Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Viernes 23 de junio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 19

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 30 de Marzo de 2016

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

APERTURA

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: (12:04 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los Senadores.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 97 ciudadanas y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se abre la sesión del miércoles 30 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS.

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

 

En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y nueve minutos del día martes veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, encontrándose presentes ochenta y ocho ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del diecisiete de marzo de dos mil dieciséis.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión de Desarrollo Rural, informe de actividades, correspondiente a la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que informa que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 30 de marzo al 2 de abril de 2016, con objeto de participar en la Cuarta Cumbre de Seguridad Nuclear (CSN), a celebrarse en Washington, D.C., del 31 de marzo al 1 de abril del año en curso.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, oficio con el que remite el documento denominado Pronunciamiento sobre la Supervisión Penitenciaria.- Se remitió a las Comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad Pública.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

El Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre propio y de los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de  Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de las fracciones II del artículo 76 y VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de los Senadores José de Jesús Santana García, Luis Humberto Fernández Fuentes, Luz María Beristáin Navarrete, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Alejandra Roldán Benítez, Fidel Demédicis Hidalgo y Fernando Mayans Canabal, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Cultura.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Diva Gastélum Bajo, a nombre propio y de los Senadores Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz Salzar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 12 Bis a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 215 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 232 y se adiciona un numeral 2 al artículo 233 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y se adiciona el numeral 6 al artículo 3, así como los artículos 44 Bis y 44 Ter a la Ley General de Partidos Políticos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Martha Tagle Martínez, a nombre propio y de los Senadores Dolores Padierna Luna, Layda Sansores San Román y Alejandro Encinas Rodríguez, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 55 del Código Civil Federal.- Para presentar el dictamen, hizo uso de la palabra la Senadora Martha Elena García Gómez, por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

PRESIDE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

En la discusión intervinieron los Senadores: Carmen Dorantes Martínez del PRI, a favor; Verónica González Rodríguez del PRD, a favor; y Zoé Robledo Aburto del PRD, a favor. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Graciela Ortiz González se integraría al Diario de los Debates. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 84 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 19 de noviembre de cada año, “Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil”.- Para presentar el dictamen, hizo uso de la palabra la Senadora Martha Elena García Gómez, por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. En la discusión intervinieron las Senadoras: Hilda Esthela Flores Escalera del PRI, a favor; y Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI, a favor. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Graciela Ortiz González se integraría al Diario de los Debates. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 90 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XLII, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Para presentar el dictamen, hizo uso de la palabra la Senadora Martha Elena García Gómez, por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. En la discusión intervinieron las Senadoras: Angélica Araujo Lara del PRI, a favor; y Luisa María Calderón Hinojosa del PAN, a favor. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Graciela Ortiz González se integraría al Diario de los Debates. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 89 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

 

El Presidente de la Mesa Directiva, informó de la recepción de una Fe de erratas de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, al proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, aprobado el pasado 17 de marzo de 2016, en los artículos 7 Bis, 58-2, 68, Segundo, Tercero y Quinto Transitorios del proyecto de Decreto.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin discusión, la Fe de erratas fue aprobada por 83 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea diez dictámenes que proponen desechar los siguientes proyectos:

1. De las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar los artículos 38 y 41 bis a la Ley de Aguas Nacionales.

2. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar los artículos 4 y 43 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

3. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, en relación con dos proyectos de Decreto para reformar el Artículo Quinto Transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones.

4. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformarel artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 17 y 28 de la Ley General de Salud.

5. De las Comisiones Unidas de Punti24os Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos    Mexicanos.

7. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto para reformar los artículos 3° y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

9. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto para reformar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa.

10. De las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar el artículo 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Los diez dictámenes por el que se proponen desechar diversos proyectos de Decreto iniciados en la Cámara de Senadores, sin discusión, fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de los registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a impulsar campañas y actividades de educación y sensibilización, con el fin de incrementar la participación de mujeres, niñas y adolescentes en la ciencia.- El Senador Patricio Martínez García, hizo uso de la palabra para presentar el dictamen. En la discusión intervino el Senador Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor. La Mesa Directiva informó que la Senadora Martha Elena García Gómez entregó el texto de su intervención, el cual se integrará al Diario de los Debates. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a remitir un informe sobre cuántas averiguaciones previas se han iniciado por desaparición forzada.- En la discusión intervinieron los Senadores: Héctor Adrián Menchaca Medrano del PT, a favor; y Dolores Padierna Luna del PRD, a favor. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Atención a grupos Vulnerables, con puntos de Acuerdo:

1. Que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a evaluar la necesidad de fortalecer entre sus integrantes la formación, capacitación, implementación, aplicación e instrumentación respecto de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con diversos protocolos.

2. Que exhorta a las entidades federativas a elaborar y actualizar los protocolos de actuación para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que les permitan mayores posibilidades para enfrentar situaciones de riesgo.

3. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar las acciones que coadyuven a incrementar la matriculación de personas con discapacidad en todos los niveles educativos, así como las medidas pertinentes para erradicar los niveles de analfabetismo en este sector de la población.

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, hizo uso de la palabra para presentar los dictámenes. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora se integraría al Diario de los Debates. En la discusión intervinieron los Senadores: Hilda Esthela Flores Escalera del PRI, para referirse al relativo de protocolos de actuación para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores; y Yolanda de la Torre Valdez del PRI, para referirse al de acciones que coadyuven a incrementar la matriculación de personas con discapacidad en todos los niveles educativos. Los acuerdos fueron aprobados en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria de la señora Carmenchu Vilet de Torres, esposa del Senador Teófilo Torres Corzo.

 

La Presidencia por acuerdo de la Mesa Directiva, dio paso a una ronda de intervenciones de integrantes de los grupos parlamentarios para referirse a la figura del Dr. Fernando Solana Morales.- Intervinieron los Senadores: Angélica de la Peña Gómez del PRD; Humberto Mayans Canabal del PRI; Gerardo Flores Ramírez del PVEM; y Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN. El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del Dr. Fernando Solana Morales.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

El Presidente de la Mesa Directiva, sometió a consideración de la Asamblea un acuerdo sobre los atentados ocurridos en Bélgica y Pakistán.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Proposición)

Los Senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza, Luisa María Calderón Hinojosa y Ascención Orihuela Bárcenas, remitieron proposición con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Michoacán a informar sobre el estudio técnico y la documentación que respalde el cambio de sede del proyecto “Ciudad Mujer” y solicita a la titular de la SEDATU a dar seguimiento al cumplimiento de la gestión original de la construcción del proyecto en el municipio de Mújica, Michoacán.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento respetuoso a la situación de crisis política en la República Federativa de Brasil.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo en relación a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo por el que se establece con el nombre de Bahía de Akumal el área de refugio para la protección de especies.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas a contar con un registro epidemiológico específico de la influenza, ampliar la cobertura de vacunación a la población con mayor riesgo y contar con los medicamentos suficientes denominados Oseltamivir y Zanamivir en el sector salud.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres para que, a través del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se implementen las acciones pertinentes para cumplir con lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia sexual.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena el asesinato de un grupo de mineros en Tumeremo, República Bolivariana de Venezuela.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a implementar un ejercicio de parlamento abierto con la sociedad civil en la discusión de las leyes reglamentarias del sistema nacional anticorrupción.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Coordinación de Estrategia Digital Nacional del Gobierno de la República a generar y a remitir a esta Soberanía un informe del estado en que se encuentra el proceso de dicha Estrategia.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De los Senadores Jesús Casillas Romero y Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo a implementar una estrecha coordinación a fin de tomar medidas conjuntas para hacer frente a la contingencia ambiental que priva en la Zona del Valle de México, así como para concientizar a la población sobre la urgente necesidad de contribuir activamente en la reducción de emisiones.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de los estados a incorporar en su legislación la prohibición expresa del castigo corporal, conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención de los Derechos del Niño.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

 

De la Senadora Alejandra Roldán Benítez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las gestiones conducentes a la suscripción del Convenio número 129 de la Organización Internacional del Trabajo; y a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a que se aboquen a generar una estrategia integral para la atención del bajo nivel de instrucción y el rezago educativo de la población jornalera agrícola.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que propone considerar la creación de una semana del activismo político y social en México en las instalaciones del Senado de la República.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

De los Senadores Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Alejandro Encinas Rodríguez y Eviel Pérez Magaña, con punto de Acuerdo en relación con los problemas de inseguridad y violencia que aquejan la sierra tarahumara del estado de Chihuahua.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades de las Secretarías de Economía y de Desarrollo Social a implementar medidas que protejan y apoyen a los productores de leche en todo el país.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a que considere elaborar una estrategia de sanción para usuarios de las redes sociales que agredan, acosen, amenacen o intimiden por motivos de discriminación sexual a las mujeres.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

(Efemérides)

Las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Mundial de la Tuberculosis.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el 191 aniversario de la instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con veintisiete minutos y citó a la siguiente el miércoles treinta de marzo a las once horas.

 

Fin de la Sesión.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, en alcance al similar recibido el día de ayer 29 de marzo, por el que se precisa que la salida del territorio nacional del Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, para participar en la Cuarta Cumbre de Seguridad Nuclear, a celebrarse en Washington, D.C., será el 31 de marzo y el regreso el 1 de abril de 2016.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el informe de la participación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el pasado 27 de enero de 2016.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió un oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el que remite el documento denominado Pronunciamiento sobre el Derecho a la Protección de la Salud de la Personas Internas en Centros Penitenciarios de la República Mexicana.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Asimismo, la Colegisladora nos remitió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Túrnese a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Gerardo Sánchez García, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 41 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Gerardo Sánchez García, a nombre propio y de los Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez, Hilda Esthela Flores Escalera, Mely Romero Celis, Carlos Romero Deschamps, René Juárez Cisneros, José Francisco Yunes Zorrilla y Luis Armando Melgar Bravo)

El Senador Gerardo Sánchez García: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

A nombre de los Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez, Hilda Esthela Flores Escalera, Mely Romero Celis, Carlos Romero Deschamps, René Juárez Cisneros, José Francisco Yunes Zorrilla, Luis Armando Melgar Bravo y el de la voz, sometemos a consideración del Pleno una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución General de la República, cuyo objetivo es fortalecer nuestro sistema de partidos.

Los partidos políticos son instituciones que juegan un papel central en los sistemas democráticos. El origen de la democracia está asociado al origen y desarrollo de los partidos políticos.

Edmund Burke quien diferenció claramente a un partido de una “facción”. Para Burke, los fines requieren medios y los partidos son los medios adecuados para permitir a esos hombres poner en ejecución sus planes comunes con todo el poder y toda la autoridad del Estado.

Los partidos son conductos de expresión y por lo tanto deben representar al pueblo expresando sus exigencias. Sin embargo existe el riesgo de que los partidos degeneren en algo parecido a una “facción”, siendo el faccionalismo la tentación constante de un sistema de partidos con una degeneración siempre posible.

Hans Kelsen afirmaba que “sólo por ilusión o hipocresía puede sostenerse la posibilidad de la democracia sin partidos políticos”.

Esta iniciativa que ponemos a consideración de esta Soberanía tiene como propósito brindar elementos para avanzar en el fortalecimiento de nuestro sistema de partidos. Es urgente hacerlo, porque a pesar de que algunos sectores de nuestra población se refleja un hartazgo hacia los partidos políticos y hacia los propios políticos, actuamos como si no pasara nada. En la elección del pasado 7 de junio, pudimos constatar una señal clara de que los partidos políticos y los políticos no gozamos del mejor prestigio, por el contrario, se percibe un rechazo de la población.

La mayoría de los analistas coincide en que el voto obtenido por los llamados candidatos independientes significa un golpe, una llamada de atención a nuestro sistema de partidos. No obstante, ese ánimo social puede estimular el discurso de la antipolítica, porque tan malo es un sistema de partido hegemónico como un sistema pulverizado de partidos.

Esta opinión ya Giovanni Sartori la advertía “el principio democrático es que el pueblo soberano también tiene derecho a equivocarse. Pero si el pueblo tiene derecho a equivocarse, es deshonesto inducirlo a equivocarse. Y el demagogo está atento precisamente a eso: es el manipulador por la antonomasia. Por lo tanto estemos atentos a no confundir el llamado a la reunión de la plaza y la “democracia demostrante” con la democracia gobernante”.

Esta situación debe motivar una reflexión seria, un debate constructivo que evite descalificar al sistema de partidos y buscar alternativas que coadyuven a sacarlos del letargo y los intereses que los cooptan y evitar que caigan en el “faccionalismo” en detrimento de la democracia.

Uno de los elementos más criticables de los partidos políticos es el financiamiento público. Lorenzo Córdova, actual Presidente del INE señala “el financiamiento de los partidos políticos y de los controles sobre el mismo, cobró importancia y centralidad solo en los últimos tres lustros al constituir uno de los aspectos centrales de las reformas electorales que se han instrumentado desde 1993”. Esta preocupación sigue vigente y pese a que el financiamiento público ha venido modificando y perfeccionando la norma para la distribución de estos recursos a los partidos, actualmente, en nuestra opinión, no responde a las exigencias de una cultura que fortalezca nuestro sistema de partidos.

Seguir por el mismo sendero es suicida para nuestro sistema de partidos y para nuestra democracia. Con esta iniciativa lo que buscamos es que los partidos recuperen su dinamismo, su actividad, se pongan a trabajar en lo importante y echen a andar su imaginación, enriquezcan sus propuestas para que en realidad se conviertan en cordones de comunicación con la ciudadanía; de esta manera podrán contar con financiamiento público en razón directa a la fuerza de los votantes.

De lo que trata esta reforma es de acotar el financiamiento público a los partidos políticos. Para ello, en lugar de utilizar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral para calcular el financiamiento público, se utilizaría el número total de votos emitidos en la elección federal inmediata anterior, lo que se denomina “votación total emitida” en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Así, por ejemplo, si la votación total emitida en la elección federal del 7 de junio de 2015 fue del 47.7 por ciento, es decir, acudieron a las urnas 39 millones de votantes; tal como lo establece la fórmula en el inciso a) del artículo 41 de la Constitución, se multiplicaría los 39 millones por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida Actualizada (antes salario mínimo). Así el financiamiento ordinario de todos los partidos políticos con registro sería de 1788.4 millones de pesos y no de 3,816 millones que se calcula correspondió para el 2015, utilizando el Padrón Electoral. En otras palabras el financiamiento a los partidos políticos se castigaría en más de 2,027 millones, casi 60 por ciento. Por su parte las fórmulas en la distribución permanecerían intactas tal como se establece en el inciso a) del mencionado artículo.

Es decir, el financiamiento público estaría en razón directa al esfuerzo que hagan los partidos para que los electores sientan atractivo salir a votar por ellos y sus candidatos. Como está ahora la legislación en materia de financiamiento público los partidos reciben el mismo financiamiento público, independientemente de si votó el 20 por ciento del Padrón Electoral o el 100 por ciento de este.

De no hacer esta reforma no habrá ningún estímulo para que los partidos políticos se ganen su financiamiento y es abonar a opiniones socorridas de “partidocracia” y abrir la puerta para que el día de mañana se descarrile nuestra democracia.

Esto no quiere decir que estemos en contra de las candidaturas independientes, por el contrario han llegado para quedarse, pero éstas no pueden sustituir al sistema de partidos políticos.

Más aún, en opinión de José Woldenberg, “la nueva puerta para participar en política es transitable y les genera un contexto de exigencia a los partidos políticos”.

Compañeras y compañeros Senadores: Hoy tenemos una sociedad civil activa y participativa. La participación ciudadana es un distintivo fundamental en estos nuevos tiempos que vive nuestra democracia, lo es también porque hoy se reproduce un malestar con la política y con los políticos.

“A mayor intervención ciudadana la democracia será más robusta y quizá no sobra decirlo, sólo en democracia es posible la participación, porque si algo hacen los regímenes autoritarios dictatoriales o totalitarios es tratar de excluir a los ciudadanos en la esfera pública”. Los partidos políticos son actores fundamentales e insustituibles en la vida política. Sin ellos la democracia es imposible. Por eso mismo, de lo que se hagan y dejen de hacer, de lo que se digan o dejen de decir, dependerá la calidad de nuestra vida política.

Recordemos las palabras de Jesús Reyes Heroles: “La Nación no es para los partidos, los partidos son para la Nación. La Nación está por encima de cualquier partido”.

Por lo anterior invito a mis compañeras y compañeros a suscribir la presente iniciativa.

Es cuanto y muchas gracias, señora Presidenta.

Iniciativa

El Senador, GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, A NOMBRE PROPIO Y DE LOS SENADORES MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, MELY ROMERO CELIS, CARLOS ROMERO DESCHAMPS, RENÉ JUÁREZ CISNEROS, JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA y LUIS ARMANDO MELGAR Bravo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, integrantes de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1; 164 numeral 1; 169 y 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los partidos políticos son instituciones que juegan un papel central en los sistemas democráticos. El origen de la democracia está asociado al origen y desarrollo de los partidos políticos. Dice Daniel Zovatto que el término Partido Político se utilizó en un inicio como “facción”, después se fue sustituyendo con tres ideas centrales: un partido no es forzosamente una “facción”; un partido no es un mal; los partidos pueden aportar el bien común. Fue Edmund Burke quien diferenció claramente a un partido de una “facción”, lo definió como “Un cuerpo de hombres unidos para promover, mediante su labor conjunta, el interés nacional sobre la base de algún principio particular acerca del cual todos están de acuerdo”1. Para Burke,  los fines requieren medios y los partidos son los medios adecuados para permitir a esos hombres poner en ejecución sus planes comunes con todo el poder y toda la autoridad del Estado

Con base en lo anterior, encontramos que los partidos no son “facciones” sino órganos funcionales, es decir, una parte del todo que trata de servir a los fines del todo. Los partidos son conductos de expresión y por lo tanto deben representar al pueblo expresando sus exigencias. Sin embargo existe el riesgo de que “los partidos degeneren en algo parecido a una “facción”, siendo el faccionalismo la tentación constante de un sistema de partidos con una degeneración siempre posible;  ello permite entender la crisis y hundimiento de determinados sistemas de partidos y los llamados de ciertos líderes de la democracia directa, a la supresión de los partidos políticos y a la antipolítica”2. Hans Kelsen afirmaba que “solo por ilusión o hipocresía puede sostenerse la posibilidad de la democracia sin partidos políticos…la democracia solo es posible cuando los individuos, a fin de lograr una actuación sobre la voluntad colectiva, se reúnen en organizaciones definidas por diversos fines políticos, de tal manera que entre el individuo y el Estado se interpongan aquellas colectividades que agrupan en forma de partidos políticos las voluntades políticas coincidentes de los individuos.”3 No obstante, Fernando Henrique Cardoso señala que “Suele darse por sentado que los partidos son cruciales para la vida política moderna…Sin embargo sus perspectivas en las grandes democracias de hoy no son halagüeñas. Es más, es posible que esas poderosas máquinas políticas desaparezcan…- y concluye-… se encuentran en una coyuntura crítica: tienen que transformarse o se volverán irrelevantes”4.

Esta iniciativa que ponemos a consideración de esta soberanía tiene como propósito brindar elementos para avanzar en el fortalecimiento de nuestro sistema de partidos. Es urgente hacerlo, porque a pesar de que en algunos sectores de nuestra población se refleja un hartazgo hacia los partidos políticos y hacia los propios políticos, actuamos como si no pasara nada. En la elección del pasado 7 de junio, pudimos constatar una señal clara de que los partidos políticos y los políticos no gozamos del mejor prestigio, por el contrario, se percibe un rechazo de la población asociado con una percepción de prácticas de corrupción muy acentuadas.

Dice Roy Campos -en relación a la elección del 7 de junio pasado- “A futuro, lo más destacable es el triunfo de candidatos independientes que sorprendieron en el resultado a analistas, estructuras de partidos, encuestas, y ahí podemos incluir, aunque tengan pasado partidista a, Enrique Alfaro, Manuel Cloutier, Pedro Kumamoto, Xóchitl Gálvez, Jaime Rodríguez, y si me apuran hasta los candidatos de Morena  y el Partido de Encuentro Social (PES), porque el significado de su voto fue el hartazgo, del llamado cambio, o del castigo a la clase política”5. La mayoría de los analistas coincide en que el voto obtenido por los llamados candidatos independientes significa un golpe, una llamada de atención que pone en entredicho nuestro sistema de partidos. Incluso Jaime Rodríguez apodado “El Bronco”, que como candidato independiente arrasó en la elección para Gobernador en Nuevo León, señaló en entrevista al periódico El País “¿Qué señal ha lanzado Nuevo León a México? Significa que los partidos tendrán que reformarse. Los ciudadanos ya se cansaron de este sistema. Que está viejo…es la primavera mexicana que yo inicié”.6

Leonardo Curzio opina “No hay duda del que el voto de El Bronco implica una combinación de hartazgo y esperanza.”7 Por su parte Antonio Novalón escribe “Muchos creen en México que nada ha cambiado tras las últimas elecciones…Sin embargo, todo cambió. No sólo porque un candidato independiente abrió las puertas a otros que podrían llegar a Los Pinos, sino porque la “canción del futuro” ya no está en manos de los partidos que han pasado, en América Latina, de tener el poder al estigma de la corrupción”.8 El expresidente del IFE (hoy INE) Luis Carlos Ugalde señala riesgos de la fragmentación ocurrida en la elección del 7 de junio “La incapacidad de los partidos para renovarse y responder a las preocupaciones de los votantes anticipa que esta tendencia incipiente de la fragmentación continuará en los próximos años…Es previsible que en los próximos años muchos electores querrán dar su voto a quienes desafíen el sistema de partidos…Ese ánimo social estimulará el discurso de la antipolítica y radicalizará la plataforma de muchos candidatos…Tan malo es un sistema de partido hegemónico como un sistema pulverizados de partidos. Si el primero genera concentración y abuso del poder por falta de contrapesos, el segundo puede estimular la irresponsabilidad por la dispersión del poder y la política del chantaje y el soborno.”9 Esta opinión ya Giovanni Sartori la advertía “el principio democrático es que el pueblo soberano también tiene derecho a equivocarse. Pero si el pueblo tiene derecho a equivocarse, es deshonesto inducirlo a equivocarse. Y el demagogo está atento precisamente a eso: es el manipulador por antonomasia. Por lo tanto estemos atentos a no confundir el llamado a la reunión de la plaza y la “democracia demostrante” con la democracia gobernante”.10

Mario Vargas Llosa reflexionando en torno a los partidos políticos expresaba que “el desencanto de los partidos políticos es un fenómeno muy extendido prácticamente en todas las democracias, curiosamente en las democracias más establecidas y sólidas”. Las razones, señala el premio nobel, es que la realidad ha evolucionado mucho más rápido que las ideas. También a un fenómeno muy lamentable “el empobrecimiento de la política”, empobrecimiento porque la política atrae cada vez menos a los mejores, a los más cultos, a los idealistas, y entonces la clase política va siendo conformada más bien por burocracias poco imaginativas, que son más administradoras de lo existente que creadoras de lo nuevo”.11

El desprestigio de los partidos políticos es tal que las principales encuestas sobre percepción de corrupción los coloca en el peor lugar. Por ejemplo en el Barómetro Global de la Corrupción, Transparencia Internacional 201312 la percepción de la corrupción de los partidos políticos es del 91%, seguido de la policía con el 90%, los servidores públicos el 87%, por mencionar los índices más altos.

Esta situación debe motivar una reflexión seria, un debate constructivo que evite  descalificar al sistema de partidos y buscar alternativas que coadyuven a sacarlos del letargo y los intereses que los cooptan y evitar que caigan en el “faccionalismo” en detrimento de la democracia.

Uno de los elementos más criticables de los partidos políticos es el financiamiento público. Lorenzo Córdova, actual Presidente del Instituto Nacional Electoral señala “el financiamiento de los partidos políticos y de los controles sobre el mismo, cobró importancia y centralidad solo en los últimos tres lustros al constituir uno de los aspectos centrales de las reformas electorales que se han instrumentado desde 1993”.13 Esta preocupación sigue vigente y pese a que el financiamiento público ha venido modificando y perfeccionando la norma para la distribución de estos recursos a los partidos, actualmente, en nuestra opinión, no responde a las exigencias de una cultura que fortalezca nuestro sistema de partidos sino que alimenta la percepción de que poco importa su trabajo en favor de la ciudadanía, mientras se mantengan las prerrogativas que reciben, en especial el financiamiento público. Dice Héctor Aguilar Camín “Si queremos dar a las elecciones algo de valor moral público que le es consustancial, y no solo su valor pragmático de elegir; tendríamos que revisar las reglas que han permitido que se instalara a sus anchas, en todos los partidos y a la vista de todas las instituciones, este cinismo monetario electoral”.14

En el mismo sentido, Jorge Castañeda escribe “Hoy México cuenta con nueve partidos políticos, menos votados y más impopulares que antes. A ellos se suman las candidaturas sin partido, las únicas no afectadas por el desprestigio generalizado de la clase y el sistema políticos. El arreglo institucional mexicano favorece la dispersión, dificulta la obtención de mayorías legislativas y permite la canalización de enormes sumas de recursos, legales e ilícitos,  a las campañas y a la organizaciones…”15

Seguir por el mismo sendero es suicida para nuestro sistema de partidos y para nuestra democracia. Con esta iniciativa lo que buscamos es que los partidos recuperen su dinamismo, su actividad, se pongan a trabajar en lo importante y echen a andar su imaginación, enriquezcan sus propuestas para que en realidad se conviertan en cordones de comunicación con la ciudadanía; de esta manera podrán contar con financiamiento público en razón directa a la fuerza de los votantes. Esto quiere decir que mientras más votantes haya mayor financiamiento habrá, mientras menos votantes menos financiamiento. En otras palabras de lo que trata esta reforma es de acotar el financiamiento público a los partidos políticos. Para ello, en lugar de utilizar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral para calcular el financiamiento público, se utilizaría el número total de votos emitidos en la elección federal inmediata anterior, lo que se denomina “votación total emitida” en la LEGIPE. Así, por ejemplo si la votación total emitida en la elección federal del 7 de junio del 2015fue del 47.7%, es decir, acudieron a las urnas casi 40 millones de votantes; tal como lo establece la fórmula en el inciso a) del art. 41 de la Constitución, se multiplicaría los 39 millones por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (antes salario mínimo). Así el financiamiento ordinario a todos los partidos políticos con registro sería de 1 788.4 millones de pesos y no de 3 816 millones que se calcula correspondió para el 2015, utilizando el Padrón Electoral. En otras palabras el financiamiento a los partidos políticos se reduciría en más de 2 027.6 millones, casi 60%. Por su parte, las fórmulas en la distribución permanecerían intactas tal como se establece en el inciso a) del mencionado artículo “el treinta por ciento de la cantidad que resulte se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de los votos que en la elección de diputados inmediata anterior”.

Se podría afirmar que esto pondría en riesgo el sistema de partidos y a la democracia. Nuestra opinión es contraria. Para que tengan mayor financiamiento, los partidos políticos se tendrían que esforzar para que haya mayor cantidad de electores que salgan a votar. Es decir, el financiamiento público estaría en razón directa al esfuerzo que hagan los partidos para que los electores sientan atractivo salir a votar por ellos y sus candidatos. Como está ahora la legislación en materia de financiamiento público los partidos reciben el mismo financiamiento público independientemente de si votó el 20% del Padrón Electoral o el 100% de este.

De no hacer esta reforma no habrá ningún estímulo para que los partidos políticos se ganen su financiamiento y es abonar a opiniones socorridas de “partidocracia” y abrir la puerta para que el día de mañana se descarrile nuestra democracia y nos acerquemos peligrosamente a la aparición de nuevos “Mesías” o Demiurgos” donde la tentación autoritaria este presente. Esto no quiere decir que estemos en contra de las candidaturas independientes, por el contrario han llegado para quedarse, pero estas no pueden sustituir a los partidos o mejor dicho al sistema de partidos políticos que nos hemos dado. Más aún, “la nueva puerta para participar en política es transitable y le genera un contexto de exigencia a los partidos políticos”.16

Compañeras y compañeros Senadores.

Hoy tenemos una sociedad civil activa y participativa. La participación ciudadana es un distintivo fundamental en estos nuevos tiempos que vive nuestra democracia, lo es también porque hoy se reproduce un malestar con la política y los políticos. “A mayor intervención ciudadana la democracia será más robusta y quizá no sobra decirlo: sólo en democracia es posible la participación, porque si algo hacen los regímenes autoritarios dictatoriales y totalitarios es tratar de excluir a los ciudadanos de la esfera pública…-Por ello- los partidos políticos son actores fundamentales e insustituibles de la vida política. Sin ellos la democracia es imposible. Por eso mismo, de lo que hagan o dejen de hacer, de lo que digan o dejen de decir, dependerá la calidad de nuestra vida pública”.17 Sólo recordemos las palabras de Jesús Reyes Heroles “porque traemos una velocidad hemos podido correr; porque hemos podido correr podemos seguir avanzando…La Nación no es para los partidos, los partidos son para la Nación. La Nación está por encima de cualquier partido”.18

Por las consideraciones anteriores, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO por el que se modifica el inciso a) de la fracción II del artículo 41 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único.- Se modifica el inciso a) de la fracción II del artículo 41 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 41. …

I…

II...

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de votos emitidos en la última elección federal por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el transitorio siguiente.

SEGUNDO.-El Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la publicación del presente Decreto, deberá realizar las adecuaciones a las leyes a que se refiere el artículo 41 de esta Constitución.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de marzo de 2016.

Sen. Gerardo Sánchez García.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Carlos Romero Deschamps.- Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. José Francisco Yunes Zorrilla.- Sen. Luis Armando Melgar Bravo.

1 Constitución, Democracia y Elecciones, La Reforma que Viene. CordovaVianello  Lorenzo y Salazar Ugarte Pedro Coordinadores. Zovatto Daniel, La Regulación de los Partidos Políticos, UNAM, International IDEA 2007. Pag. 97 y 98.

2 Op. Cit. Pag. 99.

3  Kelsen Hans: Esencia y Valor de la Democracia. Ed. Kolofón, México 2005. Pág. 37.

4 Op. Citpag. 101.

5 Campos Roy. Mandato de los Votantes. El Economista 9 de Junio del 2015.

6 Diario El País 10 de junio del 2015

7 Diario el Universal, 15 de junio de 2015.

8 Diario El País, 14 de junio de 2015.

9 Diario el Financiero. 16 de junio 2015.

10  Sartori Giovanni. ¿Qué es la democracia?

11 www.letraslibres,com/revista/convivio/elpensamiento liberal en la actualidad.

12 México: Anatomía de la Corrupción. María Amparo Casar. Octubre 2015

13 Financiamiento de los Partidos Políticos en América Latina. Pablo Gutiérrez, Daniel Zovatto Coordinadores. Córdova Vianello Lorenzo, El Financiamiento a los Partidos Políticos en México, Edit. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, International IDEA, Organización de Estados Americanos, 2° edición, 2011 pag. 351.

14 Diario Milenio, 9 de junio del 2015.

15 Diario El País,  11 de junio del 2015.

16 José Woldenberg, Diario Reforma 11 de junio del 2015.

17 José Woldenberg, Cuatro Retos Mayúsculos. Revista Voz y Voto, No. 268, Junio del 2015, Pag 24 y25.

18 Reyes Heroles Jesús. Avanzamos en la Democracia, en  Jesús Reyes Heroles Hombre de Acción, Hombre de Historia. Selección y Estudio Preliminar Eugenia Meyer Edit. Fondo de Cultura Económica, México 2015, pag. 203.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Sánchez García. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Tiene la palabra la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley Aduanera, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LA LEY ADUANERA, LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

La iniciativa que vengo a presentar, es una iniciativa de muchísima sensibilidad y de un tema muy importante.

El cambio climático antropogénico es definido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático como: “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables”.

En el último informe de evaluación sobre cambio climático de dicho grupo intergubernamental, se menciona que de los 36 países que en su conjunto emiten el 90 por ciento de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, México se localiza en la posición número 12, y esto equivale aproximadamente a emitir un poco más de 26 millones de toneladas de CO2 al año.

Dentro de los gases de efecto invernadero el más importante es el CO2, ya que el 75 por ciento de la emisión antropogéna de este gas proviene de la quema de combustibles fósiles, sobre todo para la producción de energía y para el transporte.

Sin lugar a dudas, el cambio climático y la contaminación ambiental van íntimamente relacionados, ya que la presencia de sustancias o elementos tóxicos en cantidades superiores a los límites causan un desequilibrio ecológico.

El vehículo de propulsión de combustión interna es uno de los medios de transporte que más energía consume, y es el principal foco emisor y principal responsable de la contaminación del aire.

Ejemplo de la difícil situación en la que nos encontramos se ha dado en el transcurso de este año 2016, ya que a la fecha llevamos tres precontingencias y una contingencia ambiental que durante tres días afectó la salud de los habitantes de la megalópolis y puso al descubierto la ineficiente política ambiental para mejorar la calidad del aire que respiramos.

Y espero que con la resolución que tome la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que los gobernadores que la integran tomen responsablemente estás resoluciones porque aquí no se vale negarse y otros en duda, aquí se vale apoyar porque primero se tiene que privilegiar la salud de todos los habitantes del Valle de México.

Es importante señalar que la contaminación atmosférica urbana aumente el riesgo de padecer muchísimas enfermedades, sobre todo respiratorias, y que 1.3 millones de personas mueren al año a causa de la contaminación atmosférica urbana y esto lo estoy hablando con datos de la Organización Mundial de la Salud en todo el mundo.

En este contexto, los vehículos eléctricos que incorporan un motor eléctrico que utiliza energía proveniente de una batería para su propulsión es, sin lugar a dudas, un recurso que se debe impulsarse.

Existen los vehículos híbridos que incorporan cierto grado de electrificación. Ambos medios de transporte son factores indispensables de un soporte de una política pública integral para la industria automotriz. Para alcanzar los objetivos en materia de mitigación y de emisión de gases efecto invernaderos.

Compañeras y compañeros Senadores: Si bien es cierto que México ha venido adoptando regulaciones más estrictas en cuanto a emisiones de CO2 y en 2013 se convirtió en el primer país en América Latina en contar con una norma de emisiones de CO2, aplicable para vehículos ligeros nuevos, NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013. Nosotros tenemos que impulsar estas medidas.

Si nosotros comparamos ahorita la adquisición de vehículos con el vecino del norte, pues estamos hablando que ellos tienen aproximadamente el 3 por ciento de la venta de automóviles eléctricos e híbridos, sin embargo, aquí tenemos el 0.1.

Del 2010 al 2015 existen aproximadamente 260 automóviles eléctricos y 3,840 automóviles híbridos. Pero en el vecino país, hay un impulso de incentivos en escalada y también en diferentes estados que hacen posible que este aumento de producción vaya de la mano.

Lo que estoy proponiendo en esta iniciativa, es que la industria automotriz y los consumidores necesitan apoyos que permitan a este medio de transporte crecer y desplazar a mediano plazo los vehículos propulsados por motores de combustión interna.

Así es que propongo reformar cuatro leyes para exentar a los vehículos eléctricos del pago del Impuesto al Valor Agregado, para que exista la posibilidad de que los contribuyentes puedan deducir el 100 por ciento de la adquisición de un vehículo eléctrico o hibrido.

Eliminar los gravamenes en la importación de los vehículos eléctricos o híbridos; eliminar el pago de los derechos de trámite aduanero cuando se importen vehículos eléctricos e híbridos.

También he presentado un punto de Acuerdo con una serie de medidas, pidiéndole a las 32 entidades federativas estímulos fiscales, tanto estatales como municipales para que este tipo de vehículos no paguen las autopistas urbanas, que no paguen la cuota de los parquímetros, que no paguen tenencia en los estados donde todavía exista que usen placas verdes y que tengan privilegios, así como privilegiar un carril exclusivo para estos vehículos como se hace en otros países o bien, vehículos que lleven más de tres pasajeros.

Creo que esta iniciativa debe ser de congruencia y pido el apoyo de todos los grupos parlamentarios para poder llevarla a la realidad, no es el primer esfuerzo, quiero aclarar que en otra legislatura se ha intentado hacer este esfuerzo, desgraciadamente no ha pasado.

Así es que, compañeros de todos los partidos políticos, por favor le pido por todos los habitantes de México, en especial por el Valle de México, que tiene severa problemática de contaminación ambiental en la calidad del aire. Apoyemos esta iniciativa.

Le pido al Secretario de Hacienda que no vea esto de la deducibilidad o de no pagar el IVA como una pérdida, sino que lo vea como una inversión en la salud de todas y todos los mexicanos.

Por su atención, muchísimas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Garza Galván.

Sonido en el escaño del Senador Jesús Casillas Romero.

El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Primero, para felicitar a la autora de la iniciativa, comentar que ya en algunas de las entidades de la República se han hecho esfuerzos importantes.

Debo de comentarles a mis compañeras y compañeros Senadores que, hoy por hoy, el estado de Jalisco en una convocatoria que ha hecho a quienes son los trabajadores del volante, a los taxistas que actualmente son trabajadores, se otorgarán permisos para sus taxis y además recibirán un subsidio por parte del gobierno del estado para la adquisición de las unidades que invariablemente deben de ser unidades eléctricas. Creo que hay esfuerzos interesantes.

Y yo quisiera solicitarle a la autora de la iniciativa, me permita sumarme y, en su momento, ofrecerle algunas propuestas para enriquecer está valiosísima iniciativa que, sin duda, habrá de venir a fortalecer, a ayudar al medio ambiente y, bueno, a abatir la gran contaminación que hay no solamente en el Valle de México, sino en todas las zonas metropolitanas del país.

Muchísimas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Casillas Romero.

Sonido en el escaño de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Muchas gracias, Senador Casillas Romero, gracias por su sensibilidad y por supuesto que esta iniciativa queda abierta para la participación de todos los grupos parlamentarios, para llevarla a hacer posible este gran paso que privilegiará, por supuesto, la salud de todas y todos los mexicanos.

Gracias, señor Senador.

Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Garza  Galván.

Sonido en el escaño del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.

El Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro: (Desde su escaño) En el mismo sentido, para sumarme a la iniciativa, es una propuesta sensata, hay que incentivar el uso de los autos eléctricos para reducir la contaminación. Me sumo.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Sonido en el escaño de la Senadora Luz María Beristain Navarrete.

La Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Es para felicitar a la Presidenta de mi Comisión de Cambio Climático, que siendo congruente con los acuerdos que México firmó en París, en diciembre pasado, y como siempre ella en su calidad de Presidenta y bióloga, siempre a la vanguardia de estos temas, y desde luego ayer nos enteramos por la prensa de esta iniciativa que ella acaba de presentar, y puedes contar con todo el respaldo, amiga Presidenta.

