Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 27 de mayo de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 20

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 31 de Marzo de 2016

SUMARIO










INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de los Senadores Miguel Barbosa Huerta, Luis Sánchez Jiménez, Alejandro Encinas Rodríguez, Armando Ríos Piter, Fidel Demédicis Hidalgo, Zoé Robledo Aburto, Raúl Morón Orozco, Luz María Beristain Navarrete, Luis Humberto Fernández Fuentes, María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, Félix Benjamín Hernández Ruiz, Fernando Enrique Mayans Canabal y Alejandra Roldán Benítez, del grupo parlamentario del PRD)

Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; de Gobernación; de Seguridad Pública; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.









PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 35; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI BIS AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, interviene la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza.

Para su discusión en lo general y en lo particular, intervienen las Senadoras Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Margarita Flores Sánchez y Marcela Guerra Castillo. Se inserta intervención del Senador Francisco Salvador López Brito.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3 y 35; y se adiciona una fracción XI Bis al artículo 30 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se remite a la Cámara de Diputados.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX-X AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)

Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.

Para presentar el dictamen, intervienen los Senadores Enrique Burgos García, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales; y Angélica de la Peña Gómez, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos.

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera presentan propuesta de modificación que se aprueba.

Para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, intervienen los Senadores Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del PVEM; Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD; Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del PAN y Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI.

Para su discusión en lo general y en lo particular, intervienen las Senadoras Dolores Padierna Luna y Silvia Guadalupe Garza Galván. Se insertan intervenciones de los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, María Lucero Saldaña Pérez y Francisco Salvador López Brito.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Cámara de Diputados.























 

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

APERTURA

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: (11:28 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los Senadores.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, le informo que se han acreditado 74 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se abre la sesión del jueves 31 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

 

En la Ciudad de México a las doce horas con cuatro minutos del día miércoles treinta de marzo de dos mil dieciséis, encontrándose presentes noventa y siete ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del veintinueve de marzo de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio en alcance al similar recibido el 29 de marzo del año en curso, por el que se precisa que la salida del territorio nacional del Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, para participar en la Cuarta Cumbre de Seguridad Nuclear (CSN), a celebrarse en Washington, D.C., será el 31 de marzo y el regreso el 1 de abril de 2016.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el informe de la participación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el pasado 27 de enero de 2016.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el documento denominado Pronunciamiento sobre el Derecho a la Protección de la Salud de las Personas Internas en Centros Penitenciarios de la República Mexicana.- Se remitió a la Comisión de Derechos Humanos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Senador Gerardo Sánchez García, a nombre propio y de los Senadores Manuel Cota Jiménez, Hilda Flores Escalera, Mely Romero Celis, Carlos Romero Deschamps, René Juárez Cisneros, Francisco Yunes Zorrilla y Luis Armando Melgar Bravo, presentó iniciativa con proyecto de     Decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción II del artículo 41 de la Constitución   Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley Aduanera, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

El Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Migración.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 130 y se adicionan los artículos del 130 bis 1 al 130 bis 3 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Cristina Díaz Salazar, a nombre propio y de las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, Carmen Izaguirre Francos, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan dos fracciones al artículo 67 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 61, 62 y 63 a la Ley General de Asentamientos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3° y 35; y se adiciona una fracción XI Bis al artículo 30, todos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de Acuerdo por el que se designa como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la ciudadana María Olga Noriega Sáenz y al ciudadano David Kershenobich Stalnikowitz.- Para presentar el dictamen, hizo uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. En la discusión intervino la Senadora Layda Sansores San Román del PT. El acuerdo fue aprobado por 83 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que la ciudadana María Olga Noriega Sáenz y el ciudadano David Kershenobich Stalnikowitz rendirán su protesta en próxima sesión.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea cinco dictámenes que proponen desechar los siguientes proyectos:

1. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acceso y la conectividad a las redes digitales.

2. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para reformar los artículos 4 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para reformar los artículos 27, 28 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el párrafo quinto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acceso libre a internet.

Los cinco dictámenes por el que se proponen desechar diversos proyectos de Decreto iniciados en la Cámara de Senadores, sin discusión, fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de los registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional a revisar y, en su caso, proponer los cambios correspondientes a la normatividad militar para fortalecer la vigencia de los derechos humanos.

2. Por el que el Senado de la República reconoce las aportaciones de las observaciones y recomendaciones derivadas de la visita in loco a nuestro país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se compromete a analizar sus recomendaciones.

Los dos dictámenes, sin discusión, fueron rechazados por la Asamblea en votación económica.

(Proposiciones)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se condena cualquier expresión que promueva la violencia de género y se exhorta a la Secretaría de Gobernación a analizar la posibilidad legal de retirar la difusión del video clip del cantante Gerardo Ortiz, por su contenido altamente misógino y violento.- Considerado de urgente resolución, intervinieron las Senadoras: Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI; Angélica de la Peña Gómez del PRD; Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN; y Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo, a nombre propio y de los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez y Eviel Pérez Magaña, presentó proposición con punto de Acuerdo en relación con los problemas de inseguridad y violencia que aquejan la sierra tarahumara del estado de Chihuahua.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

El Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de Acuerdo en relación a la contaminación existente en los lagos del Parque Nacional Lagunas de Montebello.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

La Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, remitió proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar exacto cumplimiento a la sentencia de amparo emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, dentro del expediente 1558/2015 del 29 de febrero de 2016, relativo a la devolución del Fondo Campesino de Exbraceros retenido por el Gobierno Federal desde hace más de siete décadas.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de Asuntos Migratorios.

 

El Senador Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República establece que los integrantes de esta Soberanía realicen una campaña en contra del Señor Donald Trump por sus acciones y declaraciones en contra de los mexicanos que tienen como objetivo fomentar el odio y la división.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 7 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De los Senadores Miguel Romo Medina, Emilio Gamboa Patrón, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González y Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4º, 116, 121 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe sobre las acciones de mantenimiento, renovación del parque vehicular y mecanismos de monitoreo y control de emisiones de gases contaminantes de las unidades de los diversos sistemas de transporte público en la entidad.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo relativo al proceso de normalización de relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y los Estados Unidos de América.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, Carmen Izaguirre Francos, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo que exhorta al Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro a que considere implementar las medidas necesarias para evitar la aglomeración de usuarios en horas pico del metro, evitando la sensación de asfixia por sofocación entre los usuarios, dentro de los vagones y el acoso sexual contra las mujeres.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los titulares de las 32 entidades federativas a implementar acciones tendientes que incentiven el uso de vehículos eléctricos.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, al órgano de Fiscalización Superior del estado de Tlaxcala y a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico investigar sobre los hechos ocurridos en el municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala, donde un bebé de nueve meses perdió la vida.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se requiere a diversas autoridades investigar hechos delictivos y proteger al periodista Javier Alatorre.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a enviar, de inmediato, elementos del Ejército y Marina Armada de México al estado de Veracruz, con especial énfasis en la zona sur del estado, derivado del aumento de incidencia delictiva.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo y Angélica de la Peña Gómez, con punto de   Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a revisar la integración del personal del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Secretaría de Educación Pública a crear una campaña informativa para que los estudiantes de las escuelas de educación media superior y superior conozcan lo referente al seguro facultativo y cómo tramitarlo, derecho derivado del Decreto de Presidencial del 14 de septiembre de 1998, para que puedan gozar de los servicios que ofrece la institución de seguridad social mencionada.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores informe cuáles son las razones jurídicas que respaldan la negativa del Gobierno Federal para que el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes visite nuestro país con el fin de dar seguimiento al último informe sobre su misión a México.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer el caso de los tres jóvenes desaparecidos en Papantla, Veracruz; y a la Secretaría de Gobernación a establecer un plan emergente para atender e investigar los casos de desapariciones de personas en dicho estado.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León y a la Contraloría y Transparencia Gubernamental a ampliar las investigaciones para identificar y sancionar diversas irregularidades administrativas en relación a la duplicidad de plazas en el gobierno de la entidad.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe sobre las principales acciones realizadas para dar respuesta a la problemática del manejo y transferencia y disposición final de residuos sólidos.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir un informe de cuáles han sido los montos y las personas beneficiadas por la reparación del daño causado por violaciones a los derechos humanos mediante el Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

(Efemérides)

Las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el 191 aniversario del Día del Trabajador Universitario.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Martha Tagle Martínez, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con trece minutos y citó a la siguiente el jueves treinta y uno de marzo a las once horas.

 

Fin de la Sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIÓN

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se recibió de la Comisión de Desarrollo Social, su Plan de Trabajo 2016-2018.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa al mes de febrero de 2016; información sobre la recaudación federal participable; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de febrero de 2016.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.





 

En el apartado de iniciativas, tiene la palabra el Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley de Aeropuertos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL, DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DE LA LEY DE AEROPUERTOS

(Presentada por el Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

México ha impulsado diversas reformas económicas y estructurales para acompasar su desarrollo al ritmo del entorno internacional.

Una de esas reformas estratégicas para el país es la de telecomunicaciones, su instrumentación ha generado diversos beneficios ya a la sociedad mexicana y, en particular, a los usuarios de los distintos medios de comunicación.

A la luz de esta reforma, en otra vertiente, el gobierno federal ha planteado la modernización de la infraestructura física del país, que favorezca la movilidad humana: carreteras, puertos, ferrocarriles y aeropuertos son modernizados para ponerlos a tiempo con los tiempos que corren en el mundo.

Por ello, es de amplio reconocimiento el acierto del Presidente Enrique Peña Nieto para que por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se emprenda la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, diseñado por el reconocido arquitecto inglés Norman Foster y su socio mexicano Fernando Romero, cuya primera etapa será concluida en octubre de 2020.

Asimismo, está por ratificarse por esta Honorable Cámara un importante Acuerdo sobre Transporte Aéreo con los Estados Unidos de Norteamérica que tendrá repercusiones en el futuro inmediato tanto en la operación del actual Aeropuerto de la Ciudad de México como en el resto de los aeropuertos del país, incrementando sustancialmente la conectividad del país.

La globalización y la liberación del transporte aéreo, han incrementado la competencia entre los aeropuertos y compañías aéreas del mundo; y el auge de las relaciones comerciales internacionales ha determinado un uso cada vez más intenso del transporte aéreo.

Por ello, crece la necesidad de consolidar el transporte aéreo mexicano y su marco regulatorio en un entorno más competitivo que sea clave para el desarrollo económico y que a su vez ofrezca un buen servicio y, sobre todo, un trato digno y respetuoso para los usuarios frecuentes y para los turistas que visitan nuestro país.

La aviación en México se ha convertido en una herramienta indispensable para la integración nacional, el fomento al turismo, la creación de negocios y el comercio nacional e internacional de mercancías con alto valor económico, pieza clave en la movilidad nacional es el crecimiento de negocio y en particular en el desarrollo de la industria turística es el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

Por su importancia debemos prestar atención a lo que ahí sucede y las autoridades deberán tomar decisiones inmediatas para mejorar el desempeño y funcionamiento de este espacio vital de nuestro país y no esperar a que esté concluido el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Permítaseme, compañeras y compañeros Senadores, aportar algunos datos para entender mejor la problemática que presenta el Aeropuerto Benito Juárez.

Por primera vez en una década, el tráfico de pasajeros en 2015 del aeropuerto creció a doble dígito, 12.2 por ciento al comparar año con año y alcanzó 38’433,000 personas, 14 millones más que en el 2015; siendo 11 millones viajeros internacionales y 22’753,000 viajeros nacionales.

El aeropuerto es el más concurrido de México, tanto por la movilización de personas como de aeronaves y es el segundo de Latinoamérica. La terminal aérea opera al límite de su capacidad, en 2015 se realizaron 426 mil operaciones de aterrizaje y despegue de aeronaves tanto nacionales como extranjeras, es decir, 4.1 por ciento más que en las registradas en 2014.

En cuanto al manejo de carga durante el 2015 se movilizaron 446 mil toneladas de mercancías y desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez representando un incremento del 12.3 por ciento en relación al 2014.

Como puede observarse, las autoridades del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, han manejado al límite las condiciones de operación tanto en el tránsito de pasajeros como de carga con todos los riesgos e inconvenientes que ello implica, así como, y esto sea tal vez lo más importante, los prejuicios, molestias y atentando a los derechos de los usuarios, es decir, de los pasajeros.

Si bien, las autoridades del Aeropuerto Internacional Benito Juárez presumen que en esas condiciones, con dos pistas y las limitaciones de infraestructura, esto es verdaderamente una hazaña. Lo que no dicen, lo que no reconocen es que toda esta saturación va en perjuicio de los usuarios, de los pasajeros, de los turistas que se ha convertido en un verdadero suplicio el viajar por el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

El Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, reconoció públicamente, el pasado 10 de marzo, que el problema de saturación e insuficiencia de los slots, horarios de aterrizaje y despegue del aeropuerto es un obstáculo para la industria.

Recientemente, en febrero pasado, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Cofece, como autoridad investigadora del mercado de los servicios de transporte aéreo que utilizan el aeropuerto para aterrizaje y despegue reportó que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, “no existen condiciones de competitividad y que las aerolíneas suben unilateralmente el precio de sus boletos para aterrizar y despegar en él; que el procedimiento de acceso a la infraestructura del aeropuerto genera aspectos anticompetitivos en el transporte aéreo de pasajeros y que los horarios se han concentrado en pocas aerolíneas”.

En 2014, dos aerolíneas controlaban el 65 por ciento de los horarios y la saturación y distribución ineficiente de horarios limita la competencia entre aerolíneas y ocasiona retrasos y cancelaciones que afectan los derechos de los pasajeros y usuarios.

Además, la investigación de la Cofece encontró que en promedio al 37 por ciento de los horarios asignados no fueron operados por las aerolíneas que generalmente lo solicitaron y que la existencia de rutas donde pocas aerolíneas ofrecen sus servicios, suelen tener tarifas mucho más altas.

También afirma que “las aerolíneas han disminuido la calidad del servicio; en 2014 más de 115 mil vuelos no operaron conforme a tiempos asignados; es decir, más de 300 vuelos diarios en promedio operaron fuera de su horario”.

En suma, esta investigación de la Cofece, concluye que “se considera la existencia de condiciones que generan alta concentración en pocas aerolíneas, baja disponibilidad de horarios que inhiben la entrada de más empresas, establecimiento de precios elevados y la escasa innovación en rutas”.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene la más alta densidad del    tráfico aéreo en el país; dos terceras partes de los pasajeros en vuelos nacionales y una tercera parte en vuelos internacionales regulares, tienen como origen o destino este aeropuerto. Está considerado como el noveno aeropuerto en el mundo con mayor proporción de posibles conexiones programadas por el número de destinos que      ofrece.

Por el destino de la Cofece y nuestras experiencias cotidianas, estoy seguro que las señoras Senadoras y Senadores que vuelan todas las semanas a sus estados de origen, sufrirán lo mismo que hemos sufrido nosotros en las agonías ante las cancelaciones y las reprogramaciones de los vuelos, el costo excesivo por los cambios que se dan ahí, y nos muestran que en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México se presenta desde hace varios años una amplia y recurrente serie de irregularidades en su operación, funcionamiento y atención a los usuarios, situación que podemos calificar de un verdadero caos en muchas ocasiones.

Enuncio aquí algunas de las irregularidades que se registran con mayor frecuencia:

En el Aeropuerto Internacional Benito Juárez confluyen diversas autoridades del ámbito federal, no existiendo una línea de mando clara que coordine con eficiencia y orden dichas instancias.

La saturación de todas las áreas de infraestructura y operaciones, entre ellas la organización de los horarios para el control del tráfico aéreo, pistas de aterrizaje, calles de rodaje, posiciones de aeronaves, procesamiento y distribución de equipaje, control de seguridad, aduanas, zona de embarque y tiempo de conexiones. Recurrentes y cotidianos retrasos y cancelaciones de vuelos.

Las pantallas de información no contribuyen con la información oportuna y actualizada con el pasajero.

Cobro de derechos injustificados por cancelaciones o cambios de boleto, cuya responsabilidad es del aeropuerto o de las aerolíneas, pero que van en perjuicio del pasajero.

Grave y delicado manejo por las autoridades respectivas en el tránsito de pasajeros, pues no existen. Este es uno de los aeropuertos en el mundo al que llegan por las mismas instalaciones áreas específicas para separar pasajeros nacionales e internacionales tanto en llegadas como en salidas.

El tráfico de drogas es situación recurrente, en muchas ocasiones con la complicidad y participación del personal que ahí trabaja, o bien, de las propias aerolíneas, como ha quedado demostrado una y otra vez durante los últimos años públicamente. El tráfico de personas es también un tema recurrente, el servicio deficiente, en donde hay la complicidad del personal y de otras autoridades que laboran en el aeropuerto internacional.

Las aerolíneas nacionales usuarias del aeropuerto no proporcionan el servicio eficiente, atento y responsable a que todo pasajero tiene derecho.

El riesgo para los pasajeros del aeropuerto es muy alto, tanto por la saturación en el espacio aéreo, que no hay información al respecto.

¿Qué está pasando arriba con la saturación que tiene el aeropuerto internacional y qué está sucediendo en el espacio aéreo? Es información que nos tiene que proporcionar la Secretaría.

Y los sobrevuelos, como también la carga de combustible cuando los pasajeros están a bordo de los aviones, que es una práctica prohibida en otras naciones y que en México primero suben a los pasajeros o durante el ascenso de los pasajeros se carga el combustible.

En suma, los derechos humanos de los pasajeros se ven continuamente violentados por la falta de una administración aeroportuaria adecuada y también por la carencia de una correcta y moderna reglamentación al respecto.

Por todo ello, es indispensable y urgente que las autoridades revisen el desempeño de las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, encabezadas por el señor Alejandro Argudín, así como por las diversas autoridades que se desempeñan en el mismo.

La situación descrita de desorden general en la operación y administración del aeropuerto, demandan, insisto, atención inmediata.

Tenemos cinco años de plazo para que inicien operaciones de la primera fase del nuevo aeropuerto internacional, y la situación de la actual terminal aérea de la Ciudad de México tenderá cada día a agravarse más, máxime ante tantas deficiencias en la administración del mismo.

Por ello, como paliativo temporal, se debe insistir en reactivar, además de revisar la estructura de mando y la operación del actual aeropuerto, el aeropuerto de Toluca para aliviar el intenso tráfico al que está sometido el Aeropuerto Internacional Benito Juárez no sólo de pasajeros, sino también de carga.

Hay que recordar que al aeropuerto de Toluca se le hicieron importantes inversiones y fue habilitado recientemente como una opción precisamente para descongestionar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Compañeras y compañeros Senadores: Para contribuir a la solución de esta situación de caos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y para evitar que se reproduzca en el resto del país, hoy propongo reformas al cuerpo jurídico y normativo que regula la administración y operación de los aeropuertos del país,  buscando también compensar estos ordenamientos con el escenario futuro de nuestra nación.

Se trata de que cada aeropuerto y cada línea aérea tengan claro qué necesidades requieren para brindar un servicio eficiente, responsable y oportuno a los usuarios.

Ello se hará claro para encontrar nuevas oportunidades de negocio y hacer más competitiva la instalación y al servicio que se presta en el país.

Por ello pongo a su consideración una iniciativa con proyecto de Decreto que modifica diversas leyes a la Ley de Aviación Civil, a la Ley Federal de Protección del Consumidor y a la Ley de Aeropuertos, y que de aprobarse incorporará en primer lugar, un apartado específico y esto es lo más importante estableciendo los derechos del pasajero en la Ley de Aviación Civil.

Es necesario que los pasajeros y los usuarios de los aeropuertos en México tengan un catálogo de derechos muy bien establecidos y protegidos legalmente para poder defender sus derechos en torno al aeropuerto y a las líneas aéreas que han estado avasallando a los usuarios de dichos aeropuertos.

Los derechos de los pasajeros estarán protegidos por la ley de la misma manera que están los de los concesionarios y permisionarios.

Segundo.- Creará la defensa del consumidor en el transporte aéreo que, de manera especializada, gratuita y profesional, llevará la defensa de los pasajeros frente a los abusos de las aerolíneas y de las autoridades aeroportuarias.

Tercero.- Establecerá que ninguna aerolínea podrá negar el servicio a personas con discapacidad y deberá brindar, sin excepción, ayuda para la movilización de las personas especiales que no siempre pasa en los aeropuertos de este país.

Cuarto.- Aumentará la ascensión prevista en la ley, de un rango desde mil hasta 2 mil salarios mínimos para los concesionarios o permisionarios de servicio al público que, no se sujeten a los itinerarios, frecuencia de vuelos y horarios autorizados.

Hoy esto es un verdadero caos, la excepción es que haya un vuelo que sale a tiempo. Esa es la excepción.

Quinto.- Por retraso injustificado se deberá reembolsar al pasajero el 15 por ciento del precio boleto o del tramo que falte si se reanuda el vuelo dentro de las dos horas siguientes y el 20 por ciento si ocurre después de ese tiempo.

Sexto.- Por retrasos o cancelaciones arbitrarias, el pasajero tendrá derecho a reclamar los daños y perjuicios que le causen en su reservaciones y conexiones, pérdida de día de vacaciones, conexiones con otros vuelos o días laborales.

Séptimo.- El pasajero sin excepción podrá cancelar el viaje y tendrá derecho al reembolso del precio del boleto, porque hoy hay aerolíneas que conforme al pasajero, por causas de fuerza mayor, cancela su viaje, no le reintegran un solo centavo de su boleto.

Esto es totalmente injustificado y este catálogo de derecho del pasajero prevé que les sea reintegrado al pasajero el precio de su boleto, previo pago de la penalización aun cuando haya adquirido el boleto vía internet.

Octavo.- En todas las terminales aéreas del país, existirá un representante de la Defensoría del Consumidor en el Transporte Aéreo para defender los derechos del pasajero.

Noveno.- La autoridad aeronáutica sin excusa difundirá campañas de orientación sobre los derechos de los pasajeros y por todos los medios disponibles y a su alcance.

Y por último. Décimo.- Las autoridades adscritas a las terminales aeroportuarias deberán acatar protocolos de seguridad y anticorrupción para que sus actos se sujeten a derecho.

En los próximos años, compañeras Senadoras y Senadores, México contará con un nuevo y moderno aeropuerto de la Ciudad de México. Es indispensable que los ordenamientos jurídicos que regulan las actuales y nuevas instalaciones, así como las operaciones en ellas, sean también modernas, con visión a futuro y que consideren al usuario, el pasajero como sujeto de pleno derecho en todos los aspectos.

Al que tenemos que proteger es al pasajero, al turista, al usuario y no a las aerolíneas como hoy sucede.

Con estas adecuaciones al marco regulatorio, pondremos a la vanguardia al país y lo pondremos a tiempo por los años de porvenir.

La apertura de los cielos del país al tránsito aéreo, con los convenios internacionales que ha suscrito y está por suscribir México, nos obliga a tomar medidas que vayan a la par de los avances con otras regulaciones en la construcción de los nuevos aeropuertos en el ámbito internacional.

Hoy estamos ante la oportunidad, compañeras Senadoras y Senadores, de avanzar en paralelo los ordenamientos jurídicos con las obras físicas y las disposiciones de carácter administrativo que mejoren los servicios para las aerolíneas. Sobre todo, por los derechos de sus clientes.

Por su atención y apoyo, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Sonido en el escaño del Senador Armando Neyra Chávez.

El Senador Armando Neyra Chávez: (Desde su escaño) Si le pregunta al Senador Mayans Canabal, si me permite sumarme a tan importante iniciativa.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Senador Mayans Canabal, ¿acepta la adhesión?

El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: ¡Cómo no! Con mucho gusto, por favor, adelante, por supuesto.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Pido a la Secretaría tome nota de todos los Senadores que quieran adherirse a la iniciativa, dando el consentimiento el Senador Mayans Canabal.

El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: Señora Presidenta, si me permite un comentario.

Yo quisiera ver si el turno que se le da a esta iniciativa pueda ser dictaminada en las comisiones respectivas, junto con las que ha presentado en noviembre de 2013 el Senador Miguel Romo, que presentó una propuesta para atender los derechos de los consumidores de servicios de transporte, y también presentaron otra en 2014 los Senadores Romo y Jesús Casillas, en donde se reforma el artículo 54 de la Ley de Aviación Civil, para que el prestador de servicios reembolsara parte del costo del boleto por retrasos o cancelaciones.

Estos son antecedentes que tomamos en cuenta en nuestra iniciativa y hay otras iniciativas de otros Senadores que sería prudente tomar en cuenta en comisiones para dictaminarlo.

Por todo esto, muchas gracias. Senadores que se sumaron, muy agradecido.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Tomamos nota, Senador Mayans Canabal. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene el uso de la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre de las Senadoras y Senadores del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalía General de la República.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

(Presentada por la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre de las Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señora Presidenta, con su permiso. Compañeras y compañeros Senadores:

A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, venimos a presentar esta propuesta para crear la Ley de la Fiscalía General de la República.

Sin duda, la reforma al sistema de justicia penal de corte acusatorio derivado de la reforma de junio de 2008 y la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, constituyen hitos en la historia constitucional de nuestro país que apuntaban la necesidad de transitar hacia un estado democrático de derecho, con instituciones sólidas, con instituciones firmes.

Y en ese sentido, la autonomía del Ministerio Público era un reclamo de nuestro país, de muchísimo tiempo y que, incluso, fue impulsado en muchas décadas por el Partido Acción Nacional. Y ello, estamos seguros, tendrá como consecuencia avanzar de manera más rápida hacia la construcción de este estado democrático de derecho que anhelamos.

La reforma integral de nuestro sistema de justicia penal, la autonomía de los órganos de procuración de justicia constituyen un aspecto fundamental, a partir de las nuevas funciones que a esta institución le otorga el propio sistema de justicia, en donde el Fiscal se erige como un verdadero órgano de acusación y de conducción jurídica de la investigación del delito, bajo el principio de objetividad, eficacia y autonomía técnica que le impone el propio modelo acusatorio que nuestro país ha adoptado.

Es así que con la reciente reforma política electoral aprobada en 2014, se establecieron nuevas disposiciones constitucionales, entre ellas la transformación de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de la República como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, de la que como órganos secundarios constitucionales, se desprenden, al menos, las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción.

Dentro de las disposiciones constitucionales de la reforma política, encontramos las relativas justamente a esta transformación, concibiendo a la Procuraduría General de la República como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, estableciendo como condición de su formación el establecimiento de las dos fiscalías, a las que me referí anteriormente.

En un momento tan importante como el que vivimos justamente en este periodo de sesiones, en donde construimos un Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, derivado de la reforma constitucional aprobada ya con anterioridad, uno de los mandatos constitucionales que tenemos que cumplir en este periodo de sesiones es justamente la construcción del paquete de reformas secundarias para que este sistema cobre vida.

Y es así que el establecimiento de uno de los pilares fundamentales de este sistema, lo constituye justamente el fiscal anticorrupción.

Por ello, es de la mayor importancia que para que esta fiscalía nazca como pretende la reforma constitucional política, que fue la que estableció la conformación de este fiscal y la reforma constitucional que lo convierte en parte fundamental del sistema, es que el dotarle de las herramientas necesarias para que pueda realizar su función, se convierte en una condición necesaria para que el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción funcione como debe funcionar y demos una respuesta a los mexicanos a quienes urge que esta situación en que México se encuentra en materia de corrupción empiece realmente a cambiar y que el Sistema Nacional Anticorrupción sea eficaz.

Es por ello que una parte fundamental de esta propuesta visibiliza y, sobre todo, establece la competencia que dicha fiscalía le da vida a su estructura orgánica, se establecen sus principios rectores para efecto de que se constituya en una fiscalía que responda a las demandas de este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

Por otro lado, es una exigencia constitucional y ciudadana que también, derivado de la reforma político-electoral tengamos órganos fuertes, capaces de enfrentar los procesos, de tal manera que la otra fiscalía especializada previene la reforma política es justamente la de combate a los delitos electorales que se establece también con claridad su visibilización y su establecimiento en cuanto a sus funciones y atribuciones dentro de esta propuesta que estamos presentando.

Es por ello, que el día de hoy venimos a presentar esta propuesta. Y creo que es oportuno señalar que sabemos y estamos conscientes de que hay una minuta que viene de la Cámara de Diputados que se está analizando en comisiones y que contiene un proyecto de decreto para crear una ley orgánica de la fiscalía.

Para nosotros es fundamental el nacimiento de esta fiscalía general de la república, pero queremos que su nacimiento sea en medio de lo que demandó la reforma constitucional, un órgano constitucional autónomo, dotado de las herramientas necesarias para procurar justicia en nuestro país que es el anhelo de todos los mexicanos.

Y es por ello que la propuesta que hoy presentamos, difiere de la minuta que llegó de la Cámara de Diputados, y difiere porque, por ejemplo, uno de los aspectos fundamentales para nosotros, es que la fiscalía, es que se le dé vida a estas dos fiscalías, que es la minuta que viene de Diputados no se mencionan en lo absoluto. También para nosotros es fundamental, a diferencia de la minuta que viene de la Cámara de Diputados, que se establezca con claridad la naturaleza del Ministerio Público, y no se diga, como se sigue diciendo en la misma, que la acción penal es exclusiva del Ministerio Público, cuando las propias reformas constitucionales le han dado también posibilidades a las víctimas del delito de ejercer esta acción penal.

Otro tema que abordamos en nuestra iniciativa, son las hipótesis de causas graves para la remoción del fiscal general, que en la minuta que conocemos, se abordan de manera muy general, y por ello esto puede dar lugar a amplio margen de discrecionalidad que ocasionaría la falta de certeza jurídica del fiscal general, lo que puede afectar su autonomía.

También para nosotros es muy importante, a diferencia de la minuta que viene de los Diputados, establecer un apartado muy claro y específico respecto de las causas graves para que opere esta remoción.

Otro aspecto fundamental que no se aborda a detalle, es el Servicio de Carrera de Procuración de Justicia de la Fiscalía General, y este tema es fundamental porque partimos de la premisa de fortalecer los procesos internos de profesionalización y garantizar la conservación del capital humano en una institución que debe garantizarse por un alto grado técnico y de especialización de sus operadores.

Es una institución en donde se requieren: mediadores, criminólogos, policías, investigadores, psicólogos, expertos en diferentes pericias, y es importantísimo y es fundamental desarrollar los perfiles de puesto altamente detallados para seleccionar adecuadamente al personal, pero además se deben establecer las bases fundamentales de este servicio de procuración de justicia, y por ello esto también marca una diferencia importante con la minuta que conocemos y que se está estudiando en el Senado.

También es fundamental que la previsión que el fiscal general a través de disposiciones administrativas regule derechos y obligaciones del personal de la fiscalía, esto nos parece cuestionable y, por ello, también hacemos algunas precisiones dentro de la propia propuesta que estamos hoy presentando.

Desarrollamos la existencia de un consejo ciudadano, no solamente de manera enunciativa como en la minuta, sino de manera detallada, creo que el apostar por estos órganos es fundamental en un momento de gran importancia para la transparencia y para la revisión de cuentas.

Otro tema fundamental que parece que no atiende la minuta, es que estamos hablando de una fiscalía en un entorno de un sistema penal acusatorio que el próximo mes de junio será obligatorio en todo el territorio nacional.

Es por ello que no se observa que esta regulación tienda a propiciar una investigación científica del delito, y esto está superado en la propuesta que estamos presentando el día de hoy.

Es importantísimo también, otro apartado fundamental, el establecer las disposiciones claras y precisas en materia de transparencia y rendición de cuentas para este nuevo órgano constitucional autónomo.

Otro tema de vital importancia, es el de los derechos humanos, pues desde la reforma de 2008 en la que se transformaba el sistema procesal penal en México y la reforma de derechos humanos de 2011, se estableció que todos los operadores del nuevo sistema deben actuar conforme a derecho y bajo los estándares que se esperan del nuevo sistema de justicia penal.

En el caso de la Fiscalía General de la República, estará en sus manos vigilar desde que se conoce un delito hasta su solución, se respeten estrictamente los derechos humanos, tanto de las víctimas como de los imputados, y este es un tema que también atiende la propuesta que hoy presentamos.

En términos generales, nuestra propuesta establece el objeto de esta Ley de la Fiscalía General de la República, el proceso de nombramiento, el establecimiento de la estructura, determinando en cada caso cada una de las atribuciones de las fiscalías y de las vice fiscalías.

Se establece de manera precisa un capítulo relativo a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y otra Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y, por supuesto, se desarrollan también el resto de las fiscalías especializadas que ya operan al día de hoy, y se establece la posibilidad de crear nuevas, pero se hace un énfasis especial en estas dos, puesto que tienen una relevancia constitucional y se establece también la obligación de las mismas para que rindan informes ante el Congreso de la Unión.

Por ejemplo, en materia de la Fiscalía Anticorrupción, estamos estableciendo con toda precisión la independencia técnica y operativa con la que puede actuar en la investigación, prevención y persecución de los delitos de actos de corrupción en el ámbito de su competencia.

Estamos estableciendo también que ambas, estas dos fiscalías especializadas, cuenten con consejos consultivos, que tengan toda la posibilidad de realizar su trabajo de una manera expedita para que no haya ningún obstáculo material o de recursos humanos para poder realizar sus funciones.

Se establece la obligatoriedad que tanto la Fiscalía General tenga, por lo menos destinando un presupuesto establecido y también las otras fiscalías especializadas, para efecto de que no sea la asignación de presupuesto una causa para que tengan una dependencia ajena.

También se establece un capítulo de responsabilidades de los servidores públicos, que es muy claro, es muy preciso. Y también se establece un apartado en donde se señala que dentro de la estructura orgánica de la Fiscalía General de la República, se atenderá justamente a áreas especializadas en materia del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Yo los invito a que lean esta propuesta que hoy está haciendo el grupo parlamentario de Acción Nacional, que no solamente está encaminada a fortalecer las Fiscalías Especializadas en materia de combate a la corrupción y en materia de delitos electorales, sino que fortalece la llegada de esta Fiscalía General de la República, que será un órgano constitucional autónomo de la mayor importancia para lograr una justicia real en nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Ortega Martínez. Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes de las carreras de Ciencias Políticas y de Derecho de la Universidad Autónoma de Durango Campus Zacatecas, invitados por el Senador Carlos Alberto Puente Salas.

Agradecemos su visita y presencia en este Senado de la República.

¡Sean ustedes bienvenidos!





 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de los Senadores Miguel Barbosa Huerta, Luis Sánchez Jiménez, Alejandro Encinas Rodríguez, Armando Ríos Piter, Fidel Demédicis Hidalgo, Zoé Robledo Aburto, Raúl Morón Orozco, Luz María Beristain Navarrete, Luis Humberto Fernández Fuentes, María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, Félix Benjamín Hernández Ruiz, Fernando Enrique Mayans Canabal y Alejandra Roldán Benítez, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señora Presidenta. Señoras y señores Senadores:

A nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, vengo a presentar una iniciativa fundamental para los derechos y las libertades ciudadanas en nuestro país, y que tiene que ver con romper el paradigma prohibicionista y una postura estatal que transita del paternalismo a la criminalización en materia de consumo de drogas, particularmente el de cannabis.

Desde la perspectiva progresista de un estado social y democrático de derecho, y en ese sentido quiero recordar a Rodolfo Vázquez, que dice textual: “No sólo no es posible argumentar con consistencia a favor de penalizar la posesión de drogas para consumo personal, sino que por una mínima coherencia, el Estado debe regular las condiciones que hagan posible el acceso a las mismas”. Fin de la cita.

También desde una perspectiva liberal, no es objetivo legítimo de un sistema normativo promover planes de vida virtuosos, porque ello entra en conflicto con la capacidad de cada individuo de elegir libre y racionalmente los proyectos de vida que mejor le convengan de acuerdo a sus preferencias.

Sin embargo, de que en México se desató la llamada “Guerra Contra las Drogas”, la lucha contra el narcotráfico ha generado más de 70 mil homicidios, así como importantes afectaciones a la integridad, a la libertad y a la seguridad de millones de personas.

Como todos sabemos, desde finales del 2006 se reforzó el empleo de la fuerza letal y se incrementó de manera significativa la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad con resultados absolutamente cuestionables.

Pero también, 50 años después del inicio de la Convención Única de Estupefacientes, y 40 años después que el Presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas y al mundo, es necesario reconocer que se necesitan urgentes reformas en las políticas de drogas nacionales e internacionales que permitan cambiar el paradigma al respecto.

Es en ese sentido la iniciativa que hoy presentamos a su consideración para que sea turnada a comisiones para su revisión, las y los integrantes del grupo parlamentario del PRD.

En primerísimo lugar, proponemos reformas para erradicar la criminalización de las y los consumidores, dado que el paradigma prohibicionista actual los coloca en dos opciones: “O son delincuentes, o son enfermos”.

Tal estigmatización se ve agravada cuando las y los consumidores pertenecen a las clases sociales con menos recursos económicos, ya que debido a su situación de vulnerabilidad se transforma en un obstáculo mayor para el acceso a los sistemas de salud y a la educación e información sobre el consumo de sustancias psicoactivas.

De ahí la importancia de establecer un catálogo mínimo de derechos de las personas consumidoras, que no existe en la legislación nacional, como tampoco lo hay para aquellas que tienen un consumo problemático y que requieren de los servicios en centros de atención públicos o privados respecto a este asunto.

Por tanto, el reconocimiento a las personas usuarias de drogas como sujetos plenos de derechos es imprescindible en esta propuesta que hoy presentamos.

Parte importante de este proyecto es hacer compatible la Ley General de Salud con la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al resolver el amparo en revisión: 237/2014, declaró inconstitucional el último párrafo de cada uno de los artículos 235 y 247 en el entendido de que ahí se establece una acotación, sólo fines médicos y científicos, que ocasionan una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación al grado mínimo de protección a la salud y al orden público que se alcanza con dicha medida.

Cabe señalar que en su resolución, la Corte no encontró que tales afectaciones fueran de una gravedad tal que ameriten una prohibición absoluta al consumo de cannabis.

En ese sentido, proponemos que respecto al cultivo, procesamiento, distribución, transporte y venta al mayoreo de cannabis, sea la autoridad federal quien emita la normatividad correspondiente y defina las zonas donde se permitirá el consumo de la misma.

En ese sentido, el Estado asume el control del proceso completo de producción, distribución y puntos de venta y modalidades de consumo. Por tanto, deberá adquirir la totalidad de las cosechas por conducto de un solo intermediario, y por ende le corresponde al Estado almacenar existencias que no se encuentren en poder de fabricantes de productos medicinales derivados del cannabis.

Establecemos también la creación de los clubes de consumo recreativo. Se trata de que estos clubes se les permitan operar bajo estrictas condiciones para el otorgamiento de sus respectivas licencias que incluyen restricciones de edad para el exceso, el número de socios, la prohibición de la venta a otras sustancias y coactivas, y prohibiciones en la publicidad.

También es importante contar con instituciones para atender a aquellas personas que cometieron delito para mantener y financiar su dependencia a las drogas o bajo la influencia de las mismas, pero que no necesariamente hayan cometido delitos denominados “graves”, y que en los últimos años y como parte de la búsqueda de soluciones eficaces, los sistemas de seguridad de algunos países están teniendo éxito con un nuevo enfoque que centra su atención en la rehabilitación de dependientes de drogas mediante mecanismos alternos de justicia terapéutica.

Estos mecanismos, también conocidos como “cortes de drogas y tribunales para el tratamiento” son un modelo que sigue implementándose y que es necesario seguir estudiando, siempre buscando alternativas que den opciones y cambio a una realidad.

Un asunto que no es menor, es que partiendo del principio del interés superior de la niñez, proponemos establecer un programa especializado de prevención para adolescentes, en el que las autoridades tanto federales como estatales se involucren en el mismo, en dicho programa proponemos establecer primero una cobertura universal de prevención sobre el consumo y un acceso universal de prevención de servicios de tratamiento.

