuda del Estado mexicano con las niñas y niños del país, que ante su omisión, viola sistemáticamente sus derechos humanos.

Atentamente

Sen. Angélica de la Peña Gómez.





 

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Mundial del Parkinson”.

Con su venia Senador Presidente, compañeras y compañeros senadores:

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, en la quesuprincipal sintomatología es el temblor en reposo, rigidez de los músculos, lentitud de movimientos, alteración del equilibrio, incluyendo diferentes aspectos físicos y psicológicos, siendo los hombres 1.5 veces más propensos que las mujeres.

Dicha enfermedad es causada por la pérdida de más del 60% de las células cerebrales que producen una sustancia denominada dopamina, la cual contribuye  en la regulación del movimiento de todo el cuerpo, donde una de cada 20 personas afectadas presenta los síntomas antes de los 40 años y la mayoría de los pacientes los desarrollan después de los 50.

En el caso de no detectarse y tratarse con oportunidad, puede representar el fin de la vida laboral del paciente, incrementando así la dificultad de adaptación y readaptación en el medio frente a esta discapacidad.

Con el Parkinson se va perdiendo primero el dominio sobre el cuerpo y después sobre los demás aspectos de la vida, ya que puede detonar la depresión del enfermo y de su núcleo cercano, debido a las complicaciones que representa para realizar las actividades de la vida cotidiana.

La mayoría de las personas desarrollan los síntomas después de los 50 años, siendo la segunda enfermedad neurodegenerativa más común del mundo, después del Alzheimer.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Rehabilitación, la Asociación Mexicana de Parkinson (AMPAC) y la Secretaría de Salud, en México existen más de 500 mil personas que padecen esta enfermedad neurodegenerativa, la cual va en aumento, pues se prevé que para el año 2040 la cifra se duplicará.

De acuerdo con la Academia Mexicana de Neurología, esta enfermedad neurodegenerativa afecta al 1% de la población mayor de 65 años de edad y al 0.4% de los mayores de 40 años.

Hasta la fecha,este padecimiento no tiene cura; sin embargo, numerosos hospitales e institutos de salud realizan investigación en torno al Parkinson, logrando avances importantes en el tratamiento y control de los síntomas.

A nivel mundial, el mayor esfuerzo se centra en entender los mecanismos que llevan a la muerte neuronal y cómo se extiende el proceso neurodegenerativo para afectar amplias zonas del cerebro.

En México también se han logrado avances en la investigación médica del Parkinson. El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, ha logrado el reconocimiento internacional por los trabajos científicos realizados como parte del equipo de investigación del King’s College Hospital de Londres.

En la Universidad Autónoma de Nuevo León se realiza investigación para buscar la correlación del Parkinson con mutaciones genéticas, a fin de desarrollar una prueba genética para diagnosticar la enfermedad.

Asimismo, investigadores de la Facultad de Medicina de la UNAM han reportado una alta incidencia de Parkinson en mexicanos menores de 40 años, debido a factores ambientales como la exposición a plaguicidas, el consumo de drogas y algunas actividades de alto riesgo como el boxeo.

En el Estado de México existen hospitales que brindan tratamiento médico especializado para los pacientes con enfermedad de Parkinson: los 3 hospitales psiquiátricos Adolfo M Nieto, José Sayago y Hospital Granjas la Salud, así como hospitales de especialidades como el Centro Médico “Adolfo López Mateos”, el Hospital “Las Américas” en Ecatepec, el Hospital General” José Ma. Rodríguez”, el Hospital General “La Perla”, el Hospital General “Nicolás San Juan” de la Ciudad de Toluca entre otros.

A pesar de los diversos avances, aún persisten grandes retos en torno a la investigación y tratamiento adecuado del Parkinson en México y en todo el mundo.

Por ello, en 1997 la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de abril como el Día Mundial del Parkinson, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de James Parkinson, neurólogo británico que en 1817 describió lo que en aquel tiempo llamó Parálisis Agitante y que hoy conocemos como Enfermedad de Parkinson.