Definitivamente es algo que hay que aprobar porque ya México no puede quedar rezagado, ni a la zaga en estas disposiciones que tú estás presentando hoy día aquí.

Este 30 por ciento de la plantilla vehicular, esta deducción de impuestos, es lo que hoy dicta el planeta, y México no puede estar rezagado en este sentido, así es que para estar a la vanguardia y acorde a lo que se firmó en París en diciembre, definitivamente les pido a todos los compañeros que apoyen a la Comisión de Cambio Climático con esta gran iniciativa que acaba de presentar la Senadora Silvia Garza.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Beristain Navarrete. Senadora Erika Ayala Ríos, en el mismo sentido. Pido a la Secretaría que tome nota de los Senadores que quieran suscribir la iniciativa de la Senadora Silvia Garza. Túrnese la presente iniciativa a la Cámara de Diputados.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Migración.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Presentada por el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señora Presidenta. Senadoras y Senadores:

Debemos reconocer que en México se vive una grave crisis en materia de derechos humanos. Somos ya un país señalado a nivel internacional por la sistemática violación a los derechos de las personas, pero sobre todo por el atropello de los derechos de los migrantes centroamericanos en su tránsito por nuestro territorio nacional, y muy en particular de los menores migrantes no acompañados.

Según datos de la Unicef México y de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas migrantes en tránsito por nuestro país, la cifra de menores migrantes no acompañados detectados por las autoridades mexicanas aumentó en los últimos años en más de un 300 por ciento, lo que obliga a reformular nuestra política migratoria y encauzarla hacia el respeto irrestricto a los derechos humanos.

No debemos olvidar que también somos un país en lucha permanente por la defensa de nuestros migrantes y de sus derechos humanos en Estados Unidos, amenazados hoy por un discurso xenófobo, racista y por momentos hasta de exterminio.

Cuando de derechos humanos se trata, no puede haber nacionalidad ni territorios ni privilegios raciales, la única lógica imperante debe ser en todo caso, la universalidad de la dignidad humana.

También somos un país convencido de que el respeto en las diferencias étnicas, lingüísticas o de origen, sólo puede ir acompañado de una constante práctica de la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la fraternidad hacia nuestros pueblos hermanos y que esto se debe expresar en leyes y ordenamientos jurídicos.

México ha firmado y ratificado protocolos y convenciones internacionales que coadyuvan a que los derechos de la infancia sean respetados en nuestro territorio, independientemente de la situación migratoria. Nuestro propio texto constitucional en su Artículo 1o. fundamenta la obligación de que se respeten los derechos humanos de todas las personas en México, independientemente de la nacionalidad que tengan.

Asimismo, se han incorporado a nuestras legislaciones nacionales principios jurídicos que tienen como base el interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes.

En el caso específico de los menores migrantes, se reconoce también que todos tienen derecho a salir de cualquier nación, incluida la propia y de transitar por cualquier país, bajo el principio del pleno respeto a sus derechos humanos.

No se debe criminalizar la migración, independientemente de la situación jurídica en que las y los menores se encuentren y los Estados deben proteger a las niñas, niños y adolescentes que migran en situaciones de vulnerabilidad.

El tema migratorio debe ser atendido en forma integral, estratégica y pacífica, mediante acuerdos con las otras naciones centroamericanas corresponsables bajo una legislación nacional más incluyente, pero sobre todo con una cultura de valores y respeto a la diversidad étnica con sentido humanitario.

Por eso es que hoy, considerando todos estos antecedentes y recomendaciones, adquiere suma importancia la iniciativa que aquí presentamos y ponemos a su consideración, la cual propone adecuaciones pertinentes y sustentadas a los artículos 29, 52, 71 y 74 de la Ley de Migración.

Estas reformas y adiciones nos han sido expresadas como urgentes por diversas organizaciones y defensores de derechos humanos preocupados en el tema migratorio y quienes hoy además han decidido adoptar un papel más protagónico en la responsabilidad conjunta Estado-sociedad para la protección y defensa de los derechos de los menores migrantes no acompañados.

Es así que tomando en consideración propuestas y observaciones hemos argumentado nuestra iniciativa con los siguientes razonamientos:

Las organizaciones de la sociedad civil y los propios menores migrantes han señalado que en muchas ocasiones el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia no cuenta con las condiciones adecuadas para hacerse cargo de manera integral de este grupo, lo que en consecuencia vulnera sus derechos.

En este sentido, fortalecer los lazos entre organizaciones de la sociedad civil y el DIF, así como promover la protección conjunta de menores migrantes no acompañados se convierte en una cuestión fundamental ya que, actualmente, esta protección no se cumple, y los menores siguen siendo asegurados en estaciones migratorias en todo el país, a pesar de que esto contrapone a la misma Ley de Migración, pues estos espacios no cuentan con la infraestructura adecuada ni con la atención psicosocial que este grupo de migrantes necesita.

Ante esta situación, las organizaciones de la sociedad civil ya intervienen de facto, por lo que se hace necesario dotar de herramientas jurídicas a las organizaciones de la sociedad para su actuación legítima y necesaria como instancias coadyuvantes en el objetivo de revertir las sistemáticas violaciones a los migrantes menores en tránsito por nuestro país.

Por otra parte, dichas organizaciones cuentan también con soportes jurídicos que apoyan la documentación de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. En caso de ser necesario, y responden a sus necesidades en caso de que los menores esperen su reunificación familiar.

Las reformas que proponemos se refiere a la armonización que debe contener esta legislación con los derechos que tiene la población migrante cuando se encuentra en una condición de víctima y a la obligación del Estado para respetar en todo momento sus derechos humanos.

Es indispensable tomar en cuenta que este grupo migratorio tiene condiciones de vulnerabilidad mayores que las personas adultas.

En este sentido, sus procesos de regularización deben tomar en cuenta esta situación particular, sobre todo porque la mayoría de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en nuestro país son de origen centroamericano y vienen huyendo de la violencia estructural en sus países de origen.

Compañeras y compañeros senadores: Las reformas y adiciones a la Ley de Migración que hoy proponemos promoverán mecanismos jurídicos basados en la coordinación interinstitucional para garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.

Con ello nos sumamos al llamado urgente que la sociedad civil nos está haciendo como legisladores para contribuir de manera decidida y puntual, en la transformación de una realidad social que deshumaniza a las víctimas y que las deja en estado de indefensión.

Nuestro país no debe ser el patio trasero de ninguna política antimigratoria, por el contrario, ahora más que nunca debemos darle herramientas jurídicas a una sociedad organizada que se ha vuelto la más importante defensora de estos derechos.

México debe ser ejemplo de defensa y protección de derechos de los migrantes dentro y fuera del territorio nacional.

Ser menor de edad y migrante no debe ser un delito, al menos en nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

El suscrito, RAÚL MORÓN OROZCO, Senador de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE PROPONE REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según datos de UNICEF, México y Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan con personas migrantes en tránsito por México, la cifra de menores migrantes no acompañados detectados por las autoridades mexicanas aumentó en los últimos años en más de un 300%, por lo que es necesario que se tome en cuenta esta problemática como tema primordial en materia de derechos humanos en nuestro país.

En concordancia con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”, México ha firmado y ratificado los siguientes Protocolos y Convenciones que coadyuvan a que los derechos de la infancia sean respetados en nuestro país, independientemente de su situación migratoria:

• Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

• Protocolos facultativos de la CDN (sobre la participación de los niños en los conflictos armados y sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía).

• Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967.

• Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional Instrumentos regionales.

• Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

• Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo  sobre las  Peores Formas de Trabajo Infantil.

• Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores.

• Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños.

Respecto a la situación específica de menores migrantes en tránsito de origen centroamericano, es importante señalar que existen también lineamientos específicos para su repatriación, tomando en cuenta el interés superior del niño, siendo los más importantes los siguientes:

• Memorándum de entendimiento entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, de la República de El Salvador, de la República de Guatemala, de la República de Honduras y de la República de Nicaragua para la repatriación digna, ordenada, ágil y segura de nacionales centroamericanos migrantes vía terrestre.

• Lineamientos regionales para la protección especial en casos de repatriación de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas.

• Lineamientos regionales para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en casos de repatriación.

Asimismo, se han incorporado a las legislaciones nacionales principios jurídicos que tienen como base el  interés superior de niñas, niños y adolescentes (NNA) y que incluyen: la no discriminación; el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; derecho de NNA a expresar su opinión y que sea tomada en cuenta; respeto al principio de no devolución y derecho al asilo y confidencialidad. En el caso específico de las y los menores migrantes se señala también que todostienen derecho a salir de cualquier nación, incluido la propia, y de entrar en su propio país; no se debe criminalizar la migración (independientemente de la situación jurídica en que las y los menores se encuentren) y los Estados deben proteger cuando NNA migran en situaciones de vulnerabilidad.

En el caso de las y los menores migrantes no acompañados, lo anterior se complementa con las Observaciones Generales del Comité de Derechos del Niño, que en su Observación No. 6  se refiere al Trato de NNA no  acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen, cuyo objetivo es:

Poner de manifiesto la situación particularmente vulnerable de los niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados de su familia, exponer la multiplicidad de problemas que experimentan los Estados y otros actores para conseguir que estos niños, niñas y adolescentes tengan acceso a sus derechos y puedan disfrutar de los mismos, así como proporcionar orientación sobre la protección, atención y trato adecuado de los referidos niños y niñas a la luz de todo el contexto jurídico que representa la Convención sobre los Derechos del Niño (la “CDN”), con particular referencia a los principios de no discriminación, el interés superior del niño y el derecho de éste a manifestar libremente sus opiniones.

Dicha Observación señala también que se ha comprobado que cada vez más NNA migran en condición de no acompañados siendo las razones de su migración variadas y que incluyen persecución, conflictos internacionales, guerras civiles, trata y búsqueda por mejorar su situación económica. Ante un escenario tan complejo, existen todavía lagunas legales y de ejecución de políticas públicas que eviten la vulneración de los derechos humanos y la discriminación de NNA, por lo anterior señalamos algunos de los aspectos más importantes que los principios aplicables de esta Observación plantea:

A. Obligaciones jurídicas de los Estados Partes con referencia a todos los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de su familia que se encuentren dentro de su territorio y medidas para el cumplimiento de las mismas.

• El disfrute de los derechos estipulados en la Convención no está limitado a los niños y niñas que sean nacionales del Estado Parte, de modo que, salvo estipulación expresa en contrario en la Convención, serán también aplicables a todos los niños y niñas -sin excluir a los solicitantes de asilo, los refugiados y los niños migrantes- con independencia de su nacionalidad o apátrida, y situación en términos de inmigración.

• Las obligaciones resultantes de la Convención en lo que concierne NNA no acompañados y separados de su familia se extienden a todos los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial). Se incluyen entre ellas la obligación de promulgar legislación, crear estructuras administrativas, y articular las actividades de investigación, información, acopio de datos y de formación general, necesarias para apoyar estas medidas.

• Como se reitera en la Observación General Nº 5 (2003) (párrs. 18 a 23), los Estados Partes en la Convención velarán por que las disposiciones y los principios del tratado queden plenamente reflejados y surtan pleno efecto jurídico en la legislación nacional pertinente.

• Con objeto de crear un entorno jurídico propicio y a la luz de lo dispuesto en el apartado b) del artículo 41 de la Convención, se alienta también a los Estados Partes a que ratifiquen otros instrumentos internacionales que regulan aspectos relativos a NNA no acompañados y separados de su familia y, en especial, los dos Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño.

B. No discriminación (artículo 2):

• El principio de no discriminación, en todas sus manifestaciones, se aplica a todos los aspectos del trato de los niños y niñas separados y no acompañados. En particular, prohíbe toda discriminación basada en la situación de no acompañado o separado del niño o niña o en su condición de refugiado, solicitante de asilo o migrante. Este principio no excluye -e incluso puede exigir- la diferenciación fundada en la diversidad de necesidades de protección, como las asociadas a la edad o al género. Deben tomarse también disposiciones en previsión de hipótesis de prejuicios o de actitudes de rechazo social de NNA no acompañados o separados.

C. El interés superior del niño como consideración primordial en la búsqueda de soluciones a corto y a largo plazo (artículo 3):

• “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

• La determinación del interés superior del niño exige una evaluación clara y a fondo de la identidad de éste y, en particular, de su nacionalidad, crianza, antecedentes étnicos, culturales y lingüísticos, así como las vulnerabilidades y necesidades especiales de protección.

• Decisiones subsiguientes, como el nombramiento de un tutor competente lo antes posible, constituyen una garantía procesal importantísima para el respeto del interés superior de los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de su familia.

D. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo (artículo 6):

• Exige la vigilancia de los Estados Partes a este respecto, especialmente en presencia del crimen organizado.

E. Derecho del niño a expresar su opinión libremente (artículo 12):

• Se recabarán y tendrán debidamente en cuenta los deseos y las opiniones del niño o niña (párrafo 1 del artículo 12). De cara a la expresión informada de tales deseos y opiniones, es imperativo que los niños, niñas y adolescentes dispongan de toda la información pertinente acerca de, por ejemplo, sus derechos, servicios existentes, en especial medios de comunicación, el procedimiento para solicitar el asilo, la localización de la familia y la situación en el país de origen (artículos 13, 17 y párrafo 2 del artículo 22).

• En lo que concierne a la tutela, custodia y alojamiento y representación legal del niño, deben tenerse también en cuenta las opiniones de éste.

F. Respeto del principio de no devolución:

• En el marco del trato adecuado de los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados, los Estados deben respetar íntegramente las obligaciones de no devolución resultantes de los instrumentos internacionales de derechos humanos, del derecho humanitario y el relativo a los refugiados y, en particular, deben atenerse a las obligaciones recogidas en el artículo 33 de la Convención de 1951 sobre los Refugiados y en el artículo 3 de la Convención contra la Tortura.

• Los Estados no trasladarán al niño  a un país en el que haya motivos racionales para pensar que existe un peligro real de daño irreparable para el niño…Las obligaciones antedichas de no devolución son aplicables con independencia de que las violaciones graves de los derechos garantizados por la Convención sean imputables a actores no estatales o de que las violaciones en cuestión sean directamente premeditadas o sean consecuencia indirecta de la acción o inacción.

• La evaluación del riesgo de dichas violaciones graves deberá efectuarse teniendo en cuenta la edad y el género y tomando asimismo en consideración, por ejemplo, las consecuencias particularmente graves para los niños, niñas y adolescentes que presenta la insuficiencia de servicios alimentarios  o sanitarios.

G. Confidencialidad:

• Los Estados Partes deben proteger el carácter confidencial de la información recibida con referencia al niño no acompañado o separado, de acuerdo con la obligación de protegerlos derechos del niño, con inclusión del derecho a la intimidad (art. 16).

Por lo anterior, tomando en cuenta testimonios de NNA en Estaciones Migratorias1, en albergues de migrantes y en la ruta migratoria, se considera necesario realizar adecuaciones a los artículos 29, 52, 71 y 74 de la Ley General de Migración, tomando también en cuenta lo siguiente:

En el Artículo 29 se señala que Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en sus niveles estatales y federales proporcionar asistencia social para la atención de NNA migrantes no acompañados, pero en la práctica, las Organizaciones de la Sociedad Civil y los propios menores migrantes han señalado que en muchas ocasiones este sistema no cuenta con las condiciones adecuadas para hacerse cargo de manera integral de este grupo y en consecuencia se vulneran sus derechos y no se atienden su interés superior.

En este sentido, fortalecer los lazos con Organizaciones de la Sociedad Civil y el DIF y promover conjuntamente la protección de menores migrantes no acompañados se convierte en una cuestión fundamental ya que, actualmente, los NNA migrantes no acompañados siguen siendo asegurados en Estaciones Migratorias en todo el país a pesar de que esto contrapone a la propia Ley General de Migración, pues estos espacios no cuentan con la infraestructura adecuada ni la atención psicosocial que este grupo de migrantes necesita. Además, dichas organizaciones cuentan también con apoyo jurídico que apoya la documentación de los NNA migrantes no acompañados, en caso de ser necesario, y responden a sus necesidades en caso de que éstos esperen a la reunificación familiar.

Por tal motivo se propone la presente iniciativa, mediante la cual se  adicionan las fracciones V y VI al Artículo 29, ya que la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados es una responsabilidad que rebasa al Estado mexicano y no se reconoce todavía en este ámbito particular la participación de la sociedad civil organizada y de los defensores de derechos humanos. Sin embargo, esta intervención de la sociedad ya es una realidad de facto sin reconocimiento jurídico; además, es urgente dotar de herramientas jurídicas a las Organizaciones de las Sociedad Civil para su actuación legítima y necesaria, como instancias coadyuvantes, en el objetivo de revertir las sistemáticas violaciones a los migrantes menores en tránsito por México.

Asimismo se propone adicionarla fracción II y III al artículo 71, ya que dicho artículo plantea que se deben establecer convenios con la Secretaría de Gobernación; sin embargo, hasta este momento no existe un apartado que se refiera específicamente a NNA migrantes no acompañados pues se confiere este aspecto al DIF; pero como se ha señalado anteriormente el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia no ha fortalecido hasta la fecha estos convenios, por lo cual, resulta imperante, para proteger y promover los derechos humanos de este grupo, establecer también acuerdos de colaboración donde se establezcan derechos y obligaciones a Organizaciones de la Sociedad Civil que de facto ya trabajan directamente con este grupo.

Respecto de la reforma propuesta al segundo párrafo del artículo 74, se propone  que desde la Ley se enfatice que para respetar el interés superior de NNA migrantes no acompañados es indispensable tomar en cuenta que este grupo migratorio cuenta con condiciones de vulnerabilidad mayores a las personas adultas. En este sentido, debe considerarse que sus procesos de regularización deben tomar en cuenta su situación particular, sobre todo porque la mayoría de los NNA migrantes no acompañados que se encuentran en nuestro país son de origen centroamericano y vienen huyendo de la violencia estructural en sus países de origen. México, en este sentido, tiene la obligación de brindar apoyo humanitario para  proteger su vida e integridad física y esto solamente se logrará a través del establecimiento de un marco jurídico con respeto a los derechos humanos.

Por último, la modificación que se plantea al artículo 52, fracción V, inciso a) refiere a la supeditación de la Ley General de Víctimas que, en su artículo 2, fracciones II, III y IV, plantea lo siguiente:

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral;

III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso;

IV. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas.

Esta modificación incluye a NNA migrantes no acompañados y personas adultas migrantes ya que se ha documentado ampliamente por Organizaciones de la Sociedad Civil y Organismos Internacionales de Derechos Humanos que las personas migrantes víctimas de delito en muchas ocasiones no acceden a Visas por Razones Humanitarias pues existe un vacío jurídico en el que ambas leyes sean tomadas en cuenta. En este sentido, personas migrantes son repatriadas y continúan sin acceder a su regularización migratoria lo cual vulnera sus derechos humanos fundamentales, el principio propersona y el acceso a un debido proceso.

El principio pro persona genera mayores condiciones de defensa de los derechos del migrante al contar con igualdad ante la ley, lo cual, a la larga, les permite defenderse mejor ante eventuales violaciones de derechos humanos. Por su parte el debido proceso hace constancia a ciertos requisitos de validez y eficacia en el proceso jurídico. Tomando en cuenta lo anterior, al respetar los derechos de las víctimas se evita la doble vulneración, en primer lugar por ser víctima de un delito en territorio nacional y, en segundo lugar, por no acceder a un sistema de justicia adecuado en donde los derechos de las víctimas deben ser lo más importante.

Las siguientes reformas y adiciones a la Ley de Migración promoverán mecanismos jurídicos basados en la coordinación interinstitucional para garantizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados y se respetarán los derechos de las personas migrantes víctimas de delito.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de la presente Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto, en los siguientes términos:

DECRETO

Artículo Único. Se reforman los siguientes artículos: el inciso a) del artículo 52; el segundo párrafo del artículo 74;

Artículo segundo. Se adicionan la fracción IV y V, y la actual fracción IV pasa a ser la VI del artículo 29; se adiciona la fracción II y III al artículo 71; todos de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y al del Distrito Federal:

I a III…

IV. Establecer las medidas correspondientes a través de convenios con Organizaciones de la Sociedad Civil para garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.

V. Promover la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil a través de programas con el fin de salvaguardar el interés superior de niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados, y

VI. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 52. Los extranjeros podrán permanecer en el territorio nacional en las condiciones de estancia de visitante, residente temporal y residente permanente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, de conformidad con lo siguiente:

V. VISITANTE POR RAZONES HUMANITARIAS. Se autorizará esta condición de estancia a los extranjeros que se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Ser ofendido, víctima o testigo de algún delito cometido en territorio nacional supeditado a la Ley General de Víctimas en su artículo 2, fracción II, III y IV.

Para efectos de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones jurídicas aplicables, se considerará ofendido o víctima a la persona que sea el sujeto pasivo de la conducta delictiva, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima.

Al ofendido, víctima o testigo de un delito a quien se autorice la condición de estancia de Visitante por Razones Humanitarias, se le autorizará para permanecer en el país hasta que concluya el proceso, al término del cual deberán salir del país o solicitar una nueva condición de estancia, con derecho a entrar y salir del país cuantas veces lo desee y con permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país. Posteriormente, podrá solicitar la condición de estancia de residente permanente;

Artículo 71. La Secretaría creará grupos de protección a migrantes que se encuentren en territorio nacional, los que tendrán por objeto la protección y defensa de sus derechos, con independencia de su nacionalidad o situación migratoria.

La Secretaría celebrará convenios de colaboración y concertación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas o municipios, con las organizaciones de la sociedad civil o con los particulares, con el objeto de que participen en la instalación y funcionamiento de los grupos de protección a migrantes.

I. En el caso de los menores migrantes no acompañados se celebrarán convenios específicos entre la Secretaría y las Organizaciones de la Sociedad Civil, entidades federativas o municipios donde se reconozca el apoyo brindado hacia este grupo y se fortalezca el acompañamiento psicosocial y jurídico en su proceso de regularización migratoria independientemente de los Convenios celebrados entre el DIF y dichas instancias con el fin de garantizar el interés superior del niño, niña y adolescente.
I
I. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela, guarda o custodia  de acuerdo con lo señalado en la fracción anterior.

Artículo 74. Cuando así convenga al interés superior de la niña, niño o adolescente migrante extranjero no acompañado, dicho niño, niña o adolescente será documentado provisionalmente como Visitante por Razones Humanitarias en términos del artículo 52, fracción V, de esta Ley, mientras la Secretaría ofrece alternativas jurídicas o humanitarias temporales o permanentes al retorno asistido.

En el Reglamento se establecerá el procedimiento que deberá seguirse para la determinación del interés superior de la niña, niño o adolescente migrante no acompañado, tomando en cuenta que el proceso de documentación generado por las instancias correspondientes, así como de las Organizaciones del Sociedad Civil, debe facilitar la regularización migratoria de este grupo.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Raúl Morón Orozco.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Morón Orozco. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador Blásquez Salinas.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) No le pregunto, porque sé que aceptará mi compañero Morón Orozco acompañarlo en ese tema. Gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Pido por favor a la Secretaría tome nota de los Senadores que quieran suscribir la iniciativa.

1Para más información ver informe “Arrancados de Raíz” http://www.cinu.mx/minisitio/arrancados_raiz/Resumen_ACNUR_Arrancados_de_raiz_ESP_2.pdf




 

Tiene la palabra el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 130 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS DEL 130 BIS 1 AL 130 BIS 3 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

(Presentada por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señora Presidenta. Con el permiso de la Asamblea:

Vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa que tiene la finalidad de actualizar los mecanismos de participación ciudadana, contenidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dicho ordenamiento establece un servicio de comunicación para que la ciudadanía haga reportes sobre eventos delictivos de los que tenga noticia o que se cometan en su agravio.

Sin embargo, esta ley no precisa cuál es el medio de comunicación para que las personas tengan acceso a las autoridades.

Por otro lado, si bien dispone que los reportes se hagan llegar a las instituciones de Seguridad Pública, tampoco precisa cuáles serán los efectos de esta información.

Quiero decirles que es bien sabido que cualquier política pública relativa a mecanismos de participación ciudadana, requiere necesariamente que las personas obtengan respuesta por su intervención en los asuntos públicos, de otra manera, los mecanismos se frustran, caen en desuso y finalmente son abandonados por los ciudadanos.

Por ello, me permito proponer que se actualice el ordenamiento que tiene por objeto regular la función de la Seguridad Pública entre los tres órdenes de gobierno.

La modernización que estoy proponiendo radica en prescribir con toda claridad que el servicio de comunicación en vigor se haga a través de la red informática mundial, denominada Internet.

Me motiva a presentar ante ustedes esta iniciativa a la denuncia pública que en el noticiero Hechos, de Televisión Azteca, formuló el periodista Javier Alatorre. En efecto, Alatorre sufrió en carne propia el ataque de la delincuencia organizada.

Un grupo formado de entre 10 a 15 sujetos, penetró con lujo de violencia a su vivienda, de la cual sustrajeron varios objetos.

Lo mismo hicieron con sus vecinos en el desarrollo habitacional donde el referido periodista tiene su domicilio.

Fuimos testigos del llamado que Javier Alatorre hizo para que las víctimas cuenten con un espacio en el que puedan dar cuenta de los delitos cometidos en su agravio.

Esta iniciativa pretende ser una repuesta a este llamado público.

Se trata de que la página web del Sistema Nacional de Seguridad Pública se introduzca, porque no existe un módulo en el que los ciudadanos puedan subir todo tipo de imágenes, grabaciones, se vale el Periscope también, relativos a dichos hechos delictivos.

Con ello se pretende crear estímulos para que bajo un esquema de transparencia en el marco de mecanismos de participación ciudadana, las autoridades avancen en las investigaciones, informen sobre las líneas de investigación y sus resultados respecto de las denuncias públicas subidas a la página.

Y finalmente, envíen los datos a las procuradurías, fiscalías o agencias del Ministerio Público que corresponda, a efecto de que éstas, previa valoración, levanten un acta informativa y, en su caso, sendas denuncias con toda formalidad.

Compañeras y compañeros legisladores: Que la denuncia valiente de un periodista en medios de comunicación no caiga en oídos sordos, por el contrario, que se vea recompensada a través de medidas legislativas que actualizando el marco jurídico de la función de la seguridad pública, abra mayores espacios a la ciudadanía para la denuncia pública, y con ello permitan abatir lo antes posible la impunidad que existe en nuestro país.

Gracias por su atención, señora Presidenta.

Gracias a la Asamblea.

Es cuanto.

Iniciativa

El suscrito, MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 130 Y SE ADICIONAN LOS ARTICULOS DEL 130 BIS 1 AL 130 BIS 3 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, EN MATERIA DE DENUNCIA PUBLICA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Necesidad de mayores espacios para la denuncia pública.

La semana previa al reciente puente vacacional tuvo lugar un acontecimiento que en el contexto de violencia que padecemos en México desde hace casi una década, hubiera terminado por ser una estadística más. Sin embargo, la víctima optó por iniciar por sí misma el proceso de recuperación y tomó decisiones para transformar la experiencia negativa en acciones de beneficio para los demás. Se trata del robo con violencia que sufrió en su domicilio el periodista Javier Alatorre. Según la narración que él mismo difundió a través de su programa de noticias en red nacional, un grupo de entre 10 o 15 sujetos echó abajo con marros las puertas de su vivienda. Los asaltantes vestían uniformes como si fueran integrantes de la Policía Federal. Hicieron su arribo en un vehículo que llevaba el equipamiento propio de las unidades de dicha corporación: sirena, estrobos e insignias, entre otros. También en sus propias casas, el grupo criminal sometió a los demás vecinos del condominio en el que habita el periodista Alatorre. Llama la atención, como lo destacó en pantalla la víctima, el grado de sofisticación del modo de operar de los delincuentes ya que lo primero que hicieron al lograr introducirse a los domicilios fue ir directo a los lugares donde se encuentran los dispositivos de alarma para deshabilitarlos. Al parecer, se trata del mismo grupo criminal que ha operado en por lo menos otros tres eventos delictivos en la misma zona en los límites entre la Ciudad y el Estado de México. Ante la impotencia frente a la cifra negra que prevalece en México en razón de la cual sólo el 10% de los delitos que se cometen se llega a denunciar y de estos menos de la mitad terminan ante los tribunales, Javier Alatorre optó por hacer la denuncia de los hechos delictivos a través de las pantallas del noticiero que encabeza. Con el propósito de dar voz a las mexicanas y mexicanos que son también víctimas de experiencias similares, el periodista Javier Alatorre expresó lo siguiente:

“Hoy a miles de mexicanos, miles de mexicanas en todo el país, les robaron o fueron asaltados. Un asunto que va creciendo, la inseguridad, la impunidad en nuestro país. En “Hechos” le hemos informado en semanas recientes sobre una banda de asaltantes que utilizan uniformes, que asaltan casas y que podrían incluir entre sus integrantes a policías y ex policías de diferentes corporaciones, federales y locales; pues en esta ocasión me tocó a mí, me tocó a mí, a su servidor, ser víctima de esta banda.

Después de las dos de la mañana aproximadamente, miren puede haber sido un grupo de entre 10 o 15 sujetos; allanaron mi casa, se trata de un comando bien entrenado para desactivar e inutilizar los sistemas de seguridad... El problema de fondo es que la impunidad de nuestro país con la que operan este tipo de bandas usualmente sus víctimas no tienen como en este momento, como en este caso, un medio para denunciar ese terrible golpe de la delincuencia. Una delincuencia desatada en la actual administración. A nombre de todos estos, mujeres y hombres, miles de personas que cotidianamente son asaltados le comparto esta historia:

Enseguida se proyecta un reportaje sobre la llamada “Banda de los Policías Federales”.

Así es… las cosa están mal, muy mal en nuestro país en materia de seguridad, el crimen, la inseguridad son hoy la principal preocupación de los mexicanos durante la actual administración. Una preocupación que va en aumento y en todo el país porque casos como éste nos podemos encontrar en cualquier Estado de nuestro país. La denuncia pública que hago esta noche ojalá sirva para que detengan esta banda o a las bandas que allanan casas para robarlas en todo el país; ojalá sirva para que cada vez sean menos las millones de víctimas de inseguridad que no tienen voz para denunciar. Mire: de acuerdo con la encuesta de victimización más reciente del INEGI casi 34% de las casas en nuestro país por lo menos una persona fue víctima de delincuencia. En el 2012 ese porcentaje era menor, ha crecido y sigue creciendo. Según el INEGI en 2014 hubo casi 34 millones de delitos; 34 millones asociados con 23 millones de víctimas. Son números muy alto. Sume que sólo se denuncia el 10% de los delitos y de ese 10% sólo el 67% llegó a una averiguación previa. Por todo eso, casi el 60% de los mexicanos considera, sí, hoy, que la inseguridad es el problema más grave de nuestro país que no tiene visible, visiblemente una solución por parte de la actual administración.”

En un medio de comunicación diverso, otra periodista lanza las mismas preguntas en torno a la vulnerabilidad de las víctimas en contraste con la falta de respuesta por parte de las autoridades encargadas de llevar a cabo las investigaciones correspondientes. La nota, en sus aspectos principales, es la siguiente:

“Agredieron física y psicológicamente a mi compañera de EL UNIVERSAL TV. Viernes 18 de marzo, 5:50 horas, como todos los días, tomó el transporte público para llegar a las 7:00 de la mañana a nuestras oficinas en Bucareli y Reforma. Es un trayecto cotidiano del Estado de México a la Ciudad de México.

El vehículo de la ruta Ixtapaluca-Aeropuerto en el que se subió transportaba dos tipos que al parecer ya se encontraban en la unidad antes de que todos abordaran. El conductor desvió la camioneta hacia un baldío. Los dos hombres, no mayores de 30 años, pidieron a los pasajeros que desbloquearan y resetearan sus teléfonos celulares; ‘Éramos casi puras mujeres, unas seis o siete’, me platicó mi colega. ‘Atrás, escoltando a la combi, iba un taxi capitalino, por lo menos traía los logotipos color rosa con blanco’.

Les quitaron sus pertenencias, las comenzaron a agredir sexualmente. ‘Conmigo se ensañaron’, me dijo. Le bajaron los pantalones; le levantaron la blusa; la sentaron en sus piernas; ‘Qué rica, ¿Te gusta cómo te toco?’, vociferaron entre risas, burlas. Le pegaron en el pómulo y en el estómago. Le sacaron el aire, su vista se nubló, cuando también sintió el roce de la navaja en un costado del vientre. El asalto, los golpes, las amenazas duraron unos 40 minutos. Después bajaron a las víctimas. Los atacantes se fueron en la combi junto con el chofer. Una persona intentó pedir ayuda a una patrulla. No tuvieron respuesta. Hasta una base de transporte público. Salvaron la vida. Eran cerca de las 6:30 de la mañana. ¿Qué hacer? ¿Qué sigue? Se lo pregunto en esta columna a las autoridades mexiquenses…”1

La valiente denuncia de los comunicadores es evidencia de que las normas en vigor no son las idóneas para que las autoridades atiendan los casos de delitos cometidos en agravio de la gente.

Insuficiencia de la preceptiva en vigor.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública cuenta ya con un esquema para que las personas hagan del conocimiento diversos hechos, entre los que sobresalen los delitos. Sin embargo, a casi 20 años de la expedición de dicho ordenamiento, sus postulados al respecto han sido ampliamente rebasados por la realidad que vivimos en el Siglo XXI, habiendo entrado en vigor dicho ordenamiento en 1997. Como se verá a continuación, este esquema anquilosado no llena las expectativas derivadas del objeto de la ley de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.2

En efecto, en el capítulo denominado De los Servicios de Atención a la Población”,3 aparece la disposición siguiente:

Artículo 130.- El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promoverá que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios establezcan un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad, sobre las emergencias, faltas y delitos de que tenga conocimiento.

El servicio tendrá comunicación directa con las Instituciones de Seguridad Pública, de salud, de protección civil y las demás asistenciales públicas y privadas.

El precepto anterior se desarrolla en el Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la manera siguiente:

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

Artículo 13.- El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana además de las atribuciones que le confiere la Ley, tendrá las siguientes:

I a VIII…

IX. Difundir mediante cualquier medio en coordinación con el Centro Nacional de Información los servicios de llamadas de emergencia y de denuncia anónima;

X a XX…

XXI. Realizar acciones para promover la cultura de la denuncia entre la sociedad;4

Como se puede observar del análisis delos enunciados normativos anteriores, la ley se limita a establecer que habrá un sistema de comunicación y que estará enlazado con diversas autoridades cuya competencia se relaciona con el contenido de los reportes. A todas luces lo anterior ha quedado desfasado de la realidad cotidiana. En efecto, hoy día aún entre los segmentos de la población con menores ingresos se ha extendido el uso masivo de teléfonos móviles que contienen diversas aplicaciones que permiten el acceso a la red informática mundial denominada Internet. Los avances que representan las tecnologías de la información y la comunicación hacen posible exactamente lo que requiere la víctima en relación con la dinámica de un hecho delictivo: la inmediatez en línea y tiempo real para que las autoridades ejerzan sus funciones y se avoquen lo antes posible a la persecución de los probables responsables.

Es importante aclarar que con esta iniciativa no se pretende substituir la presentación formal de las denuncias ante el Ministerio Público. Este servidor público seguirá llevando a cabo su función de recibir denuncias, determinar si ha lugar a abrir una indagatoria y agotar en su caso las líneas de investigación. Lo que se pretende, como lo expresó con toda precisión el periodista Javier Alatorre, es visibilizar los hechos delictuosos que ponen en riesgo o causan daño a bienes jurídicos tutelados por la ley penal. El propósito del proyecto de decreto que adelante se plantea radica en atraer la atención de las autoridades e instituciones de seguridad pública y de justicia a fin de que apliquen la ley de manera sistemática hasta la conclusión natural de la investigación. Con ello se evita la parálisis producto de que los investigadores se ocupen de nuevas denuncias dejando atrás aquellas que por permanecer en la opacidad se van quedando rezagadas. Por medio de la tecnología y la transparencia se busca propiciar que los Procuradores, Fiscales y Agentes del Ministerio Público realicen las funciones que tienen encomendadas a través de un método de administración por objetivos y resultados.

Modernización de la preceptiva sobre la denuncia pública.

El autor de la presente iniciativa considera que se debe actualizar la ley para clarificar que el servicio de comunicación relativo a los reportes que hagan las personas al Sistema Nacional de Seguridad Pública concretamente al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana se hará precisamente en Internet. Asimismo, es importante establecer el alcance de los deberes establecidos para los sujetos obligados en el sentido de ir más allá de simplemente mencionar que el servicio tendrá comunicación con diversas autoridades y, en su lugar, establecer para qué efectos tiene lugar dicho enlace. El compartir la información debe dar lugar al ejercicio por parte de las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia de todas las atribuciones con que en los últimos años se les ha dotado para enfrentar a la delincuencia. Es por ello que se propone establecer con toda claridad que los datos compartidos darán lugar a que se levanten actas administrativas y, en su caso, denuncias por parte del Agente del Ministerio Público que resulte competente.

También se establece el deber, propuesto en la iniciativa, de que se haga un análisis de todas las denuncias que se registren en el portal a efecto de generar productos de inteligencia que permitan avanzar en el combate que se realiza a lo largo y ancho de la República para recuperar la paz y la tranquilidad. De igual modo, y con la finalidad de explotar al máximo la información que a través de los mecanismos de participación ciudadana previstos en la ley aporte la ciudadanía, se establece que con base en los datos se formulen recomendaciones de prevención tanto social como situacional en el mismo portal. Con elementos como el día de la semana, hora y lugar; así como la descripción física de los probables responsables y los instrumentos que utilicen para cometer los ilícitos como vehículos, vestimentas y armas es posible implementar un ejercicio de minería de datos (O data mining) con miras a establecer relaciones de los hechos o personas con otros acontecimientos, sujetos o modalidades delictivas.

El fin último de cualquier mecanismo de participación  ciudadana estriba en que la política pública o la función generen mayores y mejores resultados. Por ello se establece que las autoridades den respuesta a las denuncias públicas o reportes. No tiene caso simplemente abrir la posibilidad de subir al portal oficial los reportes y denuncias si ello no garantiza al menos la correspondiente obligación de las autoridades de informar qué cartas han tomado en el asunto. El autor de esta iniciativa tiene la convicción de que en cuanto se sepa que las denuncias públicas en los sitios de Internet de las dependencias encargadas de la función de seguridad públicas estimulan a las autoridades a dar resultados, se intensificará la utilización de este medio para dar la notitia criminis por parte de los ciudadanos.