Al respecto, diversos especialistas han señalado los efectos negativos que pueden tener mayor relevancia, afectan el desarrollo en la infancia y la adolescencia, por lo que debe regularse cuidadosamente en estas edades el acceso a cualquier droga.

Lo anterior, en congruencia con la Convención sobre Derechos de la Niñez, que en su artículo 33 dice, cito: “los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para proteger a niñas y niños contra el uso ilícito de los estupefacientes, sustancias psicotrópicas enumeradas en los Estados internacionales pertinentes, para impedir que se utilice a niños en la producción y en el tráfico de ilícitos de estas sustancias”.

Finalmente, en tratándose de cannabis y cocaína, proponemos modificar la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato, establecidos en el artículo 479 de la Ley General de Salud para que en estas dos sustancias se establezcan criterios antropométricos con la finalidad de evitar la discreción que se da en las dosis que están establecidas como mínimas. Esto permitirá, como actualmente sucede, que por encima de estas cantidades, así sea un miligramo, se tenga por acreditado, sin más elementos, el delito de narcomenudeo; y si no, revisemos los centros de privación de libertad cómo tenemos una gran cantidad de personas que están privadas de su libertad, mujeres es verdaderamente patético, verdaderamente inadmisible que eso haya acontecido precisamente por esta situación.

En este momento los consumidores que rebasan un mínimo más de la cantidad prevista en esta tabla se les somete a un proceso penal y a un sistema carcelario injusto e impune, ya que para policías, ministerios públicos y jueces, no es necesario evaluar las circunstancias de la posesión ni las evidencias concretas, aunque estas existan, y además que sugieran que esa posesión que tenían en el momento de su detención era para fines de consumo, es decir, directito a la criminalización, al chantaje.

Señoras y señores, esta es, en apretada síntesis, la propuesta que el grupo parlamentario del PRD propone y somete al escrutinio de la sociedad, convencidos de que el actual modelo constituye una restricción a los derechos humanos.

También es consecuencia de los foros que el Senado de la República realizó con expertas y expertos, que junto con la Cámara de Diputados acabamos hace apenas algunos días de concretar, entonces, hay que actuar en el Congreso de la Unión a partir de lo que está resolviendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de estos foros, a partir de distintas exigencias y dar solución y tomar la revisión de las leyes, como es nuestra obligación, porque la imposición de un estándar único de vida saludable no es admisible en un Estado democrático, y tratándose de drogas, el mundo tiene que empezar a cambiar, porque no hay manera de ganar con el prohibicionismo.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias por su atención.

Iniciativa

Quienes suscribimos, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, ARMANDO RÍOS PITER, FIDEL DEMEDICIS HIDALGO, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, RAÚL MORÓN OROZCO, LUIS MARÍA BERISTAÍN NAVARRETE, LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, FÉLIX BENJAMÍN HERNÁNDEZ RUIZ, FERNANDO MAYANS CANABAL, ALEJANDRA ROLDÁN BENÍTEZ, Senadoras y Senadores de la República a la LXIII Legislatura integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que suscriben la presente iniciativa, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE LOS DIFERENTES USOS DE LA CANNABIS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes históricos en México

Los antecedentes del cannabis en América se remontan al siglo XVI, donde se introdujo como fuente de fibra en Chile en 1545 y en Perú nueve años después. Los colonizadores ingleses también comprendieron su importancia, pues fue introducido en Canadá en 1606 y en Virginia en al año de 16111. Fue durante la Conquista cuando el cáñamo llegó a nuestro territorio, traído por Pedro Cuadrado, uno de los conquistadores que integraban la expedición de Pánfilo de Narváez. Fue Cuadrado quien comenzó el cultivo de esta planta.

El historiador Silvio Zavala afirma que fue el propio Hernán Cortés quien recomendó la siembra y el cultivo del cáñamo. Fray Juan de Zumárraga era entusiasta de la cannabis: de acuerdo con Fray Juan de Torquemada. Zumárraga, aproximadamente en 1531 “puso diligencia en plantar frutos de Castilla, cáñamo y lino”, como una de las medidas encaminadas a lograr una economía próspera que permitiera, a los españoles que vinieran a radicar en estas tierras, adaptarse felizmente.

De ahí que la primera de las leyes directamente relacionadas con el cáñamo se expidiera en Ponferrada, España el 13 de junio de 1545; en ella se mandata a todos los virreyes y gobernadores que se apliquen a hacer sembrar y beneficiar lino y cáñamo y que se fomentara su cultivo entre los indígenas.

La inquisición fue la primera instancia en nuestro país que sancionó el uso no industrial del cáñamo. La prohibición se centró en ciertas plantas, entre ellas el peyote, el ololiuqui y los llamados pipilzinzintles o niño venerable. Este último fue el nombre que emplearon los indígenas para designar al cáñamo en los rituales en los que se ingería por sus efectos psicoactivos.

Esta prohibición se expresa en una orden expedida por el arzobispo Lorenzana que señala: “…la prohibición de las plantas fue reiterada por edicto de fe el 11 de febrero de 1769 que señalaba como delitos entre otros, el ejecutar curaciones supersticiosas, valiéndose de medios en lo natural inconducentes para la sanidad o abusando de pipiltzintzintles, peyote…o de otras hierbas”.

Sin embargo, en 1777 comenzó una de las campañas económicas de mayor envergadura en la historia de la Nueva España: se buscó implantar el cultivo del cáñamo con toda la fuerza de la Corona. Como parte de los proyectos económicos de los Borbones, se decidió dar seguimiento a aquella Ley de 1545: se emitieron una serie de reales órdenes al Virrey de la Nueva España para que se diera a la tarea de sembrar lino y cáñamo.

Entre las diversas medidas adoptadas, se enviaron expertos en la siembra y proceso de ambas especies con la finalidad de que dieran a conocer la técnica adecuada de cultivo y obtención de fibra. La Corona manifestó tanto interés en esta empresa que llegó a enviar un grupo de labradores españoles para que difundieran las técnicas de cultivo, incluso modificó su línea política al otorgar un permiso para que se instalara en el virreinato una Real Fábrica de Lonas y Lonetas. Con la idea de facilitar todavía más estos cultivos, también se ordenó el reparto de tierras ociosas fueran privadas o propiedad de la Corona –conocidas como realengas- entre los indígenas, lo cual se estipuló en los artículos 61 y 62 de la Real Ordenanza de Intendentes; al parecer es el único caso en el cual, durante el periodo de dominio español una disposición amenazara a los propietarios de tierras de que las mismas, podían ser confiscadas y repartidas entre los indios por causa de utilidad pública.

Cabe señalar que el uso del cáñamo que sobrevivió a la Independencia no fue el textil, sino el ritual y el medicinal; ya para entonces, la curandería y las prácticas con plantas dejaron de ser perseguidas por motivos religiosos, sin embargo, en su lugar, la práctica médica que se produce en esta conciencia contemporánea, asumirá esa persecución, aunque durante todo el siglo XIX, fueron el antecedente del Código Penal de 1871, conocido como el Código de Martínez de Castro, en el que por primera vez se sancionan los delitos contra la salud. Para este momento la planta ostentaba ya el nombre que la haría famosa en todo el mundo  y que se asocia inevitablemente a este uso: Mariguana.

Ya para el movimiento armado de 1910-1920, la marihuana formó parte de los ambientes cotidianos. Habrá que ver el ciento de referencias hemerográficas, memorias, canciones, novelas, anécdotas y hasta documentos internos de los cuarteles y partes militares que dan testimonio.

Un control más férreo del consumo de enervantes comienza en 1908, cuando por iniciativa del Ejecutivo se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución de 1857, con lo que “el Congreso de la Unión está facultado para dictar leyes sobre ciudadanía, naturalización, emigración e inmigración  y salubridad general en toda la República”. Esto implicó la supremacía del poder federal para legislar en materia de salubridad, una atribución que era de las entidades federativas. A partir de ahí paulatinamente se fue construyendo un discurso que apelaba a la medicina, a la salud pública y a las leyes que se requerían para perseguir tanto el consumo como a la venta y producción de enervantes que sustituyó las antiguas actitudes aisladas por lo regular invocaban a la moralidad, la lucha contra el vicio, lo que constituyó un intento más férreo de erradicar a los “morfinómanos” y a los “mariguanos”.

Al respecto es importante destacar que una de las razones esgrimidas para tomar este tipo de medidas contra el consumo, era la percepción institucionalizada de que “degeneran la raza”. Es este un concepto proveniente de finales del siglo XXI que encierra una serie de nociones que abarcan desde la salud pública como vigilante  y “fortificadora de la raza” hasta elementos de carácter clasista, al identificar a los estratos más bajos de la sociedad como los más susceptibles de caer en la degeneración.

Antecedentes internacionales

En el ámbito internacional, el control sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas data de principios del siglo XX. Preocupados por la alta tasa de consumo de opio en aquel momento y por las consecuencias del consumo en la salud, varios países se reunieron por primera vez para discutir el problema de las drogas en la Comisión del Opio de Shangai, en 19092.

Hasta aquella época, el opio se vendía principalmente por los ingleses como pago de productos, tomando el lugar de la plata, que ya era escasa en el comercio desde 1880. El opio era comprado, en general, en la India y vendido a China, llegando a representar una sexta parte de los recursos externos de Inglaterra. A partir de este comercio se creó una epidemia y las consecuencias perjudiciales para la salud de las personas comenzó a ser evidente: en 1906, alrededor de un cuarto de la población adulta masculina china estaba dependiente del opio - lo que significó la mayor epidemia de abuso de drogas enfrentado por un país en la historia.

De la Comisión de Shangai, los controles comenzaron a hacerse más estrictos, especialmente después de la primera guerra mundial, bajo la coordinación de la Liga de las Naciones. El resultado fue una reducción del 70% en la producción de opio en 100 años, mientras que la población mundial se ha cuadruplicado en el mismo período. Si no fuera por este esfuerzo de control, y si el aumento del consumo de opio apenas siguiera el crecimiento natural de la población, hoy en día el consumo podría ser hasta 13 veces mayor que la registrada a valores corrientes.

Desde las primeras estrategias de control, a raíz de la diversificación de las drogas y el aumento de la capacidad de síntesis de narcóticos y sustancias psicotrópicas, ya en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, los países firmaron las tres convenciones en materia de drogas que hoy componen el marco legal para todos los países signatarios.

Las tres convenciones de las Naciones Unidas sobre fiscalización de drogas son complementarias. La principal propuesta de las dos primeras es la sistematización de medidas de control internacional para asegurar la disponibilidad de drogas y sustancias psicotrópicas para fines médicos y científicos, para impedir su distribución por medios ilícitos. También se incluyen medidas de carácter general sobre el tráfico y el abuso de drogas.

a) Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 (enmendada por el Protocolo de 1972).

Esta convención tiene como objetivo combatir el uso indebido de drogas mediante una acción internacional coordinada. Hay dos formas de intervención y control que trabajan en conjunto: la primera es limitar la posesión, el uso, el intercambio, la distribución, la importación, la exportación, la fabricación y la producción de drogas exclusivamente para fines médicos y científicos. La segunda es la lucha contra el tráfico de drogas mediante la cooperación internacional para disuadir y desalentar a los traficantes de drogas.

b) Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971

Esta convención establece un sistema de fiscalización internacional de sustancias psicotrópicas, y es una reacción a la expansión y a la diversificación del espectro del uso indebido de drogas. La convención también ha establecido su control sobre las diversas formas de drogas sintéticas de acuerdo, por una parte, al potencial de crear dependencia, y en segundo lugar, al poder terapéutico.

c) Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988

Esta convención establece medidas integrales contra el narcotráfico, incluidos los métodos contra el blanqueo de capitales y el fortalecimiento del control de precursores químicos. También proporciona información para la cooperación internacional a través, por ejemplo, de la extradición de los traficantes de drogas, su transporte y procedimientos de transferencia.

Es mediante estos instrumentos a través de los cuales se construyó el paradigma prohibicionista, es decir, el de la fiscalización de determinadas sustancias, que eran los que se denominaban como drogas, de los que se prohibía su cultivo, comercialización y consumo. La definición del concepto unificado y estigmatizante de droga, hegemónico hasta ahora, se origina alrededor de 1900 en los Estados Unidos  con el inicio del control del opio en Filipinas según las pautas de lo que será dicho paradigma prohibicionista, así como también durante los años de la Primera Gran Guerra en Europa. Estas pautas se basan mediante un esquema proteccionista a partir de criterios morales basados en el puritanismo, el clasismo y el etnocentrismo. La expansión del prohibicionismo, dadas las dificultades con que se encontraba, va a la par con las transformaciones discursivas más superficiales de sus argumentos principales, tal como puede observarse a través de los principales convenios y/o conferencias internacionales que van desde La Haya en 1912, hasta Nueva York en 1998. Así pues, “la droga”, y todo el mundo que la rodea pasa a ser considerada como un delito: cultivo, distribución, compra-venta, propaganda, consumo. Los actores e instituciones sociales legitimados para intervenir serán entonces, de acuerdo con este enfoque jurídico y represivo de la cuestión, los policías, los jueces, las cárceles, y los correspondientes burócratas de las agencias -nacionales e internacionales- de control de drogas. La inclusión en el ámbito penal de muy distintas actividades (de tipo médico, lúdico, religioso, etcétera) relacionadas con lo que a partir de esta situación se definirá como “droga” supone la estigmatización de muchas de estas actividades, así como la creación de una categoría, la del “adicto” en su versión anglosajona, o del “drogadicto”, en la europea, que será encarnada por un hombre  urbano, joven, de aspecto tenebroso, en fin, un personaje digno de toda sospecha. Se trata de la creación de una imagen cultural que forma parte del proceso de criminalización de algunas drogas, imagen que, en distintas situaciones históricas concretas de, sobre todo, el último tercio del siglo XX, ha contribuido a aquella ampliación del consenso alrededor del poder a la que nos hemos referido antes3.

Uno de los efectos más negativos de las políticas prohibicionistas es el aumento alarmante de la violencia en países como México, Honduras y Guatemala. En general, los mercados ilegales son muy frágiles, dado que se basan en relaciones de confianza entre sus participantes y carecen de reglas institucionalizadas para solucionar los conflictos. Eso hace que las disputas internas se resuelvan por medios violentos, a lo que se suma además la violencia generada por las políticas de represión como la de guerra contra las drogas, que constantemente quitan mano de obra y rompen las redes de confianza establecidas. Así, durante la administración de Felipe Calderón, alrededor de 70.000 personas fueron asesinadas en México y más de 26 mil han sido  reportadas como desaparecidas.

México ha formado parte desde el comienzo de la comunidad de Estados que se sometieron a este marco jurídico internacional, sin embargo, este sistema y las políticas públicas adoptadas en su entorno han sido un fracaso rotundo y evidente, que ha causado muchísimos más daños a la salud, a la seguridad a la paz social que los que quiso corregir.

Todavía en el año de 1998, la comunidad internacional mostró una aparente unanimidad al ratificar el enfoque prohibicionista sobre el control de drogas en la Sesión Especial de 1998 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS, por sus siglas en inglés). No hay que olvidar que la declaración de la UNGASS de 1988 fue, un mundo libre de drogas sí podemos lograrlo. Pero lo cierto es que 18 años después, podemos observar que su objetivo fundamental no se logró, por el contrario, los resultados son verdaderamente catastróficos y evidentemente ya no es sostenible por los daños, por el impacto social, por los daños a la paz y por los daños a la salud que ha generado la política prohibicionista aplicada en México.

La aplicación excesivamente represiva del régimen prohibicionista mundial ha provocado un gran sufrimiento humano, truncando la vida de muchas familias e imponiendo a los condenados penas desproporcionadas en unas condiciones penitenciarias a menudo terribles. También ha sobrecargado el sistema judicial y la capacidad de las prisiones, y ha absorbido una cantidad enorme de recursos que se podrían haber destinado a tratamientos más eficaces.

De acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el combate internacional contra las drogas que se ha desplegado en los últimos 50 años ha tenido un enorme impacto en el funcionamiento de los sistemas de seguridad en América Latina: Pese a los altos niveles de violencia que este combate adquirió en algunas zonas y a sus graves consecuencias, durante muchos años no se le analizó desde una perspectiva de derechos humanos, ni en los ámbitos locales ni en los internacionales. Lejos de dar una batalla eficaz contra las problemáticas asociadas a las drogas y el narcotráfico, el modelo prohibicionista ha ampliado las brechas sociales, las inequidades económicas, las diferencias políticas  y las asimetrías internacionales. Este régimen internacional ha mantenido una lógica represiva y orientada a la reducción de la oferta en el medio siglo trascurrido desde la sanción de la primera Convención sobre estupefacientes de las Naciones Unidas de 1961. Al presionar sobre las áreas de producción o de transito sólo se las ha trasladado -junto con la violencia, la desestabilización y el crimen- a otras zonas, afectando de esta manera a más y más comunidades. Al mismo tiempo, muchas de estas nuevas áreas han experimentado un aumento en el consumo de drogas y por tanto se han sobrecargado sus sistemas de salud.

El cambio de paradigma la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

El 4 de noviembre de 2015, la Primera Sala de la SCJN, al resolver un juicio de amparo en revisión 237/2014, otorgó la protección de la Justicia Federal a cuatro ciudadanos integrantes de la Sociedad Mexicana para el Consumo Responsable y Tolerante. Dicha resolución les permitirá el cultivo, procesamiento y autoconsumo de la cannabis con fines recreativos, pero sin la autorización para su comercialización, ni el consumo de otras sustancias psicoactivas.

Se trata de una resolución histórica para los derechos y las libertades en nuestro país.

Los ciudadanos recurrentes argumentaron la indebida fundamentación y motivación de un Juez de Distrito respecto a la restricción de los derechos fundamentales a la identidad personal, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación y libertad individual, todos en relación con el principio de dignidad humana, así como del derecho a la disposición de la salud, argumentando que el Estado no puede socavar o suprimir las acciones que realice cualquier individuo para individualizarse dentro de la sociedad, a menos de que exista un interés superior que lo justifique, pues el individuo tiene derecho a elegir de forma libre y autónoma su proyecto de vida y la manera en que logrará los objetivos que considere relevantes; en otras palabras, el Estado no puede imponer modelos y estándares de vida a los ciudadanos, ni intervenir en asuntos propios de la esfera personal y privada de éstos.

Al respecto, en la demanda de amparo los quejosos sostuvieron que pretendían que se les concediera una autorización sanitaria para “consumir marihuana regularmente, de forma personal y con fines meramente lúdicos”, de tal manera que reclamaron que se les reconocieran “los derechos correlativos al autoconsumo de la marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de la marihuana”, en el entendido de que su petición excluía expresamente “los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma”.

En atención a lo anterior, los quejosos sostuvieron que, mediante el consumo de marihuana las personas proyectan sus preferencias y rasgos que la diferencian y singularizan del resto de la sociedad. Así, la prohibición del consumo de marihuana resulta inconstitucional, pues implica la supresión de conductas que confieren al individuo una diferencia específica de acuerdo a su singularidad, restricción que no se encuentra justificada ya que la imposición de un estándar único de vida saludable no es admisible en un estado liberal, que basa su existencia en el reconocimiento de la singularidad e independencia humana.

Además, señalaron que la elección de consumir marihuana es una decisión estrictamente personal, pues el individuo es quien padece el cambio de percepción, ánimo y estado de conciencia, afrontando las consecuencias de su decisión, sin que ello perturbe o afecte al resto de la sociedad. Por tanto, a través de estas medidas prohibicionistas, el Estado asume que el individuo no tiene capacidad racional para disponer de su cuerpo, mente y persona.

También argumentaron que la política prohibicionista resulta inconstitucional al vulnerar el derecho a la salud en su aspecto negativo, entendido como la facultad o potestad de disponer de la salud personal, inclusive para no gozar de buena salud. Así, señalaron que el Estado no puede interferir en la libertad de los individuos para controlar su salud y su cuerpo, es decir, no puede interferir en la libertad inherente al derecho a la salud para disponer de la salud propia.

En este sentido, los quejosos sostuvieron que la prohibición para consumir marihuana se basa en un prejuicio sustentado en valoraciones morales y no en estudios científicos, revelando que el Estado no ha actuado con neutralidad ética. Además, advirtieron que el Estado ha tomado una postura paternalista que trata a los ciudadanos como si no fuesen seres los suficientemente racionales para tomar sus propias decisiones, lo cual podría llegar al extremo de prohibir substancias como el tabaco, el alcohol, el azúcar, la grasa o la cafeína.

Así las cosas, los quejosos concluyeron que el régimen prohibicionista constituye una restricción a sus derechos que no resulta acorde con los requisitos impuestos por el test de proporcionalidad, en tanto que no cuenta con una finalidad legítima, pues la imposición de un estándar único de vida saludable no es admisible para un Estado liberal que basa su existencia en el reconocimiento de la singularidad e independencia humana; no es instrumental para prevenir riesgos a la salud ni combatir adicciones, pues no se ha demostrado que la despenalización del autoconsumo aumentaría la demanda, mientras que sí se encuentra demostrado que la prohibición no la ha disminuido; y finalmente, no es proporcional, en tanto que existen medidas menos restrictivas para proteger la salud, además de que los perjuicios que genera la prohibición son mayores respecto de los beneficios que ha traído. Finalmente, los quejosos también alegaron que el Estado se excedió en sus facultades para legislar en materia de salubridad general y determinación de los delitos al penalizar el autoconsumo de marihuana, transgrediendo la finalidad objetiva del derecho penal y la libertad individual y corporal de las personas, principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al entrar al estudio de fondo, la Primera Sala realizó un análisis respecto al marco regulatorio sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos previstos en la Ley General de Salud, entendiéndolas como un “sistema de prohibiciones administrativas” que forma parte del marco regulatorio previsto en la Ley General de Salud sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos, el cual constituye un obstáculo jurídico para poder realizar lícitamente todas las acciones necesarias para poder estar en posibilidad de llevar a cabo el autoconsumo de marihuana (siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etcétera).
Al respecto señalo:

“Por un lado, los últimos párrafos de los artículos 235 y 247 establecen que la autorización para la realización de actos relacionados con estupefacientes o substancias psicotrópicas se encuentra supeditada a que éstos exclusivamente tengan fines “médicos y/o científicos”, sin incluir la posibilidad de que la marihuana pueda ser utilizada con fines “lúdicos o recreativos”. Y por otro lado, los numerales 237 y 245, en relación con el artículo 248, establecen una prohibición expresa mediante la que se impide de forma tajante que la Secretaría de Salud expida las autorizaciones correspondientes que solicitaron los quejosos en relación con la marihuana para poder ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad”.

Por tanto al emitir su resolución la Primera Sala de la SCJN concluyo lo siguiente:

1. Que el marco regulatorio para el control de estupefacientes y substancias psicotrópicas previstos en la Ley General de Salud, constituyen un obstáculo jurídico que impide a las personas ejercer el derecho a decidir qué tipo actividades recreativas o lúdicas desean realizar, al tiempo que también impide llevar a cabo lícitamente todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar esa elección a través del autoconsumo de la marihuana.

2. Que el “sistema de prohibiciones administrativas” configurado por los artículos impugnados de la Ley General de Salud es altamente suprainclusivo, ya que la medida impugnada es más extensa de lo necesario, pues prohíbe el consumo de marihuana en cualquier situación, alcanzando conductas o supuestos que no inciden en la consecución de los fines que persiguió el legislador, lo que se traduce en una intervención en el derecho en cuestión en un grado mayor. En consecuencia, puede decirse que las regulaciones alternativas resultan más benignas para el derecho al libre desarrollo de la personalidad; por tanto, constituye una medida innecesaria.

3. Que la prohibición del consumo personal de marihuana con fines lúdicos es inconstitucional e innecesaria, al existir medios alternativos igualmente idóneos que afectan en un menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino que además es desproporcionada en estricto sentido, toda vez que genera una protección mínima a la salud y orden público frente a la intensa intervención al derecho de las personas a decidir qué actividades lúdicas desean realizar.

4. Por tanto resultan inconstitucionales los artículos 235, 237, 245, 247 y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para la realización de los actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos (sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar), en relación únicamente y exclusivamente con el estupefaciente “cannabis” (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y el psicotrópico “THC” (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como “marihuana”, declaratoria de inconstitucionalidad que no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas.

Nuestra propuesta.

Partiendo desde la perspectiva que en un Estado Social y Democrático de Derecho y tal como lo señala Rodolfo Vázquez. “no sólo no es posible argumentar con consistencia a favor de penalizar la posesión de drogas para consumo personal, sino que por una mínima coherencia el Estado debe regular las condiciones que hagan posible el acceso a las mismas”4. Por otra parte, desde una perspectiva liberal no es objetivo legítimo de un sistema normativo promover planes de vida virtuosos, porque ello entra en conflicto con la capacidad de cada individuo de elegir libre y racionalmente los planes de vida que mejor le convengan de acuerdo con sus preferencias. Sin embargo, desde que en México se desató la llamada guerra contra las drogas, la lucha contra el narcotráfico ha generado más de 70 mil asesinatos, así como importantes afectaciones a la integridad, la libertad y la seguridad de millones de personas. Desde finales del 2006, se reforzó el empleo de la fuerza letal  y se incrementó de manera significativa la participación de las Fuerzas Armadas en la política de seguridad.

Por otra parte la guerra global a las drogas ha fracaso, así lo indica desde el año 2011 el Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas en el que se afirma que “con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo. Cincuenta años después del inicio de la Convención Única de Estupefacientes, y cuarenta años después que el Presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas del gobierno norteamericano, se necesitan urgentes reformas fundamentales en las políticas de control  de drogas nacionales y mundiales”5.

Destaca de este informe que a pesar de los inmensos recursos destinados a la criminalización y a medidas represivas orientadas a los productores, traficantes y consumidores de drogas ilegales, han fracasado en reducir eficazmente la oferta o el consumo. Las aparentes victorias en eliminar una fuente o una organización de tráfico son negadas casi instantáneamente por la emergencia de otras fuentes y traficantes. Los esfuerzos represivos dirigidos a los consumidores impiden las medidas de salud pública para reducir el VIH/SIDA, las muertes por sobredosis, y otras consecuencias perjudiciales del uso de drogas. Los gastos gubernamentales en infructuosas estrategias de reducción de la oferta y en encarcelamiento reemplazan a las inversiones más costo-efectivas y basadas en la evidencia orientadas a la reducción de la demanda y de los daños.

Dentro de las recomendaciones de este Informe se destaca que es importante terminar con la criminalización, la marginalización y la estigmatización de las personas que usan drogas pero que no hacen ningún daño a otros. Desafiar los conceptos erróneos comunes acerca de los mercados de drogas, el uso de drogas y la dependencia de drogas en lugar de reforzarlos. De ahí la importancia de alentar a los gobiernos a que experimenten con modelos de regulación legal de las drogas a fin de socavar el poder del crimen organizado y para salvaguardar la salud y la seguridad de sus ciudadanos. Esta recomendación se enfoca especialmente al cannabis, pero señalan también que se puede aplicar a otros ensayos de descriminalización y regulación legal que puedan conseguir estos objetivos y proveer modelos para otros.

Coincidiendo con estos planteamientos y con la finalidad de encauzar la resolución de la Primera Sala de la SCJN, la propuesta que ponemos a la consideración de esta Soberanía va encaminada a las siguientes reformas legislativas.

1. Hacer compatible la Ley General de Salud con las disposiciones declaradas inconstitucionales por la SCJN.

La Primera Sala de la SCJN al resolver el amparo en revisión 237/2014  declaró inconstitucional el último párrafo de cada uno los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud en el entendido de que ahí se establece una acotación -sólo fines médicos y científicos- que ocasionan una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que se alcanza con dicha media. A pesar de que la SCJN reconoce que el legislador puede limitar el ejercicio de actividades que supongan afectaciones a los derechos que protege nuestra Constitución, en el caso de la restricción al libre desarrollo de la personalidad, la SCJN no encontró que tales afectaciones fueran de una gravedad tal que ameriten una prohibición absoluta a su consumo de cannabis.

En efecto, actualmente de conformidad con los artículos 235 y 247, así como con el artículo 44 del Reglamento de Insumos para la Salud, cualquier persona que pretenda sembrar, cultivar, elaborar, preparar, acondicionar, adquirir, poseer, comerciar, transportar, prescribir médicamente, suministrar, emplear, usar, consumir y, en general, realizar cualquier acto relacionado con las substancias listadas en los artículos 234 y 245 de la Ley General de Salud, o con cualquier producto que los contenga, deberá contar con una autorización de la Secretaría de Salud y solamente podrá realizar dichas acciones si las mismas tienen fines médicos y/o científicos, con lo cual se establece una prohibición expresa mediante la cual se impide de forma tajante que la Secretaría de Salud expida las autorizaciones correspondientes que pudiera solicitar cualquier persona en relación con la marihuana para poder ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad, en ese sentido propinemos la derogación de estos artículos.

En ese sentido se hace necesario hacer un ajuste al artículo 237, con la finalidad de eliminar del listado de sustancias de este artículo a la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, con la finalidad de que se permita su siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso o consumo lúdico de la misma.

En ese sentido se está en las condiciones de ir acotando la cadena y tal y como se propone en esta iniciativa ir previendo los casos que permitan sentar las bases  para expedir una eventual normatividad que regule tanto los clubes para fines lúdicos, como las autorizaciones para su siembra y cultivo.

2. Reubicar el Tetrahidrocanabidol para permitir su uso médico y su investigación.

A raíz del creciente interés científico por la cannabis, sus efectos terapéuticos se están estudiando una vez más, esta vez utilizando métodos científicos más precisos. Hay estudios en distintas fases sobre los efectos terapéuticos de D 9-THC para diversas afecciones: epilepsia, insomnio, vómitos, espasmos, dolor, glaucoma, asma, inapetencia, síndrome de Tourette, y otros. Entre las indicaciones terapéuticas de D 9-THC ya hay algunas que se consideran probadas: antiemético, estimulante del apetito, analgésico, y en los síntomas de la esclerosis múltiple (25). Otros cannabinoides son también objeto de investigación, tales como el canabidiol (CDB), del que hay evidencias de efectos terapéuticos en la epilepsia, insomnio, ansiedad, inflamaciones, daño cerebral (como un neuroprotector), psicosis y otros (26-27)6.

Los cannabinoides se han utilizado con múltiples indicaciones, incluyendo el tratamiento de las náuseas y el vómito, la anorexia, el dolor, alteraciones del movimiento, epilepsia, glaucoma, espasticidad muscular, asma, insomnio y como inmunosupresores. Por el momento, las aplicaciones clínicas más prometedoras parecen ser el alivio de las náuseas y la estimulación del apetito. En relación con el efecto inmunosupresor, se ha propuesto que los cannabinoides pudieran ofrecer una alternativa terapéutica (quizá la única) en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Recientemente se ha reportado que análogos sintéticos de los cannabinoides reducen la inflamación cerebral y previenen el deterioro mental en estos pacientes. Por otra parte, se ha demostrado que los receptores CB1 y CB2 están significativamente disminuidos en la microglía (tejido con funciones inmunológicas en el sistema nervioso central) del cerebro de pacientes con Alzheimer, lo que podría ser uno de los factores que promueven un proceso inflamatorio en el sistema nervioso de estos pacientes. Experimentos en ratas en que se ha inyectado la proteína amiloide (típica de las placas amiloides de los pacientes con Alzheimer), demuestran que la administración de cannabinoides previene la activación del tejido inmunológico (microglía) en el SNC con la consecuente reducción en los procesos inflamatorios y en el deterioro en la ejecución de tareas de discriminación. Por otra parte, se ha descrito también un importante potencial antineoplásico de los cannabinoides, hecho que ha creado otro foco de interés por estos fármacos. Estos resultados han determinado que los cannabinoides aparezcan hoy como uno de los campos de investigación con mayor potencial de expansión a futuro.

Actualmente el Tetrahidrocanabidol se ubica en la fracción I del artículo 245 de la Ley General de Salud, es decir dentro de aquellas substancias que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser considerada de uso indebido o abuso, constituye un problema especialmente grave para la salud pública. En ese sentido proponemos su reubicación a la fracción IV de dicho artículo con la finalidad de ubicarla en aquellas substancias que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública, con la finalidad de facilitar el desarrollo de la investigación científica.

3. Reformar disposiciones que criminalizan a las y los consumidores

La mayoría de los estudios sobre el consumo de drogas se han realizado desde una perspectiva de salud y han analizado la drogadicción como una enfermedad crónica, su progresión, recaídas, así como la eficacia de los tratamientos de rehabilitación hospitalaria o de consulta externa. La drogadicción es considerada principalmente como un problema de salud pública estrechamente vinculado a un problema de seguridad. De tal manera, en relación con el consumo de drogas, los gobiernos han diseñado políticas en el ámbito de la salud pública y de la seguridad. Es escasa o nula, sin embargo, la atención a las personas usuarias de drogas como sujetos de derechos. Al contrario, la actitud misma de funcionarios de instituciones públicas, como de la población en general, tiende a estigmatizarlas y a segregarlas.

El estigma hacia este grupo consiste en la asunción general de estereotipos físicos, morales y sociales negativos que definen a las personas adictas a las drogas independientemente de sus características personales y particulares. En este sentido, el estigma reduce las posibilidades de desarrollo personal de las y los miembros de un grupo, al categorizarlos bajo atributos negativos como suciedad, delincuencia, peligrosidad, etcétera, y negarles por lo tanto la posibilidad de interactuar con otros grupos o individuos, de ejercer sus derechos e insertarse en las instituciones.

La discriminación es una consecuencia misma del establecimiento de estereotipos negativos sobre un grupo social. Al percibir a otra persona como inferior o incluso como una amenaza, se le da un trato despectivo en las instituciones. Las personas que pertenecen a grupos discriminados se ven así marginadas de oportunidades sociales y de posibilidades de realización personal. Las conductas discriminatorias no son resultado de elecciones o preferencias personales; son generadas primordialmente por estructuras institucionales, culturales y políticas.

Por ejemplo, la discriminación contra las personas usuarias no depende principalmente del desagrado que algunos podrían sentir hacia su apariencia u olor, sino de un sistema que propicia políticas casi exclusivamente punitivas hacia este sector. En general, el proceso discriminatorio parte de una relación asimétrica entre grupos sociales, es decir de una relación de poder.

La aversión pública hacia las personas que consumen drogas o son dependientes de las drogas es alimentada -o al menos reproducida y amplificada- por informes inexactos u ofensivos propalados por los medios de comunicación.

Aunque ahora se considera inaceptable (y con justa razón) describir como “loco” o “lunático” a alguien que sufre de una enfermedad mental, aún subsisten términos estigmatizantes equivalentes en las descripciones que hacen los medios sobre las personas que consumen drogas.

Términos como “drogadicto”, o “limpio/sucio” (para describir a los consumidores de drogas), se emplean por lo general como sinónimos de desviación social. El efecto de estos términos es el de deshumanizar a las personas a quienes se aplican, implicando que el consumo de drogas es el rasgo que define su personalidad. Los consumidores dependientes de drogas son una de las pocas poblaciones a quienes los comentaristas de los medios aún pueden insultar y denigrar con un alto grado de impunidad.

En esa tesitura, en el paradigma prohibicionista actual sólo hay dos opciones; o se es delincuente o se es enfermo. Como señala el filósofo Luigi Amara es que “quizás el aspecto que más ha contribuido a que la prohibición de la marihuana se mantenga por encima de una evaluación medianamente objetiva de sus resultados, tiene que ver con que detrás de ella hay una presión moral que enturbia de raíz las discusiones y que hasta la fecha ha entorpecido cualquier avance en la evaluación de la política prohibicionista  y de sus individuos”7. Por tanto para él, es necesario comenzar con este sesgo moral todavía demasiado presente  y situarnos al margen de este tabú que lastra el pensamiento y que ha sido recogido y entronizado en los acuerdos internacionales y por tanto, “el consumo de cannabis se desarrolla en un ambiente  de falta de información verídica sobre sus efectos, en medio de toda clase de estigmas hipócritas  y un combate policiaco militar  que en principio no puede surtir efecto por la sencilla razón de que la demanda no da visos de terminar. Hay una necesidad humana de ebriedad, de exploración, de autoconocimiento, de diversión y si se quiere de escape de la rutina, que si ha existido a lo largo de la historia, no está claro por qué habría de detenerse por simple Decreto”.

Tal estigmatización se ve agravada cuando las y los consumidores pertenecen a las clases sociales con menos recursos económicos, ya que su situación de vulnerabilidad se transforma en un obstáculo mayor para el acceso a los sistemas sanitarios de salud, a la educación sanitaria sobre o el uso de sustancias psicoactivas.

Adicionalmente estas personas ingresan a un sistema penal y penitenciario para ser revictimizadas precisamente a su situación de vulnerabilidad, como así también las más perjudicadas por la ausencia real de oportunidades que les permitan el acceso al consumo sin mayores riesgos a la salud que los que la droga misma detenta. Es decir, la mayoría de esta personas en condiciones de pobreza son excluidas, estigmatizadas, señaladas, apartadas, criminalizadas y segregadas de nuestro sistema prohibicionista de “tolerancia cero” son las personas de más bajos recursos económicos, configurándose de tal forma una situación de discriminación múltiple.

Desde otro ángulo, a esta criminalización de las y los consumidores se suman disposiciones y prácticas culturales que tienden a considerarlas enfermas; que conllevan una clara actitud paternalista que las encasilla como víctimas incapaces de gobernarse a sí mismas y de tomar ninguna decisión razonable; y que, argumentando su condición, las hacen merecedoras de un tratamiento forzoso por ejercer, en último grado, algo que no les está prohibido.

En ese sentido proponemos sustituir aquellos conceptos que son discriminatorios o estigmatizantes en la Ley General de salud, se propone sustituir en toda la ley  término de farmacodependencia por el del consumo, o en su caso consumo problemático.

Asimismo resulta importante establecer el concepto de sustancia psicoactiva, dado que de acuerdo al Glosario de alcohol y drogas de la Organización Mundial de la Salud, “son las sustancias que, cuando se ingiere, afecta los procesos mentales como por ejemplo la cognición o la afectividad. Este término y su equivalente, sustancia psicotrópica, son las expresiones más neutras  y descriptivas para referirse a todo el grupos de sustancias, legales o ilegales, de interés para la política de drogas. “Psicoactivo” no implica necesariamente que produzca dependencia sin embargo en el lenguaje común, esta característica está implícita, en las expresiones “consumo de drogas” o “abuso de sustancias”. En ese sentido se modifica la denominación del capítulo IV actualmente intitulado “del Programa contra la Farmacodependencia, por el “De los programas contra el Consumo de Sustancias Psicoactivas”.

En ese sentido se establece un programa especializado de tratamiento únicamente para personas en situación de consumo problemático y se precisa que será la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, las que se coordinarán para la ejecución del Programa Contra el Consumo de Sustancias Psicoactivas.

4. Un Programa Nacional de Prevención y Tratamiento Especializado para Adolescentes.

Partiendo del principio del interés superior de la niñez, el cual implica la obligación para todas las autoridades en la toma de decisiones y actuaciones, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar prioritariamente sus derechos humanos, cualquier política pública debe basarse en un enfoque de derechos humanos con perspectiva generacional a fin de evitar consecuencias negativas no intencionales y velar sobre todo por la integridad de las y los adolescentes.

De ahí que necesariamente se debe establecer un Programa Nacional Especializado de Prevención para Adolescentes en el que las autoridades tanto Federales como de las entidades federativas se involucren en el mismo.

En dicho programa es necesario establecer:

a) Una cobertura universal de prevención sobre el consumo de sustancias psicoactivas,  y

b) Un acceso universal de prevención  a servicios de tratamiento.

Como con cualquier droga, sea legal o ilegal, de uso médico o no, los efectos negativos pueden ser mayores durante el desarrollo, en la infancia y la adolescencia, por lo que debe regularse cuidadosamente en estas edades el acceso a cualquier droga.

Lo anterior es congruente con la Convención de los Derechos de la Niñez la cual establece en su artículo 33 que “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias”.

