Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Viernes 23 de junio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 22

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 07 de Abril de 2016

SUMARIO                                              


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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13, 51, 53 Y 69 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos. Para presentar el dictamen, interviene el Senador Juan Carlos Romero Hicks, a nombre de la Comisión de Educación.

Para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, intervienen los Senadores Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del PVEM; Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD y Daniel Amador Gaxiola, del grupo parlamentario del PRI. Se inserta intervención de la Senadora Graciela Ortiz González.

Para su discusión en lo general, intervienen los Senadores Erika Ayala Ríos, Fidel Demédicis Hidalgo, Sofío Ramírez Hernández y Zoé Robledo Aburto. Se remite a la Cámara de Diputados.







COMUNICACIÓN

De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; y de los Senadores Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Salud; Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional; y Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, con la que remiten el Informe con los resultados y conclusiones principales de los trabajos de las audiencias públicas, realizadas a propósito del análisis y debate relativo al posicionamiento de México ante la próxima sesión especial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas. Se instruye su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

































 

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

APERTURA

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: (11:57 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los Senadores.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 87 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Muchas gracias, señora Secretaria. Se abre la sesión del jueves 7 de abril, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE EL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

 

En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y seis minutos del día martes cinco de abril de dos mil dieciséis, encontrándose presentes ochenta y ocho ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Tercer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, documento que contiene:

a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017,
b) Los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el año 2017: crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo,

c) Los escenarios sobre el monto total de Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o superávit y

d) La enumeración de los programas prioritarios y sus montos.

Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, oficio con el que remite:

• Su informe de Actividades correspondiente al año 2015,

• El informe del resultado de la evaluación del Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 2010-2034 y

• El Calendario Anual de Difusión de la Información Estadística y Geográfica y del Interés Nacional del Instituto, correspondiente a 2016.

Se remitieron a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Población y Desarrollo.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el documento denominado Pronunciamiento sobre la Racionalización de la Pena de Prisión.- Se remitió a las Comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad Pública.

 

Se recibió de la Auditoría Superior de la Federación, el Informe General de la Cuenta Pública 2014.- Se remitió copia en disco compacto a los Senadores para su conocimiento y a la Biblioteca del Senado.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 177 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa de los cambios de legisladoras del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional como Consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite acuerdo por el que se nombran los diputados que integrarán el Grupo Mexicano de Parlamentarios por el Hábitat.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política.

(Iniciativas)

La Senadora Cristina Díaz Salazar, a nombre propio y de las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, Carmen Izaguirre Francos, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Salud, de Gobernación; de Seguridad Pública; de Derechos  Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y del Senador Ernesto Ruffo Appel y de diversos Senadores de los grupos parlamentarios, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 2, fracción I, inciso A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto, del   grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó  iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 58 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona los artículos 52, 53, 54, 55 y 56 a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Los Senadores Mely Romero Celis, Roberto Albores Gleason, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Ricardo Barroso Agramont, Jesús Casillas Romero, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío   Pineda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona las fracciones IV    bis y VI bis al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y adiciona la fracción XVIII al artículo 6° y reforma el párrafo cuarto al artículo 42 de la Ley de Aviación Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Luz María Beristain Navarrete, a nombre propio y de los Senadores Armando Ríos Piter e Hilda Flores Escalera, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos,  Segunda.

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

 

La Presidencia emitió un pronunciamiento, a nombre de la Mesa Directiva, en reconocimiento a las obras y aportaciones del artista plástico Leopoldo Flores Valdés.- Hizo uso de la palabra la Senadora María Elena Barrera Tapia. El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del Señor Leopoldo Flores Valdés.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 96 de la Ley General de Salud, en materia de investigación demográfica.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 11 y se reforma el primer párrafo y la fracción II y se adiciona una fracción IV, recorriéndose en su orden la actual y la subsecuente del artículo 29 de la Ley de Migración.- La Presidencia informó que se dio primera lectura al dictamen el pasado 10 de marzo. Para presentar el dictamen, hizo uso de la palabra la Senadora Layda Sansores San Román, por la Comisión de Asuntos Migratorios. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Graciela Ortiz González se integraría al Diario de los Debates. Asimismo, informó que las Comisiones dictaminadoras hicieron llegar propuesta de modificación al dictamen, la Asamblea rechazó integrar la propuesta al proyecto de Decreto, para su discusión. Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 75 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes que proponen desechar los siguientes proyectos:

1. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con punto de Acuerdo por el que expresa su conformidad con el desechamiento de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de Decreto para reformar la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud.

2. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar la fracción XV Bis I al artículo 3º de la Ley General de Salud.

3. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar una fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud.

Los tres dictámenes por el que se proponen desechar diversos proyectos de Decreto, sin discusión, fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de los registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a informar sobre el resultado del monitoreo de tipo preventivo realizado en el Área de Protección de Flora y Fauna de Islas del Golfo de California, posterior al evento suscitado en octubre de 2015, en el marco del Protocolo de Atención para Varamiento de Mamíferos Marinos.

2. Que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a verificar el cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003, en el relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

3. Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud a implementar campañas de concientización para disminuir el consumo de bebidas en envases de plástico denominado PET.

En la discusión intervinieron las Senadoras: Erika Ayala Ríos del PRI, para referirse al relativo al monitoreo en las Islas del Golfo de California; y Carmen Dorantes Martínez del PRI, para referirse al relativo del relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

Continuaron en la discusión los Senadores: Luis Armando Melgar Bravo del PVEM, para referirse al relativo del relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y Jesús Casillas Romero del PRI, para referirse al del consumo de envases de plástico denominado PET. Los tres dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de Asuntos Indígenas, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a fortalecer e impulsar las medidas necesarias que permitan prevenir y eliminar los actos de discriminación en contra de las mujeres rurales e indígenas de México.

2. Que exhorta a la Secretaría de Cultura a investigar la veracidad de las circunstancias sucedidas en 2015, en las que se involucraron la vestimenta, bordados y tejidos propios de la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, del estado de Oaxaca, en la producción de las empresas Isabel Marant y Antik Batik; así como la existencia de procedimientos administrativos o judiciales, nacionales o internacionales, por los cuales se autorice el uso con fines de lucro de dichas expresiones de arte popular.

El Senador Eviel Pérez Magaña, hizo uso de la palabra para presentar los dictámenes. En la discusión intervinieron las Senadoras: Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI, para referirse al de discriminación en contra de las mujeres rurales e indígenas; y Luisa María Calderón Hinojosa del PAN, para referirse al mismo dictamen. Los dos dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Comisión de Salud, con puntos de Acuerdo:

1. En torno a los virus del dengue, chikungunya y zika.

2. Que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a garantizar la protección de la salud de las mujeres con los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.

3. Sobre la influenza estacional.

4. Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público a reconsiderar y revertir el recorte presupuestal del 2016 en materia de salud, debido a la intensificación de los brotes de influenza, zika, chikungunya, dengue, crisis de enfermedades metabólicas y trastornos crónicos degenerativos.

5. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a cumplir con lo establecido en diversas normas oficiales mexicanas que obligan a que los productos alimenticios industrializados o procesados libres de gluten, lo especifiquen en sus etiquetas.

6. Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a establecer un programa integral de relevancia nacional que tenga como propósito informar a la población sobre la importancia y los beneficios que otorgan a la sociedad las donaciones de órganos.

El Senador Francisco Salvador López Brito, hizo uso de la palabra para presentar los dictámenes. En la discusión intervinieron las Senadoras: Anabel Acosta Islas del PRI, para referirse al de los virus del dengue, chikungunya y zika; María Hilaria Domínguez Arvizu del PRI, para referirse al de productos alimenticios industrializados libres de gluten; y Ma. del Pilar Pineda Gochi del PRI, para referirse al de donación de órganos. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Fernando Mayans Canabal se integraría al Diario de los Debates. Los seis dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

(Proposiciones)

Se dio turno a los siguientes asuntos:

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del  Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Comisión Nacional del Agua, con la finalidad de informar la situación    de los pozos y agua ubicados en la comunidad “La Cantera” en el Municipio de San José de Iturbide, Guanajuato.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a reconocer expresamente la   labor de las y los defensores de     derechos humanos y a garantizar su seguridad.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República reconoce las obras y aportaciones del artista plástico Leopoldo Flores Valdés y exhorta a la Secretaría de Cultura a difundir ampliamente la obra del pintor, muralista y escultor mexiquense.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a revocar la prórroga de recibir la visita del Relator Especial sobre la    Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas en nuestro país; asimismo, a extender el plazo del Acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional desde la perspectiva de derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada   de 43 estudiantes de la Normal Rural    Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero; y a cesar el hostigamiento en contra del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a establecer las sanciones administrativas que conforme a derecho procedan en contra de los servidores públicos que por acción u omisión incumplieron las medidas extraordinarias anunciadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis durante la contingencia fase 1 en el Valle de México.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de las 32 entidades federativas que aún no han tipificado como delito grave el abuso sexual a personas menores de edad en sus códigos penales locales, para que inicien el proceso legislativo correspondiente.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo para impulsar y convocar a instituciones académicas, centros de estudio, universidades y estudiosos de los temas de la ciudad a incorporarse a un observatorio independiente del Constituyente y la Constitución de la Ciudad de México.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De los Senadores Sofío Ramírez Hernández y Miguel Ángel Chico Herrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Procuraduría Federal del Consumidor a instrumentar una campaña de difusión sobre las alternativas de los servicios de envío y recibo de remesas.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De los Senadores Luz María Beristain Navarrete, Benjamín Hernández Ruíz y Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a diseñar programas de turismo sustentable en zonas indígenas de nuestro país, bajo un principio imperante de sustentabilidad, en donde los beneficiarios sean los pobladores indígenas de dichas zonas.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

 

De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Iris Mendoza Mendoza, Luz María Beristáin Navarrete, Verónica González Rodríguez, Alejandra Roldán Benítez, Alejandro Encinas Rodríguez, Armando Ríos Piter, Mariana Gómez del Campo Gurza, Jesús Casillas Romero y Martha Tagle Martínez, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizar diversas acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual en la entidad.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a fortalecer las políticas existentes en materia de cobertura de servicios médicos en las zonas rurales.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De las Senadoras Mely Romero Celis, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a llevar a cabo acciones a fin de que los contribuyentes con alguna discapacidad puedan efectuar sus declaraciones fiscales para el ejercicio fiscal 2016.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

De los Senadores Eviel Pérez Magaña e Hilda Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de los ejecutivos federal y de las entidades federativas, a las legislaturas de los estados de la República y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar las reformas legislativas necesarias a fin de fortalecer la asesoría jurídica federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

(Excitativa)

El Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, remitió solicitud de excitativa en torno al punto de Acuerdo para que el titular del Poder Ejecutivo cumpla la Constitución y solicite la autorización del Senado de la República para que las tropas nacionales abandonen el país, presentado el 19 de noviembre de 2015.- El Presidente emitió excitativa a la Comisión de Defensa Nacional.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Mely Romero Celis, oficio por el que solicita licencia   para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 5 de abril de 2016.- Intervinieron los Senadores: Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI; Aarón Irízar López del PRI; Francisco Salvador López Brito del PAN; Juan   Carlos Romero Hicks del PAN; Ernesto Gándara Camou del PRI; Ivonne Liliana Álvarez García del PRI; Carlos Manuel Merino Campos del PT; Martha Angélica Tagle Martínez; Lucero Saldaña Pérez    del PRI; Jesús Casillas Romero del PRI; Ana Lilia Herrera Anzaldo del PRI; Hilda Esthela Flores Escalera del PRI; Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI; Gerardo Flores Ramírez del PVEM; María Elena Barrera Tapia del PVEM; Lisbeth Hernández Lecona del PRI; Miguel Barbosa Huerta del PRD; Zoé Robledo Aburto del PRD; Emilio Gamboa Patrón del PRI; y Mely Romero Celis del PRI. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió del Senador Eviel Pérez Magaña, oficio por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 5 de abril de 2016.- Intervinieron los Senadores: Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Jesús Casillas Romero del PRI; Miguel Romo Medina del PRI; Ana Lilia Herrera Anzaldo del PRI; Graciela Ortiz González del PRI; Ivonne Liliana Álvarez García del PRI; Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Margarita Flores Sánchez del PRI; Armando Ríos Piter del PRD; Zoé Robledo Aburto del PRD; Rabindranath Salazar Solorio del PRD; Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI; Hilda Esthela Flores Escalera del PRI; María Elena Barrera Tapia del PVEM; José María Martínez Martínez del PAN; Humberto Mayans Canabal del PRI; Óscar Román Rosas González del PRI; Miguel Barbosa Huerta del PRD; Emilio Gamboa Patrón del PRI; y Eviel Pérez Magaña del PRI. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva tomó protesta al ciudadano Manuel Cárdenas Fonseca como Senador de la República.- Hicieron uso de la palabra los Senadores: Angélica de la Peña Gómez del PRD; Martha Tagle Martínez; Armando Ríos Piter del PRD; Víctor Hermosillo y Celada del PAN; José María Martínez Martínez del PAN; Luisa María Calderón Hinojosa del PAN; Miguel Barbosa Huerta del PRD; Enrique Burgos García del PRI; Roberto Gil Zuarth, Presidente del Senado; e Isidro Pedraza Chávez del PRD.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión por falta de quórum a las dieciséis horas con cuarenta y seis minutos y citó a la siguiente el jueves siete de abril a las once horas.

 

Fin de la Sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que informa que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 9 al 15 de abril del año en curso, para realizar visitas de Estado a la República Federal de Alemania y al Reino de Dinamarca.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 2o. de la Ley General de Asentamientos Humanos.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores San Román.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta. Nada más quería hacer un comentario al oficio anterior, ya que siempre los pasan rápidamente.

Cada vez que el señor Peña Nieto se va de turista en tiempos de austeridad y, sobre todo, en tiempos de crisis, si quiere ir a quedar bien con la comunidad internacional que empiece por reconocer y enfrentar la crisis de derechos humanos, que empiece por respetar los acuerdos que se hicieron con la Comisión Interamericana.

No es posible que cuando la situación está más dura en el país, entonces él se da a la fuga, como yo decía, toma su “casa blanca voladora”, y a que los mexicanos le paguen sus viajes de turista, creo que no son los momentos.

Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Sansores San Román. El asunto está publicado en la Gaceta Parlamentaria y debidamente turnado.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley General de Turismo.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Túrnese a las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Primera para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Asimismo, la Colegisladora nos remitió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 19 y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones del Senado.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: El Acuerdo está publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese.





 

Honorable Asamblea, a partir de la licencia autorizada a nuestra compañera Senadora Mely Romero Celis, esta Mesa Directiva convocó a la ciudadana Hilda Ceballos Llerenas, quien se encuentra en el salón contiguo.

Por esta razón, solicito a los Senadores Jesús Priego Calva, Martha Elena García Gómez, Luz María Beristain Navarrete, Jorge Aréchiga Ávila, Manuel Cárdenas Fonseca e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, la inviten a pasar a este salón de sesiones y la acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Solicito a los presentes ponerse de pie.

(Todos de pie)

PROTESTA DE LEY

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Ciudadana Hilda Ceballos Llerenas: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Senadora de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La Ciudadana Hilda Ceballos Llerenas: ¡Sí, protesto!

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señora Senadora!

Le solicito pase a ocupar el escaño que le ha sido asignado a fin de que se incorpore inmediatamente a nuestros trabajos.





 

Dé cuenta la Secretaría con la documentación que nos remite la Comisión de Administración del Senado.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Señora Presidenta, para los efectos de los artículos 66, inciso g) y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se recibió de la Comisión de Administración del Senado, el Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de abril de 2016.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a consideración de la Asamblea el Proyecto de Presupuesto. Por no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Proyecto de Presupuesto para el mes de abril de 2016. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de abril del año en curso.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, también se recibió de la Comisión de Administración el Informe del presupuesto ejercido al mes de febrero de 2016.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.





 

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra la Senadora Marcela Guerra Castillo, para presentar a nombre propio y de las Senadoras Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley de la Policía Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL

(Presentada por la Senadora Marcela Guerra Castillo, a nombre propio y de las Senadoras Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y Compañeros. Muy buenas tardes tengan todos ustedes.

Les quiero comentar que esta iniciativa obedece a reformar diversas disposiciones que ya enunció la propia Presidenta, y que tiene que ver con las áreas naturales protegidas del país porque son grandes espacios geográficos en los que legalmente se ha establecido algún régimen de protección para salvaguardar sus valores, principalmente los naturales, así como los culturales e históricos y que son administradas por una variedad de autoridades y organismos de los tres órdenes de gobierno.

En México existen áreas protegidas de diversos tipos: federales, estatales, municipales, comunitarias, ejidales y privadas, todas ellas bajo la administración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, lamentablemente y pese a los esfuerzos para la protección de las mismas por parte de las autoridades de estos tres niveles de gobierno, frecuentemente estas áreas son objeto de saqueo, de abusos, de depredación, de deterioro, de destrucción por parte de personas poco conscientes, es decir, de depredadores de todo lo valioso que son dichas áreas y que representan los últimos bastiones del equilibrio ecológico no sólo de nuestro país, sino del mundo entero. También me refiero a las reservas de la biósfera que están catalogadas por la UNESCO.

Las personas que realizan estos actos del medio ambiente y que ponen en peligro el equilibrio ecológico, lo hacen aprovechándose de la poca o nula vigilancia y de la falta de educación también de personas, de ciudadanos que por no conocer el valor verdadero del entorno en el que viven o en el que están, no lo defienden.

Esta carencia también de personal, la ausencia de recursos por recortes presupuestales y por la falta de reacción inmediata de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, como lo han manifestado diversas organizaciones civiles, investigadores y académicos.

Esta situación afecta a casi todas las 176 áreas naturales protegidas que existen en el país, que abarcan más de 25, 394,779 de hectáreas aproximadamente.

De acuerdo a información generada por la propia Semarnat y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, así como de la Profepa, se han identificado 108 áreas como críticas para la afectación de que están siendo objeto en diferentes estados de la República.

Uno de los mayores problemas con que tienen que tratar las autoridades, radica en la desproporcionalidad de la cantidad del terreno que debe cubrirse, y esto afecta muchísimo porque son recursos en todo caso no renovables, y además hay muchísimas especies en vías de extinción.

Diversos ambientalistas señalan que las áreas naturales protegidas se deterioran por la escasez de personal, la nula creación de infraestructura para obtener más y mejores servicios ambientales y turísticos.

Recordemos que el turismo ecológico es una gran fuente de ingresos para este país y que genera millones de dólares. El turismo en México es quizá la segunda o tercera fuente de ingresos para nuestro país y es importante decir que México no sólo debe vivir ya de sus playas, las cuales por supuesto están sobreexplotadas, sino también hay alternativa por la parte de la ecología y todos aquellos turistas que vienen de países lejanos y que desean convivir con la naturaleza. Esa también es una gran fuente de ingresos y puede ser mayor para México.

Por eso es importante que tengamos esta conciencia, pero también que actuémos en consecuencia, es decir, facultando instancias policiales para que puedan brindar el servicio alterno para cuidar estas áreas protegidas y puedan ser, vamos a decir, que no sean afectadas por los depredadores humanos.

Aquellos que realizan la tala clandestina, porque también hay personas que lo hacen de una forma desproporcionada, ejercen también actos violentos, e incluso han llegado a privar a la vida a inspectores forestales, y no solo a inspectores forestales, sino también a personas ecologistas que han cuidado y que se preocupan por el medio ambiente.

Las condiciones en las que los inspectores forestales se ven obligados a trabajar todos los días, no son las más efectivas ni las más óptimas para proteger su vida, ya que constantemente sufren amenazas de taladores ilegales y de grupos del crimen organizado que también comercian con maderas preciosas y con especies de animales que se dedican también a lucrar obteniendo de manera ilegal.

En múltiples ocasiones, los inspectores forestales se han visto agredidos por los mismos pobladores de estas regiones, que si bien no participan directamente en la tala ilegal, sí han construido una forma de vida alrededor de la venta de artículos construidos con recursos obtenidos ilegalmente.

A pesar de la existencia del programa “Cero Tolerancia”, estas circunstancias han persistido y el programa tampoco ha podido garantizar la integridad de los inspectores, un ejemplo de ello es el que suscito el 16 de abril de 2013, en el que 7 inspectores: 5 hombres y 2 mujeres, fueron privados ilegalmente de su libertad por 300 comuneros que impidieron su salida del Parque Nacional Pico de Orizaba.

Aunque los inspectores forestales lograron ser liberados gracias al apoyo de 50 inspectores de la Profepa, 40 elementos de la Policía Federal, 60 de la Secretaría de la Defensa Nacional y 40 de la Procuraduría General de la República, los inspectores manifestaron tener temor de sufrir represalias posteriores y amenazas por parte de los comuneros.

Es importante mencionar que los inspectores forestales no cuentan con ninguna especie de seguro de vida que los cubre en caso cualquier eventualidad mientras desempeñan su humilde trabajo, considerando el alto riesgo, las condiciones en las que desempeñan su trabajo no son las mejores ya que el equipo con el que cuentan no ha probado ser eficaz, incluyendo el “Cero Tolerancia” a este programa que es para garantizar la integridad de los inspectores.

Es importante y el espíritu de esta iniciativa, es para poder facultar a las policías para que tengan más presencia en este tipo de áreas protegidas.

Por eso está reforma al artículo 158, en el Capítulo I, respectivo “De la Prevención y Vigilancia Forestal” en el cual versa que será ejercida con el apoyo y coordinación de la Policía Federal, en términos del inciso b), fracción III del artículo 8 de la Ley de la Policía Federal, misma, que es una ley que faculta y para poder cubrir con mayor eficiencia y eficacia.

Lo que es de todos. Lo que es un bien público. Lo que nos corresponde a todos que son nuestra naturaleza, nuestras áreas protegidas en nuestro país.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Iniciativa

Las suscritas, Senadoras MARCELA GUERRA CASTILLO, GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ y ANA LILIA HERRERA ANZALDO, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164, 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE; Y DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL, EN MATERIA DE VIGILANCIA Y CUSTODIA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) del país, son grandes espacios geográficos en las que legalmente se ha establecido algún régimen de protección para salvaguardar sus valores, principalmente naturales, así como culturales o históricos, que son administradas por una variedad de autoridades y organismos de los tres niveles de gobierno.

En México existen áreas protegidas de diversos tipos: federales, estatales, municipales, comunitarias, ejidales y privadas, todas ellas bajo la administración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), lamentablemente y pese a los esfuerzos para protección de las mismas por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, frecuentemente son objeto de saqueo, depredación, deterioro y destrucción por parte de personas poco conscientes de lo valioso que son dichas áreas y de que representan los últimos bastiones del equilibrio ecológico no solo de nuestro país, sino del mundo entero.

Las personas que realizan estos actos atentatorios del medio ambiente y que ponen en peligro al equilibrio ecológico, lo hacen aprovechándose de la poca o nula vigilancia, carencia de personal, ausencia de recursos por recortes presupuestales y por la falta    de reacción inmediata de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), como lo han manifestado diversas organizaciones civiles, investigadores y académicos.

Esta situación afecta a casi todas las 176 áreas naturales protegidas que existen en el país, que abarcan 25 millones 394 mil 779 hectáreas aproximadamente y que son “espacios fundamentales para mitigar los efectos del Cambio Climático”, como lo ha manifestado el escritor y periodista científico Juan José Morales Barbosa, quien fue distinguido por el Premio Latinoamericano en Divulgación de la Ciencia.

De acuerdo a información generada por la SEMARNAT, la CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), así como por la PROFEPA, se han identificado 108 áreas como críticas por la afectación de que están siendo objeto en diferentes estados de la República1.

Uno de los mayores problemas con los que tienen que tratar las autoridades, radica en la desproporcionalidad de la cantidad de terreno que debe cubrirse con la actividad de 490 comités con 6,520 vigilantes que protegen solo 50 de las Áreas Naturales Protegidas, que representan sólo el 28% de las áreas decretadas y 49 zonas críticas que representan el 45% de las identificadas2.

Diversos ambientalistas señalan que las Áreas Naturales Protegidas se deterioran por la escasez de personal, la nula creación de infraestructura para obtener más y mejores servicios ambientales y turísticos que proporcionarían valor agregado a estas áreas que son un bien público y que en ocasiones son explotadas, depredadas por empresas, por la delincuencia organizada e incluso por empresas desarrolladores de centros turísticos, situación que pone en peligro el capital natural y la conservación de ecosistemas de gran valor, así como sus especies de flora y fauna.

Otro aspecto que está causando mucha afectación ecológica, es la deforestación o tala clandestina de los bosques, que es un tema que no debe ignorarse o tomarse a la ligera, ya que la deforestación en México ocurre en medio de la violencia, de la impunidad y de la corrupción, esta situación desafortunadamente ha costado la vida de personas que protegen los arboles de varias zonas del país, incluso de inspectores forestales, que son los encargados de poner en práctica los diversos criterios de manejo forestal, cuya principal labor radica en inhibir y contener cambios de uso de suelo en terrenos forestales sin autorización, así como tala clandestina, entre otros aspectos.3

Se cuenta con 68 inspectores forestales en capacitación4, según datos de la dirección general de Verificación e Inspección Forestal de la PROFEPA, mientras que PROBOSQUE cuenta con 50 inspectores calificados5, como se puede apreciar, el número de personas que brindan protección forestal es muy pequeño en comparación a los grupos organizados y no organizados de talamontes y de la delincuencia organizada.

Aquellos que realizan tala clandestina o tala desproporcionada, ejercen actos violentos, e incluso han llegado a privar de la vida a inspectores forestales enviados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y que son destinados a las diferentes Áreas Naturales Protegidas (ANP) y estas acciones son ejercidas con impunidad y premeditación y en la mayoría de los casos, no han sido sancionadas de manera debida por las autoridades de procuración y administración de justicia.

Las condiciones en las que los inspectores forestales se ven obligados a trabajar todos los días, no son las más efectivas para proteger su vida, ya que constantemente sufren amenazas de taladores ilegales y de grupos del crimen organizado que se dedican a lucrar obteniendo de manera ilegal los recursos naturales con los que cuentan las áreas naturales protegidas.

En múltiples ocasiones, los inspectores forestales se han visto agredidos por los mismos pobladores de estas regiones, que si bien no participan directamente en la tala ilegal, si han construido una forma de vida alrededor de la venta de artículos construidos con los recursos obtenidos ilegalmente.

A pesar de la existencia del programa “Cero Tolerancia” estas circunstancias han persistido y el programa tampoco ha podido garantizar la integridad de los inspectores, un ejemplo de ello es el que suscito el 16 de abril del 2013, en el que 7 inspectores: 5 hombres y 2 mujeres, fueron privados ilegalmente de su libertad por 300 comuneros que impidieron su salida del parque nacional Pico de Orizaba.

Aunque los inspectores forestales lograron ser liberados gracias al apoyo de 50 inspectores de Profepa, 40 elementos de la Policía Federal, 60 de la Secretaría de la Defensa Nacional y 40 de la Procuraduría General de la República, los inspectores manifestaron tener temor de sufrir represalias y amenazas por parte de los comuneros o de los llamados “talamontes” que fueron defendidos por los comuneros6.

Es importante mencionar que los inspectores forestales no cuentan con ninguna especie de seguro de vida que los cubra en caso de cualquier eventualidad mientras desempeñan su trabajo, considerado de alto riesgo, las condiciones en las que desempeñan su trabajo no son las mejores ya que el equipo con el que cuentan no ha probado ser eficaz al ayudar a mitigar los riesgos que éstos corren en el momento de realizar sus labores, ya que su equipo consta de un GPS, un chaleco antibalas, y la ley, así como su propia capacidad para reconocer los diferentes tipos de peligros que se les presenten como su única arma para enfrentar las situaciones a las que se vean sometidos.

En el estado de Hidalgo, Mario Alberto Viornery ha señalado que la delegación de la PROFEPA en este estado tiene 8 inspectores pero necesita mínimo de 24 inspectores forestales para poder prestar lo que se considera atención mediana al problema de la tala clandestina.7

Los inspectores forestales, deben de tratar con grupos de talamontes expertos que cuentan con grupos capaces de llevar a cabo sus actividades en su totalidad en el acto, es decir, que derriban los árboles, y en este mismo lugar cortan la madera como sea que lo necesiten, para ser aprovechada como mejor les convenga, lo que denota su alto grado de movilidad y de organización.

Este tipo de grupos opera muy parecido a cómo operan los grupos del crimen organizado, ya que su división del trabajo es muy específica, por ejemplo, partes del grupo solo talan, otra transportan la madera, otra la almacena en diversos lugares, unos se encargan de la seguridad, mientras que otros son los que informan a los demás miembros de posibles operativos activos.

En materia forestal una de las estrategias centrales de esta PROFEPA es el impulso de una política de Participación Ciudadana, a través de la integración de Comités de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP), con los que se busca la incorporación efectiva de núcleos agrarios, comuneros y habitantes de los bosques en la vigilancia y cuidado del recurso forestal, a manera de acciones preventivas de ilícitos ambientales.

Estos comités de vigilancia se conforman por personas integradas en grupos organizados, acreditados y capacitados por la misma Procuraduría, comprometidos en el cuidado y defensa de los recursos naturales de su comunidad, quienes manifiestan libremente su voluntad de participar en las actividades de vigilancia, prevención y presentación de denuncias.

En anteriores administraciones, los esfuerzos nacionales para la protección de ecosistemas estratégicos se concentraron principalmente en decretar, bajo algún régimen de protección áreas naturales protegidas y hasta hace poco tiempo se comenzaron a implementar condiciones institucionales, legales, de participación social, financiera y operativa para que las áreas naturales protegidas puedan cumplir con los objetivos para las que fueron establecidas.

Las Áreas Naturales Protegidas han adquirido desde entonces una importancia mayúscula reflejada en los esfuerzos por garantizar que los decretos cumplan con su función de proteger las zonas del territorio nacional que por ser superficie cuentan con ecosistemas originales poco alterados y con una gran riqueza biológica y paisajística, por ende, sujetas a algún régimen previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El Instituto Nacional de Ecología (INE), ha sido desde el año de 1992, la institución encargada de formular y conducir la política ecológica nacional de conservación que se ha centrado en ampliar la superficie protegida con la colaboración de muy diversos actores de la conservación en México, de las comunidades y de los gobiernos de los estados en los que las áreas se han decretado.

Han sido diversas las nuevas estrategias planteadas para lograr consolidar esta tarea, la cual en un país como el nuestro resulta difícil de concretar por muy diversas razones; entre ellas, las graves carencias de recursos para lograr que efectivamente las áreas naturales protegidas cumplan con su papel de resguardo de la diversidad biológica del país.

Se ha considerado conveniente impulsar un nuevo enfoque basado en la promoción de una amplia participación de la sociedad, en la búsqueda de nuevos esquemas de gestión, administración y financiamiento de las áreas y fundamentalmente en el desarrollo de una visión programática de largo plazo que permitiera consolidar y ampliar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Se estima que la problemática del saqueo, depredación, deterioro y destrucción de las Áreas Naturales Protegidas puede ser combatida con mayor efectividad, con la colaboración y participación de la Policía Federal, toda vez que dicha institución fue creada para salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, además de que cuenta con los elementos materiales y de personal capacitado para hacer frente y prevenir la comisión de delitos que ponen en peligro y afectan el bien público consistente en el capital natural y la conservación de ecosistemas de gran valor, así como sus especies de flora y fauna.

No hay que pasar por alto que de conformidad con lo dispuesto por el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas.

Por ello, se estima que concediéndole la obligación y atribución a la Policía Federal de salvaguardar, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos en las reservas de la biosfera; parques nacionales; monumentos naturales; áreas de protección de recursos naturales; áreas de protección de flora y fauna; santuarios; zonas de conservación ecológica; áreas destinadas a conservación, protección, restauración y producción forestal, cuencas hidrológicas y en general en cualquier área natural considerada como protegida, se dará un gran avance en el combate a la delincuencia organizada y se disminuirá la comisión de ilícitos que afectan, dañan y ponen en peligro a nuestro medio ambiente.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 161 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

CAPITULO II
Inspección y Vigilancia

ARTÍCULO 161.- La Secretaría realizará los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así como de las que del mismo se deriven.

En las reservas de la biosfera; parques nacionales; monumentos naturales; áreas de protección de recursos naturales; áreas de protección de flora y fauna; santuarios; zonas de conservación ecológica; áreas destinadas a conservación forestal, cuencas hidrológicas y en general en cualquier área natural considerada como protegida por las autoridades Federales y por las autoridades Estatales y Municipales que así lo requieran, la Secretaría, con el apoyo y coordinación de la Policía Federal, en términos del inciso b), fracción III del artículo 8 de la Ley de la Policía Federal, realizará los actos de inspección, vigilancia y, en su caso, de imposición de sanciones por violaciones a las disposiciones de esta Ley.

En las zonas marinas mexicanas la Secretaría, por sí o por conducto de la Secretaría de Marina, realizará los actos de inspección, vigilancia y, en su caso, de imposición de sanciones por violaciones a las disposiciones de esta Ley.


ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 158 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

TITULO OCTAVO
DE LOS MEDIOS DE CONTROL, VIGILANCIA Y SANCION FORESTALES

CAPITULO I.
De la Prevención y Vigilancia Forestal

ARTICULO 158. La prevención y vigilancia forestal, a cargo de la Secretaría a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, será ejercida con el apoyo y coordinación de la Policía Federal, en términos del inciso b), fracción III del artículo 8 de la Ley de la Policía Federal, misma que tendrá como función primordial la salvaguarda y patrullaje de los recursos y ecosistemas forestales, así como la prevención de infracciones administrativas del orden forestal.

La Federación, en coordinación con los Gobiernos de los Estados y con la colaboración de los propietarios forestales organizados, comunidades indígenas, los Gobiernos Municipales y otras instituciones públicas formulará, operará y evaluará programas integrales de prevención y combate a la tala clandestina, especialmente en las zonas críticas diagnosticadas previamente, para enfrentarla con diversas acciones y con el apoyo de la Policía Federal con el propósito de prevenir actos indebidos de cambio de uso del suelo, tráfico de especies y recursos forestales, extracción del suelo forestal, o bien, transporte, almacenamiento, transformación o posesión ilegal de materias primas forestales.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO TERCERO. PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL.

Artículo 8. La Policía Federal tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:

I.

II.

III. Salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, así como prevenir la comisión de delitos, en:

a)...



b) Las reservas de la biosfera; parques nacionales; monumentos naturales; áreas de protección de recursos naturales; áreas de protección de flora y fauna; santuarios; zonas de conservación ecológica; áreas destinadas a conservación, protección, restauración y producción forestal, cuencas hidrológicas y en general en cualquier área natural considerada como protegida por las autoridades Federales y por las autoridades Estatales y Municipales que así lo requieran, así como las instalaciones hidráulicas y vasos de las presas, los embalses de los lagos y los cauces de los ríos;

c)

d)

e)

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 7 de abril de 2016.

Suscriben

Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.

1http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/6606/1/mx/programa_de_combate_a_la_tala_clandestina.html

2http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/6843/1/web_23_feb.pdf

3http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/6606/1/mx/programa_de_combate_a_la_tala_clandestina.html

4http://sirev.profepa.gob.mx/innovaportal/v/3450/1/mx.wap/capacita_y_actualiza_la_profepa_a_sus_inspectores_forestales.html

5http://portal2.edomex.gob.mx/probosque/conservacionforestal/Inspeccionyvigilancia/index.htm

6http://www.milenio.com/estados/mafia-tala-ilegal-riesgo-guardabosques_0_107389429.html

7http://www.milenio.com/region/Insuficientes-inspectores-Profepa_0_221977813.html

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Guerra Castillo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño del Senador Óscar Román Rosas González.

El Senador Óscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Primero, para felicitar a Marcela Guerra Castillo por esa excelente iniciativa; una felicitación más, Marcela, de las que has recibido el día de hoy, que está relacionada con las áreas naturales protegidas.

Quiero decirles que en el estado de Campeche contamos con un vasto espacio que tiene el cuidado del medio ambiente, y creo que comparto totalmente las ideas que hoy presenta, motivo por el cual le solicito a Marcela, si me permite incorporarme a la propuesta que hoy presenta relacionada a la protección y al cuidado de las áreas naturales protegidas de nuestro país.

Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Sonido en el escaño de la Senadora Marcela Guerra Castillo.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Por supuesto que sí, es un honor y es un privilegio.

Gracias, señor Senador.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Solicito a la Secretaria tome nota de quienes suscriban la iniciativa de la Senadora Marcela Guerra Castillo.





 

Tiene la palabra la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

La presente iniciativa tiene como objetivo garantizar el derecho a una alimentación nutritiva de las personas con discapacidad y determinar que la Secretaria de Desarrollo Social establezca programas de apoyo en materia de acuerdo con el tipo de discapacidad y condiciones de salud que presente cada persona.

Derivado de las recomendaciones de Organismos Internacionales de Derechos Humanos, desde hace algunos años distintas instancias de gobierno han prestado interés especial en desarrollar políticas de atención a personas con discapacidad, llegando a establecer programas para evitar la discriminación de este sector y facilitar su accesibilidad a los espacios y funciones del Estado.

Pese a esto, existen retos y adversidades que les impiden gozar de muchos de sus derechos básicos para tener una vida plena, siendo el derecho a la salud permanentemente violentado cuando se carecen de programas o apoyos en materia de alimentación nutritiva y de calidad, como lo establece nuestra  Constitución.

Esta es una situación grave al considerar que en función del tipo de discapacidad que puede presentar una persona, necesita una dieta específica en consideración a su condición.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, garantizar el derecho a la salud exige un conjunto de criterios sociales entre los que se encuentran la disponibilidad de servicios, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos, por ende, cuando las políticas cuentan con criterios selectivos se atenta contra un derecho fundamental de estos colectivos.

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, define la discapacidad como un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para la participación tales como puede ser la alimentación.

Por lo tanto, toda discapacidad denota los aspectos negativos de la interacción entre personas con un problema de salud y factores personales y ambientales. Esto constituye un gran reto para el Estado para evitar caer en discriminación al no articular la ley con el acceso a programas para tratar problemas específicos que favorezcan integralmente a este sector de la población.

Lograr que las personas con discapacidad se integren a la sociedad y gocen plenamente de sus derechos a la salud no sólo requiere de una infraestructura especial o del tratamiento médico adecuado, sino también de una amplia cobertura de factores adicionales, ya que muchos de ellos carecen de medios económicos suficientes, ya sea por los gastos que implican sus tratamientos o bien, porque muchas veces no cuentan con empleo o algún tipo de apoyo gubernamental, lo que los obliga a depender económicamente de un tercero o a vivir de limosna.

De acuerdo con los datos del Inegi de 2010, en México existen alrededor de 5 millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo que se traduce en un 5 por ciento de toda la población.