Finalmente, el decreto en proyecto contiene reglas sobre la forma en que se aporte la información en torno a los hechos delictuosos al portal oficial. Congruente con la naturaleza temporal de Internet que se maneja bajo criterios casi instantáneos, se previene que la página cuente con campos de información pre-establecidos (día, hora, lugar, tipo de armas, media filiación, etc.) y que su operación se haga en unos cuantos clics5.

Con el objetivo de visibilizar las denuncias de personas que resultan víctimas de delitos principalmente de los catalogados por la ley penal como graves, crear un esquema de transparencia a través del uso de nuevas tecnologías y contribuir con ello a elevar el nivel de seguridad de las y los mexicanos, el suscrito se permite elevar a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 130 Y SE ADICIONAN LOS ARTICULOS DEL 130 BIS 1 AL 130 BIS 3 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Artículo Único.- Se reforma el artículo 130 y se adicionan los artículos del 130 bis 1 al 130 bis 3 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, para quedar como sigue:

Artículo130.- El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promoverá que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios a través de la Red Informática Mundial denominada Internet establezcan un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad, sobre las emergencias, faltas y delitos de que tenga conocimiento.

El servicio tendrá comunicación directa con las Instituciones de Seguridad Pública, de salud, de protección civil y las demás asistenciales públicas y privadas.

Artículo130 Bis 1.- El servicio de comunicación electrónica a que se refiriere el precepto anterior contará con una página web que contendrá los elementos siguientes:

I. El uso de claves para proteger la identidad de los denunciantes;

II. Opciones de uso fácil para describir a través de un clic el modo de operación del hecho delictuoso;

III. Una habilitación para comentarios específicos o subir videos, grabaciones o cualquier otro componente derivado de la aplicación de tecnologías de la comunicación y de la información.

Artículo130 Bis 2.- Los datos se compartirán con el Sistema Nacional de Información donde serán clasificados como denuncia pública. Toda denuncia deberá ser objeto de análisis para efectos de elaborar productos de inteligencia al cruzar los datos con la información contenida en dicho Sistema Nacional.

El Sistema Nacional de Información estará obligado a compartir las conclusiones con las autoridades integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública que resulten competentes en función de la naturaleza de los datos.

Los productos de inteligencia que el Sistema Nacional de Información envíe a través de Internet a las Procuradurías de Justicia o Fiscalías Generales o a las instituciones de seguridad pública darán lugar a lo siguiente:

I. Al levantamiento de un acta informativa que deberá ser valorada por el Agente del Ministerio Público que corresponda para efectos de elevarla a denuncia penal; y

II. Recomendaciones en materia de prevención social y situacional que se difundan a la sociedad a través del mismo portal en Internet y por conducto de los órganos y mecanismos de participación ciudadana que se hayan establecido en términos del artículo 128 de esta ley.

Artículo130 Bis 3.- El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana informará cada mes en el mismo portal de Internet, cuidando la secrecía propia de las investigaciones, sobre los avances en la investigación y, en su caso, enjuiciamiento de quienes resulten responsables en relación con los hechos delictivos reportados a través de la denuncia pública en los términos de los preceptos anteriores.

TRANSITORIOS

UNICO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, en la sede del Senado de la República, el 30 de marzo de 2016.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.

1 Nota de El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/elisa-alanis/nacion/2016/03/25/que-rica-te-gusta-decian-los-malditos

2 Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 Correspondiente al Título Octavo denominado “De la Participación de la Comunidad”

4 Véase el vínculo siguiente, consultado el 26 de marzo del año en curso: http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/inst_cnpdypc

5 De acuerdo al Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española: Clic: Pulsación que se hace en alguno de los botones del ratón de una computadora para dar una instrucción tras haber señalado un enlace o icono en la pantalla.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Blásquez Salinas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño del Senador Jesús Casillas Romero.

El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Si me permite el Senador adherirme a su iniciativa.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Senador Blásquez Salinas, ¿acepta que suscriban la iniciativa?

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Sí.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Solicito a la Secretaría tome nota, por favor.





 

Tiene el uso de la palabra la Senadora María Cristina Díaz Salazar, para presentar a nombre propio y de diversas Senadoras, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, a nombre propio y de las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, María del Carmen Izaguirre Francos, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia)

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Con su venia, señora Presidenta. Señoras y señores Senadores:

Como es de su conocimiento, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene como objetivo reconocer y garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de todos ellos.

De igual manera, las autoridades federales de las entidades federativas y municipios deben prever las acciones y mecanismos necesarios que les permitan a los niños y adolescentes un crecimiento y desarrollo integral.

En ese sentido, el artículo 13 de la ley general que nos ocupa, reconoce a las niñas, niños y adolescentes los siguientes derechos: “El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, el derecho de prioridad, el derecho a la identidad, el derecho a vivir en familia, el derecho a la igualdad sustantiva, el derecho a no ser discriminado, el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, entre muchos otros”.

Para lograr el pleno respeto a dichos derechos, es importante destacar que las autoridades federales de las entidades federativas y municipios habrán de adoptar las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición.

De acuerdo con el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, muchos niños, niñas y adolescentes enfrentan adversidades, maltratos, y en muchas ocasiones hasta corre peligro su vida dentro de su seno familiar, lugar en donde deberían estar más seguros.

La familia es la institución social más importante para la crianza, la educación y la protección de sus miembros. No obstante, en ocasiones se convierten en un escenario de sufrimiento y violencia, especialmente para estos grupos vulnerables.

Como una forma de ayudar a prevenir este tipo de problemas, se propone reformar la fracción I del artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que de esta manera las autoridades competentes prestarán mayor atención para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños y adolescentes se vean afectados por el descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico y sexual que se genere en la escuela, seno familiar o cualquier medio social que se desarrolle y que atente contra la integridad personal.

Proteger a la niñez es proteger el futuro de México, es proteger lo más preciado, que son nuestros hijos.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

Las que suscriben, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, ANABEL ACOSTA ISLAS, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, ERIKA AYALA RÍOS, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, MARÍA DEL CARMEN IZAGUIRRE FRANCOS Y CARMEN DORANTES MARTÍNEZ Senadores de la Republica, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 163 y 164 del Reglamento del Senado de la Republica, Someto a consideración de esta Honorable Asamblea LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene como objetivo reconocer y garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus Derechos Humanos; así como las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales deben prever las acciones y mecanismos necesarios, que les permitan a los niños y adolescentes un crecimiento y desarrollo integral.1 La expedición de esta Ley, constituyo un importante avance en el marco Legislativo Nacional, debido a que reafirma el compromiso con los Derechos Humanos.

La importancia de dicha ley radica, en el reconocimiento que se le dan a todos los Derechos que son específicos para la niñez y adolescencia, también su protección y defensa; pero sobre todo las medidas de instrumentación, implementación y ejecución para su cumplimiento; de aquí la trascendencia de dicha Ley.

En este orden de ideas, el artículo 13 de la ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reconoce sus derechos como los siguientes:2

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;

II. Derecho de prioridad;

III. Derecho a la identidad;

IV. Derecho a vivir en familia;

V. Derecho a la igualdad sustantiva;

VI. Derecho a no ser discriminado;

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;

X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;

XI. Derecho a la educación;

XII. Derecho al descanso y al esparcimiento;

XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura;

XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;

XV. Derecho de participación;

XVI. Derecho de asociación y reunión;

XVII. Derecho a la intimidad;

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso;

XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y

XX. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet

El mismo artículo señala que las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición.

Partiendo de este principio, y de acuerdo a la fracción VIII de artículo 13 y el artículo 46 de la misma Ley, las Niñas, Niños y Adolescentes tienen Derecho a una vida libre de violencia y a su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad; y en virtud de lo dicho es necesario que esta ley reconozca y sancione el descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual; generado en la escuela, en el seno familiar o en cualquier medio social que se desarrolle y que atente contra su integridad personal.

Son numerosos los casos en que tanto como niñas, niños y adolescentes se ven afectados por algunas de las características antes mencionadas, en los centros escolares y en la misma familia.

De acuerdo al Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) los niños y adolescentes corren peligro, en el lugar donde deberían estar más seguros, con su familia; y además a aseguran que son mayores las probabilidades de que los niños y adolescentes sean agredidos físicamente y sufrir violencia psicológica por parte de sus propios miembros de familia. La familia es la institución social más importante para la crianza, la educación y la protección de sus miembros, pero en ocasiones se convierte en un escenario de sufrimiento y violencia.3

Mientras la comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alerto que el problema de violencia física y psicológica en los centros escolares, ha aumentado en los últimos dos años; el Acoso Escolar engloba todo este tipo de violencia y se entiende, como una forma de violencia entre compañeros en la que uno o varios alumnos molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros, quienes no pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en una posición de desventaja o inferioridad.4Al respecto no se pueden olvidar los casos más recientes y sonados en nuestro país, como el caso de:5

- Naomi Hernández Macías, la cual fue víctima de agresión por parte de un compañero, en una secundaria de Boca del Río, Veracruz, donde se muestran como la menor es golpeada durante varios minutos y arrastrada por casi todo el salón. (27 de febrero).

- También como una joven de Zacatecas fue acosada por al menos tres personas, entre ellas un hombre, quien grabó las agresiones. La menor fue obligada a arrodillarse y pedir perdón por las “ofensas que causó”, sin embargo, al no hacerles caso, otra joven, la tomo del cabello, la tiro al suelo y comienzo a patearla. (22 de Mayo).

Como estos casos, se tiene una gran cantidad, donde el principal lugar de ataque son los centros escolares y en el seno familiar, muchos desafortunadamente terminan en suicidio, por las reiteradas humillaciones y maltratos que también, afectan tanto en la autoestima, estado de ánimo, seguridad, rendimiento escolar e integridad física de las niñas, niños y adolescentes.

Los actos de violencia son un tipo de agresión no solo física sino también psicológica, por una parte, la violencia física se muestra con acciones o agresiones ya sean patadas, golpes, tirones de pelo. Mientras el acoso psicológico o emocional se presenta en gestos groseros, despreciar, ignorar, aislar, insultos, burlas y enviar notas ofensivas, estos a su vez tienen como consecuencia síntomas de depresión, ansiedad, frustración y conductas en forma de agresión, irritación o rutinas obsesivas.

Como se puede observar la agresión Física, Psicológica o Emocional se sigue dando en el seno familiar y en los centros escolares donde ha trascendido y las afectaciones que esta trae consigo, puede acabar en fracaso, ansiedad o fobia al colegio, con lo que configura una personalidad insegura para su desarrollo óptimo a nivel personal y social y la peor consecuencia de todas es el suicidio, como única vía para escapar de la situación.

Por lo anteriormente señalado, es que se propone reformar la fracción I del Artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; ya que de esta manera las autoridades competentes prestaran mayor atención para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños y adolescentes, se vean afectadas por el descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual; que se genere en la escuela, seno familiar o cualquier medio social que se desarrolle y que atente contra su integridad personal.

DECRETO

UNICO. Se reforma la fracción I del artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 47. Las autoridades Federales, de las entidades Federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:

I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual; generado en la escuela, seno familiar o en cualquier medio social que se desarrolle y que atente contra su integridad personal.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de marzo de 2016.

1 Al respecto consultarse la Fracción I y II del Artículo 1 y Articulo 7 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. P. P. 1 y 5

2 Consultar Artículo 13 de la misma Ley P. 6

5 http://www.cndh.org.mx/Ninez_Tematicas Consulta 4 de Marzo de 2016.

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Saraí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Erika Ayala Ríos.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María del Carmen Izaguirre Francos.- Sen. Carmen Dorantes Martínez.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Díaz Salazar. Túrnese a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos.

Yo le pediría a la proponente me permitiera adherirme a su iniciativa, por favor.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Encantada, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Salazar: Gracias.





 

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 67 de la Ley General de Educación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS FRACCIONES AL ARTÍCULO 67 DE LA LEY GENERAL DE  EDUCACIÓN

(Presentada por la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores:

Desde 1992 nuestro país se reconoció como pluricultural a nivel constitucional, expresando en el artículo 2o., que: “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”. Esta reforma nos ha hecho voltear hacia nuestra diversidad lingüística y cultural que merece la protección, preservación y, sobre todo, reconocimiento dentro del sistema educativo nacional.

Por ello, en los últimos años, ha sido una inquietud constante el reconocer, dentro de la política educativa, la importancia del valor de nuestros espacios geográficos históricos, preservando su identidad y tradiciones desde una perspectiva académica.

Sin embargo, la baja calidad en la educación que se tiene en la mayoría de las escuelas públicas y el desplazamiento de valores nacionalistas por valores de mercado, ha tenido como consecuencia el que no se imparta una instrucción sobre la riqueza e identidad con que se cuenta en cada rincón de nuestro país.

Esto ha degenerado al grado de que muchas festividades de profundas raíces históricas hoy son identificadas como eventos llenos de espectáculos que poco o nada tienen que ver con razones históricas y únicamente son utilizados como parte de un slogan comercial.

Las fiestas populares en nuestro país son resultado del sincretismo que nos dejó la herencia de nuestra cultura prehispánica y el fervor religioso impuesto por el colonialismo español, en un espacio que plasma los sentimientos más profundos de nuestra gente y el valor social que cada región les otorga.

Sin duda que el objetivo esencial de estos eventos, además de fortalecer la estructura social, es evitar la pérdida de la identidad, valores y desintegración comunitaria. Cuando se organizan participan todos los sectores de la sociedad sin importar su status social, cada uno de ellos ejerce el rol que le fue asignado por una asamblea.

Un censo que puede encontrarse en Internet, contabiliza alrededor de 137 ferias regionales, cifra que en términos generales coincide con el directorio de ferias y festivales que elabora el Sistema de Información Cultural de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Regional del Conaculta; sin embargo, es un hecho que a lo largo de los 2 mil 445 municipios, más la Ciudad de México, que integran a nuestro país, hay al menos una festividad al año.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, uno de los fines de la reciente reforma educativa es erradicar los usos y costumbres que distraen a los profesores, directivos y alumnos de la tarea central de la escuela, entre ellos el participar en eventos fuera de la escuela, promovidos por autoridades locales, se calcula que este tipo de actividades llegan a quitar hasta un 40 por ciento del tiempo efectivo en clase.

En este punto es donde nace la idea central de la presente iniciativa, se trata de integrar académicamente los eventos que formen parte del arraigo histórico de una localidad como una herramienta pedagógica para enaltecer los valores de cada pueblo y sus logros con el paso del tiempo, haciendo de lado aspectos comerciales que hacen perder la esencia misma de la festividad y que llega a ser la causa de perder tiempo de clase en las aulas.

Lo anterior puede alcanzarse si dentro del objeto de las asociaciones de padres de familia que se encuentran establecidas en la Ley General de Educación incorporamos el que ellos tengan que presentar ante las autoridades educativas y los consejos escolares de participación social el calendario de actividades de la localidad en función de acontecimientos históricos, usos y costumbres, y en donde propongan acciones educativas que fomenten la identidad histórica y valores de cada región.

Además, con esto puede establecerse una planeación anticipada para evitar la suspensión de actividades en determinados espacios educativos y, sobre todo, le da una importancia académica alejada de los fines comerciales con que llegan a ser promocionados estos eventos.

Cabe destacar que existen distintas organizaciones de la sociedad civil que han hecho este tipo de planteamientos y se han dedicado a trabajar junto con maestros, directores, padres y madres de familia para crear ambientes culturales de calidad en el marco de festividades específicas que se dan en la localidad.

Este tipo de experiencias han ido más lejos ya que tenemos el caso de las acciones que han emprendido padres de familia en el estado de Tamaulipas con autoridades de seguridad para evitar robos en periodos de festividades, esto se dio a partir de que en varias escuelas de educación básica se saqueaban los equipos de cómputo mientras se llevaban a cabo dichos festejos.

En opinión del Consejo Nacional de Fomento Educativo, es importante la participación dinámica de la familia en la educación y se considera uno de los principales factores de éxito académico de los alumnos, para esto fue desarrollado el modelo para la participación de padres de familia en la educación inicial y básica, cuyo objetivo es propiciar y orientar la participación dinámica, colaborativa e incluyente de padres, madres y ciudadanos en los procesos de aprendizaje y desarrollo, así como en la gestión escolar mediante estrategias, acciones y recursos que promuevan el vínculo entre la familia y la escuela.

Dicho modelo, dentro de sus vertientes de intervención, coloca a la familia como una institución social de gran valor y que desempeña importantes funciones en la vida de los alumnos. Por ello, no podemos dejar de lado la parte que corresponde al arraigo e identidad histórica de cada lugar, sin embargo, este debe de abordarse y llevarse de una manera comprometida en términos académicos, y alejada del uso de mercado.

Decía Octavio Paz: “El solitario mexicano ama las fiestas y las reuniones públicas, somos un pueblo ritual; el arte de la fiesta envilecido en casi todas partes se conserva intacto entre nosotros, en pocos lugares del mundo se puede vivir un espectáculo parecido al de las grandes fiestas de México con sus colores violentos, agrios y puros y sus danzas, ceremonias, fuegos de artificio, trajes insólitos y la inagotable cascada de sorpresas y objetos que se venden en esos días en plazas y mercados”.

En suma, buscamos reivindicar uno de los valores más altos que nuestra nación está obligada a fomentar en nuestras aulas, si pretende tener viabilidad y amor a nuestra identidad histórica.

Este es un objetivo que puede parecer distante, si no es que inalcanzable, a la luz de la voracidad con que las políticas de mercados destruyen las raíces de nuestros pueblos.

Estamos ante un tema de discusión a nivel nacional que debe involucrar a diferentes actores a abrirse al debate público donde cada sector defina claramente su postura.

A todos los sectores debe interesar el destino de nuestro gran país y de nuestro modelo educativo.

Es cuanto, señora Presidenta.

Gracias.

Iniciativa

La suscrita, MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS FRACCIONES AL ARTÍCULO 67 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde 1992 nuestro país se reconoció como pluricultural a nivel Constitucional, el artículo 2 señala que “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”. Esto nos ha hecho voltear hacia nuestra diversidad lingüística y cultural que merece la protección, preservación y, sobre todo, reconocimiento dentro del Sistema Educativo Nacional.

En los últimos años, ha sido una inquietud constante el reconocer dentro de la política educativa la importancia del valor de nuestros espacios geográficos históricos y la necesidad de preservar su identidad y tradiciones desde una perspectiva académica.

Sin embargo, la baja calidad en la educación que se tiene en la mayoría de escuelas públicas y el desplazamiento de valores nacionalistas por valores de mercado ha tenido como consecuencia el que no se tenga una preparación que permita ofrecer a los estudiantes una amplia instrucción sobre los valores históricos e identidad presentes en su localidad.

Esto ha degenerado al grado de que muchas festividades de profundas raíces históricas hoy únicamente son identificadas como eventos llenos de shows y espectáculos que poco o nada tienen que ver con la razón de la festividad y esta es únicamente utilizada como un slogan comercial.

Las fiestas populares en nuestro país son resultado del sincretismo que nos dejó la herencia de nuestra cultura prehispánica y el fervor religioso impuesto por el colonialismo español. Es un espacio que plasma los sentimientos más profundos de nuestra gente y el valor social que cada región les otorga.

Sin duda que el objetivo esencial de estos eventos además de fortalecer la estructura social es evitar la pérdida de la identidad, valores y desintegración comunitaria. Cuando se organizan participan todos los sectores de la sociedad sin importar su status social, cada uno de ellos ejerce el rol que le fue asignado por una Asamblea.

Un censo que puede encontrarse en Internet contabiliza alrededor de 137 ferias regionales, cifra que en términos generales coincide con el directorio de ferias y festivales que elabora el Sistema de Información Cultural de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Regional del CONACULTA, sin embargo, es un hecho que a lo largo de los 2 mil 445 municipios, más la Ciudad de México, que integran a nuestro país hay al menos una festividad al año.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, uno de los fines de la reciente reforma educativa, es erradicar los usos y costumbres que distraen a profesores, directivos y alumnos de la tarea central de la escuela, entre ellos, el participar en eventos fuera de la escuela promovidos por autoridades locales. Se calcula que este tipo de actividades llegan a quitar hasta un 40 por ciento del tiempo efectivo para clase.

En este punto es donde nace la idea central de la presente Iniciativa, se trata de integrar académicamente los eventos que formen parte del arraigo histórico de una localidad como una herramienta pedagógica para enaltecer los valores de cada pueblo y sus logros con el paso del tiempo, haciendo de lado aspectos comerciales que hacen perder la esencia misma de la festividad y que en muchos casos son la causa de que llegue a perderse tiempo de clase en las aulas.

Lo anterior puede alcanzarse si dentro del objeto de las asociaciones de padres de familia que se encuentran establecidas en la Ley General de Educación, incorporamos el que ellos tengan que presentar ante las autoridades educativas y los Consejos Escolares de Participación Social, el calendario de actividades de la localidad en función de acontecimientos históricos, usos y costumbres; y el que propongan acciones educativas que  fomenten la identidad histórica y valores de cada región.

Además, con esto puede establecerse una planeación anticipada para evitar la suspensión de actividades en determinados espacios educativos, y, sobre todo le da una importancia académica alejada de los fines comerciales con que llegan a ser promocionados estos eventos.

Cabe destacar que existen distintas organizaciones de la sociedad civil que han hecho este tipo de planteamientos y se han dedicado a trabajar junto con maestros, directores, padres y madres de familia para crear ambientes culturales de calidad en el marco de festividades específicas que se dan en la localidad.

Este tipo de experiencias han ido más lejos ya que tenemos el caso de las acciones que han emprendido padres de familia del Estado de Tamaulipas con autoridades de seguridad para evitar robos en periodos de festividades; esto se dio a partir de que en varias escuelas de educación básica se saqueaban los equipos de cómputo mientras se llevaba a cabo un festejo.

En opinión del Consejo Nacional de Fomento Educativo, es importante la participación dinámica de la familia en la educación y se considera uno de los principales factores de éxito académico de los alumnos. Por ello, fue desarrollado el Modelo para la Participación de Padres de Familia en la Educación Inicial y Básica, cuyo objetivo es propiciar y orientar la participación dinámica, colaborativa e incluyente de padres, madres y cuidadores en los procesos de aprendizaje y desarrollo, así como en la gestión escolar mediante estrategias, acciones y recursos que promuevan el vínculo entre la familia y la escuela.

Dicho Modelo, dentro de sus vertientes de intervención coloca a la familia como una institución social de gran valor y que desempeña importantes funciones en la vida de los alumnos. Por ello, no podemos dejar de lado la parte que corresponde al arraigo e identidad histórica de cada lugar, sin embargo, esto debe abordarse y llevarse de una manera comprometida en términos académicos y alejada de usos de mercado.

Como decía Octavio Paz, El solitario mexicano ama las fiestas y las reuniones públicas (…). Cualquier pretexto es bueno para interrumpir la marcha del tiempo y celebrar con festejos y ceremonias hombres y acontecimientos. Somos un pueblo ritual. Y esta tendencia beneficia a nuestra imaginación tanto como a nuestra sensibilidad, siempre afinadas y despiertas. El arte de la fiesta, envilecido en casi todas partes, se conserva intacto entre nosotros. En pocos lugares del mundo se puede vivir un espectáculo parecido al de las grandes fiestas (…) de México, con sus colores violentos, agrios y puros y sus danzas, ceremonias, fuegos de artificio, trajes insólitos y la inagotable cascada de sorpresas (…) y objetos que se venden esos días en plazas y mercados.”

En suma, buscamos reivindicar uno de los valores más altos, que nuestra Nación está obligada a fomentar en nuestras aulas, si pretende tener viabilidad y amor a nuestra identidad histórica.

Este es un objetivo que puede parecer distante, si no es que inalcanzable, a la luz de la voracidad con que las políticas de mercado destruyen las raíces de los pueblos.

Estamos ante un tema de discusión a nivel nacional que debe involucrar a diferentes actores, abrirse al debate público, donde cada sector defina claramente su postura.

A todos los sectores deber interesar el destino de nuestro gran país y de nuestro modelo educativo.

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS

TEXTO VIGENTE
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

PROPUESTA DE ADICIONES

Artículo 67.-Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:

I.-Representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean comunes a los asociados;

II.-Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de los planteles;

III.-Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que, en su caso, hagan las propias asociaciones al establecimiento escolar. Estas cooperaciones serán de carácter voluntario y, según lo dispuesto por el artículo 6o. de esta Ley, en ningún caso se

entenderán como contraprestaciones del servicio educativo;

IV.-Proponer las medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos señalados en las fracciones anteriores, e

V.-Informar a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier irregularidad de que sean objeto los educandos.

 

 

 

 

 

 

 

Las asociaciones de padres de familia se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos.

La organización y el funcionamiento de las asociaciones de padres de familia, en lo concerniente a sus relaciones con las autoridades de los establecimientos escolares, se sujetarán a las disposiciones que la autoridad educativa federal señale.

Artículo 67.-Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:

I.- Representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean comunes a los asociados;

II.- Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de los planteles;

III.- Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que, en su caso, hagan las propias asociaciones al establecimiento escolar. Estas cooperaciones serán de carácter voluntario y, según lo dispuesto por el artículo 6o. de esta Ley, en ningún caso se

entenderán como contraprestaciones del servicio educativo;

IV.- Proponer las medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos señalados en las fracciones anteriores, e

V.- Informar a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier irregularidad de que sean objeto los educandos.

VI. Presentar ante las autoridades educativas y los Consejos Escolares de Participación Social, el calendario de actividades de la localidad en función de acontecimientos históricos, usos y costumbres, buscando evitar que se impacte negativamente en los tiempos de los educandos,
VII. Proponer acciones educativas que fomenten la identidad histórica y valores de cada región, coadyuvando a fortalecer el tejido social, y una mejor comprensión académica de hechos históricos.

Las asociaciones de padres de familia se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos.

La organización y el funcionamiento de las asociaciones de padres de familia, en lo concerniente a sus relaciones con las autoridades de los establecimientos escolares, se sujetarán a las disposiciones que la autoridad educativa federal señale.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se adicionan las fracciones VI y VII al artículo 67 de la Ley General de Educación, para quedar de la forma siguiente:

Ley General de Educación

Artículo 67.- Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:

I. a V. …

VI. Presentar ante las autoridades educativas y los Consejos Escolares de Participación Social, el calendario de actividades de la localidad en función de acontecimientos históricos, usos y costumbres, buscando evitar que se impacte negativamente en los tiempos de los educandos,

VII. Proponer acciones educativas que fomenten la identidad histórica y valores de cada región, que coadyuven a fortalecer el tejido social, y una mejor comprensión académica de hechos históricos.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de marzo de 2016.

Suscribe

Sen. María de los Ángeles Verónica González Rodríguez.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora González Rodríguez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.





 

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversos artículos a la Ley General de Asentamientos Humanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 61, 62 Y 63 A LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

(Presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señora Presidenta.

Tras la reforma constitucional de 1992, en 1993 se realizó una consulta nacional que dio origen a la actual Ley General de Asentamientos Humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993.

Uno de los elementos centrales de nuestra ley general es el concepto de zonificación, que comprende la determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población; sus aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y destinos, así como la delimitación de las áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento del mismo.

Según el informe titulado “México: Anatomía de la Corrupción”, elaborado por el CIDE y el IMCO, el 44 por ciento de las empresas en México reconoció haber pagado sobornos, de los cuales el 75 por ciento estuvo relacionado con trámites, licencias y permisos.

Lamentablemente en todo el país las constructoras y empresas inmobiliarias llevan a cabo obras que violan el uso de suelo autorizado, en el entendido de que, ya con el proyecto en construcción, tendrán mayores facilidades de las autoridades locales para poder regularizar estos inmuebles.

A pesar de que este tipo de solicitudes, para ser aprobadas, deben pasar por filtros de análisis para considerar su viabilidad, la realidad es que, en la gran mayoría, los fallos son en el sentido de modificar el uso de suelo para adaptarlo a la obra irregular y no en el sentido de ordenar la demolición de los inmuebles.

Esto ocurrió hace unos meses, concretamente en la Ciudad de México, con 51 predios donde incluso se construyeron centros comerciales y desarrollos con más pisos de los permitidos.

La Ciudad de México es un caso emblemático, en donde desde el inicio de este siglo, los medios de comunicación han documentado cómo desarrolladores inmobiliarios solicitan cambios en el uso de suelo de inmuebles originalmente destinados a la vivienda, para construir torres de oficinas o centros comerciales, sin que el gobierno local mitigue los efectos viales y de servicios que dichas obras irregulares generan.

Mucha corrupción y lamentablemente administraciones van y vienen, sigue la corrupción y la ciudad va creciendo de manera desordenada, y si pensamos en las 59 zonas metropolitanas del país, pues está ocurriendo un fenómeno muy similar.

Una de las quejas más comunes de los habitantes de la Ciudad de México, es la violación de los usos de suelo permitidos. Cotidianamente vecinos de distintas colonias de esta metrópoli se levantan un día y se percatan que hay una construcción en proceso que visiblemente es irregular, está cerca de su casa, está cerca de la oficina, está probablemente en su colonia. Y lamentablemente en esta ciudad, los vecinos no son escuchados por las autoridades locales.

Aquí hemos denunciado muchos espacios que han sido ocupados por oficinas, que se han construido oficinas en donde debiera ser un área verde protegida.

Especialmente quiero compartirles que hay un caso muy sonado en la Delegación Coyoacán, seguro alguno de ustedes lo recuerdan, es el caso de Céfiro 120, en el que, no sólo con conocimiento, sino que en ese entonces con ayuda del jefe delegacional, que por cierto hoy es Diputado local, el señor Mauricio Toledo, se construyeron 3 torres de 120 departamentos en una zona que debió de haberse mantenido como espacio abierto.

El ejemplo de Céfiro 120 puede verse replicado en todas las demás delegaciones de nuestra hermosa ciudad.

El suelo, como el recurso más valioso y escaso en las urbes, es objeto de actos de corrupción entre autoridades y desarrolladores inmobiliarios, precisamente por las constantes violaciones debemos establecer candados y medidas que permitan llevar a nuestras ciudades por un camino de armonía urbana.

Las leyes locales deben prever que por cada solicitud de cambio de uso de suelo se realice una consulta ciudadana, cuyos resultados sean vinculantes. Lo anterior a efecto de empoderar a los vecinos para que sean escuchados cuando se pretenda cambiar el uso de suelo de un predio específico de su pueblo o de su colonia.

A efecto de garantizar también que las futuras generaciones que habiten nuestras urbes gocen de un medio ambiente sano, debe preverse la autorización previa de la Secretaría de Gobierno de la entidad federativa competente en materia ambiental, así como de la Procuraduría Ambiental en la entidad federativa, si la hubiera, respecto de todos los cambios de uso de suelo de inmuebles cuyo destino sea ambiental o de conservación.

Quiero someter a consideración de este Senado de la República esta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 61, 62 y 63 a la Ley General de Asentamientos Humanos, a fin de prever que la legislación local de las entidades federativas deban incorporar dos elementos: En primer lugar, mecanismos tanto de participación ciudadana como de control ambiental, que actúen como candados en contra de los cambios irregulares de uso de suelo.

Y segundo, sanciones penales para aquellos servidores públicos que otorguen permisos, licencias o autorizaciones cuyo contenido sea violatorio de las leyes o programas locales de desarrollo urbano, y para aquellas personas que destinen dolosamente un bien inmueble a un uso distinto del uso de suelo que tenga permitido, u obtengan un beneficio económico derivado de dicha conducta.

Yo espero que podamos estar discutiendo esta iniciativa en el marco del proyecto que pretende este Senado de la República, que tiene que ver con los asentamientos urbanos de nuestro país.

Y espero sobre todo que podamos echarle un ojo a las 59 zonas metropolitanas del país, porque están creciendo de manera desmedida, están creciendo sin control alguno debido a la corrupción que permea en todos los niveles de gobierno.

Pensemos, insisto, en las futuras generaciones, en poderles brindar un medio ambiente sano, en poderles brindar una calidad del aire adecuada y en poderles brindar además a nuestros niños, a nuestros jóvenes, por lo menos los servicios públicos básicos que hoy desafortunadamente no se dan abasto las autoridades, y pongo el ejemplo de la Ciudad de México, y seguramente muchos compañeros Senadores lo podrán aplicar y pensar también en los diferentes estados de la República.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

La suscrita, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 61, 62 Y 63 A LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, en virtud de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 6 de febrero de 1976 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la que se incluyó una mención explícita a la materia de desarrollo urbano y se señalaron las facultades en materia urbanística para las entidades federativas. Asimismo, dicha reforma incluyó dotar de facultades al Congreso de la Unión a efecto de que expidiera una ley general en materia de asentamientos humanos.

La Ley General de Asentamientos Humanos de 1976 sentó las bases para la planeación del desarrollo urbano y para la regulación de los asentamientos humanos en todo el país.

Ya a finales del siglo pasado, el 6 de enero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al tercer párrafo del artículo 27 de nuestra Constitución, para quedar como sigue:

“Artículo 27.- …

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

…”

Tras la reforma constitucional, en 1993 se realizó una consulta nacional que dio origen a la actual Ley General de Asentamientos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993 (la “Ley General”).
Conforme lo prevé el artículo 1º de la Ley General, el objeto de la ley se compone de 4 elementos:

1. Establecer la concurrencia de la Federación, de las Entidades Federativas y de los municipios, para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional;

2. Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

3. Definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que regulen la propiedad en los centros de población; y

4. Determinar las bases para la participación social en materia de asentamientos humanos.

Uno de los elementos centrales de nuestra Ley General es el concepto de zonificación, que comprende la determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población; sus aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y destinos, así como la delimitación de las áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento del mismo. Así, los usos de suelo son aquellos fines particulares a las que podrán destinarse determinadas zonas o predios de un centro de población.

La Ley General prevé que las legislaturas de las entidades federativas, mediante una ley local, son las encargadas de legislar en la materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población de cada entidad federativa.

La corrupción, negligencia de autoridades locales y la falta de actualización de nuestra Ley General, que en los últimos años se ha presentado en todo el país un crecimiento urbano que no ha seguido los lineamientos básicos que se requieren para asegurar una buena calidad de vida para los habitantes de las urbes.

Según el informe titulado “México: Anatomía de la Corrupción”, elaborado por el CIDE y el IMCO, y dado a conocer este año, el 44% de las empresas en México reconoció haber pagado sobornos, de los cuales el 75% estuvo relacionado con trámites, licencias y permisos.

1. Participación ciudadana y preservación del medio ambiente.

Lamentablemente, en todo el país, las constructoras y empresas inmobiliarias construyen obras que violan el uso de suelo autorizado, en el entendido de que, ya con el proyecto en construcción, tendrán mayores facilidades de las autoridades locales para la regularización de los inmuebles.

A pesar de que este tipo de solicitudes, para ser aprobadas, deben pasar por filtros de análisis para considerar su viabilidad, la realidad es que, en su gran mayoría, los fallos son en el sentido de modificar el uso de suelo para adaptarlo a la obra irregular y no en el sentido de ordenar la demolición de los inmuebles.

La Ciudad de México, es un caso emblemático en donde, desde el inicio de este siglo, los medios de comunicación han documentado cómo desarrolladores inmobiliarios solicitan cambios en el uso de suelo de inmuebles originalmente   destinados a la vivienda, para construir torres de oficinas o centros comerciales, sin que el gobierno local mitigue los efectos viales y de servicios que dichas obras irregulares generan.

Una de las quejas más comunes de los habitantes de esta ciudad, es la violación de los usos de suelo permitidos. Constantemente, vecinos de distintas colonias de esta metrópoli, se percatan que hay una construcción en proceso que visiblemente es irregular, cerca de su casa, en su calle o en su colonia. Lamentablemente, los vecinos no son escuchados por las autoridades locales.

Asimismo, son del dominio público casos como el de un inmueble ubicado en la Delegación Coyoacán (Céfiro 120) en el que, no sólo con conocimiento, sino con ayuda del entonces Jefe Delegacional y hoy diputado local, Mauricio Toledo, se construyeron tres torres de 120 departamentos en una zona que debió de haberse mantenido como espacio abierto.

El suelo, como el recurso más valioso y escaso en las urbes, es objeto de actos de corrupción entre autoridades y desarrolladores inmobiliarios. Precisamente por las constantes violaciones a la normatividad en materia de desarrollo urbano deben establecerse candados y medidas que permitan llevar a nuestras ciudades por un camino de armonía urbana.

Así, las leyes locales deben prever que, por cada solicitud de cambio de uso de suelo, se realice una consulta ciudadana cuyo resultado sea vinculante. Lo anterior, a efecto de empoderara los vecinos y sean escuchados cuando se pretenda cambiar el uso de suelo de un predio específico de su pueblo o colonia.

Por otro lado, a efecto de garantizar que las futuras generaciones que habiten nuestras urbes, gocen de un medio ambiente sano, debe preverse la autorización previa de la secretaría del gobierno de la entidad federativa competente en materia ambiental, así como de la procuraduría ambiental de la entidad federativa, si la hubiere, respecto de todos los cambios de uso de suelo de inmuebles cuyo destino sea ambiental o de conservación.

2. Sanciones penales.

El problema de que las autoridades locales expidan permisos, licencias o autorizaciones que son contrarias a las disposiciones de desarrollo urbano vigentes, no sólo radica en la invalidez de dichos actos administrativos, sino en la falta de responsabilidad penal para los servidores públicos que, con su expedición, violan disposiciones de las leyes locales de desarrollo urbano o de los programas estatales o municipales.

Por ello, deben preverse sanciones penales para aquellos servidores públicos que otorguen permisos, licencias o autorizaciones cuyo contenido sea violatorio de las leyes o programas locales de desarrollo urbano aplicables. También, deben preverse sanciones penales para aquellas personas que destinen, dolosamente, un inmueble a un uso distinto del uso desuelo permitido u obtenga un beneficio económico derivado de dicha conducta.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 61, 62 y 63 a la Ley General de Asentamientos Humanos, en los siguientes términos:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los artículos 61, 62 y 63 a la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

“Artículo 61.- Las leyes locales deberán prever que, para todo cambio de uso de suelo de inmuebles cuyo uso de suelo sea de carácter habitacional, dicho cambio sea sujeto a la aprobación previa de los vecinos de la colonia o pueblo en el que se encuentre el inmueble materia del cambio de uso de suelo, mediante una consulta ciudadana cuyo resultado sea vinculante.”