En este contexto, hacemos un llamado a las autoridades mexicanas de salud, en los tres órdenes de gobierno, para continuar impulsando la investigación en torno al mal de Parkinson, a fin de generar avances para desarrollar tratamientos adecuados, de acuerdo con las características y necesidades de la población mexicana.

¡Muchas gracias. Es cuanto!

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,
el 12 de abril de 2016.

Sen. María Elena Barrera Tapia.

Partido Verde Ecologista de México.





 

Del Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, del grupo parlamentario del PRI, sobre el aniversario luctuoso del General Francisco José Múgica Velázquez.

Efeméride del Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, integrante del grupo parlamentario del PRI, con motivo del aniversario luctuoso del General Francisco José Múgica Velázquez, quien falleció el 12 de abril de 1954.

Hoy se cumple el 62 aniversario luctuoso de Francisco José Múgica Velázquez, un michoacano ejemplar y uno de los hombres más importantes en el ámbito ideológico y legislativo en la revolución mexicana.

En el marco de esta conmemoración, es oportuno mirar hacia el pasado y enaltecer algunos de los aspectos más relevantes en la vida de este prócer de la patria que nació el 3 de septiembre de 1884 en Tingüindín, Michoacán.

En sus primeros años, vivió en distintos lugares debido a la profesión de su padre, quien se desempeñaba como profesor. Al concluir sus estudios de preparatoria, comenzó a ejercer con éxito el periodismo al colaborar en distintos medios de carácter liberal, destacando el de los hermanos Flores Magón: “Regeneración”, donde se publicaban escritos opositores a Porfirio Díaz.

Hablar de Múgica, es hacer alusión de los más altos valores del ser humano y de la esencia misma de lo que somos como nación, así lo demuestra la inquebrantable lucha social que lo caracterizó en cada una de sus importantes encomiendas, razón por la cual, su nombre está inscrito en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, junto a otros personajes, instituciones y héroes nacionales destacados.

Siempre tuvo como eje rector el trabajo incesante y permanente encaminado a la construcción un México más justo, igualitario e incluyente, uno en el que hubiera certeza jurídica para todos. 

Fue un hombre multifacético, prueba de ello, es que en principio se dedicó al periodismo, a través del cual incursionó en la política de oposición contra el régimen porfiriano, posteriormente, junto a Pascual Orozco, en 1911 participó en la toma de Ciudad Juárez.

En 1913, con Lucio Blanco, comenzó el primer reparto agrario en Matamoros, Tamaulipas. Ese mismo año, tras el deceso de Francisco I. Madero, formó parte del constitucionalismo y tomó parte en el primer reparto agrario que se realizó en nuestro país durante ese mismo año.

Debido a su gran capacidad estratégica, le fueron encomendadas diversas actividades militares, entre las que destaca la responsabilidad de conducir las fuerzas revolucionarias en Michoacán, donde conoció al brillante estadista Lázaro Cárdenas del Río, de quien sería maestro ideológico.

En la parte final de su carrera militar, entre otros encargos, estuvo al frente del Heroico Colegio Militar de México, de la Comandancia en el Sur y fue Gobernador del estado Tabasco. Asimismo, fungió como Gobernador del entonces territorio de Baja California Sur, tarea por demás compleja debido a que se trataba de una de las zonas más alejadas, subdesarrolladas y poco pobladas del país.

Además, fue Gobernador del estado de Michoacán, puesto que ocupó durante los interinatos de Lázaro Cárdenas Río (cuando fue designado Presidente del PNR y Secretario de Estado), y desde el cual instrumentó una política de tendencia radical, donde sobresale el impulso al ejido.

Otro acontecimiento a destacar, es que fue una de las personas que firmó el Plan de Guadalupe, suscrito en Coahuila el 26 de marzo de 1913 y en el que quedaron plasmados los principios rectores de la Revolución Mexicana: libertad, justicia e igualdad. Como Secretario de Estado, fue un político trascendente, con una importante influencia en la expropiación petrolera, siendo Secretario de Economía y de Obras Públicas, fue decisiva siendo redactor del “Manifiesto”.