Sumado a esto, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, reportó que existe un 6.6 por ciento de población con algún tipo de discapacidad, además mostró que 1 de cada 2 personas con discapacidad son adultos mayores, habiendo mayor presencia de hogares con personas con discapacidad en los decíles de ingreso más bajos que en los más altos, por lo tanto, son grupos que representan altas posibilidades de requerir algún tipo de apoyo social.

Muchos pertenecen a comunidades rurales y carecen de recursos económicos suficientes, teniendo oportunidades limitadas para acceder a programas en materia de alimentación.

En nuestro país, desde la década de los 80’s se han gestado importantes avances en la materia, tanto en la Ley General de Salud en favor de las personas con discapacidad y el fortalecimiento institucional del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, en el caso de alimentación nutritiva existen aún varios retos que deben atenderse.

Si nuestro país pretende reducir las brechas existentes en cuanto a discriminación y garantizar la inclusión de todos los mexicanos por igual hacia políticas de inclusión universal, es importante implementar medidas como lo planteado en la presente iniciativa, misma que pretende ser un elemento que coadyuve a entregar a la ciudadanía políticas de vanguardia que garanticen las mismas oportunidades para todos por igual sin distinción alguna.

No hagamos selectivos los derechos de las personas con discapacidad, puesto que no sabemos mucho de esto, suelen ser violentados en la misma vida diaria, siendo necesario eliminar barreras, obstáculos, estereotipos y conceptos erróneos que conducen a decisiones y políticas ineficientes.

Eliminar la omisión de la responsabilidad que implica el no considerar la nutrición de este sector de la población, es un desafío que debe de estar en las agendas de las distintas entidades y órganos de gobierno.

No debemos esperar más tiempo y seguir afectando a la salud de millones de personas por este vacío legal.

La discapacidad comprende muchos elementos y cambiar la realidad de estas personas requiere medidas integrales que doten a las políticas públicas de una visión incluyente y elemental.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

La suscrita, MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN INCISO IV AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Iniciativa tiene como objetivo garantizar el derecho a una alimentación nutritiva de las personas con discapacidad y determinar que la Secretaría de Desarrollo Social establezca programas de apoyo en la materia de acuerdo con el tipo de discapacidad y condiciones de salud que presente cada persona.

Derivado de las recomendaciones de Organismos Internacionales de Derechos Humanos, desde hace algunos años distintas instancias de Gobierno han prestado interés especial en desarrollar políticas de atención a personas con discapacidad, llegando a establecer programas para evitar la discriminación de este sector y facilitar su accesibilidad a los espacios y funciones del Estado.

Pese a esto, existen retos y adversidades que les impiden gozar de muchos de sus derechos básicos para tener una vida plena, siendo el derecho a la salud permanentemente violentado cuando se carecen de programas o apoyos en materia de alimentación nutritiva y de calidad, como lo establece nuestra Constitución.

Esta es una situación grave al considerar que en función del tipo de discapacidad que puede presentar una persona, necesita una dieta específica en consideración a su condición.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, garantizar el derecho a la salud exige un conjunto de criterios sociales entre los que se encuentran la disponibilidad de servicios, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos, por ende, cuando las políticas cuentan con criterios selectivos se atenta contra un derecho fundamental de estos colectivos.

Por lo tanto, es fundamental crear los mecanismos adecuados para respetar y proteger los derechos humanos de grupos específicos de la población, particularmente de los que tienen menores probabilidades de gozar de sus derechos.

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), define la discapacidad como un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para la participación. La discapacidad denota los aspectos negativos de la interacción entre personas con un problema de salud (como parálisis cerebral, síndrome de Down o depresión) y factores personales y ambientales (como actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles, y falta de apoyo social). Lo que constituye un gran reto para el Estado, ya que suele faltar mucho trabajo en la última parte de la definición, en donde se crea una gran discriminación al no articular la Ley con el acceso a programas sociales específicos que favorezcan integralmente a este sector de la población. 

En ese sentido, puede demostrarse que lograr que las personas con discapacidad se integren a la sociedad y gocen plenamente de sus derecho a la salud no solo requiere de una infraestructura especial o del tratamiento médico adecuado, sino también de una amplia cobertura de factores adicionales, ya que muchos de ellos carecen de medios económicos suficientes, ya sea por los gastos que implican sus tratamientos o bien, porque muchas veces no cuentan con empleo o algún tipo de apoyo gubernamental, lo que los obliga a depender económicamente de un tercero, o bien a vivir de limosnas.

De acuerdo con los últimos datos del Censo de Población y Vivienda proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) del 2010, en México existen alrededor de 5 millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo que se traduce en un 5% de toda la población.

Sumado a esto, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 (ENIGH) realizada por el INEGI, reportó que existía un 6.6% de población con algún tipo de discapacidad, lo que representaría un incremento de más de 1% en comparación con el Censo de 2010 y además mostro que en su mayoría las personas con discapacidad en 2012, son adultos mayores (51.4 por ciento) y hay mayor presencia de hogares con personas con discapacidad en los decíles de ingreso más bajos que en los más altos, por lo tanto, son personas que representan altas posibilidades de requerir algún tipo de apoyo social.

Además, muchos pertenecen a comunidades rurales y no solo carecen de recursos económicos suficientes, también tienen oportunidades limitadas para acceder a programas sociales en materia de alimentación y por ende a disfrutar del máximo grado de salud que se pueda lograr.

Cabe mencionar que en México desde la década de los años 80 se han gestado grandes avances legislativos en la materia, notando una evolución constante desde los primeros esfuerzos como los plasmados en la Ley General de Salud en favor de las personas con discapacidad de 1984 hasta el fortalecimiento institucional como el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) e incluso los Derechos Humanos consagrados ya en nuestra Constitución en su artículo 1°, sin embargo, en el caso de alimentación nutritiva existen aún varios retos que deben atenderse.

Si nuestro país pretende reducir las brechas existentes en cuanto a discriminación y garantizar la inclusión de todos los mexicanos por igual hacia los diferentes programas sociales que actualmente se encuentran en ejecución, es importante implementar medidas como lo planteado en la presente Iniciativa, misma que pretende ser un elemento que coadyuve a entregar a la ciudadanía políticas de vanguardia que garanticen las mismas oportunidades para todos por igual, sin distinción alguna.

No debemos permitir dejar en letra muerta los derechos de las personas con discapacidad, puesto que como sabemos, estos sueles ser violentados en la vida diaria, siendo necesario eliminar barreras, obstáculos, estereotipos y conceptos erróneos que conducen a decisiones y políticas ineficientes.

Eliminar la omisión de la responsabilidad que implica el no considerar la nutrición de este sector de la población, es un desafío que debe estar en las agendas de las distintas entidades y órganos de Gobierno, no debemos esperar más tiempo y seguir afectando la salud de millones de personas por este vacío legal.

La discapacidad comprende muchos elementos y cambiar la realidad de estas personas requiere medidas integrales que doten a las políticas públicas de una visión incluyente y elemental.


CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS

TEXTO VIGENTE
LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 21. La Secretaría de Desarrollo Social promoverá el derecho de las personas con discapacidad a un mayor índice de desarrollo humano así como el de sus familias, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados y a la mejora continua de sus condiciones de vida, sin discriminación por motivos de discapacidad. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones:

I. a III. (…)

IV. (Pasa a ser el V)

 

 


Artículo 21. La Secretaría de Desarrollo Social promoverá el derecho de las personas con discapacidad a un mayor índice de desarrollo humano así como el de sus familias, incluyendo alimentación suficiente y nutritiva, vestido y vivienda adecuados y a la mejora continua de sus condiciones de vida, sin discriminación por motivos de discapacidad. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones:

I. a III. (…)

IV. Establecer programas de apoyo a la nutrición de acuerdo con el tipo de discapacidad y condiciones de salud que presente cada persona,

V. (…)

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se REFORMA Y ADICIONA un inciso IV, recorriéndose el subsecuente, al artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar de la forma siguiente:

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Artículo 21. La Secretaría de Desarrollo Social promoverá el derecho de las personas con discapacidad a un mayor índice de desarrollo humano así como el de sus familias, incluyendo alimentación suficiente y nutritiva, vestido y vivienda adecuados y a la mejora continua de sus condiciones de vida, sin discriminación por motivos de discapacidad. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones:

I. a III. (…)

IV. Establecer programas de apoyo a la nutrición de acuerdo con el tipo de discapacidad y condiciones de salud que presente cada persona,

V. (…)

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 7 de abril de 2016.

Suscribe

Sen. María de los Ángeles Verónica González Rodríguez.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora González Rodríguez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora María Elena Barrera Tapia, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 39, 44 Y 55 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

(Presentada por la Senadora María Elena Barrera Tapia, a nombre propio y de los Senadores Joel Ayala Almeida, Angélica del Rosario Araujo Lara, Isaías González Cuevas, Jesús Casillas Romero, Hilda Esthela Flores Escalera, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María Cristina Díaz Salazar y Diva Hadamira Gastélum Bajo)

La Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su venia, señora Presidenta. Distinguidos compañeros Senadores:

El día de hoy subo a esta tribuna para presentar la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Como ustedes saben, con fecha 27 de enero de este año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

Con dicho Decreto se realizaron modificaciones al inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto con la finalidad de desvincular al salario mínimo la función que adquirió como “Unidad de Cuenta” para diversos efectos legales y económicos, lo que evidentemente contribuirá a establecer una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos.

A su vez, en el citado Decreto se estableció el mandato de que el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, así como las administraciones públicas federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo no mayor de un año contado a partir de la entrada en vigor del Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización.

De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa que reforma la Constitución General, se resalta la necesidad de fortalecer una política pública de incremento de la capacidad adquisitiva del salario mínimo; así mismo se formularon razonamientos relevantes en torno a la utilización del salario mínimo en 149 ordenamientos legales federales para efectos de calcular multas, sanciones, créditos del Infonavit, prerrogativas de los partidos políticos, gastos de campaña de los candidatos en los procesos electorales, cuotas para el pago de derechos y obligaciones e indemnizaciones administrativas, el concepto económico de salario mínimo real y la caída del mismo en nuestro país desde 1976; así como la reflexión de que el uso del salario mínimo para indexar precios y otros beneficios sociales en el ámbito económico, apunta haberse constituido un freno para el incremento de los salarios mínimos.

En específico, la reforma prevé la creación de una nueva unidad de cuenta denominada Unidad de Medida y Actualización, que permitirá la desvinculación del salario mínimo como unidad de cuenta, base, medida o referencia económica que actualmente se utiliza por las leyes federales, estatales y de la Ciudad de México, así como todas las disposiciones jurídicas que emanen de las anteriores.

Así, el principal impacto de las modificaciones propuestas, con esta iniciativa, corresponde a preservar la viabilidad financiera del Infonavit para el mediano y largo plazo, al asegurar que el rendimiento mínimo de la Subcuenta de Vivienda de los trabajadores sea un reflejo del rendimiento de sus activos y se generen sanos niveles de rentabilidad.

Esta iniciativa, por sí misma, es una reforma necesaria para no dañar principalmente esta Subcuenta de Vivienda, que es en beneficio de los trabajadores.

El Infonavit, sabemos, es una institución de los trabajadores y lo que estamos persiguiendo es darle la estabilidad financiera a sus rendimientos y significa, por supuesto, ayudarlos y continuar con esa estabilidad para ellos, de quien es esta institución y generar mayores activos.

Con ello, con la actualización de este artículo, se apuntala la salud financiera del Instituto, asegurando su permanencia y fortaleza para todos sus derechohabientes actuales y futuros.

Esta actualización asegura que este organismo social continúe cumpliendo cabalmente su doble mandato.

En su rol hipotecario, por un lado, dando la oportunidad de que los trabajadores tengan acceso al financiamiento para comprar su casa y asimismo su rol pensionario, el cual cobrará cada vez más relevancia; estará también un Infonavit más sano, más fortalecido, entregando al final de la vida laboral de sus derechohabientes los ahorros de toda una vida, incluyendo los intereses justos y competitivos a dicho ahorro, a dicho esfuerzo.

Por lo anteriormente expuesto, los trabajadores se verán beneficiados con un instituto sólido y vigoroso, ya que los recursos que integran el Fondo Nacional de la Vivienda, son propiedad, como lo hemos comentado, de los propios trabajadores.

La necesidad de plantear una modificación al artículo 39 de la Ley del Infonavit, surge desde años recientes a partir de que se ha iniciado un cambio paulatino, pero constante e irreversible en la composición del activo financiero del Instituto.

Desde finales de los años 80’s, todos los créditos otorgados por el Instituto fueron originados en salarios mínimos.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 39 de su ley, el rendimiento mínimo garantizado para el ahorro de los trabajadores en la Subcuenta de Vivienda, igualmente está destinado en salarios mínimos; es decir, el Infonavit cobra en salarios mínimos y también paga en salarios mínimos, guardando con esto un adecuado equilibrio financiero, un adecuado calce financiero.

No obstante lo anterior, a partir del año 2012 el Instituto quedó habilitado nuevamente para otorgar créditos en pesos, con tasas de interés fijas y pagos fijos; durante el 2015, el Infonavit lanzó un primer programa piloto para reestructurar de Valor Salario Mínimo a pesos hasta 15 mil créditos.

Esta acelerada originación y reestructura de créditos en pesos modificará el adecuado equilibrio financiero que se mencionó anteriormente. De ahora en adelante y en una proporción cada vez mayor, el Infonavit cobrará en pesos y pagará en Valor Salario Mínimo. Esta condición financiera es nombrada comúnmente como “descalce financiero”.

Asimismo, el artículo 26 de la Constitución establece que las obligaciones y supuestos previstos en los distintos ordenamientos jurídicos que se denominen en Unidades de Medida y Actualización, se deberán solventar entregando su equivalente en moneda nacional con la finalidad de respetar la utilización del peso como única moneda de curso legal en el territorio nacional.

En este sentido, todas las referencias que se tengan en la Ley del Instituto, deberán ser sustituidas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización.

Por lo anteriormente expuesto, y con el objeto de dar cumplimiento a la reforma constitucional, se proponen modificaciones a los artículos 39, 44 y 55 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Y desde aquí quiero hacer un reconocimiento a su titular, porque a días de hacerse cargo del mismo, ha vislumbrado y ha protegido, junto con su equipo de trabajo, el poder mantener la estabilidad financiera de esta Subcuenta de Vivienda de los beneficiarios y que además, los trabajadores son los únicos, que ellos serán los que tendrán el mayor beneficio con esta iniciativa.

Por ello, agradezco a todos ustedes su incorporación y en especial, como lo comenté, al titular del Infonavit.

Muchísimas gracias, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Barrera Tapia.

Sonido en el escaño del Senador Javier Lozano Alarcón.

El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Para preguntarle a la Senadora si me permite adherirme a su iniciativa, que creo que es más que pertinente.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: ¿Senadora Barrera Tapia?

La Senadora María Elena Barrera Tapia: (Desde su escaño) Con gusto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Pido a la Secretaría tome nota de las y los Senadores que quieran suscribir la iniciativa de la Senadora María Elena Barrera Tapia. Túrnese a las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar, desde su escaño, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Muy brevemente quiero plantear el objeto de esta iniciativa, ya que siendo la migración un problema que sacude al mundo en lo internacional y aquí en nuestro país.

Nosotros tenemos 4 mil 330 kilómetros de frontera terrestre; tenemos 100 años de historia legislativa. Nuestra primera Ley de Inmigración fue en 1908, entonces, nosotros lo que proponemos es que la Comisión de Migración esté considerada dentro de las comisiones ordinarias de este Senado. A la fecha lo es, pero por acuerdo, no por ley.

Entonces, nosotros creemos que no debe estar sujeta a los vaivenes políticos, a la buena voluntad de quienes forman la junta de notables, que en esta ocasión lo hubo, sino que trasciende esta legislatura, y que debería de ser considerada, por ley, una comisión ordinaria, no por acuerdo, tal y como está en la Cámara de Diputados.

Gracias.

Iniciativa

La que suscribe, Senadora LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8 fracción I, 164, 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, recorriéndose en su orden la actual y las subsecuentes  conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México cuenta con 4,338.2 Km de frontera terrestre, la frontera norte se encuentra en colindancia con Estados Unidos de América, con una extensión de frontera terrestre de 3,142 Km, la frontera sur México colinda con Guatemala y Belice, con una extensión de frontera de 1,196.2 Km. Por lo que México tiene características geográficas que favorecen la migración, convirtiéndose en un país de gran flujo migratorio debido al proceso de globalización y a las prioridades del desarrollo nacional, de apertura comercial, de fomento cultural y turismo1.

El antecedente histórico en materia de migración se remite a 1908 cuando se publicó la primera Ley de Inmigración, la cual estuvo vigente durante casi dos décadas, dicha ley surge para atraer la afluencia extranjera como un medio necesario para ocupar espacios de la geografía mexicana donde la falta de habitantes se combinaba con una débil actividad económica.

No se puede perder de vista que México tiene características geográficas que favorecen la migración; es un país donde confluyen distintos flujos migratorios, ya sea por turismo, trabajo, negocios o inversión, cuestiones políticas, humanitarias y preservar a la familia, lo cual ha llevado a que el gobierno mexicano durante los últimos 100 años presente la necesidad de emitir las disposiciones normativas para facilitar la inmigración documentada y regular el ingreso, tránsito, permanencia y salida del territorio nacional. Dicho marco normativo evolucionó de otorgar a los extranjeros la capacidad para adquirir inmuebles y derechos sobre éstos e instituir como delito lucrar con migrantes, penalizar el ingreso o residir en México sin autorización previa, a la despenalización por el ingreso en situación migratoria irregular, y regular el ingreso y la salida de extranjeros en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos.

El antecedente histórico más antiguo sobre legislación en materia de migración se remonta al año de 1908, cuando se publicó la primer Ley de Inmigración. Muchas han sido las realidades migratorias que han tenido que regularse desde la presentación de este documento a la actualidad. Es decir, la actividad legislativa respecto al tema migratoria ha sido una constante y siempre será un tema prioritario

“Ante los compromisos internacionales adquiridos por México, de responder a la necesidad de una gestión migratoria ordenara, humana y segura que permita el trato humano y digno a los migrantes, en 2011 se promulga la Ley de Migración.”2

El 4 de octubre de 2012, se constituyó por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, la Comisión Ordinaria de Asuntos Migratorios para su funcionamiento durante la LXII Legislatura, ello ante la necesidad de atender un tema tan prioritario como lo es la migración.

En este contexto se propone adicionar a la Ley Orgánica el Congresos General de los Estados Unidos Mexicanos una fracción IV con el propósito de establecer por ley la necesidad de la Cámara de Senadores de contar con una comisión ordinaria que atienda los temas en materia migratoria.

Lo anterior con fundamento en que, al ser México un país de tránsito para muchos extranjeros y, a su vez, ser uno de los cinco países con un mayor flujo migratorio en el Mundo, dicha temática no puede pasar desapercibida por los Senadores ni mucho menos circunscribir la vigencia de la comisión al periodo de tiempo correspondiente a la LXII y LXIII Legislaturas.

No es ocioso señalar que el artículo 76, fracción I de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos establece como facultad exclusiva del Senado de la República analizar la política exterior que desarrolla el Ejecutivo Federal y dicha política exterior, pasa sin lugar a dudas por el tema de política migratoria, que si bien es un tema de política interior tiene un impacto significativo con las relaciones que tenemos con los países vecinos y la comunidad internacional en su conjunto.

De conformidad con la anterior exposición de motivos, la suscrita Senadora de la República, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara la presente iniciativa con el siguiente:


PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción IV, recorriéndose en su orden la actual y las subsecuentes para quedar como sigue:

Artículo 90…

I. a III…

IV. Asuntos Migratorios;

V. a XXXI.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de abril de 2016.

Sen. Layda Sansores San Román.

1 SRE, Características Generales de la Frontera México – Estados Unidos, 2014.

2 Auditoría de Desempeño: 14-0-04K00-07-0060, Auditoria Superior de la Federación, Revisión de la Cuenta Pública 2014, p.4.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Sansores San Román. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 230 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

(Presentada por el Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Gracias, señora Presidenta. Compañeras Senadoras y Senadores:

Hoy presento una iniciativa de reforma al artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, partiendo de un principio donde buscamos la igualdad, la equidad y, sobre todo, el reconocimiento de nuestras lenguas y de las lenguas originarias.

Dialogar es reconocer al otro, y así también refrendar que las leyes cuando tienen voluntad de permanencia no pueden ser otra cosa que conversaciones, espacios de oportunidad y de comunicación. Y cuando más universales sean, mayor será la voluntad de hablar con todo el mundo.

El 14 de julio de 2014 se publicó el Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el cual entró en vigor el 13 de agosto del mismo año.

En el contenido de dicha ley se señala el artículo 230, donde dice: “En sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso del idioma nacional”. Aquí es muy importante hacer un exhorto de poder darle el concepto, la definición.

¿A qué nos referimos cuando hablamos del idioma nacional?

Nos referimos, acaso, ¿al español?

Que para quienes somos originarios o tenemos un origen en las diferentes culturas y las lenguas originarias de este país, el español es una lengua, al final del camino, impuesta, prestada, producto de una colonización. Por lo tanto, no podemos, no debemos, por razones de sangre, estar de acuerdo en que se pueda circunscribir el artículo 230 únicamente al precepto de idioma nacional entendiéndolo nada más como el idioma español.

No olvidemos que en México hay muchas lenguas, hay muchas culturas y que deben de tener permanentemente nuestro reconocimiento.

El mismo artículo 230 señala: “Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente las concesiones de uso social indígena hagan uso de la lengua del pueblo originario que corresponda”.

Nos da un tratamiento de adicionalmente, al mismo tiempo nos circunscriben únicamente a las concesiones específicas de uso social, donde ahí abre una oportunidad, una ventana muy chiquita para que se pueda hacer uso de la lengua originaria de cada región, de cada localidad.

Desde julio de 2014, el colectivo “Artistas contra la Discriminación Lingüística” comenzó la batalla legal sobre este artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, interponiendo un amparo por considerar discriminatorio el término idioma nacional, el cual hace referencia obviamente al español y, con ello, se excluía por lo menos 68 lenguas, 68 lenguas de las cuales deberíamos de sentirnos parte de nuestra esencia como mexicanos, porque muchos en quinta, en cuarta, en tercera, en segundo, o en primer generación, venimos de los pueblos originarios.

No es posible, entonces, que estemos con este artículo aceptando únicamente una mayor cobertura de comunicación en las concesiones a la lengua nacional refiriéndonos al español y dejando fuera cerca de 68 lenguas de los pueblos originarios de las once familias lingüísticas que tienen presencia en México.

Y que de estas once familias lingüísticas se derivan otras 364 variantes, toda una cultura, toda una gran población muy importante que se encuentra presente en todo el territorio nacional y, particularmente, en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde hay una mayor concentración de los pueblos originarios, donde finalmente se encuentran los menores índices de desarrollo humano, donde se encuentra de generación tras generación la marginación y la pobreza, donde los padres no heredan oportunidades de desarrollo humano a sus hijos, lo que heredan es con lo que se nace, con la pobreza y se muere con la pobreza, y donde se ocupan los primeros lugares en pobreza alimentaria, y aunado a todo lo que en nuestro desarrollo regional como estados, en lo que debe de ser la oportunidad a la integración plena, a la alimentación, al bienestar de nuestras familias, todavía tenemos el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde excluye cerca de 12 millones de mexicanos de lenguas originarias que no tienen acceso a la comunicación de manera directa, porque se da prioridad a la lengua nacional.

Debemos de hacer este profundo análisis a este artículo 230 para que se pueda dar una cobertura amplia y, sobre todo, que podamos delimitar el concepto de lengua nacional y que no demos una ventana muy pequeña a las lenguas originarias para que en las pocas estaciones de radio comunitarias de los llamados radios de carácter social se puedan utilizar quienes descendemos más directamente de los pueblos nativos mexicanos.

Con base en lo anterior, el colectivo demandó que como consecuencia de restricción arbitraria, prevista en el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, resultan violados sus derechos a la libertad de expresión, así como el derecho a la igualdad y no discriminación, en tanto será un trato diferenciado e injustificado a los contenidos de la lengua indígena.

Por otra parte, señala trasgredido su derecho a participar en la vida cultural.

Finalmente el colectivo “Artistas contra la Discriminación Lingüística” argumenta que también se trasgreden colectivamente los derechos de las comunidades indígenas a la libre determinación, a su autonomía, a preservar y enriquecer sus lenguas originarias, conocimiento, cultura e identidad de la cual todos debemos sentirnos parte de estos pueblos originarios y de nuestro propio origen de lo que ha sido México antes de la conquista.

Es por ello, compañeras y compañeros, que hacemos una propuesta en la que consideramos necesario que el Congreso de la Unión debe actuar de manera pronta para remediar la situación considerada como discriminatoria y dejar plasmado en un nuevo texto tanto en lo pluricultural de México como el respeto íntegro de los derechos de los pueblos originarios.

Los seres humanos pensamos y nos comunicamos esencialmente con palabras, y las palabras están reconocidas en nuestras lenguas madres que es parte de nuestra cultura.

Por lo anterior, presentamos ante ustedes, a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto donde se reforma el primer párrafo del artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, proponiéndolo quedar de la siguiente manera:

Artículo 230. Es sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso de las lenguas nacionales, no de la lengua nacional únicamente entendida como el español, sino de las lenguas nacionales, de todas las lenguas originarias de nuestro territorio nacional, entendidas éstas como las lenguas indígenas y el español en conformidad con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Por su atención, muchas gracias, y ojalá que nos puedan dar su apoyo y su opinión favorable.

Buenas tardes, señora Presidenta.

Iniciativa

El suscrito, Senador SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 230 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“Dialogar es reconocer al otro.
Las leyes, cuando tienen voluntad de permanencia,
no pueden ser otra cosa que conversaciones.
Y cuanto más universales,
mayor voluntad tienen de hablar con todo el mundo.1

El 14 de julio de 2014 se publicó el decreto por el que se expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), misma que entró en vigor el 13 de agosto del mismo año, conforme al transitorio primero del decreto.2

En el cuerpo de dicha ley, el artículo 230 en su primer párrafo establece lo siguiente:

Artículo 230. En sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso del idioma nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente las concesiones de uso social indígena hagan uso de la lengua del pueblo originario que corresponda.”3

Desde el mismo julio de 2014, el Colectivo “Artistas contra la Discriminación Lingüística”, comenzó una batalla legal interponiendo un amparo por considerar discriminatorio, el término “idioma nacional” que por inferencia hace referencia al español, y excluía a por lo menos 68 lenguas de los pueblos originarios de las 11 familias lingüísticas indoamericanas que tienen presencia en México (y de las que se derivan 364 variantes lingüísticas), de las transmisiones de radiodifusión emitidas por las concesionarias, discriminándolas a únicamente poder ser utilizadas en las “concesiones de uso social indígena”, es decir, en las pocas radios comunitarias utilizadas principalmente por quienes descienden más directamente de los pueblos nativos mexicanos.4

El Colectivo, representado por el reconocido artista Mardonio Carballo, solicitó en primera instancia amparo y protección de la justicia federal mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en ejercicio de sus derechos individuales y de los derechos colectivos de las comunidades indígenas, pues a decir de ellos, se violaba su derecho a la libertad de expresión tanto para difundir contenidos en lenguas autóctonas, como para recibirlos. Además, de restringir las posibilidades de financiamiento de los integrantes del colectivo y de las comunidades indígenas que desearan vender proyectos comunitarios en su lengua, pues los concesionarios no querrán difundir contenidos culturales en náhuatl u otras lenguas ante la prohibición prevista en el artículo 230 de la LFTR. Asimismo, apeló a la violación de sus derechos fundamentales vigentes por la legislación nacional y tratados ratificados por México.5

Marco Jurídico

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1, 2, 6 y 7 establece que en nuestro territorio todas las personas gozarán de los derechos humanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. De igual forma, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.6

Además, nuestra Carta Magna reconoce que la “Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”, así como es derecho de las comunidades originarias preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.7

Sumado a lo anterior, nuestra legislación garantiza que toda persona tenga derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

En materia de radiodifusión y telecomunicaciones especifica que: las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

En su artículo 7° la Constitución determina que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos también conocida como "Pacto de San José de Costa Rica", vigente para México a partir del 24 de marzo de 1981 y su Protocolo Adicional, establecen que “Los Estados Partes de esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que este (sic) sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.8

De igual manera, determina que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Además, no se puede restringir el derecho de expresión por vías a medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas…”9

Asimismo, dentro del apartado “Derecho a los Beneficios de la Cultura”, específicamente en el artículo 14 del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido también como “Protocolo de San Salvador”, vigente para nuestro país a partir del 16 de noviembre de 1999 se manifiesta que:

Los Estados partes del Protocolo reconocen el derecho de toda persona a:

Participar en la vida cultural y artística de la comunidad y a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico.10

De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que México se adhirió el 23 de marzo de 1981 y el cuál entró en vigencia tres meses después, compromete a nuestro país en su artículo 19 a garantizar la libertad de expresión y que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Además, en los artículos 26 y 27, el Pacto protege la igualdad de todas las personas pues prohíbe toda discriminación garantizando protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Enfatizando que:

“En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma”.11

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigente para nuestro país desde el 23 de junio de 1981, en su artículo 15 numeral 1 establece que los Estados Partes en el Pacto reconocen el derecho de toda persona a:

a) Participar en la vida cultural;

b) Gozar de los beneficios del progreso científico de sus aplicaciones;

Y en su numeral 2, determina que “entre las medidas que los Estados Partes en el Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figuraran las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura”.12

En adición a lo anterior, el artículo 28 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo vigente para México a partir del 5 de septiembre de 1991 plantea que “deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país” y adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.13

Con base en lo anterior, el Colectivo demandó que “como consecuencia de la ‘restricción arbitraria’ prevista en el artículo 230 de la LFTR, aduce que resultan violados su derecho a la libertad de expresión, así como su derecho a la igualdad y no discriminación, en tanto se da un trato diferenciado e injustificado a los contenidos en lengua indígena. Por otra parte, señala transgredido su derecho a participar en la vida cultural. Finamente, argumenta que también se transgreden colectivamente los derechos de las comunidades indígenas a la libre determinación, a la autonomía, a preservar y enriquecer sus lenguas originarias, conocimientos, cultura e identidad”.14

Al respecto, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, admitió la demanda de amparo, no obstante, dictó sentencia en la que determinó sobreseer en el juicio de amparo, por estimarlo improcedente, de acuerdo a las siguientes consideraciones: El quejoso debía acreditar un interés jurídico y no un interés legítimo dado que alegó violaciones a derechos subjetivos, asimismo, no aportó pruebas o ningún medio de convicción que acreditara que poseía alguna de las cualidades de poeta, actor o periodista en lengua náhuatl, de tal suerte que no se probó que el artículo 230 generara consecuencias jurídicas sobre su esfera de derechos o que la norma impugnada afectara su esfera jurídica. Entre otras razones jurídicas.

Inconforme con la resolución anterior, el Colectivo interpuso recurso de revisión, que fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; el cual determinó revertir el sobreseimiento decretado por la Juez de Distrito por estimar que no se actualizó ningún motivo de improcedencia, y reservar la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinando que en el recurso subsistía el problema de constitucionalidad. Lo anterior, por considerar en primer lugar que bastaba acreditar un interés legítimo para la procedencia de juicio de amparo, en tanto el acto reclamado era de naturaleza legislativa.

En este aspecto, el Tribunal Colegiado estimó que la norma reclamada se relaciona con los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas por su contenido normativo, y determinó que era autoaplicativa, pues a partir de la entrada en vigor de la misma los concesionarios del sector de radiodifusión quedaron obligados a usar el idioma nacional y las lenguas indígenas en los términos de la LFTR, generando repercusiones en las personas indígenas – esto último, con respaldo en el criterio de la Primera Sala de la SCJN de rubro: “INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVA Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO.”15

Debido a lo anterior, el Tribunal Colegiado resolvió remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de la fracción III del Acuerdo General 5/2013.

Con esos antecedentes, el 21 de mayo de 2015, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), asumió la competencia originaria para conocer del recurso de revisión, y ordenó radicar el asunto en la Primera Sala con el número de expediente 622/2015 y turnó el asunto al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo

En el estudio de fondo, la SCJN retomó la demanda original de amparo sobre la inconstitucionalidad del artículo 230 de la LFTR, al considerar que dicho precepto viola sus derechos a la no discriminación, libertad de expresión, y derechos lingüísticos de las personas indígenas.

“Lo anterior, en tanto establece que en las transmisiones de las estaciones radiodifusoras deberá hacerse uso de la lengua nacional -entendida ésta como el idioma español-, mientras que el uso de las lenguas indígenas se limita a las concesiones sociales. Ello, restringe indebidamente el derecho de las personas indígenas a expresarse en su lengua originaria. A juicio de esta Primera Sala, dicho concepto de violación es fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional al quejoso”.16

En el mismo estudio desarrolló, los siguientes puntos: “(i) los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas; (ii) la composición pluricultural del país; y (iii) el análisis de constitucionalidad del precepto combatido”.17

I. Derechos lingüísticos de los pueblos indígenas

El quejoso plantea violaciones a diversos derechos, la Primera Sala entiende que tales afectaciones encuentran protección en un derecho más específico, el derecho a expresarse en su lengua indígena, reconocido en los tratados en materia de derechos humanos, en el Derecho Internacional, y en la Constitución General.

Por ejemplo, señala que “el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establecen la importancia que para los pueblos indígenas y tribales tiene “asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de desarrollo económico y de mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”. Para lograr este objetivo se estipuló que deberá otorgarse la protección especial de las lenguas indígenas a través de disposiciones que permitan su preservación”.18

De igual manera retoma cada una de los compromisos internacionales adoptados por México en los demás instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Asimismo, revisa la legislación nacional y basa su resolución tanto en el artículo 2° de la Constitución General, y el objeto por el que se expidió la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la cual reconoce en el artículo 3°, que la pluralidad de las lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la Nación Mexicana.

En adición a lo anterior, esta Ley establece el derecho de todos los mexicanos a comunicarse en la lengua que hablen sin restricciones, en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras.

Cabe señalar, que además, el artículo 6 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas se ve totalmente contravenido, pues el mismo señala que:

“El Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la Nación Mexicana. Además, destinará un porcentaje del tiempo que dispone en los medios de comunicación masiva concesionados, de acuerdo a la legislación aplicable, para la emisión de programas en las diversas lenguas nacionales habladas en sus áreas de cobertura, y de programas culturales en los que se promueva la literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas indígenas nacionales de las diversas regiones del país.”19

Adicionalmente, se reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a tener acceso a la jurisdicción del Estado en su lengua y respetando su cultura, así como el derecho a la educación bilingüe e intercultural.20

En consecuencia, del artículo 2° de la Constitución General, de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y de los tratados internacionales, es posible derivar como derecho humano, el derecho de los pueblos indígenas a preservar y emplear su lengua.

Y aclara que aunque dicho derecho se encuentra reconocido en el artículo 2° fracción IV de la Carta Magna como un derecho de los pueblos indígenas, el mismo también tiene una faceta individual, es decir, constituye tanto un derecho de los pueblos como un derecho de las personas indígenas. En efecto, el lenguaje es un componente esencial de identidad de los pueblos y de las personas en lo particular, pues constituye uno de los principales factores de identificación. Es por tanto, un derecho social o cultural con incidencia individual y colectiva.21

Además, el derecho a la lengua de los pueblos y personas indígenas se conecta con el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la pluriculturalidad, el derecho a la no discriminación y el derecho a la libertad de expresión.22

Y destaca: “La lengua es mucho más que un medio de comunicación. ‘Las lenguas constituyen una parte integral de toda cultura; por medio de su lengua, un grupo expresa su propia cultura e identidad social; las lenguas están vinculadas a procesos mentales y a la forma en que los miembros de determinada comunidad lingüística perciben la naturaleza, el universo y la sociedad. De igual manera, expresan patrones culturales y relaciones sociales y a su vez ayudan a moldear estos patrones y relaciones’”.23

En esa misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha sostenido que la potestad de los Estados de regular la actividad de radiodifusión implica la “obligación de garantizar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación, así como en el derecho de la sociedad a conocer todo tipo de informaciones e ideas”24

II. Pluriculturalidad y lenguas indígenas

Delo anterior la SCJN manifiesta que puede concluir que la Constitución otorga protección a las lenguas indígenas, demandando acciones positivas para su preservación y difusión. El reconocimiento constitucional a la diversidad cultural, llevó además, a que en nuestro país no se estableciera una sola lengua nacional. Más aún, en el artículo cuarto de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas se señala que tanto el español como las lenguas indígenas son lenguas nacionalespor su origen histórico, y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en que se hablen.

III. Análisis de constitucionalidad del artículo 230 de la LFTR

En su análisis, la Primera Sala de la SCJN señala que: “la LFTR tiene como objeto, de acuerdo con el artículo 1º de la misma, regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores”.25

Y que es en ese marco en el que se inserta el artículo 230, el cual a la letra dispone   que:

En sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso del idioma nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente las concesiones de uso social indígena hagan uso de la lengua del pueblo originario que corresponda. (…)”26

Continuando su análisis, la Primera Sala de la SCJN señala que “este precepto establece dos cuestiones: por un lado, que las transmisiones de las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán realizarse en el idioma español; y por otro, que las transmisiones de las estaciones radiodifusoras de uso social indígena deberán realizarse en la lengua del pueblo originario que corresponda”.27

Por lo que puede interpretarse que la primera parte del precepto se refiere al idioma español, pues habla de una sola lengua nacional, en oposición a las lenguas indígenas que están previstas en la segunda parte del artículo. Así, parecería que se establecen dos regímenes diferenciados: uno para la transmisión de contenidos en español, y otro para la transmisión de contenidos en lenguas indígenas; es decir, si se trata de un uso único o exclusivo, o bien, de un uso preferente.

Así, cabrían dos interpretaciones, la primera en el sentido de que las concesiones no podrán transmitir en lenguas indígenas, ni las concesiones de uso social indígena en el idioma español. La segunda, entendiendo que las concesiones sí pueden transmitir lenguas indígenas, pero deberán preferir el idioma español, mientras que las concesiones indígenas sí podrán transmitir contenidos en español, pero mayoritariamente deberán hacer uso de las lenguas indígenas. No obstante lo anterior, cualquiera de las dos interpretaciones; uso “exclusivo” o “preferente”, resultan inconstitucionales.