“Artículo 62.-Las leyes locales deberán prever que, para todo cambio de uso de suelo de inmuebles cuyo uso de suelo sea de carácter ambiental o de conservación, dicho cambio sea sujeto a la aprobación previa de la secretaría del gobierno de la entidad federativa competente en materia ambiental, así como de la procuraduría ambiental de la entidad federativa, si la hubiere.“

“Artículo 63.- Las leyes locales deberán prever sanciones penales para:

I. Aquellos servidores públicos que otorguen permisos, licencias o autorizaciones cuyo contenido sea violatorio de las leyes o programas locales de desarrollo urbano; y

II. Aquellas personas que destinen, dolosamente, un bien inmueble a un uso distinto del uso de suelo que tenga permitido u obtenga un beneficio económico derivado de dicha conducta.“

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.

TERCERO.- Las Legislaturas de las 32 Entidades Federativas deberán reformar sus leyes locales a efecto de adecuarlas al texto de la reforma prevista en el presente Decreto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de marzo de 2016.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos.

Solicito a la Secretaría tomar nota de los Senadores que quieran suscribir la iniciativa, por favor.





 

En otro apartado de nuestra agenda, tenemos dictámenes para primera lectura.

Dé cuenta la Secretaría con ellos.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, doy cuenta.

Tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3 y 35; y se adiciona el artículo 30 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 35; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI BIS AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones dela Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113.2, 117.1, 135.1, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de octubre de 2015, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale,  María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y  María Elena Barrera Tapia, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

3. Senadoras y Senadores integrantes de las Comisiones Unidas aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa tiene como objetivo modificar y adicionar diversos artículos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación vigente con el objeto de que este ordenamiento continúe siendo el instrumento cúspide para garantizar el pleno goce y ejercicio del derecho a la igualdad y a la no discriminación.

Para ello, tiene como finalidad promover que la persona que ocupe la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) pueda emitir y suscribir resoluciones, así como establecer medidas administrativas y de reparación, y finalmente promoverla continuidad de las y los asambleístas del Consejo con la finalidad de incentivar la consecución de los proyectos y la rotación de personas no sea un factor que opere en contra de los procesos.

CONSIDERACIONES

1.-De acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), es la institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad.

Asimismo, CONAPRED tiene entre sus funciones recibir y resolver las reclamaciones y quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones y desarrolla acciones para proteger a todos los ciudadanos y las ciudadanas de toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.

De igual manera, la Ley señala que CONAPRED es un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Para el desarrollo de sus atribuciones, el Consejo gozará de autonomía técnica y de gestión, y contará con los recursos suficientes que anualmente se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación. De igual manera, para dictar las resoluciones que en términos de la presente Ley se formulen en el procedimiento de queja, el Consejo no estará subordinado a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena independencia.

Para lograr lo anterior, el Consejo tiene entre otras, las siguientes atribuciones:

• Generar y promover políticas, programas, proyectos o acciones cuyo objetivo o resultado esté encaminado a la prevención y eliminación de la discriminación;

• Elaborar instrumentos de acción pública que contribuyan a incorporar la perspectiva de no discriminación en el ámbito de las políticas públicas;

• Elaborar, coordinar y supervisar la instrumentación del Programa, que tendrá el carácter de especial y de cumplimiento obligatorio de conformidad con la Ley de Planeación;

• Formular observaciones, sugerencias y directrices a quien omita el cumplimiento o desvíe la ejecución del Programa y facilitar la articulación de acciones y actividades que tengan como finalidad atender su cumplimiento;

• Verificar que los poderes públicos federales e instituciones y organismos privados, adopten medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación;

• Elaborar guías de acción pública con la finalidad de aportar elementos de política pública para prevenir y eliminar la discriminación;

• Promover el derecho a la no discriminación mediante campañas de difusión y divulgación;

• Promover una cultura de denuncia de prácticas discriminatorias;

• Desarrollar acciones y estrategias de promoción cultural que incentiven el uso de espacios, obras, arte y otras expresiones para sensibilizar sobre la importancia del respeto a la diversidad y la participación de la sociedad en pro de la igualdad y la no discriminación, y

• Emitir opiniones con relación a los proyectos de reformas en la materia que se presenten en el honorable Congreso de la Unión.

2.-El 20 de marzo de 2014, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que tuvieron como su principal origen el nuevo enfoque de Derechos Humanos plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde el mes de junio de 2011 y se basaron en los instrumentos, resoluciones y recomendaciones de carácter internacional en materia de “igualdad y no discriminación”.

En ese sentido, de acuerdo con las iniciantes, a más de un año de observar la operación de las modificaciones realizadas a la Ley, se ha percibido la necesidad de realizar una serie de medicaciones con la finalidad de perfeccionar su contenido y potenciar su alcance.

Conforme a la implementación de las citadas reformas, que significaron una modificación de más del 60 por ciento de la Ley, señalan las Senadoras proponentes, se ha observado la necesidad de replantear la funcionalidad de algunos de sus preceptos, así como valorar la reforma de aquellos artículos cuya dimensión legal se ha quedado limitada frente a la práctica cotidiana.

En ese sentido, el objetivo de la iniciativa materia del presente es la modificación y adición de diversos artículos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación vigente con el objeto de que este ordenamiento continúe siendo el instrumento cúspide para garantizar el pleno goce y ejercicio del derecho a la igualdad y a la no discriminación.

3.- Las Comisiones Dictaminadoras reconocen la propuesta y comparten el espíritu de realizar las modificaciones legislativas a las que haya lugar para perfeccionar el funcionamiento de las instituciones, particularmente en este caso del organismo encargado de dirigir la política nacional tendiente a prevenir los actos constitutivos de discriminación.

Senadoras y Senadores integrantes de las Comisiones Unidas señalan, en pleno acuerdo con el CONAPRED, que en nuestro país está prohibida la discriminación desde la Constitución Federal que con la reforma en materia de Derechos Humanos de junio de 2011 vino a fortalecer el enfoque de igualdad y no discriminación, en donde el modelo de inclusión social es indispensable en el desarrollo de toda política antidiscriminatoria que pretenda promover y asegurar que todas las personas puedan ejercer y disfrutar plenamente sus derechos.

Dicha reforma, adquiere mayor relevancia cuando de acuerdo al mismo CONAPRED la discriminación tiene graves efectos en quienes son víctimas, ya que incide negativamente en la esperanza de vida, en el desarrollo humano, alimenta y perpetua la desigualdad social y afecta el tejido social, y se convierte en una práctica sistemática que daña irreparablemente a la sociedad.

En cuanto a las reformas propuestas se señala lo siguiente:

a).- Reformas al artículo 3°:

En cuanto a la reforma a este precepto, que de acuerdo con las iniciantes tiene como origen que derivado de las reformas del 20 de marzo de 2014 quedó sin aplicabilidad su segundo párrafo que señala:

“Artículo 3.- …

En el Presupuesto de Egresos de la Federación, para cada ejercicio fiscal, se incluirán las asignaciones correspondientes para promover las acciones de nivelación, de inclusión y las acciones afirmativas a que se refiere el capítulo III de esta Ley.”

Las Comisiones Dictaminadoras estiman viable la propuesta dado que no hacer esta precisión se continuaría haciendo referencia al capítulo III que fue derogado con las reformas señaladas. Por ende, resulta imperante establecer como referencia al segundo párrafo del artículo 3° al actual capítulo IV que es en donde se retoma el espíritu de las “medidas compensatorias y acciones afirmativas”, dando con ello certeza jurídica y abonando a la adecuada armonización y funcionamiento de la Ley.

b).- Adición de la fracción XI del artículo 30:

Esta reforma tiene como objetivo plasmar en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la facultad expresa de la persona que ocupa la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), para “emitir y suscribir resoluciones por disposición e informes especiales, y en su caso, establecer medidas administrativas y de reparación derivadas de las quejas que por los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias a que se refiere esta Ley resulten, atribuidas a particulares, personas físicas o morales, así como a personas servidoras públicas federales, y a los poderes públicos federales, así como la facultad de delegar dichas atribuciones a la persona titular de la Dirección General Adjunta de Quejas”.

Dicha modificación, como señalan las iniciantes, tiene plena concordancia y viene a complementar el artículo 20 de esta Ley que en su fracción XLVI establece dicha atribución para CONAPRED, pero sin dejar claro sobre qué funcionaria o funcionario.

Cabe hacer mención, que en la práctica del Consejo Nacional las resoluciones son firmadas por la persona titular de la Presidencia de esta Institución quien tiene la representación legal de la misma, en virtud de la ausencia de una disposición legal que de manera expresa y puntual le confiera dicha atribución, así como de la inexistencia de atribución legal para poder delegar dicha atribución a personal del propio Consejo.

En esa virtud, quienes integramos las Comisiones Unidas consideramos viable aprobar la adición de una nueva fracción al listado de atribuciones que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación le confiere a la persona que ocupa la Presidencia del CONAPRED, en virtud de que la misma genera certeza legal a quienes son partícipes de algún procedimiento ante el Consejo, ya que se estará estableciendo en el cuerpo de la norma la facultad de su Titular para emitir y suscribir las resoluciones, así como de delegar esta atribución en personal del propio Consejo, con lo que se evitaría la posibilidad dejar en estado de indefensión a las personas que han sido víctimas de una práctica discriminatoria al existir una laguna jurídica.

c).- Reformas al artículo 35:

La reforma a este artículo tiene la finalidad de que esta disposición permita la renovación máxima de hasta seis asambleístas, eliminando así el carácter imperativo de la redacción vigente, la cual señala:

Artículo 35. Las personas integrantes de la Asamblea durarán en su encargo tres años y podrán ser ratificadas por un período igual, en términos de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico. Cada año se renovarán al menos cuatro de sus integrantes.

Si bien la reforma descrita anteriormente atendió un objetivo loable, el CONAPRED ha analizado íntegramente la aplicabilidad de la última parte de dicho artículo 35, toda vez que ha advertido que llevada a la práctica vulnera el derecho de las y los asambleístas a formar parte de ella por el período establecido en el propio numeral en comento, ya que el mecanismo de renovación que plantea la normativa puede motivar o crear una condición que impida que las personas integrantes de la Asamblea cumplimenten el período de tres años por el que fueron nombradas, o bien, por el que fueron ratificadas.

Aunado a lo anterior, las Comisiones Unidas en plena sintonía con la Iniciativa, destacan que se ha observado que para efectos de la continuidad en la labor que realiza la Asamblea Consultiva, así como en la aportación que cada persona integrante de la misma tiene en relación a los proyectos y programas que desarrolla el CONAPRED, la rotación anual de las mismas resultaría inoperable para tales finalidades.

En esa virtud, las Dictaminadoras estiman viable la reforma a la ´´ultima parte del artículo 35 de la Ley materia del presente, ya que privilegia la continuidad de las y los asambleístas en ese órgano colegiado, con lo que se tendrá mayor probabilidad para la consecución de proyectos que son del interés de este Consejo, sin dejar de observar que siempre existirá la posibilidad de cambios entre sus integrantes generados de manera extraordinaria, como el caso de enfermedades o fallecimientos.

d).- Artículos Transitorios:

Finalmente, en cuanto al contenido de los artículos transitorios, estas Comisiones se manifiestan  favor de que se establezca de manera precisa que la renovación de asambleístas se propondrá mediante acuerdo de la propia Asamblea Consultiva y que se pondrá a consideración de la Junta de Gobierno del CONAPRED para su aprobación.

Es por lo anteriormente expuesto y fundamentado que las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera:

RESUELVEN

Único.- Se aprueba la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único.- Se reforman los artículos 3° y 35; y se adiciona una fracción XI Bis al artículo 30, todos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para quedar como sigue:

Artículo 3.-

En el Presupuesto de Egresos de la Federación, para cada ejercicio fiscal, se incluirán las asignaciones correspondientes para promover las acciones de nivelación, de inclusión y las acciones afirmativas a que se refiere el capítulo IV de esta Ley.

Artículo 30…

I. a XI…

XI Bis. Emitir y suscribir resoluciones por disposición e informes especiales, así como establecer medidas administrativas y de reparación derivadas de las quejas que por los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias a que se refiere esta Ley resulten y sean atribuidas a particulares, personas físicas o morales, a personas servidoras públicas federales y a los poderes públicos federales, teniendo la facultad de delegar dichas atribuciones a la persona titular de la Dirección General Adjunta de Quejas.

XII...

Artículo 35. Las personas integrantes de la Asamblea Consultiva durarán en su encargo tres años, y podrán ser ratificadas por un período igual, en los términos de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico. Cada año podrán renovarse máximo seis de sus integrantes.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo señalado en el presente Decreto.

Tercero. Todo lo relativo a la renovación a la que hace alusión el artículo 35 de esta Ley, se propondrá mediante acuerdo de la Asamblea Consultiva y se pondrá a consideración de la Junta de Gobierno para su aprobación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 30 de marzo de 2016.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA





 

Y un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 constitucional.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX-X AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes para primera lectura, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, quedan de primera lectura.





 

Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de Acuerdo por el que se designan como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la ciudadana María Olga Noriega Sáenz y al ciudadano David Kershenobich Stalnikowitz.

El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

DESIGNACIÓN COMO INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar el dictamen a nombre de la comisión, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señora Presidenta. Señoras y señores Senadores:

A la Comisión de Derechos Humanos le fue remitido el expediente correspondiente al proceso de designación de las dos personas que ocuparán las dos vacantes existentes en el cargo honorario de integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en el párrafo sexto, Apartado B del artículo 102 de nuestra Constitución.

El 22 de octubre del 2005, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos remitió comunicación al Presidente de la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara de Senadores, Senador Roberto Gil Zuarth, para hacer del conocimiento de esta representación nacional que en el mes de octubre de 2015, el doctor Jorge Agustín Bustamante y el doctor Marcos Fastlicht Sackler, culminaban su periodo como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El doctor Bustamante Fernández fue electo como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para un periodo que empezó el 13 de diciembre de 2011.

Por su parte, el caso del señor Marcos Fastlicht Sackler, fue electo como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para un periodo a partir del 13 de diciembre de 2011.

Sin embargo, el 14 de agosto de 2015 el señor Fastlicht hizo del conocimiento del señor Luis Raúl González Pérez, Presidente de la CNDH, su decisión de renunciar a la posibilidad de ser considerado para un segundo periodo de sesiones.

De tal manera que cumpliendo los preceptos de la ley, es importante señalar que tuvimos que convocar para que pudiesen registrarse personalidades para cumplir estos dos encargos.

La convocatoria fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el jueves 3 y viernes 4 de diciembre de 2015, el viernes 4 de diciembre y el lunes 7 de diciembre se recibieron 11 propuestas de personalidades de candidaturas, y el martes siguiente 8 de diciembre se definió la lista de candidaturas finalmente para que quedara publicada en la Gaceta en función de los términos de la ley.

Desde el inicio del proceso toda la documentación estuvo disponible en versiones públicas en la página electrónica del Senado de la República y en el micrositio de la Comisión de Derechos Humanos, como es la costumbre de todos estos procesos que desde esta comisión iniciamos.

Una vez integrada esta lista de candidaturas para poder decidir quiénes formarán parte del Consejo Consultivo, nos dimos a la tarea de, además de analizar las trayectorias y las propuestas, también convocar a comparecer a las y los integrantes ante las y los integrantes de la comisión, quienes estaban buscando ser considerados para estar en estos dos encargos del Consejo Consultivo de la CNDH.

¿Quiénes fueron las personalidades que se registraron?

Olga Sánchez Cordero, Enrique Norberto Mora, Juan Manuel Estrada Juárez, María Olga Noriega Sáenz, David Kershenobich Stalnikowitz, Víctor Veloz Espejel, Armando Hernández Cruz, Agustín Antonio Herrera Fragoso, Jorge Agustín Bustamante Fernández, Adán Maldonado Sánchez y Juan N. Silva Meza.

Una vez celebrada la reunión de trabajo con las y los candidatos, iniciamos desde esta comisión el proceso de análisis y discusión en torno al perfil y las propuestas de las y los aspirantes para proceder a evaluar la elección correspondiente, con base en elementos objetivos.

La decisión, quiero decir, no ha sido fácil para las y los integrantes de esta comisión. Y no quisiera dejar pasar la oportunidad de señalar nuestra satisfacción que compartimos todas las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos por el interés y la participación de personalidades tan destacadas.

Francamente ninguna de las 11 personalidades que se inscribieron tienen ningún demérito, sino todo lo contrario, cualquiera de estas 11 personalidades tienen todos los atributos y eso nos honra mucho desde el Senado de la República para poder ser considerados en estos dos nombramientos honoríficos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Es importante señalar que esto además muestra una confianza en los procesos que hemos iniciado desde que estamos en el Senado de la República y que hoy prácticamente con estos dos nombramientos estaríamos frente a la decisión de que serían 10 integrantes, 5 mujeres y 5 hombres en el Consejo Consultivo de la CNDH, todos electos por este Senado de la República, tanto en la legislatura pasada como la que hoy estamos constituyendo.

Desde la auscultación de las y los candidatos propuestos, quienes integramos esta Comisión de Derechos Humanos hemos acreditado la calidad, el perfil, la experiencia y por supuesto más allá de lo que establecen los requisitos de la ley, la idoneidad para ser elegibles como integrantes de este Consejo Consultivo de la CNDH.

Hoy estamos frente a la presentación de un dictamen que hemos finalmente puesto en consideración, después de hacer algunos ajustes, particularmente nos preocupa mucho haber tenido que tomar la decisión, el caso de una de las integrantes que ya habíamos decidido, pero es importante señalar que por cuestiones de salud hemos tenido que tomar algún ajuste, y en ese sentido hoy estamos poniendo a su consideración para que pueda ser votado por todos ustedes, como lo determina la Constitución y la ley secundaria en esta materia, por las dos terceras partes que se necesitan.

Las dos personalidades que proponemos son la doctora María Olga Noriega Sáenz y el doctor David Kershenobich Stalnikowitz.

No obvio decir que por lo que finalmente establece nuestra Constitución, es necesario que esta votación la podamos otorgar por parte de ustedes, con dos terceras partes de quienes estamos presentes en esta Cámara de Senadores.

Muchas gracias a todos ustedes por su atención, y les pedimos que sean tan gentiles de apoyar el dictamen que la Comisión de Derechos Humanos hoy está poniendo a su consideración.

Es cuanto, muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Tiene la palabra, desde su escaño, la Senadora Layda Sansores San Román.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Para razonar mi voto, señora Presidenta.

Mi voto será en contra, y no estoy cuestionando el perfil de los que han sido elegidos hoy por inspiración del Espíritu Santo, sino porque estoy en contra de este procedimiento, que es un vicio legislativo que se ha convertido desgraciadamente en una costumbre parlamentaria.

Si se trata de Ministros, si se trata de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o si se trata del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Aquí montamos, como estamos acostumbrados, la gran pasarela, es el gran show, deben de pasar a responder a sesudas preguntas que les hacemos los Senadores, y entonces después deliberamos, yo no deliberé, no sé quiénes deliberan, pero alguien delibera y deciden quién es el bueno.

¿A quién engañan? Se juega con las cartas marcadas y es una falta de respeto para los ciudadanos.

Y para mí esta vez fue el colmo, porque participó el ex Ministro Silva Meza, y ahora quiere decir que quien fue Presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues reprobó el examen para ser Consejero Honorario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, son incongruencias.

¿Para qué lo usan? No se ha iniciado la película y ya se sabe quién es el ganador del Oscar, y a todos los demás los toman como extras. ¡Es una burla! ¡Es una falta de respeto a la ciudadanía!

¡Pero también es una falta de respeto a este Senado y a la dignidad que debe tener esta institución!

Por eso mi voto en contra.

Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Sansores San Román.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar el resultado de la votación.

Les recuerdo que para la aprobación de estos nombramientos se debe reunir una mayoría de dos tercios de los presentes.



El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 83 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Aprobado el punto de Acuerdo. En consecuencia, se designa a la ciudadana María Olga Noriega Sáenz y al ciudadano David Kershenobich Stalnikowitz como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comuníquese.

Se convocará a los señores consejeros a que acudan a rendir su protesta de ley en la próxima sesión.





 

Pasamos a la discusión de cinco dictámenes, en sentido negativo, que proponen desechar proyectos iniciados en el Senado. Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. En consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes negativos.
El Secretario Senador Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura.

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con los siguientes proyectos de Decreto.

Por el que se reforma el artículo 6o. constitucional, en materia de acceso y la conectividad a las redes digitales.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ACCESO Y LA CONECTIVIDAD A LAS REDES DIGITALES

(Dictamen a discusión)







 

Para reformar los artículos 4o. y 6o. constitucionales.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4o. Y 6o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)







 

Para reformar los artículos 27, 28 y 73 constitucionales.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27, 28 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)







 

Para reformar el párrafo quinto del artículo 4o. constitucional.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)







 

Y para adicionar dos párrafos al artículo 6o. constitucional, en materia de acceso libre a Internet.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS NUEVOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 6o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ACCESO LIBRE A INTERNET

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Están a discusión. Por no haber reservas en los dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto iniciados en esta Cámara.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes que desechan proyectos de Decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los dictámenes, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Aprobados los dictámenes. Comuníquense. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.





 

Tenemos ahora la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de Acuerdo. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, doy cuenta con los dictámenes.

Uno, que exhorta al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional a revisar y, en su caso, proponer los cambios correspondientes a la normatividad militar para fortalecer la vigencia de los derechos humanos.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)



 





 

Y por el que el Senado de la República reconoce las aportaciones de las observaciones y recomendaciones derivadas de la visita in loco a nuestro país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se compromete a analizar sus recomendaciones.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. Están a discusión los dictámenes. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes.

El Secretario Senador Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Señora Presidenta, ante la no clara expresión de la votación, me permitiré repetir el ejercicio de solicitar el voto de los Senadores. Quienes estén porque se aprueben los dictámenes, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se aprueban los dictámenes, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario. No se aprueban los dictámenes. Comuníquense.





 

En el apartado de proposiciones, se concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de Acuerdo por el que se condena cualquier expresión que promueva la violencia de género y se exhorta a retirar la difusión del videoclip del cantante Gerardo Ortiz.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores, muy buenas tardes.

El día de hoy me he permitido presentar a la honorable consideración de los integrantes del Pleno del Senado de la República, esta proposición con punto de Acuerdo que tiene el objetivo de exhortar primero a la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de su competencia, pueda emitir una disposición que prohíba la difusión de un video.

Y si ustedes me lo permiten, haré una breve exposición, ya que este asunto se ha estado tratando no solamente en los congresos estatales, en particular el de Jalisco, sino en otras entidades del país.

Hace algunos días, el cante de música grupera, de nombre Gerardo Ortiz, publica un videoclip en el que se hace una apología del delito.

En principio, las imágenes determinan ahí una infidelidad, que es a juicio del aparente ofendido, una afrenta que lo lleva a tomar un arma prohibida de grueso calibre y en ese momento comete un homicidio, asesina a la pareja de su esposa, lo mata en el  momento.

Posteriormente, este mismo video exhibe a la pareja de este cantante, en la que se ve que la amordaza, la sujeta a una regadera, le hace tocamientos que a todas luces son indignos para una mujer, y la lleva a la cajuela de un automóvil, y ahí le prende fuego y la quema viva.

Este es un video que ya actualmente está en internet, por lo menos en YouTube, tiene más de 20 millones de visitas, y se sigue transmitiendo en estas televisoras que transmiten, videos musicales y que se sigue publicando día con día.

El problema de esto es que se hace una apología del delito. Pareciese que es una promoción, porque no se nota, no se nota que a consecuencia de estas conductas el involucrado sea sujeto a la justicia, sea detenido; y por el contrario, queda en completa libertad con una, insisto, una inmensa impunidad.

Pero el asunto no termina ahí, el asunto es que en este video también participan elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Zapopan, Jalisco, aparecen también ahí, y que por cierto, ni siquiera tuvieron la capacidad de detener al homicida, al feminicida y que de alguna manera aparecen ahí patrullas del municipio de Zapopan, Jalisco, elementos, y que hoy dicen las autoridades, que lo hicieron bajo su propia responsabilidad, como si no existiera un mando, como si no existiera un control.

Y lo que estamos proponiendo, en este punto de Acuerdo es que se haga el siguiente exhorto:

Primero.- El Senado de la República condena cualquier expresión que promueva la violencia de género y exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que en el marco de sus atribuciones, analice la posibilidad legal de retirar la difusión del videoclip del cantante Gerardo Ortiz, por su contenido altamente misógino y violento; asimismo, para que realice acciones pertinentes a fin de evitar que se repitan estos hechos.

Segundo.- El Senado de la República exhorta al Presidente municipal de Zapopan, Jalisco, para que se investigue a fondo la participación de la Comisaría General de Seguridad Pública en la grabación del video en comento.

Tercero.- El Senado de la República exhorta al H. Congreso del estado de Jalisco, para que realice una investigación en torno al presunto uso indebido de recursos humanos y materiales que ya aquí comentamos.

Quiero comentarles a ustedes, compañeras y compañeros, que este videoclip fue grabado en el municipio de Zapopan, uno de los municipios en los que ya se emitió la alerta de género.

En Jalisco se han cometido más de 550 feminicidios en los últimos años, y por eso es que Zapopan, entre otros 10 municipios más, se activó la alerta de género; y hoy este video parece que va completamente a lo contrario a lo que las autoridades han determinado para evitar que las mujeres en Jalisco sigan siendo violentadas, sigan siendo mancilladas y sigan siendo víctimas de este tipo de feminicidios.

Por eso, compañeras y compañeros, yo les solicitaría tengan a bien autorizar que este asunto sea considerado de obvia y urgente resolución a efecto de que de inmediato la Secretaría de Gobernación, sí así lo considera pertinente, emita una disposición para suspender la exhibición, la difusión de este video.

Por su atención, muchas gracias,

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo

El que suscribe, JESÚS CASILLAS ROMERO, Senador de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Senado de la República siempre ha actuado responsablemente a favor de prevenir y erradicar la violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones ya sea física, sexual, psicológica, económica, social o política.

Hemos invitado a la sociedad en su conjunto a generar, desde el seno familiar y comunitario, el desarrollo, el bienestar y el respeto a los derechos humanos de las mujeres de todas las edades.

Nuestro compromiso ha sido con los principios de igualdad sustantiva y con la no discriminación, y así ha quedado demostrado en nuestras acciones legislativas.

Por ello, no podemos dejar de condenar un hecho sucedido recientemente: la grabación y difusión de un video clip de un cantante del género grupero en el que como parte del desarrollo de la historia, asesina a su rival de amores tras descubrirlo en un acto de infidelidad con su pareja, dama a quien posteriormente “encajuela” en un vehículo y le prende fuego.

Reportes de varios medios de comunicación señalan que en este video musical, que ha recibido múltiples críticas por su contenido altamente misógino y violento y sobre el que varias asociaciones civiles han solicitado su retiro de la plataforma de Youtube, participaron al menos cuatro elementos en activo de la policía municipal de Zapopan, con sus armas y las patrullas a su cargo. 1

Las autoridades municipales han informado en un escueto comunicado de prensa, que desde un inicio negaron el apoyo a la productora de dicho video, y que realizarán una investigación del caso.

En el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que éste caso merece la mayor atención e importancia ya que, además, desde principios del mes de febrero pasado el Gobierno del Estado de Jalisco lanzó la “Alerta de Violencia contra las Mujeres” en ocho municipios de la entidad, entre los cuales se encuentra Zapopan.

Dicha alerta es resultado del trabajo realizado por investigadores y representantes de instancias de gobierno coordinados por el Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, quienes integraron el documento en el que se plasman 15 estrategias de acción inmediata y urgente, tanto preventivas como de protección, de acceso a la justicia y de seguridad.

Entre las acciones de urgente aplicación están: 2

• La implementación del Protocolo Alba y crear una unidad de reacción y búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas,

• Fortalecer la vigilancia y patrullaje policial en zonas de riesgo, en coordinación con los municipios y,

• Desarrollar una política pública integral de prevención de la violencia contra las mujeres.

Además se acordó una inversión de 25 millones de pesos para una intervención multidisciplinaria mediante la cual se frene la violencia de género, sobre la cual el Gobierno del Estado ha mostrado especial interés y preocupación.

De 2012 a 2015, de acuerdo la Fiscalía General de Jalisco, se han registrado 560 homicidios contra mujeres en la entidad, aunque solo una parte está tipificada como feminicidio.

De los 560 lamentables casos ya mencionados, un total de 378 se han perpetrado en los ocho municipios donde se emitió la alerta de violencia, entre ellos Zapopan, municipio que se comprometió a actuar coordinada y corresponsablemente con las autoridades federales y estatales en las acciones emergentes acordadas. 3

Es importante determinar la participación de la autoridad municipal de Zapopan, en este deplorable caso del video que incita a la misoginia y a la violencia.

Indudablemente vale la pena cuestionar: ¿a qué se está dedicando el personal de seguridad preventiva del municipio? ¿En qué se están utilizando realmente las unidades que deben ser para el patrullaje y seguridad de los zapopanos? ¿A qué o quienes responden los mandos de la comisaria de seguridad? y, finalmente, ¿quién lo autorizó?

Mientras el Gobierno del Estado de Jalisco apoya, accede e impulsa la Alerta de Violencia contra las Mujeres como una necesidad de transformación social y una oportunidad de mejorar las condiciones de bienestar de las mujeres de la entidad, sin considerarlo un tema político; elementos de la comisaria de seguridad de Zapopan son autorizados irresponsablemente a colaborar en videos de en los que se incita a la violencia.

Es preocupante que se haga a un lado la gran responsabilidad de propiciar mejores condiciones de vida y de seguridad para los zapopanos.

Hay que recordar que recientemente el titular de la Fiscalía General del Estado catalogó como “No bienvenidos en Jalisco” a los artistas que fomentan la violencia con sus letras musicales y contenidos en sus videos.

El gobierno de Zapopan, al apoyar la grabación de ese tipo de video clips, demuestra que tiene otra visión al respecto.

Como legisladores federales no podemos estar inertes ante tal situación. Por el contrario, reiteramos nuestro firme compromiso de luchar contra la violencia de género y por tanto proponemos este punto de acuerdo, como de urgente y obvia resolución, tomando en cuenta que:

La Secretaría de Gobernación es la unidad administrativa del Gobierno Federal responsable de supervisar los contenidos de radio, televisión y cinematografía, para su clasificación, transmisión, comercialización, distribución y exhibición, según sea el caso.

El artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión señala que la programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información, deberá propiciar:

1. La integración de las familias;

2. El desarrollo armónico de la niñez;

3. El mejoramiento de los sistemas educativos;

4. La difusión de los valores artísticos, históricos y culturales;

5. El desarrollo sustentable;

6. La difusión de las ideas que afirmen nuestra unidad nacional;

7. La igualdad entre mujeres y hombres;

8. La divulgación del conocimiento científico y técnico, y

9. El uso correcto del lenguaje.

El artículo 37 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco determina que son obligaciones de los Ayuntamientos observar las disposiciones de las leyes federales y estatales en el desempeño de las funciones o en la prestación de los servicios a su cargo.

A su vez el artículo 47 del mismo ordenamiento legal recalca que el Presidente Municipal debe estar atento a las labores que realizan los demás servidores públicos de la administración, debiendo dar cuenta al Ayuntamiento cuando la gravedad del caso lo amerite, de las faltas u omisiones que advierta.

El artículo 146 del Código Penal del Estado de Jalisco, fracción séptima, refiere que comete el delito abuso de autoridad todo servidor público sea cual fuere su categoría que aproveche el poder y autoridad propias del empleo, cargo o comisión que desempeñe para satisfacer indebidamente algún interés propio o de cualquier otra persona que no sea de orden económico.

Artículo 148 del Código Penal de Jalisco especifica que comete peculado el servidor público que para usos propios o ajenos, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquiera otra cosa perteneciente al Estado o municipio, organismo descentralizado o a un particular si, por razón de su cargo, los hubiese recibido en administración, en depósito o por otra causa.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN:

Primero.- El Senado de la República condena cualquier expresión que promueva la violencia de género y exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que en el marco de sus atribuciones, analice la posibilidad legal de retirar la difusión del video clip del cantante Gerardo Ortiz, por su contenido altamente misógino y violento; asimismo, para que realice las acciones pertinentes a fin de evitar que se repitan estos hechos.

Segundo.- El Senado de la República exhorta al Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco, para que se investigue a fondo la participación de la Comisaría General de Seguridad Pública en la grabación del video de contenido misógino y violento, y se determinen elementos de sanción a quién o quienes resulten responsables.

Tercero.- El Senado de la República exhorta al H. Congreso del Estado de Jalisco, para que realice una investigación en torno al presunto uso indebido de recursos humanos y materiales de la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, Jalisco y, en caso de acciones y omisiones de servidores públicos se sancione conforme a derecho.

Dado en el Senado de la República, el 30 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Casillas Romero.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Sonido en el escaño de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Sumarme al promovente en el punto de Acuerdo, porque es algo indignante que no podemos seguir aceptando el que por medio de este tipo de videos se haga esta violencia de género, este fomento de violencia contra las mujeres.

Pero además, yo me atrevería agregarle que Gobernación revise el contenido de los videos que atentan contra las mujeres, contra su dignidad, con este tipo de violencia.

Entonces, esa sería mí propuesta al promovente y, por supuesto, estaremos a favor del punto de Acuerdo.

Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Hernández Lecona.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento del Senado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior punto de Acuerdo se considera de urgente resolución y se pone a discusión en este momento.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior punto de Acuerdo se considera de urgente resolución y se pone de inmediato a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Sonido en el escaño de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Por supuesto que estamos a favor de que esta propuesta sea de urgente y obvia resolución precisamente por el contenido, por la propuesta que se tiene. La apología del delito ha conmocionado a este país, los narcocorridos nos han puesto en un lugar difícil, pero la invitación que se está haciendo no solamente el asesinato, el homicidio, sino la saña con la que se dibuja esto no es cosa menor.

Nosotros consideramos que temas como estos tienen que ponerse en la mesa de discusión, pero aparte parar esta permanente cultura que está propiciando que el delito, el homicidio y la violencia sean el pan nuestro de cada día, especialmente con un amplio sentido en contra de niñas y mujeres mexicanas.

Nosotros nos sumamos y reprobamos éste y otros hechos, que hay muchos como éste, pero éste es realmente aberrante, la invitación que se hace, el desprecio por la vida y el odio en contra de las mujeres.

Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Tiene la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, desde su escaño.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Apoyar el punto de Acuerdo que acaba de presentar el Senador Jesús Casillas Romero y, por supuesto, la pertinencia que se esté aprobando por obvia y urgente resolución por este Pleno.

Es necesario insistir que el video de referencia que tiene muchísimas visitas, además es importante señalar que hay una paloma, en el sentido de que la mayoría de quienes han dicho si les gusta o no les gusta, por desgracia la mayoría está diciendo que les gusta, y eso refleja una situación muy grave en nuestro país.

La cultura de que frente a una situación de problema en las parejas, incluso de situación de infidelidad, un tipo pude tomar un arma, matar al señor que está con su compañera, y luego hacer de ella lo que nos muestra de manera terriblemente clara este video, es simplemente inadmisible.

De tal manera que es necesarios que llamemos la atención que esto se trata de una simulación, porque se trata de un video efectivamente de un feminicidio, meterla a la cajuela de un carro e incendiarlo pareciera que se está mostrando lo que es un modus operandi en muchas de estas mafias que suelen desaparecer.

Yo me pregunto: ¿Así estarán en esa situación? ¿Así será la situación de las mujeres, las niñas que hoy están clamando sus familiares porque aparezcan? Es algo verdaderamente terrible.

De tal manera que es totalmente correcto que se apruebe por obvia y urgente    resolución y, por supuesto, les exijamos a las autoridades sean más rigurosas en vigilar que este tipo de videos no estén circulando por las redes y teniendo tantas visitas, como las que tiene; sino además trabajar en la prevención para que este tipo de situaciones no pasen.

Hay ahí un pendiente que también se tiene que ver, la prevención, la sanción, el castigo y pugnar claramente contra cualquier tipo o modalidad de violencia contra las mujeres, me parece que eso es lo que está en el subtexto del punto de Acuerdo que nos presenta el Senador Casillas Romero, lo felicito.

Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Tiene la palabra la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, desde su escaño.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

También para sumarme a este punto de Acuerdo que presenta el Senado Casillas Romero, porque no debemos permitir que si bien tenemos la libertad de subir, publicar, hacer, etcétera, hay una línea muy frágil que estamos rebasando y que ya pasan cuestiones muy difíciles de superar, que son de terror como para estar difundiendo este tipo de videos que no va con nuestros valores y principios.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Garza Galván.

Tiene la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, desde su escaño.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

También para sumarme a este punto de Acuerdo que presenta mi compañero el Senador Jesús Casillas Romero y darle seguimiento desde este Senado de la República para que la Secretaría de Gobernación haga algo con respecto a este video.

No debemos ser omisos ante este tipo de contenidos, un video que tiene ya más de 20 millones de visitas y pareciera que matar a sangre fría a una mujer de esta manera, hacer los tocamientos que aparecen en el mismo fuese cosa de todos los días, termina incluso el que canta con una gran sonrisa, cosa que me parece completamente patético e indignante para las mujeres.

Yo sí espero, también, que aquí podamos hacer una revisión del marco jurídico para ver si es suficiente o no, para sancionar si es suficiente o no también en cuanto a lo que se refiere a libertad de expresión, todos a favor de la libertad de expresión, pero también hay ciertos límites.

Es cuanto.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

No habiendo más intervenciones, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta que se presentó. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba la propuesta, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. Aprobada la propuesta. Comuníquese.





 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo, para presentar a nombre propio y de los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez y Eviel Pérez Magaña, un punto de Acuerdo en relación con los problemas de inseguridad y violencia que aquejan la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua.

La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo: Con su venia, señora Presidenta. Muchas gracias.

A nombre de los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y de quien hace uso de la voz, someto a consideración de esta Soberanía esta propuesta con punto de Acuerdo de urgente resolución en relación con los problemas de inseguridad y violencia que aquejan la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua.

En el estado de Chihuahua se vive una terrible situación de violencia ante la cual no podemos ser omisos. El 2 de marzo del año en curso, recibimos en el Senado de la República a la Caravana por la Justicia de la Sierra Tarahumara, dando seguimiento a sus demandas que fueron presentadas aquí hace casi dos años.

La caravana habló del despojo de sus territorios, falta de cumplimiento a las sentencias judiciales a su favor, violencia que viven por el narcotráfico, así como del acoso que hace el gobierno estatal por la defensa que han emprendido de sus derechos.