Al respecto es necesario enfatizar los efectos neurocognitivos que ocasiona el uso de la marihuana en la salud de niñas, niños y adolescentes durante diversas etapas. Para el Doctor Mauricio Hernández Ávila del Instituto Nacional de Salud Pública8, estos efectos consisten:

En etapa prenatal. In utero. Datos en primates no humanos demuestran que el THC cruza rápidamente la barrera placenta y se concentra en el cerebro e hígado del feto.

18 meses. Aumenta comportamiento agresivo y se observan déficits de la atención.

3 a 6 años. Disminución de la capacidad verbal, de percepción y vigilancia, del razonamiento verbal, visual, y cuantitativo, y de la memoria a corto plazo. Asimismo aumenta la hiperactividad e impulsividad y aparece el déficit de atención.

9 a 10 años. Disminución de la capacidad verbal, ejecutiva, de percepción, de lectura y problemas de ortografía. Aumento de hiperactividad e impulsividad, aparece déficit de atención y síntomas de depresión y ansiedad.

14 a 16 años. Disminución de capacidad cognitiva-visual, de velocidad de procesamiento de información y de coordinación motora, bajo desempeño académico, aumenta el riesgo de participar en actividades de delincuencia.

17 a 22 años. Disminución de funciones ejecutivas de memoria viso-espacial. Aumenta el riesgo del consumo de drogas, legales e ilegales.

Asimismo los efectos de la cannabis sobre la salud de los adolescentes en diversos estudios son:

En estudios transversales. El consumo de marihuana se asocia con disminución de memoria y habilidad verbal, problemas de atención. Asimismo, produce alteraciones del proceso de neuromaduración.

En estudios longitudinales. Disminución en las medidas de inteligencia entre los que tienen adicción, aunque los déficits están más relacionados a uso reciente y no a daño permanente por el consumo. También reportan comportamiento amotivacional, ausentismo escolar y desempeño escolar bajo. En menores de 14 años se asocia menores tasas de graduación escolar y calificaciones bajas al ingreso a la universidad.

En estudios en gemelos. Reportan diferencias significativas en el vocabulario para los que usaron mariguana, sin dosis respuesta y el efecto disminuye al controlar por la carga genética. Los autores sugieren que la predisposición a uso existía antes. Los efectos sobre escolaridad se asocian a desempeño bajo (causalidad reversa).

5. Se establecen los lineamientos generales para la implementación de los Mecanismos Alternos de Justicia Terapéutica.

La Ley General de Salud al vincular a las dependencias y entidades de la administración pública en materia de rehabilitación respecto a los farmacodependientes, tanto federales como locales, es que se sugiere incorporar un artículo que remita al consumidor problemático a los Mecanismos Alternos de Justicia Terapéutica, en el entendido de que éstos pueden quedar establecidos y desarrollados ya sea en la Ley Nacional de Ejecución Penal pendiente de aprobarse por el Congreso de la Unión, o bien mediante las respectivas reformas en la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Esto Mecanismos, también conocidos como tribunales de tratamiento de drogas son un modelo en el que la recuperación del individuo está siendo directamente supervisada por un magistrado. Para ello, el juez se sirve del apoyo de un equipo de fiscales, abogados defensores, oficiales de seguimiento y de policía, profesionales del área de la salud y trabajadores sociales, que ayudan a la rehabilitación y reintegración del individuo en la comunidad.

El abuso de drogas tiene consecuencias directas a lo largo y ancho de nuestro país, impactando además de la persona que las consume, a las familias, al entorno laboral, y la seguridad ciudadana. En los últimos años, y como parte de la búsqueda por soluciones eficaces, los sistemas de justicia de algunos países están teniendo éxito con un nuevo enfoque que centra su atención en la rehabilitación de infractores dependientes de drogas mediante la alternativa al encarcelamiento, con supervisión judicial.

Si bien no todas las personas que usan o abusan del consumo de alguna sustancia psicoactiva, comenten algún tipo de delito, una importante proporción de las personas que los comenten son consumidores de alguna sustancia, de ahí que el uso de drogas entre la población que comete delitos, es muy superior a la población general. Por tanto es importante contar con instituciones para atender a aquellas personas que cometieron delitos para mantener y financiar su dependencia a las drogas, o bajo la influencia de las mismas, pero que no necesariamente hayan cometido delitos denominados contra la salud o aquellos relativos que merecen prisión preventiva oficiosa.

Una de estas instituciones son los llamados Mecanismos Alternos de Justicia Terapéutica o también conocidos como Tribunales de Tratamiento de Adicciones, Corte de Drogas o tribunales de tratamiento de drogas y que son un modelo en el que la recuperación del individuo está siendo directamente supervisada por un magistrado y personal especializado. Para ello, el juez se sirve del apoyo de un equipo de fiscales, abogados defensores, oficiales de seguimiento y de policía, profesionales del área de la salud y trabajadores sociales, que ayudan a la rehabilitación y reintegración del individuo en su comunidad. A través de un mayor énfasis en la supervisión judicial, una mejor coordinación de recursos, y la celeridad del procedimiento judicial, se busca interrumpir el ciclo de comportamiento delictivo, del uso de alcohol y otras drogas, y del encarcelamiento.

La aplicación de este nuevo modelo y los detalles sobre cómo se han aplicado estos mecanismos y procedimientos varían de una jurisdicción a otra, y de país en país, sin embargo los fines fundamentales son:

a) Reducción en el índice de delitos.

b) Disminución en la recaída del consumo de drogas.

c) Menor población penitenciaria.

d) Eficiencia en el uso de los recursos: relación costo-beneficio.

e) Recuperación del individuo en la sociedad.

Actualmente, en Estados Unidos hay más de 2,800 cortes de drogas y se han extendido a países como Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Inglaterra, Escocia e Irlanda. En América Latina, región en donde existe un grave problema de encarcelamiento masivo de personas por delitos de drogas, también se han expandido, en gran medida, gracias al impulso de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En el caso de México, el antecedente inmediato se da en el 2009 en Guadalupe en el estado de Nuevo León, mediante un programa piloto bajo el nombre de Tribunal para el Tratamiento de Adicciones (TTA). Durante 2014, el programa se extendió a otros cuatro estados de la República: Morelos, Estado de México, Chihuahua y Durango.

El programa de TTA en México ha tenido como objetivo utilizar nuevos mecanismos para resolver conflictos penales, reducir el consumo de drogas y disminuir la reincidencia delictiva. Únicamente está dirigido a personas que por primera cometieron un delito no grave, siempre y cuando exista un vínculo entre el consumo problemático de drogas y la comisión del delito, y se cuente con la participación voluntaria de la persona procesada. El procedimiento siempre debe ser bajo la modalidad de juicio oral y debe contemplar un plan de reparación del daño. Además, funcionarios del gobierno federal encargados de promover el modelo han reiterado que el programa, a diferencia del modelo original de cortes de drogas de EE.UU., no se enfocaría en los simples usuarios de drogas, sino en las personas que hayan cometido un delito bajo la influencia de sustancias o con el fin de adquirirlas.

Consideramos que esta propuesta representa una opción a la sobrepoblación penitenciaria y a la criminalización de las y los consumidores ya que de acuerdo al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales que publicó INEGI de 2014, de las 35 mil personas internadas por delitos de fuero federal, 22 mil fueron por delitos contra la salud, es decir dos de cada tres; y el gobierno gasta 8 mil 200 millones de pesos para mantener los centros de reinserción social con un costo promedio por interno de 1,400 pesos diarios, es decir 41 mil pesos al mes por cada persona que se encuentra recluida por estos delitos.

Un dato adicional lo es que más de 100 mil jóvenes tienen abierto proceso por delitos contra la salud, 60 mil lo son por consumo o posesión de marihuana; 15 mil portaban una cantidad menor a 200 pesos de cannabis.

6. Permiso para el cultivo del cannabis.

Se propone que respecto del cultivo, procesamiento, distribución transporte y venta al mayoreo de cannabis, sea la autoridad federal quien emita la normatividad correspondiente y defina las zonas donde se permitirá el cultivo de la misma.

Es importante aplicar en gran medida los mismos principios y políticas a las personas involucradas en los segmentos inferiores de los mercados ilegales de drogas, tales como campesinos, correos, y pequeños vendedores. Muchos de ellos han sido víctimas de violencia e intimidación o son dependientes de drogas. Arrestar y encarcelar decenas de millones de estas personas en las recientes décadas ha llenado las prisiones y destruido vidas y familias, sin por ello reducir la disponibilidad de drogas ilegales o el poder de las organizaciones criminales. Pareciera no haber límite al número de personas que se vinculan con esas actividades para mejorar sus vidas, proveer a sus familias, o para escapar de la pobreza. Tenemos muchos campesinos en México que están cultivando, que tienen generaciones de conocimiento sobre el cultivo de cannabis y eso es algo que no debemos perder, es algo que México tiene un valor agregado en que es un país productor, pero un país que podría producir también para otros mercados y es algo que deberíamos debatir y discutir.

En ese sentido proponemos que tratándose de cannabis sativa, índica y americana o marihuana, su resina, su aceite, semillas y productos derivados para uso terapéutico, sea la Secretaria de Salud en coordinación con la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación las autoridades encargadas de designar las zonas y parcelas de terreno donde se permita su cultivo, así como expedir las licencias correspondientes para la fabricación y distribución de productos médicos a los consumidores.

En ese sentido el Estado asume el control del proceso completo de producción, distribución y puntos de venta y modalidades de consumo, por tanto deberá adquirir la totalidad de las cosechas por conducto de un solo intermediario y por tanto le corresponde al Estado almacenar existencias que no se encuentren en poder de fabricantes de productos medicinales derivado de la cannabis.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalan que en el año 2013 se recaudó en México por el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a cervezas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados un total de 64 mil 179 millones de pesos, lo que representa el 4.2% de toda la recaudación federal no petrolera. (SHCP).

La Organización de las Naciones Unidas estima que en la Ciudad de México, para 2012 existían 75 mil usuarios de marihuana entre las edades de 12 a 65 años.  El valor de este mercado, sólo en la Ciudad de México, es de 28 millones de dólares anuales, 560 millones de pesos que no se están fiscalizando.

7. Clubes de Consumo Recreativo

Un Estado que despenaliza la posesión personal y el uso del cannabis para fines recreativos debe prever políticas de tolerancia para su consumo de bajo volumen. En ese sentido es que proponemos la creación de los Clubes de Consumo Recreativo. Se trata de que estos clubes se les permita operar bajo estrictas condiciones para el otorgamiento de sus respectivas licencias que incluyen restricciones de edad para el acceso, el número de socios, la prohibición de la venta de otras sustancias psicoactivas y prohibiciones en la publicidad.

Esta experiencia encuentra en el derecho comparado buenas prácticas que permiten al Estado establecer ciertos controles y contar con información comprobable y verificable que hoy se encuentra en manos del crimen organizado.

Nuestra propuesta va encaminada a que sea la Secretaría de Salud la autoridad encargada de autorizar el registro y funcionamiento de estos clubes, los cuales proponemos que se integren con un mínimo de veinte y un máximos de cincuenta socios, en los espacios y lugares que señale la legislación correspondiente.

Las personas menores de 21 años no podrán acceder a los clubes de consumo recreativo y queda prohibida toda de publicidad en materia de los clubes consumo recreativo por cualquier medio.

Asimismo se prohíbe a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto de cannabis en los espacios 100% libres de humo, así como en las escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior así como cualquier espacio donde concurran personas menores de 18 años de edad.

Hay que recordar que en 1976, la ley holandesa del opio, que regula las drogas psicotrópicas, tuvo un cambio profundo al establecer una diferencia entre drogas de riesgo inaceptable o “drogas duras” como la heroína, el éxtasis, la cocaína, el opio, las anfetaminas y el LSD, y “drogas blandas”, como el cannabis (hierba y resina), los hongos alucinógenos y las sedativas (valium o seresta). Diferencia basada en el grado en que la droga cambia la personalidad del consumidor; los daños de salud que causa; y los costos que genera a la sociedad.

Aunque la producción, el tráfico, la venta y la posesión de cualquier droga es un acto punible, el gobierno holandés considera el consumo del cannabis y otras drogas blandas menos perjudicial para la salud y la sociedad. A partir de esta diferencia se estableció una política de tolerancia que valora la posesión y el uso de máximo cinco gramos de drogas blandas y máximo medio gramo de drogas duras como un delito menor que no se persigue.

De esta manera, el gobierno logró separar el mercado de drogas blandas del de drogas duras. El ejemplo más claro de esa política son los llamados coffee shops, en donde están permitidos la venta y el consumo de máximo cinco gramos de cannabis por persona. La idea es que los consumidores no tengan contacto con los vendedores ilegales, porque se supone que eso aumentaría la posibilidad de entrar en contacto con las drogas duras. Los coffee shops son una solución pragmática mediante la que el gobierno busca reducir el daño causado por el consumo.

Consideramos que de seguir manteniendo una prohibición a la producción y comercialización de la cannabis, estaremos en primer lugar seguir manteniendo a las y los jóvenes de este país a un mercado ilegal, criminal y sin controles.

8. Modificaciones a la tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato.

El Doctor Rafael Camacho Solís ha propuesto en muchos foros que en tratándose  de las sustancias de marihuana y cocaína es necesario modificar la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato establecida en el artículo 479 de la Ley General de Salud es necesario sustituir proponer reformas para que en estas dos sustancias se establezcan criterios antropométricos con la finalidad de evitar la discreción que se da en las dosis mínimas.

Así tenemos que para el caso de Cannabis Sativa, Indica o Mariguana se propone sustituir los cinco gramos que actualmente contiene dicha tabla, por la medida antropométrica de la cantidad que quepa en la cuenca de ambas manos del poseedor y en tratándose de cocaína en lugar de los 50 milígramos por lo que contenga un sobre con los dobleces de un papel hasta de una pulgada del falange con la uña del dedo pulgar.

Esto permitirá evitar como actualmente sucede que por encima de esas cantidades así sea un miligramo se tenga por acreditada -sin más elementos- el delito de narcomenudeo. En ese momento, los consumidores que rebasan por mínimo más de la cantidad prevista en la tabla, se les somete al un proceso penal y a un sistema carcelario injusto e impune, ya que para policías, ministerios públicos y jueces no es necesario evaluar las circunstancias dela posesión, ni las evidencias concretas, aunque éstas existan y sugieran que la posesión era confines de consumo.

El resultado de este uso de umbrales para fijar montos máximos deportación para consumo, por encima de los cuales se presume el delito de posesión con fines de comercio, es no sólo la criminalización de consumidores sino también la violación del derecho de presunción de inocencia de estas personas. En otros casos, la legislación exige elementos adicionales para sentenciar a una persona por posesión (establecer intencionalidad de venta o distribución). Sin embargo, aún en este escenario, el usuario queda bajo la esfera de las instituciones penales, siendo materia de policías y fiscales y no de instituciones de salud como se afirma discursivamente9.

El uso de sanciones de cárcel implica importantes costos para las personas que son detenidas y encarceladas. Significa no sólo la privación de la libertad sino la vulneración de otros derechos básicos como el derecho a la salud, la limitación al derecho al libre desarrollo de la personalidad, al derecho a la libertad de consciencia, al derecho a la libertad de expresión y una carga para los familiares de las mismas. Implica además, importantes costos para sus dependientes, familias y comunidades que son empobrecidas por el encarcelamiento de su familiar.

9. Catálogo de derecho para las personas consumidoras.

A pesar de que existe la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, cuyo objeto es establecer los procedimientos y criterios para la atención integral de las adicciones, es decir, regula la calidad de los servicios que se brindan en prevención y tratamiento de las adicciones.

Lo cierto es que no existe un catálogo mínimo de derechos para las personas consumidoras, como tampoco lo hay para aquellas que tienen un consumo problemático y que requieren de los servicios y centros públicos y privados relacionados con la atención del consumo problemático de sustancias psicoactivas.

El resultado de esto es que persiste una visión discriminatoria y equivocada de los consumidores al ser consideradas como “adictos” o delincuentes, cuya representación social no corresponde con la realidad, sino más bien se trata de una percepción estereotipada y estigmatizante, con lo cual se establece un límite para el ejercicio pleno para el disfrute de los derechos humanos de las y los consumidores de sustancias psicoactivas, así como para el mejoramiento de su calidad de vida.

“Frente a un contexto adverso, marcado por procesos de estigmatización y criminalización arraigados en la sociedad, resulta imprescindible situar la reflexión sobre el uso de drogas desde la perspectiva de los derechos humanos, reafirmando en primer lugar y como premisa de cualquier estudio o intervención que las personas usuarias de drogas son sujetos plenos de derecho y, por lo tanto, titulares de todas las prerrogativas que conforman el corpus iuris de derechos y libertades consagrados por el derecho internacional de los derechos humanos”. Esto significa, desde la perspectiva de los derechos humanos, que todas las personas usuarias de drogas son titulares y se encuentran facultadas para ejercerla amplia gama de derechos humanos reconocidos por el Estado; es decir, todos aquellos derechos que corresponden universalmente a las personas. Asimismo, una serie de garantías jurídicas las protegen contra acciones y omisiones, primordialmente de los agentes del Estado, que interfieren con sus libertades fundamentales, sus derechos y la dignidad humana”10.

Por tanto, el reconocimiento de las personas usuarias de drogas como sujetos plenos de derechos es imprescindible. En ese sentido proponemos establecer en la Ley General de Salud un piso mínimo de derechos tanto para las personas usuarias como para las personas con consumo problemático y que requieran de la atención de los servicios y centros públicos o privados para el acceso a los programas de prevención o de atención al consumo.

Este listado mínimo es la base para reconocer la existencia de personas que tienen derechos que pueden exigir o demandar; esto es, atribuciones que dan origen a obligaciones jurídicas para otros y, por consiguiente, al establecimiento de mecanismos de tutela, garantía o responsabilidad, es decir, derechos plenamente exigibles. Por tanto, cualquier violación a los derechos humanos de las personas usuarias compromete la responsabilidad del Estado, y éstas se encuentran efectivamente facultadas -tanto en el ámbito nacional como en el internacional–para exigir al Estado que asuma dicho compromiso.

En mérito de los expuesto y fundado sometemos a esta alta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE LOS DIFERENTES USOS DE LA CANNABIS.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción XXI del artículo 3; la fracción III del artículo 112; la denominación del Capítulo IV; las fracciones I y III del artículo 191; el artículo 192; las fracciones I, III, VIII y IX del artículo 192, el artículo 192 ter; 192 quater; la fracción III del artículo 192 sextus; el primer párrafo del artículo 237; la fracción I del artículo 245; las fracciones II, III y VIII del artículo 473, el artículo 479; se deroga el artículo 193 bis; el último párrafo del artículo 235; el último párrafo del artículo 247; se adiciona el artículo 191 bis; el artículo 191 ter, la fracción XI del artículo 192 bis; un segundo párrafo con las fracciones I,II, III, IV y V; el artículo 236 bis; un último párrafo al artículo 237; la fracción IV del artículo 245, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I a XX …

XXI. La prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra su consumo problemático;

XXI a XXVIII…

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I y II  …

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, activación física para la salud, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención del consumo problemático de sustancias psicoactivas, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

CAPITULO IV
De los Programas contra el Consumo de Sustancias Psicoactivas.

Artículo 191.- La Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del Programa Contra el Consumo de Sustancias Psicoactivas, a través de las siguientes acciones:

I. La prevención del consumo de sustancias psicoactivas y, en su caso, la rehabilitación de los consumidores;

II. …

III. La educación e instrucción a las familias y a la comunidad sobre la forma de reconocer las situaciones de un consumo problemático y adoptar las medidas oportunas para su prevención y tratamiento.

Artículo 191 bis. De manera enunciativa, más no limitativa, son derechos de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas:

I. Derecho a la salud;

II. De no discriminación;

II. Presunción de inocencia;

III. Respeto a la dignidad humana;

IV: Protección del Libre Desarrollo de la Personalidad;

V. Protección a la identidad y datos personales;

Artículo 191 ter. Los usuarios de los servicios y centros públicos y privados relacionados con la atención del consumo problemático de sustancias psicoactivas tienen los derechos siguientes:

I. A la información y acceso a sobre los servicios a los que la persona se pueda adherir considerando en cada momento, los requisitos y exigencias que plantea su tratamiento;

II.- A la confidencialidad;

III.- A recibir un tratamiento integral adecuado desde un centro autorizado;

IV.- A la voluntariedad para iniciar y acabar un tratamiento, salvo los casos en que éste sea obligatorio por orden de autoridad competente;

V.- A la información completa y comprensible sobre el proceso de tratamiento que sigue, así como a recibir informe por escrito sobre su situación y el tratamiento que ha seguido o está siguiendo;

VI.- A la igualdad de acceso a los dispositivos asistenciales;

VII.- Al respeto de su personalidad, dignidad e intimidad, sin que se les pueda discriminar por ninguna causa; y

VIII.- Los demás que establezca la presente ley.

Artículo 192.- La Secretaría de Salud elaborará un programa nacional especializado para el tratamiento de personas en situación de consumo problemático de sustancias psicoactivas, y lo ejecutará en coordinación con dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas.

Este programa establecerá los procedimientos y criterios para la prevención, tratamiento y control de las adicciones y será de observancia obligatoria para los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional y en los establecimientos de los sectores público, privado y social que realicen actividades preventivas, de tratamiento y de control del consumo problemático de sustancias psicoactivas.

Las campañas de información y sensibilización que reciba la población deberán estar basadas en estudios científicos y alertar de manera adecuada sobre los efectos y daños físicos y psicológicos del consumo problemático de sustancias psicoactivas.

De conformidad con los términos establecidos por el programa nacional para la prevención y tratamiento de personas con consumo problemático de sustancias psicoactivas, los gobiernos de las entidades federativas serán responsables de:

I. Promover y llevar a cabo campañas permanentes de información y orientación al público, para la prevención de daños a la salud provocados por el consumo problemático de sustancias psicoactivas; y

II. Proporcionar información y brindar la atención médica y los tratamientos que se requieran a las personas que consuman sustancias psicoactivas.

Artículo 192 bis.- Para los efectos del programa nacional se entiende por:

I. Persona con consumo problemático: Toda persona que presenta algún signo o síntoma de dependencia a estupefacientes o psicotrópicos;

II.…

III. Consumidor en recuperación: Toda persona que está en tratamiento para dejar de utilizar narcóticos y está en un proceso de superación del consumo problemático;

IV a VII…

VIII. Investigación en materia de consumo problemático: Tiene por objeto determinar las características y tendencias del problema, así como su magnitud e impacto en lo individual, familiar y colectivo; construyendo las bases científicas para la construcción de políticas públicas y los tratamientos adecuados para los diversos tipos y niveles de adicción; respetando los derechos humanos y su integridad,

IX. Suspensión: Proceso mediante el cual la persona en situación de consumo problemático participa en la superación de su dependencia con el apoyo del entorno comunitario en la identificación y solución de problemas comunes que provocaron el consumo; y

XI. Reducción de daños. Las políticas públicas y programas progresivos, orientados a evitar o disminuir situaciones de riesgo, a mejorar o limitar las condiciones de uso responsable a fin de reducir los daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas.

Artículo 192 Ter.-La Secretaría de Salud en coordinación con dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas elaborará un Programa Nacional para la Prevención y Tratamiento Contra las Adicciones Especializado para Adolescentes, para su debida atención integral sobre la base del respeto de sus derechos humanos.

Dicho Programa establecerá una cobertura universal de prevención sobre el consumo de sustancias psicoactivas y acceso universal de prevención  a servicios de tratamiento con el objeto de reintegrarles de manera saludable su entorno familiar o social.

La Secretaría de Salud en coordinación con dependencias y entidades del sector salud deberán desarrollar campañas de educación para prevención de adicciones, con base en esquemas novedosos y creativos de comunicación que permitan la producción y difusión de mensajes de alto impacto social, con el fin de reforzar los conocimientos de daños y riesgos que conlleva el consumo problemático.

La Secretaría de Educación Pública deberá coordinarse con las instituciones de salud para que en las escuelas del Sistema Educativo Nacional se proporcionen por lo menos dos cursos al año para alumnos y padres de familias sobre la prevención del abuso de sustancias psicoactivas, en los que deberá participar expertos en el tema certificados por el Consejo Nacional Contra las Adiciones.

La Secretaria de Educación Pública deberá incluir en los Libros de Texto la información científica más amplia  referente a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la reducción de riesgos y los efectos que propician su consumo.

Artículo 192 Quáter.- Para el tratamiento de las personas con consumo problemático, las dependencias y entidades de la administración de justicia de manera conjunta con las autoridades en materia de salubridad general, tanto federales como locales, deberán crear Mecanismos Alternos de Justicia Terapéutica, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión de la persona con consumo problemático en los términos que señale la legislación respectiva.

Artículo 192 Sextus.- El proceso de superación del consumo problemático por conducto de los Mecanismos Alternos de Justicia Terapéutica, debe:

I a II …

III. Reconocer a las comunidades terapéuticas, para la rehabilitación del consumo problemático de las personas que consumen sustancias psicoactivas, en la que sin necesidad de internamiento, se pueda hacer posible la reinserción social, a través del apoyo mutuo, y

IV.…

Artículo 193 Bis.- Se deroga

Artículo 235.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a:

I a VI …

Se deroga

Artículo 236.- Para el comercio o tráfico de estupefacientes en el interior del territorio nacional, la Secretaría de Salud fijará los requisitos que deberán satisfacerse y expedirá permisos especiales de adquisición o de traspaso.

Tratándose de cannabis sativa, índica y americana o marihuana, su resina, su aceite, semillas y productos derivados para uso terapéutico, la Secretaria de Salud en coordinación con la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación deberán:

I. Designar las zonas y parcelas de terreno donde se permita su cultivo.

II. Expedir las licencias para su cultivo, así como la fabricación y distribución de productos médicos a los consumidores:

III. Adquirir la totalidad de las cosechas por conducto de un solo intermediario;

IV. Almacenar existencias que no se encuentren en poder de fabricantes de productos medicinales derivado de la cannabis; y

V. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos en la materia.

Artículo 236 Bis. La Secretaría de Salud será la autoridad encargada de autorizar el registro y funcionamiento de los clubes de consumo recreativo, los cuales estarán integrados con un mínimo de veinte y un máximo de cincuenta socios, en los términos que señale la legislación correspondiente.

Las personas menores de 21 años de edad no podrán acceder a los clubes de consumo recreativo para el consumo de cannabis.

Queda prohibida toda de publicidad en materia de los clubes consumo recreativo por cualquier medio.

Queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto de cannabis en los espacios 100% libres de humo, así como en las escuelas públicas y privadas d educación básica y media superior y cualquier espacio donde concurran personas menores de 18 años de edad.

Artículo 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, (se elimina cannabis sativa, índica y americana o marihuana), papaversomniferum o adormidera, papaverbactreatum y erythroxilonnovogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.

La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, suministro, empleo, uso, consumo de cannabis se permitirá en los términos previstos en la presente Ley y demás disposiciones que al efecto se expidan.

Artículo 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:

I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son:

Denominación
Común Internacional

Otras Denominaciones
Comunes o Vulgares

Denominación
Química

De CATINONA

MEFEDRONA

NO TIENE

4- METILMETCATITONA

(-)-a-aminopropiofenona.

2-methylamino-1ptolylpropan-1-one

NO TIENE

DET

n,n-dietiltriptamina

NO TIENE

DMA

dl-2,5-dimetoxi-a-metilfeniletilamina.

NO TIENE

DMHP

3-(1,2-dimetilhetil)-1-hidroxi-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H dibenzo (b,d) pirano.

NO TIENE

DMT

n,n-dimetiltriptamina.

BROLAMFETAMINA

DOB

2,5-dimetoxi-4-bromoanfetamina.

NO TIENE

DOET

d1-2,5-dimetoxi-4-etil-a-metilfeniletilamina.

(+)-LISERGIDA

LSD, LSD-25

(+)-n,n-dietilisergamida-(dietilamida del ácido d-lisérgico).

NO TIENE

MDA

3,4-metilenodioxianfetamina.

TENANFETAMINA

MDMA

dl-3,4-metilendioxi-n,-dimetilfeniletilamina.

NO TIENE

MESCALINA (PEYOTE; LO-PHOPHORA WILLIAMS II ANHALONIUM WILLIAMS II; ANHALONIUM LEWIN II.

3,4,5-trimetoxifenetilamina.

NO TIENE

MMDA.

dl-5-metoxi-3,4-metilendioxi-a-metilfeniletilamina.

NO TIENE

PARAHEXILO

3-hexil-1-hidroxi-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6h-dibenzo [b,d] pirano.

ETICICLIDINA

PCE

n-etil-1-fenilciclohexilamina.

ROLICICLIDINA

PHP, PCPY

1-(1-fenilciclohexil) pirrolidina.

NO TIENE

PMA

4-metoxi-a-metilfenile-tilamina.

NO TIENE

PSILOCINA, PSILOTSINA

3-(2-dimetilaminoetil)
-4-hidroxi-indol.

PSILOCIBINA

HONGOS ALUCINANTES DE CUALQUIER VARIEDAD BOTANICA, EN ESPECIAL LAS ESPECIES PSILOCYBE MEXICANA, STOPHARIA CUBENSIS Y CONOCYBE, Y SUS PRINCIPIOS ACTIVOS.

fosfatodihidrogenado de 3-(2-dimetil-aminoetil)-indol-4-ilo.

NO TIENE

STP, DOM

2-amino-1-(2,5 dimetoxi-4-metil) fenilpropano.

TENOCICLIDINA

TCP

1-[1-(2-tienil) ciclohexil]-piperi-dina.

SE ELIMINA

THC

Tetrahidrocannabinol, los si-guientes isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas.

CANABINOIDES

SINTÉTICOS

K2

NO TIENE

TMA

dl-3,4,5-trimetoxi--metilfeniletilamina.

PIPERAZINA TFMPP

NO TIENE

1,3- trifluoromethylphenylpiperazina

PIPERONAL O HELIOTROPINA

ISOSAFROL

SAFROL

CIANURO DE BENCILO

Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las sustancias señaladas en la relación anterior y cuando expresamente lo determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus precursores químicos y en general los de naturaleza análoga.

II a III …

IV.- Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública, y son:

GABOB (ACIDO GAMMA AMINO BETA HIDROXIBUTIRICO)
ALOBARBITAL
AMITRIPTILINA
APROBARBITAL
BARBITAL
BENZOFETAMINA
BENZQUINAMINA
BIPERIDENO
BUSPIRONA
BUTABARBITAL
BUTALBITAL
BUTAPERAZINA
BUTETAL
BUTRIPTILINA
CAFEINA
CARBAMAZEPINA
CARBIDOPA
CARBROMAL
CLORIMIPRAMINA CLORHIDRATO
CLOROMEZANONA
CLOROPROMAZINA
CLORPROTIXENO
DEANOL
DESIPRAMINA
ECTILUREA
ETINAMATO
FENELCINA
FENFLURAMINA
FENOBARBITAL
FLUFENAZINA
FLUMAZENIL
HALOPERIDOL
HEXOBARBITAL
HIDROXICINA
IMIPRAMINA
ISOCARBOXAZIDA
LEFETAMINA
LEVODOPA
LITIO-CARBONATO
MAPROTILINA
MAZINDOL
MEPAZINA
METILFENOBARBITAL
METILPARAFINOL
METIPRILONA
NALOXONA
NOR-PSEUDOEFEDRINA (+) CATINA
NORTRIPTILINA
PARALDEHIDO
PENFLURIDOL
PENTOTAL SODICO
PERFENAZINA
PIPRADROL
PROMAZINA
PROPILHEXEDRINA
SERTRALINA
SULPIRIDE
TETRABENAZINA
TETRAHIDROCANNABINOL, los siguientes isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas.
TIALBARBITAL
TIOPENTAL
TIOPROPERAZINA
TIORIDAZINA
TRAMADOL
TRAZODONE
TRAZOLIDONA
TRIFLUOPERAZINA
VALPROICO (ACIDO)
VINILBITAL.
Y sus sales, precursores y derivados químicos.
V …

Artículo 247.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con substancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, queda sujeto a:

I a VI…

Se deroga

Artículo 473. Para los efectos de este capítulo se entenderá por:

I …

II. Consumo problemático: El uso de sustancias psicoactivas que provocan problemas a las personas en su salud biológica, psicológica, emocional o social en la funcionalidad con su familia, escuela, trabajo, la comunidad, donde vive, en su economía o con la Ley, que incluye cualquier uso por persona menor de 18 años de edad, la intoxicación aguda, el uso nocivo, el abuso, así como dependencia o adicción.

III. Persona con consumo problemático: Toda persona que presenta algún signo o síntoma de dependencia a estupefacientes o psicotrópicos;

IV a VII …

VIII. Tabla: la de Cantidades Máximas de Posesión prevista en el artículo 479 de esta Ley.

Artículo 478.- El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo anterior, en contra de quien (se elimina: sea farmacodependiente o consumidor y) posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para su estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción II del artículo 475 de esta Ley. La autoridad ministerial informará al consumidor la ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención de la farmacodependencia.

Artículo 479.- Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su posesión, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente:

Tabla de Orientación de Cantidades Máximas de Posesión

Narcótico

Dosis máxima de consumo personal e inmediato

Opio

2 gr.

Diacetilmorfina o Heroína

50 mg.

Cannabis Sativa, Indica o Mariguana

La que cabe en la cuenca de ambas manos del poseedor.

Cocaína

Lo que contenga un sobre con los dobleces de un papel hasta la medida de una pulgada del falange con la uña del dedo pulgar.

Lisergida (LSD)

0.015 mg.

MDA,
Metilendioxianfetamina

Polvo, granulado o cristal

Tabletas o cápsulas

40 mg.

Una unidad con peso no mayor a 200 mg.

MDMA, dl-34-metilendioxi-n-dimetilfeniletilamina

40 mg.

Una unidad con peso no mayor a 200 mg.

Metanfetamina

40 mg.

Una unidad con peso no mayor a 200 mg.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Para los efectos del artículo 193 ter, la Secretaría de Salud contará con un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para emitir las disposiciones que resulten aplicables.

TERCERO. El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Salud y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación contará con un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para expedir los lineamientos para designar las zonas, terrenos y permisos para el cultivo previstas en el presente Decreto.

CUARTO. El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Salud contará con un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para expedir La normatividad para la instalación y el funcionamiento de los Clubes de Consumo Recreativo.

QUINTO. Los gobiernos Federal, de las entidades federativas y de los municipios, desarrollarán de manera coordinada, las políticas públicas previstas en el presente Decreto a partir de los recursos presupuestarios disponibles, para lograr de manera progresiva, el cumplimiento del mismo.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los numerales 3 y 17 del artículo 24; el último párrafo del artículo 67; el artículo 193; el artículo 197; y se el artículo 198 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 24.- Las penas y medidas de seguridad son:

1 a 2 …

3.- Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables o la voluntad de someterse a la jurisdicción de un Mecanismos Alternos de Justicia Terapéutica quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir sustancias psicoactivas y derivado de ello cometan delitos.

4 a 16…

17.- Medidas de protección para personas menores de 18 años.

18 a 19 …

Artículo 67.- En el caso de los inimputables, el juzgador dispondrá la medida de tratamiento aplicable en internamiento o en libertad, previo el procedimiento correspondiente.

En caso de que la persona imputada tenga un consumo problemático que lo lleve a cometer conductas tipificadas como delitos por el hábito o la necesidad de consumir sustancias psicoactivas, el juez ordenará también su valoración para someterse a la jurisdicción de un Mecanismos Alternos de Justicia Terapéutica en los términos de la legislación correspondiente.

Artículo 193.- Se consideran sustancias psicoactivas los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia.

Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que se relacionan con las sustancias psicoactivas, entendiéndose por éstas los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, II, y III y 248 de la Ley General de Salud.

Las sustancias psicoactivas empleadas en la comisión de los delitos a que se refiere este capítulo, se pondrán a disposición de la autoridad sanitaria federal, la que procederá de acuerdo con las disposiciones o leyes de la materia a su aprovechamiento lícito o a su destrucción.

Artículo 197.- Al que, sin mediar prescripción de médico legalmente autorizado, administre a otra persona, sea por inyección, inhalación, ingestión o por cualquier otro medio, algún narcótico a que se refiere el artículo 193, se le impondrá de tres a nueve años de prisión y de sesenta a ciento ochenta días multa, cualquiera que fuera la cantidad administrada. Las penas se aumentarán hasta una mitad más si la víctima fuere persona menor de 18 años de edad o incapaz de comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente.

Al que indebidamente suministre gratis o prescriba a un tercero, mayor de edad, algún narcótico mencionado en el artículo 193, para su uso personal e inmediato, se le impondrá de dos a seis años de prisión y de cuarenta a ciento veinte días multa. Si quien lo adquiere es persona menor de 18 años de edad, las penas se aumentarán hasta una mitad.

Las mismas penas del párrafo anterior se impondrán al que induzca o auxilie a otro para que consuma cualesquiera de sustancias psicoactivas señaladas en el artículo 193, con excepción del médico legalmente autorizado para ello

Artículo 198.- Se deroga

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 31 de marzo de 2016.

Sen. Angélica de la Peña Gómez.

1 Los datos históricos son tomados del texto Foro para la Regulación de la cannabis en México. H. Cámara de Diputados. Abril de 2009. LX Legislatura.

2 http://www.unodc.org

3 Oriol Romaní, Prohibicionismo y drogas: ¿un modelo de gestión social agotado?.Universitat Rovira i Virgili-IEA, IGIA. En

4 Vázquez Rodolfo. Entre la Libertad y la igualdad. Introducción a la Filosofía del Derecho. Primera Edición mexicana 2010. Editorial Trotta, p140.

5 Comisión Global de Políticas de Droga. Junio de 2011. http://www.druglawreform.info/

6 Antonio Waldo Zuardi. Historia del uso medicinal del cannabis: una revisión. Revista Brasileira de Psiquiatría

7 Luigi Amara. El derecho a la Ebriedad en Foro para la Regulación de la cannabis en México. H. Cámara de Diputados. Abril de 2009. LX Legislatura

8 Proteger la Salud de los Ciudadanos es una obligación del Estado. ¿Por qué no querría cualquier sociedad organizarse de manera que se maximice la salud de sus poblaciones? Doctor Mauricio Hernández Ávila. Audiencias públicas para las Alternativas de regularización de la marihuana. Senado de la República en http://www.senado.gob.mx/marihuana/

9 Catalina Pérez Correa, Alejandro Corda y Luciana Boiteux. La regulación de la posesión y la criminalización de los consumidores de drogas en América Latina. Colectivo de Estudios Drogas y Derecho 2015.

10 Informe Especial Drogas y derechos humanos en la Ciudad de México 2012-2013. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, p 35.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora De la Peña Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; de Gobernación; de Seguridad Pública; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, para presentar a nombre propio y de las Senadoras Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Ivonne Álvarez García y Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y la Ley sobre el Contrato de Seguro.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS Y DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE  SEGURO

(Presentada por la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, a nombre propio y de las Senadoras Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García y Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Gracias, señora Presidenta, con su permiso. Compañeras y compañeros Senadores:

A nombre de las legisladoras que suscribimos la presente iniciativa, vengo a esta tribuna a presentar el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y de la Ley de Contrato de Seguro.

El objetivo principal de esta iniciativa es establecer mecanismos legales preventivos e informativos que eviten que los usuarios de los servicios financieros, particularmente los contratantes de seguros y fianzas, sean defraudados por empresas piratas o no registradas, empresas extranjeras que operan en nuestro país en la total ilegalidad.

De manera sucinta daré una explicación de los motivos que fundamentan este proyecto y la relevancia del tema.

Debemos considerar que a nivel mundial la actividad aseguradora ocupa un lugar destacado en la producción de servicios por el volumen de recursos que mueve y la función que ejerce en los sistemas económicos. Dado su impacto en el desarrollo económico y social, esta actividad se ha vuelto un instrumento dinamizador que fomenta a la inversión y genera certidumbre sobre la solidez económica y financiera de los países.