Explica que: disponer el uso exclusivo o preferente del castellano en la concesiones de radiodifusión es inconstitucional, pues la Constitución protege expresamente a las lenguas indígenas, y no reconoce a una sola lengua como la nacional. Además, la disposición contraviene los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas pues impone una barrera al uso de las lenguas indígenas sin justificación alguna. Lo anterior por los siguientes argumentos:

La Carta Magna no establece que el castellano sea el idioma nacional, sino que se le da cabida y pleno reconocimiento a las lenguas indígenas. En el orden jurídico nacional, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas señala que tanto el español como las lenguas indígenas son lenguas nacionales.

Además, la pluriculturalidad demanda la convivencia de todas las lenguas nacionales, sin establecer regímenes exclusivos o dar preponderancia o preferencia a alguna de ellas.

Distingue entre el concepto de idioma oficial y el de lengua nacional. El primero, se refiere al idioma en el que normalmente se emiten las comunicaciones del Estado. La lengua nacional en cambio, denota el idioma en el que un país sustenta su identidad y raíz cultural. Así, aun cuando algunos trámites ante el Estado se realicen en español, éste no constituye el único idioma de la Nación.

Por otra parte, el uso de las lenguas en condiciones de igualdad, no implica que no puedan establecerse acciones afirmativas con el objeto de promover y proteger a aquellos grupos que se han encontrado en situaciones de discriminación y vulnerabilidad histórica.

Por lo que determina finalmente que el artículo 230 de la LFTR contraviene los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, pues aunque del análisis del proceso legislativo que le dio lugar se puede desprender que tuvo como propósito “la promoción, desarrollo y preservación de las lenguas indígenas”, tal objeto no se logra a través de imponer un esquema de radiodifusión en el que se use “exclusiva o preferentemente” el idioma español, sino a través de brindar espacios adicionales a los pueblos indígenas de difundir sus lenguas. Incluso, norma y fin se contraponen, pues la exclusividad o preferencias en el uso del idioma suponen una barrera para los pueblos indígenas para acceder a las concesiones comerciales.

Cabe señalar que el dictamen del proyecto de Decreto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión realizado por la propia Cámara de Senadores señala que el fin de la inclusión de concesiones de uso social indígena es la promoción, desarrollo y preservación de sus lenguas, su cultura, sus conocimientos promoviendo sus tradiciones, normas internas y bajo principios que respeten la igualdad de género, permitan la integración de mujeres indígenas en la participación de los objetivos para los que se solicita la concesión y demás elementos que constituyan las culturas e identidades indígenas”.

Posteriormente, dicho dictamen señala que la diversidad cultural, étnica, económica y social que hay en el país influye en los contenidos de los medios de comunicación. De ahí que “sea lógico que se utilicen lenguas indígenas; pero también, por ejemplo, en zonas del norte de México, las estaciones de radiodifusión se transmiten en idioma inglés.” Lo anterior es importante, continúa el dictamen, “[…] debido a que el artículo 2º., apartado B, de la Constitución Federal establece una garantía de igualdad a favor de los pueblos indígenas, en la medida en que impone […] la obligación de promover la igualdad de oportunidades de éstos, así como la de eliminar cualquier práctica discriminatoria, debiendo, entre otras cosas, establecer las condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los término que las leyes de la materia determinen.”

Por su parte, el dictamen elaborado por la Cámara de Diputados se limita a reproducir las consideraciones del dictamen de la Cámara de Senadores sobre el fin de las concesiones de uso social indígena.

No obstante, el artículo impugnado genera un efecto contrario a la integración y cohesión social, pues establece un ámbito acotado y diferenciado para el ejercicio de los derechos lingüísticos en los medios de comunicación.

Y que en consecuencia, el artículo 230 de la LFTR resulta inconstitucional pues establece el uso de una sola lengua nacional -entendida ésta como el español- en las estaciones radiodifusoras de los concesionarios, cuando la Constitución General protege y reconoce de igual manera a las lenguas indígenas.28 Por lo que desde el 20 de enero de 2016, la Suprema Corte declaró inconstitucional el primer párrafo del artículo 230 de la LFTR.

Cabe señalar con base en el párrafo tercero del inciso I, del artículo 105 de la Constitución, que las acciones de inconstitucionalidad en el caso de amparo como el que nos ocupa, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.

Por lo que considero necesario que el Congreso de la Unión debe de actuar de manera pronta para remediar la situación considerada como discriminatoria, y dejar plasmado en un nuevo texto, tanto la pluriculturalidad de México como el respeto íntegro a los derechos de los Pueblos Originarios.

“Los seres humanos pensamos y nos comunicamos esencialmente con palabras. Nos relacionamos entre nosotros con ficciones, y esas ficciones nos pueden encadenar o liberar…”.29 Hablar implica respetar al interlocutor. Gritar es un residuo de nuestro pasado evolutivo. Cuando perdíamos el control, queríamos recuperarlo de manera amenazante. Gritar es un camino hacia el monólogo.30 Nunca más un México no incluyente y desigual.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Artículo 230.- En sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso de las lenguas nacionales, entendidas éstas, como las lenguas indígenas y el español en conformidad con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 7 de abril de 2016.

Sen. Sofío Ramírez Hernández.

1Monedero Juan Carlos (2011) “El Gobierno de las Palabras. Política para tiempos de confusión. Fondo de Cultura Económica, 2ª Edición, Mayo de 2011, Madrid España.

2Diario Oficial de la Federación, Lunes 14 de julio de 2014, Edición Vespertina.

3Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

4Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes Lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas; Diario Oficial de la Federación, 14 de enero de 2008.

5Amparo en Revisión 622/2015, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

6Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Última Reforma DOF 29-01-2016)

7Ídem.

8Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”

9Ídem

10Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” [En línea]: http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/OEA-%20PROTOCOLO%20SAN%20SALVADOR.pdf

11Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
[En línea]: http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/DERECHOS%20CIVILES%20Y%20POLITICOS.pdf

12Ídem.

13Convenio Internacional del Trabajo Num. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Organización Internacional del Trabajo.
[En línea]: http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/OIT%20169.pdf

14Op. Cit. Amparo en Revisión 622/2015.

15 Tesis CCLXXXI/2014 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, (10ª), Libro 8, julio de 2014, Tomo I, p. 148. Citada en: Op. Cit. Amparo en Revisión 622/2015.

16 Op. Cit. Amparo en Revisión 622/2015.

17 Ídem.

18 Ídem.

19 Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

20 Artículos 9, 10 y 11 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

21 Op. Cit. Amparo en Revisión 622/2015

22 Ídem.

23 Stavenhagen, Rodolfo. Los Derechos Indígenas: Nuevo Enfoque del Sistema Internacional, Revista IIDH, 1989 (10) p. 49. En Op. Cit. Amparo en Revisión 622/2015

24 CIDH. Informe Anual 2008. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV, párr. 216. En Op. Cit. Amparo en Revisión 622/2015

25 Op. Cit. Amparo en Revisión 622/2015

26 Op. Cit. Ley Federal de Telecomunicaciones

27 Op. Cit. Amparo en Revisión 622/2015

28 Ídem.

29 Op. Cit. Monedero Juan Carlos (2011)

30 Ídem.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Ramírez Hernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de personas procedentes de la Secretaría de Acción Femenil del estado de Hidalgo, invitados por el Senador Jesús Priego Calva. Agradecemos su visita a este Senado de la República.

¡Bienvenidas!

Igualmente, damos la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Preparatoria del Colegio Arjí A.C., Campus Villahermosa, Tabasco, invitados por el Senador Carlos Manuel Merino Campos. Agradecemos su visita a este Senado de la República.

¡Bienvenidos!





 

Tiene la palabra el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 213 TER AL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y EL ARTÍCULO 207 BIS AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Buenas tardes. Con su venia, señora Presidenta.

Es imperativo que sigamos luchando contra la corrupción, en particular contra las redes, y hoy quiero abordar con ustedes el tema de la cadena de mando, que es una parte fundamental en la ingeniería y la arquitectura de la corrupción en México.

Hasta ahora el principio básico y generalizado se ha enfocado en los primeros niveles de la cadena de mando sin que éste llegue a los mandos superiores, ya que estos actos no son firmados por ellos, sólo los ordenan, dirían, son corruptos, no tontos, instruyen, pero no dejan ninguna documentación para una persecución posterior, y, por el otro lado, muy eventualmente y en muy pocos casos se ha atacado a las cabezas, pero sin que se ataquen las estructuras que están debajo de ellos.

Hay muchas formas de explicar la corrupción: los bajos sueldos, la ambición de los funcionarios; pero también hay que considerar que hay casos, que hay corruptos por instrucción, por órdenes, por tratar de conservar el empleo, por evitar el hostigamiento, o simplemente por seguir las instrucciones de un superior jerárquico.

En este sentido, la sumisión y el temor reverencial, que podemos decir que si bien no exime al servidor público que comete estos actos, sí puede ser una condición atenuante.

Los delitos a los que nos referimos en particular son los que ya están considerados en los artículos del 214 al 224 del Código Penal Federal, como lo son: el uso indebido del servicio público, el abuso de autoridad, desaparición forzada de personas, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones, facultades, intimidación, tráfico de influencia, cohecho, peculado, por mencionar algunos.

El común denominador de todos estos delitos es que generan beneficios y que prácticamente en la totalidad no generan este beneficio exclusivamente para el que lo comete, también se comparte un porcentaje importante con el superior jerárquico o con los compañeros de trabajo, mientras que los ejecutores del acto acaban pagando pocas, pero algunas veces; los superiores, pues prácticamente nunca.

El punto es cómo evitar a estos llamados “fusibles”, es decir, aquellos que acaban pagando una culpa y evitan que la investigación llegue a los superiores. La propuesta es atacar las redes de corrupción generando incentivos para generar testimonios e información y evidencia contra todos los participantes.

La presente iniciativa tiene como objetivo incentivar la denuncia de la cadena jerárquica de corrupción, dando al servidor público que esté bajo proceso y que aporte información, testimonio y evidencia sobre la participación de sus superiores, compañeros o subalternos, y dependiendo de la utilidad de la misma y a criterio del juzgador, un beneficio de reducción de su pena entre el 20 y el 70 por ciento.

En países como Brasil y Guatemala, mediante mecanismos legales de esta naturaleza, se han podido escalar las investigaciones en casos de corrupción para llegar a los niveles más altos de gobierno, combatiéndola con eficacia de abajo hacia arriba, llegando al nivel presidencial, cosa que en México hasta hoy es impensable.

Brasil sentó su primer precedente con el escándalo llamado “Mensalão”, un esquema de corrupción donde se usaban fondos públicos para pagar sobornos al Congreso con la aprobación de propuestas cruciales para el gobierno.

La investigación duró del 2005 al 2012 y resultó en sentencia condenatoria de políticos, banqueros y empresarios, entre ellos el jefe del gabinete de Lula, un ex jefe del Partido de los Trabajadores, líderes sindicales y el ex director del Banco de Brasil.

Otra operación llamada “Lava Jato”, involucró a 150 miembros del Congreso y funcionarios del gobierno brasileño que enfrentan graves cargos frente al Tribunal Supremo de Brasil, por soborno, corrupción y lavado de dinero por un monto de 4 mil millones de dólares.

En el proceso de investigación se descubrió que un grupo directivo de grandes empresas repartió un porcentaje de cada obra para Petrobras a cambio de sobornos para políticos y funcionarios de alto rango, además de que contribuyeron a financiar campañas y otros gastos políticos.

La clave de esta investigación ha sido precisamente que los indiciados aceptaron colaborar con información de otros involucrados a través de beneficios en su sentencia.

Otro caso destacado es el llamado “La Línea”, en Guatemala, en mayo de 2014, donde la Comisión Internacional Contra la Impunidad de aquel país comenzó una investigación después de recibir reportes de que un grupo de importadores con ayuda de oficiales aduaneros, falsificaron documentos para pagar sólo el 40 por ciento de impuestos, destinando un 30 por ciento a sobornos y el restante a la evasión fiscal.

Los ejemplos de lo ocurrido en estos dos países nos muestran la importancia y la urgencia de que nuestra legislación cuente con una herramienta para que las investigaciones puedan verse complementadas de manera adecuada y precisa, sin que la responsabilidad quede en un mando inferior.

En tanto no contemos con estructuras de investigación con esta clase de fortaleza, muchos casos como los que todos conocemos, seguirán quedando impunes o permanecerán en la duda absoluta sobre la legalidad de sus actos.

La propuesta de iniciativa que presento ha denominado el primer acuerdo en relación a la voluntad de un funcionario de confesar para llegar a un acuerdo con la autoridad judicial y reducir su pena por los delitos cometidos.

Esta iniciativa adiciona el artículo 213 Ter al Código Penal Federal, y el artículo 207 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales.

En el artículo 213 Ter que se adiciona, se establece que el primer acuerdo es el beneficio que pueda obtener un servidor público indiciado cuando aporte información, testimonio o evidencia sobre la participación de sus subalternos, superior o compañeros en los delitos vinculados a corrupción.

Hay otra alternativa que es que, antes de iniciado el procedimiento administrativo o penal en su contra, pueda confesar y también recibir este beneficio.

De aprobarse estas sanciones y de aprobarse estas reformas, no sólo será posible sancionar a los autores materiales, sino también a los autores intelectuales de los delitos.

Esta es una de las prácticas más exitosas a nivel internacional para combatir a las redes de corrupción.

Con esta propuesta reforzaremos el estado de derecho y podremos facilitar una sanción adecuada a los funcionarios que cometan o se vean implicados en actos de corrupción, sin importar su nivel jerárquico, a motivar la denuncia de los más altos jerarcas, donde se generan estos delitos.

Por esto solicito que esta iniciativa se incorpore al paquete de medidas contra la corrupción, y estoy seguro de contar con su apoyo porque es lo correcto, es útil y es armónico con nuestro marco jurídico.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Fernández Fuentes. Túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

En otro apartado de nuestra agenda, tenemos dictámenes de primera lectura.

Dé cuenta la Secretaría con ellos.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy cuenta con los dictámenes:

Tenemos dos dictámenes de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, con los siguientes proyectos de Decreto:

Por el que se reforma la fracción VII del artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓNVII DEL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLOSOCIAL

(Dictamen de primera lectura)







 

Y por el que se reforman los artículos 6, 14, 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6; 14, FRACCIÓN I; 19, FRACCIÓN V; Y 36, FRACCIÓN VII DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen de primera lectura)







 

Asimismo, tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 13, 51, 53 y 69 de la Ley General de Educación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13, 51, 53 Y 69 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes de primera lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, quedan de primera lectura.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General de Salud, en materia de atención a grupos vulnerables.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fueron turnadas para su estudio y dictamen dos iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 27, 35 y 36 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible sus contenidos y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de las iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de las iniciativas y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 7 de noviembre de 2013, el Senador José María Martínez Martínez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura, presentó iniciativa, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 35 y 36 de la Ley General de Salud, en relación al tema de atención médica a grupos vulnerables.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 5 de Marzo de 2015 los Senadores Adolfo Romero Lainas, Fernando Mayans Canabal, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Salvador López Brito, Martha Elena García Gómez, integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, Braulio Manuel Fernández Aguirre y Armando Neyra Chávez integrantes del grupo   parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Martha Palafox Gutiérrez integrante del Partido del Trabajo, suscribieron proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 27 de la Ley General de Salud, en relación al tema de atención médica.

Con la misma fecha, en sesión Plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

1. En la primera iniciativa del análisis el Senador proponente, plantea una propuesta que reforma los artículos 35 y 36 de la Ley General de salud, en materia de atención médica a grupos vulnerables, como se plantea en el siguiente cuadro.

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE (2015)

PROPUESTA DE INICIATIVA

Artículo 35.- Son servicios públicos a la población en general los que se presten en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios.

 

 

 

 

 

Los derechohabientes de las instituciones de seguridad social podrán acceder a los servicios a que se refiere el párrafo anterior en los términos de los convenios que al efecto se suscriban con dichas instituciones, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 36.- Las cuotas de recuperación que en su caso se recauden por la prestación de servicios de salud, se ajustarán a lo que disponga la legislación fiscal y a los convenios de coordinación que celebren en la materia el Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas.
Para la determinación de las cuotas de recuperación se tomará en cuenta el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas del usuario.

Las cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando el usuario carezca de recursos para cubrirlas, o en las zonas de menor desarrollo económico y social conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud.

A los extranjeros que ingresen al país con el propósito predominante de hacer uso de los servicios de salud, se cobrará íntegramente el costo de los mismos, excepto en los casos de urgencias.

Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todo menor a partir de su nacimiento hasta cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud. Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de Salud.

Artículo 35.- Son servicios públicos a la población en general los que se presten en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, preferentemente en beneficio de los grupos vulnerables.

Para los efectos de la presente Ley, se entienden como grupos vulnerables: los adultos mayores, los niños y las niñas desde su concepción, las personas con discapacidad, las personas de escasos recursos y, en general, todas aquellas que se encuentren en situación de extrema dificultad para satisfacer sus necesidades básicas.

Los derechohabientes de las instituciones de seguridad social podrán acceder a los servicios a que se refiere el párrafo anterior en los términos de los convenios que al efecto se suscriban con dichas instituciones, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 36.- Las cuotas de recuperación que en su caso se recauden por la prestación de servicios de salud, se ajustarán a lo que disponga la legislación fiscal y a los convenios de coordinación que celebren en la materia el Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas.
Para la determinación de las cuotas de recuperación se tomará en cuenta el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas del usuario.

Las cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando el usuario carezca de recursos para cubrirlas, o en las zonas de menor desarrollo económico y social conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud.

A los extranjeros que ingresen al país con el propósito predominante de hacer uso de los servicios de salud, se cobrará íntegramente el costo de los mismos, excepto en los casos de urgencias.

Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, en caso de urgencia a toda persona que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud. Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de Salud.

2.-En la segunda iniciativa del análisis los Senadores proponentes plantean una propuesta que reforma la fracción X del artículo 27 de la Ley General de Salud. En relación al tema de atención médica.

Tal como se plantea a continuación.

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE (2015)

PROPUESTA DE INICIATIVA

 Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I.a IX…

X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas, y

XI. ….

 ARTÍCULO 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. a IX…

X.- La atención médica y la asistencia social obligatoria a las personas pertenecientes a comunidades indígenas, así como a los grupos más vulnerables en todo el territorio nacional.

….

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que regulan los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para llevar a cabo este bien jurídico tutelado.

B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud: "Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades".

Por ende, y claramente cómo se refiere la definición, es de suma importancia que los gobiernos de cada país, elaboren las políticas públicas necesarias tanto preventivas como paliativas, que generen una cultura de cuidado de la salud en su población.

Si se llegará reducir la atención de las personas cuyos padecimientos son prevenibles, tales como cánceres, enfermedades derivadas del consumo de alcohol y otras drogas, el sobrepeso y la obesidad a partir de malos hábitos alimenticios, afecciones respiratorias, cardiacas e hipertensión y diabetes, mismas que aquejan a la mayoría de la población de México, se podrá brindar un mejor servicio a aquellas personas que lo necesiten, tales como mujeres en embarazo y después del parto, por ejemplo, o aquellos que tengan enfermedades crónico degenerativas y congénitas, como esclerosis múltiple, entre otras y que de ninguna manera se pueden evitar y necesitan tratamiento.

Con ello no sólo se podrían mejorar los servicios de salud brindados en nuestro país, sino que también tendría un impacto positivo en su economía, con mejor rendimiento laboral, entre otras bondades derivadas de una salud en óptimas condiciones.

C. En el rubro internacional existen normas respecto de la protección de la salud, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 12 señala que:

1. Los estados partes en el presente Pacto, reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

a. La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;

b. El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

c. La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas, y

d. La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

Así mismo la Convención Americana sobre derechos humanos, en su numeral 26, establece la obligatoriedad de los Estados de buscar su cumplimiento progresivo y señala que es el Estado quien debe hacer uso del máximo de sus recursos disponibles para garantizar el derecho a la protección de la salud.

Los numerales 10.1 y 10.2, incisos a), d), e) y f) del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, reconocen el derecho a toda persona a la salud y que los Estados Partes se comprometen a reconocer a la salud como un bien público.

Por otro lado la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece, en su artículo 25 que:

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.

Así también la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, en su artículo 8.1, señala que: "Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos".

D. Actualmente los servicios de calidad en salud que hoy demanda nuestra sociedad, generan mayor cantidad de recursos humanos, financieros e infraestructura y abre la oportunidad de lograr mejoras sustanciales y permanentes en la calidad de estos servicios.

No obstante, pese a que se ha mejorado en diversos aspectos, esto no ha sido suficiente para lograr la atención necesaria a cada persona que lo necesita, más aún aquellos que pertenecen a un grupo social vulnerable y aún más complicado si se habla de una enfermedad progresiva o bien un caso de urgencia.

En este tenor cabe mencionar que el Plan Nacional de Desarrollo, en la estrategia 2.3.3 Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad. Entre sus acciones se marcan:

• Asegurar un enfoque integral y la participación de todos los actores, a fin de reducir la mortalidad infantil y materna.
• Intensificar la capacitación y supervisión de la calidad de la atención materna y perinatal.

• Llevar a cabo campañas de vacunación, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades, así como una estrategia integral para el combate a epidemias y la desnutrición.

• Impulsar el enfoque intercultural de salud en el diseño y operación de programas y acciones dirigidos a la población.

• Implementar acciones regulatorias que permitan evitar riesgos sanitarios en aquellas personas en situación de vulnerabilidad.

• Fomentar el desarrollo de infraestructura y la puesta en marcha de unidades médicas móviles y su equipamiento en zonas de población vulnerable.

Así mismo la estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad, destaca lo siguiente:

• Preparar el sistema para que el usuario seleccione a su prestador de servicios de salud.

• Consolidar la regulación efectiva de los procesos y establecimientos de atención médica, mediante la distribución y coordinación de competencias entre la Federación y las entidades federativas.

• Instrumentar mecanismos que permitan homologar la calidad técnica e interpersonal de los servicios de salud.

• Mejorar la calidad en la formación de los recursos humanos y alinearla con las necesidades demográficas y epidemiológicas de la población.

• Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros.

E. Por otra parte al tenor de lo anterior, se debe decir que la vulnerabilidad en salud, se refiere a la falta de protección de grupos poblacionales específicos que presentan problemas de salud particulares, así como a las desventajas que enfrentan para resolverlos, en comparación con otros grupos de población.

Por ende, estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con los proponentes en la importancia que debe tener la atención médica en los grupos vulnerables.

F. Sin embargo, por lo anterior es que se vierten los siguientes argumentos:

1. Respecto de la Reforma al artículo 27 donde se pretende que: la atención médica y la asistencia social sea obligatoria a las personas pertenecientes a comunidades indígenas, así como a los grupos más vulnerables en todo el territorio nacional.

Se considera que de la forma en la que está planteada no procedería, ya que la redacción propuesta en la iniciativa es el resultado de la fusión de las fracciones III y X del mismo artículo 27 de la Ley General de Salud, que versa sobre atención medica integral y asistencia social, así mismo se invierte la redacción adicionando a esta última el término "obligatoria", sin que ello aporte, clarifique o mejore el texto y comprensión del precepto vigente.

Así mismo por lo que respecta a los servicios básicos de salud en materia de asistencia social, es menester decir que la propia Ley de Asistencia Social, contempla en su artículo 4 como sujetos de asistencia, a los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar, reconociendo en su fracción III, como sujetos preferentes de dicha asistencia social a la población Indígena, cuando tengan la condición de migrante, desplazados o en situación vulnerable.

Sin embargo, el espíritu y el fin de la propuesta es loable, y sobretodo atendiendo al hecho que las comunidades indígenas son un grupo social vulnerable, es por ello que estas Comisiones han considerado dictaminar las dos iniciativas en una sola propuesta de decreto, en el cual se rescata de forma genérica la inquietud de los senadores proponentes de la Iniciativa de éste artículo 27 de la ley mencionada, con dicha fusión se pretende plantear la finalidad de las dos propuestas.

2. Respecto del artículo 35 estas Comisiones Dictaminadoras consideran viable el hecho de conceder preferencia a las personas pertenecientes a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad por lo que hace al acceso a la prestación de servicios de salud en establecimientos públicos que otorguen atención a población abierta, lo que resulta acorde con lo dispuesto por el artículo 3º fracción II, de la Ley General de Salud, que a la letra dice:

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. …

II. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables;

II bis. a XXVIII. …

Así mismo en este tenor de ideas, cabe señalar que los grupos vulnerables están contemplados también en diversos artículos con distinto objetivo, lo cual no afectaría en alguna contradicción de preceptos, sino lo contrario se homologaría en la misma legislación de salud, tal como se señala a continuación.

Artículo 25.- Conforme a las prioridades del Sistema Nacional de Salud, se garantizará la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, preferentemente a los grupos vulnerables.

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. a IX…

X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas, y

XI. La atención médica a los adultos mayores en áreas de salud geriátrica.

Por otra parte la Iniciativa plantea, definir en el segundo párrafo de este artículo 35 del ordenamiento ya citado, lo que debe entenderse por grupos vulnerables, sin embargo, se estima que dicho supuesto normativo no es materia de la citada Ley.

Al respecto se menciona que el artículo 5º, fracción VI de la Ley General de Desarrollo Social y el artículo 4º de la Ley de Asistencia Social, establecen:

Ley General de Desarrollo Social

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. a V. …

VI. Grupos sociales en situación de vulnerabilidad: Aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar;

VII. a X. …

Ley de Asistencia Social

Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por:

a) Desnutrición;

b) Deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea afectado por condiciones familiares adversas;

c) Maltrato o abuso;

d) Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el cumplimiento y garantía de sus derechos;

e) Ser víctimas de cualquier tipo de explotación;

f) Vivir en la calle;

g) Ser víctimas del tráfico de personas, la pornografía y el comercio sexual;

h) Trabajar en condiciones que afecten su desarrollo e integridad física y mental;

i) Infractores y víctimas del delito;

j) Ser hijos de padres que padezcan enfermedades terminales o en condiciones de extrema pobreza;

k) Ser migrantes y repatriados;

l) Ser víctimas de conflictos armados y de persecución étnica o religiosa, y

m) Ser huérfanos.

Para los efectos de esta Ley son niñas y niños las personas hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos, tal como lo establece el Artículo 2 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

II. Las mujeres:

a) En estado de gestación o lactancia, las madres adolescentes y madres solas que tengan a su cuidado hijos menores de dieciocho años de edad;

b) En situación de maltrato o abandono, y

c) En situación de explotación, incluyendo la sexual.

III. Indígenas migrantes, desplazados o en situación vulnerable;

IV. Migrantes;

V. Personas adultas mayores:

a) En desamparo, marginación o sujetos a maltrato;

b) Con discapacidad, o

c) Que ejerzan la patria potestad;

VI. Personas con algún tipo de discapacidad o necesidades especiales;

VII. Dependientes de personas privadas de su libertad, de desaparecidos, de enfermos terminales, de alcohólicos o de fármaco dependientes;

VIII. Víctimas de la comisión de delitos;

IX. Indigentes;

X. Alcohólicos y fármaco dependientes;

XI. Coadyuvar en asistencia a las personas afectadas por desastres naturales, y

XII. Los demás sujetos considerados en otras disposiciones jurídicas aplicables

3. Respecto a la reforma del artículo 36 de eximir el cobro de cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, en caso de urgencia a las personas que no sean beneficiarios o derechohabientes de alguna institución del sector salud, cabe señalar que por un lado, el artículo 36 de la misma ley ya prevé en su párrafo tercero, la posibilidad de eximir su cobro cuando el usuario carezca de recursos para recibirla o en las zonas de menor desarrollo económico y social conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud.

En este sentido la aprobación de esta reforma en este precepto generaría un impacto presupuestario para las instituciones prestadoras de servicios de salud, pues las mismas estarían obligadas a eximir el cobro de cuotas a la población que se determine como vulnerable, aun cuando tuvieran la capacidad económica para cubrirlas. Con independencia de lo anterior, se hace notar que dicha reforma generaría antinomias jurídicas, en razón de que la derechohabiencia es propia de los organismos de seguridad social, y no del sector salud.

Adicionalmente a lo anterior, el artículo 77 bis 3, de la Ley General de Salud, establece que las familias y personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, se incorporaran al Sistema de Protección social en Salud que le corresponda en razón de su domicilio, con lo cual gozará de las acciones de protección en salud a que se refiere el Título Tercero Bis de la Protección Social en Salud. En relación con lo anterior, la fracción XII del artículo 77 bis 37 de la Ley citada, dispone que los beneficios del sistema de Protección Social en Salud tendrán el derecho a recibir atención médica en urgencias.

Para tales efectos, el artículo 77 bis 21, de la Ley en comento, dispone que los beneficiarios del sistema de protección social en salud participarán en su financiamiento con cuotas familiares que serán anticipadas, anuales y progresivas, que se determinarán con base en las condiciones socioeconómicas de cada familia, las cuales deberán cubrirse en la forma y fechas que determine la Secretaría de Salud, salvo cuando exista la incapacidad de la familia a cubrir la cuota, lo cual no le impedirá a incorporarse y ser sujeto de los beneficios que deriven del Sistema de Protección en Salud, aunado a que su artículo 77 bis 26, establece que el nivel de ingreso o la carencia de éste, no podrán ser limitantes para el acceso al Sistema de Protección Social en Salud.

Así mismo cabe señalar, que de aprobarse la propuesta de reforma a este precepto, se estaría derogando la disposición que prevé atención médica y medicamentos gratuitos a niños menores de 5 años cuyas familias se encuentran en los deciles de ingreso de menor capacidad económica.

Por lo que respecta a atender los casos de urgencia sea o no derechohabiente, como lo plasma la iniciativa en su exposición de motivos, se hace mención que ya se contempla dicho supuesto en diversos artículos enfatizando nuestro marco legal, en específico la Ley General de Salud en su artículo 55 establece la obligatoriedad de la atención de las emergencias médicas, considerado lo siguiente: "las personas o instituciones públicas o privadas que tengan conocimiento de accidentes o que alguna persona requiera de la prestación urgente de servicios de salud, cuidarán, por los medios a su alcance, que los mismos sean trasladados a los establecimientos de salud más cercanos, en los que puedan recibir atención inmediata, sin perjuicio de su posterior remisión a otras instituciones".

Así mismo en el artículo 469 de la Ley en comento se especifica:

"Artículo 469.- Al profesional, técnico o auxiliar de la atención médica que sin causa justificada se niegue a prestar asistencia a una persona, en caso de notoria urgencia, poniendo en peligro su vida, se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión y multa de cinco a ciento veinticinco días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate y suspensión para ejercer la profesión hasta por dos años."

Si se produjere daño por la falta de intervención, podrá imponerse, además, suspensión definitiva para el ejercicio profesional, a juicio de la autoridad judicial.

Sin embargo, de un análisis minucioso y en aras de rescatar el espíritu loable de los legisladores proponentes expresadas en ambas iniciativas, entendiendo la problemática que plantean y sobreponiendo el bien jurídico tutelado como lo es la salud así como dando un enfoque prioritario a los grupos de vulnerabilidad, es que se propone reformar únicamente el primer párrafo del artículo 35 y con ello darle la debida importancia y atendiendo el objetivo primordial de las dos iniciativas.

Por lo anterior, que estas Comisiones Dictaminadoras consideran viable las propuestas CON MODIFICACIONES, como se expone en la siguiente tabla.

L.G.S VIGENTE (2015)

INICIATIVA

PROPUESTA

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. a IX…

X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas, y

 

 

XI. ….

ARTÍCULO 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. a IX…

X.- La atención médica y la asistencia social obligatoria a las personas pertenecientes a comunidades indígenas, así como a los grupos más vulnerables en todo el territorio nacional.

….

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

 

 

 

 

 

 

INVIABLE

Artículo 35.- Son servicios públicos a la población en general los que se presten en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios.

 

 

 

 

 

 

 

 

Los derechohabientes de las instituciones de seguridad social podrán acceder a los servicios a que se refiere el párrafo anterior en los términos de los convenios que al efecto se suscriban con dichas instituciones, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 35.- Son servicios públicos a la población en general los que se presten en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, preferentemente en beneficio de los grupos vulnerables.

Para los efectos de la presente Ley, se entienden como grupos vulnerables: los adultos mayores, los niños y las niñas desde su concepción, las personas con discapacidad, las personas de escasos recursos y, en general, todas aquellas que se encuentren en situación de extrema dificultad para satisfacer sus necesidades básicas.

Los derechohabientes de las instituciones de seguridad social podrán acceder a los servicios a que se refiere el párrafo anterior en los términos de los convenios que al efecto se suscriban con dichas instituciones, de conformidad con las disposiciones aplicables

Artículo 35.- Son servicios públicos a la población en general los que se presten en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, preferentemente a favor de personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios.

 

 

INVIABLE

 

 

 

Los derechohabientes de las instituciones de seguridad social podrán acceder a los servicios a que se refiere el párrafo anterior en los términos de los convenios que al efecto se suscriban con dichas instituciones, de conformidad con las disposiciones aplicables

Artículo 36.- Las cuotas de recuperación que en su caso se recauden por la prestación de servicios de salud, se ajustarán a lo que disponga la legislación fiscal y a los convenios de coordinación que celebren en la materia el Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas.

Para la determinación de las cuotas de recuperación se tomará en cuenta el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas del usuario.

Las cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando el usuario carezca de recursos para cubrirlas, o en las zonas de menor desarrollo económico y social conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud.

A los extranjeros que ingresen al país con el propósito predominante de hacer uso de los servicios de salud, se cobrará íntegramente el costo de los mismos, excepto en los casos de urgencias.

Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todo menor a partir de su nacimiento hasta cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud. Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de Salud.

Artículo 36.- Las cuotas de recuperación que en su caso se recauden por la prestación de servicios de salud, se ajustarán a lo que disponga la legislación fiscal y a los convenios de coordinación que celebren en la materia el Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas.

Para la determinación de las cuotas de recuperación se tomará en cuenta el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas del usuario.

Las cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando el usuario carezca de recursos para cubrirlas, o en las zonas de menor desarrollo económico y social conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud.

A los extranjeros que ingresen al país con el propósito predominante de hacer uso de los servicios de salud, se cobrará íntegramente el costo de los mismos, excepto en los casos de urgencias.

Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, en caso de urgencia a toda persona que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud. Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de Salud.

Artículo 36.- Las cuotas de recuperación que en su caso se recauden por la prestación de servicios de salud, se ajustarán a lo que disponga la legislación fiscal y a los convenios de coordinación que celebren en la materia el Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas.

Para la determinación de las cuotas de recuperación se tomará en cuenta el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas del usuario,

Las cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando el usuario carezca de recursos para cubrirlas, o en las zonas de menor desarrollo económico y social conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud.

A los extranjeros que ingresen al país con el propósito predominante de hacer uso de los servicios de salud, se cobrará íntegramente el costo de los mismos, excepto en los casos de urgencias.

 

INVIABLE

 F. En este tenor de ideas es imperante la atención médica en los grupos vulnerables, por ello que con base en lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman que la materia de la Iniciativa en comento es de trascendencia, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente proyecto de Decreto de la minuta en comento, con modificaciones:

PROYECTO DE DECRETO.

Artículo Único: Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General de Salud.

Artículo 35.- Son servicios públicos a la población en general los que se presten en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, preferentemente a favor de personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Sonia Rocha Acosta, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Con su venia, señora Presidenta.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Por ello, es de suma importancia que los gobiernos de cada país elaboren las políticas públicas necesarias, tanto preventivas como paliativas que generen una cultura de cuidado de la salud en su población.

Con base a lo anterior, podemos decir que con una prevención eficaz, se puede llegar a reducir la atención de las personas con padecimientos como cánceres, el sobrepeso, la obesidad, afecciones respiratorias cardiacas e hipertensión y diabetes, mismas que laceran a nuestra sociedad.

Se podrá brindar un mejor servicio a aquellas que lo necesiten, tales como mujeres en embarazo y después del parto, o aquellos que tengan enfermedades crónico-degenerativas y congénitas, como esclerosis múltiple, entre otras, y que de ninguna manera se pueden evitar y necesitan un tratamiento.

Con ello no sólo se podrían mejorar los servicios de salud brindados en nuestro país, sino que también pondrían un impacto positivo en su economía, con mejor rendimiento laboral, entre otras bondades derivadas de la salud en óptimas condiciones.

Actualmente los servicios de calidad en salud que hoy demanda nuestra sociedad, generan mayor cantidad de recursos humanos, financieros e infraestructura y abre la oportunidad de lograr mejoras sustanciales y permanentes en la calidad de estos servicios.

Con lo anterior, se destaca que en el rubro internacional existen normas que hacen valer el derecho a la atención médica, como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 12 señala: "que se debe dar la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad".

Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 25 que: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la asistencia médica y los servicios sociales necesarios y cabe poner énfasis en nuestro artículo constitucional que plasme el derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos".

En este tenor, el Plan Nacional de Desarrollo en la Estrategia 233, hace referencia a mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.

Por ello, las comisiones dictaminadoras consideran viable reformar el artículo 35 de la Ley General de Salud y, con ello, conceder la atención médica referente a las personas pertenecientes a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, por lo que hace al acceso a la prestación de servicios de salud en establecimientos públicos que otorguen atención a población abierta.

Lo que resulta acorde con lo dispuesto en el artículo 3 del mismo ordenamiento que hace referencia a que será materia de salubridad general la atención médica preferentemente en beneficio de grupos vulnerables.

En este tenor de ideas es importante la atención médica en los grupos vulnerables, los cuales están definidos en la Ley de Asistencia Social que en su artículo 5 dice: "Aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situación de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del gobierno para lograr su bienestar".

Es por todo lo anterior, que la reforma planteada por este dictamen pretende que el artículo 35 de nuestra Ley General de Salud mencione lo siguiente:

Artículo 35. Son servicios públicos a la población en general los que se presten en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, preferentemente a favor de personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios.

Por ello, compañeras y compañeros Senadores, pido su voto a favor del presente dictamen de la Comisión de Salud, para que aquellos grupos en situación de vulnerabilidad puedan alcanzar una mejora en su salud, y con ello tener una mejor calidad de vida.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Rocha  Acosta.

En consecuencia, está a discusión. Se concede el uso de la palabra al Senador Armando Neyra Chávez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Armando Neyra Chávez: Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros Senadores:

Preservar y garantizar el derecho a la salud de las personas representa una tarea fundamental para el Estado mexicano y sus instituciones.

El acceso a un sistema de salud de calidad universal es una condición básica para el bienestar de la población y una de las mejores inversiones que puede realizar el gobierno para que la calidad de vida y el nivel y desarrollo de las familias mexicanas se incremente.

Bajo estas consideraciones, las Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del PRI votaremos a favor de la presente propuesta por la que se reforma el artículo 35 de la Ley General de Salud.

En particular, de hacer énfasis en que los servicios de salud deben darse con prontitud y bajo los criterios de universalidad y de gratuidad a las personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad.