Los datos duros son alarmantes. El Reporte de Incidencia Delictiva en el estado de Chihuahua de enero del presente año, elaborado por el Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia, destaca que el promedio nacional de la tasa anual de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes es de 14.1, mientras que para el estado de Chihuahua se eleva a 24.7.

En los municipios serranos de Guadalupe y Calvo y Guachochi, la tasa aumenta exponencialmente: en el primero 150.6 y en el segundo 106.6.

Asimismo, el 58 por ciento de los homicidios dolosos se concentran en los municipios de Juárez y de Chihuahua; el 71 por ciento en 5 municipios: Juárez, Chihuahua, Guadalupe y Calvo, Cuauhtémoc y Guachochi.

La situación que se vive en Chihuahua es conocida tanto por autoridades como por diversas instancias internacionales de protección de derechos humanos. La Fiscalía General del estado informó que en la comunidad denominada Coloradas de la Virgen, asentada en el municipio de Guadalupe y Calvo del 1° de enero del 2000 al 31 de agosto del 2012, los homicidios dolosos en ese municipio fueron 955. En su mayoría los homicidios fueron cometidos con armas de fuego, en donde hubo enfrentamientos, ejecuciones con tiro de gracia, acribillados con más de 50 balazos, degollados o decapitados, asfixiados, y algunos fueron muertos a cuchilladas. En la mayoría de los casos las víctimas fueron detenidas y asesinadas en los caminos, sacados de sus casas, del velorio o de alguna fiesta de graduación. Aunque la autoridad tiene conocimiento de los homicidios, en la mayoría de estos casos las investigaciones judiciales no han arrojado resultados.

Frente a esta situación, diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Alianza Sierra Madre, A.C., acompaña y brinda asesoría jurídica a las comunidades Rarámuri de Colorada de la Virgen y Choréachi, han actuado con acciones encaminadas al reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Sin embargo, los mismos miembros de la asociación son objeto de intimidación y actos violentos.

La continua exigencia y resistencia por las y los defensores de derechos humanos, ha conllevado importantes riesgos. En este sentido, de 2009 a la fecha, las organizaciones de la sociedad civil han documentado 19 personas defensoras de derechos humanos asesinadas.
Debido a lo anterior, en Chihuahua existen más de 80 personas defensoras y colectivos con medidas de protección nacionales o internacionales, en virtud de su situación de riesgo.

Por ello no debe perderse de vista que el artículo 1o. de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, retoma la obligación del Estado de garantizar la seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo.

De igual manera la Ley General de Víctimas incluye y garantiza la protección de los defensores de derechos humanos.

Todo lo anterior debe verse a la luz de lo establecido en el tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución, el cual prevé que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

En conclusión, como lo comenté al principio, someto a la consideración de esta Asamblea esta propuesta con punto de Acuerdo donde exhortamos al Poder Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias que atiendan los problemas de inseguridad y violencia en la Sierra Tarahumara, siempre desde el enfoque de los derechos humanos.

Y exhortamos a la representación del mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a que respondan sobre la situación que se vive en Coloradas de la Virgen, informando al Senado de la República los resultados de una nueva evaluación de riesgo.

Es cuanto, señora Presidenta.

Gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

Los suscritos SYLVIA LETICIA MARTÍNEZ ELIZONDO, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ y EVIEL PÉREZ MAGAÑA, Legisladores ante la LXIII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108, 109, 275, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, de urgente resolución, en relación con los problemas de inseguridad y violencia que aquejan la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua, al tenor de las siguientes:

HECHOS

El 3 de junio de 2014 una delegación de 35 gobernadores y acompañantes indígenas de 8 comunidades Rarámuri o Tarahumaras, O’obas o Pimas, Guarojío y Ódames de la Sierra Tarahumara, organizados en la Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara en el Estado de Chihuahua, acudieron al Senado de la República, a efecto de exponer ante los senadores Javier Corral Jurado, Alejandro Encinas Rodríguez y Eviel Pérez Magaña, los problemas que enfrentan en sus comunidades, los cuales involucraban el despojo de sus territorios, falta de cumplimiento a las sentencias judiciales a su favor, violencia que viven por el narcotráfico, así como el acoso que hace el gobierno estatal por la defensa que han emprendido de sus derechos.

Para la reunión con la Caravana, se convocó a los diferentes Secretarios de Estado involucrados en esta difícil situación. Asistieron representantes de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Turismo; Desarrollo Territorial y Urbano; Relaciones Exteriores; Medio Ambiente y Recursos Naturales y Gobernación; así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; Comisión Nacional del Agua; Fondo Nacional de Fomento al Turismo; Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).  También asistieron representantes del Gobierno del Estado de Chihuahua.

A casi dos años de esa visita al Senado, el 2 de marzo del año en curso se recibió en este recinto parlamentario a la Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara en el Estado de Chihuahua, bajo la mediación de los suscritos y el titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, acudieron ocho comunidades de los pueblos Rarámuri y Ódami acompañadas de organizaciones de la sociedad civil por una parte, y por la otra, funcionarios del gobierno federal y el gobierno del estado de Chihuahua. El objetivo de la visita fue conocer los avances logrados en los diversos compromisos asumidos por los representantes del gobierno federal y estatal en el 2014, porque si bien, durante el segundo semestre de 2014 y 2015 se tuvieron mesas de seguimiento, al 2 de marzo del año en curso algunos de ellos no habían avanzado en forma adecuada y requerían de un nuevo seguimiento.

Dentro de los acuerdos adoptados en la mesa 4, denominada “seguridad y derechos humanos”, se adoptaron los dos siguientes:

I. Pino Gordo, Chóreachi

3. Los senadores Sylvia Martínez Elizondo, Alejandro Encinas Rodríguez y Eviel Pérez Magaña, promoverán un punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal atienda los problemas de seguridad y violencia en la Sierra Tarahumara.

II. Coloradas de la Virgen

3. Los senadores Sylvia Martínez Elizondo, Alejandro Encinas Rodríguez y Eviel Pérez Magaña, promoverán un punto de acuerdo dirigido al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que se dé una respuesta pronta y eficaz a la situación planteada y realice a la mayor brevedad una nueva evaluación de riesgo.

CONSIDERACIONES

El Reporte de Incidencia Delictiva en el Estado de Chihuahua de enero del presente año, elaborado por el Observatorio Ciudadano Prevención, Seguridad y Justicia1destaca que por lo que respecta a los homicidios dolosos, la tasa anual por cada 100,000 habitantes, en la media nacional reportada es de 14.1, mientras que para el estado de Chihuahua se eleva a 24.7. En los municipios serranos de Guadalupe y Calvo y Guachochi, la tasa aumenta exponencialmente: en el primero a 150.6 y en el segundo a 106.6.

Hay 9 municipios cuyas tasas registraron un aumento con respecto al 2015. Las poblaciones más afectadas fueron Balleza, Urique, Bocoyna.

El 58% de los homicidios dolosos se concentra en los municipios de Juárez (30) y de Chihuahua (15). El 71% en 5 municipios: Juárez, Chihuahua, Guadalupe y Calvo, Cuauhtémoc y Guachochi.

Inclusive, siguiendo el informe del observatorio ciudadano, la región sur comprende los municipios con mayor incidencia en delitos dolosos: Balleza, Bocoyna, Carichi, Cusuhuirichi, El Tule, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guerrero, Madera, Matachi, Nonoava, Rosario, San Francisco de Borja, Temósachi, Batopilas, Chínipas, Guazapares, Maguarichi, Morelos, Moris, Ocampo.2

Un caso que llama la atención es el de la Comunidad denominada Coloradas de la Virgen, asentada en el Municipio de Guadalupe y Calvo. La Fiscalía General del estado informó que del 1 de enero del 2000 al 31 de agosto del 2012 los homicidios dolosos en el municipio de Guadalupe y Calvo fueron 9553. En su mayoría los homicidios fueron cometidos con armas de fuego en donde hubo enfrentamientos, ejecuciones con tiro de gracia, acribillados con más de 50 balazos, degollados o decapitados, asfixiados y algunos fueron muertos a cuchilladas. En la mayoría de los casos las víctimas fueron detenidas y asesinadas en los caminos, sacados de sus casas, del velorio o de alguna fiesta de graduación. Los homicidas actuaron en grupo encapuchados, uniformados e inclusive equipados con chalecos antibalas. Aunque la autoridad tiene conocimiento de los homicidios, en la mayoría de estos casos las investigaciones judiciales no han arrojado resultados.

En la actualidad, dicho municipio es uno de los más violentos del país, cuenta con una población de 53,499 habitantes que representa el 1.57% de la población total del estado, solo en el 2011 se presentaron 345 defunciones.4 En el 2013, el municipio de Guadalupe y Calvo concentró mayor tasa de homicidios dolosos que las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez.

En ese contexto, diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Alianza Sierra Madre, A. C. (ASMAC) acompaña y brinda asesoría jurídica a las comunidades rarámuri de Coloradas de la Virgen y Choréachi (Pino Gordo) con acciones encaminadas al reconocimiento y ejercicio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, se brinda acompañamiento y asesoría jurídica para la defensa de su territorio y acceso preferente a los recursos naturales de las dos comunidades ubicadas en municipio antes mencionado. Desde hace más de 30 años estas comunidades han promovido diversas acciones administrativas y legales ante las instituciones agrarias y ambientales, así como en tribunales en la ciudad de Chihuahua.

Las acciones promovidas han tocado a quienes se sienten lastimados en su interés como en el caso lo son, en Coloradas de la Virgen, el ejido Coloradas, representado por Artemio Fontes y su familia. Los antes mencionados, siempre han intentado dirimir las controversias legales con actos de intimidación hacia los dirigentes comunitarios, así como al personal de ASMAC, especialmente al equipo jurídico.

Cabe mencionar, que el último proceso agrario iniciado en contra del ejido Coloradas data de 2007. Durante el desahogo de diversas audiencias en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 5 (TUA 5), compareció la contraparte de los indígenas, los representantes legales y líderes del ejido Coloradas,  Artemio Fontes Lugo5, el Lic. Arcadio Fontes Martínez y Elías Fontes Martínez.

Con motivo de una de las audiencias, el día 2 de junio de 2011, Artemio Fontes Medina se dedicó a tomar fotografías de los indígenas de Coloradas de la Virgeny de los defensores de derechos humanos que los acompañaban. Al concluir la audiencia, dentro de las instalaciones del Tribunal y posteriormente sobre la banqueta, Isela González Díaz, directora de ASMAC fue objeto de agresión verbal y amenaza de muerte por parte de Elías Fontes Martínez, lo cual se hizo del conocimiento de la Fiscalía Zona Centro, mediante escrito que fue recibido el mismo día y que fue registrado bajo carpeta de investigación 7907-8003/11.

Las intimidaciones y amenazas se agudizaron a partir de que se acercaba la fecha en que el TUA 5 resolvería la controversia legal que se tramita en el expediente número 374/2009, en el cual funge como representante común de los indígenas, la señora Adelina Fontes Medina.

En el mes de Agosto de 2013, al esposo de Adelina Fontes Medina, representante común de los demandantes en el juicio en el que se pide la cancelación del permiso de aprovechamiento forestal, otorgado por SEMARNAT al Ejido, fue advertido por una persona de Baborigame, de que los trabajadores de los Fontes: “si Isela sigue apoyando a los indígenas, le vamos a mandar a los sicarios. También vamos a acabar con las brujas”. Consideramos lo último es una clara alusión al ejercicio de Adelina como médica tradicional. En medio del clima de inseguridad y violencia que priva en el municipio de Guadalupe y Calvo y en otras partes de la Sierra Tarahumara, esos comentarios no se pueden omitir.

Está claro que la situación de violencia, hostigamiento y amenazas que privan en la comunidad de Coloradas de la Virgen y de manera particular a las autoridades tradicionales, líderes indígenas y el personal de Alianza Sierra Madre, están íntimamente relacionadas con la controversia agraria que actualmente se encuentran en trámite ante el TUA 5 en la ciudad de Chihuahua, lo que obligó a tomar acciones para salvaguardar la integridad personal de los antes mencionados.

La situación que se vive en Chihuahua es conocida tanto por autoridades como por diversas instancias internacionales de protección de derechos humanos. En tal sentido, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH-Mx) ha señalado que “Los estados de Oaxaca, Chihuahua y Guerrero continúan dentro de las cinco entidades federativas con el mayor número de reportes de agresiones en contra de defensoras y defensores en los dos informes temáticos publicados por la Oficina del ACNUDH en México.”6

La continúa exigencia y resistencia por las y los defensores de derechos humanos ha conllevado importantes riesgos. En este sentido, de 2009 a la fecha, las organizaciones de la sociedad civil han documentado 19 personas defensoras de derechos humanos asesinadas.

Ello se suma a las amenazas, desapariciones, allanamiento de oficinas, amenazas veladas y/o explícitas, robo de información, agresión, daños y allanamiento a las instalaciones y agresiones físicas que han sufrido otros más. Varias familias completas relacionadas con defensores/as y periodistas se han visto obligadas a solicitar asilo político en otros países para salvar su vida y decenas de defensores y defensoras se encuentran desplazadas de sus comunidades por el riesgo en que se encuentran.

Debido a lo anterior, en Chihuahua existen más de 80 personas defensoras y colectivos con medidas de protección nacionales7 o internacionales en virtud a su situación de riesgo8.

Ello hace de esa entidad federativa la de mayor número de medidas de protección internacional dictadas para personas defensoras de derechos humanos, como se detalla a continuación. De 2008 a la fecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un total de 47 medidas cautelares9, de las cuales 20 se refieren a personas defensoras de derechos humanos y de éstas el 30% corresponde a Chihuahua.

Lo anterior, sin contar las diversas personas y colectivos que se encuentran incorporadas en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. De igual manera, junto con Guerrero, Chihuahua es el estado con más medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana para personas defensoras de derechos humanos en riesgo10.

Adicionalmente, en los últimos meses se han registrado serios incidentes que han puesto en riesgo la vida, integridad y seguridad de las personas bajo protección especial, como lo demuestra el hecho que varias personas beneficiarias de medidas cautelares se han desplazado forzadamente a otras comunidades por estar en peligro su vida, caso de Ángela Ayala Ramos y la familia Sánchez. También se ha registrado el asesinato de Víctor Carrillo Carrillo, hijo de Julián Carrillo Martínez, quien es beneficiario del Mecanismo de Protección, perpetrado el pasado 5 de febrero de los actuales.

Finalmente, las agresiones también se están dando a partir de las campañas de desprestigio orquestadas por funcionarios/as o por la tolerancia de las autoridades correspondientes. Sobre este particular, vale recordar que, ante la falta de reacción por parte de las autoridades estatales, las personas defensoras de derechos humanos han tenido que acudir a instancias nacionales e internacionales de protección a derechos humanos, lo cual también motivó que concurrieran nuevamente ante los senadores que suscribimos la presente proposición.

Por ello, no debe perderse de vista que el artículo 1º de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas retoma la obligación del Estado mexicano en su conjunto, de garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

De igual manera, el artículo 74, fracc. VII de la Ley General de Víctimas incluye como una medida de no repetición “la protección de los defensores de derechos humanos”. Todo lo anterior debe verse a la luz de lo establecido en el tercer párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” Si bien existe una obligación de proteger efectivamente a las personas beneficiarias de medidas de protección en los ámbitos nacional o internacional, consideramos que la situación en el estado no puede ser vista de manera individual o aislada sino que las medidas globales, estructurales y extraordinarias que se adopten, son las que pueden tener mayor eficacia en el contexto actual.

Más aún, dado el contexto actual, estimamos que es fundamental que se adopten medidas preventivas que desincentiven futuras agresiones u obstaculizaciones a la labor informativa y de defensa de derechos humanos. Pero sobre todo, se vele por la seguridad y el amplio ejercicio de los derechos ciudadanos de cada uno de los miembros de la comunidad tarahumara en Chihuahua.

El artículo 43 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas determina que “Las Medidas de Prevención estarán encaminadas al diseño de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia con la finalidad de evitar potenciales Agresiones a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”; y, de manera complementaria, el artículo 70 del Reglamento de la Ley señala el objetivo de tales medidas de prevención, las cuales deberán “incentivar[…] la elaboración de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia, con la finalidad de evitar potenciales agresiones a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, que realice las acciones pertinentes, a efecto que en estricto apego a derecho y bajo un enfoque de derechos humanos, atienda los problemas de seguridad y violencia en la Sierra Tarahumara y, en su caso, realice la coordinación que el caso amerite con el Gobierno del Estado de Chihuahua, a fin de privilegiar el respeto a los derechos ciudadanos y la promoción de la paz en la región.

SEGUNDO.- Se exhorta a la representación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que en el breve término se dé una respuesta pronta y eficaz a la situación de inseguridad y violencia que se vive en la comunidad de Coloradas de la Virgen y realice a la mayor brevedad una nueva evaluación de riesgo e informe al Senado de la República sobre el avance y resultado de sus actuaciones.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.- Sen. Eviel Pérez Magaña.

1 Observatorio Ciudadano de Prevención Seguridad y Justicia. Año 3 Numero 40. Marzo de 2016.

2 Observatorio Ciudadano Año 3 Numero 40. Marzo de 2016

3 A través del sistema INFOMEX.  Folio 073142012 del 27 de septiembre de 2012

4 Según el censo del INEGI 2010

5 Las autoridades indígenas y ancianos de Coloradas de la Virgen, atribuyen a Fontes Lugo la autoría intelectual en el. fallecimiento de: Cenón Torres Palma, presidente de bienes comunales asesinado en 1966, por oponerse al permiso de aprovechamiento forestal.
José Fontes Valdez, comisario de policía, asesinado en 1977 por oponerse al aprovechamiento forestal y a  los desmontes para siembra de mariguana y amapola.
Julio Baldenegro Peña, dirigente asesinado un 27 de septiembre de 1986 en su propia casa, 
Juan Molina Gastelon, gobernador indígena asesinado el 11 de junio de 1989 cuando se celebraba otra junta para un reparto de [utilidades de] parte de la compañía maderera.
Lucio Carrillo Torres,  comisariado de bienes comunales, asesinado un día 24 de junio de 1990, por los mismos pistoleros manejados por el Sr. Artemio Fontes lo mataron según “para que ya no existiera autoridad a favor de los pobres y todo esto ha venido pasando a todos los comuneros y ejidatarios bajo su dominio…”
Cirilo Portillo Torres,  suplente del comisariado, lo mataron el 14 de marzo de 1992.
Martín Torres Molina, un mes después, el 16 de abril de 1992 “mataron a nuestro comisariado [bienes comunales] cuando se encontraba muy tranquilo en su casa”.

6 OACNUDH-Mx. Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México: actualización 2012 y balance 2013, párr. 12.

7 Entre estas instancias se encuentran la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

8 Las dos instancias de protección son la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

9 Vale aclarar que no se incluyen en estos números las ampliaciones de medidas cautelares, como ha sido el caso de Edgar Ismael Solorio Solís y otros (MC 388/12), que han incluido en dos ocasiones (2012 y 2016) a más personas beneficiarias por el riesgo en el que se encuentran.

10 Ver las medidas provisionales sobre el asunto Alvarado Reyes y Castro Rodríguez respecto de México.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Martínez Elizondo. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión en este momento.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.





 

Se concede el uso de la palabra al Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar un punto de Acuerdo en relación a la contaminación existente en los lagos del Parque Nacional Lagunas de Montebello.

El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Las Lagunas de Montebello son un Parque Nacional, ícono emblemático, no solamente de nuestro estado Chiapas, sino de todo nuestro país.

Y específicamente donde residen estas lagunas, que son los municipios de La Independencia y La Trinitaria, su importancia radica en la variedad, de clima y de suelos, en las selvas y en todo el manto acuífero que lo hace una zona privilegiada por su belleza natural, así por el número de lagunas que en ellas coexisten.

El objetivo de esta área natural protegida es que se conserve y que se proteja, y que todos los elementos naturales se encuentren resguardados.

El ecosistema del Parque Nacional, tiene una regulación establecida mediante Decreto presidencial, y es un área que está diseñada para el beneficio de la sociedad y del turismo que a la vez genera los empleos productivos que nuestro estado requiere.

En el 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa de Manejo del Parque Nacional Lagunas de Montebello, en el que se estableció de manera clara y contundente lo siguiente: Que Montebello representa uno de los escenarios naturales más importantes a nivel nacional que forma parte de sistemas ecológicos, culturales y económicos más amplios, que el parque constituye una área de importancia para la conservación de aves de acuerdo con el programa de manejo del mismo parque. El Río Grande constituye el río principal de la subcuenca que abarca el parque; las aguas negras de la ciudad de Comitán de Domínguez desembocan a éste y conforman una seria amenaza de contaminación al sistema hidrológico de Montebello.

Asimismo, el programa hace referencia a que la contaminación del suelo en el parque y su zona de influencia tiene origen en las actividades agropecuarias, uso de fertilizantes, plaguicidas, así como en el vertido de las aguas residuales domésticas del municipio de Comitán de Domínguez al Río Grande y su desembocadura en el Lago de Tepancoapan, el más extenso del sistema de Lagunas de Montebello.

Se determina que existe una gran presión sobre el agua de los lagos, debido a que todas las comunidades asentadas en torno al parque la utilizan para uso doméstico, consumo humano y de riego para la agricultura.

Esta área natural protegida, se encuentra catalogada como un sitio Ramsar, es decir, de humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas.

Debido a lo anterior, el área natural protegida Lagunas de Montebello debe llamar nuestra atención para conservarla antes de que sea demasiado tarde.

En notas periodísticas publicadas desde el 2011, se ha documentado de manera contundente la evidente contaminación. Se ha denunciado de manera reiterada.

En 2011, la Comisión Federal de Electricidad realizó estudios sobre el grado de contaminación en la zona, en los cuales se dio cuenta de que la contaminación se genera por más de una tercera parte de la población en Comitán de Domínguez y los pueblos establecidos en la zona de amortiguamiento del mismo parque.

En enero de este año se publicó que los colores del agua han cambiado de manera drástica, de manera contundente y la contaminación requiere una acción inmediata.

De acuerdo con investigaciones del Instituto de Geofísica de la UNAM, es grave este daño a la reserva natural, siendo sus causas principales. La descarga de aguas residuales sin tratamiento adecuado.

Los aportes excesivos de fertilizantes y agroquímicos, deforestación y cambios de uso de suelo en la zona que se están convirtiendo paso a paso en una situación que cada día va a verse más complicada y que es urgente revertirla.

La investigación afirma que este fenómeno es conocido como entronización, lo cual provoca la disminución de la entrada de luz y genera un daño irreversible a la fauna de los lagos.

Por todo lo anterior, en el presente punto de Acuerdo se propone que el Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorte respetuosamente al Ejecutivo Federal para que de forma inmediata y a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se realicen mesas de trabajo intersecretariales, de manera urgente y de manera precisa con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con la Secretaría de Turismo, con la Comisión Nacional de Aguas, con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que realicen un estudio minucioso, urgente, que pretenda y que busque de manera inmediata revertir este daño que se ve a todas luces como un daño con un significativo avance y que no vaya a ser el momento en donde esto realmente ya no tenga como echarse para atrás.

Las Lagunas de Montebello son patrimonio ambiental, es patrimonio de un turismo productivo, es patrimonio de nuestro Chiapas, es patrimonio de nuestro México, hay que actuar ya.

Muchísimas gracias por su atención.

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Melgar Bravo. Túrnese el punto de Acuerdo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Solicito a la Secretaría tome nota de las Senadoras y Senadores que quieran adherirse al punto de Acuerdo.





 

Se recibió la proposición de la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, relativo a la devolución del Fondo Campesino de Ex Braceros retenido por el gobierno federal desde hace más de 7 décadas, el cual se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Asuntos Migratorios.

La suscrita Senadora LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, por el Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71 fracción ii, y 76 fracción i, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 8°, 1 fracción ii, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República; respetuosamente someto a consideración de esta Soberanía, el presente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN QUE EXHORTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL,  PARA EFECTO QUE DÉ EXACTO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO EMITIDA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DENTRO DEL EXPEDIENTE 1558/2015 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2016, RELATIVO A LA DEVOLUCIÓN DEL FONDO CAMPESINO DE EXBRACEROS RETENIDO POR EL GOBIERNO FEDERAL DESDE HACE MÁS DE SIETE DÉCADAS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

ANTECEDENTES

El día 30 de noviembre de 2015, presenté ante esta Cámara de Senadores, Punto de Acuerdo, a fin que el Secretario de Gobernación, deje abierto el término para el registro y cobro del fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos (1942-1964), al tenor de lo siguiente:

PRIMERO. El Senado de la República atento a los principios de la División de Poderes contemplado en la Constitución General de la República, exhorta al Ejecutivo Federal,  a fin de que el Secretario de Gobernación, emita diversos acuerdos en relación al registro y cobro del Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos (1942-1964);

SEGUNDO. Que el Fideicomiso continúe abierto hasta que entregue el correspondiente Apoyo Social a los Ex trabajadores  Migrantes Mexicanos; Se realice una Auditoría al Fideicomiso (2106)10230;

TERCERO. Que se exhorte a la Cámara de Diputados, a fin de que asigne una Partida Presupuestal en la Ley de Egresos de la Federación 2016, para la entrega del Apoyo Social a los más de 40 mil ex braceros que habitan en el territorio nacional, y los más de 400 que radican en los Estados Unidos de América;

CUARTO. Apertura de las Mesas Receptoras a partir del mes de Enero de 2016, en las Entidades Federativas de la República mexicana y en los Consulados Mexicanos ubicados en los Estados Unidos de América;

QUINTO. Que los ex braceros que no cuenten con documentos probatorios, sean incluidos en el Programa de Apoyo Social, a través del método de entrevista, o cualquiera otra metodología; y

SEXTO. Que se investigue a quienes han estado traficando con los braceros y a quienes autorizan o se han prestado para entrega de Apoyo Social, no publicados.

DEMANDA DE AMPARO

Más de tres mil viudas, hijos e hijas de ex braceros que presentaron la demanda contra el Gobierno Mexicano, en el cual reclaman el legítimo pago del Fondo de Ahorro que el Estado Mexicano les adeuda, el día 18 de febrero de 2014, el Juez Tercero de Distrito Rodrigo Mauricio Zerón de Quevedo, concedió el Amparo y protección de la justicia federal a esta población vulnerable e indefensa de luchadores sociales.1

Por más de 70 años el Gobierno Mexicano ha silenciado el paradero del dinero que el gobierno de Estados Unidos le entregó. Por más de 15 años de disputa, estos luchadores sociales, adultos mayores han defendido y seguirán en pie de lucha haciendo valer su derecho constitucional de no ser despojados del fruto de su trabajo.

El Gobierno Mexicano ha utilizado todo mecanismo burocráticos y políticos para encubrir el fraude multimillonario a los más de 4.6 millones de ex trabajadores que participaron el “Programa Bracero los años 1942 a 1964”.2

Los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, son los responsables y fueron quienes desaparecieron las cantidades de dinero que el Gobierno de Estados Unidos de América descontó a cada trabajador y en su momento transfirió al entonces, Banco de Crédito Agrícola de México, denominado también Banco Nacional de Crédito Agrícola.

El gobierno de Vicente Fox Quesada, de igual manera, pretendió evadir el pago del Fondo de Ahorro, por lo que creó el Fideicomiso 2106, el cual otorga un APOYO SOCIAL de 38 mil pesos per cápita; un fideicomiso excluyente y discriminatorio, ya que exigía a los ex trabajadores y las familias de los ya fallecidos, comprobar que habían participado en dicho Programa Bracero, responsabilidad que corresponde al mismo gobierno.3

Al igual que los gobiernos priistas, tanto los gobiernos de Vicente Fox Quesada como el de Felipe Calderón Hinojosa, son responsables y cómplices de este fraude y del engaño en la entrega de un APOYO SOCIAL, con el que dan por cancelada la deuda. Felipe Calderón, se quiso abanderar diciendo que “su gobierno había saldado la deuda histórica a los ex braceros”.

Ni se saldó la deuda histórica, ni se abrieron las puertas para que el APOYO SOCIAL llegara a los millones de ex trabajadores y sus familias.  Para rematar, la dignidad y el respeto a los ex braceros, el gobierno de Enrique Peña Nieto, cierra el APOYO SOCIAL, a más de 40 mil trabajadores ya acreditados para recibirlo.

Los demandantes de organizaciones de ex braceros en los Estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Distrito Federal, Hidalgo, Monterrey, de California, Nevada, Arizona y Washington, junto con los demás grupos que se están integrando a esta lucha, manifiestan al pueblo de México, a las Organizaciones Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos, su determinación de dar la batalla hasta que se les pague de una vez por todas el total  del Fondo de Ahorro, considerando no sólo la cantidad deducida del 10%, sino también los intereses acumulados por todo el tiempo que los gobiernos han retenido esos fondos. Este es un patrimonio que debe regresar a quienes por derecho y justicia reclaman.4

Los grupos de ex braceros, miembros de “La Alianza de Ex braceros del Norte, 1942/1964”,  solicitan la inmediata y urgente intervención del Senado de la República, a fin de defender los derechos de miles de ex braceros radicados en territorio nacional, y los que se encuentran habitando en los Estados Unidos, por la violación de sus derechos humanos,  que durante años se ha cometido contra esta población vulnerable e indefensa de adultos mayores que reclaman la entrega del Apoyo Social establecido en el Fideicomiso 10230 (antes 2106).

Los últimos 17 años (1998) la lucha organizada de miles de ex trabajadores migratorios mexicanos que laboraron en el Programa Bracero los años 1942 a 1964,5 han reclamado el Fondo de Ahorro que el Gobierno estadounidense creo para cada uno de los 4.6 millones de ellos, con la deducción del 10% de su salario.

El objetivo del Fondo era para invertirse en la adquisición de implementos agrícolas y que estos puedan ser llevados por los trabajadores al momento de repatriarse. Conviene señalar que en el acuerdo no se especifica el monto que habría de descontarse a cada trabajador.  El 26 de abril de 1943, ambos países celebraron un acuerdo que modifica el convenio del 4 de agosto de 1942 para reglamentar la contratación de trabajadores agrícolas Migratorios mexicanos.6

Dinero perteneciente a cada ex trabajador fue transferido a través del Banco Wells Fargo a Banrural.  El gobierno mexicano se ha valido de todos los medios para evadir el pago de ese dinero que por derecho y justicia les corresponde a los ex trabajadores.

Dicho Fideicomiso otorga un APOYO SOCIAL, de $38 mil pesos a quienes pudieran presentar documentación requerida por la Ley, con el fin de acreditarse para recibirlo. Esta Ley es por naturaleza discriminatoria, excluyente y una forma de engañar a los ex trabajadores  que en la totalidad son adultos mayores.

Los requisitos impuestos y la manera como se ha manejado por los gobiernos, ha significado un fraude sin precedente,  un engaño y un calvario impuesto con alevosía y ventaja contra esta población.

Que quede bien asentado y preciso, que dicho Apoyo Social, es sólo eso, un Apoyo, no el pago de la deuda del Fondo de Ahorro que se le debe a cada trabajador. Desde la creación del fideicomiso en el 20047 a la fecha únicamente unos 200 mil han logrado acreditarse en las Mesas Receptoras que se abrieron por toda la República Mexicana.

El proceso para registrar ex braceros y sus beneficiarios que cumplieran con las Reglas de Operación se llevó a cabo durante tres meses en el año 2005. Al quedar miles de ellos fuera del registro, uno de los grupos interpuso una demanda de amparo, obligando al gobierno abrir nuevamente las Mesas Receptoras.

Al final del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, de alrededor de 200 mil ex braceros registrados, quedaron más de 40 mil que habían entregado su documentación en tiempo y forma, pendientes de recibir el Apoyo Social. Al término de este sexenio quedaron en el banco 400 millones de pesos destinados para continuar la entrega de dicho Apoyo.

Desde el 2012 Enrique Peña Nieto, se ha negado a asignar el presupuesto necesario para la entrega de los 38 mil pesos a los más de 40 mil ex braceros pendientes de recibir el Apoyo Social. Todo indica que Enrique Peña Nieto en los tres años de su gobierno, no tiene la voluntad política, ni de justicia para cumplir el compromiso de entregar este Apoyo. Los 400 millones de pesos que han quedado de la administración anterior, alcanzan para liquidar únicamente a unos 9 mil ex braceros.

El día 29 de febrero de 2016, más de cinco mil setecientos treinta y siete ex braceros y beneficiarios de los ya fallecidos, de varios estados de la República y de varias entidades de los Estados Unidos de América, obtuvieron el amparo y protección del Poder Judicial de la Federación, para que el gobierno federal les devuelva las cantidades que a cada uno de ellos les corresponde por los descuentos del 10 % que semanalmente les hicieron sobre su salario, durante el tiempo que laboraron en los Estados Unidos, en el periodo de 1942 a 1964.

El 6 de julio de 2015, aproximadamente siete mil ex braceros y beneficiarios de los ya fallecidos, solicitaron al presidente de la República, la entrega inmediata de las cantidades que, por concepto de Ahorro Campesino, que se les descontaron semanalmente, a razón de un 10% de su salario, durante todo el tiempo que laboraron en los Estados Unidos de América, en el periodo de 1942- 1964, bajo el “Programa de Empleo Campesino Temporal”, también conocido como “Programa Bracero”, que fue convenido por los gobiernos de Estados Unidos y de México.

Ante la negativa del gobierno Federal y la respuesta incongruente y sibilina de la Secretaría de Gobernación y del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Trabajadores Migratorios Mexicanos, los ex braceros interpusieron la correspondiente demanda de amparo, el 01 de septiembre de 2015.

Esta sentencia histórica a favor de los braceros que han reclamado justicia por varios decenios, reconoce la razón y el derecho que les asiste.8

SENTENCIA DE AMPARO

a) Dejen insubsistente el oficio número UEFCEF/DGA/DA/FID. 10230/214/1086/2015, de quince de julio de dos mil quince, signado por el encargado de los Trabajos de la Dependencia Coordinadora, de la Dirección General de Procedimientos Constitucionales, Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, y en consecuencia, se emita un nuevo oficio, congruente, debidamente fundado y motivado, donde resuelva favorablemente respecto de la solicitud de pago de las cantidades que por concepto de “Fondo de Ahorro Campesino”, descuento semanal a razón de un 10% de los salarios de los quejosos, durante el tiempo que laboraron en los Estados Unidos de América, bajo el “Programa Bracero”, entre 1942 y 1964; observando lo dispuesto por el artículos 124 de la Ley de Amparo, que impide la reiteración del Acto en los términos analizados y que fueron motivos de protección constitucional; ASIMISMO, DEBERÁN DEVOLVERLES LA CANTIDAD DE NUMERARIO QUE LES CORRESPONDEN DE DICHO FONDO;

b) Se cree un Banco de Datos “censo” con todos los datos y nombres de los ex braceros y beneficiarios de éstos, a efecto de determinar qué personas tienen derecho al pago del Fondo de Ahorro, creado a través del “Programa Bracero”, entre 1942 y 1964;

c) Se otorgue el certificado de identidad correspondiente, para lo cual se instruya a las autoridades responsables que proporcionen todas las facilidades a todos los ex braceros y sus beneficiarios para poder obtener la documentación que necesitan a efecto de acreditar el derecho al pago de tal ahorro, como son la gestión y otorgamiento de los certificados de nacimiento, de matrimonio, de defunción credenciales de elector, en fin todo el papeleo necesario para que dichas personas accedan al citado certificado de identidad.

d) Que las autoridades responsables realicen una investigación exhaustiva con el gobierno de los Estados Unidos de América, a efecto de determinar los nombres, cuentas, y cantidades que ahorró cada uno de los migrantes mexicanos llamados “braceros” entre 1942 y 1964, debiendo rendir cuentas exactas y transparentes respecto del destino de sus ahorros con la colaboración de los bancos norteamericanos a efecto de evitar pretextar el cumplimiento de este punto bajo el argumento de que derivado de los sismos de septiembre de 1985 se destruyó la documentación correspondiente;

e) El gobierno Federal deberá gestionar a través de las autoridades del Servicio Exterior Mexicano, la posibilidad de que a través de los Consulados, todos los connacionales que residen en Estados Unidos de América, y que tengan la calidad de ex braceros o beneficiarios, puedan acceder al beneficio de pago del Fondo de Ahorro, creado a través del “Programa Bracero” entre 1942 y 1964 a través del Consulado Mexicano. 9

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el presente punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para que exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal, en el término siguiente:

ÚNICO. El Senado de la República atento al principio de la División de Poderes previsto en nuestra Constitución General, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal,  a fin que dé exacto cumplimiento a la Sentencia de Amparo de fecha 29 de febrero de 2016 emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, tramitado en el expediente 1558/2015.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Layda Sansores San Román.

1 Trabajadores Ex braceros se amparan y esperan la respuesta de Enrique Peña Nieto en demanda al pago de su fondo de ahorro. Boletín de Prensa Trabajadores ex braceros en Estados Unidos y México. Difusión Cencos México D.F., viernes 28 de febrero de 2014. Contacto Rosa Martha Zárate Macías  044 55 24 30 28 90. Lic. Porfirio Martínez González  044 55 10 13 01 35.

2 Estados Unidos de América. Acuerdo para Reglamentar la Contratación de Trabajadores no Agrícolas Migratorios Mexicanos. Celebrado por Canje de Notas Celebrado en la Ciudad de México. El 29 de abril de 1943. No se sujetó a ratificación.

3 Vid.  Secretaría de Gobernación.  Fondo de Apoyo Social para Ex-Trabajadores Migratorios Mexicanos. Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-0-04100-02-0463. GB-009

4 Id.

5 Aunque los Estados Unidos hayan dependido de la labor mexicana en su sector agrícola desde principios del año 1900, el Programa Bracero cambió el rostro de las políticas migratorias en los Estados Unidos. El Programa Bracero fue un programa de trabajador huésped que corrió de 1942 a 1964. En un período de más de veintidós años, El Mexican Farm Labor Program, informalmente conocido como Programa Bracero, patrocinó el cruce de unos 4.5 millones de trabajadores huésped provenientes de México (entre los cuales algunos visitaban y regresaban de manera repetitiva a los E.U.A.). El Historiador, David Gutiérrez, argumenta que ninguna otra política migratoria americana tuvo mayor efecto entre la comunidad étnica mexicana, que el del Programa Bracero, ya que el programa convirtió a la inmigración en una práctica política común. braceroarchive.org/es/ensenanza

6 Véase el portal de la SRE relacionado con los Tratados en http://tratados.sre.gob.mx/cgi-bin/imagenes.exe.

7 Poder Ejecutivo. Secretaria De Hacienda Y Crédito Público. Decreto por el que se crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
http://www.dof.gob.mx/extrabmigmex/sg_25052005.htm

8 Conferencia de Prensa, CENCOS, 09 de marzo de 2016. La Comisión Coordinadora.

9 El juicio fue tramitado en el expediente 1558/2015, ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y resuelto mediante sentencia del 29 de febrero del año en curso, dictado por la Juez, Paula María García Villegas Sánchez Cordero.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de Acuerdo que propone que los integrantes de esta Cámara realicen una campaña en contra de Donald Trump por sus acciones y declaraciones en contra de los mexicanos.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señora Presidenta. Senadoras y Senadores:

Yo vengo a plantearles algo casi obvio, que yo puedo pensar que vamos a compartir. Fíjense lo sencillo de la propuesta.