De acuerdo al estudio “Observatorio de Seguros México”, el mercado mexicano, en términos activos y privados, es el segundo más grande de América Latina después del mercado brasileño, y a pesar de su baja penetración el sector, representa el 2.1 por ciento del Producto Interno Bruto de nuestro país.

Cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros destacan que el sector ha tenido un importante crecimiento. Para el tercer trimestre del 2015 tuvo un incremento del 6 por ciento en términos reales respecto al periodo anterior.

La mayoría de los ramos de este sector tuvieron importantes incrementos como: el seguro de vida, el seguro de accidentes, el seguro de gastos médicos, los seguros de automóviles y los seguros que operan sin daño.

De manera conjunta, la participación por ramo fue en su mayoría de las primas de seguros personales que equivalen al 63.1 por ciento del total y representan aproximadamente 176 mil millones de pesos.

Lo anterior nos muestra un escenario favorable para el sector, que concuerda con las expectativas de diversas calificadoras internacionales que visualizan crecimiento y estabilidad, buenos niveles de rentabilidad y apalancamiento y fortaleza financiera; sin embargo, contrario a estas favorables prospectivas, en nuestro país ha incrementado durante los últimos años un grave problema que tiene que ver con los fraudes por aseguradoras extranjeras o sin ningún registro que venden diversos tipos de seguros sin restricción alguna ocasionando innumerables pérdidas económicas y afectaciones en el patrimonio de familias mexicanas.

Desafortunadamente no existen cifras que nos puedan dar con claridad sobre la magnitud de este fenómeno; pero la propia Asociación Mexicana de Seguros y Fianzas ha reconocido públicamente haber detectado a aseguradoras piratas que han realizado un sinnúmero de fraudes a nivel nacional ofreciendo pólizas de seguros de vida, seguros de gastos médicos y seguros de responsabilidad civil a precios mucho menores a los del mercado, con mayores coberturas y facilidades de pago muy atractivos para los demandantes de estos servicios.

Adicionalmente existe otra modalidad de fraude de empresas que operan bajo el nombre de consultoras o despachos especializados en protección jurídica médica que ofrecen seguros de responsabilidad profesional, principalmente al sector privado, por lo que médicos, enfermeras, anestesiólogos, cirujanos y demás profesionistas dedicados a la medicina han sido víctimas de estas supuestas empresas aseguradoras que operan fuera de todo marco legal.

En razón de lo anterior, consideramos que es necesario que exista un registro de estas instituciones para tener una lista actualizada sobre las empresas que realizan de manera legal estas actividades ya descritas.

Se propone, también, que dentro de las pólizas que entreguen las empresas aseguradoras exista la obligatoriedad de estar inscritas en el registro general y que de manera conjunta estas reformas y adiciones que buscan dar certeza jurídica a esta importante actividad, y mediante mecanismos de información y mecanismos preventivos, desinhiban la competencia desleal, prevengan el fraude, y en general coadyuven con los esfuerzos que hace el gobierno federal y el sector privado para consolidar a nuestro sistema financiero y sus buenas prácticas.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Pineda Gochi. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

 





 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 7O. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

La iniciativa que vengo a poner a su consideración, reforma la fracción XIV del artículo 7o. de la Ley General de Educación, con el objetivo de fortalecer el derecho de acceso a la información de nuestras y nuestros estudiantes por medio de las nuevas tecnologías de la información, señalando el compromiso ineludible de las autoridades educativas para poner a disposición los medios para el ejercicio de este derecho.

De acuerdo con la UNESCO, la educación es un instrumento poderoso que permite a las personas de escasos recursos salir de la pobreza de manera autónoma y participar activamente con su comunidad, generando posibilidades de detonar el desarrollo de cada país.

Con el paso del tiempo la concepción de este derecho se ha ido transformando y evolucionando con el momento histórico y las condiciones o necesidades de cada etapa. El desarrollo de nuevas tecnologías, la globalización y la facilidad para acceder a esos recursos, han permitido que la información se masifique y pasemos de modelos educativos tradicionales en los que sólo se requerían profesores, libros y pizarrones, a la implementación de modernos recursos como el Internet, tabletas y una gran interacción de equipos informáticos que facilitan y enriquecen la tarea del aprendizaje.

Ya no basta con tener aulas equipadas con la indumentaria tradicional, ni siquiera es suficiente conseguir que se matricule cada vez a más estudiantes.

Si en verdad queremos garantizar que este derecho se cumpla y que las personas obtengan la información necesaria para ser competitivas y disfrutar de una vida plena, necesitamos crear la infraestructura adecuada en cada centro educativo y articular las políticas públicas que generen el escenario para que esto suceda.

No sólo es el entorno físico lo que debe cambiar, sino también las reglas en la materia, debido a que no sólo se modificó la tecnología disponible y cambió para siempre el concepto mismo del acceso a la información.

Debemos vigilar una evaluación integral de nuestra educación que garantice que todas y todos puedan obtener el conocimiento por igual, sin que estas herramientas sean la causa de una nueva brecha digital en donde sólo unos cuantos tengan la facilidad para conectarse a Internet, usar una computadora u obtener el libre acceso a la información.

En todo el mundo miles de estudiantes y profesores usan Internet en su formación, pese a ello, en las naciones más pobres aún es difícil poder aprovechar esta herramienta, situación que produce desigualdad a pesar de ser una gran oportunidad de mejorar el procedimiento de aprendizaje y preparar a los estudiantes para el futuro.

Es elemental hacer notar que el acceso a la educación va ligado al acceso a la información, es decir, son procesos conjuntos que deben acompañarse para conseguir resultados óptimos y permitir el pleno goce de estos derechos.

Hoy en día la mayoría de los países han reconocido que es indispensable buscar mecanismos que faciliten la transparencia y la obtención de datos de cualquier índole, atendiendo a diversos tratados internacionales y buenas prácticas en la gestión pública.

El derecho de acceso a la información está considerado dentro del derecho fundamental a la libertad de expresión reconocido por la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde además se considera el derecho de investigar y recibir información por cualquier medio de expresión.

La legislación en esta materia sostiene que toda la información en poder de los gobiernos e instituciones gubernamentales, es en principio pública y su protección se encuentra plasmada en distintos instrumentos internacionales.

En el caso de nuestro país, a pesar de estar plasmado este derecho en el artículo 6o. de nuestra Constitución, fue hasta junio del 2003 con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental cuando se pudo materializar el esfuerzo conjunto de la sociedad civil y la voluntad política para llevar a cabo esta ley, sin embargo, aún faltan enormes esfuerzos de armonización legislativa para garantizar que esto sea una realidad.

El Índice del Derecho de Acceso a la Información en México, formulado por el Centro de Investigación Fundar, que mide la calidad de las leyes de transparencia con relación a las mejores prácticas nacionales e internacionales en la materia, señala que la calificación promedio nacional es de 5.1, siendo el 10 la mayor calificación posible, es decir, estamos reprobados en dicho tema.

Siendo el Internet un elemento esencial para acceder a la información en estos tiempos, es claro que a pesar de que existen más mexicanos conectados cada año, la cifra de quienes no cuentan con el servicio es enorme.

Datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2015, señala que alrededor de 46.3 millones de personas no tienen forma de usar la herramienta, siendo los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, las entidades más rezagadas.

Por lo tanto, aunque ha venido aumentando el número de cibernautas en el país, este proceso no es producido de manera homogénea, generándose una nueva desigualdad social del siglo XXI, en donde el Estado es partícipe si no toma las medidas necesarias para frenar esta situación.

Esta realidad no sólo está presente en los hogares, sino en cientos de escuelas de todo el territorio nacional, como lo reveló el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial del 2013, donde los resultados arrojaron que sólo el 31 % de escuelas cuentan con acceso a Internet y uno de cada dos equipos disponibles en las escuelas se encuentran estos mismos en funcionamiento violentando una serie de derechos fundamentales para nuestros estudiantes.

Debemos profundizar en los esfuerzos que se han llevado a cabo para atender las necesidades tecnológicas de nuestras escuelas garantizando el pleno respeto a los derechos y las condiciones para hacerlos valer.

Hay que aprovechar el enorme potencial de instrumentos como el Internet que contribuyen a apoyar la educación y el aprendizaje de las personas en una sociedad donde los contrastes y la pobreza están generando enormes brechas.

Hoy la educación va acompañada de múltiples elementos, que de utilizarse adecuadamente gestarán un futuro incluyente con más oportunidades.

El uso de Internet y maximizar su impacto en la población, favorece el ejercicio de derechos fundamentales en amplios sectores de la población, tal como lo propone esta iniciativa.

Tenemos una gran responsabilidad tecnológica en nuestro país y con el diseño de un nuevo modelo educativo que responda a las necesidades de nuestra sociedad.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

La suscrita, MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 7O. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la UNESCO, la educación es un instrumento poderoso que permite a las personas de escasos recursos salir de la pobreza de manera autónoma y participar activamente con su comunidad generando posibilidades de detonar el desarrollo de cada país.

Con el paso del tiempo, la concepción de este derecho se ha ido transformando y evolucionando de acuerdo al momento histórico y las condiciones o necesidades de cada etapa. En la actualidad, el desarrollo de nuevas tecnologías, la globalización y la facilidad para acceder a estos recursos ha permitido que la información se masifique, y pasemos de modelos educativos tradicionales en los que solo se requerían profesores, libros y pizarrones a la implementación de los modernos recursos como el internet, tabletas y una gran interacción de múltiples equipos informáticos que facilitan y enriquecen la tarea del aprendizaje.

Hoy no basta con tener aulas equipadas con la indumentaria tradicional, ni siquiera es suficiente conseguir que se matricule cada vez a más estudiantes, si en verdad queremos garantizar que este derecho se cumpla y que las personas obtengan la información necesaria para ser competitivos y disfrutar de una vida plena, necesitamos crear la infraestructura adecuada en cada centro educativo y articular las políticas públicas que generen el escenario idóneo para que esto suceda.

No solo es el entorno físico lo que debe cambiar, sino también las reglas en la materia, debido a que no solo se modificó la tecnología disponible, también cambio para siempre el concepto mismo de acceso a la información.

Hoy debemos vigilar una evolución integral que garantice que todas y todos puedan obtener el conocimiento por igual, sin que estas herramientas, sean la causa de una nueva brecha digital, en donde solo unos cuantos tengan la facilidad para conectarse a internet, usar una computadora u obtener el libre acceso a la información.

En todo el mundo miles de estudiantes y profesores usan internet en su formación, pese a ello, en las naciones más pobres aún es difícil poder aprovechar esta herramienta, situación que produce desigualdad a pesar de ser una gran oportunidad de mejorar el procedimiento de aprendizaje y preparar a los estudiantes para el futuro.

Es elemental hacer notar que el acceso a la educación va ligado al acceso a la información, es decir, son procesos conjuntos que deben acompañarse para conseguir resultados óptimos y permitir el pleno goce de estos derechos. Hoy en día la mayoría de los países han reconocido que es indispensable buscar mecanismos que faciliten la transparencia y la obtención de datos de cualquier índole, atendiendo a diversos tratados internacionales y buenas prácticas en la gestión pública.

El derecho de acceso a la información está considerado dentro del derecho fundamental  a la libertad de expresión, reconocido por la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas así como por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos donde además se considera el derecho de investigar y recibir información por cualquier medio de expresión.

La legislación en esta materia, sostiene que toda la información en poder de los gobiernos e instituciones gubernamentales es, en principio, pública, y su protección se encuentra plasmada en distintos instrumentos internacionales.

En el caso de nuestro país, a pesar de estar plasmado este derecho en el artículo 6º de nuestra Constitución, fue hasta junio de 2003 con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental cuando se pudo materializar el esfuerzo conjunto de la sociedad civil y la voluntad política para llevar a cabo esta ley, sin embargo, aún faltan enormes esfuerzos de armonización legislativa para garantizar que esto sea una realidad.

El Índice del Derecho de Acceso a la Información en México, formulado por el Centro de investigación Fundar, que mide la calidad de las leyes de transparencia con relación a las mejores prácticas nacionales e internacionales en la materia, señala que la calificación promedio nacional es de 5.1 siendo el 10 la mayor calificación posible, es decir, aún estamos reprobados en esta temática.

De esta manera, siendo el internet un elemento esencial para acceder a la información en estos tiempos, está claro que a pesar de que existen más mexicanos conectados cada año, la cifra de quienes no cuentan con el servicio es enorme; datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2015, señala que alrededor de 46.3 millones de personas no tienen forma de usar la herramienta, siendo los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca la entidades con más rezagos.

Por lo tanto, aunque incrementa el número de cibernautas en el país, este proceso no es producido de manera homogénea, generándose una nueva desigualdad social del siglo XXI, en donde el Estado es partícipe si no toma las medidas necesarias para frenar esta situación.

Esta realidad no solo está presente en los hogares, sino en cientos de escuelas de todo el territorio nacional, como lo revelo el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial del 2013, donde los resultados arrojaron que solo el 31% de escuelas cuentan con acceso a internet y el 56% tiene equipo de cómputo en funcionamiento, por lo que se violentan una serie de derechos fundamentales para nuestros estudiantes.

Ante esta situación, se debe profundizar el esfuerzo realizado para atender las necesidades tecnológicas de nuestras escuelas garantizando el pleno respeto a los derechos y las condiciones para hacerlos valer. Se debe aprovechar el enorme potencial de instrumentos como el internet, que contribuyen a apoyar la educación y el aprendizaje de las personas en una sociedad donde los contrastes y la pobreza están generando enormes brechas.

Hoy, la educación va acompañada de múltiples elementos, que de utilizarse adecuadamente, gestarán un futuro incluyente con más oportunidades.

Usar el internet y maximizar su impacto en la población, permitirá que derechos fundamentales sean una realidad, tal como lo propone esta iniciativa.

A todos los sectores deber interesar el destino de nuestro gran país y de nuestro modelo educativo.

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS

TEXTO VIGENTE
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

PROPUESTA DE ADICIONES

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a XIII. (…)

XIV.- Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo.

 

 

XIV Bis. a XVI. (…)

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a XIII. (…)

XIV.- Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental por medio de internet y tecnologías de la información similares y de las mejores prácticas para ejercerlo, procurando la provisión de medios para el ejercicio de este derecho.

XIV Bis. a XVI. (…)

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se REFORMA la fracción XIV del artículo 7o. de la Ley General de Educación, para quedar de la forma siguiente:

Ley General de Educación

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a XIII. (…)

XIV.- Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental por medio de internet y tecnologías de la información similares y de las mejores prácticas para ejercerlo, procurando la provisión de medios para el ejercicio de este derecho.

XIV Bis. a XVI. (…)

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 31 de marzo de 2016.

Suscribe

Sen. María de los Ángeles Verónica González Rodríguez.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora González Rodríguez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Jesús Casillas Romero, para presentar a nombre propio y del Senador Carlos Romero Deschamps, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, a nombre propio y del Senador Carlos Romero Deschamps, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Según algunos tratadistas, el trabajo se ha configurado como el gran ordenador de la vida social, comunitaria y familiar, a través de la cual las personas acceden a un ingreso económico que debe concederles cierto nivel de bienestar, al permitir el acceso a satisfactores necesarios para la subsistencia propia y familiar.

Pero esta cualidad, la de gran ordenador, obedece a que más allá de la obtención del ingreso económico necesario para la manutención, constituye un derecho precursor o facilitador para el ejercicio de otros derechos, como la salud a través de los regímenes de prevención y seguridad social que incluyen derechos de jubilación, vacaciones, coberturas de enfermedades, acceso a servicios educativos y de capacitación, servicios crediticios en general y de vivienda, entre otros.

Este último, el de la vivienda, constitutivo a su vez del derecho fundamental por sí mismo, de conformidad al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Mientras que los instrumentos y apoyos para lograr el objetivo de vivienda digna y decorosa para las familias mexicanas están contempladas en la legislación secundaria para el caso de los trabajadores, el mecanismo público lo constituye el Fondo Nacional para la Vivienda, administrado por el Infonavit.

El esquema básico consiste en la obligación de los patrones para realizar aportaciones a dicho fondo, a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgarles crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad las habitaciones a que tienen derecho.

Sin embargo existe un trabajo por el cual la ley exime al patrón, de efectuar dichas aportaciones de acuerdo al artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice: “Los patrones no estarán obligados a pagar las aportaciones a que se refiere el artículo 136 de esta ley por lo que toca a los trabajadores domésticos”. Esto es a las trabajadoras del hogar.

Históricamente el trabajo en el hogar se ha destacado por ser uno de los empleos más vulnerables, en el que los derechos y libertades de quienes lo realizan, llegan a ser violentados con bajos salarios, malos tratos y hasta discriminación.

En México, alrededor de 2.2 millones de personas se dedican al trabajo del hogar, la inmensa mayoría son mujeres. Personas que al igual que todas merecen lograr sus aspiraciones a través de su vida laboral, con un empleo productivo que genere un ingreso justo, con seguridad y protección para sí y para sus familias.

Sin embargo, el actual contenido del artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo, no parece ser la mejor forma para lograrlo, pues les restringe para acceder a los beneficios como derechohabiente del Infonavit, como lo es el financiamiento para la adquisición de vivienda.

Las personas dedicadas al trabajo del hogar desempeñan una labor como cualquier otro trabajador que se esfuerza día a día para salir adelante.

Por lo tanto, como trabajadores que son, deben encontrar en su trabajo un medio para lograr satisfacer sus necesidades básicas en las que la ilusión de un hogar propio, seguramente está incluida.

Por ello, consideramos oportuna la modificación del artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo como un débito necesario para contribuir a la reivindicación de los derechos de los trabajadores del hogar.

Hablamos de las personas a las que las labores propias de una casa en las que se incluyen las actividades como jardinero, nana, cocinera y cualquier otra de asistencia en el hogar, evidentemente cuando sus servicios no sean esporádicos u ocasionales.

Cabe decir que para tratar de solventar de alguna manera esta situación, el Infonavit había puesto en marcha un programa para los trabajadores en labores domésticas que ofrecía una modalidad de crédito especial para ellos.

El programa que en el pasado estuvo funcionando se denominó “Infonavit para Todos”, y permitía brindarles un apoyo sobre vivienda a los trabajadores domésticos asalariados para que pudieran tener un ahorro destinado a un crédito de vivienda.

A través del programa, el patrón podría aportar una cuota mensual que le permitía al trabajador obtener un crédito para vivienda, o bien, a formar un ahorro para su retiro.

De acuerdo con el Infonavit, el patrón incluía al trabajador con un salario aproximado de los 3 y hasta los 4 salarios mínimos mensuales, equivalente en 2013 a un salario que iba entre los 5 mil 900 y hasta los 7 mil 800 pesos, por lo que cada mes tenía que depositar entre 295 y 395 pesos.

No obstante, desde julio del año pasado este programa fue suspendido, por lo que a la fecha, las personas trabajadoras del hogar continúan sin acceso a los beneficios del Infonavit, para poder adquirir su vivienda propia.

Lo anterior, no obstante que la diferencia para lograrlo no implica al patrón más allá de 400 pesos mensuales.

Por ello, a fin de reivindicar y reconocer el esfuerzo de quienes se dedican a esta labor, se hace necesario incorporarlas al régimen del Infonavit. Eso, con la reforma, insisto, al artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo y que la propuesta es que quede de la siguiente manera:

Artículo 146. Los patrones deberán pagar las aportaciones a que se refiere el artículo 136 de esta ley, por lo que toca a los trabajadores domésticos, salvo que la prestación de sus servicios sea de manera esporádica u ocasional.

Este artículo, que actualmente está vigente en la Ley Federal del Trabajo, no solamente es discriminatorio, no reconoce un trabajo que ya se ha ido avanzando en cuanto al reconocimiento a quienes realizan de manera permanente y que ha habido casos de 10, de 15, hasta de 20 años de trabajar en una vivienda en las actividades domésticas, en las actividades del hogar y que se ha ido avanzando, porque se han ido incorporando a sus prestaciones como el Seguro Social o el Fondo para el Retiro.

Pero este artículo que es excluyente, no le permite a quien realiza una labor, que si bien es cierto, es en el hogar, también es remunerada, también tiene su esfuerzo, también requiere de una responsabilidad importante para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

Por eso, pues en reconocimiento a este gran sector de la población, estamos hablando además de 2 millones 200 mil personas que se dedican a las labores del hogar, es que estamos proponiendo que tengan la posibilidad de acceder a los créditos del Infonavit.
¿Por qué otros trabajadores sí, y estos que trabajan en el hogar no pueden tener acceso a una vivienda?

¿Por qué no pueden tener el derecho de que el Infonavit los apoye en la adquisición de una vivienda?

Una aspiración de vida de cualquier ser humano, después de la salud, la seguridad, la educación, sin duda, una de las grandes aspiraciones de todo ser humano es tener su vivienda propia, y con esto, estaríamos haciendo justicia a las trabajadoras y a los trabajadores domésticos.

Por eso, compañeras y compañeros, solicito su apoyo, para que se turne a comisiones y en su oportunidad se dictamine de manera favorable.

Por su atención, muchas gracias.

Gracias, señora Presidenta.

Iniciativa

Los suscritos, Senadores JESÚS CASILLAS ROMERO y CARLOS ROMERO DESCHAMPS, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA GARANTIZAR EL ACCESO A CRÉDITOS PARA LA VIVIENDA A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El trabajo representa un derecho fundamental de todas las personas, reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atentos a que representa un factor de bienestar, progreso y desarrollo humano. Como bien lo señala el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo: “es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio”.

Según algunos tratadistas, el trabajo se ha configurado como un “gran ordenador” de la vida social, comunitaria y familiar, a través del cual las personas acceden a un ingreso económico que en teoría, les concedería cierto nivel de bienestar, al permitir el acceso a los satisfactores necesarios para la subsistencia propia y familiar.

Pero esta cualidad, la de “gran ordenador”, obedece a que más allá de la obtención del ingreso económico necesario para la manutención, constituye un derecho precursor o facilitador para el ejercicio de otros derechos, como la salud a través de los regímenes de previsión y seguridad social, que incluyen derechos de jubilación, vacaciones, coberturas de enfermedades, acceso a servicios educativos y de capacitación, servicios crediticios en general y de vivienda, entre otros.

Éste último, el de la vivienda, constitutivo a su vez de derecho fundamental por sí mismo, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.”

Así, conforme al texto transcrito, los instrumentos y apoyos para lograr el objetivo de vivienda digna y decorosa para las familias mexicanas están contemplados en la legislación secundaria, que para el caso de los trabajadores, el mecanismo público lo constituye el “Fondo Nacional Para la Vivienda”, administrado precisamente por el “Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores” (INFONAVIT), encargado de implementar los sistemas para tales fines.

El esquema básico previsto en el artículo 123 de la Constitución Política, consiste en la obligación de los patrones para realizar aportaciones a dicho fondo a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad las habitaciones a que tienen derecho.

Este imperativo se ve reflejado en el artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra señala:

Artículo 136.- Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el cinco por ciento sobre los salarios de los trabajadores a su servicio.

Sin embargo, existe un trabajo por el cual la ley exime al patrón a efectuar dichas aportaciones, de acuerdo al numeral 146 de la última legislación invocada:

“Artículo 146.- Los patrones no estarán obligados a pagar las aportaciones a que se refiere el artículo 136 de esta Ley por lo que toca a los trabajadores domésticos.”

Esto es, las aportaciones del patrón al Fondo Nacional de la Vivienda el cinco por ciento sobre los salarios de los trabajadores a su servicio, por lo que respecta a los trabajadores domésticos, quienes de conformidad al diverso 331, son aquellos que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia. También llamados trabajadores del hogar.

Históricamente el trabajo en el hogar se ha destacado por ser uno de los empleos más vulnerables, en el que los derechos y libertades de quienes lo realizan llegan a ser violentados con salarios ínfimos, malos tratos y hasta la discriminación.

En México, alrededor de 2.2 millones de personas se dedican al trabajo del hogar, la inmensa mayoría, mujeres. Personas que al igual que todas, merecen lograr sus aspiraciones a través de su vida laboral, con un empleo productivo, que genere un ingreso justo, con seguridad y protección para sí y sus familias.

Sin embargo, el actual contenido del artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo no parece ser la mejor forma para lograrlo, pues les restringe para acceder a los beneficios como derechohabiente del INFONAVIT, como lo es el financiamiento para adquisición de vivienda.

Es una distinción negativa que contempla nuestra legislación, para la cual, el hecho de que el trabajador o trabajadora del hogar llegue a habitar en la casa en que presta sus servicios, no constituye bono para que sea excluido del derecho a los beneficios del INFONAVIT, pues independientemente de ello, se trata de personas con todos sus derechos, en los que se incluye el de una vida y un hogar propios.

Las personas dedicadas al trabajo del hogar desempeñan una labor como cualquier trabajador que se esfuerza día con día para salir adelante, por apalancarse en su trabajo para lograr una vida digna y desarrollarse como ser humano y hacer lo propio para con su familia. Por lo tanto, como trabajadores que son, deben encontrar en su trabajo un medio para lograr satisfacer sus necesidades básicas, en las que la ilusión de un hogar propio seguramente está incluida.

Por ello, consideramos oportuna la modificación del artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo, como un débito necesario para contribuir a la reivindicación de los derechos de los trabajadores del hogar.

Hablamos de las personas dedicadas a las labores propias una casa, en las que se incluyen las actividades comochofer, jardinero, nana, cocinera, y cualquier otra de asistencia en el hogar. Evidentemente, cuando sus servicios no sean esporádicos u ocasionales.

Cabe decir, que para tratar de solventar de alguna manera esta situación, el INFONAVIT había puesto en marcha un programa para los trabajadores en labores domésticas que ofrecía una modalidad de crédito especial para ellos.

El programa se denominó “INFONAVIT PARA TODOS” y permitía brindarles un apoyo sobre vivienda a los trabajadores domésticos asalariados, para que pudieran tener un ahorro destinado a un crédito de vivienda.

A través del programa, el patrón podía aportar una cuota mensual que le permita al trabajador obtener un crédito para vivienda, o bien formar un ahorro para su retiro. De acuerdo con INFONAVIT, el Patrón inscribía a su trabajador con un salario aproximadamente de los 3 y hasta 4 salarios mensuales (equivale en 2013 a un salario de entre $5,900 y hasta $7,874), por lo que cada mes tendría que depositar de forma puntual entre alrededor de $295 y $395 pesos. Dicho dinero irá directamente a la Subcuenta de vivienda del trabajador.

No obstante, desde junio del año pasado este programa fue suspendido, por lo que a la fecha, las personas trabajadoras del hogar continúan sin acceso a los beneficios de INFONAVIT para adquisición de vivienda propia. Lo anterior, no obstante que la diferencia para lograrlo no implica al patrón más allá de $400 pesos mensuales.

Por ello, a fin de reivindicar y reconocer el esfuerzo de las quienes se dedican a esta noble labor, se hace necesario incorporarlas al régimen de INFONAVIT. Situación que se propone precisamente hoy, en el marco del día internacional de las personas trabajadoras del hogar, quienes también tienen derecho al propio.

Razones por las que la propuesta en concreto sería la modificación del referido artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo, en los términos sugeridos en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA PARA GARANTIZAR EL ACCESO A CRÉDITOS PARA LA VIVIENDA A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 146.- Los patrones deberán pagar las aportaciones a que se refiere el artículo 136 de esta Ley, por lo que toca a los trabajadores domésticos, salvo que la prestación de sus servicios sea de manera esporádica u ocasional.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 31 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Carlos Romero Deschamps.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Casillas Romero. Túrnese a la Cámara de Diputados.





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 69 y 93 constitucionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 69 Y 93 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

La iniciativa que presentamos propone cambios que modifican las formas de control que como Poder Legislativo tenemos sobre las dependencias del Poder Ejecutivo, de los organismos autónomos, las empresas productivas del Estado y los órganos reguladores coordinados en materia energética.

Además, las facultades propuestas para el Congreso alcanzan también la relación con privados relacionados con recursos y asuntos públicos.

En primer lugar, nuestra propuesta modifica los alcances de las comparecencias correspondientes al informe que anualmente presenta el Poder Ejecutivo, así se incluye en el artículo 69 de nuestra Constitución la facultad de citar al Fiscal General de la República y a los titulares de las empresas productivas del Estado, a los consejeros, tanto públicos como los independientes de estas empresas, así como a los responsables de los órganos reguladores coordinados en materia energética.

En este aspecto, la Constitución quedaría actualizada y armonizada con las disposiciones emanadas de la reforma política que creó la Fiscalía General de la República y la reforma energética que dio lugar a la creación de las llamadas empresas productivas del Estado, CFE y Pemex, así como a los órganos reguladores, ya mencionados.

Esta reforma es muy necesaria y pertinente, ya que han estado entregando los recursos energéticos a privados, que responden más a intereses particulares que al interés público; un gesto de mínima responsabilidad política sería sujetar a los nuevos organismos al control de quienes representamos a la nación y al Pacto Federal.

En segundo lugar se propone ampliar, en el artículo 93, el número de servidores públicos que deben presentarse a comparecer en las Cámaras del Congreso de la Unión cuando se discuta una ley o se estudie un tema concerniente a sus ramos, algún asunto de interés público o para que las y los legisladores les inquieran sobre sus labores de las que son responsables.

De aprobarse el cambio que proponemos, se podrá convocar ya no solo a los Secretarios de Estado, titulares y administradores de las entidades paraestatales y órganos autónomos, sino, como ya se mencionó, también a los titulares de los organismos derivados de la reforma energética, a los embajadores y cónsules que son ratificados por esta Soberanía.

En el Senado, por ejemplo, después de que ratificamos los nombramientos de embajadores y cónsules que propone el Ejecutivo Federal, estos quedan casi a la deriva en el desempeño de sus funciones, puesto que no responden a controles democráticos por parte del Poder Legislativo.

En tercer lugar, y uno de los aspectos más relevantes de la misma, en la reforma que proponemos incluye también, en el artículo 93, la capacidad del Congreso para llamar a comparecer a particulares, que en el ejercicio de sus actividades tengan relación con asuntos públicos o que hayan recibido recursos públicos, lo mínimo que se puede hacer en un régimen que ha pervertido el sentido de lo público entregando su manejo a privados, es controlar la actuación de estos por parte de los poderes emanados del voto popular.

No podemos esperar a que llegue otra nueva trama de corrupción como el caso Oceanografía, sólo por citar un ejemplo, entre centenares que hay, para tomar cartas en el asunto.

En cuarto lugar, dentro de la misma reforma al artículo 93, se reduce el número de legisladores que se necesitan para solicitar la creación de una comisión de investigación, y se amplía el catálogo de los supuestos, según los cuales, el Congreso puede investigar asuntos, se incluyen desde el funcionamiento de la Administración Pública Federal pasando por el de los órganos autónomos y en general cualquier asunto de interés público; además se permitirá a las Cámaras del Congreso requieran información y documentación adicional para las investigaciones correspondientes.

Las ideas aquí planteadas responden a la intención de dar mayor control democrático al Congreso de la Unión, ir disminuyendo el presidencialismo y dar más peso al  parlamento.

Además de ello, ya lo verán ustedes, la redacción es muy cuidadosa con no dejar a discrecionalidad los motivos por los que se puede dar lugar a comparecencias o a investigaciones.

Sin embargo, el valor principal de lo que proponemos es mucho más profundo de lo que parece, no es exagerado decir que esta iniciativa pretende actualizar la validez de la República, que en ningún caso debiera ser más débil que el poder de la élite económica, por ejemplo.

La idea republicana es una de las que más acuerdo encuentra en el pensamiento político. En este Pleno, por ejemplo, seamos de izquierda o de derecha o estemos de acuerdo con una visión amplia o estrecha de la democracia, prácticamente todos nos reconocemos como republicanos.

Podemos entonces decir que todos estamos por el respeto a la división de poderes, por el imperio de la ley y por la protección de la sociedad ante los abusos de autoridades. Todas éstas son garantías de la primicia o de la, más bien de la primacía de lo público o prevalencia de lo público. Esto siempre ha sido lo que distingue al poder político de otros poderes.

Esta iniciativa asume esa identidad compartida en el entendido de que es necesario fortalecer a nuestra cada vez más débil estructura republicana para revertir el lamentable estado de nuestra vida pública.

Estamos convencidos, de que la República debe ser el freno a la barbarie. Aquí quiero parafrasear al pensador alemán Walter Benjamin: “Ya no tenemos la convicción optimista de que la República llevará a buen puerto el tren de la historia de nuestro país, ahora lo vemos de una manera más modesta, pero también más urgente, probablemente el fortalecimiento de la República sea el único acto que nos permita activar los frenos de emergencia que impidan que el tren de la historia mexicana se dirija al vacío, a donde lo han conducido los gobiernos de este siglo con sus políticas privatizadoras”.

Ése es el sentido de esta iniciativa republicana, favorecer el interés público, dotando al Legislativo de mayores herramientas que incrementen la transparencia, faciliten la rendición de cuentas y el equilibrio y el control democrático entre poderes. Confío que ustedes estarán conscientes de ello y que apoyarán esta iniciativa.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Iniciativa

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 69 Y 93 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Congreso de la Unión, como contrapeso republicano, debe fortalecer sus facultades de control bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, sobre los cuales deben construirse los pilares fundamentales en los que descanse un Estado que se dice democrático. Si bien las facultades de control de ambas Cámaras se han visto ligeramente fortalecidas en los últimos años, aún queda mucho camino por recorrer.

Dentro de estas facultades de control encontramos que una de las principales es la de la comparecencia de los servidores públicos en el marco de la Glosa del Informe de Gobierno y de los nombramientos sujetos a ratificación y aprobación de alguna Cámara, las cuales sirven como contrapeso entre el Poder Legislativo y los demás Poderes.

Cabe señalar que esta facultad se encuentra supeditada únicamente al quehacer político de quienes ostentan un cargo público, sin que pueda ejercerse acción alguna con relación a particulares que, en el desempeño de sus actividades, tengan relación con algún asunto de carácter público o hayan recibido recursos públicos.

Asimismo, no existe un tratamiento igualitario entre funcionarios públicos, puesto que la redacción que actualmente se tiene sólo dispone la citación para Secretarias y Secretarios de Estado y directoras y directores y administradoras y administradores de las entidades paraestatales, así como a las y los titulares de los órganos autónomos, excluyendo al resto de funcionarios de la Administración Pública Federal (APF), centralizada y paraestatal y demás funcionarias y funcionarios públicos.

En este sentido, es necesario que el Congreso de la Unión fortalezca sus facultades con el fin de poder citar a comparecer a cualquier servidora y servidor público y personas particulares.

1. Ampliación de las comparecencias de servidoras y servidores públicos.

De acuerdo al derecho constitucional, las comparecencias son la “Presencia, ante el pleno de la Cámara o una comisión, de autoridades (…) para informar sobre algún asunto. Constituye uno de los instrumentos a través de los cuales se articulan las funciones de información y control de las Cámaras, en particular a través de las numerosas comparecencias de autoridades en comisión para informar sobre materias de su competencia.”1

Dentro de nuestra Carta Magna, la figura de las comparecencias se encuentra establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 69 y 93.

El artículo 69 Constitucional, en su párrafo segundo señala que:

Artículo 69.- …

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

Por su parte, el artículo 93, en su párrafo segundo, dispone que:

Artículo 93. …

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Como se puede observar, las y los servidores públicos mencionados en los artículos 69 y 93 de la Constitución están obligados a comparecer ante alguna de las Cámaras cuando sean requeridos o en el marco del informe de gobierno anual que presenta el Presidente de la República.

Con esta facultad, el Congreso puede realizar una evaluación acerca de la forma en la cual el Gobierno está manejando la Administración Pública, el cumplimiento de los programas y metas desarrollados, así como de la utilización de los recursos asignados a cada uno, además de poder encontrar elementos que ayuden a fincar responsabilidades a aquellas servidoras y servidores que incumplan con su encomienda y que violen la Constitución y las leyes emanadas de la misma.

Si bien se considera a la comparecencia como la principal potestad de control con la que cuentan las Cámaras, la misma se encuentra acotada a las funcionarias y funcionarios públicos mencionados en los artículos constitucionales citados anteriormente, con lo cual se excluyen a otros servidores y servidoras que, en un momento dado, deberían responder por sus actos ante el Congreso de la Unión, ya sea en el marco del Informe de Gobierno o en los casos en los que se discuta alguna ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas. Estas distinciones se tratarán de manera separada en los siguientes apartados.

a) Comparecencias en el marco del Informe de Gobierno (artículo 69 constitucional).

Dentro de las comparecencias que se dan en septiembre de cada año en el marco del Informe de Gobierno, los Secretarios y Secretarias de Estado acuden a cada una de las Cámaras a rendir el informe que guarda cada una de las dependencias a las cuales se les ha adscrito, tal y como lo mandata el artículo 69 antes referido. A pesar de lo anterior, como ya se mencionó, dicho artículo omite a funcionarios que deberían comparecer ante el Congreso y que, por las recientes reformas aprobadas en el seno del mismo, no se encuentran obligados, por lo cual es necesario homologar dicho artículo con el resto de la propia Constitución.

En este sentido, dicho artículo no contempla las figuras que han sido creadas a partir de reformas aprobadas a la Constitución. Con el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de febrero de 20142, se estableció la figura del Fiscal General de la República, en sustitución de la Procuraduría General de la República, sin que se haya incluido en la reforma al artículo 69 dicha figura. En razón de lo anterior y derivado de la gran importancia que tendrá la actuación del Fiscal, en esta iniciativa se propone incluirlo en la lista de sujetos al llamado de las Cámaras.

Asimismo, a pesar de que se incluyeron a los órganos reguladores coordinados en materia energética dentro del artículo 28 Constitucional, derivado de la reforma a la Carta Magna en materia energética, publicada en el DOF el 20 de diciembre de 20133, los mismos no fueron incluidos en los sujetos al llamado de las Cámaras, con lo cual dichos órganos no están obligados a comparecer en el marco del Informe y presentar el estatus que guarda tanto la Comisión Reguladora de Energía como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como el sector energético del país.

Aunado a lo anterior, dentro del mismo decreto referido en el párrafo anterior se cambió la naturaleza de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para transformarse en empresas productivas del Estado, en términos de los artículos 25 y 27 de la Constitución, sin que las mismas hayan sido incluidas también entre los entes que debe comparecer ante el Congreso en el marco del Informe de Gobierno.

En este sentido, la presente iniciativa también incluye a los órganos reguladores coordinados en materia energética, así como a las empresas productivas del Estado dentro de la redacción del artículo 69 Constitucional, con lo cual no sólo se refuerza la facultad de control de las Cámaras, sino que se fortalece la transparencia y la rendición de cuentas en materia energética.

b) Comparecencias en el marco del análisis de leyes o estudios de asuntos específicos (artículo 93 Constitucional).

El artículo 93 de la Constitución faculta a cualquiera de las Cámaras a llamar a comparecer a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas. A pesar de lo anterior, el mismo artículo deja excluidos a otros servidores y servidoras que deberían comparecer ante las Cámaras en un momento dado.

En este caso, como se señaló en el apartado anterior, dentro de la reforma en materia energética se excluyeron a las empresas productivas del Estado y a los órganos reguladores coordinados en materia energética de los mecanismos de control parlamentario. A fin de resolver el problema anterior y que las Cámaras analicen y llamen a comparecer a los titulares de dichos organismos, se modifica el artículo 93, con lo cual se elimina el estatus especial bajo el cual se encuentran los servidores públicos del sector energético.