Por ello los legisladores de mi partido respaldaremos esta iniciativa que permitirá coadyuvar en la elaboración de políticas públicas y de gobierno en materia de prevención de diversos padecimientos y construcción de una cultura de cuidado y de salud en la población.

Con su voto a favor del dictamen a discusión se podrán mejorar sustantivamente los servicios de salud de nuestro país, y lo más importante, se generará un impacto positivo a la economía de las familias mexicanas.

Señores legisladores, no podemos ser omisos ni indiferentes ante las diversas denuncias de malos tratos y de servicios ineficientes en diversas entidades del país como Oaxaca, Puebla y en la Ciudad de México.

Compañeras y compañeros, es claro que el cuidado y protección de la salud es una condición fundamental e indispensable para el crecimiento y desarrollo del país, por su relación directa para mejorar los indicadores relacionados con el rezago social y la pobreza y marginación.

Bajo estas consideraciones, es de vital importancia que las personas que están en desventaja por motivos de salud, raza, sexo, condición económica, características físicas, circunstancia cultural o política y que se encuentran en mayor riesgo, tengan asegurado el acceso universal a los servicios de salud.

Reconocemos las medidas que ha tomado el gobierno de la República desde el inicio de esta administración, son acciones que hoy están dando resultados.

Por ejemplo, se han inaugurado diversos centros regionales de desarrollo infantil, estimulación temprana a través de los cuales se instrumentan diversas medidas de prevención, vigilancia del crecimiento y desarrollo, diagnóstico y de atención oportuna.

Dado al fortalecimiento de las instituciones de salud, la mortalidad materna en México se ha reducido en un 40 por ciento en los pueblos indígenas en los últimos tres años, aspecto que tiene gran valor, pero que sigue siendo insuficiente para nuestras aspiraciones de un México más sano.

Lo anterior es muestra clara que estamos transitando por el camino correcto. Sin embargo, no debemos escatimar esfuerzos en esta aspiración.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Neyra Chávez.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Adolfo Romero Lainas: Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores. Con su permiso, señora Presidenta.

Hablar del tema de la salud es un tema relevante para las y los mexicanos, y principalmente para nuestros pueblos originarios.

El 3 de febrero de 1983 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición del cuarto párrafo al artículo 4o. de nuestra Carta Magna, mediante el cual se elevó a rango constitucional el derecho que toda persona tiene a la protección de la salud, disponiendo a través de la ley en el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salud.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas o pueblos originarios de nuestro México, que se considera a la CDI, definió como indígenas a las personas que forman parte de un hogar donde el jefe o jefa, su cónyuge o alguno de los descendientes declara ser hablante de la lengua indígena.

En el mismo tenor, la Encuesta Nacional de Salud 2006-2012 estimó un total de 10.3 millones de personas indígenas, es decir, el 9.4 por ciento de la población nacional en el país.

Los resultados de este análisis demuestran que persisten desigualdades en las condiciones de vida, la situación de salud y el acceso a los servicios de salud entre la población indígena y la no indígena.

En esta tesitura, la Organización Mundial de la Salud, en su estudio realizado en el 2012, situó a Oaxaca en último lugar en lo relativo a la mortalidad infantil, con una tasa de 25 por cada mil nacimientos, tratándose de indígenas, y de 49 por cada mil nacimientos.

Asimismo, en el caso de mortalidad materno-infantil no existe variación significativa, pues ésta se mantiene prácticamente de 6 por cada 10 mil, siendo la edad promedio de muerte de 29 años, ocurriendo la mitad de estas muertes en zonas rurales. Y que dicha problemática a su vez ha resonado en el estado de Oaxaca en casos de deficiencia en atención de salud a hombres y mujeres indígenas. Además, como lo dio a conocer el Instituto Nacional de las Mujeres, 43 de cada 100 mujeres indígenas en edad fértil carece de acceso a los servicios de salud.

Lo anterior deja de manifiesto la situación que viven, o es potencialmente probable que vivan mujeres embarazadas, quienes además de no recibir una atención adecuada durante el embarazo, por diversas circunstancias al momento del parto, por no ser atendidas con el carácter prioritario, ni con la sensibilidad que debe existir con una mujer que requiera asistencia médica por una emergencia, y además por tratarse de mujeres de origen indígena.

Ante este tipo de situaciones, la Ley General de Salud en su artículo 469 establece lo siguiente: "El profesional técnico o auxiliar de la atención médica, que sin causa justificada se niegue a prestar asistencia a una persona en caso de notoria urgencia, poniendo en peligro su vida, se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión y multa de 5 a 125 mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica a que se refiera, y suspensión para ejercer la profesión hasta por dos años".

En menos de un año se han registrado 11 casos de mujeres en México que han dado a luz en los patios o jardines de los hospitales, otras lo han hecho en las banquetas de los accesos principales, y una más en los baños. Muchos de estos casos son por desatención del personal médico.

En mi natal estado de Oaxaca, se presentó una vergonzosa experiencia de falta de atención médica en octubre de 2013, donde una mujer indígena de origen mazateco diera a luz en una jardinera del Centro de Salud de San Felipe Jalapa de Díaz, este municipio pertenece a la cuenca de Papaloapan, no siendo atendida por ningún tipo de personal médico del nosocomio, alegando que no hablaba español, lo cual lo convierte en una falta gravísima a su persona y a sus derechos humanos.

Y casos recientes, el de dos mujeres de origen indígena, a las cuales le negaron los servicios médicos, pediátricos y gineco-obstétricos en el mes de junio del año 2015.

En el artículo 27 de la ley en cuestión, versa sobre los defectos del derecho a la protección de la salud y sus respectivas consideraciones que se toman para que un servidor sea considerado como básico en cuestión de salud, y dentro de estas consideraciones se encuentra la fracción X, que a la letra dice lo siguiente: "La asistencia social a los grupos más vulnerables y de estos, de manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas".

Considero preponderante reformar la fracción de mérito a efecto de establecer explícitamente la necesidad de hacer obligatoria la asistencia de los grupos vulnerables y a los pertenecientes a las comunidades indígenas, de esta manera otorgaremos una alta prioridad a la conservación de la salud, mejorando condiciones estructurales de vida de los pueblos indígenas, en particular, las medidas orientadas a la reducción de barreras de acceso a los servicios de salud, así como el goce pleno de la salud para los grupos más vulnerables de la sociedad mexicana.

Por desgracia en nuestro país, no sólo en Oaxaca, existen pueblos originarios, sino también hablando de Guerrero, de Chiapas, de Chihuahua.

Es ahí donde tenemos que sumar esfuerzos, compañeras y compañeros Senadores.

Es ahí donde tenemos que dejar de lado nuestra gran diferencia como posiciones políticas.

Es ahí donde tenemos que hacer esa gran unidad que nos fortalece a todos los que representamos, a aquellos que tuvieron ese favor de confiarnos esa loable labor que tenemos que hacer todas y todos los legisladores que existimos en este máximo tribunal que representa al Estado mexicano.

Muchísimas gracias por su atención.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Romero Lainas.

Sonido en el escaño de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño) Si me permite hacer llegar mi participación al Diario de los Debates.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Claro que sí, Senadora, su discurso se integra al Diario de los Debates.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se inserta intervención de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se inserta intervención del Senador Francisco Salvador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México y de la Universidad de Stanford, invitados por la Senadora Gabriela Cuevas Barrón.

¡Sean todas bienvenidas y bienvenidos!

Por no haber más oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 71 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General de Salud. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Compañeros Senadores, les informo que a petición de la Comisión de Salud, se retira de su discusión el dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 96 de la Ley General de Salud.





 

Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 13, 51, 53 y 69 de la Ley General de Educación, en materia de calendario escolar.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13, 51, 53 Y 69 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario)

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense su segunda lectura y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura al anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria.

Se concede el uso de la palabra al Senador Juan Carlos Romero Hicks, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Educación, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado, hasta por diez minutos.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Gracias, señora Presidenta. Distinguidos legisladores.

El día de hoy vamos a presentar una iniciativa enriquecida en el dialogo parlamentario por el Senado de la República que nos ha turnado el Ejecutivo Federal; y me voy a referir a cuatro aspectos: primero, el contexto; segundo, cómo nos llegó la minuta y cómo está la realidad actual; tercero, la propuesta que tenemos; y finalmente, algunas consideraciones.

Introducción.

El tiempo escolar es un recurso educativo que incide de manera importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje; sin embargo, el tiempo como tal es un recurso diferente a los demás porque es limitado, inexorable, indispensable, inelástico e insustituible, este recurso educativo hay que racionalizarlo para poder tener el cumplimiento de los contenidos, de los planes y programas de estudio y, sobre todo, la transformación del educando, que es una persona única, irrepetible e insustituible.

No hay jornada escolar ideal en el mundo. Y lo que tenemos qué pensar es cómo aprovechar mejor el uso del tiempo para que cada niña, niño y adolescente, en el momento en que está expuesto a un proceso de estimulación de enseñanza-aprendizaje, donde se transforma en conocimientos, habilidades, valores, conductas y actitudes, pueda tener su mejor desarrollo integral. Para esto podríamos tener varias preguntas, entre otras tres.

Primera. ¿A quién le correspondería establecer el calendario?

Segunda. ¿Cuántos días de calendario requerimos?

Y tercera. ¿Cómo aprovechar mejor el tiempo de la jornada escolar?

En la revisión de experiencias internacionales nos hemos dado cuenta que hay diferentes modelos para la toma de decisiones. En repúblicas o en gobierno unitarios nacionales estos son los que toman la decisión.

En el caso de México, lo que uno quisiera ver cada vez más es un modelo federalista y de descentralización, donde los actores van participando.

Segundo momento, cómo estamos actualmente.

Según la ley vigente, los días calendario son 200, lo establece la Secretaría de Educación Pública y se da el marco de flexibilidad para que una vez publicado el calendario la autoridad local pueda hacer algunos arreglos que en ocasiones corresponden, por ejemplo, a fenómenos meteorológicos, a periodos vacacionales, a emergencias, desastres naturales, entre otros; sin embargo este modelo ya está agotado porque tiene dos grandes limitaciones.

La primera es que tiene una operatividad discrecional que no da fundamentación técnico-pedagógica para las mejores decisiones.

Y la segunda es que lamentablemente no fomenta las prácticas de que los actores involucrados puedan de una manera más activa participar, por eso la propuesta.

Tercer momento, lo que queremos es empoderar a la comunidad escolar. Esta propuesta tiene cuatro principios fundamentales: la primera es el mejor aprovechamiento de la jornada escolar y el mejor desempeño en el aprendizaje; la segunda es la descentralización y la federalización; la tercera es la participación de las comunidades educativas; y la cuarta es fomentar la autonomía de gestión.

Esta propuesta amplía el marco competencial de los actores directos y propone un modelo donde en tres niveles se dan participaciones muy importantes.

Primero en el nivel nacional. La Secretaría de Educación Pública pone un calendario de 185 a 200 días, se da ese margen con la condición de que se cumplan los planes y programas de estudio, los objetivos y, desde luego, las horas de estudio.

Segundo.- Las autoridades escolares directamente involucradas, como son directores, supervisores, jefes de zona, hacen una reflexión para ver si esta es la mejor propuesta.

Y tercero.- La autoridad educativa estatal, recomienda los ajustes al calendario y los aprueba a la autoridad para recomendar a la autoridad nacional para poder tener mejores niveles de eficacia.

Las comisiones dictaminadoras, y en esto agradezco a la Comisión de Educación, a toda porque lo revisó de manera muy acuciosa; y también debo destacar el papel muy comprometido de la Secretaría de Educación Pública que construyó esta propuesta en paralelo para buscar consultas de enriquecimiento y, en su momento, también se verá con los Diputados en San Lázaro, y la comisión de la materia, de Estudios Legislativos, que preside la Senadora Graciela Ortiz González, porque estamos buscando el mejor espacio para poder tener las mejores decisiones.

Y por eso, estamos convencidos que un gobierno colaborativo, que incorpore a los actores directamente comprometidos, siempre va a ser mejor, porque nadie conoce mejor la realidad que la persona que la está viviendo.

¿En qué se enriqueció en el diálogo la discusión en el Senado? Principalmente en insistir en el principio de federalismo, descentralización y, en particular, el fomentar la participación de la comunidad educativa y avanzar en la autonomía de gestión.

En este sentido, nosotros en el ámbito respetuoso de la República, le hicimos algunas consideraciones de redacción y añadimos que en la participación el Conapase, el Consejo Nacional para la Participación Social en la Educación, pueda recibir una consulta por parte de la autoridad federal antes de emitir lo necesario para el calendario escolar.

En caso de aprobarse esto iría a San Lázaro; en su caso al Ejecutivo. Durante el mes de mayo la Secretaría de Educación Pública expediría los lineamientos en consulta con los actores involucrados para que en el tercer lunes de agosto, cuando inicia el calendario escolar, esto esté debidamente atendido.

Nos sentimos muy complacidos porque esto es producto de una colaboración republicana, donde el Congreso está para colaborar, no para servir; y aprovechamos esto porque creemos que está potenciando el máximo de participación.

Mi deseo es que el consenso que hoy se reúne en el Senado sea aprovechado para el bien de México y no para motivaciones personales ulteriores.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento del Senado, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios; los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado, serán en orden creciente y por un tiempo de hasta diez minutos.

Tiene la palabra el Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Partido Verde Ecologista de México.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores, buenas tardes.

El dictamen que nos presentan las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, es de gran relevancia para continuar impulsando la reforma educativa, ya que busca optimizar el aprovechamiento efectivo del tiempo de la jornada escolar.

El proyecto de Decreto plantea que el calendario escolar tenga una duración mínima de 185 días y una máxima de 200 días efectivos de clases, en los que se deberá cumplir con las horas de clase que establezca la Secretaría de Educación Pública.

Asimismo, se propone que la autoridad educativa federal establezca lineamientos para que las autoridades escolares de educación básica decidan el calendario escolar que mejor se ajuste a sus necesidades y condiciones generales.

En la discusión de esta propuesta resultó necesario considerar el mandato constitucional que otorga al Estado mexicano la obligación de garantizar la calidad en la educación. Esto quiere decir que los materiales, los métodos educativos y la organización escolar, la infraestructura educativa, la actitud de los docentes y los directivos, deben garantizar el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes.

En consecuencia, el máximo aprovechamiento del tiempo escolar es mucho más importante que la duración del calendario escolar, a fin de promover la eficiencia educativa y ofrecer a los estudiantes múltiples posibilidades de desarrollo y aprendizaje.

Las cifras son contundentes. En los países de la OCDE la duración del ciclo escolar en educación primaria tiene un promedio de 185 días y 791 horas; mientras que en México son 200 días y 800 horas.

En el nivel secundaria los países de la OCDE tienen en promedio 183 días y 907 horas; mientras que en México reporta 200 días y mil 167 horas.

Estas cifras demuestran que México tiene la mayor duración del calendario escolar; sin embargo, los países con menos días y horas en sus calendarios escolares son los que tienen el mejor rendimiento en las evaluaciones educativas internacionales.

Adicionalmente, el calendario escolar de 200 días no siempre se cumple, ya que la mayoría de las entidades federativas se ven obligadas a realizar cambios y ajustes debido a factores meteorológicos y periodos vacacionales, así como días festivos en cada estado.

Por ello es necesario que las autoridades locales tengan mayor autonomía sobre el calendario escolar bajo ciertas directrices definidas por el Ejecutivo Federal, a fin de asegurar que los ajustes no alteren la cobertura de los planes y programas de estudio.

Cabe mencionar que esta propuesta no genera impacto presupuestario, ya que no implica la creación o modificaciones de unidades administrativas, ni de plazas laborales para la Secretaría de Educación Pública.

Por último, coincidimos con las modificaciones de redacción que realizan las comisiones dictaminadoras, corrigiendo imprecisiones e incongruencias, con lo cual contribuyen a robustecer el espíritu de la iniciativa.

Por todas estas razones, los Senadores del Partido Verde votaremos a favor de esta propuesta que fortalecerá la autonomía de gestión de las autoridades educativas locales sobre el calendario escolar, a fin de promover la eficiencia y calidad educativa.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Aréchiga Ávila.

Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Morón Orozco, del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros:

Estamos en este momento en el país en la implementación de una reforma educativa que ha tenido sus complejidades, pero que ha planteado, a mi juicio, tres momentos que son muy importantes y que vienen al caso por lo que estamos discutiendo.

Un primer momento es el ordenamiento del Sistema Educativo Nacional; me parece que eso es imperativo, es importante que se haga, que se realice, que se lleve a la práctica en todo el país, no indiscriminadamente en algunos estados de la República, sino en todo el país, empezando obviamente por oficinas centrales, por las Secretarías o los Institutos de Educación en los estados y avanzando, obviamente, a todas las escuelas del país.

Esto es importante porque había permisibilidad en el sector educativo prácticamente de todo. Había funciones que no correspondían a una institución sindical que desarrollaba la institución sindical y que metía mucho conflicto y en muchos procesos difíciles administrativos a la propia autoridad educativa local.

Es importante este reordenamiento y me parece que la reforma educativa plantea de manera seria este tema; y obviamente llamamos desde aquí a que este tema se siga trabajando de manera muy responsable.

Una segunda parte de esta reforma es lo que tiene que ver con lo laboral. De facto se ha planteado un nuevo estatuto laboral, esto hay que tenerlo presente, un estatuto laboral que tiene en la incertidumbre a prácticamente todos los educadores del país.

Se ha planteado en este nuevo estatuto laboral que la evaluación sea el elemento fundamental con que los maestros de México puedan promoverse horizontal y verticalmente.

La evaluación de facto no significa de ninguna manera que su resultado eleve la calidad de la educación, es el elemento fundamental de los argumentos del gobierno federal para con la reforma.

Hay muchos compañeros que ahora ya se evaluaron en el país y la sola evaluación no ha repercutido de ninguna manera en la calidad educativa.

Ese argumento es falso y me parece que es importante que lo tengamos presente, porque creo que en un tiempo más adelante, no hay ánimo ahora, es importante revisarlo. Este es un elemento también fundamental.

Y hay una tercera parte de la reforma que a mi juicio es la parte medular, es el análisis del modelo educativo.

Parece que el gobierno federal ha aceptado ya que este debate se dé; y este debate debe darse en lo posible o es necesario que se dé desde los educadores del país. Es importante que todos los maestros desde todas las escuelas del país puedan dar su opinión sobre lo que tiene que ver con una reorientación del modelo educativo.

No es un asunto nada más la curricula de lo que se está enseñando o de los materiales educativos con los que estamos enseñando, también es importante discutir y poner a debate los principios y los valores de la educación, los fines de la educación, el modelo pedagógico y didáctico, la política educativa, la planeación educativa, la evaluación educativa, el financiamiento, el marco jurídico y la administración de la educación, el sistema de formación de docentes, que es algo que tenemos pendiente en los diversos niveles y servicios educativos que existen en el Sistema Educativo Nacional.

Este debate es a nuestro juicio el fundamental. Este es el debate real, es discutir la orientación que el modelo educativo de este país va a tener, es ubicar los paradigmas y los perfiles de egreso que van a tener los estudiantes cuando egresen del Sistema Educativo Nacional. No nada más en lo que refiere a la educación básica, por cierto, también debe darse en el nivel medio superior y en el nivel superior.

Acabamos de tener un foro con la ANUIES y con la Comisión de Educación del Senado de la República, en Xicoténcatl, y ahí vertieron varias opiniones especialistas, académicos, estudiosos investigadores del nivel medio superior y superior, fundamentalmente, y la verdad nos han dejado con una gran tarea.

Es importante regular la educación superior, también es importante tomar en cuenta las condiciones y la opinión que tienen los académicos del nivel medio superior y superior.

No puede haber una reforma educativa de fondo sin la participación de los maestros de México; y me parece que el gobierno federal está a las puertas para poder iniciar este proceso. Ojalá se pueda llevar hasta las escuelas y que todos los maestros opinen sobre lo que ellos creen que tiene que jugar el papel la educación en nuestro país.

Hoy aprobamos una modificación al calendario escolar. Hay quienes piensan que entre más días se encuentren los alumnos en las aulas, mayor va a ser la calidad de la educación.

No, esto no es así, esto no es automático. La calidad de la educación está en razón de los elementos contextuales en los que se desarrolla el proceso aprendizaje, el método que se emplea, los contenidos que se enseñan, las condiciones del aula, las condiciones de la comunidades, la posibilidad de acceder a una alimentación adecuada, etcétera, etcétera. Son otros elementos.

Y por último, concluyo diciéndoles que el grupo parlamentario va a apoyar esta propuesta, que es una propuesta importante, el Senador Romero Hicks ya ha dicho más o menos el proceso con el que fue consensada. Concluyo diciéndoles que al enterarnos que había un recorte presupuestal de alrededor de 4 mil millones de pesos al sector educativo, al menos lo que tenemos que hacer es preocuparnos.

Sí es cierto que esta es la reforma fundamental.

Sí es cierto que la educación es el factor que determine y detona el desarrollo de una sociedad y de un país.

A nosotros nos parece muy complicado que los recortes alcancen al sector educativo, al sector de la salud y al sector del campo.

El importante revisar este tema de manera muy responsable.

Vamos a votar a favor de esta propuesta los legisladores del Partido de la Revolución Democrática.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Morón Orozco.

Tiene el uso de la palabra el Senador Daniel Amador Gaxiola, del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Daniel Amador Gaxiola: Con su venia, señora Presidenta. Compañeros y compañeras legisladores:

La reforma educativa impulsada por el gobierno de la República desde el inicio de la administración, es de largo alcance y de mayor calado, cuyos resultados continúan materializándose en favor de millones de niños, adolescentes y maestros en todo el país.

Hoy, como nunca antes, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la calidad de la educación obligatoria; de manera tal que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logró de aprendizaje de los alumnos.

En cumplimiento de dicho objetivo, el Ejecutivo Federal propuso flexibilizar el calendario y las jornadas escolares para fortalecer la autonomía y la gestión de las escuelas.

Se trata de optimizar el uso del tiempo de la jornada escolar que posibilite a los docentes desarrollar a plenitud el enfoque pedagógico del plan y los programas de estudio, y a los alumnos aprovechar el tiempo de manera efectiva.

México es uno de los países con mayor número de días y horas de instrucción obligatoria en educación primaria y secundaria.

Empero, de acuerdo con los resultados de las diversas pruebas internacionales, como PISA, no parece haber una correlación positiva entre la actual duración del ciclo lectivo y el aprendizaje de los alumnos.

Basta señalar que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el promedio de días de clase por ciclo escolar en educación primaria es de 185 días con 791 horas de instrucción obligatoria; mientras que en México son 200 días y 800 horas respectivamente; en secundaria el promedio es de 183 días y 907 horas de instrucción obligatoria al año en la OCDE y de 200 días; y 1,167 horas en nuestro país, siendo la más alta de los países de dicho organismo.

No obstante, la revisión comparada establece que en los países con los mejores puntajes en las pruebas internacionales tienen por lo general menos días y horas en sus calendarios escolares que en nuestro país.

Con los cambios que se realizan a la Ley General de Educación se confieren atribuciones a las autoridades educativas locales para realizar ajustes al calendario establecido por la autoridad educativa federal.

El punto medular es establecer que el calendario escolar tenga una duración mínima de 185 días y una máxima de 200 días efectivos de clase, a fin de que las autoridades educativas locales lo sitúen a sus necesidades y condiciones regionales.

Coincidimos con la propuesta de ampliar la participación de los actores directos del sistema educativo, dotándole de facultades expresas para proponer el calendario escolar que mejor responda a las dinámicas específicas de su comunidad.

Sin duda falta mucho por hacer, coincido con mi colega y Senador, el maestro Raúl Morón Orozco, en que tenemos un proceso a mediano y largo plazo en esta reforma educativa.

Este gobierno implementa un esfuerzo extraordinario para ir en esa ruta que durante más de 30 años no se había logrado mover.

Coincidimos plenamente en que hay que ir en una profunda reforma al modelo educativo y que sin los maestros no será posible alcanzar el éxito en la consolidación de la reforma.

Sin embargo, tampoco es de regatearse el mérito que hoy el gobierno federal imprime para que la educación pública de calidad en este país sea una realidad, y en ello los maestros de México están participando todos y cada uno de los días; sin duda hay debate, y siguen habiéndolo sobre la estabilidad laboral que pueda presentar esta reforma.

Sin embargo lo hemos discutido y seguiremos estando en la mesa de diálogo para efecto de que hasta el momento ninguna prestación ha estado en riesgo de los trabajadores docentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Sin duda las nuevas reglas establecen que sean los mejores los que estén frente a grupo; sin duda la promoción tendrá que ser a través de una evaluación, pero también habrá que reconocerse que los maestros que tengan los mejores avances en su calidad tendrán satisfactores económicos, que alcanzarán arriba del 35 por ciento en su salario mensual.

Por eso, en esta ocasión y a poco tiempo de distancia de que aprobamos la reforma educativa, estamos haciendo una reforma a esta ley para efecto de poder flexibilizar el calendario escolar y poder ser largo en capacidad de gestión y autonomía en coordinación con autoridades educativas estatales y federales y con la participación de los consejos de participación social de la educación para hacer realidad que podamos tener calendarios flexibles de acuerdo a los diferentes Méxicos y las diferentes circunstancias que existen en nuestro país.

La bancada del partido Revolucionario Institucional irá a favor de esta reforma.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Amador Gaxiola.

Informo a la Asamblea que la Senadora Graciela Ortiz González hizo llegar su posicionamiento a esta Mesa Directiva, la cual se incluye en el Diario de los Debates.

La Senadora Graciela Ortiz González: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199, numeral 1, fracción III de nuestro Reglamento, informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores.

La Senadora Erika Ayala Ríos, el Senador Fidel Demédicis Hidalgo y el Senador Sofío Ramírez Hernández.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Erika Ayala Ríos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Erika Ayala Ríos: Con su venia, señora Presidenta. Honorable Asamblea:

Acudo a esta tribuna en representación del grupo parlamentario del PRI, para presentar nuestro respaldo al dictamen en el que se reforman los artículos 13, 51, 53 y 69 de la Ley General de Educación.

Este dictamen es el resultado de un amplio análisis por parte de todos los grupos parlamentarios, realizado a partir de la iniciativa que envió el Presidente de la República; y aquí agradecemos el esfuerzo y el trabajo de todos y cada uno de los que integran las comisiones.

Es importante destacar que tiene por objeto flexibilizar el calendario y la jornada escolar para fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, facultando a las autoridades educativas locales para autorizar a las escuelas los ajustes que realice en al calendario escolar previa verificación del cumplimiento de los lineamientos que emita la autoridad educativa federal; y faculta a los consejos escolares de participación social para opinar sobre el ajuste al calendario aplicable a cada escuela.

Además, especifica que el calendario deberá contener un mínimo de 185 días y un máximo de 200 días efectivos de clases, y que las autoridades locales deberán aplicar en cada entidad las autorizaciones de ajuste al calendario que se vayan dado.

Con lo anterior, se pretende elevar la calidad de la enseñanza e incrementar el logro de aprendizaje de los estudiantes con una jornada escolar diaria, mejor organizada y aprovechada, que permita a los docentes desarrollar a plenitud el enfoque pedagógico del plan de estudios y todos los contenidos de los programas de estudio en los tres niveles de educación básica.

Ahora se van a transparentar las modificaciones que se hagan al calendario escolar, y se faculta a los Consejos de Participación Social para que puedan opinar sobre estos ajustes al calendario, es importante para que todos sepamos que se cumple a cabalidad con los programas educativos en toda la educación.

La reforma a la Ley General de Educación privilegia la duración de la jornada escolar sobre la duración del ciclo lectivo.

Por eso, compañeras y compañeros legisladores, de acuerdo a la legislación vigente, ofrecer educación de calidad es una obligación y responsabilidad que comparten las autoridades federales y locales.

La reforma que hoy estoy segura vamos a aprobar, permitirá adaptar el calendario a las condiciones contextuales de cada escuela, región o entidad, sin perder de vista el objetivo de que nuestros estudiantes obtengan el máximo aprendizaje de calidad.

Por eso invito a que apoyemos esta iniciativa, porque una educación de calidad necesita la suma de todos, pero también las herramientas legales para actualizar y con certeza dar las circunstancias de que los planes de estudio se cumplan.

Recordemos que la respuesta trasversal a todos los problemas de nuestro país en educación se pueden solucionar.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Ayala Ríos.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Estamos discutiendo un asunto que es de vital importancia para organizar de manera adecuada los planes y programas de estudio y poder así eficientar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El gobierno de la República está haciendo una propuesta en el sentido de que los días del calendario pueden ser desde 185 hasta 200 días de calendario escolar.

Argumenta el gobierno de la República que es necesaria esta adecuación debido a que en muchas partes del país las condiciones climatológicas son extremas; es decir, por las mañanas puede estar haciendo mucho frío en determinada época del año, y por eso es necesario modificar el calendario para que este frío no afecte a las niñas, niños y adolescentes que están en el sistema escolar básico.

Que el clima en algunas partes del país es demasiado caluroso y que es necesario ajustar el calendario para que los días más calientes no afecten a las niñas, niños y adolescentes.

Hemos insistido hasta la saciedad en esta tribuna de que es necesario el tema de la infraestructura.

Como educador, puedo sostenerles que sí la infraestructura educativa se construye desde una visión pedagógica, esta situación puede superarse; es decir, cuando hablamos de las épocas de frío y en los estados de la República en donde el frío es extremo, se requiere un tipo de construcción diferente a la que se tiene en estados de la República o en lugares de nuestro país donde el calor o el frío no son tan extremos.

Por eso, a la hora de construir un aula no se puede construir del mismo material. Esta distinción no la hacen en el INIFED y ni la hacen los institutos de infraestructura educativa de los estados, con el mismo material que construye en el clima caluroso de Guerrero, con ese mismo material construyen en el clima frío de invierno que se da en los estados del norte del país.

Por eso, cuando nuestros estudiantes llegan en Chihuahua, por ejemplo, a las aulas de gobierno, parecen congeladores, no parecen aulas de clase.

Entonces, someter a un alumno a estas condiciones es quebrantar todas las posibilidades de que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle de manera adecuada y hace imposible la posibilidad de tener educación de calidad.

Por eso, seguiremos insistiendo en que hay que mejorar la infraestructura y ésta adecuarla a las condiciones que tenga cada entidad federativa o que tenga cada región del país.

Pero esto se dificulta por una razón, porque el gobierno de la República ya anunció recortes, ya anunció que se recortarán 4 mil millones de pesos al sector educativo. Imagínense, 4 mil millones de pesos al sector educativo, áreas estratégicas como son las escuelas de tiempo completo.

Una de las grandes deficiencias del Sistema Educativo Nacional es precisamente que tenemos más de 10 millones de nuestros infantes que hacen cuando mucho una comida al día y si afectan a las escuelas de tiempo completo, pues entonces la posibilidad de incorporar a los niños a que tengan alimentos sanos, suficientes y nutritivos otorgados por el Estado mexicano, esa posibilidad se elimina; y entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje por más esfuerzo que hagan los maestros no puede generar educación de calidad.

Hacer un recorte en educación no sólo es un despropósito, es un crimen, porque rompe con todas las posibilidades de que la educación en México sea equitativa, se violentan de manera flagrante los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

¿Se podrá arreglar algo con el cambio de calendario escolar?

Quizás en materia de sufrimiento de los infantes, pero no es suficiente; se requiere que en un área estratégica para el desarrollo de cualquier país como la educación se cuide en no hacer un solo recorte, es decir, no sólo quitarle un solo peso.

Desde aquí hacemos un llamado al ciudadano Presidente de la República, al Secretario de Hacienda y al Secretario de Educación para que piense en que el motor de desarrollo del pueblo que es la educación se va a ver seriamente afectado con estos recortes, aunque hagamos y adecuemos el calendario escolar de acuerdo a las condiciones que tiene cada entidad federativa en materia de clima.

Compañeras y compañeros Senadores, discutimos, como bien lo dijo el Senador Romero Hicks, este asunto a profundidad, se le hicieron unas adecuaciones que desde nuestro punto de vista pueden generar lo que se busca con el cambio de calendario y por eso lo vamos a votar a favor; pero seguiremos señalando con mucho énfasis, que mientras no se mejore la infraestructura educativa en el país, el proceso de enseñanza-aprendizaje no podrá desarrollarse de manera adecuada y la educación de calidad no va a poder hacer su arribo al Sistema Educativo Nacional.

Por su atención, muchas gracias.

Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Cristóbal Colón, del estado de Veracruz, invitados por el Senador Fernando Yunes Márquez. Agradecemos su visita en este Senado de la República.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Tiene el uso de la palabra el Senador Sofío Ramírez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Gracias, señora Presidenta. Amigos Senadores, compañeras Senadoras.

Vengo como uno de los mexicanos de los estados del sur: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Pacífico Sur, Michoacán, donde a lo largo de la historia de nuestro país, la educación ha sido siempre un espacio donde ha estado presente la falta de oportunidad para el verdadero desarrollo educativo, donde se encuentran maestros que tienen que caminar muchas horas para llegar a su centro de trabajo, pero que no han tenido un reconocimiento, no nada más a su función noble del proceso enseñanza-aprendizaje, sino han tenido un reconocimiento, un incentivo económico a su esfuerzo para llegar a su centro de trabajo, donde muchas veces se pone en riesgo hasta su propia integridad física.

Allá en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, no podemos tampoco negar que por muchos años hemos estado esperando la oportunidad para una mayor y mejor infraestructura educativa.

Y aquí está la voz que les ha dado la experiencia como parte de lo que es la escuela de la vida, al maestro Fidel Demédicis, al maestro Raúl Morón, y a muchos maestros y maestras de este país, que por profesión son normalistas, pero que por vocación tienen un profundo compromiso por la educación.

Pero pasaron muchos años y muchas administraciones, gobiernos locales, gobiernos estatales, gobiernos de la República de los diferentes partidos políticos, y fue precisamente hasta en el 2012-2013, cuando se presentan las propuestas de las reformas estructurales de este país y, dentro de ello, la reforma educativa.

Más allá de los conceptos ideológicos y de la línea política, lo más importante es la escuela al centro, los niños al centro, los maestros al centro y la educación al centro de las familias de este país.

Es por eso que expreso mi reconocimiento a los esfuerzos de la Comisión de Educación, al análisis y debate que se desarrolló en este recinto parlamentario para aprobar la reforma educativa, porque estoy convencido que con ello sembramos banderas blancas de esperanza y de oportunidad para que la educación sea verdaderamente el pilar del desarrollo humano de los mexicanos.

Muchos que provenimos de los pueblos, de las familias de escasos recursos económicos, que no tuvimos la oportunidad, en nuestros tiempos, de una mayor y mejor educación, pero hoy no es por el pasado, ni siquiera en un concepto de entretenerse por el presente, hoy debe ser una visión a futuro.

Lo que podamos darle a las niñas y niños de este país para lograr la calidad de la educación; donde podamos verdaderamente dar la oportunidad de que la educación sea el gran espacio para la formación de los seres humanos, y que el día de mañana podamos tener a ciudadanos mejor educados y con mayor oportunidad para salir adelante.

Como maestro, en mi oportunidad, frente al grupo viví la experiencia de todo lo que representan los procesos de enseñanza-aprendizaje, y es por eso que cuando di mi voto a favor de la reforma educativa, lo hice convencido de que teníamos que alcanzar la oportunidad de la verdadera educación.

Hoy es un gran paso, y por eso vengo a expresar mi voto a favor de esta reforma a la Ley General de Educación para flexibilizar el calendario escolar, pero es tan sólo un paso de los muchos que contempla la reforma educativa para que sigamos promoviendo la mejora de la calidad de la educación, la gratuidad de la educación pública y, sobre todo, que el propósito al centro de todos los esfuerzos sean la escuela, los niños, los maestros, la infraestructura, que podamos reconocer el desarrollo profesional de los maestros con pleno reconocimiento a su vocación con una mayor selección en lo que es la oportunidad de los escalafones de oportunidad para los maestros que buscan un mejor ingreso en función a su desempeño, que se respeten sus derechos laborales, que se reconozca la vocación docente, que la evaluación sea objetiva y que sea un propósito integral, sin discriminación a nadie y, sobre todo, un sistema educativo responsable.

Compañeras y compañeros Senadores: Yo tengo la plena confianza que la escuela centro tendrá su propósito en este gobierno de la República y en el esfuerzo que pone todos los días el Secretario de Educación, Aurelio Nuño, que la infraestructura y el equipamiento es una tarea que está avanzando con las escuelas al cien; que el desarrollo profesional docente tenga pleno reconocimiento y los incentivos económicos conforme corresponda; que los planes y programas de estudio sean el verdadero contenido para una educación integral, con equidad e inclusión; y, sobre todo, que se fortalezca la vinculación de la educación con el mercado laboral y una reforma administrativa de todo el sector educativo.

Por su atención, muchas gracias.

Va mi voto a favor de esta reforma a la Ley General de Educación.

Buenas tardes.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Sofío Ramírez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo, del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros.

Hay muchos caminos distintos para llegar a un mismo lugar, tenemos todos como un alto objetivo nacional, la educación. Que sea de calidad, que implica siempre una compleja red organizativa, métodos, directrices pedagógicas y de contenido, infraestructura, recursos humanos, recursos financieros; y tenemos también un país enormemente diverso, no solamente en lo geográfico, también en las culturas, las lenguas y, por supuesto, el clima, las costumbres y las necesidades.

Muchas veces hablar de diversidad en México es también hablar de desigualdad, por eso aplicar los objetivos nacionales en el espacio local tiene, por tanto, múltiples posibilidades, múltiples caminos y es elemental saber que no se puede usar la misma receta para todos.

Querer hacer algo igual en todo y todas partes es caminar hacia un objetivo de forma y cambiarlo por uno de fondo, y eso puede ser muy peligroso, porque es forzar circunstancias y es también prohijar la simulación.

No es lo mismo los 46 grados centígrados de Hermosillo, que los menos de 11 grados en La Rosilla, allá en Durango.

No es lo mismo que lluevan 50 mililitros de precipitación al año en San Luis Río Colorado, que los 4 mil 389 que llueve allá en mi tierra, en Cacahoatán, en Chiapas.

No es lo mismo ir a la escuela caminando tres calles aquí en la Ciudad de México, que caminar tres horas, como ocurre en la Sierra de Chihuahua, en la Sierra de Oaxaca o en la Sierra de Chiapas. Cada estado, cada municipio y, en muchas ocasiones, cada escuela tienen condiciones particulares para poder cumplir sus objetivos, por eso los objetivos no deben de cambiar, pero los modos sí deben de estar sujetos a ajustarse.