La propuesta del punto de Acuerdo dice así:

Único.- El Senado de la República establece que los integrantes de esta Soberanía, es decir, nosotros, nosotras, a través de todos los medios de comunicación posibles, realicen de manera permanente una campaña en contra de Donald Trump por sus acciones y declaraciones hacia los mexicanos y que tiene como objetivo fomentar el odio y la división.

No estoy planteando se adhiera una propuesta política de un partido, de un grupo parlamentario, estoy planteando que acordemos casi un exhorto para que nos comuniquemos por los medios a nuestro alcance para dignificar a los mexicanos frente a esta campaña de desprestigio, de denuesto, de xenofobia, de racismo que está llevando a cabo un aspirante a ser candidato de un partido en Estados Unidos y después buscar la Presidencia de la República de nuestro país vecino, Estados Unidos de América.

Hoy la comunicación es global, lo que aquí se escribe, lo que acá se postea en nuestras cuentas de Twitter, de Facebook, se lee en todo el mundo, puede leerse en todo el mundo.

Necesitamos hablar bien de México, necesitamos dar nuestra opinión, no la ofensa, sino la opinión a lo que está haciendo un personaje que tal parece está desquiciado.

Él actúa con estrategia, sin duda que sí; él actúa como parte de una estrategia electoral, la que empresas que él contrató le han instruido. No lo vean reaccionando o actuando de manera hasta intuitiva, véanlo como un profesional que está desarrollando una estrategia y que tiene como instrumento el desprestigio, el hablar mal de México y los mexicanos.

Está queriendo confrontar a los mexicanos en Estados Unidos, a los inmigrantes, a los latinos, es su propósito.

Cuando habla en contra de los mexicanos, lo que quiere inducir es hablar mal en contra de los que llegan y se dirige a los mexicanos que ya se volvieron nacionales americanos para decirles: “Ellos son su competencia; ellos vienen por lo que ya ustedes tienen”. Es una estrategia perversa, es una estrategia que está desarrollada para alcanzar el poder, es una estrategia que, si la lógica natural se desarrolla, de llegar a alcanzar el poder no solamente en la estabilidad de un país, la estabilidad del mundo estaría en riesgo.

No seamos una generación de mexicanos, no seamos una generación de hombres y mujeres que no dijo nada, que guardó silencio, no lo seamos.

Siendo yo presidente del Senado empece esta campaña, y cuando planteé en la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del verano del año pasado, lo que se dijo es, no le hagamos caso al loco.

Y ahí está. Adónde se ha llegado en los alcances en este elogio de la locura.

Así es que no seamos cómplices omisos; recordemos que hace más de medio siglo se quemaban libros en París, se quemaban libros en Berlín, había en construcción una estrategia que después se convirtió en un partido que llevó a la Segunda Guerra Mundial.

No seamos omisos, comuniquémonos.

No se trata de la aspiración injerencista a lo que ocurre en un país, y más al país más poderoso del mundo. Pero actuemos con dignidad, sintamos que tenemos alcances, porque alguien decía: ¿crees que puedes influir en algo? Y le digo: “me creo capaz de hablar”. Me siento con el derecho de hablar, como ser humano, pero también como mexicano.

Yo por eso les pido que podamos aprobar de urgente resolución este Acuerdo, que es de esas cosas que solamente expresan una voluntad política. La voluntad es el Acuerdo para que los integrantes de este Senado nos comuniquemos, nos expresemos, hagamos algo, es una estrategia en construcción, es una idea, ahí está un hashtag. #MxContraTrump, México contra Trump.

Si quieren no lo asuman, no se trata de que se asuma, se trata de que hoy y todos los días desde los medios a nuestro alcance hagamos comunicación política desde el Senado mexicano para que hablemos bien de México, para que demos una opinión sobre este hecho político que tiene repercusión internacional.

Les agradezco su atención, y espero la solidaridad sólo con la idea, sólo con la idea. Hagamos algo, nos corresponde.

Gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Barbosa Huerta. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se requieren dos terceras partes, Senador, pero solicito nuevamente a la Secretaría ponga nuevamente a votación el asunto.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Como lo ha solicitado la señora Presidenta, nuevamente consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Se confirma la apreciación de la Secretaría, no se considera de urgente resolución, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señora Secretaria. Por lo tanto, túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 





 

Compañeros Senadores: Hago de su conocimiento que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en el Orden del Día de hoy, se turnarán directamente a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Presentada por las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI)

Las suscritas, Senadoras MARCELA GUERRA CASTILLO, GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ y ANA LILIA HERRERA ANZALDO, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164, 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las principales preocupaciones de este Siglo, lo constituyen los temas medioambientales que afectan y que decidirán el destino de nuestro planeta y de la humanidad, la mayoría reconocemos en mayor o menor medida, la afectación que genera el Calentamiento Global como consecuencia directa del efecto invernadero derivado de las emisiones atmosféricas de algunos gases que son producidos por procesos o materiales que son resultado de las actividades humanas, así como por la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono, la deforestación, la contaminación de ríos y de los mares, la sobre explotación de recursos naturales, fauna y flora, en general de todo tipo de afectación a la biodiversidad que ha sido ocasionada por todos nosotros.

Algunos materiales como el polietileno conocido comúnmente como plástico y el poliestireno, símbolos de avance tecnológico y de industrialización, después de ser utilizados, en la mayoría de los casos se convierten en residuos que causan graves daños y afectaciones al medio ambiente y a los ecosistemas.

Aunque las cantidades de poliestireno que se tiran a la basura son menores en comparación con las de polietileno en su presentación de objetos de plástico, diversas organizaciones ambientalistas afirman que este material causa graves daños cuando ingresa en los ecosistemas marinos y contamina las aguas, así como en las ciudades y en los campos y bosques cuando han sido desechados y se convierten en residuos que ocasionan obstrucciones de desagües, tuberías o que son ingeridos por roedores, felinos, canes y ganado que en la mayoría de las ocasiones mueren por asfixia o intoxicados.

El uso generalizado del poliestireno expandido, técnicamente definido como “Material plástico celular y rígido fabricado a partir del modelo de perlas preexpandidas de poliestireno o uno de sus copolímeros, que representa una estructura celular cerrada y rellena de aire”, cuyas siglas en inglés son “EPS” (ExpandedPolyStyrene), también conocido como Telgopor, Isopor, Icopor, Espuma-Flex, Forexpan, Porexpan o Corcho Blanco, cuya fórmula química es C8H8, integrado como un hidrocarburo de cadena larga 95% de Poliestireno y 5% de gas pentano.

El estireno, que es un líquido incoloro que se pudo aislar por primera vez de una corteza de árbol en 1831, en la actualidad se obtiene principalmente a partir del petróleo, el poliestireno se sintetizó por primera vez a nivel industrial en el siglo XX, en la década de 1930.
En la década de 1950 la firma alemana BASF desarrolló e inició la producción del poliestireno expandible, bajo la denominación Styropor, en esa misma década se utilizó por primera vez como aislante en una construcción de la planta de BASF y después de 45 años si hicieron pruebas al material utilizado en esta construcción, sometiéndolo a diversas pruebas en las que se demostró que las características y propiedades del poliestireno expandido habían permanecido intactas después de todos esos años.

En lo referente a densidad, los productos fabricados con este material se caracterizan por ser extremadamente ligeros, aunque resistentes debido a que en función de la aplicación las densidades se sitúan en un intervalo de los 10kg/m3 hasta los 35kg/m3, el blanco es el color natural de este material, y esto se debe a la refracción de la luz, la resistencia mecánica se encuentra ampliamente relacionada con la densidad del material y la mayoría de los materiales elaborados con UNICEL tienen una gran capacidad de aislamiento térmico, por lo que muchas de sus aplicaciones se relacionan directamente con esta propiedad.

Su capacidad aislante se debe a que la estructura del material consiste esencialmente en aire ocluido dentro de la estructura molecular y el aire en reposo es un excelente aislante térmico.

Como ya se hizo referencia, es afirmado por varios ambientalistas que cuando el poliestireno expandido ingresa en los ecosistemas, ya sean terrestres o marinos, causa graves daños al contaminar las aguas o por ser ingerido por la fauna que habite dichos medios, de acuerdo con el investigador Douglas McCauley, de la Universidad de California, el poliestireno ocasiona dos clases de problemas para los animales: mecánicos y biológicos.

Desde un punto de vista químico, las propiedades absorbentes del poliestireno, hacen que sea aún más peligroso, al recoger y concentrar contaminantes, esto implica una afectación para los humanos al consumir fauna, ya sea terrestre o marítima que haya ingerido este material, debido a la alta toxicidad del mismo, y porque se le atribuyen características cancerígenas.

Debido a estas razones, 70 ciudades en los Estados Unidos, entre las que se encuentran Washington DC, San Francisco, Minneapolis, Portland y Seattle, han prohibido el uso de envases desechables de UNICEL.

En nuestro país la producción del poliestireno se encuentra poco regulada, en la Norma Oficial Mexicana NOM-161.SEMARNAT-2011 se establecen criterios para clasificar los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo, incluye un listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado, así como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo, pero no contamos con disposiciones que contemplen acciones de un efectivo reciclado o que prohíban o limiten su producción.

En la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos se establece como parte de la política ambiental a los Planes de Manejo, que inducen a los productores, exportadores, importadores y distribuidores de productos a tomar acciones encaminadas a maximizar el aprovechamiento y la valorización de los residuos, los referidos planes deben tener bases en estrategias y acciones que deberán ser técnica, ambiental, económicamente factibles y socialmente aceptables y como ya se mencionó, el poliestireno expandido o UNICEL se encuentra incluido en el listado de residuos de manejo especial sujetos a presentar plan de manejo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México se producen y se consumen aproximadamente 13,000 millones1 de toneladas de poliestireno expandido al año en sus diferentes modalidades, ya sea construcción, contenedores o embalajes. Apenas el 0.5% de este material es reciclado, es decir, 350 mil toneladas aproximadamente. En comparación, en Estados Unidos se reciclan aproximadamente el 30% de sus desechos de poliestireno expandido mientras que Canadá cuenta con su propia asociación integrada por 24 compañías que reciclan 30 mil toneladas al año.

En la Facultad de Ingeniería de la UNAM, se ha desarrollado una máquina capaz de reciclar UNICEL, que logra transformarlo en materia prima.2 Uno de las causas que propiciaron el diseño y construcción de dicha máquina, fue que el UNICEL es considerado como uno de los plásticos rígidos más contaminantes, ya que su degradación tarda alrededor de 5 a 8 siglos.

Se estima que al reciclar el UNICEL se reduce en un 90% la presencia de este en el medio ambiente, la máquina recicladora se conoce bajo la denominación de “REPS-01” (Reciclaje de EPS prototipo 01) y utiliza un proceso a base de calor conocido como termodensificado para poder extraer la materia prima de los productos desechables, el valor que representa el desarrollo de esta tecnología contrasta con el problema generado por la producción de UNICEL en el país, que se estima que alcanza más de las 350 mil toneladas anuales y sólo el 11% se recicla debido al alto costo de la tecnología de importación, por lo que se considera más barato producir nuevo UNICEL.

De acuerdo a información generada por la Asociación Nacional de la Industria Química, el proceso de recuperación del material es considerablemente más costoso frente al beneficio que se obtiene, además de esto, en el país sólo se cuenta con una planta que se dedica a recolectar y reciclar el UNICEL, esta planta se encuentra en Atlacomulco, Estado de México y se denomina DART de México.3

En diciembre del 2015, se dio a conocer en medios noticiosos, que había entrado en funcionamiento en el país, la primera planta recicladora de UNICEL y su inversión superaba los 2 mil millones de dólares4, dicha planta se localiza en el Estado de México y tiene una capacidad de acopio y transformación de 750 toneladas de material al año, el objetivo de esta planta es recuperar el poliestireno expandido, para evitar que se mezcle con el resto de los residuos urbanos, es operada por la empresa mexicana del sector de enmarcado denominada “Marcos & Marcos” y cuenta con la capacidad de producir alrededor de 2 millones de metros de moldura de UNICEL al año.

Se tiene conocimiento que en el Estado de Tlaxcala se construyen desde hace más de una década casas ecológicas consideradas amigables con el medio ambiente y pueden ayudar a reducir los efectos del cambio climático reutilizando PET, UNICEL y otros plásticos, el construir con los mencionados plásticos ayuda a mejorar la calidad del aire, a disminuir la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero.5

Este tipo de casas se construyen con los llamados paneles ecológicos, que son elaborados con basura sólida y acero de alta resistencia y el resultado son viviendas térmicas, acústicas y resistentes, una característica importante de este tipo de construcción es la reducción de hasta un 30% en el costo de la misma, es de destacar que en 2013,Naciones Unidas premió a México por el proyecto de casas ecológicas, por los beneficios sociales, económicos y sobre todo ambientales, pero hasta este momento dicho proyecto ha sido poco difundido y apoyado por la inversión privada.

Otro aspecto importante y que debe ser estudiado ampliamente por las autoridades sanitarias, para que de ser comprobado, sea el motivador más sólido para prohibir la producción y venta de UNICEL en nuestro país, consiste en el hecho de que consumir sopas instantáneas u otros productos contenidos en recipientes de UNICEL puede ocasionar cáncer, lo que implicaría una afectación en un gran número de personas de diversas edades, ya que se dice que el UNICEL al tener contacto con agua caliente, comienza a expedir sustancias tóxicas que hacen que se produzcan moléculas de plástico que se reproducen en el organismo hasta formar un tumor.

Los tipos de cáncer más comunes causados por esta situación son de estómago, colon, páncreas e hígado, de acuerdo a diversas notas periodistícas, se tiene conocimiento de que se han registrado también casos de cáncer de sangre, debido a que la misma no puede circular por el organismo debido a la formación de capas de plástico en el organismo6.

Como se podrá apreciar, la inquietud que nos mueve a proponer la reforma del a la fracción VI del artículo 7 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, es hacer valer el derecho humano consagrado en el artículo 4° de la Constitución General de que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano y a la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos que dañan nuestro entorno y la salud de las personas, con la obligación del Estado de garantizar el respeto a este derecho.

Por ello, se propone que como en otros países, se prohíba la fabricación y utilización del poliestireno expandido e incluir en el precepto que se propone reformar, los términos polietileno y polímero sintético, a efecto de regular con mayor amplitud dichos materiales que al desecharse se convierten en residuos, considerando que dicha medida legislativa representada una acción decida para contribuir en la batalla que estamos librando contra la contaminación de nuestro planeta.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 7.- Son facultades de la Federación:

I. … a V. …

VI. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan, entre otros, los criterios de eficiencia ambiental y tecnológica que deben cumplir los materiales con los que se elaborarán productos, envases, empaques y embalajes de polietileno o cualquier polímero sintético que al desecharse se convierten en residuos, así como aquellas que prohíban la fabricación y utilización del poliestireno expandido. Dichas normas deberán considerar los principios de reducción, reciclaje y reutilización en el manejo de los mismos.

VII. … a XXIX. …

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 30 de marzo de 2016.

Suscriben

Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.

1 Información que fue recabada del siguiente sitio: http://www.manufactura.mx/industria/2014/05/23/reciclaje-de-unicel-es-insignificante

2 La información sobre dicha maquina puede ser consultada en el siguiente link: http://www.manufactura.mx/gestion/2014/02/27/inges-unam-innovan-reciclaje-de-unicel

3 Información obtenida en el siguiente vínculo: http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/reciclaje-de-unicel-un-negocio-1.html

4 La nota periodística se público el 1 de diciembre de 2015 en la página electrónica de “Economíahoy.mx” con fuente de NOTIMEX, con el encabezado de ”Abre primera planta planta recicladora de unicel en México, supera inversión los 2 mdd”, misma que puede ser consultada en el siguiente link: http://www.economiahoy.mx/empresas-eAm-mexico/noticias/7190346/12/15/Abre-primera-planta-recicladora-de-unicel-en-Mexico-supera-inversion-los-2-mdd.html

5 Dicha nota fue publicada el 21 de diciembre de 2015 y la misma puede ser consultada en el siguiente link: http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1512/casas-ecologicas-podrian-disminuir-efectos-cambio-climatico/

6 Esta nota fue consultada el 20 de diciembre de 2015, en la página electrónica de “NTR periodismo crítico”, el autor de dicha nota es Gilberto Crespo para NTRZACATECAS.COM, bajo el título “Sopas instantáneas, causantes de cáncer”, misma que puede ser consultada en el siguiente link:  http://ntrzacatecas.com/2015/12/20/sopas-instantaneas-causantes-de-cancer/





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4O., 116, 121 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los Senadores Miguel Romo Medina, Emilio Gamboa Patrón, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González y Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI)

MIGUEL ROMO MEDINA, EMILIO GAMBOA PATRÓN, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ y ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON Senadores de la República del Honorable Congreso de la Unión a la LXIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4O., 116, 121 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS en materia de registro civil al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 17 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se adiciona el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se incorpora el derecho de toda persona a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Establece que la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento. El artículo tercero transitorio de este Decreto prevé el formato único en materia de registro de población, así como para la expedición de toda acta del Registro Civil. Esta reforma constitucional sin duda alguna representa un avance sin precedentes en reconocer, desde nuestra ley fundamental, el derecho a la identidad de las personas.

El derecho a la identidad involucra una reciprocidad entre el individuo y el Estado, toda vez que el Estado debe garantizar el derecho a la identidad de los individuos, y los individuos por su parte deben no solo demandar el ejercicio del mismo, sino  también cumplir con las obligaciones respectivas para que esto se logre.

Con el ejercicio del derecho a la identidad existe mayor garantía de acceso a otros derechos políticos y civiles (como el derecho a votar, a la igualdad ante la ley, a la familia) y la posibilidad de acceder a los derechos económicos, sociales y culturales, como son la salud y la educación.1

Desde el punto de vista jurídico, el estado civil representa la ubicación del ser humano dentro de una sociedad, así como los derechos y obligaciones que le corresponden derivados de acontecimientos, atributos o situaciones, tales como el nacimiento, el nombre, la filiación, la adopción, la emancipación, el matrimonio, el divorcio y el fallecimiento, que en suma contribuyen a conformar su identidad.2

Al respecto, el máximo Tribunal de nuestro país ha emitido las siguientes tesis:

ESTADO CIVIL (FILIACIÓN). SÓLO SE COMPRUEBA CON LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL, SALVO LOS CASOS EXCEPTUADOS POR LA LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).3

El estado civil, de conformidad con los artículos 34 y 34 bis del Código Civil, es una institución jurídica entendida como un atributo de la persona referente a la posición de ésta en relación con la familia, instituto que es indivisible, inalienable, imprescriptible, susceptible de posesión y cuyas causas generadoras son el parentesco, el matrimonio y el divorcio; la primera de esas fuentes, de acuerdo con los artículos 292 a 300 del citado ordenamiento, reconoce a su vez los vínculos de afinidad, civil y consanguinidad, este último se identifica con el concepto de filiación, entendida como la juridificación del nexo natural existente entre progenitores e hijos. Ahora, para probar el estado civil y en particular la filiación de una persona, es necesario atender al contenido del artículo 47 del Código Civil, que dispone: "El estado civil de las personas sólo se comprueba con las copias certificadas de las actas del Registro Civil. Ningún otro medio de prueba es admisible para comprobarlo, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley." Este precepto contiene un principio de limitación probatoria para demostrar el estado civil de las personas por cuanto que, por regla general, las actas del Registro Civil son aptas para comprobarlo, pues de manera expresa se excluye cualquier otro medio de convicción, salvo los casos exceptuados por la ley, es decir, los diversos procedimientos para acreditar la filiación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.

ESTADO CIVIL, SE PRUEBA CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEL REGISTRO.4

Con las excepciones expresamente consignas en la ley, solamente las actas extendidas por los funcionarios del Registro Civil son legalmente idóneas para demostrar el estado civil de las personas, por lo que lógica y jurídicamente cabe concluir que las probanzas distintas a tales constancias por múltiples y variadas que sean, carecen de fuerza y valor para tal efecto.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO.

DEFUNCIÓN. NO SE ACREDITA ÚNICAMENTE CON LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO).5

El estado civil se ha definido doctrinariamente como el conjunto de cualidades que la ley toma en consideración para atribuirles efectos jurídicos. Se considera que en él están comprendidos dos aspectos: como estado de familia y como estado de nacionalidad; en relación con el primero, las personas pueden ser padres, hijos, esposas, maridos, hermanos, etcétera; respecto al segundo, pueden ser nacionales o extranjeros. Ahora bien, al ser el estado civil un atributo de la personalidad, el origen de ésta se ubica, según diversas corrientes doctrinarias, bien en el momento de la concepción, en el del nacimiento (ya puramente o retrotrayendo los efectos jurídicos al momento de la concepción), o en el momento en que el nacido muestra aptitud para seguir viviendo separadamente del seno materno; en cambio, la muerte es el fin de la personalidad, porque hace perder la capacidad jurídica de las personas físicas. De tal manera que el fallecimiento no forma parte del estado civil, sino que es la causa extintiva única de la capacidad abstracta del sujeto del derecho, no así de las relaciones jurídicas anteriores a la muerte. Por tanto, para acreditar la defunción de una persona no es aplicable lo dispuesto por el artículo 292 del Código Civil para el Estado de Guerrero, el que establece que el estado civil de las personas sólo se comprueba con las constancias relativas del registro, y que ningún otro documento, ni medio de prueba, es admisible para comprobarlo, con excepción de los casos previstos en la ley; ello es así, pues al no formar parte la muerte del estado civil, consecuentemente el fallecimiento no se acredita únicamente con las actas del Registro Civil, sino que puede demostrarse con los diversos medios probatorios reconocidos por la ley.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

De las tesis transcritas y de la doctrina señalada, podemos afirmar que el estado civil de una persona consiste en la situación jurídica concreta que una persona guarda en relación con la familia, es decir en distintas calidades como la de hijo, padre, esposo o pariente por consanguinidad, por afinidad o por adopción y los derechos y obligaciones generados por esta situación jurídica determinada.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en el artículo 6 señala lo siguiente:

Artículo 6.

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Si hablamos del derecho humano a contar con una identidad, nos referimos al derecho subjetivo de toda persona física a que se le respeten todas sus peculiaridades que lo distinguen del resto de los seres humanos, aun cuando algunas de ellas las comparta con los miembros de su colectividad porque el derecho individual a la identidad no se desprende de la identidad social de un grupo sino que deriva de su estatus de ser humano cuya identidad no es exactamente igual a la del grupo.6

Tenemos entonces que, el derecho humano a la identidad, tiene un vínculo indisoluble con los atributos de la personalidad: nombre, estado civil, domicilio, capacidad, patrimonio y nacionalidad, pero también concierne a su entorno familiar y social: filiación, parentesco, lenguaje, tradiciones, religión; lo mismo que a cuestiones étnicas, biológicas y genéticas como la raza, cromosomas, genes, o el ADN, por ejemplo.7

Resulta de interés señalar que los avances tecnológicos han permitido facilitar la identificación de restos humanos mediante la aplicación de pruebas de Ácido Desoxirribonucleico (ADN). Cada persona cuenta con un ADN único, que sigue las leyes de la herencia, es decir, el ADN de un menor se conforma por partes iguales del de sus padres; éste puede analizarse con miras a producir un perfil que permita efectuar una comparación fiable con otros perfiles, puede recuperarse y analizarse a partir de muestras biológicas diminutas. Se trata de  una molécula resistente cuya degradación en los tejidos duros es muy lenta, lo que permite recuperarla de muestras viejas, siempre que las condiciones ambientales hayan sido favorables.8

La genética forense y los bancos genéticos son herramientas que con las debidas garantías pueden contribuir en las investigaciones que realizan las autoridades de  los estados para cumplir con mayor eficacia sus obligaciones en el asunto de atención y en su caso, castigo a las violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario de conformidad con los compromisos jurídicos internacionales adquiridos en lo que respecta a la identificación de las víctimas de esas violaciones, en los casos en que éstas hayan muerto o desaparecido, y desde luego, en la contribución de  la restitución de su identidad.9

El análisis del ADN para la identificación de individuos se basa en lo siguiente10:

1. El ADN de cada persona es único, sirve para diferenciar a un individuo de entre todos los demás. La mitad del ADN autosómico de una persona es heredado del padre biológico y la otra mitad de la madre biológica, por lo que con su análisis se pueden realizar estudios de filiación.

2. Todas las células con núcleo del cuerpo de un individuo cuentan con el mismo ADN y  éste será el mismo aun cuando se analicen sangre, saliva, tejido, semen, pelo etc.

3. Es posible identificar a un individuo a partir de muestras biológicas muy pequeñas o degradadas.

4. Se puede obtener el ADN de muestras biológicas aunque haya pasado mucho tiempo, como por ejemplo en restos óseos antiguos.

Es de observarse que el análisis genético del ADN, según la información obtenida del SEMEFO, tiene diversos usos que son de gran utilidad para determinar la paternidad, el reconocimiento de personas desaparecidas, la probable intervención de alguna persona en un ilícito como puede ser la violación.

En Costa Rica se cuenta con el Reglamento del Registro de Datos de Perfiles de ADN para Identificación Humana, este ordenamiento en el artículo 1º define lo que es una base de datos de ADN, de la siguiente manera:

Artículo 1: Definición de Base de Datos de ADN

Se entenderá como Base de Datos de Ácido Desoxirribonucleico (ADN), el conjunto estructurado de Archivos de Perfiles Genéticos y de Datos Personales, almacenados de manera independiente, de tratamiento o procesamiento automatizado, con finalidad exclusiva de identificación humana.11

Este mismo Reglamento en el artículo 2º señala el objetivo para la constitución de una Base de Datos de ADN, al respecto establece lo siguiente:

Artículo 2: Objetivo de la Base de Datos de ADN

La creación de la Base de Datos de ADN, tiene como objetivo registrar, mantener y comparar de manera codificada los perfiles genéticos, obtenidos a partir del análisis de ADN surgido como producto de una investigación penal, así como los perfiles genéticos que en forma voluntaria, hayan sido aportados por familiares interesados para identificación de cadáveres o personas desaparecidas.12

En nuestro país, es disciplina pendiente de ser normada y es por ello que se considera que es buen tiempo que se instituya la figura jurídica, la cual permita precisar y aclarar dudas sobre identidad de una persona dada (ya sea viva, desaparecida o muerta) acudiendo a la ciencia para dichos fines. Lo anterior se logra a través del análisis del ADN, que hasta ahora se ha acreditado como la prueba más exacta e irrefutable, ya que es un método comprobado e inequívoco, por lo que al contar con los perfiles genéticos de los ciudadanos desde el momento en que son registrados  en las actas de nacimiento, nos permitirá tener una base de datos que será de gran utilidad en caso de presentarse casos como dudas, de filiación, desapariciones, o muertes, para lograr la identidad y vinculación con otros seres, desastres, o simplemente para establecer la paternidad. Esta base de datos permitirá proteger al individuo desde su nacimiento y para futuros sucesos que pueden llegar a ocurrir, razón por la cual es de suma importancia que sea desde su nacimiento la integración de dicho registro  a fin de que pueda ejercer los derechos de su identidad confirmada con certeza científica.

Es importante mencionar que el uso de esta prueba puede esclarecer múltiples conflictos en los que se debe acudir a métodos científico-biológicos para esclarecer situaciones históricas y por ende, situaciones jurídicas.

En algunos países como España, o incluso latinoamericanos como Argentina, Paraguay y Colombia, desde hace algunas décadas las pruebas de ADN han sido usadas con una aceptación muy amplia, tanto por las autoridades como por la sociedad en general, y su uso abarca más allá del reconocimiento de la paternidad, ya que sus resultados son tan precisos, que también se recurre a este análisis en materia de investigaciones criminales, identificaciones de personas, violaciones a derechos humanos, abusos contra la libertad, inmigración, secuestros, impugnación de derechos acreditación, ya sean con testamento o sin este o tráfico de recién nacidos, entre otros casos, por lo que su aplicación es especialmente eficiente al momento de determinar la identidad de un ser humano que carece de documentación alguna. En Colombia y Paraguay se expide, a solicitud de los ciudadanos, las llamadas cédulas genéticas, documento de identificación permanente que contiene el código genético pues éste no cambia. En México sería obligación urgente del Estado y frente al incremento que vivimos en el número de personas desaparecidas.

Colombia cuenta con la cédula genética que contiene información genética única e invariable y que permite un mecanismo de identificación que individualiza a una persona de forma exclusiva, universal e infalsificable, asegurando su identidad en cualquier parte del mundo, independientemente de su estado físico y/o mental.

Por otra parte, Cielo Rocío Pineda, directora del laboratorio de identificación humana de la Universidad Manuela Beltrán -UMB-, de Bogotá afirma que: “es un mecanismo de identificación adicional al registro civil, la tarjeta de identidad y la cédula de ciudadanía. La tecnología permite tener este documento genético que es vitalicio, fiable y con información que no cambia con el tiempo"

 La cédula genética colombiana incluye los 13 marcadores genéticos que establecen su identidad y contienen información que lo hacen único e irrepetible. Este 'perfil genético', que se traslada a datos numéricos en un carnet portable, es similar a una carta dental o a una huella dactilar. Todos los seres humanos tienen los mismos marcadores y lo que los hace diferentes es que el número de repeticiones de un marcador varía de una persona a otra. Estos 13 marcadores o fragmentos pequeños de ADN ya fueron estandarizados y validados a nivel internacional para ser usados en identificación, exclusivamente. 13

Por su parte España cuenta con, el Banco Nacional de ADN (BNADN) Carlos III es una plataforma tecnológica creada a principios de 2004 con el fin de facilitar la investigación biomédica acerca de la evolución humana, la diversidad genética/genómica en relación con la salud, la génesis de la enfermedad y su tratamiento. Ofrece a los investigadores muestras biológicas (ADN, plasma, ARN etc.), junto con información asociada, de donantes, sanos y enfermos, representativos de la población española. El BNADN se constituyó oficialmente el 16 de Marzo de 2004 mediante la firma del Convenio de Creación entre la Fundación Genoma España, la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca. En la primera fase de desarrollo el BNADN ha creado una colección de muestras de ADN representativas de la población sana residente en España así como información relevante asociada a las muestras en relación con el estado de salud y hábitos de vida de los donantes.14

En el caso de Argentina, fue creado en 1987 por Ley 23511 el Banco Nacional de Datos Genéticos, tiene como objeto poder realizar estudios genéticos que permiten identificar vínculos biológicos entre personas que sospechan ser hijos de desaparecidos durante el Terrorismo de Estado. Para ello compara material genético de estas personas que tienen dudas sobre su identidad con muestras que contiene el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) de familiares, principalmente abuelos de personas desaparecidas.

Es inapelable que el individuo conforma la esencia de toda estructura jurídica, de ahí la importancia del estado civil de las personas, en esa tesitura la institución del Registro Civil representa un papel trascendental ya que realiza uno de los servicios públicos de carácter jurídico de mayor relevancia, entre todos los que el Estado está obligado a satisfacer.

En ese contexto, el Registro Civil debe hacer constar de manera auténtica todas las circunstancias que modifiquen el estado civil de las personas; los asientos en los libros de los Registros y las constancias que estos emiten son prueba plena, de ahí que sea de interés no solamente para el individuo mismo, sino para el Estado e incluso para terceros por la importancia que revisten los actos que celebra una persona que tiene efectos en los derechos de otros.

Por otra parte, cada Estado tiene un funcionamiento registral distinto y aislado a los otros estados, es decir cada uno legisla sobre el Registro Civil y éstos cuentan con normatividad diversa entre cada uno de ellos. Esta variación se da en cuanto al funcionamiento del Registro Civil, y no en los actos que éste celebra, ya que los actos que se celebran en cada uno de los estados son los mismos como lo establece el Código Civil Federal, en su Título Cuarto. Lo anterior genera un problema de duplicidad en algunos actos jurídicos registrados en diferentes entidades de la República Mexicana. La falta de homogeneidad y de coordinación entre los numerosos registros civiles a lo largo del territorio nacional, da lugar a que en ocasiones de forma indebida, las personas sean registradas más de una vez en cuanto a su nacimiento o a la celebración de matrimonios múltiples, entre otros.

Esta duplicidad redunda en contradicciones y obstáculos en la presentación del servicio a la población, ya que no responden a las necesidades de un servicio moderno, oportuno y eficaz, que satisfaga plenamente las necesidades de la dinámica de la población.

La emisión de los diversos tipos de actas por parte del registro civil es heterogénea en todo el país pues no se cuenta con un formato único, no solo para el caso de las de nacimiento sino para otras como las de matrimonio, divorcio, reconocimiento de hijos, tutela, emancipación, adopción, y defunción. Un formato único tendría como propósito, facilitar la adopción de medidas organizativas y técnicas que aseguren la conservación de la información manejada por el Registro Civil de cada Estado, lo que generaría la mejora, agilización y confiabilidad de los servicios de atención a cada una de las personas que acuden a realizar trámites.

El formato único, serviría además de evitar la duplicidad, para tener un control de todos y cada uno de los actos jurídicos de los mexicanos.

En el documento titulado “Modernización Integral del Registro Civil”15, del Registro Nacional de Población (RENAPO), se señalan diversos puntos que es necesario atender, para efectos de la presente propuesta cabe resaltar los siguientes: existe diversidad de procedimientos para el asentamiento de los actos registrales, así como de los formatos de actas; hay disparidad en los criterios y procedimientos para la aclaración y rectificación de actas del estado civil de las personas, también se presentan multiplicidad de criterios y procedimientos para asentar las anotaciones marginales,  inobservancia de la normatividad para abatir la duplicación, inexactitud y la aportación de datos falsos en el levantamiento de las actas del Registro Civil, entre otros.

Uno de los propósitos del Programa de Modernización Integral del Registro Civil es: “obtener información de manera confiable, homogénea y oportuna, que permita certificar fehacientemente la identidad de las personas y conformar el Registro Nacional de Población.”

De acuerdo con la información obtenida del documento antes citado, existe una diversidad de 196 formatos utilizados por los registros civiles del país para la certificación de los actos del estado civil de las personas, los cuales son establecidos por cada uno de los gobiernos de los estados. Lo anterior ha derivado en una falta de claridad y confianza por parte de las autoridades Municipales, Estatales y Federales, así como de instituciones privadas, para conocer con exactitud los formatos autorizados y vigentes.

Es importante contar con información completa y confiable sobre las personas registradas en el Registro Civil de cada entidad federativa, por lo que con estos programas, los registros, así como con la información genética incluida en estos, se aportarán herramientas que harán de la información un mecanismo de confiabilidad en varios sentidos. El uso más importante es el que puede darse en los casos de desastres naturales o desapariciones, en los cuales solo mediante el análisis del ADN se pueden reconocer restos de individuos, tal es el caso del sismo del 19 de septiembre 1985, en el cual el Registro Civil encontró que dentro de las tres mil 692 defunciones hubo 309  casos en los que no se pudo establecer la identidad de quienes perdieron la vida.

El objeto de la presente iniciativa de reforma constitucional a los artículos 4º, 116, 121 y 122, es el de dotar a las personas de un documento de identidad en el que se concentren todos los actos del estado civil que celebren desde el momento de su nacimiento así como la integración de su perfil genético. Esta medida busca garantizar a toda la población el acceso a servicios básicos como lo son la salud y la educación y por otra parte, a que el Estado cuente con documentos legalmente constituidos que permitan al propio Estado y a las demás personas conocer el estado civil de otros en los términos que la Ley establezca y con ello evitar la duplicidad de registros de nacimiento, la comisión de diversos delitos como la bigamia, conocer la filiación de la cual se desprenden diversos derechos y obligaciones, saber con exactitud si se ha divorciado, si se han adoptado o reconocido hijos; etc., independientemente de la entidad federativa en donde se hayan celebrado dichos actos.

Asimismo con fecha 24 de septiembre de 2015 se presentó iniciativa similar ante el Senado de la República por parte del suscrito y otros senadores, misma que se retoma en este proyecto con el objetivo de que este asunto sea desahogado por este cuerpo colegiado.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se reforma el párrafo octavo del artículo 4º , se adiciona la fracción X del artículo 116, se reforma la fracción IV del artículo 121 y se agrega el inciso f a la fracción II de la Base Segunda, del apartado C recorriendo las subsecuentes del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4. (…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Toda persona tiene derecho a la identidad y a que se le realiceun estudio para obtener su perfil genético basado en su ADN con la finalidad de que dicho perfil sea integrado en su acta de nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de identidad. El acta de identidad contendrá todos los actos del estado civil que la persona celebre, así como su perfil genético. Para tal efecto, el Estado Mexicano contará con un Registro Nacional de Actas de Identidad y con una Base Nacional de Perfiles Genéticos, que dependerá del Ejecutivo Federal.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

I.

X.- Las Constituciones de los estados garantizarán que las funciones del Registro Civil se lleven a cabo de conformidad a lo dispuesto por las leyes relativas a la materia y su aplicación será atribución del titular del poder ejecutivo local.

Para la mayor eficacia en la implementación del desempeño de esta atribución, los titulares de los poderes ejecutivos de los estados podrán suscribir convenios con los ayuntamientos para la expedición y trámites administrativos o por orden jurisdiccional de las actas respectivas en materia de: actas de nacimiento, actas de reconocimiento, actas de adopción actas de tutela, actas de emancipación, actas de matrimonio, actas de divorcio y actas de defunción.

Artículo 121. En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes:

I. a III. (…)

IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado o del Distrito Federal tendrán validez en los otros, la organización y funcionamiento del registro civil dependerá del titular del poder ejecutivo de cada entidad federativa;

Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo.

Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia.

A…

B…

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:

BASE PRIMERA…

BASE SEGUNDA.- Respecto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal:

I.