Ante esta situación, Diego Valadés ha sido enfático en que el Congreso no legisló a su favor al excluir a dichos entes de su facultad de control. “La reforma (energética) no autorizó al Congreso para convocar ni para pedir informes a las empresas privadas que intervengan en la producción de energéticos.”4

Valadés señala también que “(A)l substraer de la competencia congresual a las nuevas "empresas productivas" de energéticos y al ampliar las facultades presidenciales en esa materia, se contrajo aún más la débil estructura de controles susceptibles de ser ejercidos por el Congreso” (…) “Un problema adicional consistirá en que el amplio margen de poder del Presidente en cuanto a los contratos con las petroleras lo convertirá en el centro de fuertes presiones, sobre todo internacionales, y no contará con el potencial apoyo de un Congreso que carece de facultades en esos asuntos.”5

En complemento con lo anterior, otro de los objetivos fundamentales de esta iniciativas es el dotar al Congreso de la Unión de un capacidad investigadora en materia energética, la cual quedó olvidada, muy probablemente a modo, dentro de la discusión y aprobación de la reforma energética, donde una vez más se empoderó groseramente a las grandes petroleras en contra del Estado, que no tendrá mayor control sobre las mismas que los que queda mandatado por el Ejecutivo Federal.

Por otra parte, con el fin de no generar distinción alguna entre las y los servidores públicos de la Administración Pública Federal, además de promover la transparencia y la rendición de cuentas en materia de política exterior, se propone incorporar al citado artículo 93 constitucional, a las y los Embajadores y las y los Cónsules de México adscritos al extranjero, puesto que se desconoce el actuar que cada una de las personas antes citadas desempeña en el ejercicio de su encargo.

Este asunto deriva de la preocupación que ha generado el actuar del Servicio Exterior Mexicano en el extranjero, puesto que quienes ostentan tan importantes cargos no rinden cuentas al Congreso, ni mucho menos a las y los ciudadanos, por las labores que realizan en el exterior en representación del Estado Mexicano en su conjunto.

Las y los Embajadores y las y los Cónsules comparecen ante el Senado de la República en el proceso de aprobación de su nombramiento pero concluido en este, dichas personas no vuelven a poner un pie en dicha Cámara, con lo cual el legislativo desconoce su accionar. Existe el caso en el que se ha señalado directamente a una Embajadora de utilizar su cargo y sus contactos para beneficiar a una persona que había sido detenida por supuesto lavado de dinero, persona a la que se le brindaron mayores beneficios que a los connacionales comunes, por el simple hecho de pertenecer al partido en el poder.

También existe el caso de un Cónsul adscrito en Denver, Colorado, quien valiéndose de su cargo y sus contactos para promover una empresa denominada Foro Vail, la cual está registrada a su nombre y cuenta con domicilio legal en el mismo domicilio que el propio Consulado.

Ante estos casos, a pesar de que el Senado es quien aprueba los nombramientos, el Congreso no tiene facultad para llamar a comparecer a dichos funcionarios para que expliquen sus actuaciones, por lo cual resulta imprescindible que se legisle a favor del legislativo en estos casos.

2. Comparecencias de particulares.

Las comparecencias de particulares ante las Cámaras del Congreso de la Unión ha sido un tema prácticamente tabú en nuestro país, puesto que se ha señalado que el Congreso sólo tiene facultades de control sobre aquellas personas que ostentan cargos público, dejando de lado a aquellas personas que han recibido recursos públicos o hayan participado en algún asunto de interés público.

Aunque puede señalarse que lo anterior es correcto y que el ámbito de competencia del Congreso de la Unión es exclusivamente en materia de control gubernamental, lo cierto es que en los últimos tiempos hemos visto una serie de actos contrarios a la Constitución y las leyes nacionales en los que participan entes gubernamentales y particulares, en busca siempre de los mayores beneficios mutuos, sin que el Poder Legislativo pueda ejercer una facultad de citación sobre aquellas personas que han incurrido en dichos actos, facultad que va de la mano con la de investigación que también se amplía y fortalece en esta iniciativa.

Como ejemplo de esos casos en los que existe participación de funcionarios con particulares, el más emblemático en los últimos tiempos es el caso de Oceanografía. En este caso, en 2014 se reveló que la empresa de Yañez Osasuna había cometido fraude por más de 500 millones a Banamex. A raíz de esa investigación de fraude, la PGR atrajo el caso y se descubrió un entramado de corrupción y beneficio entre particulares y gobierno.

De 1999 a 2013, Oceanografía obtuvo al menos 160 licitaciones públicas nacionales e internacionales de Pemex, contratos que superaron los 31 mil millones de pesos para proveer servicios de obra pública a la entonces paraestatal y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP).6 En este sentido, de acuerdo con los resultados de las auditorías efectuadas por el órgano interno de control de Pemex, se detectaron anomalías en los montos de las fianzas que Oceanografía debió pagar y que suman 147 millones de pesos (casi 11.5 millones de dólares); aunados a los casi tres mil 250 millones de pesos producto de la irregular modificación de contratos con la firma naviera entre 2010 y 2012.7

Este caso involucró a altos mandos de los gobiernos panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón, lo cuales favorecieron a dicha empresa con la asignación de jugosos contratos, valiéndose del tráfico de influencias y abusando del poder con el fin de beneficiar a particulares y personajes cercanos a las familias presidenciales.

Ante este tipo de casos, de haber tenido el Congreso mexicano la facultad de poder citar a comparecer a personas particulares, se habrían ampliado las investigaciones realizadas por las autoridades competentes con lo recabado en las mismas, con lo que se hubiera combatido ese lacerante mal que aqueja a este tipo de casos, la impunidad oficial estipulada desde las más altas esferas del Gobierno Federal.

Cabe señalar que esta figura de la comparecencia de personas particulares ante los Congresos es utilizada en diversos parlamentos a nivel mundial, mismos que se analizarán más adelante.

3. Facultad de investigación del Congreso de la Unión.

Aunado al proceso de comparecencias, tanto para servidoras y servidores públicos y personas particulares, el mismo artículo 93 de la Constitución establece la facultad de las Cámaras del Congreso de integrar comisiones de investigación. En este sentido, el párrafo tercero de dicho artículo establece lo siguiente:

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.

Como se ha venido señalando en el cuerpo de la presente iniciativa, al no haberse reformado cabalmente el artículo 93, se ha creado un vacío legal para los nuevos entes que han resultado de las diversas reformas constitucionales recientes, lo cual merma, además, la facultad del Congreso de llevar a cabo investigaciones autónomas sobre lo que ocurre dentro de la AFP.

Dicho artículo simplemente faculta, en su actual redacción, a que las Cámaras investiguen a organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, lo cual deja fuera de su poder inquisitorial al resto de la Administración Pública Federal y a los recién creados Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y las empresas productivas del Estado.

En este sentido, hay que entender que la finalidad primordial de una comisión de investigación parlamentaria es la de obtener información y trasladar la misma al pleno de la Cámara. No se orienta pues a establecer la verdad formal sobre un suceso o acontecimiento, como correspondería a un órgano jurisdiccional, ni a analizar hechos o situaciones para el posterior conocimiento de los órganos judiciales o gubernativos, como corresponde a los cuerpos y funcionarios administrativos. La “verdad” de la investigación parlamentaria es una “verdad política” que tiene que surtir unos efectos asimismo políticos (Pérez Royo, 1996: 575).

Expertos en la materia se han pronunciado por ampliar la facultad de investigación del Congreso. El pasado 9 de marzo de 2016 durante el Foro “Construyendo contrapesos. La necesidad de ampliar facultades del Poder Legislativo para investigar el actuar del Poder Ejecutivo. Reformas al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” Diego Valadés señaló que la modificación constitucional al artículo 93 permitirá que las facultades de investigación del congreso se amplíen, ya que permitirá la investigación a todo lo que corresponda al interés público, “No solamente se está pidiendo la comparecencia de las personas, sino la también la presentación o exhibición de documentos, se le está asignando a las comisiones de investigación, las competencias o facultades propias de una autoridad judicial.”8

Asimismo, Bernardo Bátiz Vázquez ex procurador de Justicia del Distrito Federal, indicó que mediante la reforma al artículo 93 Constitucional se alcanzará un equilibrio entre los poderes y se evitará que algún lado se exceda, existan atropellos y autoritarismo que afecten a los ciudadanos.9 En el mismo tenor expuesto por Valadés y Bátiz, coincidieron los investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Daniel Barcélo Rojas y Francisco Paoli Bolio.

Como bien puede observarse, es necesaria la modificación al artículo en cuestión con el fin de fortalecer la capacidad investigadora que tiene cada una de las Cámaras y con eso coadyuvar al establecimiento de una cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Por lo anterior, se plantea una reforma al párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución enfocada a reducir el número de legisladores que se necesitan para solicitar la creación de una comisión investigadora y ampliar el catálogo de los supuestos para que se pueda investigar el funcionamiento de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, de los organismos autónomos, cualquier asunto de interés público, así como relacionado con las facultades que esta Constitución le otorga. Asimismo, se dispone que los resultados de la investigación sean entregados, en su caso, a las autoridades judiciales competentes con el fin de contribuir en las investigaciones judiciales a que haya lugar.

4. Análisis de política comparada.

Entre los países que cuentan con la facultad para sus congresos de citar a particulares y de instrumentar comisiones de investigación sobre determinados asuntos se encuentran Estados Unidos, Francia, Italia, España, Venezuela y Noruega.

Estados Unidos.

Aunque en la Constitución de los Unidos de América de 1787 no se encuentra la facultad expresa que tiente tanto la Casa de la Representantes como el Senado de llamar a comparecer a particulares, así como instrumentar comisiones de investigación, la misma se encuentra contenida en los reglamentos de cada uno de los entes legislativos.

Dentro de las Reglas del Senado Estadounidense, se establece, en la Regla XXVI10, que cualquier comité de dicho órgano legislativo está facultada para celebrar comparecencias, o audiencias, y llevar a cabo investigaciones sobre cualquier asunto de su competencia.

Por su parte, las Reglas IX y X de la Casa de Representantes11 establecen, asimismo, los mecanismos en los cuales se llevan a cabo las audiencias y las investigaciones contra particulares en la Cámara Baja de los Estados Unidos.

Cabe señalar que estas comparecencias, o audiencias, y las investigaciones que realizan las comisiones legislativas de ambas Cámaras versan sobre las denuncias de irregularidades que han cometido funcionarios públicos o personas particulares, o en determinados hechos de un desastre o crisis.12

Francia.

En Francia, en el ámbito de un régimen semi presidencialista como el diseñado en la V República, las comisiones de investigación pueden constituirse tanto en la Asamblea Nacional como en el Senado. Su existencia no está prevista constitucionalmente sino que se encuentran reguladas por los reglamentos de las cámaras y por normas específicas, alguna de las cuales es incluso anterior al actual régimen político. Aunque en ambas cámaras existen comisiones que tienen atribuida potestad para investigar permanentemente, cuando se quiere obtener información cualificada sobre un asunto concreto se constituye una “Comission d´enquête”. Los poderes de las comisiones de investigación francesas han sido modificados a lo largo del tiempo; en la actualidad, aunque con menos amplitud que las comisiones norteamericanas, pueden solicitar todo tipo de información y documentación de los órganos administrativos, así como de instituciones privadas bajo ciertas condiciones y siempre con la salvedad de no interferir en las competencias propias del poder judicial y del poder ejecutivo.13

Italia.

Dentro de la Constitución Italiana se prevé que cualquiera de las Cámaras del Congreso puedan llamar a comparecer a particulares y llevar a cabo comisiones de investigación, puesto que el artículo 8214 de dicho ordenamiento estipula lo siguiente:
Art. 82

Cada Cámara podrá acordar investigaciones sobre materias de interés público.

Con este fin nombrará entra sus componentes una Comisión formada de tal modo que refleje la proporción de los diversos grupos. La Comisión de investigación procederá a las indagaciones y a los exámenes con los mismos poderes y las mismas limitaciones que la autoridad judicial.

Como puede observarse, dentro del caso italiano se faculta a las comisiones legislativas para llevar a cabo investigaciones  con el mismo poder que la autoridad judicial, con lo que los resultados de las mismas tienen un peso muy importante, a diferencia de las otras comisiones hasta ahora analizadas.

España.

La Constitución española de 1978 establece la facultad que tienen las Cámaras de llamar a comparecer a particulares únicamente ante comisiones de investigación. Dentro del artículo 7615se establece que:

1.1. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.

2.2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación.

Al no estar expreso en la Constitución la facultad de llamar a particulares, se expondrán las facultades que cada reglamento otorga a los Diputados y Senadores. Dentro del Reglamento del congreso de los Diputados en su artículo 52  establece que:

Artículo 52

1. El Pleno del Congreso, a propuesta del Gobierno, de la Mesa, de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara, podrá acordar la creación de una Comisión de Investigación sobre cualquier asunto de interés público.

2. Las Comisiones de Investigación elaborarán un plan de trabajo y podrán nombrar Ponencias en su seno y requerir la presencia, por conducto de la Presidencia del Congreso, de cualquier persona para ser oída. Tales comparecencias se ajustarán a lo dispuesto en la Ley prevista en el artículo 76.2 de la Constitución, y responderán, en todo caso, a los siguientes requisitos:

a) La notificación del requerimiento para comparecer y de los extremos sobre los que se deba informar habrá de hacerse con quince días de antelación, salvo cuando, por concurrir circunstancias de urgente necesidad, se haga con un plazo menor, que en ningún caso será inferior a tres días.

b) En la notificación, el ciudadano requerido será advertido de sus derechos y obligaciones y podrá comparecer acompañado de la persona que designe para asistirlo 19.

3. La Presidencia de la Cámara, oída la Comisión, podrá dictar las oportunas normas de procedimiento. En todo caso, las decisiones de las Comisiones de Investigación se adoptarán en función del criterio de voto ponderado.

4. Las conclusiones de estas Comisiones, que no serán vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, deberán plasmarse en un dictamen que será discutido en el Pleno de la Cámara. El Presidente del Congreso, oída la Junta de Portavoces, está facultado para ordenar el debate, conceder la palabra y fijar los tiempos de las intervenciones.

5. Las conclusiones aprobadas por el Pleno de la Cámara serán publicadas en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» y comunicadas al Gobierno, sin perjuicio de que la Mesa del Congreso dé traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.

6. A petición del Grupo Parlamentario proponente se publicarán también en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» los votos particulares rechazados.

Por su parte, dentro del Reglamento del Senado de España se dispone, en los artículos 59 y 60 que:

Artículo 59.

1. El Senado, a propuesta del Gobierno o de veinticinco Senadores que no pertenezcan al mismo grupo parlamentario, podrá establecer Comisiones de Investigación o Especiales para realizar encuestas o estudios sobre cualquier asunto de interés público. Su constitución se ajustará a lo dispuesto en el artículo 52.

2. En el caso de que la propuesta se refiera a una Comisión Mixta del Congreso de los Diputados y del Senado, su constitución requerirá la previa aprobación de ambas Cámaras.

Si la propuesta se presentase y aprobase en el Senado, se dará traslado inmediato de la misma al Congreso.

Artículo 60.

1. Una vez constituidas, estas Comisiones elaborarán un plan de trabajo fijando sus actuaciones y plazos. Periódicamente informarán a la Mesa de la Cámara sobre el cumplimiento de dicho plan.

2. Las Comisiones de Investigación podrán requerir la presencia de cualquier persona para declarar ante las mismas con los efectos previstos en la ley que desarrolle lo dispuesto en el artículo 76.2, de la Constitución.

3. Las conclusiones de estas Comisiones serán publicadas salvo que, en caso necesario, se acuerde lo contrario para la totalidad o parte de las mismas. No serán vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales.

4. El informe de las Comisiones de Investigación podrá ser debatido en el Pleno con dos turnos a favor y dos en contra y la intervención de los portavoces de los grupos que lo soliciten. Ninguna de estas intervenciones excederá de quince minutos.

5. El resultado de las investigaciones será comunicado, en su caso, al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones que correspondan.

Como bien puede observarse, las comparecencias y las comisiones de investigación versan sobre asuntos de interés público y en ellas están obligados a acudir, previo llamado, los particulares que sean requeridos, con el fin de que informen y expongan sus argumentos sobre algún tema específico.

Venezuela.

Dentro de la Constitución Venezolana se establece la facultad que tiene la Asamblea Nacional de citar a comparecer no solamente a los y las funcionarias públicas, sino también a los particulares, tal y como se puede observar en el artículo 223:

Artículo 223. La Asamblea o sus Comisiones podrán realizar las investigaciones que juzguen convenientes en las materias de su competencia, de conformidad con el Reglamento.

Todos los funcionarios públicos o funcionarias públicas están obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezcan las leyes, a comparecer ante dichas Comisiones y a suministrarles las informaciones y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones.

Esta obligación comprende también a los y las particulares; a quienes se les respetarán los derechos y garantías que esta Constitución reconoce.

En el caso venezolano, al igual que en Estados Unidos, Francia y España, las comparecencias se dan en el seno de las comisiones de investigación y las mismas no versan sobre facultades judiciales, como sí ocurre en el caso Italiano.

Noruega.

El último caso a analizar es Noruega. La Constitución noruega faculta al Storting (Gran Asamblea), para llamar a comparecer a cualquier persona, servidoras y servidores públicos y particulares, sobre cualquier asunto concerniente al Estado, puesto que el inciso h del artículo 75 establece que:

Artículo 75

Corresponde al Storting:

a. a g. …

h. Mantener el derecho de requerir la comparecencia de quien sea sobre asuntos de Estado, excepto el Rey y la Familia Real; no se aplicará la excepción, sin embargo, a los Príncipes Reales si estuvieran investidos de alguna función pública;

En el caso noruego, como se puede observar, se excluye al Rey y la Familia Real, siempre que los príncipes no hayan sido investidos en función pública alguna. Fuera de esa excepción, todas las demás personas están obligadas a comparecer ante la Asamblea cuando sean requeridos.

De las constituciones antes referidas, se puede destacar lo siguiente:

• Existen disposiciones que facultan a los Congresos, unicamerales o bicamerales, para llevar a cabo investigaciones sobre asuntos de interés público o concernientes al Estado en su conjunto.

• Se faculta a la Cámara o Cámaras para poder citar a comparecer a cualquier funcionario público sobre algún asunto en particular.

• Se faculta a la Cámara o Cámaras para poder citar a comparecer a cualquier persona particular ante las comisiones legislativas respectivas sobre algún asunto en particular.

• Salvo excepciones contadas, todas las personas deben acudir al llamado de la Cámara o las Cámaras.

Como puede observarse, la presenta iniciativa va acorde con las mejores prácticas internacionales, puesto que establece supuestos específicos para llamar a comparecer a particulares, así como aumentar las facultades para integrar comisiones de investigación Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, de los organismos autónomos, cualquier asunto de interés público, así como relacionado con las facultades que esta Constitución le otorga.

5. Contenido de la iniciativa.

La presente iniciativa está enfocada a modificar los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de fortalecer las facultades de las Cámaras del Congreso Mexicano.

Dentro de la reforma al artículo 69 de la Constitución, se pretende incluir la facultad del Congreso de citar a comparecer, en el marco del Informe de Gobierno, al Fiscal General de la República y a los titulares de las empresas productivas del Estado y de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

Con la reforma al artículo 93 Constitucional se pretende fortalecer las facultades de control de la Cámaras en diferentes aspectos. En un primer lugar, se reforma el párrafo segundo con el fin de ampliar el número de servidoras y servidores públicos a los cuales pueden citar a comparecer las Cámaras del Congreso cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, un asunto de interés público o para que respondan a interpelaciones o preguntas directas por parte de los legisladores.

En segundo lugar, se adiciona un tercer párrafo y se recorren los subsecuentes, con el fin de que el Congreso de la Unión pueda llamar a comparecer a particulares que en el ejercicio de sus actividades, tengan relación con algún asunto de carácter público o hayan recibido recursos públicos. Aunado a lo anterior, se incorpora una disposición en la cual se establece que la Ley establecerá los supuestos bajo los cuáles las Cámaras podrán citar a particulares, así como el formato específico para el desahogo del proceso.

En tercer lugar, se reforma el cuarto párrafo, antes tercero, con el fin de que reducir el número de legisladores que se necesitan para solicitar la creación de una comisión investigadora y ampliar el catálogo de los supuestos para que se pueda investigar el funcionamiento de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, de los organismos autónomos y de cualquier asunto de interés público. Asimismo, se dispone que los resultados de la investigación sean entregados, en su caso, a las autoridades judiciales competentes con el fin de contribuir en las investigaciones judiciales a que haya lugar.

Por último, se reforma el artículo quinto, antes cuarto, con el fin de incorporar que las Cámaras puedan requerir información o documentación tanto a las y los servidores públicos como a los particulares, además de las preguntas por escrito a las que están obligados a responder.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 69 Y 93 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como siguen:

Artículo 69.- …

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citara los Secretarios de Estado, al Fiscal General de la República, a los directores de las entidades paraestatales, de las empresas productivas del Estado y de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

Artículo 93.- ...

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los Embajadores y Cónsules, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, a los titulares de los órganos autónomos, de las empresas productivas del Estado y de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, o cualquier figura homóloga, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, un asunto de interés público o para que respondan a interpelaciones o preguntas directas por parte de los legisladores.

La convocatoria a que hace referencia el artículo anterior será obligatoria, de igual forma, para personas particulares que, en el ejercicio de sus actividades, tengan relación con algún asunto de carácter público o hayan recibido recursos públicos. La Ley establecerá los supuestos bajo los cuáles las Cámaras podrán citar a particulares, así como el formato específico para el desahogo del proceso.

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal o cualquier asunto de interés público. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal y, en su caso, a las autoridades judiciales competentes.

Las Cámaras podrán requerir información o documentación a las personas señaladas en el segundo y tercer párrafo del presente artículo, mediante preguntas por escrito, las cuales deberán ser respondidas en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Pleno del Senado de la República, el 31 de marzo de 2016.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.

1 Comparecencia parlamentaria

2 DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, Diario Oficial de la Federación, 10 de febrero de 2014, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014

3 DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, Diario Oficial de la Federación, de diciembre de 2013, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327463&fecha=20/12/2013

4 Valadés, Diego, Petroleras fuertes, Congreso débil, Reforma, 07 de enero de 2014, disponible en: http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=16480

5 Ídem.

6 Puntos clave para entender el caso Oceanografía, Excelsior, disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/03/06/947319

7 UN TRIBUNAL FEDERAL LIBRA A OCEANOGRAFÍA DE PAGAR MEGADEUDA FISCAL AL SAT, Sin Embargo, disponible en: http://www.sinembargo.mx/14-03-2016/1636006

8 Melín Campos, Angélica, Comisiones investigadoras deberían abordar todo asunto de interés público: Valadés, Noticias MVS, disponible en: http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/comisiones-investigadoras-deberian-abordar-todo-asunto-de-interes-publico-valades-106

9 Boletín N°. 1101, Con la reforma al artículo 93 Constitucional, Congreso de la Unión tendrá mayor control del gasto público, Comunicación Social de la Cámara de Diputados, disponible en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Marzo/09/1101-Con-la-reforma-al-articulo-93-Constitucional-Congreso-de-la-Union-tendra-mayor-control-del-gasto-publico

10 STANDING RULES OF THE SENATE, United States Government Publishing Office, disponible en: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CDOC-113sdoc18/pdf/CDOC-113sdoc18.pdf#page=31

11 Rules of the Committee on House Administration - 114th Congress, Committee on House Administration, disponible en: https://cha.house.gov/about/rules-committee-house-administration

12 Committee Faqs, What is the purpose of a committee hearing?, Office of the Clerk, U.S House of Representatives, disponible en: http://clerk.house.gov/committee_info/commfaq.aspx

13 Sánchez Sánchez Javier, Comisión de Investigación, Eunomía Revista en Cultura de la Legalidad, No. 4, marzo-agosto 2013, pp. 187-193

14 LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, disponible en: http://wwwext.comune.fi.it/costituzione/spagnolo.pdf

15 La Constitución española de 1978, Congreso de los Diputados, disponible en: http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=66&fin=80&tipo=2

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Padierna Luna. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Se recibió una iniciativa del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman los artículos 30 y 37 constitucionales, que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 30 Y SE MODIFICA LA FRACCIÓN II DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 37 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI)







 

Se concede el uso de la palabra al Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Cultura, Reglamentaria del Párrafo Décimo Segundo del Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE CULTURA, REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO DÉCIMO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Gracias, señora Presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva.

“La Cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, del modo de pensar y de vivir”. Milan Kundera, novelista y ensayista.

Es una realidad que a partir de la aprobación, a finales del año pasado, del Decreto por el que se crea la Secretaría de Cultura, que las distintas fuerzas políticas con representación en el Congreso de la Unión hemos integrado con mayor intensidad en nuestras agendas el tema de la política cultural.

Para la izquierda, la realización de políticas y acciones de impulso a la cultura forma parte de nuestro código genético, no solamente porque en nuestras filas han participado destacados intelectuales, académicos, creadores, intérpretes y promotores culturales, sino porque concebimos a la cultura como un verdadero elemento que libera conciencias, que abona al pensamiento progresista y, con ello, a un pleno desarrollo del ser humano, tanto en su ámbito individual, como en la colectividad.

La actividad cultural es intrínseca a la libertad social. Por ende, desde la izquierda encontramos justamente en este momento un ambiente propicio para su desarrollo pleno. Son las ideas de progreso, de cambio de estructura y de revolución de las ideas, las que enarbolamos, tanto políticos, como académicos en un ámbito que nos es común, la cultura.

En su momento acompañamos con optimismo la creación de la Secretaría de Cultura, pues consideramos que con ello se dota de la relevancia que siempre tuvo en la vida de la nación. Asimismo, afirmamos que el derecho a la cultura debe ser salvaguardado no sólo en el texto constitucional, donde se encuentra mencionado en el artículo 4o., párrafo doce, sino con acciones e instituciones, y al amparo de un marco legal que reglamente políticas, programas y acciones tanto de la autoridad, como de la sociedad civil.

La protección de los derechos culturales debe ser entendida desde su dimensión más amplia, son para garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que sea de su elección.

Son derechos humanos para asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. Son derechos relativos a cuestiones como la lengua, la producción cultural y artística, el patrimonio cultural y los derechos de autor, entre otros.

En ese sentido, la propuesta que hoy se presenta busca la emisión de una Ley General de Cultura en la que se establezcan definiciones, marcos de coordinación de la política cultura de los tres órdenes de gobierno, una correcta y definitiva separación entre la educación y la cultura, dejando claro que la primera es el vehículo de transmisión de la segunda y que por ende, esta última no puede estar supeditada a la primera, y armonizando sus contenidos con la nueva Secretaría de Cultura.

A continuación mencionaré sus principales características:

Primero.- Proponemos un Sistema Nacional de Cultura, mismo que estará a cargo de las dependencias y entidades del sector público entre sí, de los tres órdenes de gobierno, y de estos con integrantes de los sectores social y privado tendientes al cumplimiento de los fines de la cultura, fortaleciendo la acción del Estado para hacer efectivo el derecho de acceso a la cultura.

Segundo.- De igual manera, proponemos un Consejo Nacional, mismo que fungirá como la instancia superior de coordinación del sistema nacional, cuyas atribuciones principales serán las de coordinar el sistema, formular programas para el programa nacional, determinar lineamientos para el establecimiento de políticas generales en la materia, así como determinar medidas para vincular al sistema nacional con las entidades federativas y municipios, buscando con ello el impulsar acuerdos entre los entes del sistema para promover nuestra diversa gama cultural.

Tercero.- Es importante señalar que la iniciativa prevé fondos para la cultura, en las cuales la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México establecerán en los respectivos presupuestos de egresos recursos suficientes para el cumplimiento de los objetivos señalados en la presente ley.

Cuarto.- En concordancia con lo anterior, se propone crear el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes como mecanismo para financiar la creación artística y la actividad cultural.

Quinto.- No menos importante es la creación del Padrón Nacional de Creadores y Promotores de Cultura, mismo que será un instrumento a cargo de la Secretaría de Cultura, que tendrá un registro de mujeres y hombres cuya actividad preponderante sea la de ser promotor, creador, artista o intérprete de alguna actividad cultural.

Y por último, se propone la entrega anual del Premio Nacional de Cultura, mismo que será el galardón que de manera anual se entregará al mexicano o mexicana cuya actividad sea trascedente para la promoción, difusión y consolidación de la cultura de nuestro país.

Señoras y señores Senadores, con una ley general de esta naturaleza quedarán debidamente establecidas las funciones que de manera general y abstracta fueron otorgadas a la secretaría del ramo y cuya aprobación será determinante no sólo para el correcto desempeño de sus atribuciones, sino también para la consolidación de los esfuerzos por dotar a la cultura de nuestro país del espacio que por su importancia y envergadura siempre debió tener en la administración pública y, con esta norma, en el orden jurídico nacional.

Esta iniciativa es complementaria de la diversidad de ideas y propuestas ya existentes, pues en sus contenidos se proponen instrumentos, registros, procedimientos y órganos que enriquecen la posibilidad de contar con una ley completa e integral.

Celebramos que sea desde la izquierda donde han surgido la mayor cantidad de propuestas de esta naturaleza y, sobre todo, que en un marco de institucionalidad sea en este Senado de la República donde se establezcan los instrumentos parlamentarios con la oportunidad y prontitud, a fin de que en el corto plazo se cuente con la tan necesaria Ley General de Cultura.

Debo agregar que la iniciativa ha sido suscrita también por mi compañera la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Salazar Solorio. Túrnese a las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Primera.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo Aburto, por favor.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Para solicitarle a la Mesa Directiva una rectificación del turno que acaba de hacer. Déjeme intentar explicarle por qué.

Con fundamento en el artículo 181 del Reglamento del Senado, desde el día de ayer solicité una ampliación de turno sobre otra Ley General de Cultura, presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Ambas iniciativas, la del Senador Salazar Solorio y la de la Senadora De la Peña Gómez, contienen disposiciones relacionadas con la cinematografía, la televisión y las radios culturales. Para eso hay una comisión específica del Senado de la República llamada Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Segundo. Porque en el caso de las leyes generales de cultura y la creación de la Secretaría de Cultura, la Colegisladora, en la Cámara de Diputados se cuenta con una Comisión de Cultura y Cinematografía, y otra Comisión de Radio y de Televisión, es distinto nuestro diseño y orden de comisiones.

Pero no sólo eso. Quiero recordar a esta Asamblea que cuando creamos la Secretaría de Cultura, que hoy ya está en funciones, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía dictaminó esta creación.

Déjenme decirles, con mucho respeto y preocupación, que no es la primera vez que la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, en temas específicos que tienen que ver con la cinematografía, la radio y la televisión, es excluida del turno. Creo que es un vicio que se está empezando a arraigar y que es inadecuado.

Le solicitaría una ampliación de turno, no para dar opinión, para la dictaminación; o de otra manera, modifiquemos el orden de las comisiones respecto a los temas que le competen a cada quien, pero la exclusión y marginación de una comisión, cada vez pareciera producto de cuestiones extralegislativas, extrajurídicas que a mí me están empezando a preocupar.

Por lo tanto, y de manera muy respetuosa, además de felicitar al promovente por la iniciativa, le solicitaría, más allá de cualquier argumento jurídico, que se amplíe el turno a la comisión respectiva que tiene que ver con este tema; y de otra manera si no solicitarle, si esto va a ser rechazado, solicitarle una opinión, como lo establece el propio Reglamento del Senado, de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que ellos emitan, como es su facultad, una opinión a la Mesa Directiva, si se debe de turnar o no.

Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Robledo Aburto, esta Mesa Directiva concede el turno a la comisión que usted preside.

Por lo tanto, rectificamos el turno. Túrnese a las Comisiones Unidas de Cultura; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño del Senador Morón Orozco.

El Senador Raúl Morón Orozco: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta, preguntarle por su conducto al Senador Salazar Solorio, si permite que nos adhiramos a esta iniciativa, que a juicio de los servidores es muy interesante y muy importante.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Le consulto, Senador Salazar Solorio.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Con todo gusto, Senador Morón Orozco, claro que sí.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Solicito a la Secretaría tome nota de los Senadores que quieran adherirse a la iniciativa.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los alumnos de la carrera de derecho de la Universidad Panamericana, invitados por el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de esta Mesa Directiva.

Agradecemos su visita en este Senado de la República.

¡Sean ustedes bienvenidos!





 

Honorable Asamblea: A partir de la aprobación del día de ayer del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, por el que se designó como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la ciudadana María Olga Noriega Sáenz y al ciudadano David Kershenobich Stalnikowitz, hoy procederemos a tomarles la protesta de ley correspondiente.

En consecuencia, solicito a las Senadoras y Senadores Diva Hadamira Gastélum Bajo, Silvia Guadalupe Garza Galván, Angélica de la Peña Gómez, Jorge Aréchiga Ávila y Ana Gabriela Guevara Espinoza, los inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y los acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Solicito respetuosamente a la Asamblea ponerse de pie.

(Todos de pie)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

PROTESTA DE LEY

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ciudadanos María Olga Noriega Sáenz y David Kershenobich Stalnikowitz: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido como Consejeros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Los Ciudadanos María Olga Noriega Sáenz y David Kershenobich Stalnikowitz: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.

¡Muchas felicidades, señores Consejeros!

Solicito a la comisión designada acompañe a nuestros consejeros a retirarse de este salón cuando así lo consideren.





 

Compañeros Senadores, les informo que los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un Acuerdo por el que se recibe con beneplácito la Visita Oficial que realizará a México la Presidenta de la República de Corea del Sur, Park Geun-hye.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integre a los asuntos de hoy el Acuerdo referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Doy lectura al Acuerdo:



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. En consecuencia, está a discusión. En virtud de no haber oradores inscritos, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. Aprobado el Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su beneplácito por la visita de la Presidenta de la República de Corea del Sur, Park Geun-hye. Comuníquese.





 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3 y 35; y se adiciona el artículo 30 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en materia de reforzamiento de facultades para sancionar actos discriminatorios.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 35; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI BIS AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

(Dictamen de segunda lectura)

COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones dela Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113.2, 117.1, 135.1, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de octubre de 2015, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva HadamiraGastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale,  María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y  María Elena Barrera Tapia, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

3. Senadoras y Senadores integrantes de las Comisiones Unidas aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa tiene como objetivo modificar y adicionar diversos artículos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación vigente con el objeto de que este ordenamiento continúe siendo el instrumento cúspide para garantizar el pleno goce y ejercicio del derecho a la igualdad y a la no discriminación.

Para ello, tiene como finalidad promover que la persona que ocupe la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) pueda emitir y suscribir resoluciones, así como establecer medidas administrativas y de reparación, y finalmente promoverla continuidad de las y los asambleístas del Consejo con la finalidad de incentivar la consecución de los proyectos y la rotación de personas no sea un factor que opere en contra de los procesos.

CONSIDERACIONES

1.-De acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), es la institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad.

Asimismo, CONAPRED tiene entre sus funciones recibir y resolver las reclamaciones y quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones y desarrolla acciones para proteger a todos los ciudadanos y las ciudadanas de toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.

De igual manera, la Ley señala que CONAPRED es un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Para el desarrollo de sus atribuciones, el Consejo gozará de autonomía técnica y de gestión, y contará con los recursos suficientes que anualmente se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación. De igual manera, para dictar las resoluciones que en términos de la presente Ley se formulen en el procedimiento de queja, el Consejo no estará subordinado a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena independencia.

Para lograr lo anterior, el Consejo tiene entre otras, las siguientes atribuciones:

• Generar y promover políticas, programas, proyectos o acciones cuyo objetivo o resultado esté encaminado a la prevención y eliminación de la discriminación;

• Elaborar instrumentos de acción pública que contribuyan a incorporar la perspectiva de no discriminación en el ámbito de las políticas públicas;

• Elaborar, coordinar y supervisar la instrumentación del Programa, que tendrá el carácter de especial y de cumplimiento obligatorio de conformidad con la Ley de Planeación;

• Formular observaciones, sugerencias y directrices a quien omita el cumplimiento o desvíe la ejecución del Programa y facilitar la articulación de acciones y actividades que tengan como finalidad atender su cumplimiento;

• Verificar que los poderes públicos federales e instituciones y organismos privados, adopten medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación;

• Elaborar guías de acción pública con la finalidad de aportar elementos de política pública para prevenir y eliminar la discriminación;

• Promover el derecho a la no discriminación mediante campañas de difusión y divulgación;

• Promover una cultura de denuncia de prácticas discriminatorias;

• Desarrollar acciones y estrategias de promoción cultural que incentiven el uso de espacios, obras, arte y otras expresiones para sensibilizar sobre la importancia del respeto a la diversidad y la participación de la sociedad en pro de la igualdad y la no discriminación, y

• Emitir opiniones con relación a los proyectos de reformas en la materia que se presenten en el honorable Congreso de la Unión.

2.-El 20 de marzo de 2014, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que tuvieron como su principal origen el nuevo enfoque de Derechos Humanos plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde el mes de junio de 2011 y se basaron en los instrumentos, resoluciones y recomendaciones de carácter internacional en materia de "igualdad y no discriminación".

En ese sentido, de acuerdo con las iniciantes, a más de un año de observar la operación de las modificaciones realizadas a la Ley, se ha percibido la necesidad de realizar una serie de medicaciones con la finalidad de perfeccionar su contenido y potenciar su alcance.

Conforme a la implementación de las citadas reformas, que significaron una modificación de más del 60 por ciento de la Ley, señalan las Senadoras proponentes, se ha observado la necesidad de replantear la funcionalidad de algunos de sus preceptos, así como valorar la reforma de aquellos artículos cuya dimensión legal se ha quedado limitada frente a la práctica cotidiana.

En ese sentido, el objetivo de la iniciativa materia del presente es la modificación y adición de diversos artículos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación vigente con el objeto de que este ordenamiento continúe siendo el instrumento cúspide para garantizar el pleno goce y ejercicio del derecho a la igualdad y a la no discriminación.

3.- Las Comisiones Dictaminadoras reconocen la propuesta y comparten el espíritu de realizar las modificaciones legislativas a las que haya lugar para perfeccionar el funcionamiento de las instituciones, particularmente en este caso del organismo encargado de dirigir la política nacional tendiente a prevenir los actos constitutivos de discriminación.

Senadoras y Senadores integrantes de las Comisiones Unidas señalan, en pleno acuerdo con el CONAPRED, que en nuestro país está prohibida la discriminación desde la Constitución Federal que con la reforma en materia de Derechos Humanos de junio de 2011 vino a fortalecer el enfoque de igualdad y no discriminación, en donde el modelo de inclusión social es indispensable en el desarrollo de toda política antidiscriminatoria que pretenda promover y asegurar que todas las personas puedan ejercer y disfrutar plenamente sus derechos.

Dicha reforma, adquiere mayor relevancia cuando de acuerdo al mismo CONAPRED la discriminación tiene graves efectos en quienes son víctimas, ya que incide negativamente en la esperanza de vida, en el desarrollo humano, alimenta y perpetua la desigualdad social y afecta el tejido social, y se convierte en una práctica sistemática que daña irreparablemente a la sociedad.

En cuanto a las reformas propuestas se señala lo siguiente:

a).- Reformas al artículo 3°:

En cuanto a la reforma a este precepto, que de acuerdo con las iniciantes tiene como origen que derivado de las reformas del 20 de marzo de 2014 quedó sin aplicabilidad su segundo párrafo que señala:

"Artículo 3.- …

En el Presupuesto de Egresos de la Federación, para cada ejercicio fiscal, se incluirán las asignaciones correspondientes para promover las acciones de nivelación, de inclusión y las acciones afirmativas a que se refiere el capítulo III de esta Ley."