Por eso me parece que esta iniciativa es positiva, no es tan amplia quizá, no llega al fondo, pero es positivo empezar por algún lugar, porque se reconoce finalmente la necesidad de ajustar la organización y el financiamiento de las escuelas en el principio de sus diferencias, las escuelas son el referente comunitario del saber, el espacio donde las niñas los niños mexicanos adquieren las herramientas para el ejercicio de sus derechos y de sus libertades.

Ese es el fondo de la educación, hacer hombres y mujeres libres. En México, hacer hombres y mujeres libres significa, en el fondo de largo plazo, que no vendan el voto, que sepan leer y escribir, que sepan cómo deben de ejercer sus derechos, que sepan cuándo deben de señalar a la autoridad y denunciarla.

Por eso, ¿cómo vamos a pedirle a la escuela que forme hombres libres, si lo que menos han tenido son márgenes de autonomía y, justamente, márgenes de libertad para decidir los aspectos más elementales de su organización?

Y aquí sí quiero dejar muy claro que es una buena oportunidad justamente para dotar de esa autonomía a las escuelas, pero entendiendo a la escuela no como el edificio, no como la burocracia, no como la parte física, sino como la comunidad, la escuela es la comunidad; la comunidad escolar que forman alumnos, padres de familia y, particularmente, los maestros y las maestras.

Quienes están frente a grupo, quienes tienen contacto directo con niñas y niños, son quienes conocen realmente la realidad de la comunidad y además son quienes saben cuáles son los objetivos educativos nacionales y cómo deben de cumplirse; son los profes, al final, los grandes referente éticos de las comunidades.

Por eso, si ya les hemos dado la confianza de transmitir el conocimiento, de forjar en   sus alumnos los valores nacionales, y como dicen los abogados, pues quien puede lo más, puede lo menos. Por ello es correcto que ellos también sean ahora responsables de la administración del tiempo para ajustar horarios, calendarios y circunstancias específicas.

Me parece que darles esa libertad es darles una mayor responsabilidad; también es, por lo mismo, poderles exigir también mejores resultados de la labor académica que, al final de cuentas, ese es el objetivo importante.

Maestras y maestros de México están comprometidos en su inmensa mayoría, no me cabe duda, con su vocación, con su labor profesional, por eso es tiempo de darles más poder y decirlo claramente: "Hay que darles más poder a los profesores, sobre todo en el espacio de lo local, de seguir confiando en su talento, en su vocación, en su   compromiso social, y ahora también darles reconocimiento a sus capacidades organizativas."

La escuela rural mexicana hizo de esta nación, en un momento convulso, una nación más ordenada, con referentes éticos distintos a los de la Iglesia, y eso lo hicieron los profesores, y eso lo hicieron con una capacidad organizativa impresionante, ahí está la verdadera transformación de México, no está ni siquiera en este salón de sesiones, está en los salones de clases.

Por eso, una escuela que responda a necesidades locales y no a rígidas, y muchas veces absurdas directrices administrativas generales, se adapta mejor a su entorno y tiene mucho mayores posibilidades de éxito.

Maestras y maestros de México con mayor capacidad autogestiva deben y podrán ahora hacer de nuestras escuelas un ejemplo práctico del ejercicio cotidiano de algo que nos hace falta mucho: el reconocimiento de nuestras responsabilidades y el ejercicio pleno de nuestra libertad.

¡Enhorabuena y empecemos ya!

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Robledo Aburto
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En virtud de que no hay otros oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 88 votos a favor, 2 en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 13, 51, 53 y 69 de la Ley General de Educación. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Compañeras y compañeros Senadores. En el Orden del Día de hoy está inscrita una iniciativa que suscriben diversas Senadoras y Senadores de los grupos parlamentarios, que contiene proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para el Control de Cannabis; se derogan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal; y se agrega el inciso k) en el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

El proyecto está publicado en la Gaceta; los promoventes solicitaron el turno directo a comisiones. En consecuencia, se turna a las Comisiones Unidas de Justica; de Salud; de Gobernación; de Seguridad Pública; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DE CANNABIS; SE DEROGAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; Y SE AGREGA EL INCISO K) EN EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

(Presentada por diversas Senadoras y Senadores de los grupos parlamentarios)







 

Pasamos a la discusión de un dictamen, en sentido negativo, de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 49 de la Ley General de Desarrollo Social.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Dictamen a discusión)



El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, está a discusión. En virtud de no haber intervenciones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que propone desechar el proyecto de Decreto.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que desecha el proyecto de Decreto ya descrito. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el dictamen, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobado el dictamen. Comuníquese. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar a sus promoventes.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a los titulares de las secretarías de medio ambiente de las entidades federativas en donde haya presencia o tránsito de la mariposa monarca a apoyar los proyectos ciudadanos en favor de su conservación y protección.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)



Dicho dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, para su conocimiento. En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador Jesús Priego Calva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Jesús Priego Calva: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

En el grupo parlamentario del PRI, compartimos el interés de establecer condiciones que garanticen la conservación y protección de la mariposa monarca. Con el presente asunto, afirmamos nuestro compromiso con el cuidado y preservación del medio ambiente.

En consecuencia, votaremos a favor de este dictamen, a través del cual se impulsa el apoyo de los proyectos ciudadanos para la conservación y protección de la mariposa monarca, tanto en los sitios de hibernación como en los que comprenden su ruta migratoria.

Para ponderar la trascendencia de la mariposa monarca y su ruta migratoria, basta mencionar que en el año 2008, la UNESCO la declaró como Patrimonio de la Humanidad.

Es fundamental contar con medios efectivos de la salvaguarda del Santuario de la Mariposa Monarca y la conservación de su ruta migratoria, debido a que ambas son cruciales para la conservación de dicha especie.

Es oportuno precisar que la mariposa monarca cuenta con una función primordial como agente de equilibrio para los ecosistemas, de que funge como un indicador de los cambios que presenta el planeta.

México forma parte de los países considerados como diversos, situación que nos constriñe en la obligación permanente e ineludible de preservar nuestra riqueza biológica, incluida la mariposa monarca.

Es propicio referir que la mariposa monarca se distingue por distintas cuestiones, como es su longevidad, pues como se refiere en el dictamen, puede llegar a vivir hasta nueve meses, mientras que la mayoría sólo alcanza las 24 horas.

Aunque su hábitat se extienda a gran parte del Continente Americano, el fenómeno migratorio que todos conocemos y admiramos se delimita a Canadá, Estados Unidos y, por supuesto, México, donde se encuentran las condiciones idóneas para pasar el invierno.

La majestuosidad de la mariposa monarca es reconocida por todos, pero en estados como Michoacán se observa aún más, pues gracias a su actividad polinizadora, dicha actividad está entre los primeros lugares a nivel mundial, en cuanto a variedad de flora se refiere.

No es extraño que a nivel nacional, regional e internacional se han impulsado, establecido y fomentado múltiples acciones encaminadas a hacer asequible la conservación y pleno desarrollo de mariposa monarca.

Por mencionar un ejemplo, como se refiere en el dictamen, la mariposa monarca ha sido símbolo de diferentes acuerdos y la relación que existe entre los países que integran América del Norte.

En el ámbito nacional se mantiene como un tema central que es atendido desde todas sus aristas; prueba de ello son las Áreas Naturales Protegidas, tanto federales como estatales, entre las que se encuentra la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, ubicada en el Estado de México y Michoacán; la Reserva de la Biósfera Sierra del Abra-Tanchipa, en San Luis Potosí; y el Parque Nacional “El Cimatario”, en Querétaro.

Compañeras y compañeros: Los legisladores del grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de que resulta esencial que las acciones de conservación y protección de la mariposas monarca no se debe limitar a los destinos finales, sino que más bien debe ser integral.

Bajo estas consideraciones, resulta vital exhortar al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a sus homólogos de las entidades federativas en donde haya presencia o tránsito de la mariposa monarca para que apoyen los proyectos ciudadanos en favor de su conservación y protección, tanto en los sitios de invernación como en los que comprenden su ruta migratoria.

Es cuanto, muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Priego Calva.

Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Silvia Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señora Presidenta.

Muchísimas gracias a la Senadora Ninfa Salinas, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, por su atinada participación en este dictamen favorable para México y para sus recursos naturales, gracias a todos los compañeros de la comisión por el apoyo a este punto de Acuerdo, hoy traducido en dictamen.

El presente dictamen exhorta a los titulares de las secretarías de medio ambiente tanto local como federal para que apoyen los proyectos ciudadanos.

Si bien es cierto que existen algunas medidas por parte de la autoridad en apoyo a la preservación y conservación de las áreas donde llega la mariposa monarca, es indispensable el apoyo de la sociedad civil, de todos aquellos ciudadanos organizados que están interesados en proteger y conservar el hábitat de esta maravillosa especie.

Sabemos perfectamente la ruta de todo lo que viajan, que salen de Canadá, pasan por Estados Unidos y llegan a nuestro país, porque aquí tienen las condiciones que se necesitan para pasar el invierno.

Y además de ser un espectáculo fascinante el ver a esta especie, quiero decirles que es muy importante, precisamente, por el efecto polinizador que tienen, y que permiten el equilibrio de los ecosistemas por donde van pasando, garantizando la producción de alimentos y que favorece la vida del ser humano.

Pero en el paso de esta ruta llegan a diferentes Áreas Naturales Protegidas.

Es tan importante la especie que, en el 2008, la UNESCO declaró a la mariposa monarca como Patrimonio de la Humanidad.

Y precisamente el día de ayer, en Chapultepec, se inauguró el Mes de la Mariposa Monarca, donde estuvo presente, por supuesto, la CONANP, y algunas asociaciones civiles como WWF.

Compañeras y compañeros Senadores: Me gustaría mucho el apoyo a este dictamen, porque las autoridades deben de estar ocupadas y preocupadas por garantizar que esta especie esté protegida, y el sumar a la sociedad civil es de muchísima importancia.

Nosotros necesitamos hacer esfuerzos más grandes para que sea efectiva la protección. Les puedo comentar que el pasado mes, una fuerte helada y vientos bastante intensos mataron aproximadamente 1.5 millones de ejemplares de esta especie.

Pero también, hace meses hubo una tala indiscriminada, aproximadamente de 8 hectáreas en la zona núcleo, allá en Michoacán, y así en las diferentes Áreas Naturales Protegidas; por eso consideré muy pertinente firmar la iniciativa de la Senadora Marcela, que precisamente propone esta protección, vigilancia acompañada de la autoridad, de la autoridad federal, es excelente la iniciativa, ojalá se apruebe y esto va a beneficiar precisamente a nuestros recursos naturales.

Compañeros: La conservación de las Áreas Naturales Protegidas es de suma importancia, son espacios que se escogieron, no crean que al azar, sino por las condiciones biológicas, ecológicas, de edafología, ambientales, de paisaje urbano, que tenemos que conservar.

La autoridad federal, la Semarnat tiene que garantizar que estas Áreas Naturales Protegidas sigan así siempre, y tenemos que cumplir con las firmas de los tratados internacionales, de la Convención de Biodiversidad donde iremos por el 17 por ciento del territorio en Áreas Naturales Protegidas, que les sirvan a México, que les sirvan a los mexicanos y que todo vaya relacionado a la protección de nuestros recursos.

Por su atención y por su voto a favor, muchísimas gracias por ayudarnos a conservar a la mariposa monarca, a su ecosistema, a su recinto y a su santuario.

Muchísimas gracias compañeros, y recuerden que necesitamos conservar a nuestros mejores aliados, que son los árboles.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Silvia Garza.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el dictamen, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobado el dictamen. Comuníquese.





 

Compañeros Senadores, la Mesa Directiva suscribió un pronunciamiento en torno al “Día Mundial de la Salud”.

Solicito a la Secretaría dé lectura al pronunciamiento.

PRONUNCIAMIENTO

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura al pronunciamiento.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Comuníquese. Las proposiciones registradas sobre este tema se dan por atendidas con el pronunciamiento de la Mesa Directiva.





 

Informo a la Asamblea que la Junta de Coordinación Política entregó a la Mesa Directiva el Acuerdo por el que se emite la Convocatoria Pública para ocupar el cargo de Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Este documento está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al Acuerdo, señora Presidenta.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el proyecto de convocatoria presentado.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el proyecto de convocatoria. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobada la Convocatoria para ocupar el cargo de Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Publíquese.





 

Informo a la Asamblea que la Junta de Coordinación Política entregó a la Mesa Directiva el Acuerdo por el que se establece el procedimiento y se emite la convocatoria para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local de la Ciudad de México y de los estados de Querétaro y Tabasco. Este documento está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión el proyecto de convocatoria. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo que propone el procedimiento y la convocatoria.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo que propone el procedimiento y la convocatoria. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobada el Acuerdo por el que se propone el procedimiento para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local de la Ciudad de México y de los estados de Querétaro y Tabasco. Publíquese.





 

COMUNICACIÓN

Compañeros Senadores, hago de su conocimiento que recibimos en la Mesa Directiva, el informe con los resultados y conclusiones principales de los trabajos de las audiencias públicas realizadas a propósito del análisis y debate relativo al posicionamiento de México ante la próxima sesión especial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas.

Dicho informe está suscrito por las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; y por los Senadores Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Salud; Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional; y Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Publíquese el informe en la Gaceta.







 

Compañeros Senadores, hago de su conocimiento que las demás proposiciones inscritas en el Orden del Día se turnarán a comisiones.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer las medidas de control y supervisión y endurecer las sanciones para evitar que los centros de verificación vehicular incurran en irregularidades o actos de corrupción; asimismo, instrumente un programa para agilizar el flujo vehicular, mejorar la eficiencia del transporte público y se optimicen los recorridos del Metro. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Los congestionamientos viales en la Ciudad de México se han convertido en un serio problema que atenta contra el medio ambiente y la salud de la población. A mediados de marzo del presente año, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica en la zona metropolitana debido a la mala calidad del aire. Desde el año 2002 no se había registrado un problema de esta magnitud.

La Ciudad de México es una de las más grandes urbes del mundo con una población que asciende a 8.8 millones de habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sin embargo, esta cifra aumenta considerablemente si se contemplan los miles de visitantes de otros estados aledaños que se reciben diariamente por motivos laborales o personales.

Según Tom Tom Traffic Index, la Ciudad de México es la más congestionada del mundo; en promedio, un viaje de 60 minutos se extiende en un 59% de tiempo extra por el tráfico.

La Capital del país se ubica en el tercer lugar de las ciudades con mayor número de embotellamientos, según lo dio a conocer Castrol Magnatec, derivado de un estudio realizado en 2015.

El Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015 –que corresponde al capítulo nacional del Reporte Global en Asentamientos Humanos, realizado bianualmente por la ONU-Hábitat– señala que los congestionamientos viales en las principales arterias que comunican los centros urbanos conllevan a un deterioro de la calidad del aire y por ende de la salud de la población, tan solo el sector transporte contribuye con el 20.4% de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), de los cuales 16.2% proviene del subsector automotor, en su mayoría por viajes en transporte individual motorizado.

La Evaluación del Programa Hoy No circula que realizó el Centro Mario Molina puso de manifiesto la necesidad de ajustar las estrategias para reducir la emisión de contaminantes atmosféricos en la Zona Metropolitana del Valle de México, en virtud que más del 43% del parque vehicular no tienen restricciones a la circulación y tienen una antigüedad menor a los 8 años.

Aunado a lo anterior, diversos medios de comunicación han hecho de conocimiento público que algunos Centros de Verificación Vehicular entregan hologramas que no corresponden a las emisiones del vehículo, hacen pasar un vehículo por otro o bien, no cumplen con los requisitos para la renovación.

De acuerdo con un análisis del Centro Mario Molina a partir de mediciones realizadas en 2015, con equipo de sensor remoto, cerca del 45% de los vehículos con holograma cero y más del 80% de los que tienen holograma dos rebasa los límites permitidos por la normatividad actual. 1

En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que resulta apremiante redoblar las acciones que contribuyan a erradicar las irregularidades que se presentan en los Verificentros, a fin de que medidas como el Hoy No Circula ayuden a disminuir los índices de contaminación atmosférica y que solamente los vehículos que cumplan con las normas ambientales en la materia puedan circular. De otra forma, la medida de emergencia de aplicar el Hoy No Circula sin importar el holograma, resultará estéril.

Además de estas acciones, resulta apremiante llevar a cabo políticas que contribuyan a mejorar la movilidad en la Ciudad de México, en virtud de que ésta no sólo afecta los tiempos de traslados de los ciudadanos, sino también tiene importantes repercusiones económicas y para el ambiente. Sin duda, un transporte público de calidad contribuirá a lograr este objetivo, tal como lo ha señalado el Centro Mario Molina.

El transporte público concesionado al sector privado (microbuses, colectivos, autobuses y taxis) es la columna vertebral de la movilidad en las ciudades. En la Zona Metropolitana del Valle de México, el 44% de un total de 21.6 millones de viajes se realiza en microbuses o colectivos y el 11% en taxis.2

De acuerdo con una encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica, 54.3% de los capitalinos opinan que los microbuses o colectivos son el peor medio de transporte; sobre los factores que causan molestia a los usuarios del servicio público, 25 de cada cien consideró el maltrato del operador, 15 reclamos por inseguridad, 13 exceso de gente en estaciones y paradas y 9 que invierten demasiado tiempo en espera.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro es uno de los principales medios de movilidad para la Ciudad de México. Sin embargo, debido a múltiples desperfectos en vías, condiciones de insalubridad, nulo mantenimiento y pocas adecuaciones para las personas con alguna discapacidad, se ha convertido en un servicio ineficaz e ineficiente.

Existe un consenso generalizado de que en las denominadas “horas pico”, es complicado subir al metro, ya que al concentrarse un número importante de personas que quieren ingresar, éstas impiden el cierre de las puestas y se suscitan problemas entre usuarios debido al poco espacio. Lo anterior se potencializa por las paradas continuas injustificadas entre cada estación, que van de unos cuantos minutos hasta horas, cuando se trata de descarrilamientos o personas que pierden la vida en las vías.

Por ejemplo, el trayecto Indios Verdes a Universidad, hace unos años se recorría en menos de una hora, hoy en día pude llegar hasta más de dos horas, lo que significa que se ha duplicado el tiempo de recorrido.

La línea 3, trasladó sólo en el año 2014, a 237 millones 395 mil 295 pasajeros, lo cual representó la mayor afluencia en la red del Metro. A pesar de ello, son múltiples las denuncias y quejas debido a la demora y a la calidad del servicio.

En varias estaciones es común la falta de boleteros, el retaso de los trenes, además, de pinchaduras de llantas, fallas en el sistema eléctrico y en el pilotaje automático o en la apertura de puertas.

El aumento en la tarifa no se ha traducido en acciones concretas para aumentar el número de trenes y en políticas de mejoramiento en la calidad del servicio como mantenimiento y renovación de escaleras eléctricas.

Frente a este escenario poco alentador, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos importante que las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro, instrumenten diversas estrategias con la finalidad de optimizar los recorridos de los trenes en cada una de las estaciones de la red.

Todas las políticas serán insuficientes si las autoridades de la Ciudad de México no erradican la corrupción y transparentan las estrategias, acciones y ejercicio de los recursos destinados para atender el grave problema de la contaminación atmosférica que afecta la calidad de vida de los capitalinos.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que a través de las instancias competentes, fortalezca las medidas de control y supervisión, y endurezca las sanciones para evitar que los Centros de Verificación Vehicular incurran en irregularidades o actos de corrupción.

Segundo.- El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que a la brevedad, instrumente un programa para mejorar los servicios de transporte público concesionado, colectivo e individual, a fin de coadyuvar a reducir las emisiones de contaminantes y mejorar la movilidad de la población.

Tercero.- El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que diseñe e instrumente un programa de transito vial que incluya entre otros aspectos, el ordenamiento del transporte público y de carga; la asistencia y supervisión de cruceros; la coordinación de efectiva de semáforos; la pertinencia de los topes; la planeación de construcción y rehabilitación de obra pública; a fin de evitar embotellamientos y garantizar el tránsito eficiente y seguro de personas y vehículos en la entidad.

Cuarto.- El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que establezca las acciones, estrategias y programas necesarios, con el objeto de optimizar los recorridos y frecuencia del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Quinto.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a las entidades que integran la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a fortalecer las acciones para evitar que los Centros de Verificación Vehicular incurran en actos de corrupción.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 7 de abril de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.

1 http://centromariomolina.org/mejorar-la-calidad-del-aire-en-el-valle-de-mexico-es-urgente-y-un-gran-reto-para-la-sociedad/

2 http://www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20Urbana%20en%20Mexico%202014-2015%20-%20Final.pdf





 

De los Senadores integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con punto de Acuerdo en relación a la construcción de la planta de producción de la empresa KIA Motors, México, S.A. de C.V., en el municipio de Pesquería, en el estado de Nuevo León. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Los que suscriben, Senadores integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 87 numeral 5, 108, numerales 1 y 2, 109 y 276 numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Que el 27 de agosto de 2014, el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto dio a conocer una inversión de 1,500 millones de pesos por parte de la empresa KIA Motors México, S.A de C.V., (En adelante, la empresa) para la construcción de una planta de producción en el municipio de Pesquería, en el estado de Nuevo León.

De acuerdo con información de la empresa, desde 2014 se iniciaron los trabajos de construcción de la planta productiva, compuesta por diferentes naves industriales, estampado, soldadura, pintura y ensamble, así como un grupo de proveedores. Esta infraestructura permitirá aumentar las capacidades de producción.

Actualmente, esta planta presenta un avance del 98% en su construcción, sin embargo, quedan pendientes algunos temas de infraestructura externa para su operación. La inversión estimada para este proyecto es de más de 43 mil millones de pesos, siendo la más alta que la empresa haya asignado a un país. La producción del proyecto aportará un crecimiento aproximado al 12% en las exportaciones mexicanas de automóviles ligeros.

2. Que para concretar la inversión de lo que se convertiría en la mayor planta automotriz de nuestro país, el Gobierno del Estado de Nuevo León (En adelante, Gobierno Estatal) suscribió un convenio con la empresa en el que se establecieron diversos compromisos por parte del Gobierno Estatal para facilitar la instalación de esta empresa y la generación consiguiente de empleos.

Dichos compromisos versaron sobre la reducción o condonación temporal de algunos impuestos estatales, aportación del terreno y obras de infraestructura como construcción del acceso de la escala de ferrocarril y de la conexión de gas natural.

3. Que al día de hoy el proyecto tiene un avance del 98% de la construcción. Sin embargo, no se ha cumplido con la construcción de las obras de infraestructura tales como: la desviación de un gasoducto que pasa cerca de las instalaciones de la empresa, la construcción de un drenaje pluvial y la espuela del ferrocarril.

4. Que el Gobierno Estatal ha solicitado a la empresa la renegociación del acuerdo y su imposibilidad de cumplirlo por problemas financieros. La empresa ha manifestado que no puede modificar un convenio que fue base para que dos años atrás decidieran hacer la inversión en México y no en otro país. Sin embargo, pueden financiar las obras siempre y cuando el Gobierno del Estado se comprometa a pagarles.

CONSIDERACIONES

1. Que diversos gobiernos estatales mantienen negociaciones con empresas extranjeras para poder atraer inversiones y empleos a sus estados y han manifestado su temor al posible incumplimiento, por parte del Gobierno Estatal, que pueda afectar la imagen que México tiene de certeza y confiablidad.

2. Que la importancia que para nuestro país tiene la inversión extranjera directa que permite generar y ofrecer empleos de calidad a nuestros connacionales y en congruencia con lo que los Senadores integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, hemos venido impulsando, manifestamos nuestra preocupación por las consecuencias de la falta de conclusión de estos acuerdos, toda vez que, pudieran desincentivar no solo la inversión en el estado, sino tener consecuencias que impacten negativamente en los estándares internacionales para la atracción de capitales a nuestro país.

3. Que a través del diálogo y las negociaciones se puedan generar puentes de entendimiento que permitan las modalidades adecuadas para que este convenio se cumpla.

Por lo anteriormente expuesto, los miembros de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República, en el ámbito de respeto a la Soberanía de las Entidades Federativas, exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo León, a que en el ámbito de sus facultades, honre el acuerdo y dé cumplimiento a los convenios contractuales celebrados con la empresa KIA Motors México, S.A de C.V., para mantener la imagen de certeza y confiablidad que México tiene ante las empresas extranjeras.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Héctor Larios Córdova.
Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial





 

Del Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a liberar al Dr. José Manuel Mireles y a los integrantes de los grupos de autodefensas a los cuales se les hayan violado sus derechos procesales y humanos. Se turna a la Comisión de Justicia.

RAÚL MORÓN OROZCO, legislador ante la LXIII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 108, 109, 175, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Como todas y todos sabemos, a comienzos del año 2013 en México se vivió un fenómeno que sorprendió al mismo Estado mexicano, a la sociedad nacional e internacional: el alzamiento en Michoacán de los grupos de autodefensas en contra del crimen organizado.

México vivía, y sigue viviendo ya en otra fase, una profunda fractura en todos los órdenes de su estructura social, económica y política: una resquebrajadura que se registra en los miles de muertos y desaparecidos de los últimos años, una fractura civilizatoria con mucha sangre de por medio y también con una deshumanización inédita. Los dos últimos gobiernos han querido normalizar y enmascarar, con un discurso belicista y triunfalista, la corrupción política, jurídica y judicial, la impunidad de miles de delitos y homicidios sin un acto de justicia que los contenga y la situación de indefensión que, de manera real y potencial, viven todas y todos los mexicanos.

Es en este contexto que irrumpieron las autodefensas en Michoacán y Guerrero, principalmente. En Michoacán, esta irrupción de autodefensas parecía que, en un tiempo relativamente rápido, un año (2013-2014), obligaría al debilitamiento del crimen organizado y a la misma reconfiguración del Estado mexicano. El apogeo de las autodefensas se manifestaba en ese avance que amenazaba con “tomar” Morelia, la capital del estado, y con un latente empoderamiento de la sociedad ante su propia indefensión. Las autodefensas fueron un movimiento que respondió desesperadamente a esta crisis, prácticamente sin salida en el corto plazo por su complejidad y cuyos elementos fueron la vulnerabilidad extrema de la sociedad ante la acumulación de poder y crueldad del crimen organizado; la ausencia ominosa y muchas veces de abierta complicidad del Estado con el crimen organizado: la aniquilación que desbordaba y desbarataba expectativas inmediatas de vida en comunidades y pueblos enteros.

El sábado 16 de marzo de 20014, Juan Manuel Mireles dio a conocer en redes sociales un comunicado. Era una exhortación de unidad y de cambio de rumbo, dirigido a los otros líderes de las autodefensas. Mireles reconoció lo obvio –que atravesaban “momentos difíciles”– y afirmó que la “traición” del gobierno federal se manifestaba en la detención en ese momento de Hipólito Mora: “Y ya vienen por nosotros, seguimos los demás. Nos quieren amedrentar, nos quieren aniquilar. Ojalá pudiéramos retirarnos, vivir en paz, ojalá el gobierno tuviera el control del estado… ojalá, pero no es así. A Michoacán lo gobiernan Los Templarios. Ahora nos persiguen Los Templarios y el gobierno, el Ejército, la Marina y todas las policías”.

En dicho comunicado es muy clara la descripción que hace el entonces líder de las Autodefensas del callejón sin salida al que se enfrentaban y también la inminente persecución política en su contra que se anunciaba desde el gobierno federal: “Nos coordinamos con la autoridad y nos sentamos en sus mesas, nos llamaron aliados, avanzábamos juntos, se sacaron fotos con nosotros que dieron la vuelta al mundo, con un afán perverso de tratar de convencer a la opinión pública de que Michoacán ya estaba controlado. Públicamente y en privado nos llamaron interlocutores válidos, nos dijeron al Consejo Nacional de Autodefensas que ya nos habían investigado y que éramos gente honesta y confiable, algunos nos dieron protección, pero querían a cambio silencio”.

El Acuerdo de Tepalcatepec que firmaron una parte de las Autodefensas con el gobierno federal, a través de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo integral de Michoacán, el 27 de enero del 2014, en realidad había sido una estrategia para frenar el impacto mediático y la legitimidad que estaban produciendo las Autodefensas en el imaginario político nacional e internacional, una manera de asimilar la crisis y fractura del orden social e institucional en Tierra Caliente.

En este acuerdo las Autodefensas se comprometieron a incorporarse a los Cuerpos de Defensa Rurales. Al inicio de dicho documento se puede leer: “Las autodefensas se institucionalizan al incorporarse a los cuerpos de defensa rurales”. El acuerdo constaba de 8 puntos, en los cuales se decretaba, además de esta institucionalización, que sería temporal dicho pacto, la elaboración de un registro de integrantes y de armas de las autodefensas, así como tenues medidas contra la situación global de violencia en términos estructurales: auditorías a municipios de la región de Tierra Caliente; rotación de ministerios públicos, federales y locales; aplicar “todo el peso de la ley” a aquellos servidores públicos municipales y estatales “que tengan responsabilidad penal o administrativa, y que se encuentre totalmente acreditada”, entre otros compromisos que hasta la fecha siguen sin cumplirse, a pesar de que el titular de dicha Comisión, Alfredo Castillo Cervantes, fue removido y acusado de mentir y violar la ley en su responsabilidad como comisionado.

Es claro que el movimiento de Autodefensas fue un llamado al Estado de derecho y al restablecimiento de las condiciones “normales” de vida en Michoacán. Sin embargo, lejos de que el Gobierno Federal actuara ante este llamado de acuerdo a sus atribuciones en materia de seguridad y procuración de justicia, fue evidente la instrumentalización y la cooptación del movimiento por parte del Gobierno Federal, así como los beneficios facciosos que éste obtuvo con dicha acción; además, permitieron en un primer momento y lo que penalizaron en otro: el uso legítimo del derecho a defenderse de poblaciones de la Tierra Caliente ante la ausencia de la autoridad que permitió el crecimiento del crimen organizado.

Fue en este contexto que persiguieron y detuvieron a integrantes de este movimiento de Autodefensas, entre ellos a uno de sus líderes más visibles, el Dr. José Manuel Mireles, el 27 de junio de 2014.Las acciones penales ejercidas en contra de Mireles y más integrantes de los grupos de Autodefensas fueron manipuladas, ineficaces jurídicamente, y que a la vista son improcedentes legalmente, tal como se observa de las resoluciones judiciales que han recaído en las respectivas causas penales. El abogado del Dr. Mireles ha informado públicamente que “en el curso del proceso penal se ha demostrado la falsedad del delito de posesión de mariguana y cocaína, pues las “sembraron” los policías que lo detuvieron en el poblado de La Mira, Michoacán.

Sobre la posesión de armas, la defensoría de Mireles insiste que fue público que el comisionado Alfredo Castillo acordó con las mismas Autodefensas que estuvieran armados e, incluso, asistió a los eventos donde se registraron sus armas. “Sí hubo licencia para portar estas armas. ¿Cuál fue esta licencia? La que les dio el gobierno de la República en el momento que les permitió armarse y combatir a los delincuentes; combatir junto con el Ejército mexicano y la Policía Federal a los delincuentes, y luego los legaliza”, afirma la defensa. El mismo gobierno federal ha negado la existencia de un acuerdo o convenio con las autodefensas en el uso de las armas de alto poder; sin embrago, en los operativos conjuntos lo permitieron y ahora solo actúan en contra de quien fue el líder de las Autodefensas.

¿No es esto un acto de irresponsabilidad legal, de violación al debido proceso? ¿No son éstos actos de autoritarismo, de quien ve a la Procuración de Justicia como un mecanismo de control social y la utiliza de acuerdo a su interés y conveniencia? ¿Quién o quiénes son responsables, por acción u omisión, de la ineficacia e impunidad que ha generado esta reiterada violación de derechos humanos, de la comisión de faltas administrativas y penales derivadas de la situación de inseguridad que se ha vivido en Michoacán?

Es claro que entre los derechos violados al Dr. José Manuel Mireles y demás integrantes del movimiento de autodefensas en Michoacán, se encuentran los siguientes:

• Se vulnera la igualdad de medios entre la acusación y la defensa; se suscitan graves cuestiones sobre la posible intimidación y la fiabilidad en los testimonios de las personas que deponen en su contra; así también como es violatoria la forma de  obtención de pruebas en las que se sustentaron las acusaciones, ya que éstas en varios de los casos se encuentran afectadas de nulidad por haberse obtenido de manera ilegal, sin ajustarse a los protocolos y estándares que rigen el registro, custodia y procesamiento científico de dichos indicios.

• Las filtraciones a la prensa, y haber sido exhibido ante los medios de comunicación como autor de los delitos sin sentencia, cuando aún no había sido legalmente procesado ni condenado, son una clara muestra de violaciones a derechos fundamentales por parte de los órganos encargados de procuración de justicia, e incumplimiento de las directrices sobre la función de los fiscales, aprobadas por las Naciones Unidas en 1990.

• De igual forma, en estos casos el estado no  cumplió con su obligación de garantizar que el  fiscal ejerciera sus funciones sin intimidación, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad  penal o de otra índole, al  obligarlo  a ejercitar acción penal, no obstante de que en la integración de las averiguaciones, existieron violación de derechos y, en algunos casos, no se contaba con pruebas suficiente y fehacientes que sustentaran la acusación, incumpliendo con su obligación de que a ellos les compete la carga de la  prueba.

Los especialistas han dicho claro y fuerte que el Dr. José Manuel Mireles y demás integrantes del movimiento de autodefensas en Michoacán, detenidos injusta e ilegalmente, son presos políticos. Y por eso exigimos desde el Senado de la República que se resuelva la situación jurídica de los integrantes de las Autodefensas a los que fueron violados sus derechos tanto humanos como procesales, que se respete plenamente su derecho de debido proceso, de tutela judicial efectiva, de acceso a la justicia, de presunción de inocencia, entre otros.

En razón de lo expuesto y fundado, es que me permito someter a la consideración de las y los senadores de esta LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con proyecto de:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Exhorto a los poderes Ejecutivo y Judicial Federal, así como a la PGR y la CNDH, a efecto de que a la brevedad posible se libere al Dr. José Manuel Mireles y a los integrantes de los grupos de autodefensas a los cuales se les hayan violado sus derechos procesales y humanos, y para que las instancias respectivas de procuración de cumplan con sus atribuciones y responsabilidades en materia de procuración y administración de justicia que les corresponden en este caso.

Ciudad de México, el 7 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Raúl Morón Orozco.





 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo relativo al fomento del turismo productivo en Chiapas. Se turna a la Comisión de Turismo.

El que suscribe, Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL FOMENTO DEL TURISMO PRODUCTIVO EN CHIAPAS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sector turístico ha sido pieza fundamental en el desarrollo económico y social del país. En los últimos años, la presencia de México a nivel internacional ha permitido mostrar al mundo nuestra riqueza natural y cultural, de modo que nuestro país se ha posicionado como uno de los mejores destinos a nivel internacional.

De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), México se ubica entre los primeros diez destinos del mundo con mayor número de turistas.1 Para conservar este prestigio, el sector turístico nacional debe adaptarse a las nuevas formas de competencia y prepararse para ofrecer alta calidad en los servicios brindados a los turistas nacionales e internacionales.

Uno de los Estados que más sobresale por su oferta turística es Chiapas. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo estatal, durante 2015 Chiapas recibió 5,231,585 visitantes, una cifra ligeramente mayor a la población total del Estado (5,186,572 habitantes a junio de 2014).2

Esta afluencia turística tuvo como resultado una derrama económica de $17,263 millones de pesos y generó una ocupación hotelera promedio de 39.6%. Además, el turismo en Chiapas tiene una tasa media anual de crecimiento del 8.6%.

Con respecto al origen de los turistas que visitan Chiapas:3

• 4,646,342 (89%) son de origen nacional; principalmente de la Ciudad de México(24%), Estado de México (11%), y Veracruz (6%).

• 585,243 (11%) son de origen extranjero; principalmente de Francia (12.2%), España (11.7%), y Estados Unidos (11.1%)

Los destinos más visitados en Chiapas son:4

• San Cristóbal de Las Casas 21%

• Tuxtla Gutiérrez 19%

• Palenque 16%

• Tapachula 9%

• Chiapa de Corzo 6%

• Comitán de Domínguez 4%

• Tonalá 4%

Cabe destacar que las zonas arqueológicas recibieron 1,346,646 visitantes, es decir que 1 de cada 5 turistas que visitan Chiapas, prefieren el turismo arqueológico. Las zonas arqueológicas más visitadas fueron:5

• Palenque 73%

• Yaxchilán 7%

• Lagartero 5%

• Bonampak 4%

• Toniná 4%

Sin embargo, en Chiapas pueden desarrollarse varias modalidades de turismo, distintas al arqueológico. Los tipos de turismo más sobresalientes son:6

• Naturaleza y aventura 64%

• Cultura 25%

• Negocios 7%

• Otros 4%

A pesar de que estas cifras son positivas, Chiapas aún cuenta con un gran potencial turístico no aprovechado. Con respecto a los atractivos naturales, Chiapas posee 7 de los 9 ecosistemas más representativos en el país. Es segundo lugar nacional en términos de biodiversidad al poseer 1 de cada 3 especies de anfibios, 1 de cada 4 especies de reptiles, 3 de cada 4 aves, 1 de cada 2 de mamíferos y 1 de cada 3 especies de flora que existen en nuestro país. Además, alberga 46 Áreas Naturales Protegidas (ANPs).7

Las ANPs federales localizadas en Chiapas son:8

Nombre del ANP

Año de Decreto

Superficie (hectáreas)

Monumento Nacional (MN) Bonampak

1992

4,357

Parque Nacional (PN) Cañón del Sumidero

1980

21,789

Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Cascada de Agua Azul

1980

2,580

APFF Chan-kin

1992

12,185

Reserva de la Biosfera (RB) El Triunfo

1990

119,177

RB Lacan-Tun

1992

61,874

RB La Encrucijada

1995

144,868

PN Lagunas de Montebello

1959

6,022

RB La Sepultura

1995

167,310

APFF Metzabok

1998

3,368

RB Montes Azules

1978

331,200

APFF Naha

1998

3,847

PN Palenque

1981

1,772

Santuario Playa de Puerto Arista

1986

63

RB Selva el Ocote

2000

101,288

RB Volcán Tacaná

2003

6,378

MN Yaxchilán

1992

2,621

Área de Protección de Recursos Naturales (APRN) Zona de Protección Forestal "La Frailescana"

2007

116,732

Por otra parte, con respecto a los atractivos culturales, además de las zonas arqueológicas ya mencionadas, Chiapas cuenta con 12 de los 62 pueblos indígenas reconocidos oficialmente en México. Estas etnias son la Tseltal, Tsotsil,

Ch´ol, Tojol-ab´al, Zoque, Chuj, Kanjobal, Mam, Jacalteca, Mochó, Cakchiquel y Lacandona o Maya Caribe.9 Asimismo, Chiapas tiene actualmente 4 Pueblos Mágicos, que son San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez y Palenque.10

En lo relativo al turismo religioso, el “Cristo de Chiapas” es una estatua monumental que se erige en lo alto del cerro Mactumaczá, en el ejido de Copoya, al sur de Tuxtla Gutiérrez. Mide 62 metros, superando a otras obras en el mundo como el Cristo Redentor de Brasil que mide 30 metros.11 Además, San Cristóbal de las Casas cuenta con importantes conventos e iglesias, algunas de ellas fundadas en el siglo XVI.12

Asimismo, con respecto al turismo de negocios, Chiapas cuenta con 4,167 empresas de diversos giros, registradas en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). Los municipios con mayor número de empresas son: Tuxtla Gutiérrez (2,970), San Cristóbal de las Casas (396) y Villaflores (163). 13

Para movilizar al turismo, Chiapas cuenta con infraestructura importante, entre la que destacan tres aeropuertos y un puerto marítimo. La afluencia aeroportuaria en 2015 fue de 1,405,891 pasajeros, de los cuales el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo captó 1,120,960 pasajeros (80%), el Aeropuerto Internacional de Tapachula 266,677 pasajeros (19%) y el Aeropuerto de Palenque captó 18,254 pasajeros (1%).14

En lo relativo al transporte marítimo, Puerto Chiapas recibió en 2015, 24 cruceros con 52,518 personas a bordo, dejando una derrama económica de 2 millones 149 mil 056 dólares.