En el ámbito legislativo, participó en la redacción de la Constitución de 1917, encabezando a los legisladores que impulsaron la aprobación del artículo 3º; además, concentró sus esfuerzos en la defensa de los derechos laborales, al postular normas de suma trascendencia, como el impulso de la educación de los obreros y la suplencia de la deficiencia de la queja en amparos laborales.

Múgica es un referente para quienes dedicamos nuestra vida al ejercicio de la política; como General de División, Constituyente, Gobernador, Secretario de Estado o como periodista, trabajó por el fortalecimiento de las instituciones y un México con oportunidades para todos, sin duda, un hombre comprometido con la historia y el desarrollo del país.

Las consideraciones que he mencionado, son sólo una parte del gran legado que nos dejó el General Francisco José Múgica Velázquez, quien después de una vida de servicio a México, a la edad de 69 años, murió el 12 de abril de 1954.

Dado en el Senado de la República, el 12 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas.





 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el aniversario luctuoso del poeta Francisco González Bocanegra.

Si llegaren a ti. Si se estremece, Al escucharlas con recuerdo a tu alma, Piensa que al pecho que por ti padece Sólo tu amor le volverá la calma.

El mexicano nació el 8 de enero de 1824 en el estado de San Luis Potosí, sus padres, José María González Yáñez y Francisca Bocanegra y Villalpando, eran comerciantes y nunca tuvieron problemas económicos; fue así como tuvo la libertad de dedicarse a las letras. Sin embargo, desde muy pequeño, él y su familia fueron desterrados debido al ordenamiento del primer gobierno federal mexicano, el que decretó la expulsión de los oriundos de la Península Ibérica.

La familia González Bocanegra permaneció ocho años en el puerto de Cádiz, lugar donde Francisco recibiría su educación inicial. En 1839 volvieron a México después de que la Independencia fuera reconocida. A la edad de 22 años el poeta se mudó a la Ciudad de México, donde publicó sus primeros poemas mientras trabajaba como administrador general de caminos; más tarde fue director del Diario Oficial del Supremo Gobierno en la administración de Miguel Miramón, para poder sostener a sus padres.

Tras la Guerra de Reforma, el escritor tuvo miedo de alguna persecución en su contra por haber servido al gobierno conservador, fue entonces que se escondió en casa de su tío José María Bocanegra, muy cerca de donde escribió su obra maestra.

Su producción literaria aumentó en la capital del país, cuando entró a centros de reunión literaria, pero fue hasta que la convocatoria del general Antonio López de Santa Anna fue lanzada, cuando su musa y esposa, Guadalupe González del Pino, le propuso escribir para entrar al concurso, así que ella lo encerró en un cuarto con todos los instrumentos necesarios que le pudieran servir y prometió no dejarlo salir hasta que hubiera compuesto algo… Bocanegra venció a otros 24 rivales cuando el jurado lo declaró ganador.

González Bocanegra nombró a su esposa dentro de su obra, bautizándola como: Elisa. El hombre detrás del Himno Nacional creó muchas composiciones, incluyendo el drama Vasco Núñez de Balboa, el que se estrenó en el Teatro Iturbide en 1856. Escribió poca poesía y casi no hubo publicaciones de ésta, pues Francisco aseguraba que sus estrofas eran algo muy íntimo y prefería guardarlas para su musa. González Bocanegra pasó los últimos momentos de su vida solo en un sótano en el que se refugiaba. Los diarios sólo anunciaron la pérdida de un joven poeta y dramaturgo con un gran futuro por delante en el mundo literario; sin embargo, no mencionaron nada sobre su creación para México

Dado en el Senado de la República, el 12 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Sonia Rocha Acosta.

Fuente: Secretaria de Educación Pública.





 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, sobre el “Día Mundial del Parkinson”.