Las Comisiones Dictaminadoras estiman viable la propuesta dado que no hacer esta precisión se continuaría haciendo referencia al capítulo III que fue derogado con las reformas señaladas. Por ende, resulta imperante establecer como referencia al segundo párrafo del artículo 3° al actual capítulo IV que es en donde se retoma el espíritu de las "medidas compensatorias y acciones afirmativas", dando con ello certeza jurídica y abonando a la adecuada armonización y funcionamiento de la Ley.

b).- Adición de la fracción XI del artículo 30:

Esta reforma tiene como objetivo plasmar en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la facultad expresa de la persona que ocupa la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), para "emitir y suscribir resoluciones por disposición e informes especiales, y en su caso, establecer medidas administrativas y de reparación derivadas de las quejas que por los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias a que se refiere esta Ley resulten, atribuidas a particulares, personas físicas o morales, así como a personas servidoras públicas federales, y a los poderes públicos federales, así como la facultad de delegar dichas atribuciones a la persona titular de la Dirección General Adjunta de Quejas".

Dicha modificación, como señalan las iniciantes, tiene plena concordancia y viene a complementar el artículo 20 de esta Ley que en su fracción XLVI establece dicha atribución para CONAPRED, pero sin dejar claro sobre qué funcionaria o funcionario.

Cabe hacer mención, que en la práctica del Consejo Nacional las resoluciones son firmadas por la persona titular de la Presidencia de esta Institución quien tiene la representación legal de la misma, en virtud de la ausencia de una disposición legal que de manera expresa y puntual le confiera dicha atribución, así como de la inexistencia de atribución legal para poder delegar dicha atribución a personal del propio Consejo.

En esa virtud, quienes integramos las Comisiones Unidas consideramos viable aprobar la adición de una nueva fracción al listado de atribuciones que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación le confiere a la persona que ocupa la Presidencia del CONAPRED, en virtud de que la misma genera certeza legal a quienes son partícipes de algún procedimiento ante el Consejo, ya que se estará estableciendo en el cuerpo de la norma la facultad de su Titular para emitir y suscribir las resoluciones, así como de delegar esta atribución en personal del propio Consejo, con lo que se evitaría la posibilidad dejar en estado de indefensión a las personas que han sido víctimas de una práctica discriminatoria al existir una laguna jurídica.

c).- Reformas al artículo 35:

La reforma a este artículo tiene la finalidad de que esta disposición permita la renovación máxima de hasta seis asambleístas, eliminando así el carácter imperativo de la redacción vigente, la cual señala:

"Artículo 35. Las personas integrantes de la Asamblea durarán en su encargo tres años y podrán ser ratificadas por un período igual, en términos de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico. Cada año se renovarán al menos cuatro de sus integrantes."

Si bien la reforma descrita anteriormente atendió un objetivo loable, el CONAPRED ha analizado íntegramente la aplicabilidad de la última parte de dicho artículo 35, toda vez que ha advertido que llevada a la práctica vulnera el derecho de las y los asambleístas a formar parte de ella por el período establecido en el propio numeral en comento, ya que el mecanismo de renovación que plantea la normativa puede motivar o crear una condición que impida que las personas integrantes de la Asamblea cumplimenten el período de tres años por el que fueron nombradas, o bien, por el que fueron ratificadas.

Aunado a lo anterior, las Comisiones Unidas en plena sintonía con la Iniciativa, destacan que se ha observado que para efectos de la continuidad en la labor que realiza la Asamblea Consultiva, así como en la aportación que cada persona integrante de la misma tiene en relación a los proyectos y programas que desarrolla el CONAPRED, la rotación anual de las mismas resultaría inoperable para tales finalidades.

En esa virtud, las Dictaminadoras estiman viable la reforma a la ´´ultima parte del artículo 35 de la Ley materia del presente, ya que privilegia la continuidad de las y los asambleístas en ese órgano colegiado, con lo que se tendrá mayor probabilidad para la consecución de proyectos que son del interés de este Consejo, sin dejar de observar que siempre existirá la posibilidad de cambios entre sus integrantes generados de manera extraordinaria, como el caso de enfermedades o fallecimientos.

d).- Artículos Transitorios:

Finalmente, en cuanto al contenido de los artículos transitorios, estas Comisiones se manifiestan  favor de que se establezca de manera precisa que la renovación de asambleístas se propondrá mediante acuerdo de la propia Asamblea Consultiva y que se pondrá a consideración de la Junta de Gobierno del CONAPRED para su aprobación.

Es por lo anteriormente expuesto y fundamentado que las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera:

RESUELVEN

Único.- Se aprueba la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.


PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único.- Se reforman los artículos 3° y 35; y se adiciona una fracción XI Bis al artículo 30, todos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para quedar como sigue:

Artículo 3.-

En el Presupuesto de Egresos de la Federación, para cada ejercicio fiscal, se incluirán las asignaciones correspondientes para promover las acciones de nivelación, de inclusión y las acciones afirmativas a que se refiere el capítulo IV de esta Ley.

Artículo 30…

I. a XI…

XI Bis. Emitir y suscribir resoluciones por disposición e informes especiales, así como establecer medidas administrativas y de reparación derivadas de las quejas que por los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias a que se refiere esta Ley resulten y sean atribuidas a particulares, personas físicas o morales, a personas servidoras públicas federales y a los poderes públicos federales, teniendo la facultad de delegar dichas atribuciones a la persona titular de la Dirección General Adjunta de Quejas.

XII...

Artículo 35. Las personas integrantes de la Asamblea Consultiva durarán en su encargo tres años, y podrán ser ratificadas por un período igual, en los términos de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico. Cada año podrán renovarse máximo seis de sus integrantes.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo señalado en el presente Decreto.

Tercero. Todo lo relativo a la renovación a la que hace alusión el artículo 35 de esta Ley, se propondrá mediante acuerdo de la Asamblea Consultiva y se pondrá a consideración de la Junta de Gobierno para su aprobación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 30 de marzo de 2016.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario. En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su venia, señor Presidente.

El 20 de marzo de 2014 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que tuvieron principal origen en el enfoque de los derechos humanos plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde el mes de junio de 2011, y se basaron en los instrumentos, resoluciones y recomendaciones de carácter internacional en materia de igualdad y no discriminación.

A más de un año de observar la operación de las modificaciones realizadas a la ley, hemos percibido la necesidad de realizar una serie de modificaciones con la finalidad de perfeccionar su contenido y potenciar su alcance.

En ese sentido, las comisiones dictaminadoras coincidimos en perfeccionar el funcionamiento del organismo encargado de promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social, y avanzar así en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

Por lo antes expuesto, hoy sometemos a consideración de esta Soberanía, un proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, plasmada la facultad expresa en la persona que ocupa la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para emitir y suscribir resoluciones por disposiciones e informes especiales y, en su caso, establecer medidas administrativas y de reparación, derivadas de las quejas que por los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias a que se refiere la ley, resulten atribuidas a particulares, personas físicas o morales, así como personas servidoras públicas federales y a los poderes públicos federales.

También la facultad de delegar dichas atribuciones a la persona titular de la Dirección General Adjunta de Quejas y para permitir la renovación máxima de hasta seis asambleístas del Consejo, para efectos de dar continuidad a la labor que realiza la Asamblea Constitutiva, así como en las aportaciones que cada persona integrante de la misma, que tienen relación con los proyectos y programas que desarrolla el Conapred.

Compañeras y compañeros Senadores, la discriminación es una situación que desafortunadamente existe en nuestro país y que repercute, finalmente, en la desigualdad de trato social a los grupos más vulnerables y, por ende, en la restricción o violación de sus derechos en la negación de oportunidades de desarrollo.

La discriminación mantiene a nuestra sociedad sumida en viejos atavismos autoritarios, porque constituye en sí misma una negación de derechos y una ruptura del principio de igualdad formal de todos en un estado de derecho.

Por ello, los invito a aprobar este dictamen que se suma a las acciones que hemos emprendido para erradicar la discriminación.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Merodio Reza.

Está a discusión en lo general el dictamen. Se concede el uso de la palabra a la Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo: Con su venia, señora Presidenta.

El dictamen que votaremos a continuación, es de suma importancia para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, ya que creemos que todos los temas que cobijan a los sectores más desprotegidos de México deben ser prioritarios.

En el Partido Acción Nacional siempre hemos apostado por la participación de todas las partes de la población sin distingo alguno.

Por ello, desde 2003, por medio de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que creo el Conapred en tiempos de gobierno panista, comenzó a trabajarse para tener una institución que vele por los intereses de todas y todos los mexicanos y promover la construcción de una sociedad incluyente, que rechace todas las formas de discriminación, exclusión o cualquier tipo de segregación.

Los peores males en el mundo y las peores guerras entre los pueblos se han debido históricamente a la discriminación entre la gente.

No podemos permitir que aún en estos tiempos existan problemas por distinción racial, que unos subestimen a otros por razón de discapacidades físicas o mentales, por condiciones económicas o sociales, por ideologías diferentes, religión o preferencias sexuales; cualquier tipo de discriminación es absolutamente condenable.

Sabemos bien que los niveles más altos de la democracia sólo se alcanzan cuando una comunidad se equilibra en todos los aspectos y que el respeto a los derechos humanos de todos por igual, es básico para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades.

Como el dictamen prevé, es necesario afinar a las instituciones y enriquecer sus capacidades con el fin de mejorar el alcance de sus objetivos.

En este caso, lo que buscamos es dotar de facultades al presidente del Conapred para que pueda emitir y suscribir las resoluciones con el propósito de que las personas que hayan sido víctimas de algún tipo de discriminación, no queden desamparadas ante algún vacío legal.

Ahora, con la reforma propuesta, se le faculta para establecer medidas administrativas y de reparación derivadas de las quejas que los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias a que se refiere esta ley, sin importar que sean atribuidas a particulares o servidores públicos federales.

Con lo anterior, el Consejo obtendrá mayor autonomía técnica y de gestión, y su titular podrá delegar facultades que permitirán a la institución ejercer sus atribuciones con eficacia en favor de las víctimas de algunas prácticas discriminatorias.

Para el Partido Acción Nacional, la justicia social es necesaria para poder edificar una patria ordenada y fraternal, ya que el bien común es eso, un empeño por abarcar a todas y todos en las mejores condiciones de vida.

Los derechos humanos no son para unos cuantos en este país. Deben estar protegidos para la totalidad de los mexicanos.

Como dijo Efraín González Morfín: "La justicia social debe ser fundamental, una virtud del ser humano, un hábito bueno, una voluntad constante y perpetua, dar a cada quien lo suyo, así la justicia social, a la que también se llama justicia del bien común, es la voluntad constante de cumplir con las exigencias del bien común nacional".

Por ello, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional acompañará con su voto a este dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Martínez Elizondo.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Margarita Flores Sánchez: Con su venia, señora Presidenta. Honorable Asamblea:

Acudo a esta tribuna en representación del grupo parlamentario del PRI, para pronunciarnos a favor del dictamen de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Los cambios armonizan la legislación en materia presupuestal, fortalecen las atribuciones de la Presidencia del Consejo e incrementa el número de integrantes de la Asamblea consultiva que pueden renovarse al año.

A través de la modificación se propone que el Presidente del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Conapred, pueda emitir y suscribir resoluciones por disposición e informes especiales; asimismo, que pueda establecer medidas administrativas y de reparación derivadas de las quejas que por los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias resulten o sean imputadas a particulares, personas físicas o morales, a personas servidoras públicas federales y a los poderes públicos federales.

Cabe recordar que dicho ordenamiento legal fue reformado en marzo de 2014 con la finalidad de armonizar su contenido al nuevo enfoque de derechos humanos de la Constitución Política.

Sin embargo, algunos artículos limitaban las praxis del titular y sus consejeros. De ahí esta iniciativa.

Con esta acción legislativa se fortalece al Conapred, que es la instancia responsable de proteger a ciudadanas y ciudadanos de toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, tenga como resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el ejercicio de los derechos humanos y las libertades.

Compañeras y compañeros Senadores, en todo el mundo la discriminación continúa lacerando a diversos grupos sociales, generando violencia de género y debilitando nuestra integración como sociedad.

Prevenir y eliminar la discriminación es una condición imprescindible para construir un México próspero, igualitario y con oportunidades de desarrollo para todos.

El grupo parlamentario del PRI reitera su compromiso y convicción con el respeto a los derechos humanos. Erradicar las prácticas discriminatorias es una tarea conjunta que requiere acciones concretas.

Los invitamos a votar a favor de esta iniciativa, pues permitirá que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, continúe siendo el instrumento cúspide para garantizar el pleno goce y ejercicio del derecho a la igualdad y a la discriminación.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Flores Sánchez.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros. Honorable Asamblea:

Este dictamen resuelve una iniciativa presentada en octubre de 2015 por Senadores integrantes de mi partido, el PRI, y del Verde Ecologista, como ya se dijo aquí por varios oradores que me antecedieron en el uso de la palabra, porque se proponen reformas y adiciones a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que se consideran de gran importancia. Es un tema vital.

Quiero hacer hincapié en que esta reforma contribuye al cumplimiento de los Objetivos del Milenio para la Agenda 2030 que se estableció en la ONU, en la Asamblea General, y que además México lo signó a favor, al igual que otros países, y que uno de ellos, el principal motivo de discriminación, el número uno de los objetivos es la pobreza.

En el objetivo número diez es el de eliminar cualquier tipo de obstáculo para no segregar a las personas.

Y el objetivo dieciséis es el de promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible y facilitar el acceso a la justicia con instituciones eficaces en todos los niveles.

Esta iniciativa precisamente fomenta el cumplir con el objetivo dieciséis para la Agenda 20 30, por eso saludamos, desde el PRI, aplaudimos el que todos los miembros de la comisión la hayan votado a favor y que hoy esté este dictamen aquí en nuestras manos y yo espero que también sea votado en pro.

El Conapred, como ustedes saben, es el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y esta iniciativa prevé que haya un dinamismo para poder no cambiar, sino acelerar o dinamizar a sus miembros, los miembros del consejo, y que puedan así tener una rotación de por lo menos cada año para que puedan nutrir a la propia Conapred con experiencia y con positivismo en cuanto a las áreas en las que se desempeñan como pueden ser las ONG, como pueden ser las universidades, como pueden ser también funcionarios que hayan estado y establecido todo lo que tenga que ver en materia de derechos humanos.

Creo que esta es una iniciativa muy importante, porque esta renovación anual va a permitir permear de nuevas ideas y renovar constantemente sus integrantes.

También se prevé la autonomía técnica y de gestión del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación y, sobre todo, contribuir a algo muy importante de la OCDE de la Agenda 20 30, que es el desarrollo con inclusión social.

Nadie puede quedarse fuera de gozar de todos los derechos para todas las personas.

Asimismo, en el Sistema Interamericano integrado por la Organización de los Estados Americanos, la OEA, ha hecho hincapié precisamente en este tipo de temas; por eso, hoy más que nunca es importante el poder fortalecer las instituciones como el Conapred y sus miembros, incluyendo la presidencia, facultándolo de más atribuciones para cambiar una realidad que desgraciadamente impera en nuestro país y que es permanente, no solamente en nuestro país, sino en nuestro continente americano, la discriminación, la segregación basado en el sexo, en la religión, en la parte económica, como tiene que ver el nacer o ser pobre; y precisamente, este tipo de iniciativas vienen a enriquecer la vida nacional.

Es cuanto, señora Presidenta.

Y votemos todos a favor.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Guerra Castillo.

Se inserta intervención del Senador Francisco Salvador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.

¡Sean ustedes bienvenidos!

En virtud de que no hay otros oradores registrados ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señora Presidenta,conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 85 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que reforman los artículos 3 y 35; y se adiciona una fracción XI Bis al artículo 30 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 73 constitucional, en materia de derechos de las víctimas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX-X AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si se omite la lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario.

Se concede el uso de la palabra al Senador Enrique Burgos García, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, hasta por 10 minutos.

El Senador Enrique Burgos García: Con su anuencia, señora Presidenta. Honorable Asamblea:

En cumplimiento de nuestro orden interno, tengo el gusto de presentar a ustedes el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera, que propone adicionar la fracción XXIX-X del artículo 73 constitucional, a fin de que el Poder Legislativo de la Unión asuma la facultad de expedir la ley general para establecer la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de los derechos de las víctimas de los delitos.

Al hacerlo, deseo dejar constancia del reconocimiento al trabajo de los integrantes de dichas comisiones y particularmente a la Senadora Angélica de la Peña y al Senador Raúl Gracia Guzmán.

En primer término, deseo referir a ustedes que este dictamen tiene dos antecedentes, uno en la LXI Legislatura y otro de carácter próximo.

El primero es el proceso del Órgano Revisor de la Constitución, derivado de la iniciativa que en abril de 2012 presentó el entonces Senador José González Morfín.

Lo resuelto entonces por este Senado y las modificaciones de la Cámara de Diputados y que remitió de nueva cuenta a este Senado para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional, el 23 de abril de 2013, ya en pleno ejercicio de la LXII Legislatura.

El segundo es la presentación de una nueva iniciativa en materia de atención a víctimas de los delitos, por parte de su servidor, por las razones que ahora explico.

Al reflexionarse sobre el procedimiento legislativo del Órgano Revisor de la Constitución, al haberse realizado el 23 de abril del año pasado la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, que implicaba cambios a lo ya aprobado hasta ese momento por ambas Cámaras, en funciones de origen y de revisora, en razón del paso del tiempo y la aprobación de otros decretos de reformas constitucionales, particularmente el relativo a la reforma de las instituciones políticas y de gobierno de la Ciudad de México, se estimó que ya no procedía introducir nuevas modificaciones, así fueran sólo de nomenclatura, sin el riesgo de vulnerar lo previsto por el artículo 72 constitucional.

¿En qué consiste el planteamiento de esta reforma?

Aunque en apariencia se trate de una cuestión relativamente sencilla, cabe enfatizar, de manera particular, cuál es su objeto.

Se trata de otorgar al Congreso de la Unión la facultad para expedir la legislación general en materia de derechos de las víctimas de los delitos, y ello tiene una doble implicación. Por un lado, establecer con nitidez el sustento para expedir normas generales que se apliquen de manera concurrente por los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias; y por la otra, de limitar la libertad de configuración legislativa de las entidades federativas en esta materia con base en las previsiones de la legislación emitida por el propio Congreso de la Unión.

¿Por qué es relevante la modificación?

En las comisiones dictaminadoras hemos estimado la relevancia de esta propuesta por su estrecha vinculación con la previsión de los derechos de las víctimas de los delitos que se contempla en el Apartado C del artículo 20 constitucional, de acuerdo con la reforma de que fue objeto en 2008 con motivo del establecimiento del sistema acusatorio para la persecución y enjuiciamiento de los delitos.

Si nuestro país se ha movido hacia una revisión integral de su Sistema de Justicia Penal donde resultan pilares los códigos o las leyes nacionales en materia de procedimientos penales, mecanismos alternativos de solución de las controversias, ejecución de penas y justicia penal para adolescentes, resulta acorde a esa sistemática que la legislación para atender las obligaciones del Estado mexicano con las víctimas de los delitos tenga carácter general, o en otras palabras, previsiones homólogas para todos los órdenes de gobierno.

Por otro lado, desde la perspectiva estrictamente técnica, el dictamen que se somete a su consideración sólo considera un artículo transitorio para establecer la entrada en vigor de la adición al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ello obedece a que encontrándose expedida la Ley General de Víctimas y la legislación correspondiente de las entidades federativas, el Poder Legislativo Federal pueda ejercer la facultad legislativa en cuestión en cualquier momento que lo estime pertinente y que a través de ese ejercicio se dispongan los plazos para la actuación subsecuente de las legislaturas de los estados.

Estimados integrantes de esta Asamblea senatorial:

Esta propuesta de adición constitucional aborda un asunto muy sensible para la sociedad mexicana y para todos nosotros. El delito constituye una grave ruptura de nuestras normas de convivencia y de armonía social.

Se diseñan, y aquí hay muchas Senadoras y muchos Senadores que han contribuido a ese esfuerzo, las normas que contienen los delitos o los tipos penales con la más firme intención de disuadir a toda persona de incurrir en esa conducta; la aspiración legítima de legislar, es que la connotación de reproche social grave a cierto comportamiento y el señalamiento de la pena correspondiente disuadan a incurrir en él.

Nuestro Estado, el Estado mexicano, ha afirmado no sólo sus deberes de investigación en los delitos y de procuración y de impartición de justicia en el ámbito penal, sino en el reconocimiento de quienes han sido víctimas de un delito, puedan ejercer sus derechos a ser asesorados en el procedimiento penal, a coadyuvar con el Ministerio Público y a actuar el expediente, a recibir la atención médica y psicológica que requiera, a que se le repare el daño causado, a que se proteja su identidad cuando por su condición de menor el delito de que se trate o la posibilidad de riesgo a su integridad física, así se requiera, y a que se tomen todas las medidas para protegerlo y restituirle en el uso de sus derechos.

Con el propósito de avanzar en el fortalecimiento del orden jurídico para la protección de los derechos de las víctimas de cualquier ilícito penal, solicito atentamente a esta Asamblea su voto favorable al dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

Muchas gracias, estimada señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Burgos García.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señora Presidenta. Señoras y señores Senadores:

El proyecto de dictamen que está a discusión para dotar de base constitucional a la normativa secundaria en materia de atención a víctimas, coincidimos en que tiene el propósito de propiciar la viabilidad técnica de la incorporación a nuestra Ley Suprema la facultad del Poder Legislativo de la Unión para expedir la legislación general en materia de derechos de las víctimas de una conducta delictiva o de víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos a la luz de los antecedentes para alcanzar este objetivo en nuestro orden supremo jurídico.

Se coincide también en que, pese a los esfuerzos del Congreso de la Unión para dotar de esa base constitucional a la normativa de la Ley General de Víctimas, no había sido posible efectuarlo, pues en los considerandos del dictamen se establece que no se había concretado por la misma dinámica de los procesos legislativos, el paso, el tiempo y la misma expedición de la Ley General de Víctimas, hoy vigente.

Adicionalmente, se coincide con el dictamen en cuestión, que en el espectro nacional hay un amplio consenso en nuestro país para que se cuente con normas homólogas en los ámbitos federal y local de gobierno en materia de atención y protección de los derechos de las víctimas por la comisión de un ilícito penal, pero también agregaríamos, de manera enfática, por violaciones a los derechos humanos, por lo que es necesario dotar al Congreso de la Unión de la facultad que se plantea en el dictamen en debate por este Pleno en el Senado de la República.

En efecto, de acuerdo con los informes y reportes de los representantes de los organismos de Naciones Unidas, así como de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien en su informe del 2015 sobre nuestro país ha referido que existe una crisis en materia de derechos humanos y que, desde luego, la protección de los derechos fundamentales de las víctimas es una de las partes medulares para la construcción de un auténtico estado de derecho y una democracia vigorosa con plenas garantías constitucionales para los derechos humanos de las víctimas.

A mayor abundamiento, tanto la reforma de justicia penal de junio de 2008, próxima a entrar en vigor en todo el país, en particular la que tiene que ver con el artículo 20, Apartado C, en armonía y conjugación progresiva con el artículo 1o. de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 11 de junio del 2011, permite afirmar que todas nuestras autoridades, y en particular los poderes judiciales de la Federación y de las entidades federativas; tienen un ineludible imperativo que los obliga, pues ahora cuentan con un poderoso bloque constitucional de derecho para la protección de las víctimas, sobre todo por la amplia y vigorosa riqueza de la normativa de fuente internacional tanto de la Organización de las Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

En ese tenor, el dictamen que ponemos a su consideración, señoras y señores, contiene en su núcleo esencial, el sustento constitucional de la facultad para que el Congreso de la Unión emita la legislación general en materia de derechos de las víctimas, y al hacerlo establezca las normas aplicables en sus respectivos ámbitos de competencia por los órdenes de gobierno federal, local y del ámbito municipal, lo cual tiene la finalidad explícita de establecer la base normativa constitucional que permita solventar técnica y legislativamente la base jurídica de la Ley General de Víctimas, que requieren con urgencia las víctimas de delitos y las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, como se establece en la consideración sexta del dictamen que examinamos.

Hoy nuestra Constitución reconoce los derechos de las personas y las obligaciones del poder público para:

a) Brindar asesoría jurídica a la víctima.

b) Significar su participación al proceso penal como coadyuvante del Ministerio Público.

c) Precisar su acceso a la atención médica y psicológica que demande su condición.

d) Actuar a favor de la reparación del daño.

e) Resguardar su identidad en los casos donde sea necesario.

f) Acceder a las medidas cautelares y providencias para su protección y restitución de sus derechos.

e) Reconocer su derecho a impugnar ante la autoridad judicial las resoluciones de la autoridad de procuración de justicia.

Entre todos estos derechos que acabo de anunciar, que son fundamentales para las víctimas, de conformidad con el artículo 1o. constitucional, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte.

En ese sentido, y como reconoce el proyecto de dictamen, se trata de derechos indeclinables que requieren un desarrollo legislativo basado en una normatividad homóloga para la República, lo que estamos ciertos, puede lograrse a través de la emisión de la legislación general correspondiente que tenga aplicabilidad en todo el país y resolver el grave problema que tenemos hoy respecto de las faltas que tienen muchos de los congresos de los estados donde no han legislado una ley en la materia, o donde lo han hecho simplemente sigue siendo una ley muerta. Las víctimas nos exigen respuestas.

Por todo lo anterior, estamos de acuerdo y votaremos a favor, y les pedimos a ustedes que voten a favor de este dictamen que hoy ponemos a consideración que adiciona el artículo 73, fracción XXIX-X para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas.

Es cuanto.

Muchas gracias por su atención.

La Comisión de Derechos Humanos les pide su voto a favor del presente dictamen.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron una propuesta de modificación sobre este dictamen, misma que someteremos a su consideración. El texto correspondiente está a su disposición en el monitor de sus escaños. Si la Asamblea la acepta, la discusión del articulado será con las modificaciones incorporadas.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Doy lectura a la propuesta de modificación.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulte a la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre al texto del dictamen.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que las modificaciones se integren al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autorizan, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones que fueron autorizadas en este momento por la Asamblea.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento del Senado, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios; los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción II del mismo Reglamento, serán en orden creciente y por un tiempo de 10 minutos cada uno.

Tiene la palabra el Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Partido Verde Ecologista de México, para posicionar por su grupo.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras, compañeros Senadores, buenas tardes.

El presente dictamen tiene como finalidad precisar la facultad del Congreso de la Unión para expedir la ley general en materia de derechos de las víctimas, donde se determina la concurrencia de la Federación, las entidades federativas y los municipios.

El alcance de dicha aprobación es brindar mayor soporte y certidumbre en la potestad de legislar en materia de los derechos de las víctimas, protección con ampliación de las sanciones de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, en las que tendrán que ser homologadas y apegadas en una atención a las víctimas en forma oportuna, rápida, equitativa, efectiva, bajo el esquema del esquema acusatorio.

Es de mencionar que desde el Congreso de la Unión hemos avanzado en materia de defensa a las víctimas, siempre en torno al debido proceso y acceso a la justicia, garantizando el respeto a la dignidad humana y brindando un trato justo que permita lograr la reparación del daño.

Debemos recordar que con la reforma constitucional del 2011, se obligó al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, lo cual permitió la expedición de la Ley General de Víctimas, ley que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013 y fundamentada en los artículos 1o., 17 y 20 de la Carta Magna, dando cumplimiento a los tratados internacionales de los que México es Parte.

Este ordenamiento reconoce y garantiza las necesidades de las víctimas y protege sus derechos fundamentales a través de una justicia restaurativa que permite reparar en forma integral la lesión causada.

Por otra parte, con la reforma del 2008, se reestructuró el artículo 20 constitucional brindando y ampliando mayores prerrogativas en materia de reparación del daño, otorgando un sistema de justicia más atento y humano hacia los individuos que han sido afectados por algún delito.

Parte de lo que se refrenda con este dictamen es que el Estado mexicano está a favor de las víctimas bajo criterios de atención y reparación del daño causado, bajo un adecuado sistema de justicia en nuestro país.

Es por ello que con la aprobación de esta reforma ratificamos nuestro compromiso por la defensa de los derechos humanos, así como de los principios para la protección de las víctimas, facultando en forma específica al Congreso de la Unión para legislar en esta materia.

Es cuanto, señora Presidenta.

Gracias, compañeros.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Aréchiga Ávila.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

México vive, desde hace varios años, circunstancias adversas para la protección de la dignidad de las personas que para todas y todos parecían una realidad insólita.

Nunca, ni en nuestras pesadillas, nos imaginamos que cada día conoceríamos de actos de violencia de tanta irracionalidad y barbarie.

Desapariciones forzadas cometidas por servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, desapariciones cometidas por particulares, se han convertido en un fenómeno sistemático en muchas regiones del país. Ejecuciones sumarias y homicidios dolosos son una noticia constante.

La tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, son la práctica generalizada no sólo como mecanismos para obtener confesiones, de intimidación y ejercicio del poder, sino como desplazamiento forzado de miles de personas.

Todo ello es información que hoy llena las páginas de los medios impresos y electrónicos, que llenan los informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

Y como respuesta tenemos la negación, una negación también sistemática de esta terrible realidad por parte de las autoridades federales en primer nivel y de las autoridades estatales o municipales.

En marzo del 2011, recién se cumplió el quinto aniversario del asesinato de un grupo de jóvenes del estado de Morelos. Esto fue el detonante para el surgimiento de un importante movimiento de víctimas que rompió el silencio e irrumpió la voz de las víctimas olvidadas, las que no han tenido relación con grupos de poder político o económico o legislativo, las que no eran atendidas, ni escuchadas, ni respetadas en su dignidad.

Eran sólo cifras, eran criminalizadas, eran personas no identificadas, eran daños colaterales y eran víctimas de la violencia derivada de una errada estrategia de militarización de la seguridad pública impuesta desde el año 2006, y la que hasta la fecha de hoy se continúa.

En este Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que surgió en el 2010 como confluencia de familiares de personas desaparecidas y de personas ejecutadas, de personas torturadas y de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones que demandaban la paz, el fin de la violencia y la guerra intestina, participó un asesor de una servidora y de este Senado de la República.

En memoria de él, de Ignacio Suárez Guape, es que hoy celebramos que se esté firmando por fin y dando paso a la aprobación de esta iniciativa.

Se reunieron con el Presidente en turno en dos ocasiones, con las y los legisladores, con las y los candidatos a la Presidencia de la República.

El único logro legal reconocido de este movimiento fue la Ley General de Víctimas publicada por el actual Ejecutivo Federal el 9 de enero de 2013.

Pocas leyes han pasado por un veto presidencial, una controversia constitucional y tantos ataques de entonces y de ahora, sobre todo por su contenido profundamente garantista que concede y reconoce a las víctimas los derechos humanos y a las víctimas del delito.

Hoy estamos aprobando una reforma constitucional que consolida la base legal que desde el 2011 estaba fundamentada en el tercer párrafo del artículo 1o. y en el segundo transitorio, ambos de la reforma constitucional en derechos humanos, así como los artículos 17, el inciso c) del artículo 20 y el segundo transitorio, todos ellos de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal, que señalan la obligación del Congreso de la Unión de legislar en materia de reparación a víctimas de la violencia a derechos humanos y víctimas del delito.

Y esa legislación es precisamente la Ley General de Víctimas, producto del consenso de ese gran movimiento que levantó la voz de este Congreso.

Esta reforma, sin lugar a dudas, fortalece los derechos de las víctimas, abre el espacio para profundizar la justicia restaurativa que representa en nuestro país la propia ley, en un momento en el que se carece de un número de personas cuyos derechos son anulados y menoscabados, ya sea por autoridades o por grupos delincuenciales.

Se requiere apostar con mayor decisión por el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y por las garantías de la no repetición.

Ello significa que deberíamos reformar la ley actual, preservando todos los principios garantistas que le dieron origen y modificación a profundidad a la estructura burocrática que ha surgido del reglamento y de la inadecuada interpretación que hacen las personas que nosotros, como Senado, elegimos para operar la ley y el Sistema Nacional de Víctimas.

El movimiento nacional de víctimas que se ha organizado para trabajar en este sentido, con este Senado, en las leyes generales de desaparición de personas y de tortura, así como las víctimas de otros hechos violatorios de la dignidad y de la vida y de la libertad; quieren acompañar la reforma de esta ley, quieren preservar su carácter garantista y de justicia restaurativa y van a defender los alcances de las primeras leyes surgidas del movimiento social.

Bienvenida, por ello, está reforma constitucional que coloca nuevamente a las víctimas de este país en el eje central de la política de derechos humanos y de la gobernanza democrática.

Es por eso que en memoria de algunos, de muchos, de miles, de millones, como José Luis Torres Castañeda, Rafael Sánchez Moreno, es que celebramos que se dé este paso tan importante y esperando, obviamente, la aparición de los desaparecidos, entre ellos, de María Mariscal Magaña, ex regidora.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Mendoza Mendoza.

Tiene el uso de la palabra el Senador Héctor David Flores Ávalos, del Partido Acción Nacional.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a hacer un posicionamiento a favor, por parte del grupo parlamentario del PAN, en relación con esta modificación al texto constitucional en el artículo 73, relativo a la facultad del Congreso de la Unión para expedir esta ley general en materia de derechos de las víctimas que, desde luego, compromete no solamente a la Federación, sino a los estados, a los municipios y, ahora con la reciente reforma constitucional, al gobierno de la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales.

Lo primero que habría que decir en este tenor, y que me parece importante resaltar, es que esto, desde luego, cobra un mayor sentido a partir de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos que, efectivamente, marca un nuevo paradigma constitucional en ese tema.

Me parece que estamos dando un paso en el sentido correcto de reforzar la tendencia del Estado mexicano a la protección de los derechos humanos y de los derechos de las víctimas.

Eso me parece que, desde luego, significa congruencia en el quehacer público y político.

El otro tema que me parece importante resaltar es que con esta modificación se despejan algunas dudas, como las que en algún momento se vertieron sobre la propuesta del Presidente Felipe Calderón para que pudiera legislarse en esta materia y en esos términos.

La pregunta que me gustaría plantear, y que quisiera apuntar algunas ideas para responder es, ¿por qué una ley general?

¿Por qué una ley general en materia de derechos y de protección de derechos de las víctimas?

Creo que este es un tema sustantivo, indudablemente, es un asunto que compromete o debe de comprometer una política de Estado; una política de Estado considerada, desde luego, en todos sus órdenes de gobierno y en todas las organizaciones públicas que conforman el concepto de Estado, ese es el sentido de la ley general.

Ha habido otras materias en las cuales, como ustedes conocen, en equilibrio ecológico y protección al medio ambiente, en deporte, en seguridad, en asentamientos humanos, en salud, en fin, en las cuales el Estado mexicano reconoce la importancia de avanzar en un mismo sentido, respetando, desde luego, la soberanía de los estados y de la Ciudad de México, pero avanzar en un mismo sentido.

Por eso el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se pronuncia a favor de este dictamen, y nos parece, como lo decía hace un momento, que es un paso más en el sentido correcto.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Flores Ávalos.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, a nombre del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, señora Presidenta.

El grupo parlamentario del PRI, refrenda el compromiso que siempre ha tenido con la materia de los derechos humanos, con el impulso, la defensa y la promoción de los derechos humanos.

Como ustedes saben, ha sido un proceso largo, pero importante de construir una base constitucional de la defensa de los derechos humanos, y tengo el gusto de haber participado en el 2011 en esta defensa que se dio para establecer un marco normativo tan importante, que lo era en ese momento, pero hoy cada día lo es más.

Y producto de esta reforma, se han venido desdoblando una y otras acciones importantes que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos.

Yo quiero felicitar a uno de los iniciadores, debe de haber muchas iniciativas, pero especialmente al Senador Enrique Burgos, por esta propuesta que hizo y que increíblemente en la Comisión de Puntos Constitucionales, sin mayor problema pasó y se aprobó en comisión la posibilidad de esta legislación en favor de las víctimas, producto de los delitos que se cometen en contra de ellas, y que el gobierno, el Estado mexicano debe no solamente brindar la atención a las víctimas, sino reparar, resarcir, estar pendiente con una atención de calidad, que es lo que estamos buscando. Pero la propuesta que tenemos a la vista habla de cómo esta proposición que tiene que ver con la participación de los tres órdenes de gobierno, no basta la intención del gobierno de la República si no está armonizado con los estados y los municipios. Los casos que hemos visto es cómo ha habido una desarticulación en esta parte, y esta legislación propone exactamente la armonización, el acuerdo, la coordinación que tiene que ver en los tres niveles de gobierno.

No queremos una legislación que deje dudas acerca de la atención que tienen que tener las víctimas, producto de los delitos. No queremos contradicciones ni lagunas, precisamente por eso, esta reforma que hoy presentamos, este dictamen que hoy se presenta, tiene que ver con subsanar toda aquella parte de normatividad que todavía no habíamos abordado y que no tiene otro propósito que el de atender a las víctimas de los delitos.

Por eso mi grupo parlamentario está a favor de la observancia, el respeto y el pleno cumplimiento de los derechos humanos en favor de todas y todos los mexicanos, incluidas las víctimas de delito, pero también porque terminemos con esta doble afectación que tradicionalmente han sufrido las víctimas dentro del proceso penal mexicano.

Por su atención, por su apoyo a favor de este dictamen, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señora Presidenta.

Justo el día 28 de marzo, se conmemoró el quinto aniversario del surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Ese día, Javier Sicilia recordaba aquel momento y levantaba la voz diciendo: "Hace cinco años salimos más de un millón de personas a reclamar nuestros derechos, a reclamar que cambiaran las cosas". Y efectivamente cambiaron: Hoy están peor que hace un lustro.

Ese gran movimiento de víctimas que inundó las calles de todo México, y que hizo valer su voz de distintas maneras, hoy sigue exigiendo que las cosas cambien, que las políticas sobre seguridad y prevención del delito sean efectivas y adecuadas, que el Ejército y la Marina regresen a sus cuarteles, que se limpien de corrupción las instituciones policiales, y sobre todo que aparezcan los más de 27 mil desaparecidos, que se sancione a los funcionarios públicos que han permitido esta debacle institucional y que se repare el daño a los otros miles de víctimas de esta absurda guerra.

Como resultado de ese movimiento se obtuvo la Ley General de Víctimas, un instrumento legal importante, que al día de hoy tiene que ser adecuada y actualizada a la realidad que día a día siguen viviendo miles de víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos en todo el país, ya que se ha convertido en una legislación compleja que inserta a las víctimas en complicados procesos burocráticos que terminan por agotarlos y hartarlos.

El dictamen que se presenta para reformar el artículo 73 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos facultando al Congreso de la Unión para legislar sobre este tema, adiciona un componente que no es menor, señalando que es obligación de este órgano colegiado el establecer las concurrencias de los tres órdenes de gobierno en esta materia.

Y señala esta adición como relevante, precisamente, porque el respeto, protección y garantía de los derechos de las víctimas le corresponden al Estado mexicano en su conjunto, y no sólo a un área, a una instancia como equivocadamente se ha pretendido exponer ante la opinión pública.

Los derechos de las víctimas atañen el acceso a la justicia, a la verdad, la memoria, la sanción de los responsables, la reparación integral del daño, la creación de medidas de no repetición, medidas de satisfacción y de indemnización proporcionales al daño sufrido, atención psicosocial y atención médica, son todas responsabilidad no sólo de los tres órdenes de gobierno, sino de toda la estructura administrativa, de la administración pública en su conjunto.

Por ello, el establecimiento de una nueva legislación en la materia que establezca claramente las competencias y obligaciones a cada autoridad resultará muy importante.

La crisis humanitaria en México es muy grave.

A los casos emblemáticos de desapariciones forzadas, de torturas, de feminicidios, de agravios a la población civil, ahora se suma el intento de algunas autoridades estatales para criminalizar la protesta social y criminalizar a las víctimas.

Estamos de acuerdo en darle mayor certeza jurídica a una Ley General de Víctimas, nos preocupa ciertamente que esta modificación constitucional sea un pretexto para no atender a las víctimas o para postergar la concreción de una nueva ley de derechos de las víctimas.

Las víctimas son una emergencia nacional, justo por eso esta reforma constitucional es demasiado importante, y debemos ponernos también objetivos concretos de plazos precisos para concretar este mismo cambio constitucional, porque corresponde al Constituyente Permanente e implica al menos a 17 congresos locales más, así como ponernos plazos para hacer una nueva ley de víctimas.