II.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

a) …

b) …

c) …

d) …

e) …

f) En concordancia con lo dispuesto en el artículo 4º, párrafo octavo, artículo 116 fracción X y artículo 121 sección IV de esta Constitución en materia de estado civil, es facultad del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ejercer las atribuciones respectivas la organización y funcionamiento del registro civil.

g) Las demás que le confiera esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las leyes.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión realizará nuevas leyes reglamentarias generadas, expediciones y/o las modificaciones legales a que haya lugar a fin de garantizar lo señalado en el párrafo octavo del artículo 4 del presente Decreto, en un plazo que no exceda los 180 del plazo comprendido en 2 periodos ordinarios constitucionales posteriores a la entrada en vigor.

TERCERO. Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán realizar las adecuaciones necesarias a su ordenamiento jurídico en un plazo de seis meses posteriores a la entrada en vigor delas reformas establecidas en el artículo segundo transitorio del presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 30 de marzo de 2016.

Sen. Miguel Romo Medina.- Sen. Emilio Gamboa Patrón.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason.

1 Encuentro de Directores de Registro. OEA, México, 2007

2 Fernández, Ruiz Jorge. El Registro del Estado Civil de las Personas, p. 11 Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3100/5.pdf Consultado el 23 de Septiembre de 2015

3Tesis aislada. No. de Registro 179308 
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=179308&Clase=DetalleTesisBL Consultada el 23 de Septiembre de 2005

6 Op. Cit. Nota 2

7 Comité Internacional de la Cruz Roja,Personas desaparecidas, análisis forense de ADN e identificación de restos humanos”. Guía sobre Prácticas Idóneas en Caso de Conflicto Armado y de otras Situaciones de Violencia Armada. Segunda Edición. 2009 p. 15 https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_4010.pdf Consultado el 23 de Septiembre de 2015

8 ..

9 VILLAVERDE, María Silvia. Investigación de violaciones de derechos humanos: Contribución de la genética forense. P. 14 http://www.bndg.gob.ar/documentos/Genetica-Forense_ESP.pdf Consultado el 23 de Septiembre de 2015

10 Genética Forense, visto en http://scenacriminis.com/2015/02/02/genetica-forense/ con Información disponible en: www.semefo.gob.mx

11 Información disponible en:
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152012000100016 Información consultada el 28 de mayo de 2014.

12 Ídem.

13 http://www.identificacionhumana.com/cgenetica.html Información consultada el 23 de Septiembre de 2015

14 Página oficial del Banco Nacional de ADN http://www.bancoadn.org/presentacion.htm consultada el 23 de Septiembre de 2015

15 Disponible en: http://www.renapo.gob.mx/swb/work/models/RENAPO/Resource/317/ConceptosMIRC.pdf  Consultado el 23 de septiembre de 2015

Fuentes:

1. Encuentro de Directores de Registro. OEA, México, 2007
2. Fernández, Ruiz Jorge. El Registro del Estado Civil de las Personas, p. 11 Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3100/5.pdf Consultado el 23 de Septiembre de 2015
3. Tesis aislada No. de Registro 228419
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=228419&Clase=DetalleTesisBL Consultada el 23 de Septiembre de 2015
4. Tesis aislada. No. de Registro 185204
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=185204&Clase=DetalleTesisBL Consultada el 23 de Septiembre de 2015
5. Comité Internacional de la Cruz Roja,Personas desaparecidas, análisis forense de ADN e identificación de restos humanos”. Guía sobre Prácticas Idóneas en Caso de Conflicto Armado y de otras Situaciones de Violencia Armada. Segunda Edición. 2009 p. 15 https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_4010.pdf Consultado el 23 de Septiembre de 2015
6. VILLAVERDE, María Silvia. Investigación de violaciones de derechos humanos: Contribución de la genética forense. P. 14 http://www.bndg.gob.ar/documentos/Genetica-Forense_ESP.pdf Consultado el 23 de Septiembre de 2015
7. Genética Forense, visto enhttp://scenacriminis.com/2015/02/02/genetica-forense/ con Información disponible en: www.semefo.gob.mx
8. Información disponible en: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152012000100016 Información consultada el 28 de mayo de 2014.
9. http://www.identificacionhumana.com/cgenetica.html Información consultada el 23 de Septiembre de 2015
10. Página oficial del Banco Nacional de ADN http://www.bancoadn.org/presentacion.htm consultada el 23 de Septiembre de 2015.
11. http://www.renapo.gob.mx/swb/work/models/RENAPO/Resource/317/ConceptosMIRC.pdf  Consultado el 23 de Septiembre de 2015
12. Tesis aislada. No. de Registro 179308  
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=179308&Clase=DetalleTesisBL Consultada el 23 de Septiembre de 2005
13.http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-09-29-1/assets/documentos/gaceta1.pdf, Consultada el 29 de Marzo de 2016
14.http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-09-29-1/assets/documentos/gaceta1.pdf, Consultada el 9 de Marzo de 2016





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe sobre las acciones de mantenimiento, renovación del parque vehicular y mecanismos de monitoreo y control de emisiones de gases contaminantes de las unidades de los diversos sistemas de transporte público en la entidad. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En nuestro país, el derecho a la protección de la salud y el acceso a un medio ambiente sano que haga posible el desarrollo y bienestar de la población, respectivamente, se encuentran tutelados en el cuarto y quinto párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, es necesario que las autoridades de los tres órdenes de gobierno fomenten políticas públicas en beneficio del medio ambiente. Sin embargo, en el caso de grandes urbes como la Ciudad de México esto no ocurre.

Una de las principales problemáticas que enfrentamos es que, en el diseño de las vialidades, se privilegia la utilización del auto, dejando de lado el uso de medios de transporte alternativos. Sobre el particular, el Centro Mario Molina, refiere que en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) -la cual está conformada por 60 municipios -59 del estado de México y 1 de Hidalgo y las 16 delegaciones de la capital del país-, hay más de 5 millones de vehículos.

La misma asociación civil, señala que la ZMVM es la más contaminada del país en términos de ozono y la cuarta en cuanto a partículas suspendidas1, lo cual hace imprescindible garantizar un transporte público eficaz, eficiente y de calidad que responda a las normas y recomendaciones nacionales e internacionales.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con el índice Tom Tom, elaborado por dicha firma de dispositivos de geolocalización satelital2, con un nivel de congestión vial del 59%, la Ciudad de México es la metrópoli que presenta mayor tráfico en el mundo, lo que se traduce en un recorrido que suele durar el doble de tiempo durante la hora de mayor tráfico. 

En consecuencia, resulta indispensable que medios de transporte como el Metrobús, el Sistema de Transporte Colectivo y la Red de Transporte de Pasajeros, cumplan con rigurosos estándares que además de garantizar su correcto funcionamiento, contribuyan al cuidado del medio ambiente. En contravención a lo anterior, el propio centro especializado, ha dado a conocer que, en la Ciudad de México, el 65% de los usuarios considera que la calidad del servicio es pésima o mala.

Por si esto no fuera suficiente, de acuerdo con información vertida en diversos medios de comunicación, la falta de mantenimiento y escasos mecanismos de control, constituyen una constante que se presenta en detrimento del medio ambiente y de la salud de la ciudadanía en virtud de que aquellas unidades que circulan bajo el sistema de combustión a gasolina y diésel, son las que emiten el mayor número de emisiones negativas.

Por lo anterior, no es extraño que hace unas semanas se registraran los más altos índices de contaminación en la Ciudad de México durante los últimos 14 años, los cuales superaron los 200 puntos en el Índice Metropolitano en la Calidad del Aire (IMECAS).

Ante este panorama, el 14 de marzo del año en curso, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer la activación de la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica (situación que no ocurría desde el año 2002), la cual aplicó el 15, 16 y 17 de marzo.

Durante dicho periodo, se anunciaron una serie de acciones, entre las que se encuentran las siguientes: recomendar a las autoridades escolares de educación de la ZMVM limitar al máximo las actividades al aire libre; establecer operativos para la agilización vehicular; prohibir la circulación de vehículos destinados a fines publicitarios; incrementar la vigilancia del Programa de Vehículos ostensiblemente contaminantes; y la suspensión de actividades industriales que utilicen benceno, tolueno, xilenos y/o sus derivados, que no cuenten con equipos de control.

Después de que se superó la contingencia ambiental, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), por un lado, reconoció el esfuerzo de las autoridades locales y ciudadanía al acatar las medidas impulsadas, y por el otro lado, anunció una serie de acuerdos en beneficio de los habitantes del Valle de México,3 entre los que destacan:

- La actualización del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria mediante la expedición de una norma emergente.

- Proponer a la Comisión Ambiental de la Megalópolis que invite a instituciones académicas y otros expertos, a trabajar en el Programa Hoy no Circula para ajustarlo a la nueva normatividad.

Los acuerdos enunciados dejan de manifiesto el compromiso de la SEMARNAT y el de las autoridades de la ZMVM, situación que reconocemos y celebramos debido a que la contingencia acontecida hace algunos días, lejos de generar divisiones, nos debe convocar a asumir responsabilidades y redoblar esfuerzos.

Por lo que respecta al transporte público de la Ciudad de México, en el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de que es necesario mejorarlo a fin de fortalecer la movilidad de la ciudadanía, actividad en la cual es primordial privilegiar a los peatones y al transporte limpio.

Bajo esta tesitura, para los legisladores del PRI, es de vital importancia conocer cuáles son las acciones de mantenimiento, renovación del parque vehicular y mecanismos de monitoreo y control de emisiones de gases contaminantes de las unidades de los diversos sistemas de transporte público en la entidad, es ahí donde radica la idoneidad del presente punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que a través de la Secretaría de Movilidad y de Medio Ambiente, presente ante esta Soberanía un informe pormenorizado sobre las acciones de mantenimiento, renovación del parque vehicular y mecanismos de monitoreo y control de emisiones de gases contaminantes de las unidades de los diversos sistemas de transporte público en la entidad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.





 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo relativo al proceso de normalización de relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y los Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA y JUAN CARLOS ROMERO HICKS, Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL PROCESO DE NORMALIZACIÓN DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE LA REPÚBLICA DE CUBA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

En diciembre de 2014, los presidentes de Estados Unidos de América y de Cuba anunciaron el proceso de normalización de sus relaciones diplomáticas; a mediados de 2015 sus embajadas fueron reabiertas en ambos territorios, lo cual representó un paso histórico en el esfuerzo de ambas naciones para normalizar sus relaciones bilaterales.

Hace más de 54 años, el 3 de enero de 1961, por orden del presidente estadounidense Dwight Eisenhower se anunció el cierre de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, seguido del bloqueo económico a Cuba que hasta hoy se mantiene sobre la Isla; esto en el marco de las tensiones en la región durante la Guerra Fría.

El29 de mayo de 2015, Estados Unidos anunció el retiro de Cuba de la lista de Estados Promotores del Terrorismo; el vocero del Departamento de Estado estadounidense, Jeff Rathke, señaló en una nota oficial que "el plazo de 45 días de notificación al Congreso expiró y el Secretario de Estado tomó la decisión final de rescindir la designación de Cuba como Estado Promotor del Terrorismo".

La Lista de los Estados Promotores del Terrorismo (List of State Sponsors of Terrorism) es elaborado de forma unilateral por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en la cual la República de Cuba fue incluida desde 1982; la acción del retiro de la Isla de esta lista fue debido a que en esta nueva política estadounidense se determinó que Cuba reúne los criterios para ser excluida.

Cabe destacar que pese a esta nueva etapa de las relaciones entre ambos países, existen aún temas pendientes para ambas naciones. Cuba reclama el fin del embargo estadounidense, la devolución de la Base Naval de Guantánamo, una indemnización por los prejuicios provocados por el embargo, el final de las transmisiones de radio y TV Martí así como la derogación de los programas de ayuda a la oposición interna. Por su parte, Estados Unidos impulsa la transición a la democracia y el respeto a los derechos humanos.

México es un socio estratégico de ambos países, cabe recordar que el 31 de enero de 1962, Cuba es expulsada de la Organización de Estados Americanos, sin embargo nuestro país se abstuvo al sostener que la expulsión de un Estado Miembro no procedía al no existir esa figura en la Carta, pues no existía una reforma previa de la Carta de la OEA. México también respaldó las 23 resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a la necesidad de eliminar el bloqueo que persiste sobre Cuba.

Pese a que el Presidente de México afirmó que “México invariablemente ha respaldado a un país hermano del hemisferio como es Cuba, para que tenga igualdad de condiciones y los mismo derechos que tienen todos los demás países del hemisferio”, la presencia diplomática de nuestro país en el proceso es nula. Durante la VII Cumbre de las Américas en Panamá, en abril de 2015, ofreció su colaboración a los Presidentes de Cuba y Estados Unidos, sin embargo es generalizada la percepción de que el Gobierno mexicano no contribuyó, en términos diplomáticos, a este acuerdo.

Es necesario señalar que la normalización de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos permitirán a México abordar temas importantes en su agenda como la delimitación marítima en el Golfo de México con ambos países, a fin de estar en posibilidades de la explotación de hidrocarburos en aguas mexicanas.

El pasado 20 de marzo de 2016, Barack Obama se convirtió en el primer Presidente estadounidense que visita la nación antillana después de 88 años, cuando el expresidente Calvin Coolidge desembarcó en La Habana en enero de 1928 para asistir a la VI Conferencia Panamericana.

Esta visita se produce 15 meses después del anuncio del proceso de restablecimiento de las relaciones entre ambos países; Obama viajó en compañía de su esposa Michelle Obama y sus dos hijas, Malia y Sasha; así como miembros de su gabinete, y senadores republicanos y demócratas.

Alrededor de las 16:30 horas el presidente fue recibido en la pista de aterrizaje del aeropuerto José Martí por Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba,  José Ramón Cabañas, Embajador cubano en Estados Unidos, Jeffrey De Laurentis, Encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en la isla.

Obama acudió a una Ceremonia de colocación de ofrenda floral ante el monumento al Héroe Nacional José Martí, en la Plaza de la Revolución y visitó el Memorial “José Martí” donde se entonaron los himnos nacionales de Cuba y Estados Unidos al tiempo que se izaron las banderas de ambos países

Junto con el mandatario cubano Raúl Castro, Obama se reunió, en el Palacio de la Revolución, con mandatarios cubanos entre ellos Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional, Miguel Díaz-Canel, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros y otros miembros de la dirección del Estado y el Gobierno cubano. Después de este encuentro, ambos presidentes dieron una declaración conjunta. Para su último día en la isla el presidente estadounidense se dirigió a representantes de la sociedad civil cubana desde el Gran Teatro Alicia Alonso. Para cerrar su visita Obama asistió al partido de béisbol entre los Tampa Bay Rays y el seleccionado cubano. Después de este evento el Air Force One y puso fin a su histórica visita a Cuba

CONSIDERACIONES

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

3. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X, que es facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad   jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República se congratula por la visita de Barack Obama, Presidente de los Estados Unidos de América, a La Habana, Cuba, que se llevó a cabo del 20 al 22 de marzo del año en curso, lo que deja de manifiesto la consolidación de una nueva etapa de entendimiento entre los países de continente que favorecen la paz, la cooperación y el diálogo, principios por los que históricamente el pueblo y el gobierno de México ha pugnado en su política exterior.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ejerza un papel proactivo en el proceso de normalización de relaciones entre la República de Cuba y los Estados Unidos de América, desempeñando su vocación de interlocutor y mediador con el propósito de acelerar y consolidar este proceso en beneficio de ambas naciones y de los pueblos de América Latina y el Caribe.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.





 

De las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, María del Carmen Izaguirre Francos, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro a que considere implementar las medidas necesarias para evitar la aglomeración de usuarios en horas pico del Metro, evitando la sensación de asfixia por sofocación entre los usuarios, dentro de los vagones y el acoso sexual contra las mujeres. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Las que suscriben Senadoras MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, ANABEL ACOSTA ISLAS, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA, MARIA HILARIA DOMINGUEZ ARVIZU, ERIKA AYALA RIOS, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, MARIA DEL CARMEN IZAGUIRRE FRANCOS y CARMEN DORANTES MARTINEZ integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y MARIA ELENA BARRERA TAPIA integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 8, numeral 1, Fracción II, Articulo 103, numeral 2, Fracción III, Artículos 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a la consideración del H. Pleno del Senado la presente proposición con punto de Acuerdo, sustentada en las siguientes:


CONSIDERACIONES

El metro de la Ciudad de México, es considerado la obra arquitectónica más compleja y grande de la ciudad de México, su principal característica, es que esta en un proceso permanente de transformación y crecimiento, por la incorporación de nuevas tecnologías y la ampliación de la red.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) es un organismo público descentralizado cuyo objetivo es la construcción, operación y explotación de un tren rápido, movido por energía eléctrica, con recorrido subterráneo y superficial para el transporte colectivo de personas en la Ciudad de México. Cuenta con 12 líneas y 195 estaciones, cada una con un nombre y un color distintivo, 184 de estas hacen su recorrido en la Ciudad de México y 11 en el Estado de México. El (STC) tiene como Misión, Proveer un servicio de transporte público masivo, seguro, confiable y tecnológicamente limpio, con una tarifa accesible, que satisfaga las expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura de los usuarios y se desempeñe con transparencia, equidad y eficiencia.1

Partiendo de este principio, donde se dice que dicho sistema busca garantizar la prestación del servicio de transporte masivo de personas, de manera segura, accesible, rápida, continua, confiable y de mejor calidad,2desafortunadamente no se cumple; ya que la aventura que viven a diario, los usuarios del metro y la mayoría en horas pico, es realmente espantosa e insegura. Un estudio realizado por el mismo Sistema de transporte el año 2014, resalto que durante ese año en promedio fueron 1,614 millones 333 mil 594 usuarios transportados.

De acuerdo a datos oficiales de Sistema de Transporte Colectivo (STC) metro, a continuación se muestra una tabla del total de la afluencia de usuarios por día laboral del mes de Octubre a Diciembre del año 2015, las estaciones con mayor afluencia de usuarios, son: Zócalo y Cuatro Caminos correspondientes a la línea 2,Indios Verdes y Universidad estaciones de la línea 3, Ciudad Azteca correspondiente a la línea B, Constitución de 1917 correspondiente a la línea 8 y finalmente Pantitlán estación correspondiente a las líneas A, 1 y 9.3

Estaciones de mayor Afluencia de Usuarios en los meses de Octubre a Diciembre del año 2015.

LINEA

ESTACION

PASAJEROS DIARIOS

A

Pantitlán

130,072

3

Indios Verdes

129,150

2

Cuatro Caminos

121,785

9

Pantitlán

110,474

8

Constitución de 1917

107,794

3

Universidad

85,424

2

Zócalo

80,444

B

Ciudad Azteca

72,910

1

Pantitlán

52,328

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a datos oficiales del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Si bien es cierto, la población mexicana requiere y tiene la necesidad de utilizar este transporte público, para poder llegar a su trabajo, a su centro escolar o alguna cita médica a una misma hora, este hecho provoca la aglomeración o congestión de usuarios que generalmente se da entre las7:00 a 9:00 am y 6:00 a 9:00 pm.

Este  servicio es un recurso aprovechado para el traslado de muchos mexicanos a sus destinos, por esta razón se ve saturado generalmente en este lapso de tiempo y es común ver cada uno de los trenes de las diferentes líneas, abarrotadas de una inmensa cantidad de pasajeros, que seguramente excede los límites de capacidad de cada uno de los trenes.

La deficiencia que tiene este servicio, en cuanto a las medidas, para atender la gran demanda de usuarios en horas pico, tiene implicaciones graves, una es la sensación de asfixia por sofocación que tiene cada usuario dentro de los vagones, que se da principalmente por la gran cantidad de personas que intentan, entrar y conseguir un espacio dentro del vagón para llegar a tiempo a sus destinos, sin importar si los empujones y la presión, impactan a personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres embarazadas y niños pequeños; también por la falta de aire acondicionado en algunos de los vagones.

De acuerdo al Dr. Leónidas Poveda, en su Estudio médico-legal de las causas de Asfixia mecánica, define a la asfixia por sofocación como, la asfixia debida a la obstrucción criminal o accidental de la vías aéreas o la asfixia por compresión de las paredes abdominales o torácicas.4En este aspecto, las autoridades deben dar especial atención, capacitar y profesionalizar a sus equipos de vigilancia, para que tengan el manejo de la situación y de las personas, que realicen rondas en los vagones y principalmente que se deje entrar a la gente por bloques, para evitar la aglomeración en los vagones; y por ende la sensación de asfixia por la compresión de las paredes abdominales y torácicas que impide los movimientos respiratorios de cada usuario que a diario utiliza este transporte y que puede tener consecuencias graves.

Por otra parte, la segunda implicación grave que trae consigo la aglomeración de usuarios, es el acoso sexual contra las mujeres que se da de igual forma por la aglomeración de usuarios en los trenes y por la falta de vallas de separación entre hombres y mujeres que solo se respeta en ciertos horarios y estaciones; además de la falta de vigilancia en cada estación y sobre todo, cuando el personal de vigilancia no hace nada por mantener el orden, salvaguardar el bienestar y seguridad de los usuarios por falta de profesionalización.

Investigaciones y artículos periodísticos revelan las experiencias de cada una de las personas que han sufrido de acoso sexual en el (STC), que es provocada principalmente por la gran afluencia de pasajeros, esta situación exigió en el año 2005 una separación tajante entre usuarios masculinos y femeninos; para evitar de esta manera, las agresiones de índole sexual que se dan en dichas aglomeraciones. Para esto se utilizan vallas de separación y personal de vigilancia que impiden el paso algún usuario masculino. Pero con todo y esto se han dado casos de infiltración de hombres que insisten en ejercer el acoso sexual, principalmente porque esta medida solo se respeta en ciertos horarios y estaciones. El director general del STC, Jorge Gaviño Ambriz informo que el año pasado hubo 500 denuncias en términos redondos sobre tocamientos.5

Por esta razón el día 8 de marzo de este mismo año el Director Ambriz, inauguro dos módulos de Inmujeres, en las estaciones Pino Suárez y Mixcoac, donde las    mujeres podrán presentar denuncias; pero cabe señalar que esta medida fue implementada ya hace algunos años, en las estaciones Hidalgo, Pantitlán, Guerrero y Balderas, conocido como "Viajemos seguras", las autoridades buscaban concientizar a las mujeres sobre la importancia de la denuncia y considerar medidas preventivas para evitar ser acosadas durante su trayecto. Pero por mucho tiempo estos módulos estuvieron inhabilitados, por lo que se espera que esta vez, la medida se lleve a cabo de manera eficaz.

A pesar de esto, se requiere de otras medidas para contrarrestar esta conducta, una donde no solo se enseñe a la mujer a cuidarse y prevenir el acoso sexual, sino también, una en la que se enseñe a los hombres a respetar el cuerpo, la libertad e integridad física de las mujeres.

La problemática de la aglomeración de usuarios en el (STC) metro, en las llamadas  horas pico, es de indispensable atención, debido  a las consecuencias que trae    consigo, como se ha mencionado, por la cantidad de gente que quiere ingresar a un mismo vagón y que provoca la sensación de asfixia por sofocación, por la compresión de las paredes abdominales o torácicas de cada usuario y que es muy común en los vagones del metro, en horas pico y que trae consecuencias graves. Por otro lado el acoso sexual, que se genera por la aglomeración de usuarios también es una problemática de urgente resolución, porque se debe hacer valer y preservar un     derecho fundamental de la mujer, el cual es la libertad de movimiento y  su integridad física.

Los mexicanos requieren un transporte público seguro, donde puedan ir confiados, libres, sin que nadie los moleste, tener todas las facilidades para su traslado y sobre todo donde se respete su integridad física.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la Republica exhorta respetuosamente al Director General del sistema de transporte colectivo (STC) metro, Lic. Jorge Gaviño Ambriz, para que considere implementar las medidas necesarias para evitar la aglomeración de usuarios en horas pico del (STC) metro, evitando de esta manera la sensación de asfixia por sofocación entre los usuarios, dentro de los vagones y el acoso sexual contra las mujeres.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Erika Ayala Ríos.- Sen. Yolanda de la Torre Valdez.- Sen. María del Carmen Izaguirre Francos.- Sen. Carmen Dorantes Martínez.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 http://www.metro.cdmx.gob.mx/organismo/misionyvision.html Fecha de Consulta 12 de Marzo de 2016.

2 Hernández-Mendible Víctor Rafael (Noviembre 2006) Regulación del Sistema Metropolitano de Transporte Metro, Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM, P. 494.

3 http://www.metro.cdmx.gob.mx/organismo/misionyvision.html Fecha de Consulta 12 de Marzo de 2016.

4 Dr. Leónidas Poveda (1963), Estudio Médico-Legal de las causas de Asfixia Mecánica P. 124  http://www.binasss.sa.cr/revistas/amc/v6n2/art4.pdf





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y a los titulares de las 32 entidades federativas a implementar acciones tendientes que incentiven el uso de vehículos eléctricos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.







 

De la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico investigar sobre los hechos ocurridos en el municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala, donde un bebé de nueve meses perdió la vida. Se turna a la Comisión de Salud.

La suscrita, Senadora MARÍA DE LOS ANGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en numeral 1, fracción II del artículo 8 y artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO INVESTIGAR SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, TLAXCALA DONDE UN BEBÉ DE NUEVE MESES PERDIÓ LA VIDA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 21 de marzo, en distintas redes sociales se dio a conocer un video que da cuenta de la tragedia ocurrida en el municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala, donde un bebé de 9 meses perdió la vida.

Este video evidenció las carencias con que cuentan los servicios de salud a cargo del Gobierno del Estado para poder desarrollar sus actividades.

Se capta el momento en que un médico que, en apariencia está reanimando al menor, solicita oxígeno a uno de sus compañeros, sin embargo, este responde con una negativa pues además de no contar con el equipo adecuado para el auxilio, el mismo no funcionaba; situación que derivó en que momentos después el bebé es entregado a la madre mientras le notifican que su hijo ya no tiene pulso.

Se trata de un hecho lamentable, que debe ponernos en alerta, pues no es un acontecimiento aislado si recordamos que en los últimos 2 años situaciones similares han estado ocurriendo en varios lugares de nuestro país.

Tenemos el caso de los once menores fallecidos el año pasado en Culiacán, del menor fallecido en Nuevo Laredo, o el caso que ocurrió en Sonora, entre otros; y en donde las familias han acusado tanto de negligencia a los médicos como a las autoridades por la falta de recursos materiales para la atención.

Es tiempo que desde esta soberanía tomemos cartas en el asunto para conocer con mayor detalle que está ocurriendo en nuestro sistema de salud; sobre todo considerando una realidad que muestra, por un lado, sectores de la población obligados a desembolsar fuertes cantidades de dinero en atención médica y medicamentos, y por el otro, servicios ineficientes y de pésima calidad, que además detienen marginados a millones en cuanto a la atención.

Con la salud no podemos escatimar, porque se trata de decisiones que tienen fuertes consecuencias en la vida de las personas y que cuando se toman bajo presiones originadas en fallas  estructurales pueden llegar a fines trágicos como el ocurrido en Tlaxcala.

De acuerdo con la OCDE, el gasto que hace nuestro país en salud es inferior al que asignan países con un nivel de desarrollo similar, en promedio asignamos el 6.2 por ciento del PIB, mientras que los países de la OCDE asignan un promedio de 9.6 por ciento del PIB.

Como si esto no bastara, el año pasado la Auditoría Superior de la Federación alertó de las fuertes irregularidades con que está operando el Seguro Popular, pues detectó que se compran medicamentos y servicios a precios excesivos y que no forman parte del Catálogo Universal de Servicios de Salud.

En el caso de Tlaxcala, además de este tipo de irregularidades, no se cuenta con la información precisa del sobrecosto en las compras debido a los altos niveles de opacidad que existen por parte del Gobierno del Estado.

Se calcula que de 2008 a la fecha el presupuesto en materia de salud en la Entidad ha crecido en más del 600 por ciento, mismo que en su mayoría proviene de aportaciones federales tales como el Seguro Popular; al año 2014 se ejercieron más de 2 mil 317 millones de pesos; sin embargo, el mal prevalece con servicios deficientes, falta de material y equipo, mala administración y, sobre todo, con un Gobierno del Estado que incluso tuvo que inflar las cifras de afiliados al Seguro Popular para acomodar las cifras a su conveniencia.

Es inadmisible y escandaloso que el Estado mantenga sin acreditar más de 195 millones de pesos provenientes del Seguro Popular, considerando que la entidad se encuentra en los primeros lugares de pobreza infantil a nivel nacional, y en donde, de acuerdo con el CONEVAL, 1 de cada 5 tlaxcaltecas no cuenta con algún servicio de salud.

El Gobierno del Estado no debe lavarse las manos y señalar como único responsable al personal que atendió al menor, es claro que el sistema de salud en la entidad presenta fallas estructurales desde el momento en que mantiene en la opacidad millones de recursos para el sector, mientras un bebé muere porque se carece del equipo para suministrarle la atención adecuada.

Vivimos en un país que en los últimos años ha dado importantes pasos en el reconocimiento del derecho universal a la salud de todas y todos los ciudadanos. En el caso de nuestros menores es una garantía fundamental porque se trata de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, ya que están más propensos a las enfermedades y a sus complicaciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Auditoría Superior de la Federación y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, para que, en uso de sus facultades que la Ley les confiere, lleven a cabo una exhaustiva investigación en donde determinen si ha existido algún tipo de omisión en el manejo de recursos para el rubro de Salud en el Estado de Tlaxcala, que pudiera derivar en la falta de material y equipo necesario para atender al infante en la situación descrita en la presente exposición de motivos.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para que colabore con las autoridades locales en la investigación del infante que falleció en el Municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala y remita a esta soberanía un informe detallado en el que señale las probables responsabilidades en que incurrió el personal que brindó la atención.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. María de los Ángeles Verónica González Rodríguez.





 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se requiere a diversas autoridades investigar hechos delictivos y proteger al periodista Javier Alatorre. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

El Senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República somete a consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE REQUIERE, CON TODA ATENCIÓN, A DIVERSAS AUTORIDADES PARA INVESTIGAR HECHOS DELICTIVOS Y PROTEGER AL PERIODISTA JAVIER ALATORRE, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Móvil subyacente.

En el contexto de inseguridad y violencia por el que atraviesa el país, algunos medios de comunicación informaron en las últimas semanas sobre una nueva modalidad de robo con violencia a casas habitación. Entre la ola de ilícitos, los nuevos eventos delictivos llamaron la atención ya que se han cometido con un mayor grado de sofisticación. Fue en el noticiero “Hechos” de la cadena nacional TV Azteca donde se proyectó, con insistencia, un reportaje en el que a medida que sucedían más delitos, se profundizaba en el análisis del modus operandi describiendo que se trataba de una banda integrada por una docena de sujetos que portaban el uniforme de la Policía Federal, usaban unidades muy similares a las patrullas de dicha institución y penetraban impunemente a las casas utilizando marros con los que derribaban las puertas. En el programa televisivo se hacía mención también a la zona focalizada, ubicada en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México en el área de la delegación Cuajimalpa y el municipio de Huixquilucan en donde se llevaba a cabo este nuevo tipo de delito.

En la edición del 19 de febrero del año en curso, el periodista Javier Alatorre reportó de nueva cuenta sobre el grupo criminal conocido como la banda de los policías federales pero en esta ocasión el conductor fue la víctima del ataque criminal. Alatorre explicó, con lujo de detalles, cómo el grupo criminal logró tener acceso al condominio donde vive para robar con violencia en su domicilio como en el de sus vecinos. Al dar la nota en pantalla, el locutor hizo hincapié en que el primer acto de los criminales fue dirigirse al sistema de alarma que desconectaron de inmediato. Al proyectar la noticia en red nacional, Alatorre destacó que con anterioridad en el noticiero se había dado cuenta puntual y exacta del accionar criminal de la banda. A la fecha, no se tiene noticia de que las autoridades encargadas de aplicar la ley penal hayan detenido a algún integrante de la célula delictiva, lo cual pone en riesgo al periodista en razón de la denuncia valiente que hizo en los medios de comunicación exigiendo, en nombre de todas las personas que han sufrido eventos similares, resultados por parte de las autoridades.

El hecho evidente de que el periodista haya sido la siguiente víctima después de haber dado seguimiento en el noticiero a la conducta delictiva del grupo criminal es razón suficiente para desencadenar una investigación que descarte o confirme a la labor informativa de Javier Alatorre como el móvil para convertirlo en una víctima más de esta nueva modalidad de robo con violencia. De igual modo, si de las indagatorias resultan indicios sólidos o pruebas definitivas de la existencia de una conexión entre el noticiero y el delito perpetrado en el domicilio del periodista, es claro que surge la necesidad de brindar protección a Javier Alatorre como periodista y también como defensor de los derechos humanos en razón de la denuncia pública que hizo en el noticiero “Hechos” con el propósito de abrir espacios que atraigan la atención de las autoridades y propiciar se haga justicia en beneficio de miles de personas que han sufrido la comisión de delitos y no reciben respuesta oportuna por parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia.

Normas protectoras de periodistas.

Cuando se recrudeció la actividad de la delincuencia en nuestro país y surgió una espiral de violencia, los periodistas y los medios de comunicación de manera natural comenzaron a brindar información a la sociedad sobre la irrupción e incremento de ilícitos. La necesidad de impunidad de los grupos delictivos se tradujo bien pronto en que comenzaran a registrarse ataques a los comunicadores. Los mismos medios de comunicación reportaron también sobre las agresiones. Es así que se ha dado cuenta en los medios de comunicación de todo tipo de ataques en contra de periodistas y  empresas de la información que van desde las amenazas hasta las ejecuciones y desapariciones pasando por la destrucción de material y equipo fotográfico y de grabación así como la privación de libertad por unas horas. Al agudizarse el entorno de violencia, los periodistas terminaron por aparecer en las mismas noticias como un grupo profesional víctima recurrente de la delincuencia. Fue así, en la medida que los comunicadores persistían en su labor informativa ante la expansión del fenómeno delictivo, que los comunicadores en su conjunto, como profesionales de la labor informativa y protagonistas de la libertad de expresión, al convertirse en blanco frecuente de los ataques de la delincuencia pasaron también a ser un grupo vulnerable que requería de mayora atención y protección.

Bajo el empuje y presión de diversas organizaciones de periodistas, de derechos humanos y de organismos internacionales, el H. Congreso de la Unión finalmente tomó cartas en el asunto y depuró el marco jurídico expulsando del Estado de Derecho las normas que criminalizaban la labor informativa y, por otro lado, adoptó medidas legislativas concretas con el propósito de poner a salvo a los periodistas y los medios de comunicación. Dentro de este esfuerzo parlamentario, destacan dos decretos. Uno relativo a la reasignación de competencias para establecer a la Procuraduría General de la República como sujeto obligado en la investigación de delitos que tengan conexidad con periodistas o medios de comunicación así como un ordenamiento que busca proteger de manera específica a los periodistas y a las personas defensoras de derechos humanos. Gracias a la actividad de denuncia, defensa y propuesta de organizaciones como la Federación Nacional de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, el Comité de Protección de Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otras y diversas asociaciones locales de periodistas que se formaron al interior de la República, entró en vigor la reforma al Código Penal Federal y a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Sin embargo, a pesar de que los esquemas mencionados entraron en funciones bajo los mejores augurios, en la práctica cotidiana por diversas razones han sido pocas las investigaciones objeto de la nueva facultad de atracción del Ministerio Público de la Federación, con la consecuente situación de vulnerabilidad en que los periodistas y los medios de comunicación se ven obligados a continuar su labor informativa. Un ejemplo más radica en el caso aludido al inicio de esta proposición por cuanto nos encontramos frente a dos hechos: a) Por un lado el seguimiento informativo especializado llevado a cabo en el noticiero que encabeza el periodista Javier Alatorre; y b) Por otro, la comisión de dicho delito en la nueva modalidad en agravio del propio periodista, siendo que lo único que hace falta es precisamente llevar a cabo la investigación sobre la línea que indica a su espacio de denuncia como móvil de alta probabilidad en el delito cometido en su perjuicio.

Las circunstancias de inseguridad en el país y de vulnerabilidad de los periodistas y los medios de comunicación persisten, por lo cual se hace necesario que las instituciones de seguridad pública y en particular de procuración de justicia sean celosas al momento de ejercer las facultades con que han sido dotadas para combatir a la delincuencia y proteger a la ciudadanía. A fin de tener la certeza absoluta de que el asalto en la casa del periodista Javier Alatorre no va a ser motivo de ulteriores ataques con motivo de su labor informativa, se hace necesario que la Cámara de Senadores requiera a la Procuraduría General de Justicia por conducto de su titular a efecto de que atraiga la investigación de los hechos mencionados para abatir con ello la impunidad. Por otro lado, con base en la experiencia que ha desarrollado en los últimos años desde su creación, resulta también necesario que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tenga un acercamiento con el comunicador mencionado con el propósito de practicar un análisis de vulnerabilidades y, en su caso, poner a su disposición un catálogo de medidas de protección integrales que garantice su seguridad.

Es importante destacar que, de manera conjunta, el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la Organización de las Naciones Unidas y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rindieron en el 2009 un informe una de cuyas conclusiones es la siguiente:

“Sin una política pública integral dirigida a garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información a través de cualquier medio, es imposible que la sociedad    mexicana pueda contribuir a combatir el crimen organizado, la delincuencia y la corrupción, y que ejerza un control activo e informado sobre las acciones del Estado para enfrentar el crimen y proteger a la población. La protección del derecho a la libertad de expresión debe formar parte fundamental de la agenda de seguridad ciudadana en México.”

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se requiere, con toda atención, a la titular de la Procuraduría General de la República a fin de que se sirva disponer lo necesario para que la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión proceda a atraer la investigación de los hechos delictivos en que el periodista Javier Alatorre, junto con otros vecinos, resultó víctima de robo con violencia perpetrado en su propio  domicilio.

Segundo. Se requiere, con toda atención, al titular del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que se acerque al periodista mencionado en esta proposición y le ofrezca, previo análisis de vulnerabilidades, brindarle protección integral que lo ponga a salvo de una probable conexión entre su labor informativa y el delito cometido en su agravio.

Ciudad de México, el 30 de marzo de 2016.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.





 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a enviar, de inmediato, elementos del Ejército y Marina Armada de México al estado de Veracruz, con especial énfasis en la zona sur del estado, derivado del aumento de incidencia delictiva. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.







 

De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo y Angélica de la Peña Gómez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a revisar la integración del personal del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Se turna a la Cámara de Diputados.







 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Secretaría de Educación Pública a crear una campaña informativa para que los estudiantes de las escuelas de educación media superior y superior conozcan lo referente al seguro facultativo y cómo tramitarlo, derecho derivado del Decreto de Presidencial del 14 de septiembre de 1998, para que puedan gozar de los servicios que ofrece la institución de seguridad social mencionada. Se turna a la Comisión de Educación.