Por último, en lo relativo a la infraestructura para hospedaje, Chiapas cuenta con 869 hoteles y 19,079 habitaciones. Esta cifra es pequeña, comparada con Quintana Roo, que tiene 931 hoteles y 88,280 habitaciones.15

Todas estas cifras dan cuenta del gran potencial turístico en diferentes modalidades, que se puede desarrollar en el Estado de Chiapas a fin de aprovechar al máximo sus diversos atractivos y combatir la pobreza que afecta a un sector importante de la población del Estado.

Para lograr esta tarea, se requiere una labor coordinada de las autoridades federales y estatales, así como otorgar mayores recursos para fomentar la infraestructura turística en la entidad.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo, en coordinación con la Secretaría de Turismo de Chiapas, a aprovechar y promover el potencial turístico del Estado de Chiapas, incluyendo el ecoturismo, turismo cultural, arqueológico, religioso, de aventura y de negocios, entre otras modalidades.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar mayores recursos para el crecimiento de la infraestructura turística en el Estado de Chiapas.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,
el 7 de abril de 2016.

Sen. Luis Armando Melgar Bravo.

1 Secretaría de Turismo (SECTUR). Tercer Informe de Labores 2014-2015.

2 SECTUR. DATATUR. Información Turística por Entidad Federativa: Chiapas (consultado en febrero de 2016) http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_CHIS.aspx

3 Secretaría de Turismo de Chiapas. Chiapas en cifras turísticas. Enero-Diciembre 2015 https://issuu.com/secturchiapas/docs/infografia

4 Ibidem.

5 Ibidem.

6 Ibidem.

7 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas. Áreas Naturales Protegidas  (consultado en febrero de 2016) http://www.semahn.chiapas.gob.mx/portal/areas_naturalesprotegidas
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 2015

8 http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/PROPUESTA_DE_RESOLUCION_DE_SUPERFICIE S_ANP_indiv_b2.pdf

9 Los nombres de las lenguas indígenas de Chiapas se encuentran escritos de la siguiente manera:
Tzeltal, Tzotzil, Chol, Tojolabal (incluye Chuj), Zoque, Kanjobal, Mame, Jacalteco, Cakchiquel y Quiché. Fuente: INEGI. 2004. La población hablante de lengua indígena en Chiapas http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/poblacio n_indigena/PerLi_Chis.pdf

10 SECTUR. DATATUR. Pueblos Mágicos de Chiapas (consultado en febrero de 2016) http://www.datatur.sectur.gob.mx/Pueblos%20Magicos/PMChiapas.aspx

11 Secretaría de Turismo de Chiapas. Cristo de Chiapas (consultado en febrero de 2016) http://www.turismochiapas.gob.mx/sectur/cristo-de-chiapas

12 Portal Histórico de San Cristobal de las Casas
https://sancristobaldelascasas.wordpress.com/category/iglesias-y-barrios/

14 Secretaría de Turismo de Chiapas. op. cit.

15 SECTUR. DATATUR. Información Turística por Entidad Federativa: Chiapas y Quintana Roo (consultado en febrero de 2016) http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_CHIS.aspx; http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_QROO.aspx





 

De los Senadores Martha Angélica Tagle Martínez y Luis Sánchez Jiménez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a determinar el no ejercicio de la acción penal de la averiguación previa con número 1215/UEIDAPLE/LE/I/2015 y promueva inmediatamente el sobreseimiento; así como la libertad absoluta al ciudadano Paulo Jenaro Díez Gargari, quien ha acreditado plenamente que no tuvo participación en el delito que se le persigue. Se turna a la Comisión de Justicia.

La suscritos Senadores, MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ y LUIS SÁNCHEZ JÍMENEZ, integrantes de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 95, 108, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE A TRAVÉS  DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DETERMINE EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA CON NÚMERO 1215/UEIDAPLE/LE/I/2015 Y PROMUEVA INMEDIATAMENTE EL SOBRESEIMIENTO, ASI COMO LA LIBERTAD ABSOLUTA AL  C. PAULO  JENARO DÍEZ GARGARI, QUIEN HA ACREDITADO PLENAMENTE QUE NO TUVO PARTICIPACIÓN EN EL DELITO QUE SE LE PERSIGUE, al tenor de las siguientes:


HECHOS

Primero.- El día 7 de septiembre de 2015, el ciudadano Paulo Jenaro Díez Gargari fue detenido en la vía pública, al parecer por 10 agentes de la Procuraduría General de la República con motivo  de una orden de localización y presentación al Ministerio Público Federal a fin de rendir una  declaración como testigo sobre averiguación previa 702/UEIDAPLE/LE/I/2015.

Una vez terminada la declaración sobre la indagatoria antes mencionada, el C. Paulo  Jenaro Díez Gargari fue detenido por el  delito de portación de arma de fuego de manera ilegal. El arma supuestamente había sido encontrada dentro de su automóvil al  momento de su localización.

El C. Paulo  Jenaro Díez Gargari desconoció los hechos y negó rotundamente el delito que se le imputaba por parte de las autoridades judiciales, ante ello se inició una nueva averiguación con número 1215/UEIDAPLE/LE/I/2015 por lo que  permaneció detenido hasta  la tarde del día miércoles 9 de septiembre  de ese mismo año, momento en el cual  el Ministerio Público Federal le concedió la libertad provisional bajo caución, ya que no se consideraba como un delito grave.

Cabe destacar que mientras permanecía detenido, la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, a través de la Dirección General de Asuntos Internos, inicio el expediente de investigación DGAI/1145/UEIDAPLE-DF/2015 a fin de determinar la responsabilidad del C. Paulo Jenaro Díez Gargari.

Segundo.- El  11 de septiembre de 2015  se presentaron nuevos elementos al expediente de investigación realizado por la Dirección General de Asuntos Interno de la Procuraduría General de la República, en donde se presentaba una videograbación tomada por una cámara de circuito cerrado de un local comercial el mismo día que fue detenido Paulo  Jenaro Díez Gargari.

En la grabación se observaba que en efecto uno de los de los agentes que participó en esta detención  fue el responsable de colocar dentro del vehículo  de Paulo Díez Gargari el arma de fuego y que además de los  agentes que lo detuvieron uno de ellos no pertenecía a la policía federal ministerial sino a la Policía Ministerial del Estado de México.

Ante estos nuevos elementos el expediente fue elevado a averiguación previa, con número 297/AP/DGDCSPI/2015, a cargo de la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución, por el probable ilícito de Falsedad en Declaraciones Judiciales y en Informes Dados a una Autoridad, en la hipótesis prevista en el artículo 248 Bis del Código Penal Federal.

El video, fue agregado a la indagatoria y se ordenó la realización de pruebas periciales, en materia de audio, video y fotografía y se requirió la comparecencia de los agentes aprehensores, además de que se realizaron inspecciones ministeriales del lugar de los hechos y del vehículo, así como la declaración del agraviado.

Aunado a esto la Procuraduría General de la República determinó, a través del dictamen en dactiloscopia realizado por sus propios peritos, que en aquella arma de fuego encontrada en el vehículo no existieron huellas que correspondieran al señor Díez Gargari. Por lo tanto el Ministerio Público ejerció acción penal de la averiguación 297/AP/DGDCSPI/2015 en contra de los agentes que participaron en el operativo.

Tercero.- El de 26 de octubre de 2015 el Juez Décimo Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, giro órdenes de aprehensión y posteriormente decreto auto de formal prisión en contra de los agentes que participaron en el operativo en el que fue detenido Paulo Díez Gargari por simular en su contra la existencia de pruebas materiales en particular la siembra de un arma de fuego.

Sin embargo, estos agentes no han sido formalmente detenidos a pesar de que el artículo 248 bis del Código Penal Federal  señala que este delito se castiga con una pena de dos a seis años de prisión.

Por otra parte, el Ministerio Público Federal aún mantiene abierta la averiguación previa 1215/UEIDAPLE/LE/I/2015 (por el  delito de portación de arma de fuego) y no ha determinado el no ejercicio de la Acción Penal, contraviniendo de esta manera el artículo 137 del Código de Procedimientos Penales, negándole la libertad absoluta al C. Díez y manteniendo un status jurídico de libertad provisional bajo caución.

Cabe destacar que C. Paulo Jenaro en su función como abogado y representante de la empresa Infraiber ha participado desde hace dos años en diversos litigios con la empresa OHL, a la que se le acusa de corrupción y tráfico de influencias  al aumentar el cobro de peaje en carreteras e  impedirle la instalación de un equipo que mediría y reportaría en forma independiente el aforo vehicular en el Circuito Exterior Mexiquense al Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM).

En los últimos años OHL se ha visto involucrada y coludida con el Gobierno del Estado de México por el desvío de más de 29.000 millones de pesos provenientes del dinero que pagan los contribuyentes del Estado de México, por tanto existen elementos suficientes para considerar seriamente la hipótesis que la ilegal detención e incriminación del delito de portación de arma de fuego del C. Paulo Jenaro Díez Gargari responden a un esquema criminal diseñado y ejecutado con la participación de servidores públicos, así como de accionistas, consejeros y empleados del GRUPO OHL y sus subsidiarias mexicanas.

La ilegal detención de la que fue objeto Paulo Jenaro Díez Gargari, el pasado 7 de septiembre de 2015; la simulación de pruebas por parte de autoridades judiciales a nivel federal; y, la permanencia como probable responsable sobre un delito en el que jamás participó constituyen, por parte del Ministerio Público, hechos flagrantemente violatorios a los derechos humanos y a las garantías constitucionales.

Además, la actuación de estos agentes rompe sistemáticamente con el Código de Ética Profesional para los agentes federales del ministerio público, el cual señala que estos deben  conducirse con trato cortés y digno al público y a los detenidos, así como velar por el respeto permanente a los derechos humanos.

En consecuencia y al  haber quedado demostrada y acreditada la  inocencia del C. Paulo  Jenaro Díez Gargari en el delito de portación de arma de fuego y conforme a lo establecido en el Código Penal Federal, es necesario que el Ministerio Público Federal determine de manera inmediata el no ejercicio de la acción penal de la averiguación previa con número 1215/UEIDAPLE/LE/I/2015 y promueva el sobreseimiento, así como la libertad absoluta.

Por lo tanto someto a esta  honorable Asamblea el siguiente;

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que a través del Ministerio Público Federal, determine el no ejercicio de la acción penal de la averiguación previa con número 1215/UEIDAPLE/LE/I/2015 y promueva inmediatamente el sobreseimiento, así como la libertad absoluta del C. Paulo Jenaro Díez Gargari, quien ha acreditado plenamente que no tuvo participación en el delito que se le persigue.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de abril de 2016.

Suscriben

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.- Sen. Luis Sánchez Jiménez.





 

De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a enviar un informe sobre los principales resultados de las acciones implementadas para la prevención, atención y diseminación de la tuberculosis en nuestro país. Se turna a la Comisión de Salud.

La suscrita, Senadora CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

La tuberculosis es una enfermedad producida por la bacteria Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis). Se trata de una infección contagiosa que afecta en el 85% de los casos directamente a los pulmones y es factible de propagarse a otros órganos.

Es importante mencionar la facilidad con que se puede contagiar de un ser humano infectado a otro sano, ya que se transmite vía aérea, por la inhalación de gotitas de agua provenientes de la tos o el estornudo de una persona enferma.

Esta enfermedad fue la causante del 25% de las muertes de personas adultas en el Continente Europeo durante los siglos XVII y XVIII.

Actualmente, la tuberculosis constituye un desafío para la salud pública de países como el nuestro, ya que una persona con esta enfermedad, pero sin tratamiento,  puede infectar de 15 a 20 personas por año.

Los grupos que se encuentran mayormente expuestos a contraer esta enfermedad son los ancianos, los menores de edad, las personas con sistemas inmunitarios debilitados, por ejemplo, los que tienen VIH/SIDA, diabetes, o llevan un tratamiento de quimioterapia o medicamentos que afectan su sistema inmunológico.

La primera fase de la tuberculosis es generalmente asintomática; sin embargo, una vez avanzado el padecimiento se presentan, entre otros síntomas, la dificultad respiratoria, el dolor de pecho, la tos (con expectoración de mucosidad), expectoración de sangre, sudoración excesiva, fatiga, fiebre, pérdida de peso y sibilancias.

Esta enfermedad se encuentra presente prácticamente en todo el país. De acuerdo con la Secretaría de Salud,1 las entidades federativas con mayor número de nuevos casos y muertes por esta causa, son: Baja California, Veracruz, Guerrero, Sonora, Tamaulipas, Chiapas, Nuevo León y Tabasco. La mayor concentración de afectados se encuentran en las grandes ciudades o municipios como Tijuana, Mexicali, Juárez, Veracruz, Acapulco, Reynosa, Matamoros, Hermosillo, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Monterrey y Tabasco.

La Organización Mundial de la Salud estima que en 2014, un total de 9.6 millones de personas padecieron esta enfermedad y 1.5 millones murieron a causa de ella.

Es necesario mencionar que durante los últimos 25 años, la tasa de mortalidad de esta enfermedad se redujo en 47%, salvándose 43 millones de vidas gracias a un diagnóstico oportuno y un adecuado tratamiento a esta enfermedad. No obstante, 140 mil niños y niñas perdieron la vida.

Es posible prevenir esta enfermedad, incluso en aquellas personas expuestas a otra persona contagiada, mediante algunas pruebas entre las que sobresale la cutánea, la cual se usa en poblaciones de alto riesgo o en personas expuestas a esta enfermedad.

El éxito de la prevención depende de la supervisión estricta de la toma del medicamento y de la realizada por parte del personal especializado.

En el año 2012, la Secretaría de Salud presentó el Perfil Epidemiológico de la Tuberculosis en México, donde se señala que existe más del 85% de casos de éxito en el tratamiento de esta enfermedad.

La presencia de este padecimiento registra una tendencia a la alza, cada año se detectan alrededor de 15 mil nuevos casos de tuberculosis pulmonar y cerca de 2 mil defunciones, razón por la cual es necesario fortalecer las políticas públicas encaminadas a combatir esta enfermedad.

Es en base a estas consideraciones que someto a esta Honorable Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a enviar un informe a esta Soberanía sobre los principales resultados de las acciones implementadas para la prevención, atención y diseminación de la tuberculosis en nuestro país; asimismo, exhorta a las dependencias de salud de las entidades federativas a reforzar la estrategia para prevenir y atender esta enfermedad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Carmen Dorantes Martínez.

1 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/tuberculosis

(Intervención de la Senadora Carmen Dorantes Martínez)







 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Silvia Guadalupe Garza Galván, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a revertir las modificaciones que han endurecido el Programa Hoy No Circula, toda vez que a lo largo de dos décadas ha demostrado ser una política pública ineficaz para bajar los índices de contaminación ambiental, así como llevar a cabo diversas acciones que contribuyan a mejorar la calidad del aire en la ciudad. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ VALENZUELA, JORGE LUIS LAVALLE MAURY Y FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senadores a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REVIERTA LAS MODIFICACIONES QUE HAN ENDURECIDOEL PROGRAMA HOY NO CIRCULA, TODA VEZ QUE A LO LARGO DE DOS DÉCADAS HA DEMOSTRADO SER UNA POLÍTICA PÚBLICA INEFICAZ PARA BAJAR LOS ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, ASÍ COMO LLEVAR A CABO DIVERSAS ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDADal tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Introducción.

Debido a los altos niveles de contaminación captados en 1989en la Ciudad de México (por encima de los 300 puntos IMECA),el Gobierno de la Ciudadimplementó un Plan de Contingencia Ambiental, que sirviera para mitigar los niveles elevados de contaminación, por tal motivo se creó el Hoy No Circula que consistió en la restricción de la circulación por un día entre lunes y viernes, dependiendo del último número de la placa vehicular, con lo que 7,000 vehículos dejaron de circular al día. Aunque dicho programa estaba programado únicamente durante la etapa invernal, un año después se determinó que fuera permanente.

2.- Causas de la contaminación atmosférica:

Tras décadas de malas decisiones en políticas públicas por parte del gobierno de la Ciudad, en dónde alrededor del 65% de los recursos destinados a la movilidad fueron para privilegiar el uso del automóvil particular, sin que se buscaran alternativas para mejorar el transporte público de manera que fuera más eficiente seguro y menos contaminante, lo que nos ha llevado casi al borde del colapso en la ciudad y ha ocasionado ya problemas en la salud de las personas.

De acuerdo con un estudio de la Profeco, se realizan 40 millones de viajes en el área metropolitana, de los cuales 83% de los viajes se realizan dentro de la CDMX. 53% de los viajes es realizado en transporte público y 17% en transporte privado. Aproximadamente el 35% del presupuesto destinado a la movilidad se destina al transporte público.

Según datos del gobierno capitalino, existen alrededor de 28,000 microbuses o “peceros” que no han sido sustituidos, razón por la cual llegan a emitir hasta el triple de gases contaminantes que un transporte regular. En este sentido, es de observar que únicamente se han otorgado 2 mil 239 créditos a microbuses para “modernizar y mejorar el servicio”, lo que representa apenas el 8 por ciento del total de unidades, lo cual evidentemente resulta ineficiente para las miles de personas que lo utilizan.

La ONG “Presencia Ciudadana”, señala que 60% de los viajes que realizan los usuarios del Distrito Federal es en microbús, de los cuales en su mayoría son unidades de principios de la década de los noventa y el 95% ha cumplido ya su vida útil. De acuerdo con dicha asociación existen 106 rutas y mil 163 ramales, Resulta increíble que el Gobierno capitalino todo este tiempo ha sido omiso en actuar, dado que aún y teniendo conocimiento de que el transporte público es el que más contamina durante todas estas décadas no haya hecho alguna acción importante para renovar, mejorar y hacer un transporte público verdaderamente eficiente.

Y para colmo, en las ultimas 3 administraciones de la Ciudad de México se han talado 56 mil 553 árboles. En esta administración han sido 9 mil árboles esta reducción de espacios verdes para la construcción de obras públicas y desarrollos privados tiene una conexión directa con el aumento del parque vehicular, el sedentarismo de la población y el aumento de la contaminación.

Miguel Ángel Mancera endurece el Hoy No circula cuando la condición del aire ya es deplorable, no hay ninguna política para prevenir una contingencia ambiental. El Hoy no Circula solo mejora unos cuantos puntos el Imeca la calidad del aire y después es suspendido. Esta no es una solución viable a largo plazo.

En este sentido, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, aprobó el siguiente dictamen:

20 de agosto de 2014 aprobado por la Comisión Permanente.

PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal y a los Gobiernos de los Estados de la Zona Metropolitana del Valle de México, a buscar medidas alternativas adicionales al Programa Hoy No circula, que abonen a la disminución del impacto negativo por el uso de vehículos automotores en el territorio de su jurisdicción.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita de manera respetuosa al Gobierno del Distrito Federal y a los Gobiernos de los Estados de la Zona Metropolitana del Valle de México, para que por medio de la COMETRAVI, desarrollen políticas públicas en beneficio de los usuarios del transporte público .

TERCERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federaly a los Gobiernos de los Estados de la Zona Metropolitana del Valle de México, a proporcionar información sobre las acciones realizadas en materia de prevención de la contaminación que se han aplicado en sus respectivas administraciones al parque vehicular, particularmente el de servicio público de gobierno, y a la industria.

CUARTO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a las autoridades ambientales de las entidades que integran la Zona Metropolitana del Valle de México consideren emitir una política pública integral sustentable en materia de mejora de la calidad del aire, el medio ambiente y la movilidad para la zona metropolitana del Valle de México e instrumenten acciones que fomenten una cultura ecológica en los ciudadanos, con el fin de reducir el uso de agentes contaminantes que dañen la calidad del aire y el medio ambiente de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Adicionalmente, es importante mencionar que el talón de Aquiles del Programa Hoy No Circula, han sido los centros de verificación, dado que son lugares donde se propician actos de corrupción, ejemplo de ello, están las clausuras que realizó la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal a 39verificentros en el año 2014, en las delegacionesde Iztapalapa, Iztacalco, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Tláhuac, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, en donde además se detuvieron a personas implicadas en actos de corrupción, fue así, como se demostró que operaban con irregularidades en el proceso de verificación así como en la transmisión de videos al Centro de Inspección y Vigilancia Ambiental Remota.Aunado a ello, los llamados coyotes, a cambio de 600 pesos ofrecían engomados a los automovilistas para que se puedan liberarse de la obligación de dejar de circular dos días a la semana. Así mismo, según el boletín 082/2015 emitido por la Secretaría de Medio Ambiente, hasta el mes de abril del presente año, han sido clausurados 7 verificentros, por actos de corrupción.

El día 1 de julio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 88/2015 en el sentido de que procede la suspensión de actos reclamados, en promoción de juicios de amparo en los que se reclame que el año del vehículo limite la obtención de determinado holograma y que el otorgamiento de éste sea de acuerdo al número de emisiones y no por el año del vehículo. Por lo que el día 8 de julio mediante el Gobierno de la Ciudad, se emitió nuevos lineamientos del Nuevo Programa Hoy No Circula, los cuales debían de tomar en consideración la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo anterior, la Comisión Permanente aprobó un Dictamen en el que se exhortaba al gobierno capitalino a dar atención a lo siguiente:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que refuerce los programas enfocados al combate a la corrupción en los centros de verificación vehicular.

SEGUNDA.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, para que en coordinación con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, se refuercen los programas en las Entidades Federativas que integran dicha Comisión, a fin impulsar acciones tendientes a erradicar actos de corrupción en los verificentros.

Otro aspecto del Hoy No Circula, es que a la ciudad no atienda temas de manera integral, dado que ayer en plena contingencia ambiental permitió que se llevaran a cabo 9 marchas o manifestaciones en la vía pública que afectaron la vialidad de la Ciudad de México y por ende contribuyeron a elevar los índices de contaminación:

1. Manifestación a las 09:00 horas en Av. Paseo de la Reforma N° 164, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc.

2. A las 10:00 horas concentración en Calle Marsella N° 77  Colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc.

3. También a las 10:00 horas, demostración en el café Colon, Calle Bajío N° 190 Esquina Medellín, colonia Roma Sur, delegación Cuauhtémoc.

4. A las 11:00 horas, un grupo de personas se reunió en Eje 2 Norte Manuel González N° 171, colonia San Simón Tolnáhuac, delegación Cuauhtémoc.

5. Concentración a las 12:00 horas en Av. Alfonso Reyes N° 30 Esquina Diagonal Patriotismo, colonia Hipódromo Condesa delegación Cuauhtémoc.

6. Otra más a las 12:00 horas en Av. Insurgentes Sur N° 3000 Circuito Escolar s/n. Ciudad Universitaria, delegación Coyoacán.

7. A las 16:00 horas un grupo de personas en el Ángel de la Independencia. Av. Paseo de la Reforma Esq. Eje 2 Florencia colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc.

8. A las 18:00 horas marcha en Av. Hidalgo y Paseo de la Reforma, colonia Guerrero, delegación Cuauhtémoc, rumbo a la Calle Donceles Esquina Allende s/n, colonia Centro Histórico, delegación Cuauhtémoc.

9. Av. Insurgentes Sur N°825, colonia Nápoles, delegación Benito Juárez.

3.- Críticas de expertos

Investigadores han sido tajantes en cuestionar las determinaciones del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas aprobadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, debido a que el programa en cuestión no incluye a industrias o servicios que usan intensamente solventes orgánicos como son talleres de muebles o de hojalatería y pintura que utilizan compuestos que intervienen en la formación de ozono.

Otra observación que advierten los investigadores es que los restringir la aplicación de programas a 16 delegaciones y 18 municipios incrementa desproporcionalmente el peso de la mitigación sobre los habitantes de esas regiones.

Adicionalmente, mencionan que la aplicación prolongada del Hoy No Circula, favorece a la adquisición de vehículos adicionales y no promueve la renovación de la flota vehicular, tal y como ocurrió en los 90´s.

Lo preocupante es que el Gobierno de Mancera hasta ahora no haya tomado en cuenta la opinión del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM en dónde están los expertos en calidad del aire y tomar en cuenta la experiencia de los investigadores más prestigiados de nuestro país en materia de calidad del aire.

En un inicio el Hoy No Circula mejoró de manera temporal la vialidad logrando reducir el consumo de gasolina en un 5% según datos del Dr. Héctor Riveros Rotgé, Investigador de la UNAM. Sin embargo resulta ineficiente sino se ponen en marcha medidas complementarias. Debido a que 80% de las emisiones de contaminación son producidas por el transporte público, dado que no cuentan con un programa que regula la cantidad de contaminación que emiten al medio ambiente. Según el investigador de la UNAM, … “hasta antes de que existieran las calcomanías “cero” y “doble cero”, el “Hoy no circula” únicamente fue un incentivo para la compra de vehículos viejos y lo que provocaron las calcomanías cero y doble cero fue que las personas adquirieran un coche reciente evitando que las personas dejen de circular un día a la semana”.

Lo señalado por el investigador de la UNAM, cobra sentido si tomamos en consideración la pasada XIX Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe realizada el 14 de marzo de 2014, en donde se analizó la situación del transporte público y en donde se reconoció que el sector transporte es la principal fuente de contaminantes del aire de la región. También es una de las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y procedentes de combustibles fósiles, y una de las de mayor crecimiento.

El Centro Mario Molina ha señalado que muchos vehículos que generan altos niveles de emisiones y que lograron acceder al holograma cero, fue aprovechando prácticas de corrupción y fallas evidentes en los sistemas de verificación, y que a partir de mediciones realizadas en 2015 con equipo de sensor remoto, cerca del 45% de los vehículos con holograma cero y más del 80% de los que tienen holograma dos, rebasa los límites permitidos por la normatividad actual.

Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizó un estudio donde analiza los efectos que tienen distintas concentraciones de contaminantes atmosféricos sobre el número de visitas a hospitales por motivo de enfermedades respiratorias agudas (infecciones respiratorias altas [IRA] e infecciones respiratorias bajas [IRB]) y otras enfermedades respiratorias en Monterrey y el Distrito Federal. El estudio mostró que a medida que aumenta la contaminación, las visitas a hospitales por enfermedades respiratorias también se incrementan en ambas ciudades.

Aunado a ello, CTS-EMBARQ  México, señala que el  transporte  representa  una  de  las  principales  fuentes  de emisiones y consumo energético en el país, pues en 2006 generó el 20% de las emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero (GEI), además de que consume el 95% de la gasolina del país. El parque vehicular  total  en 2010  se  conformaba  por  más  de 24  millones  de  unidades,  con  una  proyección  de casi 54 millones para 2035.

4.- A un día de la restricción adicional al Hoy No Circula….

El Sistema de Monitoreo Atmosférico precisó que la calidad del aire es muy mala específicamente en las estaciones Tlalpan y Cuajimalpa, con 156 y 151 puntos Imeca, todo el Valle de México tiene alta concentración de contaminantes.  Pese al "Hoy No Circula" total, el ozono en el sureste de la Ciudad de México alcanzó los 156 puntos Imeca, en un nivel mayor a 150 se debe entrar en fase 1 de contingencia ambiental. Por lo cual, Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció medidas extraordinarias al Hoy No Circula, a fin de que el día de hoy no circularan los vehículos con engomado color rojo terminaciones 3 y 4, así como engomado azul con placas 9 y 0, sin importar el engomado; así como motos con terminaciones 3,4,9 y 0.

Lo anterior, deja en evidencia que las medidas que impone el Gobierno capitalino, son únicamente para bajar niveles de contaminación atmosférica sin que sean medidas que ataquen el problema de origen.

En solidaridad, el gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal deberían restringir el uso de vehículos oficiales que no presten servicios a la comunidad.

Por lo que respecta al transporte existieron quejas por parte de los usuarios, porque los microbuses, pese a estar a su máxima capacidad, seguían subiendo gente, el servicio era lento y mucha gente tuvo que esperar hasta 20 minutos para tomar el transporte.

Un total de 442 automovilistas han sido multados por violar el artículo 47 que establece que los conductores de autos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones.

Hoy No Circula cuando hay movilidad vial del regreso a clases de más de un millón 700 mil alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria, además del personal docente y padres de familia.

En el Metrobús el acceso para mujeres acumulaban filas de más 100 personas para ingresar a la unidad con destino a la Glorieta de Insurgentes.

La policía capitalina colocó en avenidas principales señalizaciones con mantas y lonetas los anuncios que prevenían a los automovilistas sobre el programa Hoy No Circula.

El secretario de salud Armando Ahued incluso reconoció en un tuit la ineficacia del programa y lamentaba el comienzo de otra contingencia ambiental.

Otra medidaimplementada por el Gobierno de la Ciudad que permitiera mitigar los niveles de contaminación, fue realizar el cambio de los convertidores catalíticos de los vehículos viejos con lo cual la mitigación de la contaminación sería reducida, de acuerdo con la declaración de la Secretaria de Medio Ambiente, Tania Müller, en el sentido de “que será posible solo de lograrse el cambio de convertidores en el 100 por ciento de los automóviles con más de 15 años en el DF pues un vehículo con convertidor catalítico contamina hasta 80 veces menos”.

Con la finalidad de enfrentar la contingencia ambiental en la Ciudad de México, el Jefe de Gobierno exhortó al Titular del Ejecutivo Federal a aportar 5 mil millones para crear un fondo destinado a mejorar el transporte de la ciudad y reducir así los índices de contaminación.

5.- Datos a considerar

De acuerdo, con estadísticas que arrojaron de la encuesta realizada en el mes pasado por Parametría, el 56 por ciento de los entrevistados que habitan la Ciudad de México se sienten verdaderamente preocupados por la contingencia ambiental que se ha presentado en los últimos días, ello en relación con datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, que manifiesta que existe un vínculo entre la exposición a la contaminación atmosférica y las enfermedades cardiovasculares, de gran impacto en la salud de la población.

Cabe destacar que los habitantes de la Ciudad de México muestran una preocupación alarmante respecto a la pésima situación ambiental, hay una gran mayoría que se manifiesta a favor de reducir la cantidad de vehículos de manera permanente y no solo en contingencias ambientales.

En nuestro país, según datos de la OCDE, las muertes prematuras asociadas con la contaminación atmosférica aumentaron de 17, 000 en 2005 a más de 21, 000 en 2010.

Los límites de emisiones de vehículos automotores son determinados por la Secretaría de Medio Ambiente federal mediante una Norma Oficial Mexicana, aplicable en todo el país, por lo que el programa “Hoy No Circula” debe incluir los parámetros técnicos de dicha norma. Lamentablemente, la norma que establece los límites de emisiones contaminantes para vehículos que usan gasolina como combustible, no había sido actualizada desde 2007 y la nueva norma que la SEMARNAT publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2015, ¡incrementó los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes para los automóviles! Ridículo. Para los automóviles de 1990 y anteriores, aumentó los límites: (i) de hidrocarburos de 150 a 350 hppm; y (ii) de monóxido de carbono de 1.5 a 2.5 el porcentaje volumétrico. Además, para los automóviles de 1991 y posteriores dejó iguales los límites de emisiones, salvo por el ozono.

El metro de Madrid tiene 297 km de líneas y 7 millones de habitantes, el de Londres 408 km y 9 millones de habitantes el gobierno CDMX y zona metropolitana 226km y 22 millones de habitantes. Este es un claro ejemplo de que el gobierno no adapta el transporte público a las necesidades de sus ciudadanos ese problema de movilidad es el que genera la contaminación y los embotellamientos que no hay opciones de movilidad para el ciudadano además del automóvil particular.

COSIDERACIONES

I.- Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

II.- Que con fundamento en el artículo cuarto párrafo cuarto de la constitución política, un ambiente sano es derecho de toda persona, tal y como se transcribe:

…Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

III.- Que con fundamento en el artículo doce del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el gobierno capitalino debe atender principios estratégicos en relación a la protección del medio ambiente; tal y como se transcribe:

Artículo 12.- La organización política y administrativa del Distrito Federal atenderá los siguientes principios estratégicos:

X. La conjugación de acciones de desarrollo con políticas y normas de seguridad y de protección a los elementos del medio ambiente;

IV.- Que con fundamento en el artículo primero fracciones II y V  de la Ley Ambiental del Distrito Federal, las autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal conducirán el ejercicio de la conservación del medio ambiente y sobre todo  prevenir y controlar la contaminación en el aire , tal y como se transcribe;

II. Regular el ejercicio de las facultades de las autoridades de la Administración Pública del DistritoFederal en materia de conservación del medio ambiente, protección ecológica y restauración del equilibrio ecológico;

V. Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo en el Distrito Federal en aquellos casos que no sean competencia de la Federación;

V.- Que de acuerdo con los lineamientos de Operación del Fondo de Capitalidad, emitidos el 29 de enero de 2016, se destinaron 4 mil millones de pesos para el fondo de capitalidad, los cuales podrán ser utilizados para:

a) Infraestructura y equipamiento en materia de procuración de justicia, readaptación social, y protección civil y rescate, considerando la capacitación que al respecto requieran los servidores públicos que realicen actividades en dichas materias;

b) Inversión en infraestructura vial primaria, incluyendo su construcción, modernización, reconstrucción, ampliación, remodelación, mantenimiento, conservación, equipamiento y el servicio de alumbrado público que su operación requiera;

c) Inversión en infraestructura cultural, turística o de transporte público, incluyendo su construcción, modernización, reconstrucción, ampliación, remodelación, mantenimiento, conservación y equipamiento. En el caso de la infraestructura de transporte público, incluye la adquisición y renovación del equipo que la complemente, considerando el mantenimiento preventivo y correctivo que para su operación requiera;

d) Infraestructura, equipamiento y mantenimiento, en materia de vigilancia, que permita desarrollar y aplicar políticas públicas para la prevención del delito;

e) Inversión en materia ambiental, tal como mantenimiento de suelos de conservación, infraestructura hidráulica, y para el manejo integral de residuos sólidos (recolección, traslado y disposición final), incluyendo la adquisición del equipo correspondiente; e

f) Inversión en infraestructura y equipamiento de puntos de recaudación de impuestos locales, así como la inversión para el desarrollo, implementación, equipamiento y operación de estrategias tecnológicas que incrementen la recaudación del Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de este Senado de la República, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que revierta las modificaciones que han endurecido el Programa Hoy No Circula, toda vez que dicho programa ha demostrado a lo largo de dos décadas ser una política pública ineficaz para bajar los índices de contaminación en la Ciudad de México y que al mismo tiempo ha fomentado un incremento en el parque vehicular.

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que destine los recursos del Fondo de Capitalidad para la modernización, reconstrucción, ampliación, remodelación, mantenimiento, conservación y/o equipamiento del transporte público limpio, (metro, tren ligero, trolebús y taxis eléctricos), como medida primaria para que los capitalinos tengan una opción real de movilidad y así poder hacer frente a los efectos de la contaminación ambiental.

TERCERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que amplíe la cobertura del Programa de Sustitución de Convertidores Catalíticos a vehículos automotores de 8 años de antigüedad en adelante, con la finalidad de mitigar la mala calidad de aíre en la Ciudad.

CUARTO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que implemente acciones que permitan erradicar de fondo y sancionar cualquier acto de corrupción que se fomente o se lleve a cabo en los “Verificentros” autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad.

QUINTO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a presentar ante la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México una propuesta de legislación para regular las marchas y manifestaciones públicas con la finalidad de evitar conflictos viales que elevan los índices de contaminación del aire en la Ciudad, salvaguardando los derechos de todos los involucrados.

SEXTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que, dentro de los estándares internacionales de seguridad vial, incremente los límites de velocidad establecidos en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y estudie la viabilidad para quitar la restricción para dar vueltas continuas debido a que propician el incremento en los índices de contaminación.

SÉPTIMO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que diseñe un plan estratégico encaminado a la renovación de todos los vehículos oficiales con más de 8 años de antigüedad, en particular los que prestan servicios urbanos a la ciudadanía, con la finalidad de que los vehículos del Gobierno de la Ciudad de México contribuyan lo más posible a disminuir los problemas de contaminación ambiental en la capital.

OCTAVO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que convoque a expertos, académicos y especialistas en materia Ambiental, que permita delinear acciones que atiendan de manera integral el grave problema de contaminación ambiental que se padece en la Ciudad de México.

NOVENO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que sincronice los semáforos de las vías primarias y secundarias; elimine los baches que existen en las calles de toda la ciudad y disminuya lo más posible el número de topes, para así permitir una circulación más eficiente de los vehículos automotores.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informes adicionales derivados de la presentación de los Precriterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal del 2017. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.







 

Del Senador Jesús Priego Calva, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a actualizar y dar una mayor difusión al simulador de seguros para automóviles, que permita a los usuarios comparar las opciones que se ofrecen en el mercado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El que suscrito, Senador JESÚS PRIEGO CALVA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), actualmente nuestro país cuenta con un parque vehicular de 26 millones 528 mil 354 vehículos automotores particulares.

Según información de la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, sólo uno de cada tres dueños de vehículos tienen asegurada su unidad.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) señala que los seguros no son un gasto, sino una inversión y la protección ideal para los usuarios y su patrimonio.

La Reforma Financiera aprobada por el Congreso de la Unión en 2013, brinda mayores facultades a importante Comisión, entre las que destacan la creación e implementación del Buró de Entidades Financieras, con la finalidad de presentar información precisa a los usuarios de servicios financieros.