Por ello, en aras de seguir avanzando hacia la construcción y los consensos que nos permitan arribar a esa nueva ley de víctimas, el día de hoy votaremos a favor este dictamen, asumiendo el compromiso de que en las próximas semanas deberemos avanzar hacia una nueva legislación que la sociedad y, sobre todo, las víctimas nos están demandando.

Es cuanto, muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias, señora Presidenta, con su permiso.

Hay que ponerle nombre cuando venimos aquí a decir el por qué una nueva Ley General de Víctimas, y porqué el tiempo le dio la razón al ex Presidente Calderón, cuando presenta la controversia constitucional para decir que no estábamos facultados para legislar en esta materia, y que llega el Presidente Peña Nieto y se desiste.

Pues hoy, este día vamos a autorizar esta reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para tener facultades.

Así es que yo los invito, compañeras y compañeros de todas las fuerzas políticas, a tomar esta nueva oportunidad de hacer una nueva ley de víctimas acorde a la realidad. Una nueva ley de víctimas que le sirva a estas personas, moderna, pero una nueva ley de víctimas, donde la víctima sea el centro de la justicia, porque al parecer hay muchas acciones que están favoreciendo al victimario, y eso es lo que tenemos que hacer, que la víctima sea primero, y luego siga la víctima y termine siendo la víctima, haciéndole el favor, y que el Fondo de Víctimas, de más de mil millones de pesos, les sirva a todas estas personas.

Así es que felicidades, Presidente Calderón, el tiempo le dio la razón. Gracias por ser una persona tan culta y bien preparada.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Garza Galván.

Informo a la Asamblea que recibimos el posicionamiento de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, a favor del dictamen, mismo que se insertará en el Diario de los Debates.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Del mismo modo, recibimos el posicionamiento de la Senadora Lucero Saldaña Pérez, a favor del dictamen, que se insertará en el Diario de los Debates.

La Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, para hablar a favor. No se encuentra.

Se inserta la intervención del Senador Francisco Salvador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 87 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Compañeros Senadores, recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifican las comisiones del Senado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos del día de hoy el Acuerdo referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario.

En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Está a discusión el Acuerdo. Al no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese.





 

Hago de su conocimiento que la Mesa Directiva acordó emitir un pronunciamiento en conmemoración del “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”, que tendrá ocasión el próximo 2 de abril.

PRONUNCIAMIENTO

El autismo afecta la forma en que una persona interpreta todo su entorno, lo que ve, oye y toca, dificulta su comprensión, el uso del lenguaje, las relaciones sociales, la imaginación y el juego.

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como el “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”, con el fin de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos que sufren este trastorno.

En solidaridad con esta importante fecha, la Mesa Directiva autorizó que la torre de comisiones se ilumine de color azul en la fecha de la conmemoración.





 

Compañeros Senadores, hago de su conocimiento que las demás proposiciones inscritas en el Orden del Día se turnarán a comisiones.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a designar a la brevedad posible, a la o el Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las      Personas con Discapacidad, con base en lo establecido en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

La suscrita MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, Senadora de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por  los artículos 8, fracción II y 276 así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 30 de mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual dicta en su artículo cuarto que “Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad.”

Por su parte, en el Titulo Tercero de la mencionada Ley, se contempla la creación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con    Discapacidad (en adelante Consejo), el cual es un organismo público descentralizado que busca “el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional; así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado, en las acciones,  estrategias, políticas públicas y programas derivados de la presente Ley y demás ordenamientos”.

El Consejo tiene como misión “coordinar e impulsar acciones para asegurar el ejercicio y goce de los derechos de las personas con discapacidad, así como contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena”1, mientras que su visión consiste en “ser el órgano rector de políticas públicas en discapacidad con reconocimiento nacional e internación por su liderazgo, innovación y experiencia”.2

A su vez, la Ley en cuestión instaura en su artículo 49 que el Presidente de la República designará a la o el Director General del Consejo, bajo los siguientes requisitos:

I. Ser Ciudadano Mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos, experiencia en materia administrativa y en materia de discapacidad, y

III. No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro del Órgano de Gobierno señalan las fracciones II, III, IV y V del artículo 19 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Al respecto, cabe hacer mención que desde el pasado mes de diciembre, Jesús Toledano Landero, dejó la titularidad del Consejo, misma que ocupaba desde diciembre de 2012; por lo que Marcela Cuen Garibi, quien se desempañaba como Directora General Adjunta, fue designada como Encargada del Despacho de la Dirección General; por lo que durante el primer trimestre del año en curso, no se ha realizado el nombramiento de la persona que ocupará la Dirección General del organismo.

Ante dicho escenario y, dadas las atribuciones que la ley otorga a la Dirección General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, resulta urgente la designación de la persona que ocupará dicho cargo, con la finalidad de retomar y mejorar los trabajos emprendidos desde la creación del Consejo en miras de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país, en concordancia con lo establecido en la normatividad nacional e internacional en la materia.

Asimismo, resulta urgente que la persona que sea designada en el cargo, sea un perfil idóneo que cumpla cabalmente con los requisitos que establece la Ley y que estos puedan ser comprobados por la trayectoria y compromiso con las causas que permitan el pleno desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad.

En razón de ello, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La H. Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, designe a la brevedad posible, a la o el Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con base en lo establecido en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Dado en la H. Cámara de Senadores, el 31 de marzo de 2016.

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.

1 Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ¿Qué hacemos?, [en línea], México, Dirección URL: http://www.gob.mx/conadis/que-hacemos

2 Ídem.





 

De los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a investigar e informar sobre los estudios de prospección petrolera que se realizan en Yucatán. Se turna a la Comisión de Energía.

Los suscritos Senadores DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ y SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con los siguientes:

CONSIDERANDOS

Yucatán es un potencial productor de petróleo para el país, cuya riqueza petrolera se encuentra en mar profundo entre las costas de Chicxulub y Progreso, de acuerdo con diversos estudios realizados en el 2013 por Pemex Exploración y Producción (PEP).

El potencial petrolero de Yucatán en la zona terrestre es muy pobre, sin embargo, en la zona del mar es donde se encuentra su potencial como posible estado productor de petróleo, de acuerdo con dichos estudios.

La Plataforma de Yucatán tiene una extensión aproximada de 130 mil kilómetros cuadrados; la mayor parte en el mar, frente a las costas del Estado. En la porción terrestre comprende a Yucatán, Quintana Roo y parte de Campeche, Tabasco y Chiapas.

En este contexto, el Proyecto Progreso se ubica en aguas territoriales de Yucatán y cubre un área de 90 mil 704 kilómetros, equivalente al 69 % de toda la superficie prospectiva de la Plataforma Yucatán.

De acuerdo con la poca información recabada a la fecha, este proyecto consta de tres áreas: Chicxulub Sur, Chicxulub Poniente y Oriente, y Chicxulub Norte. Esta última, según los estudios preliminares de Pemex, está ubicada cerca del arrecife Los Alacranes y tiene trampas de tipo estructural y combinadas, en donde se esperan acumulaciones significativas de aceite pesado.

El objetivo del “Proyecto Progreso”, hasta donde se tiene conocimiento, es evaluar las reservas de aceite en la zona, que se calcula podrían ir de 21 millones a 975 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (bpce) con un valor promedio -en estimaciones de 2009 – de 300 millones de bpce. Ahora, las estimaciones aumentaron a 500 millones de bpce.

Para lograr esto, el proyecto prevé la perforación de 15 pozos exploratorios entre 2013 y 2026, con una inversión de 15 mil 54 millones de pesos.

El “Proyecto Progreso”, según la información recabada,  fue diseñado por Pemex para cuantificar los yacimientos en las costas de Yucatán, pero fue suspendido temporalmente por falta de recursos.

Con la entrada en vigor de la reforma energética, se abrieron las puertas de participación no sólo a Pemex sino de empresas nacionales e internacionales para realizar trabajos de exploración y prospección petrolera.

En ese sentido tenemos conocimiento de que un grupo de empresas extranjeras reactivaron el proyecto Progreso y actualmente llevan a cabo estudios de prospección petrolera en la plataforma de Yucatán, desde por lo menos hace cuatro meses.

Lamentablemente se ha documentado que derivado directamente de los trabajos que realizan dichas empresas se ha producido un daño grave en la fauna marina y en el ecosistema de la zona. Así, se tienen registros de muertes de especies como ballenas, delfines, tortugas, y otras especies de captura de la pesca ribereña.

De la misma manera, se comienzan a percibir afectaciones en las actividades turísticas y comerciales que afectan la economía de la zona costera, y de los yucatecos que viven del turismo y de la pesca, principalmente.

En este contexto, al día de hoy el suscrito Senador de la República por el Estado de Yucatán Daniel Ávila Ruiz, y la población yucateca en general, carecemos de la información oficial básica, sobre el proyecto que están ejecutando aquéllas empresas, y sobre las medidas implementadas para proteger y preservar la fauna marina y el ecosistema, así como las acciones que realizarán para reparar el daño que hasta el momento ya se ha causado.

Si bien es cierto que puede tratarse de un proyecto de exploración de relevancia para el país, con el cual podemos estar de acuerdo siempre que sea en beneficio del desarrollo de México, también es cierto que dichos proyectos deben prever, de manera fundamental, acciones de prevención, protección y preservación de la fauna marina y medio ambiente.

En este contexto, a la fecha no hemos encontrado información oficial que nos confirme o indique por un lado, ¿Qué tipo de proyecto en específico se está realizando? ¿Qué institución del gobierno es la responsable del proyecto? ¿Qué empresas participan en la ejecución del proyecto y bajo qué modalidad fueron contratadas? ¿Cuál es la duración del proyecto? ¿Cuáles son las coordenadas de acción? ¿Qué tipo de tecnología están usando en la ejecución del proyecto?

Por otro lado, no hemos encontrado información oficial que indique ¿Qué medidas y acciones se implementaron para proteger y  preservar la fauna marina y el medio ambiente?

Ni mucho menos, hemos encontrado información para conocer ¿Qué medidas se tomarán para frenar el daño ecológico causado a la fecha? y ¿Cómo se reparará el daño ambiental causado?

En el mismo ámbito, desconocemos si las autoridades ambientales competentes otorgaron los permisos correspondientes y si existe observadores ambientales por parte de las instituciones del gobierno, como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), y en su caso ¿Qué medidas han tomado derivado del daño causado a la fauna y al ecosistema de la zona?

Conocer sobre los trabajos que se realizan y sobre el impacto al medio ambiente, resulta de lo más importante no tan solo para los Senadores de Yucatán, y para los yucatecos, sino para todos los mexicanos, ya que se trata de los recursos naturales y protección al ambiente, un derecho fundamental que debemos preservar.

Por todo lo anterior, sabedores de que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, tiene como objeto fundamental  regular y supervisar la exploración y extracción de carburos de hidrógeno, cualquiera que fuese su estado físico, así como las actividades de proceso, transporte y almacenamiento que se realicen directamente con los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos; que es su facultad procurar que los proyectos se realicen con arreglo a la utilización de la tecnología  más adecuada, la protección al medio ambiente y la sustentabilidad de los recursos naturales, en exploración y extracción petrolera; que le corresponde establecer los lineamientos técnicos que deberán observarse en el diseño de los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos; que le corresponde expedir los instructivos  para que Pemex y sus organismos subsidiarios proporcionen la información de los proyectos de exploración y extracción, informes y datos que la Comisión solicite; que es competente para realizar visitas de inspección; entre otras atribuciones más.

Asimismo, que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene entre su objeto, la protección del medio ambiente, con atribuciones para establecer lineamientos en materia de protección al medio ambiente en materia de seguridad industrial y seguridad operativa; para supervisar y vigilar el cumplimiento de los ordenamientos legales; para llevar a cabo investigaciones en caso de incidentes y accidentes operativos; entre otras más.

Con fundamento en lo anterior, resulta trascendental solicitarles un informe detallado que responda, por un lado, a los cuestionamientos sobre la planeación y ejecución del proyecto, y por otro lado, que expresen los planteamientos sobre los cuidados para proteger y preservar el medio ambiente, así como a las medidas para resarcir los daños ecológicos causados.

Por todo lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus atribuciones lleven a cabo una investigación exhaustiva sobre el proyecto de prospección petrolera que se realiza en la plataforma de Yucatán, y presenten a esta Soberanía un informe detallado.

Asimismo, para que de manera particular se respondan los siguientes cuestionamientos básicos: ¿Qué tipo de proyecto en específico se está realizando? ¿Qué institución del gobierno es la responsable del proyecto? ¿Qué empresas participan en la ejecución del proyecto y bajo qué modalidad fueron contratadas? ¿Cuál es la duración del proyecto? ¿Cuáles son las coordenadas de acción? ¿Qué tipo de tecnología están usando en la ejecución del proyecto? ¿Qué medidas y acciones se implementaron para proteger y  preservar la fauna marina y el medio ambiente? ¿Se otorgaron los permisos ambientales por parte de las autoridades competentes? ¿Qué medidas se tomarán para frenar el daño ecológico causado a la fecha? ¿Cómo se reparará el daño ambiental causado? y ¿Hay observadores ambientales por parte de las autoridades competentes?

SEGUNDO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que lleve a cabo una investigación exhaustiva, inicie los procedimientos administrativos a que haya lugar, exija la reparación del daño ambiental ocasionado, y presente un informe detallado a esta Soberanía.

Dado en el Senado de la República, el 31 de marzo de 2016.

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.- Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a llevar a cabo las acciones necesarias para actualizar la NOM-044-SEMARNAT-2006, buscando implementar estándares internacionales sobre el uso de nuevas tecnologías en el transporte y reducir los altos índices de contaminación. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El suscrito, Senador RAÚL AARÓN POZOS LANZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracciones II, VIII, X, 95, 103, numeral 2, fracción III, 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo al estudio La NOM 044: Retos y Oportunidades para su Cumplimiento elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en noviembre de 2015, la industria automotriz de vehículos pesados en México es la más grande de América Latina y se ha convirtiéndose en el quinto productor de vehículos pesados comerciales en el mundo.

Dicho estudio establece que en México, la industria automotriz de vehículos pesados aportó 5.9% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2014, generando 1.8 millones de empleos directos y movió el 82% de la carga terrestre del país.

Por otra parte, señala que la edad promedio del autotransporte federal es de 18 años, esto quiere decir que la mayor parte de los vehículos pesados que circulan por la red carretera del país son poco eficientes y emiten una gran cantidad de contaminantes. Incluso los vehículos nuevos que se venden dentro del país tienen un bajo desempeño ambiental, en comparación con los vehículos que se exportan al mercado norteamericano y europeo. Los vehículos pesados, representan sólo el 15% del parque vehicular en México, contribuyendo con 81% de las emisiones de partículas PM25 y 91% del carbono negro atribuibles a fuentes móviles.

Ante la creciente contaminación que generan los vehículos diesel, diversos países han tomado medidas para introducir tecnologías más limpias en dichos vehículos. Japón, Estados Unidos y la Unión Europea, han implementado el uso de tecnologías más limpias junto con abasto de diesel con ultra bajo contenido en azufre (UBA). Otro ejemplo es Brasil, en donde ya se ha empezado a hacer la transición del diesel para reducir los niveles de contaminación.

Según el estudio referido, la normatividad en México tiene dos generaciones tecnológicas de atraso. Por ejemplo, un vehículo nuevo en Estados Unidos, que sigue los mejores estándares internacionales, emite 90% menos contaminantes que los vehículos que se venden en México.

Entre las finalidades de las NOMs es establecer las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos que permitan proteger y promover el mejoramiento del medio ambiente y los ecosistemas, así como la preservación de los recursos naturales.

La Ley Federal Sobre Metrología y Normalización que regula las Normas Oficiales Mexicanas, establece en su artículo 51 que las NOMs deben ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de su entrada en vigor, debiendo notificarse al secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización los resultados de la revisión, dentro de los 60 días naturales posteriores a la terminación del periodo quinquenal correspondiente. Esta revisión se explica por el carácter técnico de estas normas y porque una de sus finalidades, que es materia de constantes avances tecnológicos, es establecer las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos que permitan proteger y promover el mejoramiento del medio ambiente y los ecosistemas, así como la preservación de los recursos naturales.

La NORMA Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2006, es la encargada de regular cuales son los límites máximos permisibles de emisiones de hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas y opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel como combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores nuevos con peso bruto vehicular mayor de 3,8657 kilogramos, así como para unidades nuevas con peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos equipados con este tipo de motores. Dicha NOM, a pesar de su importancia e impacto al medio ambiente, debió haberse actualizado en 2011 sin embargo, no se ha actualizado.

De acuerdo a un análisis elaborado por el Centro Mario Molina en 2005, las mejoras en la tecnología de los vehículos actuales, aunado al combustible reducido en azufre, podrían reducir las emisiones en más del 90% generando un impacto importante en la calidad del aire.

La Ley Orgánica de la Administración Pública faculta a la SEMARNAT a establecer normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente y de elaborar, promover y difundir las tecnologías y formas de uso requeridas para el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sobre la calidad ambiental de los procesos productivos, de los servicios y del transporte. Adicionalmente, la SEMARNAT por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es la autoridad encargada para vigilar y dar cumplimiento a la NOM-044.

El alza en los niveles de contaminación es preocupante y es claro que es urgente tomar todas las medidas de protección para el ambiente. Es por esto que es necesaria la actualización de esta Norma Oficial Mexicana basándose en el estudio de estándares internacionales y  buscando ser un ejemplo en el uso de tecnologías del transporte.

En mérito de lo expuesto, el suscrito a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, dejo a consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que lleve a cabo las acciones necesarias para actualizar la NOM-044-SEMARNAT-2006, buscando implementar estándares internacionales sobre el uso de nuevas tecnologías en el transporte y reducir los altos índices de contaminación.

Dado en el Senado de la República, el 31 de marzo de 2016.

Atentamente.

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz.





 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por el inicio de la gestión del Sr. Énex J. Jean-Charles como Primer Ministro de la República de Haití. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA Y JUAN CARLOS ROMERO HICKS, Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR EL INICIO DE LA GESTIÓN DEL SR. ÉNEX J. JEAN-CHARLES COMO PRIMER MINISTRO DE LA REPÚBLICA DE HAITÍ, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El 28 de Marzo el Presidente provisional de Haití, JocelermePrivert, celebró la toma de protesta del nuevo Primer Ministro de Haití, Énex J. Jean Charles, quien actualmente ya cuenta con un Gobierno conformado, pues logró coordinarse con los sectores políticos al interior de su país para poder ejercer su mandato, obteniendo de manera casi unánime la aprobación del Parlamento haitiano.

En palabas del Privert, el contar con un Primer Ministro con Gobierno, “representa un paso importante para avanzar hacia la estabilidad”, pues es la segunda vez en dos semanas que Haití ha presenciado la presentación de un nuevo Primer Ministro para su país. Anteriormente Fritz Jean fracasó en su intento de formar Gobierno al no lograr a su favor los votos necesarios en el poder Legislativo.

Durante la toma de protesta del Primer Ministro, el Presidente provisional anunció que se espera en los próximos días la conformación de un nuevo Consejo Electoral Provisional (CEP) el cual permitirá concluir el proceso electoral para elegir al nuevo Presidente de Haití, puesto que las elecciones no pudieron concretarse debido a las protestas de la oposición que denunciaban que el expresidente Michael Martelly, tenía pre designado a su sucesor.

CONSIDERACIONES

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la Repúblicaestablece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

3. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X, que es facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República se congratula por el inicio de la gestión del Sr. Énex J. Jean-Charles como Primer Ministro de la República de Haití y hace votos para que el hermano país caribeño logre la estabilidad política necesaria para hacer frente a sus retos sociales y económicos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 31 de marzo de 2016.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.





 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a reforzar acciones en torno a la Cruzada Nacional contra el Hambre. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, ANABEL ACOSTA ISLAS,ERIKA AYALA RIOS Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos, “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda...”. En virtud del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados Partes reconocen «el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados...”. En el párrafo 2 del mismo artículo, los Estados Partes en el Pacto reconocen el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre y enumeran las medidas que deben adoptarse individualmente y mediante la cooperación internacional a fin de acabar con esa hambre.

La idea general de una alimentación adecuada puede descomponerse en varios elementos: la oferta de alimentos debe ser adecuada, lo que significa que los tipos de alimentos comúnmente disponibles, deben ser culturalmente aceptables; la oferta disponible debe cubrir todas las necesidades nutricionales generales desde el punto de vista de la cantidad energética y la calidad, es decir proporcionar todos los nutrientes esenciales, como vitaminas y iodo; y de buena calidad.

En México, toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Así lo establece la Constitución en su artículo 4to. Sin embargo aún hay personas con hambre en nuestro país.

De acuerdo con Raúl Benítez, Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe a nivel global, entre un cuarto y un tercio de los alimentos producidos anualmente para consumo humano se pierde o desperdicia. Esto equivale a cerca de 1 300 millones de toneladas de alimentos, lo que incluye el 30% de los cereales, entre el 40 y el 50% de las raíces, frutas, hortalizas y semillas oleaginosas, el 20% de la carne y productos lácteos y el 35 % de los pescados.  La FAO calcula que dichos alimentos serían suficientes para alimentar a 2 000 millones de personas.

Las pérdidas y el desperdicio no son sinónimos.  Las pérdidas se refieren a la disminución de la masa disponible de alimentos para el consumo humano en las fases de producción, post-cosecha, almacenamiento y transporte mientras que el desperdicio de alimentos se refiere a las pérdidas derivadas de la decisión de desechar los alimentos que todavía tienen valor y se asocia principalmente con el comportamiento de los vendedores mayoristas y minoristas, servicios de venta de comida y  consumidores.

Las pérdidas y desperdicios impactan la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, reducen la disponibilidad local y mundial de alimentos, generan menores ingresos para los productores y aumentan los precios para los consumidores. Además, tienen un efecto negativo sobre el medio ambiente debido a la utilización no sostenible de los recursos naturales.

Si bien no existe una definición consensuada del concepto hambre, la FAO comúnmente utiliza hambre como sinónimo de desnutrición crónica, aunque también se refiere al hambre como privación de alimentos, o a la sensación incómoda o dolorosa causada por no ingerir en un determinado momento suficiente energía a través de los alimentos.

Los Estados deben ser proactivos para reforzar el acceso de las personas a los recursos y a los medios de asegurar su medio de vida, y el derecho de usarlos, incluida la salud alimentaria

En México, más de 7.4 millones de personas viven en situación de pobreza extrema y tienen carencia de acceso a la alimentación. A partir del 22 de enero de 2013 se crea Sistema Nacional contra el Hambre, también conocida como Cruzada Nacional contra el Hambre.

La Cruzada Nacional Contra el Hambre es una estrategia de política social, integral y participativa. Pretende una solución estructural y permanente a un grave problema que existe en México: el hambre.

Reconoce que la privación de alimentos es producto de un entorno socioeconómico complejo, multidimensional, que requiere de un enfoque de carácter integral que involucra múltiples instrumentos de política pública en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, servicios en la vivienda e ingresos.

Impulsa un proceso participativo del más amplio alcance dirigido a conjuntar esfuerzos, energías y recursos de los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil, la iniciativa privada, las instituciones educativas y la ciudadanía en general.

Pone en el centro la autogestión y el capital social de la propia comunidad, y parte del empoderamiento de las personas para que puedan constituirse en protagonistas de su propio desarrollo.

Busca que la población más vulnerable pueda acceder a un piso básico de derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Recientemente en Francia se aprobó la Ley 2016-138 referente a la lucha con el desperdicio de alimentos. La normativa fue aprobada por unanimidad por el Senado francés. Esta ley establece que los supermercados no podrán almacenar comida de buena calidad que se acerque a su fecha de caducidad. En su lugar, firmarán convenios de colaboración con organizaciones benéficas, que podrán multiplicar el número de comidas gratuitas que distribuyen cada día.

Según algunos informes, ciertos supermercados rocían con lejía los alimentos que tiran a la basura para evitar para impedir que sean aprovechados por otras personas. Otros establecimientos almacenan la comida sobrante en depósitos cerrados para su recogida directa por parte camiones de basura.

A raíz de dicha ley, la cadena más grande de supermercados franceses ha firmado un acuerdo nacional con el Ministerio francés de Agricultura para luchar contra los desechos alimenticios.

La cadena mayorista ha puesto en marcha una web especializada en la prevención de desechos para mantener informados a los consumidores de las iniciativas en esta área y ha lanzado una promoción que permitirá a los clientes recibir descuentos en determinados productos así como en compras completas.

El supermercado francés ha lanzado también una campaña dirigida a los hogares entre sus empleados con premios a las mejores ideas en prevención de desperdicios. Finalmente, ha comenzado un estudio para averiguar las mejores fechas de consumo de algunos de sus productos.

Dentro de las medidas adoptadas se encuentran:

1. El establecimiento de un equipo “anti-desechos” se desplaza de una tienda a otra para formar a otros empleados en cómo reducir los desperdicios.

2. La identificación de una tienda piloto con las mejores prácticas que después son implementadas en establecimientos dentro de la región.

3. Estudio de las fechas más adecuadas para el consumo de determinados productos.

4. La introducción de una nueva forma de promoción dando a los consumidores la oportunidad de conseguir descuentos en determinados productos y compras completas. Esto ayuda a asegurarse de que las cantidades consumidas por los consumidores son lo que realmente necesitan y evitar así los desechos.

5. Lanzamiento de un proyecto para crear batidos y sopa concentrada usando frutas y verduras que no han sido compradas en tiendas piloto.

6. Apoyar la recogida y procesamiento de alimentos no vendidos procedentes del mar en colaboración con la Fédération des paniers de la mer (FPLM). Como resultado de ello, 164 personas han sido contratadas desde 2009, favoreciendo el procesamiento de 335 toneladas de estos productos en 2012.

7. A través de su Fundación ha financiado camiones refrigerados y otros sistemas de almacenamiento en frío para ayudar a mantener la cadena de frío a estas asociaciones.

8. Puso en marcha una página web para informar a los consumidores sobre el desperdicio.

9. Se lanzó una campaña interna para concienciar a los empleados y premiar las mejores iniciativas para reducir los desechos.

10. A final de año se entregará un premio al proveedor que mejor prácticas lleve a cabo para la reducción de desechos.

La SEDESOL en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre ha firmado diversos convenios con la Iniciativa Privada, empresas individuales o asociaciones a fin de para sumar fuerzas con el objeto de desarrollar acciones que permitan alimentar a la población, hasta niveles adecuados. En ese orden de ideas, la participación de los tres órdenes de gobierno para diseñar e implementar nuevas líneas de acción para la reducción de desperdicio de alimentos y que estos sean utilizados y aprovechados por personas.

A un poco más de tres años del inicio de esta estrategia, es importante reforzar las medidas por parte de los tres órdenes de gobierno y se exploren nuevas posibilidades formando sinergias para asegurar un mayor grado de cumplimiento del objeto para la cual ha sido diseñada.

Erradicar el hambre en México requiere que todos los sectores de la sociedad hagan esfuerzos por reducir sus pérdidas y desperdicios. El beneficio potencial es incalculable. No sólo tendría un efecto directo en las vidas de millones de personas, sino que implicaría un cambio profundo de mentalidad, un paso fundamental hacia modelos de consumo y producción verdaderamente sustentables que garanticen que ningún niño, niña, hombre o mujer sufra hambre en un mundo donde la comida abunda.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. Pleno la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno a reforzar acciones en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, así como implementar líneas de acción innovadoras conjuntamente con la iniciativa privada para reducir el desperdicio de alimentos en México.

Dado en el Senado de la República, el 31 de marzo de 2016.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Erika Ayala Ríos.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.





 

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Michoacán a realizar una Auditoría Forense de la Cuenta “Cargos por Aplicar”, incorporada en la contabilidad del gobierno de ese estado durante el periodo 2003 a 2014. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

La que suscribe, Senadora de la República de la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8º numeral 1, fracción II; 108, numeral 1; 109; numerales 1 y 2 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado el día 31 treinta y uno de marzo del 2015, mediante el oficio número DGEM/091/2015, Salvador Jara Guerrero Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo presentó al Congreso del Estado la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2014 dos mil catorce.

Misma que fue remitida para su estudio al órgano fiscalizador de la Auditoría Superior de Michoacán, ésta una vez realizados los procedimientos de fiscalización y auditoría correspondientes, con fecha 12 de febrero del 2016 y oficio ASM/663/2016, por conducto de su Titular, el C.P. José Luis López Salgado, presentó a la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán el Informe de Resultados de la Revisión, Fiscalización y Evaluación de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014.

Siete días después, el día 19 diecinueve de febrero del 2016, el Pleno del Congreso Local de Michoacán dio lectura de la recepción del Informe de Resultados de la Revisión, Fiscalización y Evaluación de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal, correspondiente al Ejercicio Fiscal del Año 2014, elaborado por la Auditoría Superior de Michoacán, turnándose a  las Comisiones Inspectora de la Auditoria Superior de Michoacán y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para su estudio análisis y dictamen.

Como era de esperarse los hallazgos han sido lamentables, pues se encontraron conductas, actos, hechos u omisiones que producen daños y perjuicios a la hacienda pública estatal, calificadas como irregularidades o ilícitos.

En especial por lo que refiere a la Situación Financiera al 31 de diciembre de 2014, reporta Activos por un monto de 29 mil 689 millones 535 mil 156 pesos, de los cuales 7 mil 700 millones 383 mil 450 pesos son Circulantes; 21 mil 989 millones 151 mil 706 pesos son No Circulantes; sus Pasivos ascienden a 31 mil 298 millones 5 mil 935 pesos, de los cuales 14 mil 513 millones 442 mil 935 pesos son circulantes; en tanto la Deuda Pública a Largo Plazo asciende a 16 mil 784 millones 563 mil pesos; y, el Patrimonio Estatal arroja un monto deficitario de 1 mil 608 millones 470 mil 779 pesos. 

Es alarmante la falta de Liquidez, debido a que el activo circulante es menor al monto de sus obligaciones a corto plazo, es decir, que por cada peso que debe el Gobierno del Estado al 31 de diciembre de 2014, dispone de 53 cincuenta y tres centavos para hacerle frente a sus obligaciones financieras.

La Deuda Pública Estatal de Corto Plazo asciende a 538 millones 581 mil 423 pesos y la de Largo Plazo a 16 mil 784 millones 562 mil 998 pesos, lo que representa una Deuda Pública total por 17 mil 323 millones 144 mil 421 pesos.  Cabe señalar que dicho monto incrementó con respecto del ejercicio 2013 en mil 752 millones 287 mil 846 pesos, lo que representa el 11.25 por ciento de incremento.

Es evidente que el Gobierno del Estado carece de solvencia económica, toda vez que refleja un déficit que supera el patrimonio total del Estado. Hemos llegado a un punto de NO retorno, donde apenas nos enteramos de la gravedad del daño provocado por las administraciones pasadas.

Especialmente grave resultan los hallazgos de la cuenta de “Cargos por Aplicar”, que cabe señalar desde abril de 2015, mediante el Decreto Legislativo 507 del Congreso del Estado de Michoacán, se exhortó al Titular del Poder Ejecutivo Estatal a que procediera a corregir dicha cuenta pues había inconsistencias en el registro contable de los ajustes y/o correcciones de esa cuenta contable.

Al final el ajuste se realizó lo que implicó corregir los registros contables, para lo cual se elaboraron pólizas que reflejan cargos a la cuenta de “Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores” de naturaleza acreedora, con abono a la cuenta de “Cargos por aplicar”, situación por la cual dicha cuenta quedó sin saldo al 31 treinta y uno de diciembre del 2014, en atención al Decreto legislativo 507.

En consecuencia la afectación al Patrimonio del Gobierno del Estado de Michoacán que generó esta corrección ascendió a $17’323,144,425 (Diecisiete mil trescientos veintitrés millones ciento cuarenta y cuatro mil, cuatrocientos veinticinco pesos).

Pese a esta terrible irregularidad recién descubierta, la Auditoría Superior de Michoacán en su análisis de la Cuenta Pública fue ineficiente toda vez que no abordo en su estudio el “origen y aplicación de los recursos que generaron la afectación del Patrimonio Estatal”, además de que refiere como antecedente de esta cuenta el año 2007, siendo que es el 2003.

Seguramente, este como algunas otras inconsistencias llevarán al Congreso del Estado de Michoacán a NO aprobar la Cuenta Pública del Estado 2014, por no cumplió con lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo.

De la misma Cuenta Pública de la Hacienda Estatal, se desprenden deficiencias, omisiones, e inconsistencias graves que en el Estado de Situación Financiera del Gobierno del Estado al 31 de diciembre de 2014.

Por ejemplo, la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014, no presenta los Estados Financieros consolidados, ya que únicamente incluye la información del Presupuesto Autorizado (subsidios y transferencias) de los Poderes Legislativo y Judicial y no así el detalle del ejercicio del gasto de dichos Poderes; o bien que el inventario y registro patrimonial de bienes inmuebles no se encuentra actualizado y se adopta el criterio de registrar a valor catastral la totalidad de los bienes inmuebles, por lo que no se refleja la situación financiera real en ese rubro.

Si bien todas estas inconsistencias están siendo analizadas por el Congreso Local, conviene hacer énfasis en la “Cuenta de  Cargos por Aplicar” que como señalé su corrección implico una afectación al Patrimonio del Gobierno del Estado de Michoacán por $17’323,144,425 (Diecisiete mil trescientos veintitrés millones ciento cuarenta y cuatro mil, cuatrocientos veinticinco pesos).

De ahí que debe hacerse una auditoría especializada, integral y específica de esta materia, pues tal y como lo establece el artículo 1 párrafo tercero de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo: “Sin perjuicio del principio de anualidad, la Auditoría Superior podrá solicitar y revisar de manera particular y concreta, la información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago, diversos ejercicios fiscales, o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría Superior emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.”

Luego, considero oportuno que exhortar al Congreso del Estado de Michoacán para que no sea omisa ni indulgente con semejante fraude a los michoacanos y a través de la Auditoría Superior de Michoacán realice una Auditoría Forense de la Cuenta “Cargos por Aplicar”, para así determinar con claridad las inconsistencias contables y determinar sus responsables.

Señaló que sea en especial una Auditoría Forense, pues si bien existen técnicamente diversos tipos de Auditoría: la financiera, la contable, la administrativa, la jurídica, la denominada SOx (Sabanes-Oxley)*, la forense, y otras más.

De acuerdo con el Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Forense es una rama de la auditoría que se orienta a la investigación, en entidades públicas o privadas, de actos consientes y voluntarios con los cuales se eluden normas legales, fiscales o principios contables generalmente aceptados, para obtener una ventaja o un beneficio doloso y/o ilícito, situación que ocurrió pues se ocultaron los registros contables y se manipularon de manera dolosa.

Entonces, la auditoría forense en un conjunto de técnicas específicas destinadas a identificar y valorar actos irregulares en documentos históricos de índole contable y financieros, con el propósito de evaluar los datos registrados en ellos y comparar su consistencia y congruencia sistémica. Por eso, la auditoría forense es reconocida internacionalmente con un instrumento vinculado al derecho, a la aplicación de la ley, a la rendición efectiva de cuentas y a la transparencia.

Una característica a destacar en la auditoría forense es el enfoque y alcance de su objetivo. Esto es, cubre el periodo total del tema a revisar; desde su origen hasta el último acto del mismo, a diferencia de la auditoría financiera que se aplica a periodos definidos, generalmente de un año.

Por lo antes expuesto someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Michoacán para que a través de la Auditoría Superior de Michoacán se realice una Auditoría Forense de la Cuenta “Cargos por Aplicar”, incorporada en la contabilidad del Gobierno de Michoacán de Ocampo durante el periodo 2003 a 2014.

Dado en el Senado de la República, el 31 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa.





 

De los Senadores Jesús Casillas Romero, Arturo Zamora Jiménez y José María Martínez Martínez, con punto de Acuerdo por el que se otorga un reconocimiento al Club de Futbol Atlas por sus 100 años de historia deportiva, social y cultural en el fútbol mexicano. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

Los suscritos, Senadores JESÚS CASILLAS ROMERO, ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ y JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo que otorga un reconocimiento al Club de Futbol Atlas, por sus 100 años de historia deportiva, social y cultural en el fútbol mexicano; al tenor de las siguiente.

CONSIDERACIONES

El próximo 15 de agosto, el Club Deportivo Atlas de Guadalajara cumple 100 años de vida e historia en el balompié mexicano. Desde su fundación, se ha distinguido por ser uno de los equipos con mayor número de aficionados en nuestro país, a pesar que sólo cuenta con 9 títulos, uno de Liga, 4 de Copa México y 4 Campeón de Campeones.

El equipo recibió su nombre en honor del titán de la mitología griega “Atlas”, ya que según comentó uno de sus fundadores, Juan José "Lico" Cortina, relata en un artículo escrito en 1936: “A mí me tocó bautizarlo con el nombre de Atlas, pues nuestro entusiasmo era tal que ya nos creíamos el sostén del mundo”. Los colores que lo identifican son el negro y el rojo por el mártir de San Lorenzo, patrono del Colegio Ampleforth -sitio donde estudiaron algunos de sus fundadores-. El negro simboliza al mártir y el rojo, la sangre derramada por él. Con base en estos colores, fue diseñada la casaca deportiva y el escudo; la famosa A del escudo del Atlas fue diseñada por el pintor y dibujante Carlos Stahl, quien sugirió la A blanca y como fondo el blasón rojinegro.

Hablar de Atlas referirse a una parte significativa de la identidad de Jalisco, de las pasiones y valores de su gente, el impacto de un deporte europeo que adquirió un sabor único al mezclarse con la festividad e intensidad latinoamericana.

Si se quiere conocer la historia del Atlas, hay que conocer la historia del México revolucionario, época en que inmigrantes europeos llegaban a iniciar una nueva vida en un país generoso y abierto para asimilar distintos rasgos culturales y transformarlos en propios. La ciudad de Guadalajara se convirtió en un sitio especialmente atractivo para los europeos recién llegados por su abundancia de recursos y entorno pacífico. Una de tantas familias que se asentó en la Perla de Occidente fue la de Manuel Cortina, procedente de Madrid y padre de dos hijos, el menor de ellos era Juan José, visionario de la idea que cambiaría para siempre el panorama cultural de la localidad. Juan José “Lico” Cortina, practicó la charrería y fue pionero entre los corredores de autos, pasó la mayor parte de su infancia estudiando en Inglaterra, donde su pasatiempo favorito era practicar un deporte, de reciente creación en esos días, que lo cautivó por completo: el fútbol.

Al morir su padre se vio obligado a tomar el control de las propiedades familiares en Guadalajara. La semilla emprendedora ya crecía en su interior al momento de regresar al país y enterarse de que varios jóvenes de importantes familias como los Fernández del Valle y los Orendain, también habían regresado de colegios ingleses donde practicaron este nuevo deporte, decidió reunirlos en un café del centro de la ciudad para desarrollar su providencial plan: la fundación de un club de fútbol con la disciplina, nivel y organización que había experimentado en sus viajes a Inglaterra. Las conversaciones generaron un revuelo tal en todos los asistentes que se pactó la creación del club y, Cortina consolidó así su propuesta que trascendería a su tiempo y a sus expectativas iniciales.

De forma casi inmediata se empezó a competir en contra de los otros equipos de la ciudad, como el Águila, Colón o Morelos, pero rápidamente se forjó una rivalidad que terminaría definiendo de forma significativa la identidad de Atlas: los juegos en contra del Guadalajara. El primer clásico tapatío del que se tiene registro, y que lo hace el más antiguo en el país, ocurrió en 1917.

Ubicado en el camino entre los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque, el Parque Paradero fue sede de los entrenamientos de Atlas desde 1918 hasta 1980. Este mítico campo fue testigo de los primeros títulos de la era amateur.