Efemérides

El 11 de abril de cada año se celebra el Día Mundial del Parkinson, enfermedad conocida como Parkinsonismo idiopático o parálisis agitante. En 1997, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó este día para concientizar a los tomadores de decisión del Sector Salud sobre las necesidades que requieren los pacientes y sus familias, y con ello, implementar estrategias y políticas que conlleven una mejor calidad de vida para la población afectada. Asimismo, el día se conmemora en honor al onomástico del médico británico Dr. James Parkinson, quien fue el primero en describir y documentar el padecimiento en 1817.

El Parkinson es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, se caracteriza por la pérdida neuronal que ocasiona la disminución del neurotransmisor denominado dopamina y se manifiesta  a través de una desregulación en el control de movimientos. Después del Alzheimer, es la condición neurodegenerativa más frecuente en el mundo.

Los principales síntomas motores son: temblor en reposo, rigidez muscular, lentitud de los movimientos voluntarios, así como la pérdida de reflejos posturales.

Los principales síntomas no motores son: depresión y ansiedad, alteraciones cognitivas, trastornos del sueño, alteraciones sensoriales y dolor, pérdida o disminución del sentido del olfato, así como trastornos en la función autonómica.

Según datos de la OMS se estima que cerca de 5 millones de personas padecen la enfermedad a nivel mundial. No se cuenta con datos epidemiológicos precisos, tanto a nivel mundial como nacional; esto se debe a que a pesar de que la enfermedad se descubrió hace 2000 años, aún se desconocen sus causas y la progresión del padecimiento presenta un comportamiento heterogéneo.

Nuestro país no está exento de esta enfermedad, ya que existen datos que no son de menor importancia, sino lo contrario son alarmantes ya que más de 500 mil personas padecen esta enfermedad neurodegenerativa, que cada vez va más en aumento.  En el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía es la cuarta causa de consulta. Esto es de gran relevancia, ya que el diagnósticotemprano se traduce en un mejor apego a tratamiento, y con ello, mejoría en su calidad de vida.

Asimismo, existen deficiencias en el sistema de salud, carencia de personal capacitado y disponibilidad de medicamentos esenciales.

La enfermedad del Parkinson se presenta con mayor frecuencia en la población que supera la sexta década de vida (no es tan común que la enfermedad se presente a temprana edad, antes de los 40 años), se estima que debido al envejecimiento de la población, su prevalencia se duplicará en los próximos 25 años. Sin embargo, hay estudios que demuestran que la población rural puede ser la más afectada por la exposición a condiciones medioambientales como el agua de pozo, pesticidas e insecticidas.

También hay estudios donde se manifiesta una correlación entre la enfermedad y el uso de drogas o traumatismos. Los factores genéticos y familiares, también ocupan un importante lugar dentro de las hipótesis sobre la manifestación del Parkinson.

Por ello, se hace evidente la enfermedad del Parkinson es un problema de salud pública que se debe de abordar con el diseño e implementación de políticas multidisciplinarias que otorguen un mayor beneficio a la población afectada, otorgando un acceso efectivo a medicamentos innovadores que proporcionen una mayor calidad de vida a los pacientes y sus familias.

H. Cámara de Senadores, el 12 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el natalicio de Enrique Flores Magón.

Efeméride del grupo parlamentario del PRI, con motivo del natalicio de
Enrique Flores Magón, observado el 13 de abril.

En la LXIII del Congreso de la Unión, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, conmemoramos el 139 aniversario del Natalicio de Enrique Flores Magón, un honorable oaxaqueño que junto con sus hermanos Ricardo y Jesús, fue uno de los precursores de la Revolución Mexicana, donde participó decididamente a través del ejercicio del periodismo.

Enrique Flores Magón, nació el 13 de abril de 1877 en Teotitlán del Camino, ubicada en Oaxaca, entidad donde vivió los primeros años de su infancia, hasta que su familia migró a la Ciudad de México. Estudiaba en la capital del país en 1892 cuando participó en las manifestaciones contra la tercera reelección del general Porfirio Díaz. Junto a sus hermanos -Ricardo y Jesús-, se inició en el periodismo.