Generalmente, los seguros de automóvil protegen contra riesgos como choque, robo total, lesiones a ocupantes y daños a terceros en su persona y en sus bienes en caso de accidentes vehiculares; brinda protección contra pérdidas obtenidas como resultado de poseer o de conducir un automóvil; y cubre pérdidas a la propiedad del asegurado y pérdidas por las cuales el asegurado es responsable como resultado de poseer o de conducir un automóvil.

Los seguros de automóviles se manejan por paquetes, regularmente incluyen las siguientes coberturas: Amplia (daños materiales, robo, responsabilidad civil, entre otras); Limitada (robo y responsabilidad civil, entre otras); y de Responsabilidad Civil (como su nombre lo indica únicamente ampara esta cobertura).

Adicionalmente, algunos seguros pueden ofrecer la cobertura de Defensa Jurídica y Asesoría, en donde la compañía aseguradora ofrece servicios de protección jurídica de abogados, en caso de accidente o robo total del automóvil.

Hay riesgos que no se encuentran cubiertos en el seguro contratado, por lo cual es muy importante revisar la póliza para verificar cuáles son las situaciones en las que la Compañía de Seguros no pagará los daños.

Es importante mencionar que los riesgos que están amparados se encuentran descritos en la póliza que entrega la aseguradora, donde se especifican los bienes que están protegidos por el seguro, los riesgos cubiertos y las sumas aseguradas para dichos bienes.

Datos demuestran que la principal razón por la que en México no se contratan seguros, en general, es la percepción de que son muy costosos, los trámites son excesivos y la falta de confiabilidad en las empresas aseguradoras.

En noviembre de 2015, la Condusef solicitó información a las 35 instituciones de seguros que tienen autorizado el producto de automóviles, de las cuales 23 la proporcionaron y fueron evaluadas. De este total, solamente siete presentaron la documentación completa, y las 16 restantes mostraron una o varias omisiones en dicho trámite.

De igual manera, fueron detectadas algunas irregularidades ya que no se cumple con el formato de la Circular Única de Seguros, mientras que en la carátula de la póliza, se observó de manera general que no se indican los datos de la operación, por lo que no fue posible verificar el cumplimiento de la disposición.

La mayoría de las instituciones no cuentan con información suficiente en su página web, por lo que se complica la difusión del producto entre los usuarios. De las 23 instituciones, sólo seis publican las Condiciones Generales de manera digital1.

Este asunto adquiere relevancia si consideramos que en septiembre de 2014 entró en vigor el artículo 63 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el cual establece que todos los vehículos que transiten vías caminos y puentes federales deberán contar al menos con un Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil Vehicular, que garantice a terceros los daños que pudieren ocasionarse en sus bienes y personas.

Por otra parte, el artículo 46 del Nuevo Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, establece que los automovilistas que transiten en la Ciudad de México deberán contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil vigente, que ampare al menos la responsabilidad civil por daños a terceros en su persona y en su patrimonio.

Resulta indispensable buscar mayor transparencia en los productos financieros que se ofrecen en el mercado. Las instituciones deben cumplir con las normas establecidas para fomentar mayor equidad. Es muy importante que los usuarios conozcan los diversos productos como los seguros de automóvil y qué instituciones o aseguradoras cumplen con la normatividad.

En este contexto, para proteger y defender los intereses y patrimonio de los usuarios al momento de contratar un seguro para su automóvil, es necesario que la CONDUSEF actualice el simulador de seguros para automóviles que presenta en su página web, así como dar una mayor difusión, de tal forma que posibilite a los usuarios comparar las distintas opciones que se ofertan en el mercado en términos de cobertura, costos, confiabilidad, entre otros aspectos fundamentales para que puedan elegir la opción más adecuada a sus necesidades.

Por lo anteriormente expuesto, acudo a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que en coordinación con la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, actualicen y den una mayor difusión al simulador de seguros para automóviles, que permita a los usuarios comparar las opciones que se ofrecen en el mercado.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Jesús Priego Calva.

1 http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/seguros/automotriz/387-seguro-basico-de-auto




 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General del estado de Coahuila a esclarecer los hechos ocurridos el 31 de marzo de 2016 en la autopista Premier Rosita-Allende y en donde dos personas perdieron la vida. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

La suscrita Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA A QUE ESCLAREZCA LOS HECHOS OCURRIDOS EL 31 DE MARZO DEL 2016 EN LA AUTOPISTA PREMIER ROSITA-ALLENDE Y EN DONDE DOS PERSONAS PERDIERON LA VIDA, conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Coahuila es un estado de contrastes en donde existen regiones con desarrollo económico real y potencial y Municipios que carecen de lo más indispensable.

El Estado de Coahuila se encuentra en el tercer lugar del país con la menor densidad carretera y cuenta con 15% de carreteras pavimentadas, lo cual se considera poco debido a su ubicación geográfica y al hecho de tener una conexión cercana con los puertos fronterizos.

La autopista Premier Rosita-Allende mide 51 kilómetros y es operada por la empresa “Súper Carreteras del Norte”, que cobra 95 pesos. Esimportante señalar que dicha carretera se encuentra con numerosas irregularidades; tal y como son cuarteaduras, baches, falta de seguridad en su trayecto y deslaves, situación que pone en riesgo al automovilista.

La autopista “Premier Rosita-Allende” no cuenta con las suficientes medidas para que el automovilista se sienta con la seguridad de trasladarse por dicha ruta en cualquier época del año.

Debido a los índices delictivos tanto en las ciudades como en las carreteras, el Estado puso en funcionamiento un nuevo modelo policiacodenominado “Fuerza Coahuila”, que empezó a operar a principio del mes de marzo del 2016, sustituyendo a la Policía Estatal Operativa y Policía Estatal Acreditable, así como al Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE);

La Fuerza Coahuila es un cuerpo policial que cumple la función de garantizar el control y la seguridad de los ciudadanos. Se crea debido –entre otras cuestiones- a la falta de eficiencia en el Grupo de Armas y Tácticas Especiales.

En el año 2012 de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, se hicieron una gran cantidad de denuncias por violación a los derechos por parte de autoridades policiacas en el Estado, aumentando cada añoyllegandoen el 2015 a 25 denuncias, confirmando que la creación de un nuevo grupo policiaco sería la solución para poder abatir estos problemas.

Apenas hace unos días se dio a conocer que una pareja fue acribillada en la autopista “Premier Nueva Rosita”. La Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila informaron:

“La mañana de este jueves alrededor de las 3:50 de la mañana, en el municipio de San Juan de Sabinas, elementos de la Policía del Estado abatieron a dos personas que poco antes los agredieron con armas de fuego, luego de negarse a detener su vehículo para una revisión de rutina, como parte de los operativos de prevención y vigilancia que las fuerzas de seguridad llevan a cabo en todo el estado.

Los hechos tuvieron lugar sobre la carretera 57, en el carril de sur a norte, cuando los agentes de la Policía marcaron el alto a quienes viajaban a bordo de un auto marca Chevrolet Malibú, color blanco, con placas de circulación FKC-97-16 del estado de Coahuila y cuyo conductor aceleró su marcha tratando de evadir a las patrullas, con lo que inició una persecución.

En reiteradas ocasiones y por medio de altavoces con los que se identificaron como elementos de la Policía, los agentes ordenaron al conductor que detuviera la marcha; sin embargo, éste salió de la cinta asfáltica y tomó por una brecha adyacente.

Metros adelante, quien tripulaba la unidad descendió de la misma y tras ello se inició desde el vehículo particular una agresión con armas de fuego en contra de los policías ante lo cual, éstos repelieron el ataque.

Derivado de lo anterior, resultaron abatidas dos personas: una del sexo masculino, quien portaba un chaleco balístico y un arma AR15, así como un radio de comunicación y que fue identificada como José Luis León Zamarripa de 21 años de edad.

La otra persona fue identificada como Yésica Valeria Preciado García de 19 años y a quien se le encontró en su poder una subametralladora.

Al revisar el vehículo, se encontraron además latas con hierba verde y seca con las características de la marihuana, cuyo peso aún no era cuantificado.

Por estos hechos, la Procuraduría General de Justicia del Estado a través de su delegación en la Región Carbonífera inició la averiguación correspondiente.

Cabe destacar que de acuerdo a la necropsia de Ley, las personas dieron positivo al examen de rodizonato de sodio, lo que confirma que ambos dispararon armas de fuego”.

No obstante lo anterior, en diferentes medios existen comentarios respecto a que los hechos ocurrieron en forma distinta a la versión oficial, lo que obliga a la institución encargada en procuración de justicia local a que junto a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, esclarezcan los hechos y determinen si existió alguna violación a los derechos humanos.

Es importante señalar que al ser “Fuerza Coahuila” un nuevo cuerpo de policía, sus acciones deben ser desde el principio transparentes y apegadas a derecho. El inicio de una corporación policiaca es la posibilidad de contar con un nuevo modelo que regrese a la ciudadanía la tranquilidad que durante los últimos años ha perdido.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este Senado de la República el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General del Estado de Coahuila a que con base en los principios de legalidad, objetividad, trasparencia, eficacia ycerteza, esclarezca los hechos ocurridos el 31 de marzo del 2016 en la autopista “Premier Rosita-Allende” y en donde dos personas fueron acribilladas de conformidad con lo establecido en el cuerpo de la presente proposición.

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General del Estado de Coahuila a que otorgue todas las facilidades a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila para determinar si existió alguna violación a los derechos humanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría de Protección Ecológica del gobierno del estado de Guerrero a llevar a cabo un diagnóstico del impacto ambiental que están generando las empresas mineras en Guerrero. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE; DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO PARA QUE LLEVEN A CABO UN DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO AMBIENTAL QUE ESTÁN GENERANDO LAS EMPRESAS MINERAS EN GUERRERO Y QUE HAGAN PÚBLICOS LOS RESULTADOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La actividad minera en el Estado de Guerrero siempre ha sido un tema polémico, ya que la existencia de importantes riquezas en el subsuelo que deberían ser una situación de ventaja para el desarrollo y el bienestar de los pueblos, han sido más bien una factor de problemas y abusos por parte de las empresas mineras, llevando a cabo explotaciones que han significado un excelente negocio para para las empresas, generando impactos ambientales y procesos de descomposición social.

El 30 de marzo de 2015, vecinos de la comunidad de Nuevo Balsas, llevaron a cabo un bloqueo de los accesos de la minera “Media Luna”, en el municipio de Cocula, provocando con ello la suspensión de los trabajos de extracción de oro y plata de la minera (Diario “El Sur”,01-04-16).

La Minera “Media Luna” (Subsidiaria de Torex Gold Resources), es una compañía canadiense que empezó sus trabajos de exploración en 2013 y que a partir de enero de 2016 comenzó a extraer mineral a cielo abierto en un yacimiento ubicado entre los pueblos Nuevo Balsas, Real de Limón, La Fundición y Atzcala, pertenecientes al municipio de Cocula.

De acuerdo con datos publicados en diciembre de 2014 por el Servicio Geológico Mexicano (SGM), en el estudio denominado “Panorama Minero del Estado de Guerrero”, se da a conocer que hasta julio de 2014 se habían autorizado 868 concesiones para actividades de exploración, con una superficie de 1,443,103.72 Hectáreas, que representan el 22.62 por ciento de la superficie del estado de Guerrero.

Asimismo, en estudio expone que las principales minas en explotación de “metálicos y no metálicos”, en el estado de Guerrero son 33: 6 de minerales metálicos y 27 de minerales no metálicos. Las principales empresas que se encuentran explorando en el estado de Guerrero son 9:

1. Industrial Minera México, S.A. de C.V.

2. Gold Corp México, S.A. de C.V.

3. Torex Gold Resources INC./Newstrike Capital INC.

4. CIA. Minera La Calentana

5. Nyrstar Campo Morado, S.A. de C.V.

6. La Plata Gold Corp./AlphaminResourcesCorp/Minera Camargo, S.A. de C.V.

7. Dowamining/SumitomoCorporation/Industria Peñoles, S.A. de C.V.

8. Aurea mining INC./Newstrike Capital INC.

9. ImpactSilver de México, S.A. de C.V.

Uno de los principales motivos del rechazo a la explotación de las empresas mineras, es la contaminación que originan en los lugares donde tienen sus plantas de operación y el casi nulo beneficio que dejan a las comunidades y municipios donde se encuentran asentadas.

El pasado 4 de septiembre de 2015, aproximandamente300 pescadores de Nuevo Balsas y la comunidad de Atzcala, municipio de Cocula, tomaron por cinco días la minera Media Luna, planteando diferentes demandas, entre las que destacan la indemnización por las afectaciones que dejaron los trabajos de exploración, como el arrojo de escombro al río, fuertes vibraciones por las explosiones de dinamita y hasta derrames de aceite en el agua.

Al termino de dicho plantón se firmó una minuta de acuerdos con los puntos que iba a cumplir, la minera Torex Gold Resources Inc., entre las cuales destaca la elaboración de un estudio técnico para demostrarle a los habitantes que la minera no contamina, pero no se cumplió, a pesar de que en la minuta se estableció que sería inmediatamente. (El Sur 18 de marzo de 2018).Otras de las demandas plasmadas en la minuta de acuerdos fueron:

• Otorgar una indemnización a los habitantes para resarcir los daños provocados por la empresa minera al medio ambiente, y que ha afectado sobre todo a los aproximadamente 300 pescadores de Nuevo Balsas, debido a que ha disminuido considerablemente la pesca por el impacto de los trabajos en el río Balsas.

• La donación de una ambulancia equipada de la empresa al pueblo, y que el campamento de los trabajadores foráneos se instale en su comunidad para detonar la economía.

• Empleos para los habitantes de la localidad, ya que la minera ha contratado a muy pocas personas de ahí y los empleos son de mano de obra no calificada.

• Que la carretera que utiliza para sus servicios la empresa pase por Nuevo Balsas y Cocula, la cabecera municipal, para que se beneficien ambos pueblos.

• El mantenimiento y la reparación de las calles del pueblo, así como la concesión de tiendas de abarrotes, papelerías, distribuidoras y purificadoras de agua y otros servicio, sean para personas de la comunidad.

• Que el arrendamiento del transporte, pipas de agua, camiones y equipo pesado sea con gente de la localidad.

• La apertura de una escuela de nivel medio superior.

Ante el incumplimiento de la mayoría de los puntos de la minuta de acuerdos, el 17 de marzo, los pescadores se inconformaron nuevamente y presentaron otra propuesta a los representantes de Media Luna, que consistía es una indemnización de 500 mil pesos para cada persona mayor de edad que hay en Nuevo Balsas, estimando una población de poco más de 700 personas, es decir, unos 350 millones de pesos. Argumentando, que la indemnización que reclaman a Media Luna es por la afectación que ha causado al sector pesquero, que es la principal actividad económica de las familias de esa comunidad; por la contaminación del aire y del agua por residuos tóxicos, constantes explosiones, el polvo y el escombro que arroja al cauce del río por la explotación de oro.

En el plano del medio ambiente, la explotación minera a cielo abierto, genera un gravísimo impacto sobre los ecosistemas, ya que implica la destrucción de cientos y a veces miles de hectáreas de vegetación natural, que en Guerrero contiene una importantísima riqueza biológica. Las empresas suelen pagar por hacer esta desforestación (Compensación Ambiental) y esos recursos son usados por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) para hacer reforestaciones generalmente con especies exóticas, que para nada reponen la enorme biodiversidad perdida y que en la mayoría de los casos acaban con muy pequeñas tasas de sobrevivencia. Además, está el problema de la contaminación por las peligrosas sustancias que se utilizan en el beneficio de los metales, las cuales teóricamente deberían ser manejadas de tal manera que no sean vertidas al medio ambiente, sin embargo, las quejas y denuncias de los pobladores y pescadores de Nuevo Balsas parecen indicar que no siempre es así.

Lo ideal sería que las mineras constituyeran polos económicos que detonaran procesos armónicos de desarrollo regional que generen bienestar de la población y la conservación del ambiente, pero eso no sucede por la ineficiencia del esquema existente y de las políticas públicas para armonizar la actividad minera con el desarrollo integral y sustentable.

Al igual que se planteó en Tajamar, Cancún; y en la Laguna de Barra de Potosí, municipio de Petatlán, exhortamos a las dependencias Federales y Estatales encargadas del Medio Ambiente y recursos naturales que lleven a cabo un diagnóstico detallado (ex post) de los impactos ambientales y sociales de las mineras que ya están funcionando en la actualidad en Guerrero, que documenten con precisión e imparcialidad el impacto real que han tenido hasta ahora y que se hagan públicos los resultados; así mismo, que se den a conocer las manifestaciones de impacto ambiental con que fueron autorizadas las concesiones en su momento.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Procuraduría de Protección Ecológica del Gobierno del Estado de Guerrero para que lleven a cabo un diagnóstico del impacto ambiental que están generando las empresas mineras en Guerrero y que hagan públicos los resultados.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura, el 7 de abril de 2016.

Suscribe

Armando Ríos Piter

Senador por el estado de Guerrero





 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo por el que se      exhorta a la SAGARPA, a la Financiera Rural, al Bancomext y a PROMEXICO a desarrollar un programa de fomento a la producción, industrialización, comercialización y exportación y consumo de nuez pecana mexicana. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, ANABEL ACOSTA ISLAS, ERIKA AYALA RÍOS Y YOLANDA DE LA TORRE VALDÉZ Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La nuez pecanera es una oleaginosanativa del sur de los Estados Unidos y el norte de México. Es un cultivo de importancia comercial implementado en México desde los años cuarenta y cincuenta.

A la fecha, México ocupa el segundo lugar, después de Estados Unidos, como productor mundial de nuez pecanera, de la cual las principales variedades cultivadas son Western, Wichita y Criollas, cuyo periodo de cosecha transcurre entre los meses de octubre y diciembre.

En 2009, la producción mexicana llegó, aproximadamente, a 79 mil toneladas principalmente en los estados de Coahuila, Chihuahua, Sonora y Nuevo León.

La nuez es el fruto del nogal que contiene una semilla, la cual mide entre 2 y 6 cm de largo, pesa de 4 a 12 gramos y está constituida por dos segmentos. Las nueces llamadas oleaginosas son apreciadas por su agradable sabor y textura; se consumen en ensaladas, postres, botanas, panadería y confitería; se comercializan con o sin cáscara, enteras, picadas o molidas; y pueden ser materia prima para la extracción del aceite.

También se destaca que el contenido de fibra total es, en promedio, de 8% (mayor, en comparación con los cereales), y su aporte es significativo en cuanto a minerales como hierro, zinc, selenio, manganeso y magnesio, que algunas oleaginosas comerciales contienen en menor proporción o no los contienen –es el caso de: cacahuate, soya, cártamo, olivo, entre otras–. Por lo tanto, la nuez viene a ser uno de los alimentos con mayor concentrado de nutrientes disponibles.

Las primeras plantaciones comerciales se iniciaron a partir de 1871, y la introducción pionera de plantaciones comerciales en México se hizo en 1904, en el estado de Nuevo León. Las áreas productivas se extienden en Estados Unidos de América desde el suroeste de Ohio hasta Kentucky y Alabama. El cultivo encuentra condiciones favorables en el noreste y parte central de México.  En el estado de Coahuila el nogal es de gran relevancia, ya que la región norte del estado forma parte del centro de origen de esta especie.

El cultivo de nuez pecanera en México es una actividad en amplio crecimiento, sobre todo en estados del norte, debido a la amplia adaptación climática, así como por las condiciones de mercado y atractiva rentabilidad que presenta, al canalizarse a Estados Unidos de América. El estado de Coahuila cuenta con 13mil hectáreas de este cultivo distribuidas en toda la entidad y es de la más alta calidad.

La importancia de la producción de esta semilla es notoria, la producción de nuez en México ha aumentado en cerca de un 80% en los últimos trece años, alcanzando actualmente alrededor de 110 mil toneladas. Esto se debe principalmente a la mayor superficie sembrada, la cual se duplicó, llegando en 2013 a las 104 mil hectáreas. Sin embargo, no toda la superficie adicional ha podido ser aprovechada, ya que la siniestralidad ha ido en aumento, mientras en el año 2000 representó solo 3% de la superficie sembrada, en el 2013 representó el 31% (32 mil ha).

En los años 2011-2013, el rendimiento promedió 1.5 ton/ha, sin embargo, desde el año 2000 ha oscilado entre 1.1 y 1.8 ton/ha. 

México es el segundo exportador mundial después de EEUU. El país exporta cerca de la mitad de las nueces que produce (52 mil toneladas en 2013 con un valor de 259 mdd). Las exportaciones han crecido a un ritmo de 6% anual entre 2000 y 2013, debido a la demanda de EEUU, que es el destino principal de la nuez mexicana. Este país participó en 2013 con el 93% del valor exportado y el 91% del volumen.

Por su parte, las importaciones, que provienen en su totalidad de EEUU, han crecido 5.6% anual y representaron en los años 2011-2013, el 26% del consumo aparente nacional. En 2013, el consumo aparente llegó a alrededor de 76 mil toneladas, en tanto, las importaciones se ubicaron en 21 mil toneladas con un valor de 74 mdd. 

Chihuahua lidera a los productores, del país, ya que concentra el 54% del volumen nacional. Le siguen Sonora (16%), Coahuila (14%), Durango (6%) y Nuevo León (5%).  La producción de la nuez se da entre agosto y diciembre, aunque el grueso se concentra los tres últimos meses del año. Prácticamente la totalidad se cultiva bajo riego. El 98.8% de la nuez es de la variedad pecanera, 1.1% de castilla y 0.1% criolla.  En vista de la importancia del comercio exterior, el precio de la nuez tiene como referente el precio en EEUU.

Existen dos Normas Mexicanas referentes a la Nuez Pecanera con Cáscara NMX-FF-084-SCFI-2009 y la Nuez Pecanera sin Cáscara NMX-FF-093-SCFI-2011 las cuales son de cumplimiento voluntario, sin embargo reflejan los esfuerzos de la industria en mejorar cuantitativa y cualitativamente la producción.

Para Coahuila, la importancia de la producción de nuez pecanera es fundamental, cualquier región del estado cuenta con condiciones propicias para su cultivo. La industria genera empleos directos en el sector agropecuario, así como empleos indirectos tanto en el proceso de industrialización, como el de comercialización y exportación.

En ese orden de ideas, la siembra de nogal resulta una actividad productiva de alto valor y que tiene un impacto directo en la economía de las regiones productoras.

El uso potencial pecuario de la entidad representa el 93.9% (14’246,592 Has.) de la superficie total del estado, quedando un porcentaje muy bajo de suelo considerado como no apto para el uso pecuario.

Por tal razón, resulta importante aprovechar y potencializar esfuerzos hacia una política pública que nos permita expandir la producción de nuez pecanera y con ella los beneficios tanto de empleo, como económicos en el desarrollo de esta actividad a través de una política pública.

Resulta notoria la importancia que la actividad agropecuaria ha generado, así como el crecimiento en el sector y con ello la generación de empleo, por lo que el objeto de esta proposición es exhortar a la SAGARPA así como a la Financiera Rural, al BANCOMEXT y ProMexico a fin de generar una política pública de apoyo y fomento a la producción de nuez pecanera así como su industrialización y comercialización con el fin generar un producto de alto valor y que permita a los productores contar con una estabilidad en los precios que permita un ciclo de producción, inversión y expansión del producto.    

La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación tiene por objeto promover el desarrollo integral del campo y de los mares del país que permita el aprovechamiento sustentable de sus recursos, el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones, la generación de empleos atractivos que propicien el arraigo en el medio rural y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los productos para consolidar el posicionamiento y la conquista de nuevos mercados, atendiendo a los requerimientos y exigencias de los consumidores.

Asimismo abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares; y mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos.

Por su parte la Financiera Rural tiene por objeto desarrollar al medio rural a través de financiamiento en primer y segundo piso para cualquier actividad económica que se realice en poblaciones menores a 50,000 habitantes resultando en la mejora de su calidad de vida.

En tanto el Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. (Bancomext) tiene por objeto contribuir al desarrollo y generación de empleo en México, por medio del financiamiento al comercio exterior mexicano.

Y finalmente ProMexico apoya directa y las exportaciones de productos y servicios, así como la internacionalización de las empresas mexicanas para contribuir al desarrollo económico y social del país, y al fortalecimiento de la imagen de México como socio estratégico para hacer negocios.

Por tal razón consideramos que la coordinación de dichas dependencias para el desarrollo de una política pública de fomento a la nuez pecana es pertinente generando beneficios directos e indirectos a los productores, trabajadores y consumidores.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. Pleno la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la SAGARPA, la Financiera Rural, Bancomext y PROMEXICO para que desarrollen un programa de fomento a la producción, industrialización, comercialización y exportación y consumo de nuez pecana mexicana.

Dado en el Senado de la República, el 7 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Erika Ayala Ríos.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público a considerar los recursos económicos necesarios para la adquisición de la vacuna contra el dengue, así como a detallar la metodología para la aplicación de la misma y sus alcances. Se turna a la Comisión de Salud.







 

Del Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador constitucional del estado libre y        soberano del Estado de México a declinar la puesta en vigor de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO A DECLINAR LA PUESTA EN VIGOR DE LA  LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES:

El pasado 18 de marzo se publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el decreto número 75 por el que se promulga la LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, que fue aprobada por la Legislatura estatal.

En el informe que el 2 de marzo de 2016 emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para regular el uso de la fuerza pública con legalidad y proporcionalidad sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, se señaló la preocupación por la legislación que versa sobre el uso de la fuerza pública y  regulariza su uso “lo cual es contrario a estándares internacionales en la materia”. La recomendación número tres en el área de Seguridad Ciudadana es “adoptar una Ley General sobre el Uso de la Fuerza conforme a estándares internacionales en materia de derechos humanos”.

La Ley que regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México no comparte la visión que la Comisión Interamericana expresa sobre la función legítima de los cuerpos de seguridad, que es “proteger a los manifestantes pacíficos y garantizar la seguridad pública actuando con completa imparcialidad con relación a todos los ciudadanos (…) sin importar su filiación política o el contenido de sus manifestaciones”.

Así, de la lectura y análisis cuidadoso de esa Ley encontramos graves omisiones Constitucionales, Convencionales y legales, que expreso en los siguientes argumentos:

1. Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego, instrumento adoptado por los países que integran la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que el uso intencional de armas letales sólo puede utilizarse cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida y que las medidas menos extremas hayan resultado insuficientes.

La “Ley Atenco” no atiende a estos principios y establece la posibilidad del uso de armas letales en múltiples situaciones y con tal ambigüedad que deja a los ciudadanos sin certeza jurídica y acceso a la protección de su vida, integridad y seguridad.

Desde el artículo primero de la Ley es evidente que sólo se refiere a regular la actuación de los policías rasos (elementos) y no así de los mandos superiores, incluido el Gobernador del Estado.

En dicho artículo no se especifica que sólo la policía y que policía con la especialidad y capacitación debida, puede utilizar la fuerza pública. No todos los elementos de las instituciones de seguridad tienen funciones que requieren el uso de la fuerza pública, mucho menos del uso de armas.

2. La seguridad pública como cometido esencial del Estado, obliga en primer lugar al establecimiento de reglas que determinen con precisión que pueden hacer y que no pueden hacer los sujetos y las instituciones:

Privilegiar los medios no violentos, reducir al mínimo los daños y lesiones, la inadmisibilidad de excepciones y excusas cuando ocurra uso ilegítimo de la fuerza, capacitación de las policías encargadas del uso de la fuerza en derechos humanos y en el adiestramiento de los protocolos del uso de medios para el uso diferenciado de la fuerza pública, la proporcionalidad y establecimiento de medios que permitan el uso diferenciado de la fuerza, el establecimiento de responsabilidades en el empleo arbitrario o excesivo de la fuerza y las armas de fuego, el establecimiento de responsabilidades de mandos superiores por sus órdenes y por las conductas de subalternos cuando ocurran excesos, el monitoreo del uso de la fuerza dentro de parámetros legales, ahora constitucionales y convencionales, la protección e inmunidad de policías que se nieguen a cumplir y ejecutar órdenes de empleo de fuerza o armas, o que denuncien su empleo ilegítimo y el establecimiento de obligatoriedad en informar y sobre las violaciones a derechos humanos y el empleo ilícito de la fuerza.

Es entonces, a partir de estos criterios, que se determinan las jerarquías, la especialidad policiaca, el tipo de arma y grupo de elementos, las misiones a las que están dedicados, los protocolos de actuación y las responsabilidades administrativas y penales que se les pueden imputar a los servidores públicos que no cumplan con las obligaciones constitucionales, convencionales y legales.

Lo que debió legislarse y no se hizo, es una Ley que establezca con claridad las obligaciones, responsabilidades, jerarquías, objetivos, metas y protocolos de las fuerzas de seguridad del Estado de México.

3. La ley contiene graves ambigüedades que impiden una aplicación armónica y eficiente con el sistema legal del País y del Estado de México. En partes pareciera que es una Ley de orden administrativo y en otras una ley especial que regula excluyentes de responsabilidad de índole penal.

Por ejemplo, define que es una agresión inminente y una agresión real sin puntualizar debidamente que es una agresión en su acepción básica y las diversas formas en que esta puede ocurrir. Una Ley como la que se propone debe ser en exceso precisa en sus definiciones a fin de no dar lugar a acciones voluntaristas y arbitrarias.

Otro ejemplo, el artículo 15 dice: “Se considera que una asamblea o reunión es ilegal, cuando el grupo de personas se reúnan con un fin ilícito, se encuentren armados o cuando en la petición o protesta que se haga ante la autoridad, se expresen amenazas para intimidarlas u obligarlas a resolver en el sentido que desean”.

¿Esta ley es reglamentaria del artículo 9 de la Constitución?, ¿Quién y bajo qué procedimiento determinará que la reunión es ilegal?, ¿Cómo se motivará y fundamentará la cusa legal que determine la ilegalidad de una reunión?

Un ejemplo más, en el inciso c de la fracción I del artículo 12 que autoriza el uso de la fuerza cuando “haya resistencia agresiva, es decir, cuando la persona realice movimientos corporales que pongan en riesgo su integridad física, la de terceros o la del propio elemento”.

El poder de decidir sobre nuestra salud y cuerpo es el derecho humano más básico, la Ley lo viola: ¿Con que derecho se puede hacer uso de la fuerza pública para que alguien no se haga daño así mismo?, ¿Esto supone que no se podrán realizar huelgas de hambre como medio de protesta?, ¿Cómo se califica un movimiento corporal que ponga en peligro la vida de quien lo realiza?

Los objetivos están mal conceptualizados, no son acordes con la Constitución y confunden el objeto central de la Ley con la protección de los sujetos que ejercen la fuerza pública. Lo correcto había sido seguir el modelo que ya establece la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 2 que dice:

Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.”

4. El uso la fuerza debe ser excepcional; si bien implica que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden ser autorizados a usar la fuerza en la medida en que razonablemente sea necesario, según las circunstancias para la prevención de un delito, para efectuar la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla, no puede usarse la fuerza en la medida en que exceda estos límites.

Así, una legislación correcta que regule el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, obedece al propósito de abarcar no solamente todos los actos violentos, de depredación y nocivos, sino también toda la gama de prohibiciones previstas en la legislación penal. Las leyes no pueden autorizar el uso de un grado de fuerza desproporcionado al objeto legítimo que se ha de lograr

La llamada “Ley Atenco”, define y clasifica de manera indebida las armas que usan los servidores públicos encargados de la seguridad. Por ejemplo, en la Ley no se precisa que un arma de fuego es un instrumento o herramienta que permite atacar o defenderse, mediante la propulsión de proyectiles, lanzados a gran velocidad y que generan un daño grave al físico de la persona o personas que reciben el proyectil; tampoco define con claridad que es un arma letal.

Sobre el caso, deberíamos preguntarnos si las armas letales deben estar en manos de la policía o sólo del ejército, o si se permite que la policía haga uso de armas letales, que personal está autorizado a emplearas y bajo qué condiciones.

En cuanto al uso de armas, la Ley es omisa en cuanto a quienes están debidamente autorizados para usar armas, pues al no establecer reglas para la elaboración de protocolos de actuación y jerarquías, autoriza en su artículo 8 a todos los policías, sin importar su grado de preparación y formación, a usar intencionalmente armas letales en protección de su vida.

¿Bajo qué criterio objetivo, un policía calificará o determinará que existe peligro inminente de su vida?, ¿Si un elemento considera que una manifestación con tintes políticos o estampida de personas pone en peligro su vida, este podrá disparar contra la multitud?, ¿En caso de una riña o de una agresión con un proyectil lanzado a mano, una piedra u otro objeto, el elemento podrá hacer uso de un arma letal?

El mismo artículo 8 señala que cualquier policía (elemento) podrá usar armas letales para “evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro”

¿Bajo qué criterio el policía podrá determinar la gravedad del delito? ¿Cada policía será un experto legal en materia penal que pueda diferenciar cuando un delito es grave o no?

El artículo 9 del Código Penal establece la clasificación de los delitos graves en donde está en peligro la vida tales como como:

a) El cometido por conductores de vehículos de motor,

b) Rebelión,

c) Abuso de autoridad,

d) Delincuencia organizada,

e) Ataques a las vías de comunicación y transporte,

f) Contra de las personas menores de edad y quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho,

g) Tráfico de Menores,

h) Deterioro de área natural protegida,

i) Lesiones;

j) Homicidio,

k) Asalto a una población;

l) Trata de personas,

m) Abuso sexual,

n) Feminicidio,

o) Daño en los bienes.

¿En todos estos casos el policía podrá hacer uso de armas letales?

5. Otro error grave de esta Ley es la no categorización de figuras que ya están debidamente reguladas por la legislación penal. Los agentes de seguridad pública no obran en legítima defensa, sino en cumplimiento de un deber, una cosa distinta.

Para tal efecto los Códigos Penales Federal y del Estado de México no dejan lugar a ambigüedad alguna al definir el cumplimiento de un deber como: “La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho, y que este último no se realice con el solo propósito de perjudicar a otro” 

Este concepto es claro y preciso, y se ajusta a reglas de orden internacional que no observa la ley:

a. Necesidad racional del medio empleado

b. Cumplimiento de un deber

c. Ejercicio de un derecho

d. Que no exista la voluntad de dañar o perjudicar

Por su parte la legítima defensa, que es una excluyente de responsabilidad que tenemos todos, ya está regulada en el Código Penal que es el espacio normativo al que pertenece.

6. Los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, que no elementos pues no son cosas, deben cumplir en todo momento las reglas que les impone el sistema constitucional, convencional y legal del Estado, sirviendo a la comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su cometido público.

Esto incluye a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos (en el caso que nos ocupa desde el Gobernador del Estado hasta el policía de calle) que ejercen funciones de seguridad pública. La Ley parece querer excluir de responsabilidad alguna, como sujetos a regular, a los altos mandos y mandos medios de seguridad estatal. Es el caso del Gobernador del Estado, que tiene funciones precisas en materia de seguridad, como lo señala la Ley de Seguridad Pública del Estado de México, dice su artículo 15:

Son atribuciones del Gobernador del Estado:

I. Ejercer el mando de las Instituciones Policiales del Estado, por sí o por conducto del Secretario, en los términos de la Constitución Federal, la Constitución Estatal, esta Ley y demás disposiciones aplicables, a fin de salvaguardar la integridad física y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;

II. Ejercer el mando de las Instituciones Policiales de los Municipios, en casos de fuerza mayor o alteración grave del orden público;…

¿Cuál es la armonización de esta ley con la de Seguridad Pública del Estado?, ¿Deberá o no considerarse al Gobernador como elemento, en cumplimiento de sus atribuciones para la aplicación de la Ley, o solo los policías rasos están sujetos a ella?

Lo mismo aplica para el Secretario de Seguridad Ciudadana, sujeto al artículo 16 de la misma Ley, que dice:

Son atribuciones del Secretario (De seguridad ciudadana) :

A. En materia de seguridad pública: I. Dictar las disposiciones necesarias para asegurar y proteger en forma inmediata el orden y la paz públicos, la integridad física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, auxiliar a las autoridades competentes cuando así lo soliciten en la investigación y persecución de los delitos y concurrir, en términos de la ley, con las autoridades en casos de siniestro o desastre;

II. Impulsar las acciones necesarias para promover la prevención de los delitos y la participación de la comunidad en materia de seguridad pública;

III. Ejercer el mando directo de las Instituciones Policiales del Estado, en los términos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, a fin de salvaguardar la integridad física y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;…”

La Ley no establece líneas de mando, ni los protocolos a seguir para la elaboración de estrategias y la ejecución de acciones en los operativos destinados a contener manifestaciones o grupos de personas violentas. Este defecto generará que no sea posible determinar con claridad las responsabilidades administrativas o penales en caso de violaciones graves a los derechos humanos.

De manera incorrecta traslada la responsabilidad de la planeación y la ejecución de operativos a los policías (elementos), dice el artículo 17: “Siempre que los elementos tengan conocimiento que un grupo de personas ejercerán su derecho de asociación y reunión en lugares públicos harán una planeación para proteger el ejercicio de dicho derecho, el de terceros y así reaccionar en caso que la reunión se torne ilegal.” 

¿Los elementos harán la planeación, cuál es entonces la función de los mandos?, Nuevamente, es clara la forma en que la Ley excluye de cualquier responsabilidad a los mandos altos y medianos de seguridad en el Estado de México, permitiendo tanto la impunidad como la arbitrariedad. 

Para tener claridad en ello, basta con leer con atención el artículo 21 de la Constitución, para comprender cuál es el cometido esencial de las instituciones de seguridad pública en México: regular el ejercicio, estrategias, tácticas y procedimientos de las autoridades de seguridad pública.

Más grave aún, la Ley establece un régimen no legal de responsabilidades, sujeto a Reglamentos y “Códigos de Ética” violando tanto la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios como el Código Penal.

¿Por qué se aplica un régimen de responsabilidades distinto al de la Ley de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal del Estado?, ¿Dicho régimen de excepción sólo aplica a los policías (elementos) y no así a los mandos?, ¿Quién tiene facultades expresas para expedir un Código de Ética y el protocolo de actuación policial?

Al no estar armonizada con otras leyes y por tanto no contar con una debida jerarquización de servidores públicos y de funciones específicas, la Ley permite que el todo el personal que labore en seguridad pública prevenga y combata la delincuencia. ¿Todos los elementos velan por la prevención delictiva y la lucha contra la delincuencia, por ejemplo, los adscritos a los cuerpos de granaderos o los que realizan funciones administrativas?