El que suscribe, RICARDO BARROSO AGRAMONT, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CON LA FINALIDAD DE CREAR UNA CAMPAÑA INFORMATIVA PARA QUE LOS ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CONOZCAN LO REFERENTE AL SEGURO FACULTATIVO Y COMO TRAMITARLO, DERECHO DERIVADO DEL DECRETO DE PRESIDENCIAL DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998, PARA QUE PUEDAN GOZAR DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL MENCIONADA.

CONSIDERACIONES

Nuestra Constitución Política Federal contiene en su Título Primero, Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías un catálogo de derechos fundamentales como lo son la educación y la protección de la salud, entre otros. Asimismo, México ha suscrito diversos tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos con el compromiso de respetarlos y de garantizar su libre y pleno ejercicio a todas las personas que se encuentren dentro de su jurisdicción sin discriminación alguna.

El derecho a la salud en México consiste en garantizar la seguridad social de todos sus habitantes, entendiéndose por aquella al sistema general y homogéneo de prestaciones de derecho público y supervisión estatal, que tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, mediante la redistribución de la riqueza nacional, especialmente dirigida a corregir supuestos de infortunio1.

Para ello, el Estado creó tres instituciones, principalmente, para proveer la demanda de las necesidades de la población en materia de seguridad social. Así, el 19 de enero de 1943 se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que protege a los trabajadores del sector privado; en 1959se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), enfocado a los trabajadores del sector público; y en 1976 se creó el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), el cual atiende al sector militar.

De estos tres, la institución con mayor presencia en la atención a la salud y en la protección social de los mexicanos es el IMSS, siendo considerado como la institución de seguridad social más grande en América Latina.

Su actuación se encuentra regulada por la Ley del Seguro Social, principalmente, en cuyo artículo 251 se establecen las facultades y atribuciones con las que cuenta el IMSS, dentro de las que podemos mencionar la asistencia médica, los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, el otorgamiento de una pensión, entre otras.

Para gozar de los servicios de seguridad social en este Instituto, se debe ser derechohabiente, entendiéndose por este último al asegurado, pensionado y a los beneficiarios de ambos, que en los términos de la Ley tengan vigente su derecho a recibir las prestaciones del IMSS.

De la definición anterior, podemos advertir que sólo los derechohabientes son quienes gozan de estos servicios, excluyendo a diversos sectores de la población que no encuadran con el supuesto, como los trabajadores en industrias familiares, profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos, trabajadores no asalariados, trabajadores domésticos, ejidatarios, comuneros, colones, pequeños propietarios, entre otros, no obstante que para ellos existe la modalidad del régimen voluntario para ser derechohabiente.

Asimismo, hasta antes de 1987, los estudiantes de los niveles de educación media superior y superior, representaron un sector vulnerable toda vez que en su mayoría no contaban con servicios de seguridad social ni con un trabajo formal que les garantizara la aprovechamiento de estos beneficios.

Sin embargo, mediante un Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 10 de junio de 1987, el IMSS empezó a prestar los servicios médicos a los estudiantes de las instituciones educativas del Estado en los niveles medio superior y superior que no tuvieran acceso a ellos.

Asimismo, el 14 de septiembre de 1998, se publicó en el DOF un Decreto Presidencial mediante el cual se incorporan al régimen obligatorio del Seguro Social, por lo que corresponde a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, a las personas que cursen estudios de los tipos medio superior y superior en instituciones educativas del Estado y que no cuenten con la misma o similar protección por parte del propio Instituto o cualquier otra institución de seguridad social2, abrogando el citado Acuerdo de 1987.Este beneficio se encuentra fundamentado en el artículo 12, fracción III, de la Ley del Seguro Social.

El Decreto citado, establece que las prestaciones en especie del Seguro de Enfermedades y Maternidad a que se hacen referencia, comprenden la asistencia médico quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, así como la asistencia obstétrica.

Para poder gozar de este derecho, el IMSS celebrará convenios con las instituciones educativas de los niveles de media superior y superior de los planteles públicos oficiales del Sistema Nacional de Educación. Además, los estudiantes derechohabientes que no cuenten con protección como asegurado o beneficiario de sus padres, cónyuge o por su trabajo, deberán proporcionar la información que el IMSS les requiera, además de mantener un estatus de alumno activo académicamente.

Este seguro facultativo es importante porque garantiza protección médica gratuita mientras el estudiante derechohabiente se encuentre cursando sus estudios de media superior y superior.

No obstante de contar con este derecho, muchos estudiantes carecen de información necesaria referente a este beneficio y cómo tramitarlo. Por ello, es primordial que el IMSS, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, realicen una campaña informativa para que los alumnos que no cuenten con la misma o similar protección por parte de cualquier otra Institución de Seguridad Social puedan acceder a dichos servicios.

Con esta campaña informativa se pretende aumentar la cobertura en los servicios de salud para aquellos alumnos de educación media superior y superior que no tengan acceso a esta protección, con lo que, al mismo tiempo, se garantizará que más personas gocen del derecho a la salud previsto en nuestra Constitución Política Federal y en los diversos convenios internacionales de los que el país sea parte. Además, la atención médica a los estudiantes se enmarca dentro de las estrategias de prevención y las políticas de salud establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, en cuyo objetivo 2.3 se mencionan cinco estrategias con diversas líneas de acción con las que se pretende asegurar el acceso a los servicios de salud.

En razón de lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se formula respetuoso exhorto al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Secretaría de Educación Pública con la finalidad de crear una campaña informativa para que los estudiantes de las escuelas de educación media superior y superior conozcan lo referente al seguro facultativo y como tramitarlo, derecho derivado del Decreto de Presidencial de fecha 14 de septiembre de 1998, para que puedan gozar de los servicios que ofrece la Institución de Seguridad Social mencionada.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Ricardo Barroso Agramont.

1 Macías Santos, Eduardo; Moreno Padilla, Javier; Milanés García, Salvador; Martínez Martínez Velasco, Artuto; Hazas Sánchez, Alejandro. El sistema de pensiones en México dentro del contexto internacional. Ed. Confederación Patronal de la República Mexicana, Instituto de Proposiciones Estratégicas. Themis, México, 1993, PP. 1.

2 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4892913&fecha=14/09/1998





 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores informe cuáles son las razones jurídicas que respaldan la negativa del gobierno federal para que el Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes visite nuestro país con el fin de dar seguimiento al último informe sobre su misión a México. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

La suscrita, Senadora GABRIELA CUEVAS BARRON, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 8 numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES INFORME A ESTA SOBERANÍA CUÁLES SON LAS RAZONES JURÍDICAS QUE RESPALDAN LA NEGATIVA DEL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE EL RELATOR ESPECIAL DE LA ONU SOBRE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, JUAN E. MÉNDEZ, VISITE NUESTRO PAÍS CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO AL ÚLTIMO INFORME SOBRE SU MISIÓN A MÉXICO.

CONSIDERACIONES

1. Se considera que la tortura es una violación flagrante a los derechos humanos y a la dignidad humana. El grado de crueldad que refleja este tipo de práctica es uno de los peores atentados contra la integridad de las personas, de ahí que resulte preocupante que actualmente se mantenga vigente en muchas partes del mundo, siendo México uno de los países que reflejan todavía cifras alarmantes sobre el uso de esta abominable acción.

Ante ello, los organismos internacionales para la protección de los derechos humanos, como la ONU, han emitido distintas recomendaciones y protocolos dirigidos a combatir este flagelo. Entre ellos se encuentra el Protocolo de Estambul, la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y su Protocolo Facultativo1, centrado en implementar políticas preventivas, consistentes sobre todo en la realización de visitas periódicas a lugares de detención, con el fin de evaluar y examinar el trato que se les da a las personas privadas de la libertad.

El mecanismo que implementa este Protocolo se desdobla en dos partes, el llevado a cabo por autoridades nacionales (Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura), que en el caso de México le corresponde a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y el realizado por organismos internacionales, en este caso, la ONU a través de su Comité contra la tortura. Todo ello habla de la complementariedad que los mecanismos nacionales e internacionales tienen para el combate efectivo en contra de la tortura.

Y en este marco de cooperación entre autoridades nacionales y organismos internacionales para prevenir la tortura, se encuentra también la importante labor que realizan los Relatores Especiales para vigilar la debida aplicación de las normas internacionales para combatir la tortura.

El Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es nombrado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El mandato del Relator Especial abarca todos los países, independientemente de que el Estado haya ratificado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes2.

Las tres actividades principales del mandato del Relator Especial son las siguientes: 1) Transmitir llamamientos urgentes a los Estados con respecto a las personas que al parecer corren el riesgo de ser sometidas a tortura, así como enviar comunicaciones relativas a supuestos casos de tortura ya cometidos.

2) Realizar misiones de investigación (visitas) a los países.

3) Presentar al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General informes anuales sobre sus actividades, mandato y métodos de trabajo.

2. En ese contexto, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de la Organización de las Naciones Unidas, Juan E. Méndez, visitó México del 21 de abril al 2 de mayo de 2014, con el objeto de evaluar la situación de la tortura y los malos tratos y cooperar con el Estado en su prevención y erradicación.

En dicha visita, realizada hace casi dos años, el Relator Especial acudió a cárceles, centros de prisión preventiva, arraigo e investigaciones, centros de detención de menores, un hospital psiquiátrico, un centro de asistencia social y una estación migratoria.

El Relator Juan E. Méndez presentó su informe final de su visita a México ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organizaciones de las Naciones Unidas en Ginebra, el 5 de mayo de 2015. El informe señala que “La tortura y los malos tratos son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad. Generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información. Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”.

Profundiza el informe que “la tortura curre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación. El Relator Especial identificó varias causas de la debilidad de las salvaguardias de prevención y recomienda medidas para atenderlas. Observó también serios problemas en las condiciones de detención, especialmente hacinamiento”.

Así mismo, destaca la preocupación del Relator Especial sobre el uso de la violencia sexual como forma de tortura, principalmente respecto a mujeres detenidas. De acuerdo al informe “la tortura sexual incluye desnudez forzada, insultos y humillaciones    verbales, manoseos en los senos y genitales, introducción de objetos en genitales y violación sexual reiterada y por varias personas. La mayoría de estos casos no han     sido investigados ni sancionados, o bien han sido calificados como conductas de     menor gravedad, y presentan retos particulares para las víctimas, quienes son frecuentemente revictimizadas cuando presentan denuncias o se someten a exámenes médicos”.

En el apartado de recomendaciones, el Relator Especial sugiere al Gobierno mexicano, entre otras: 1) Reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado, conforme a la normativa internacional, constitucional y penal; 2) Tomar todas las medidas necesarias para prevenir y castigar severamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos; 3) Garantizar el derecho de todas las víctimas a una reparación integral.

El Relator Especial llamó al Gobierno a implementar prontamente sus recomendaciones  y a la comunidad internacional a asistir a México en su lucha para eliminar la tortura y los malos tratos, revertir la impunidad y garantizar la reparación integral de las víctimas.3

3. El informe del Relator Juan E. Méndez ofreció una radiografía clara sobre el estado en el que se encuentra la práctica de la tortura en nuestro país, lo que permitió contar con diagnóstico objetivo e independiente, alejado de condicionamientos políticos, lo que permite emprender en el ámbito interno acciones urgentes para atender las recomendaciones y para concientizar a la población y a las autoridades sobre la necesidad de superar el problema que representa la tortura para el goce de los derechos humanos.

Además, el Informe del Relator Especial destaca por su enfoque integral a la problemática de la tortura en México; se abordan los problemas reales de aplicación de las normas, las deficiencias y ausencias en las mismas, la situación desfavorable que aqueja de manera particular a distintos sectores y grupos especialmente vulnerables, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, migrantes, personas con discapacidad.

4. En septiembre del año pasado, Juan E. Méndez formalizó una petición al Gobierno Federal para ser invitado a una visita de seguimiento a su último informe sobre la tortura en México. Sin embargo, este fin de semana se hizo pública la negativa del Gobierno mexicano para que el Relator Especial lleve a cabo esta visita. En entrevista ante un periódico de circulación nacional, Juan Méndez dijo que su solicitud fue rechazada y notificada verbalmente por el Embajador ante los Organismos Internacionales, Jorge Lómaco.

El Gobierno mexicano justificó su postura bajo el argumento de que “otros expertos vendrán al país y no hay tiempo para agendar las actividades del Relator Especial antes de octubre, fecha en que concluye su mandato”.

Cabe recordar que el entonces subsecretario para Asuntos Multilarerales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, descalificó el  informe del Relator Especial presentado en 2014, al tildarlo de “irresponsable y poco ético”, lo que generó un diferendo entre el Gobierno mexicano y las conclusiones ofrecidas por el Relator Especial, mismo que parecía haberse superado hasta que se ha dado a conocer esta negativa para realizar la visita del Relator que permitiría darle seguimiento al referido informe.

5. La respuesta que ahora ofrece el Gobierno mexicano, carente tanto de sustento jurídico como de sentido común, más que reflejar una postura seria y responsable del Gobierno mexicano frente a la labor de los organismos internacionales garantes de los derechos humanos, denota una represalia frente a las conclusiones que el año pasado hizo el Relator Especial sobre la situación de la tortura en México, calificándola como una “práctica generalizada”.

Contrariamente a lo que afirma el Gobierno mexicano en su escueta justificación para negar la visita de Juan E. Méndez a nuestro país, el seguimiento inmediato a su último informe resulta totalmente oportuno y necesario, con independencia de la labor que realicen o vayan a realizar otros Relatores en diferentes materias, ya que el próximo 31 de octubre termina el mandato de este Relator Especial, además de que están por cumplirse dos años de su última visita a nuestro país.

La visita del Relator Especial sobre la Tortura de la ONU en los próximos meses hubiera ayudado a darle continuidad a los trabajos emprendidos en la visita de 2014 y poder entregar a su sucesor un diagnóstico actualizado y detallado sobre los faltantes del estudio, así como de los pendientes y avances en las recomendaciones.

Por el contrario, la negativa del Gobierno Federal para la realización de tal visita no ha hecho más que dar una terrible señal de opacidad y de rechazo respecto a la existencia de una realidad que requiere combatirse arduamente, en conjunto con la comunidad internacional, y no ocultarse bajo pretextos que ofenden la situación de las muchas víctimas de este flagelo.

Esta postura del Gobierno mexicano, aunada a sus múltiples rechazos a las recomendaciones y conclusiones de observadores y expertos independientes en    materia de derechos humanos, confirma la nula apertura al escrutinio internacional que ha caracterizado a la actual administración federal, lo cual se vuelve especialmente delicado para el caso de la situación de la tortura en nuestro país.

No puede haber un doble rasero en la actitud del Estado mexicano, por una parte, al ratificar distintos instrumentos internacionales para erradicar la tortura4, pero en los hechos, asumiendo una postura hermética para que personal de la Organización de las Naciones Unidas visite nuestro país para hacer un diagnóstico objetivo sobre la situación que se vive respecto al uso de la tortura.

La prohibición de la tortura es un derecho humano fundamental, relacionado con la irrestricta defensa de la dignidad humana, que en el caso de México representa una tarea urgente, un objetivo impostergable, una finalidad esencial del Estado que, ante las circunstancias poco alentadoras que se viven en esta materia, debe tener como prioridad y allegarse en consecuencia de todos los medios posibles para evaluar la situación y efectivamente atenderla a la luz de los estándares internacionales.

Ante esas circunstancias se vuelve necesario exigir del Gobierno Federal una justificación objetiva y satisfactoria que de acuerdo a nuestros compromisos internacionales en materia de derechos humanos y a la necesidad de combatir la práctica de la tortura vigente en nuestro país, pudiera razonablemente explicarla decisión de impedir el trabajo de la Organización de las Naciones Unidas para evaluar la situación de la tortura en México y así estar en condiciones de cooperar con el Estado mexicano en su prevención y erradicación.

Es por ello que desde esta Soberanía, como órgano competente para revisar la política exterior del Ejecutivo Federal, es nuestra obligación solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe las razones jurídicas que sustentan la negativa para que el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes visite México para darle seguimiento al informe sobre su visita en abril y mayo de 2014.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: El Senado de la República solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores informe lo antes posible a esta Soberanía cuáles son las razones jurídicas que respaldan la negativa del Gobierno Federal para que el Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, visite nuestro país con el fin de dar seguimiento al último informe sobre su misión a México.

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que reconsidere su decisión de no aceptar la solicitud del Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, para visitar nuestro país con el fin de dar seguimiento al último informe sobre su misión a México.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Gabriela Cuevas Barrón.

1 http://www.prevenciontortura.org/documents/prot_tort_res.pdf

2 http://www.ohchr.org/SP/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx

3 http://sintortura.mx/wp-content/uploads/2015/03/A_HRC_28_68_Add_3_SPA.pdf

4 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

En el plano regional: Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará). México reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer el caso de los tres jóvenes desaparecidos en Papantla, Veracruz; y a la Secretaría de Gobernación a establecer un plan emergente para atender e investigar los casos de desapariciones de personas en dicho estado. Se turna a la Comisión de Justicia.

La suscrita Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con punto de Acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 19 de marzo, en dos hechos distintos, desaparecieron los jóvenes Jesús Alan Ticante Olmedo, Luis Humberto Morales y Alberto Uriel Pérez Cruz, de acuerdo con la información proporcionada por las familias de las víctimas, la última vez que se vio a los jóvenes es cuando fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Papantla.

Luis Humberto y Alberto Uriel Pérez Cruz desaparecieron juntos, de acuerdo con la madre de Alberto, a su hijo lo persiguió una patrulla de la Policía Municipal y se lo llevó con rumbo desconocido, ella declaró que: “Lo correteó una patrulla de la Policía Municipal y les disparó a las llantas de su vehículo para que se le poncharan sobre la calle Francisco Villa. Ahí fueron detenidos”. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de los dos jóvenes, a pesar de haber sido detenidos por policías municipales en activo.

La mujer detalló que su nuera fue quien presenció los hechos y señaló que las patrullas 084, 060, 061 de la Policía de Papantla fueron las que participaron en la detención.

Familiares de los jóvenes Alberto y Humberto, han informado a los medios de comunicación que han acudido a las oficinas de la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, entre otros lugares, sin que obtuviera respuesta ni ayuda para localizar a los jóvenes.

Por otra parte, el tercer joven desaparecido en Papantla, de nombre Jesús Alan Ticante Olmedo aparentemente fue detenido en el mercado del “Tarro”, durante un operativo policíaco realizado también el 19 de marzo.

La desaparición de estos tres jóvenes no puede descontextualizarse de la situación que se vive en el Estado de Veracruz, donde las desapariciones y ejecuciones extra judiciales realizadas por agentes policiacos se han convertido en actividades cotidianas e incluso toleradas por las autoridades estatales.

De acuerdo con cifras oficiales, en los cinco años de la actual administración, la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene registradas 950 denuncias por desaparición, entre ellas 699 correspondientes a jóvenes de entre 15 y 29 años, y en muchos casos se ha comprobado que los responsables de las desapariciones y de algunos posteriores asesinatos son policías de corporaciones estatales y municipales.

Este grave problema que enfrenta la población en Veracruz se ha topado con la actitud negacionista del gobernador Javier Duarte, quien continúa maquillando sus cifras para presentar un discurso triunfante y claramente irreal, esto a pesar de que la propia Procuraduría General de la República ubica a Veracruz como el primer lugar nacional en desapariciones forzadas, por encima de Guerrero, Tamaulipas, Coahuila y Sinaloa.

La situación de extrema vulnerabilidad que vive la gente en Veracruz, especialmente las y los jóvenes, requiere de medidas extraordinarias por parte el Estado mexicano y específicamente del gobierno federal, quien no puede actuar como simple espectador ante las graves violaciones a los derechos humanos que son cometidas y toleradas desde las altas esferas del gobierno de Veracruz.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer el caso de la desaparición de los jóvenes Jesús Alan Ticante Olmedo, Luis Humberto Morales y Alberto Uriel Pérez Cruz, y a ahondar en las investigaciones que ha desarrollado hasta el momento la Fiscalía General de Veracruz.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación a implementar un plan emergente para atender e investigar los casos de personas desaparecidas en esta entidad, con especial énfasis en aquellas desapariciones en donde se presuma la participación de algún servidor público, incluyendo un sistema de búsqueda efectivo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Dolores Padierna Luna.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Nuevo León y a la Contraloría y Transparencia Gubernamental a ampliar las investigaciones para identificar y sancionar diversas irregularidades administrativas en relación a la duplicidad de plazas en el gobierno de la entidad. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Diversos medios periodísticos han documentado que hay servidores públicos del gobierno del estado de Nuevo León que también forman parte de la nómina oficial de la Universidad Autónoma del estado.

De confirmarse esta situación, representa una irregularidad de acuerdo a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, debido a que establece que todo servidor público, incurrirá en responsabilidad administrativa cuando no desempeñe sus obligaciones con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Para dimensionar la problemática en la que se encuentra el gobierno del estado, basta mencionar que sólo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, cobran una doble plaza al menos 53 funcionarios estatales, entre los que destacan secretarios, subsecretarios, directores y analistas, a pesar de que desde el inicio de la administración, el gobernador argumentó que debido a las necesidades y desafíos en educación, salud, pobreza, marginación e inseguridad, se requerían de servidores públicos de “jornada completa”.

En las áreas que más se han identificado estos casos son en las Secretarías de Salud, Desarrollo Social, Desarrollo Sustentable y General de Gobierno, muchos de ellos, no solamente cobran doble sueldo, además han llevado actos de nepotismo en favor de hijos, esposas, primos y hermanos.

En particular, el Subsecretario de Educación Media Superior, cobra como profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas, en esta misma situación se encuentra la Secretaria de Desarrollo Social quien se encuentra adscrita al Instituto de Investigaciones Sociales y a la Secretaría de Asuntos Universitarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León1.

Aunado a ello, la Secretaria de Educación, también imparte clases en el Instituto de Investigaciones Sociales. Además, su secretario particular ha incurrido en actos de nepotismo debido a que favoreció a su esposa para colocarla como directora general de evaluación, además, el director de la oficina de la Secretaría de Educación Pública promovió a su hermano al área de recursos materiales, sin cumplir con la normatividad vigente.

Esto también ocurre con el Secretario de Salud, quien también percibe un salario en la Universidad Autónoma de Nuevo León como Jefe del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina.

Es importante precisar que debido al número de funcionarios y sus atribuciones, los recursos ejercidos y el número de doble plazas localizadas, el Congreso Local ha iniciado las investigaciones correspondientes para sancionarlos conforme a derecho y prevenir que más casos se repitan en el aparato gubernamental.

Por si estas anomalías no fueran suficientes, medios de comunicación han dado a conocer que por lo menos 150 familiares directos del gobernador, están adscritos a la nómina de alguna secretaría, dependencia u órgano desconcentrado del gobierno del estado, estos actos se traducen en nepotismo, favoritismo, tráfico de influencias y ascensos de cargos irregulares, sólo por ser familiar del titular de la entidad.

Para tener una idea de ello, se encuentra el ascenso de cargo de un primo en segundo grado del gobernador a un espacio estratégico en el gobierno y el ingreso de una hermana a la Secretaría de Educación, además se encuentra el ingreso irregular de una sobrina a la nómina del Fomento Metropolitano de Monterrey, de donde se ejercen recursos importantes de las arcas de la entidad.

Frente a este escenario poco alentador, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, consideramos de vital importancia que el Congreso del Estado de Nuevo León, amplié las investigaciones con la finalidad de identificar y sancionar a diversos funcionarios que incurran en anomalías administrativas en detrimento de las arcas públicas.

Condiremos que aunado a estas indagaciones, el titular del ejecutivo, debe llevar a cabo acciones afirmativas para prevenir estas conductas en la entidad y dar los resultados que los habitantes del estado esperan en materia de seguridad, empleo, turismo, salud y educación.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.


PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Nuevo León y a la Contraloría y Transparencia Gubernamental, para que en el marco de sus atribuciones amplíen las investigaciones para identificar y sancionar diversas irregularidades administrativas en relación a la duplicidad de plazas y nepotismo en el gobierno de la entidad.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Nuevo León, para que presente un informe pormenorizado respecto a los avances en las indagatorias, donde se detallen los servidores públicos sancionados y las acciones instrumentadas o a implementar, para prevenir y sancionar diversas irregularidades administrativas, como duplicidad de plazas en el gobierno del estado.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.

1 http://www.milenio.com/monterrey/Arrasan-doble-sueldo-Gobierno-UANL_0_680931926.html




 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe sobre las principales acciones realizadas para dar respuesta a la problemática del manejo y transferencia y disposición final de residuos sólidos. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En días recientes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis decretó una contingencia ambiental en la Ciudad de México debido a la mala calidad del aire, situación que no se había presentado en 14 años y que evidenció uno de los principales pendientes de las autoridades en materia de protección ambiental.

Si bien es cierto que dicha problemática es de las más urgentes, también lo es que hay otras de igual gravedad como lo es lo concerniente al manejo sustentable y la disposición final de los residuos sólidos en la Ciudad de México, tema ante el cual no podemos ser omisos.

Para dimensionar la magnitud de esta problemática, basta mencionar, que en la Ciudad de México, diariamente se generan 12 mil 893 toneladas de residuos sólidos, cifra que representa el 20% del total que se genera a nivel nacional, aunado a lo anterior, no cuenta con sitios de disposición final.1

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos define los residuos sólidos urbanos como […] aquellos que son generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta ley como residuos de otra índole.

Los residuos sólidos de la Ciudad de México son depositados en cinco sitios de disposición final: tres en el Estado de México (la Cañada, Cuautitlán y el Milagro) y dos en Morelos (Tepoztlán y Cuautla), es decir, los problemas ambientales relacionados con los residuos sólidos de la capital del país, no solo repercuten en dicha entidad.

Además, de la contaminación del agua que se encuentra en el subsuelo, la basura de la entidad genera al año más de 10 mil toneladas de CO2 y más de 400 toneladas de gas metano en el Estado de México.

Las delegaciones que generan mayor cantidad de residuos diariamente son Iztapalapa con 2 mil 274 toneladas, Gustavo A. Madero 1 mil 709 y Cuauhtémoc con 1 mil 325 toneladas. Entre las tres concentran poco más del 41% del total de residuos de la Ciudad, por lo cual resulta impostergable reforzar las acciones de gobierno que contribuyan a disminuir la producción de basura en dichas jurisdicciones.

El servicio de recolección de desechos sólidos en domicilios está a cargo de las delegaciones, mediante 1 mil 773 rutas de recolección, se acopian diariamente 1 mil 487 toneladas de residuos orgánicos, no obstante, a pesar que desde el año 2004, en la Ciudad de México se estableció la recolección separada de los residuos clasificándolos en orgánicos e inorgánicos, actualmente hay una eficiencia del 48% en la recolección selectiva.

La Ciudad de México cuenta con 2 mil 460 vehículos recolectores de basura, de los cuales solo cerca del 30% son modelos de entre 13 y 3 años de antigüedad, sin embargo, existen 219 vehículos que pueden llegar a tener 45 años, lo cual impide que haya un porcentaje mayor de recolección selectiva de residuos sólidos.2

Para el manejo de los residuos sólidos, la capital del país cuenta con una infraestructura compuesta por 12 estaciones de transferencia, 2 plantas de selección, 8 plantas de composta y 5 sitios de disposición final distribuidos en el Estado de México y Morelos.

El total de residuos sólidos que egresan de las estaciones de transferencia es de 8 mil 80 toneladas, el 42% es enviado a plantas de composta, plantas de selección y compactadoras, lo que significa que casi 60% se envían a sitios de disposición final, lo cual no solo tiene consecuencias ambientales, sino también afecta a la economía y competitividad de la Ciudad de México.

De acuerdo al estudio Diagnóstico de la situación energética en la Ciudad de México, elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. el manejo de los residuos sólidos en la Ciudad de México tiene un costo de 3 mil millones de pesos al año, pero si estos fueran tratados para elaborar biocombustibles podría generar ingresos de hasta 37 mil 500 millones de pesos.

Ante las problemáticas ambientales y económicas relacionados con el inadecuado manejo y disposición final de los residuos sólidos que se presentan en la Ciudad de México, los legisladores del PRI consideramos apremiante que en esta entidad se lleven a cabo las acciones necesarias que permitan su mayor aprovechamiento posible, pues con ello se contribuye a un desarrollo sustentable de la capital del país.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:


PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que presente ante esta Soberanía, un informe pormenorizado sobre las principales acciones realizadas para dar respuesta a la problemática del manejo y transferencia y disposición final de residuos sólidos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de marzo de 2016.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI.

1 Inventario de Residuos Sólidos, CDMX 2014, SEDEMA <http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/images/archivos/temas-ambientales/programas-generales/residuos-solidos/inventario-residuos-solidos-2014/IRS-2014.pdf> Consultado el 25 de marzo de 2016.

2 Ibíd. p.18





 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir un informe de cuáles han sido los montos y las personas beneficiadas por la reparación del daño causado por violaciones a los derechos humanos mediante el Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, EN EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A QUE EMITA UN INFORME DETALLADO A ESTA SOBERANÍA, DE CUÁLES HAN SIDO LOS MONTOS Y LAS PERSONAS BENEFICIADAS POR LA REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS MEDIANTE EL FIDEICOMISO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

ANTECEDENTES

1. El 9 de enero del año 2013 se expidió la Ley General de Víctimas, esta ley tiene por objeto:

I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos;

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral;

III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso;

IV. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas;

V. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones.1 (Unión, 2016)

2. La ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.

3. Para dar cumplimiento en lo establecido por la Ley General de Víctimas, se creó el  Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos, el fideicomiso está diseñado para la obediencia de las obligaciones en materia de los derechos humanos y fue constituido el 25 de octubre de 2012, con el objetivo de cubrir las reparaciones derivadas de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando los recursos para su cumplimiento no se encuentren previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Para ello el 11 de abril de 2014, se formalizó la modificación a los fines del Fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos, a efecto de incluir, entre otras, las soluciones amistosas, las reparaciones derivadas de las recomendaciones y resoluciones que emitan la CIDH o los órganos de tratados de las Naciones Unidas, así como las recomendaciones que emita la CNDH en las que la dependencia o entidad señalada como responsable de reparar el daño causado por violaciones de derechos humanos, acepte la recomendación y aporte los recursos correspondientes al fideicomiso, así como las obligaciones pecuniarias previstas en los convenios que sean suscritos por la SEGOB, siempre que en los mismos, cualquiera que sea su denominación se reconozca la responsabilidad del Estado mexicano por las violaciones de derechos humanos, en términos de las disposiciones aplicables.

4. Hasta la fecha no se ha hecho público los montos y las personas a las cuales se les ha reparado el daño y se les ha entregado los fondos económicos para este fin. Lo anterior es de suma importancia ya que es necesario evaluar y conocer el impacto y los beneficios que ha tenido tanto la creación de la Ley General de Víctimas como el  Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos.

CONSIDERANDOS

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

II. Es necesario conocer el detalle de los montos y los beneficiados por la Ley General de Victimas y el Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos, con la intención de tener la certeza del impacto que ha tenido la implementación de esta ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que emita un informe detallado a esta soberanía, de cuáles han sido los montos y las personas beneficiadas por la reparación del daño causado por violaciones a los derechos humanos mediante el Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos.

Sen. Raúl Gracia Guzmán.

1 LEY GENERAL DE VÍCTIMAS




 

Asimismo, las efemérides inscritas en la agenda del día de hoy se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

De las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, sobre el 191 aniversario del “Día del Trabajador Universitario”.







 

De la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, sobre el “Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar”.

EFÉMERIDE CON MOTIVO DEL 30 DE MARZO, “DÍA INTERNACIONAL DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR”

El trabajo doméstico consiste en el trabajo realizado en un hogar y para él, incluidas las tareas domésticas, el cuidado de niños y otros cuidados personales. De manera genérica se puede diferenciar entre remunerado y no remunerado. Trabajo del hogar es el nombre con el que las trabajadoras reivindican su actividad económica, productiva.

Fue del 23 al 30 de marzo de 1988 cuando organizaciones de trabajadoras del hogar de 11 países celebraron el primer encuentro Latinoamericano y del Caribe de Trabajadoras del Hogar en Bogotá, Colombia, con el fin de visibilizar las condiciones y colocar en la agenda pública la problemática social que viven diariamente, tales como: maltratos, discriminación, largas jornadas de trabajo sin seguridad social, entre otras.

El 30 de marzo, es establecido por la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar como el “Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar”.

Rosario Castellanos se refirió a los trabajos domésticos como: “esos trabajos tan sui generis, tan peculiares que sólo se notan cuando no se hacen, esos trabajos fuera de todas las leyes económicas, que no se retribuyen con una tarifa determinada o que se retribuyen con el simple alojamiento, alimentación y vestido de quien los cumple; esos trabajos que como ciertas torturas refinadísimas que se aplican en cárceles infames, se destruyen apenas han concluido de realizarse”1.

Aunque el Art. 123 constitucional incluye explícitamente en su apartado “A” a “los trabajadores domésticos” como sujetos de derecho, en la práctica es común que ellas, pues la mayoría son mujeres, no gocen de prestación alguna más que el pago día a día por su labor. Incluso la Ley Federal de Trabajo establece las condiciones mínimas en cuanto a salario y las indemnizaciones que deben pagarse en el trabajo doméstico, además existen programas como el Seguro Popular para el acceso a la salud, “Infonavit para Todos” que puede usarse para créditos de vivienda. Los programas mencionados anteriormente son insuficientes puesto que el Seguro Popular no cubre todas las enfermedades y el Infonavit para Todos depende de la “buena voluntad” del empleador, lo que se necesita es que sea obligatorio.

Es de destacar que“en México el proceso ha sido bastante lento, se cuenta con una iniciativa de ley desde hace 12 años que aún no ha sido aprobada, pese a que hay  apoyo de instituciones y organizaciones”.

Existe además en materia legislativa +un Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos. En 2011, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 189, dedicado a garantizar la protección mínima que deben tener las trabajadoras y los trabajadores domésticos. México votó a favor de dicho acuerdo, sin embargo, a pesar de que entró en vigor el pasado 5 de septiembre de 2013, el Senado todavía no lo ha ratificado2.

Actualmente en nuestro país, 2.2 millones de personas, de las cuales 95 de cada 100 son mujeres, se dedican al trabajo del hogar. En dicha actividad se les regatea a las empleadas por el pago, se suele optar por personas de provincia y menores de edad, no cuentan con vacaciones y sus descansos son a menudo cancelados y en casos como el de #LadyChiles, se les condiciona incluso la comida.

Debemos reconocer que aún persiste en grandes sectores de nuestra sociedad la creencia de que el trabajo en el servicio doméstico es una extensión natural de las obligaciones como mujer, y por tanto una preparación adecuada para el futuro.

El 30 de marzo no sabemos si estamos celebrando lo obtenido o recordando lo mucho que aún falta por hacer. Es por ello que hago un llamado urgente al Senado de la República para que ratifique el Convenio 189 y la recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para así avanzar en una legislación que proteja y promueva los derechos de las trabajadoras del hogar. Hay que ir más allá de la indignación y actuar comenzando por nosotros mismos.

Dado en la H. Cámara de Senadores, el 30 de marzo de 2016.

Atentamente

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez.

1 Confabulario. Rosario Castellanos y el feminismo de la nueva ola. ElUniversal. Fecha de consulta 28 de marzo 2016. Disponible en:http://confabulario.eluniversal.com.mx/rosario-castellanos-y-el-feminismo-de-la-nueva-ola/

2 . Cinco datos para conmemorar el día internacional del trabajo doméstico. Animal Político. Fecha de Consulta 28 de marzo 2016.Disponible en: http://www.animalpolitico.com/2014/07/cinco-datos-para-conmemorar-el-dia-internacional-del-trabajo-domestico/





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar”.

El trabajo es parte de la vida diaria de todos y el factor determinante para alcanzar la dignidad humana, el bienestar y el desarrollo como seres humanos.

Organización Internacional del Trabajo

Y el trabajo en hogar no debe ser la excepción.

Éste consiste en el trabajo realizado en un hogar y para él, incluidas las tareas domésticas, el cuidado de niños y otros cuidados personales. De manera genérica se puede diferenciar entre remunerado y no remunerado. Trabajo del hogar es el nombre con el que las trabajadoras reivindican su actividad económica, productiva.

Lamentablemente se trata de uno de los empleos más vulnerables, en el que los derechos y libertades de quienes lo realizan llegan a ser violentados con salarios ínfimos, malos tratos y hasta la discriminación por la sesgada concepción cultural de ciertos lugares.

Por ello, muy oportuno e importante que el 30 de marzo se haya instituido como el “Día Internacional de la Trabajadora del Hogar”. Esto, con motivo de que en 1988, en Bogotá, Colombia, tuvo lugar el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar, donde se conformó la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (CONLATRAHO), y se instituyó precisamente este día, el 30 de marzo, como “Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar”, como fecha conmemorativa y de reivindicación de los derechos de este sector compuesto en su mayoría por mujeres indígenas o empobrecidas.

Desde entonces, los movimientos sociales y organizaciones de trabajadoras del hogar consideran este día como uno propicio para colocar en la agenda pública su situación de discriminación sistemática y llamar la atención ante la indiferencia social.

Es una fecha que busca resaltar el trabajo que realizan las personas en el hogar y prevenir su maltrato, luchar por sus derechos, principalmente el salario justo, descanso semanal y seguridad social. Igualmente, por la prevención de la explotación de niños y niñas para este servicio.

En México, alrededor de 2.2 millones de personas se dedican al trabajo del hogar, la inmensa mayoría, mujeres. Personas que al igual que todas, merecen lograr sus aspiraciones a través de su vida laboral, con un empleo productivo, que genere un ingreso justo, con seguridad y protección para sí y sus familias.

Por eso estimados compañeros Senadores, el 30 de marzo se trata de una fecha especial para reconocer el esfuerzo y trabajo de quienes se dedican al trabajo del hogar, de llamar a la reflexión para que se reconozcan todos sus derechos, sin distinción de sexo, edad, nacionalidad, condición migratoria y el origen étnico, incluso, un día propicio para contribuir a un cambio social, con un lenguaje incluyente y respetuoso para referirnos a su honorable ocupación.

Por ello, en el marco de esta conmemoración, un reconocimiento y felicitación muy especiales a todas aquellas que se dedican al trabajo en el hogar, el 30 de marzo en su día.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el día de mañana jueves 31 de marzo a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:13 horas)

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