La década de los veinte trajo importantes eventos para Atlas, que ya se posicionaba como un popular protagonista del balompié en Jalisco. Al crecer el interés por la práctica del fútbol en Jalisco, los jugadores se sentían cada vez más limitados por la organización de pequeños campeonatos locales, hecho que coincidió con que la liga de la Ciudad de México buscó la incorporación de más equipos y, por su parte, los futbolistas buscaban mejores salarios y condiciones.

Al ser uno de los protagonistas en Jalisco, el Atlas no dudó en dar el salto hacia horizontes más amplios y unirse a la primera Liga Nacional de Fútbol Profesional que se fundó en 1943.

A partir de mediados de los años cuarenta, el estilo de juego del Atlas fue nombrado como “La Academia”. En 1950 llegaron los primeros roces internacionales y destacando el duelo ante el entonces subcampeón argentino RiverPlate, al que los Rojinegros derrotaron con un marcador a su favor de 3 a 2. La victoria les mereció que el mismo presidente de Argentina, Juan Domingo Perón, les entregó una réplica del sable del Libertador San Martín, reconociendo su talento.

La confianza del equipo dirigido por Eduardo “Ché” Valdatti subía a la par de su nivel y para 1950 ganaron su segunda Copa México y Campeón de Campeones; pero fue hasta 1951 que consiguieron su primer título en la Liga Mayor del Fútbol Profesional Mexicano.

Atlas, como institución, se ha distinguido desde el primer momento por tener una vocación pionera, ya sea en la creación de uniformes cuando nadie más los usaba, o bien, en la práctica de un fútbol técnico cuando se hacía de forma tosca y rudimentaria. Toda esta experiencia y pasión por la disciplina se vio reflejada en 1956 con la fundación de la primera escuela organizada de fútbol en México, con el propósito de formar integralmente a los jóvenes y hacer de ellos futbolistas responsables. Este plantel, ubicado dentro de las instalaciones del Paradero, además de enseñar los conceptos básicos del fútbol, impartía clases de ortografía, gramática y oratoria, entre otras.

Con el afán contar con un recinto digno, el directivo rojinegro, Alberto Alvo, presentó en 1954 el proyecto de un estadio apegado a la modernidad. Dos años después se iniciaron los trabajos en la colonia Independencia y en 1960 se inauguró, el “Monumental” Estadio Jalisco. Fueron los Rojinegros quienes jugaron el primer partido en su cancha ante San Lorenzo de Almagro y fue Alfredo “Pistache” Torres el primer jugador en poner un pie sobre su césped.

El primero de mayo de 1962, Atlas ganó su tercera Copa, al derrotar al Tampico con marcador de 1-0 jugando la final en la Ciudad de México. En 1967 la cuarta Copa México entraría a las vitrinas de la institución, siendo Veracruz el rival en la final. Los goles de José “Dumbo” Rodríguez y Jesús Delgado fueron los que sellaron la victoria por 2-1.

En los setenta Atlas apostó por jóvenes jugadores mexicanos bajo la dirección de Alfredo “Pistache” Torres. De esta generación destacó especialmente Ricardo “Astroboy” Chavarín, quien se convertiría en el goleador de los Zorros durante esta era, con sus 62 tantos vistiendo la camiseta rojinegra.

Para la década de los ochentas, Atlas pasó por una época de cambios administrativos con el objetivo de darle al equipo instalaciones modernas e inició un ambicioso plan para fortalecer a sus fuerzas básicas. Parte de esta reestructura incluyó la venta de los terrenos del Paradero. Fue así que en 1985 comenzó a trabajarse en el Centro de Capacitación de Fútbol (CECAF), piedra angular de los resultados tan positivos que tendría este rubro una década más tarde.

La última década del siglo XX significó una verdadera revolución propulsada por el trabajo de las fuerzas básicas. Para esto fue trascendental la llegada de Marcelo Bielsa en 1992 al frente de las divisiones menores. Jóvenes rojinegros como Jared Borgetti o Pável Pardo debutaron con un hambre insaciable por trascender al mostrar cualidades propias de jugadores de mayor edad y experiencia. En la segunda mitad de los noventa, la llegada de Ricardo Lavolpe, un entrenador con afinidad por debutar jugadores jóvenes, sería responsable de una generación que rompió todos los pronósticos y expectativas para un equipo basado en fuerzas básicas; sorprendiendo en el Torneo Verano 1999 al convertirse en un equipo ágil y explosivo que al mismo tiempo era ordenado en la defensa. Nombres como Rafael Márquez, Mario Méndez, Daniel Osorno, César Andrade y Juan Pablo Rodríguez eran acompañados por la experiencia de Hugo Norberto Castillo para integrar el equipo.

En una de las finales más dramáticas que se recuerden en la historia del fútbol mexicano, Atlas enfrentó a Toluca por el título de Liga. Los Rojinegros lucharon, primero con un vibrante empate a tres en el Estadio Jalisco y luego con otro empate a dos en la capital mexiquense. Todo se definió en la tanda de tiros penales donde Atlas obtuvo el subcampeonato.

En el 2000, aún dirigidos por Lavolpe, se presenta la oportunidad de disputar por primera vez una Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante del continente. Los Rojinegros enfrentaron en la fase de grupos a RiverPlate, Universidad de Chile y al Atlético Nacional de Colombia. Atlas se clasificó a la siguiente ronda como segundo lugar y avanzó hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por Palmeiras de Brasil. En 2008 vuelve a participar en Copa Libertadores, esta vez contra Boca Juniors de Argentina, ColoColo de Chile y Maracaibo de Venezuela.

Nuevamente se accedió a la ronda de cuartos de finalytras ubicarse como el tercer equipo del Apertura 2014, los Zorros regresaron en el 2015 al certamen continental y se ubicaron dentro del grupo 1, el cual compartieron junto a Atlético Mineiro, Independiente de Santa Fe y Colo-Colo de Chile, sumando seis puntos y llegando sólo hasta la segunda fase del torneo.

Es así que, no obstante sus vicisitudes, Atlas continuará como uno de los equipos de mayor tradición y arraigo en el país, con futuras miras a responder con resultados al apoyo inigualable de la afición de México, “La Fiel”.

En este verano del 2016, Atlas cumple 100 años de historia, donde ha tenido tropiezos y errores, que incluso le costaron perder la categoría de Primera División, pero como buen ejemplo y siguiendo las enseñanzas de sus fundadores, se ha repuesto y pretende salir adelante.

Por todo ello, es importante y justo reconocer, el esfuerzo de un siglo para proyectar al equipo Atlas en México y en el extranjero, como parte de su trayectoria deportiva y que hoy constituye parte de la historia de futbol de México.

En cien años de existencia, este equipo no solamente ha generado futbol, como lo rige su lema “Atlas es familia, cultura y deporte”: esta institución, fue el primer equipo de este país en contar con un Club Social y Cultural, como lo fue el Paradero, el Chapalita, Colomod y Atlas Country Club, donde hoy se encuentra el Centro de Capacitación de Futbol (CECAF) para fomentar la unión social y familiar.  Además, año con año realiza el Medio Maratón Atlas, evento de mayor trascendencia y que está catalogado como uno de los mejores eventos a nivel nacional, gracias a su excelente organización y ambiente, donde se logra un recorrido de 21 Kilómetros sobre las avenidas más importantes de Guadalajara, con una asistencia de más 30 mil personas entre corredores, acompañantes, voluntarios, protección vial, espectadores y patrocinadores.

Por dichas razones, al tratarse de uno de los equipos con mayor historia, tradición y popularidad, la propuesta en concreto sería el hacerle un reconocimiento al Club de Futbol Atlas, por sus 100 años de historia deportiva, social y cultural, al tenor del siguiente punto concreto de…

ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República otorga reconocimiento al Club de Futbol Atlas, por sus 100 años de historia deportiva, social y cultural, en el fútbol mexicano.

Dado en la Ciudad de México, el 31 de marzo de 2016.

Suscriben

Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Arturo Zamora Jiménez
Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador José María Martínez Martínez, a nombre del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Jalisco, al Fiscal General del estado, al presidente municipal de Guadalajara y al presidente municipal de Zapopan a llevar a cabo mesas de trabajo con las autoridades federales en materia de seguridad, con la finalidad de analizar y, en su caso, implementar una nueva estrategia para el combate a la inseguridad, en virtud de los lamentables hechos de violencia que se viven en esa entidad. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 95, 109, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL, EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO, JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ, AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, EDUARDO ALMAGUER RAMÍREZ, AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA, ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOPAN, PABLO LEMUS NAVARRO, A LLEVAR A CABO MESAS DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES FEDERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD, CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR, Y EN SU CASO, IMPLEMENTAR UNA NUEVA ESTRATEGIA PARA EL COMBATE A LA INSEGURIDAD, EN VIRTUD DE LOS LAMENTABLES HECHOS DE VIOLENCIA QUE SE VIVEN EN ESTA ENTIDAD:

CONSIDERACIONES

La violencia que vive el Estado de Jalisco en los últimos años se ha convertido en un tema de trascendencia nacional. La Entidad más representativa de la mexicanidad, que abraza importantes elementos de identidad que nos dan color en el mundo, se encuentra hoy en una severa crisis de inseguridad que ha opacado sus elementos culturales del mariachi, el tequila, la charrería, así como sus destacados deportistas que triunfan a nivel internacional y a sus mujeres que ganan concursos de belleza a nivel mundial.

Hoy, lamentablemente Jalisco es nota por la cantidad de funcionarios públicos asesinados, emboscadas y homicidios de sus policías, el derribo de un helicóptero del gobierno federal, por el fortalecimiento de un cártel de la droga oriundo de la entidad, el aumento del robo con violencia, el cobro de derecho de piso, los secuestros y en los últimos meses, la desaparición y levantamiento de mujeres.

Cabe destacar que en esta legislatura he presentado dos puntos de acuerdo solicitando la intervención de la Federación para restablecer la paz y seguridad en el Estado, sin embargo, ninguno de ellos ha logrado generar un pronunciamiento determinante por parte del Senado de la República.

Continuar evadiendo el tema nos convierte en cómplices o culpables por omisión. Pues mientras aquí siguen pasando los días y las sesiones, en Jalisco sigue incrementando las víctimas de robo de autos con violencia, que en el primer bimestre de este año tuvo un incremento del 22.5% con respecto al año anterior colocando al Estado en el tercer lugar nacional en dicho delito.

Así también siguen incrementándose el asesinato de funcionarios públicos en la entidad que ya rebasan los 125 ejecutados en el presente sexenio, incluidos Secretarios de Estado, un Delegado Estatal y un Diputado Federal. Existe un temor generalizado ante el alza de la ola de secuestros y las extorsiones en la modalidad de cobro de derecho de piso que llevan a cabo integrantes de grupos delincuenciales.

Otros delitos que se han incrementado considerablemente son el robo a cuentahabientes llamados comúnmente “Conejeros”, donde semana a semana se registran aumento en las cifras de este delito; así también el robo a transeúntes por ladrones a bordo de motocicletas, que una vez realizado el atraco se dan a la huida logrando escapar casi siempre sin que puedan ser detenidos, esta modalidad llamada popularmente “Moto ratones”.

Sin embargo, una de las manifestaciones de inseguridad que nos tiene más preocupados a los Jaliscienses es el incremento impresionante de la desaparición y levantamientos de mujeres, que en muchos casos son violadas y asesinadas, en otros para la extracción y tráfico de órganos; y en otros casos para el delito de trata de blancas. Esta situación ha llevado al Gobernador del Estado de Jalisco a declarar una alerta de género a nivel local en 8 municipios de la entidad el pasado 08 de febrero. Sin embargo, a un mes de tal declaratoria, no se han visto los resultados y sigue el delito en aumento. La respuesta de las autoridades a la gran cantidad de denuncias y publicaciones que solicitan la búsqueda de una desaparecida en redes sociales, fue una lamentable descalificación. Tanto el Gobernador de Jalisco como el Presidente Municipal de Guadalajara salieron a expresar que se trataban de perfiles falsos que buscaban generar caos en la ciudadanía. La respuesta a estas descalificaciones no se hizo esperar y cientos de voces se alzaron para contestar que no eran perfiles falsos y que la desaparición de las mujeres en Jalisco es una realidad.

En días pasados, algunos medios de comunicación de circulación nacional fueron categóricos al señalar que los demonios de Ciudad Juárez se habían traslado a Jalisco al triplicarse el número de feminicidios en los últimos tres años. Hoy no creo que sólo los demonios de Ciudad Juárez se han ido a Jalisco, también los que en su momento habitaban Sinaloa, Zacatecas y Michoacán que han convertido al estado más mexicano en un verdadero infierno.

Por eso, vengo a esta tribuna con sentimientos encontrados respecto al estado que represento, debido a que por una parte, en lo que va del primer bimestre de este año se ha incrementado en Jalisco de forma alarmante el robo de autos con violencia. Porque los jaliscienses seguimos viendo con mucha preocupación el aumento de desapariciones, en particular de mujeres, porque los jaliscienses seguimos viendo la inanición de las autoridades ante la fallida estrategia de combate a la inseguridad. Hace un par de semanas el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Fernando Topete, pidió al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, que redujera la inseguridad. Durante la toma de protesta del consejo directivo que encabezará dicha cámara en 2016 y 2017, el empresario resaltó que la sociedad no debe acostumbrarse a las actividades criminales del robo, el secuestro y el asesinato.

Por el otra parte, se anuncia en medio de festejos gubernamentales la realización del Tianguis Turístico Guadalajara 2016. Sin duda una buena noticia para los jaliscienses, pero no en medio del devastador panorama que envuelve a diversas ciudades de la entidad, en particular los denominados Pueblos Mágicos.

Lagos de Moreno, uno de los destinos turísticos más importantes del estado, que integra el grupo de 7 Pueblos Mágicos con los que cuenta Jalisco, es hoy un punto de inseguridad alarmante, encabeza la lista de homicidios y denuncias por diversos delitos ante el Ministerio Público. Datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses revelan que en 2015 se registraron 22 homicidios dolosos, esto es, 1.83 homicidios por mes, lo que representó, según información difundida por el diario Milenio, un promedio de 14 homicidios por cada 100 mil habitantes, cifra que supera la media nacional que es de 13. En lo que va del año se han registrado 14 homicidios, lo que representa un promedio de 4.6 asesinatos por mes, esto supera lo promediado en 2015.

Todo lo anterior pone de manifiesto la incapacidad de las autoridades estatales y municipales para combatir la inseguridad, pues en un año de gestión, sólo ha cambiado una cosa, el escenario político. Los jaliscienses seguimos pagando caro los costos de caprichos y pago de compromisos políticos en que se han convertido los nombramientos de personajes relacionados con la política local, al frente de la seguridad pública de la Ciudad de Guadalajara y del Estado mismo, en lugar de acudir a perfiles especializados en el combate a la inseguridad. No podemos esperar resultados positivos de parte de un Fiscal General del Estado y de un Comisario de la Policía Preventiva Municipal de Guadalajara, que están más comprometidos con su imagen pública y su futuro político, que con la seguridad de los jaliscienses.

Compañeros senadores, la seguridad pública en Jalisco y en todo el país no es un tema menor, y lo saben. La intervención de la Federación es cada vez más apremiante y el tiempo se vuelve más valioso cada segundo para evitar que siga creciendo el número de víctimas. Sin embargo, ante la negativa de las autoridades locales de aceptar su incapacidad, por un tema de imagen pública y político electoral, es que seguimos viendo cómo se apodera la delincuencia de las calles de la Entidad. Por ello, debe ser la Cámara de Senadores, en su calidad de representante del Pacto Federal, quien genere las condiciones y canales de comunicación para que exista una adecuada coordinación entre las fuerzas encargadas de restablecer el orden y la paz en el país.

Es necesario reconocer, compañeros senadores, que el Estado mexicano está en deuda con miles de familias a las que no les ha podido garantizar la paz y la seguridad a la que tienen derecho como ciudadanos. Incluso, es necesario señalar que la deuda es mayor aún, con las familias de los elementos de seguridad pública, que en el ejercicio de su deber, de ese deber que tiene como principal objetivo garantizar la paz social, han perdido la vida.

Es por ello que considero que el Senado de la República debe solidarizarse con las familias jaliscienses que han sufrido por las consecuencias de una estrategia fallida en el combate a la violencia y a la inseguridad. Por tanto, debemos devolverles la paz y la tranquilidad, sobre todo a esas mujeres que todos los días amanecen con la preocupación al salir de su casa si van a regresar a ella. Regresemos la seguridad a un estado que siempre ha estado orgulloso y ha sido reconocido por sus mujeres, mujeres que hoy sufren una alarmante violencia de género.

Por lo anteriormente expuesto proponemos ante esta Honorable Asamblea las siguientes proposiciones con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República expresa su más amplia solidaridad con las familias jaliscienses que han sufrido las consecuencias de la estrategia fallida en el combate a la violencia y la inseguridad en el Estado de Jalisco.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Gobernación a través de la Gendarmería Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, a establecer e implementar las medidas necesarias, en coordinación con el Gobierno del Estado de Jalisco y los municipios metropolitanos de Guadalajara y Zapopan para restablecer y garantizar la paz y seguridad de los jaliscienses.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Gobernador del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, al Fiscal General del Estado, Eduardo Almaguer Ramírez, al Presidente Municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez y al Presidente Municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, a llevar a cabo mesas de trabajo con las autoridades federales referidas en el punto de acuerdo que antecede con la finalidad de revisar y en su caso, implementar una nueva estrategia para el combate a la violencia e inseguridad.

CUARTO.- El Senado de la República exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez González a llevar a cabo las acciones necesarias para que desde el orden federal, se emita la alerta de género ante el incremento de los feminicidios y la violencia contra la mujer en la entidad, con el objetivo de prevenir y combatir dichos delitos.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, el 31 de marzo de 2016.

Suscribe

Sen. José María Martínez Martínez.





 

Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a enviar un informe sobre los resultados obtenidos del Programa de Modernización del Autotransporte Federal de Carga y Pasaje y lleve a cabo una campaña de apoyo al sector del autotransporte, para renovar el parque vehicular nacional. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Los senadores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El transporte de carga terrestre, también llamado autotransporte, es un elemento esencial e integral de una economía industrializada moderna. En México, el autotransporte federal participa con el 5.9% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera alrededor de 2 millones de empleos directos.

Este medio mueve al 81% de la carga terrestre y al 56% de la carga nacional; además, transporta al 97% del total nacional de los pasajeros.1 A pesar de lo anterior, uno de los problemas que afectan a este sector es el relacionado con la edad promedio de sus unidades, en países como Estados Unidos la media nacional es de 5 años, en Francia 7 años, en Brasil 13 años y en México 17 años, razón que incide directamente en la productividad y genera otra serie de problemáticas, por ejemplo, la contaminación.

En el 2011, el sector transporte contribuyó con el 47% del consumo final de energía, el autotransporte generó el 91% de las emisiones totales de bióxido de carbono, los vehículos mayores a 20 años (o pre-tecnología EURO) son responsables de un desproporcionado consumo de energía y por lo tanto de emisiones contaminantes. Esta situación toma relevancia a raíz de los compromisos firmados por México en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y ratificados en la Segunda Cumbre Mundial de Legisladores Globe México, para reducir el 50% de emisiones contaminantes para el año 2050.

Aunado a lo anterior, en México existen poco más de 395 mil unidades motrices de carga; de acuerdo a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), el 97% de las empresas cuentan sólo con una flota vehicular entre 1 y 5 unidades.

El sector en nuestro país se encuentra muy fragmentado, según información del Instituto Mexicano del Transporte de la SCT,  hay una gran cantidad de pequeños proveedores de servicios de transporte de carga que convive con grandes empresas de gran capacidad. Los pequeños prestan el servicio en distancias cortas y áreas geográficas determinadas; además de abarcar a pequeñas empresas incluyen a los servicios de “hombre-camión”  (operadores que manejan su propio transporte).

Por otro lado, las grandes empresas que cuentan con un número considerable de unidades usan carreteras de cuota, prestando servicios especializados (camiones refrigerados, contenedores, unidades especiales para traslado de materiales y residuos peligrosos) más rápidos y de mayor calidad, con precios más altos.

Según información de la American Trucking Association, en Estados Unidos existe un gran número de empresas especializadas, con más de 10 mil unidades en operación cada una, situación que las convierte en altamente competitivas en relación con nuestro sector de autotransporte nacional.

Esta situación es de la mayor importancia al considerar que compartimos con los Estados Unidos 3 mil 185 kilómetros de nuestra frontera norte y que es nuestro principal socio comercial.

Es necesario reconocer que el Gobierno Federal está llevando a cabo un programa carretero ambicioso. En lo que va de este sexenio, se han invertido alrededor de 100 mil millones de pesos de recursos públicos en infraestructura carretera, con lo que se ha podido construir o modernizar más de 30  mil kilómetros de caminos, carreteras, autopistas y puentes, además de seguir impulsando el Programa de Modernización del Autotransporte Federal de Carga y Pasaje, con importantes resultados, que necesitan ser evaluados y reimpulsados con objetivo de darles mayor celeridad y por lo tanto se obtengan mejores resultados.

Es en base a estas consideraciones que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que informe a esta Soberanía los resultados históricos obtenidos del Programa de Modernización del Autotransporte Federal de Carga y Pasaje.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que en ejercicio de sus facultades lleve a cabo un reforzamiento del  Programa de Modernización del Autotransporte Federal de Carga y Pasaje con objeto de darle celeridad a la modernización del transporte de carga en México.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 31 de mazo de 2016.

Atentamente.

Grupo Parlamentario del PRI.

1http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/EST_BASICA/EST_BASICA_2013/Estadistica_Basica_del_Autotransporte_Federal_2013.pdf




 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Comisión Nacional del Agua, a fin de que explique la situación que guardan las presas de todo el país y principalmente las presas que se encuentran en el estado de Nuevo León, para aclarar si es necesario el proyecto hidráulico “Monterrey VI”; asimismo, exponga cuáles son los avances en la iniciativa de la nueva Ley General de Aguas. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, EN EL QUE SE SOLICITA LACOMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS DE LA H. CÁMARA DE SENADORES DEL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA -ROBERTO RAMÍREZ DE LA PARRA- CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN DE TRABAJO A FIN DE EXPLICAR A ESTA SOBERANÍA LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LAS PRESAS DE TODO EL PAÍS Y PRINCIPALMENTE LAS PRESAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA DE ESTA FORMA ACLARAR SI ES NECESARIO EL PROYECTO HIDRÁULICO “MONTERREY VI” . ASIMISMO EXPONGA CUÁLES SON LOS AVANCES EN LA INICIATIVA DE LA NUEVA LEY GENERAL DE AGUAS.

ANTECEDENTES

1. En México, existen más de 4,462 presas, de las cuales 667 están clasificadas como grandes presas, de acuerdo con la definición de la Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD, por sus siglas en inglés).

2. La capacidad de almacenamiento de las presas del país es de aproximadamente 150 mil millones de metros cúbicos. El volumen almacenado en 98 de las principales presas en el año 2010 es de aproximadamente 106 mil millones de m3. Este volumen depende de la precipitación y los escurrimientos en las distintas regiones del país. Son 116 presas principales las que representan casi el 79% de la capacidad total de almacenamiento del país.1 (Agua, 2016)

3. La Ley de Aguas Nacionales establece que entre los bienes propiedad de la Nación a cargo de la CONAGUA  se encuentran las presas, las cuales reciben mantenimiento de los operadores y en donde CONAGA se limita a vigilar y a medir su capacidad de cada una de las presas. Lo anterior es sin dudad una tarea que debe ser supervisada de manera adecuada y que exista un monitoreo constante sobre el nivel de agua que guardan las presas en todo el territorio Nacional, para evitar riesgos a las poblaciones y al medio ambiente.

4. Para tener un control de las presas en México es necesario contar con mecanismos tecnológicos adecuados en todos los órganos operadores para mantener el control de las presas tanto en su nivel como en las compuertas que desfogan el agua que almacenan. De lo contario podrían presentarse situaciones riesgosas que podrían derivar en costosos desastres para las poblaciones.

5. El pasado 5 de noviembre de 2015, compareció ante los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la H. Cámara de Senadores, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra, en dicha comparecencia el titular de la CONAGUA menciono que: “estaría abierto a discutir el proyecto de ley antes de presentarlo, ya que incluirá algo que no se había hecho: regular cada uno de los usos del agua, y se ha buscado el consenso de agricultores y organismos operadores”. Lo anterior muestra la apertura del director de reunirse con los integrantes de dicha comisión para explicar y exponer cualquier duda o aclaración sobre el proyecto de la nueva ley general de aguas.

CONSIDERANDOS

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

II. Es de suma importancia conocer cuál es la situación actual que guardan todas las presas en el país, pero principalmente las presas que bastecen agua a la zona metropolitana de Monterrey, para de esta forma tener la certeza de saber si existe la necesidad de construir un acueducto como el Monterrey VI que mediante el trasvase de agua traslade el vital líquido del río Tampaón, afluente del río Pánuco, en San Luis Potosí, hasta la presa Cerro Prieto.

III. La nueva Ley General de Aguas debe ser un proyecto que incluya todas las voces interesadas en este tema y por ende que dé respuesta a la necesidad de agua de todos los Mexicanos con mecanismo jurídicos adecuados que den certeza y garantía de que se tendrá garantizado el derecho humano al agua mediante este nuevo ordenamiento jurídico el cual debe estar armonizado al artículo 4 Constitucional. Por lo anterior es necesario conocer los detalles y avances de este nuevo proyecto de ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con:


PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, solicita la comparecencia ante la Comisión de Recursos Hidráulicos del titular de la Comisión Nacional del Agua -Roberto Ramírez de la Parra- con el objetivo de explicar a esta soberanía la situación que guardan las presas de todo el país y principalmente las presas que se encuentran en el Estado de Nuevo León, para de esta forma aclarar si es necesario el proyecto hidráulico “Monterrey VI”. Asimismo explique ante esta comisión cuáles son los avances en la iniciativa de la nueva Ley General de Aguas.

SEGUNDO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, hace una atenta invitación al Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey -Ing. Enrique Torres Elizondo- para que asista a esta soberanía a fin de exponer la situación actual de las presas que se encuentran en el Estado de Nuevo León.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 31 de marzo de 2016.

Sen. Raúl Gracia Guzmán.

1Atlas Digital del Agua México 2012 Sistema Nacional de Información del Agua en: http://www.conagua.gob.mx/atlas/usosdelagua33.html#. Revisión hecha el 30 de marzo de 2016.




 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Jamaica. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA Y JUAN CARLOS ROMERO HICKS, Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR EL 50 ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE MÉXICO Y JAMAICA, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El acercamiento entre México y Jamaica se dio inicialmente por razones geográficas, sin embargo, fue adquiriendo particular importancia gracias a la estrategia de acceso a los países del Caribe anglófono a través del liderazgo de Jamaica en la región. México y Jamaica establecieron relaciones diplomáticas el 18 de marzo de 1966 a nivel de embajadas, a petición formal del Gobierno de Jamaica, cuatro años después de que este país obtuviera su independencia del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Actualmente, ambos países coinciden en organismos internacionales como la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y en la Asociación de Estados del Caribe (AEC); además, comparten una importante trayectoria diplomática en la promoción de ideales comunes de derecho internacional que han guiado la conducción de su política exterior.

De acuerdo a datos de la Secretaria de Economía, para 2015 la balanza comercial entre los 2 países fue superavitaria para nuestro por país el monto de  122 millones 518 mil dólares, pues México exportó un total de 126 millones 288 mil dólares e importó de Jamaica la cantidad total de 3 millones 770 mil dólares. Entre los principales productos exportados por México a la isla se encuentran: Petróleo, electrodomésticos, productos de limpieza, medicamentos envasados, automóviles, productos minerales, etc. Por su parte las exportaciones de Jamaica hacia nuestro país se concentran principalmente en:

Licores, motores, papel reciclado, joyería, productos minerales, productos de la industria del transporte, etc.

En las áreas de inversión y comercio, la vecindad entre México y Jamaica constituye un factor de extraordinario potencial para el intercambio. Las perspectivas para los futuros intercambios entre México y Jamaica fomentarán crecientes vínculos en varios sectores. Jamaica está situada en el Caribe, una de las regiones con mejores expectativas de crecimiento.


CONSIDERACIONES

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

3. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X, que es facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República se congratula por el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Jamaica, y hace votos para que se fortalezca la cooperación entre ambos países y se traduzca en desarrollo para sus pueblos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 31 de marzo de 2016.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.





 

De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, María del Pilar Ortega Martínez, Sonia Mendoza Díaz, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Héctor David Flores Ávalos, Juan Carlos Romero Hicks, Alejandro Encinas Rodríguez, Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Zoé Robledo Aburto y Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a informar las acciones realizadas a un año de que el Senado de la República designara al titular de dicha institución. Se turna a la Comisión de Justicia.







 

Asimismo, las efemérides inscritas en la agenda del día de hoy se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI, sobre el 102 aniversario del natalicio de Octavio Paz.







 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, en torno al “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”.

“Ayúdame a comprender mi entorno. Organiza mi mundo y facilítame que anticipe lo que va a suceder. Dame orden, estructura y no caos”

El autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de edad. Afecta la forma en que una persona interpreta todo su entorno, lo que ve, oye y toca, dificulta su comprensión, el uso del lenguaje, las relaciones sociales, la imaginación y el juego.

Aún no se sabe cuáles son las causas del autismo, y tampoco se tiene certeza si es curable o no, solo se sabe que existen nuevos tratamientos, que a veces son solo esperanzas de conseguir la tan ansiada cura.

Entre más temprano sea el diagnóstico y se apliquen programas enfocados al desarrollo cognitivo, de comunicación y socialización, podrán tener una mejora en su entorno y en su crecimiento.

La tasa del autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene un terrible impacto en los niños, sus familias, las comunidades y la sociedad.

Se estima que uno de cada 88 niños mexicanos es autista, sin embargo México está en pañales en el autismo porque no hay estudios que arrojen cifras reales de las personas que padecen el trastorno, incluyendo el Asperger.

Una persona con autismo puede ser tímida o extrovertida, tranquila o inquieta, puede gustarle la música o los deportes. Las personas con autismo son inteligente y pueden llegar a ser independientes.

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como el "Día Mundial de Concientización sobre el Autismo", con el fin de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos que sufren este trastorno.

El día internacional del autismo tiene como objetivos fomentar una sociedad más consiente, enfatizar los talentos de las personas con autismo y velar por que haya oportunidades para que puedan desarrollar su potencial.

Los niños con autismo tienen derecho a una oportuna detección del síndrome, tienen derecho a un tratamiento especializado en las áreas de estimulación temprana en todos los hospitales y centros de salud, tienen derecho a terapias especializadas, tienen derecho a la educación en cualquier centro educativo, sin que exista el pretexto alguno. Tienen derecho a ser tratados como cualquier otro niño sin discriminación, a jugar a ingresar a cualquier establecimiento aunque a veces sus ruidos extraños incomoden a la gente.

Tienen derecho a ser respetados como cualquier otro niño, a ser escuchados aunque no puedan hablar, a respetar sus sentimientos y emociones. Tienen derecho a ser felices, a vivir con sus padres cerca, a recibir amor y paciencia, a disfrutar de la vida como cualquier otro niño.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 31 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Sonia Rocha Acosta.





 

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, en torno al “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”.

El trastorno del espectro autista (ASD) es una gama de trastornos complejos que afectan el neurodesarrollo del ser humano, determinándolo a una serie de impedimentos sociales, problemas de comunicación, así como patrones de conducta estereotípicos, restringidos y repetitivos.  

Dentro del espectro autista, el autismo o ASD clásico es la forma más grave de ASD, en comparación con el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett, el trastorno de desintegración infantil y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado (generalmente conocido como PDD-NOS). 

El espectro autista se manifiesta en los tres primeros años de edad, afectando principalmente a las niñas y niños de todo el mundo, con independencia de su sexo, raza o condición socioeconómica.

Este padecimiento integra la lista de retos que debemos enfrentar, debido a que aún se desconocen las causas que lo generan y que hasta el momento no existe cura, prevaleciendo durante toda la vida de la persona afectada.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que 1 de cada 160 niños en el mundo padece desordenes del espectro autista, la cual representa un promedio estimado, ya que la prevalencia deriva sustancialmente de diversos estudios, ya que algunos reportan cifras más altas, mientras que  en  países de ingresos medios y bajos se desconoce.

Con base en los estudios epidemiológicos de los últimos 50 años, el predominio del espectro autista parece estar aumentando a nivel global.

En México, el autismo se presenta en 1 de cada 300 niños, teniendo en promedio 6 mil nuevos casos cada año y afectando cuatro veces más a los niños que a las niñas.

De la niñez mexicana en condición del espectro autista, el 40 por ciento que reciben atención médica oportuna, logran incluirse satisfactoriamente a la educación regular con ciertas complicaciones en su aprendizaje, donde en ocasiones sufren burlas y maltrato, convirtiéndose en una situación por demás preocupante ante un contexto donde el llamado “bullying” se hace cada vez más fuerte en el ámbito escolar.

Para atender esta situación, el Congreso de la Unión aprobamos recientemente la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2015.

Dicho ordenamiento tiene por objeto impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad delas personas con la condición del espectro autista, mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales que les son reconocidos en la Constitución, los tratados internacionales y otras leyes u ordenamientos en la materia.

Por su parte, el Estado de México ha realizado esfuerzos importantes en materia de atención del espectro autista. En marzo de 2012, el gobernador Doctor Eruviel Ávila Villegas, sensible de las necesidades de estos pacientes y sus familias, impulso un proyecto destinado para los niños que sufren de este padecimiento, becándolos en el primer Centro de Autismo Teletón (CAT), el cual fue construido en Ecatepec y abrió sus puertas en febrero de 2013, donde hasta finales del 2015 se duplico la capacidad de atención.

Cabe mencionar que en el ámbito internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el objeto de que las naciones redoblemos esfuerzos para brindar y/o en su caso, mejorar la calidad de vida de los niños y adultos autistas.

En este orden de ideas, exhortamos a las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno en el ámbito de sus competencias, para que actuemos de manera sensible ante las necesidades de estos pacientes y sus familias, e implementemos efectivamente la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.

Desde nuestra bancada, el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México,  hacemos un llamado para que sigamos avante en las medidas necesarias para lograr una atención integral del espectro autista en todo el país.

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el 31 de marzo de 2016.

Sen. María Elena Barrera Tapia.

Partido Verde Ecologista de México





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, en torno al “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”.

“Las personas con autismo poseen naturalmente una amplia gama de competencias y manifiestan diversas esferas de interés, pero todas ellas comparten la capacidad de hacer de nuestro mundo un mundo mejor”

Mensaje del Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon
con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

El trastorno del espectro autista  es una condición neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior.

No hablamos de una cuestión de salud física propiamente dicha, pero si afecta su salud social y el aprendizaje por así decirlo, normal.

Esta problemática se extiende a lo largo de la vida de la persona, desde la niñez a la vida adulta, desde el ámbito educativo al laboral, la brecha que esta exclusión genera puede ser muy difícil de salvar y crea un desamparo sostenido a la persona y una sensación de soledad y abandono. Tan es así, que de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, se calcula que más del 80% de los adultos con autismo están desempleados.

De acuerdo con informes de esta misma organización, los empleadores están dejando escapar capacidades que se presentan de forma más habitual entre personas con espectro autista que entre los trabajadores “neurotípicos”, como una mayor competencia en el patrón de reconocimiento y en el razonamiento lógico, así como una mayor atención al detalle. Así, lamentablemente estas personas se enfrentan a una escasez de  formación profesional, un apoyo insuficiente a la inserción laboral y una discriminación generalizada.

Por ello, muy oportuno que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por el día2 de abril como “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo” para poner de relieve la necesidad de mejorar la calidad de vida de los niños y adultos autistas para que puedan tener una vida plena y digna.

Ahora la conciencia pública está cambiando respecto a la situación de las personas con espectro autista, y este día, pretende continuar con ese objetivo y promover una mayor comprensión, el empoderamiento a los padres para tratar de acceder a terapias de intervención temprana y un llamamiento a la plena integración social de las personas con autismo.

Es un día propicio para reflexionar sobre la importancia de la comprensión e inclusión de estas personas, de participar y promover activamente que sus carencias en los aspectos de comunicación y manejo social no los aíslen de la sociedad, por el contrario, buscar su constante mejoramiento, la consecución de la igualdad de oportunidades, su desarrollo y satisfacción plena y permitirnos como sociedad, la oportunidad de aprovechar su potencial.

Por ello, en el marco de la conmemoración del “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”, un reconocimiento muy especial a todas aquellas personas con espectro autista, a su esfuerzo y al de sus familias por apoyarles a salir adelante.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 31 de marzo de 2016.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, en torno al “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”.







 

Del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo”.

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo, observado el 2 de abril.

El próximo 2 de abril se conmemora la primera edición del “Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo”. Es una fecha que se encuentra en concordancia con el “Día Mundial de Concientización sobre el Autismo”, observado desde el año 2008.

Es una fecha que busca fortalecer y fomentar la concientización sobre este padecimiento a nivel nacional, además, de colocar en la agenda pública la situación que enfrentan miles de personas y la instrumentación de nuevas políticas públicas integradoras.

Este día resulta idóneo para llevar a cabo una profunda y sincera reflexión en relación a las causas, prevención, atención y consecuencias del autismo, enfatizando en que no podemos ser indiferentes ante las repercusiones que produce esta enfermedad que por sus características es de difícil diagnóstico.

La Organización Mundial de la Salud, señala que los trastornos del espectro autista (autismo, el trastorno desintegrador infantil y el síndrome de Asperger) comprenden diversos problemas del desarrollo caracterizados por el deterioro de funciones relacionadas con la maduración del sistema nervioso central.

Especialistas refieren que aunque en la mayoría de las ocasiones surge a partir de cambios o mutaciones en los genes, no todos los genes involucrados en su desarrollo han sido identificados.

Sin embargo, cabe destacar que dichos trastornos se caracterizan por las dificultades en la interacción social y la comunicación, y por el repertorio restringido y repetitivo de intereses y actividades.

Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, a nivel mundial más del 80% de los adultos con autismo se encuentran desempleados. El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas establece que la tasa de prevalencia media es de 62 casos por cada 10 mil individuos, lo que equivale a 1 niño por cada 160.

En cuanto a su identificación, el propio organismo refiere que es difícil que se lleve a cabo durante los primeros 12 meses de vida y que de forma general, un diagnóstico más fiable se puede realizar a los 2 años de edad.

Por lo que respecta al panorama nacional, se estima que la cifra de prevalencia asciende a 1 de cada 115 niños, lo que equivale a menos del 1% de este sector poblacional (alrededor de 400 mil infantes); un aspecto que preocupa es que la mayoría de los casos fueron detectados en escuelas regulares, es decir, nunca habían sido diagnosticados.

Las cifras dejan de manifiesto grandes retos, entre los que destacan la escasez de formación profesional, un apoyo insuficiente para la inserción laboral y una discriminación generalizada, lo que en gran medida ocurre porque el autismo no es comprendido adecuadamente.

Las personas con autismo, frecuentemente son excluidas y estigmatizadas, situación que además de ser lamentable e injustificable, representa una evidente violación a sus derechos humanos y el desaprovechamiento de su gran potencial humano en virtud de que las personas con autismo poseen vastas competencias y capacidades.

Bajo esta tesitura, en el marco de esta conmemoración, hacemos el llamado a terminar con todo tipo de prácticas de exclusión basadas en el desconocimiento, es fundamental que desde esta Soberanía impulsemos y coadyuvemos con el pleno desarrollo de toda la población.

En el Grupo Parlamentario del PRI, reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de los derechos de las personas con autismo, así como su plena participación e inclusión dentro de la sociedad para que puedan contribuir a crear un futuro de dignidad y oportunidad para todos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 31 de marzo de 2016.





 

De la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, en torno al “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”.







 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo martes 5 de abril a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:40 horas)

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