En 1893 los tres hermanos colaboran en el periódico “El Demócrata”, en el que Enrique fungió como ayudante de imprenta, poco tiempo después su hermano mayor, Jesús, fue encarcelado junto con otros trabajadores de dicho periódico, Ricardo logró huir y Enrique no fue procesado en virtud de que en ese entonces tenía 16 años. En 1904, fue expulsado del país, etapa en la que radicó en distintas ciudades de los Estados Unidos.

Enrique Flores, en compañía de su hermano Ricardo y otros liberales, participó en diversas protestas, entre las que destaca la ocurrida en el balcón de las oficinas de “El Hijo del Ahuizote, en la que colocó un gran crespón negro en señal de luto y la frase: "La Constitución ha muerto" refiriéndose a la Constitución de 1857.

Se distinguió por tener ideas liberales, ya que se consideraba que la evolución política de nuestro estaba por transitar hacia una mejor sociedad y así luchar por la recuperación de la libertad política, llevando a cabo una reestructuración del gobierno creado por la historia mexicana. La lucha sería democrática y pacífica.

En esta etapa el magonismo, como parte significativa de la prensa liberal antiporfirista, reivindicó la importancia de luchar por medio de la opinión pública y organización política.

Enrique Flores Magón, fue uno de los redactores del Programa del Partido Liberal Mexicano, editor del periódico Regeneración y organizó la red para la distribución de este diario en México. En varias ocasiones fue perseguido y encarcelado en Estados Unidos; en 1923, tras la muerte de su hermano Ricardo, regresó al país, tuvo desacuerdos con otros magonistas y finalmente se retiró de la vida pública.

En 1904 fue expulsado de México y se exilió en Estados Unidos, posteriormente, en 1906, ingresó al Partido Liberal Mexicano, de ideología socialista, reivindicando un programa revolucionario de intervencionismo estatal en el que exponía ideas renovadoras a través de políticas sociales y económicas, todas con el objetivo de contribuir al desarrollo individual y colectivo.

En el marco de esta conmemoración, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos la trayectoria y legado de este notable oaxaqueño, quien con sus ideas y acciones nos demostró que a través de la expresión se puede transitar hacia nuevos escenarios para fortalecer nuestra democracia y mejores condiciones de bienestar para los mexicanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 12 de abril de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de Vuelos Espaciales Tripulados”.

Día Internacional de Vuelos Espaciales Tripulados
12 de Abril

El 12 de abril de 1961 el ciudadano soviético nacido en Rusia Yuri Gagarin realizó el primer vuelo espacial tripulado, un evento histórico que abrió el camino a la exploración del espacio en beneficio de toda la humanidad.

Por ese motivo, la Asamblea General de la ONU declaró el 12 de abril como Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados en su resolución A/RES/65/271.

La efeméride fue proclamada 7 de abril del 2011 por la Asamblea General de la ONU para motivar, recordar y reconocer lo que ha sido uno de los eventos históricos que abrieron el camino a la exploración del espacio.

Se quiere conmemorar cada año el principio de la era espacial y reafirmar que la ciencia y la tecnología cósmica contribuyen de manera crucial a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y aumentar el bienestar de los Estados y los pueblos. La celebración de este día que concientizar al mundo de la aspiración de preservar el espacio ultraterrestre con fines.

También la ONU busca también reafirmar que la ciencia y la tecnología espacial contribuyen a conseguir objetivos de desarrollo sostenible. Algunas de las misiones realizadas en los últimos años redundaron en aplicaciones prácticas beneficiosas para áreas tan diversas como la agricultura, la meteorología, las telecomunicaciones, la educación, entre otras.

La Asamblea General está profundamente convencida de la conveniencia de fomentar y ampliar la exploración y el uso del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, perseverar en los esfuerzos para que todos los Estados puedan gozar de los beneficios derivados de esas actividades y mantener el espacio como patrimonio de toda la humanidad.

El 55° aniversario del primer vuelo espacial humano se conmemorará en las Naciones Unidas hoy 12 de abril de 2016.

H. Cámara de Senadores, el 12 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo jueves 14 de abril a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:03 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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