En el análisis de la LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, surge un sinfín de preguntas que nos indica una cantidad de igual de lagunas existentes en la ley:

¿Dónde se establece la armonización normativa entre esta Ley y la de Seguridad Pública del Estado?, ¿Es igual la legítima defensa al cumplimiento de un deber?, ¿Será igual la actuación de un elemento cuando esté en un acto de autoridad que cuando no lo esté, en razón de la legítima defensa?, ¿Es armónica esta concepción de la legítima defensa con lo que establece el Código Penal del Estado de México? ¿Cómo diferenciar bajo esta Ley, la legitima defensa en un acto de autoridad de cuando no lo es?, ¿En caso de un homicidio cometido por un elemento, que se aplica, esta Ley o el Código penal?, ¿Cuál es la armonización de esta Ley con el Código Penal?, ¿Es está Ley una Ley penal especial o no lo es?, etc., etc. …

CONCLUSIÓN

Se observa la necesidad de armonizar toda normatividad sobre el uso de la fuerza en el Estado de México, con el respeto irrestricto de los derechos humanos y la garantía del ejercicio y goce de los mismos, con la oportunidad y exigencia de contar con un código de conducta que atienda los principios básicos, que de manera ética, legitima y jurídicamente fundada permitan a todos los servidores públicos, desde el Gobernador hasta el policía de calle, ejercer el uso legítimo de la fuerza pública de manera responsable, oportuna y apegada a los derechos y libertades que otorgan tanto la Constitución como los Tratados Internacionales,  a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos humanos, preservar las libertades, el orden y la paz pública, el patrimonio y prevenir los delitos.

En virtud de lo anterior, consideramos que la LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, promulgada en el Periódico Oficial, Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, como Decreto Número 75, el día 18 de marzo del 2016, adolece, en su terminología, estructuración y contenido básico de principios, de elementos que permitan garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos y las garantías individuales consagradas en nuestros ordenamientos constitucionales.

Tal ordenamiento pone en riesgo el bien que persigue, promover y mantener la paz y el orden público, al establecer preceptos que permiten franquear las fronteras de los principios básicos del uso de la fuerza, propiciando el uso excesivo y discrecional de la misma, tal y como se evidencia y constata en las conclusiones de la Comisión designada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente 3/2006, integrado para investigar violaciones graves de garantías individuales, el 3 y 4 de mayo de 2006, en Texcoco y San Salvador Atenco en el Estado de México.

En razón de lo anterior solicito se apruebe de urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

1.- Se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de México presentar modificaciones de fondo a los artículos: 1, 3 fracciones II, III, IV, V, VII, IX, XI, 4 fracciones I, II, III, 5, 7 fracción I, 8, 9 fracciones II, III, 10 fracciones I, IV, V, VI, VII, XI, 11 fracciones I, II, 12 fracción I incisos a, b, c, 15, 16 y 17 de la  LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, antes de los noventa días hábiles siguientes a su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", que establece el artículo segundo transitorio de la misma.

2.- Se exhorta a la Legislatura del Estado de México a discutir y aprobar diversas modificaciones a la LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, a fin de armonizarla con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos firmados por México, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el Código Penal del Estado libre y Soberano de México, la Ley que Crea la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México y la Ley de Seguridad del Estado de México.

3.- Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a manifestar su punto de vista constitucional, convencional y legal sobre la LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Luis Sánchez Jiménez.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a realizar una investigación pronta y expedita en relación a la veracidad de las acciones y avances en materia de calidad de aire y cambio climático presentadas en los informes de la Secretaría del Medio Ambiente de la entidad durante la presente administración. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo a la investigación de un reconocido medio de comunicación impreso, durante sus informes anuales 2013, 2014 y 2015, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México ha utilizado la misma información relativa a la calidad del aire y a los verificentros en operación, e incluso ha reproducido párrafos completos, lo que pone en entredicho los informes de resultados que ha entregado oficialmente a la Asamblea Legislativa.

“Los informes anuales de labores que presentó la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, a la Asamblea Legislativa en materia de control y verificación vehicular no reportan avances significativos, no cuenta con objetivos claros para atender los problemas de la calidad del aire en la ciudad, e incluso recurre al copy paste en la redacción”, señala textualmente la nota publicada el pasado viernes 18 de marzo. 1

Como ejemplo, se señala que la SEDEMA utiliza los mismos datos y repite textos sobre los verificentros que operan en la Ciudad de México.

En el Informe 2013, página 17, la dependencia señala: “Mantener el parque vehicular en su mejor desempeño ambiental posible es uno de los principales objetivos del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria. Actualmente están autorizados 81 Verificentros para la prestación del servicio”. 2

En el informe 2014, en la página 102, se reproduce textualmente dicha información. 3

Para el informe 2015, capítulo 4, página 127, se observa también el dato de que operan 81 verificentros, lo que no armoniza con lo informado en la página 135 del mismo documento que señala que en esa anualidad se clausuraron 11 centros de verificación y 9 fueron suspendidos. 4

Incluso la investigación periodística hace referencia al directorio de verificentros que se difunde en la página web de la SEDEMA, que en este momento está integrado por 68 de ellos y no por 81, que es la cifra que estuvieron repitiendo en los tres últimos informes. 5 6

Otro dato interesante, es que en 2013 la dependencia anunció la implementación de un nuevo software para la verificación de los autos, el cual se aplicaría precisamente al año siguiente; sin embargo, en el informe 2014 se hizo referencia exactamente al mismo objetivo, y no se reportaron avances.

Cualquier persona que realice una revisión superficial a los informes 2013, 2014 y 2015 de la SEDEMA, se puede percatar de la transcripción de datos y de párrafos en los tres documentos entregados a la Asamblea Legislativa.

El informe 2013, capítulo 1, página 16, menciona que se registró la emisión de 34 mil 494 toneladas al año del contaminante denominado PM10 (Particulate Matter por sus siglas en inglés) que son pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera, y cuyo diámetro es menor que 10 µm.

El informe 2014, página 100, y el informe 2015, página 124, hacen referencia ambos, a la emisión de 35 mil toneladas de PM10, sin precisar más datos.

Se pueden mencionar varios ejemplos más de las inconsistencias que a simple vista se detectan en los tres últimos informes anuales de la SEDEMA, que oficialmente ha entregado a la Asamblea Legislativa; lo que pudiera constituirse en actos irregulares e incluso ilegales que deben ser investigados a fondo por las instancias adecuadas.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la Contraloría General está encargada del control y la evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del Gobierno de la Ciudad. 7

El artículo 34 de dicho ordenamiento legal, señala que corresponde a la Contraloría General “conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, con motivo de quejas o denuncias de los particulares o servidores públicos o de auditorías practicadas por los órganos de control, para constituir responsabilidades administrativas, y determinar las sanciones que correspondan en los términos de ley”.

El artículo 3º de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, determina que la Auditoría Superior es la instancia a través de la cual la Asamblea tiene a su cargo la fiscalización del ingreso y gasto público del Gobierno del Distrito Federal, así como su evaluación.8

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones, realice una investigación pronta y expedita en relación a la veracidad de las acciones y avances en materia de calidad de aire y cambio climático presentadas en los informes de la Secretaría del Medio Ambiente de la entidad durante la presente administración y, en caso de acciones y omisiones de servidores públicos, proceda conforme a derecho.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, revise a fondo los informes 2013, 2014 y 2015 de la Secretaría del Medio Ambiente, y valide los datos entregados por la dependencia.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de abril de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.

1 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/03/18/secretaria-ignoro-3-anos-contaminacion-vehicular

2 http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/images/archivos/noticias/primer-informe-sedema/capitulo-01.pdf

3 http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/images/archivos/noticias/segundo-informe-sedema/segundo-informe-sedema.pdf

4 http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/images/archivos/noticias/tercer-informe-sedema/tercer-informe-sedema.pdf

5 http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/verificacion-hoy-no-circula/verificacion-vehicular/donde-puedo-verificar

6 http://148.243.232.119:8080/dvc/

7 http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/index.php/conocenos/127-conocenos/901-atribuciones

8 http://www.ascm.gob.mx/Pdfs/LFSCM.pdf





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe detallado sobre los ingresos generados por concepto de multas derivadas de la implementación del nuevo Reglamento de Tránsito. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En diciembre de 2015 entró en vigor el nuevo reglamento de tránsito en la Ciudad de México, el cual tenía como objetivo primordial regular la circulación de vehículos y transeúntes en la vía pública para generar mayores niveles de seguridad.

Este ordenamiento contempla a peatones, conductores, pasajeros y propietarios de cualquier unidad de motor matriculado que circule en la capital del país, así como distintas multas, entre ellas, las relacionadas al uso indebido del claxon, invadir cruces peatonales, enviar mensajes y chatear en el celular, además de estacionarse en lugares para discapacitados.

A pesar de que este nuevo estatuto aspiraba a mejorar sustantivamente la movilidad y encausar las políticas de prevención del delito y accidentes de tránsito para fomentar un clima de respeto de quienes hacen uso de los espacios públicos como calles, avenidas y corredores, los resultados distan mucho de los esperados. 

Para dimensionar la transcendencia del presente asunto, basta mencionar que de acuerdo con diversos medios, en la ciudad se aplican más de mil 600 multas diariamente, la mayoría por no respetar la señalización de los semáforos, invasión a los pasos peatonales y ciclovías, hablar o manipular el teléfono móvil, no utilizar el cinturón de seguridad y rebasar los límites de velocidad permitidos.

En relación a esta última consideración, la administración central gastó en aparatos de vigilancia, para contar con más de 11 mil 105 cámaras y 156 radares, de los cuales 58 son de velocidad y 98 de fotomultas.

Estos gastos beneficiaron a la empresa Autotraffic S.A. de C.V., quien es la encargada de implementar el programa de fotomultas. Al respecto, preocupa que se ha documentado la manipulación de sus equipos para sancionar a automovilistas aunque no excedan los límites permitidos y han sido recurrentes sus irregularidades en la emisión, cobranza y notificación de las infracciones.

Medios de comunicación han señalado que la empresa Autotraffic S.A. de C.V., se ha dado a conocer por el nulo mantenimiento a sus equipos de vigilancia, por utilizar vehículos particulares para generar infracciones y por informar a destiempo de los cargos generados por alguna multa al reglamento de tránsito, lo cual provoca molestias a los usuarios y cobros injustificados al margen de la normativa.
Además, existen retrasos importantes en la notificación de infracciones debido a la saturación que hay en el área de validación de cada imagen que hace la policía, por lo que se ha convertido en un proceso lento y costoso.

Una de las deficiencias que más se han denunciado, es la relativa a la nula capacitación de los cuerpos policiacos, de ahí que la Contraloría General se vio obligada a establecer diversos operativos de vigilancia para constatar que los agentes no recurran en malas prácticas.

Otra anomalía es el desconocimiento del reglamento, así lo dejo ver una encuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana, en la que se le preguntó al menos a 353 personas los artículos básicos y en el que su mayoría dijo desconocer lo establecido, situación que obedece a que la ausencia de campañas de información para dar a conocer las nuevas disposiciones.

Lo descrito deja de manifiesto que las medidas adoptadas no han dado los resultados esperados, por el contrario, han propiciado la concentración de millones de automóviles y con ello, se ha elevado preocupantemente los niveles de concentración de contaminantes.

En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de vital importancia que los recursos recaudados por concepto de multas e infracciones de tránsito, sean destinados a políticas públicas de movilidad, promoción del uso de medios alternativos para el desplazamiento por la ciudad y programas de capacitación a los agentes encargados de instrumentar el nuevo reglamento.

Aunado a estas políticas, apremia que las autoridades de la Ciudad de México, amplíen los presupuestos para mejorar la infraestructura vial con un enfoque que incentive y fomente el uso de medios alternativos de movilidad, asimismo, se hace necesario que actualice el parque vehicular de la red del transporte público de pasajeros.

La entrada en vigor del nuevo reglamento de tránsito ha dado paso a dudas en su eficiencia e impacto al medio ambiente, por ello, solicitamos que las autoridades informen sobre los ingresos generados por el concepto de multas e infracciones y que precise el destino de los recursos generados desde su implementación.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al titular del Gobierno de la Ciudad de México, para que a través de la Secretaría de Finanzas de la entidad, presente un informe detallado sobre los ingresos generados por concepto de multas derivadas de la implementación del nuevo Reglamento de Tránsito, asimismo, precise el destino de los recursos obtenidos desde que dicho ordenamiento entró en vigor.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de abril de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior del estado de Oaxaca a realizar una auditoría integral a los recursos destinados para la construcción de los “Elementos del Proyecto del Centro Cultural y de Convenciones de la entidad”, debido a diversas irregularidades en la asignación de contratos y la adjudicación de licitaciones, así como el incumplimiento en el cronograma de obra, falta de licencias de construcción e inconsistencias en la evaluación de impacto ambiental. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El gobierno del estado de Oaxaca, está impulsando la construcción del Centro Cultural y de Convenciones, el cual contempla diversas obras, entre ellas destaca el mejoramiento interior y exterior del Auditorio Guelaguetza, la remodelación de las escalinatas del Cerro del Fortín y la edificación de un estacionamiento, también incluye diversas obras para mejorar el transito vial en la zona y un andador peatonal.

Este Centro Cultural pretendía edificarse en los límites de un espacio natural protegido en el Cerro del Fortín, debido a ello, se talaron árboles y se vulneró su conservación y pleno desarrollo.

Para su construcción no se contaban con los permisos correspondientes, así lo expresó en un comunicado el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el que dejaba de manifiesto que dicha institución no había autorizado el proyecto, ya que las estructuras arquitectónicas propuestas representaban una afectación severa al paisaje cultural e histórico de la ciudad.

Aunado a ello, diversos medios de comunicación documentaron la existencia de un conflicto de intereses, debido a que a unos metros se encuentra ubicado el “hotel Victoria” que es propiedad del ex-titular de turismo y desarrollo económico de la entidad, además que la empresa que realizó el proyecto “Estudio Arquitectura” para el Centro Cultural, es la misma que erigió las concesionarias de automóviles ubicadas en una de las principales vialidades y que son del mismo funcionario.

Por estas y otras irregularidades, el gobernador de la entidad informó que el proyecto se reubicaría al municipio de Santa Lucía del Camino1, “con el propósito de garantizar la unidad de la sociedad oaxaqueña”.

Debido a estas consideraciones, el titular del estado, instruyó a las Secretarías de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable; de Turismo y Desarrollo Económico, así como a la de Administración y de Finanzas, para que de manera coordinada realizaran los ajustes necesarios y cumplir con los tiempos programados de construcción. Además, de realizar las gestiones financieras y presupuestales para que el proyecto no generara afectaciones al patrimonio natural y cultural del estado de Oaxaca y permitiera la promoción de las actividades culturales de las regiones de la entidad.

A pesar del anuncio, meses después se asignaron dos contratos por montos superiores a los 137 millones de pesos. Estos hechos, se suman a una serie de anomalías en las que ha incurrido la presente administración en perjuicio de la hacienda pública.

Para dimensionar la problemática, basta mencionar que se adjudicaron obras a las empresas Construcciones y Pavimentos Arellano Levante S. A. de C. V., y al Grupo Constructor Gadal S. A. de C. V., quienes fueron las responsables de edificar el “baño Gobernador”, el cual tuvo un costo de 1.5 millones de pesos, muy por encima de su valor presupuestado de acuerdo con especialistas en la materia.

En particular, el 24 de diciembre del año 2015, se celebró el contrató FIDELO/OBRA/09/2015, el cual está convenido por 49 millones 996 mil 314 pesos para realizar trabajos al exterior del auditorio y el mejoramiento de las escalinatas en el Cerro del Fortín.

Otro de los convenios signados el mismo mes, es el identificado como FIDELO/OBRA/08/2015, que consiste en trabajos de integración urbana y la construcción de un paso peatonal con la compañía Trena S. A. de C. V. por un monto de 87 millones 120 mil 424 pesos. Este acuerdo se suscribe aun teniendo encuentra que esta misma agrupación es la que erige el estacionamiento, obra que presenta un retraso de por lo menos un año.

En el marco de estos trabajos, sólo se ha logrado concluir la remodelación del interior del Auditorio Guelaguetza, el cual se efectuó a un sobre costo, por lo que las empresas Pavimentos Arellano Levante, y Grupo Constructor Gadal, tuvieron que firmar un nuevo convenio el año pasado2.

Por el conjunto de estas anomalías, como sobre costos, conflicto de intereses, incumplimiento de cronograma de obra y adjudicación de contratos irregulares, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, consideramos necesario que la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, realice una auditoría integral a los recursos destinados para la construcción de los “elementos del Proyecto del Centro Cultural y de Convenciones de la entidad”, para identificar y sancionar conforme a derecho a los servidores públicos que por acción u omisión han incurrido en la participación de la comisión de actos antijurídicos en perjuicio de las arcas públicas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, para que realice una auditoría integral a los recursos destinados para la construcción de los “elementos del Proyecto del Centro Cultural y de Convenciones de la entidad”, debido a diversas irregularidades en la asignación de contratos y la adjudicación de licitaciones, así como el incumplimiento en el cronograma de obra, falta de licencias de construcción e inconsistencias en la evaluación de impacto ambiental.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 7 de abril de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.

1 https://oaxaca.quadratin.com.mx/Centro-Convenciones-sera-Santa-Lucia-del-Camino-dice-Cue/

2 http://www.animalpolitico.com/blogueros-lo-que-quiso-decir/2016/04/01/biografia-politica-del-mexicano-mas-rico-del-mundo/





 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a garantizar el cumplimiento de las categorías de participación en las disciplinas deportivas de natación, de racquetbol y de pentatlón moderno, previstas en la convocatoria del evento multideportivo de carácter nacional denominado “Olimpiada Nacional 2016” publicada el 30 de octubre de 2015 por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.







 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional del Agua a informar cuál es la cantidad de agua que se ha aplicado a los campos exploratorios donde se ha realizado la práctica de la fractura hidráulica. Se turna a la Comisión de Energía.







 

Del Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por el arranque del Programa “Canjea tus Armas por Dinero”, implementado por el gobierno del estado de San Luis Potosí, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional.







 

De las Senadoras María del Rocío Pineda Gochi, Iris Vianey Mendoza Mendoza y Luisa María Calderón Hinojosa, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Michoacán a resolver por la vía institucional y pacífica el conflicto generado por la construcción del proyecto Ciudad Mujer, y se respete el derecho constitucional de la libertad de expresión. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.







 

Asimismo, las efemérides inscritas en la agenda del día de hoy se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Salud”.

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo por el Día Mundial de la Salud, observado el 7 de abril.

La salud es un elemento fundamental para el desarrollo individual y colectivo, de acuerdo con el artículo 4° de nuestra Carta Magna, toda persona tiene derecho a la protección a la salud. El derecho a la salud obliga al Estado mexicano a garantizar a los ciudadanos la posibilidad de poder disfrutar de una mejor salud posible.

El 7 de abril se conmemorael “Día Mundial de la Salud”, instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de sensibilizar a la población sobre temas relacionados con el cuidado de la salud y generar acciones que favorezcan un mayor y mejor acceso en todo el mundo.

Cada año se elige un tema central para desarrollar sus actividades, en 2016 es: “Vence a la diabetes”, a través del cual se busca generar conciencia sobre el aumento de la diabetes en el mundo. Al respecto, se da especial atención a los países de ingresos bajos y medianos,impulsando un conjunto de acciones encaminadas a hacer frente a esta problemáticacon medidas de prevención y diagnóstico oportuno en beneficio de quienes la padecen.

En atención al tema central del presente año, este día ofrece la oportunidad de reflexionar sobre las causas y consecuencias de la diabetes, enfermedad crónica e irreversible que se produce por un exceso de glucosa o azúcar en la sangre y en la orina debido a una disminución de la secreción de la hormona insulina o a una deficiencia de su acción.

Existen dos formas principales de diabetes: Tipo 1, donde las personas generalmente no producen insulina, por lo que necesitan medicamentopara sobrevivir;el Tipo 2, donde las personas suelen producir su propia insulina, pero la cantidad es insuficiente o no la pueden utilizar apropiadamente, por lo general tienen sobrepeso y son sedentarias, dos circunstancias que aumentan sus necesidades de insulina(representan el 90% de los casos).

Una gran proporción de los casos de diabetes son prevenibles. La OMS señala algunas medidas simples relacionadas con el modo de vida que han sido eficaces para prevenir o retrasar la aparición de la diabetes de tipo 2, entre las que se encuentra el mantenimiento del peso normal, la realización de actividad física periódica y una dieta sana.

Para ponderar el impacto de esta enfermedad, cabe mencionar que según cifras de la OMS, actualmenteexisten 350 millones de personas a nivel mundial que padecen diabetes y 1.5 millones mueren como consecuencia directa de dicha enfermedad, principalmente en países de ingresos bajos y medianos.

En 2014, la prevalencia mundial de la diabetes fue de 9% entre los adultos mayores de 18 años. Por si esto no fuera suficiente, se prevé que la diabetes será la séptima causa de mortalidad en 2030.De acuerdo con la propia OMS, México ocupa el sexto lugar en mortalidad por diabetes en todo el orbe.

En el ámbito nacional, de acuerdo con la Secretaría de Salud, el 9.7% de mujeres y 8.6 de hombres de la población nacional, padecen diabetes, enfermedad que es considerada como la segunda causa de muerte en nuestro país. Más de 80 mil defunciones están registradas bajo dicho diagnóstico y de forma preocupante, el 30% de las personas desconocen que tiene la enfermedad y por lo tanto, carecen de control médico alguno.

El Gobierno Federal ha implementado diversos programas y acciones para combatir la diabetes,una de ellas es la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes,la cual busca mejorar los niveles de bienestar, desacelerar el incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad, y revertir las enfermedades no transmisibles, particularmente la diabetes mellitus tipo 2, utilizando un modelo integral de atención médica y políticas públicas intersectoriales.

Ante este panorama, en el Grupo Parlamentario del PRI, seguiremos trabajandoa fin de seguirimplementando políticas públicas sobre concientización, prevención y diagnóstico mejorando la calidad de vida de todos los mexicanos y  así podamos tener un mejor bienestar social.

Dado en el Senado de la República, el 7 de abril de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.





 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la Salud”.

Conmemoración del Día Mundial de la Salud 7 de abril.

“La felicidad radica, ante todo, en la salud”

George William Curtis.

La primera Asamblea Mundial de la Salud realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1948 y en la que México tuvo un papel distinguido, resolvió que se debería patrocinar un Día Mundial de la Salud todos los años; en la Asamblea siguiente se acordó que la fecha de la celebración fuera el 7 de abril, aniversario del inicio de la OMS y desde 1950 se celebra el Día Mundial de la Salud cada año.

El Consejo de Salubridad General, órgano de carácter constitucional y autoridad sanitaria en el país, ha sido la encargada de la convocatoria y organización del evento, en virtud de que aglutina al sector público, organizaciones académicas, de investigación y de la sociedad civil relacionadas con los temas de salubridad general y de salud.

Los actos del Día Mundial de la Salud son, en lo fundamental, responsabilidades de los gobiernos y su celebración ha encontrado amplio eco a nivel mundial. Cada año, la OMS convoca a todos sus Estados miembro a organizar la celebración, que cada año se dedica a un tema de salud diferente, acorde con su importancia crítica a nivel global.

Los alimentos insalubres están relacionados con la muerte de unos 2 millones de personas al año, en su mayoría niños. Los alimentos que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas causan más de 200 enfermedades, que van desde la diarrea hasta el cáncer.

La inocuidad de los alimentos es una responsabilidad compartida. Es importante que se trabaje a lo largo de toda la cadena de producción de los alimentos: desde los campesinos y los fabricantes hasta los vendedores y los consumidores.

Dado en el Senado de la República, el 7 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Sonia Rocha Acosta





 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, sobre el “Día Mundial de la Salud”.

El 07 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud, esta ocasión la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo dedica a intensificar la prevención, mejorar la atención y reforzar la vigilancia de la diabetes.

Existen dos tipos de diabetes, la Tipo 1 que se caracteriza porque los pacientes no producen insulina; mientras que la Tipo 2, los enfermos suelen producir su propia insulina, pero en cantidades insuficientes o no la utilizan adecuadamente. El 90% de los casos pertenecen a la Tipo 2 o Miellitus.

La Diabetes Mellitus está asociada a estilos de vida poco saludables, como la ingesta de alimentos no nutritivos y altos en azúcares, sumado a la poca o nula actividad física. Es decir, al sobrepeso y la obesidad.

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), una persona con sobrepeso gasta 25% más en servicios de salud. En este sentido, México reporta cifras alarmantes, ya que de conformidad con los datos reportados por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, más del 70% de los adulos y cerca del 35% de niños en edad escolar, presentaron sobrepeso u obesidad. Asimismo,nuestro país ocupa el segundo lugar en obesidad a nivel mundial.

En este sentido, la Federación Internacional de Diabetes (IFD) estimó en 2013 que 382 millones de personas vivían con dicha enfermedad y se estima que para 2030, cerca del 10% de la población tendrá un diagnóstico positivo de Diabetes Mellitus.

Se calcula que para el mismo periodo de tiempo, cerca de 5 millones de muertes fueron causadas por complicaciones que provoca la enfermedad.

Las cifras también son muy alarmantes en nuestro país, ya que la Federación Mexicana de Diabetes estima que cerca del 7% de la población (en su mayoría pertenecientes a la Población Económicamente Activa) padecen Diabetes Mellitus, es decir entre 6.5 y 10 millones de personas, de las cuales, más de 2 millones de personas ignoran que son portadoras de la enfermedad.

La Diabetes Mellitus también está asociada a diversas comborbilidades como enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, ceguera, así como trastornos en el estado de ánimo y demencia. La Diabetes es la principal causa de amputaciones por una enfermedad. Todo esto conlleva a un deterioro en la calidad de vida de los pacientes, reduciendo la Esperanza de Vida Ajustada por Salud (EVAS).

Asimismo, la diabetes representó para 2012 la segunda causa de muerte directa o indirecta, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Como se puede observar, la diabetes representa un problema de salud pública al considerarse como una epidemia a nivel mundial y nacional. Es por ello que este año la OMS decidió  que la diabetes fuera el estandarte para conmemorar el Día Mundial de la Salud 2016, con el objetivo de intensificar su prevención, mejorar la atención y reforzar la  vigilancia.

De esta manera, también se estará trabajando para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, reducir la mortalidad prematura por enfermedades no trasmisibles en una tercera parte para 2030.

Atentamente

H. Cámara de Senadores, el 7 de abril de 2016.

Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal.





 

Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz”.

El deporte es la actividad física, organizada y reglamentada, que tiene por finalidad preservar y mejorar la salud física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, además de ser un factor de equilibrio y autorrealización.

Por ende, el deporte más que una recreación o pasatiempo, es una actividad física que resulta indispensable para consolidar una población saludable y potenciar talentos deportivos, además de fungir como un medio para fortalecer relaciones sociales y de desarrollo, aunado a actuar como distractor para disminuir la violencia y delincuencia en la sociedad.

A nivel internacional, el deporte además de ser considerado motivo de unión entre naciones a través de las gestas deportivas, también representa una herramienta clave para consolidar un contexto de tolerancia y comprensión, que contribuye a promover la cooperación, la solidaridad y la inclusión social detonando la realización de metas comunitarias como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el cuidado del medio ambiente.

En ese contexto, la Asamblea General de la ONU decidió proclamar el 6 de abril como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. De esta manera, el deporte emerge como bandera de valores intrínsecos como el trabajo en equipo, la justicia, la disciplina, el respeto por el adversario y la convivencia pacífica.

Por otro lado, es innegable que en el ámbito internacional se vea en el deporte un catalizador para el desarrollo ya que puede llegar a más seres humanos de una forma práctica, aunado a que tiene un efecto multiplicador en la sociedad. Es decir, por medio del deporte se puede educar, elevar la conciencia en asuntos sociales, mejorar la salud de las personas, ayudar a la economía, promover la igualdad e incrementar la consciencia ambiental.

En nuestro país, la Carta Magna reconoce el deporte considerado como derecho humano y el estado es el encargado de garantizarque todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferenciaso estado civil, tengan igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen.

Ante la relevancia del deporte en la actualidad y atendiendo la invitación de las Naciones Unidas para cooperar y crear conciencia sobre la importancia de la paz y el desarrollo,exhortamosrespetuosamente a los tres niveles de gobierno para dar cabal cumplimiento a la Ley General de Cultura Física y Deporte.

El Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México,  esta cierto que el deporte tiene efectos tangibles y predominantemente positivos en las esferas de la educación, desarrollo social y la salud pública, por ende, seguirá trabajando para que se implementen acciones de promoción, fomento y estímulo de la activación física y práctica del deporte, asimismo, propugnará para que se desarrolle mayor estructura e infraestructura deportiva, al igual que recursos humanos y financieros vinculados al deporte en el país en beneficio de la población.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,
el 7 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Carlos Alberto Puente Salas

Partido Verde Ecologista de México





 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Salud”.







 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, sobre el “Día Mundial de la Salud”.

Senadoras HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ, ANABEL ACOSTA ISLAS,ERIKA AYALA RIOS Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZintegrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA,  Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentamos ante esta H. Asamblea la siguiente:

EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 2016

Como cada año, el Día Mundial de la Salud nos brinda la posibilidad de conocer, reflexionar y actuar ante los problemas de salud más relevantes de la comunidad internacional.

En esta ocasión la campaña mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene que ver con la diabetes. Un padecimiento de importancia mundial, y que en nuestro país es de atención prioritaria.

De acuerdo con cifras de la OMS en 2008 unos 347 millones de personas en todo el mundo tenían diabetes. En 2012 esta enfermedad fue la causa directa de aproximadamente 1.5 millones de defunciones, de las que más del 80% se produjeron en países de ingresos bajos y medianos. Según las previsiones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de defunción para 2030.1

Lamentablemente México ocupó en 2015 el sexto lugar a nivel mundial en la prevalencia de diabetes. Al año se registran en nuestro país más de 400,000 casos nuevos de personas con este padecimiento y de acuerdo a las proyecciones de especialistas internacionales para el año 2040, nuestro país ocupará el quinto lugar a nivel mundial, con 20.6 millones de mexicanos con diabetes;  esto de acuerdo con lo señalado por la Federación Internacional de Diabetes.

En 2013, de acuerdo con el INEGI, la diabetes representó para las mexicanas y los mexicanos la segunda causa de mortalidad, solo por debajo de las enfermedades cardiovasculares, que en  la mayoría de los casos son también consecuencia de la diabetes.

Gran parte de los casos de diabetes pueden retrasarse,  prevenirse y controlarse mediante estilos de vida saludable y atención médica oportuna.

Al respecto el Gobierno Federal ha puesto en marcha la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, el cual tiene como objetivo la promoción de estilos de vida saludables; amplias campañas de promoción a la salud a través de la educación; monitoreo permanente de las enfermedades no transmisibles; así como la implementación de acciones preventivas.

Sin embargo, el problema de la diabetes en México es tal que no podemos bajar la guardia y debemos seguir trabajando hasta lograr que cada vez más pacientes sean diagnosticados oportunamente, que se arraigue entre la población una cultura de activación física y sana alimentación, y que se logre un mejor control de la enfermedad por parte de médicos y pacientes. 

Por ello, los invitamos a conmemorar este día y, tal y como lo describe la campaña de la OMS, intensifiquemos la prevención, atención y vigilancia de la diabetes.

Salón de sesiones del H. Congreso de la Unión, el 7 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Erika Ayala Ríos.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 Consultable en http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2016/event/es/




 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la Salud”.

Día Mundial de la Salud 7 de Abril

Este 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud 2016 con el lema ‘Vence a la diabetes’ y con el objetivo de intensificar la prevención, mejorar la atención y reforzar la vigilancia sobre esta enfermedad crónica, además de sensibilizar y concienciar a la población sobre todas las cuestiones de la diabetes que ya no es exclusiva de los adultos, también la sufren muchos niños.

Hoy, se celebrará de nuevo el Día Mundial de la Salud, día que conmemora la entrada en vigor de la Constitución de la OMS (Organización Mundial de la Salud), autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional en el sistema de las Naciones Unidas, cuya filosofía es: ‘La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades’.

Para esta nueva conmemoración del Día Mundial de la Salud se ha elegido un tema relacionado con el bienestar completo con el objetivo de sensibilizar a la población y poner en conocimiento cuestiones que a veces no se tienen muy presentes o se desconocen. En esta ocasión la finalidad es intensificar la prevención, mejorar la atención y reforzar la vigilancia sobre la diabetes, una enfermedad que, según la OMS, se convertirá en la séptima causa de muerte en 2030.

Por desgracia, La epidemia de diabetes está aumentando rápidamente en muchos países, y de manera extraordinaria en los países de ingresos bajos y medianos. Una gran proporción de los casos de diabetes son prevenibles. Algunas medidas simples relacionadas con el modo de vida se han revelado eficaces para prevenir o retrasar la aparición de la diabetes de tipo 2. El mantenimiento del peso normal, la realización de actividad física periódica y una dieta sana pueden reducir el riesgo de diabetes.

Recordemos que hasta no hace mucho, la diabetes tipo 2 se consideraba una enfermedad de adultos, pero actualmente son alarmantes las cifras de niños que padecen esta enfermedad crónica, y también hay previsión de que aumenten. Esto delata la verdadera necesidad de que haya formación e información nutricional y de hábitos de vida saludable para todo el mundo, principalmente en los países de ingresos bajos y medios.

Muchos sectores de la sociedad tienen una importante función que desempeñar, en particular los gobiernos, empleadores, docentes y fabricantes, así como la sociedad civil, el sector privado, los medios informativos y cada uno de nosotros.

H. Cámara de Senadores, el 7 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio en Rwanda”.

Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio en Rwanda
7 de Abril

La decisión de declarar el 7 de abril de 2004 Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio cometido en 1994 en Rwanda se originó en una recomendación del Consejo Ejecutivo de la Unión Africana. En marzo de 2003, el Consejo recomendó que las Naciones Unidas y la comunidad internacional, en conmemoración del genocidio cometido en 1994 en Rwanda, proclamara un día internacional de reflexión y de renovado compromiso de lucha contra el genocidio en todo el mundo.

El 23 de diciembre de 2003, la Asamblea General aprobó la resolución A/RES/58/234, en la que declaraba el día 7 de abril de 2004 Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio cometido en Rwanda. En la resolución se "alienta a todos los Estados Miembros, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales competentes, así como a las organizaciones de la sociedad civil, a que observen el Día Internacional con actos y actividades especiales en memoria de las víctimas del genocidio". En ella se hace también un llamamiento a todos los Estados para que actúen de conformidad con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, a fin de que no vuelvan a repetirse acontecimientos como los ocurridos en Rwanda en 1994.

En 1994, 800.000 rwandeses fueron asesinados por sus compatriotas, en la mayoría de los casos únicamente por pertenecer a un grupo étnico determinado. La matanza comenzó el 7 de abril de 1994, un día después de que un avión en que viajaban los Presidentes de Rwanda y Burundi fue derribado por un misil cuando se alistaba a aterrizar en Kigali. La matanza sistemática de hombres, mujeres y niños durante aproximadamente 100 días, entre abril y julio de 1994, se perpetró a plena vista y paciencia de la comunidad internacional. Se cometieron atrocidades sin nombre en que participaron no sólo las milicias y las fuerzas armadas, sino también civiles que se ensañaron con otros civiles. El genocidio fue organizado detalladamente por, entre otros, altos funcionarios del Gobierno y dirigentes del partido en el poder. Antes de que se iniciara el genocidio propiamente dicho, se prepararon listas de los tutsis y dirigentes de la oposición que habrían de ser asesinados. Diversos medios de información que preconizaban el odio también contribuyeron a que se condonara la matanza y se participara en ella. Por consiguiente, los principales asesinos no fueron turbas sin rostro, sino individuos identificables que pueden llevarse ante la justicia.

Como consecuencia del genocidio de Rwanda, todo el sistema de las Naciones Unidas se movilizó para contribuir a estabilizar la situación, atenuar los sufrimientos de los sobrevivientes y prestar ayuda en los esfuerzos de reconstrucción del país. Entre los logros de la Organización se cuentan las iniciativas en curso para proteger los derechos humanos y reconstruir el sistema judicial de Rwanda.

H. Cámara de Senadores, el 7 de abril de 2016.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Salud”.

La salud es la riqueza real y no piezas de oro y plata.
Mahatma Gandhi.

Lo cotidiano no se valora hasta que se pierde. Lamentablemente entre esas cotidianeidades se encuentra una inmensa fortuna: La Salud.

La Salud estriba en que el organismo de una persona, mantenga buenos estándares de funcionamiento y pueda realizar las diferentes actividades que están en su rutina diaria.Su valor es tal, que es el principal elemento para que una persona pueda llevar una buena calidad de vida en todos sus diversos aspectos.

Por ese inmenso e incomparable valor, en 1948, la Primera Asamblea mundial de la Salud propuso que se estableciera un “Día Mundial de la Salud”y conmemorar a su vez la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dos años más tarde, desde 1950, cada 7 de abril se viene celebrando y todos los años se elige para esa jornada un tema de salud específico a fin de destacar un área prioritaria de interés para la OMS.

Para este año, el tema del “Día Mundial de la Salud” es: “VENCE A LA DEABETES”.

Esto en virtud de que en el año 2012, esta enfermedad fue la causa directa de unos 1,5 millones de defunciones, de las que más del 80% se produjeron en países de ingresos bajos y medianos. Según las previsiones de la OMS, la diabetes podría constituirse en la séptima causa de defunción para 2030.

Por ello, de acuerdo con la propia OMS, los objetivos principales de la campaña del Día Mundial de la Salud 2016 serán:

1. Acrecentar la concienciación respecto del aumento de la diabetes y de sus abrumadoras cargas y consecuencias, en particular en los países de ingresos bajos y medianos;

2. Impulsar un conjunto de actividades específicas, eficaces y asequibles para hacer frente a la diabetes, con medidas para prevenirla y para diagnosticar, tratar y atender a quienes la padecen; y

3. Presentar el primer informe mundial sobre la diabetes, que describirá la carga y las consecuencias de la diabetes y abogará por sistemas de salud más sólidos que aseguren una mejor vigilancia, una prevención reforzada y una atención más eficaz de la diabetes.

Acciones por demás relevantes para cumplir con uno de los más importantes objetivos de desarrollo del milenio: Reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles en una tercera parte para 2030.

Razones por las que sin duda, este 7 de abril, en el marco del “Día Mundial de la Salud”,una buena oportunidad para reflexionar, en primer término, sobre la importancia de la SALUD en sí misma, los buenos hábitos para conservarla, como también, en base al tema propuesto por la OMS en este año, sobre la necesidad de tomar conciencia y hacer frente al indeseable mal que constituye la diabetes.

Cuidar de nuestra salud, la de nuestros seres queridos y la de nuestra población, es una prioridad.

Dado en la Ciudad de México, el 7 de abril de 2016.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, sobre el 97 aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata.







 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo martes 12 de abril a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:10 horas)

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